Court Opinion

ID: 9394835
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:14:07.393591+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.540295
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL III

                                                Certiorari
    ISRAEL RAMOS GUZMÁN                         procedente del
                                                Tribunal de Primera
           Demandante                           Instancia, Sala de
                                  KLCE202300015 Humacao
                 v.
                                                 Civil núm.:
       ESTADO LIBRE                              NG2021CV00138
    ASOCIADO DE PUERTO                           (205)
           RICO
                                                 Sobre:
         Parte Recurrida                         Impugnación de
                                                 Confiscaciones (Ley
                                                 Núm. 119-2011)

      COOPERATIVA DE                             Civil núm.:
    SEGUROS MÚLTIPLES                            HU2021CV01276
    DE PUERTO RICO, POR                          (205)
          SÍ Y EN
    REPRESENTACIÓN DE                            Sobre:
     POPULAR AUTO LLC                            Impugnación de
                                                 Confiscaciones (Ley
       Parte Peticionaria                        Núm. 119-2011)

                 v.

       ESTADO LIBRE
    ASOCIADO DE PUERTO
            RICO
       Parte Recurrida
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, juez ponente.

                                SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

         La parte peticionaria, Cooperativa de Seguros Múltiples de

Puerto Rico, por sí y en representación de Popular Auto LLC

(Cooperativa o parte peticionaria), instó el presente recurso de

certiorari el 9 de enero de 2023. Solicita que revoquemos la

Resolución emitida el 1 de diciembre de 2022, notificada el 5 de

1   Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A.

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202300015                                                                2

diciembre de 20222 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao (en adelante TPI). Mediante el referido

dictamen, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria

presentada por la Cooperativa.

       Examinado el recurso y los documentos adjuntados al mismo,

así como el Alegato del Gobierno de Puerto Rico, y a luz del derecho

aplicable, este Tribunal expide el auto solicitado, revoca la

determinación recurrida y devuelve el caso al TPI para que emita un

dictamen que cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, infra.

                                      I.

       El 7 de noviembre de 2021, el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico (en adelante ELA o parte recurrida), a través de la Policía de

Puerto Rico, ocupó al Sr. Israel Ramos Guzmán (Sr. Ramos Guzmán

o arrendatario), el vehículo de motor marca Porsche, modelo 911

Turbo, año 2021, tablilla JSL-551, propiedad de Popular Auto, LLC

(Popular Auto o arrendador), por haberse utilizado en violación al

Art. 5.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.

22-2000, según enmendada3.

       El 15 de noviembre de 2021, el ELA notificó a Popular Auto

sobre la confiscación del vehículo. El 23 de noviembre de 2021,

Popular    Auto     y   la   Cooperativa     presentaron      demanda       de

impugnación de confiscación4. En ésta, Popular adujo ser el dueño

registral y arrendador del vehículo confiscado. Por su parte, la

Cooperativa alegó tener interés legal en el caso por haber expedido

una póliza de seguro a favor de Popular Auto para asegurar el riesgo

de confiscaciones. Ambas, argumentaron que el vehículo no fue

utilizado para cometer ningún acto delictivo confiscatorio. En la

alternativa, levantaron la defensa del tercero inocente ajeno a los

2 El TPI, mediante Resolución emitida y notificada el 8 de diciembre de 2022,
denegó la solicitud de reconsideración presentada por la Cooperativa.
3 9 LPRA sec. 5126. La comisión de tal infracción apareja la confiscación de la

unidad vehicular. Íd.
4 Caso número HU2021CV01276.
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alegados actos delictivos que dieron lugar a la confiscación del

vehículo5. Además, plantearon la inconstitucionalidad de la Ley

Uniforme de Confiscaciones de 2011, Ley Núm. 119-20116,

razonando que dicho estatuto les priva de su interés propietario sin

la debida compensación y en contravención al debido proceso de ley.

Así, solicitaron se declarara la nulidad de la confiscación.

       En su contestación a la demanda, el ELA adujo que, a tenor

con la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, la defensa del

tercero inocente requiere que el dueño del vehículo confiscado no

haya cedido voluntariamente la posesión del mismo al infractor. En

esa línea, afirmó que, a través del contrato de arrendamiento,

Popular Auto cedió voluntariamente la posesión del auto al Sr.

Ramos Guzmán y, por tanto, la parte peticionaria no podía

considerarse un tercero inocente ajeno a los hechos delictivos que

motivaron la confiscación.

       Tras la consolidación de los casos número NG2021CV00138

y   HU2021CV012767,         la   parte    peticionaria    presentó     Moción

Solicitando Sentencia Sumaria por Figura de Tercero Inocente8. En

resumen, alegó que no existía controversia en cuanto a los hechos

materiales del caso y que procedía que se dictara sentencia sumaria

a su favor decretando la nulidad de la confiscación al amparo de la

defensa del tercero inocente. En específico, señaló que es la titular

registral del vehículo confiscado; que arrendó dicho automóvil al Sr.

Ramos Guzmán; que el contrato de arrendamiento abierto (leasing)

detalló instrucciones expresas que describían la conducta prohibida

al arrendatario al hacer uso del vehículo y que el Sr. Ramos Guzmán

no observó dichas instrucciones al utilizar el carro en competencias

5 El proceso penal iniciado por el ELA contra el Sr. Israel Ramos Guzmán (Crim.
Núm. H2TR202100020) concluyó el 20 de enero de 2023.
6 34 LPRA sec. 1724 et seq.
7 Apéndice del recurso, página 51.
8 Íd., págs. 56-86.
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de velocidad9. La parte peticionaria razonó que, al haber tomado

medidas cautelares para evitar el acto delictivo, era un tercero

inocente cuya propiedad no estaba sujeta a ser confiscada por el

Estado.

       Por su parte, el ELA presentó su oposición a la solicitud de

sentencia sumaria10. En esta argumentó que a la parte peticionaria

no le cobijaba la figura del tercero inocente porque el dueño del

vehículo confiscado había cedido voluntariamente la posesión del

mismo al infractor. Añadió que la parte peticionaria tampoco podía

reclamar la protección contra la confiscación establecida en el

Artículo 25 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 201111 aplicable

a los arrendamientos de vehículos a corto plazo, ya que el leasing

del presente caso excedía el periodo total de duración de tres (3)

meses, incluyendo las renovaciones, extensiones o modificaciones

del acuerdo. Por último, indicó que la parte peticionaria tampoco

había refutado la presunción de legalidad de la confiscación. Por

ello, solicitó que se desestimara la demanda de impugnación de

confiscación.

       El 1 de diciembre de 2022, notificada el 5 de diciembre de

2022, el TPI emitió la Resolución12 que nos ocupa. En su dictamen,

el foro primario explicó que la defensa de tercero inocente protege al

propietario que no ha puesto el vehículo en posesión del infractor

voluntariamente, o cuando se han tomado medidas cautelares

expresas para precaver el uso ilegal de la propiedad en la comisión

de un delito. Cónsono con dicho pronunciamiento, el TPI determinó

que debía evaluar si las advertencias en “letras pequeñas” que la

arrendadora incluyó en el contrato de leasing – que describen la

conducta prohibida al arrendatario - constituían garantía suficiente

9 Véase, cláusula nueve (9) del contrato núm. 02-500-69623. Íd., pág. 83.
10 Íd., págs. 87-101.
11 34 LPRA sec. 1724v.
12 Véase, Resolución, apéndice del recurso, págs. 1-8.
KLCE202300015                                                        5

para adjudicar que la parte peticionaria tomó las medidas cautelares

para evitar el uso ilegal de la propiedad. Concluyó, además, que,

toda vez que el leasing de este caso excede el periodo total de tres

(3) meses, a la parte peticionaria no le cobijaba la excepción

aplicable a los arrendamientos a corto plazo. En virtud de lo

anterior, el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada

por la Cooperativa.

      Denegada la solicitud de reconsideración, la Cooperativa instó

el presente recurso de certiorari, en el que apuntó los siguientes

señalamientos de error:

      1) Erró el TPI al dictar resolución denegando la
         solicitud de sentencia sumaria al concluir que la
         figura de tercero inocente está estatutariamente
         limitada a los contratos de arrendamiento a corto
         plazo según definido en el Artículo 25 de la Ley
         Uniforme de Confiscaciones.

      2) Erró el TPI al dictar resolución denegando la
         solicitud de sentencia sumaria implicando que es
         necesario celebrar un juicio en su fondo para dirimir
         la credibilidad del testimonio sobre si se consintió o
         entregó voluntariamente la posesión del vehículo
         implicado en la comisión del delito y por el que se
         confisca, cuando tal hecho incontrovertido surge del
         contrato de arrendamiento.

      3) Erró el TPI al dictar resolución denegando la
         solicitud de sentencia sumaria equiparando los
         términos y condiciones de un contrato de
         arrendamiento a una mera mención de unas
         advertencias “en letras pequeñas” lo que lo hace
         insuficiente para adjudicar que se ha tomado
         medidas cautelares e instrucciones especificas
         suficientes.

      En síntesis, la Cooperativa entiende que el TPI erró al no dictar

sentencia sumaria a su favor decretando la nulidad de la

confiscación al amparo de la defensa del tercero inocente toda vez

que, a su juicio, la prueba documental que ofreció acreditó tal

condición, al demostrar que tomó las medidas cautelares necesarias

para impedir el mal uso del vehículo confiscado.
KLCE202300015                                                                  6

       El 10 de febrero de 2023, este Tribunal dictó una resolución

al amparo de la Regla 79 (C) de nuestro Reglamento13, mediante la

cual ordenó la paralización de los procedimientos ante el TPI.

       Posteriormente, la Oficina de Procurador General presentó el

Alegato del Gobierno de Puerto Rico.

                                       II.

                                      -A-

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal    de    mayor      jerarquía       revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.14

       En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que procede que

este Tribunal de Apelaciones expida el recurso de certiorari.15 La

citada Regla establece que el recurso sólo se expedirá cuando se

recurra de una orden o resolución bajo remedios provisionales de la

Regla 56, injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una

moción de carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio

discrecional del foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,

anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos

revestidos de interés público o cualquier otra situación, en la que

esperar por una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.

       A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (C).
14 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce
De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
15 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202

DPR 478, 486 (2019).
KLCE202300015                                                               7

debemos tomar en consideración al evaluar si debemos expedir un

auto de certiorari. Estos criterios son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.16 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

                                     -B-

       El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo, cuando solo resta

aplicar el derecho a los hechos incontrovertidos.17 El Tribunal podrá

dictar sentencia sumaria solamente cuando no exista ninguna

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y

16Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
17Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Abrams Rivera v.
E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820,
847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
KLCE202300015                                                                  8

que, como cuestión de derecho, proceda dictarse sentencia sumaria

a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).18

       En particular, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra,

establece lo siguiente en cuanto a las obligaciones de los tribunales

al atender solicitudes de sentencia sumaria:

       Si en virtud de una moción presentada bajo las
       disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
       la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio
       solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar
       juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la
       moción mediante una determinación de los hechos
       esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
       controversia sustancial y los hechos esenciales
       pertinentes que estén realmente y de buena fe
       controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los
       daños u otra reparación no está en controversia,
       ordenando los procedimientos ulteriores que sean
       justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria
       limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el
       juicio, se considerarán probados los hechos así
       especificados y se procederá de conformidad.

       A base de las determinaciones realizadas en virtud de
       esta regla, el tribunal dictará los correspondientes
       remedios, si alguno.

       Como se observa, se le requiere a los tribunales que aun

cuando denieguen, parcial o totalmente, una moción de sentencia

sumaria, determinen hechos que han quedado incontrovertidos y

aquellos que aún están en controversia.19 En Meléndez González, et

al. v. M. Cuebas20, el Tribunal Supremo esbozó lo que explica el

tratadista José A. Cuevas Segarra sobre esta exigencia:

       Esta regla se modificó para disponer que el tribunal [...]
       está obligado a determinar, mediante resolución, los
       hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe
       controversia sustancial, así como aquellos hechos que
       estén controvertidos, a los fines de que no se tenga[n]
       que relitigar los hechos que no están en controversia.

       […]

       Lo importante de esta regla es que el nuevo texto
       mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la
       determinación de los hechos materiales sobre los cuales

18 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); SLG Zapata-Rivera v. J.F.
Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR
288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v.
Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).
19 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 113 (2015).
20 Íd., pág. 113.
KLCE202300015                                                         9

          no hay controversia sustancial y los hechos materiales
          que están realmente y de buena fe controvertidos. Esta
          es la única forma de propiciar una revisión adecuada por
          los foros apelativos.

(Bastardillas en el original. Citas omitidas).

          También, en Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, el

Tribunal Supremo estableció el estándar específico, que, como foro

apelativo, debemos utilizar al evaluar las concesiones o denegatorias

de mociones de sentencia sumaria. A tales efectos, indicó que, de

entrada, debemos examinar de novo el expediente y aplicar los

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia

exigen al foro primario. Además, debemos revisar que tanto la

moción de sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil.21 Igualmente, hay que revisar si existen hechos materiales en

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4

de Procedimiento Civil de exponer concretamente cuáles hechos

materiales están en controversia y cuáles están incontrovertidos.22

Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso

realmente están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la

controversia que tuvo ante sí.23

                                          III.

          En la Resolución impugnada en el presente recurso, en la que

el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la

parte peticionaria, dicho foro no llevó a cabo el ejercicio que requiere

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Por lo cual, a tenor con

la autoridad que nos concede la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, para atender una denegatoria de una moción de carácter

21   Íd., pág. 118.
22   Íd., pág. 119.
23   Íd.; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.
KLCE202300015                                                                  10

dispositivo, y los criterios (A), (E) y (F) de la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, concluimos que procede la expedición del auto.

       La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, claramente

dispone que, si se deniega una moción de sentencia sumaria, “será

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y

pertinentes que están realmente de buena fe controvertidos”.

(Subrayado nuestro).

       En su determinación, el TPI denegó la moción de sentencia

sumaria expresando que debía evaluar si las advertencias en “letras

pequeñas” que la arrendadora incluyó en el contrato de leasing

constituían garantía suficiente para adjudicar que ésta tomó las

medidas cautelares para evitar el uso ilegal de la propiedad. Coligió,

además, que el leasing de este caso excede el periodo total de tres

(3) meses, por lo que a la parte peticionaria no le cobijaba la

excepción aplicable a los arrendamientos a corto plazo. Por último,

concluyó que de la prueba presentada hasta el momento, la parte

demandante no cumple con los requisitos para poder beneficiarse

de la figura del tercero inocente24.

       En resumen, aunque el TPI esbozó las conclusiones de

derecho      correspondientes,        el   dictamen       no    incluyó      una

enumeración de los hechos incontrovertidos ni aquellos que se

encuentran en controversia. Como se ha mencionado, a tenor con

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, el TPI tiene la obligación

de establecer los hechos que están o no están en controversia

cuando se deniega en parte o totalmente una solicitud de sentencia

sumaria.

24
   Ninguna de las expresiones concluyentes del TPI, están precedidas de
determinaciones de hechos específicos. Igualmente se desconoce cuál fue la
prueba presentada por la parte demandante, que utilizó o evaluó el TPI para llegar
a su conclusión.
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      Por consiguiente, procede expedir el auto de certiorari, revocar

la determinación y devolver el caso al TPI para que emita un

dictamen en cuanto a la moción de sentencia sumaria presentada

por la parte peticionaria que cumpla con las exigencias de la Regla

36.4 de Procedimiento Civil, supra, de manera que exponga aquellos

hechos que están en controversia y los que no lo están. Ésta es la

única forma de propiciar una revisión adecuada del dictamen por

parte de este foro apelativo.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal expide el

auto de certiorari, revoca la Resolución recurrida y devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que proceda de conformidad

con lo aquí resuelto.

      Se deja sin efecto la paralización de los procedimientos

judiciales decretada mediante nuestra Resolución del 10 de febrero

de 2023.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones