Court Opinion

ID: 9928634
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:31:31.121616+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:28.207727
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

    LUNA RESIDENTIAL II                 CERTIORARI (se acoge
            LLC                         como Apelación)1
                                        procedente del
         Apelado                        Tribunal de Primera
                                        Instancia, Sala
                                        Superior de Guaynabo
            V.
                          KLCE202301053 _____________
                                        CIVIL NÚM.:
                                        D2CD2017-0008
      RAYFRAN, INC.;                    Salón: 201
      FRANCISCO JOSÉ                    _____________
    FERNÁNDEZ, por sí y                  SOBRE:
      como Miembro y
      Alabacea de la                     COBRO DE DINERO Y
    Sucesión de MARIBEL                  EJECUCIÓN DE
    SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,                   HIPOTECA
     como Fiduciario y
    Fideicomisario del
        Fideicomiso
       Testamentario
    RIVERA SÁNCHEZ; LA
    SUCESIÓN DE MARIBEL
     SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
       compuesta por
      FRANCISCO JOSÉ
      RIVERA SÁNCHEZ,
    JOSÉ ENRIQUE RIVERA
    SÁNCHEZ y FRANCISCO
        JOSÉ RIVERA
      FERNÁNDEZ en la
       Cuota Viudal
      Usufructuaria;
     FULANO(A)DE TAL Y
     SUTANO(A) DE TAL
       como posibles
         HEREDEROS
      DESCONOCIDOS DE
      MARIBEL SÁNCHEZ
         RODRÍGUEZ
        Apelantes
Panel integrado por su presidenta la Juez Domínguez
Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado
Schwarz.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente.

                          SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

        Comparece ante nos, el Sr. Francisco J. Rivera

Fernández, el Sr. Francisco J. Rivera Sánchez y el Sr.

1
 Se acoge como Apelación por ser el recurso adecuado para revisar
la determinación impugnada y se mantiene su clasificación
alfanumérica para efectos de economía procesal.

Número Identificador

RES2023________________
KLCE202301053                                                                        2

José E. Rivera Sánchez (en conjunto parte apelante), y

nos     solicitan       que    revoquemos            una       Sentencia    Parcial

emitida     por    el    Tribunal            de    Primera       Instancia,       Sala

Superior de Guaynabo (TPI o foro primario) el 23 de junio

de 2023, notificada en esa misma fecha. Por medio de

dicho dictamen el TPI determinó que nunca se perfeccionó

un     contrato     transaccional                 entre    las    partes     y,    en

consecuencia, desestimó la Reconvención presentada por

la parte apelante.

        Por los fundamentos que exponemos a continuación,

confirmamos la sentencia apelada.

                                             -I-

        A   continuación,               exponemos         el    tracto     procesal

conforme        surge          del           expediente           ante      nuestra

consideración.

        El 9 de enero de 2017, Banco Santander Puerto Rico

(BSPR o parte apelada) presentó una Demanda2 sobre cobro

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria,

en contra del señor Francisco J. Rivera Fernández, la

Sucesión de Maribel Sánchez Rodríguez compuesta por:

Francisco J. Rivera Sánchez, José E. Rivera Sánchez y

Francisco J. Rivera Fernández, y otros demandados. En

síntesis,       alegó         que       la     causante         Maribel     Sánchez

Rodríguez y el Sr. Francisco J. Rivera Fernández habían

suscrito      un    pagaré          a    favor      de     Santander       Mortgage

Corporation o a su orden, por la suma principal de

$2,175,000.00, más intereses desde dicha fecha hasta el

pago total del principal a razón de 5 ¾% de interés anual

sobre el balance adeudado. Además, proveía para pagar

recargos por demora equivalentes a 5% de la suma de

2   Apéndice del Recurso, págs 1-4.
KLCE202301053                                                              3

aquellos     pagos      con     atrasos     en    exceso     de    15    días

calendario de la fecha de vencimiento, y una suma de

$217,500.00,      para        costas,      gastos    y     honorarios      de

abogados en caso de reclamación judicial.

      Conforme a la demanda presentada, el 31 de mayo de

2014, las partes otorgaron la Escritura de Modificación

de Hipoteca Núm. 111,3 mediante la cual se redujo la

hipoteca antes referida por la cantidad de $336,003.49,

resultando en un nuevo principal por la cantidad de

$1,838,996.51 al 5.25% de interés anual sobre el balance

adeudado. BSPR arguyó, que el último pago realizado por

la   parte      apelada        fue    el   correspondiente         al    pago

vencedero    el    1    de     mayo   de   2016,    por    lo     que   había

incurrido en el incumplimiento de su obligación de pagar

en plazos mensuales el principal y los intereses según

acordado. Así pues, alegó que la parte apelante adeudaba

la suma de $1,788,502.00 por concepto de principal, más

intereses al tipo pactado de 5.25% anual desde el 1 de

mayo de 2016, más los $217,500.00 pactados para costas,

gastos y honorarios de abogado.

      El 20 de febrero de 2018, la parte apelante presentó

una Contestación a Demanda.4 En síntesis, negaron la

mayoría de las alegaciones contenidas en la Demanda, y

levantaron varias defensas afirmativas.

      El 21 de junio de 2019, BSPR presentó una Solicitud

de Autorización Para Enmendar Demanda.5 Ello, con el fin

de incluir en la Demanda a Rayfran, Inc., como parte

demandada por haber advenido en conocimiento de que

además de ser titular de la propiedad objeto de la

controversia,          dicha     compañía        también    era     deudora

3 Id., págs. 24-34.
4 Id., págs. 10-13.
5 Id., págs. 19-21.
KLCE202301053                                                                 4

conforme al Acuerdo de Modificación para Prestamos de

Banco Santander de Puerto Rico.

       El 3 de septiembre de 2019, BSPR presentó una Moción

en Cumplimiento de Orden, Informativa y Solicitud de

Remedios.6 En ella, solicitó la continuación de los

procedimientos ya que adujo que la parte apelante no

formalizó la transacción que le fuera aprobada.

       Por su parte, el 10 de septiembre de 2019, la parte

apelante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.7

En síntesis, alegó que fue BSPR quién incumplió con los

acuerdos    conducentes          para    poder    llevar       a    cabo     la

transacción. Ello, al exigir la firma de documentos con

información       incorrecta       el    día     antes    de       la     fecha

seleccionada         para   realizar      el   cierre      y       negarse    a

corregir    los       mismos.     Añadió,      que   luego         de     haber

confirmado su comparecencia a la propiedad de la parte

apelante para llevar a cabo el cierre el 23 de agosto de

2019, BSPR no se presentó. Alegó, que la transacción se

podía llevar a cabo si BSPR cumplía con realizar las

correcciones         señaladas     oportunamente,          por       lo    que

solicitó al TPI que ordenara a las partes retomar la

transacción para finalizarla.

       El 8 de octubre de 2019, la parte apelante presentó

una Contestación a la Demanda Enmendada y Reconvención.8

Mediante la misma, negó la mayoría de las alegaciones de

la   Demanda     y    presentó     varias      defensas    afirmativas.

Además, incluyó una Reconvención en la cual alegó que

BSPR     había        aceptado     una      propuesta          de       “short

payoff/quita” por la cantidad de $2,100,000.00, la cual

6
  Id., pág. 41.
7
  Id., págs. 43-44.
8
  Id., págs. 47-53.
KLCE202301053                                                                     5

había          sido      firmada        y      enviada        oportunamente,

perfeccionándose así, un contrato de compraventa entre

las partes. Arguyó, que se pautó la celebración del

cierre para la mañana del 23 de agosto de 2019, en la

oficina        del     Sr.    Francisco      J.     Rivera    Fernández,         no

obstante, nunca llegó el representante del banco, ni se

comunicó con estos. Añadió que las actuaciones de BSPR

constituyeron                un      incumplimiento          de         contrato,

constitutivo de dolo grave que lo hacía responsable ante

el Sr. Francisco J. Rivera Fernández por los daños y

perjuicios causados, los cuales estimó en una cantidad

no menor de $2,500,000.00.

         Por su parte,             el 23 de octubre de 2019,                    BSPR

presentó          una         Solicitud        de      Desestimación             de

Reconvención.9 En ella, alegó que la Regla 408 de las

Reglas de Evidencias, excluía toda evidencia relativa a

actuaciones            y/u         ofertas     habidas        durante           las

conversaciones transaccionales, por lo que solicitó la

desestimación de la Reconvención.

         Así las cosas, el 25 de febrero de 2020, el TPI

emitió una Sentencia Parcial.10 Mediante dicho dictamen,

el foro primario autorizó la enmienda a la Demanda,

ordenó      el    desistimiento          sin      perjuicio       en    cuanto    a

Fulano(a) de Tal y Sutano(a) de Tal a tenor con la Regla

39.1      de     las    de        Procedimiento      Civil    y        ordenó     la

desestimación de la Reconvención sin oposición, y una

sustitución de parte solicitada por BSPR.

         El 28 de julio de 2020, la parte apelante presentó

una Moción en Solicitud de Determinaciones de Hechos y

9
    Id., págs. 56-57.
10
     Id., págs. 60-61.
KLCE202301053                                                              6

Reconsideración         de     Sentencia      Parcial.11    En    síntesis,

alegó que contrario a lo alegado por BSPR en torno a que

lo que hubo entre las partes fueron meras conversaciones

transaccionales, el contrato suscrito entre las partes

específicamente establecía que BSPR había aceptado la

propuesta de “short payoff/quita” por la cantidad de

$2,100,000.00 y se obligó a liberar y endosar los pagarés

originales        a    favor     del    Sr.     Francisco        J.   Rivera

Fernández.

        Con relación a la desestimación de la Reconvención,

la parte apelante solicitó al TPI que reconsiderara

dicha     determinación.           Sostuvo,       que,     mediante       la

desestimación, le estaba privando de su día en corte

para exponer todas las reclamaciones y defensas que

tenía    en   contra      de     BSPR   y   que   estaban      íntimamente

relacionadas con la reconvención presentada, lo que

tenía una consecuencia funesta ya que no se le estaba

permitiendo utilizar todas las defensas relacionadas con

las alegaciones que se reclamaban en la Reconvención.

        El 21 de octubre de 2020, el foro primario emitió

una Resolución,12 entre otras cosas, declarando con lugar

la solicitud de reconsideración presentada por la parte

apelante, y ordenado la paralización de los procesos

hasta el 31 de diciembre de 2020.

        El 3 de mayo de 2021, la parte apelante presentó

una     Urgente       Moción     solicitando      se   Dicte      Sentencia

Conforme      a       Contrato     de   Transacción        Extrajudicial

Existente entre las Partes.13 Mediante la misma, reiteró

sus alegaciones anteriores en torno a que se había

11
   Id., págs. 62-68.
12
   Id., pág. 71.
13
   Id., págs. 72-77.
KLCE202301053                                                                 7

perfeccionado un contrato de transacción extrajudicial

el cual fue incumplido por BSPR, y que los que procedía

era      el    cumplimiento         específico        de    las    obligaciones

contraídas en el mismo.

         Por su parte, el 5 de octubre de 2021, la parte

apelada presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y

Oposición           a:    Urgente       Moción      solicitando       se   Dicte

Sentencia            Conforme       a      Contrato          de     Transacción

Extrajudicial.14 En lo pertinente, sostuvo que en efecto

se habían sostenido conversaciones transaccionales con

el propósito de encontrar una alternativa viable para

ambas partes que pusiera fin a las controversias entre

las partes. Sin embargo, la transacción no se formalizó

por lo que se solicitó la continuación del proceso

judicial, por ende, la premisa de la parte apelante era

una      equivocada.        Añadió      que    la    parte     apelante    había

cursado            tres    ofertas       adicionales,             siendo   todas

rechazadas por la parte apelada. Además, reiteró su

postura        en    cuanto     a   que       el    contrato      transaccional

extrajudicial no se formalizó, por lo que el 26 de agosto

de 2016, BSPR envió una Carta de Cancelación de la

alternativa de “short payoff/quita”.

         El 8 de diciembre de 2021, el TPI emitió                            una

Sentencia.15 El foro primario sostuvo que la evidencia

presentada por las partes demostró que BSPR envió una

carta         de    aprobación       quita         “short    payoff”,      donde

notificaba su aceptación de la intitulada propuesta para

los préstamos número 9375040, 9498524 y 3004234714 por

la cantidad de $2,100,000.00. Además, indicó que al

recibo del pago liberaría los pagarés originales y los

14
     Id., págs. 92-98.
15
     Id., págs. 112-123.
KLCE202301053                                                                            8

endorsaría a favor del portador, el Sr. Francisco J.

Rivera Fernández, y que, de estar de acuerdo con dicha

determinación, este debía hacer llegar la carta firmada

en o antes del 25 de julio de 2019, porque de lo

contrario la transacción sería cancelada. A su vez,

dicha     misiva          indicaba             que    una     vez        firmada,       la

autorización tendría una vigencia no mayor de 30 días

calendarios a partir de la fecha de recibo en sus

oficinas.

        El TPI sostuvo, que quedó demostrado que el Sr.

Francisco          J.    Rivera          Fernández       aceptó          la    referida

aprobación          “short             payoff/quita”,         por        lo    que      en

cumplimiento            con    lo       establecido         firmó    y    entregó       el

acuerdo       el    24        de       julio    de    2019,     mediante            correo

electrónico, y BSPR confirmó el recibo del mismo en esa

misma fecha. Concluyó, que el mero consentimiento de

ambas partes perfeccionó el contrato de transacción

extrajudicial en dicho momento. Añadió, que ambas partes

acordaron la celebración del cierre para el 23 de agosto

de 2016 en la oficina del Sr. Francisco J. Rivera

Fernández,         dentro          de    la     vigencia       de    los       30    días

calendarios a partir de la fecha de recibo de la carta

firmada, no obstante, el representante del banco nunca

llegó ni se comunicó con el Sr. Francisco J. Rivera

Fernández. No fue hasta el 26 de agosto de 2019, que

BSPR envió una carta de cancelación indicándole que la

aprobación había vencido sin más explicación.

        Con   relación             a    las     alegadas      tres       (3)   ofertas

transaccionales               adicionales            realizadas          por   el     Sr.

Francisco J. Rivera Fernández, el TPI concluyó que no

fueron ofertas sino comunicados que este realizara al

banco por su interés en que éste cumpliera con lo
KLCE202301053                                                           9

acordado en el contrato de transacción. En consecuencia,

el foro apelado concluyó que BSPR había incumplido con

el   contrato     de     transacción,      por    lo   que   ordenó     el

cumplimiento específico del referido contrato.

      Insatisfecho, el 23 de diciembre de 2021, la parte

apelada solicitó reconsideración de dicha determinación,

la cual fue declarada No Ha Lugar.16

      El 9 de marzo de 2022, la parte apelada presentó un

una Apelación17 ante el Tribunal de Apelaciones. En

síntesis,       alegó    que   el    TPI   incurrió     en    abuso    de

discreción al emitir una sentencia basada únicamente en

las alegaciones de la parte apelante, sin que las mismas

hayan sido prestadas bajo juramento, sin la celebración

de una vista evidenciaria o un juicio plenario y mediante

un escrito que no cumple con las formalidades de una

solicitud de sentencia sumaria.

      Así pues, el 6 de mayo de 2022, el Tribunal de

Apelaciones      emitió    una      Sentencia18    mediante    la     cual

dispuso que en el presente caso existían elementos de

credibilidad y subjetividad que debían ser evaluados por

el foro primario mediante una vista evidenciaria y no

mediante el procedimiento sumario. Por ende, revocó la

Sentencia apelada y devolvió el caso al TPI para la

continuación de los procedimientos.

      En atención al mandato de esta Curia, el 20 de junio

de 2023, el TPI celebró una vista evidenciaria. En ella,

testificó el señor Francisco J. Rivera Fernández, el

señor Jaime M. Berríos Reyes y el Lcdo. Jean Paul Juliá

Díaz. Como parte de los testimonios vertidos en sala, se

16
   Id., pág. 145.
17
   Id., págs. 146-171.
18
   Id., págs. 173-184.
KLCE202301053                                                                  10

discutieron las diferentes conversaciones que hubo entre

las partes, por medio de correo electrónico y cartas

oficiales de BSPR, en aras de llegar a un acuerdo

transaccional.

         El 23 de junio de 2023, notificada en esa misma

fecha el TPI emitió una Sentencia Parcial19 mediante la

cual      resolvió    que     nunca    se    perfeccionó         un    contrato

transaccional         entre    las    partes      y,   en   consecuencia,

desestimó       la    Reconvención          presentada      por       la    parte

apelante.       Ello,      debido     a     que   surge     de    la       prueba

testifical        y    documental         presentada        en        la    vista

evidenciaria que la oferta presentada por BSPR a la parte

apelante quedó condicionada a la firma del documento

requerido por el Departamento de Hacienda y el resto de

los documentos correspondientes, durante el acto de

cierre.

         Inconforme, el 25 de septiembre de 2023, la parte

apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones y

alegó que el TPI cometió el siguiente error:

           ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
           ORAL Y DOCUMENTAL EN LA VISTA EVIDENCIARIA
           LLEVADA A CABO AL DECLARAR QUE NO SE
           PERFECCIONÓ UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN
           EXTRAJUDICIAL ENTRE LUNA RESIDENTIAL Y EL
           SR. FRANCISCO J. RIVERA FERNÁNDEZ

         Considerados los escritos de las partes, así como

los documentos que los acompañan, procedemos a adjudicar

el recurso.

                                      -II-

      A. El contrato de transacción.

         En un contrato de transacción las partes evitan,

mediante concesiones recíprocas, la provocación de un

19
     Id., págs. 233-239.
KLCE202301053                                                                 11

pleito o ponen fin al que ya había comenzado.20 Dicho

contrato está regulado por el Art. 1709 del Código Civil

de 1930,21 el cual dispone que se trata de un contrato

mediante     el    cual       las    partes,       dando,    prometiendo      o

reteniendo cada una alguna cosa, evitan un pleito o ponen

fin   a     uno    ya    comenzado.22        Las     características         del

contrato de transacción son las siguientes: “(1) la

existencia        de    una   controversia          o   relación      jurídica

incierta litigiosa; (2) la intención de las partes de

eliminar o superar esa controversia; y (3)concesiones

recíprocas”.23 Siendo la reciprocidad en las prestaciones

la base indispensable de este contrato.24

       El   Art.       1715   del     Código   Civil        dispone    que   la

transacción       tendrá      efecto     de    cosa     juzgada    para      las

partes, pero la vía de apremio sólo procederá cuando se

trate de una transacción judicial.25 En otras palabras,

lo    pactado      por    las       partes    debe      considerarse      como

definitivamente resuelto y estas no pueden volver sobre

ello.26 Del artículo antes citado se desprende que un

contrato de transacción puede ser de naturaleza judicial

o extrajudicial.27 La transacción judicial ocurre cuando,

“una vez comenzado el pleito, las partes llegan a un

acuerdo transaccional y lo hacen incorporar al proceso

en curso”.28

20 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR
706, 729 (2018) (citas omitidas).
21 El anterior Código Civil de 1930, supra, fue derogado y sustituido

por la Ley Núm. 55-2020, según enmendada. Sin embargo, el estatuto
vigente al momento de los hechos era el Código Civil previo y por
tanto sus disposiciones son aplicables a la controversia de
epígrafe.
22 31 LPRA sec. 4821 (derogado); Rodríguez, et al. v. Hospital, et

al., 186 DPR 889, 903 (2012).
23 Rodríguez, et al. v. Hospital, et al., supra, pág. 903.
24 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, supra,

pág. 730 (citando a Municipio de San Juan v. Prof. Research, 171
DPR 219, 240 (2007).
25 31 LPRA sec. 4827 (derogado).
26 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 872 (1995).
27 Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 904.
28 Id.
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      Por otro lado, la transacción extrajudicial es

“aquella que se celebra antes de que comience el pleito

que se quiere evitar, o cuando una vez comenzado, las

partes acuerdan una transacción sin la intervención del

tribunal”,       para   lo    cual    bastará      el    mero     aviso       de

desistimiento del pleito, aun cuando las partes tan

siquiera mencionen el acuerdo logrado entre ellas.29 Si

el   caso    nunca      se     inicia    judicialmente,              pero     la

transacción procura evitar la litigación, se aplicará al

acuerdo el mismo efecto disuasivo y extintor de las

causas de acción que las cuestiones transigidas pudieron

generar entre los contratantes. Así lo pauta de manera

diáfana el artículo 1709 del Código Civil que rige tales

consecuencias        cuando    se    otorga   ese       tipo    de    acuerdo

contractual para evitar la provocación de un pleito o

poner término al que había comenzado. Lo que es común a

todas estas modalidades es la consecuencia jurídica que

tales acuerdos provocan: todo lo transigido por las

partes    será       cosa     juzgada,    como      si       hubiera        sido

adjudicada por un foro competente. Es decir, la defensa

de   cosa    juzgada         fundamentada     en        el     contrato       de

transacción tiene el efecto de evitar que en un pleito

posterior       se   litiguen       nuevamente,     entre       las    mismas

partes, los asuntos ya transigidos.30

      Todo contrato de transacción debe cumplir con los

mismos requisitos que cualquier otro contrato, a saber:

consentimiento, objeto y causa.31 Así las cosas, existe

el consentimiento en el contrato de transacción, ya que

tiene que ser consensual entre las partes.32 Por otro

29 Id.
30 31 LPRA sec. 3343 (derogado).
31 31 LPRA sec. 3391 (derogado).
32 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871.
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lado,    el   objeto    del     contrato      de   transacción        es    la

controversia     existente         entre     las   partes,       ya   sea   de

índole judicial o extrajudicial.33 Finalmente, el litigio

en si sirve como la causa del contrato de transacción

judicial, así como eliminación de la controversia entre

las partes mediante concesiones recíprocas entre ellos.34

        En cuanto a su alcance, el Art. 1714 del Código

Civil     dispone      que      los    contratos         de      transacción

únicamente      comprenden            los     objetos         expresamente

determinados     en     ellos,        “o    que,   por     una    inducción

necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos

en la misma”.35 Por ello, el nuestro Tribunal Supremo ha

sido     consistente       en   resolver       que    al      contrato      de

transacción le aplican las normas generales sobre la

interpretación        de     los      contratos      cuando       surja     la

necesidad de descubrir la verdadera intención de los

contratantes, pero que los términos del contrato deben

ser interpretados de forma restrictiva.36

        Al igual que los demás tipos de contratos, las

transacciones tienen fuerza de ley entre las partes y

deben cumplirse al tenor de los mismos.37 Lo anterior,

siempre y cuando lo pactado mediante el contrato de

transacción no sea contrario a la ley, la moral, ni el

orden público.38

                                   -III-

        En el presente caso, la parte apelante alegó que

entre el señor Francisco J. Rivera Fernández y BSPR se

33 Id.
34 Municipio de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 239; Véase
también, Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871.
35 31 LPRA sec. 4826 (derogado).
36 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, supra,

pág. 731
37 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.
38 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 3372.
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perfeccionó     un      contrato       transaccional          una    vez    este

último    recibió       firmada        la    oferta     que    contenía       la

posición formal del banco emitida por la Sra. Marie

Guiven.

      Por su parte, la parte apelada arguyó que, conforme

a lo resuelto por el foro primario, la oferta de BSPR

quedó condicionada a la firma de los documentos de cierre

y a los documentos requeridos por el Departamento de

Hacienda.

      Luego de evaluar los escritos presentados por ambas

partes, la transcripción de la vista evidenciaria y la

totalidad del expediente, resolvemos.

      El 20 de junio de 2023, el TPI celebró una vista

evidenciaria       en     el    caso    de    epígrafe.        Dicha       vista

evidenciaria fue ordenada por esta Curia para dirimir

los elementos de credibilidad y subjetividad en aras de

determinar      si      se     configuró      o    no   un     contrato       de

transacción extrajudicial entre las partes. En ella,

testificaron los señores Francisco J. Rivera Fernández,

Jaime M. Berrios Reyes y el Lcdo. Jean Paul Juliá Díaz.

Junto con el testimonio de estos, se admitió en evidencia

cierta prueba documental que obra en el expediente de

autos.

      Surge del expediente que el 8 de julio de 2019,

BSPR le cursó a la parte apelante un correo electrónico

mediante el cual anejó una carta con fecha de 5 de julio

de 2019, suscrita por la señora Marie Guiven, directora

de   la   Unidad     de      Mitigación       de   Pérdidas         del    Banco

Santander. Mediante dicha misiva, se le informó a la

parte apelante que BSPR había aceptado su propuesta de

"short payoff/quita" de los préstamos 9375040, 9498524

y 3004234714, por la cantidad de $2,1000,000.00. Además,
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el comunicado antes mencionado indicaba que, de estar de

acuerdo, la misma debía ser firmada y devuelta, en o

antes del 25 de julio de 2019.

       Surge de la prueba testifical y documental que,

BSPR apercibió a la parte apelante, por medio del correo

electrónico antes mencionado que, al momento del cierre

se tenían que firmar unos documentos adicionales. Entre

estos,   se     encontraba      un    documento     requerido     por    el

Departamento de Hacienda en virtud de la determinación

administrativa núm. 16-14, que le impone la obligación

al    acreedor      de   notificar      toda   suma       condonada.     No

obstante, surgió una controversia sobre la propiedad en

cuestión. Ello, debido a que la parte apelante alegó que

la propiedad era una residencial, mientras que BSPR

sostuvo que era una propiedad de inversión.

       La posición de BSPR estaba apoyada en tres puntos,

a saber: 1) una certificación del CRIM que indicaba que

la propiedad no disfrutaba de exención de residencia

principal, 2) que de la investigación de campo surgió

que la propiedad no estaba habitada y, 3) que BSPR tenía

conocimiento de una demanda en la que la parte apelante

informó,      en    su   contestación     a    la      demanda,   que   su

residencia          principal     no     era      la      propiedad     en

controversia.

       Como        resultado     de     las     diferencias          antes

mencionadas, la parte apelante se negó a firmar el

documento requerido por el Departamento de Hacienda,

razón por la cual el cierre de la transacción no se llevó

a    cabo.    Así    pues,     transcurridos        los    treinta     días

previstos por BSPR para el cierre de la transacción,

este último envió una carta de cancelación el 26 de

agosto de 2019.
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      Como      antes       mencionáramos,        al        contrato     de

transacción le aplican las normas generales sobre la

interpretación        de     los    contratos     cuando       surja      la

necesidad de descubrir la verdadera intención de los

contratantes.

      Al igual que los demás tipos de contratos, las

transacciones tienen fuerza de ley entre las partes y

deben cumplirse a tenor de estos. Lo anterior, siempre

y cuando lo pactado mediante el contrato de transacción

no sea contrario a la ley, la moral, ni el orden público.

      Ciertamente, la parte apelante cumplió con su deber

de devolver firmada la carta de aprobación de "short

payoff/quita" antes del 25 de julio de 2019. Sin embargo,

esa   acción    de    por    sí    no    configuró     un    contrato    de

transacción extrajudicial. Surge del expediente que la

presente transacción quedó condicionada a la firma del

documento requerido por el Departamento de Hacienda y el

resto de los documentos correspondientes, durante el

acto de cierre. Dicho acto no se llevó a cabo por razones

atribuibles a la parte apelante. Ello, debido a que esta

última se negó a firmar el documento requerido por el

Departamento de Hacienda, el cual era un requisito de

ley que no podía ser obviado. Consecuentemente, BSPR

estaba impedido de continuar con la transacción antes

mencionada.

      En     vista    de    que    entre    las      partes    nunca      se

perfeccionó     un    contrato      de    transacción,        es   forzoso

concluir     que     la    Reconvención     instada     por     la     parte

apelante no tiene mérito. Esto, debido a que los alegados

daños se basan en un incumplimiento de contrato que nunca

se perfeccionó. Por ende, el TPI actuó correctamente al

desestimar la Reconvención.
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                              -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia Parcial apelada y devolvemos el caso al foro

primario para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones