Court Opinion

ID: 9381065
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:03.835735+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.524485
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IX

JAVIER GANDULLA PAOLI                       Certiorari
                                            procedente del
Recurrido                                   Tribunal de
                                            Primera Instancia,
                              KLCE202300104 Sala Superior de
V.                                          San Juan

RICARDO DÁVILA FRANQUI                          Caso Núm.:
                                                SJ2021CV07998
Peticionario
                                                Sobre:
                                                Desahucio

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Comparece Ricardo Dávila Franqui [en lo subsiguiente,

peticionario o señor Dávila Franqui] quien nos solicita que

revisemos la Resolución emitida el 20 de enero de 2023, notificada

el día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San

Juan. En virtud de referido dictamen, el foro primario declaró No

Ha Lugar a la Moción de Relevo de Sentencia presentada por el

peticionario.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación,

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la resolución

recurrida.

                                I.

      El 3 de diciembre de 2021 el señor Javier Gandulla Paoli [en

adelante, recurrido o señor Gandulla Paoli] instó una demanda

sobre desahucio en precario contra Ricardo Dávila Franqui. En el

primer inciso de la demanda, el señor Gandulla Paoli mencionó

que su dirección postal era en “8843 W 33rd Avenue Hialeah, FL

Número Identificador
SEN2023 _________
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33018”. Alegó, a su vez, que las partes suscribieron un contrato

de arrendamiento, el cual quedó terminado por el incumplimiento

de la parte demandada.        Ante ello, solicitó que el demandado

desocupara y entregara la propiedad arrendada, más el pago de

costas, gastos y honorarios de abogado.

      El Tribunal emitió el emplazamiento con la citación para la

vista del desahucio, la cual quedó pautada para el 18 de enero de

2022. Ese día ambas partes comparecieron, representadas por

sus abogados. Las partes le notificaron al tribunal que alcanzaron

un   acuerdo.     Al   día   siguiente,   suscribieron   una   “Moción

Sometiendo Estipulación y Solicitud de Sentencia”.              Allí le

solicitaron al Tribunal que la sentencia que en su día se dicte, sea

final, firme e inapelable desde la fecha de su dictamen.

      Conforme acordado, el 20 de enero de 2022 el foro primario

emitió la correspondiente sentencia en la que dispuso como sigue:

      Durante la vista, las partes informaron haber llegado
      a una estipulación y acuerdo transaccional que pone
      fin a las controversias de este caso. Dicho acuerdo fue
      vertido para récord y cada parte lo ratificó bajo
      juramento. Las partes informaron que estarían
      presentando      un    escrito    conjunto    con    las
      estipulaciones alcanzadas. El 19 de enero de 2022 las
      partes presentaron un escrito intitulado MOCIÓN
      SOMETIENDO ESTIPULACIÓN Y SOLICITUD DE
      SENTENCIA, en el que desglosan nuevamente el
      acuerdo alcanzado.

      Vista la estipulación y acuerdo entre las partes, el cual
      ponen fin al pleito ya comenzado, el Tribunal le
      imparte su aprobación y dicta Sentencia de
      conformidad adoptando los términos del acuerdo,
      como los términos de esta Sentencia, sin especial
      imposición de costas, gastos ni honorarios de
      abogado.

      Meses después, el 13 de abril de 2022, el recurrido presentó

una Solicitud de Orden de Lanzamiento.           Aludió que la parte

demandada incumplió con los acuerdos de la Estipulación. Luego
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de varios trámites, en septiembre de 2022 el foro primario emitió

una Orden de Lanzamiento.

      El 27 de septiembre de 2022 el señor Dávila Franqui, por

conducto de su abogada, solicitó el Relevo de Sentencia al amparo

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil e imposición de fianza de

no residente. Adujo que la sentencia dictada era nula debido a

que no se cumplió con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, infra,

la cual requiere la prestación de una fianza a los no residentes.

Mencionó que el hecho de que las partes llegaron a unos acuerdos

no releva al foro primario de cumplir con referida reglamentación.

Ante tal situación, alegó que la sentencia era nula, así como, todo

proceso posterior.1     En moción de igual día, Dávila Franqui

también solicitó la paralización del lanzamiento, hasta tanto el

tribunal emita una determinación final sobre la fianza de no

residente.

      El 28 de septiembre de 2022 el señor Gandulla Paoli

presentó su Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia.        Alegó

que el término fatal para presentar una solicitud de relevo venció

el día 19 de julio de 2022. En cuanto a la fianza de no residente,

adujo que, en ningún momento durante la vista de desahucio, se

levantó el asunto sobre la fianza de no residente. Además, que

las partes sometieron una estipulación para disponer del caso en

su totalidad y no surge del expediente judicial una solicitud de

paralización o que se exija una fianza de no residente.          Entre

otras cosas, solicitó que se denegara la solicitud del relevo de

sentencia. Ese mismo día, el señor Dávila Franqui presentó una

Dúplica a Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia.

1
 Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada
32.
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      El 10 de noviembre de 2022 el recurrido instó una Urgente

Solicitud de Determinación para que el foro primario se expresara

en el caso.

      Examinadas las mociones de las partes, el 24 de enero de

2023, el foro primario resolvió No Ha Lugar a la solicitud de relevo

de la sentencia dictada el 20 de enero de 2022.

      En desacuerdo, el señor Dávila Franqui presentó el recurso

que atendemos en el que alega que incidió el Tribunal de Primera

Instancia al:

      Primero: Declarar no ha lugar la moción al amparo
      de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil debido
      a [que] se violó el debido proceso de ley procesal al
      dictarse sentencia sin haberse impuesto una fianza de
      no residente al demandante-recurrido según exige la
      Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil.

      Segundo:      Al expedir orden y mandamiento de
      citación, celebrar vista y dictar sentencia sin haberse
      impuesto la fianza de no residente al demandante-
      recurrido.

      Examinado el Recurso de Certiorari, le concedimos término

a la parte apelada para presentar su posición en torno al recurso.

El 1ro de febrero de 2023 el recurrido Gandulla Paoli compareció

con una Moción de Desestimación.      Alegó que el peticionario no

prestó la fianza en apelación que impone el Artículo 630 del Código

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832, previo a la

presentación del presente recurso. Adujo a su vez que el recurso

se presentó luego del término de cinco (5) días de dictada la

sentencia. Ante ello, nos solicita la desestimación del recurso por

falta de jurisdicción.

      El 21 de febrero de 2023 el recurrente presentó su Oposición

a la Moción de Desestimación. Asintió que el foro primario tenía

la obligación de imponer una fianza en apelación, a tenor con el

Artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra y el caso de

Autoridad de Carreteras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y otros,
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196 DPR 5 (2016).        Ante tal incumplimiento, adujo que la

sentencia dictada era nula.

     El 23 de febrero de 2023 el recurrido Gandulla Paoli adujo

que el recurrente apoyó su oposición a la desestimación en el caso

de Autoridad de Carreteras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y

otros, supra. Aseveró que en dicho caso el Tribunal Supremo

concluyó lo siguiente:

     Así, el efecto de que el tribunal no fije el monto de la
     fianza en la sentencia es que ésta no será final debido
     a la falta de un elemento fundamental requerido por
     ley. En consecuencia, careciendo de finalidad el
     término jurisdiccional de cinco días para apelar no
     empieza a transcurrir hasta que el Tribunal de Primera
     Instancia establezca la cuantía o, en la alternativa,
     exima al demandado de tener que prestar la fianza.

      Acto seguido alegó que, “siguiendo el argumento de la parte

recurrente de que el TPI no fijó una fianza en la sentencia, y solo

para propósito de la desestimación de marras, es forzoso concluir

que el presente recurso es prematuro y académico, por lo que

procede su desestimación.”

     Evaluados los escritos de las partes, atenderemos como

cuestión de prioridad el planteamiento jurisdiccional.

                                II.

                                A.

      En toda situación jurídica que se presente ante un foro

adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto

jurisdiccional. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254

(2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-

234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457

(2012).   La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un

tribunal para decidir casos o controversias. Peerles Oil &Chemical

v. Hnos. Torres, supra; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra,

182 DPR 675, 682 (2011). Es norma reiterada que los tribunales
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debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo

cual los asuntos relacionados con ésta son privilegiados y deben

atenderse con prioridad. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202

DPR 495 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. De ese

modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así

y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Torres   Alvarado      v.   Madera   Atiles, supra; Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.

      Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno

tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Así, la falta

de jurisdicción de un tribunal para entender en un recurso es un

defecto procesal insubsanable. Carattini v. Collazo Syst. Analysis,

Inc., 158 DPR 345 (2003).

                                    B.

      El desahucio se rige por la ley especial, consignada en los

artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

secs. 2821-2838, que regula el término, las condiciones para

apelar y el posterior lanzamiento.

      La acción de desahucio es el mecanismo que tiene el dueño

o dueña de un inmueble para "recuperar la posesión de hecho de

una   propiedad,   mediante    el    lanzamiento   o   expulsión   del

arrendatario o precarista que la detenta sin pagar canon o merced

alguna." Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812 (2020), que

cita a Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956). A esos

efectos, la acción de desahucio es un procedimiento de carácter

sumario que responde al interés del Estado de atender con

agilidad el reclamo de una persona dueña de un inmueble que ha

sido impedido de ejercer su derecho a poseer y disfrutar del
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mismo. Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812 (2020); ATPR

v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).

      El Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, según

enmendado dispone que “[e]n los juicios de desahucio la parte

contra la cual recaiga sentencia podrá apelar la misma…”. 32 LPRA

2830. Conforme al Artículo 629, el término para apelar es el

siguiente:

     Las apelaciones deberán interponerse en el término
     de cinco (5) días, contados desde la fecha de archivo
     en autos de la notificación de la sentencia, por las
     partes perjudicadas por la misma o sus abogados.
32 LPRA sec. 2831

      Este recurso sólo se perfecciona si, dentro del referido

término, el demandado presta una fianza por el monto que sea

fijado por el Tribunal de Primera Instancia, según lo dispone el

Artículo 630 del Código de Enjuiciamiento civil, a saber:

     No se admitirá al demandado el recurso de apelación
     si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el
     tribunal, para responder de los daños y perjuicios que
     pueda ocasionar al demandante y de las costas de
     apelación;     pudiendo    el  demandado,      cuando
     el desahucio se funde en falta de pago de las
     cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha
     fianza o consignar en Secretaría el importe del precio
     de la deuda hasta la fecha de la sentencia. (énfasis
     nuestro)
32 LPRA sec. 2832

      Respecto a la importancia de que el foro de primera

instancia cumpla la obligación de fijar la cuantía de modo que el

demandado pueda ejercer su derecho apelar, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha reiterado que:

      El requisito que obliga a un demandado a prestar una
      fianza en apelación es jurisdiccional en todo tipo de
      pleito de desahucio, aun si no se funda en la falta de
      pago. La razón es obvia: la fianza no existe para
      garantizar únicamente los pagos adeudados, sino
      también los daños resultantes de mantener congelado
      el libre uso de la propiedad mientras se dilucida la
      apelación. "Lo anterior aconseja que sea el Tribunal
      de Primera Instancia el foro que fije la fianza, como
      paso previo y jurisdiccional a la radicación del recurso
      de     apelación". Crespo    Quiñones     v.   Santiago
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      Velázquez, 176 DPR 408, 413-414 (2009); ATPR v.
      SLG Volmar Mathieu, 196 DPR 5 (2016).

      Ahora bien, aunque la prestación de fianza es un requisito

jurisdiccional para apelar la sentencia de desahucio, el Tribunal

Supremo ha reconocido como excepción, los casos en que el

Tribunal de Primera Instancia declara al demandado insolvente.

ATPR v. SLG Volmar Mathieu, supra; Bucaré Management v.

Arriaga García, 125 DPR 153, 158-159 (1990).

      Es deber del Tribunal de Primera Instancia fijar el monto de

la fianza que el demandado debe otorgar o en la alternativa,

eximirle   de   tener   que   prestar   la   fianza   debido    a   su

insolvencia. Véase ATPR v. SLG Volmar Mathieu, supra. A esos

fines el Tribunal Supremo indicó que,

      [E]l efecto de que el tribunal no fije el monto de la
      fianza en la sentencia es que ésta no será final debido
      a la falta de un elemento fundamental requerido por
      ley. En consecuencia, careciendo de finalidad el
      término jurisdiccional de cinco días para apelar
      no empieza a transcurrir hasta que el Tribunal
      de Primera Instancia establezca la cuantía o, en
      la alternativa, exima al demandado de tener que
      prestar la fianza. (énfasis nuestro) ATPR v. SLG
      Volmar Mathieu, supra.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el

referido término de cinco (5) días no comenzará a transcurrir

hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia fije el monto de la

fianza que debe otorgarse. Cooperativa v. Colón Lebrón, supra;

ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, págs. 14-15.

      Al no surgir de la sentencia del TPI ninguna determinación

en cuanto a la fianza, procede devolver el asunto al foro de

instancia para que enmiende la sentencia, a los fines de “fijar la

fianza o, en la alternativa, determinar si los peticionarios están

exentos de prestarla debido a su insolvencia.”         ATPR v. SLG

Volmar Mathieu, supra. Hasta que ello no ocurra, “[e]l término
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jurisdiccional para apelar no comenzará a transcurrir […] y [se]

archive en autos copia de la notificación de la sentencia

enmendada”. Íd.

      Así pues, una vez el Tribunal de Primera Instancia declare

con lugar una demanda de desahucio, se podrá ordenar el

lanzamiento de la parte demandada desde que la sentencia sea

final y firme. 32 LPRA sec. 2836. En términos ordinarios, la

sentencia será final y firme cuando transcurra el término de cinco

(5) días sin que se haya presentado una apelación. Cooperativa v.

Colón Lebrón, supra.

                                C.

      La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.69.5,

preceptúa la fianza de una persona demandante quien no es

residente de Puerto Rico. Esta tiene como propósito ofrecer cierta

protección a quienes son demandados por personas que no

residen en Puerto Rico. Diana Martajeva v. Hermán Ferré, 210

DPR ___ (2022), 2022 TSPR 123; VS PR, LLC v. Drift-Wind,

Inc., 207 DPR 253, 261 (2021). La norma se asienta en el

razonamiento de que, cuando un reclamante no reside en nuestra

jurisdicción, si el demandado prevalece, este puede enfrentar

dificultades para recuperar los costos que conllevó su defensa. Íd.

      Por ende, la regla procesal se promulgó para garantizar el

pago de las costas, gastos y honorarios de abogado en pleitos

instados por personas naturales o jurídicas no residentes. Diana

Martajeva v. Hermán Ferré, supra; Yero Vicente v. Nimay Auto

Corp., 205 DPR 126, 130 (2020). Esta tiene, además, el propósito

de desalentar litigios frívolos e inmeritorios. Diana Martajeva v.

Hermán Ferré, supra; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR

15, 20 (1993).
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      La aludida Regla 69.5 de Procedimiento Civil, que rige la

fianza de los no residentes y estatuye lo siguiente:

      Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto
      Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal
      requerirá que preste fianza para garantizar las
      costas, gastos y honorarios de abogados a que pueda
      ser condenada. Todo procedimiento en el pleito se
      suspenderá hasta que se preste la fianza, que no
      será menor de mil dólares ($1,000). El tribunal podrá
      ordenar que se preste una fianza adicional si se
      demuestra que la fianza original no es garantía
      suficiente, y los procedimientos en el pleito se
      suspenderán hasta que se preste dicha fianza
      adicional.

      Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación
      de la orden del tribunal para la prestación de la fianza
      o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido
      prestada, el tribunal ordenará la desestimación del
      pleito.

      No se exigirá la prestación de fianza a las partes
      reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando:

      (a)    Se trate de una parte litigante insolvente que esté
             expresamente exceptuada por ley para el pago de
             aranceles y derechos de presentación;
      (b)    Se trate de un(a) copropietario(a) en un pleito
             que involucra una propiedad sita en Puerto Rico y
             al menos otro(a) de los(las) copropietarios(as)
             también es reclamante y reside en Puerto Rico, o
      (c)    Se trate de un pleito instado por un(a) comunero(a)
             para la disolución, liquidación, partición y
             adjudicación    de     bienes   sitos    en  Puerto
             Rico. (Énfasis nuestro).

      Por otro lado, la Regla 69.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, preceptúa que, “[l]os Secretarios o las Secretarias,

alguaciles o alguacilas y demás funcionarios o funcionarias del

tribunal no podrán aceptar una fianza en ningún pleito o

procedimiento, a menos que ésta haya sido aprobada por el juez

o la jueza de la sala ante la cual esté pendiente el pleito o

procedimiento, salvo la fianza prestada bajo la Regla 69.3.”

      De manera que, las reglas establecen expresamente los

escenarios en los que se rechaza el requerimiento automático de

una fianza al reclamante no residente. Yero Vicente v. Nimay
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Auto, supra, pág. 131. Así pues, la Regla 69.5 requiere de forma

imperativa la imposición de fianza. Por lo tanto, un tribunal no

tiene    discreción    para    eximir     del    requisito    de fianza a     un

demandante no residente o a una corporación extranjera. Yero

Vicente v. Nimay Auto, supra, pág. 134. “[E]l lenguaje utilizado

en la referida regla acota totalmente la discreción del juez

sentenciador para eximir al demandante no residente del pago de

la fianza.” Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 347-348 (1998).

De manera que, conforme a su texto, el Tribunal Supremo ha

hecho alusión a que "[d]e una lectura de la Regla surge que la

exigencia de la fianza a un reclamante no residente es de carácter

mandatorio y todo procedimiento en el pleito queda suspendido

hasta que se preste". Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra,

citando a VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, págs. 262-263. El

foro primario únicamente tiene discreción para establecer la

cuantía de la fianza, siempre que no sea inferior a mil ($1,000)

dólares y, en el caso en que el reclamante no la preste, decretar

la inevitable desestimación de la demanda sea o no con

perjuicio. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, págs. 263, 272.

        Si el reclamante extranjero que no está exento de prestar

la fianza falla en presentarla dentro del término de sesenta (60)

días establecido por la Regla, el tribunal ordenará la desestimación

del pleito. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra. En suma, el

lenguaje provisto por el cuerpo normativo no es potestativo como

en     algún   momento        lo   fue    ("el   juez   puede     ordenar     el

sobreseimiento"), sino que es imperativo ("el tribunal ordenará la

desestimación del pleito"). VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra;

Yero    Vicente   v.   Nimay       Auto    Corp.,    supra.     Así,   ante   el

incumplimiento con la prestación en el término que dispone la

Regla, el tribunal está obligado a imponer como sanción la
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desestimación. Íd. El Tribunal Supremo ha expresado que “con

arreglo a la voluntad legislativa expresada en el lenguaje de

la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, se detiene todo

procedimiento ante el tribunal hasta que se preste la fianza de no

residente” […]. Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra.

      En cuanto al último párrafo de la Regla 69.5, supra, allí se

obliga al juez sentenciador a desestimar el pleito una vez

transcurren sesenta días a partir de la notificación de la imposición

de la fianza de no residente sin que se haya pagado ésta. Esta

Regla se ha interpretado que contiene “un elemento de

obligatoriedad y de finalidad en armonía con la ‘solución justa,

rápida y económica de todo procedimiento’ que es la consigna

anunciada en la Regla 1 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V

R.1]”. Bram v. Gateway Plaza, 103 DPR 716, 717 (1975). Por otra

parte, el término no es fatal e improrrogable en el sentido de que

admite excusa fundada para la demora, más si la presentada no

fuere satisfactoria para el juez, su decisión desestimando la

demanda tendrá virtualidad de cosa juzgada. Bram v. Gateway

Plaza, supra, pág. 718. Recientemente el Tribunal Supremo, en

VS   PR,    LLC   v.   Drift-Wind,   Inc.,   supra,   amplió    este

pronunciamiento para aclarar que “la desestimación debe tener

finalidad y efecto de cosa juzgada, salvo que el tribunal, en el

ejercicio de su discreción, decida lo contrario.” Así pues, resolvió

que los tribunales tienen discreción para precisar si el efecto de

una desestimación bajo la Regla 69.5 es con o sin perjuicio. VS

PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra.          Si no especifica que

desestimación será sin perjuicio, entonces se reputará que es con

perjuicio. Íd.
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                                 D.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

49.2, sobre relevo de órdenes, sentencias o procedimientos

establece, en lo pertinente, lo siguiente:

      Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que
      sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a
      su representante legal de una sentencia, orden o
      procedimiento por las razones siguientes:

      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
      excusable;
       […]
      (d) nulidad de la sentencia;
       […]
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
      un remedio contra los efectos de una sentencia. […]

      El Tribunal Supremo ha opinado que “relevar a una parte de

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en

los   casos   de   nulidad   o   cuando      la   sentencia   ha   sido

satisfecha”. García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527

(2010). Una sentencia se considera nula cuando el tribunal actuó

sin jurisdicción o cuando se quebrantó el debido proceso de ley de

alguna de las partes. García Colón et al v. Sucn. González, 178

supra, pág. 543; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680,

688 (1979). Se ha destacado que bajo este fundamento no hay

margen de discreción. Si una sentencia es nula, tiene que dejarse

sin efecto independientemente de los méritos que pueda tener la

defensa o la reclamación del perjudicado. García Colón et al. v.

Sucn. González, supra, págs. 543-544.             La nulidad de una

sentencia por una violación al debido proceso de ley puede

materializarse de distintas maneras. Particularmente, el profesor

Rafael Hernández Colón resaltó que el "[q]uebrantamiento del

debido proceso de ley es un concepto mucho más amplio y puede

haber tantas manifestaciones de este como principios del debido

proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en
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especial". HRS Erase v. CMT, 205 DPR ___ (2020), 2020 TSPR

130, citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis,

2010, sec. 4807, pág. 408.

      A tenor con la antes mencionada normativa, evaluamos.

                               III.

     El peticionario alega que el foro primario nunca impuso la

fianza de no residente al demandante, quien en su primera

alegación indicó que residía fuera de Puerto Rico. Ante ello adujo

que procedía el relevo de la sentencia, pues el foro de instancia

carecía de jurisdicción para continuar los procedimientos.

     El recurrido por su parte solicitó la Desestimación del

recurso de certiorari, toda vez que el peticionario no prestó la

fianza en apelación que impone el Artículo 630 del Código de

Enjuiciamiento Civil, supra, previo a la presentación del presente

recurso. Reconoció que el TPI no fijó una fianza en la sentencia,

por lo que, entendió que el recurso era prematuro y académico,

razón por la cual procedía su desestimación.

     De un examen del expediente tenemos dos aspectos

medulares que ameritaban el relevo de sentencia.

     En primer lugar, es incontrovertido que el demandante no

era residente de Puerto Rico, pues así surge de la demanda. Ante

ello, el foro primario venía obligado a fijarle una fianza al

reclamante, por disposición expresa de la Regla 69.5 de

Procedimiento Civil. La aludida Regla contiene un mandato de que

todo procedimiento en el pleito quede suspendido hasta que se

preste la fianza de no residente. Si la fianza no se presta dentro

de los sesenta días de la notificación de la orden del tribunal a
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esos fines, el tribunal debe ordenar la desestimación del pleito. El

Tribunal Supremo ha reiterado estos requisitos.2

         El requisito de la fijación de fianza era medular para la

continuación del pleito, toda vez que el Derecho aquí referido,

expresa que la prestación de la fianza es de carácter mandatorio

para     todo   litigante   extranjero    que    interesa    dilucidar    una

controversia en nuestros foros.            La fianza solo se exime en

contadas excepciones, por lo que, de estas no aplicar, el juez no

tiene discreción para relevar su prestación. Por tanto, el litigante

no residente no gozará de acceso al foro hasta que se le fije la

fianza y la pague. Esto nos lleva a concluir que la fianza debe ser

prestada antes de que el foro primario continúe los trámites y

dicte sentencia, lo que no ocurrió en este caso.

         El foro primario carecía de discreción para continuar con los

procedimientos y debió paralizarlos hasta tanto se cumpliera con

el requisito establecido en la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil.    Es por ello, que el dictar la sentencia, previo requerir la

prestación de la fianza, es un acto contrario a lo que exige nuestro

estado de Derecho y así lo decretamos.                 Ante ello, procede

devolver el caso al foro primario para la imposición de la fianza de

no residente, y luego de prestada, vuelva a notificar la

correspondiente sentencia.

         Segundo, en las acciones de desahucio, es imperativo que

el foro primario fije una fianza en apelación, como requisito

jurisdiccional, con excepción a los casos en que el Tribunal de

Primera Instancia declara al demandado insolvente.3 Hasta tanto

no se fije el monto de la fianza en la sentencia, ésta no será final

2
  Véase, Diana Martajeva v. Hermán Ferré, supra, citando a VS PR, LLC v. Drift-
Wind, Inc., supra, págs. 262-263.
3
   Véase, ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra; así también surge de los
Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.
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debido a la falta de un elemento fundamental requerido por ley.

En consecuencia, el término jurisdiccional para apelar no

comienza a transcurrir.4

        En la presente acción, tampoco surge que al dictar sentencia

el foro primario estableciera la fianza en apelación o eximiera la

prestación de esta por insolvencia. El hecho de que las partes

llegaron a un acuerdo no releva al foro primario de imponer la

fianza de naturaleza jurisdiccional.             Así que, al evaluar los

requisitos jurisdiccionales que rigen los procedimientos ante

nuestra consideración, la sentencia dictada no surtió efecto

alguno.       Procede devolver la acción al foro primario para que

igualmente fije el monto de la fianza que debe prestarse.

                                    IV.

        Por    los   fundamentos    antes       expuestos   revocamos   la

Resolución recurrida.       Consecuentemente, se deja sin efecto la

Sentencia apelada, devolvemos el caso de autos, para que se

cumpla con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil y el Tribunal

resuelva conforme a lo aquí dispuesto.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4
    Véase, ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra.