Court Opinion

ID: 9928531
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:42.337519+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:52.707623
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                CERTIORARI
                                                procedente del
IRMA ESTHER CASIANO                             Tribunal de
SANTIAGO                                        Primera
                                                Instancia, Sala
Recurridos                                      Superior de San
                                  KLCE202301144 Germán
             v.

LUIS G. ALMODOVAR                                 Civil Núm.:
RIVERA                                            SG2021CV00138
Peticionarios
                                                  Sobre:
                                                  Nulidad de
                                                  Sentencia

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                          SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos, por derecho propio, la licenciada Irma

E. Casiano Santiago (señora Casiano Santiago o apelante) y solicita

la revocación de la Sentencia dictada el 21 de agosto de 2023 y

notificada el 23 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Germán (TPI). Mediante la misma,

el TPI declaró No Ha Lugar la demanda de relevo de sentencia

interpuesta por la apelante y consecuentemente, decretó su

desestimación.

      Ahora bien, a pesar de que se instó un recurso de certiorari,

lo acogemos como una apelación, toda vez que se recurre de una

Sentencia. Sin embargo, se mantendrá el mismo alfanumérico

asignado por la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones por

cuestiones de economía procesal.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el pronunciamiento apelado.

                                  I.

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLCE202301144                                                   Página 2 de 10

       Según surge del expediente, en el 2019, el señor Luis Gustavo

Almodóvar Rivera (señor Almodóvar Rivera o apelado) incoó una

demanda sobre desahucio en precario en contra de la señora

Casiano Santiago (caso número SG2019CV00230). Tras varios

trámites, el 15 de noviembre de 2023 se celebró una vista, en la cual

las partes informaron al Tribunal una estipulación transaccional

que consistía en lo siguiente:

       La demandada, Irma Esther Casiano Santiago,
       procederá a desalojar la propiedad en el término de 60
       días, o sea no más tarde del miércoles, 15 de enero de
       2020. Las partes se comprometen a que no interferirán
       entre ellas, mientras se ocupe la propiedad por la
       demandada. No habría reclamación posterior entre las
       partes, una vez se materialice este acuerdo.

       Revisada la aludida estipulación, el Tribunal le impartió su

aprobación y el 19 de diciembre de 2019, dictó Sentencia por

Transacción. En esta advirtió a las partes que el incumplimiento con

los términos del acuerdo daría lugar a lo apercibido y a los remedios

que se invoquen, tales como autorizar una orden de lanzamiento

dirigida al Alguacil del Tribunal.1

       El 10 de marzo de 2023, la señora Casiano Santiago presentó

una demanda sobre relevo de sentencia contra el señor Almodóvar

Rivera. En su comparecencia, expuso que procedía el relevo de la

Sentencia por Transacción dictada en el caso de desahucio núm.

SG2019CV00230, porque esta se basó en un acuerdo en el cual

medió dolo por parte del señor Almodóvar Rivera. Específicamente,

alegó que éste intencionalmente ordenó el cierre de la cuenta de

1 El 13 de diciembre de 2019, dentro del pleito de desahucio, la señora Casiano

Santiago instó una moción intitulada Comparecencia Especial Urgente Informativa
y Solicitud al Honorable Tribunal. En esta notificó al tribunal que el señor
Almodóvar Rivera desconectó el servicio de energía eléctrica en la residencia y
engañó al Tribunal. Por su parte, el 7 de febrero de 2020, el señor Almodóvar
Rivera presentó ante el TPI una Urgente Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.
Adujo que la señora Casiano Santiago no cumplía con lo pactado, toda vez que no
había desalojado la propiedad y mantenía su posesión en precario. Solicitó la
ejecución de la sentencia, ordenando el desahucio y el correspondiente
lanzamiento. La señora Casiano Santiago contestó el antedicho petitorio y
argumentó que el señor Almodóvar Rivera contravino las condiciones del acuerdo
previo a presentarlo ante el tribunal, ello al cerrar el servicio de energía eléctrica
de la propiedad concernida desde octubre de 2019. Alegó que se le hacía difícil
encontrar personas que pudieran ayudarla a culminar la salida de la residencia.
KLCE202301144                                       Página 3 de 10

energía eléctrica de la residencia atañida posterior a la presentación

de la demanda sobre desahucio en precario y con anterioridad al

acto de sentencia por transacción. Añadió que el señor Almodóvar

Rivera ejecutó actos previos extrajudiciales cuya intención y

consecuencia final fue la suspensión del servicio de energía eléctrica

en la propiedad donde se encontraba y por la cual se llegó a la

estipulación transaccional. Resaltó que, de haber conocido dichos

hechos, hubiera declinado el consentimiento a la estipulación.

Argumentó que lo anterior justificaba que se decretara la nulidad

del convenio y, en consecuencia, se le relevara de la sentencia

emitida en diciembre de 2019.

      Luego de múltiples incidentes procesales, y a solicitud de la

señora Casiano Santiago, el 14 de marzo de 2023, el TPI dictó una

Resolución mediante la cual, en lo pertinente, le anotó la rebeldía al

señor Almodóvar Rivera, al palio de la Regla 45.1 de Procedimiento

Civil. Asimismo, el foro de instancia aclaró que atendería

exclusivamente asuntos relacionados a la petición de nulidad de

sentencia.

      A través de una Sentencia notificada el 23 de agosto de 2023,

el TPI declaró No Ha Lugar la demanda de relevo de sentencia

presentada por la señora Casiano Santiago. El foro a quo concluyó

que en el caso de autos no se manifestaban los requisitos de la Regla

49.2 de Procedimiento Civil para relevar a la señora Casiano

Santiago de la sentencia dictada en el 2019. Además, el TPI expuso

que la referida sentencia se dictó por acuerdo de las partes, que

consistió en que la señora Casiano Santiago desalojaría el inmueble

en cuestión. A su vez, el tribunal expresó que la acción que motivó

la salida de la señora Casiano Santiago de la propiedad del señor

Almodóvar Rivera solo perseguía recobrar la posesión del inmueble

mediante el desahucio. El TPI hizo hincapié en que la señora

Casiano Santiago no negó ser precarista en esa propiedad y se allanó
KLCE202301144                                       Página 4 de 10

a desalojarla, tal y como surgía de la estipulación transaccional

presentada en el 2019.

      El Tribunal de Primera Instancia también manifestó lo

siguiente:

            De otro lado, de las propias alegaciones de la
      demandada en los documentos que obran en el presente
      expediente, surge que la demandante “ha permanecido
      fuera del hogar”. Destacamos que el hecho de que la
      demandante aun conserve pertenencias en el inmueble
      no es indicativo de posesión y no revierte el hecho de
      que ella desocupó el lugar.

            Por otra parte, tomamos conocimiento judicial los
      casos SG2019CV00230 y MZ2019CV01872 en los que
      la identidad de los litigantes es la misma que la del
      presente pleito. Así también parte de la controversia
      ante nuestra consideración se encuentra subjudice.
      Veamos.

             El caso SG2019CV00230, sobre desahucio en
      precario del inmueble objeto de la presente demanda,
      se encuentra en trámites post sentencia. El caso
      identificado como MZ2019CV01872 sobre liquidación
      de bienes, cuya controversia trata sobre el caudal post
      ganancial del que otra sala tiene la división de sus
      haberes y en el que se alega que el inmueble es parte,
      se encuentra activo.

      A raíz de todo lo anterior, el TPI determinó que los argumentos

esbozados por la señora Casiano Santiago eran contrarios al

derecho aplicable, por lo que no procedía, bajo ninguno de los

escenarios invocados, la demanda de relevo de sentencia. Añadió

que esta no demostró que la sentencia en el caso núm.

SG2019CV00230, de diciembre de 2019, fue dictada sin jurisdicción

o que al emitirse se quebrantó su debido proceso de ley. Por ende,

denegó relevar de responsabilidad a la señora Casiano Santiago y

desestimó la demanda de referencia.

      En desacuerdo, el 6 de septiembre de 2023, la señora Casiano

Santiago solicitó reconsideración. Mediante Resolución dictada el 14

de septiembre de 2023, la moción de reconsideración fue denegada

por el TPI.

      Aun inconforme, la señora Casiano Santiago acude ante este

Foro y aduce que el TPI erró al:
KLCE202301144                                                   Página 5 de 10

       [E]mitir y notificar Resolución el 14 de septiembre de
       2023, declarando no ha lugar la reconsideración de la
       peticionaria (sic) reiterando la sentencia del 21 de
       agosto de 2023, desestimando la demanda obre relevo
       de sentencia. Dicha resolución y sentencia fueron
       dictadas sin concederle a la peticionaria (sic) el debido
       proceso de ley procesal, negándole la oportunidad de
       ser escuchada. Entendemos que el TPI le privó de las
       garantías procesales mínimas de todo procedimiento
       adversativo en violación a la cláusula constitucional del
       debido proceso de ley.

       El 17 de octubre de 2023 emitimos una Resolución

concediéndole 20 días a la parte apelada para expresarse sobre el

recurso de autos. Esta no compareció, por lo que procedemos a

resolver sin el beneficio de su comparecencia.

                                          II.

                                          A.

       Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal tiene

a su favor una presunción de validez y corrección. Solo en ciertos

escenarios muy particulares nuestro ordenamiento procesal civil

permite a una parte solicitar el relevo de los efectos de una sentencia

previamente dictada en su contra. López García v. López García, 200

DPR 50, 59 (2018). El relevo de sentencia es un mecanismo

postsentencia que capacita al juzgador a eliminar o modificar su

dictamen, con el objetivo de hacer justicia.2 Este remedio es

extraordinario,      discrecional     y     se    utiliza   para   impedir     que

tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia.

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 725 (2003). La Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, regula dicho remedio.

La misma dispone que:

       Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que
       sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
       representante legal de una sentencia, orden o
       procedimiento por las razones siguientes:

       (a) Error,      inadvertencia,           sorpresa    o   negligencia
       excusable;

2 Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106

DPR 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903,
905-906 (1963).
KLCE202301144                                         Página 6 de 10

      […]
      (d) nulidad de la sentencia;
      […]
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
      un remedio contra los efectos de una sentencia.

      Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las
      sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que
      la moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta regla.
      La moción se presentará dentro de un término
      razonable, pero en ningún caso después de
      transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la
      sentencia u orden o haberse llevado a cabo el
      procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará
      la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus
      efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para:

       (1) conocer de un pleito independiente con el
            propósito de relevar a una parte de una
            sentencia, una orden o un procedimiento;
       (2) conceder un remedio a una parte que en
            realidad no haya sido emplazada, y
       (3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de
           fraude al tribunal.

      […]

      Este mecanismo tiene un rol dual: adelantar el interés de que

los casos se resuelvan en sus méritos haciéndose justicia sustancial

y, por otra parte, finalizar los pleitos. García Colón et al v. Sucn.

González, 178 DPR 527, 540 (2010). También se ha establecido que

lo dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra:

      [...] aplica sólo en aquellas raras instancias en que existe
      un error jurisdiccional o una violación al debido proceso
      de ley que privó a una parte de la notificación o de la
      oportunidad de ser oída. Esta regla no provee a las
      partes licencia para dormirse sobre sus derechos.
      (Énfasis suplido en el original). López García v. López
      García, supra, pág. 61, citando a J.A. Cuevas
      Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed.,
      Estados Unidos, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1415.

      De ordinario, la determinación de relevar a una parte de los

efectos de una sentencia está supeditada a la discreción del foro

sentenciador. Sin embargo, ello encuentra su excepción en los casos

de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. López García v.

López García, supra; García Colón et al. v. Sucn. González, supra. La

nulidad de una sentencia por una violación al debido proceso de ley
KLCE202301144                                               Página 7 de 10

puede materializarse de distintas maneras. HRS Erase v. CMT, 205

DPR 689, 699 (2020).

       De igual modo, como norma general, las mociones de relevo

de sentencia deben presentarse dentro de un término razonable,

pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de

haberse registrado la sentencia. HRS Erase v. CMT, supra, pág.

698. No obstante, tales normas ceden cuando se trata de una

sentencia que adolece de nulidad. Íd; Piazza v. Isla del Río, Inc.,

supra.

       Ahora bien, reiteradamente se ha establecido que el remedio

de reapertura no es una llave maestra para reabrir a capricho el

pleito ya adjudicado. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra. Por ello,

debemos enfatizar que, aunque la reapertura existe en bien de la

justicia, esta no constituye una facultad judicial absoluta, toda vez

que a este mecanismo procesal se le contrapone la finalidad

fundamental de certeza y estabilidad en los procedimientos

judiciales,    así     como      la    rápida       adjudicación    de      las

controversias. Consecuentemente, les corresponde a los tribunales

establecer un balance adecuado entre ambos intereses. Íd.; Fine Art

Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 457-458 (1974).

       Es importante consignar que una moción de relevo de

sentencia     no     puede    sustituir   los   recursos      procesales    de

reconsideración o apelación. Vázquez v. López, supra, pág. 726;

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). Sin

embargo, en ciertas instancias puede concederse aún después de

que la sentencia haya advenido final y firme. Piazza v. Isla del Río,

Inc., supra; Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 328

(1997).

       Para otorgar un remedio contra los efectos de una sentencia,

el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas del

caso     existen   razones    que     justifiquen    tal   concesión.    (Citas
KLCE202301144                                       Página 8 de 10

omitidas). Así, si la parte que solicita el relevo aduce una buena

defensa —además de alguna de las circunstancias previstas en la

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra— y el relevo no ocasiona

perjuicio alguno a la parte contraria, este debe ser concedido. García

Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 540-541.

                                 III.

        En su recurso, la apelante esencialmente aduce que erró el

foro primario al desestimar la demanda sobre relevo de sentencia.

Sostiene que ello la privó de la protección constitucional que le

cobija contra la intromisión indebida del Estado con sus derechos

fundamentales y el debido proceso de ley. Aduce que procedía el

relevo de la sentencia transaccional emitida en diciembre de 2019

en el caso núm. SG2019CV00230, por esta adolecer de nulidad.

Esgrime que, contrario a lo decidido por el TPI, la estipulación

pactada en dicho caso es nula, debido a que medió dolo y mala fe

por parte del apelado. Añade que, previo a dictarse la Sentencia por

Transacción, solicitó auxilio al Tribunal, y este solo se limitó a

ordenarle que compareciera mediante representación legal, pero no

le permitió exponer los hechos que la forzaron arbitrariamente a

abandonar la propiedad donde residía.

        Cónsono con lo anterior, la apelante arguye que de las

alegaciones de la demanda de referencia surgen las razones por las

cuales medió dolo por parte del apelado durante la estipulación

transaccional en el caso de desahucio. Al examinar la demanda de

relevo de sentencia, en esta se adujo que, posterior a la presentación

de la demanda de desahucio y previo al acto de sentencia por

transacción, el apelado intencionalmente desconectó el servicio de

energía eléctrica en la residencia atañida. Esbozó, además, que, de

haber     conocido   ese   acontecimiento,   hubiera   declinado    el

consentimiento a la estipulación. Entiende que lo anterior equivale

a que la sentencia del 2019 sea nula.
KLCE202301144                                       Página 9 de 10

      Analizado con detenimiento el expediente que nos ocupa,

particularmente los argumentos relacionados con la demanda de

relevo de sentencia, concluimos que el razonamiento esbozado por

la apelante no nos mueve a intervenir con el dictamen impugnado.

      Según discutido, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra,

autoriza a los tribunales a dejar sin efecto alguna sentencia, de

existir causa justificada bajo los criterios dispuestos en ésta. Para

que ello ocurra, la parte que lo solicita debe acreditar con prueba

admisible la presencia de al menos uno de los requisitos dispuestos

en la aludida Regla. En ese sentido, recordemos que el tribunal debe

tener un rol activo en el manejo de los casos ante su sala con el

objetivo de promover la tramitación y disposición rápida y efectiva

de los pleitos. Durante ese ejercicio, debe evaluar de forma sensible

y prudente las controversias y los sujetos involucrados.

      Considerado lo anterior, no existe razón alguna que nos

permita concluir que el TPI haya actuado en contravención de

nuestro ordenamiento jurídico aplicable al emitir la determinación

impugnada. Del tracto procesal de la causa que nos ocupa resulta

evidente que las razones brindadas por la apelante no constituyeron

justa causa para dejar sin efecto la Sentencia por Transacción. Así,

colegimos que no constituyó dolo el hecho de que alegadamente el

apelado no le informó la desconexión del servicio de energía eléctrica

en la propiedad a desahuciarse. Ello, máxime cuando el tribunal

expresó que, de las propias alegaciones de la apelante en los

documentos que obran el en expediente se desprendía que esta “ha

permanecido fuera del hogar”, por lo que, a todas luces esta lo había

desocupado.

      Por ende, entendemos que el TPI no abusó de su discreción al

concluir que la apelante no demostró que la sentencia en el caso

núm. SG2019CV00230 se dictó sin jurisdicción o que se le

quebrantó el debido proceso de ley durante el proceso. De hecho,
KLCE202301144                                        Página 10 de 10

previo al emitir la sentencia apelada, el tribunal, a tenor con la Regla

49.2 de Procedimiento Civil, supra, tomó conocimiento de dos (2)

pleitos independientes existentes entre las partes de epígrafe, con el

propósito de justipreciar adecuadamente la petición de relevo de

sentencia de la apelante.

      Así las cosas, no está presente aquí el escenario de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto que hubiese podido motivar

la intervención de este Tribunal de Apelaciones en la determinación

del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, confirmamos

la Sentencia apelada.

                                  V.

      Por las consideraciones que preceden, confirmamos la

Sentencia objetada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones