Court Opinion

ID: 9916126
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:35.624379+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.447868
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

LIZARDO ANTONIO PÉREZ                                            Apelación
PÉREZ, su esposa NORMA IRIS                                      procedente del
FELICIANO    NIEVES  y   la                                      Tribunal de
SOCIEDAD       LEGAL    DE                                       Primera Instancia
GANANCIALES compuesta por                                        Sala de Yauco en
ambos                                                            Sabana Grande
          Apelados
                                                                 Caso Núm.:
                 v.                                              YU2021CV00278

HÉCTOR LUIS ORTIZ LÓPEZ,                                         Sobre:
su esposa ANA HILDA LÓPEZ                KLAN202200651           Deslinde y
RIVERA y la SOCIEDAD LEGAL                                       Amojonamiento
DE GANANCIALES compuesta                                         y/o Expediente de
por ambos; CATHERINE ORTIZ                                       Dominio
LÓPEZ; su esposo ANTONIO                                         Contradictorio
RODRÍGUEZ      LÓPEZ y la
SOCIEDAD       LEGAL     DE
GANANCIALES compuesta por
ambos; ANA VERÓNICA ORTIZ
LÓPEZ, su esposo DIMAS
PAGÁN RAMOS y la SOCIEDAD
LEGAL    DE     GANANCIALES
compuesta por ambos; HÉCTOR
LUIS ORTIZ LÓPEZ; JOHN DOE
y JANE DOE; FULANO DE TAL
y FULANA DE TAL
          Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza
Mateu Meléndez, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                                    SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre 2023.

       Comparecen Héctor Luis Ortiz López, su esposa Ana Hilda López

Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos;

Katherine Ortiz López, su esposo Antonio Rodríguez López y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos; Ana Verónica Ortiz López, su

esposo Dimas Pagán Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos; y Héctor Luis Ortiz López (en conjunto y en adelante, parte

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que se
asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución del Hon.
Nery E. Adames Soto.

Número Identificador
SEN2023______________
KLAN202200651                                                                              2

apelante), para solicitarnos la revisión de la Sentencia emitida el 24 de

junio de 2022, notificada el 29 de junio de 2022, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Yauco (TPI).2 Mediante el dictamen apelado el

TPI concedió el remedio solicitado en la Demanda. Por tanto, determinó

que el dominio de la propiedad en cuestión quedó justificado a favor de la

parte apelada del título, por haberse acreditado su adquisición. El foro

primario concluyó, además, que hubo temeridad por parte de la parte

apelante por lo que impuso honorarios de abogados por este concepto.

Como parte del dictamen emitido, el tribunal a quo ordenó al Registrador

de la Propiedad a que, previa calificación, inscriba el dominio de la

propiedad en cuestión, a favor de los apelados del título.

                                              I

       El presente caso tuvo su inicio el 14 de junio de 2021, con la

presentación de una Demanda sobre deslinde y amojonamiento y/o

expediente de dominio, presentada por el señor Lizardo Antonio Pérez, su

esposa Norma Iris Feliciano Nieves y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (en adelante, parte apelada).3 En ella, solicitaron al

foro primario que ordenara el establecimiento de las colindancias y el

amojonamiento según los linderos así como que declarara justificado a

favor de esta parte el dominio del predio de terreno,4 en el cual

alegadamente edificaron, además, una estructura,5 y ordenara la

inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad. Para ello, como parte

de los procedimientos, demandaron a todos los colindantes de la propiedad

en cuestión.

       De lo que sigue, el 16 de agosto de 2021, los codemandados señora

Katherine Ortiz López, su esposo Antonio Rodríguez López y la Sociedad

2 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-11.
3 Id., a las págs. 32-39.
4 Solar de quinientos (500) metros cuadrados ubicado en el Barrio Sierra Alta de Yauco,

Puerto Rico. Colinda por el NORTE, con Perfecta López; por el SUR, con Ramón López;
por el ESTE, con Héctor Luis Ortiz López y por el OESTE, con Evelio Nieves.
5 Casa de concreto que mide treinta y cuatro pies (34’) de largo por treinta y dos pies (32’)

de ancho. Consta de dos (2) cuartos dormitorio, sala, cocina-comedor, baño, balcón y
marquesina.
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Legal de Gananciales compuesta por ambos presentaron su Contestación

a la Demanda.6 En esa misma fecha, el codemandado, señor Héctor Luis

Ortiz López también presentó Contestación a la Demanda.7 Por su parte,

al día siguiente, entiéndase, el 17 de agosto de 2021, los codemandados

Héctor Luis Ortiz López, su esposa Ana Hilda López Rivera y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos presentaron Contestación a la

Demanda.8 Por último, el mismo 17 de agosto de 2021, los codemandados

Dimas Pagán Ramos, su esposa Ana V. Ortiz López y la Sociedad Legal de

Gananciales presentaron Contestación a la Demanda.9

       Así las cosas, el 21 de julio de 2021, la parte apelada presentó una

Moción de Desistimiento contra los codemandados Alexis Ortiz, su esposa

Maridaly Colón González y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos.10 Sobre el particular, el foro primario emitió una Sentencia

Parcial el 2 de agosto de 2021, notificándose la misma el 4 de agosto de

2021.11

       Posteriormente, el 14 de marzo de 2022, se llevó a cabo la

Conferencia con Antelación a Juicio (en adelante, CAJ).12 En esta vista, las

partes discutieron varios asuntos relacionados al caso, entre ellos, sus

teorías y la prueba testifical y documental que estarían presentando. En

tal sentido, el foro primario aclaró que se llevaría a cabo el juicio en su

fondo pautado para el 10 y 12 de mayo de 2022, y que, en este, atendería

todas las controversias traídas ante su consideración y dispondría de ellas

en una sola sentencia. Asimismo, les advirtió a las partes que, de alguna

parte actuar de manera temeraria le impondría honorarios de abogados a

partir de $5,000.00.

6 Id., a las págs. 42-45.
7 Id., a las págs. 46-49.
8 Id., a las págs. 50-53.
9 Id., a las págs. 54-58.
10 Id., a las págs. 59-60.
11 Id., a las págs. 61-62.
12 Véase, Entrada 90 al expediente judicial del TPI en el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).
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        Así pues, el 10 de marzo de 2022, se presentó el Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio.13 Posteriormente, el 4 de abril de 2022,

se presentó una Moción Solicitando Enmienda a Informe de Conferencia con

Antelación a Juicio14, la cual el foro primario no autorizó, mediante

Resolución emitida el 16 de abril de 2022, notificada el 20 de abril de

2022.15

        Así las cosas, el 11 de mayo de 2022, el señor Héctor Luis Ortiz

López, su esposa Ana Hilda López Rivera y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos presentaron una Moción Informativa.

En ella expresaron haber diligenciado las citaciones de nueve (9) testigos

para el juicio en su fondo.16 En lo pertinente a la controversia de autos,

la señora Luz Divina Rivera fue citada.17

        De ahí, el juicio en su fondo se celebró los días 10 y 12 de mayo de

2022.18 Allí compareció la parte demandante y apelada de autos, por sí y

por conducto de sus representantes legales. Por la parte demandada y

apelante de autos con su representación legal; el señor Héctor Luis Ortiz

López y su esposa Ana Hilda López Rivera acompañados de su

representación legal; la señora Ana V. Ortiz López y Dimas Pagán Ramos

junto a su representación legal; y Katherine Ortiz López, Antonio

Rodríguez López y Héctor Luis Ortiz López, también junto a su

representación legal. Además, compareció el Ministerio Público, pero este

solicitó que se le relevara del caso, por entender que no existía la necesidad

de su comparecencia, toda vez no había derechos del Estado que

estuviesen afectados en esta controversia.

        En el juicio en su fondo testificaron, por la parte demandante y aquí

apelada, los siguientes testigos: (i) Lizardo Pérez Pérez; (ii) Erick Álvarez;

13 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 63-87.
14 Id., a las págs. 164-166.
15 Id., a la pág. 167.
16 Id., a las págs. 168-187.
17 Id., a las págs. 184-185.
18 Apéndice de la parte apelada, a la pág. 4.
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(iii) Alexis Ortiz López; (iv) José Ángel Nieves Albino; y (v) Juan José Nieves

Albino.19 Por su parte, la parte demandada y aquí apelante presentó a los

siguientes testigos: (i) Héctor L. Ortiz López; (ii) Ana Hilda López Rivera;

(iii) Tomás Medina Rodríguez; (iv) Mirna Ortiz López; (v) Noelia Nieves

López; (vi) Ana Verónica Ortiz López; (vii) Katherine Ortiz López; y Héctor

Luis Ortiz López.20

         Sometido el caso, el foro primario dio por concluida la vista y

manifestó que estaría emitiendo su dictamen posteriormente. Así, el 24 de

junio de 2022, el foro primario dictó su Sentencia.21 La misma fue

notificada el notificada el 29 de junio de 2022.22 Por medio de esta, el TPI

hizo constar, que previo a iniciar el desfile de prueba, fueron consignados

para el récord del tribunal estos cuatro (4) hechos estipulados por las

partes:

   1. El 5 de mayo de 1984, el codemandado, Héctor Luis Ortiz
      López y Don Ramón López Caraballo, suscribieron un
      documento privado sobre cesión de derechos y acciones
      hereditarias, Affidavit número 233, ante el notario Gilberto
      [Á]lvarez Crespo.

   2. El 30 de abril de 1992, la parte demandante y Don Ramón
      López Caraballo, suscribieron "Documento Privado sobre
      Compraventa y Acta de Edificación," Affidavit número 13,965,
      ante el notario Julio Irving Rodríguez Torres.

   3. Los predios de terreno que ocupan los demandantes y los
      codemandados no constan inscritos en el Registro de la
      Propiedad.

   4. El 17 de mayo de 2010, se otorgó la Escritura número 17
      sobre Cesión de Derechos, ante la notario María de los Ángeles
      Ruiz Rivera, suscrita por Harry, Pergelia, Brunilda, Dorina,
      Miriam, Mirna Iris, Noelia y Orlando, todos de apellidos Ortiz
      López y Héctor L. Ortiz López.23

         Del mismo modo, a base de la prueba desfilada en la vista, el foro

primario formuló las siguientes veinte (20) determinaciones de hechos:

19 Apéndice 1 de la parte apelada, a las págs. 1-5
20 Id.
21 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 11.
22 Id., a la pág. 1.
23 Id., a la pág. 5.
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  1. La parte demandante adquirió de Don Ramón López
     Caraballo, en enero del año 1984[,] la siguiente propiedad.

     "Solar de quinientos (500) metros cuadrados ubicado en el
     Barrio Sierra Alta de Yauco, Puerto Rico. Colinda por NORTE,
     con Perfecta López; por el SUR, con Ramón López; por el
     ESTE, con Héctor Luis Ortiz López y por el OESTE, con Evelio
     Nieves."

  2. Que la parte demandante pagó la cantidad de $2,000.00 en
     efectivo por el terreno adquirido.

  3. La parte demandante construyó su residencia en el referido
     predio de terreno durante los años 1984 al 1986.

  4. La parte demandante comenzó a residir en mayo del año
     1986.

  5. La parte demandante y Don Ramón López Caraballo
     suscribieron "Documento Privado de Compraventa y Acta de
     Edificación", notarizado ante el Lcdo. Julio Irving Rodríguez
     Torres, el 30 de abril de 1992, Affidavit número 13,965. Del
     documento se puede colegir que la venta fue antes de la fecha
     que tiene el mismo, ya que establece que el pago se hizo con
     anterioridad a su otorgamiento. Del testimonio del Sr. Lizardo
     Antonio Pérez Pérez, al que este Tribunal le dio entera
     credibilidad, lo ubica comprando la propiedad en enero del
     año del año 1984.

  6. El referido predio de terreno de la parte demandante no consta
     inscrito en el Registro de la Propiedad.

  7. Los demandantes solicitaron y obtuvieron los permisos de la
     Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para la
     instalación de los servicios de luz, Solicitud Número 86-60-E-
     904 PPP, el 29 de septiembre de 1986.

  8. Los demandantes solicitaron y obtuvieron los permisos de la
     Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para la
     instalación de los servicios de agua, Caso Núm. 02AS7-
     00000-04999, con fecha de 3 de febrero de 2003. Del
     testimonio del demandante, Lizardo Antonio Pérez Pérez y a
     quien a este Tribunal ya ha expresado que otorga total
     credibilidad, el servicio de agua a su residencia lo obtuvo de
     un pozo comunitario en el año 1986 hasta el año 2003.

  9. La parte demandante es dueña en pleno dominio de la
     propiedad antes descrita porque la ha poseído en concepto de
     dueño, desde el año 1984, de forma pública, pacífica,
     ininterrumpida por más de 30 años y de buena fe.

 10. La parte demandante no fue interrumpida en su posesión en
     concepto de dueño durante el término que ha poseído el
     terreno. De la prueba desfilada se concluye que, la única vez
     que la parte codemandada, Héctor Luis Ortiz López y su
     esposa Ana Hilda López Rivera recurrieron a la vía judicial en
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     contra de los demandantes, fue mediante la querella sobre Ley
     140 JAQ202l-170, radicada el 7 de junio de 2021 y de la cual
     este Tribunal tomó conocimiento judicial.

 11. El Ing. José A. Vázquez Maldonado, licencia 11115, perito de
     la parte demandante y el Agrim. [Á]ngel Noel Colón Guzmán,
     licencia 13952, perito de los codemandados, Héctor Luis Ortiz
     López, su esposa Ana Hilda López Rivera y la Sociedad Legal
     de Gananciales compuesta por ambos, mensuraron la
     propiedad y prepararon un Plano de Mensura del predio de
     terreno a solicitud de las partes. El Tribunal acoge del informe
     la opción número tres, adoptada por los peritos, la cual
     establece los linderos del terreno que ocupan los
     demandantes. El Tribunal al acoger la recomendación de los
     peritos, en cuanto a los linderos y cabida, determina que la
     cabida del terreno es 400 metros y no 500 metros como se
     alegó en la demanda.

 12. Según el Plano de Mensura, la cabida y colindancias del
     predio de terreno son las siguientes:
     RUSTICA: Predio de terreno radicado en la carretera PR 375,
     kilómetro 2.6 (interior), Barrio Sierra Alta, Sector Quebrada
     Grande del término municipal de Yauco, Puerto Rico, con un
     área superficial de CUATROCIENTOS METRO CUADRADOS
     (400.00mc) equivalentes a cero puntos mil dieciocho cuerdas
     (0.1018 cdas). En lindes por el NORTE, con camino vecinal
     asfaltado; por el SUR, ESTE y OESTE, terrenos de Héctor
     Luis Ortiz López y Ana Hilda López Rivera.

     Enclava una casa de hormigón que mide treinta y cuatro pies
     (34') de largo por treinta y dos pies (32') de ancho. Consta de
     dos (2) cuartos dormitorio, sala, cocina-comedor, baño, balcón
     y marquesina.

 13. Los puntos de colindancias fueron establecidos según el Plano
     de Mensura preparado por los peritos de las partes.

 14. El predio de terreno y la estructura de la parte demandante
     tiene un valor, conforme a la tasación estipulada por las
     partes del tasador Erick [Á]lvarez Nazario, por la cantidad de
     $78,000.00; la estructura es una edificación antigua, por lo
     que no cuenta con el permiso de construcción.

 15. La propiedad no tiene cargas ni gravámenes.

 16. La parte demandante carece de un título inscribible en el
     Registro de la Propiedad correspondiente.

 17. El número catastral de referencia de la propiedad es 337-030-
     001-31-001 según el Centro de Recaudación de Ingresos
     Municipales (CRIM).

 18. La parte demandante interesa que se inscriba a su favor el
     dominio del inmueble en el Registro de la Propiedad
     correspondiente.
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  19. La parte demandante notificó a las agencias de gobierno
      pertinentes, la demanda de deslinde y amojonamiento y/o
      expediente de dominio y no expresaron objeción a la misma.

  20. La parte demandante tiene una reclamación que justifica la
      concesión de un remedio.24

        A base de las determinaciones de hechos mencionadas, el TPI

concedió el remedio solicitado en la Demanda. Por tanto, determinó que el

dominio de la propiedad en cuestión quedó justificado a favor de la parte

apelada, por haberse acreditado su adquisición.25 El foro primario

concluyó, además, que los apelantes del título fueron temerarios por lo

que impuso honorarios por temeridad, a favor de la parte apelada, a razón

de lo siguiente: (i) al señor Héctor Luis Ortiz López, su esposa Ana Hilda

López Rivera, la suma de $4,000.00; (ii) a la señora Katherine Ortiz López,

a su esposo Antonio Rodríguez López y a la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos, así como al señor Héctor Luis Ortiz López, la suma

de $1,000.00; y (iii) a la señora Ana V. Ortiz López, su esposo Dimas Pagán

Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, la suma

de $2,000.00.26 Como parte del dictamen emitido, el tribunal a quo ordenó

al Registrador de la Propiedad a que, previa calificación, inscriba el

dominio de la propiedad en cuestión, a favor de los demandantes del

título.27

        Inconforme, el 7 de julio de 2022, la señora Ana V. Ortiz López, su

esposo Dimas Pagán Ramos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos presentaron una Moción de Reconsideración de Honorarios.28

En síntesis, razonaron que no debía imputársele honorarios de abogados

a esta parte, toda vez que su comparecencia obedeció al interés propietario

que tiene su padre y no por ser colindante aduciendo que precisamente la

falta de colindancias fue una de las razones que motivó este pleito.

24 Id., a las págs. 6-8.
25 Id., a la pág. 9.
26 Id., a las págs. 10-11.
27 Id., a la pág. 11.
28 Id., a las págs. 12-17.
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       También inconforme, el 14 de julio de 2022, señor Héctor Luis Ortiz

López, su esposa Ana Hilda López Rivera y la Sociedad Legal de

Gananciales       compuesta     por   ambos     presentaron      una    Moción   de

Reconsideración.29 En esencia, argumentaron que en el juicio en su fondo

se demostró que esta parte era dueña del predio en controversia desde

1984. Además, sostuvieron que la parte apelada no cumplió con los

requisitos del expediente de dominio y que la única evidencia que

demostraron sobre su supuesta adquisición de terreno databa del 1992 y

no del 1984 como plantea la parte apelada. En respuesta, el 18 de julio de

2022, el foro primario emitió y notificó dos (2) Resoluciones mediante las

cuales denegó ambas solicitudes de reconsideración.30

       Insatisfechos aún, el 17 de agosto de 2022, compareció la parte

apelante, mediante un recurso de Apelación y esbozó la comisión de cinco

(5) errores por el foro primario, a saber:

       PRIMER ERROR:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER
       EL CASO DE EP[Í]GRAFE BAJO LAS DISPOSICIONES DE UN
       EXPEDIENTE DE DOMINIO CL[Á]SICO[.]

       SEGUNDO ERROR:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       CONCEDERLE CUATROCIENTOS METROS DE TERRENO A
       LA PARTE DEMANDANTE[.]

       TERCER ERROR:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR
       CON LUGAR LA DEMANDA Y DESLINDAR EL PREDIO DE
       [SIC] OCUPADO POR LA PARTE DEMANDANTE DEL
       TERRENO DE DON H[É]CTOR ORTIZ[.]

       CUARTO ERROR:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL APLICAR
       LA PRESUNCI[Ó]N DE LA REGLA 304 (5) DE LAS DE
       EVIDENCIA EN RELACIÓN CON LA SEÑORA LUZ DIVINA
       RIVERA[.]

29 Id., a las págs. 18-28.
30 Id., a las págs. 29-30. Véase, además, Entradas 124 y 126 en el SUMAC.
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       QUINTO ERROR:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL IMPONER
       UNA PARTIDA POR HONORARIOS POR TEMERIDAD A SER
       SATISFECHA POR LOS COMPONENTES DE LA PARTE
       DEMANDADA[.]

       Mediante Resolución emitida el 20 de enero de 2023, este Tribunal

acogió la trascripción de la prueba oral, según presentada.31 De ahí, el 28

de abril de 2023, la parte apelante presentó un alegato suplementario,

intitulado Escrito de Apelación. Allí, la parte apelante esgrimió la comisión

de tres (3) errores alegadamente cometidos por el foro primario, a saber:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE
       CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS PARA UN EXPEDIENTE DE
       DOMINIO, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE DESLINDE Y
       AMOJONAMIENTO,     LO  QUE    DIO   BASE  A   LA
       DETERMINACIÓN DE CONCEDERLE CUATROCIENTOS
       (400) METROS DE TERRENO[.]

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL APLICAR LA PRESUNCI[Ó]N DE LA REGLA
       304 (5) DE LAS DE EVIDENCIA EN RELACIÓN CON LA
       SEÑORA LUZ DIVINA RIVERA[.]

       TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL IMPONER UNA PARTIDA POR HONORARIOS
       POR TEMERIDAD A SER SATISFECHA POR LOS
       COMPONENTES DE LA PARTE DEMANDADA[.]

       Por su parte, el 27 de junio de 2023, la parte apelada presentó su

Alegato en Oposición a la Apelación. Subsiguientemente, tras evaluar el

expediente de autos, el 26 de septiembre de 2023, este Tribunal le requirió

a la parte apelante acreditar haber notificado el Alegato Suplementario al

Procurador General de Puerto Rico. En respuesta, el 2 de octubre de 2023,

la parte apelante presentó Moción en Cumplimiento de Orden y Aclaratoria.

En ella, expresó que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no era parte,

ni se afectaban intereses del Estado y que el asunto era entre partes

privadas, por lo que, no notificó el escrito al Procurador General de Puerto

Rico. De ahí, el 27 de octubre de 2023, la Oficina del Procurador General

31 Puntualizamos que en dicha transcripción se encuentran presentes únicamente los
testimonios de los siguientes testigos: (i) Lizardo Pérez Pérez, (ii) Alexis Ortiz López; (iii)
Héctor L. López Ortiz; y el de (iv) Ana H. López Rivera.
KLAN202200651                                                                         11

presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución. Mediante este, el

Procurador General adujo que el Estado no es una parte afectada por la

Sentencia apelada, por lo cual su comparecencia era innecesaria.

       Quedando el asunto perfeccionado y contando con el beneficio de la

comparecencia de las partes, procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                            II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil,32 dispone que los recursos

de apelación tienen que presentarse dentro de un término jurisdiccional

de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la notificación de

la sentencia recurrida. Como es conocido, un plazo jurisdiccional es de

carácter fatal. Ello quiere decir que no admite justa causa, es

improrrogable, y que su incumplimiento es insubsanable.33 La correcta

notificación de una sentencia es una característica imprescindible del

debido proceso judicial.34 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles
       por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro
       del término jurisdiccional de treinta días contados desde el
       archivo en autos de una copia de la notificación de la
       sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto
       Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de sus
       instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o
       en que los Municipios de Puerto Rico o sus funcionarios y
       funcionarias sean parte en un pleito, el recurso de apelación
       se formalizará, por cualquier parte en el pleito que haya sido
       perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de
       apelación dentro del término jurisdiccional de sesenta días,
       contados desde el archivo en autos de una copia de la
       notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.35

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en alzada

puede quedar interrumpido mediante la presentación oportuna de una

32 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
33 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 DPR 122,

131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
34 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
35 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
KLAN202200651                                                                          12

moción de reconsideración fundamentada.36 En tal caso, el curso del

término para apelar comienza a partir del archivo en autos copia de la

notificación de la resolución que resuelve la moción.37 Esto, a pesar de que

se haya declarado la moción No Ha Lugar.

         En instancias en las que un bien inmueble nunca ha sido inscrito

en el Registro de la Propiedad, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el

expediente de dominio como el procedimiento mediante el cual puede

gestionarse la inscripción. Por medio de este, los propietarios que carezcan

de títulos inscribibles de dominio pueden inscribir su derecho,

justificándolo de la manera que establece la Ley del Registro de la

Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (en

adelante, Ley Núm. 210-2015),38 Se trata de un procedimiento judicial de

naturaleza ex parte,39 que no declara derechos, sino que justifica el

dominio del promovente.40 En vista de ello, el juez solo está facultado para

declarar justificado o no el dominio de los bienes.41 Además, la

resoluciones emitidas de un expediente de dominio no constituyen cosa

juzgada y tampoco impiden un juicio declarativo posterior a instancias de

partes interesadas.42

         El procedimiento de expediente de dominio está regulado por la Ley

Núm. 210-2015,43 específicamente, en los Artículos 185 al 192.44 A tales

efectos, el Artículo 185 de la Ley núm. 210-2015, dispone para que todo

propietario que careciere de título inscribible de dominio pueda inscribir

36 32 LPRA Ap. V, R. 47.
37 Id.
38 Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, 30 LPRA sec. 6001 et seq.
39 Ello, en la medida en que no se suscite una contienda entre las partes dentro del pleito

y no lo convierta en contencioso. Véase Artículo 191 de la Ley 210-2015. Véase, además,
Benítez v. Registrador, 71 DPR 563 (1950).
40 L.R. Rivera, Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra Ed., San Juan,

Jurídica Editores, 2012, pág. 338.
41 Toro v. Registrador, 25 DPR 472, 476 (1917).
42 Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 732 (1953).
43 Sánchez González v. Registrador, 106 DPR 361, 369 (1977).
44 30 LPRA secs. 6291-6298.
KLAN202200651                                                                      13

dicho dominio, justificándolo con una serie de formalidades allí

requeridas.45

         De otro lado, al amparo del Artículo 187 de la Ley Núm. 210-2015

y, a petición del promovente, el Tribunal celebrará una vista para atender

las alegaciones en torno a la solicitud de expediente de dominio, así como

las prueba que se presenten en apoyo a dicha solicitud.46 Así, el Tribunal,

a la luz de las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas,

declarará sin más si se justifica o no el dominio sobre los bienes objeto de

procedimiento.47

         Finalmente, cabe destacar que, el Artículo 191 de la Ley Núm. 210-

2015 dispone que “[e]l expediente de dominio se utilizará para justificar el

dominio       y    no      equivale      a     una         acción   declaratoria   de

usucapión”.48 Asimismo, cuando “una de las personas citadas se oponga

a la acreditación del título propuesto por el solicitante y alegue que tiene

un mejor derecho que el promovente, se entenderá convertido el

procedimiento de expediente de dominio en un juicio contencioso

ordinario”.49 Del mismo modo, el Artículo 192 de la referida Ley dispone

que “[l]a declaración de estar o no justificado el dominio no impedirá que

se pueda presentar posteriormente una acción ordinaria contradictoria de

dominio por quien se considere perjudicado…”.50

    B. Deslinde y Amojonamiento

         El Artículo 829 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, define el

concepto deslinde como “la operación por la cual se fijan los límites

materiales de una finca que están confundidos”.51 Se trata de una acción

de dominio protectora que tiene como propósito determinar los linderos

confundidos por dos heredades contiguas.52 Por otro lado, el Código Civil

45 30 LPRA sec. 6291.
46 30 LPRA sec. 6293.
47 Id.
48 30 LPRA sec. 6297.
49 Id.
50 30 LPRA sec. 6298.
51 Art. 829 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8132.
52 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla 168 DPR 142, 157 (2006).
KLAN202200651                                                             14

de Puerto Rico de 2020, también define el concepto de amojonamiento

como “el acto mediante el cual se colocan signos estables que marcan los

límites establecidos”.53

        De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico dispone que el

propietario tiene derecho a llevar una acción de deslinde y amojonamiento

con la citación de aquellos dueños de los predios colindantes.54 Del mismo

modo, es preciso destacar que las acciones de deslinde y amojonamiento

son imprescriptibles.55

       En cuanto a cómo debe efectuarse este procedimiento, el Código

Civil de Puerto Rico de 2020, en su Artículo 832 dispone que:

       El deslinde puede efectuarse por cualquier procedimiento
       técnico de agrimensura, con citación de los propietarios
       colindantes. Estos últimos deben presentarse, por sí mismos
       o por medio de representantes, en el lugar, el día y la hora
       señalados, con los títulos suficientes de propiedad que
       amparen su derecho.

       A falta de títulos suficientes, el deslinde puede efectuarse por
       lo que resulta de la posesión en que estén los colindantes.
       Para los efectos de este artículo, constituye título suficiente
       aquel que provea, de forma adecuada, la cabida de la finca y
       los restantes datos necesarios para su deslinde y
       amojonamiento.56

       Igualmente, si los títulos no determinaran el límite que le pertenece

a cada propietario y esta situación no puede resolverse por la posesión o

la presentación de alguna otra prueba, el deslinde “debe hacerse mediante

la distribución, en partes iguales, del terreno objeto del conflicto”.57 De

igual modo, si los títulos de los colindantes indicaran un espacio menor o

mayor al que comprende la totalidad del terreno, la falta o el aumento

deberá atribuirse proporcionalmente.58

53 Art. 829 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8132.
54 Art. 830 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8133.
55 Art. 831 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8134.
56 Art. 832 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8135.
57 Art. 833 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8136.
58 Art. 834 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8137.
KLAN202200651                                                                         15

       Ahora bien, se ha reiterado en varias ocasiones que una sentencia

en una acción de deslinde no da ni quita derechos.59 A su vez, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha reconocido que:

       Bajo la mencionada regla hay que hacer constar en la
       demanda (1) descripción de la propiedad; (2) el interés que la
       parte reclame tener en ella; (3) nombre de la persona en
       posesión de la propiedad; (4) la razón por la cual se solicita se
       haga el deslinde; y (5) requerimiento hecho a la otra parte y
       negativa de ésta.60

   C. Prescripción adquisitiva o usucapión

       Nuestro ordenamiento jurídico permite la adquisición del dominio y

todos los derechos reales mediante la figura de la prescripción adquisitiva

o usucapión.61 Esta figura jurídica se funda en la conveniencia de proteger

la seguridad jurídica y atender el interés social de amparar una situación

estable frente al ejercicio tardío de los derechos.62

       Ahora bien, el efecto principal de la usucapión es la adquisición del

dominio.63 A raíz de ello, “una vez transcurrida la totalidad del término

fijado en nuestro ordenamiento, de inmediato se materializa o consolida el

dominio en la persona que, en unión a sus anteriores dueños, ha poseído

durante ese periodo con los requisitos de ley”.64 Cabe resaltar, que la

posesión para adquirir el dominio por usucapión debe ser una pública,

pacífica, continua y en concepto de dueño.65

       Consecuentemente, procede la determinación de ante cuál tipo de

prescripción adquisitiva nos encontramos, ordinaria o extraordinaria.66 La

prescripción ordinaria del dominio requiere justo título y poseer las cosas

de buena fe por el tiempo determinado por ley.67 El concepto de buena fe

envuelve la creencia del poseedor de que la persona de quien recibió la

59 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla supra, a la pág. 159 (2006).
60 Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 641 (1953).
61 Art. 745 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 7961.
62 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1994, T.

III, Vol. 1, pág. 328.
63 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, 187 DPR 15, 26 (2012).
64 Ex parte Reyes; Rodríguez, Opositora, 68 DPR 854, 856 (1948).
65. Art. 778 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8022.
66 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, Id., 27. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil:

los bienes, los derechos reales, Madrid, Ed. Offirgraf, T. II, 1983, pág. 265.
67 Art. 783 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8027.
KLAN202200651                                                                       16

cosa era su dueña y que podía transmitir su dominio.68 Por otra parte, por

justo título se entiende aquel que legalmente baste para transferir el

dominio o derecho real de cuya prescripción se trate.69 Por su parte, la

prescripción adquisitiva extraordinaria se caracteriza por la inexistencia

de los requisitos de justo título y buena fe, que se suplen por la exigencia

de un plazo más largo de posesión.70

         El término para obtener la prescripción ordinaria para el dominio de

bienes inmuebles se da por la posesión durante diez (10) años.71 Con

relación a la prescripción adquisitiva extraordinaria prescribe el dominio

sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante

treinta (20) años, sin necesidad de título ni de buena fe.72 Este efecto se

produce automáticamente en el momento en que el poseedor completa el

periodo requerido.73

         Es preciso aclarar que, el tipo de posesión requerida para adquirir

el dominio de un bien inmueble mediante usucapión es la denominada

posesión civil.74 La posesión civil es la tenencia de una cosa o el disfrute

de un derecho por una persona, unidos a la intención de hacer suya la

cosa o el derecho.75

         Así pues, la usucapión requiere que la posesión sea en concepto de

dueño porque sólo la posesión en concepto de dueño puede servir de título

para adquirir el dominio.76 Una persona es poseedora en concepto de

dueño cuando actúa como el verdadero titular por los actos que realiza en

relación con la propiedad.77 Cónsono con lo anterior, se entiende que un

inmueble es poseído en concepto de dueño cuando la opinión pública o

68 Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 838 (2011).
69 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, a la pág. 27.
70 Id., a la pág. 28.
71 Art. 788 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8032.
72 Id.
73 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, a la pág. 28.
74 Id., a la pág. 29.
75 Art. 704 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 7822.
76Bravman, González v. Consejo Titulares, supra, a la pág. 839 (2011). J. Puig Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. III, Vol. 1, pág.
318.
77 Art. 779 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 8023.
KLAN202200651                                                                     17

percepción general entiende que el poseedor es el verdadero dueño, en

unión      a    los    actos    que    realice     con     relación   al   inmueble,

independientemente de la referida creencia.78 Así, los actos del poseedor

realizados bajo la mera tolerancia del dueño son insuficientes para cumplir

con los requisitos de la usucapión extraordinaria debido a que no se

configura la posesión en concepto de dueño.79

        En razón de ello, el efecto consumado de la usucapión no será

posible si se interrumpe el término o plazo mediante el cual se posee la

cosa o el derecho como dueño de forma pública y pacífica.80 Conforme

dispone el Código Civil de Puerto Rico de 2020, para los efectos de la

usucapión, la posesión se interrumpe en una de las siguientes

circunstancias:

        (a) por su cese durante más de un (1) año;
        (b) por el emplazamiento o citación judicial hecha al poseedor,
            aunque sea por mandato de un tribunal sin competencia;
        (c) por el requerimiento judicial o notarial, siempre que,
            dentro de dos (2) meses de practicado, se presente ante el
            tribunal la demanda sobre posesión o dominio de la cosa
            cuestionada; o
        (d) por cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho
            del dueño por parte del poseedor.81

        Por último, es preciso resaltar el Artículo 1814 del Código Civil de

Puerto Rico de 2020, el cual lee como de la siguiente forma:

        Los términos prescriptivos, de caducidad o de usucapión que
        estén transcurriendo en el momento en que este Código entre
        en vigor, tienen la duración dispuesta en la legislación
        anterior; pero si el término queda interrumpido después de la
        entrada en vigor de este Código, su duración será la
        determinada en este.82

     D. Regla 304 (5) de las Reglas de Evidencia

        El Capítulo I de las Reglas de Evidencia aborda varias disposiciones

generales. La Regla 110 dispone lo relativo a la evaluación y suficiencia de

78 Vélez Cordero v. Medina, 99 DPR 113, 119 (1970).
79 Adm. Terrenos v. SLG Rivera-Morales, supra, a la pág. 29.
80 Id., a las págs. 29-30.
81 Art. 704 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 7822.
82 Art. 1814 del Código Civil de P.R., 31 LPRA sec. 11719. En ese sentido hay que
retrotraerse a los Artículo 1857-1859 del derogado Código Civil de 1930, los cuales
establecen los términos de la prescripción adquisitiva de acuerdo con la circunstancia
particular en que se posea el inmueble.
KLAN202200651                                                                       18

la prueba. En lo concernientes, la referida Regla lee como sigue: “[l]a

juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia presentada

con el propósito de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o

demostrados, con sujeción a los principios siguientes: […] (G) Cuando

pareciere que una parte, teniendo disponible una prueba más firme y

satisfactoria, ofrece una más débil y menos satisfactoria, la evidencia

ofrecida deberá considerarse con sospecha. […]”.83

       El Capítulo III de las Reglas de Evidencia aborda lo relativo a las

presunciones. En la Regla 304 se menciona una serie de presunciones

específicas. La Regla 304, en lo aquí pertinente, lee como sigue: “Las

presunciones son aquéllas establecidas por ley o por decisiones judiciales.

Entre las presunciones controvertibles se reconocen las siguientes: […] (5)

Toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se

ofreciere. […]”.84 Cuando se trata de un testigo anunciado, por una parte,

la referida Regla obliga a la parte que lo anuncia y no lo va a usar,

a ponerlo a disposición de la otra parte para escapar la presunción de que

su testimonio le sería adverso.85

   E. Honorarios de Abogado por Temeridad

       La Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo relativo

a costas, honorarios de abogado e interés legal. La Regla 44.1 de las Reglas

de Procedimiento Civil tiene un fin de índole disuasivo: desalentar los

pleitos temerarios y superfluos.86 En particular, la Regla 44.1 (d) de las

Reglas de Procedimiento Civil dispone lo siguiente sobre los honorarios de

abogados:

       […]
       (d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su
       abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad,
       el tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la
       responsable el pago de una suma por concepto de honorarios

83 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (G).
84 32 LPRA Ap. VI, R. 304(5).
85 E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Primera Edición, Estados Unidos de Norte

América, Publicaciones JTS, 2005, Tomo II, pág. 1013.
86 J.T.P. Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 (1992).
KLAN202200651                                                                       19

         de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal
         conducta. […]87

         El concepto temeridad no está expresamente definido por la Regla

44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil.88 La temeridad ha sido

definida como:

         […] una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que
         afecta el buen funcionamiento y la administración de la
         justicia. También sujeta al litigante inocente a la ordalía del
         proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la
         contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados,
         con el gravamen a veces exorbitante para su peculio.89

         Existen varias instancias bajo las cuales puede surgir temeridad, a

saber: (i) contestar una demanda y negar responsabilidad total, aunque se

acepte posteriormente; (ii) defenderse injustificadamente de la acción; (iii)

creer que la cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la única razón

que se tiene para oponerse a las peticiones del demandante sin admitir

francamente su responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a la

fijación de la cuantía a ser concedida; (iv) arriesgarse a litigar un caso del

que se desprendía prima facie su responsabilidad; y, (v) negar un hecho

que le conste es cierto a quien hace la alegación.90 A tales efectos, el

propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos de

temeridad es: “establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por

su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”.91

         La determinación de temeridad es de índole discrecional, por lo que

los tribunales apelativos solo debemos intervenir con ella cuando nos

enfrentemos a un caso de abuso de discreción.92 Ahora bien, una vez el

87 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d).
88 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).
89 Id.
90 Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336 (1998).
91 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).
92 S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Colón Santos v. Coop. Seg.

Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008). P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005).
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tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria, es

imperativa la imposición de honorarios de abogado.93

   F. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción
      Judicial

       Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de la

prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están revestidas

de confiabilidad y merecen respeto y deferencia.94 Por ello, la valoración

que lleva a cabo el foro primario se presume correcta, toda vez que es este

quien tiene la oportunidad de ver, escuchar y valorar las declaraciones de

los testigos, así como sus lenguajes no verbales.95 Por su parte, un foro

apelativo cuenta solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que

se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el

juzgador primario de los hechos.96 En ese sentido, y como regla general,

no debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.97

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que un

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia,

salvo cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis

integral de la prueba así lo justifique.98 El Alto Foro ha determinado que

un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones,

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas que no

admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

93 P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).
94 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79

(2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad v. Chade,
153 DPR 280, 289 (2001).
95 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v. El

Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
96 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 (2009).

Trinidad v. Chade, supra, a la pág. 291.
97 Pueblo v. Pérez Nuñez, supra, a la pág. 529.
98 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples de P.R.

v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987).
Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
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antes de que se someta prueba alguna.99 En consecuencia, al este tribunal

apelativo enfrentarse a la tarea de revisar las determinaciones del foro de

instancia, no debe intervenir con las determinaciones de hechos, con la

apreciación de la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas

por el mismo, excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que

este último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso

abuso de discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.100

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este cuando

de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal queda

convencido de que las conclusiones están en conflicto con el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida.101 Por

tanto, debe existir base suficiente en la prueba admitida que apoye la

determinación del foro.102

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del TPI

cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o resulte

inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el tribunal apelativo

deberá abstenerse de intervenir con la apreciación de la prueba hecha por

el juzgador de los hechos.103

       Ahora bien, cabe destacar que, el Tribunal Supremo ha resuelto que,

en instancias en que las conclusiones de hecho que realice el TPI estén

basadas en prueba pericial o documental, un tribunal revisor estará en la

misma posición que el tribunal a quo.104 Por tanto, ante dichas instancias,

99 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
100 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez Ferrer

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR
140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002). Pueblo v. Maisonave, 129
DPR 49, 62-63 (1991).
101 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a la pág. 772.
102 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Pueblo v. Irizarry, supra.
103 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 148

(2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a Pueblo v.
Maisonave, supra, 63. González Hernández v. González Hernández, supra, 777. Pueblo v.
Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry, supra. Pueblo v. Acevedo
Estrada, supra.
104 González Hernández v. González Hernández, Id. Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145

DPR 560, 573 (1998).
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este tribunal apelativo “tendrá la facultad para adoptar su propio criterio

en la apreciación y evaluación de la prueba pericial, y hasta para

descartarla, aunque resulte técnicamente correcta”.105

       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de base

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es

que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la dirección del

proceso.106     Los    foros    apelativos     podremos       intervenir     con    tal

apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de esta,

surjan serias dudas, razonables y fundadas.107

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán revocadas a

menos que se demuestre que ese foro abusó de su discreción.108 Un

tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción: (i) cuando el juez

no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para

ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; (ii)

cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su

decisión exclusivamente en éste; o, (iii) cuando, no obstante considerar y

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los

irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente.109

       A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema de

justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la evidencia

presentada en los casos y controversias.110 No obstante, una apreciación

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la

función revisora de un tribunal revisor.111 A esos efectos, conviene

105 González Hernández v. González Hernández, Id. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al.,

154 DPR 333, 363 (2001). Prieto v. Mary land Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970).
106 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
107 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
108 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
109 Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
110 González Hernández v. González Hernández, supra, a la pág. 776.
111 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
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destacar que, la intervención del foro apelativo con la prueba desfilada

tiene que estar basada en un análisis independiente y no a base de los

hechos que exponen las partes.112

                                         III

       Según hemos expuesto, la parte apelante acude ante nos solicitando

la revocación de una sentencia dictada por el foro primario el 24 de junio

de 2022, y notificada el 29 de junio de 2022. En su recurso, la parte

apelante señaló la comisión de cinco (5) errores por parte del TPI. En

resumidas cuentas, los errores imputados versan sobre (i) la resolución de

la presente controversia bajo las disposiciones de un expediente de

dominio clásico; (ii) la concesión de cuatrocientos (400) metros de terreno

a la parte apelada; (iii) haber declarado Ha Lugar el deslinde del predio en

controversia; (iv) la aplicación de la Regla 304 (5) de Evidencia con relación

a la prueba de la señora Luz Divina Rivera; y (v) la imposición de una

partida de honorarios de abogado a la parte apelante.

       Por otro lado, la parte apelada negó la comisión de los errores

imputados en su escrito en oposición. Adujo que desde que inició el pleito,

se estableció que el procedimiento de expediente de dominio sería uno

ordinario. Igualmente, argumentó que en el presente caso se cumplieron

los requisitos de la prescripción adquisitiva y del expediente de dominio.

De igual manera, sostuvo que la parte apelante no logró acreditar la razón

por la cual no compareció la señora Luz Divina Rivera al juicio.

Finalmente, esbozó que la imposición de honorarios de abogados por

temeridad a la parte apelante procedía. Habiendo evaluado la postura de

las partes, examinado y estudiado la totalidad del expediente, así como la

transcripción de la prueba oral, procedemos a discutir los errores

planteados por la parte apelante.

       De entrada, es preciso destacar que la parte apelante, al presentar

su alegato suplementario intitulado Escrito de Apelación, redujo a tres (3)

112 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
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sus señalamientos de error. En esencia, la parte apelante consolidó los

primeros tres errores de su recurso de Apelación a uno solo. Siguiendo esa

misma lógica, procederemos a discutir los primeros tres (3) errores del

recurso de manera conjunta ya que estos guardan relación entre sí. Luego,

procederemos a discutir el cuarto y quinto señalamiento de error, de forma

separada.

         En su escrito, la parte apelante plantea que el foro primario erró al

declarar Ha Lugar la Demanda del caso de marras. Para sustentar su

postura, presentó una transcripción de la prueba oral parcial del juicio en

su fondo celebrado el 10 y 12 de mayo de 2022. Acentuamos que la parte

apelante expresó en su alegato suplementario que “se obtuvo la

correspondiente transcripción de los testimonios de los testigos y partes

que son esenciales a los errores levantados por la parte compareciente, y

no así de la totalidad del juicio en su fondo, según había sido informado

en el escrito solicitando autorización”.113 Quiérase decir que este Tribunal

no cuenta con la totalidad de la transcripción de los testigos que

declararon en el juicio en su fondo, ni mucho menos la totalidad de la

transcripción de la prueba oral.

       Ante este escenario, es menester nuestro destacar que, dado a que

la parte apelante eligió preterir algunos testimonios, este Tribunal revisor

enfrenta una limitación seria en cuanto los aspectos de credibilidad de las

personas que prestaron testimonio en el juicio, así como el ejercicio de

revisar los errores presuntamente cometidos por del foro primario. Es por

lo anterior, que ante la ausencia de parte de la prueba testimonial que

tuvo ante la consideración el tribunal apelado, la balanza se inclina a un

nivel mayor de deferencia al criterio del foro primario.

       Aclarado lo anterior, procedemos a evaluar si el dictamen del foro

primario fue correcto en derecho. En primer lugar, hay que destacar que

en este pleito coincidían varias causas de acción. Se presentó una causa

113 Alegato suplementario, intitulado Escrito de Apelación, a la pág. 2.
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de acción de deslinde y amojonamiento, una causa de acción de expediente

de dominio contradictorio y dentro de esta última, una causa de acción de

declaratoria de usucapión. Si bien, el Artículo 191 de la Ley del Registro

de la Propiedad Inmobiliaria es clara en cuanto a distinguir una acción de

expediente de dominio de una acción de declaratoria de usucapión, dicha

distinción es innecesaria puesto que en el presente caso se solicitaron

ambos remedios. Así se aclaró en la Conferencia con Antelación a Juicio,

en la cual el foro primario explicó que vería todas las controversias en un

solo juicio y resolvería todas las controversias en una sola sentencia.114

        Así pues, en la Sentencia apelada, el foro primario resolvió la causa

de acción de deslinde y amojonamiento dándole entera deferencia a un

Informe Pericial Conjunto,115 el cual fue estipulado por las partes en el

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio.116 Conforme surge del

expediente, el mencionado informe pericial fue elaborado por un ingeniero

y un agrimensor y en el mismo se configuraron las colindancias del predio

en controversia y se propuso una cabida del mismo de cuatrocientos (400)

metros. Dado a que las partes aceptaron las condiciones contenidas en el

aludido informe, la controversia en cuanto al deslinde y amojonamiento

fue resuelta correctamente.

        De otra parte, en su dictamen, el TPI encontró justificado el dominio

a favor de Lizardo Pérez Pérez, su esposa Norma Iris Feliciano Nieves y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Fundamentó su

determinación en que, a base de la prueba presentada, la parte apelada

ocupó la propiedad en controversia en concepto de dueño desde 1984,

totalizando así un periodo de 37 años desde esa fecha hasta la

presentación de la demanda.

        De un examen minucioso del expediente, así como de la

transcripción de la prueba oral que obra ante nos, determinamos que no

114 Véase, Entrada 116 en el SUMAC, Minuta, a la pág. 2.
115 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 97-131.
116 Id., a la pág. 69.
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encontramos indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto

por parte del TPI al emitir este dictamen. El foro primario le dio credibilidad

al testimonio vertido por el señor Lizardo Pérez Pérez y por el señor Alexis

Ortiz López. Ello es constatable en las determinaciones de hechos

realizadas por el TPI en la Sentencia apelada. En estas, el foro primario

determinó que el señor Lizardo Pérez Pérez adquirió la propiedad en

controversia desde 1984, y construyó su residencia durante los años 1984

al 1986. Esta información surgió de los testimonios de dichos testigos. Por

tal motivo, no podemos concluir que esta determinación del foro primario

sea errada.

        Justificado el dominio de los apelados frente al apelante, el foro

primario ordenó al Registrador de la Propiedad la inscripción del inmueble.

De un examen del expediente, concluimos que, en efecto, en este caso se

cumplieron con los requisitos dispuesto en el Artículo 185 de la Ley Del

Registro de la Propiedad Inmobiliaria. A tono con la discusión que precede,

concluimos que el foro primario no erró al declarar ha lugar la demanda

del presente pleito y por consiguiente ordenar el registro del predio en

controversia. Por lo tanto, razonamos que los primeros tres errores en el

recurso de apelación no fueron cometidos.

        Resuelto      lo    anterior,   nos   corresponde   examinar   el   cuarto

señalamiento de error imputado por la parte apelante. En este, sostienen

que el foro primario incidió en aplicar la presunción de la Regla 304 (5) de

Evidencia, la cual establece que toda evidencia voluntariamente suprimida

resultará adversa si se ofreciere. En este caso, se presentó y se aprobó un

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio.117 En dicho informe se

anunciaron las personas que serían testigos de las partes. Entre los

testigos que figuraban en dicho informe por la parte apelante se

encontraba la señora Luz Divina Rivera.

117 Id., a las págs. 167.
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        Sin embargo, el 28 de marzo de 2022, Héctor Luis Ortiz López, su

esposa Ana Hilda López Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos presentaron una solicitud para enmendar el

informe de conferencia con antelación a juicio.118 En esta, indicó que la

señora Luz Divina Rivera no podría comparecer, puesto que esta padecía

de condiciones de salud en el aspecto cognoscitivo. El foro primario declaró

esta solicitud No Ha Lugar, fundamentándose en que ya el informe estaba

aprobado y discutido. Así pues, se emitieron las debidas citaciones a los

testigos para el juicio en su fondo, incluyendo la de la señora Luz Divina

Rivera,119 y llegado el día del juicio, esta no compareció. Inmediatamente,

el foro primario le aplicó la Regla 304 (5) de Evidencia. 120

        Examinada la transcripción de la prueba oral, notamos varias

circunstancias en esta situación. En primer lugar, el testimonio de Luz

Divina sería una prueba de carácter acumulativo dicho por la propia

representación legal de Héctor Luis Ortiz López, su esposa Ana Hilda López

Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.121 De

hecho, según el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, esta testigo

declararía sobre los hechos de la demanda y el conocimiento personal

sobre la titularidad de la finca objeto del pleito,122 tal y como lo harían

Tomás Medina Rodríguez y Noelia Nieves López, quienes testificaron en el

juicio.123 En segundo lugar, la parte apelante no objetó la imposición de

esa presunción, ni brindó detalles de la situación médica de esta testigo

para justificar su incomparecencia. Es decir, salvo por lo indicado por la

parte apelante al momento de solicitar la enmienda al informe de

conferencia con antelación a juicio para que se excluyera como testigo a la

señora Luz Divina Rivera, no existe un ápice de diligencia desplegada por

118 Id., a las págs.164-166.
119 Id., a las págs. 184-185.
120 Transcripción de la Prueba Oral, a la pág. 12.
121 Id., a la pág. 11.
122 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 82.
123 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 11-12, Minuta del juicio en su fondo del 12

de mayo de 2022.
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la parte proponente de la prueba testimonial para demostrar lo alegado en

ocasión del juicio en su fondo. Puntualizamos, además, que tampoco se

presentó reconsideración tras denegarse la enmienda al informe de

conferencia con antelación a juicio. Por ello, juzgamos que el foro primario

no incidió en imponer la presunción de la Regla 304 (5) de Evidencia y por

tal motivo el TPI no cometió este cuarto error señalado.

      Finalmente, nos corresponde determinar si el TPI incidió al haber

impuesto honorarios de abogado por temeridad a la parte apelante. En la

Sentencia apelada, el foro primario justificó la imposición de honorarios de

abogado por los testimonios que ofrecieron tanto el señor Héctor Ortíz

López y la señora Ana Hilda López Rivera. El foro primario razonó que

parte del testimonio de estos fueron contrarios a la teoría establecida en

el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio. Sabido es que la

determinación de temeridad es de índole discrecional, por lo que los

tribunales apelativos solo debemos intervenir con ella cuando nos

enfrentemos a un caso de abuso de discreción.124 Insistimos, la

transcripción de la prueba oral presentada ante este Tribunal fue una

parcial, por lo cual, corresponde otorgarle mayor deferencia a la discreción

del juez de instancia. Así que, evaluada la transcripción del juicio, tal y

cual fue presentada, no vemos razón alguna para intervenir con lo

dispuesto por el foro primario cuando determinó imponer los honorarios

por temeridad. Juzgamos, además, basándonos en lo anterior, que la

suma impuesta por concepto de honorarios de abogado no tiene indicios

de haber sido irrazonable, por lo que tampoco vemos motivo alguno para

intervenir. Por tal motivo, el quinto señalamiento de error no fue cometido.

      Habiendo concluido este Tribunal que los errores esgrimidos por la

parte apelante no fueron cometidos, procede confirmar el dictamen

apelado.

124S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, supra. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R.,
supra. P.R. Oil v. Dayco, supra (2005).
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                                  IV

     Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones