Court Opinion

ID: 9394824
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:12:48.915474+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.463542
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
                                PANEL XI

  VÍCTOR VEDOVATO Y                                  Revisión de Decisión
   SHARI VEDOVATO                                    Administrativa
                                                     procedente del
Querellantes - Recurridos                            Departamento de
                                                     Asuntos del
              V.                                     Consumidor

JOVA ENTERPRISES, LLC KLRA202300091                  Caso Núm.:
 H/N/C PUERTO RICO                                   SAN-2021-0009172
      SOTHEBY’S       Consolidado con:
   INTERNATIONAL Y                                   Sobre:
  ORIANA JUVELIER     KLRA202300092                  Bienes Raíces (Ley
                                                     Núm. 10 de 26 de
Querellados - Recurrentes                            abril de 1994,
                                                     según enmendada)
    SARAH O’BRIEN
   GREENE-FLAHERTY

     Parte Interesada
       Recurrente

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      Comparecen        Jova   Enterprises,   LLC,    h/n/c    Sotheby’s

International, Inc. (en adelante, PRSIR o parte recurrente) y la

señora Oriana Juvelier, (en adelante, señora Juvelier o parte

recurrente), mediante recurso de Revisión Judicial con identificación

alfanumérica KLRA202300091 y, la señora Sarah O’Brien Greene-

Flaherty (en adelante, señora O’Brien o parte recurrente), mediante

recurso de Revisión Judicial con identificación alfanumérica

KLRA202300092. En ambos recursos, los recurrentes nos solicitan

la revisión de una Resolución emitida y notificada el 25 de enero de

2023, por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO),

mediante la cual, declaró CON LUGAR una Querella presentada por

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                        2

el matrimonio del señor Víctor M. y la señora Shari Vedovato, (en

adelante, matrimonio Vedovato o parte recurrida). Consecuente a

ello, la agencia ordenó a los recurrentes de epígrafe, devolver a la

parte recurrida un depósito realizado por el matrimonio Vedovato a

la señora O’Brien, en atención a un contrato suscrito por ambos.

      Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a

continuación, se desestiman los recursos de epígrafe por falta de

jurisdicción, al haberse incoado los mismos de manera prematura.

Se devuelve el caso a DACO para la continuación de los

procedimientos.

                                 I

      Conforme surge del expediente, el 11 de junio de 2021, el

matrimonio Vedovato presentó una Querella ante DACO, Querella

Núm. SAN-2021-009172, contra PRSIR y la señora Juvelier. Allí, la

parte recurrida alegó que, el 7 de mayo de 2021, suscribió un

documento intitulado Purchase and Sale Contract (el Contrato),

mediante el cual, pactaron con la señora O’Brien los términos y las

condiciones que regirían en la compra y venta de la residencia

principal de esta última, ubicada en Dorado. A esos efectos, las

partes acordaron que el precio de venta del inmueble sería de cinco

millones de dólares ($5,000,000.00). En adición, las partes

convinieron que, el matrimonio Vedovato le entregaría a la señora

O’Brien la suma de quinientos mil dólares ($500,000.00), por

concepto de depósito. Asimismo, por medio del aludido Contrato, el

matrimonio Vedovato se obligó a cerrar el negocio de compraventa

en o antes del 6 de junio de 2021.

      Es menester destacar que, el Contrato contenía una cláusula

la cual disponía que, la parte recurrida, como compradora, tenía

derecho a inspeccionar la propiedad en cuestión, por medio de un

profesional licenciado y certificado. La misma cláusula estipulaba,

además, que, la inspección debía llevarse a cabo durante un periodo
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de veinte (20) días, contados a partir de la fecha en la que se firmase

el Contrato. De no llevarse a cabo la referida inspección, se aceptaría

automáticamente el estado del inmueble. En adición, la cláusula

indicaba   que,   independientemente      de   los    resultados   de   la

inspección, ello no era causa para que el matrimonio Vedovato

prescindiera del Contrato, por lo que estaba obligado a cerrar la

compra en la fecha de cierre, según estipulada.1

      A tales efectos, el matrimonio Vedovato alegó en su Querella

que, contrató los servicios del inspector certificado, señor Felipe

Muñoz, (en adelante, el inspector) para que llevara a cabo la aludida

inspección. No obstante, según adujo la parte recurrida, aunque la

inspección se llevó a cabo dentro de los días pactados en el Contrato,

a la fecha del 3 de junio de 2021, esta no había recibido el informe

final por parte del inspector. Alegó, además, que, por conversaciones

preliminares con el inspector, obtuvo información sobre las

condiciones del inmueble, que desconocía y, con las cuales no

estaba de acuerdo. En vista de ello, el matrimonio Vedovato cursó

una misiva a la señora Juvelier en donde solicitó una extensión del

término pactado en el Contrato. Sin embargo, según surge, al día

siguiente, 4 de junio de 2021, la señora O’Brien denegó la solicitud

de extensión del término.

      Consecuentemente,        conforme     sostuvo     el   matrimonio

Vedovato, este le solicitó a la señora Juvelier y a la señora O’Brien

la devolución del depósito de quinientos mil dólares ($500,000.00),

como producto de los resultados del informe llevado a cabo por el

inspector. No obstante, arguyó el matrimonio Vedovato que, si bien

la señora Juvelier no contestó a la misiva sobre la devolución del

depósito, la señora O’Brien sí respondió, denegando la misma.

1 Véase Apéndice de la parte recurrente, del recurso de Revisión Judicial
KLRA202300091, pág. 49.
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       Así las cosas, en su Querella, el matrimonio Vedovato solicitó

a DACO la devolución del depósito y, además, que se declarase nulo

el Contrato suscrito con la señora O’Brien. Sobre esto último, la

parte recurrida sostuvo que, el Contrato contenía cláusulas

contrarias a derecho, y carecía de elementos esenciales, propios de

los contratos en Puerto Rico.

       En lo pertinente, luego de presentada la Querella, el 16 de

junio de 2021, PRSIR y la señora Juvelier presentaron a DACO una

Solicitud de Resolución Sumaria al Amparo de la Regla 11 del

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos.2                     Mediante esta,

sostuvieron que, el remedio solicitado por medio de la Querella se

había tornado académico, puesto que, el depósito reclamado había

sido consignado ante el Tribunal de Primera Instancia.3 En

consecuencia, manifestaron que, la Querella debía ser cerrada y

archivada, de manera sumaria. A raíz de ello, el 2 de septiembre de

2021, la parte recurrida presentó su Oposición a Solicitud de

Resolución Sumaria al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de

Procedimientos Administrativos. En virtud de esta, el matrimonio

Vedovato sostuvo que, DACO era la agencia administrativa con

jurisdicción para atender la cuestión planteada en la Querella, y que

la doctrina de academicidad no podía aplicarse puesto que, (1) la

cuestión planteada era susceptible de repetición y, (2) porque

existían consecuencias colaterales que lo impedían.

2 En su escrito, PRSIR y la señora Juvelier alegaron que, recibieron copia de la
referida Querella por correo electrónico y que, el documento no suponía una
notificación oficial de la agencia. En relación a ello, conforme surge del expediente,
DACO notificó la Querella a PRSIR y a la señora Juvelier el 17 de junio de 2021,
es decir, un día después de estas haber presentado su Solicitud de Resolución
Sumaria.
3 Según surge del expediente, una Moción de Consignación fue presentada ante el

foro primario el 25 de junio de 2021, por PRSIR. Junto a la Moción, PRSIR anejó
un cheque por la cantidad de $492,464.44, pagadero a la orden del Secretario del
Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. En su Moción, PRSIR sostuvo que, la
diferencia entre la cantidad del cheque y la cantidad del depósito, a saber,
$7,535.56, había sido retirada luego de la autorización de las partes suscribientes
en el Contrato, con el propósito de reconectar el servicio de energía eléctrica en el
inmueble en cuestión.
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       Posteriormente, el 12 de octubre de 2021, PRSIR y la señora

Juvelier presentaron una Moción Asumiendo Representación Legal;

Reiterando Solicitud de Resolución Sumaria por Academicidad;

Oposición a Solicitud para Enmendar Querella y en torno a Escritos

de los Querellantes. En lo aquí pertinente, PRSIR y la señora Juvelier

reiteraron su postura en cuanto a que la Querella debía

desestimarse por academicidad, mediante resolución sumaria.

       Transcurrido casi un (1) año, el 7 de septiembre de 2022,

DACO emitió una Notificación de Orden y Citación de Vista

Administrativa, mediante la cual señaló una vista para el 11 de

octubre de 2022. Ante ello, el 16 de septiembre de 2022, la señora

O’Brien presentó una Moción Urgente para que se Mantengan en

Suspenso los Procedimientos. Asimismo, PRSIR y la señora Juvelier

presentaron una Moción solicitando Paralización de los Procesos,

Término     para     Contestar      la   Querella      y   Acumular       Partes

Indispensables y Notificación a través de Representación Legal. En

esencia,    ambas      partes     solicitaron    la    paralización     de    los

procedimientos ante la agencia administrativa, hasta tanto varios

procedimientos relacionados al caso, y que se encontraban ante los

foros judiciales, estuviesen resueltos de manera final y firme.4

       El matrimonio Vedovato se opuso a ambas solicitudes de

paralización, el 6 de octubre de 2022. Mediante su Enérgica

Oposición a Ambas Mociones Solicitando Paralización o Suspensión

de los Procedimientos Administrativos y Otros Extremos,                        el

matrimonio Vedovato sostuvo que, las partes querelladas se habían

4 El 14 de junio de 2021, la señora O’Brien presentó una Demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia, en la que solicitó el depósito de quinientos mil
dólares ($500,00.00) consignado, por entender que el mismo le pertenecía, a tenor
con las cláusulas del contrato suscrito entre esta y el matrimonio Vedovato. Tras
varios trámites procesales, el 2 de febrero de 2022, notificada el 3 de febrero de
2022, el foro primario emitió una Sentencia a través de la cual paralizó los
procedimientos judiciales, hasta tanto DACO dilucidara la controversia ante su
consideración. Dicha Sentencia fue confirmada por un panel hermano de este
Tribunal de Apelaciones, el 6 de junio de 2022, en el caso KLAN202200151.
Posteriormente, la señora O’Brien acudió mediante recurso de Certiorari ante el
Tribunal Supremo, CC-2022-0535, y el mismo fue declarado No Ha Lugar el 21
de octubre de 2022.
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excedido del término dispuesto en ley de veinte (20) días para

replicar a la Querella, por lo que debía anotársele la rebeldía a

ambas.    En   adición,   el   matrimonio    Vedovato     solicitó   la

recalendarización de la vista señalada. No obstante, según surge del

expediente, la vista se llevó a cabo en el día señalado, el 11 de

octubre de 2022. Allí, según surge y en lo aquí pertinente, la señora

O’Brien solicitó ser incluida como parte en la Querella. Asimismo,

las partes acordaron someter mociones de sentencia sumaria, en

conjunto con sus respectivos memorandos de derecho, para la

disposición de la Querella.

      A tenor con lo anterior, DACO emitió una Notificación de

Orden y Citación a Vista Administrativa, el 24 de octubre de 2023.

En virtud de esta, DACO, (1) declaró NO HA LUGAR la Solicitud de

Resolución Sumaria presentada por PRSIR y la señora Juvelier el 16

de junio de 2021; (2) aceptó a la señora O’Brien como parte

interventora en la Querella; (3) concedió a la señora O’Brien, a PRSIR

y a la señora Juvelier un término de veinte (20) días para contestar

la Querella y presentar sus mociones de sentencia sumaria; y (4)

señaló los días 22 y 23 de noviembre de 2022 para llevar a cabo las

vistas administrativas.

      En cumplimiento con lo dictaminado, el 17 de noviembre de

2022, PRSIR y la señora Juvelier presentaron su Contestación a

Querella. En la misma fecha, contestó la señora O’Brien. En sus

respectivas contestaciones, PRSIR, la señora Juvelier y la señora

O’Brien, negaron la mayoría de las alegaciones en su contra y

presentaron sus defensas afirmativas. Asimismo, solicitaron la

desestimación de la Querella. En adición, la señora O’Brien presentó

una Reconvención contra el matrimonio Vedovato, y una Querella

contra Tercero, contra la corredora independiente de bienes raíces

contratada por el matrimonio Vedovato, la señora Mariángel Martí

(en adelante, señora Martí). En apretada síntesis, la señora O’Brien
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adujo, por medio de su Reconvención que, el matrimonio Vedovato

incumplió con su obligación contractual al no comparecer al cierre

del Contrato en la fecha estipulada. De otro lado, a través de la

Querella contra Tercero alegó que, la señora Martí interfirió

torticeramente con sus derechos, al cooperar con el matrimonio

Vedovato a incumplir con el contrato. A tales efectos, la señora

O’Brien solicitó a DACO que (1) declarara su derecho al recibo del

depósito entregado por el matrimonio Vedovato; (2) ordenara el

cumplimiento específico del Contrato y la entrega del depósito; (3)

concediera una suma por daños extracontractuales causados por el

matrimonio Vedovato y la señora Martí; (4) y, concediera el pago de

honorarios de abogados y costas a su favor.

       Posteriormente y también en cumplimiento con lo ordenado,

el 12 de diciembre de 2022, el matrimonio Vedovato presentó su

Solicitud de Disposición Sumaria al Amparo de la Regla 11 del

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO. Evaluada la

Solicitud, DACO emitió una Orden el 22 de diciembre de 2022,

notificada el 27 de diciembre de 2022, en la que ordenó a las partes

a contestar la Solicitud de Disposición Sumaria presentada por la

parte recurrida, en un término de veinte (20) días. Así pues, el 11 de

enero de 2023, la señora O’Brien presentó su Oposición a Solicitud

de Disposición Sumaria al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos del DACO.5 En esa misma fecha, PRSIR

y la señora Juvelier presentaron su Oposición a Solicitud de

Disposición Sumaria al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos del DACO, a través de la cual,

destacamos que, se unieron a la Oposición presentada por la señora

O’Brien.

5Junto con su contestación a la Querella, la señora O’Brien presentó una Solicitud
de Desestimación al Amparo de la Regla 10.1 del Reglamento de Procedimientos
Adjudicativos del DACO por Falta de Jurisdicción, Academicidad, y/o por Constituir
una Querella Patentemente Inmeritoria.
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       Precisa destacar que, el mismo 11 de enero de 2023, la señora

O’Brien presentó dos (2) mociones ante DACO, a saber: Moción

Solicitando Anotación de Rebeldía y Moción en Solicitud de Expedición

de Citación. En virtud de la primera, la señora O’Brien adujo que, la

señora Martí no había presentado su contestación a la Querella

contra Tercero instada en su contra, dentro del término dispuesto en

ley para ello, por lo que debía anotársele la rebeldía. Por medio de la

segunda, la señora O’Brien solicitó a DACO que, citara a la señora

Martí para su comparecencia a la vista señalada para el 24 de enero

de 2023.6 Cabe destacar que, conforme surge del expediente, DACO

no realizó un señalamiento formal de vista administrativa para dicha

fecha. No obstante, las partes comparecieron a la agencia el 24 de

enero de 2023, y la vista administrativa fue celebrada.7

       En la referida vista, DACO determinó que resolvería las

mociones dispositivas en o antes del 7 de febrero de 2023. Asimismo,

dictó que las partes tendrían diez (10) días para informar su

disponibilidad en determinadas fechas del mes de marzo, por si

surgía la necesidad de señalar alguna otra vista administrativa. No

obstante lo anterior, al próximo día, el 25 de enero de 2023, DACO

emitió y notificó una Resolución. Mediante la misma, el foro

administrativo consignó las siguientes determinaciones de hechos:

       1.   Las partes querellantes se identifican en la
            presente querella como los Srs. Víctor M. y Shari
            Vedovato (Querellantes), residentes de Dorado,
            P.R. y con dirección postal, según surge del
            expediente administrativo, en 263 Dorado Beach
            East Dorado, P.R. 00646-2217.

       2.   La parte querellada se identifica en la presente
            querella como Jova Enterprises, LLC h/n/c Puerto
            Rico Sotheby’s International Realty, Inc. (Jova),
            una corporación doméstica de responsabilidad
            limitada y con fines de lucro que está registrada y

6 No surge del expediente disposición de DACO sobre dichas mociones, si alguna.
7  Conforme surge, comparecieron a la vista las siguientes personas: la señora
Vedovato, junto a sus representantes legales, licenciados Yulimar Zayas Pagán y
Luis Vivoni López y, el señor Juan Segarra Palmer, como intérprete; la licenciada
Frances Devaris Martínez, en representación de PRSIR y la señora Juvelier; y los
licenciados Alfredo Fernández Martínez, Carlos Baralt Suárez y José Martínez
Rivera, en representación de la señora O’Brien.
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          activa ante el Registro de Corporaciones y
          Entidades del Departamento de Estado del
          Gobierno de Puerto Rico desde el día 1 de
          septiembre de 2011 bajo el número 205431, cuyo
          Agente Residente es la Sra. Margaret Juvelier y
          dirección postal es 1052 Ashford Avenue San Juan,
          P.R. 00907.

     3.   La parte coquerellada se identifica en la presente
          querella como la Sra. Oriana Juvelier (Sra.
          Juvelier), corredora de bienes raíces, residente de
          San Juan, P.R. y con dirección postal, según surge
          del expediente administrativo, en 1052 Ashford
          Avenue San Juan, P.R. 00907.

     4.   La parte interventora en la presente querella se
          identifica como Sarah O’Brien Greene-Flaherty
          (Sra. O’Brien), residente de Dorado, P.R. y con
          dirección,   según     surge    del   expediente
          administrativo, en 357 Dorado Beach East Dorado,
          P.R. 00646.

     5.   El día 7 de mayo de 2021, los Srs. Víctor M. y Shari
          Vedovato firmaron un Purchase and Sale Contract
          (Contrato) donde acordaron con la Sra. [Sarah]
          O’Brien Green-Flaherty la compraventa de la
          propiedad localizada en 357 Dorado Beach en
          Dorado, Puerto Rico por la cantidad de cinco
          millones de dólares ($5,000,000.00), de los cuales
          los Compradores transferirían al Vendedor la
          cantidad de quinientos mil dólares ($500,000.00)
          como Depósito a ser guardados en la cuenta de
          fideicomiso (Escrow Account) de la corredora de
          bienes raíces, la Sra. Oriana Juvelier.

     6.   Entre las cláusulas del Contrato, se redactó una
          cláusula sobre inspección de la propiedad que lee
          como sigue:

          “(…) Purchaser represents and warrants to Seller
          that Purchaser has been informed of and granted
          access to the Property to conduct a complete and
          through examination of the same; and with the
          opportunity of during the Term period to inspect,
          Purchaser has been informed of his/her right to
          have the Property inspected by a licensed
          professional duly certified by the Commonwealth of
          Puerto Rico. This Contract is subject upon Purchaser
          having the right to engage a professional inspector,
          at Purchaser’s sole cost, to determine the structure
          and condition of the property. The inspection shall
          be conducted and the contingency concluded within
          Twenty (20) calendar days from the date of the
          execution of this Contract (the “Inspection Period”).
          Failure from Purchaser to request an inspection
          within the allowed period will result in an automatic
          acceptance of the state of the property “AS IS,
          WHERE IS”. Results of the inspection is no cause to
          terminate this Agreement and Purchaser’s
          obligation to close on the purchase of the Property on
          the Closing Date.
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          For purposes of determining the Twenty (20)
          calendar day Inspection Period, the days occurring
          during said period in which the Inspection could not
          be performed, or Purchaser could not have access to
          the Property due to a Major Event should not be
          counted. For purposes of this Contract, the term
          “Major Event” is limited to lockdowns or
          inaccessibility to the Property for reasons
          attributable to the COVID-19 Pandemic and/or Acts
          of Nature such as hurricanes, floods, earthquakes,
          landslides, tornados, tsunamis, and storms (“Acts of
          Nature”)(…)”. Cláusula 11.

     7.   Entre las cláusulas del Contrato, se redactó una
          cláusula sobre pacto de retención de depósito
          incondicional que lee como sigue: “(…) Upon any
          termination on this Agreement, the Earnest Money
          Deposit shall not be returned to Purchaser. (…)”.

     8.   Los Querellantes entregaron el Depósito a Jova por
          conducto de la Sra. Juvelier.

     9.   El día 4 de junio de 2021, por conducto de
          representación legal los Querellantes solicitaron a
          la Sra. Juvelier y a Jova la devolución del Depósito,
          pero hasta el día 9 de diciembre de 2022, las
          mismas han retenido el mismo, negándose a
          devolverles el depósito.

     10. El día 11 de junio de 2021, los Querellantes
         radicaron su querella ante el Departamento de
         Asuntos al Consumidor solicitando a [e]ste que
         declare nulo el contrato habido entre las partes por
         ser contrario a la ley, y que se ordene a la Sra.
         Juvelier y a Sotheby’s la devolución inmediata del
         Depósito de quinientos mil dólares ($500,000.00) a
         los Vedovato con cualquier otro pronunciamiento
         que en derecho proceda, entre otros.

     11. El día 14 de junio de 2021, Jova Enterprises, LLC
         radicó ante el Tribunal de Primera Instancia del
         Centro Judicial de Bayamón, Sala Superior (TPI), el
         caso civil DO2021CV00119 sobre Sentencia
         Declaratoria;    Cumplimiento     Específico    de
         Contrato, presentando una Moción de Consignación
         donde, en esencia, consignó el Depósito provisto
         por los Querellantes, reclamando ciertos remedios.

     12. El día 16 de junio de 2021, Jova Enterprises, LLC
         h/n/c/ Puerto Rico Sotheby’s International Realty,
         Inc. y Oriana Juvelier radicaron ante el
         Departamento una Solicitud de Resolución Sumaria
         al Amparo de la Regla 11 del Reglamento de
         Procedimientos Adjudicativos donde, en esencia,
         solicitó la desestimación de la presente
         controversia por academicidad al haber consignado
         el Depósito en el TPI.

     13. El día 4 de noviembre de 2021, los Querellantes
         radicaron ante el TPI una Moción de Desestimación
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                           11

             y/o Paralización de los Procedimientos y una Moción
             en Réplica a Otra e Informativa donde, en esencia,
             solicitan la paralización y/o desestimación de los
             procedimientos ante el TPI por existir la presente
             querella radicada con anterioridad.

      14. El día 2 de febrero de 2022, el TPI emitió una
          Sentencia donde paralizó administrativamente la
          demanda presentada por la Sra. Sarah O’Brien
          Greene-Fraherty hasta tanto el Departamento de
          Asuntos del Consumidor resuelva la controversia
          sometida ante su consideración.

      15. El día 6 de junio de 2022, tras múltiples trámites
          procesales, el Panel V del Tribunal de Apelaciones
          del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [notificó]
          a las partes una Sentencia en el caso
          KLAN202200151 donde, en esencia, sostuvo la
          Sentencia del TPI bajo el fundamento que el DACO
          es quien tiene la jurisdicción para atender la
          controversia sobre nulidad de contrato bajo la Ley
          10.

      Tras    esbozar   las   determinaciones   de   hechos,   el   foro

administrativo concluyó lo siguiente:

      En la presente querella, los Srs. Víctor M. y Shari
      Vedovato firmaron junto a la Sra. Sarah O’Brien
      Greene-Flaherty un contrato de opción a compra donde
      acordaron la compraventa de la Propiedad localizada en
      357 Dorado Beach East en Dorado, Puerto Rico por la
      cantidad de cinco millones de dólares ($5,000,000.00),
      transfiriendo a la cuenta escrow de Jova Enterprises,
      LCC por conducto de la Sra. Oriana Juvelier la cantidad
      de quinientos mil dólares ($500,000.00) como Depósito.

      En el Contrato, se pactó una cláusula de retención
      incondicional que indica que “(…) Upon any termination
      on this Agreement, the Earnest Money Deposit shall not
      be returned to Purchaser. (…)”, aproximadamente
      traducido como: “al ocurrir cualquier cancelación de
      este Acuerdo, el Depósito no será devuelto al
      Comprador”, cláusulas que han sido específicamente
      proscritas por nuestra Máxima Curia.

      Toda vez que el TSPR ha determinado que dichas
      cláusulas son nulas por contradecir la ley y que, al
      existir las mismas, no es necesario adjudicar si
      efectivamente medi[ó] o no culpa del comprador en el
      fracaso de la compraventa proyectada, no resta más que
      aplicar el Derecho vigente a la presente controversia.

      A tenor con lo anterior, DACO declaró CON LUGAR la

Querella, y ordenó a PRSIR y a la señora Juvelier devolver el depósito

de quinientos mil dólares ($500,00.00) al matrimonio Vedovato.

Inconforme, el 24 de febrero de 2023, la señora O’Brien presentó
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                         12

ante este Tribunal de Apelaciones el recurso de Revisión Judicial,

KLRA202300091 y sostuvo que, DACO cometió los siguientes

errores:

      Primer Error: Erró el DACO al violarle el debido proceso
      de ley a la Sra. O’Brien al ignorar su reconvención, así
      como su querella contra la Sra. Mariángel Martí y
      solicitud para que la Sra. Martí fuera citada a testificar.

      Segundo Error: Erró el DACO al ignorar los términos y
      condiciones claros del Purchase and Sale Contract y
      ordenar la devolución del depósito al matrimonio
      Vedovato conociendo que el dinero no está en posesión
      de los querellados porque estaba depositado en el TPI
      de Bayamón.

      De igual forma, en la misma fecha, PRSIR y la señora Juvelier

presentaron el recurso de Revisión Judicial, KLRA202300092 y

sostuvieron que, DACO cometió los siguientes errores:

      Primer Error: Erró el DACO al asumir jurisdicción para
      resolver una controversia que se había tornado
      académica.

      Segundo Error: Erró el DACO al ordenar a PRSIR y a
      Oriana Juvelier devolver un depósito que consta
      depositado en el Tribunal de Primera Instancia.

      Tercer Error: Erró el DACO al interpretar los términos
      y condiciones del contrato de compraventa.

      El 28 de febrero de 2023, emitimos Resolución mediante la

cual, ordenamos la consolidación de los recursos judiciales,

KLRA202300091 y KLRA202300092, a tenor con las Reglas 17 y

80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En la misma

Resolución, dispusimos hasta el 6 de marzo de 2023 para que las

partes recurrentes acreditaran la notificación del Recurso Judicial

presentado, a las partes y a DACO. Además, concedimos a la parte

recurrida hasta el 27 de marzo de 2023 para exponer su posición.

Tras varias incidencias procesales y una prórroga solicitada y

concedida a la parte recurrida, esta última presentó su Alegato en

Oposición ante este Tribunal, el 12 de abril de 2023.

      Contando con la comparecencia de todas las partes, nos

encontramos en posición para resolver el presente recurso.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                                     13

                                       II

    A. Jurisdicción

       Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.8 Es

normativa reiterada que, los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que, los asuntos relativos

a la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos con

prontitud.9 La ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu

proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el poder del

tribunal para adjudicar una controversia.10

       La Alta Curia ha dispuesto que, para que un recurso quede

perfeccionado es necesaria su oportuna presentación y notificación

del escrito a las partes apeladas.11 Una de las instancias en que un

tribunal carece de jurisdicción es cuando se presenta un recurso

tardío o prematuro. Lo anterior, debido a que, una apelación o

recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del grave e

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.12 Su presentación

carece de eficacia y, como consecuencia, no produce ningún efecto

jurídico, pues no hay autoridad judicial para acogerlo.13

       Un recurso de revisión tardío es aquel que se presenta fuera

del término disponible para ello, y que, consecuentemente,

manifiesta la ausencia de jurisdicción.14 Desestimar un recurso por

8 Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202
DPR 495 (2019); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).
9 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez Resort

& Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).
10 Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200
DPR 254, 268 (2018); Suffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).
11 González Pagán v. Moret Guevara, 202 DPR 1062, 1070-1071 (2019).
12 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, 2022 TSPR 99

(2022); Báez Figueroa v. Administración de Corrección, 2022 TSPR 52 (2022);
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión
Marrero, 2022 TSPR 34 (2022); Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard,
194 DPR 96, 107 (2015).
13 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra; Báez

Figueroa v. Administración de Corrección, supra; Autoridad para el Financiamiento
de la Infraestructura de Puerto Rico v. Carrión Marrero, supra.
14 MMR Supermarket, Inc. v. Municipio Autónomo de San Lorenzo, supra.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                                  14

ser tardío priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente,

ante ese mismo foro, o ante cualquier otro.15 En cambio, la

desestimación de un recurso por prematuro le permite a la parte que

recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que

estaba ante su consideración.16

       Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.17

       Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones18, confiere facultad a este Tribunal para

que, a iniciativa propia o a petición de parte, desestime un recurso

de apelación o deniegue un auto discrecional cuando este carezca

de jurisdicción.

     B. La Revisión de Determinaciones Administrativas

       El Artículo 4.006 (C) de la Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 201-2003, 4 LPRA sec. 24y,

establece la competencia del Tribunal de Apelaciones. En lo

pertinente, dispone que este Tribunal conocerá mediante recurso de

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias

administrativas. (Énfasis nuestro).

       Por su parte, la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA

sec.   9654,    dispone     lo   siguiente    en   cuanto     a   órdenes     o

resoluciones finales emitidas por las agencias administrativas:

       […] La orden o resolución [final] deberá incluir y
       exponer separadamente determinaciones de hecho si

15 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107.
16 Íd., Véase, además, Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).
17 Íd.; Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico v.

Carrión Marrero, supra. Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652,
600 (2014); Suffront v. A.A.A., supra, pág. 674.
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                                  15

          éstas no se han renunciado, conclusiones de
          derecho, que fundamentan la adjudicación, la
          disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión
          según sea el caso. La orden o resolución deberá ser
          firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro
          funcionario autorizado por ley. […] (Énfasis nuestro).

          Nuestro más alto foro judicial ha explicado los objetivos que

se      persiguen     para     que    los      foros   administrativos   emitan

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.19 Al respecto

ha enumerado las siguientes:

          (1) proporcionar a los tribunales la oportunidad de
          revisar adecuadamente la decisión administrativa y
          facilitar esta tarea; (2) fomentar que la agencia adopte
          una decisión cuidadosa y razonada dentro de los
          parámetros de su autoridad y discreción; (3) ayudar a
          la parte afectada a entender por qué el organismo
          administrativo decidió como lo hizo, y, al estar mejor
          informada, poder decidir si acude al foro judicial o acata
          la determinación; (4)      promover    la   uniformidad
          intraagencial, en particular cuando el proceso decisorio
          institucional es adoptado por distintos miembros de un
          comité especial a quienes les está encomendado
          celebrar vistas y recibir la prueba, y (5) evitar que los
          tribunales se apropien de funciones que corresponden
          propiamente a las agencias administrativas bajo el
          concepto de especialización y destreza.20

          A la luz de este marco jurídico, procedemos a resolver.

                                         III

          Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si tenemos jurisdicción para atender los recursos

presentados. Veamos.

          Conforme surge del tracto procesal previamente reseñado,

luego de múltiples incidencias procesales, la señora O’Brien

presentó su Contestación a la Querella presentada por el matrimonio

Vedovato ante DACO. En su contestación, además de responder a

las alegaciones en su contra y, de presentar sus defensas

afirmativas, la señora O’Brien incluyó una Reconvención, contra el

matrimonio Vedovato y, una Querella contra Tercero, contra la

19   Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 281-282 (1999).
20   Íd., Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265 (1987).
KLRA202300091 consolidado con KLRA202300092                      16

corredora de bienes raíces, contratada por el matrimonio Vedovato,

la señora Martí. Luego de un minucioso análisis de los expedientes

ante   nuestra   consideración,   observamos     que,   la   agencia

administrativa aún no se ha expresado sobre estos últimos dos

asuntos. Es decir, por medio de la Resolución que nos solicitan los

recurrentes revisemos, nada dispone DACO sobre la Reconvención y

la Querella contra Tercero presentada por la señora O’Brien. DACO

atiende únicamente las cuestiones de la Querella presentada por el

matrimonio Vedovato.

       Como mencionamos, la competencia de este Tribunal de

Apelaciones se limita a la revisión de las decisiones, órdenes y

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. A

tenor con la LPAUG, dichas resoluciones finales deben incluir, entre

otras, determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. En este

caso, si bien DACO incluyó en su Resolución determinaciones de

hecho y conclusiones de derecho, estas se limitan a los asuntos

señalados en la Querella incoada por el matrimonio Vedovato,

quedando pendiente de determinación final la Reconvención y la

Querella contra Tercero, presentada por la señora O’Brien. En razón

de ello, somos del criterio que, de los casos ante nuestra

consideración, no surge una resolución final que podamos revisar.

Consecuentemente, colegimos que, los recursos de epígrafe fueron

presentados de forma prematura, lo que nos priva de autoridad para

entender en los méritos de los mismos.

       No obstante, lo aquí resuelto no impide que las partes

recurrentes comparezcan nuevamente ante este Tribunal dentro del

término jurisdiccional dispuesto por nuestro ordenamiento legal,

ello, una vez el foro recurrido emita su dictamen conforme a lo aquí

dispuesto.
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                                IV

      Por los fundamentos expuestos, se desestiman los recursos de

epígrafe por falta de jurisdicción, al haberse incoado los mismos de

manera prematura. Se devuelve el caso a DACO para la

continuación de los procedimientos.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones