Court Opinion

ID: 9928553
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:24:42.530303+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:28.323306
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

      LUIS E. PAGÁN                           REVISIÓN
         RIVERA                               ADMINISTRATIVA
                                              Procedente de la División
       Recurrente                             de Remedios
                                              Administrativos)
            v.
                           KLRA202300390 Caso núm.: CDB-919-22
  DEPARTAMENTO DE
    CORRECCIÓN Y                              Sobre: Solicitud de
   REHABILITACIÓN                             Remedio Administrativo,
                                              Aplicación de la Ley 85-
        Recurrida                             2022.

 Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
 Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

 Díaz Rivera, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

       Comparece el Sr. Luis E. Pagán Rivera (Recurrente o Sr.

 Pagán), quien se encuentra confinado en la Institución Correccional

 Bayamón 1072 y que por derecho propio nos solicita que revisemos

 la   determinación   emitida    por    la   División   de   Remedios

 Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación de

 Puerto Rico (DRA) el 1 de junio de 2023 y notificada el 6 de junio de

 2023. En dicho dictamen la DRA enmendó la Hoja de Liquidación

 de Sentencia del Recurrido, no obstante, el Sr. Pagán entiende que

 la modificación no fue conforme a la Ley Núm. 85 de 2022, infra.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

 confirma el dictamen de la DRA.

                                   I.

       El 14 de noviembre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia,

 Sala Superior de San Juan, sentenció al Sr. Pagán a cumplir las

 siguientes penas: 1 año y 9 meses de reclusión por infracción al Art.

 3.1 de la Ley Núm. 54-1989, 8 LPRA § 601 et seq; 10 años de

 reclusión por Tentativa del Art. 106 en segundo grado del Código

Número identificador
SEN2023_________________
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Penal de 2004, Ley Núm. 149-2004 (derogada); 20 años de reclusión

por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25

LPRA § 455 (derogada), los cuales conforme a las disposiciones

del Art. 7.03 de la referida Ley, se duplicaron a 40 años; 10 años

de reclusión por infracción al Art. 5.15 de la Ley de Armas, íd., el

cual se duplicó a 20 años; 10 años de reclusión por infracción al Art.

5.15 de la Ley de Armas del 2000, íd., el cual se duplicó a 20 años;

y 90 días de reclusión por infracción al Art. 207 del Código Penal de

2004, supra. Todo lo anterior para un total de 91 años, 9 meses y

90 días de reclusión.1

       Ante la aprobación de la Ley Núm. 85-2022, la cual dispone

nuevos términos para acceder a la jurisdicción y evaluación de la

Junta de Libertad Bajo Palabra, el Recurrente presentó una

solicitud de Remedio Administrativo en la DRA el 28 de noviembre

de 2022 con el alfanumérico CDB-919-22.2 En esta, solicitó que

fuese enmendada su Hoja de Liquidación de Sentencia conforme a

la Ley núm. 85-2022. Su solicitud fue atendida y su nueva Hoja de

Liquidación fue entregada el 4 de mayo de 2023.3

       La Hoja de Liquidación fue posteriormente enmendada el 18

de julio de 2023,4 para atemperarla a la Carta Circular 2023-02 de

la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios, la cual ofrecía una

nueva interpretación de la Ley 85-22.5 Dicho cambio tuvo el efecto

de reducir aún más la sentencia del Sr. Pagán.

       La Hoja de Liquidación del Sr. Pagán fue calculada utilizando

la pena de 40 años como la pena más onerosa de su sentencia,

correspondiente a los artículos 5.04 y 7.03 de la Ley de Armas,

supra. Esto fue así ya que la pena del Art. 5.04 fue agravada debido

1 Véase, Apéndice del Recurso #2 pág. 16.
2 Véase, Apéndice del Recurso #1 pág. 5.
3 Véase, Apéndice del Recurso #3 pág. 19.
4 Véase, Apéndice del Recurso #3 pág. 18.
5 Véase, Apéndice del Recurso #4 pág. 20-23.
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a las disposiciones estipuladas en el Art. 7.03. Basándose en estos

40 años, la agencia computó el tiempo mínimo desde el momento

que el Sr. Pagán comenzó a cumplir su sentencia, entiéndase desde

el 14 de noviembre de 2012 y el mínimo de quince años lo calculó

utilizando el setenta y cinco por ciento de la pena mayor.

       No obstante, por entender que su nueva Hoja de Liquidación

no fue modificada correctamente en conformidad con la Ley núm.

85-2022, íd, el Sr. Pagán solicitó Reconsideración el 15 de junio de

2023,6 la cual fue denegada mediante Resolución notificada el 31 de

julio de 2023.7

       Insatisfecho, el Recurrente presentó ante este Tribunal un

Recurso de Revisión Administrativa donde señaló los siguientes

errores:

           “Erró la Oficina de Récord Penal cuando
           utilizaron como base para realizar los nuevos
           cómputos para elaborar una Nueva Hoja de
           Liquidación de Sentencia la consecutividad de
           los artículos 5.04 y 7.03 de la Ley de Armas de
           Puerto Rico”.

           “Erró la Oficina de Récord Penal cuando no
           consideró lo establecido en la Ley Núm. 85-
           2022, donde expresamente se dispone que el
           mínimo de la sentencia nunca excederá de
           quince (15) años”.

       El 30 de octubre de 2023, el Departamento de Corrección y

Rehabilitación presentó su oposición y solicitó la desestimación del

recurso por entender que este Tribunal carecía de jurisdicción, ya

que el Recurrente no solicitó litigar in forma pauperis, ni canceló los

aranceles correspondientes. En la alternativa, alegó que la DRA

interpretó y aplicó correctamente la Ley 85-2022, y por tanto resta

confirmar la determinación de la agencia.

       Consecuentemente, el 15 de noviembre de 2023, emitimos

una Resolución mediante la cual, entre otras cosas, se le ordenó al

6 Véase, Apéndice del Recurso #1 pág. 12.
7 Véase, Apéndice del Recurso #1 pág. 14 .
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Sr. Pagán a que en un término de 10 días sometiera la

correspondiente declaración en apoyo a solicitud para litigar como

indigente o en la alternativa, pagara los aranceles correspondientes

a la presentación de su recurso. Así las cosas, el 30 de noviembre

de 2023, el Sr. Pagán presentó una Solicitud y Declaración Para Que

Se Exima de Pago de Arancel Por Razón de Indigencia. Con el

beneficio de la comparecencia de las partes y examinados los

escritos presentados, procedemos a resolver.

                                  II.

   A. Revisión judicial de las determinaciones administrativas

      Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los

tribunales apelativos están llamados a abstenerse de intervenir en

las decisiones administrativas, ya que éstas poseen una presunción

de legalidad y corrección. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268,

281 (2020); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016).

Cónsono con ello, se ha resuelto que las decisiones de las agencias

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.

Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79

(2022). Ello debido a que dichos entes gubernamentales son los que

poseen el conocimiento especializado y experiencia en los asuntos

que les son encomendados. Super Asphalt v. AFI, 206 DPR 803, 819

(2021). En los casos de revisión judicial, “[e]l criterio a aplicarse no

es si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor al

arbitrio del foro judicial; es, repetimos, si la determinación

administrativa, en interpretación de los reglamentos y las leyes que

le incumbe implementar, es una razonable”. Rivera Concepción v.

A.R.Pe, 152 DPR 116, 124 (2000).

      La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, (3 LPRA sec. 9675) (LPAU), dispone que “[l]as
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determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo”. Así pues, la intervención

judicial en estos casos ha de centrarse en tres aspectos principales:

(1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones

de hechos están razonablemente sostenidas por la prueba y (3) si

las conclusiones de derecho del organismo administrativo son

correctas. P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281

(2000). Podemos decir que la deferencia reconocida a la decisión de

una agencia administrativa cede en las siguientes circunstancias:

cuando no está basada en evidencia sustancial, cuando el

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley y

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. T-JAC, Inc.

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).

      Las determinaciones de hechos de los organismos y agencias

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y

corrección. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194,

210 (1987). De manera que los tribunales apelativos no intervienen

con las determinaciones de hechos formuladas por una agencia

administrativa si éstas están sostenidas por evidencia sustancial

que surja del expediente administrativo. Asoc. Vec. H. San Jorge v.

U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000).

      Según lo ha definido el Tribunal Supremo en diversas

ocasiones, evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener

una conclusión”. Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670,

687 (1953). Por ello, quien impugne las determinaciones de hechos

de una agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el

foro judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación
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administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la

parte que impugna la determinación administrativa. Com. Vec. Pro-

Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). Además, debe demostrar

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que

no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su

consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2002).

      Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Sección

4.5 de la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus aspectos.

Sin embargo, esto no significa que, al ejercer su función revisora,

podamos descartar liberalmente las conclusiones e interpretaciones

de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. “Al

evaluar los casos es necesario distinguir entre cuestiones de

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialistas,

y cuestiones propias para la discreción o pericia administrativa”.

Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990).

      El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo

administrativo por el propio únicamente en aquellas ocasiones que

no encuentre una base racional que fundamente la actuación

administrativa. No obstante, es axioma judicial que, ante la prueba

pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en igual

posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado para

apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-Tex de P.R.,

Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).

      Sin embargo, la deferencia judicial en la revisión de

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este

Tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter

limitado de la función revisora a casos apropiados. La deferencia

reconocida no equivale a la dimisión de la función revisora de este
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foro apelativo intermedio en instancias adecuadas y meritorias,

como resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la

ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1987).

   B. Ley 85-2022

      La Ley 85-2022 se aprobó con el fin de enmendar el Art. 3 de

la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 4 LPRA § 1501 et seq.,

y el Art. 308 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 5001 et seq.

Su propósito fue “establecer una manera más justa, retributiva y

rehabilitadora, que le permita a aquella persona convicta por varios

delitos el poder ser considerada para libertad bajo palabra”,

Exposición de Motivos, Ley 85-2022, para así establecer un

andamiaje más humano que cumpla con el mandato constitucional

de rehabilitación.

      La Sección 1 de la Ley 85-2022 enmendó el Art. 308 del Código

Penal que ahora lee como sigue:

         Toda persona convicta bajo las disposiciones
         de este Código podrá ser considerada para
         libertad bajo palabra por la Junta de Libertad
         Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por
         ciento (75%) del término de reclusión
         impuesto. Este cómputo nunca excederá de
         quince (15) años cuando se trate de un adulto
         o de cinco (5) años cuando se trate de un menor
         sentenciado y procesado como adulto en delitos
         para los cuales al realizarse el cómputo
         jurisdiccional    para    cualificar     ante    la
         consideración de la Junta de Libertad Bajo
         Palabra este sea mayor a lo requerido para delitos
         con pena fija señalada en el tipo de cincuenta (50)
         años.

         En delitos graves cuyo término de reclusión
         señalada en el tipo sea de cincuenta (50) años, la
         persona podrá ser considerada para libertad bajo
         palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra al
         cumplir quince (15) años de su sentencia o cinco
         (5) años si se trata de un menor de edad
         procesado y sentenciado como adulto.

               …

         En aquellos procesos judiciales en que se
         encuentre al acusado culpable por más de un
         delito y se le imponga una sentencia a ser
         cumplida de manera consecutiva, la persona
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         convicta tendrá derecho a cualificar para
         libertad bajo palabra al cumplir con el término
         concerniente a la pena mayor recibida por
         alguno de los delitos cometidos. Cuando más
         de uno de los delitos cometidos conlleve la misma
         pena, la persona convicta cualificará para el
         beneficio de libertad bajo palabra con el mero
         hecho de haber cumplido con el término de una
         de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
         aplicabilidad, independientemente si la Ley en
         virtud de la cual resulta convicto, sea una Ley
         Penal Especial. (Énfasis suplido)

      Por otra parte, la Sección 2 de la Ley 85-2022 modificó el Art.

3 (a) (6) de la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra para que lea

de la siguiente manera:

         En aquellos procesos judiciales en que se
         encuentre al acusado culpable por más de un
         delito y se le imponga una sentencia a ser
         cumplida de manera consecutiva, la persona
         convicta tendrá derecho a cualificar para
         libertad bajo palabra al cumplir con el término
         concerniente a la pena mayor recibida por
         alguno de los delitos cometidos. Cuando más
         de uno de los delitos cometidos conlleve la misma
         pena, la persona convicta cualificará para el
         beneficio de libertad bajo palabra con el mero
         hecho de haber cumplido con el término de una
         de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
         aplicabilidad, independientemente si la Ley en
         virtud de la cual resulta convicto, sea una Ley
         Penal Especial.

                Podrá así mismo decretar la libertad bajo
         palabra de cualquier persona recluida en
         cualquiera de las instituciones penales de Puerto
         Rico que haya sido convicta conforme a las
         disposiciones de la Ley 146-2012, conocida como
         “Código Penal de Puerto Rico de 2012” al cumplir
         el setenta y cinco por ciento (75%) del término de
         reclusión impuesto. Este cómputo nunca
         excederá de quince (15) años cuando se trate de
         un adulto o de cinco (5) años cuando se trate de
         un menor sentenciado y procesado como adulto
         en delitos para los cuales al realizarse el cómputo
         jurisdiccional    para     cualificar     ante   la
         consideración de la Junta de Libertad Bajo
         Palabra este sea mayor a lo requerido para delitos
         con pena fija señalada en el tipo de cincuenta (50)
         años.

                En caso de la persona convicta de asesinato
         en primer grado bajo la Ley 146-2012, esta podrá
         ser considerada para libertad bajo palabra por la
         Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir
         veinticinco (25) años de su sentencia, o diez (10)
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         años, si se trata de un menor de edad procesado
         y sentenciado como adulto.

                La Junta podrá considerar para la libertad
         bajo palabra a aquellas personas que hayan
         utilizado o intentado utilizar un arma de fuego
         ilegal en la comisión de un delito grave o su
         tentativa, según definido en la Ley 146-2012,
         según enmendada. La Junta podrá conceder el
         beneficio cuando se ha determinado reincidencia
         habitual por delitos no violentos al cumplir
         veinticinco (25) años de su sentencia de
         reclusión, pero no podrá conceder el beneficio
         cuando la persona haya resultado convicta por
         delitos de agresión sexual o pornografía infantil
         en cualquiera de sus modalidades, según
         definidos en la Ley 146-2012, según enmendada.
         Antes de conceder el beneficio, la Junta
         considerará todas las disposiciones contenidas
         en el Artículo 3-B de esta Ley y lo que contemplan
         en la Ley 22-1988, mejor conocida como la Ley de
         la “Carta de Derechos de Víctimas y Testigos de
         Delito”, según enmendada, para garantizarle a las
         víctimas todos los derechos. (Énfasis suplido)

   C. Ley de Armas de Puerto Rico

      El Art. 7.03 de la derogada Ley de Armas de Puerto Rico de

2000, supra, establecía cómo se agravaban las penas. El referido

artículo dispone que:

         Todas las penas de reclusión que se impongan
         bajo esta Ley serán cumplidas consecutivamente
         entre sí y consecutivamente con las impuestas
         bajo cualquier otra ley. Además, si la persona
         hubiere sido convicta anteriormente por
         cualquier violación a esta Ley o por cualquiera
         de los delitos especificados en el Artículo 2.11
         de esta Ley o usare un arma en la comisión de
         cualquier delito y como resultado de tal
         violación alguna persona sufriera daño físico o
         mental, la pena establecida para el delito se
         duplicará. Toda violación a esta Ley en una zona
         escolar o universitaria según definida en el
         Artículo 1.02, conllevará el doble de la pena
         establecida. (énfasis suplido).

                                III.

      El Departamento de Corrección y Rehabilitación alega que

procede una desestimación ya que el Recurrente no canceló los

aranceles correspondientes. No obstante, debido a la condición de

confinado del Sr. Pagán, este Tribunal acepta la litigación in forma

pauperis y por tal razón se exime al Recurrente de cancelar
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aranceles. Con este asunto aclarado, procedemos a discutir los

señalamientos de error.

        Por razón de que ambos señalamientos están estrechamente

relacionados procedemos a discutirlos en forma conjunta. El Sr.

Pagán alega que la DRA llevó a cabo un cálculo erróneo de su nueva

Hoja de Liquidación de Sentencia al aplicar consecutivamente las

penas de los Art. 5.04 y 7.03 de la Ley de Armas, supra. Entiende

que esto tuvo el efecto incorrecto de agrupar ambos artículos en una

sola pena para que el cálculo fuese a base de 40 años y no de 20

años, si se consideran individualmente. No le asiste la razón.

        La DRA correctamente utilizó una pena de 40 años, ya que los

referidos artículos de la Ley de Armas no tienen penas individuales,

por tanto, no se cumplen ni concurrente ni consecutivamente. Esto

es así ya que el Art. 7.03 tiene el efecto de agravar la pena del Art.

5.04. La propia Sentencia del TPI deja esto claro cuando establece

que el Recurrente cumplirá “20 años de reclusión en el caso

KLA2012G0702 por Art. 5.04 de la Ley de Armas, y en virtud del

Art. 7.03 de la Ley de Armas se duplica la pena de reclusión a

40 años de reclusión”.8 Como vemos, al Art. 7.03 fue diseñado para

modificar, en este caso agravar, infracciones a otros artículos.

Claramente su aplicabilidad no genera una pena separada. En vista

a esto, la DRA sí interpretó correctamente la Ley 85-2022 cuando

utilizó la pena de 40 años como la más onerosa.

        El Sr. Pagán también sostiene que si se utiliza la pena de 20

años correspondiente al Art. 7.03 como la pena más onerosa, que el

cálculo de su mínimo de sentencia para cualificar para el beneficio

de la Junta de Libertad Bajo Palabra sería de 10 años. Como ya

aclaramos que la pena mayor es de 40 años, tampoco le asiste la

razón en el segundo señalamiento de error. De igual forma, podemos

8 Véase, Apéndice del Recurso #2 pág. 16. (énfasis suplido).
KLRA202300390                                                      11

concluir que la DRA tampoco se equivocó cuando calculó el setenta

y cinco por ciento de la pena de 40 años, pero luego hizo el cambio

a 15 años como ordena la Ley 85-2022.

                                IV.

      Por todo lo antes discutido, los que hacemos formar parte de

este dictamen, confirmamos la determinación de la División de

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y

Rehabilitación.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Alvarez Esnard concurre sin voto escrito.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones