Court Opinion

ID: 9962839
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:33.21619+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:39.287639
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL V

                                      CERTIORARI
    EL PUEBLO DE PUERTO               procedente del
            RICO                      Tribunal de Primera
          Recurrido                   Instancia
                        KLCE202400260 Ponce
              V.
                                      Caso Núm:
                                      J VI2023G0020
     ROBERTO SANTIAGO
           VÉLEZ                      SOBRE:
         Peticionario                 A93/Grado de
                                      Asesinato 1er Grado
                                      inciso A
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Martínez Cordero y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                     RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 4 de marzo de 2024.

                                               I.

        El 1 de marzo de 2024, el Sr. Roberto Santiago Vélez (señor

Santiago o peticionario) compareció ante nos mediante una Moción

Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando Paralización de

Procedimientos.          En      esta,     solicitó      que     se     paralizaran         los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Ponce (TPI) hasta tanto se adjudicara el recurso de Certiorari que

presentó junto a la solicitud en auxilio de jurisdicción.

        Cabe precisar, que en su recurso de Certiorari, el peticionario

solicitó la revisión de una determinación que el TPI presuntamente

tomó verbalmente en corte abierta el 28 de febrero de 2024

mediante la cual declaró No Ha Lugar una Moción Suplicando

Desestimación por la Regla 64-p de Procedimiento Criminal que este

último presentó. El propio peticionario aclara que no existe una

Resolución notificada por escrito de la referida determinación a

pesar de ser solicitada. Sobre este asunto, únicamente tenemos ante

1
 Se designa a la Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo para entender y votar en este caso según
OATA-2024-031.

Número Identificador
RES2024 _____________________
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nos una Orden que el TPI emitió el 22 de febrero de 2024 y notificó

el 27 de febrero de 2024, mediante la cual le ordenó al Ministerio

Público a presentar una réplica, en el término de diez (10) días, en

cuanto a la solicitud de desestimación por la Regla 64-p de

Procedimiento Criminal que presentó el peticionario.

       Por otra parte, el señor Santiago solicitó la revisión de una

Orden que se emitió y notificó el 29 de febrero de 2024, en la cual el

TPI declaró No Ha Lugar su Moción Urgente Suplicando Transferencia

de Juicio en su Fondo. Mediante la moción antes mencionada, el

peticionario solicitó la transferencia del juicio en su fondo que se

celebraría el 4 de marzo de 2024 ya que su representación legal no

había culminado de corroborar la evidencia relacionada al

descubrimiento de prueba provisto y, por ende, no podía garantizar

una representación legal adecuada y eficaz.

       Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores.    Regla (7)(B)(5)   del   Reglamento    del   Tribunal   de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

declaramos No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. En

cuanto a la solicitud de revisión de la determinación que tomó el TPI

verbalmente en corte abierta sobre la solicitud de desestimación por

la   Regla    64-p   de Procedimiento     Criminal   que   presentó   el

peticionario, no la podemos atender por falta de jurisdicción por

prematuro ya que no existe un dictamen por escrito y notificado a

las partes que resuelva dicho asunto. Por último, con relación a la

solicitud de la transferencia del juicio en su fondo que presentó el

señor Santiago, denegamos.
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                                  II.

                                 -A-

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

R. 40, enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir

un auto de certiorari. Íd. La aludida regla establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                 -B-

      La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo    para    considerar    y   adjudicar     determinada

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias

siguientes:

      (a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no
      pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal,
      como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la
      nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los
      tribunales el ineludible deber de auscultar su propia
      jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el
      deber de examinar la jurisdicción del foro de donde
      procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier
      etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por
      el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort
      & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

      A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor

de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado.
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(Énfasis nuestro). Cordero v. ARPe et al, 187 DPR 445, 457 (2012).

Así pues, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que

puede hacer es así declararlo” González v. Mayagüez Resort &

Casino, supra, pág. 856. Ello, ya que los tribunales no tenemos

discreción para asumir jurisdicción donde no la tenemos. Yumac

Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103 (2015). Cuando este

Foro carece de jurisdicción, procede la inmediata desestimación del

recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR

873, 883 (2007).

      Un recurso presentado prematura o tardíamente priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico,

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para

acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este Tribunal de

Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso prematuro

o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

                                -C-

      En lo pertinente al caso ante nos, cabe preciar que, la Regla

34(E)(1)(b) de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A, dispone lo

siguiente en cuanto al contenido de un recurso de certiorari:

            (E) Apéndice

             (1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este
             inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un
             Apéndice que contendrá una copia literal de:

             […]

             (b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia
             cuya revisión se solicita, incluyendo las
             determinaciones de hechos y las conclusiones de
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               derecho en que esté fundada, si las hubiere, y la
               notificación del archivo en autos de una copia de
               la notificación de la decisión, si la hubiere.

      Como podemos observar, la referida regla no dispone que la

decisión del foro de instancia recurrida debe estar contenida en una

resolución escrita y firmada por el juez que la emite. Pueblo v.

Pacheco Armand, 150 DPR 53,58 (2000). La regla únicamente

requiere que se acompañe copia literal de la “decisión” del tribunal,

sin que importe si tal decisión se recogió mediante una resolución,

una orden o una minuta. Íd. Lo esencial es que se acompañe copia

del documento en sí que recoge la decisión de instancia. (Énfasis

suplido) Íd.

      Tomando en consideración lo antes expuesto, nuestra Más

Alta Curia en el caso Sánchez et. als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158

DPR 255, 262 (2002) resolvió lo siguiente:

      “[u]na notificación verbal en corte abierta de una
      determinación interlocutoria del Tribunal de Primera
      Instancia en un caso civil no constituye la notificación
      que se requiere para activar el plazo dispuesto por ley
      para interponer una moción de reconsideración o un
      recurso de “certiorari” ante el Tribunal de Circuito. La
      notificación que activa estos términos tiene que constar
      por escrito y dicho escrito tiene que ser notificado a las
      partes”.

                                  III.

      En el caso de autos, el peticionario solicitó la revisión de un

presunto dictamen que emitió el TPI verbalmente en corte abierta

declarando No Ha Lugar su Moción Suplicando Desestimación por la

Regla 64-p de Procedimiento Criminal. Sin embargo, como admitió

el propio señor Santiago, no existe un dictamen final escrito en

cuanto a esta determinación. Entiéndase, el TPI aún no les ha

notificado a las partes por escrito un dictamen en cuanto a este

asunto.

      Es harto sabido que las cuestiones relativas a la jurisdicción

de un tribunal para atender ciertas controversias se tienen que

resolver con preferencia. Por consiguiente, de entrada, resolvemos
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que no tenemos jurisdicción para atender la solicitud de revisión

que el peticionario nos solicita en cuanto a la determinación verbal

que tomó el TPI en corte abierta el 28 de febrero de 2024. Ello, toda

vez que no tenemos jurisdicción para atender dictámenes que no

constan por escrito.

      Como expusimos en el derecho que antecede, es esencial que

la parte que presente un recurso de certiorari presente una copia del

documento que en sí recoja la decisión de instancia de la cual

recurre. Pueblo v. Pacheco Armand, supra, pág.58. Además, el

Tribunal Supremo estableció que una notificación verbal en corte

abierta de una determinación interlocutoria del TPI en un caso civil

no constituye la notificación que se requiere para activar el plazo

dispuesto por ley para interponer un recurso de certiorari ya que la

notificación tiene que constar por escrito. Sánchez et. als. v. Hosp.

Dr. Pila et als., supa, pág. 262. Reconocemos que en el precitado

caso menciona casos civiles, pero ello también aplica a los casos

criminales.

      Recordemos que, en el ejercicio de nuestra facultad revisora,

no podemos depender de una parte exponga que hizo el TPI en la

fecha que éstas señale a base de su recuerdo. Esto conlleva a la

posibilidad de una mala interpretación del dictamen verbal del TPI

y nos puede llevar a resolver un asunto con fundamentos

incorrectos o inclusive sobre aspectos no resueltos por el foro

revisado. La única manera de revisar jurídicamente un dictamen de

un tribunal es conociendo su contenido. Por lo tanto, como

mencionamos anteriormente, no tenemos jurisdicción para

atender el dictamen que el TPI dictó verbalmente en corte

abierta por prematuro.

      Por otro lado, nos corresponde justipreciar si debemos ejercer

nuestra facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados

en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra en cuanto al
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dictamen que emitió el TPI el 22 de febrero de 2024 declarando No

Ha Lugar la Moción Urgente Suplicando Transferencia de Juicio en su

Fondo que presentó el peticionario. Luego de examinar el expediente

a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones,

supra, no identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir.

Ello, ya que no se presentan ninguna de las situaciones que allí se

contemplan. Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos

brinda   la   discreción   de    intervenir   en   aquellos   dictámenes

interlocutorios en los que el foro de primera instancia haya sido

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos

que en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que

haya alguno de estos escenarios.

                                    IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, declaramos No Ha

Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción. En cuanto a la solicitud

de revisión de la determinación que tomó el TPI verbalmente en corte

abierta sobre la solicitud de desestimación por la Regla 64-p de

Procedimiento Criminal que presentó el peticionario, no la podemos

atender por falta de jurisdicción por prematuro ya que no existe

un dictamen por escrito y notificado a las partes que resuelva dicho

asunto. Por último, con relación a la solicitud de la transferencia del

juicio en su fondo que presentó el señor Santiago, denegamos.

      Notifíquese inmediatamente al Juez Angel M. Llavona

Folguera y a la Jueza Zahira Torres Moro.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones