Court Opinion

ID: 9928488
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:55.159709+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:36.568207
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

     GLORIA M. CAMARA                      REVISIÓN
     VÁZQUEZ                               ADMINISTRATIVA
                                           procedente de DACO
          Recurrido
                          KLRA202300592    Caso Núm.:
             v.                            SAN-2023-0015019

     EUROJAPON                             Sobre:
     DISTRIBUTORS, INC.                    Compra Venta de
                                           Vehículo de Motor
         Recurrente

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                           SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

         Comparece ante este foro Eurojapón Distributor’s

 Inc. (Eurojapón o “parte recurrente”) y, mediante el

 recurso de Revisión Judicial de epígrafe, solicita que

 revisemos la Resolución notificada por el Departamento

 de Asuntos del Consumidor (DACo) el 17 de octubre de

 2023.      Mediante el dictamen administrativo, el DACo

 determinó que la parte recurrente le había cobrado la

 cantidad de $600.00 por concepto de pago de tablilla a

 la Sra. Gloria M. Camara Vázquez (señora Camara), y

 ordenó su devolución.

         Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.

                               I.

         El 26 de junio de 2023, la señora Camara presentó

 la Querella número SAN-2023-0015019 ante el DACo, en

 contra de Eurojapón.1    Expuso que, el 14 de abril de 2022

 adquirió de la parte recurrente un vehículo de motor

 1 Notificación de Querella, anejo IV, págs. 5-8 del apéndice del
 recurso.

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLRA202300592                                                            2

usado marca Mercedes Benz, modelo GLE 350 del año 2017,

por el precio de $39,900.00, más $600.00 en efectivo

para adquirir y procesar la tablilla.                Sostuvo que, es

ilegal que le hayan cobrado los $600.00 para procesar y

adquirir    la    tablilla,       por    tal   razón,      solicitó    su

devolución.

     Así las cosas, y según le autoriza el Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos del DACo del 13 de junio de

2011 (en adelante, Reglamento Núm. 8034), el 17 de

octubre     de    2023     el     DACo    notificó    la     Resolución

recurrida.2 Mediante esta, determinó que Eurojapón cobró

la cantidad de $600.00 por concepto de pago de tablilla,

incumpliendo con el Reglamento de Prácticas Comerciales,

Reglamento Núm. 9158.           En consecuencia, declaró Ha Lugar

la Querella, y ordenó que dentro del término de veinte

(20) días, le devolviera dicha cantidad a la señora

Camara.

     Inconforme      con        dicha    determinación,      el   16    de

noviembre    de    2023,    Eurojapón acudió         ante    este     foro

mediante el recurso de Revisión Judicial, y formuló los

siguientes señalamientos de error:

          PRIMER ERROR:
          Erró DACO al emitir una Resolución Sumaria
          cuando la querella estaba prescrita.

          SEGUNDO ERROR:
          En la alternativa, erró DACO al determinar
          que   el   cobro   de   los   $600.00  era
          correspondiente al pago de tablilla.

     El 22 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término dispuesto

en el Reglamento de este Tribunal para que presentara su

alegato.

2 Notificación de Querella, anejo V, págs. 9-12 del apéndice del
recurso.
KLRA202300592                                                                  3

       Así las cosas, la parte recurrida no presentó su

alegato en oposición al recurso de revisión en el término

establecido. Por consiguiente, declaramos perfeccionado

el   recurso    de     epígrafe          y    estando     en    posición     para

resolver, procedemos a así hacerlo.

                                         II.

                                         -A-

       La doctrina de revisión judicial nos encomienda

“examinar       si      las         decisiones          de     las      agencias

administrativas fueron hechas dentro de los poderes

delegados y son compatibles con la política pública que

las origina.”        Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR

606,   625-626        (2016).            Al    efectuar      tal    encomienda,

debemos “otorgar amplia deferencia a las decisiones de

las agencias administrativas.”                     Graciani Rodríguez v.

Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019).

       La normativa jurisprudencial ha reiterado que, en

el derecho puertorriqueño, existe una presunción de

legalidad y corrección a favor de los procedimientos y

decisiones      que    emiten        las       agencias      administrativas.

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.                           Ello responde

“a la experiencia y pericia que se presume tienen dichos

organismos para atender y resolver los asuntos que le

han sido delegados.”               Íd.

       Así,    el     estado       de    derecho     vigente         nos   impone

otorgar   deferencia           a    las       agencias       administrativas,

siempre       que     la    parte            que   impugne         el   dictamen

administrativo         no   produzca           evidencia       suficiente     que

rebata    la        presunción          de     legalidad       y    corrección.

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, supra,

citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005) (per
KLRA202300592                                                              4

curiam).     Por tanto, al llevar a cabo nuestra función

revisora, debemos enfocarnos en determinar: (1) si el

remedio fue el apropiado; (2) si las determinaciones de

hechos están sostenidas por el principio de evidencia

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho fueron

correctas.      Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág.

626-627; Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358

(2012).

      Nuestro      Tribunal      Supremo     ha    expresado      que   los

tribunales        no     deben    intervenir         o     alterar      las

determinaciones de hechos de un organismo administrativo

si están sostenidas por evidencia sustancial que surja

del   expediente         administrativo,          considerado      en     su

totalidad.      Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9675. Véase,

además: Otero v. Toyota, supra, págs. 727-728.

      De   este    modo,    si    al     realizar    nuestra      función

revisora     no    nos     encontramos       ante        alguna   de    las

situaciones previamente mencionadas, tenemos el deber de

validar    la     determinación        realizada     por     la   agencia

administrativa.         Torres Rivera v. Policía de PR, supra,

pág. 628.         Ahora bien, es preciso recordar que las

conclusiones       de    derecho,      por    el    contrario,         serán

revisables en todos sus aspectos.             Véase, sección 4.5 de

la LPAU, supra.

                                   -B-

      Mediante el Reglamento de Prácticas Comerciales,

Reglamento Núm. 9158 del DACo, la agencia agrupó las

medidas que regulan determinadas prácticas comerciales.

Íd., Regla 2.      Esto con el fin de velar por la seguridad

y confianza de los consumidores.              Íd.    Dicho Reglamento
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aplica a toda persona natural o jurídica que se dedique

a   ofrecer   bienes   o   servicios   a   consumidores   en   la

jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      Respecto a la venta de vehículos, el Reglamento en

la Regla 20(f) dispone lo siguiente:

        En toda transacción de compraventa o
        arrendamiento de un vehículo de motor
        nuevo, los gastos de registro o gestiones
        relacionadas al mismo, no deberán exceder
        las    cuantías    establecidas    por    el
        Departamento de Transportación y Obras
        Públicas para lograr el registro de la
        unidad. Todo gasto atribuible a dicha
        transacción     deberá    ser     claramente
        desglosado por el vendedor en el contrato
        de compraventa. No se podrá cobrar dos veces
        por la misma gestión. En el caso de los
        vehículos de motor usados, el concesionario
        no podrá cobrar cuantía alguna por concepto
        de traspaso o gestiones relacionadas al
        mismo. Reglamento Núm. 9158, Regla 20(f).

                              III.

      En el caso de autos, Eurojapón en su recurso, señala

que incidió el DACo al emitir una resolución sumaria,

cuando la querella estaba prescrita.            A su vez, al

determinar que los $600.00 correspondían al pago de la

tablilla del vehículo de motor.

      La parte recurrente sostiene que la señora Camara,

transcurridos más de 14 meses desde que adquirió el

vehículo fue que radicó la Querella.           Alegan que, el

Reglamento 7159 de Garantía de Vehículo de Motor del

DACo, establece que le concederán una garantía a base

del millaje recorrido y según la escala de “hasta 36,000

millas – cuatro (4) meses o cuatro mil (4,000) millas,

lo que ocurra primero.”       Por lo tanto, sostienen que la

señora Camara tenía hasta 4 meses o 4,000 millas para

radicar la querella.       Consecuentemente, arguyen que la

querella estaba prescrita.       No le asiste razón.
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     La señora Camara, no reclama la ausencia de una

garantía, sino, la devolución de un cobro ilegal.           En la

Querella    expresó   que   le   solicitaron   la   cantidad    de

$600.00 para que pudiera adquirir y fuera procesada la

tablilla del vehículo.

     De otra parte, Eurojapón alega que los $600.00 que

cobraron corresponden al cargo de “Document Fees”.          Así,

afirmaron que en el contrato de compra dispone que los

“Document     Fees”   o     “Gastos    de   Cierre”    no      son

reembolsables una vez la persona firme la factura y el

contrato.    Conforme al derecho antes expuesto, la Regla

20 del Reglamento de Prácticas Comerciales prohíbe esta

conducta y establece que, en el caso de los vehículos de

motor usados, el concesionario no podrá cobrar cuantía

alguna por concepto de traspaso o gestión relacionados

al mismo.

     En virtud de lo allí consignado, resolvemos que no

se cometió el error señalado. En efecto, Eurojapón cobró

indebidamente la cantidad de $600.00 en concepto de la

tablilla, al ser el vehículo adquirido por la señora

Camara un vehículo usado.

                                 IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la

Resolución recurrida.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones