Court Opinion

ID: 9394834
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:57.315212+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.499283
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VII

                                                      Certiorari procedente
      YARI ESTHER ROBLES                              del Tribunal de
        CARRASQUILLO                                  Primera Instancia,
                                                      Sala Superior de
            PETICIONARIA                              Caguas

                    v.                 KLCE202300389 Caso Número:
                                                     CG2021RF00892
    HÉCTOR MANUEL CORTÉS
           SANTOS                                     Sobre: Divorcio-
                                                      Ruptura Irreparable
             RECURRIDO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                     RESOLUCIÓN

          En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

          Comparece ante nosotros Yari E. Robles Carrasquillo (peticionaria)

a través del presente recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos

la Resolución y orden sobre consignación de fondos a nombre de las

menores, emitida por Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Caguas (TPI) el 11 de enero de 2023, notificada el 12 del mismo mes y

año.1

          Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a

continuación denegamos expedir el auto de certiorari.

                                          I

          El 27 de junio de 2022, la peticionaria y madre de las menores,

P.C.R. y F.C.R., instó ante el TPI la Moción solicitando orden y protección

de los fondos pertenecientes a las menores producto de regalías y

donaciones a estas.2 En esencia, la peticionaria solicitó una orden del

Tribunal para proteger los fondos depositados en las cuentas bancarias,

pertenecientes a las menores. Lo anterior, ya que –según surge de sus

alegaciones– el demandado y padre de las menores, como único

1   Apéndice del recurso, pág. 20.
2   Apéndice del recurso, pág. 64.

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202300389                                                            2

administrador en dos de las cuentas bancarias, desea cerrarlas y dividir el

dinero entre él y la peticionaria. Inmediatamente, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Orden en la cual requirió a las partes a presentar un

inventario de los bienes pertenecientes a las menores y la procedencia de

los mismos, esto con la intervención del Ministerio Público.3

        Luego de cumplir ambas partes con la orden del Tribunal, la

Procuradora de Asuntos de Familia sometió el Informe Fiscal, a través del

cual solicitó –entre otros– que se ordenase “la consignación en el Tribunal

de todos los fondos existentes en una cuenta a nombre de cada menor.”

Además, la Procuradora de Asuntos de Familia pidió al Tribunal, a través

del Informe Fiscal Inicial Enmendado, que emitiese “orden a las

instituciones bancarias [de las cuentas en controversia] prohibiendo

cualquier tipo de desembolso o retiro sin una orden judicial previa.”4

Adicional, la Procuradora de Asuntos de Familia presentó Moción en

Cumplimiento de Orden, después de haber evaluado las posturas de las

partes sobre sus Informes anteriores, en la cual pidió al Tribunal resolver

“que los fondos habidos en las cuentas bancarias [del] Banco Popular son

bienes pertenecientes a las menores y no a la comunidad post

ganancial”.5

        Posteriormente, atendidas las posturas de las partes, y del

Ministerio Público por conducto de la Procuradora de Asuntos de Familia,

el Tribunal emitió la Resolución recurrida, en la cual declaró Ha Lugar la

solicitud de la Procuradora de Relaciones de Familia, por lo cual, ordenó

como medida cautelar “la consignación de todos los fondos que existen

en las instituciones bancarias a nombre de las menores, en la Unidad de

Cuentas del Tribunal.”6

        Inconforme, el 27 de enero de 2023, la peticionaria presentó una

moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI

el 7 de marzo de 2023. Lo anterior, luego de evaluar las posturas y

3 Apéndice del recurso, pág. 62.
4 Apéndice del recurso, pág. 54.
5 Apéndice del recurso, pág. 32.
6 Apéndice del recurso, pág. 20.
KLCE202300389                                                                3

escritos de las partes, relacionados con la solicitud de reconsideración.7

Aún inconforme, la peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones y

nos señala la comisión del siguiente error:

       Señalamiento de error: Erró el TPI al limitar la patria
       potestad de la madre/demandante sin que exista evidencia o
       alegación alguna de negligencia o ineptitud al administrar
       los fondos de las menores, ello contrario a las disposiciones
       normativas sobre el particular y al debido proceso de ley y
       no darle la administración de la totalidad de los fondos de
       las menores a la madre.

       Prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida, sin trámite

ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).8

                                      II

       El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012), que cita a: Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v.

BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1 (Regla 52.1). En específico, la Regla 52.1 dispone lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
       Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

7Apéndice del recurso, pág. 1.
8 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra]
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”.
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      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. […]

      De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si

se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida

dentro de una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1,

toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente,

se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos en los que la materia

no esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a

expedir el auto de certiorari automáticamente.

      Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40),

debemos o no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40

establece los criterios que debemos tomar en consideración para

determinar si expedimos o no un auto de certiorari, como sigue:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

      A su vez, los foros apelativos “no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184
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DPR 689, 709 (2012), que cita a: Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986). Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, “salvo cuando dicho foro

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v.

Caribbean Int´l News, 151 DPR 649, 664 (2000).

           Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un

auto de certiorari de acuerdo con la Regla 52.1, este Tribunal no tiene que

fundamentar su decisión.

                                         III

           En su escrito de certiorari, la peticionaria nos señala que incidió el

foro primario al ordenar la consignación de los fondos de las cuentas de

las menores en el Tribunal, limitándole de esta forma su derecho a ejercer

la patria potestad sobre sus hijas menores de edad. Igualmente, señaló

que erró el TPI al no permitirle “la administración de la totalidad de los

fondos de las menores”.9 Ahora bien, luego de evaluar el expediente ante

nuestra consideración, observamos que, el Tribunal de Primera Instancia

como parte de su discreción en el manejo del caso, concedió una medida

cautelar al ordenar a las partes consignar los fondos de las cuentas de

las menores en la Unidad de Cuentas del Tribunal. Lo anterior, luego de

acoger la sugerencia de la Procuradora de la Familia, en beneficio del

mejor bienestar de las menores.

           Por tratarse de un recurso de certiorari nos corresponde evaluar si

el asunto ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Ciertamente, el

presente recurso recurso incide sobre una de las materias incluidas en la

Regla 52.1, entiéndase, las relaciones de familia, por lo que tenemos

jurisdicción bajo dicha disposición legal. No obstante, superada esta

etapa debemos realizar la segunda parte del análisis, es decir, si

conforme la discreción concedida a este Tribunal revisor mediante la

9   Petición de certiorari, pág. 8.
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Regla 40, debemos expedir el auto. Evaluada la Resolución recurrida,

somos del criterio de que la misma trata de un incidente procesal

relacionado con el manejo del caso. Por ello, damos deferencia al foro

primario en su determinación. Además, no vemos que el TPI haya

abusado de su discreción o que haya aplicado el Derecho de forma

errada o actuado de manera arbitraria, con pasión, perjuicio o parcialidad.

       Por lo todo lo anterior, en ausencia de alguno de los criterios

contemplados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, no se justifica nuestra intervención en esta etapa del

procedimiento,    por    lo   que    denegamos      la     expedición   del

recurso solicitado.

                                    IV

       Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el auto

de certiorari.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones