Court Opinion

ID: 9962672
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:45.469073+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.568852
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

GARAJE COLÓN HIJO, INC.                           Apelación
                                                  procedente del
            Apelante                              Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                v.                                Sala Municipal de
                                    KLAN202400054 Caguas
  CALESA MOTORS, INC.
                                                              Caso núm.:
            Apelado                                           CG2023CV01836

                                                  Sobre: Cobro de
                                                  dinero – Regla 60
Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez
Rivera Torres, la jueza Rivera Pérez y el juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

       Comparece la parte apelante, Garaje Colón Hijo, Inc., y nos

solicita la revocación de la Sentencia emitida el 31 de octubre de

2023, notificada el 1 de noviembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). En el referido dictamen, el

TPI declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación instada por la

parte apelada, Calesa Motors, Inc. En consecuencia, desestimó con

perjuicio la Demanda incoada por el compareciente, bajo el

fundamento de prescripción.

       Por los fundamentos que expondremos, anticipamos la

confirmación del pronunciamiento judicial apelado.

                                        I.

       La causa del título se inició el 8 de junio de 2023, ocasión en

que Garaje Colón Hijo presentó una Demanda sobre cobro de

dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, infra.1 En

síntesis, alegó que Calesa Motors, descrita como “una corporación

incorporada bajo las [l]eyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico”, le adeudaba la suma de $9,826.10 por servicios prestados.

1 Apéndice del recurso, págs. 1-5, anejos a las págs. 6-47.

Número Identificador

SEN2024 _______________
KLAN202400054                                                               2

En específico, el demandante alegó que reparó varios vehículos de

motor    que    eran   propiedad     del   demandado.       Acompañó       su

reclamación con una declaración jurada, en la que el suscribiente,

José Manuel Colón Franco,             indicó que representaba a la

corporación Garaje Colón Hijo, en calidad de presidente. Además,

incluyó una veintena de facturas, fechadas entre los años 2012 y

2015.2 Unió también una carta de cobro enviada por                         la

representación legal del demandante, remitida al demandado por

correo certificado el 12 de julio de 2022.

        Calesa Motors presentó una Moción de Desestimación el 17

de agosto de 2023.3 Junto al escrito dispositivo, incluyó una

declaración jurada prestada por Luis Cotto Camacho —antes

gerente general y, en la actualidad, presidente de Calesa Motors—

quien afirmó que la corporación se dedica a la compraventa de

vehículos de motor. Indicó que la entidad jurídica también envía a

reparar vehículos recibidos en concepto de trade in para su

subsiguiente     reventa.   Así,   pues,    explicó   que    los   vehículos

reparados en el Garaje Colón y el Garaje Colón Hijo estaban

destinados para la reventa y el ánimo de lucro de Calesa Motors.

        En esencia, el demandado adujo que la acción civil era de

naturaleza mercantil, por lo que el demandante carecía de una

causa de acción que justificara la concesión de un remedio. Acotó

que de las propias facturas se desprendía que el término

prescriptivo de cinco (5) años, al amparo del Artículo 940 del

2 Las facturas son: (1) 6039 de 30 de noviembre de 2012 por $359.57; (2) 6037

de 30 de noviembre de 2012 por $417.30; (3) 12454 de 27 de noviembre de 2013
por $364.98; (4) 0623 de 4 de diciembre de 2014 por $374.00; (5) 0625 de 12 de
agosto de 2013 por $321.38; (6) 12453 de 9 de junio de 2013 por $1,280.89; (7)
12238 de 4 de junio de 2014 por $319.72; (8) 12543 de 4 de junio de 2014 por
$825.06; (9) 6058 de 14 de mayo de 2014 por $1,128.35; (10) 0627 de 5 de
septiembre de 2014 por $374.50; (11) 0926 de 11 de septiembre de 2014 por
$568.66; (12) 12493 de 31 de julio de 2014 por $80.25; (13) 12492 de 31 de
julio de 2014 por $80.00; (14) 12491 de 31 de julio de 2014 por $96.30; (15)
12239 de 4 de junio de 2014 por $321.00; (16) 12417 de 7 de agosto de 2014
por $441.96; (17) 0544 de 30 de enero de 2015 por $431.16; (18) 0158 de 30 de
enero de 2016 por $96.30; (19) 0545 de 30 de enero de 2015 por $1,019.38; (20)
0171 de 13 de febrero de 2015 por $925.34.
3 Apéndice del recurso, págs. 49-56, anejo a la pág. 57.
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Código de Comercio, infra, había expirado. Por ende, expuso que la

acción instada        por    el demandante         prescribió       y solicitó la

desestimación de la Demanda.

       Garaje Colón Hijo instó una                 Oposición a Moción de

Desestimación.4 En ésta, arguyó que la solicitud del demandado

era improcedente y negó la aplicación del Código de Comercio a la

deuda      reclamada.       Cuestionó,        además,     la   inclusión    de    la

declaración jurada por ser contraria a la normativa aplicable a una

petición    para     que    se   desestime       una      reclamación      por   las

alegaciones;     e   intimó      al    foro    primario    a   no    tomarla     en

consideración, por basarse únicamente en la mera declaración de

un testigo. Enfatizó las expresiones del demandado sobre que, en

su mayoría, los vehículos fueron entregados en calidad de trade in

con el propósito de lucro. Con relación a la prescripción, adujo que

el término aplicable era el de quince (15) años estatuido en el

Código Civil.

       El demandado replicó.5 Insistió en la aplicación del Código

de Comercio toda vez que la controversia versaba sobre una deuda

por servicios prestados por la Corporación demandante, Garaje

Colón Hijo, a la Corporación demandada, Calesa Motors, para la

reparación de vehículos de motor pertenecientes a esta última y

con fines de reventa. Apuntó que, aun tomando como ciertas todas

las alegaciones de la Demanda, la fatalidad de la prescripción

imponía su desestimación, ya que habían transcurrido más de

cinco (5) años, entre la fecha de la última factura y la acción civil.

       El 1 de noviembre de 2023, el TPI notificó la Sentencia aquí

apelada, mediante la cual desestimó con perjuicio la Demanda de

Garaje Colón Hijo, bajo el fundamento de prescripción.6

4 Apéndice del recurso, págs. 59-64.

5 Apéndice del recurso, págs. 65-69.

6 Apéndice del recurso, págs. 70-82.
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       Inconforme, Garaje Colón Hijo instó una Solicitud de

Reconsideración,7      en la que esgrimió            que los      servicios   de

reparación brindados no fueron actos de comercio. A su vez, reiteró

argumentos similares a los planteados en la previa Oposición (…).

El demandante unió a la petición una declaración jurada de 16 de

noviembre de 2023, prestada por una empleada del demandante,

Coralis del Mar Román López. La declarante afirmó que, entre

2016 y 2019, el demandado había reconocido la acreencia a favor

de Garaje Colón Hijo. Calesa Motors se opuso.8 Recalcó que el

Código de Comercio regulaba las relaciones mercantiles entre las

partes litigantes. De otro lado, tildó la declaración jurada de la

empleada como self serving y negó los hechos allí narrados. Por no

haber sido alegado en la Demanda, intimó al TPI a no considerar el

documento.       Rechazó,      también,      que    el      demandante    haya

interrumpido el plazo prescriptivo mediante la aceptación de la

deuda. Para ello, incluyó la respuesta a la carta de cobro de 2022,

en la que expresamente indicó que los documentos suplidos no

sustentaban la suma reclamada.

       El 18 de diciembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la

solicitud    para    reconsiderar       su    previo       dictamen.9   Todavía

insatisfecho, Garaje Colón Hijo acudió ante este foro revisor y

esbozó los siguientes señalamientos de error:

       PRIMER ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA DESESTIMÓ LA ACCIÓN AL AMPARO DE
       LA REGIA 10.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, A BASE
       DE UNA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN QUE
       INCLUYÓ MATERIAS ADICIONALES A LA ALEGACIÓN
       IMPUGNADAS —INCLUYENDO UNA DECLARACIÓN
       JURADA—, LO QUE ES CONTRARIO A LA
       NORMATIVA APLICABLE.

       SEGUNDO ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA CONCLUYÓ QUE APLICABA EL CÓDIGO

7 Apéndice del recurso, págs. 83-87, anejo a la pág. 88.

8 Apéndice del recurso, págs. 89-94, anejo a las págs. 95-99.

9 Apéndice del recurso, pág. 100.
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      DE COMERCIO A BASE DE UNA DECLARACIÓN
      JURADA QUE NO ESTABLECÍA QUE LA DEUDA ERA
      UNA MERCANTIL.

      TERCER ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA DESESTIMÓ LA DEMANDA, A PESAR DE
      QUE EXISTÍAN CONTROVERSIAS RELACIONADAS A
      SI LA DEUDA ESTABA PRESCRITA.

      Calesa Motors presentó el 23 de febrero de 2024 el Alegato

del Apelado. Con el beneficio de ambas posturas, procedemos a

resolver.

                                 II.

                                 A.

      La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 60,

provee para la presentación de reclamaciones dinerarias, que no

excedan     los   $15,000,   excluyendo   intereses,   mediante   un

procedimiento sumario. El propósito de la norma es simplificar los

procesos judiciales para así facilitar el acceso a los tribunales, a

través de mecanismos ágiles y simples, en causas de menor

cuantía. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 96 (2002);

Pérez Colón v. Cooperativa de Cafeteros, 103 DPR 555, 558-559

(1975). De esta manera, se da cumplimiento al principio de

impartir justicia de forma rápida, equitativa y económica. Regla 1

de Proc. Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1.

      En general, la Regla 60, supra, establece que la parte

demandante debe indicar que no desea tramitar la demanda bajo

el procedimiento ordinario y presentar un proyecto de notificación-

citación. La parte demandante es responsable de diligenciar la

notificación-citación —por correo certificado o entrega personal—

con copia de la demanda, dentro de un plazo de diez (10) días, a

partir de la presentación de su reclamación. Esta notificación-

citación es de naturaleza jurisdiccional, ya que tiene una función

dual: por un lado, notifica al demandado de la reclamación en

cobro de dinero presentada en su contra y, por el otro, cita al
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promovido para la vista en su fondo. Cooperativa v. Hernández

Hernández, 205 DPR 624, 633-635 (2020). El documento debe

indicar la fecha señalada para la vista y advertir a la parte

demandada que, de no comparecer, podrá dictarse sentencia en

rebeldía en su contra.

        En lo pertinente a la causa del título, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha expresado que las Reglas de Procedimiento

Civil    aplican   de    manera   supletoria   al   procedimiento

establecido en la Regla 60, supra, siempre y cuando éstas sean

compatibles con el procedimiento sumario de la norma

procesal. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 98. Como

se conoce, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

provee para que aquél contra quien se haya presentado una

reclamación judicial solicite la desestimación de ésta cuando de

las propias alegaciones de la demanda surge que alguna de las

defensas afirmativas prosperará. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), que cita a Sánchez v. Aut. de los

Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). La prescripción es una de las

defensas afirmativas consignadas en las Reglas de Procedimiento

Civil. Regla 6.3 (q) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3

(q). La petición al palio de esta norma procesal debe basarse en

uno o varios de los siguientes fundamentos: falta de jurisdicción

sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o en

su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio, o dejar de acumular una

parte indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra;

Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al, 205 DPR 1043, 1065-1066

(2020). Por tanto, si de las alegaciones de la demanda surge que

la acción prescribió, un demandado puede presentar una

moción de desestimación por prescripción al amparo de la

Regla 10.2, fundada en que la demanda deja de exponer una
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reclamación que justifique la concesión de un remedio. Conde

Cruz v. Resto Rodríguez et al, supra, pág. 1066.

      Al evaluar una moción de desestimación cuando se alega que

la parte demandante dejó de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio, el tribunal debe tomar

“como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su

faz no den margen a dudas”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649

(2006); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497,

504-505 (1994). Además, el juzgador debe considerar los hechos

bien alegados de la forma más favorable a la parte demandante.

López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018). Ante una

petición desestimatoria, sólo procede su concesión cuando surja de

las alegaciones fácticas bien expuestas que la parte demandante

no es acreedora de “remedio alguno bajo cualquier estado de

[D]erecho que se pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”.

(Corchetes en el original). Id., pág. 70, que cita con aprobación a

Rivera Sanfeliz et al v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015).

      Como es sabido, cuando se presenta una moción de

desestimación fundamentada en que la demanda deja de exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio, si se

expone alguna materia no contenida en las alegaciones, y el

tribunal no la excluye, el escrito deberá considerarse como una

solicitud de sentencia sumaria y procede su resolución bajo el

crisol de la Regla 36. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152

DPR 652, 664 (2000); Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR

300, 309 (1997). A su vez, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 36.2, establece que “[u]na parte contra la cual se

haya formulado una reclamación podrá presentar (…) una moción

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que
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demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de

hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier

parte de la reclamación”. (Énfasis nuestro).

                                 B.

      De conformidad con el Artículo 1 del Código de Comercio, 10

LPRA sec.1001, son       comerciantes “(1) [l]os que, teniendo

capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él

habitualmente,    en   nombre    propio[;]     (2)   [l]as   compañías,

corporaciones y asociaciones mercantiles o industriales, que se

constituyeren con arreglo a este Código o a leyes especiales

(…)”. (Énfasis nuestro). Asimismo, el Artículo 2 del mismo cuerpo

legal dispone como sigue:

      Los actos de comercio sean o no comerciantes los
      que los ejecuten, y estén o no especificados en este
      Código, se regirán por las disposiciones contenidas
      en él; y en su defecto, por los usos del comercio
      observados generalmente en cada plaza, y a falta de
      ambas reglas, por las del derecho común. Serán
      reputados actos de comercio los comprendidos en
      este Código, y cualesquiera otros de naturaleza
      análoga. (Énfasis nuestro). 10 LPRA sec. 1002.

      Con relación a las transacciones mercantiles, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha opinado que tener las características

de comerciante, por sí solo, no es determinante para aplicar las

disposiciones del Código de Comercio, sino “la compraventa de

cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se

compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la

reventa”. Artículo 243 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1701;

Soc. de Gananciales v. Paniagua Díaz, 142 DPR 98, 107-108

(1996). El elemento que distingue principalmente la compraventa

mercantil de la civil es el doble propósito del comprador de

revender ulteriormente las cosas compradas y de obtener un lucro.

Ramallo Brothers Printing, Inc. v. Ramis, 133 DPR 436, 440 (1993).

Por reventa se entiende “volver a vender lo que se ha comprado con
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ese intento”. Soc. de Gananciales v. Paniagua Díaz, supra, pág.

108. Así, pues, se puede colegir que la transacción se reputa

mercantil si las personas que hayan concertado la transacción son

comerciantes y si está presente el doble propósito del comprador

de revender ulteriormente las cosas compradas y de obtener un

lucro.10 Ramallo Brothers Printing, Inc. v. Ramis, supra, pág. 440;

Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 DPR 270, 276-277 (1988). Claro

está, la parte que invoca el Código de Comercio tiene el peso de

probar su aplicación. Pescadería Rosas, Inc. v. Lozada, 116 DPR

474, 481 (1985).

       El    Código    de    Comercio     dispone     que    los   acuerdos

mercantiles, “en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones,

excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los

contratantes, se regirán, en todo lo que no se halle expresamente

establecido en este Código o en leyes especiales, por las reglas

generales del derecho común”. (Énfasis nuestro). Artículo 81 del

Código      de   Comercio,   10    LPRA     sec.   1301.    Por    ende,   los

ordenamientos legales prevalecientes son el Código de Comercio y

las leyes especiales que rijan las materias mercantiles; y de

manera supletoria, las normas estatuidas en el Código Civil.

Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 921 (1993);

Julsrud v. Peche de P.R., Inc., 115 DPR 18, 21 (1983).

       De otro lado, el Artículo 939 del Código de Comercio, 10

LPRA sec. 1901, establece que los términos fijados para el

ejercicio de las acciones procedentes de contratos mercantiles

son fatales, “sin que contra ellos se dé restitución”. Por su parte,

el Artículo 940, 10 LPRA sec. 1902, dispone que las acciones bajo

el Código de Comercio que no tengan un plazo prescriptivo

10 Por el contrario, el Artículo 244 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1702,

establece, en parte, que “[n]o se reputarán mercantiles: (1) Las compras de
efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo
se adquirieren. (…) (4) La reventa que haga cualquiera persona no
comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo”. (Énfasis
nuestro).
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determinado prescribirán a los cinco (5) años. El alto foro ha

opinado que la brevedad de los términos prescriptivos en el

derecho mercantil, en comparación con los del derecho general

civil, se justifica por las exigencias peculiares del tráfico comercial.

Ramallo Brothers Printing, Inc. v. Ramis, supra, pág. 441. Cabe

señalar que el Código de Comercio es más restrictivo en cuanto a

la manera de interrumpir los términos prescriptivos; y “no

reconoce la reclamación extrajudicial de la acción como

método para interrumpir la prescripción”. Pacheco v. Nat‘l

Western Life Ins. Co., 122 DPR 55, 63 (1988). A esos efectos, el

Artículo 941 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1903, estatuye

en parte que “[l]a prescripción se interrumpirá por la demanda u

otro cualquier género de interpelación judicial hecho al deudor;

por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación

del documento en que se funde el derecho del acreedor”. (Énfasis

nuestro).

                                      III.

       En el caso del epígrafe, la parte apelante alega que el TPI

erró al desestimar su causa de acción al amparo de la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, supra. Indica que la parte apelada incluyó

una declaración jurada, lo que considera contrario a la norma

procesal. Sostiene, además, que el Código de Comercio no aplica a

la acreencia que reclama. Para ello, no obstante, invoca el propio

ordenamiento en aquella parte que establece que “la declaración de

testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de

un contrato, cuya cuantía exceda de trescientos dólares, a no

concurrir con alguna otra prueba”,11 en referencia a la declaración

jurada incluida. Garaje Colón Hijo aboga también por la existencia

de   controversias,     relacionadas         con   la   prescripción   de   la

11 Art. 82 del Cód. de Comercio, 10 LPRA sec. 1302.
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reclamación, en torno a su interrupción. Ello así, al afirmar que

Calesa Motors reconoció la deuda.

      Según reseñamos, las Reglas de Procedimiento Civil aplican

de manera supletoria en el procedimiento sumario provisto por la

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. Decididamente, una

solicitud de desestimación, amparada en que no se expuso una

reclamación que justifique la concesión de un remedio, toda vez

que, de las mismas alegaciones del apelante se desprende que la

defensa afirmativa de prescripción prevalecerá, es compatible con

el procedimiento sumario de cobro de dinero. Por tanto, somos del

criterio que Calesa Motors podía presentar, como en efecto hizo, la

Moción de Desestimación de autos.

      En cuanto a la declaración jurada anejada a la petición, en

la que el apelado aseveró que la veintena de “vehículos que se

mandaban a reparar en el (…) Garaje Colón Hijo se les reparaba su

carrocería en dicho garaje, con el propósito de revenderlos”, el

apelante se cruzó de brazos. Éste se limitó a alegar sobre la

supuesta improcedencia del documento, sin contestar de forma

detallada y específica, y omitió presentar una Oposición (…) sujeta

a los rigores de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3 (b).

      Con relación al Artículo 82 del Código de Comercio antes

citado, que el apelante reprodujo para impugnar la procedencia de

las aseveraciones consignadas en la declaración jurada del

apelado, sobre la insuficiencia probatoria de la declaración de

testigos para evidenciar un contrato, el estatuto citado alude

también a la concurrencia de otra prueba en apoyo al testimonio.

En este caso, de los hechos alegados en la Demanda y los anejos

unidos a ésta, junto al documento jurado, se deriva que Garaje

Colón Hijo reparó una veintena de unidades de motor, propiedad
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de la corporación Calesa Motors, con el propósito de que ésta los

revendiera como parte de su actividad lucrativa.

       Nótese que nos encontramos ante dos entes jurídicos que se

dedican a sus respectivos negocios. En el caso del apelado, a la

compraventa de vehículos de motor y aceptación de automóviles en

trade in para su reventa; y en cuanto al apelante, a la reparación

de vehículos de motor. Es decir, una vez Calesa Motors aceptaba

un vehículo en trade in, solicitaba la reparación de éste a Garaje

Colón Hijo con el propósito de revenderlo en ánimo de lucro. En la

relación mercantil, el apelante se beneficiaba del alto volumen de

unidades de motor para reparar. Recuérdese que el Código de

Comercio establece que los actos de comercio, estén o no

comprendidos en su cuerpo legal, se rigen por sus disposiciones.

En suma, ambos litigantes son negociantes que realizan sus

respectivos actos de comercio y cuyas disputas se atienen a lo

dispuesto en el Código de Comercio y a las leyes especiales.12

       Ahora bien, las veinte facturas que totalizan $9,826.10 y que

Garaje Colón Hijo reclama datan entre los años 2012 al 2015;

mientras que la Demanda se incoó en el 2023. Esto es, habían

transcurrido ocho (8) años. Es forzoso concluir, que la defensa de

prescripción levantada por Calesa Motors procede.

       Respecto al supuesto reconocimiento de la deuda por parte

del apelado, claramente el expediente muestra que Garaje Colón

Hijo no lo alegó en la Demanda ni en la Oposición (…). La alegación

tardía, acomodaticia y ausente de especificidad de 2023 surgió por

primera vez en la etapa de reconsideración. Por su parte, desde

2022, Calesa Motors acreditó su negación de la acreencia que

12 El Artículo 2.02 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3501 et
seq., reconoce a estas entidades jurídicas la capacidad de demandar y ser
demandada bajo su nombre corporativo en cualquier procedimiento judicial,
administrativo, de arbitraje o de cualquier otro género. Art. 2.02 de la Ley Núm.
164-2009, 14 LPRA sec. 3522. Además, entre otras facultades, las corporaciones
tienen capacidad jurídica plena para adquirir bienes y obligarse en el tráfico
comercial. C. Díaz Olivo, Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, 2016,
sec. 1.03, pág. 19.
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reclama el apelante. En la misiva de respuesta al cobro, el apelado

cuestionó las facturas y solicitó evidencia adicional para validarlas.

Huelga decir que el Código de Comercio no sólo estatuye un lustro

de prescripción, sino que rechaza la interrupción extrajudicial, que

sí es válida en el ordenamiento civil. Debemos deducir, entonces,

que la reclamación del apelante está fatalmente prescrita, por

virtud del Artículo 940 del Código de Comercio, supra.

      Luego de una revisión de novo del expediente ante nos y al

aceptar como ciertos los hechos correctamente expuestos en la

Demanda, así como la defensa invocada por el apelado, concluimos

que el TPI, como cuestión de Derecho, estaba facultado para

desestimar   con   perjuicio   sumariamente     la   reclamación   del

apelante, bajo el fundamento de prescripción. Regla 36.3 (c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c).

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones