Court Opinion

ID: 9941381
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:30:13.973408+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.684215
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

    VALERIE WILMOTH                                 CERTIORARI
     PARSONS y otros                                procedente del
                                                    Tribunal de
        Peticionarios                               Primera Instancia,
                                                    Sala Superior de
               v.                                   Aguadilla
                                   KLCE202301167
 MARY ANNE LAWSON y                                 Caso número:
        otros                                       AU2021CV00117

         Recurridos                                 Sobre: ACCIÓN
                                                    DECLARATORIA
                                                    DE DOMINIO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

       Comparece ante nos, Valerie Wilmoth Parsons, Donald

Stephen Parsons y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto, la parte peticionaria) y nos solicitan que

revisemos la Resolución emitida el 19 de septiembre de 2023 y

notificada el 21 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de Aguada. Mediante dicho dictamen,

el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial

Enmendada que presentó la parte peticionaria.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

deniega el auto de certiorari.

                                     I.

       El 9 de marzo de 2021, la parte peticionaria presentó una

Demanda sobre acción declaratoria de dominio en contra de Michael

Kelly Lawson, Mary Anne Lawson y Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (en conjunto, la parte recurrida).1 El 12 de

1 Anejo 1 del Certiorari – Demanda, pág. 1-4.

 Número Identificador
 RES2024 _______________
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marzo de 2022, la parte peticionaria presentó una Cuarta Demanda

Enmendada.2 En apretada síntesis, alegó que junto a la parte

recurrida adquirieron un predio de terreno en común proindiviso

localizado en el pueblo de Rincón. Esgrimió que el precio de compra

fue $185,000.00 y se acordó que las partes tendrían una

participación del 50% cada uno en dicha comunidad de bienes.

Sostuvo que entre los años 2006 y 2007 se construyó en la

propiedad una residencia con el conocimiento y autorización de las

partes cuyo costo fue de $650,000.00. Añadió que previo a la

construcción la parte recurrida había asegurado que tenían

capacidad económica para pagar la mitad de la obra y bajo esa

premisa de inició la construcción.

         Asimismo, la parte peticionaria aseveró que para que la parte

recurrida pudiera costear su participación en la obra, en el 2006 le

otorgaron un préstamo de $350,000.00. Señaló que el préstamo fue

mediante contrato verbal con un término de treinta (30) años,

interés anual del 6% y un pago mensual de $2,098.43. Arguyó que

la parte recurrida pagó ochenta y cuatro (84) plazos siendo el último

pago en noviembre de 2014. Así pues, adujo que la parte recurrida

le adeuda $470,941.00.

         Acentuó que, una vez construida la residencia, las partes

acordaron utilizarla ellos y también, utilizarla para un negocio de

arrendamiento vacacional. Destacó, además, que el acuerdo en

cuanto a la operación de la propiedad fue verbal y disponía que las

ganancias se dividirían en partes iguales y que se utilizaría una

cuenta bancaria común abierta a esos fines. Indicó que, según el

acuerdo, la parte recurrida estaría encargada de la administración

del alquiler vacacional de la propiedad. Enunció que la parte

recurrida abuso de su buena fe, aprecio y confianza y por años

2
    Anejo 2 del Certiorari – Cuarta Demanda Enmendada, pág. 5-13.
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depositaron el dinero producido por el arrendamiento en cuentas

bancarias bajo su exclusivo control.

      Así pues, la parte peticionaria afirmó que el 1 de febrero de

2021, recibió de la parte recurrida una carta en la cual informan su

intención de vender su participación en la propiedad y que cuentan

con una oferta de compra de un tercero no identificado.

Consecuentemente, la parte peticionaria solicitó, entre otras cosas,

que se declare que la residencia construida es exclusiva de su

propiedad, que se ordene a la parte recurrida a venderle su

participación por $60,000.00, que se condene a la parte recurrida a

pagarle $470,941.00 por la deuda del préstamo y $100,000.00 por

concepto de ingresos dejados de percibir por concepto del

arrendamiento vacacional.

      El 4 de abril de 2022, la parte recurrida presentó una

Contestación a la Cuarta Demanda Enmendada y Reconvención.3 A

grandes rasgos, negó las alegaciones de la demanda. Expresó que la

causa de acción de la parte peticionaria es inexistente. Adujo que

las partes decidieron arrendar a corto plazo la propiedad en

diferentes plataformas y la propiedad comenzó a producir ingresos,

por lo cual, las partes se dividieron sus ganancias equitativamente.

Sostuvo que la división de las ganancias cesó cuando la parte

peticionaria tomó control de la operación de arrendamiento y de la

casa de manera exclusiva. Agregó que la conducta dolosa y

antijurídica de la parte peticionaria hace imposible la continuidad

de la comunidad de bienes.

      Luego de varios incidentes procesales, el 21 de octubre de

2022, la parte peticionaria presentó una Moción de Sentencia

Sumaria Parcial.4 En síntesis, solicitó que se dictara sentencia

3 Anejo 4 del Certiorari – Contestación a la Cuarta Demanda Enmendada y
Reconvención, pág. 15-30.
4 Anejo 8 del Certiorari – Moción de Sentencia Sumaria Parcial, pág. 38-54.
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sumaria a su favor por no existir hechos materiales en controversia.

Manifestó que la parte recurrida le tomó dinero prestado e

incumplieron con los pagos acordados. Además, sostuvo que las

partes se comprometieron a compartir las ganancias del negocio de

alquiler y que no lo hicieron. Señaló que ambas acciones constituyen

incumplimiento contractual.

       El 25 de enero de 2023, la parte recurrida presentó una

Moción Sometiendo Posición Sobre Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial.5 En la misma, se opuso a la solicitud de sentencia sumaria

que presentó la parte peticionaria. Aseveró que en el caso de epígrafe

existen hechos materiales en controversia. Sostuvo que la solicitud

que presentó la parte peticionaria no cumple con los requisitos de

forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V), ni en la jurisprudencia interpretativa.

       El 30 de enero de 2023, la parte demandante presentó una

Moción Solicitando Autorización para Sustituir Afidávit y Término

para Replicar.6 El 31 de enero de 2023, el TPI emitió una Orden

mediante la cual permitió la sustitución del afidávit.7 Así las cosas,

el 16 de febrero de 2023, la parte peticionaria presentó una Moción

de Sentencia Sumaria Parcial Enmendada.8 Ese mismo día, la parte

peticionaria presentó una Réplica a Moción Sometiendo Posición

Sobre Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.9 Posteriormente, el 31

de marzo de 2023, la parte recurrida presentó una Dúplica a Réplica

a Moción Sometiendo Posición Sobre Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial.10

5 Anejo 9 del Certiorari – Moción Sometiendo Posición Sobre Solicitud de Sentencia

Sumaria Parcial, pág. 55-78.
6 Anejo 10 del Certiorari – Moción Solicitando Autorización para Sustituir Afidávit y

Término para Replicar, pág. 79-80.
7 Anejo 11 del Certiorari – Orden, pág. 81.
8 Anejo 12 del Certiorari – Moción de Sentencia Sumaria Parcial Enmendada, pág.

82-97.
9 Anejo 13 del Certiorari - Réplica a Moción Sometiendo Posición Sobre Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial, pág. 98-106.
10
   Anejo 14 del Certiorari – Dúplica a Réplica a Moción Sometiendo Posición Sobre
Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, pág. 107-119.
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          Oportunamente, el 19 de septiembre de 2023, el TPI emitió

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial Enmendada que presentó la parte

peticionaria.11 En su determinación, el TPI razonó que existen

controversias genuinas de hechos materiales y esenciales que

impiden la resolución sumaria del pleito. Dicha Resolución fue

notificada a las partes el 21 de septiembre de 2023.

          Insatisfecho con esa determinación, el 23 de octubre de 2023,

la parte peticionaria acudió ante nos mediante un recurso de

certiorari y señaló la comisión de los siguientes errores:

                  Erró el TPI al determinar que existe una
                  controversia respecto a los hechos 10, 11, 12, 13,
                  14 y 15 alegados por los peticionarios en su
                  Moción de Sentencia Sumaria Parcial Enmendada.

                  Erró el TPI al declarar no ha lugar la petición de
                  los peticionarios en su Moción de Sentencia
                  Sumaria Parcial Enmendada respecto a la parte
                  reclamada de la deuda por ganancias del
                  arrendamiento vacacional acorado [sic] entre las
                  partes.

          Examinado el recurso de certiorari, el 6 de noviembre de 2023,

este Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término de

veinte (20) días a la parte recurrida para que presentara su posición

al recurso. El 27 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó

una Solicitud de Desestimación de Certiorari. Consecuentemente, el

4 de diciembre de 2023, la parte peticionaria presentó una Oposición

a Solicitud de Desestimación y Moción Informativa. El 18 de

diciembre de 2023, este Tribunal emitió una Resolución mediante la

cual se denegó la solicitud de desestimación y se le concedió un

nuevo término de veinte (20) días a la parte recurrida para presentar

su alegato.

          Transcurrido el término, el recurso se entendió perfeccionado

sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida.

11
     Anejo 16 del Certiorari - Resolución, pág. 121-128.
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                                II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
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      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.
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       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de     la    discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

   B. Sentencia Sumaria

       Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria.

Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y otros, 2023

TSPR 80, 212 DPR __ (2023). Dicho mecanismo procesal es utilizado

en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, la celebración de un

juicio en su fondo no es necesaria en la medida que solo resta por

dirimir determinadas controversias de derecho. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos et al., 2023 TSPR 120, 212 DPR ___

(2023). Véase, además, Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208

DPR 964 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR

310, 334 (2021).
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      El propósito que persigue el mecanismo de la sentencia

sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa,

rápida y económica. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra. Véase, además, SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN et al., supra; Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye Surgery,

195   DPR    769,   785    (2016).   Por    tanto,   quien   promueva

la sentencia sumaria deberá establecer su derecho con claridad y

demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún hecho

material. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos et al., supra. Así,

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), establece cual

será el contenido y los requisitos de forma que deberán observarse

tanto en la solicitud de sentencia sumaria que inste la parte

promovente, como en la oposición que pueda presentar la parte

promovida. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra; León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 43 (2020).

      Por ser la sentencia sumaria un remedio discrecional, el

principio rector para el uso de este mecanismo es el sabio

discernimiento del juzgador, ya que mal utilizada puede privar

a una parte de su día en corte, principio elemental del debido

proceso de ley. (Énfasis nuestro). Jusino et als. v. Walgreens, 155

DPR 560 (2001). Así pues, un tribunal podrá emitir una sentencia

sumaria si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones,

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a las declaraciones

juradas – según fueran ofrecidas – surge que no existe una

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material,

restando entonces resolver la controversia en estricto derecho.

Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y otros, supra;

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.

      Nuestro máximo Foro ha sido enfático en que, el hecho de que

la parte promovida no presente prueba que controvierta la evidencia

presentada por la parte promovente de la moción de sentencia
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sumaria, no implica que dicha moción procederá automáticamente

si efectivamente existe una controversia sustancial sobre hechos

materiales. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Ahora

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que una

moción de sentencia sumaria no procederá cuando: (1) existen

hechos materiales controvertidos (2) hay alegaciones afirmativas en

la demanda que no han sido refutadas (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material o (4) como cuestión de derecho no

procede. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et

al., supra; Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 333-334 (2004).

      De igual forma, el mecanismo de sentencia sumaria no es

utilizable cuando existen controversias de hechos materiales sobre

elementos   subjetivos   de   intención,   propósitos   mentales    o

negligencia. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,

197 DPR 656 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219

(2010); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).

                              III.

      Examinado el recurso de marras, a la luz de la Resolución que

emitió el TPI el 19 de septiembre de 2023 y notificada el 21 de

septiembre de 2023, declinamos ejercer nuestra discreción para

expedir el auto discrecional solicitado. Veamos.

      Al examinar meticulosamente el trámite procesal del caso,

específicamente, la Resolución emitida el 19 de septiembre de 2023,

junto a la solicitud de sentencia sumaria y las correspondientes

réplicas y dúplicas, no encontramos indicio de que el TPI haya

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su
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discreción, o cometido algún error de derecho. Pueblo v. Rivera

Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase,

además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709

(2012).

       En el caso de autos, el TPI tuvo la oportunidad de evaluar la

Moción de Sentencia Sumaria Parcial Enmendada que presentó la

parte peticionaria y declaró No Ha Lugar la misma. Así, el TPI

entendió que existen controversias genuinas de hechos materiales y

esenciales, que impiden la resolución sumaria del pleito. Por lo

tanto, con tal proceder el TPI actuó dentro de su discreción y

conforme a derecho. No debemos pasar desapercibido que, por ser

la sentencia sumaria un remedio discrecional, el principio rector

para el uso de este mecanismo es el sabio discernimiento del

juzgador, ya que mal utilizada puede privar a una parte de su día

en corte, principio elemental del debido proceso de ley. Jusino et als.

v. Walgreens, supra.

       En conclusión, evaluados los criterios establecidos en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, y los de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar

el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos

que nos motiven a expedir el mismo en esta etapa de los

procedimientos.

                               IV.

       Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de

certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones