Court Opinion

ID: 9916120
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:09.03544+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:05.636586
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL XI

                                                 Apelación
                                                 procedente del
 B BILLBOARD NC, LLC                             Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
          Apelante                               Superior de
                                                 Bayamón
              v.             KLAN202300880
                                                 Caso Núm.:
 OUT OF HOME MEDIA,                              BY2023CV03691
         LLC
                                                 Sobre:
          Apelados                               Interdicto
                                                 Estatuario al
                                                 Amparo de la Ley
                                                 Núm. 161-2009
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2023.

       Comparece ante nos, B Billboard NC, LLC (parte apelante), y

nos solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia emitida el 30

de agosto de 2023 y notificada el 31 de agosto de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón.

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de

Desestimación por Falta de Jurisdicción Sobre la Materia que

presentó Out of Home Media, LLC (parta apelada). En consecuencia,

el foro recurrido desestimó la Petición de Interdicto Estatutario que

presentó la parte apelante por falta de legitimación activa.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

desestimamos el recurso de apelación por académico.

                               I.

       Según surge del expediente de epígrafe, el 5 de julio de 2023,

la parte apelante presentó una Petición de Interdicto Estatutario al

amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de

20091, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de

1 (23 LPRA sec. 9024).

Número Identificador
SEN2023__________________
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Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161-2009) y de la Ley Núm. 355

de 22 de diciembre de 19992, conocida como la Ley Uniforme de

Rótulos y Anuncios de Puerto Rico (Ley Núm. 355-1999), en contra

de la parte apelada. A grandes rasgos, alegó que la parte apelada

opera una valla publicitaria de exterior sin los permisos ni

autorizaciones correspondientes. Señaló que la parte apelada es una

competidora cuyos intereses se ven afectados por la operación

clandestina por la cual se reclama. Indicó, además, que el permitirle

a una empresa o persona operar comercialmente una obra sin

permiso de uso o de instalación es una competencia desleal, la cual

genera desventaja competitiva en la industria.

       Asimismo, arguyó que sufre un daño directo por las

actuaciones y omisiones de la apelada al colocarle en desventaja, ya

que opera clandestinamente una vaya digital que repercute en la

seguridad del tránsito vehicular. Además, la parte apelante

manifestó que se ve afectada al tener que competir de forma desleal

con una empresa que no cumple con los requisitos de ley para

operar sus vallas, lo que repercute en los gastos a los que se

enfrentan las empresas que sí observan los rigores de ley y

reglamentación. Añadió que dicha actuación constituye una

desventaja injustificada.

       Luego de varios incidentes procesales, el 11 de julio de 2023,

la parte apelada presentó una Solicitud de Desestimación Sumaria.

En apretada síntesis, adujo que procedía la desestimación de la

Petición de Interdicto Estatutario porque la misma deja de exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Esbozó

que basta una lectura de la petición para percatarse que la misma

no es más que una mera transcripción de disposiciones legales y

procesales con ninguna o muy poca referencia a hechos concretos

que permitan al Tribunal y a las partes entender de que se trata la

2 (9 LPRA sec. 51 et seq.).
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reclamación. Así, aclaró que la alegación de que no cuenta con

permiso para la operación de la valla publicitaria es una conclusoria,

sin referencia a hechos concretos en los que se basa tal imputación.

Agregó que la Petición de Interdicto Estatutario no fue juramentada,

ni fue acompañada de una certificación negativa de la agencia para

sostener la presunta ausencia de permiso.

      El 14 de julio de 2023, la parte apelada presentó una Moción

Suplementando la Solicitud de Desestimación Sumaria. En la misma,

reiteró su solicitud de desestimación. Arguyó que, según surge del

Single Business Portal (SBP), el billboard objeto de esta controversia

cuenta con un Permiso para la Instalación de Rótulos y Anuncios

(PRA) expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y que

se encuentra en el proceso de renovación del permiso bajo el caso

2022-420602-017454.

      Así, el 31 de julio de 2023, la parte apelante presentó una

Oposición a Solicitud de Desestimación. En esta, planteó que en sus

escritos la parte apelada ha pasado por alto explicar por qué opera

una valla publicitaria sin permiso y cómo defiende esa actividad

clandestina, ante el hecho cierto de que, el 2 de junio de 2023, el

permiso de instalación venció. Adujo que la parte apelada solicitó la

renovación del permiso el 6 de julio de 2023, es decir, tardíamente.

Aseveró que al permiso no ser una concesión automática ni

obligatoria por parte de la OGPe, no enviste a la parte apelada del

derecho a operar la valla en cuestión ni sustenta una desestimación,

mientras el uso comercial no está autorizado conforme al

ordenamiento.

      El 8 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución y Orden

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación

que presentó la parte apelada. Consecuentemente, el 11 de agosto

de 2023, la parte apelada presentó una Moción de Desestimación por

Falta de Jurisdicción sobre la Materia. En síntesis, expresó que la

parte apelante no posee un interés propietario o personal que podría

verse adversamente afectado por la operación del billboard objeto del
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pleito, por lo que, a la luz del derecho aplicable, la parte apelante no

tiene legitimación activa. Indicó que el Artículo 14.1 de la Ley Núm.

161-2009, supra, exige que, para interponer una petición de

interdicto, el solicitante deberá estar legitimado. Así pues, sostuvo

que, de un análisis de las alegaciones contenidas en la Petición de

Interdicto Estatutario, aun asumiéndolas como ciertas, no se puede

determinar la existencia de algún daño o lesión real e inmediata a

los intereses particulares de la parte apelante causados por la

operación de la valla publicitaria. Concluyó que, la parte apelante

no había establecido la existencia de una controversia genuina y

justiciable, ya sea en términos estatutarios o constitucionales, que

permita la intervención del Tribunal.

      Oportunamente, el 21 de agosto de 2023, la parte apelante

presentó una Oposición a Moción de Desestimación por Falta de

Jurisdicción sobre la Materia. En la misma, acentuó que la Petición

de Interdicto Estatutario estableció con suficiencia – dentro de la

doctrina de justiciabilidad – cuál es su legitimación para pedir el

remedio que invoca. Planteó que la parte apelada es competidora en

la industria de vallas de publicidad exterior y que posee un derecho

propietario como dueña de una valla que radica a 797 metros de

distancia de la valla de la apelada sin autorización válida para ello.

      Asimismo, la parte apelante sostuvo que el permitirle dichas

actuaciones a la apelada constituye una competencia desleal, que

genera una ventaja competitiva injusta e indeseable en la industria.

Por último, enfatizó que las prácticas ilícitas de la apelada afectan

el funcionamiento del mercado y que hay un daño directo que podría

resultar de la operación ilegal, el que repercute en la seguridad del

tránsito vehicular.

      Subsiguientemente, el 30 de agosto de 2023, el TPI emitió una

Sentencia, notificada el 31 de agosto de 2023, mediante la cual

desestimó la causa de acción por falta de legitimación activa. El foro
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de instancia razonó que la parte apelante no tiene legitimación

activa para llevar el pleito de autos a la luz de lo exigido en la

jurisprudencia y en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra.

Enunció, además, que en sus alegaciones la parte apelante no

demostró que tiene un interés sustancial en controversia o que se

haya visto adversamente afectada. Finalmente, dispuso que

reclamar solo competencia desleal no es suficiente y que el alegado

daño no es concreto, ni real.

      Inconforme con esa determinación, el 2 de octubre de 2023,

la parte apelante presentó una Apelación Civil y señaló la comisión

de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al exigir un estándar más riguroso que el
      aplicable a la Parte Apelante para invocar el remedio
      particular estatutario de autos, incongruente con la
      letra y propósito del estatuto creador del remedio,
      el cual concibe que la parte legitimada para obtener
      el remedio es una parte que “podría” resultar
      adversamente afectada en un interés propietario o
      privado.

      SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al desestimar la causa de acción sobre
      interdicto estatutario por falta de legitimación
      activa a pesar de que la Parte Apelante demostró
      dicha legitimación y ello satisfizo el requisito de
      justiciabilidad judicial a tenor del mandato
      legislativo contenido en el Artículo 14.1 de la Ley
      Núm. 161-2009.

      TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al decretar que la Parte Apelante no
      demostró que tiene un interés sustancial en la
      controversia o que se haya visto adversamente
      afectada.

      CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al entender en la tercera moción al
      amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil que
      presentara la Parte Apelada, adjudicando a su favor
      la misma, a pesar de que esta venía obligada a incluir
      todas las defensas u objeciones al amparo de la Regla
      10.2 que le asistieran en una misma moción,
      estando impedida de poder presentar una
      subsiguiente moción fundada en alegaciones
      omitidas y renunciadas.

      Examinado el recurso de apelación, este Tribunal emitió una

Resolución el 13 de octubre de 2023, concediéndole un término de

veinte (20) días a la parte apelada para que expresara su posición al

recurso. El 6 de noviembre de 2023, la parte apelada presentó una
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Solicitud   de   Desestimación     del   Recurso   de   Apelación   por

Academicidad y Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                                 II.

   A. Jurisdicción

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para considerar y decidir casos o controversias con efecto

vinculante para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco,

2023 TSPR 8, 211 DPR ___ (2023). Así pues, la falta de jurisdicción

de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental

Bank, 204 DPR 374 (2020).

      Así, los tribunales no tenemos discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109

DPR 839, 842 (1980). Pues, la ausencia de jurisdicción puede

conllevar la nulidad de los dictámenes emitidos. Allied Mgmt. Group,

Inc. v. Oriental Bank, supra. En efecto, la falta de jurisdicción no

puede ser subsanada, ni podemos arrogarnos la jurisdicción que no

tenemos. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).

Incluso, aunque las partes no lo planteen, estamos obligados a velar

por nuestra jurisdicción. Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601

(1997). Por lo cual, es norma reiterada que las cuestiones

jurisdiccionales son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.

      Así, la falta de jurisdicción tiene las consecuencias siguientes:

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos;

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6)
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puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia

de las partes o por el tribunal motu proprio. S.L.G. Solá-Moreno v.

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Por tanto, cuando este

Foro carece de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos

para el perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).

       Cónsono con lo anterior, este Tribunal de Apelaciones puede

desestimar, motu proprio, un recurso por carecer de jurisdicción.3

Así pues, la Regla 83(C) de nuestro Reglamento, supra, nos concede

la facultad de desestimar por iniciativa propia, un recurso de

apelación por los siguientes fundamentos:

       (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;

       (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
       cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
       causa para ello;

       (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
       buena fe;

       (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
       presentado una controversia sustancial o que ha sido
       interpuesto para demorar los procedimientos;

       (5) que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis
       nuestro.)

   B. Academicidad

       El principio de justiciabilidad requiere la existencia de un caso

o controversia real para que los tribunales puedan ejercer

válidamente el Poder Judicial. Hernández Montañez v. Parés Alicea,

208 DPR 727 (2022). El concepto de justiciabilidad “impone el deber

de examinar si los casos que traban una controversia de índole

constitucional     cumplen      con    determinados      e   indispensables

requisitos previo a una expresión”. Noriega v. Hernández Colón, 135

DPR 406, 420 (1994).         Lo anterior, pues, “los tribunales existen

únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre

partes opuestas que tienen un interés real en obtener un remedio

3 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A.
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que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80

DPR 552, 558-559 (1958). Por consiguiente, para poder ejercer de

forma válida nuestra facultad de interpretar la ley, es necesario que

el caso presente una controversia auténtica, definida y concreta,

dentro de un contexto adversativo. De lo contrario, procede la

desestimación del recurso presentado porque, como no existe una

controversia real entre los litigantes, el tribunal debe abstenerse de

adjudicarlo.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una

controversia no es justiciable en las siguientes circunstancias, a

saber: (1) cuando la cuestión a resolver es una cuestión política; (2)

cuando el pleito no está maduro; (3) cuando, después de iniciado

el pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; (4)

cuando lo que se procura obtener es una opinión consultiva; y (5)

cuando las partes no poseen legitimación activa para incoar la

acción presentada. (Énfasis nuestro). Noriega v. Hernández Colón,

supra, a la pág. 421.

      Así pues, entre los elementos a evaluar para determinar si un

caso es justiciable se encuentran, si después que ha comenzado el

pleito, hechos posteriores lo convierten en académico. Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). Nuestro

Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a academicidad recoge la

situación   en   que,   aun   cumplidos    todos   los   criterios   de

justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el derecho durante

el trámite judicial que tornan académica o ficticia la solución del

pleito”. UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010).

Véase, además, Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 (2010).

      Un pleito es académico cuando se trata de obtener un fallo

sobre una controversia inexistente, o una sentencia sobre un asunto
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el cual, por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos. RBR

Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999).4

       La doctrina de la academicidad tiene como fin: “(1) evitar el

uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar que haya la

adversidad suficiente para que las controversias se presenten y

defiendan competente y vigorosamente; y (3) evitar precedentes

innecesarios”. UPR v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 280.

       Una vez se determina que un pleito es académico, por

imperativo constitucional —ausencia de caso o controversia—, o

autolimitación     judicial,   los   tribunales   deben     abstenerse     de

considerarlo en sus méritos. Asoc. De Periodistas v. González, 127

DPR 704, 719 (1991).

                                     III.

       Del trámite procesal antes discutido surge que, el 30 de agosto

de 2023, el foro de instancia emitió una Sentencia, notificada el 31

de agosto de 2023, mediante la cual desestimó la causa de acción

por falta de legitimación activa. El foro recurrido razonó que la parte

apelante no tiene legitimación activa para llevar el pleito de autos a

la luz de lo exigido en la jurisprudencia y en el Artículo 14.1 de la

Ley Núm. 161-2009, supra. Además, sostuvo que en sus alegaciones

la parte apelante no demostró que tiene un interés sustancial en

controversia o que se haya visto adversamente afectada. Concluyó

que reclamar solo competencia desleal no es suficiente y que el

alegado daño no es concreto, ni real.

       Insatisfecho con esa determinación, el 2 de octubre de 2023,

la parte apelante presentó ante este Tribunal un recurso de

apelación. Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, la parte apelada

presentó una Solicitud de Desestimación del Recurso de Apelación

por Academicidad y Alegato de la Parte Apelada. En la misma, alegó

que procede la desestimación del recurso de apelación, ya que la

controversia se tornó académica desde el momento en que la OGPe

4 Véase, además, Hon. Eduardo Bhatia Gautier v. Gobernador et al., 199 DPR 59,

73 (2017).
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expidió el Permiso de Instalación Enmendado conteniendo el nuevo

número de catastro. Así, reiteró que la enmienda al Permiso de

Instalación convirtió en académica la única reclamación de la parte

apelante, lo cual priva de autoridad a este Tribunal para entender

en los méritos que la parte apelante propone en sus señalamientos

de error. A su vez, indicó que la controversia no es justiciable. Tiene

razón.

      Surge del derecho que antecede que la jurisdicción es el poder

o la autoridad que posee un tribunal para considerar y decidir casos

o controversias con efecto vinculante para las partes. MCS

Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra. Así pues, cuando este Foro

carece de jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos

para el perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra.

      Cónsono con lo anterior, la Regla 83(C) de nuestro

Reglamento, supra, nos concede la facultad de desestimar por

iniciativa propia, un recurso de apelación, entre otras cosas, porque

el recurso se ha convertido en académico. Es decir, para poder

ejercer de forma válida nuestra facultad de interpretar la ley, es

necesario que el caso presente una controversia auténtica, definida

y concreta, dentro de un contexto adversativo.

      Tras   un   análisis     detallado   del   expediente   ante   nos,

específicamente, de la Petición de Interdicto Estatutario, así como del

derecho aplicable, es forzoso concluir que la controversia no es una

justiciable. Así, la controversia se tornó académica desde el

momento en que la OGPe expidió el Permiso de Instalación

Enmendado conteniendo el nuevo número de catastro. Pues, en el

caso de epígrafe la única controversia planteada por la parte

apelante fue la ilegalidad del Permiso de Instalación del billboard y

consecuentemente, la presunta competencia desleal que emanaba
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de dicha ilegalidad. Por lo cual, a la OGPe enmendar el Permiso de

Instalación para incorporarle el nuevo número de catastro y

conformarlo al Mapa de Catastro Digital del CRIM, la controversia

es inexistente.

      Tal y como consignamos en el derecho aplicable, un pleito es

académico cuando se trata de obtener un fallo sobre una

controversia inexistente, o una sentencia sobre un asunto el cual,

por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos. RBR Const., S.E.

v. A.C., supra. Al determinar que la controversia ante nos es

inexistente, carecemos de jurisdicción para atender el recurso.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, desestimamos el recurso de apelación

por académico.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones