Court Opinion

ID: 9952192
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:38.583318+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:44.444177
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

   OLGA MÉNDEZ OLIVIERI,                                  REVISIÓN
                                                          procedente del
            Recurrente,                                   Departamento de
                                                          Asuntos del
                 v.                KLRA202400035          Consumidor.

  JUNTA DE DIRECTORES y                                   Querella núm.:
  CONSEJO DE TITULARES                                    C-SAN-2022-0012906.
     DEL CONDOMINIO
   SURFSIDE MANSIONS,                                     Sobre:
                                                          condominios.
            Recurrida.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                 SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

         La parte recurrente del título presentó su recurso el 25 de enero de

 2024. En él planteó un solo error presuntamente cometido por el

 Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo); a                   decir, la

 desestimación de su querella por razón de no haber notificado, dentro del

 término concedido por la agencia, si había llegado o no a un acuerdo

 transaccional con la parte recurrida, allí querellada.

         Por los fundamentos que expondremos, revocamos la Resolución

 emitida y notificada el 21 de noviembre de 2023, y ordenamos la

 continuación de los procedimientos administrativos ante el DACo.

                                       I

         El 23 de noviembre de 2022, la señora Olga Méndez Olivieri (señora

 Méndez o recurrente) instó por derecho propio una querella ante el DACo

 en contra de la Junta de Directores, el Consejo de Titulares, y otros

 miembros de los primeros, del Condominio Surfside Mansions, que ubica

 en el área de Isla Verde, Municipio de Carolina.

         La señora Méndez adujo, en síntesis, que era la propietaria del

 apartamento núm. 1402 de dicho condominio y que, desde finales de 2020,

 había realizado múltiples esfuerzos por recabar de la Junta y del Consejo

Número identificador

SEN2024_________________
KLRA202400035                                                                          2

la reparación y corrección de ciertos daños sufridos como consecuencia del

paso del huracán María por Puerto Rico1.

         El 8 de febrero de 2023, la Junta de Directores y el Consejo de

Titulares del condominio presentaron su Contestación a Querella2. En

términos generales, la Junta y el Consejo negaron los hechos de la

querella. En su lugar, plantearon que las quejas de la señora Méndez sí

habían sido atendidas y que estaban en la mejor disposición de reparar las

grietas que exhibía su apartamento, siempre y cuando estas fueran de

naturaleza estructural en una pared comunal. De otra parte, adujeron como

defensa afirmativa, entre otras, que la señora Méndez se había negado a

permitir la inspección del área afectada por el ingeniero estructural

contratado por la parte querellada.

         El 1 de agosto de 2023, el técnico de inspección del DACo, señor

Edgardo Amador Acevedo, acudió al apartamento de la señora Méndez y

realizó la inspección del área afectada. A dicha inspección comparecieron

la señora Méndez; en representación de la Junta, el señor Alejandro Franco

Fernández; y, el administrador del condominio, señor John Benjamin 3.

         Como parte de sus hallazgos, el inspector Amador concluyó como

sigue:

         De la visita de inspección realizada se desprende que el
         condominio donde está ubicado el apto. 1402 tiene
         problemas de humedad donde al presente se está
         manifestando oxidación en marco de ventana, tipo guillotina
         cuarto master, con un visible deterioro en todo el marco con
         rasgo de hongo, humedad y descacaramiento [sic] de pintura
         en pared comunal.

         De igual forma el área de comedor con marco tipo sliding
         Windows [sic], de aproximadamente 6' de altura x 144” de
         largo, presenta en todo el techo y marco lateral, con rasgos
         de moho y descascaramiento [sic] de pintura por las
         constantes filtraciones en pared comunal.

1 Se trataba de daños estructurales a la pared comunal, que, a su vez, provocaban grietas

y filtraciones en la habitación principal del apartamento de la señora Méndez. Además, en
su querella, la señora Méndez reclamó por los gastos incurridos en la contratación de un
plomero para solucionar un problema con la llave de paso del agua de su apartamento.
Por último, también reclamó el pago de $5,000.00, en concepto de daños, y por el
sufrimiento y angustias mentales sufridas. Véase, apéndice del recurso, a las págs. 37-
44.

2 Íd., a las págs. 26-33.

3 Véase, Informe de Inspección [de] Construcción, apéndice del recurso, a las págs. 22-

25.
KLRA202400035                                                               3

         El inspector Amador recomendó que las correcciones se realizaran

lo antes posible y estimó el costo en $15,444.004. En sus observaciones5,

el inspector añadió que:

         Querellante ha dado amplia oportunidad a querellado de
         reparar y corregir las deficiencias y daños en el interior y
         exterior del apto., mediante múltiples comunicaciones
         verbales y escritas.

         Sin embargo, al día de la inspección[,] las partes tuvieron
         oportunidad de diálogo plenamente [sic] y acordaron ponerle
         fin a la controversia con el abogado del seguro triple S,
         aclarando los pasos correspondientes para comenzar lo
         antes posible las mejoras necesarias, eliminar las filtraciones,
         la constante humedad existente y daños sufrido[s] en el
         interior, pintura a la propiedad en áreas cuarto master y
         comedor.

         El incumplimiento por la parte querellada se procederá acción
         a seguir [sic].

         En cuanto a la acción a seguir, el inspector Amador sugirió la

alternativa de una vista administrativa6. El 28 de agosto de 2023, notificó a

las partes copia del informe de inspección

         El 12 de septiembre de 2023, la Junta y el Consejo presentaron una

Moción objetando informe de inspección de DACO7, en la que plantearon

que se podían tomar otras medidas correctivas menos costosas para el

condominio. Subrayaron que sus objeciones no incidían en su interés en

llegar a un acuerdo con la señora Méndez.

         El 4 de octubre de 2023, el DACo celebró una vista a la que

compareció la señora Méndez, representada por abogado, y los

querellados, también por conducto de abogado. Luego de discutidos varios

asuntos; entre ellos, que la Junta y el Consejo proponían a la señora

Méndez reparar, sellar, pintar y resanar las áreas afectadas, la jueza

administrativa concedió a las partes un término de 30 días para informar si

habían llegado a un acuerdo. Si ese acuerdo no se alcanzaba, la jueza

citaría a una vista administrativa. También les apercibió de que, si

4 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 24.

5 Íd., a la pág. 25.

6 Íd.

7 Íd., a las págs. 18-19.
KLRA202400035                                                                       4

omitían notificarle en el término dispuesto, ordenaría el cierre y

archivo de la querella8.

        Transcurrido el término de 30 días concedido, el 21 de noviembre

de 2023, notificada en esa misma fecha, el DACo emitió la Resolución

objeto de este recurso9. La jueza administrativa consignó que había

transcurrido en exceso de 15 días el término de 30 días concedido, sin

haber recibido moción alguna sobre si había mediado o no un acuerdo, por

lo que, conforme había advertido, ordenaba el cierre y archivo de la querella

instada por la señora Méndez.

        Inconforme, el 11 de diciembre de 2023, la señora Méndez presentó

oportunamente una solicitud de reconsideración10. Apoyada en las

decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionadas con la

imposición de sanciones progresivas previo a recurrir al mecanismo

extremo de la desestimación, así como en la Regla 23 del Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 de 14 de

junio de 2011, la señora Méndez solicitó que el DACo dejara sin efecto su

Resolución de cierre y archivo. Además, solicitó que se le concediera un

término adicional de 30 días para informar sobre el resultado de las

conversaciones transaccionales.

        Transcurrido en exceso el término para acoger o denegar la solicitud

de reconsideración, el DACo no se expresó, por lo que la señora Méndez

instó este recurso el 25 de enero de 2024. Como único señalamiento de

error, apuntó:

        Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al
        desestimar la querella de la Sra. Méndez por un primer
        incumplimiento con la orden de informar las conversaciones
        transaccionales llevadas a cabo entre las partes.

(Énfasis omitido).

8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 14-15. Esta Resolución fue notificada a las

partes el 6 de octubre de 2023.
9 Íd., a las págs. 11-13.

10 Íd., a las págs. 6-10.
KLRA202400035                                                           5

      El 26 de enero de 2024, emitimos una Resolución y, conforme a lo

dispuesto en la Regla 63 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap.

XXII-B, concedimos a la parte recurrida hasta el lunes, 26 de febrero de

2024, para presentar su oposición. Transcurrido el término concedido, la

parte recurrida no compareció.

      Evaluado el recurso de la recurrente y los documentos pertinentes

que unió al mismo a la luz del derecho aplicable, revocamos la

determinación del DACo.

                                    II

                                    A

      La norma reiterada en innumerables ocasiones es a los efectos de

que las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor

deferencia judicial, pues son estos los que cuentan con el conocimiento

experto de los asuntos que les son encomendados. Super Asphalt v. AFI y

otro, 206 DPR 803, 919 (2021). Además, al momento de revisar una

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será

la razonabilidad de la actuación de la agencia. González Segarra et al. v.

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). Debido a que toda sentencia o

determinación administrativa está protegida por una presunción de

corrección y validez, la parte que acude a este Tribunal de Apelaciones

tiene el deber de colocar a este foro en posición de conceder el remedio

solicitado. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).

      A su vez, el estándar de revisión judicial en materia de decisiones

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido

por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el

expediente administrativo; y, (3) si las conclusiones de derecho fueron

correctas. Asoc. FCIAS. v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010).

      Así pues, como norma general, las determinaciones de hechos de

organismos y agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no
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produzca evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR

684, 693 (2006). Por ello, la revisión judicial ha de limitarse a determinar si

la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco

de los poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR

696, 708 (2004).

       De otra parte, las conclusiones de derecho de las agencias

administrativas serán revisables en toda su extensión. Torres Santiago v.

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Sin embargo, esto no significa

que los tribunales podemos descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

       En fin, como ha consignado el Tribunal Supremo, la deferencia

concedida a las agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1)

la determinación administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2)

el organismo administrativo haya errado en la aplicación o interpretación

de las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3)

cuando el organismo administrativo actúe arbitraria, irrazonable o

ilegalmente, al realizar determinaciones carentes de una base racional; o,

(4) cuando la actuación administrativa lesione derechos constitucionales

fundamentales. Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR, a la pág. 819, que

cita a Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016);

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744-745 (2012).

                                      B

       El Reglamento del DACo Núm. 8034 de 14 de junio de 2011,

intitulado Reglamento de Procedimientos Adjudicativos (Reglamento

8034), expone claramente que su propósito “es asegurar la solución justa,

rápida y económica de las querellas presentadas ante o por el

Departamento y proveer un procedimiento uniforme para su adjudicación.”

Regla 1 (énfasis nuestro). Ese es el espíritu que las conforman y las guían.

       De otra parte, la Regla 24 del Reglamento 8034 dispone que, si bien

las Reglas de Procedimiento Civil y las de Evidencia de Puerto Rico no
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serán de estricta aplicación a las vistas administrativas, si el funcionario

que preside la vista lo estima necesario, dichos cuerpos reglamentarios

podrán ser aplicados “para llevar a cabo los fines de la justicia”.

       Adicionalmente, y compatible con ese procedimiento justo, rápido y

económico que debe permear el procedimiento adjudicativo ante el DACo,

la Regla 23 del Reglamento 8034 dispone como sigue:

       Cuando una parte dejare de cumplir con un
       procedimiento establecido en este reglamento, o una
       orden del Secretario, el Funcionario, Secretario o Panel
       de Jueces que presida la vista administrativa podrá a
       iniciativa propia o a instancia de una parte imponer una
       sanción económica a favor del Departamento o de
       cualquier parte, que no excederá de doscientos (200)
       dólares por cada imposición separada a la parte o a su
       abogado, si este último es responsable del incumplimiento. Si
       la parte sancionada incumple con el pago de la sanción
       se podrá ordenar la desestimación de su querella si es el
       querellante o eliminar las alegaciones si es el querellado.

(Énfasis nuestro).

       La Regla 23 citada es compatible con la Regla 39.2 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual establece la facultad

discrecional de los tribunales para imponer sanciones económicas a las

partes, así como para desestimar una demanda o eliminar las alegaciones,

cuando no se ha cumplido con las referidas Reglas o con cualquier orden

emitida por el tribunal.

       Así también, la Regla 37.7 de las de Procedimiento Civil provee para

la imposición de las sanciones que el Tribunal de Primera Instancia

entienda pertinente con el fin de mantener el debido control en el manejo

de los casos, y así evitar indebidas dilaciones, incumplimientos de las

partes litigantes y conductas inapropiadas que afecten el trámite judicial. J.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Estados

Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág. 1120-1121.

       Por lo tanto, la doctrina al respecto establece que, si un tribunal

estima que las actuaciones de una parte involucrada en un pleito están

entorpeciendo los procedimientos, este tendrá amplia facultad para

prohibir, sancionar o castigar este tipo de conducta o actitud. Rivera v.

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 930 (1996).
KLRA202400035                                                                                   8

        Ello responde al hecho de que, “[c]omo regla general, los tribunales

están obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia e

incumplimiento con las órdenes del tribunal mediante su efectiva, pronta y

oportuna intervención”. Mejías et als. v. Carrasquillo et als., 185 DPR 288,

298 (2012). No obstante, esta discreción debe ejercerse de manera juiciosa

y apropiada11.

        A tales efectos, la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, dispone un procedimiento de sanciones progresivas12 previo

a que el tribunal ordene la drástica medida de desestimar una demanda.

Es decir, en su parte pertinente, la Regla establece que, cuando se trate de

un primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación de la

demanda o la eliminación de las alegaciones tan solo procederá después

que el tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o

abogada de la parte de la situación y se le haya concedido la oportunidad

para responder. Si el abogado o abogada de la parte no responde a tal

apercibimiento, el tribunal procederá a imponer sanciones al abogado o

abogada de la parte y se notificará directamente a la parte sobre la

situación. Luego de que la parte haya sido debidamente informada o

apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que

la misma no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del

pleito o la eliminación de las alegaciones. No obstante, aun en esa

situación, la Regla exige que el tribunal le conceda a la parte un término

11 Entendemos pertinente señalar que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F.
Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). El Tribunal Supremo ha definido la discreción
como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una
conclusión justiciera”. Íd., a la pág. 435 (cita suprimida). Por ello, la discreción “no significa
poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Íd.
(cita suprimida). Estos principios, en lo que concierne al recurso ante nos, pueden y deben
ser aplicados con la misma rigurosidad a la oficial examinadora o a la jueza administrativa
en este caso.

12 Apuntamos que el Reglamento Núm. 8034 del DACo fue aprobado el 14 de junio de

2011. A esa fecha, ya habían entrado en vigor las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.
A su vez, ya desde la aprobación de la Ley Núm. 493-2004, se había enmendado la Regla
39.2 de las de Procedimiento Civil de 1979 para incorporar la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, a los efectos de que la desestimación como sanción procedía
únicamente cuando quedase demostrado, inequívocamente, que otras sanciones
habían sido ineficaces. De hecho, ya en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR
217, 222-223 (2001), el Tribunal Supremo había establecido que, si la acción disciplinaria
no surtía efectos positivos, nuestro ordenamiento exigía el apercibimiento a la parte de la
situación y las consecuencias que pudiera acarrear no corregirla.
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razonable para corregir la situación, que en ningún caso será menor de

treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso justifiquen que

se reduzca el término.

       El fin perseguido por la Regla 39.2(a) de las Reglas de

Procedimiento Civil resulta compatible con el principio recogido en nuestro

ordenamiento jurídico que favorece que los casos se ventilen en sus

méritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 591

(2011). Ello así, pues todo proceso adjudicativo se apoya en los valores

superiores de hallar la verdad y hacer justicia. Valentín v. Mun. de Añasco,

145 DPR 887, 897 (1998). Por otro lado, precisa mencionar que el derecho

a presentar prueba que sustente una reclamación es eje central del debido

proceso de ley. Íd.13 Por tanto, previo a afectar estos derechos, la sanción

por parte del tribunal debe estar plenamente justificada. Íd.

                                          III

       En nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales tienen amplia

discreción en la imposición de sanciones y el manejo de los casos ante su

consideración. No obstante, una sanción drástica, como es la eliminación

de unas alegaciones, se justifica únicamente en casos extremos en los que

quede demostrado el desinterés y abandono del caso. Arce v. Club, 105

DPR 305, 307 (1976).

       Así pues, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil faculta al Tribunal

de Primera Instancia a eliminar las alegaciones de la parte demandante

luego de que haya apercibido al abogado o abogada y a la parte misma de

las posibles sanciones, y le conceda una oportunidad para responder.

       Si bien las Reglas de Procedimiento Civil no son de aplicación

estricta al procedimiento administrativo, el espíritu de estas, y en particular

de la Regla 39.2(a), está contenido en la Regla 23 del Reglamento 8034

del DACo. Esta exige claramente que, cuando una parte deje de cumplir

con un procedimiento establecido en ese reglamento, o una orden del

funcionario que presida la vista administrativa, este podrá, a iniciativa

13 Véase, además, Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993).
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propia o a instancia de una parte, imponer una sanción económica a favor

del Departamento o de cualquier parte, que no excederá de doscientos

(200) dólares, a la parte misma o a su abogado, si este último es

responsable del incumplimiento. Entonces, si la parte sancionada incumple

con el pago de la sanción, el funcionario a cargo podrá ordenar la

desestimación de la querella.

      De los hechos ante nuestra consideración surge que la parte allí

querellante, aquí recurrente, incumplió con la orden del foro administrativo

que exigía la notificación de un acuerdo transaccional, o la ausencia de

este, en un término de 30 días. Ello provocó el cierre y archivo de su

querella.

      Reconocemos que, al igual que los tribunales de justicia, la jueza

administrativa del DACo goza de amplia facultad para prohibir, sancionar o

castigar aquel tipo de conducta o actitud que entorpezca los procedimientos

ante sí. No obstante, ello no implica que, en abierta violación a la Regla 23

del Reglamento 8034 del DACo, esté en libertad de desestimar la querella,

sin antes haber sancionado a la querellante misma o a su abogado. El mero

hecho de haber apercibido a las partes de que el incumplimiento con su

orden conllevaría el cierre y archivo de la querella no subsana tal violación

a la Regla 23.

      Por tanto, a la luz de los hechos particulares de este caso,

concluimos que el foro administrativo abusó de su discreción e incidió al

ordenar la desestimación de la querella instada por la señora Méndez, sin

antes haberle impuesto una sanción a ella o a su abogado. Una sanción

tan drástica como esta solo debe utilizarse en aquellas ocasiones en que

la parte sancionada haya sido contumaz o haya actuado de manera

intencional.

                                     IV

       Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución

dictada y notificada por el DACo, por conducto de la jueza administrativa,

el 21 de noviembre de 2023. Devolvemos la causa administrativa ante
KLRA202400035                                                                11

dicho foro para la continuación de los procedimientos cónsono con lo aquí

resuelto.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones