Court Opinion

ID: 9554700
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:18:54.05009+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:17.391067
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL III

 OSCAR CRESPO & ASOCIADOS,                   Apelación
            INC.                             procedente del
                                             Tribunal de
    Demandante-Apelante                      Primera
                                             Instancia,
            v.                               Sala de Ponce

 XAVIER CRESPO QUIÑONES,                     Civil Núm.:
ZAMASLIE TORRES SOTO Y LA                    PO2018CV01667
    SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA POR    KLAN202300155   Sobre:
AMBOS, OSCAR JAVIER CRESPO                   Cobro de
 TORRES, JOMARY SANTIAGO                     Dinero
  BARBOSA Y LA SOCIEDAD
   LEGAL DE GANANCIALES                      Consolidados
COMPUESTA POR AMBOS; OSCAR
   CRESPO CORP.; BANCO                       con
  SANTANDER PUERTO RICO;
   DEMANDADOS A, B Y C
 COMPAÑÍA ASEGURADORA X Y
  COMPAÑÍA ASEGURADORA Z

    Demandados-Apelados

                                             Civil Núm.
 OSCAR CRESPO LÓPEZ POR SÍ                   PO2019CV00946
   Y EN REPRESENTACIÓN DE
 OSCAR CRESPO & ASOCIADOS,                   Sobre:
    INC., ELIEZER CRESPO                     Injunction
  QUIÑONES POR ´SI Y COMO                    Preliminar y
 FIDUCIARIO DE FIDEICOMISO                   Permanente y
      CRESPO QUIÑONES                        Acción Civil

        Demandante

            v.

OSCAR CRESPO CORP., XAVIER
CRESPO QUIÑONES, ZAMASLIE
TORRES Y LA SOCIEDAD LEGAL
 DE GANANCIALES QUE AMBOS
  COMPONEN; FIDEICOMISO
     CRESPO SANTIAGO
   REPRESENTADO POR SU
    FIDUCIARIA ARLENNE
 SANTIAGO, FRANCISCO LEÓN
     SÁNCHEZ H/N/C DL
 INTERNATIONAL, POR SÍ EN
   REPRESENTACIÓN DE LA
    SOCIEDAD LEGAL DE
 GANANCIALES QUE COMPONE
    CON SUTANA DE TAL,
DEMANDADOS DESCONOCIDOS A
           Y B

        Demandados

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
Cabán, la Jueza Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Figueroa Cabán, Juez Ponente

Número de Identificador

SEN2023____________
KLAN202300155                                                           2

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2023.

        Comparece Oscar Crespo & Asociados, Inc. y otros,

en adelante Crespo & Asociados, Inc. o los apelantes, y

solicitan que revisemos una Sentencia emitida por el

Tribunal      de       Primera   Instancia,     Sala     de    Ponce,   en

adelante TPI. Mediante la misma, el TPI desestimó sin

perjuicio los casos consolidados números P02018CV01667

y PO2019CV00946 al amparo de la Regla 22. 1 y 39.2(a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 22.1 y 39.2(a).

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se    desestima        el   recurso   de    apelación    por    falta   de

jurisdicción por incumplir con los requisitos de la

Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 14(B).

                                      -I-

        Crespo     &    Asociados,     Inc.   presentó    una    Demanda1

sobre cobro de dinero contra Xavier Crespo Quiñones,

Oscar Crespo Corp., en adelante Crespo Corp.; el Sr.

Xavier Crespo Quiñones; Banco Santander Puerto Rico; y

otros; en conjunto los apelados.

        Posteriormente, el Sr. Oscar Crespo López, por sí

y en representación de Crespo & Asociados, Inc., el Sr.

Eliezer Crespo Quiñones, por sí y como fiduciario del

Fideicomiso Crespo Quiñones, presentaron una segunda

Demanda2 de injunction preliminar y acción civil contra

Crespo Corp., el Sr. Xavier Crespo Quiñones, la Sra.

Zamaslie Torres Soto y la SBG compuesta por ambos y el

Fideicomiso Crespo Santiago, representado por la Sra.

Arlenne Santiago, entre otros.

1   Apéndice de los apelantes, págs. 2-5.
2   Id., págs. 7-25.
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        Así las cosas, el TPI ordenó la consolidación del

caso     PO2019CV00946   con   el    caso   de   mayor   antigüedad

PO2018CV01667.3

        Luego de varios trámites procesales, el TPI emitió

una Sentencia4 en la cual desestimó sin prejuicio los

casos consolidados, conforme a las Reglas 22.1 y 39.2(a)

de Procedimiento Civil, supra.

        Inconformes con dicha determinación, los apelantes

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI

incurrió en los siguientes errores:

        ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL CONCLUIR QUE PROCEDE
        LA DESESTIMACIÓN DEL CASO DE EPÍGRAFE EN BASE A LA
        REGLA 22.1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

        ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL CONCLUIR QUE PROCEDE
        LA DESESTIMACIÓN DEL CASO DE EPÍGRAFE EN BASE A LA
        REGLA 39.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

        El 12 de mayo de 2023 el co-apelado, Banco Santander

Puerto Rico, presentó un Aviso sobre Incumplimiento con

Regla 14 del Reglamento y Solicitud de Desestimación.

Adujo,     que contrario a la disposición reglamentaria

previamente citada, los apelantes no presentaron al TPI

la cubierta o primera página de escrito de apelación en

el término de 72 horas siguientes a la presentación del

recurso.      Acompañó   con    su    escrito     copia    de   una

notificación emitida el 10 de mayo de 2023 por el foro

sentenciador en la que se afirma lo anterior.

        En dicho contexto procesal, le concedimos término

a los apelantes para que expusieran su posición.

        Luego de revisar los escritos de las partes, y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

3   Id., págs. 27-28.
4   Id., págs. 83-95.
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                                     -II-

                                      A.

      La    Regla    14(B)     del    Reglamento         del    Tribunal    de

Apelaciones,        supra,     en     lo    pertinente,         dispone     lo

siguiente:

      Regla 14 — Presentación y notificación

      […]

      (B) De presentarse el original del recurso de
      apelación en la Secretaría del Tribunal de
      Apelaciones junto con el arancel correspondiente,
      la parte apelante deberá notificar la cubierta o
      primera   página   del  escrito   de   apelación,
      debidamente sellada con la fecha y hora de
      presentación, a la Secretaría de la sede del
      Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la
      sentencia apelada, dentro de las setenta y dos
      horas siguientes a la presentación del escrito de
      apelación. Este término será de cumplimiento
      estricto.
      […]5

      Acatar    esta      y    cada    una     de   las        disposiciones

reglamentarias bajo el Derecho Procesal Apelativo es

ineludible y, por consiguiente, su cumplimiento no es

discrecional.6       De   esta      manera    se    garantiza       que    los

tribunales apelativos cuenten con un expediente completo

del caso y estén en mejor posición para resolver la

controversia ante sí.7 Por esta importante razón, el

Tribunal    Supremo       de   Puerto       Rico,   en    adelante     TSPR,

declaró:

      La   marcha    ordenada   y    efectiva   de   los
      procedimientos judiciales es un imperativo de
      nuestro ordenamiento jurídico. Como axioma de ese
      principio, es una norma conocida por toda la
      profesión   legal    en   Puerto   Rico   que   el
      incumplimiento con las reglas de los tribunales
      apelativos impide la revisión judicial. En ese
      sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento
      de todos los recursos apelativos deben observarse
      rigurosamente.8

5 Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.
6 F. Figueroa Cabán, Errores en la Práctica Apelativa que Acarrean
Sanciones Disciplinarias y Estrategias para Evitarlos, 87 (Núm.
211) Rev. Jur. UPR 212, 220 (2018).
7 Id.
8 Id., (citando a Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90

(2013)).
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                                       B.

        Los   términos     provistos         por     las    leyes    y   reglas

procesales       para     que    las        partes    actúen        dentro   de

determinado        plazo        son         de     diversa      naturaleza:

discrecionales, directivos, de estricto cumplimiento,

fatales o jurisdiccionales.

        Al    respecto,    el   TSPR        ha   indicado     que     ante   la

ausencia de una expresión clara del legislador en cuanto

a la naturaleza jurisdiccional del término no se le puede

impartir dicho carácter.9 Cuando el legislador ha querido

que un término para resolver un asunto sea fatal o

jurisdiccional, lo establece expresamente en la ley.10

El incumplimiento con un término jurisdiccional tiene

graves       consecuencias      procesales,           priva    al     foro   de

autoridad para entender el asunto, en tales casos sólo

puede determinar la falta de jurisdicción y desestimar

la cuestión.11

        El TSPR concluyó que a falta de expresión clara de

la ley sobre el carácter jurisdiccional del término

significa que es de cumplimiento estricto.12 Por su

parte, un término de cumplimiento estricto es aquel cuya

inobservancia puede ser tolerada siempre y cuando medie

justa causa para ello. Sin embargo, esto no quiere decir

que los tribunales tengan la facultad irrestricta de

extender un término de cumplimiento estricto.13 Por el

contrario, sólo tenemos discreción para prorrogar un

término de complimiento estricto cuando la parte que

actuó    tardíamente       “hace       constar        las    circunstancias

9 Junta de Directores v. Ramos, 157 DPR 818, 823-824 (2002).
10 In re Godinez Morales, 161 DPR 219, 237 (2004).
11 Junta de Directores v. Ramos, supra, pág. 824.
12 Véase, Junta de Directores v. Ramos, supra; Scn. Salvador Jiménez

v. Pérez, 153 DPR 527 (2001); Lagares v. ELA. 144 DPR 601 (1997).
13 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).
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específicas”,         la     justa    causa,       y   justifique   esas

circunstancias presentando evidencia que acredite las

circunstancias que forma la justa causa que presentó.14

       El TSPR explicó en Soto Pino v. Uno Radio Group la

manera correcta de acreditar la justa causa:

       [L]a acreditación de la justa causa le impone una
       carga considerable a los abogados y a las partes
       que estén obligados a demostrarla. Hemos señalado
       que “[l]a acreditación de justa causa se hace con
       explicaciones   concretas   y    particulares   -
       debidamente evidenciadas en el escrito que le
       permitan al tribunal concluir que hubo una excusa
       razonable para la tardanza o la demora. Las
       vaguedades y las excusas o los planteamientos
       estereotipados no cumplen con el requisito de
       justa causa”.

       No puede ser de otra manera. Si se permite que la
       acreditación de la justa causa se convierta en un
       juego de mero automatismo en el que los abogados
       conjuran excusas genéricas, carentes de detalles
       en cuanto a las circunstancias particulares que
       causaron la tardanza en cumplir con el término, se
       trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. De
       esa   manera   se   convertirían    los   términos
       reglamentarios en metas amorfas que cualquier
       parte podría postergar.15

       Luego reiteró las condiciones que debemos seguir

para   eximir     a   una     parte   del     requisito    de   observar

fielmente un término de cumplimiento estricto, estas

son:   1)   que   en       efecto    exista    justa    causa   para   la

dilación; 2) que la parte le demuestre detalladamente al

tribunal las bases razonables que tiene para la dilación;

es decir, que la parte interesada acredite de manera

adecuada la justa causa aludida.16 En ausencia de una de

estas dos condiciones este Tribunal carece de discreción

para   eximir     a    una    parte    de     su   cumplimiento,    para

prorrogar el referido término y, por ende, para acoger

el recurso presentado ante nuestra consideración.17

14 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; García Ramis v. Serrallés,
171 DPR 250, 253 (2007); Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla,
144 DPR 651, 657 (1998).
15 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93 (cita omitida).
16 Id.; Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738 (2005)(Énfasis suplido).
17 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 93; Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 132 (1998).
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        En vista de lo anterior, para que se configure la

justa causa necesaria para subsanar el incumplimiento,

ésta no puede consistir en “excusas genéricas, carentes

de    detalles”,     o    de    vaguedades,      o   de     planteamientos

estereotipados.18 Las explicaciones deben especificar las

“circunstancias particulares” que impidieron a la parte

cumplir con el término.19 No solamente eso, sino que la

parte         debe        evidenciar       esas            “circunstancias

particulares”.20

        Por último, es importante destacar que los términos

de cumplimiento estricto no son “meros formalismos”, su

incumplimiento            sirve     de         obstáculo           para    el

perfeccionamiento de los recursos presentados ante este

tribunal, y en ausencia de justa causa, resulta un

obstáculo que no podemos solucionar.21

                                   -III-

        Los    apelantes        comparecieron          y     aceptaron     el

incumplimiento       del       requisito   de     la       Regla   14(B)   de

nuestro Reglamento, supra. Es decir, no notificaron al

TPI    copia    de   la    carátula      del    recurso,       debidamente

ponchada en el término de 72 horas contadas desde de su

presentación. Sin embargo, alegaron que ello obedeció a

un error administrativo-clerical, a saber:

        6)    Ese mismo día 24 de febrero, todas las partes
        y el Tribunal de Primera Instancia recibieron una
        notificación por correo electrónico del Tribunal
        de Apelaciones informando: “Para su conocimiento,
        le informó que en el caso de referencia, el día 23
        de febrero de 2023, se presentó un recurso de
        apelación en el tribunal de apelaciones bajo el
        numero[sic] klan202300155”. (Subrayado en el
        original)

        7)   Al ver dicha notificación por email ese mismo
        día,   sin   embargo,   la   secretaria    de   la
        representación legal que suscribe erróneamente

18 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Lugo v. Suárez, supra, pág.
738-739.
19 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.
20 Id.
21 Id., pág. 15.
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      informó a los abogados de la parte apelante que el
      recurso ya había sido notificado al Tribunal de
      Primera Instancia y a las partes conforme al
      Reglamento del foro apelativo, por lo que suscitó
      un lamentable error clerical de desinformación que
      desembocó esta controversia.

      A su entender, ello no ha causado perjuicio alguno, ya

que tanto el TPI como las partes habían sido notificados del

recurso. Además, posteriormente se envió la cubierta del

escrito de apelación al foro apelado. En consideración a los

anterior, lol apelantes solicitaron que ejerzamos nuestra

discreción y adjudiquemos el recurso en sus méritos.

      La explicación provista no constituye justa causa para

la   inobservancia    del    requisito       de   la   Regla    14(B)    del

Reglamento    del     Tribunal    de     Apelaciones,          supra.     Las

circunstancias      que   impidieron    el    cumplimiento       de     dicho

requisito esbozadas por los apelantes no constituyen una base

razonable    para   la    tardanza.    Son    alegaciones       generales,

acomodaticias, imprecisas, carentes de evidencia que le sirva

de apoyo.    En cierta medida representan una excusa en la que

se pretende compartir la responsabilidad del abogado con su

personal de apoyo. En fin, la justificación provista por los

apelantes no constituye la explicación concreta y detallada

que permita a este foro adquirir jurisdicción sobre el recurso

ante nuestra consideración.

                                 -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima

el recurso por falta de jurisdicción por incumplir con

los requisitos de la Regla 14(B) del Reglamento del

tribunal de Apelaciones, supra.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones