Court Opinion

ID: 9928565
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:43.334274+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:44.876771
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL1

     TLS MANAGEMENT AND                             Certiorari
    MARKETING SERVICES, LLC                         procedente del
                                                    Tribunal de
             Recurrida                              Primera
                                                    Instancia, Sala
                 v.                   KLCE202301289 de San Juan

     DONALD T. ALLEN; KAREN                                Civil núm.:
    H. ALLEN y la Sociedad Legal                           K AC2016-0722
       de Bienes Gananciales
        compuesta por ambos                                Sobre: Sentencia
                                                           Declaratoria
           Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el
Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2023.

        Luego de que el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) dictase

una sentencia mediante la cual determinó que una parte le

respondía a otra por daños y perjuicios y, además, que había

incurrido en temeridad, dicho foro determinó que la sentencia solo

devengaría intereses desde que se dictó. Según se explica en detalle

a continuación, concluimos que erró el TPI, pues la norma es que,

cuando en un caso de daños y perjuicios se determina que hubo

temeridad, los intereses se computan desde la presentación de la

demanda.

                                       I.

        En julio de 2016, TLS Management and Marketing Services,

LLC (“TLS” o el “Asesor”), presentó la acción de referencia, sobre

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLAN2022001054 y
KLAN2O2201077).

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202301289                                                          2

sentencia declaratoria, daños y difamación, contra los esposos

Donald T. Allen y Karen H. Allen (el “Matrimonio” o los “Clientes”).

        En noviembre de 2016, los Clientes contestaron la demanda

y reconvinieron; presentaron reclamaciones por fraude, falsa

representación, violación al deber de fiducia, incumplimiento de

contrato, negligencia profesional, enriquecimiento injusto y libelo.

En esencia, alegaron que TLS incumplió con sus obligaciones bajo

el Contrato y brindaron asesoramientos incorrectos e inadecuados,

lo cual les ocasionó daños. El Asesor contestó la reconvención.

        En agosto de 2018, el TPI notificó una Sentencia Parcial

mediante la cual dispuso de la demanda instada por TLS, ello a raíz

de una Moción Informando Aceptación de Oferta de Sentencia bajo la

Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 35.1. Mediante

la referida sentencia, se condenó al Matrimonio a pagar $1.00 a TLS,

quedando pendiente de adjudicación la reconvención.

        El juicio en su fondo, con el fin de adjudicar la reconvención,

se celebró en agosto de 2022.

        Mediante una sentencia notificada el 31 de octubre de 2022

(la “Sentencia”), el TPI concluyó que los Clientes probaron las

reclamaciones     por    impericia    profesional    e   incumplimiento

contractual. El TPI determinó que el Asesor debía responder por

daños    económicos     ascendentes    a   $23,850.00     y   por   daños

emocionales ascendentes a $35,000.00.               Por último, el TPI

concluyó que TLS había incurrido en temeridad y le condenó al

pago de $10,000.00 por concepto de honorarios de abogado.

        Inconforme, TLS apeló la Sentencia (KLAN202201054); como

uno de los señalamientos de error, planteó que el TPI había errado

al “conceder la suma de $10,000.00 por concepto de honorarios de

abogado, sin fundamentar su determinación de temeridad en el

tracto procesal del caso de autos y a la luz del derecho aplicable.”
KLCE202301289                                                      3

      Este Tribunal concluyó, al respecto, que procedía confirmar la

determinación de que “TLS incurrió en temeridad”, así como la

cuantía concedida por el TPI por dicho concepto. Véase Sentencia

de   30    de   marzo     de   2023    (KLAN202201054    cons.   con

KLAN202201077). Así pues, concluimos que el “récord sost[enía]

ampliamente la conclusión del TPI de que TLS incurrió en

temeridad, pues dicha parte hizo necesario un pleito que se pudo

evitar y causó que el Matrimonio incurriese en gestiones evitables.”

Añadimos que “el TPI quedó convencido de que TLS retuvo un

formulario contributivo (‘tax form’) como una estrategia de litigio

para impedir que el pago de la Contribución se tomase en

consideración como parte de los daños sufridos”. Resaltamos que

“los Clientes tuvieron que esperar hasta el descubrimiento de

prueba para conocer los estados financieros de los fondos

transferidos a TLS y que no recobraron el remanente del dinero al

momento del cierre de su división hasta que el TPI ordenó el pago

en el 2017.”

      En agosto de 2023, los Clientes solicitaron al TPI que aclarase

que la sentencia a su favor devengaría intereses desde la

presentación de la reconvención (15 de noviembre de 2016) (la

“Moción”).

      TLS se opuso; planteó que no procedía el pago de intereses

desde la presentación de la reconvención porque, aunque el TPI

determinó que TLS había actuado con temeridad “por actos

prelitigio”, en realidad dicha parte no actuó temerariamente

“durante el litigio” (énfasis en original).

      Mediante una Resolución notificada el 26 de septiembre, el

TPI condenó a TLS al pago de ciertas partidas por concepto de

costas, cuyo total ascendió a $17,564.44.
KLCE202301289                                                        4

      Ese mismo día, el TPI notificó una Orden mediante la cual

denegó la Moción (la “Orden”), ello al concluir que la Sentencia

únicamente devengaba intereses desde que se dictó.

      El 11 de octubre, los Clientes solicitaron la reconsideración de

la Orden; además, plantearon que TLS debía ser obligado a

satisfacer intereses sobre la cuantía concedida por costas, desde que

se dictó la sentencia.

      TLS se opuso a la moción de reconsideración. En cuanto al

interés sobre las costas concedidas, arguyó que no fue hasta finales

de septiembre de 2023 que el TPI las concedió y que unos días luego

(3 de octubre), TLS las había satisfecho. Por tanto, sostuvo que no

procedía pagar intereses, desde que se dictó la Sentencia, sobre una

cuantía que no se determinó hasta septiembre de 2023. En cuanto

a desde cuándo la Sentencia debía devengar intereses, reiteró lo

expuesto anteriormente al TPI.

      Mediante una Orden notificada el 18 de octubre, el TPI denegó

la referida moción de reconsideración.

      Inconformes, el 17 de noviembre, los Clientes presentaron el

recurso que nos ocupa.      Plantean que el TPI erró al “excluir las

costas del cómputo del interés legal post-sentecia” y al “no imponer

interés legal presentencia a TLS”.

      Le ordenamos a TLS mostrar causa por la cual no debíamos

expedir el auto solicitado con el fin de “revocar aquella parte del

dictamen recurrido relacionada con el momento a partir del cual

comienza a devengar intereses la compensación por daños y

perjuicios concedida” a los Clientes, ello a raíz de que el TPI

determinó que TLS había incurrido en temeridad.

      El 8 de diciembre, TLS compareció y reprodujo lo planteado

ante el TPI. Insistió en que, durante el litigio, había actuado “con la

diligencia y responsabilidad que requiere nuestro ordenamiento” y
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que     “cualquier       determinación         de      temeridad      responde,

exclusivamente, a actuaciones extrajudiciales”. Resolvemos2.

                                        II.

       La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 44.1(d), permite la concesión de honorarios de abogado cuando

una parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o

frivolidad. Existe temeridad cuando una parte hace necesario un

pleito que se pudo evitar, prolonga innecesariamente un pleito o

causa que otra parte incurra en gestiones evitables. Fernández

v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987). El

propósito de esta regla es penalizar al litigante perdidoso que, “por

su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista      de     fundamentos,          obliga    a    la    otra      parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconvenientes de un pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR

695, 702 (1999).        La concesión de honorarios por temeridad es

discrecional de los tribunales de instancia, por lo que solo será

modificada en apelación si se demuestra que hubo abuso de

discreción. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).

       Por su parte, la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 44.3, reglamenta los intereses correspondientes a

una sentencia.3       La citada regla establece dos tipos de intereses

legales: el interés post-sentencia y pre-sentencia.

2 Contrario a lo planteado por TLS, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, no impide que revisemos un dictamen post-sentencia. Ello
porque estas determinaciones no pueden ser revisadas en apelación, pues no
habrá sentencia posterior que se pueda apelar. Véase, por ejemplo, IG Builders,
et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).
3 A tales efectos, la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone (énfasis

suplido):

       a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta
       Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones
       Financieras, y que esté en vigor al momento de dictarse la
       sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a
       computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que
       se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, incluyendo
       costas y honorarios de abogados. El tipo de interés se hará constar
       en la sentencia.
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      El interés post-sentencia es al que tiene derecho toda parte

que obtenga a su favor una sentencia; se calcula sobre la cuantía de

la sentencia desde el momento en que ésta se dicte hasta que sea

satisfecha. Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 425 (2002). Su

imposición es de carácter mandatorio. Gutiérrez Calderón v. AAA,

167 DPR 130, 137 (2006); Mun. de Mayaguez v. Rivera, 113 DPR

467, 470 (1982); PR Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 82 DPR 621,

622-623 (1962); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis Puerto

Rico, 2017, secs. 4301 y 4302, pág. 434. Por mandato de ley, son

los únicos intereses que deben ser considerados automáticamente

como parte de la sentencia, y pueden ser recobrados aun cuando no

se mencionen en la misma. Porto Rican and Am. Ins. Co. v. Tribunal

Superior, 84 DPR 621, 622-623 (1962) (Sentencia) (haciendo

referencia a Rivera v. Crescioni, 77 DPR 47, 55-56 (1954); véase,

además, Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 472 (2010); Gutiérrez

Calderón, 167 DPR a las págs. 136-137.

      Por otra parte, el interés pre-sentencia se impone en aquellos

casos sobre cobro de dinero, o sobre daños y perjuicios, cuando la

parte haya procedido temerariamente. Gutiérrez Calderón, 167 DPR

a la pág. 137; Lameiro v. Dávila, 103 DPR 834, 841 (1976); Regla

44.3 de Procedimiento Civil, supra; Hernández Colón, op. Cit., sec.

          La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de interés por
      sentencia tomando en consideración el movimiento en el mercado
      y con el objetivo de desalentar la radicación de demandas frívolas,
      evitar la posposición irrazonable en el cumplimiento de las
      obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias en el
      menor tiempo posible.

      b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido
      con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta
      en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento
      de dictarse la sentencia desde que haya surgido la causa de acción
      en todo caso de cobro de dinero y desde la presentación de la
      demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que
      se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia,
      excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado
      de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o
      funcionarios(as) en su carácter oficial. El tipo de interés se hará
      constar en la sentencia.
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4303, pág. 435.    El mismo se fija sobre la suma principal de la

sentencia dictada, sin incluir las costas ni honorarios de abogado.

En los casos de cobro de dinero, se computa desde que surge la

causa de acción; en los casos de daños y perjuicios, a partir de la

presentación de la demanda. Gutiérrez Calderón, 167 DPR a la pág.

137.

                                 III.

       De conformidad con la norma claramente establecida, erró el

TPI al negarse a ordenarle a TLS el pago de intereses sobre la

Sentencia a partir de la presentación por los Clientes de la

reconvención.     Según arriba expuesto, en casos de daños y

perjuicios (como es el caso de la reconvención), cuando se determina

que el reclamado actuó con temeridad (como ocurrió aquí), el

reclamante tiene derecho a cobrar intereses sobre la cuantía

concedida desde la presentación de la reclamación.

       Contrario a lo planteado por TLS, no existen dos tipos de

temeridad (una por conducta pre-litigio, otra por conducta litigiosa),

según lo cual una sola de ellas activaría la obligación de pagar

intereses desde la presentación de una demanda. Existe solo un

tipo de temeridad y, aquí, el TPI determinó, de forma final y firme,

que TLS incurrió en ella. Por tanto, el TPI no tenía otra opción sino

ordenar que los intereses sobre la Sentencia se comenzaran a

calcular desde la presentación de la reconvención de los Clientes.

En cualquier caso, la realidad es que, contrario a lo planteado por

TLS, en la Sentencia explícitamente se determinó que TLS había

incurrido en conducta temeraria durante el litigio de referencia.

       En cuanto a la determinación del TPI de que no procedía el

pago de intereses sobre el cómputo de las costas concedidas a los

Clientes, concluimos que no procede nuestra intervención. No fue

hasta finales de septiembre de 2023, aproximadamente un año

luego de la Sentencia, que el TPI adjudicó la cuantía de costas que
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TLS debía satisfacer a los Clientes. Esta cuantía se pagó pocos días

después (el 3 de octubre). Por tanto, no procedía, como pretenden

los Clientes, que se computen intereses sobre las costas desde que

se dictó la Sentencia. Adviértase que el fin de imponer el pago de

intereses es evitar que se posponga el cumplimiento con una

obligación, más aquí la obligación de pagar una determinada

cuantía de costas no surgió hasta que el TPI adjudicó al respecto en

septiembre de 2023.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se revoca parcialmente

el dictamen recurrido y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia   para   la   continuación   de   los   procedimientos   de

conformidad con lo aquí resuelto y expuesto.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones