Court Opinion

ID: 9952195
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:56.418705+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:16.851793
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

                                                 Certiorari
   LT AUTOMATION, INC.                           procedente del
                                                 Tribunal de Primera
            Recurrida                            Instancia, Sala
                                   KLCE202400216 Superior de Yauco
                  v.
                                                          Civil núm.:
  GOBIERNO MUNICIPAL                                      GY2022CV00142
    DE GUAYANILLA
                                                          Sobre: Revisión
            Peticionario                                  Administrativa

Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el
juez Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria
Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      El      Tribunal      de   Primera      Instancia   (“TPI”)   denegó   la

desestimación de un recurso de revisión de una notificación, por un

municipio, de una deficiencia en el pago de un arbitrio de

construcción.          Según se explica a continuación, concluimos que

actuó correctamente el TPI, pues, por la naturaleza del recurso, no

es aplicable lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil en

cuanto al emplazamiento, sino que el recurso puede ser notificado

al municipio, como lo fue aquí, por correo certificado con acuse de

recibo.

                                         I.

      El 6 de septiembre de 2022, LT Automation, Inc. (la

“Recurrente”) presentó ante el TPI una acción de revisión judicial (el

“Recurso”) en contra del municipio de Guayanilla (el “Municipio”).

Se solicitó la revisión de una Determinación de deficiencia de

arbitrios    de    construcción    (la   “Determinación      Administrativa”)

notificada por el Municipio, a la Recurrente, el 16 de agosto de 2022.

El mismo 6 de septiembre, la Recurrente le acreditó al TPI que le

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400216                                                      2

había notificado el Recurso al Municipio mediante correo certificado

con acuse de recibo.

      En diciembre de 2022, el Municipio solicitó la desestimación

del Recurso (la “Moción”). En lo pertinente, planteó que “la revisión

judicial contemplada en el Código Municipal de Puerto Rico es una

acción civil” que requiere que la parte recurrente cumpla con la

Regla 4 de las de Procedimiento Civil, infra, en cuanto al

emplazamiento de una parte demandada. El Municipio arguyó que,

como el Recurrente no cumplió con dicha disposición, sino que le

notificó el Recurso por correo certificado con acuse de recibo, la

acción de referencia debía desestimarse.

      La Recurrente se opuso a la Moción. Arguyó que, por tratarse

la acción de referencia de un recurso de revisión judicial, “no

procede el emplazamiento personal conforme la Regla 4 de

Procedimiento Civil”. Añadió que era incontrovertido que, dentro del

término aplicable, se había presentado el recurso y se había enviado

al Municipio el mismo mediante “correo certificado con acuse de

recibo”.

      Mediante una Orden notificada el 14 de marzo (la “Orden”), el

TPI denegó la Moción.

      El 29 de marzo, el Municipio solicitó la reconsideración de la

Orden, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Resolución

notificada el 22 de enero.

      Inconforme, el 21 de febrero, el Municipio presentó el recurso

que nos ocupa, en el cual reproduce lo planteado en la Moción.

Disponemos.

                                 II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,
KLCE202400216                                                       3

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para

determinar si expide el auto y, así, revisa los méritos de la

determinación recurrida. Sin embargo, esta discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:

            El recurso de certiorari para revisar resoluciones
            u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
            de Primera Instancia, solamente será expedido
            por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra
            de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
            de este apéndice o de la denegatoria de una
            moción de carácter dispositivo. No obstante, y por
            excepción a lo dispuesto anteriormente, el
            Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
            resoluciones interlocutorias dictadas por el
            Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra
            de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
            de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos
            a privilegios evidenciarios, anotaciones de
            rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
            casos que revistan interés público o en cualquier
            otra situación en la cual esperar a la apelación
            constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
            ….

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

            El Tribunal tomará en consideración los
            siguientes criterios al determinar la expedición de
            un auto de certiorari o de una orden de mostrar
            causa:

            (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.

            (B) Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

            (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
            por el Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202400216                                                                4

               (D) Si el asunto planteado exige consideración
               más detenida a la luz de los autos originales, los
               cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
               elaborados.

               (E) Si la etapa del procedimiento en que se
               presenta el caso es la más propicia para su
               consideración.

               (F) Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa no causan un fraccionamiento
               indebido del pleito y una dilación indeseable en la
               solución final del litigio.

               (G) Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

      La denegación de una petición de expedición del auto de

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento

en apelación. Torres Martínez, supra.

                                      III.

      Concluimos que actuó correctamente el TPI al denegar la

Moción. Contrario a lo planteado por el Municipio, no aplica en este

contexto la Regla 4 de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R.

4.

      La Regla 4, supra, solo aplica cuando, a través de una acción

judicial ordinaria, se inicia una reclamación. En cambio, esta regla

no aplica cuando, como ocurre aquí, el recurso presentado ante el

TPI es de revisión judicial de una determinación administrativa.

Adviértase que, en este caso, quien realmente inició la litigación

formal      entre   las   partes    fue   el   Municipio,   al   notificar   la

Determinación Administrativa a la Recurrente. El Recurso es, en

este contexto, una actuación defensiva de la Recurrente, mediante

la   cual     se    impugna    la    Determinación     Administrativa,       de

conformidad con lo contemplado por ley.

      Por tanto, y por analogía, rige aquí, en cuanto a la notificación

del Recurso, lo dispuesto sobre la notificación de un recurso de

revisión judicial en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que

es el foro que ordinariamente atiende en primera instancia este tipo
KLCE202400216                                                        5

de asunto.    Véase Regla 58(B) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 58(B). Nuestra conclusión se

fortalece al advertirse que la Ley 107-2020 (“Código Municipal”) no

dispone nada en cuanto a la forma en que recursos como el de

referencia deben ser notificados.

      Al surgir de forma incontrovertida del récord que la

Recurrente notificó el Recurso al Municipio oportunamente y de

conformidad con lo dispuesto en la Regla 58(B), supra, el TPI actuó

conforme a derecho al denegar la Moción.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega expedir el

auto de certiorari solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones