Court Opinion

ID: 9381040
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:19.577623+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.299947
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL X

        UNIVERSAL                                  Apelación procedente
    INSURANCE COMPANY                              del Tribunal de
         Y OTROS                                   Primera Instancia
                                                   Sala de Superior de
            Apelantes                              San Juan

                                                   Caso Núm.:
                V.                                 SJ2022CV05783
                                  KLAN202201046
                                                   Sobre:
       ESTADO LIBRE                                Impugnación de
    ASOCIADO DE PUERTO                             Confiscación
    RICO, SECRETARIO DE
         JUSTICIA Y
     SUPERINTENDENTE
     POLICIA DE PUERTO
            RICO

            Apelados
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente.

                                  SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

         Comparecen ante nos Universal Insurance y Toyota Credit de

Puerto Rico (en conjunto la parte apelante) y solicitan que revisemos

una Sentencia dictada y notificada el 2 de noviembre de 2022 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1 En

el referido dictamen, el TPI desestimó la Demanda presentada por

los apelantes en la que estos impugnaban la confiscación de un

vehículo de motor Toyota Tacoma del año 2022 y con número de

tablilla 1097879 (el vehículo), por concluir dicho Foro que no

contaban con legitimación activa. Dicha decisión fue objeto de una

Moción de Reconsideración presentada por los apelantes el 15 de

1   Véase apéndice de Apelación, pp. 4-8.

Número Identificador
SEN2023________________
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noviembre de 20222, siendo la misma declarada sin lugar por el TPI

el 4 de diciembre de 2022.3

          Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, se

adelanta la confirmación de la Sentencia apelada. Veamos.

                                      -I-

          El 3 de abril de 2022 agentes del orden público ocuparon el

vehículo por, alegadamente, este ser utilizado en la comisión de

infracciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

Así las cosas, y en lo pertinente en el caso que nos ocupa, el 29 de

junio de 2022, los apelantes presentaron Demanda, en la que, en

síntesis, alegaron que la confiscación fue nula e ilegal por no

haberse cumplido con los requisitos estatutariamente dispuestos

para llevarla a cabo y porque no se le notificó dentro del término

legal.4

          El 22 de julio de 2022, el Estado Libre Asociado (ELA) presentó

su Contestación a Demanda y, entre otros particulares, planteó que

se debía llevar a cabo una vista de legitimación activa en la cual los

apelantes venían obligados a demostrar haber tenido dominio y

control sobre el vehículo al momento de la confiscación.5 Luego de

diversos trámites procesales, el 2 de noviembre de 2022 el TPI

notificó su Sentencia en la que consignó los siguientes hechos6:

    1. Surge del Certificado de título expedido por DTOP que el
       vehículo objeto de confiscación está inscrito a nombre de la
       Sra. Euridis Gonzáles Millán.

    2. El 3 de abril de 2022 el vehículo fue ocupado por el estado por
       alegadas infracciones a la Ley de Armas y la Ley de
       Sustancias Controladas. A la mencionada fecha, Toyota
       Credit no ostentaba gravamen mobiliario inscrito a su favor.

    3. Posteriormente, el 18 de mayo de 2022, Toyota Credit radicó
       el DTOP-770 para presentar el gravamen mobiliario sobre
       vehículo de motor y esto resultó en la inscripción del gravamen
       a su nombre el 20 de mayo de 2022.

2 Véase apéndice de Apelación, pp. 9-16.
3 Véase apéndice de Apelación, pp. 1-3.
4
  Véase apéndice de Apelación, pp. 23-25.
5
  Véase apéndice de Apelación, pp. 28-34.
6
  Véase apéndice de Apelación, pp. 5-8.
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          Acorde con lo anterior, el TPI señaló que a la fecha en la cual

se ocupó el vehículo, Toyota Credit no había presentado la solicitud

de inscripción de gravamen conforme a los términos de la Ley. Por

lo tanto, concluyó que no podía ser considerado como dueño del

vehículo y que, al momento en que el ELA tomó posesión del mismo,

Toyota Credit solamente era acreedor de una obligación personal y

el derecho a constituir una garantía oponible a terceros, pero no

había perfeccionado el gravamen. Por lo tanto, concluyó que Toyota

Credit no tenía legitimación activa presentar su reclamación y,

consecuentemente, desestimó la Demanda.

          En desacuerdo con lo anterior, las apelantes solicitaron al TPI

reconsiderar la mencionada Sentencia, pero dicho proceder fue

declarado No Ha Lugar el 5 de diciembre de 2022.7 Inconforme con

el dictamen, acude ante nos alegando que el TPI incidió de la

siguiente manera:

      1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, al
         determinar que la parte apelante no posee legitimación activa para
         presentar la demanda de autos.

          En resumen, los apelantes sostuvieron que tienen un interés

propietario sobre el vehículo propietario confiscado y que evidencia

de ello es que el Estado le notificó a Toyota Credit tardíamente de la

confiscación realizada. Argumentaron que para tener legitimación

activa se requiere que el reclamante demuestre un interés

propietario en el bien incautado, que ello se satisface con poseer un

gravamen sobre dicha propiedad y que la Ley no incluye el requisito

formal de inscripción del gravamen.

                                        -II-

                                        -A-

         Dispone      la   Ley    Núm.      119-2011,   Ley   Uniforme   de

Confiscaciones, en su noveno artículo que el Estado puede confiscar

7
    Véase apéndice de Apelación, pp. 1-3.
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toda propiedad que resulte, sea producto o se utilice, durante la

comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos graves en los

que por ley se autorice la confiscación, cuando estos se encuentren

tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y en diversos estatutos

como, por ejemplo, la ley de sustancias controladas, de armas y

explosivos, bebidas alcohólicas, etc. 34 LPRA secc. 1724f. Lo

anterior es una excepción al mandato constitucional que prohíbe

tomar   propiedad    privada   para    fines   públicos   sin   justa

compensación. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, 180 DPR 655 (2011). No

obstante, la confiscación está sujeta al mandato constitucional de

que nadie será privado de su propiedad sin que antes medie un

debido proceso de ley. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra; General Motors

Acceptance v. Brañuela, 61 DPR 725 (1943). Adicionalmente,

destacamos que nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que a

través de la confiscación se pretende desincentivar la conducta

criminal al imponer un castigo adicional a la posible privación de la

libertad tras un encausamiento penal, en este caso, la pérdida de la

propiedad. Coop. Seg. Múlt. v. ELA, supra; Díaz Ramos v. ELA y otros,

174 DPR 194 (2008). También, ha acotado que se trata de un

esquema estatutario punitivo que, si bien en su forma procesal es

civil, se asemeja más, por su naturaleza, al campo criminal, pues

por un lado, se vincula el proceso de confiscación con la conducta

delictiva base que autoriza su ejecución de manera que, en su

objetivo disuasivo y punitivo, constituya una herramienta adicional

en los intentos del Estado por atender la problemática social de la

criminalidad. Íd. Por otro lado, se separa procesalmente la

confiscación de la acción penal, moviéndose la persecución del

criminal de la esfera penal a la del proceso civil para incautarse de

los bienes instrumentales del delito o resultantes de la operación o

empresa criminal. Íd. En este sentido, se ha determinado que la falta

de presentación de cargos criminales por los hechos que motivaron
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la   confiscación    de   la   propiedad     en   cuestión    no   invalida

automáticamente la acción confiscatoria. Cooperativa de Seguros

Múltiples v. ELA, 209 DPR___ (2022).          Así, la confiscación es un

mecanismo en la lucha contra el crimen y actúa como una sanción

penal adicional contra el criminal y, aunque el proceso mantiene su

forma civil, su objetivo sigue siendo punitivo. Coop. Seg. Múlt. v. ELA,

supra; Díaz Ramos v. ELA y otros, supra. Finalmente, la confiscación

civil es de naturaleza in rem, es decir, se dirige contra la cosa que, a

juicio del legislador, no debe permanecer en la posesión de ciertas

personas, ya sea por la conexión con la actividad ilegal de su dueño

o poseedor o porque la ley declara que la cosa es ilícita en sí misma.

Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973 (1994).

      Ahora bien, y en cuanto a quién se debe notificar un

confiscación llevada a cabo, dispone el art. 13 de la Ley Núm. 119-

2011, 34 LPRA secc. 1724j, que:

       El Director Administrativo de la Junta notificará la
       confiscación y la tasación de la propiedad confiscada a las
       siguientes personas:

             a) a la persona que tuviere la posesión física del bien
                al momento de la ocupación;

             b) a aquéllas que por las circunstancias, información
                y creencia, el Director Administrativo considere
                como dueños de dicho bien;

             c) en los casos de vehículos de motor, se notificará,
                además, al dueño, según consta en el Registro de
                Vehículos del Departamento de Transportación y
                Obras Públicas y al acreedor condicional que a la
                fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito. […]

       Por esa misma línea, el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2021, 34

LPRA sec. 1724l, dispone lo siguiente en cuanto a la impugnación

de una confiscación:

       Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta Ley y
       que demuestren ser dueños de la propiedad, podrán impugnar
       la confiscación dentro de los treinta (30) días siguientes a la
       fecha en que se reciba la notificación, mediante la radicación
       de una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto
       Rico, y el funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose
       emplazar al Secretario de Justicia dentro de los quince (15)
       días siguientes a la fecha en que se presentó la demanda. En
       aquellos casos que la notificación sea devuelta, los términos
       indicados comenzarán a computarse desde que la referida
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      notificación sea recibida por el Departamento de Justicia.
      Estos términos son jurisdiccionales. El Secretario de Justicia
      representará al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos
      los casos de impugnación de confiscación y formulará sus
      alegaciones dentro de los treinta (30) días de haber sido
      emplazado. La demanda deberá radicarse en la sala
      correspondiente del Tribunal de Primera Instancia, Sala
      Superior. El Tribunal tramitará estas demandas de manera
      expedita y los procedimientos se celebrarán sin sujeción a
      calendario.

      También, dispone que existe una presunción de legalidad en

la confiscación, por lo que el peso para rebatir tal presunción

descansa sobre la parte demandante. Art. 15 de la Ley 119-2011,

supra. Adicionalmente, y luego de la presentación de la demanda y

la oportuna contestación a la misma, será necesaria la celebración

de una vista sobre legitimación activa que tiene como propósito

establecer si el demandante ejercía el dominio y control sobre la

propiedad confiscada previo a los hechos que motivaron la

confiscación. Íd. De no cumplir con tal requisito, el Tribunal

ordenará la desestimación inmediata del pleito. Íd.

      Por último, destacamos que, en el 2012, la Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 262-2012, para enmendar el

precitado Artículo 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011,

supra, a fines de aclarar con precisión quiénes se entenderán

dueños durante el procedimiento de confiscación. Esto para

salvaguardar el derecho constitucional a que no se le prive de su

propiedad sin el debido proceso de ley. Véase, la Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 262-2012. Así pues, para fines de esta

legislación se considera dueño:

      Una persona que demuestre tener interés propietario en la
      propiedad incautada, incluyendo una persona que posea un
      gravamen sobre dicha propiedad a la fecha de ocupación de
      la propiedad incautada, o una cesión válida de tal interés
      propietario. Sección 1 de la Ley Núm. 262-2012, 34 LPRA sec.
      1724(l).

                                   -B-

      El concepto de justiciabilidad requiere la existencia de un caso

o controversia real para que los tribunales podamos ejercer
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válidamente el poder judicial. Suárez Cáceres v. Com. Estatal

Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia,

109 DPR 715 (1980). De modo que la intervención del tribunal

tendrá lugar únicamente si existe una controversia genuina surgida

entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener un

remedio que afecte sus relaciones jurídicas. Suárez Cáceres v. Com.

Estatal Elecciones, supra.

      Ahora bien, no se considera una controversia ser justiciable

cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; (2) una de las

partes carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al

comienzo del pleito han tornado la controversia en académica; (4)

las partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se

intenta promover un pleito que no está maduro. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59 (2017); Noriega v. Hernández Colón, 135

DPR 406 (1994).

      Cónsono con lo anterior, la doctrina de legitimación activa se

define como la capacidad que se le requiere a la parte promovente

de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal,

realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una

sentencia vinculante. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra. A través

de la legitimación activa el promovente procura demostrarle al

tribunal que su interés es de tal índole que, con toda probabilidad,

habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de

traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia.

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360 (2002);

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).

      Así, ante la falta de una ley que expresamente la confiera,

existe legitimación activa cuando: (1) la parte que reclama ha sufrido

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no

abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre

la acción que se ejecuta y el daño alegado, y (4) la causa de acción
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surge al amparo de nuestra Constitución o de alguna ley. Acevedo

Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005); Hernández Torres v.

Hernández Colón et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v.

Romero Barceló, supra. Finalmente, destacamos que nuestro

Tribunal Supremo ha validado las disposiciones de la Ley Núm. 262,

supra, a los efectos de que las personas que demuestren tener un

interés propietario en alguna propiedad incautada, incluso una

persona que posea un gravamen sobre la propiedad a la fecha de su

ocupación o una cesión válida de tal interés propietario, pueden

impugnar la acción confiscatoria del Estado presentando una

demanda de impugnación, lo que obedece a la necesidad de

salvaguardar sus derechos constitucionales. MAPFRE v. ELA, 188

DPR 517 (2013).

                                 -C-

      Jurisprudencialmente, se ha establecido que la doctrina del

tercero inocente se concretiza cuando quien cede un vehículo al

infractor de manera involuntaria o cuando el dueño toma medidas

cautelares expresas para precaver el uso ilegal del mismo. First

Bank, Univ. Ins. Co. v. ELA, 156 DPR 77 (2002); Del Toro Lugo v. ELA,

136 DPR 973 (1994). Así, si el infractor se aparta de las

instrucciones recibidas, el dueño y cualquier otro con interés en la

propiedad    confiscada   son    considerados    terceros   inocentes.

Destacamos que, en caso de que el imputado no sea el dueño de la

propiedad confiscada, este último tendrá que probar que no ha

puesto la propiedad en posesión del supuesto infractor de manera

voluntaria o que tomó las medidas cautelares expresas para prevenir

el uso ilegal de la propiedad en la comisión de un delito. Flores Pérez

v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 195 DPR 137 (2016); Del

Toro Lugo v. ELA, supra; General Accident Ins. Co. v. ELA, 137 DPR

466 (1994). Por lo tanto, el carácter de tercero inocente depende de
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la naturaleza de la posesión o el uso que del vehículo haga el

infractor. Íd.

                                    -III-

       En el caso ante nuestra consideración, aduce la parte

apelante que incidió el TPI por resolver que no ostentaba

legitimación activa para incoar la Demanda que sirvió como génesis

del caso ante nos. Específicamente, sostiene que es acreedora

garantizada del vehículo confiscado, pues cuenta con un gravamen

presentado para inscripción e inscrito ante el Departamento de

Transportación y Obras Públicas, lo cual, conforme a la Ley de

Transacciones Comerciales es válido como un récord registrado y, a

su   entender,     el   mismo    quedó      debidamente     perfeccionado.

Adicionalmente, señala que, para reclamar por una confiscación, no

es necesario ser dueño de un gravamen sobre la propiedad

incautada, pues al amparo de la Ley de Transacciones Comerciales,

basta con que un reclamante demuestre tener un interés propietario

sobre el bien incautado para que cuente con legitimación activa.

También, señala que la susodicha ley excluye que los terceros

inocentes deban establecer sobre su interés propietario. Finalmente,

plantea como hecho incontrovertido que la Junta de Confiscaciones

incumplió con su obligación de notificarle a tiempo sobre la

confiscación a Toyota Credit y que el ELA le reconoció legitimación

activa a este último al notificarle la confiscación. Por lo que, a la luz

de lo antes mencionado, arguye que sería erróneo de nuestra parte

resolver que no ostenta legitimación activa para impugnar la

confiscación efectuada y que dicha conclusión constituiría una

violación su derecho a un debido proceso de ley.

       Por su parte, en cuanto al error alegado, sostiene el ELA que

las enmiendas a la Ley de Transacciones Comerciales8 tuvieron el

8
 Específicamente, las enmiendas que surgieron en virtud de la Ley Núm. 262-
2012.
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efecto de extender el reconocimiento de legitimación para impugnar

una   confiscación a   ciertas     personas   que,   aunque    sin   ser

propiamente dueños del bien confiscado, poseyesen un interés

propietario al momento de la ocupación e incluyeron bajo el

concepto de dueño de la propiedad incautada a quien contara con

un gravamen a su nombre sobre dicha propiedad a la fecha de la

ocupación. Así, señala que el vehículo en controversia fue ocupado

el 3 de abril de 2022 y los documentos necesarios para solicitar la

inscripción del gravamen a favor de Toyota Credit fueron

presentados   45    días   luego    de   la   impugnada       actuación

gubernamental, es decir, el 18 de mayo de 2022. A esos efectos,

sostiene que Toyota Credit no ostentaba derecho propietario a la

fecha de la confiscación y, consecuentemente, no cuenta con

legitimación activa para impugnar la misma. En cuanto a la

notificación que se le cursó a Toyota Credit, alegó que esta es

impertinente. Concluyó argumentando que el foro de instancia

actuó de manera correcta al desestimar la impugnación de la

incautación del vehículo, pues Toyota Credit no contaba con ningún

derecho propietario sobre el mismo.

      Luego de un análisis minucioso y sosegado sobre el

expediente ante nuestra consideración, resolvemos que el TPI no

incidió de la manera que alega la parte apelante. Veamos.

      En síntesis, el análisis que este tribunal debe llevar a cabo

requiere determinar si Toyota Credit reunía los criterios necesarios

para presentar la impugnación de la confiscación. Una respuesta en

la afirmativa sería posible si, en efecto, la mencionada parte

ostentaba un interés propietario inscrito a su favor al momento de

la confiscación. No obstante, surge del expediente que al momento

de la incautación del vehículo, el 3 de abril de 2022, Toyota Credit

no ostentaba derecho erga omnes alguno que se tradujera en un

interés propietario que le brindara legitimación activa para
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presentar la demanda de impugnación de la incautación ante el TPI.

De hecho, no fue hasta el 18 de mayo de 2022 que se comenzaron

los procedimientos que llevaron a la inscripción del gravamen a su

nombre el 20 de mayo de 2022. Por lo tanto, es forzoso concluir que

a la referida parte apelante no se le considera dueño del vehículo

para los efectos de la Ley de Transacciones Comerciales, según

enmendada, y por tanto procede concluir que no contaba con

legitimación activa para presentar la acción de impugnación.

Finalmente, resaltamos que resolver lo contrario tendría el efecto de

que titulares de créditos personales que inscriban sus gravámenes

en una fecha posterior a la incautación posean una acción

legitimada para impugnar la misma, incluso luego de transcurridos

los términos legalmente dispuestos para otros titulares afectados

por dichos procedimientos.

      Por esa misma línea, resolvemos que Toyota Credit no cumple

con   los   requisitos   definidos     jurisprudencialmente   para   ser

considerado un tercero inocente, pues dicha figura aplica a quien

cede un vehículo al infractor de manera involuntaria o cuando el

dueño toma medidas cautelares expresas para precaver el uso ilegal.

En este caso nos encontramos ante una acreedora que, debiendo

conocer el marco legal aplicable y la forma en que podría

salvaguardar sus derechos, no actuó de manera diligente y obvió su

deber de inscribir el gravamen a su favor para que el mismo fuera

oponible a todo tercero, por lo que resulta improcedente aplicar

dicha doctrina.

      Así, acorde con lo aquí expuesto, confirmamos el dictamen del

foro recurrido y resolvemos que no cometió el error alegado por la

parte apelante.

                                     -IV-

      Por los fundamentos anteriormente expuestos se confirma la

Sentencia apelada.
KLAN202201046                                                      12

     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones