Court Opinion

ID: 9690476
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:14:33.068385+00
Date Added: 2024-06-11T08:52:15.936905
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

      ORIENTAL BANK                                       APELACIÓN
                                                          procedente del
    Demandante-Recurrido                                  Tribunal de Primera
                                                          Instancia, Sala
              v.                                          Superior de Bayamón
                                 KLAN202300604
    ZAF CORPORATION;
     GRANITE STONE                                        Civil Núm.:
    DESIGN, INC.; FIDEL                                   D CD2014-3040
     CASTILLO ORTIZ;
     ZULMA CASTILLO
     ORTIZ; ANGELINA                                      Sobre: Cobro de
     ORTIZ CINTRÓN;                                       Dinero y Ejecución
       FACAS LLC.                                         de Hipoteca por la vía
                                                          ordinaria
        Demandados-
         Recurridos                                       SE ACOGE COMO
                                                          CERTIORARI

     GRACE MONGE LA
         FOSSE

        Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el juez Rivera Torres, la jueza
Santiago Calderón y la jueza Álvarez Esnard.

Rivera Torres, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

        Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Grace

Monge La Fosse (la señora Monge La Fosse o la peticionaria)

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que

revisemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (el TPI), el 19 de mayo de 2023,

notificada el 23 del mismo mes y año. En dicho dictamen, el foro

primario reiteró que la peticionaria no es parte del presente pleito

y que al mismo no le es de aplicación la figura de retracto de crédito

litigioso.

1 Debido a que la Hon. Olga E. Birriel Cardona cesó funciones como jueza del
Tribunal de Apelaciones se modifica la integración del panel en el caso de epígrafe.
(OATA-2023-128 13 de julio de 2023)

Número Identificador
RES2023 __________________
KLAN202300604                                                               2

       El recurso de apelación presentado se acoge como una

petición de certiorari por ser el recurso adecuado. Sin embargo, por

economía       procesal,   conservará       la   clasificación   alfanumérica

asignada por nuestra Secretaría.

       Por    los    fundamentos      que    exponemos      a    continuación,

denegamos la expedición el auto de certiorari solicitado.

                                       I.

       El caso de epígrafe tiene su génesis el 21 de noviembre de

2014 mediante una Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de

Hipoteca instada originalmente por Scotiabank de Puerto Rico

contra los demandados de epígrafe.2

       Luego de múltiples trámites procesales, los cuales no son

necesarios consignar, el 19 de mayo de 2023 se dictó la Resolución

recurrida en la cual, luego de celebrada la vista argumentativa, se

resolvió que la peticionaria no tiene derecho a ser parte en el pleito

y reafirmó que la figura del retrato de crédito litigioso no es aplicable.

El 6 de junio siguiente la peticionaria solicitó la reconsideración del

dictamen y la aplicación de la Regla 22.3 de las de Procedimiento

Civil a los fines de ser incluida “dentro del componente de parte

demandada.”3 Oriental Bank, actual demandante, presentó su

oposición. Adujo que la señora Monge La Fosse pretender relitigar

dictámenes previos que constituyen la ley del caso. A su vez, señaló

que “[l]a conducta de la Sra. Monge raya en un abuso del derecho

con el propósito de seguir atrasando los trámites del caso.”4

Atendidas ambas mociones el foro recurrido declaró No Ha Lugar a

la reconsideración.

2 Destacamos que al día de hoy el TPI no ha dictado sentencia final.
3 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 976
4 Íd., a la pág. 1010.
KLAN202300604                                                              3

       Aún inconforme, la peticionaria acude ante este foro

intermedio mediante el recurso de epígrafe imputándole al tribunal

de primera instancia haber incurrido en el siguiente error:

          EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL
          DENEGAR LOS DERECHOS DE LA CESIONARIA
          BAJO LA REGLA 22.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL
          Y AL NO REINSTALAR EL CORRECTO DICTAMEN,
          FINAL Y FIRME, DEL HON. JUEZ ANDINO
          OLGUÍN ARROYO QUE DECLARÓ CON LUGAR EL
          RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO Y ORDENÓ
          AL DEMANDANTE INFORMAR EL PRECIO
          PAGADO POR EL CRÉDITO [EL EJERCICIO DEL
          DERECHO SE INTERPUSO ANTES DEL CASO
          DEL DLJ v. SANTIAGO, 2019 TSPR 129].

       Examinado     el   recurso    presentado,   y     al   tenor   de   la

determinación arribada, determinamos prescindir del escrito en

oposición según nos faculta la Regla 7 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, (R. 7).

       Analizados el escrito y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                    II.

       El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Todo recurso de certiorari

presentado    ante   este   foro    apelativo   deberá    ser   examinado

primeramente al palio de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil,

supra. Dicha regla limita la autoridad y el alcance de la facultad

revisora de este foro apelativo sobre órdenes y resoluciones dictadas

por el foro de primera instancia, revisables mediante el recurso de

certiorari.

       Por tanto, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari deberá tener cabida bajo alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

Ello, debido a que el mandato de la mencionada regla dispone
KLAN202300604                                                         4

expresamente que solamente será expedido el auto de certiorari para

la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de

una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

      Así, pues, reiteramos que para determinar si debemos expedir

un auto de certiorari, debemos determinar primeramente si el asunto

que se trae ante nuestra consideración versa sobre alguna de las

antedichas materias especificadas en la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, aún cuando el asunto esté

contemplado por dicha regla, para determinar si procede la

expedición de un recurso, debemos acudir a lo dispuesto en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 40, que lee como sigue:

        El tribunal tomará en consideración los siguientes
        criterios al determinar la expedición de un auto de
        certiorari:
        A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.
        B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.
        C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.
        D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
        E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.
        F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
        G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97
KLAN202300604                                                      5

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención. Así, pues, es norma reiterada que este

foro intermedio no habrá de intervenir con el ejercicio de la

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                 III.

      Según reseñamos, todo recurso de certiorari presentado ante

este foro intermedio deberá ser examinado primeramente al palio de

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. De una lectura

de la referida regla surge que nuestro ordenamiento jurídico

procesal no nos confiere autoridad para expedir un recurso de

certiorari y revisar el dictamen aquí recurrido. Además, el caso de

autos no está revisto de un interés público ni representa alguna

situación que nos permita colegir que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Sin embargo, aún cuando consideráramos que la situación

planteada está comprendida dentro de los postulados de la Regla

52.1, evaluados los argumentos al crisol de los criterios de la Regla

40, supra, determinamos que ninguno se encuentra presente, por lo

que declinamos la invitación de la peticionaria a intervenir con lo

actuado por el TPI. Sobre todo, cuando este caso de cobro de dinero

y ejecución de hipoteca lleva más de ocho (8) años litigándose.

      De otro lado, puntualizamos que, contrario a lo planteado por

la señora Monge La Fosse, surge del apéndice del recurso que desde

el 17 de marzo de 2022 el TPI resolvió que esta no es parte en este

caso y que fue relevada de la representación legal de la parte

demandada al ser separada en el 2019 por nuestro Tribunal
KLAN202300604                                                                   6

Supremo de la profesión legal.5 Dicha determinación no fue

recurrida y a partir de esta, la peticionaria ha instado múltiples

mociones intentando ser incluida como parte en el caso, alegando

ser ahora la cesionaria del “crédito litigioso” de los demandados.

Atendidos sus reclamos, el TPI determinó en la Resolución recurrida

que esta no tiene legitimación activa en este caso al no ser parte y

reafirmó que la figura del crédito litigioso no es aplicable al presente

pleito.

          En conclusión, ante la ausencia de los criterios dispuestos en

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y ante la falta de

elementos de perjuicio, parcialidad o error manifiesto de derecho por

el tribunal primario, estamos impedidos de variar la determinación

cuya revisión se solicita.

                                       IV.

       Por     los   fundamentos      antes     expuestos,     denegamos       la

expedición del auto de certiorari solicitado.

          Notifíquese.

          Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones

5 Íd., a la pág. 914. Incluso, la peticionaria instó el 29 de abril de 2022 una
solicitud de recusación que fue declarada no ha lugar. Inconforme acudió ante
esta Curia mediante un recurso de apelación que fue acogido como uno de
certiorari (KLAN202200391) y desestimado por falta de jurisdicción al concluir que
la actuación de la peticionaria era nula. La señora Monge La Fosse no podía
actuar como representante de ZAF Corporation al ser suspendida indefinidamente
del ejercicio de la abogacía. Véase, además, In re Monge La Fosse, 202 DPR 594
(2019).