Court Opinion

ID: 9941414
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:33:07.393169+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.957202
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         PANEL VII

              CONSEJO DE                                  Certiorari procedente
             TITULARES DEL                                del    Tribunal    de
          CONDOMINIO CHALET                               Primera     Instancia,
          LAS MUESAS, Y OTROS                             Sala Superior de
                                                          Caguas
                 Demandante
                 Peticionaria                             Caso Núm.:
                                                          CG2019CV03306
                                       KLCE202301349
                       V.                                 (702)

             MAPRFE PRAICO                                Sobre:
          INSURANCE COMPANY                               SEGUROS/
                                                          INCUMPLIMIENTO/
                 Demandada                                ASEGURADORAS/
                  Recurrida                               HURACANES/IRMA,
                                                          MARÍA
         Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
         Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                       SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

                Comparece ante este Tribunal, los peticionarios, Consejo de

         Titulares del Condominio Chalets Las Muesas, Attenure Holdings

         Trust 9 y HRH Property Holdings LLC, (en adelante parte

         peticionaria o el Consejo de Titulares) el 1 de diciembre de 2023

         mediante un recurso de certiorari. En este nos solicitan que

         revoquemos una determinación emitida el 23 de agosto de 2023 por

         el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala Superior de

         Caguas, donde el foro a quo denegó la solicitud de Sentencia

         Sumaria y la Reconsideración de Sentencia Sumaria presentada por

         la parte peticionaria.1 La parte recurrida, Mapfre Praico Insurance

         Company, (en adelante, Mapfre, o parte recurrida) presentó su

         oposición a la expedición del recurso el 11 de diciembre de 2023.

                Con el beneficio de la comparecencia y examinado el recurso,

         por los fundamentos que se exponen a continuación, expedimos el

         auto y revocamos el dictamen emitido y se devuelve al Tribunal de

         1 Véase SUMAC entrada 118.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLCE202301349                                                       2

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, para que cumpla con

la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, infra.

                                  I.

      Los hechos procesales pertinentes para resolver este recurso

son los siguientes.

      La demanda de epígrafe se presentó el 4 de septiembre de

2019, a raíz del paso del huracán María. En síntesis, la parte

demandante alegó incumplimiento de contrato por parte de Mapfre

y dolo en la ejecución de un contrato. También solicitaron mediante

una sentencia declaratoria, que se emitiera un pago a su favor por

la cantidad estimada en $6,546,702.77, así como honorarios de

abogados y gastos incurridos, entre otras cosas.

      Alegaron que Mapfre emitió una póliza de propiedad comercial

(póliza núm. 54-CP-200004546-1) a favor del Condominio Chalets

Las Muesas para asegurar contra todo riesgo de pérdida física o

daños, incluyendo aquellos causados por huracanes, que la misma

estaba vigente y a la fecha de los daños causados por el Huracán

María, Chalets Las Muesas estaba en cumplimiento con todas sus

obligaciones bajo la Póliza de Seguro, incluyendo el pago de las

primas. Adujeron que Mapfre se rehusó pagar, en contravención a

los términos de la póliza y a las disposiciones aplicables al manejo

de las reclamaciones de seguros en Puerto Rico, las cuales se

incorporan por operación de ley a los términos de la póliza que

Mapfre le vendió al Consejo de Titulares del Condominio Chalets Las

Muesas. El período de vigencia de la póliza era desde el 8 de

diciembre de 2016 hasta el 8 de diciembre de 2017. Luego de varias

controversias suscitadas entre las partes e irrelevantes a la

controversia que hoy atendemos, el 18 de diciembre de 2020, Mapfre

presentó la contestación de la demanda.               Posteriormente y

culminado el descubrimiento de prueba, Mapfre por conducto de su

ajustador, el señor Omar Acevedo, notificó el informe de ajuste
KLCE202301349                                                         3

estimando los daños sufridos ascendentes a $309,384.33, luego de

descontarle los deducibles y exclusiones aplicables.

         El Consejo de Titulares presentó una Moción de Sentencia

Sumaria solicitando       que Mapfre le       pagara la cantidad de

$309,384.33 por concepto de ajuste en adelanto, toda vez que se

constituía como un reconocimiento de deuda. Señala la parte

peticionaria que el ajuste sometido por Mapfre ocurrió fuera del

período de noventa (90) días establecido en el Art. 27.162 del Código

de Seguros.2 Entre otras cosas, manifestó que este pago era

relacionado a su segunda causa de acción y Mapfre no había

cuestionado la validez de la cuantía.3

         El foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria

presentada por la parte peticionaria, y posteriormente denegó la

reconsideración de esta. Puntualizó el TPI que “la complejidad de

este caso no admite disposición sumaria”.4 Posteriormente, las

partes sometieron una moción conjunta solicitando paralización de

los procedimientos y notificando conversaciones transaccionales.

Sin embargo, el Consejo de Titulares radicó el recurso que nos ocupa

el 1 de diciembre de 2023. El recurrido presentó su oposición el 11

de diciembre de 2023. En ella, alegó que el pago solicitado por el

Consejo de Titulares por la suma de $309,384.33 se trataba del

ajuste del estimado de daños contenido en el informe rendido por

Mapfre. Señaló a su vez, que dicho ajuste no había sido aceptado

por   los    peticionarios,   y    que   tampoco   se   consideraba   un

reconocimiento de deuda.

         Inconforme con el proceder del TPI, la parte peticionaria

recurre ante este Tribunal y realiza el siguiente señalamiento de

error:

2 Ley Núm. 77-1957, según enmendada, 26 LPRA sec. 2716b.
3 Véase SUMAC, entrada 116.
4 Véase SUMAC, entrada 118, 123.
KLCE202301349                                                            4

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO PERMITIR LA MOCIÓN DE
      SENTENCIA SUMARIA PARCIAL SOLICITANDO EL
      PAGO DE LAS PARTIDAS QUE LA ASEGURADORA
      ENTENDIÓ PROCEDENTES EN SU AJUSTE DE LA
      RECLAMACIÓN, POR EL CASO SER MUY COMPLEJO
      PARA PERMITIR MOCIONES DE SENTENCIAS
      SUMARIAS.

      Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

                                    II.

                             A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión    de   un   tribunal   inferior.   Art.   670   del   Código   de

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491; Rivera Gómez y

otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65,

212 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico,

LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance Company of Puerto Rico,

205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201

DPR 703, 710 (2019). Aunque la característica principal del recurso

reside en el carácter discrecional del mismo, tal determinación no es

irrestricta, está sujeta a los criterios señalados en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil. Advertimos que esta              Regla ha sufrido

modificaciones a través del tiempo para expandir el marco

discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del

recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      [p]ara revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando
      se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56
      y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo.
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      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de
      Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de
      apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
      a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
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      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los tribunales apelativos no debemos intervenir en las

determinaciones del foro primario a menos que se demuestre que el

juzgador: (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un

craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v.

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                      B. Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y

económica para litigios de naturaleza civil en los que no hay

controversia genuina sobre hechos materiales que componen la

causa de acción. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213

DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023

TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019). La Regla 36 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece que la sentencia sumaria

procede cuando las alegaciones, deposiciones y admisiones

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra

evidencia, acreditan que no existe una controversia real y sustancial

respecto a algún hecho esencial y material. Íd., pág. 291.

      El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del

promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe

controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y

únicamente resta aplicar el derecho a los no controvertidos.

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 DPR

___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, supra; Roldán

Flores v. M. Cuevas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Ahora bien, la
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sentencia sumaria únicamente procede cuando el derecho aplicable

lo justifica. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7, 25 (2014).

      La parte promovente de la moción de sentencia sumaria tiene

que desglosar los hechos sobre los que alega no existe controversia.

Además de especificar para cada uno la página o párrafo de la

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo

apoya. 32 LPRA, Ap. V, Reg. 36.3; Roldán Flores v. M. Cuevas et al.,

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Mientras

que, la parte que se opone a una moción de sentencia sumaria, no

se puede quedar cruzado de brazos, tiene que demostrar que existe

controversia en cuanto a algún hecho material. Se considera un

hecho material aquel que pueda afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable o los

elementos de la causa de acción. Meléndez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 110 (2015); Roldán Flores v. M. Cuevas et al., supra.

Para ello, el promovido deberá presentar una contestación detallada

y específica, y refutar los hechos que entiende que están en disputa

con evidencia sustancial. Birriel Colón v. Econo y otros, supra;

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 933 (2010). Si, al contrario,

asume una actitud pasiva y descansa únicamente en sus

alegaciones, se expone a que se dicte sentencia sumaria en su contra

sin la oportunidad de un juicio en su fondo, claro está, siempre que

en Derecho proceda. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 43-

44 (2020).

      Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia

de una moción de sentencia sumaria. La duda existente tiene que

permitir concluir que existe una controversia real y sustancial sobre

hechos relevantes y pertinentes. Los tribunales solo podemos

concluir que existe una controversia real y sustancial en cuanto a

un hecho material, cuando el oponente presenta prueba que podría
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inducir a un juzgador racional a resolver a su favor. Oriental Bank

v. Perapi et al, supra, pág. 26.

      La sentencia sumaria tampoco procede, si existen alegaciones

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y de los

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria surge

controversia sobre algún hecho material y esencial, o cuando como

cuestión de derecho no procede el remedio sumario. Oriental Bank

v. Perapi et al, supra, págs. 26, 27.

      En cuanto al análisis que deberá llevar a cabo el foro apelativo

resaltamos que ha de utilizar los mismos criterios que el Tribunal

de Primera Instancia al determinar si procede una sentencia

sumaria. No obstante, al revisar la determinación del foro primario,

únicamente podrá considerar los documentos que se presentaron

ante ese foro. Es decir, las partes no podrán traer en apelación

evidencia que no fue presentada oportunamente ante el Tribunal de

Primera Instancia, ni esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos

nuevos. El tribunal apelativo únicamente puede determinar si existe

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales

y si el derecho se aplicó correctamente. Sin embargo, no puede

adjudicar hechos materiales en disputa porque esa tarea le

corresponde al foro de primera instancia. Meléndez González v. M.

Cuevas, supra, págs. 114, 116.

      Ahora bien, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, dispone lo

siguiente:

      Si en virtud de una moción presentada bajo las
      disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
      la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio
      solicitado o se deniega la moción, y es necesario
      celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal
      resuelva la moción mediante una determinación de
      los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales
      no hay controversia sustancial y los hechos
      esenciales y pertinentes que están realmente y de
      buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la
      cuantía de los daños u otra reparación no está en
      controversia, ordenando los procedimientos ulteriores
      que sean justos en el pleito, incluso una vista
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      evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al
      celebrarse el juicio, se considerarán probados los
      hechos así especificados y se procederá de conformidad.
      A base de las determinaciones realizadas en virtud de
      esta regla, el tribunal dictará los correspondientes
      remedios, si alguno. 32 LPRA Ap. V.

      La Regla 36.4 Procedimiento Civil y su jurisprudencia

interpretativa aplican cuando el foro primario no decide el pleito en

virtud de una sentencia sumaria. Esta regla delimita las instancias

en las que el tribunal estará obligado a resolver la moción de

sentencia sumaria, mediante una determinación que incluya los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente

y de buena fe controvertibles. La aplicación de la antedicha regla

procede cuando: (1) no se dicta sentencia sumaria sobre la totalidad

del pleito, (2) no se conceda todo el remedio solicitado y (3) se

deniega la moción de sentencia sumaria presentada. Estas tres

instancias conllevan la celebración de un juicio en su fondo. En

dichas tres instancias, el tribunal deberá consignar los hechos sobre

los cuales no existe controversia, puesto que será innecesario pasar

prueba sobre estos durante el juicio. Pérez Vargas v. Office Depot,

203 DPR 687, 696-697 (2019).

      Como norma general se ha reconocido que la sentencia

sumaria procede en todo tipo de caso y en cualquier contexto

sustantivo, independientemente de lo complejas que sean las

controversias en un pleito. Meléndez González v. M. Cuebas, supra,

pág. 120. Ciertamente, existen litigios y controversias que, por su

naturaleza, no resulta aconsejable resolverlos mediante una

sentencia dictada sumariamente; ello, en vista de que en tales casos

un tribunal difícilmente podrá reunir ante sí toda la verdad de los

hechos a través de affidávits, deposiciones o declaraciones juradas.

Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 311 (1994); García López

v. Méndez García, 88 DPR 363, 379 (1963). Algunos ejemplos son
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casos en que se plantea si hay o no negligencia o en los que resulta

importante determinar el estado mental de ordinario no deben

resolverse por la vía sumaria. Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR

200, 212 (2010); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR

272, 279 (1990).

                                   III.

      En la Orden impugnada en el presente recurso,5 en la que el

TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte

peticionaria, dicho foro no llevó a cabo el ejercicio que requiere la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Por lo cual, a tenor con la

autoridad que nos concede la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, para atender una denegatoria de una moción de carácter

dispositivo, y los criterios (A), (E) y (F) de la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, concluimos que procede la expedición del auto.

      La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, claramente

dispone que, si se deniega una moción de sentencia sumaria, “será

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y

pertinentes que están realmente de buena fe controvertidos”.

      En su determinación, el TPI denegó la moción de sentencia

sumaria expresando que “la complejidad de este caso no admite

disposición sumaria”. No incluyó una enumeración de los hechos

incontrovertidos ni aquellos que se encuentran en controversia. No

hay duda de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado

que existen litigios y controversias que por su naturaleza no resulta

aconsejable     resolverlos    mediante   una   sentencia    dictada

sumariamente. No obstante, de manera alguna ha dispuesto que al

así hacerlo no se cumpla con las disposiciones de la Regla 36.4 de

5 Véase SUMAC, entrada 118, 123.
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Procedimiento Civil, supra. Como se ha mencionado, a tenor con la

Regla 36.4 el TPI tiene la obligación de establecer los hechos que

están o no en controversia cuando se deniega en parte o totalmente

una solicitud de sentencia sumaria.

      Por consiguiente, procede expedir el auto de certiorari, revocar

la determinación recurrida y devolver el caso al TPI para que emita

un dictamen que cumpla con las exigencias de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil. Ésta es la única forma de propiciar una revisión

adecuada del dictamen por parte de este foro apelativo.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos expedimos el auto y

revocamos el dictamen emitido y se devuelve al Tribunal de Primera

Instancia, para que cumpla con la evaluación de la solicitud de

sentencia sumaria conforme los parámetros aquí señalados.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones