Court Opinion

ID: 9952167
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:23:51.038997+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:08.525144
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL
                             OATA-2023-1311

        CONSEJO DE                               REVISIÓN
    TITULARES DE PATIO                           ADMINISTRATIVA
         SEÑORIAL                                del Departamento de
                                                 Asuntos del
          Recurrido             KLRA202300157    Consumidor

             Vs.                                 Caso Núm.

    PPG ARCHITECTURAL                            C-PON-2020-
    COATING PR, INC., PPG                        0002195
       PR, INC. Y RM
         GENERAL
     CONTRACTOS, INC.                            Sobre:

         Recurrentes                             Contrato de Obras y
                                                 Servicios
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos, PPG Architectural Coatings (PR), INC, y

PPG INC. (en adelante, “PPG” o “Recurrente”), quien presenta

recurso de Revisión Judicial en el que solicita nuestra intervención

en una determinación emitida por el Departamento de Asuntos al

Consumidor (en adelante “D.A.Co.”) el 1 de marzo de 2023,

notificada el 3 de marzo de 2023. Mediante dicho dictamen, la

agencia declaró “Con Lugar” la Querella presentada por el Consejo

de Titulares de Patio Señorial (en adelante, “Consejo de Titulares” o

“Recurrido”).

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

modificamos la determinación de D.A.Co., a fin de relevar a la parte

recurrente de la responsabilidad determinada por la agencia a base

de la garantía objeto de análisis y, así modificada, confirmamos el

1Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Juez
Joel A. Cruz Hiraldo en sustitución de la Juez Ortiz Flores.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLRA202300157                                                       2

dictamen    mediante    los   fundamentos     que   expondremos     a

continuación.

                                  I.

      El 3 de septiembre de 2020, el Consejo de Titulares presentó

Querella ante D.A.Co. en la que alegó incumplimiento de contrato

por parte de PPG y RM General Contractor, (en adelante “RM”).

Según exponen, para 12 de junio de 2018 el Recurrido contrató con

la compañía PPG para la compra de unos productos para pintar el

condominio. Alegan que, como parte del contrato se les otorgó una

garantía por cinco años. Siendo así, en el mes de agosto de 2019, el

Consejo de Titulares presentó reclamación ante PPG por problemas

de defectos y deficiencias con la pintura. Según arguyen, ésta se fue

desmereciendo tan pronto se terminó de pintar el condominio. En

respuesta a dicha reclamación, en septiembre de 2019, PPG le envió

una carta al Recurrido en la cual negó toda responsabilidad por la

deficiencia y defectos de la pintura y responsabilizó al contratista

RM por cualquier desperfecto, ya que este fue el encargado de la

mano de obra. Adicionalmente, le ofreció un crédito al Recurrente

para la compra de otro material, en busca de evitar la presentación

de un pleito. Esta oferta no fue aceptada por el Consejo de Titulares,

lo cual nos llevó a la reclamación ante nuestra consideración.

      Ante tal situación, el 23 de octubre de 2020, PPG presentó

Contestación a Querella, en síntesis, alegó que, el Consejo de

Titulares no aceptó la garantía ofrecida por PPG e incluso se negaron

a firmarla. Además, sostienen que, de considerarse la aplicación, la

garantía establece hasta 60 días después que cualquier condición

cubierta haya ocurrido para que se presente una reclamación.

Adicionalmente, posee unas cláusulas de exclusión que deben ser

consideradas. Por otro lado, arguyen que las partes firmaron un

acuerdo transaccional en el que se les concedió un total de 59 pailas

de pintura, el cual fue violado por el Consejo de Titulares al imponer
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la presente reclamación. Exponen que el deterioro del edificio es el

resultado de defectos y daños preexistentes de la infraestructura.

         Atendidos los planteamientos de ambas partes, el 23 de

agosto de 2022, el 20 de diciembre de 2022 y el 16 de febrero de

2023, D.A.Co. celebró Vista Administrativa. En ésta las partes

presentaron evidencia de los contratos otorgados junto con las

garantías. Además, sometieron en evidencia unas 23 fotos para

demostrar las condiciones del edificio y contaron con el testimonio

de un perito que declaró sobre las posibles causas de dicho

deterioro. Ante ello, luego de evaluar la prueba pericial y documental

presentada, D.A.Co. determinó que RM y PPG tienen que honrar la

garantía otorgada al Condominio en un término no mayor de 90

días. Resolvió que, aunque el deterioro de la pintura se debía en su

mayoría a falta de mantenimiento y humedad, existen otras áreas

que no reflejan humedad en las que la pintura se encuentra

desmerecida.

         Adicionalmente, expresó que, si bien es cierto que el Consejo

de Titulares y PPG firmaron un acuerdo transaccional, no es menos

cierto que, este había sido por una compra de pinturas previas que

alegadamente habían salido defectuosas. Surge del expediente que

inicialmente las partes contrataron en el 2008 y en el 2013 se realizó

una reclamación por deterioro en la pintura. De dicha reclamación

es que nace el acuerdo transaccional. Ahora bien, el consejo no solo

aceptó las 59 pailas, sino que además compró unas adicionales para

poder pintar todo el edificio. Es de esta compra que se hace la nueva

reclamación.

         Inconformes con dicha determinación, el 3 de abril de 2023,

PPG recurre ante nos, señalando los siguientes planteamientos de

error:

  A.     Erró el DACO al concluir que PPG se comprometió a
         pintar de gratis el condominio, a pesar de que DACO
         determinó que PPG no formó parte del Contrato para
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       pintar el condominio y que PPG no realizó las labores de
       pintura en el condominio y la Garantía de PPG excluye la
       mano de obra.

  B.   Erró el DACO a ordenarle a PPG a que cumpla con la
       Garantía de PPG, a pesar de que DACO determinó que los
       problemas de pintura en el condominio son a
       consecuencia de la falta de mantenimiento, lo cual está
       excluido bajo la garantía de PPG y a pesar de que la
       Querellante no presentó evidencia alguna para refutar lo
       anterior.

  C.   Erró el DACO a ordenarle a PPG a cumplir con la Garantía
       de PPG, a pesar de que DACO determinó que entre las
       partes se firmó un relevo liberándolo de responsabilidad.

  D. Erró el DACO a no imponerle a RM una multa, a pesar de
     que DACO determinó que RM no era un contratista
     registrado en el Registro de Contratistas de DACO al
     momento de otorgar el Contrato de Servicios con el
     Condominio, en incumplimiento con la Ley Núm. 146 de
     10 de agosto de 1995, según enmendada, 32 L.P.R.A. s.
     1020 et. seq., y el Reglamento Núm. 8172, Reglamento
     de Contratistas del 19 de marzo de 2012 de DACO.

       Examinado el recurso en su totalidad y habiendo comparecido

las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable en aras de

resolver.

                                  II.

       A. Revisión Judicial

       Es norma conocida que las determinaciones emitidas por las

agencias administrativas están sujetas a un proceso de revisión

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El Artículo 4.006 (c) de la

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la

Judicatura de 2003”, dispone que mediante el recurso de revisión

judicial el Tribunal de Apelaciones acogerá, como cuestión de

derecho, “las decisiones, órdenes y resoluciones finales de

organismos o agencias administrativas”.

       Por su parte y conforme a lo anterior, la Sección 4.6 de la Ley

Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico” (en adelante, la “LPAU”), autoriza expresamente la revisión de
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las decisiones, órdenes y resoluciones finales de estos organismos

de la siguiente forma:

            El Tribunal de Apelaciones revisará como
      cuestión de derecho las decisiones, órdenes y
      resoluciones finales de organismos o agencias
      administrativas. La mera presentación del recurso no
      paralizará el trámite en el organismo o agencia
      administrativa, a menos que el Tribunal así lo
      determine.

             El procedimiento a seguir para los recursos de
      revisión será de acuerdo con lo establecido en el
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones aprobado por
      el Tribunal Supremo.
      […]

      3 LPRA sec. 9676

      Igualmente, la Sección 4.2 del precitado estatuto expone que:

      Una parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado
      todos los remedios provistos por la agencia o por el
      organismo administrativo apelativo correspondiente
      podrá presentar una solicitud de revisión ante el
      Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
      treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo
      en autos de la copia de la notificación de la orden o
      resolución final de la agencia o a partir de la fecha
      aplicable de las dispuestas en la Sec. 3.15 de esta Ley,
      cuando el término para solicitar la revisión judicial haya
      sido interrumpido mediante la presentación oportuna
      de una moción de reconsideración. […]

      3 LPRA sec. 9672

      Por último, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones establece la instancia en la cual se debe presentar un

recurso de revisión judicial ante este foro apelativo. Dicha regla

dispone lo siguiente:

      El escrito inicial de revisión deberá ser presentado
      dentro del término jurisdiccional de treinta días
      contados a partir de la fecha del archivo en autos de la
      copia de la notificación de la orden o resolución final del
      organismo o agencia. Si la fecha del archivo en autos de
      copia de la notificación de la resolución u orden es
      distinta a la del depósito en el correo de dicha
      notificación, el término se calculará a partir de la fecha
      del depósito en el correo. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57.

      B. Deferencia Administrativa
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       El objetivo principal de la revisión judicial se enfoca en

garantizar que las agencias administrativas actúen conforme a las

facultades concedidas por ley.2 Constituye una norma reiterada por

el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales apelativos

deben conceder deferencia a las determinaciones de las agencias

administrativas por la experiencia y conocimiento especializado que

éstas poseen sobre los asuntos ante su consideración y que por ley

se les ha delegado.3 Por ello, las determinaciones de las agencias

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección

que los tribunales deben respetar mientras que no se presente

evidencia suficiente para superarla o invalidarla.4

       La parte que impugna judicialmente una determinación de

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las

conclusiones a las que llegó son irrazonables.5 Conforme a lo

dispuesto en la sección 4.5 de la LPAU6, las determinaciones de

hechos de una agencia del Gobierno “se sostendrán si se

fundamentan en evidencia sustancial que obre en el expediente

administrativo.”7 A estos fines, el Tribunal Supremo ha establecido

que la evidencia sustancial es “aquella prueba relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”.8 Empero, la aceptación no puede estar sostenida por

un ligero destello de evidencia o por simples inferencias.9

2 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 211 DPR 99 (2023); Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, 209 DPR 79, 88 (2022).
3 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte. Policía,
201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).
4 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).
5 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276–278 (2013); OCS v. Universal,

187 DPR 164, 178–179 (2012).
6 3 LPRA sec. 2175.
7 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
8 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo v. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004).
9 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.
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       Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio sobre

la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la

actuación de la agencia, luego de considerar el expediente

administrativo en su totalidad.10 Consecuentemente, la revisión

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de

discreción.11 De este modo, el alcance del proceso de revisión se ciñe

a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las

correctas.12

       Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en todos sus aspectos.13 No obstante, la revisión judicial

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación

del    organismo       administrativo.14        Los    tribunales       revisores

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el

dictamen administrativo.15 En virtud de ello, los tribunales revisores

descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el cual cederá

la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1) erró al

aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o; 3)

lesionó derechos constitucionales fundamentales.16

       Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer cuando

la interpretación estatutaria realizada por una agencia provoque un

resultado incompatible o contrario al propósito para el cual se

10 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres Rivera

v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
11 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.
12 Id., pág. 627.
13 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capó Cruz

v. Junta Planificación et al., supra.
14 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra.
15 Id.; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
16 Id.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra.
KLRA202300157                                                                 8

aprobó la legislación y la política pública que la promueve.17 En ese

sentido, la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante

actuaciones que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a

la comisión de una injusticia.18 Por ende, los tribunales tienen que

armonizar, siempre que sea posible, todos los estatutos y

reglamentos administrativos involucrados para la solución justa de

la controversia, de modo que se obtenga un resultado sensato, lógico

y razonable.19

         Por último, cabe destacar que, en el ejercicio de la función

revisora de los tribunales apelativos, los foros apelativos deben

diferenciar entre asuntos de interpretación estatutaria, del cual los

tribunales son especialistas, y los asuntos propios de la discreción

o la pericia administrativa.20

         C. Contratos21

         Nuestra jurisdicción establece que las obligaciones nacen de

la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia.22 Por su parte los contratos existen desde que una o

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a

dar alguna cosa o prestar algún servicio.23 Siendo ello así, en Puerto

Rico opera el principio de libertad de contratación y se dispone que

“[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” 24

17 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.
18 Moreno Lorenzo v. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).
19 Id.
20 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; OCS v. Point Guard

Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
21 Los hechos y el contrato aquí celebrado ocurrieron bajo las disposiciones del

derogado Código Civil de Puerto Rico de 1930.
22 Art. 1042 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992
23 Art. 1206 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372
24 Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3372
KLRA202300157                                                             9

        Ahora bien, para que un contrato sea válido este debe

contener consentimiento, objeto y causa de la obligación que se

establezca.25 Por su parte, el consentimiento se manifiesta por el

concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que

han de constituir el contrato.26 Por lo que, el mero consentimiento

perfecciona el contrato y desde entonces obligan no sólo al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena

fe, al uso y a la ley.27 Ante dicha situación, una vez perfeccionado el

contrato este tiene fuerza de ley entre las partes.28

        En virtud de lo anterior, cuando las partes otorgan un

contrato y éste es claro, debe interpretarse en el sentido literal de la

palabra. Esto, en virtud del Art. 1233 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930, el cual expresa que, “[s]i los términos de un contrato

son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes,

se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes,

prevalecerá ésta sobre aquéllas.29”

        En específico, el contrato de compra y venta es definido por

nuestro Código Civil de la siguiente manera: “Por el contrato de

compra y venta uno de los contratantes se obliga entregar una cosa

determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o

signo que lo represente.”30 Según se desprende del Código Civil, el

vendedor se encuentra obligado a la entrega y saneamiento de la

cosa objeto de la venta.31

   D.      Ley 146 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, mejor

           conocida como Ley de Registro de Contratistas.

25 Art. 1213, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3391
26 Art. 1214 Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3401
27 Art. 1210 Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA Sec. 3375
28 Art. 1044 de Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2995.
29 Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3471
30 Art. 1334 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3741
31 Art. 1250 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3801
KLRA202300157                                                              10

       La Ley Núm. 146 de 1995, según enmendada, mejor conocida

como Ley de Registro de Contratistas nace con el propósito de

proteger a los consumidores en casos de incumplimiento o

cumplimiento defectuoso por parte del contratista. Es por esto, que

esta ley obliga el registro de toda persona natural o jurídica que se

dedique a la industria de la construcción y les requiere una fianza.

En virtud de esta ley, D.A.Co. promulgó el Reglamento Núm. 8172

del 19 de marzo de 2012, el cual se titula “Reglamento para el

Registro de Contratista”, su fin es el de crear el Registro de

Contratistas adscrito a la oficina de Construcción del D.A.Co.

       Nos dice esta ley que:

              Se ordena la inscripción de todo contratista,
       según definido en esta Ley, en el Registro de
       Contratistas. Este Registro estará disponible para la
       revisión del público.

             Con el propósito de servir como medio de
       orientación a toda la ciudadanía, el Departamento de
       Asuntos del Consumidor vendrá obligado a mantener el
       Registro de Contratistas en sus oficinas accesible al
       público y publicar en su página de Internet la
       información relativa a las querellas que se generen en
       contra de contratistas por razón de incumplimiento o
       que el trabajo resulte defectuoso. Sólo se publicarán
       aquellas determinaciones del DACO que sean finales y
       firmes y que hayan sido decididas a favor del
       consumidor.

              Igualmente, el Departamento informará a través
       del Registro de Contratistas los mecanismos existentes
       y los requisitos para que la ciudadanía pueda radicar
       una querella contra un contratista.

              Una vez una determinación del DACO advenga
       final y firme, deberá publicarse inmediatamente en el
       Registro Electrónico y la agencia deberá notificar a sus
       oficinas para que incluyan la información en su
       Registro.32

       A tenor con lo anterior cuando, un contratista no consta

inscrito en el registro, según lo dispuesto en esta ley se enfrenta a

las siguientes penalidades:

             Toda persona natural o jurídica a quien le sea
       aplicable lo dispuesto en el artículo 2 precedente y que

32 Art. 2 de la Ley de Registro de Contratistas de 1995, Ley Núm. 146-1995 (23

LPRA sec. 1020b).
KLRA202300157                                                               11

       no cumpla con las disposiciones de esta Ley, incurrirá
       en delito menos grave y, convicta que fuere, será
       penalizada con multa que no excederá de quinientos
       (500) dólares o pena de restitución, o ambas penas a
       discreción    del   Tribunal.    El  Secretario   del
       Departamento de Asuntos del Consumidor podrá
       optar por imponer una multa administrativa en
       lugar de presentar una querella criminal, en cuyo
       caso la multa no podrá exceder de cinco mil (5,000)
       dólares por cada día en que se incurra en violación
       a esta ley. (Énfasis nuestro).33

                                     III.

       En el presente recurso PPG trae ante nos múltiples

señalamientos de error, que según alega fueron cometidos por

D.A.Co. Discutiremos en conjunto el primer y segundo error por

estar intrínsecamente relacionados entre sí.

       En el primer y segundo señalamiento de error el Recurrente

alega que D.A.Co. no debió concluir que PPG debía cumplir con la

garantía otorgada entre las partes, cuando fue la misma agencia

quien determinó que los problemas se debían a la falta de

mantenimiento del condominio, lo cual se encuentra contemplado

en las cláusulas de exclusión de la Garantía. Además, arguyen que

D.A.Co. erró al interpretar que PPG se comprometió a pintar gratis

el condominio, cuando este nunca formó parte del contrato de mano

de obra.

       Es importante destacar que los Tribunales Apelativos deben

conceder deferencia a las determinaciones de las Agencias

Administrativas por la experiencia y conocimiento especializado que

poseen      sobre      los    asuntos       ante     su      consideración.

Consecuentemente, la revisión judicial se encuentra limitada a

evaluar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal o

irrazonable, constituyendo así un abuso de discreción. Ante esto,

los tribunales revisores descartarán el criterio de la agencia cuando

esta haya errado en aplicar la ley, actúe arbitrariamente o lesione

33 Art. 5 de la Ley de Registro de Contratistas de 1995, Ley Núm. 146-1995 (23

LPRA sec. 1020e).
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derechos    constitucionales     fundamentales.   Es    por   lo   antes

mencionado que, el criterio de una agencia no podrá prevalecer

cuando     la   interpretación   realizada   provoque   un    resultado

incompatible o contrario al propósito para el que se creó la ley.

      El caso ante nos surge de una reclamación realizada por el

Consejo de Titulares del Condominio Patio Señorial. Según se

desprende del expediente, estos otorgaron un contrato con PPG para

la compra de unos materiales para pintar el condominio. Arguyen

que, junto a este contrato se otorgó otro de garantía por cinco años.

No obstante, no surge del expediente que este haya sido consentido

por ambas partes. Del contrato de garantías presentado ante nos,

solo consta la firma de Miguel Santiago, quien funge como gerente

regional de PPG, mas no consta la firma de ninguno de los

representantes del Condominio de Patio Señorial. De hecho, de la

transcripción presentada se desprende que el Sr. René Vélez Reyes,

quien es presidente de la junta directiva del condominio Patio

Señorial, testificó en el contrainterrogatorio realizado por la

representante legal de PPG, que en el documento solo constaba la

firma del Sr. Miguel Santiago, mas no veía firma alguna del entonces

representante del condominio.

      Como discutimos anteriormente, en nuestro ordenamiento

judicial se requiere que para que un contrato sea válido debe

contener consentimiento, objeto y causa. Por su parte, el

consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y la

aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.

Por lo que, el mero consentimiento perfecciona el contrato. Ahora

bien, si de un contrato no consta el consentimiento de una de las

partes, significa que no fue perfeccionado, por lo que no surte efecto.

      Ante este escenario, es forzoso concluir que la agencia erró

al interpretar que se había otorgado un contrato de garantía,

debido a que este adolece de consentimiento por parte del
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Consejo de Titulares por lo que no existe contrato alguno que

obligue a PPG a responder por los alegados defectos de la

pintura. Ahora bien, aún si se concluyera que el contrato de

garantía es válido, PPG no respondería. Esto debido a que, se

demostró que la causa mayor para el deterioro de la pintura es la

falta de mantenimiento al condominio y la humedad. Siendo así, el

contrato de garantías posee una cláusula de exclusión que lee como

sigue:

               WHAT THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT

         COVER:

               Exclude from coverage under this limited
         Warranty are water intrusion, blistering, chalking,
         fading and loss adhesion, resulting, directly or
         indirectly, from causes other than defects in the PPG
         paint, or from causes beyond the control of PPG
         Architectural Coatings Inc. such as, but not limited to:
         excessive heat or moisture, hail, floods, hurricanes,
         windstorm and other Acts of God, improper cleaning
         or maintenance, mechanical or electrical damage,
         abrasion,      collision,    environmental      pollution,
         condensation or other moisture under or from within
         the building or surface, settling or movement of the
         building, job field conditions, improper job preparation,
         delaminating of existing materials, structural defects of
         damage, seepage or leakage through uncoated areas of
         building, any application of the coating to areas so
         located as to make effective application. (Énfasis
         nuestro).

         Conforme a ello, las razones por las que la pintura presentó

defecto se encuentran excluida del contrato de garantía, dejando a

PPG libre de toda responsabilidad. Por otra parte, en las

determinaciones de hechos realizas por D.A.Co. este concluyó que

en el contrato de garantía PPG se comprometió a pintar gratis

cualquier defecto resultante en más que descarado, perdida de color,

abrasión o perdida de la pintura adherida u otra cosa más que la

frescura o vitalidad de la pintura. No obstante, entendemos no le

asiste la razón ya que en realidad la garantía lee como sigue: “PPG

Architectural Coating, Inc. warrants to the undersigned Building

Owner that for Warranty Period of 5 years of the Warranty are set
KLRA202300157                                                      14

forth bellow, PPG paints will be free of defected resulting in more

than minima peeling, […]” En conclusión, lo que se garantiza es que

las pinturas estarán libres de defectos, mas no que estas serán

gratis. Siendo ello así, entendemos que PPG no responde en ninguno

de los dos casos antes mencionados.

      No obstante, como es sabido, en el derecho contractual opera

el principio de la buena fe. Es bajo este principio que se deben

otorgar todos los contratos. El simple hecho de que no exista una

garantía no exime de responsabilidad a las partes, sin embargo, la

mala fe no se presume es por esto que es responsabilidad de quien

la alega presentar evidencia que la demuestre, lo cual entendemos

no sucedió en el caso ante nuestra consideración. Lo cierto es que,

los Recurridos no demostraron que PPG hubiese actuado de mala

fe.

      Por otra parte, los recurrentes señalan en el tercer

planteamiento de error que PPG y el Consejo de Titulares

otorgaron un acuerdo transaccional por lo que a estos no les

correspondía responder por cualquier defecto que presentaran las

pinturas. A lo que entendemos no le asiste la razón, nos explicamos.

       Las partes del presente pleito contrataron inicialmente en el

2008 para la compra de unos materiales para pintar el condominio

objeto de este pleito. No obstante, en el 2013 el Consejo de Titulares

presentó reclamación ante PPG debido a que la pintura se

desmereció. Ante esta situación, PPG le ofreció un acuerdo

transaccional en donde el Consejo de Titulares renunciaba a incoar

una causa de acción en su contra y a cambio ellos les otorgarían un

total de 59 pailas de pinturas para que repintaran las áreas que

estaban afectadas. El Consejo de Titulares aceptó la oferta, sin

embargo, no fue hasta el 2018 que buscaron las pailas ofrecidas y

además compraron nuevas pailas para pintar todo el condominio.

De esta nueva compra es que se presenta la nueva reclamación. Por
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lo que, el acuerdo transaccional resolvía en cuanto al primer

contrato de compra y venta celebrado, mas no del segundo. Siendo

ello así, entendemos que la agencia no cometió dicho error.

      En el cuarto y último planteamiento de error, PPG señala

que D.A.Co. debió multar a RM por este no constar inscrito en el

Registro de contratista, así como lo dispone la Ley Núm. 146-1995.

      Lo cierto es que, la Ley Núm. 146-1995 dispone que todo

contratista debe estar inscrito en el Registro de contratista adscrito

a D.A.Co. Según lo dispuesto en el artículo 5, los contratistas que

incumplan con dicho deber incurrirán en delito menos grave. El

secretario de D.A.Co. podrá optar por imponer una multa

administrativa en lugar de presentar una querella criminal en cuyo

caso, la multa no podrá exceder de $5,000 por cada día en que

incurra en la violación de la mencionada ley.

      A tenor con lo anterior, D.A.Co. tiene la capacidad de emitir

multas a todos los contratistas que incumplan con lo establecido

por la Ley Núm. 146-1995. Sin embargo, ninguna de las partes

afectadas levantó este planteamiento en la agencia, no es hasta este

recurso de revisión judicial que solicitan que se multe a RM por no

constar inscrito en el Registro de Contratistas. Somos de la opinión

de que esta alegación debió presentarse inicialmente ante el foro

administrativo correspondiente y no ante el Tribunal de Apelaciones.

                                 IV

      Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos

formar parte integral del presente dictamen, modificamos la

determinación de D.A.Co., a fin de relevar a la parte recurrente de

la responsabilidad determinada por la agencia a base de la garantía

objeto de análisis.   Así modificada, confirmamos la Resolución

emitida por D.A.Co.
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones