Court Opinion

ID: 9962607
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:07.916663+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.481610
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

WALDO MUÑIZ                                     Apelación
IRIZARRY; JOSÉ                                  Procedente del
ALFREDO                                         Tribunal de Primera
RODRÍGUEZ;                                      Instancia, Sala
ELIZABETH ORTIZ             KLAN202300883       Superior de Ponce
ORENGO
                                                Caso Núm.:
         Apelante                               PO2023CV01350
                                                CONSOLIDADO
            v.                                  CON
                                                GY2023CV00065
ELITE TOWERS, LLC.;
LUIS FERNANDO                                   Sobre: Injunction
ORTIZ MERCADO;                                  Estatutario al
OFICINA DE                                      Amparo del Artículo
GERENCIA DE                                     14.1 de la Ley para
PERMISOS; ESTADO                                la Reforma del
LIBRE ASOCIADO DE                               Proceso de
PUERTO RICO;                   Consolidado      Permisos de Puerto
AUGUSTO PALMER;                                 Rico, Ley Núm.
AUTORIDAD DE                                    161-2009, Según
CARRETERAS Y                                    Enmendada
TRANSPORTACIÓN;
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
NATURALES Y
AMBIENTALES;
MUNICIPIO DE
GUAYANILLA

      Apelado
MUNICIPIO DE                                    Apelación
GUAYANILLA, ET. ALS.        KLAN202300897       Procedente del
                                                Tribunal de Primera
         Apelante                               Instancia, Sala
                                                Superior de Ponce
            v.
                                                Caso Núm.:
ELITE TOWERS, LLC.                              PO2023CV01350
                                                CONSOLIDADO
         Apelado                                CON
                                                GY2023CV00065

                                                Sobre: Interdicto
                                                Provisional e
                                                Interdicto
                                                Estatutario
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

Número Identificador
SEN2024____________
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                      2

      Comparecen Waldo Muñiz Irizarry, José Alfredo Rodríguez

Morales y Elizabeth Ortiz Orengo (en adelante, ¨Vecinos¨) y el

Municipio de Guayanilla (en adelante, ¨Municipio¨) (en conjunto,

¨apelantes¨), quienes solicitan que revoquemos una Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce

(en adelante, ¨TPI¨). Mediante la misma: (1) se declararon No Ha

Lugar las solicitudes de Injunction Estatutario; (2) se desestimó con

perjuicio la causa de acción, y; (3) se ordenó a los demandantes el

pago de honorarios de abogado.

      Dado que los recursos de apelación de los Vecinos, clasificado

alfanuméricamente     como    KLAN202300883,         y   del   Municipio,

clasificado alfanuméricamente como KLAN202300897, plantean

errores en la misma Sentencia, ordenamos su consolidación.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                    I.

      Los hechos de este caso se remontan a la presentación de una

solicitud de permiso de construcción por Elite Towers, LLC (en

adelante, ¨Elite Towers¨) ante la Oficina de Gerencia de Permisos (en

adelante,   ¨OGPe¨)   para    el   desarrollo   de   una   facilidad   de

telecomunicaciones en el Barrio Indios del Municipio de Guayanilla.

La OGPe aprobó el permiso de construcción, 2022-451822-PCOC-

030128, el 29 de diciembre de 2022, autorizando así la construcción

propuesta por Elite Towers.

      El 25 de abril de 2023, el Municipio presentó una Demanda

ante el TPI sobre Injunction Preliminar, Permanente y Estatuario

bajo la Ley Núm. 161-2009, clasificado alfanuméricamente como

GY2023CV00065, y solicitaron la paralización de las obras de

construcción de Elite Towers. El Municipio alegó que el predio de

terreno en el que la parte demandada propone construir colinda con
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                   3

un área residencial altamente poblada y con un área recreativa

compuesta por una cancha bajo techo, poniendo así la vida y

seguridad de los residentes del área en un peligro inminente.

        El 9 de mayo de 2023, el Sr. Waldo Muñiz, Sr. Alfredo

Rodríguez y la Sra. Elizabeth Ortiz, vecinos del Barrio Los Indios,

presentaron una Demanda sobre Entredicho Provisional bajo la

Regla 57 de Procedimiento Civil y sobre Interdicto Estatutario bajo

el Art. 14.1 de la Ley 161-2009 en contra de Elite Towers y su

presidente, Luis Fernando Ortiz Mercado, OGPe, el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (en adelante, ¨Gobierno¨), y Augusto R.

Palmer     Arrache,    como       dueño   del   terreno,   clasificado

alfanuméricamente como PO2023CV01350. También, notificaron

como partes indispensables a la Autoridad de Carreteras y

Transportación (en adelante, ¨ACT¨), Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (en adelante, ¨DRNA¨) y al Municipio.

        Los Vecinos solicitaron que el TPI dictara una orden de

Entredicho Provisional y, posteriormente, una orden de Interdicto

Estatutario contra la parte demandada, ordenándole así a cesar y

desistir de construir la torre de telecomunicaciones propuesta. A su

vez, alegaron que el terreno en donde estaría ubicada la torre, en su

subsuelo es un humedal, área inestable para sostener una torre del

tipo que se pretendía instalar.

        El TPI ordenó la consolidación del caso PO2023CV01350 con

el caso GY2023CV00065 mediante Resolución del 10 de mayo de

2023.

        Ese mismo día, el TPI dictó una Resolución de No Ha Lugar a

la solicitud de Entredicho Provisional y calendarizó la Vista de

Injunction Preliminar para el 7 de junio de 2023. Además, les

concedió a las partes hasta el 31 de mayo de 2023 para:

   1. Exponer de forma breve y precisa los hechos pertinentes
      en que descansa su razón de pedir, negar o intervenir.
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                     4

      Todos los participantes aunarán esfuerzos para
      identificar los hechos medulares a la controversia.
   2. Formalizar estipulaciones       de    hechos     y  de
      documentos, anunciar la prueba testifical y
      documental a ofrecerse, así como examinar la
      posibilidad de acuerdos.
   3. Deberán en o antes del miércoles, 31 de mayo de
      2023 cargar al Sistema Unificado de Manejo y
      Administración de Casos (SUMAC) toda la evidencia
      documental y testifical, lista de testigos con los
      resúmenes de su testimonio, que se proponen
      presentar. Prueba que no esté presentada en el
      expediente de SUMAC antes de vista no se permitirá
      para en el desfile de prueba.

      Posteriormente, mediante Orden dictada el 26 de mayo de

2023 y a petición del Municipio, se adelantó la Vista de Injunction

Preliminar para el 31 de mayo de 2023.

      Ese mismo día, Elite Towers solicitó la desestimación de

ambas demandas por dejar de exponer una reclamación que

justificara la concesión de un remedio. Mediante la primera Moción

de Desestimación, adujo que el Municipio carecía de prueba que

demostrara que la facilidad de telecomunicaciones está localizada

en una zona de humedales. Mediante la segunda, alegó que la

solicitud de Interdicto Estatutario presentada por los Vecinos

carecía de los elementos necesarios para ser considerada. Sostuvo

que, realizaron alegaciones infundadas y basadas en especulaciones

sin prueba para sustentarlas.

      El 26 de mayo de 2023, compareció OGPe y presentó una

Oposición a Petición Interdicto Provisional y Estatutario y Solicitud de

Desestimación. La OGPe sostuvo que Elite Towers contaba con el

permiso 2022-451822-PCOC-030128, que este se presumía válido y

legal y, a su vez, autorizaba el comienzo de las obras de

construcción. Por ende, adujo que los demandantes dejaron de

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.

      Luego, el 30 de mayo de 2023, comparecieron las partes

codemandadas, el Gobierno, a través del Departamento de Justicia
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                  5

de Puerto Rico, y en representación del DRNA. El Gobierno presentó

una Moción de Desestimación en la cual sostuvo que en las

alegaciones del recurso presentado no había alegación, reclamación

y/o solicitud en contra del DRNA que justificara la concesión de un

remedio a la parte demandante.

      Ese mismo día, el TPI dictó una Orden anunciando que no

resolvería las mociones de desestimación hasta tanto reciba la

prueba durante la Vista de Injunction Estatutario.

      El 31 de mayo de 2023, las partes comparecieron para la

celebración de la Vista de Injunction Preliminar. Durante la vista,

los Vecinos presentaron el testimonio de la codemandante, la Sra.

Elizabeth Ortiz Orengo. Por otra parte, Elite Towers presentó el

testimonio de su presidente, el Sr. Fernando Ortiz Mercado.

Además, el permiso de construcción otorgado por la OGPe fue

admitido como Exhibit A.

      El 8 de junio de 2023, la ACT solicitó la desestimación de la

demanda incoada en su contra por esta no ser parte indispensable

en el pleito. Informó que, realizó una investigación y resultó que la

carretera PR-335, a la cual hacen referencia los demandantes, no

está bajo la jurisdicción de la ACT.

      Durante los días 14 y 15 de junio de 2023, los Vecinos

presentaron sus réplicas a las mociones de desestimación. Ante los

argumentos de los codemandados respecto a que sus alegaciones

dejaron de exponer una reclamación que justificara la concesión de

un remedio, argumentaron que no es necesario incluir un

pronunciamiento extenso en las alegaciones. De igual manera,

señalaron que las alegaciones deben contener situaciones fácticas

que permitan dar aviso a la parte demandada de la reclamación en

su contra. En síntesis, alegaron que la condición de peligrosidad de

la construcción de las facilidades se desprende de las alegaciones.

Reiteraron que, supuestamente, las obras se están llevando a cabo
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                     6

en un humedal, información que no fue divulgada durante la

concesión del permiso. Por lo cual, la autorización fue otorgada

mediando dolo o engaño y procede su revocación.

      Por otra parte, respecto a la solicitud de ACT, los Vecinos

argumentaron que la ACT tiene completo control y supervisión sobre

todas las facilidades de tránsito o de transportación. Los Vecinos

también argumentaron que la ACT tiene la función principal de

mantener libre de peligros a las carreteras y que, la construcción de

una torre de telecomunicaciones en terreno inestable cerca de una

carretera representa un peligro.

      El 16 de junio de 2023, el Municipio presentó una moción en

la que solicitó enmienda a la Demanda. Adujo haber advenido en

conocimiento de que, personal del DRNA había visitado el área de la

construcción y, como producto de la visita, rindieron un informe.

Así las cosas, solicitaron al TPI que ordenara al DRNA a producir

copia del informe y que citara a los funcionarios que lo rindieron.

      El TPI resolvió las solicitudes del Municipio ese mismo día,

declaró No Ha Lugar la solicitud de enmienda y ordenó al DRNA a

expresarse sobre la solicitud de producción de documentos y

citación de funcionarios.

      El 21 de junio de 2023, DRNA expresó que el 2 de junio de

2023 personal suyo visitó las inmediaciones de la construcción.

Señalaron que, a raíz de dicha visita, biólogos del DRNA remitieron

comentarios sobre las alegaciones de las demandas. No obstante,

alegaron que los comentarios no constituían un Informe Técnico del

DRNA. De igual manera, expresaron que la solicitud surgía a base

de una solicitud de enmienda a la demanda, la cual fue denegada.

Añadieron que, el Municipio era quien tenía el peso de la prueba.

Por esta razón, se opusieron a la solicitud del Municipio.
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                    7

      Ante una solicitud de Elite Towers para que no se le permitiera

al Municipio la entrada de prueba pericial por no presentarla en el

término establecido, el 21 de junio de 2022, el Municipio indicó que:

      2. En primer lugar, debemos establecer que la parte
      compareciente no se propone presentar prueba
      pericial en la vista señalada para el 22 de junio de
      2023. Únicamente nos proponemos presentar como
      prueba el testimonio del Sr. Luis Ramos quien es el
      Director de Finanzas del Municipio.

      3. […]

      4. Es nuestra conclusión que para cumplir con los
      elementos del remedio solicitado no es necesaria la
      presentación de prueba pericial ya que demostrar que
      el permiso fue otorgado mediante la utilización de
      información incorrecta o falsa o que no cuenta con las
      autorizaciones o permisos correspondientes no se
      requiere de prueba pericial. (Énfasis suplido).

      El 22 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden resolviendo

que, ¨[a] esta altura de los procedimientos, No Ha Lugar la solicitud

del Municipio de citar personal del Departamento de Recursos

Naturales¨.

      La Vista sobre Injunction Estatutario continuó el 22 de junio

de 2023. Surge de la Minuta que, durante la Vista, el Municipio

solicitó reconsideración sobre la denegatoria a la solicitud de citar a

los funcionarios del DRNA y la producción de los hallazgos de la

investigación realizada por estos. Escuchados los argumentos de las

partes, el TPI declaró Sin Lugar la reconsideración. El TPI hizo

constar que, el procedimiento era uno extraordinario y expedito e

imperaba el Artículo 9.10 de la Ley 161 del 2009.

      Durante el desfile de prueba, el Municipio presentó el

testimonio del Sr. Luis A. Ramos Feliciano, el Director de Finanzas

del Municipio. Por su parte, los Vecinos presentaron el testimonio

del codemandante, el Sr. Waldo Muñiz Irizarry.

      Culminado el desfile de prueba, Elite Towers presentó una

moción de Non Suit, a la cual se unió OGPe, DRNA, el Gobierno y

ACT. Elite Towers argumentó que, la parte demandante no pudo
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                   8

demostrar su caso mediante la prueba presentada, y, por lo tanto,

procedía su desestimación.

        El 20 de julio de 2023, el TPI emitió una Sentencia, a través

de la cual: (1) dictó No Ha Lugar las solicitudes de Injunction

Estatutario; (2) desestimó con perjuicio las causas de acción, e; (3)

impuso a cada parte demandante honorarios de abogado por

$1,000.00.

        Insatisfechos con el dictamen, el 3 de agosto de 2023, los

Vecinos presentaron una Moción de Reconsideración mediante la

cual solicitaron reconsideración y determinaciones de hechos

adicionales. El 8 de agosto de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar la

solicitud de los demandantes.

        Los Vecinos recurrieron ante esta Curia mediante Apelación

Civil   presentada    el   4   de   octubre   de   2023,   clasificada

alfanuméricamente como KLAN202300883. Alegan la comisión de

los siguientes errores:

        Erró el TPI al dictar sentencia declarando No Ha
        Lugar la solicitud de Injunction Estatutario en
        virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según
        enmendada, toda vez que la construcción de la
        antena se hizo de manera ilegal por estar ubicada en
        las inmediaciones de un humedal y construirse en
        coordenadas distintas a las notificadas durante el
        proceso de obtención de permiso de construcción.

        Erró el TPI al incurrir en un error extraordinario y
        sustancial al declarar No Ha Lugar la solicitud para
        que los funcionarios del DRNA fueran citados a
        declarar sobre la investigación realizada en el área
        donde fue instalada la antena de comunicaciones y
        al no emitir orden para que el DRNA notificara el
        informe redactado por dichos funcionarios.

        Erró el TPI, al imponer el pago de honorarios de
        abogado por la cantidad de $1,000.00 dólares a los
        apelantes: el Sr. Waldo Irizarry Muñiz, el Sr. José
        Alfredo Rodríguez Morales y la Sra. Elizabeth Ortiz
        Orengo, por no existir temeridad y en contravención
        a lo establecido en la Ley Núm. 122 de 9 de junio de
        1967, según enmendada, mejor conocida como la
        Ley para Eximir de Toda Clase de Aranceles a la
        Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y
        otras entidades análogas.
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                 9

      Por otra parte, el Municipio acudió ante nosotros mediante

Apelación presentada el 10 de octubre de 2023, clasificada

alfanuméricamente como KLAN202300897. Realiza el siguiente

señalamiento de error:

      Respetuosamente planteamos que erró y abusó de
      su discreción el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia al declarar NO HA LUGAR la petición del
      Municipio de Guayanilla de que se ordenara la
      comparecencia de funcionarios del Departamento
      de Recursos Naturales y Ambientales para que
      declararan sobre los hallazgos de la visita o
      inspección el 2 de junio de 2023 al lugar de
      construcción; y que produjeran su informe,
      comentarios o documentos pertinentes al caso de
      epígrafe.

      A su vez, solicita que se devuelva el pleito ante el TPI y se

ordene la comparecencia de los funcionarios del DRNA y se celebre

la Vista en su fondo.

      Por solicitar la revisión de una misma Sentencia, ambos

recursos fueron consolidados mediante Resolución del 17 de octubre

de 2023.

      El 10 de noviembre de 2023, ACT presentó una Moción de

Desestimación solicitando que se desestime el recurso en su contra

y se exima de futuras comparecencias. Además, expuso que el pleito

se ha tornado académico debido a que Elite Towers ha completado

las obras de construcción.

      Posteriormente, el 16 de noviembre de 2023, OGPe presentó

su alegato en oposición. La OGPe argumenta que los apelantes

presentaron alegaciones ante el TPI sin pruebas para sustentarlas.

Añade que, los permisos expedidos por esta se presumen legal y

correctos y que, los apelantes no presentaron evidencia para rebatir

esta presunción

      El 27 de noviembre de 2023, el Municipio presentó su

oposición a la moción de desestimación presentada por la ACT. Ante

el reclamo de que la causa de acción se tornó académica, expone

que no se ha presentado evidencia al respecto de que Elite Towers
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                  10

haya culminado las obras de construcción. En la alternativa, señala

que, de haberlas terminado, existen otros remedios que el Tribunal

puede conceder al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161-2009.

      Ese mismo día, el Gobierno presentó su alegato en oposición.

Argumenta que, los apelantes no han demostrado que el foro

primario incurrió en prejuicio, parcialidad o error manifiesto al

negarse a ordenar la comparecencia de funcionarios del DRNA y la

presentación del escrito con sus hallazgos, ni al determinar que

carecía de mérito la causa de acción a la luz de la apreciación de la

evidencia presentada. Además, expone que, tampoco han colocado

a este Tribunal en posición de resolver, ya que no han presentado la

transcripción de la prueba oral.

      Luego, el 29 de noviembre de 2023, Elite Towers presentó su

alegato en oposición y, en conjunto, una solicitud de desestimación.

Respecto al recurso presentado por el Municipio, señala que,

procede su desestimación, ya que carece de una relación concisa

entre los hechos relacionados a la controversia, el derecho citado y

el error señalado.

      Por otro lado, respecto al recurso presentado por los Vecinos,

sostiene que, se presume la corrección y legalidad de los permisos

otorgados por la OGPe. Ante la falta de prueba que rebatiera esta

presunción, Elite Towers contaba con un permiso válido para llevar

a cabo la construcción de las facilidades de telecomunicación.

      Revisados los escritos de las partes y los documentos que

obran en autos, estamos en posición de resolver.

                                   II.

A. Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico

      La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA

sec. 9011 et seq., se aprobó con el fin de establecer el marco legal y
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                     11

administrativo que regiría en la solicitud, evaluación, concesión y

denegación de permisos de construcción que inciden en el desarrollo

económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      En lo aquí pertinente, el Artículo 9.10 de la Ley núm. 161-

2009, 23 LPRA sec. 9019i, dispone:

             Se presume la corrección y la legalidad de las
      determinaciones finales y de los permisos expedidos
      por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el
      Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por
      los profesionales autorizados. No obstante, cuando
      medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la
      comisión de algún otro delito en el otorgamiento o
      denegación de la determinación final o del permiso, o en
      aquellos casos en que la estructura represente un
      riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones
      ambientales o arqueológicas, la determinación final
      emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia
      de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía
      de la I a la V o por el profesional autorizado, deberá ser
      revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o
      demoler, solo después de que un tribunal competente
      así lo determine y siguiendo con el procedimiento
      judicial establecido en las secs. 9024 a 9024e de este
      título, además de cumplir con el debido proceso de ley.
      […] (Énfasis suplido).

      En virtud de la Ley 161-2009, fue creado el Injunction

Estatutario. El Artículo 14.1, 23 LPRA sec. 9024, dispone:

      La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad
      Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con
      Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
      instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
      representación del interés público o una persona
      privada, natural o jurídica, que tenga un interés
      propietario      o    personal    que    podría     verse
      adversamente afectado, podrá presentar una acción
      de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o
      cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la
      revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud
      se haya hecho utilizando información incorrecta o
      falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar
      con las autorizaciones y permisos correspondientes, o
      incumpliendo con las disposiciones y condiciones del
      permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no
      autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que
      al momento de la presentación del recurso y al momento
      de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de
      construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque
      el mismo ha sido revocado. […] (Énfasis suplido).

      Debido   a   su   naturaleza,   el   Injunction   Estatutario   es

independiente del Injunction tradicional y, por consiguiente,
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                  12

generalmente exento de la normativa aplicable a este último. Next

Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). Ello, porque

los requisitos del Injunction tradicional son, de ordinario, más

rigurosos que los exigidos para el Injunction Estatutario. Next Step

Medical v. Bromedicon et al., supra; CBS Outdoor v. Billboard One,

Inc., 179 DPR 391, 409 (2010).

      En particular, la concesión de un Injunction Estatutario

requiere un tratamiento especial, enmarcado en un examen o

escrutinio judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon et

al., supra. En ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 443-444 (2003), el

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó, en el contexto de

Interdictos Estatutarios y procedimientos especiales como el

proscrito en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, que:

      [C]oncluimos que el mecanismo que provee dicho
      articulado es estatutario, especial y sumario, limitado
      a la obtención de órdenes para la paralización
      inmediata, provisional o permanente de usos
      contrarios a la ley. A.R.PE. v. Rodríguez, 127 DPR 793,
      808-809 (1991). (Énfasis suplido).

      El recurso de injunction es de carácter discrecional. El peso de

la prueba recaerá sobre la parte promovente, quien tendrá la

obligación de demostrar al tribunal la ausencia de un remedio

adecuado en ley, que es aquel que puede ser otorgado en una acción

de daños, una criminal o cualquier otra disponible. Pérez Vda.

Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 373 (2000).

B. Imposición de Honorarios de Abogado

      Sobre la imposición de honorarios de abogado, el Art. 14.1 de

la Ley 161-2009, supra, dispone:

      [….] El Tribunal impondrá honorarios de abogados
      contra la parte que presenta el recurso bajo este
      Artículo si su petición resulta carente de mérito y
      razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar
      una obra o permiso sin fundamento en ley. Los
      honorarios de abogados bajo este Artículo será una
      suma igual a los honorarios que las otras partes
      asumieron para oponerse a la petición judicial. […]
      (Énfasis suplido).
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                    13

      Por otro lado, la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 44.1, concede la facultad de imponer honorarios de

abogado en los casos que intervenga temeridad o frivolidad. Nuestra

más alta Curia ha definido la temeridad como ¨una actitud que se

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento

y administración de la justicia¨. Fernández v. San Juan Cement Co.

Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

      Se entiende que un litigante actúa con temeridad cuando ¨por

su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista   de    fundamentos,        obliga   a   la   otra   parte,

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito¨. Andamios de P.R. v. Newport Bonding,

179 DPR 503, 520 (2010).

      La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae sobre la

discreción sana del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con

ella en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad. S.L.G.

Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales

apelativos no deben intervenir con el ejercicio de esa discreción,

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción; que

el foro recurrido actuó con prejuicio o parcialidad; que se equivocó

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R.

Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).

                                 III.

      Los primeros dos errores señalados por los Vecinos se

discutirán en conjunto con el error señalado por el Municipio.

Mediante los referidos errores, los apelantes cuestionan la

determinación del TPI de denegar la solicitud de Injunction

Estatutario y de no ordenarle al DRNA la presentación de la

evidencia solicitada por el Municipio.
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                 14

        Según surge de los documentos ante nuestra consideración,

el TPI otorgó un término para que todas las partes sometieran la

prueba documental y testifical que estarían presentando durante la

Vista de Injunction Estatutario, hasta el 31 de mayo de 2023.

Tardíamente, el 16 de junio de 2023, el Municipio solicitó que el TPI

ordenara al DRNA la producción de documentos y la citación de

funcionarios que, según el apelante, demostrarían que el área en

controversia es un humedal. El TPI denegó la solicitud del Municipio

por esta haber sido presentada en una etapa avanzada de los

procedimientos.

        El procedimiento de Injunction Estatutario es uno especial y

sumario por su naturaleza. Acoger la solicitud del Municipio, iría en

contravención con la naturaleza sumaria del procedimiento, ya que

se presentó fuera del término concedido para someter la prueba a

desfilar.

        Durante las vistas de Injunction Preliminar y de Injunction

Estatutario, el Municipio únicamente presentó el testimonio del

Director de Finanzas del Municipio para sustentar sus alegaciones.

De igual manera, los Vecinos solo presentaron el testimonio de los

codemandantes, el Sr. Waldo Muñiz y la Sra. Elizabeth Ortiz. La

prueba desfilada por los demandantes no logró demostrar que el

área era un humedal. Ante la insuficiencia de prueba desfilada por

los promoventes, los codemandados presentaron una moción non

suit.

        Cuando se solicita un Injunction Estatutario, el peso de la

prueba recae sobre el promovente. Al existir un permiso de

construcción expedido por la OGPe, le correspondía al Municipio y

a los Vecinos presentar evidencia que rebatiera la presunción de

corrección y legalidad de la autorización. Los apelantes no podían

descansar en prueba presentada por las demás partes para probar

que el permiso fue otorgado utilizando información falsa o
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                   15

incorrecta. Durante la Vista de Injunction Estatutario, ninguna de

las partes demandantes logró evidenciar que el área de terreno

utilizado para la construcción de las facilidades de telecomunicación

era un humedal, según alegado.

      Por ende, el TPI no cometió un error al denegar la solicitud de

Injunction Estatutario. De otra parte, los apelantes no pudieron

demostrar que el foro primario haya incurrido en perjuicio,

parcialidad o error manifiesto al negarse a ordenar la comparecencia

de los funcionarios del DRNA y la presentación de su informe. La

solicitud del Municipio fue una tardía, tomando en consideración la

naturaleza sumaria y expedita del proceso.

      Resulta menester destacar que, los Vecinos también señalan

en su primer error que las facilidades se están construyendo en

coordenadas distintas a las notificadas durante el proceso de

obtención del permiso de construcción. De entrada, notamos que

este asunto no fue discutido por el TPI en la Sentencia apelada.

Tampoco surge de los documentos ante nuestra consideración que

dicha alegación haya sido presentada ante el TPI. Por lo que estamos

impedidos de pasar revisión sobre ello.

      Por otro lado, los Vecinos señalan que erró el TPI al ordenarles

el pago de honorarios de abogado. En primer lugar, los Vecinos

argumentan que, se encuentran representados por Servicios Legales

de Puerto Rico y que, en consecuencia, están exentos del pago de

honorarios de abogado.

      Los Vecinos fundamentan su argumento en la Ley Núm. 122

de 9 de junio de 1967, según enmendada, conocida como la Ley para

Eximir de Toda Clase de Aranceles a la Corporación de Servicios

Legales de Puerto Rico y otras Entidades Análogas. Sobre Servicios

Legales de Puerto Rico, el Art. 1 dispone que dicha corporación

estará exenta de lo siguiente:
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                  16

      […] en todo lo que fuere pertinente al desempeño de sus
      funciones y logros de sus objetivos o cuando sea
      necesario para el trámite de los casos o asuntos en que
      estuvieren interviniendo a beneficio de las personas a
      quienes están prestando servicios legales gratuitos, del
      pago de toda clase de derechos, aranceles,
      contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza
      dispuestos por las leyes vigentes para la tramitación de
      procedimientos judiciales y la expedición de
      certificaciones en los centros del Gobierno Estatal,
      incluyéndose el sello forense y los impuestos notariales.

          Esta pieza legislativa exime a la Corporación de Servicios

Legales del pago de aranceles para los asuntos que estuviere

interviniendo a beneficio de las personas a las que representa.

Siendo así, solo la corporación y no los clientes, son los que están

exentos de la imposición de pagos en concepto de honorarios de

abogado, costas o gastos del litigio.

      En la alternativa, argumentan que no procede la imposición

de honorarios porque no incurrieron en temeridad.

      Al condenar a los Vecinos al pago de honorarios de abogado,

el TPI expresó:

            A su vez se condena a las partes demandantes el
      Sr. Waldo Muñiz, Sr. José Alfredo Rodríguez Morales y
      Sra. Elizabeth Ortiz Orengo al pago honorarios de
      abogado tras instar una acción legal carente de
      prueba y de méritos en busca de paralizar una obra
      o permiso de construcción sin fundamento en ley tal
      y como provee el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009
      en dichas situaciones. (Énfasis suplido).

      El pago de los honorarios de abogado impuesto a los Vecinos

fue bajo el Art. 14.1 de la Ley 161-2009. El referido Artículo

establece que se impondrán honorarios cuando la petición resulte

carente de mérito y razonabilidad o si fue presentada con el fin de

paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. A diferencia de

la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, al presentar una petición

de Injunction Estatutario, no será requisito la existencia de

temeridad para imponer honorarios de abogado a la parte perdidosa.

Bastará con que la petición haya sido presentada sin fundamento

en ley.
KLAN202300883 CONS. KLAN202300897                                  17

      Por todo lo cual, el TPI no erró al condenar a los apelantes al

pago de honorarios de abogado por la cantidad de $1,000.00. No

surge que la cuantía impuesta sea irrazonable o excesiva.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones