Court Opinion

ID: 9941432
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:35:38.409356+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.302108
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

     GLORIA OCASIO                               Certiorari
  FLORES, JORGE LUIS                             procedente del
   LÓPEZ CABALLERO,                              Tribunal de Primera
   MARGARITA LÓPEZ                               Instancia, Sala
   OCASIO, LUZ MARÍA                             Superior de Caguas
 LÓPEZ OCASIO, JORGE
  LUIS LÓPEZ OCASIO Y
         OTROS

       RECURRIDOS              KLCE202301409
                                                 Caso Número:
                                                 CG2022CV02066

             v.

  HOSPITAL MENONITA
   CAGUAS Y OTROS
                                                 Sobre:

      PETICIONARIOS                         Impericia Médica,
                                            Daños
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

      Comparece la parte peticionaria Pediatric Professionals PSC

(en   adelante,   Pediatric   Professionals)   mediante   recurso   de

Certiorari y nos solicita la revisión de la Resolución emitida el 10 de

noviembre de 2023 y notificada el 16 de noviembre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar

la Moción de Desestimación por Prescripción presentada el 11 de

enero de 2023 por Pediatric Professionals.

      Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del presente recurso de Certiorari.

                                   I

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202301409                                                                 2

       El 10 de marzo de 2021, la Sra. Gloria Ocasio Flores, et als.,1

presentó ante el TPI bajo el Caso Núm. CG2021CV00595 una

Demanda sobre daños y perjuicios en contra del Hospital Menonita

de Caguas, del Dr. Harry Ruiz Figueroa y de la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por su esposa Jane Doe-Ruiz2 y él, del Dr.

David Acevedo Morales y de la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por su esposa Jane Doe-Acevedo y él, del Dr. Jorge

Cordero Soto y de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

su esposa Jane Doe-Cordero y él, del Dr. Rafael López Torres y de

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por su esposa Jane

Doe-López y él, y del Dr. Roberto De Varona Carrión y de la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por su esposa Jane

Doe-De y él. Además, se incluyeron varias partes demandadas de

nombres desconocidos designadas con los nombres ficticios

siguientes: Compañía Aseguradora “X”, “W”, “Y”, y “Z”.3

       En cuanto al Hospital Menonita de Caguas, se alegó, en lo

pertinente, lo siguiente:

       “45. El Hospital Menonita de Caguas le responde a los
       aquí demandantes por los actos y omisiones
       negligentes tanto de sus agentes y contratistas
       independientes como de sus empleados a tenor con
       las disposiciones de los artículos 1802 y 1803 del
       Código Civil de Puerto Rico.

       46. El Hospital Menonita de Caguas responde por los
       actos y omisiones negligentes de su personal
       médico, técnico, de enfermería y de sala de
       emergencias a tenor con las disposiciones del artículo
       1803 del Código Civil de Puerto Rico.” (énfasis
       suplido).
1 Apéndice del Certiorari, págs. 1-8. La parte demandante está compuesta por la

Sra. Gloria Ocasio Flores, el Sr. José Luis López Caballero, la Sra. Margarita
López Ocasio, la Sra. Luz María López Ocasio, la Sra. Luz María López Ocasio, el
Sr. Jorge López Ocasio, la Sra. Francisca Ocasio Flores, el Sr. Mario Ocasio
Flores, la Sra. María Antonia Ocasio, Sra. Damasa Ocasio, el Sr. Andrés Ocasio,
el Sr. José Manuel Ocasio, el Sr. Juan Daniel Ocasio, y la Sra. Teresa Ocasio
Flores.
2 Las esposas de los médicos demandados fueron incluidas en la demanda como

partes de nombres desconocidos denominadas con el nombre ficticio Jane Doe.
3 En cuanto a estas partes, en la demanda se alegó lo siguiente:

        “Que la Compañías Aseguradoras "X", "W", "y" y "'Z", son
        entidades y/o corporaciones organizadas bajo las Leyes del
        Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que al momento se
        desconoce su identidad y responden por los actos y omisiones
        negligentes de sus aquí asegurados.” Apéndice del Certiorari, pág.
        7.
KLCE202301409                                                          3

      En síntesis, en la demanda se solicitó una indemnización por

los daños y perjuicios sufridos a causa de la alegada falta de

pericia   profesional     de   las   partes   demandadas   al   brindarle

tratamiento médico a la Sra. María Ocasio Flores el 11 y 13 de

marzo de 2020 en el Hospital Menonita de Caguas. En específico,

se alegó los siguiente:

      “20. Que el 11 de marzo de 2020, el aquí co-
      demandado Dr. Harry Ruiz Figueroa le realizó una
      colonoscopía ambulatoria a la Sra. María Ocasio Flores
      en el Hospital Menonita de Caguas.

      21. Que el viernes, 13 de marzo de 2020, María Ocasio
      fue llevada a la sala de emergencias del Hospital
      Menonita Caguas debido a decaimiento, debilidad y
      que no se sentía bien.

      22. Que según el r[é]cord médico fue atendida por el
      co-demandado Dr. David Acevedo Morales como a eso
      de las 15:12.

      23.Que se llevó un a cabo un CT Scan que demostró
      perforación intestinal.

      24. Según el r[é]cord médico los hallazgos de dicho
      estudio fueron informados a los co-demandados doctor
      Cordero y Dr. Ruiz Figueroa.

      25. Que la paciente señora María Ocasio fue admitida
      al hospital con diagnóstico de perforación.

      26. Que la paciente fue llevada a sala de operaciones y
      comenzó la cirugía como a eso de las 9:15 pm, según
      indica el r[é]cord médico.

      27. La cirugía fue llevada a cabo por el aquí co-
      demandado Dr. Jorge Cordero Soto.

      28. La anestesia fue administrada              por   el   co-
      demandado Dr. Rafael López Torres.

      29. Que la cirugía terminó como a eso de las 10:00pm.

      30. Que según el r[é]cord médico la paciente fue
      transportada a eso de las 10:50 pm a ICU críticamente
      enferma con presión de 91/50, HR 14.

      31. Que en ICU la condición de la paciente deterioró
      aún más y se activó clave verde.

      32. La paciente María Ocasio fue declarada muerta, el
      13 de marzo de 2020 a eso de las 11:36 pm. Tenía 79
      años de edad.
KLCE202301409                                                                 4

       33. Según el r[é]cord médico la causa de muerte fue
       perforación y sepsis.”4

       El 25 de junio de 2021, la Sra. Gloria Ocasio Flores, et als.,

presentaron una Moción Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio.5 En

atención a esta solicitud, el 25 de junio de 2021, notificada el 1 de

julio de 2021, el TPI dictó Sentencia desestimando sin perjuicio la

demanda presentada por la parte recurrida en el Caso Núm.

CG2021CV00595.6

       El 22 de junio de 2022, la Sra. Gloria Ocasio Flores, et als.,7

presentaron ante el TPI bajo el presente caso8 una Demanda sobre

daños y perjuicios, por los mismos hechos, en contra del Hospital

Menonita de Caguas y del Dr. David Acevedo Morales y de la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por su esposa Jane

Doe-Acevedo.9 Además, se incluyeron varias partes demandadas de

nombres desconocidos designadas con los nombres ficticios

siguientes: Dr. John Doe y Dr. Richard Roe y Richard Doe;

Corporaciones A, B & C; Sociedades Profesionales X & Y; y

Compañías Aseguradoras A & B.10

4 Apéndice del Certiorari, págs. 4-5.
5 Apéndice del Certiorari, págs. 9-10.
6 Apéndice del Certiorari, págs. 11-12.
7 La parte demandante en el presente caso está compuesta por la Sra. Gloria
Ocasio Flores, el Sr. José Luis López Caballero, la Sra. Margarita López Ocasio,
la Sra. Luz María López Ocasio, y el Sr. Jorge López Ocasio.
8 Caso Núm. CG2021CV00595.
9 Apéndice del Certiorari, págs. 13-19.
10 En cuanto a estas partes, se alegó, entre otras cosas, lo siguiente:

        “8. Los codemandados, Dr. John Doe y Dr. Richard Roe y Richard
        Doe, cuyos nombres se desconocen, son ciudadanos del Estado
        Libre Asociado de Puerto Rico, y son responsables solidarios ante
        los demandantes.
        9. Las codemandadas Corporaciones A, B & C son entidades y/o
        corporaciones organizadas bajo las Leyes del Estado Libre
        Asociado de Puerto Rico, y son responsables solidariamente ante
        los demandantes por haberle brindado servicios negligentes que
        contribuyeron a la muerte prematura de la difunta María Ocasio
        Flores.
        10. Las Sociedades Profesionales X & Y son entidades y/o
        corporaciones organizadas bajo las Leyes del Estado Libre
        Asociado de Puerto Rico, y son responsables solidariamente ante
        los demandantes por haberle brindado servicios negligentes que
        contribuyeron a la muerte prematura de la difunta María Ocasio
        Flores.
        11. Las Compañías Aseguradoras A & B son entidades y/o
        corporaciones organizadas bajo las leyes del Estado Libre
        Asociado de Puerto Rico que expidieron pólizas de
        responsabilidad a nombre de los codemandados y/o sus
        Sociedades Profesionales y/o Corporaciones responsables, que
KLCE202301409                                                                      5

       El 7 de septiembre de 2022, la parte recurrida presentó una

Moción Solicitando Permiso para Enmendar Demanda acompañada

de una Primera Demanda Enmendada.11 En su moción, la parte

recurrida alegó que advino en conocimiento de que la compañía

Pediatrics    Professional     administraba       y     operaba    la       sala   de

emergencias      del    Hospital     Menonita      de     Caguas        y    solicitó

autorización para enmendar la demanda con el fin de incluirlo

como parte demandada en el pleito.

       Luego de varios trámites procesales, el 11 de enero de 2023,

Pediatrics Professional presentó una Moción de Desestimación por

Prescripción.12 En su moción, Pediatrics Professional solicitó la

desestimación de la demanda a su favor al amparo de la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), alegando

que la reclamación en su contra estaba prescrita por haber sido

incluido en el pleito transcurrido el término prescriptivo de un (1)

año establecido en el Código Civil para presentar una reclamación

para exigir responsabilidad extracontractual. Alegó que en la

demanda no se incluyó ni se hizo alegación alguna contra una

entidad de nombre conocido o desconocido que administrara y

operara la sala de emergencias del Hospital Menonita de Caguas; y

que:

       “[…] [c]ontra la única parte que se reclamó en la
       Demanda en el caso civil CG2021CV00595 por los
       supuestos actos y omisiones del personal de sala de
       emergencia, tanto contratistas como empleados, fue al
       demandado Hospital Menonita de Caguas. […] Fuera
       de dichas alegaciones contra dicho hospital
       codemandado, no se hacen otras alegaciones
       específicas contra otros demandados por la
       administración   y   operación    de  la   sala   de
       emergencia.” 13

       Además, alegó que el haber incluido a la parte de nombre

desconocido designada con el nombre ficticio “Corporación “X” en

       cubren los actos por los que se reclaman.” Apéndice del Certiorari,
       pág. 14.
11 Apéndice del Certiorari, págs. 20-29.
12 Apéndice del Certiorari, págs. 30-37.
13 Apéndice del Certiorari, pág. 33.
KLCE202301409                                                                  6

la demanda no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo

en cuanto a Pediatrics Professional.14 Finalmente, añadió que el

desconocimiento de la identidad de Pediatrics Professional se debió

a la falta de diligencia de la parte recurrida.

       El 30 de enero de 2023, la parte recurrida presentó su

Oposición a Moción de Desestimación.15 En síntesis, se opuso a la

solicitud de desestimación argumentando que la interrupción de la

prescripción en cuanto al Dr. David Acevedo Morales aprovechó

por igual a Pediatrics Professional, pues entre estas partes existía

una relación de solidaridad perfecta. Además, alegó que fue

diligente en la tramitación de su causa de acción; y que, una vez

advino en conocimiento de la existencia de Pediatrics Professional,

procedió a enmendar la demanda para incluirlo en el pleito.

       Finalmente, el 10 de noviembre de 2023, notificada el 16 de

noviembre de 2023, el TPI emitió la Resolución recurrida, mediante

la cual declaró No Ha Lugar de plano la Moción de Desestimación

por Prescripción presentada por Pediatric Professionals.16

       Inconforme       con     la   determinación       del     TPI,   Pediatric

Professionals acudió ante nos el 12 de diciembre de 2023 mediante

el presente recurso de Certiorari, en el cual señala la comisión de

los errores siguientes:

       Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       declarar no ha lugar la Moción de Desestimación por
       Prescripción, a pesar de que la parte recurrida nunca
       interrumpió el término prescriptivo en lo que a
       Pediatric respecta.

       Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia
       al declarar no ha lugar la Moción de Desestimación
       por Prescripción, a pesar de que la causa de acción de
       la parte recurrida en lo que a Pediatric respecta venció
       el 13 de marzo de 2021.

       Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       declarar no ha lugar la Moción de Desestimación por
       Prescripción, a pesar de que en la Demanda del caso

14 Véase, incisos 29-32, Apéndice del Certiorari, págs. 36-37.
15 Apéndice del Certiorari, págs. 46-52.
16 Apéndice del Certiorari, págs. 63-65.
KLCE202301409                                                     7

      civil Núm. CG2021CV00595 nunca se incluyó
      expresamente como parte codemandada a Pediatric.

      Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      declarar no ha lugar la Moción de Desestimación por
      Prescripción, a pesar de que en la Demanda del caso
      civil Núm. CG2021CV00595 nunca se incluyó como
      demandado de nombre desconocido a la entidad
      encargada de administrar u operar la sala de
      emergencias del Hospital Menonita de Caguas.

      Quinto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      declarar no ha lugar la Moción de Desestimación por
      Prescripción, a pesar de que en la Demanda del caso
      civil Núm. CG2021CV00595 no se hicieron alegaciones
      de negligencia propia cometida por Pediatric.

      Sexto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      declarar no ha lugar la Moción de Desestimación por
      Prescripción, a pesar de que en la Demanda del caso
      civil Núm. CG2021CV00595 no se hicieron alegaciones
      de negligencia propia cometida por un demandado de
      nombre desconocido encargado de administrar u
      operar la sala de emergencias del Hospital Menonita de
      Caguas.

      El 22 de diciembre de 2023, la parte recurrida presentó su

Oposición a Expedición de Auto de Certiorari.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                  II

                                  A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,   “es   una   forma   de   razonabilidad   aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800
KLCE202301409                                                          8

Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para   revisar   resoluciones   u   órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por

excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones

podrá́ revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por

el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que

el Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o

de una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
KLCE202301409                                                                  9

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del
       pleito y una dilación indeseable en la solución final del
       litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
       Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                   B.

       La prescripción extintiva constituye una institución propia

del   derecho      civil   en    materia     sustantiva,      la   cual     está

intrínsecamente atada al ejercicio del derecho que se pretende

vindicar. Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Olmo

v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740, 742 (1981). Es una

forma de extinción de un derecho, por la inercia de una parte en

ejercer el mismo dentro del término prescrito por ley. Maldonado

Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182 (2016); Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot

Loker, 182 DPR 824, 831 (2011). Esta figura tiene como objetivo

impedir la incertidumbre de las relaciones jurídicas y sancionar la

inacción del ejercicio de los derechos. Orraca López v. ELA, 192

DPR 31, 49 (2014); COSSEC et al. v. González López et al., 179

DPR 793 (2010).

       Cónsono con lo anterior, el Artículo 1868 del Código Civil,

supra,17 dispone que las acciones de daños y perjuicios por culpa o

17 El “Código Civil de Puerto Rico” de 1930, fue derogado y sustituido por la Ley

Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”
KLCE202301409                                                               10

negligencia a las que se refiere el Artículo 1802 del Código Civil,

supra, tienen un término de prescripción de un (1) año. Col. Mayor

Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 644 (2016); Toro

Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015); Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra. El punto de partida de dicho término es la

fecha en que el agraviado conoció o debió haber conocido que

sufrió un daño, quién lo ocasionó, así como los elementos

necesarios para poder ejercitar su causa de acción. Toro Rivera v.

ELA, supra; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. En

nuestro ordenamiento jurídico esta doctrina se conoce como la

teoría cognoscitiva del daño. COSSEC et al. v. González López et al.,

supra; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008); Vera

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).

       Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a la

parte agraviada expresar su voluntad de conservar su derecho a

ser indemnizado. Nuestro ordenamiento reconoce tres maneras de

manifestar la voluntad de conservar un derecho y que interrumpen

efectivamente la prescripción extintiva, a saber: (1) el ejercicio de

un derecho ante un foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de

parte del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el

reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Artículo 1873

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Una vez se interrumpe

oportunamente la prescripción, el término prescriptivo comienza a

transcurrir nuevamente. SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR

799, 816 (2014).

       En materia de prescripción de la causa de acción bajo el

Artículo 1802 del Código Civil, supra, en Fraguada Bonilla v. Hosp.

Aux. Mutuo, supra, se adoptó la figura de la solidaridad impropia (o

in solidum) cuando coincide más de un causante de un daño.

de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Los hechos que originan la presente
controversia tomaron lugar durante la vigencia del Código Civil de 1930, por lo
cual esta es la ley que aplica al caso.
KLCE202301409                                                     11

Conforme a esta figura, si el perjudicado interesa conservar su

causa de acción contra cada uno de los causantes del daño, deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada uno por separado

y dentro del término prescriptivo de un (1) año establecido por el

Artículo 1868 del Código Civil, supra. Véase, además, Maldonado

Rivera v. Suárez y otros, supra.

      Por otra parte, el Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA

ant. sec. 31 LPRA sec. 5142, recoge el principio de responsabilidad

vicaria por virtud del cual, entre otros supuestos, un patrono

podría ser responsabilizado extracontractualmente por los actos

negligentes cometidos por alguno de sus empleados. En lo

pertinente, el Artículo 1803 del Código Civil, supra, dispone lo

siguiente:

      “La obligación que impone [el Artículo 1802 del Código
      Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141] es exigible, no sólo por
      los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
      personas de quienes se debe responder.

      […]

      Lo son igualmente los dueños o directores de un
      establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
      causados por sus dependientes en el servicio de los
      ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de
      sus funciones.

      […]

      La responsabilidad de que trata esta sección cesará
      cuando las personas en ella mencionadas prueben que
      emplearon toda la diligencia de un buen padre de
      familia para prevenir el daño.”

      El precitado artículo constituye una excepción especial al

principio de la responsabilidad personal por los actos propios y

solo puede aplicarse a los casos incluidos específicamente en el

mismo. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022).

De igual forma, establece una presunción legal de responsabilidad

de las personas citadas en él. En atención a las relaciones de

autoridad o superioridad que mantienen con los autores del daño
KLCE202301409                                                      12

causado, la ley presume que le es imputable la causa de aquel por

su propia culpa o negligencia. Íd.

      La causa de acción establecida por Artículo 1803 del Código

Civil, supra, consiste fundamentalmente en la culpa in vigilando, in

instruendo o in eligiendo atribuible a las personas designadas

estatutariamente como responsables. Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., 185 DPR 880, 907 (2012). Se establece, pues, una

presunción de culpa que puede consistir en una falta de vigilancia

(culpa in vigilando), en una falta de instrucción (culpa in

instruendo) o en una desacertada elección (culpa in eligiendo). Íd.

Es decir, que, de haber sido el patrono diligente en vigilar, instruir

o escoger a sus empleados, el daño no hubiese ocurrido. Cruz

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., supra. Para activar esta

presunción de culpa del patrono, un demandante debe establecer

prima facie: (1) una relación de dependencia entre el patrono y el

empleado, (2) que el empleado actuó en el desempeño de los ramos

de su oficio con el propósito de servir y proteger los intereses del

patrono, y que (3) el empleado tuvo culpa en el desempeño de esas

funciones. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 983

(2021). El patrono puede liberarse de esta responsabilidad si

demuestra que empleó toda la diligencia de un buen padre de

familia. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., supra.

      Se reconoce que, al amparo del Artículo 1803 del Código

Civil, supra, los hospitales pueden ser responsables frente a un

perjudicado por la falta de pericia atribuible al personal del

hospital en el ámbito de sus funciones. Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., supra; Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR

397, 404-405 (1985). Al momento de adjudicar responsabilidad

vicaria a los hospitales por los actos de los médicos que laboran en

su institución, es importante considerar la relación jurídica

existente entre estos. Íd.; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR
KLCE202301409                                                          13

281, 288 (2012). El hospital responde vicariamente por los actos de

aquellos médicos que son sus empleados; por aquellos médicos,

que, aunque no forman parte de su fuerza laboral, son parte de la

facultad o staff, encontrándose disponibles para consultas de otros

médicos; por los médicos pertenecientes a concesionarios de

franquicias exclusivas para prestar servicios en el hospital; y por

aquellos médicos que sin ser empleados gozan de privilegios en la

institución. Íd.; Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra; Núñez v.

Cintrón, 115 DPR 598 (1984); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux.

Mutuo, 177 DPR 484, 515-16 (2009).

      Cónsono con lo anterior, se ha resuelto que la solidaridad

impropia, no se extiende al régimen de responsabilidad vicaria

establecido en el Artículo 1803 del Código Civil, supra. Al respecto,

recientemente en Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra, pág.

989-890, se estableció que “la responsabilidad que surja entre el

patrono y el empleado es una solidaria, más en su vertiente

propia”, por lo que “los actos interruptivos del término prescriptivo

realizados contra el patrono o el empleado perjudican al otro por

igual.”

                                  III

      En su recurso de Certiorari, Pediatrics Professional señala,

en esencia, que erró el TPI al denegar la solicitud de desestimación

resolviendo que la reclamación presentada en su contra no estaba

prescrita.   En   síntesis,   Pediatrics     Professional   reiteró   los

argumentos expuestos en su solicitud de desestimación ante el TPI

con respecto a que la parte recurrida no logró interrumpir el

término prescriptivo en su contra mediante las alegaciones

presentadas en la demanda del pleito original y la del presente.

      Además,     alegó   que   para       resolver   una   moción    de

desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra,

al amparo de la doctrina de solidaridad perfecta, era necesario que
KLCE202301409                                                     14

en la demanda se alegara que existía una relación entre el Dr.

David Acevedo Morales y Pediatrics Professional, lo cual no se hizo.

      En su alegato en oposición, la parte recurrida sostiene, de

forma sincretizada, que existía una relación de solidaridad perfecta

entre el Dr. David Acevedo Morales y Pediatrics Professional, por lo

que la interrupción de la prescripción en cuanto al primero

aprovechó por igual al segundo.

      Tratándose la determinación recurrida de una denegatoria

de una moción de carácter dispositivo, estamos facultados

conforme a lo dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, para revisar esta determinación mediante un recurso de

certiorari. Sin embargo, la expedición de un recurso de certiorari

sigue siendo una decisión discrecional, la cual debemos ejercer

tomando en consideración los criterios establecidos la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Evaluado el recurso ante nuestra consideración a la luz de

estos criterios, concluimos que no existen motivos que justifiquen

que ejerzamos nuestra función revisora en esta etapa de los

procedimientos. Además, no surgen indicios de que haya mediado

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por el Tribunal de

Primera Instancia. La disposición de la decisión recurrida tampoco

es contraria a derecho.

                                  IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

auto de Certiorari.

      NOTIFÍQUESE.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones