Court Opinion

ID: 9928597
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:26.416504+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:27.865253
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

 ESTADO LIBRE                               Apelación
 ASOCIADO DE PUERTO                         procedente del
 RICO, ET AL                                Tribunal de Primera
                                            Instancia
         Apelante             KLAN202300824 Sala Superior de
                                            Arecibo
            v.
                                              Civil Núm.
  HATILLO NURSING                             AR2023CV00451
  HOME, INC., ET AL
                                              Sobre:
         Apelada                              Interdicto
                                              estatuario

 Panel integrado por su presidenta, la Jueza Lebrón
 Nieves1, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

        Comparece ante este foro el Estado Libre Asociado

 de Puerto Rico (ELA o “parte apelante”), y nos solicita

 que     revisemos       la   Sentencia    Declaratoria        Enmendada

 emitida    por     el   Tribunal   de    Primera    Instancia,      Sala

 Superior de Arecibo, notificada el 5 de septiembre de

 2023.      Mediante esta, el foro primario desestimó la

 Demanda de interdicto estatutario presentada por el ELA.

        Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 se REVOCA el dictamen apelado.

                                    I.

        Hatillo Nursing Home, Inc. (Hatillo Nursing Home o

 “parte apelada”) es una corporación doméstica que cuida

 y alberga personas de edad avanzada de sesenta años o

 más, cuya licencia otorgada en virtud de la Ley Núm. 94

 de 22 de junio de 1977, según enmendada, mejor conocida

 como    Ley   de   Establecimientos       para     Personas    de   Edad

 1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2023-163, se designa al
 Hon. Gloria L. Lebrón Nieves.

Número Identificador
SEN2023 ______________
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Avanzada, tuvo vigencia desde el 30 de noviembre de 2020.

El   4    de    marzo      de       2022,   la   Unidad        de   Maltrato

Institucional de Adultos del Departamento de la Familia,

(Departamento) investigó a la parte apelada en cuanto a

un posible maltrato de envejecientes.                Por consiguiente,

la investigación fue encontrada con fundamentos, lo que

llevó a la cancelación de la licencia el 29 de noviembre

de 2022.       En desacuerdo, Hatillo Nursing Home, apeló la

decisión       ante   la   Junta      Adjudicativa,       la    cual   sigue

pendiente ante dicho foro.

     A pesar de la cancelación de la licencia, el ELA

alega que la parte apelada ha continuado operando, por

consiguiente, presentaron el 9 de marzo de 2023, una

Demanda    de     Interdicto          Estatutario    y     Solicitud       de

Entredicho Provisional.2 Así las cosas, el foro primario

emitió y señaló una vista de interdicto provisional para

el 17 de marzo de 2023.3

     Luego de varias incidencias procesales, el 28 de

marzo de 2023, el foro apelado emitió una Sentencia

Declaratoria, mediante la cual desestimó la Demanda de

interdicto estatutario y ordenó al Departamento a que

emitiera una licencia provisional para que el Centro de

Envejecientes pudiera operar.4

     El 31 de marzo de 2023, el ELA presentó una Moción

de   Reconsideración            y   en   Solicitud    de       Enmiendas    o

Determinaciones Iniciales o Adicionales.5                      No obstante,

el foro primario, mediante Orden, denegó dicha moción.6

2   Demanda de Interdicto Estatutario y Solicitud de Entredicho
Provisional, anejo I, págs. 1-21 del apéndice del recurso.
3 Minuta, anejo V, págs. 150-152 del apéndice del recurso.
4 Sentencia Declaratoria, anejo X, págs. 203-218 del apéndice del

recurso.
5  Moción de Reconsideración y en Solicitud de Enmiendas o
Determinaciones Iniciales o Adicionales, anejo XIII, págs. 219-254
del apéndice del recurso
6 Orden, anejo XIV, pág. 255 del apéndice del recurso.
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     En desacuerdo, el 26 de mayo de 2023, la parte

apelante     presentó       ante    este   Foro   un      recurso     de

apelación,     Núm.     KLAN202300266,7        mediante     el     cual,

determinamos que el foro primario debió abstenerse de

atender cualquier otro reclamo que no fuese la solicitud

de injunction estatutario.

     Aun en desacuerdo, Hatillo Nursing Home solicitó

reconsideración,         sin        embargo,      fue          denegada.

Posteriormente, presentaron un auto de certiorari ante

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual fue declarado

no ha lugar.

     Así las cosas, el 5 de septiembre de 2023, el foro

a quo desestimó la Demanda de interdicto estatutario

presentada por el ELA.8            No obstante, sostuvo la vista

del 19 de septiembre de 2023 para atender el traslado

inmediato de los envejecientes en Hatillo Nursing Home,

notificando que su determinación no evita el cierre del

hogar, sino que lo pospone.

     Inconforme       con     la    determinación,        el     18   de

septiembre de 2023, el ELA presentó una apelación ante

este tribunal donde alega dos errores:

         Erró y abusó de su discreción el Tribunal
         de Primera Instancia al desestimar la
         demanda, en virtud de la Regla 39.2(c) de
         Procedimiento Civil, y denegar la concesión
         del interdicto estatutario contemplado en
         la Ley Núm. 94-1977, a pesar de que la
         prueba presentada por el       Estado fue
         suficiente para demostrar que Hatillo
         Nursing Home, Inc. continúa operando el
         establecimiento sin licencia.

         Erró y abusó de su discreción el Tribunal
         de   Primera   Instancia  al   señalar   la
         celebración de una vista para atender el
         egreso de las personas de edad avanzada que
         se encuentran bajo el cuidado y albergue de
         Hatillo Nursing Home, Inc., a pesar de que
         desestimó la demanda y denegó el interdicto
7 Sentencia, anejo XV, págs. 256-284 del apéndice del recurso.
8 Sentencia Declaratoria Enmendada, anejo XVIII, págs. 290-301 del
apéndice del recurso.
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            estatutario, lo que tiene el efecto de
            privarlo de jurisdicción para cualquier
            trámite posterior.

       El    23    de   octubre      de      2023,    la   parte    apelada

compareció mediante Alegato en Oposición de Apelación

Civil.

       Con    el   beneficio      de    la    comparecencia        de    ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                     II.

       La Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 57, y los Artículos 675 y 687 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521 et seq., son

las    disposiciones         de   ley       que   regulan    en     nuestro

ordenamiento el recurso extraordinario de injunction.

En    particular,       la   Regla     57    de   Procedimiento         Civil,

supra, establece la existencia de tres modalidades de

injunction, a saber: (a) el entredicho provisional, (b)

el injunction preliminar y (c) el injunction permanente.

En    materia       sustantiva,           “[e]l      injunction         es   un

mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello

de un tribunal, por el que se requiere a una persona

para que se abstenga de hacer, o permitir que se haga

por otras bajo su intervención, determinada cosa que

infrinja o perjudique el derecho de otra.”                   Art. 675 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521.

       En Puerto Rico, el interdicto es el instrumento más

eficaz para vindicar los derechos protegidos por la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272, 276

(1979).      Este remedio provisional se emite en cualquier

momento de un pleito, después de celebrada una vista en

la que las partes hayan presentado prueba en apoyo y en

oposición de tal solicitud. Mun. De Ponce v. Gobernador,
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136 DPR 776, 784 (1994).              Su propósito fundamental es

mantener el status quo, hasta tanto se celebre un juicio

en   los    méritos      para    adjudicar       la   controversia        en

cuestión.      Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ.,

173 DPR 304, 316 (2008).

       Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir

u ordenar la ejecución de determinado acto, con el fin

de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños

irreparables a persona alguna, en los casos en que no

hay otro remedio adecuado en ley.                     ELA v. Asoc. de

Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).                   Nuestro Tribunal

Supremo ha reiterado que la expedición de un injunction

preliminar      descansa        en    el    ejercicio      de     la   sana

discreción del tribunal.              Misión Ind. P.R. v. J.P. y

AAA, 142 DPR 656, 680 (1997).

       En     relación     al        injunction       estatutario,        el

tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un

recurso     especial,     distinto         al   interdicto      clásico    u

ordinario.       J.   Cuevas         Segarra,    Tratado     de    Derecho

Procesal Civil, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. JTS,

2011, T. V, pág. 1672.           Este tipo de interdicto especial

procura la obtención de órdenes para la paralización, ya

sea inmediata, provisional o permanente, de conducta

contraria a la ley. Señala que no se requiere alegación,

ni prueba de daño irreparable; o sea, dicho en otras

palabras, bastaría con que el demandado haya violado la

ley.    Íd.    La persona legitimada para instar el recurso

debería entonces acreditarle al tribunal lo siguiente:

(1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o

actividad en cuestión, y (2) que los demandados están

haciendo uso o realizando una actividad en violación a

la ley o reglamento.            Íd., págs. 1672-1673.
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      Lo determinante preliminarmente al solicitarse un

injunction estatutario es si la situación está o no

cobijada bajo el estatuto.           Cobos Liccia v. De Jean

Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 903 (1989). Sin embargo,

el tribunal no puede actuar con automatismo, sino que

debe ponderar los intereses y equidades de las partes.

Íd.      En ese sentido, el tribunal debe realizar un

ponderado balance de equidad, que comprende examinar los

intereses    de     las   partes,      los     propósitos   de     la

legislación y si la prueba presentada demuestra prima

facie que el demandante está protegido por el estatuto.

Íd.

      La aplicación del mecanismo del injunction requiere

que los tribunales ejerzan su discreción judicial con

celo y buen juicio.        Asimismo, el Tribunal Supremo de

Puerto    Rico     ha   indicado    que      el   injunction     debe

concederse    en    aquellos   casos      de   clara   necesidad    y

solamente ante una demostración de indudable e intensa

violación de un derecho.       APPR v. Tribunal Superior, 103

DPR 903, 906 (1975).      Nuestro más Alto Foro ha expresado

que la decisión del tribunal de instancia para conceder

o denegar la orden de injunction no será revocada en

apelación a menos que se demuestre que dicho foro abusó

de su facultad discrecional.        ELA v. Asoc. de Auditores,

147 DPR 669, 680 (1999).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado en reiteradas

ocasiones    que    discreción     “…no   significa     poder    para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del

resto del Derecho, sino la obligación de aplicar las

reglas del conocimiento distintivo a ciertos hechos

jurídicos con el objeto de mitigar los efectos adversos
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de la Ley, a veces diferenciando unos efectos de otros.”

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).

                                    -B-

        La Ley de Establecimientos para Personas de Edad

Avanzada dispone que el Departamento de la Familia posee

la   facultad     exclusiva     para       emitir       licencias      a     toda

institución       dedicada     al   cuido        de    personas       de     edad

avanzada    que    se    establezca        en    Puerto       Rico.        Dicha

licencia     es    requerida        para        operar    este        tipo    de

establecimiento en Puerto Rico, y han de operar por un

periodo no mayor de dos años a lo cual se ha de solicitar

la renovación.          Art. 4 de la Ley Núm. 94, 8 LPRA sec.

354.

        De otra parte, el Artículo 5 de la Ley Núm. 94, 8

LPRA sec. 355, establece en lo pertinente que:

               Ninguna persona, entidad, asociación,
          corporación, o el Gobierno Estatal o
          cualquier municipio u otra subdivisión
          política    o    cualquier    departamento,
          división, junta, agencia o instrumentalidad
          de los mismos podrá establecer, operar o
          sostener un establecimiento para el cuidado
          de personas de edad avanzada, a menos que
          antes de iniciar sus operaciones solicite y
          se le conceda la licencia requerida en la
          sec. 354 de este título. Se exceptúa del
          cumplimiento   de    esta   disposición   a
          cualquier persona que cuide uno o dos
          personas de edad avanzada o las personas
          que cuidan personas de edad avanzada con
          los cuales tengan nexos de consanguinidad o
          afinidad. 8 LPRA sec. 355.

        La Ley de Establecimientos para Personas de Edad

Avanzada, establece que el Departamento de la Familia

puede    solicitar       un   interdicto         ante    el    Tribunal       de

Primera Instancia para impedir que un establecimiento de

cuidado de personas de edad avanzada continúe operando

sin la licencia correspondiente.                      En ese sentido, el

Artículo 14 de la Ley Núm. 94, 8 LPRA sec. 364, establece

que:
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            Cuando el Secretario del Departamento tenga
            conocimiento      de     que      cualquier
            establecimiento para el cuidado de personas
            de edad avanzada esté operando sin la
            licencia correspondiente, bien porque se le
            haya denegado, suspendido, cancelado o
            porque no la haya solicitado, podrá
            interponer a través del Secretario de
            Justicia un recurso de injunction ante el
            Tribunal de Primera Instancia para impedir
            que    dicho    establecimiento    continúe
            operando.

       Conforme al artículo mencionado anteriormente, el

Secretario del Departamento deberá probar al TPI los

siguientes factores: (1) que existe un establecimiento

para el cuidado de personas de edad avanzada; y (2) que

el     establecimiento               opera         sin         la      licencia

correspondiente.           La Ley Núm. 94, supra, faculta al

Secretario del Departamento, a través del Secretario de

Justicia,      a     obtener     una       orden    para        paralizar       la

operación de cualquier establecimiento de edad avanzada

que funcione sin la licencia requerida por dicha Ley.

El mecanismo de injunction contemplado el en Art. 14 de

la Ley Núm. 94, es uno estatutario.

       De    igual      forma,      la   referida        Ley     autoriza       al

Departamento a adoptar la reglamentación necesaria para

la implantación de dicho estatuto.                       Artículo 10 de la

Ley Núm. 94, 8 LPRA sec. 360.                  En virtud de ello, el

Departamento        adoptó     el    Reglamento          Núm.       7349,    mejor

conocido como el Reglamento para el Licenciamiento y

Supervisión        de   Establecimientos           para     el       Cuidado    de

Personas de Edad Avanzada.

       El Artículo IV, Sección 4.2, de dicho reglamento

establece que el Departamento expedirá una licencia a

todo   solicitante        que       haya    cumplido       con       todos     los

requisitos y leyes aplicables.                Art. IV, Sec. 4.2, pág.
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6 del Reglamento Núm. 7349.             La licencia se otorgaría

por un período máximo de dos (2) años.

       Ahora bien, existen circunstancias en las que el

Departamento podrá denegar, suspender o cancelar una

licencia. La Sección 20.1 del Artículo XX del Reglamento

Núm.     7349,      enumera    las    razones    por    las    que    el

Departamento podrá denegar, suspender o cancelar ésta.

Íd., pág. 29.         En lo atinente al caso que nos ocupa, el

inciso (d) de la referida sección dispone como una de

las razones: “[c]ualquier acto o intención por parte de

cualquier personal del establecimiento que indique o

incurra en negligencia o maltrato hacia la persona de

edad avanzada”.         Íd.

       En la Sección 21.1 del Artículo XXI del Reglamento,

supra,    se     establece     el    proceso    de   notificación     de

deficiencias y acciones administrativas.               Íd., pág. 30.

Entre otras, el inciso (b) de dicha sección dispone que

se tendrán que notificar las “[d]eficiencias en áreas de

seguridad,          alimentación,      medicamento(s),        higiene,

requerirán corrección inmediata sin derecho a prórroga

para la corrección.”           Íd.

       Al cancelar una licencia, el Departamento deberá

notificar      la    cancelación      por   correo,    con    acuse   de

recibo, a la dirección del establecimiento, según consta

en la Oficina de Licenciamiento, o personalmente por

escrito en el establecimiento. Íd., Art. XXI, sec. 21.3,

pág. 30.       Conforme a la Sección 21.4 del Reglamento,

todo poseedor o solicitante de licencia tendrá derecho

a apelar la decisión de cancelar, suspender o denegar

una licencia ante la Junta Adjudicativa del Departamento

de la Familia a los quince (15) días del recibo de la

notificación.         Íd.     Asimismo, el Artículo 9 de la Ley
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Núm. 94, supra, dispone que el solicitante o tenedor de

la   licencia       para    operar     un    establecimiento           para   el

cuidado de personas de edad avanzada tendrá derecho a

apelar la determinación del Departamento cancelando,

suspendiendo o denegando la licencia ante la Junta de

Apelaciones        del     Departamento       de     la     Familia,    en    el

término que dispone la Sección 2165 del Título 3.

       En     relación       a   los        procesos      ante     la    Junta

Adjudicativa, el Departamento adoptó el Reglamento Núm.

7757    del    5    de     octubre     de    2009,     conocido     como      el

Reglamento         para     Establecer        los     Procedimientos          de

Adjudicación de Controversias ante la Junta Adjudicativa

del Departamento de la Familia.                    Ello con el propósito

de establecer las normas pertinentes a la regulación de

los procedimientos de adjudicación de controversias ante

dicha Junta.        Art. 3 del Reglamento Núm. 7757.

       La parte adversamente afectada por una resolución

u    orden     final       de    la    Junta        podrá     solicitar       la

reconsideración de la misma dentro del término de veinte

(20) días contados a partir del archivo en autos de la

notificación de la resolución u orden.                          Íd., Art. 21

Reglamento Núm. 7757.

                                      III.

       Durante el juicio, el ELA logró probar la falta de

una licencia         vigente para operar un establecimiento

dirigido al cuidado de personas de edad avanzada, más

dos querellas por negligencia contra Hatillo Nursing

Home.   Ante la radicación de las querellas y la ausencia

de una licencia, existe causa para considerar que el

interdicto         estatutario        cumplía       con     los   requisitos

mencionados           previamente            para         ser      atendido.

Específicamente notando la alegación de un daño a los
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residentes de Hatillo Nursing Home y la infracción con

el requerimiento de licenciamiento dispuesto en la ley.

     La continua operación del Centro de Envejecientes

sin una licencia vigente da base plena al ELA para

solicitar y obtener el interdicto estatutario disponible

en la Ley Núm. 94, mediante la cual, se solicitó el

remedio en este caso.     Es por ello, por lo que el foro

primario erró al desestimar la demanda y denegar la

concesión del interdicto estatutario.

                            IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA el

dictamen apelado, se declara con lugar la Demanda de

Injuction   Estatutario   prestada   por   el    Estado   Libre

Asociado de Puerto Rico, por sí y en representación del

Departamento de la Familia, y en su consecuencia se

ordena a Hatillo Nursing Home, Inc. a que no más tardar

de cinco (5) días, a partir de la notificación de esta

Sentencia, cese y desista de operar el establecimiento

conocido como Hatillo Nursing Home.             Igualmente, se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que de forma consistente con lo aquí resuelto atienda

cualquier asunto que pueda quedar pendiente.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

     La Jueza Lebrón Nieves concurre con la siguiente

expresión: En vista de que no se acogieron los cambios,

sugeridos, los cuales esta Juez considera necesarios, se

cambia el voto concurrente sin opinión escrita.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones