Court Opinion

ID: 9952258
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:34:24.130553+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.358407
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL
                           OATA-2023- 131'

  ERNESTO RIVERA                                                             REVISIÓN
      BURGOS,                                                                ADMINISTRATIVA
PURIFICACIÓN RIVERA,                                                         procedente de la
  ERNESTO RIVERA                                                             Oficina de Gerencia
  RIVERA Y MARÍA T.                                                          de Permisos (OGPe)
   RIVERA RIVERA
                                                                             Revisión número:
        Recurrentes
                                                                             2023 -472218 -SDR-
            Vs.                  KLRA202300201                               011389

    DEPARTAMENTO DE                                                          Caso número:
        DESARROLLO
       ECONÓMICO Y                                                           2020 -323102 -PCOC    -

     COMERCIO, OFICINA                                                       028873
      DE GERENCIA DE
    PERMISOS (OGPe); AT                                                      Sobre:
      & T MOBILITY OF
    PUERTO RICO (AHORA                                                       Permiso de
      LIBERTY PUERTO                                                         Construcción para
           RICO)                                                             Facilidad de
                                                                             Telecomunicaciones
       Recurridos
                                                  ________________________
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

        Comparecen las partes recurrentes, el Sr. Ernesto Rivera

Burgos, Sra. Purificación Rivera, Sr. Ernesto Rivera Rivera y María

Rivera Rivera (en adelante y en conjunto, los "Recurrentes"),

solicitando la revisión de la Resolución de Recurso de Revisión

Administrativa         emitida    por   la   División                             de    Revisiones

Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (en

adelante, "DRA-OGPe"), emitida y notificada el 4 de abril de 2023,
en la cual declaró "No Ha Lugar" el recurso de revisión a la

enmienda al permiso de construcción presentada por los

Recurrentes.

1Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Juez Joel A.
Cruz Hiraldo en sustitución de la Juez Waleska I. Aldebol Mora.

Número Identificador
SEN2024
 KLRA20230020 1                                                        2
       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

 revoca la Resolución de Revisión Administrativa emitida por la

                                  I.

       El 4 de enero de 2023, los Recurrentes presentaron Recurso

de Revisión Administrativa ante la DRA-OGPe. En síntesis,

alegaron que la expedición de la enmienda al permiso de

construcción    Núm.   2020-323102 -PCOC-028873         (en    adelante
"enmienda")    fue   otorgado   sin    cumplir   con   los    requisitos

establecidos por el Reglamento Conjunto para la Evaluación y
Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de

Terrenos y Operación de Negocios (en adelante "Reglamento

Conjunto 2020"). Según arguyen, AT&T Mobility of Puerto Rico,

LLC.   (en adelante "Liberty")    enfrentaron problemas con la
fundación del proyecto inicial por lo que solicitaron enmiendas al

permiso original para cambiar la fundación de su construcción y

triplicar el volumen y área de remoción de corteza terrestre e

impacto   a un área que ya era de alta susceptibilidad a

deslizamientos según el United States Geological Survey (en

adelante, "USGS"). Sostienen que la OGPe otorgó esta enmienda

sin consultar la ubicación ni evaluación ambiental.

       Narran los Recurrentes que, para el mes de febrero de 2019,

el Sr. Rivera Burgos y su esposa Rivera le compraron mediante

escritura de compraventa al Sr. Ángel Manuel Otero Pagán, ex

alcalde del municipio de Ciales, la parcela en la que residen hoy en

día. Ahora bien, en septiembre y octubre de 2019, el Sr. Otero

Pagán suscribió un contrato de arrendamiento con Liberty en el

cual arrendó una parcela cercana a la de los Recurrentes para la

colocación de una torre de telecomunicaciones. Siendo así, el 22 de

diciembre de 2021, OGPe otorgó el permiso original número 2020-

323102 -PCOC -017325 a Liberty. No obstante, en julio de 2022, la
KLRA20230020 1                                                      3

Junta de Planificación realizó una inspección a la obra de

construcción como parte de una querella realizada. Es a raíz de

dicha inspección que Liberty solicita enmiendas al permiso
original. En la solicitud aclara que es necesario modificar el tipo de

fundación a ser utilizada a micro -pilotes, reubicar las losas de piso

a hormigón y aumentar el área de impacto de movimiento de tierra.

El 15 de septiembre de 2022, los recurrentes recibieron una carta

del Recurrido en la que les notifica sobre la solicitud de enmiendas

al permiso original. Según alegan, Liberty no les informó de todos

los cambios, solamente informaron que cambiarían el diseño

estructural de la fundación de la torre, la geometría del piso y que

reducirían el piso y el área de construcción.

      Posterior a la notificación, en septiembre de 2022, Puerto

Rico sufrió los estragos del Huracán Fiona. Como consecuencia,

las lluvias torrenciales provocaron un deslizamiento de terreno en

la finca donde se encuentra la residencia de los Recurrentes y la

torre de comunicaciones. Sin embargo, el 15 de diciembre de 2022,

OGPe autorizó la enmienda número 2020-323-102 -PCOC -028873

al permiso de construcción original. Los Recurrentes sostienen que

la construcción se realizará en terreno susceptible y de alta

probabilidad de deslizamiento según el USGS. Alegan que, del

expediente administrativo no surge que se haya realizado una

evaluación ambiental y que, además, no se cumplieron con los

requisitos de forma de la Regla 118 y 120 del Reglamento para el

proceso de Evaluación Ambiental, JCA de 23 de noviembre de

2016, Reglamento Núm. 8858. Arguyen que, del expediente solo

surge un estudio de suelo realizado para expedir el permiso

original, para el cual se utilizó información del USGS del 1966.

      En    atención   al   Recurso    de   Revisión   Administrativa

presentado por los Recurrentes, el 3 de febrero de 2023, Liberty

presentó "Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción". Sin
KLRA20230020 1

atender la Moción presentada el 9 de febrero de 2023, se celebró

una vista en la que todas las partes estuvieron de acuerdo en que
no se llevara a cabo el descubrimiento de prueba por no existir

controversias de hechos, solo de derecho. Así la cosas, DRA-OGPe

les otorgó a las partes hasta el 16 de marzo de 2023 para

presentar memorando de derecho sobre las alegaciones.

      Ante ello, el 16 de febrero de 2023 Liberty presentó Moción

Suplementaria a su solicitud de desestimación. Por su parte, el 16

de marzo de 2023, los Recurrentes presentaron memorandos de

derecho. Finalmente, el 4 de abril de 2023, DRA-OGPe emitió

Resolución de Revisión Administrativa en la que declaró "No Ha

Lugar" el recurso presentado. Por su parte, determinó que los

señalamientos correspondientes al permiso original no podían ser
revisados puesto a que había sido otorgado el 22 de diciembre de

2021, por lo que era final y firme y se presume su corrección.

Concluyó, además, que la solicitud de la enmienda al permiso

cumple con lo requerido por el Reglamento.

      Inconforme con la determinación, el 4 de mayo de 2023, los

Recurrentes presentaron el Recurso de Revisión Judicial que nos

ocupa e imputaron la comisión de los siguientes errores:

     PRIMER SEÑALAMIENTO: ERRÓ LA DRA-OGPE AL
     AVALAR LA OTORGACIÓN DE ENMIENDA A
     PERMISO      PARA       UNA   TORRE    DE
     TELECOMUNICACIONES, QUE TRIPLICÓ EL ÁREA
     DE TERRENO A SER IMPACTADA Y CUADRIPLICÓ
     LA CANTIDAD DE CORTEZA TERRESTRE A SER
     REMOVIDA, EN TERRENO CLASIFICADO CON UNA
     SUSCEPTIBILIDAD     ALTA   Y MUY  ALTA  A
     DESLIZAMIENTO         SEGÚN   EL     USGS,
     CONTRAVINIENDO LA PROHIBICIÓN EXPRESA DE
     LA SEC.    9.11.2.3(B) ANTE, SIN SIQUIERA
     CELEBRAR UNA CONSULTA DE UBICACIÓN PARA
     VARIACIÓN, SIENDO QUE NO ES UN USO
     PERMITIDO PARA DICHA CLASIFICACIÓN DE
     TERRENO.

     SEGUNDO SEÑALAMIENTO: ERRÓ LA DRA-OGPE
     AL CONCLUIR QUE LA SOLICITUD DE QMC, Y LA
     OGPE AL EVALUAR Y APROBARLA, "CUMPLE CON
     LAS DISPOSICIONES ANTES CITADAS PARA SER
     CONSIDERADO COMO UNA ENMIENDA" CUANDO
KLRA20230020 1                                                               5

      INCUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA
      TODA SOLICITUD,     COMO    LA   EVALUACIÓN
      AMBIENTAL    Y     PERMISOS     ADICIONALES
      REQUERIDOS, Y  LOS   REQUISITOS ESPECÍFICOS
      DE LA SEC. 9.11.4.2, REGLAMENTO CONJUNTO
      2020.

      TERCER SEAÑALAMIENTO: ERRO LA DRA-OGPE
      AL VALIDAR LA EXPEDICIÓN POR LA OGPE DE LA
      ENMIENDA AL PERMISO ORIGINAL, QUE ALTERÓ
      ESTRUCTURALMENTE LA FUNDACIÓN DE LA
      CONSTRUCCIÓN, DUPLICÓ LA SUPERFICIE DE
      TERRENO A SER REMOVIDA, CUADRUPLICÓ EL
      VOLUMEN DE CORTEZA A SER REMOVIDA Y
      TRIPLICÓ EL ÁREA DE IMPACTO, COMO UN [SICI
      SIMPLE ENMIENDA AL PERMISO CUANDO, DE UNA
      INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA ENTRE LA
      SEC. 9.11.4.2 (PARA CAMBIO O ALTERACIÓN
      ESTRUCTURAL) Y LA SEC. 9.11.10.2 (PARA
      ENMIENDAS     A    PLANOS),   AMBAS    DEL
      REGLAMENTO      CONJUNTO    2020,   Y   LA
      REGULACIÓN FEDERAL     AL   RESPECTO,  QUE
      OCUPA EL CAMPO, SE COLIGE QUE EL CAMBIO O
      ALTERACIÓN ESTRUCTURAL DE TAN GRANDE
      ENVERGADURA REQUIERE DE UN           NUEVO
      PERMISO.

      Habiendo       comparecido      las    partes    y   presentado      sus

respectivos escritos, damos por perfeccionado el presente recurso y

procedemos a exponer el derecho aplicable.

                                      II

A. Deferencia Administrativa

       El objetivo principal de la revisión judicial se enfoca en

garantizar que las agencias administrativas actúen conforme a las

facultades concedidas por ley.2 Constituye una norma reiterada

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales

apelativos deben conceder deferencia a las determinaciones de las

agencias administrativas por la experiencia y conocimiento

especializado que éstas poseen sobre los asuntos ante su

consideración y que por ley se les ha delegado.3 Por ello, las

determinaciones de las agencias administrativas gozan de una

2 Hernández Feliciano y. Mun. de Quebradillas, 211 DPR 99, 113 (2023); Oficina
de Etica Gubernamental u. Martínez Giraud, 209 DPR 79, 88 (2022).
3 Hernández Feliciano u. Mun.      de Quebradillas, supra; Oficina de Etica
Gubernamental u. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez y. Supte.
Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera u. Policía de PR, 196 DPR 606, 626
(2016).
KLRA20230020 1

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben

respetar mientras       que no se presente evidencia suficiente para

superarla o invalidarla.4

        La parte que impugna judicialmente una determinación de

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba

para demostrar que estas no están basadas en el expediente o que

las conclusiones a las que llegó son irrazonables.5 Conforme a lo

dispuesto en la sección 4.5 de la LPAU6, las determinaciones de

hechos de una agencia del Gobierno "se sostendrán si se

fundamentan en evidencia sustancial que obre en el expediente

administrativo."7 A estos fines, el Tribunal Supremo ha establecido

que la evidencia sustancial es "aquella prueba relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión".8 Empero, la aceptación no puede estar sostenida por

un ligero destello de evidencia o por simples inferencias.9

       Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio

sobre la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de

la actuación de la agencia, luego de considerar el expediente

administrativo en su totalidad.10 Consecuentemente, la revisión

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de

discreción." De este modo, el alcance del proceso de revisión se

ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

  Capó Cruz y. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).
   González Segarra et al. y. CFSE, 188 DPR 252, 276-278 (2013); OCS y.
Universal, 187 DPR 164, 178-179 (2012).
63 LPRA sec. 2175.
  JP, Plaza Santa Isabel y. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
8 Capó Cruz y. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo y. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004).
  Oficina de Etica Gubernamental u. Martínez Giraud, supra, pág. 90.
10 Oficina de Etica Gubernamental u. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres

Rivera u. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero y. Toyota, 163 DPR 716, 727
(2005).
11 Torres Rivera u. Policía de PR, supra, pág. 626.
KLlA2O23OO2O 1                                                              7

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las

correctas. 12

         Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en todos sus aspectos.'3 No obstante, la revisión judicial

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación

del      organismo     administrativo.'4     Los     tribunales     revisores

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el

dictamen administrativo.'5 En virtud de ello, los tribunales

revisores descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el

cual cederá la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1)

erró al aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente,

o; 3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.'6
         Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer

cuando la interpretación estatutaria realizada por una agencia
provoque un resultado incompatible o contrario al propósito para

el cual se aprobó la legislación y la política pública que la

promueve.'7       En      ese    sentido,      la     deferencia     judicial

al expertise administrativo,      concedido         cuando   las    agencias

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten

irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una
injusticia.'8 Por ende, los tribunales tienen que armonizar, siempre

que sea posible, todos los estatutos y reglamentos administrativos

involucrados para la solución justa de la controversia, de modo

que se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable.19

12 Id., pág. 627.
13 Oficina de Etica Gubernamental y. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capá Cruz
u. Junta Planificación et al., supra.
14 Capá Cruz u. Junta Planificación et al., supra.
15 Id.; Rolón Martínez u. Supte. Policía, supra, pág. 36.
16 Id.; JP, Plaza Santa Isabel u. Cordero Badillo, supra.
17 Oficina de Etica Gubernamental y. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.
18 Moreno Lorenzo u. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).
19 Id.
KLRA202300201                                                              8

       Por último, cabe destacar que, en el ejercicio de la función

revisora de los tribunales apelativos, los foros apelativos deben

diferenciar entre asuntos de interpretación estatutaria, del cual los

tribunales son especialistas, y los asuntos propios de la discreción

o la pericia administrativa.20
B. Doctrina del campo ocupado

       El Art. VI, cláusula 2 de la Constitución de los Estados

Unidos establece la tan conocida Cláusula de Supremacía que

dispone lo siguiente:

             Esta Constitución y las leyes de los Estados
       Unidos que en virtud de ella sean creadas; y todos los
       tratados previamente celebrados o que se celebren
       bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley
       suprema de la Nación; y los jueces de cada estado
       estarán obligados a acatarla, aun cuando hubiere
       alguna disposición en contrario en la Constitución o
       en las leyes de cualquier Estado.21

       Es de esta cláusula que se deriva el poder que tiene el

Congreso para ocupar o adelantarse a la ley estatal. El Tribunal

Supremo señala que "[l}a doctrina de campo ocupado se ha

desarrollado con el propósito de evitar conflictos regulatorios entre

dos gobiernos, fomentando así una política uniforme."22 Ante esto,

se entiende que hay una jurisdicción exclusiva del Gobierno
Federal sobre los asuntos de derecho federal en aquellas instancias

en las que el Congreso lo haya dispuesto expresamente o cuando

la intención de la ley es privar de jurisdicción a los tribunales

estatales sobre un asunto federal.23 Adicionalmente, se entiende
que "hay desplazamiento cundo cierto interés o propósito federal

es tan dominante que no debe existir reglamentación estatal, o

cuando la normativa estatal podría producir un resultado

20 Hernández Feliciano u. Mun. de Qtebradillas, supra, pág. 116; OCS y. Point
Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
21 Art. VI, ci. 2, Const. EE. UU.
22 Mun. de Peñuelas u. Ecosystems, Inc., 197 DPR 5, 14 (2016).
23 Id., pág. 14-15
KLRA202300201                                                             9

incompatible con los objetivos federales en determinadas áreas."24

Ante ello, cualquier ley estatal que contravenga la ley federal será

nula.25

C. Ley Federal de Comunicaciones de 1996

      La    ley   federal     de   telecomunicaciones,        expresamente

nombrada, Telecommunications Act of 199626 es la ley federal que

regula el mercado de las telecomunicaciones en los Estados

Unidos. Es por esta pieza legislativa que el marco de las

telecomunicaciones      se     considera    campo     ocupado      por    la

jurisdicción federal. Sin embargo, la sección 332(c)(7)27 de la

referida ley establece lo siguiente:

      (7) Preservation of local zoning authority

             (A) General authority

            Except as provided in this paragraph, nothing in
      this chapter shall limit or affect the authority of a
      State or local government or instrumentality thereof
      over decisions regarding the placement, construction,
      and modification of personal wireless service facilities.

             (B) Limitations

                   (i) The regulation of the placement,
             construction, and modification of personal
             wireless service facilities by any State or local
             government or instrumentality thereof       --

                          (I) shall     not       unreasonably
                    discriminate     among      providers   of
                    functionally equivalent services; and

                             (II) shall not prohibit or have the
                    effect of prohibiting the         provision    of
                    personal wireless services.

                    (ii) A State or local government or
             instrumentality thereof shall act on any request
             for authorization to place, construct, or modify

24 Rodríguez y. Overseas Military, 160 DPR 270, 282 (2003).
25 Id.
26 Ley Púb. Núm. 104 de 8 de febrero de 1996 (110 US Stat. 56), 47 USCA sec.

151.
27 47 USC 332(c)(7).
KLRA20230020 1                                                   lo

          personal wireless service facilities within a
          reasonable period of time after the request is
          duly   filed   with    such    government    or
          instrumentality, taking into account the nature
          and scope of such request.

                (iii) Any decision by a State or local
          government or instrumentality thereof to deny a
          request to place, construct, or modify personal
          wireless service facilities shall be in writing and
          supported by substantial evidence contained in
          a written record.

                (iv) No State or local government or
          instrumentality thereof may regulate the
          placement, construction, and modification of
          personal wireless service facilities on the basis of
          the environmental effects of radio frequency
          emissions to the extent that such facilities
          comply with the Commissions regulations
          concerning such emissions.

                (y) Any person adversely affected by any
         final action or failure to act by a State or local
         government or any instrumentality thereof that
         is inconsistent with this subparagraph may,
         within 30 days after such action or failure to act,
         commence an action in any court of competent
         jurisdiction. The court shall hear and decide
         such action on an expedited basis. Any person
         adversely affected by an act or failure to act by a
         State or local government or any instrumentality
         thereof that is inconsistent with clause (iv) may
         petition the Commission for relief.

          (C) Definitions

          For purposes of this paragraph   --

                (i) the term "personal wireless services"
          means commercial mobile services, unlicensed
          wireless services, and common carrier wireless
          exchange access services;

                  (ii) the term "personal wireless service
          facilities" means facilities for the provision of
          personal wireless services; and

                (iii) the term "unlicensed wireless service"
          means the offering of telecommunications
          services using duly authorized devices which do
          not require individual licenses but does not
          mean the provision of direct -to -home satellite
KLRA202300201                                                              11

             services (as defined in section 303(v) of this
             title) 28 (Énfasis nuestro).

       A tenor con lo antes expuesto, es importante señalar que la

ley federal de telecomunicaciones le reserva autoridad a los

estados y territorios para regular la localización y construcción de

este tipo de instalaciones, y así evitar que se discrimine entre los

proveedores y que se prohíban los servicios inalámbricos.

D. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto
Rico

       La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto

Rico, Ley 161200929 tiene como propósito crear un marco legal y

administrativo para regir la solicitud, evaluación, concesión y

denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Dicha ley

establece que la solicitud de permisos, recomendaciones, licencias

o certificaciones relacionados al desarrollo y uso de terrenos en
Puerto Rico se deberá realizar ante la Oficina de Gerencia de

Permisos sea a nivel central o regional, Municipios Autónomos con

Jerarquía I a V o mediante un profesional autorizado, según

aplique.3° La radicación de la solicitud deberá estar acompañada

de un plano con un polígono en formato digital que ilustre la

ubicación geográfica, utilizando la metodología seleccionada por la

Oficina de Gerencia de Permisos en cumplimiento con las leyes

aplicables y el Reglamento conjunto. La Agencia deberá informar si

la solicitud está completa en un término no mayor de cinco (5) días

laborables desde la presentación de la solicitud, una vez

completada o transcurrido el término, la solicitud se referirá para

la correspondiente evaluación de la Gerentes de Permisos y del

Director de División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental

28 Id.
29 Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-
2009, según enmendada, 23 LPRA 9011 nota et seq.
30 Art. 8.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,

supra, 23 LPRA 9018
KLRA20230020 1                                                            12

que aplique.31 Por su parte, la evaluación de cumplimiento

ambiental es un proceso informal. El secretario auxiliar de la

OGPe, realizará determinaciones del cumplimiento ambiental

requeridas 32

       Ahora bien, el Artículo 8.7 de la Ley 16 1-2009 establece lo

siguiente:

             En las solicitudes discrecionales, la Oficina de
       Gerencia    de    Permisos     emitirá    todas    sus
       determinaciones finales por escrito e incluirá y
       expondrá     en      ellas,   separadamente,        las
       determinaciones de hecho y conclusiones de
       derecho que fundamentan su determinación.

             En el caso de las solicitudes ministeriales, la
      Oficina de Gerencia de Permisos incluirá en el
      expediente una evaluación de los parámetros
      aplicables conforme a las leyes y reglamentos vigentes
      que utilizó para realizar las mismas. Dicha evaluación
      no requerirá determinaciones de hechos ni
      conclusiones de derecho. La determinación final
      advertirá del derecho a solicitar la revisión de la
      misma con expresión de los términos correspondientes
      para solicitar dicha revisión. Cumplido este requisito,
      comenzarán a correr dichos términos. En el caso de
      las determinaciones finales relacionada al proceso de
      recalificación de terrenos, la misma contendrá: (a) una
      advertencia clara del derecho a solicitar revisión
      judicial y el término disponible para ello; y (b) la
      advertencia clara de la fecha de vigencia de las
      recalificaciones.33 (nfasis nuestro)

       Por otro lado, el artículo 9.10 nos habla sobre la certeza de

los permisos, en específico señala que:

              Se presume la corrección y la legalidad de las
       determinaciones finales y de los permisos expedidos
       por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el
       Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por
       los profesionales autorizados. No obstante, cuando
       medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la
       comisión de algún otro delito en el otorgamiento o
       denegación de la determinación final o del
       permiso, o en aquellos casos en que la estructura
       represente un riesgo a la salud o la seguridad, a
       condiciones ambientales o arqueológicas, la
       determinación final emitida y el permiso otorgado
       por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el
       Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o

31 Art. 8.4 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,
supra, 23 LPRA 9018c
32 Art. 8.5 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,

supra, 23 LPRA 9018d
   Art. 8.8 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,
supra, 23 LPRA 9018g
KLRA202300201                                                                 13

          por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado.
          La estructura se podrá modificar, conservar o demoler,
          sólo después de que un Tribunal competente así lo
          determine y siguiendo con el procedimiento judicial
          establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de
          cumplir con el debido proceso de ley.34 (Énfasis,
          nuestro)

          A tenor con lo antes mencionado, la otorgación de un

permiso goza de una presunción de corrección y legalidad. No

obstante, el permiso deberá ser revocado si se demuestra que

dicha infraestructura representa un riego a la salud y seguridad a

condiciones ambientales.

E. Reglamento Conjunto 2020

          El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de

Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación

de Negocios, mejor conocido como Reglamento Conjunto 2020,

tenía como propósito unificar, en un orden lógico todas las reglas

aplicables al uso la expedición de permisos.35 Por su parte, el

Capítulo 9 regula todo lo referente a los proyectos de construcción,

instalación y ubicación de torres. El propósito principal es

"establecer normas y procedimientos necesarios para la obtención

de autorizaciones y permisos para los proyectos de instalación y

ubicación de torres, así como establecer criterios para lograr la

compatibilidad de las torres con las áreas adyacentes a su

ubicación y para proteger la seguridad y salud de los residentes de

las comunidades adyacentes"36 Es bajo esa premisa que este

reglamento prohíbe lo siguiente:

                 No se permitirá la instalación y ubicación de
          torres y de instalaciones de telecomunicaciones en:

34 Art.   9.10 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,
supra, 23 LPRA 9019i
35 En Martínez Fernández y. OGPe, 2023 TSPR 75, 212 DPR             (2023) el
Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó y declaró nulos los Reglamentos
Conjuntos del 2019 y 2020 con efecto prospectivo al 16 de junio de 2023. Al
momento de la evaluación y expedición de los permisos del caso de marras este
último estaba vigente.
36  Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos
Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios,
Reglamento Núm. 9233, Departamento de Estado, 2 de diciembre de 2020, pág.
356
KLRA20230020 1                                                      14

               a. Un radio de cuatro (4) millas del
          emplazamiento del Centro de Radio -astronomía
          (Observatorio de Arecibo) según establecido mediante
          la Ley Núm. 88 de 14 de junio de 1960, según
          enmendada.

                b. Terrenos clasificados como susceptibles a
          deslizamientos por el Servicio Geológico de los
          Estados Unidos del Departamento del Interior
          (USGS).

                c. Estructuras designadas por la JP como sitio o
          zona histórica, en los centros fundacionales de los
          pueblos, entiéndase las plazas de recreo y bloques
          circundantes

                 d. No se permitirá la construcción de estas
          instalaciones en áreas ubicadas dentro del cauce
          mayor.37 (nfasis Nuestros).

          Por otro lado, la sección 9.11.4.2 establece que cualquier

cambio o alteración estructural a la torre o la instalación de

nuevas instalaciones de telecomunicaciones deberá solicitar
permiso ante el OGPe, cuando aplique deberán obtener la

recomendación de la Comisión Federal de Comunicaciones y la

Agencia Federal de Aviación.38 Por otra parte, la sección 9.11.10.2

regula las enmiendas a los planos de los permisos de la siguiente

manera:
          a. Los planos de construcción de obras de
          infraestructura de telecomunicaciones que hayan sido
          previamente certificados bajo las disposiciones de este
          Reglamento pueden enmendarse antes o después de
          haberse iniciado la obra siempre que el profesional
          presente la solicitud de enmienda correspondiente a
          través del sistema electrónico de radicación de la
          OGPe.

          b. Los planos revisados deberán integrar los cambios
          solicitados,   debidamente certificados para su
          aprobación. En este plano se debe indicar en qué
          consisten los cambios.

          c. Si las enmiendas incluyen cambios en la carga
          propuesta u otros cambios que afecten las condiciones

     Id., pág. 661.
38   Id.
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           de conexión, se deberá radicar una nueva Solicitud de
           Recomendaciones antes de radicar la enmienda
           solicitada.
           d. La alteración o cambio particular propuesto en la
           enmienda no podrá realizarse hasta tanto la OGPe
           apruebe la enmienda solicitada. La OGPe emitirá la
           enmienda una vez obtenga la recomendación sobre los
           cambios solicitados.39

           De otro modo, en cuanto a las variaciones la sección 9.11.11

señala que:

          Se podrán solicitar variaciones a los requisitos
          dispuestos en el reglamento para la instalación o
          ubicación de torres y de instalaciones de
          telecomunicaciones cuando estas respondan a
          exigencias tecnológicas, de emergencia o de
          seguridad pública y se cumpla con las siguientes
          disposiciones:

          a. La variación sea solicitada por el dueño en la
          propiedad o su representante autorizado en el
          formulario que se designe para dichos propósitos.
          b. Se someta un Memorial Explicativo en el que se
          discuta si se cumple con uno o más de los criterios
          establecidos en esta Sección que justifica autorizar la
          variación solicitada.
          c. Se someta un estudio de las alternativas
          consideradas para atender la variación solicitada y
          señalar las razones por las cuales la alternativa
          seleccionada es la que mejor responde al interés
          público.
           d. Se acompañe a la solicitud de variación la
          recomendación por escrito del NET en el que se
          señalen   los  factores   que   ameritan  dicha
          recomendación.
          e. La celebración una vista pública es mandatoria
          previo publicación de un aviso de prensa
          anunciando la celebración de la misma en un
          periódico de circulación general.
           f. En caso de autorizarse la variación solicitada, el
          dueño de la torre estará obligado a mantener una
          póliza de seguro de responsabilidad pública no menor
          de un millón de dólares. ($1,000,000.00) a favor del
          Gobierno de Puerto Rico y de la Entidad
          Gubernamental Concernida estatal o municipal con
          titularidad sobre los terrenos donde ubique o
          discurra.4°

     Id., pág. 678.
40   Id., pág. 679.
KLRA20230020 1                                                             16

F. Reglamento para Proyectos de Construcción, Instalación y
ubicación de Torres y Facilidades de Telecomunicaciones

       El Reglamento para Proyectos de Construcción Instalación y

ubicación    de    Torres   y       facilidades    de     telecomunicaciones,

reglamento Núm. 672141 tiene como función principal fiscalizar la

autorización de permisos para la instalación de las torres de
telecomunicaciones y de esta manera crear criterios que
salvaguarden la salud y seguridad de los residentes adyacentes.

       Ante ello, en la sección 2.00 se define Alteración Estructural

de la siguiente forma:

             Todo cambio en los elementos estructurales de
       una torre o estructura existente, tales como: paredes
       de carga, columnas, vigas y techos o toda adición,
       extensión, aumento o variación en tamaño de los
       elementos estructurales existentes o la construcción
       en el edificio o en la torre de nuevos elementos
       estructurales adicionales tales como: techo, vigas,
       columnas o paredes de carga o de aquellos elementos
       que aunque no son estructuras, afectarían el
       comportamiento dinámico de las estructura en caso de
       sismo 42

       Por otra parte, en su sección 3.03, este Reglamento señala

que:

       3.03 Prohibiciones       -
                                    No se permitirá la instalación y
       ubicación     de     torres       y    de        facilidades   de
       telecomunicaciones en:

   1. En un radio de cuatro (4) millas del emplazamiento del
      Centro de Radio-astronomía (Observatorio de Arecibo)
      según establecido mediante la Ley Núm. 89 de 14 de
      junio de 1960, enmendada.

   2. En     terrenos Clasificados como susceptibles a
       deslizamientos por el Servicio de Conservación de
       Recursos Naturales del Departamento de Agricultura
       Federal (NRCD, por sus siglas en inglés).43
   Siendo ello así, en específico la sección 3.04 establece lo

siguiente:

41 Reglamento para Proyectos de Construcción, Instalación y Ubicación de

Torres y Facilidades de Telecomunicaciones (Reglamento de Planificación Núm.
26), Reglamento Núm. 6721, Departamento de Estado, 14 de noviembre de
2003.
42 Id., pág. 5.

   Id., pág. 16.
KLRA20230020 1                                                                 17

           3.04 Variaciones Se podrá autorizar variaciones a
                                   -

           los requisitos dispuestos en este Reglamento para la
           instalación o ubicación de torres y de facilidades de
           telecomunicaciones, cuando éstas respondan a
           exigencias tecnológicas, de emergencia o de seguridad
           pública y se cumpla con las siguientes disposiciones:

           1. La variación sea solicitada por el dueño de la
              propiedad o su representante autorizado en el
              formulario que se designe para dichos propósitos.

           2. Se someta un Memorial Explicativo en el que se
              discuta si se cumple con uno o más de los criterios
              establecidos en esta Subsección que justifica
              autorizar la variación solicitada.

          3. Se    someta un estudio de las alternativas
              consideradas para atender la variación solicitada y
              señalar las razones por las cuales la alternativa
              seleccionada es la que mejor responde al interés
              público.

          4. Se acompañe a la solicitud de variación el endoso
             por escrito de la JRTPR en el que se señalen los
              factores que ameritan dicho endoso.

          5. La celebración una vista pública es mandatoria
             previo publicación de un aviso de prensa
             anunciando la celebración de la misma en un
             periódico de circulación general y en uno
             regional o local de lugar donde se propone
             ubicar la torre.

          6. En caso de autorizarse la variación solicitada, el
             dueño de la torre estará obligado a mantener una
             póliza de seguro de responsabilidad pública no
              menor de un millón de dólares ($1,000,000.00).
              (Infasis nuestro).

                                            III.

          Por estar intrínsecamente relacionados entre sí, discutiremos

en conjunto los tres (3) planteamientos de error traídos ante

nuestra consideración.

          En el recurso ante nos, los Recurrentes señalan la comisión

de varios errores alegadamente cometidos por la DRA-OGPE.

Primeramente, alegan que la agencia no debió otorgar una
enmienda          al     permiso       de   construcción   de   una   torre   de
telecomunicaciones que pretende triplicar el área de terreno a ser
impactada y cuadriplicar la cantidad de corteza terrestre a ser

'4   Id., págs. 16-17.
KLRA202300201                                                     18

removida cuando este terreno fue catalogado como susceptible por

la USGS, violentado así la sección 9.11.2.3 (B) del Reglamento

Conjunto 2020 sin siquiera celebrar una consulta de ubicación

para variación. Adicionalmente señalan que, la agencia erró al

concluir que la solicitud de QMC cumple con las disposiciones

para que la solicitud fuera considerada como una enmienda

cuando esta no cumple con los requisitos específicos de la sección
9.11.4.2 del Reglamento Conjunto 2020. Por último, arguyen que

debido a la magnitud de la enmienda solicitada lo correspondiente
era solicitar un nuevo permiso de construcción en cumplimiento

con las secciones 9.11.4.2 y 9.11.10.2 del Reglamento Conjunto
2020.

        En   diciembre de 2021, OGPe otorgó un permiso de

construcción de torre de telecomunicaciones en favor de QMC

Telecom LLC, compañía de construcción contratada por Liberty.

Así las cosas, luego de una inspección realizada a la obra, los

Recurridos solicitaron enmienda al permiso original el 1 de

septiembre de 2022. Según se desprende del memorial explicativo,

acompañado a la solicitud de enmienda, era necesaria la

modificación del tipo de fundación a ser utilizada a micro -pilotes,

además de la reubicación de las losas de piso en hormigón dentro

del área arrendada y el aumento en el área del movimiento de

tierra de 426.13 metros cuadrados a 930.00 metros cuadrados, por

lo que el área de impacto aumentó a 1,558.43 metros cuadrados

aproximadamente. Ante ello, el 15 de diciembre de 2022, la OGPe

autorizó la propuesta de cambio estructural que solicitó Liberty.

Los Recurrentes sostienen que estas enmiendas violentan lo

establecido por los Reglamentos, a lo que le asiste la razón. Nos
explicamos.

        Según lo anteriormente discutido, la Ley Núm. 161-2009

establece un marco legal para la solicitud de permisos en Puerto
 KLRA202300201                                                           19

 Rico. En su artículo 9.10 se establece que los permisos otorgados

 tienen presunción de corrección y legalidad. No obstante, los

 permisos pueden ser revocados si se demuestra que medió fraude,

 dolo extorción, soborno o la comisión de algún otro delito en el

 otorgamiento o denegación de la determinación final del permiso o

 en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a

 la   salud    y    seguridad,     a    condiciones     ambientales     o

 arqueológicas.

       Por otra parte, el Reglamento Conjunto 2020 unifica en un

 orden lógico todas las reglas aplicables para la expedición de

 permisos.    En    cuanto    a    la    construcción    de    torres   de

 telecomunicaciones el Reglamento señala que no se permitirá la

 instalación de torres en terrenos clasificados como susceptibles a

I deslizamientos por USGS. Ahora bien, en la sección 9.11.11
 establece que podrán solicitar variaciones a los requisitos

 dispuestos en el reglamento para la instalación de torres

 telecomunicaciones       cuando        estas   respondan      exigencias

tecnológicas, de emergencia o de seguridad pública. Además

deberán cumplir con los siguientes requisitos: (a) sea solicitada por

el dueño de la propiedad; (b) se someta un memorial explicativo en

el que se discuta si se cumple con uno o más de los criterios

establecidos en esta sección que justifican autorizar la variación

solicitada;   (c)   se   someta    un    estudio   de   las   alternativas

consideradas para atender la variación solicitada y señalar las

razones por la cuales la alternativa seleccionada es la que mejor
responde al interés público; (d) se acompañe a la solicitud de

variación la recomendación por escrito del NET en el que se

señalen los factores que ameriten dicha recomendación; (e) la

celebración de una vista pública es mandatoria previo
publicación de un aviso de prensa anunciando la celebración

de la misma en un periódico de circulación general; y (f) de
KLRA202300201                                                       20

autorizarse la variación solicitada, el dueño de la torre estará
obligado a mantener una póliza de seguro de responsabilidad

pública no menor de un millón de dólares.

       Inicialmente, la prohibición a la construcción de torres de

telecomunicaciones en terrenos susceptibles a deslizamientos que

establece el Reglamento Conjunto 2020 está atada al reporte de la

USGS. Por lo tanto, se debe partir de la premisa de que considera

los límites que el propio reporte admite y la salvedad que realiza al

asegurar que es una guía general y que no sustituye el estudio

específico de los terrenos. Siendo así, dicha prohibición requiere

lógicamente     que    la   OGPe    evalúe   la   susceptibilidad   a
deslizamientos, tomando en cuenta dicho informe y estudios

específicos del terreno. Lo contrario a esto sería que la agencia

ignore su propio reglamento lo cual nos llevaría a determinaciones

arbitrarias, irrazonables e ilegales.

       A tenor con lo anterior, estando el terreno de construcción

catalogado como susceptible a deslizamientos lo correspondiente

es solicitar una variación a los requisitos dispuestos en ese
Reglamento para la instalación de las torres y cumplir con lo

establecido en dicha sección. Es por lo anterior que, entendemos

que los errores señalados fueron cometidos por la agencia, esto

debido a que los cambios estructurales solicitados ameritaban la

solicitud de un nuevo permiso debido a que la alteración

estructural solicitada era sustancial y correspondía realizar un

nuevo estudio del terreno ya que, como bien establece el propio
reglamento, existe una prohibición de construcción en terrenos

catalogados como susceptibles. Ante ello, se debió cumplir con los

requisitos mencionados para la solicitud de la variación, los cuales

entre ellos exigen la celebración de una vista pública, la cual no se

realizó.
 KLRA20230020 1                                                        21

       Por otra parte, es importante señalar que, si bien es cierto

 que la expedición de un permiso de construcción tiene una

 presunción de corrección y legalidad, no es menos cierto que esta

 puede ser revocada cuando se demuestra que la seguridad, salud o

 condiciones ambientales puedan verse afectadas. Adicionalmente,

 en las solicitudes discrecionales, la OGPe deberá emitir todas sus
 determinaciones finales por escrito e incluir en ellas, las
 determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que
 fundamentan. Del expediente administrativo surge que ni el
 permiso original otorgado ni la enmienda realizada cumplieron con

 lo establecido por el reglamento, ya que estos no contienen

 determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho que
 fundamenten la expedición del permiso.
       Es ante este análisis que determinamos que la agencia no

 cumplió con lo establecido en su propio reglamento al aprobar la

 construcción de una torre de telecomunicaciones en un terreno

 clasificado como susceptible según la USGS y, además, incumplir
 con los requisitos para la solicitud de la variación al no celebrar las
 vistas públicas requeridas.

                                   Iv

       Por los fundamentos antes expresados, los que hacemos

 formar parte de este dictamen revocamos la determinación

 recurrida emitida por la DRA-OGPe.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

 Tribunal de Apelaciones. La Juez Domínguez Irizarry concurre sin
I voto escrito. La Jueza Rivera Marchand concurre con voto escrito

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                            Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELAcIoNEs
                                     PANEL ESPECIAL
                                     OATA -2023-1311
     ERNESTO RIVERA                                                    REVISIÓN
        BURGOS,.                                              ADMINISTRATIVA
PURIFICACIÓN RIVERA,                                               procedente de la
     ERNESTO RIVERA                                  ¯
                                                                   Oficina de Gerencia
     RIVERA Y MARÍA T.                                             de Permisos (OGPe)
      RIVERA RIVERA
                                                                       Revisión número:
        Recurrentes
                                                                       2023 -472218 -SDR-
                      Vs.              KLRA202300201 011389
    DEPARTAMENTO DE                                                         Caso número:
       DESARROLLO
       ECONÓMICO Y                                        .2020-323 102 -PCOC                       -

    COMERCIO, OFICINA                                                           028873
     DE GERENCIADE
    PERMISOS (OGPe); AT                                                         Sobre:
      & T MOBILITY OF
    PUERTO RICO (AHORA                                                          Permiso de
      LIBERTY PUERTO                                                            Construcción para
           RICO)                                                                Facilidad de
                                                                       Telecomunicaciones:
        Recurridos
                                                          ___________________
Panel integrado por su presidenta, la Juez Dominguez Irizarry, la
Juez Rivera Marchand y el Juez Cruz Hiraldo.

     VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA RIVERA MARCHAND

       En. San Juan, Puerto Rico, a .i de febrero de 2024.

       Respetuosamente concurro de la determinación mayoritaria

por entender que procede resaltar la aplicabilidad de la Ley Número

89-2000 conocido como Ley sobre la Construcción, Instalación y
Ubicación de Torres de Telecomunicaciones, según enmendada (27
LPRA sec. 321 y Ss) así como lo resuelto en el dictamen emitido

correspondiente al recurso KLRA2O2 1000084 cuyo Mandato fue

expedido el 21 de julio de 2021.

       La Ley Núm. 89-2000, supra, propende a un balance de

intereses, entre la regulación de la construcción de torres de

telecomunicaciones, la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
Véase además Mun. de San Sebastián y. QMC Telecom, 190 DPR 652,

1Mediante la Orden Administrativa OATA-2023- 131 se designa al Juez Joel A.
Crúz Hiraldo en sustitución de la Juez Wa1ska I. Aldebol Mora.

Número Identificador
SEN2024
          _________
KLRA202300201                                                           2

666. Para lograr lo anterior, se estableció como política pública la
ubicación de antenas de telecomunicaciones en una misma facilidad
y la armonización de las necesidades de cobertura de las empresas

de telecomunicaciones con los intereses de la ciudadanía. Íd. De la
Exposición de Motivo.s de la Ley 89-2000 surge que, no se puede
limitar ni menoscabar el reclamo de personas y comunidades sobre

la seguridad de sus. propiedades y su salud personal ante estos tipos

de torres de telecomunicaciones. Cónsono con lo anterior, el
Tribunal Supremo interpretó el alcance de la palabra "seguridad".
Dispuso y citarn.Os "[pjor tro lado, al hablar de seguridad nos

referimos necesariamente al riesgo de un daño que en mayor o
menor grado sea real, pues nadie razonablemente busca protección
de aquello que notiene la posibilidad de producirnos un perjuicio."
Mun. de San. Sebastián y. QMC Telecom, supra, pág. 683. Afiádase a
ello que, del historial del estatutosurge ycitamos: "Propósito. El art.
3 de la Ley de Junio 6, 2000, Núm. 89, dispone (a) [...](b)[. .](c) "La
                                                               .

proliferación de torres que albergan antenas en zonas urbanas o en

las cercanías de residencias crea desasosiego y temor por la
seguridad y vida de dichos titulares y requiere de legislación que

armonice los intereses comerciales con el de los titulares y requiere

de legislación que armonice los intereses comerciales con el de los
ciudadanos de modo que se logre una convivencia sana y una mejor
calidad de vida.[...]". Lo antes, para evitar la proliferación de torres
en la isla y salvaguardar la seguridad en lugares, como ocurre en el
caso de autos, susceptibles de deslizaznientos.
      Dentro de este contexto expuesto en el referido estatuto
especial, reitero mi postura que, los permisos para torres de

telecomunicaciones no son meramente de fácil verificación y
constituidos por la vila ministerial. Nos encontrarnos ante un
permiso de naturaleza discrecional que según dispone la normativa

expuesta,   requiere de un proceso         con vistas con          amplia
KLRA202300201                                                         3

participación ciudadana, que debería resultar en un permiso en el

cual, se consignen determinaciones de hecho y derecho. No hacerlo
propende a que se evade la revisión judicial y el acceso a la justicia,

trastocando así el fin de nuestro Ordenamiento administrativo.
      Ciertamente coincidimos con la mayoría en que, como

cuestión de derecho, la enmienda recurrida no procede. Ahora bien,
soy de la opinión que tampoco la parte recurrida continuará

contando con un permiso original que entiende que goza de validez
y finalidad porque nunca fue impugnado. De un análisis sosegado

de las leyes aplicables y en particular a la intención legislativa de la
ley especial sobre la construcción de torres de telecomunicaciones,

nos encontramos ante un permiso de naturaleza discrecional que
según dispone la normativa antes expuesta, requiere para su

finalidad la consignación de determinaciones de hecho y derecho.

                     JUEZA DE APELACIONES