Court Opinion

ID: 9962727
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:32.589312+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:30.677891
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL XI

                                                     Certiorari procedente
 MIGDALIA LÓPEZ GÓMEZ                                del Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
        PETICIONARIA                                 Superior de San Juan

               V.                                Civil Núm.:
                                   KLCE202400231 K PE2013-3300
   JOSÉ A. GONZÁLEZ
  HERNÁNDEZ Y OTROS                                  Sala:907

        RECURRIDOS
                                                     Sobre:

                                                 INJUNCTION
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                   SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

       Comparece,       Migdalia    López   Gómez    (en   lo   sucesivo,   “la

peticionaria”), mediante el recurso de epígrafe. Ello, a los fines de solicitar

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la determinación emitida

el 23 de enero de 2024 y notificada el 24 de enero de 2024, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante el

referido dictamen, el foro recurrido declaró Ha Lugar la solicitud de

ejecución de sentencia presentada por la Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante, por sus siglas,

“AEELA”).

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso de certiorari.

       Los hechos ante nuestra consideración tienen su origen el 31 de

julio de 2013. En la referida fecha, la peticionaria fue despedida del cargo

que ocupaba dentro de la AEELA. En desacuerdo, la peticionaria

presentó una causa de acción contra la directiva de la Asamblea de

Delegados, el pleno del Comité Ejecutivo, la Lcda. Blanca Medina de

Garau y la AEELA. El pleito instado versó sobre la Ley sobre Despidos

Número Identificador
SEN2024 ________
KLCE202400231                                                             2

Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada,

29 LPRA, sec. 185a et. seq; Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, Ley Núm.

100 de 30 de junio 1959, según enmendada, 29 LPRA, sec. 146, et. seq;

Ley contra Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer

Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm.

115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA, sec. 194,

et. seq; violación al debido proceso de ley; interdicto preliminar y

permanente.

      Luego de la celebración de la vista en su fondo, el 27 de marzo de

2014, el foro recurrido emitió una “Sentencia Parcial.” Mediante la cual, se

declaró Ha Lugar la solicitud de interdicto preliminar presentada por la

peticionaria. Tras varios incidentes procesales que no son pertinentes a la

controversia que nos ocupa, el 9 de junio de 2020, el foro recurrido emitió

una “Sentencia.” A través de esta, entre otras cosas, el tribunal de

instancia dejó sin efecto la “Sentencia Parcial” dictada. Posteriormente, el

16 de octubre de 2023, la AEELA presentó una “Moción sobre Ejecución

de Sentencia y depósito de pago por concepto de honorarios de

abogado.” En síntesis, en su escrito adujo que la peticionaria le adeuda la

cantidad de $68,577.97. Además, en su moción informó al tribunal

recurrido que estaría depositando la cantidad de $31,758.88 en concepto

de honorarios de abogado.

      En respuesta, el 22 de noviembre de 2023, la peticionaria presentó

escrito intitulado “Moción de Reconsideración o Moción en Oposición de

la Moción en Ejecución de Sentencia presentada por la demandada y

solicitud de pago de mesada a la demandante, sin deducciones, y con el

interés legal correspondiente, conforme a derecho.” Mediante esta, entre

otras cosas, peticionó al foro recurrido que declara No Ha Lugar la

solicitud de devolución de sumas monetarias esbozadas en la “Moción

sobre Ejecución de Sentencia y depósito de pago por concepto de

honorarios de abogado,” presentada por AEELA.
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      Así las cosas, el 24 de enero de 2024, el tribunal de instancia

notificó la “Resolución y Orden” recurrida. En dicho dictamen, el foro de

origen declaró Ha Lugar la “Moción sobre Ejecución de Sentencia y

depósito de pago por concepto de honorarios de abogado,” presentada

por la AEELA.     Inconforme, el 8 de febrero de 2024, la peticionaria

presentó escrito intitulado “Moción de Reconsideración relacionada con

Moción de Ejecución presentada por la demandada y con Moción bajo la

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil presentada por la demandante.”

Acto seguido, el 12 de febrero de 2024, la peticionaria presentó “Moción

Informativa y Solicitud de Orden.” En esencia, le solicitó al foro recurrido

que se expresara aceptando su escrito del 8 de febrero de 2024 como

una reconsideración a la “Moción sobre Ejecución de Sentencia y

depósito de pago por concepto de honorarios de abogado,” presentada

por la AEELA.

      Antes que el foro recurrido atendiera la reconsideración de la

peticionaria, el 23 de febrero de 2024, la referida peticionaria compareció

ante nos mediante una “Solicitud de Certiorari.” En su recurso expuso los

siguientes señalamientos de error:

              PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el
      Tribunal de Primera Instancia al declarar “Con Lugar” la
      Moción de Ejecución presentada por la parte demandada en
      vista que tal acción contraviene la Sentencia más
      recientemente emitida por este Tribunal de Apelaciones en
      el caso entre las mismas partes KLAN2020-937 que
      especifica que es “Ley del Caso” lo que confirmara el
      Tribunal de Apelaciones en el caso previo KLAN2014-569
      cuando confirmó las órdenes que forman parte de la
      Sentencia Parcial de 2014 donde, inclusive, este Honorable
      Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN2020-937
      especificó que el Tribunal de Primera Instancia estaba
      obligad[o] a seguir lo resuelto y confirmado previamente en
      el caso, a favor de la demandante, para mantener el statu
      quo, según ordenado. La “devolución” de las sumas según
      solicitadas por la demandada tiene el efecto de menoscabar
      el statu quo que había ordenado se debía mantener en el
      caso, a partir del 1 de agosto de 2013, en adelante,
      decisión que fue ratificada de manera expresa por este
      Honorable Tribunal en su más reciente Sentencia en el caso
      KLAN2020-937.

             SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el
      Tribunal de Primera Instancia al declarar “Con Lugar” la
      Moción de Ejecución presentada por la demandada AEELA
      en el presente caso puesto que la petición está desprovista
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      de Sentencia alguna que la sostenga, producto de los
      procedimientos habidos en el caso, de manera
      patentemente contraria al debido proceso de ley según
      consta en el propio texto de la Regla 51 de las de
      Procedimiento Civil, la cual regula este Procedimiento
      Post-Sentencia. No se tomó en consideración que desde
      que se emitió la Sentencia Parcial de 2014 se especificó que
      la demandante era “acreedora” a la mesada, así como a los
      “remedios adicionales a la mesada” por lo que desde el
      2014 había quedado claro que la mesada no iba a ser
      remedio exclusivo en el presente caso.

             TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el TPI
      al declarar “Con Lugar” la “moción de ejecución” presentada
      por la demandada AEELA no solamente en actuar de
      manera contraria a la “Ley del Caso” que este Honorable TA
      en el caso KLAN2020-937 resolvió expresamente que la
      demandada AEELA estaba obligada a cumplir, sino que los
      pagos consignados y efectuados por la demandada a favor
      de la demandante, según ordenados, no constituyen pagos
      voluntarios que el patrono demandado haya realizado a la
      mesada que se puedan acreditar a la misma, de manera
      consistente con lo resuelto por el Tribunal Supremo de
      Puerto Rico en el caso Vélez v. Baxter Healthcare, 2010
      TSPR 110, ni tampoco es consistente la “devolución” en
      vista que en caso que aplicara algún exceso (lo que
      negamos) puesto que la consecuencia no sería la
      “devolución,” sino que la empleada estaría obligada a pagar
      contribuciones sobre ingresos sobre la misma, no como si
      fuera parte de la mesada.

             CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR: Erró el TPI
      al declarar “Con Lugar” la “moción de ejecución” de la
      demandada sin tomar en consideración que la mesada fue
      concedida desde que se emitió la Sentencia Parcial de 2014
      resolviendo en todas sus partes la causa de acción
      relacionada con el despido ilegal, y que dicha mesada
      acumulaba intereses legales mandatorios a favor de la
      demandante no solamente desde que se concedieron, sino
      desde la fecha en que se presentó la demanda en el caso el
      5 de junio de 2013, según expresamente resuelto en la
      misma como otro de los asuntos resueltos de manera final
      en cuanto a las sumas concedidas en la Sentencia Parcial
      de 2014 por la conducta contumaz y temeraria de la
      demandada, puesto que también en el caso Vélez v. Baxter
      Healthcare, 2010 TSPR 110, el Tribunal Supremo de Puerto
      Rico resolvió que los intereses legales mandatorios en caso
      de mesadas se reconocen desde su concesión, sino que
      sea necesario para que se considere líquido y exigible la
      mesada incluir el cálculo aritmético para su cálculo de la
      mesada para que comiencen a ser exigibles los intereses.

      El 28 de febrero de 2024, emitimos una “Resolución.” Mediante

esta, entre otras cosas, le concedimos a la AEELA un término de treinta

(30) días para que presentara su alegato en oposición. El 11 de marzo de

2024, la referida parte compareció por medio de un escrito intitulado

“Solicitud de Desestimación al amparo de la Regla 83(B)(1) del
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Reglamento del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.” En síntesis,

junto a su petitorio incluyó una “Resolución” emitida el 5 de marzo de

2014 por el foro recurrido. En esta determinación, dicho foro declaró No

Ha Lugar la “Moción de Reconsideración relacionada con Moción de

Ejecución presentada por la demandada y con Moción bajo la Regla 49.2

de las de Procedimiento Civil presentada por la demandante,” presentada

por la peticionaria.

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a evaluar los asuntos traídos ante nuestra consideración.

                                       II

                                       A

         La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo para considerar y adjudicar determinada controversia o

asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013); CBS Outdoor v.

Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 403-404 (2010). Cuando un

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la inmediata

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). De la misma

forma,     un   recurso   presentado        prematura   o   tardíamente   priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se

recurre para atender el asunto, caso o controversia. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 883-884. Un recurso presentado

prematura o tardíamente carece de eficacia y no produce ningún efecto

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo.

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884. Ante esos casos,

el tribunal desestimará la acción o el recurso y no entrará en los méritos

de la cuestión ante sí. Pérez López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. Por último, es menester

resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C), nos faculta, por

iniciativa propia o ante la solicitud de parte, a desestimar un recurso

cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.

                                    III.

       Es norma reiterada, que una parte adversamente afectada por una

orden o resolución puede presentar una moción de reconsideración

dentro del término de quince (15) días contados a partir de la notificación

de dicha orden o resolución. Reglas de Procedimiento Civil de Puerto

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 47. En el presente caso, oportunamente el 8 de

febrero de 2024, la peticionaria presentó un escrito de reconsideración

ante el tribunal de instancia. Ello, en aras de que el foro recurrido

reexaminara la “Resolución y Orden” que se había notificado el 24 de

enero de 2024. A pesar de que la aludida reconsideración se presentó

dentro del término reglamentario dispuesto para su presentación, la

peticionaria recurrió a este Foro antes de que el tribunal de instancia

adjudicara la moción presentada. Esto nos impide tener autoridad para

atender los méritos de la controversia.

       Nuestro ordenamiento procesal civil establece que una moción de

reconsideración interrumpe el término para recurrir en alzada hasta que el

foro recurrido resuelva dicha moción y notifique su determinación. Reglas

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra. Siendo así, el 23 de febrero

de 2024, la peticionaria acudió prematuramente a este Tribunal. Ello,

dado que, en dicha fecha su reconsideración no había sido resuelta por el

foro recurrido. Por tanto, forzosamente debemos desestimar el recurso

presentado, por este no cumplir con los requisitos jurisdiccionales

pertinentes para su efectivo perfeccionamiento.

                                     IV.

       Por los fundamentos expuestos, desestimamos el presente auto de

certiorari.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones