Court Opinion

ID: 9962728
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:46:40.438126+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:30.681591
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

   JI SITE DEVELOPERS,                       CERTIORARI
            LLC                              Procedente del
                                             Tribual de Primera
         Peticionario                        Instancia, Sala
                               KLCE202400157 Superior de
               v.                            Carolina

     UNIVERSIDAD DE                             Civil Núm.:
     PUERTO RICO EN                             CA2021CV01413
     CAROLINA y otros                           (402)

          Recurridos                           Sobre: Entredicho
                                               Provisional;
                                               Interdicto
                                               Preliminar;
                                               Interdicto
                                               Permanente; y
                                               Sentencia
                                               Declaratoria
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2024.

      Comparece ante nos JI Site Developers, LLC (“JI Site” o

“Peticionaria”) mediante Recurso de certiorari presentado el 7 de

febrero de 2024. Nos solicita que revoquemos la Resolución

emitida y notificada el 8 de diciembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (“foro a quo” o “foro

primario”). Mediante el referido dictamen, el foro a quo declaró No

Ha Lugar la Moción de Relevo de Sentencia por Nulidad al Haberse

Dictado en Ausencia de Partes Indispensable presentada por la

Universidad de Puerto Rico en Carolina (“UPR Carolina”), el señor

Jorge Haddock Acevedo y el señor José I. Meza Pereira (en

conjunto, “los Recurridos”).

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202400157                                                            2
        Por     los      fundamentos        expuestos   a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                       I.

        El 8 de junio de 2021, JI Site presentó una Demanda1 sobre

entredicho           provisional,    interdicto   provisional,   interdicto

permanente y sentencia declaratoria contra la UPR Carolina, el

señor José I. Meza Pereira (“Rector Meza Pereira”), por sí y en su

carácter de Rector de la UPR Carolina y el señor Jorge Haddock

Acevedo, en su carácter personal y como Presidente de la

Universidad de Puerto Rico.

        En dicha Demanda, alegó que el 4 de octubre de 2018,

suscribió un Contrato de Arrendamiento de Predio de Terreno2 con

la UPR de Carolina. Mediante el aludido acuerdo, arrendó una

porción de terreno para la instalación de una antena de

telecomunicaciones, por un término de cinco (5) años, el cual se

renovaría automáticamente por tres (3) periodos de cinco (5) años.

No empece a lo antes expuesto, el 12 de febrero de 2021, JI Site

recibió un correo electrónico del Rector Meza Pereira, en cual

incluía una carta notificándole que el contrato suscrito entre las

partes había sido cancelado. En esta comunicación, el entonces

Rector Meza Pereira le informó que la división legal de la

Universidad de Puerto Rico había determinado que el contrato era

nulo, toda vez que no se cumplieron con los requisitos dispuestos

en Ley para la contratación gubernamental. En vista de tal

acción, JI Site argumentó que las acciones de la Universidad de

Puerto Rico fueron ultra vires, por cancelar arbitraria y

caprichosamente un contrato sin justa causa, sino que, además,

1 Apéndice certiorari, págs. 1-21.
2 Íd, págs. 23-31.
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se les impidió el acceso a las facilidades para poder dar

manteniendo a los equipos.

        Por tales razones, solicitaron que se emitiera un interdicto

preliminar y permanente, en el que obligara a los Recurridos a

brindar acceso a las compañías de telecomunicaciones CLARO y

TMOBILE, al predio donde ubica la antena para que pudiesen

realizar las tareas de mantenimiento en los equipos que allí

ubican, instalar un generador que es requerido y poder cumplir

con las obligaciones exigidas por las agencias reguladoras, hasta

tanto se dilucide la controversia en cuestión. Asimismo,

solicitaron una sentencia declaratoria que ratificara el contrato

de arrendamiento objeto de esta controversia y que se impidiera

su quebrantamiento. Solicitaron, además, las costas, gastos y

honorarios de abogado.

        Luego de varios trámites procesales, el 6 de agosto de 2021,

los Recurridos presentaron una Moción de Desestimación.3

Mediante esta, solicitaron la desestimación de la reclamación al

amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R.10.2 (5), por dejar de exponer una reclamación que justifique

un remedio. En particular, expusieron que el contrato suscrito en

el año 2018 era nulo, puesto que incumplía con la Certificación

Número 108 de la Junta de Gobierno de la UPR, la cual establecía

que cualquier contrato que tenga el efecto de privar a la UPR del

uso y disfrute de su propiedad por seis (6) años o más, deberá

obtener la recomendación del Presidente de la UPR y la

aprobación de la Junta de Gobierno. Además, señalaron que el

contrato incumple el Reglamento de Control de la Propiedad de la

UPR, puesto que no se había celebrado una subasta pública.

3 Íd, págs. 83-89.
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Añadieron que el contrato adolecía de irregularidades, toda vez

que no se cumplieron con todos los requisitos que dispone el

Artículo 3.3 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico,

Ley Núm. 2 de 4 de enero de 2018, 3 LPRA sec. 1883b, (“Código

Anticorrupción”), por dejar de incluir una declaración jurada

sobre si alguna persona natural o jurídica ha sido convicto o

declarado culpable de delito. Finalmente, sostuvieron que el

contrato es nulo de su faz, por lo cual JI Site estaba impedida de

reclamar haber sufrido algún agravio o el derecho de acceso a los

predios de la UPR.

       En respuesta, el 7 de septiembre de 2021, JI Site presentó

su Oposición a Desestimación.4 En primer lugar, señaló que la

moción de desestimación era, en efecto, una solicitud de

sentencia sumaria y no cumplía con los requisitos dispuestos en

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36. Por otro lado,

indicó que el contrato de arrendamiento fue registrado en la

Oficina del Contralor y que este cumplía con las disposiciones

relativas a los contratos con el Gobierno. Asimismo, sostuvo que

el contrato estaba relacionado a una propiedad con un valor

menor de $600,000.00 y, por ende, podía ser firmado por el rector

del UPR. Aclaró que para suscribir el contrato no se requería un

proceso de subasta, y que la declaración jurada que requiere el

Art. 3.3 del Código Anticorrupción, supra, no estaba incluida en

el   listado    de     documentos   que   requería   la   solicitud   de

arrendamiento. Por lo cual, arguyó que no procedía la

desestimación de la demanda.

       Evaluados los argumentos de las partes, el 3 de junio de

2022, notificada el 6 del mismo mes y año, el foro primario dictó

4 Íd, págs. 116-150.
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Sentencia, en          la   que   declaró Ha Lugar la              solicitud   de

desestimación presentada por los Recurridos. Concluyó el foro

primario que JI Site incumplió con el Artículo 3.3 del Código

Anticorrupción, supra, al no incluir la declaración jurada al

momento de otorgar el contrato, el cual es un requisito

indispensable para la contratación gubernamental. Fundamentó

que la presentación de la declaración jurada posterior a la

otorgación del contrato era contrario al propósito que persigue el

Código Anticorrupción, supra, de prevenir conductas y actos que

puedan perjudicar la integridad de nuestro sistema de gobierno.

En virtud de lo anterior, concluyó que el contrato no cumplía con

las leyes de contratación gubernamental y, en consecuencia, era

nulo.

        Inconforme con tal determinación y luego de transcurridos

varios trámites ante el foro primario, el 17 de agosto de 2022, JI

Site compareció ante esta Curia mediante recurso de apelación

(KLAN202200656). Por virtud de la Sentencia emitida el 28 de

septiembre de 2022, notificada al próximo día, este panel

confirmó el dictamen emitido por el foro primario, en el que se

decretó la nulidad del contrato.5

        Insatisfecha aún, la parte Peticionaria recurrió mediante

certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2022-

0789), el cual denegó la expedición del recurso el 3 de febrero de

2023. Así las cosas, la Peticionaria presentó escrito de

reconsideración, el cual fue denegado mediante Resolución del 24

de marzo de 2023. Posterior a ello, la Peticionaria presentó un

segundo escrito de reconsideración, que al igual fue denegado el

19 de mayo de 2023.6

5 Íd, págs. 219-235.
6 Apéndice Memorando en Oposición a Expedición de Certiorari, págs. 2-4.
KLCE202400157                                                     6
       Así las cosas, el 2 de noviembre de 2023, la Peticionaria

presentó ante el foro primario un escrito intitulado Moción de

Relevo de Sentencia por Nulidad por Haberse Dictado en Ausencia

de Partes Indispensable.7 Mediante este, argumentó que procedía

el relevo de la Sentencia dictada por el foro primario el 3 de junio

de 2022, puesto que era nula por dejar de acumular partes

indispensables en el pleito. Particularmente, esbozó que las

compañías de telecomunicaciones Claro y T-Mobile, eran partes

indispensables en el pleito, ya que estas habían otorgado

contratos de subarrendamiento con JI Site para el uso de la

antena de telecomunicaciones. Por tanto, solicitaron que se

incluyera en el pleito a dichas compañías y se dejara sin efecto la

Sentencia emitida el 3 de junio de 2022.

       Por su parte, el 4 de diciembre de 2023, los Recurridos

presentaron su Oposición a Moción de Relevo de Sentencia.8 Por

virtud de esta, expusieron que las alegadas partes indispensables

no formaron parte del contrato suscrito entre la UPR y JI Site, por

lo que su acumulación en el pleito no variaría la adjudicación de

la controversia. Argumentaron que cualquier subarrendamiento

que JI Site hubiese podido realizar estaba supeditado a la validez

del contrato entre estos y JI Site. Añadió que JI Site no opto por

no incluirlos en el pleito y luego de dos años, no podía solicitar

su acumulación. Por tanto, solicitaron que se denegara la

solicitud de relevo de sentencia.

       Evaluados los planteamientos esbozados por las partes, el

8 de diciembre de 2023, notificada el 12 del mismo mes y año, el

foro primario emitió Resolución en la que declaró No Ha Lugar la

7 Apéndice certiorari, págs. 238-242.
8 Íd, págs. 243-246.
KLCE202400157                                                              7
solicitud de relevo de sentencia sometida por la Peticionaria.9

Oportunamente, JI Site presentó Moción de Reconsideración,10 la

cual     fue      declarada   No   Ha      Lugar    mediante       Resolución

Reconsideración emitida y notificada el 9 de enero de 2024.

        Inconforme con el dictamen, el 7 de febrero de 2024, la

Peticionaria acude ante esta Curia mediante recurso de Recurso

de Certiorari y alega la comisión del siguiente error:

        EL TPI ERRÓ AL NO DECLARAR QUE LAS COMPAÑÍAS
        CLARO Y T-MOBILE ERAN PARTES INDISPENSABLES EN
        EL PLEITO Y AL NO RELEVAR LA SENTENCIA POR
        HABERSE DICTADO EN AUSENCIA DE ESTAS PARTES

        El 12 de febrero de 2024, esta Curia emitió Resolución en la

que, entre otros asuntos, le concedimos un término de diez (10)

días a la parte Recurrida para que mostrara causa por la cual no

debíamos expedir el auto de certiorari y revocar la determinación

recurrida. En cumplimiento con lo ordenado, el 23 de febrero de

2024, los Recurridos presentaron su Memorando en Oposición a

Expedición de Certiorari.

        Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de

epígrafe, procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al

caso ante nuestra consideración.

                                     II.
                               A. Certiorari

        “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019).     “El     recurso   de certiorari es     un   vehículo     procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v.

9 Íd, pág. 247.
10 Íd, págs. 248-259.
KLCE202400157                                                          8
Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023). Los límites a la facultad

revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar la dilación

que causaría la revisión judicial de controversias que pueden

esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.

Scotiabank v. ZAF Corp. Et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. De Caguas

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además,

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR

__ (2023), 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023.

Estos criterios son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. De Caguas v. JRO

Construction, supra, 8ágs.. 712-713.
KLCE202400157                                                          9
                      B. Relevo de Sentencia

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.49.2, dispone que una parte puede solicitar que el tribunal la

releve de los efectos de una sentencia. Lo anterior, procederá

cuando     ocurra   alguna    de     las   siguientes    circunstancias

excepcionales:

      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
          una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta
          a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con
          la Regla 48;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
          “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa
          representación u otra conducta impropia de una parte
          adversa;
      (d) nulidad de la sentencia;
      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
          cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
          fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
          efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
          en vigor, o
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
          remedio contra los efectos de una sentencia.

      Este mecanismo post sentencia, tiene el propósito de

proveer un justo balance entre dos intereses conflictivos de

nuestro ordenamiento jurídico. “Por un lado, se encuentra el

principio de que todo caso se resuelva justamente, mientras que

por otro lado se encuentra el interés de que los litigios concluyan.”

HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689 (2020), citando a García Colón

et al. V. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). Por ello, el

Tribunal    Supremo     ha   reiterado     que   la     Regla   49.2   de

Procedimiento Civil, supra, debe “interpretarse liberalmente y

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje

sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia”. HRS Erase

v. CMT, supra, citando Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87

(1966).
KLCE202400157                                                   10
      Ahora bien, es menester señalar que los tribunales tienen

la discreción de sopesar estos factores y determinar si procede

relevar a una parte de los efectos de una sentencia. Íd, citando a

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). Además, el promovente

de la solicitud de relevo de sentencia deberá presentarla “dentro

de un término razonable, pero en ningún caso después de

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia”.

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, tales

normas ceden cuando se trata de una sentencia que adolece de

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. HRS Erase v.

CMT, supra, citando Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).

Sin embargo, la consabida regla no constituye una llave maestra

para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación

o reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible para

alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas

mediante los recursos de reconsideración y apelación. García

Colón et al. V. Sucn. González, supra, pág. 541.

      De otro lado, si una parte solicita el relevo de sentencia al

amparado en el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, y demuestra que la sentencia es nula, el foro

primario no tendrá discreción para denegar la misma. “[S]i una

sentencia    es   nula,    tiene    que    dejarse    sin    efecto

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o

la reclamación del perjudicado”. HRS Erase v. CMT, supra,

citando a García Colón et al. V. Sucn. González, supra, 10ágs..

543-544. “[C]uando una sentencia es nula, se tiene por

inexistente, por lo que no surte efecto alguno”. López García v.

López García, 200 DPR 50, 62 (2018). “[A]nte la certeza de nulidad

de una sentencia, resulta mandatorio declarar su inexistencia
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jurídica; ello independientemente del hecho de que la solicitud a

tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado el plazo

de seis (6) meses”. HRS Erase v. CMT, supra, citando a Montañez

v. Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). Así, que la parte

promovente no está limitada por el término de seis (6) meses

dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

      De igual modo, se considera que una sentencia es nula

cuando el tribunal actuó sin jurisdicción o cuando se quebrantó

el debido proceso de ley de alguna de las partes. HRS Erase v.

CMT, supra, citando a García Colón et al. V. Sucn. González,

supra, pág. 543. Cuando se alega que la nulidad de la sentencia

por alguna violación al debido proceso de ley, el profesor Rafael

Hernández Colón señaló que el “[q]uebrantamiento del debido

proceso de ley es un concepto mucho más amplio y pueden haber

tantas manifestaciones del mismo como principios del debido

proceso existen y que se hayan quebrantado en un caso en

especial”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010,

sec. 4807, pág. 408. Así que, se ha resuelto que la ausencia de

una parte indispensable es una violación al debido proceso de ley

que conlleva obligatoriamente el relevo de la sentencia. HRS Erase

v. CMT, supra, citando a García Colón et al. V. Sucn. González,

supra, pág. 551.

                    C. Parte Indispensable

      La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.

16.1, regula la acumulación indispensable de partes. La precitada

regla define partes indispensables como “las personas que tengan

un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la
KLCE202400157                                                      12
controversia, [quienes] se harán partes y se acumularan como

demandantes o demandadas, según corresponda. Íd.

      “Cabe señalar que el “interés común” al que se hace

referencia en la citada Regla 16.1 [de Procedimiento Civil,] no es

cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden

que impida producir un decreto sin afectarlo”. Romero v. S.L.G.

Reyes, 164 DPR 721, 734 (2005). (Énfasis nuestro). Asimismo,

ese interés afectado “tiene que ser real e inmediato, al extremo de

impedir que se elabore un decreto adecuado, ya que ‘[b]ajo la

Regla 16.1 una parte indispensable es aquella persona cuyos

derechos e intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente

afectados por una sentencia dictada, estando esta persona

ausente del litigio’”. Íd, citando a Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS (2000), 12ágs.. 369-

371. (Énfasis en original).

      El Tribunal Supremo ha determinado que “la interpretación

de esta regla se requiere un enfoque pragmático; es decir, una

evaluación individual a la luz de las circunstancias particulares

que se presenten y no de una fórmula rígida para determinar su

aplicación”. Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 732. El foro

también estimó meritorio destacar que:

      [l]a determinación final de si una parte debe o no
      acumularse depende de los hechos específicos de cada
      caso individual. Exige una evaluación jurídica de
      factores, tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones,
      prueba, clase de derechos, intereses en conflicto,
      resultado y formalidad. Cuando, en un pleito, las partes
      no se han tomado la iniciativa de brindar a terceros
      ausentes la oportunidad de salvaguardar unos derechos
      que pueden resultar afectados, estos terceros deben ser
      acumulados como parte para poder dar finalidad a la
      adjudicación de la controversia medular. No es suficiente
      que el ausente haya tenido la oportunidad de intervenir en
      el pleito, pues mientras no se le haya hecho parte, no se
      le puede privar de unos derechos mediante sentencia.
      López García v. López García, 200 DPR 50, 64-65 (2018).

 A su vez, es meritorio establecer que nuestro Tribunal Supremo
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ha enfatizado que:

      La falta de parte indispensable constituye un
      planteamiento tan relevante y vital que puede presentarse
      en cualquier momento, es decir, puede presentarse por
      primera vez en apelación e incluso puede suscitarse “sua
      sponte” por un tribunal apelativo ya que, en ausencia de
      parte indispensable, el tribunal carece de jurisdicción.
      Además, la omisión de traer a una parte indispensable al
      pleito constituye una violación al debido proceso de ley de
      dicho ausente. Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 733.
      (Énfasis suplido).

 Una vez se determina que una persona es parte indispensable

en un litigio y que está ausente en el pleito, la acción debe ser

desestimada sin perjuicio; es decir, que no tendrá el efecto

de una adjudicación en los méritos con efecto de cosa

juzgada. Colón Negrón et al. V. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 511

(2015).

                                III.

      En el presente recurso, el Peticionario solicita que

revoquemos la Resolución emitida por el foro primario, en la que

denegó la solicitud de relevo de la Sentencia del 6 de junio de

2022. Argumenta que el foro inferior debió concluir que era

imposible anular el contrato de arrendamiento sin afectar los

derechos e intereses de Claro y T-Mobile otorgados al amparo de

los contratos de subarrendamiento, por tanto, a ser estas

compañías partes indispensables, la determinación de nulidad de

contrato, es a su vez nula.

      Por su parte, los Recurridos argumentan que el pleito versó

sobre la validez del contrato entre UPR Carolina y JI, por lo que

no estaban en controversia los contratos de subarrendamiento.

Añadió que si la Peticionaria estimaba necesario la presencia de

Claro y T-Mobile en el pleito, era su deber como demandante

tramitar la acumulación de estas.
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      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por las partes, resolvemos que no se han producido

las circunstancias que exijan nuestra intervención. No se

configuran ninguna de las instancias contempladas en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra. A la luz de los criterios

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal, supra, que debemos

evaluar, no encontramos justificación para intervenir.

      Por lo tanto, la determinación recurrida constituye una

decisión dentro del claro ejercicio de discreción conferido al foro

primario y la parte Peticionaria no demostró que el foro primario

actuó de forma arbitraria o caprichosa, ni se equivocó en la

interpretación o aplicación de las normas procesales o de derecho

al ejercer su poder discrecional de denegar la solicitud de relevo

de sentencia, por lo que no se justifica nuestra intervención en

este caso.

                               IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición

del auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones