Court Opinion

ID: 9952326
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:41:31.716376+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:53.224680
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL IV

                                             APELACIÓN
JULIO ÁNGEL                                  procedente del
BONILLA VEGA, JULIO                          Tribunal de Primera
CÉSAR EUSEBIO                                Instancia, Sala
HERNÁNDEZ                                    Superior de
                                             Carolina
Apelantes                   KLAN202300952
                                             Civil Núm.:
         v.                                  F CD2012-2018

JAIME RODRÍGUEZ, et                          Sobre:
als.                                         Cobro de Dinero

Apelados

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

      Los señores Julio Ángel Bonilla Vega y Julio César Eusebio

Hernández (en conjunto, los señores Bonilla y Eusebio o

apelantes) impugnan la decisión emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI) de desestimar

la demanda de epígrafe instada contra los codemandados

Bernard A. González, Ineabelle M. González Acevedo y la Sociedad

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, al amparo de

la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

ordena el archivo administrativo del presente caso.

                                I.

      El 28 de diciembre de 2012, los señores Bonilla y Eusebio

presentaron una Demanda sobre cobro de dinero en contra de

Jaime Rodríguez, Mariela Otero Rodríguez y la Sociedad Legal de

Número Identificador
SEN2024______________________
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Bienes   Gananciales    compuesta     por   ambos    (matrimonio

Rodríguez-Otero); Wilfred Joel González Jr., Lizbeth Yanaira

González Gordon y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales

compuesta por ambos; Brunie Marie González García; Wilfredo

González Santiago, Carmen Colón Cruz y la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales compuesta por ambos; Bernard A. González,

Ineabelle M. González Acevedo y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, matrimonio

González-González); Villa Fresh Italian Kitchen, Inc. y GR At Road

Runner Group I, Corporation (GR), entre otros (en conjunto, los

demandados).

      En lo pertinente al recurso ante nos, alegaron que los

demandados eran socios de la corporación GR, dedicada a

establecer las franquicias del codemandado Villa Fresh Italian

Kitchen. Adujeron que el señor Rodríguez les solicitó una

cotización para la construcción de unos locales comerciales en

Plaza Carolina. Arguyeron que se le ofreció una participación a

razón de un 10%, cada uno, de una sociedad para la operación

de ciertos locales dentro del mencionado centro comercial.

Afirmaron que, para lo anterior, se les solicitó una aportación

para materiales y mano de obra durante la construcción.

Reclamaron que nunca se firmó un acuerdo final que protegiera

a ambas partes sobre la inversión realizada por éstos. Añadieron

que, debido a ello, y en vía de que nunca se logró un contrato de

la participación en la sociedad, solicitaron a los demandados que

le pagaran las labores realizadas en las tiendas. Destacaron que

sus gestiones de cobro fueron infructuosas. Así, solicitaron al

tribunal que declarara ha lugar la demanda y ordenara el pago
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de las cantidades reclamadas en ésta por cada uno de los

demandantes.

     En respuesta, el matrimonio González-González instó una

Moción de Desestimación. Argumentó que no procedía un reclamo

en su carácter personal, pues, eran socios de la compañía GR, y

que, de existir alguna deuda, era ésta quien respondería.

     El 31 de julio de 2017, el TPI emitió la sentencia parcial

impugnada. Según adelantado, el foro primario desestimó la

Demanda presentada contra el matrimonio González-González, al

amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Ello, bajo el

fundamento de que la demanda no exponía reclamación contra

éstos que justificara la concesión de un remedio.

     En desacuerdo con lo anterior, el 23 de agosto de 2017, los

señores Bonilla y Eusebio solicitaron reconsideración. Mediante

Resolución emitida el 26 de septiembre de 2023, el TPI la declaró

No Ha Lugar.

     Aun      inconformes,    los   señores    Bonilla    y   Eusebio

presentaron el recurso de apelación de referencia, en el cual le

señalaron al Tribunal de Primera Instancia el siguiente error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha
         Lugar la Solicitud de desestimación a favor de los
         codemandados Bernard A. González e Ineabelle M.
         González Acevedo y la Sociedad Legal de
         Gananciales.

     En esencia, los señores Bonilla y Eusebio aducen que, no

tan solo el matrimonio González González era accionista de la

corporación GR, sino que, en su carácter personal, realizó

gestiones para que los demandantes prestaran sus servicios para

la compañía de la cual se alegaba serían parte. Argumentan que

de la demanda y la demanda enmendada surgen las alegaciones

claras   y   concisas   que   demuestran      la   responsabilidad   y
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participación del matrimonio González González para responderle

por sus actuaciones. Esbozan que cumplieron cabalmente con el

fin de demostrar que existía una causa de acción que justificara

la concesión de un remedio.

      En su alegato en oposición, el matrimonio Rodríguez Otero

expone que está conforme con la determinación del TPI de

desestimar la causa de acción en torno al matrimonio González

González en su carácter personal. A su vez, en su comparecencia

incluyó un asunto de índole jurisdiccional, el cual atenderemos

en primer orden. El matrimonio Rodríguez Otero sostiene que el

matrimonio González González está cobijado bajo la protección

del Código Federal de Quiebras, por lo que procede la paralización

automática del caso en contra de éstos.

                                II.

      La finalidad principal de un procedimiento de quiebras es

permitir que el deudor restablezca su vida económica por medio

del relevo de todas sus deudas descargables, mientras se

protegen los intereses de los acreedores al distribuirse entre estos

los activos del deudor conforme al Código de Quiebras. Allende

Pérez v. García, 150 DPR 892, 898 (2000); Campolieto v. Anaya,

142 DPR 582, 590 (1998).

      Como se sabe, una vez una persona se acoge a este proceso

aplica el “automatic stay” o paralización automática del Código de

Quiebras. La paralización automática forma parte de las

protecciones que brinda dicho estatuto a los deudores y

constituye una orden para cesar todas las gestiones de cobro,

retención, embargo o ejecución de hipoteca contra una persona

que ha solicitado acogerse a la protección de la ley de quiebras.

CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 DPR 313, 322 (2007).
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      La Sección 362(a) del Código de Quiebras enumera una

serie de procedimientos contra el deudor o sus bienes instados

ante cualquier foro judicial estatal o federal, ya sea tribunal de

instancia o apelativo, que quedan automáticamente paralizados

al presentarse una petición de quiebra:

      (a) Except as provided in subsection (b) of this
      section, a petition filed under section 301, 302, or 303
      of this title, or an application filed under section
      5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of
      1970, operates as a stay, applicable to all entities, of-
      -

       (1) the commencement or continuation, including
           the issuance or employment of process, of a
           judicial, administrative, or other action or
           proceeding against the debtor that was or could
           have      been    commenced          before   the
           commencement of the case under this title, or to
           recover a claim against the debtor that arose
           before the commencement of the case under this
           title;
       (2) the enforcement, against the debtor or against
           property of the estate, of a judgment obtained
           before the commencement of the case under
           this title;
       (3) any act to obtain possession of property of the
           estate or property from the estate or to exercise
           control over property of the estate;
          [...]

       (4) any act to create, perfect, or enforce against
           property of the debtor any lien to the that such
           lien secures a claim that arose before the
           commencement of the case under this title;
       (5) any act to collect, assess, or recover a claim
           against the debtor that arose before the
           commencement of the case under this title;
       (7) the setoff of any debt owing to the debtor that
           arose before the commencement of the case
           under this title against any claim against the
           debtor [.]

          [...]

          11 USCA sec. 362 (Énfasis nuestro).

      Como podemos ver, la paralización automática se da contra

cualquier procedimiento instado o que se pudo haber instado en

contra del deudor antes de la presentación de la solicitud de
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quiebras o contra aquellos que buscan recobrar una reclamación

contra el deudor que precede la petición de quiebras. Por lo tanto,

ante el hecho de que la paralización automática surte efecto desde

la presentación de la petición de quiebras sin la necesidad de una

orden del tribunal al respecto, una vez esto ocurre los tribunales

estatales pierden toda jurisdicción, por lo que, las actuaciones o

determinaciones que se realicen o se emitan se considerarán

inefectivas y nulas. In re Bright, 338 B.R. 530 (1er Cir.) (2006); In

re Soares, 107 F.3d 969 (1er Cir.) (1997). Esta paralización estará

vigente hasta tanto el caso finalice; se desestime; o, si el caso es

uno presentado por un individuo al amparo del capítulo 7 o un

caso bajo el capítulo 9, 11, 12 y 13 del Código de Quiebras, hasta

que el descargo se conceda o se deniegue. 11 USCA sec. 362(c)(2).

                                III.

      Al examinar con detenimiento el expediente, en específico

los documentos anejados en el alegato en oposición del

matrimonio    Rodríguez    Otero,      colegimos   que   no   tenemos

jurisdicción para atender el recurso de referencia.

      Del expediente surge que, el 31 de marzo de 2021, el

matrimonio González González presentó ante el Tribunal de

Quiebras de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, una

petición bajo el Capítulo 13 del Código Federal de Quiebras,

Chapter 13 Voluntary Petition (Caso Núm. 21-13181-RAM). De los

documentos incluidos en el alegato en oposición, se desprende

que dicho proceso aún no ha culminado. Este Tribunal toma

conocimiento judicial sobre la petición de quiebra al amparo del

Capítulo 13 del Código de Quiebras.

      En virtud de la paralización automática que implica la

presentación de una petición de quiebras, nos vemos impedidos
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de atender los méritos del presente recurso, el cual versa

precisamente sobre la participación en el caso como parte

demandada del matrimonio González González.

                                  IV.

        Conforme lo anterior, se ordena el archivo administrativo

del recurso presentado por los señores Julio Ángel Bonilla Vega y

Julio    César     Eusebio    Hernández    contra   los    quebrados

codemandados Bernard A. González, Ineabelle M. González

Acevedo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta

por     ambos,    reservándonos    jurisdicción   para    decretar   la

reapertura de este en caso de que dicha paralización sea dejada

sin efecto o hasta que por otro fundamento proceda continuar los

procedimientos.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones