Court Opinion

ID: 9916019
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Date Created: 2024-01-09 15:15:26.826407+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:36.631173
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

     DAMARIS SANTIAGO MÉNDEZ                                   Certiorari
    JORGE G. QUILES MALDONADO                                  procedente del
             PETICIONARIOS                                     Tribunal de Primera
                                                               Instancia, Sala
               EX PARTE                                        Superior de UTUADO

    DAMARIS SANTIAGO MÉNDEZ            KLCE202300404           Caso Núm.
     PETICIONARIA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                               L DI2021-0002 (Salón
                                                               2)
    JORGE G. QUILES MALDONADO
      PETICIONARIA(S)-RECURRIDA(S)
                                                               Sobre:
                                                               Divorcio (Mutuo
                                                               Consentimiento)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente

                                 RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de noviembre de 2023.

         Comparece ante nos, la señora DAMARIS SANTIAGO MÉNDEZ (señora

SANTIAGO MÉNDEZ), mediante Certiorari Civil instado el 13 de abril de 2023.

En su recurso, nos solicita que revisemos la Resolución emitida el pasado 9

de marzo, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de

Utuado.1 Mediante el referido dictamen, el foro a quo declaró no ha lugar la

Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración y Orden para que se Calculen

Intereses Legales presentada el 6 de marzo de 2023 por la señora SANTIAGO

MÉNDEZ.2

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

                                          –I–

         El 18 de febrero de 2011, los señores SANTIAGO MÉNDEZ y JORGE G.

QUILES MALDONADO (señor QUILES MALDONADO) incoaron una Petición

1
  Dicha determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 14 de marzo de 2023.
Véase Apéndice de Certiorari Civil, págs. 104- 105.
2
  Íd., págs. 93– 100.

Número Identificador:
RES2023___________
KLCE202300404                                                     Página 2 de 10

sobre divorcio por la causal de mutuo consentimiento.3 Un mes después, el

28 de marzo de 2011, se dictaminó Sentencia decretando roto y disuelto el

vínculo matrimonial.4 Asimismo, se otorgó la custodia de la menor G.R.Q.S.

a la señora SANTIAGO MÉNDEZ; y se dispuso una pensión alimentaria de

$1,500.00 mensuales en beneficio de la hija menor de edad. El señor QUILES

MALDONADO, además, debía pagar la suma de $170.00 mensuales por

concepto de mensualidad del colegio durante el periodo escolar; y satisfacer

el pago del plan médico incluyendo cubierta de farmacia y dental. Dicha

obligación alimentaria era efectiva el 1 de febrero de 2011 y debía depositarse

en una cuenta bancaria (ahorro).

        Luego, el 29 de junio de 2017, se celebró audiencia sobre desacato en

la cual se determinó que el señor Quiles Maldonado tenía un balance

adeudado por la cantidad de $25,917.23 reconociéndole un crédito de $263.97;

y quedando una controversia sobre $9,048.15.5 Para satisfacer dicho pasivo,

se impuso un plan de pago de $303.25 mensuales por treinta y seis (36) meses

más $5,000.00 anuales comenzando el 1 de julio de 2017 y el abono anual a

partir de junio de 2018. Así las cosas, se pautó una Vista Evidenciaria para el

25 de septiembre de 2017 para atender la controversia sobre los gastos

escolares.

        El 14 de noviembre de 2017, se decretó Orden en la cual se declaró ha

lugar la solicitud de imposición de intereses legales a la deuda por concepto

de pensión alimentaria y se le requirió a la señora SANTIAGO MÉNDEZ

presentar el cálculo de intereses legales.6

        En marzo de 2018, el señor QUILES MALDONADO presentó una Petición

de Quiebras ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico.7 Sin

embargo, en mayo de 2019, ante su incumplimiento para con lo dispuesto por

el Tribunal de Quiebras se desestimó la Petición.8

3
  Véase Apéndice de Certiorari Civil, págs. 5- 17.
4
  Íd., págs. 2- 4.
5
  Íd., págs. 25- 27.
6
  Íd., págs. 30- 31.
7
  Íd., pág. 34.
8
  Íd., pág. 37.
KLCE202300404                                                                 Página 3 de 10

        Más tarde, el 10 de diciembre de 2019, los señores SANTIAGO MÉNDEZ y

QUILES MALDONADO presentaron Moción Conjunta en Cuanto a Asuntos

Pendientes sobre Pensión Alimentaria y en Cumplimiento de Orden de 27 de

septiembre de 2019.9 En síntesis, solicitaron que el foro recurrido dispusiera

de los asuntos pendientes sobre la deuda por concepto de pensión

alimentaria y el reiterado incumplimiento del señor Quiles Maldonado.

        Entonces, en junio de 2019, el señor QUILES MALDONADO presentó una

segunda Petición de Quiebras. No obstante, el 25 de enero de 2022, ante el

incumplimiento de las mensualidades del plan de pago bajo el Capítulo 13, el

Tribunal de Quiebras desestimó la petición de quiebra.10

        Finalmente, el día 16 de febrero de 2023, se celebró una audiencia

sobre desacato.11 En consecuencia, el 6 de marzo de 2023, la señora SANTIAGO

MÉNDEZ presentó Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración y Orden

para que se Calculen Intereses Legales.12 En resumen, expresó su

inconformidad con la determinación del foro de instancia mediante la cual le

concedió al señor QUILES MALDONADO otra oportunidad y un tercer plan de

pago a comenzar en agosto de 2023. Por consiguiente, el 9 de marzo de 2023,

el foro a quo emitió la Resolución impugnada.

        Insatisfecha, el 13 de abril de 2023, la señora SANTIAGO MÉNDEZ entabló

ante este Tribunal de Apelaciones un Certiorari Civil. En su escrito, señala

el(los) siguiente(s) error(es):

        Erró el TPI al no ordenar que se calculen los intereses legales
        sobre la deuda de pensión alimentaria que mantiene el
        recurrido desde enero de 2020 hasta el presente en
        contravención a la Ley del caso, que es la Orden de 14 de
        noviembre de 2017, que ya los concedió, puesto a que los
        intereses se acumulan hasta el saldo de la deuda.

        El 19 de abril de 2023, pronunciamos Resolución en la cual, entre otras

cosas, concedimos un plazo perentorio de diez (10) días para mostrar causa

por la cual no debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen

9
   Véase Apéndice de Certiorari Civil, págs. 47- 58.
10
   Íd., págs. 65- 66.
11
   En el expediente apelativo no obra copia de la Minuta de la audiencia sobre desacato.
12
   Íd., págs. 93- 100.
KLCE202300404                                                                  Página 4 de 10

impugnado. Al día de hoy, el señor QUILES MALDONADO no ha presentado

contención alguna.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso, nos encontramos

en posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes

a la(s) controversia(s) planteada(s).

                                           – II –

        (A) Certiorari

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas

por una corte de inferior instancia judicial.13 Por ello, la determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la

discreción judicial.14

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.15

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto

del derecho”.16

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.17 La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo”.18

13
   Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65; 211 DPR ___ (2023); Torres González v.
Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras
I, 206 DPR 391, 403 (2021).
14
   Íd.
15
   Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
16
   Íd.
17
   32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare v.
Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019).
18
   Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
KLCE202300404                                                                Página 5 de 10

        En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

        (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
        hechos o peritos esenciales;
        (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
        (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
        (4) en casos de relaciones de familia;
        (5) en casos revestidos de interés público; o
        (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia.19

        Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.20

        (B) Regla 40 - Reglamento del Tribunal de Apelaciones

        Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en

el vacío o en ausencia de otros parámetros.21 Para ello, la Regla 40 de nuestro

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no

expedir un recurso de certiorari. A saber:

        (A)      Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
        diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
        (B)      Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
        análisis del problema;
        (C)      Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
        Instancia;
        (D)      Si el asunto planteado exige una consideración más detenida
        a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
        alegatos más elaborados;
        (E)      Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
        más propicia para su consideración;
        (F)      Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
        causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
        indeseable en la solución final del litigio; y
        (G)      Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
        un fracaso de la justicia.22

19
   4 LPRA Ap. XXII – B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 – 340 (2012).
20
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
21
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205
DPR 163 (2020).
22
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v.
Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
KLCE202300404                                                         Página 6 de 10

       Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva,

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el

ejercicio de nuestra jurisdicción.23 Esto es, los anteriores criterios nos sirven

de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica

nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el

caso.24 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee

discreción para expedir el auto de certiorari.25 La delimitación que imponen

estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación

que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación.”26

       Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.27 Esto es, “que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.28

       (C) Regla 34 - Reglamento del Tribunal de Apelaciones

       Los requisitos aplicables sobre el perfeccionamiento de un recurso de

apelación o discrecionales están contenidos en el Reglamento del Tribunal

de Apelaciones de 2004; la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico de 2003, según enmendada; y en las Reglas de Procedimiento

Civil de 2009, según enmendadas. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido

que los litigantes deben observar rigurosamente las disposiciones

reglamentarias sobre el perfeccionamiento de sus recursos.29 Ello a los fines

de que los tribunales revisores estén en posición de ejercer adecuadamente

23
   García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).
24
   Mun. Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
25
   Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
26
   Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486 – 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO
Construction, supra.
27
   García Rubiera v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
28
   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
29
   Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).
KLCE202300404                                                                  Página 7 de 10

su función, toda vez que el incumplimiento de dichos mandatos impide tener

de un expediente completo y claro para delimitar la controversia ante su

consideración.30

        Así las cosas, la Regla 34 (C) de nuestro Reglamento dispone todo lo

relacionado al contenido que deberá tener toda solicitud de certiorari.31 A

esos efectos, la citada Regla, en lo pertinente, establece lo siguiente:

         El escrito de certiorari contendrá:
         (A) . . .[…]
         (E) Apéndice
         (1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso y en la Regla 74,
         la solicitud incluirá un Apéndice que contendrá una copia literal de:
         (a) Las alegaciones de las partes, a saber:
        (i) en casos civiles, la demanda principal, la de coparte o de tercero y
        reconvención, con sus respectivas contestaciones;
        (ii) en casos criminales, la denuncia y la acusación, si la hubiere.
        (b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se
        solicita, incluyendo las determinaciones de hechos y las conclusiones de
        derecho en que esté fundada, si las hubiere, y la notificación del archivo
        en autos de una copia de la notificación de la decisión, si la hubiere.
        (c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de Primera
        Instancia, resolución u orden necesaria para acreditar la
        interrupción y reanudación del término para presentar la solicitud
        de certiorari, y la notificación del archivo en autos de una copia de
        la resolución u orden.
        (d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualesquiera de
        las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de
        Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier
        asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a
        ésta.
        (e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente
        original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser útil al
        Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la controversia.
         […] (Énfasis nuestro).

        (D) Jurisdicción

        La jurisdicción es el poder o autoridad con el que cuenta un tribunal

para considerar y decidir los casos y controversias ante su consideración.32

Por lo que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre

su poder para adjudicar una controversia.33

        Los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Aun en

ausencia de un señalamiento por alguna de las partes, la falta de jurisdicción

30
   Íd.
31
   Regla 34 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 34 (C).
32
   FCPR v. ELA et al., 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023); Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa
et al., 210 DPR 384, 394 (2022); Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); ASG
v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006).
33
   Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra, págs.
249-250 (2012).
KLCE202300404                                                                    Página 8 de 10

puede ser considerada motu proprio por los tribunales. Las cuestiones de

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia. Si un

tribunal se percata que carece de jurisdicción, así tiene que declararlo y

desestimar el caso.34

        El Tribunal Supremo ha resuelto enfáticamente que la ausencia de

jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias: “(1) no es susceptible de

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un

tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) puede

presentarse en cualquier etapa de los procedimientos, a instancia de las partes

o por el tribunal motu proprio”.35

        La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

faculta a este Tribunal para que, a iniciativa propia, desestime un recurso de

apelación o deniegue un auto discrecional por cualquiera de los motivos

consignados en el inciso (B).36 Una vez un tribunal determina que no tiene

jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso apelativo

conforme lo ordenado por las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento

de estos recursos”.37 Ello sin entrar en los méritos de la controversia ante sí.

                                            – III –

        La señora SANTIAGO MÉNDEZ alega que recurre de la Resolución

intimada el 9 de marzo de 2023 en la cual se declaró no ha lugar su Moción

34
   FCPR v. ELA et al., supra; Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, supra, págs. 366-387; Torres
Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-500 (2019); García Hernández v. Hormigonera
Mayagüezana Inc., 172 DPR 1, 7 (2007).
35
    MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 2023 TSPR 08, 211 DPR ___ (2023); Cobra
Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra, pág. 395; Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 101-
102 (2020); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); y González
Sotomayor v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).
36
   Dicho inciso lee: “(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación de
un recurso por los motivos siguientes: (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley
sin que exista justa causa para ello; (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o
de buena fe; (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que ha sido interpuesto para
demorar los procedimientos; o (5) que el recurso se ha convertido en académico”.
37
   Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020); Peerless Oil v. Hermanos
Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
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Urgente en Solicitud de Reconsideración y Orden para que se Calculen

Intereses Legales. Dicha solicitud de reconsideración cuestiona la

determinación judicial realizada en la audiencia sobre desacato celebrada el

16 de febrero de 2023. El tribunal de instancia -en su discreción – razonó

conceder otra oportunidad al señor QUILES MALDONADO para cumplir con la

pensión alimentaria adeudada al brindarle un tercer plan de pago. La señora

SANTIAGO MÉNDEZ manifestó en su escrito de reconsideración lo siguiente:

        [E]ste Tribunal incurrió en un craso abuso de discreción al no
        ordenar la encarcelación del Peticionario el 16 de febrero de 2023
        cuando no se presentó a la audiencia. Más aun, cuando ya ha
        acumulado una deuda adicional de sobre $5 mil, por lo que devolvió
        el caso a la situación en que se encontraba en julio de 2022.38

        En su recurso apelativo, la señora SANTIAGO MÉNDEZ argumentó que

el foro primario incidió al no ordenar que se calcularan o impusieran los

intereses legales sobre la deuda de la pensión alimentaria. La señora

SANTIAGO MÉNDEZ hizo referencia a que las pensiones alimentarias vencidas

pueden devengar intereses legales por mora. En específico, discutió que estas

se computan desde el momento en que se dictó la Sentencia o Resolución, o

si es de mes a mes desde que venció o debió ser satisfecha. También,

manifestó que el señor QUILES MALDONADO presentó dos (2) peticiones de

quiebra las cuales fueron desestimadas. Aseguró que el señor QUILES

MALDONADO no ha saldado la deuda de la obligación alimentaria en seis (6)

años y ha quebrantado tres (3) planes de pago.

        Como norma general, este tribunal no debe intervenir con el ejercicio

de la discreción de los tribunales de instancia. Empero, el Tribunal Supremo

ha dictaminado que el ejercicio de dicha discreción ha de ceder ante: (1)

actuaciones que demuestren perjuicio o parcialidad; (2) abusos de discreción;

y (3) equivocaciones en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o derecho sustantivo.39

38
   Véase Apéndice de Certiorari Civil, pág. 98.
39
   Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR
112, 121 (2006); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
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        No obstante, la señora SANTIAGO MÉNDEZ presentó su escrito apelativo

sin incluir copia de la Minuta de la audiencia sobre desacato celebrada el 16

de febrero de 2023.40 La aludida Minuta debe reflejar todo lo acontecido y

dispuesto por el foro recurrido. En casos como el presente, dicho documento

es indispensable y esencial para auscultar si tenemos o no jurisdicción para

atender este recurso.41 La omisión o ausencia de presentar la antedicha

Minuta nos impide ejercer nuestra función revisora. Tomar una

determinación sin la observancia del escrito nos encamina a concluir en

ausencia de todos los elementos necesarios para impartir justicia. Por tanto,

la falta de perfeccionamiento del recurso, para precisar nuestra jurisdicción,

tiene como consecuencia la desestimación de este recurso.

                                            - IV -

        Por los fundamentos antes expuestos y en conformidad con la Regla

83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, desestimamos, por falta

de jurisdicción, el Certiorari Civil instado el 13 de abril de 2023 por la señora

SANTIAGO MÉNDEZ; y ordenamos el cierre y archivo del presente caso.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

        La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

40
   La Minuta fue notificada el 27 de febrero de 2023 según hizo constar la señora SANTIAGO
MÉNDEZ en su Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración y Orden para que se Calculen
Intereses Legales. Véase Apéndice de Certiorari Civil, pág. 93.
41
   La Regla 32 (B) (1) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia,
4 LPRA Ap. II-B R. 32 (B) (1), dispone que la minuta es “el registro oficial de las incidencias
más importantes ocurridas durante la vista judicial en el salón de sesiones y en cámara.” En
cuanto a su notificación, dicha Regla expresa lo siguiente:
         “La minuta no será notificada a las partes o a sus abogados, salvo que
         incluya una Resolución u Orden emitida por el juez o la jueza en corte
         abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la jueza y notificada a
         las partes.” Íd.
Una notificación verbal en corte abierta de una determinación interlocutoria del Tribunal de
Primera Instancia en un caso civil no constituye la notificación que se requiere para activar
el plazo dispuesto por ley para interponer una moción de reconsideración o un recurso de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Sánchez Torres v. Hosp. Dr. Pila, 158 DPR 255, 262
(2002). La notificación que activa estos términos tiene que constar por escrito y dicho escrito
tiene que ser notificado a las partes. Íd.