Court Opinion

ID: 9374161
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:15.343685+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.277311
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                          PANEL II

           GEOVANNIE ORTIZ                                Revisión
               PÉREZ                                      procedente del
                                                          Departamento de
                Recurrente             KLRA202200618      Corrección y
                                                          Rehabilitación
                       v.
                                                          Caso Núm.
          DEPARTAMENTO DE                                 1-88190
            CORRECCIÓN Y
           REHABILITACIÓN                                 Sobre:
                                                          Revisión
                Recurrido                                 Administrativa

        Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
        Romero García y la Juez Méndez Miró.

                                       SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

                                             I.

               El 9 de noviembre de 2022 Geovanny Ortiz Pérez, actualmente

        confinado en la Institución Bayamón 501, acudió ante nos mediante

        escrito intitulado, Solicitud de Revisión Judicial Administrativa.

        Aduce que, el 20 de octubre de 2022, el Comité de Clasificación y

        Tratamiento (Comité), le dio de baja de sus labores en la cocina de

        la Institución Bayamón 501. Según el Acuerdo del Comité, se tomó

        la decisión fundamentados en que: “El 12 [de] octubre [de] 2022, se

        realiz[ó] registro rutinario en el edif. 2 sección 1 y en la celda 205,

        se ocup[ó] celular violentando las normas y reglamentos vigentes del

        DCR. El tipo de trabajo en cocina permite libertad de movimiento lo

        que facilita el contrabando”.

               En su Solicitud de Revisión Judicial Administrativa, Ortiz Pérez

        sostiene que la determinación del Comité fue injustificada, por

        fundamentos frívolos y fabricados de mala fe y con malicia

        premeditada. Aduce: “[m]e están violentando mi derecho a presentar

        solicitud de reconsideración, pues el recurrente solicitó el formulario

        de reconsideración y se han denegado a hacerme la entrega del

Número Identificador

SEN2023__________
KLRA202200618                                                       2

mismo para privarme de poder presentar una solicitud de

reconsideración…”.

      El   16   de   diciembre   de    2022,   emitimos    Resolución

concediéndole al Departamento de Corrección y Rehabilitación

(DCR), término de veinte (20) días para que se expresara sobre el

recurso presentado por Ortiz Pérez y remitiera una copia fiel y exacta

del expediente administrativo 1-88190. El 10 de enero de 2023,

compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución y

Solicitud de Desestimación. En su comparecencia, el DCR sostuvo

que, el recurso presentado por Ortiz Pérez era prematuro, toda vez

que, al momento la División de Remedios Administrativos tenía ante

su consideración dos (2) solicitudes de remedios administrativos

sobre los mismos hechos. En vista de que el proceso administrativo

no había finalizado, es decir, no se había agotado, carecíamos de

jurisdicción para atender su reclamo.

      Ciertamente, de los documentos anejados por el DCR surge

que, sobre la solicitud de remedio administrativo presentada por

Ortiz Pérez el 14 de octubre de 2022, se emitió respuesta el 2 de

noviembre de 2022, notificada el 14. De la respuesta emitida, el

29 de noviembre de 2022 Ortiz Pérez presentó solicitud de

reconsideración, la cual fue denegada el 21 de diciembre de

2022 y notificada el 27. Según mencionado anteriormente, el 20

de octubre de 2022, Ortiz Pérez presentó una segunda solicitud

de remedio administrativo, cuya Respuesta emitida por la División

de Remedios Administrativos el 1 de diciembre de 2022, fue

notificada el 11. A la luz de este marco procesal temporal,

examinemos como asunto de umbral, la alegación del DCR, atinente

a nuestra jurisdicción.

                                 II.

      La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según
KLRA202200618                                                                    3

enmendada,1 delimita la facultad revisora de este Tribunal de

Apelaciones. En lo pertinente, establece que se podrá recurrir ante

este Foro “[m]ediante recurso de revisión judicial, que se acogerá

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones

finales de organismos o agencias administrativas”.2 Así, la Regla 56

de nuestro Reglamento contiene una disposición similar, que limita

nuestra jurisdicción revisora a determinaciones administrativas

finales.3

         Ello resulta igualmente compatible con las disposiciones de la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 del 30 de junio de 2017,4 y con la

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. Al respecto,

el Sec. 4.2 de la LPAU dispone que, “[u]na parte adversamente

afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el

organismo         administrativo       apelativo     correspondiente        podrá

presentar       una    solicitud    de    revisión    ante       el   Tribunal   de

Apelaciones”.5

         En cuanto a la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos,        sabemos       que    constituye      una       norma     de

autolimitación judicial que determina la etapa en que un tribunal

de justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado

inicialmente en un foro administrativo.6 Al determinar la etapa en la

cual el litigante puede recurrir a los tribunales, esta doctrina evita

una intervención judicial innecesaria que interfiera con el trámite

normal del proceso administrativo.7             La necesidad de agotar los

remedios administrativos antes de acudir al foro judicial es un

1   4 LPRA § 24 et seq.
2   Íd. § 24 y (c).
3   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56.
4   3 LPRA § et seq.
5   Íd., § 9672.
6   S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).
7   Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993).
KLRA202200618                                                                     4

requisito jurisdiccional,8 el cual impide la intervención judicial hasta

tanto no hayan sido agotados todos los remedios administrativos

disponibles     al   nivel   de    la   agencia.9     Así,   la   determinación

administrativa reflejará la postura final de la agencia.10

       Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro

al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre”.11 Sin embargo, existe una importante diferencia en las

consecuencias que acarrean. La desestimación por tardío priva

fatalmente a la parte de poder presentar el recurso nuevamente,

ante el mismo foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación

de un recurso por prematuro permite que la parte que recurre pueda

presentarlo nuevamente, una vez el foro apelado resuelve lo que

estaba ante su consideración.12 Según nuestro Tribunal Supremo

de Puerto Rico, prematuro es lo que ocurre antes de tiempo; en el

ámbito procesal, una revisión o un recurso prematuro es aquel

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que

éste tenga jurisdicción.13

       La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o instante

en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido autoridad judicial o

administrativa alguna para acogerlo; menos, para conservarlo con

el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción

informativa.14 Ello explica la exigencia y necesidad de presentar un

nuevo recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación dentro

del término jurisdiccional.15

8 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001).
9 Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 714 (2002).
10 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013).
11 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra,

150 DPR 649, 654 (2000).
12 Véase: Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015); Torres

Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).
13 Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492, 497 (1997).
14 Julia, 153 DPR, pág. 367; Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR, pág. 654.
15 Padilla Falú v. Administración de Vivienda, 155 DPR 183 (2001).
KLRA202200618                                                                      5

       Es sabida norma que la jurisdicción es la autoridad que tienen

los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante

para las partes, por lo que el incumplimiento con estos requisitos

impide que nosotros podamos atender la controversia que se nos

presenta.16 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso.17

“Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia

a cualesquiera otras”.18 Los tribunales no pueden atribuirse

jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio pueden

otorgársela.19

       La ausencia de jurisdicción es insubsanable.20 Así, cuando un

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.21 Las

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante

este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.22

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre

desistimiento      y    desestimación,       nos     concede      facultad     para

desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o denegar

la expedición de un auto discrecional, entre otras razones, por falta

de jurisdicción.23

16 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA,
164 DPR 663, 674 (2005).
17 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Carattini v. Collazo

Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537
(1991).
18 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun.
de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).
19 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
20 Íd; Souffront, 164 DPR, pág. 674.
21 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Caratini, 158 DPR, pág. 356; Vega,

156 DPR, pág. 595.
22 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez,
165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).
23 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLRA202200618                                                                 6

                                       III.

        En este caso, desde la fecha de la presentación del recurso,

Ortiz Pérez incumplió con requisitos reglamentarios para su

perfeccionamiento.     No   obstante,         evitando     que   la   aplicación

automática e inflexible de los requisitos reglamentarios lo prive de

tener derecho de acceso a los tribunales, emitimos Resolución para

que el DCR nos remitiera copia del expediente administrativo de

Ortiz Pérez. Del expediente surge que, Ortiz Pérez sí presentó

Solicitud de Reconsideración ante la División de Remedios

Administrativos. Incluso, Ortiz Pérez tenía dos (2) solicitudes

administrativas sobre los mismos hechos presentadas al

momento de acudir ante nos. Según se desprende del expediente

administrativo, la División de Remedios Administrativos no había

atendido la Solicitud de Reconsideración al momento en que Ortiz

Pérez    presentó   ante    nos   la      Solicitud   de    Revisión    Judicial

Administrativa el 9 de noviembre de 2022. No fue hasta el 21 de

diciembre de 2022, notificada el 27, que la División de Remedios

Administrativos emitió Respuesta en Reconsideración al Miembro de

la Población Correccional. Cónsono con lo anterior, carecemos de

jurisdicción para atender el recurso presentado por ser prematuro.

                                       IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones