Court Opinion

ID: 9408092
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:16:33.410988+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.726341
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL I

     FEDERAL NATIONAL                          CERTIORARI
        MORTGAGE                               procedente del
       ASSOCIATION                             Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
      Apelado-Recurrido          KLCE202300564 Superior de Fajardo

                v.                                     Civil núm.:
                                                       FA2022CV00241
        NÉLIDA REYES
       SALINAS, ET ALS                                 Sobre: Cobro de
                                                       Dinero y Ejecución
    Apelante-Peticionarios                             de Hipoteca

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

         Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Nélida Reyes

Salinas (la señora Reyes Salinas o la peticionaria) mediante el

recurso de Apelación de epígrafe solicitándonos que revoquemos la

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Fajardo (el TPI), el 7 de marzo de 2023, notificada el 13 del mismo

mes y año. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha

Lugar a la solicitud de nulidad de sentencia presentada por la

peticionaria.

         El escrito de Apelación se acogió como uno de Certiorari por

ser el recurso adecuado para revisar la determinación impugnada.1

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto solicitado.

                                       I.

         El caso ante nuestra consideración tiene su génesis el 10 de

marzo de 2022 cuando el Banco Popular de Puerto Rico presentó

una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en

1   Véase nuestra Resolución del 17 de mayo de 2023.

Número Identificador
RES2023___________________
KLCE202300564                                                       2

contra de los miembros de la Sucesión de Juan Beltrán Sáez. El 1

de julio de 2022 el TPI dictó una Sentencia en rebeldía declarando

con lugar la demanda. El dictamen se notificó por edicto el 5 de julio

siguiente.

      Posteriormente, el Banco Popular solicitó la ejecución de la

hipoteca y su sustitución por el nuevo acreedor, Federal National

Mortgage Association t/c/c Fannie Mae. El 22 de agosto de 2022 el

TPI dictó una Orden declarando con lugar el pedido.

      La subasta de la propiedad se llevó a cabo el 7 de febrero de

2023 y fue adjudicada a RR Homes, Inc. El 10 de febrero de 2023 el

TPI emitió una orden de lanzamiento. La Orden de Confirmación de

Adjudicación o Venta Judicial se emitió el 13 de febrero de 2023. El

17 de febrero siguiente, la peticionaria presentó una moción

solicitando la paralización de los procedimientos. El 21 de febrero

posterior la señora Reyes Salinas presentó una moción intitulada

Moción urgente en solicitud de nulidad de emplazamiento y que se

dejen sin efecto sentencia, subasta y desahucio por falta de

jurisdicción. El recurrido presentó su oposición en la cual adujo,

entre otros asuntos, que la solicitud de relevo de sentencia se

presentó transcurrido el término de seis (6) meses dispuestos en la

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.

      El 7 de marzo de 2023, notificada el 13 del mismo mes y año,

el TPI dictó una Orden declarando no ha lugar a la solicitud de

nulidad instada por la peticionaria. Inconforme, esta solicitó la

reconsideración del dictamen. El 11 de abril fue denegado el

petitorio.

      Aún insatisfecha con el dictamen, la peticionaria acude ante

este foro intermedio mediante el recurso de certiorari que nos ocupa

imputándole al foro primario haber incurrido en los siguientes

errores:
KLCE202300564                                                              3

             ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DENEGAR LA
             MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PARA QUE SE
             REVOQUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO DE
             EJECUCIÓN DE HIPOTECA POR FALTA DE
             NOTIFICACIÓN ADECUADA A LAS PARTES.

             ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DENEGAR LA
             MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PARA QUE SE
             ANULE LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO DE
             EJECUCIÓN DE HIPOTECA POR FALTA DE PARTE
             INDISPENSABLE.

        El    17   de   mayo     de     2023    emitimos    una    Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término de diez (10) días para

expresarse. El 30 de mayo siguiente se cumplió con lo ordenado, por

lo que nos damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el

recurso de epígrafe.

        Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                        II.

        La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52, establece que el recurso de certiorari es el mecanismo para

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia. Ello limitado a las instancias en la

norma enumeradas. No obstante, dicha regla no es extensiva a

asuntos post sentencia, toda vez que el único recurso disponible

para revisar cualquier determinación posterior a dictarse una

sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla

52.1,    supra,    a    la   revisión   de     dictámenes   post   sentencia,

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión

apelativa.

        Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de

un recurso de certiorari, en el que se recurre de alguna

determinación post sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 40. Al determinar la expedición de un auto de certiorari o
KLCE202300564                                                        4

de una orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración

los siguientes criterios dispuestos en la referida norma:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del
         litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      Por tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad revisora

es menester evaluar si a la luz de los criterios antes enumerados, se

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación,

este tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari.

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de

parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra;

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Precisa

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR

414, 434-435 (2013). Así, pues, se ha considerado que la discreción

se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y en un

sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de uno,

sin tasa ni limitación alguna”. Íd.
KLCE202300564                                                                   5

       De otra parte, en nuestro derecho procesal civil existe el relevo

de sentencia o el remedio de reapertura como mecanismo post

sentencia que capacita al juzgador a eliminar o modificar su

dictamen, en aras de hacer justicia.2 Como se sabe, la Regla 49.2 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, es la que regula

dicho remedio y faculta a los tribunales a dejar sin efecto alguna

sentencia u orden suya siempre y cuando exista causa justificada y

la moción se haya presentado dentro de los seis (6) meses de haberse

notificado la decisión en cuestión.3 Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.

       Ahora bien, reiteradamente se ha establecido que el remedio

de reapertura no es una llave maestra para reabrir a capricho el pleito

ya adjudicado. Íd. Por lo que debemos enfatizar que, aunque la

reapertura existe en bien de la justicia, esta no constituye una

facultad judicial absoluta, toda vez que a este mecanismo procesal

se le contrapone la finalidad fundamental de certeza y estabilidad

en los procedimientos judiciales; así como la rápida adjudicación de

las controversias. Íd. Consecuentemente, les corresponde a los

tribunales establecer un balance adecuado entre ambos intereses.

Íd.; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 457-458 (1974). En

otras palabras, aunque la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil

de Puerto Rico de 2009, supra, debe interpretarse de forma liberal,

esto no significa que se le debe dar atención desmedida a uno de los

dos intereses que hay que balancear. Piazza v. Isla del Río, Inc.,

supra, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986).

       Por otro lado, además del remedio de reapertura antes

discutido, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico

de 2009, supra, provee un segundo remedio procesal, a saber, la

2 Véanse, Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz
Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87
DPR 903, 905-906 (1963).
3
  Recordemos que, transcurrido el plazo de 6 meses, el TPI estará impedido de
adjudicar la solicitud de relevo. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR
527, 543 (2010).
KLCE202300564                                                         6

presentación de un pleito independiente, el cual está predicado en

la justicia fundamental de la reclamación. J. A. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011,

T. IV, a la pág. 1404. Claro está, este estaría disponible en las

instancias en que hayan transcurrido los 6 meses fijados por la regla

y la parte perjudicada cuenta con una de las siguientes defensas: (1)

nulidad de sentencia, (2) que el dictamen fue obtenido mediante

fraude, error o accidente, o (3) que esta se ha visto impedida de

presentar sus defensas por maquinaciones y falsedades de otra

parte,     siempre   y   cuando    esta   haya   tramitado    su   caso

diligentemente. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689

(1979).

                                   III.

         En esencia, la peticionaria arguyó que el foro primario erró al

denegar su solicitud de nulidad de sentencia debido a una alegada

falta de parte indispensable y error en el emplazamiento.

         Examinada la petición de Certiorari al palio de la Regla 40 de

nuestro Reglamento, antes citada, y analizados los planteamientos

esbozados por la peticionaria, resolvemos que no están presentes los

criterios necesarios para intervenir con la determinación recurrida.

Al respecto, precisa puntualizar que la interferencia de este foro con

el ejercicio de la facultad discrecional de los tribunales de primera

instancia solo procede en situaciones en las que se demuestre que

este: “(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo”.

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Así, ha

reiterado el Tribunal Supremo que “las decisiones discrecionales

que toma el Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a

menos que se demuestre que ese foro abusó de su discreción.” SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).
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      Por su parte, destacamos que en el caso de autos la Sentencia

se dictó el 1 de julio de 2022, archivada en autos el 5 de julio

siguiente. La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico

de 2009, supra, dispone diáfanamente que la parte afectada cuenta

con el término máximo de seis (6) meses desde que es registrada la

sentencia para presentar una moción de esta naturaleza. Al haber

transcurrido en exceso del plazo fatal, dispuesto en la antedicha

norma procesal, el foro primario estaba impedido de considerarla

dentro del caso. Enfatizamos que esta determinación no tiene el

alcance de prejuzgar los méritos de la moción instada por la señora

Reyes Salinas.

                                     IV.

      Por   los   fundamentos    antes     expuestos,   se   deniega   la

expedición del auto de certiorari solicitado.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones