Court Opinion

ID: 9941523
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:26.895592+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.298825
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   Panel II

TPX T-SHIRT PRINT         EXPRES,                           Apelación
INC.                                                        procedente del
         Apelados                                           Tribunal de
                                                            Primera Instancia
                v.                                          Sala de Caguas
                                      KLCE202301040
                                                            Caso Núm.
MULTI-VENTAS Y SERVICIOS,                                   CG2023CV01152
INC.; INMOBILIARIA PYD LLC,              cons. con
FIDEICOMISO     PDG;  PEDRO                                 Sobre:
RIVERA CONCEPCIÓN, MARÍA                                    Sentencia
MERCEDES           FELICIANO          KLAN202301025         Declaratoria,
CARABALLO y LA SOCIEDAD DE                                  Acción de
BIENES           GANANCIALES                                Cumplimiento
COMPUESTA      POR   AMOBS;                                 Específico de
PEDRO      JAVIER     RIVERA                                Contrato, Dolo,
FELICIANO, SU ESPOSA FULANA                                 Fraude, Daños y
DE TAL y LA SOCIEDAD DE                                     Perjuicios
BIENES           GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS; DALIS
OMAYRA RIVERA FELICIANO, SU                                 Reconvención:
ESPOSO FULANO DE TAL y LA                                   Inexistencia de
SOCIEDAD LEGAL DE BIENES                                    Contrato de
GANANCIALES COMPUESTA POR                                   Opción de
AMBOS                                                       Compraventa;
                                                            Violación de
-------------------------                                   Derechos
                                                            Constitucionales
GRACE MONGE LA FOSSE,                                       (Constitución de
CESIONARIA DE MULTIVENTAS y                                 Estados Unidos;
SERVICIOS, INC.                                             Constitución de
  Demandante contra Tercero                                 Puerto Rico)
                                                            Libelo y
                                                            Calumnia,
                                                            Difamación,
LILLIAM Y. VICENTE BERRÍOS;                                 Daños y
RAFAEL ÁNGEL RAMOS NÚÑEZ;                                   Perjuicios
LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES
GANANCIALES COMPUESTA POR
AMBOS; PERSONAS NATURALES                                   Demanda contra
A, B, C; PERSONAS JURÍDICAS                                 Tercero:
D,     E,     F;   COMPAÑÍAS                                Violación de
ASEGURADORAS X, Y, Z                                        Derechos
      Terceros Demandados                                   Constitucionales
                                                            (Constitución de
                                                            Estados Unidos;
                                                            Constitución de
                                                            Puerto Rico);
                                                            Libelo y
                                                            Calumnia,
                                                            Difamación,
                                                            Daños y
                                                            Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                                          2

Adames Soto, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

       Comparece la señora Grace Monge La Fosse (señora Monge La Fosse

o peticionaria), mediante un recurso de certiorari, KLCE202301040, y otro

que denominó de apelación, KLAN202301025, pero que también acogemos

como de certiorari,1 los cuales hemos decidido consolidar por tratarse de

las mismas partes y de dictámenes emitidos en un mismo caso.2

       En el primero de dichos recursos, la peticionaria solicita la revisión

y revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas (TPI), el 7 de agosto de 2023.3 Mediante este

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud de la señora

Monge La Fosse para que se extendiera el término en el que presentar su

oposición a la Moción de Sentencia Sumaria instada por T-SHIRT PRINT

EXPRESS, INC. h/n/c/ TPX T-SHIRT PRINT EXPRESS, INC. (el recurrido),

hasta que culminara el descubrimiento de prueba.

       En su segundo recurso, la peticionaria solicita que revisemos una

Resolución del TPI, emitida el 19 de octubre de 2023,4 en la que se dispuso

que no procedía una Moción de Recusación Juramentada, presentada por

la señora Monge La Fosse contra el Juez Díaz Valdés.

       Luego de evaluar los asuntos planteados por la peticionaria,

determinamos: desestimar el recurso de certiorari identificado como

KLCE202301040, por falta de jurisdicción, y; denegar el recurso de

certiorari identificado como KLAN202301025.

1 Se trata de un recurso en el cual se solicita la revocación de un dictamen interlocutorio,

la denegatoria de la petición de recusación, por tanto, el vehículo procesal adecuado para
acudir ante nosotros es el recurso de certiorari. No obstante, el recurso conservará el
código alfanumérico correspondiente a la apelación, solo para fines administrativos.
2 La Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos

habilita para ordenar la consolidación de recursos, motu proprio; Orden Administrativa DJ
2019-316 y Orden Administrativa DJ2019-316A.
3 Notificada el 10 de agosto de 2023.
4 Notificada el 23 de octubre de 2023.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                            3

I. Resumen del tracto procesal

      Limitando el recuento procesal sólo a los hechos pertinentes a las

controversias presentadas, el 18 de abril de 2023, el recurrido presentó

una Demanda sobre sentencia declaratoria, acción de cumplimiento

específico de contrato, dolo, fraude y daños y perjuicios contra Multi-

Ventas y Servicios Inc. y Otros (Multi-Ventas).

      En respuesta, el 25 de mayo de 2023, la señora Monge La Fosse

presentó Contestación a Demanda, Reconvención y Demanda Contra

Tercero, alegando ser cesionaria de Multi-Ventas.

      Más adelante, el 14 de julio de 2023, el recurrido presentó Moción de

Sentencia Sumaria Solicitando la desestimación de intervención de la señora

Grace Monge La Fosse. En esencia, alegó que la peticionaria no posee un

interés jurídico válido que justifique su participación en el caso de epígrafe.

Sostuvo que la alegada cesión de crédito litigiosa no existe y es inoficiosa.

Finalmente, solicitó que el foro primario desestimara la solicitud de

intervención de la señora Monge La Fosse, debido a que a la peticionaria

no se le cedió ningún derecho respecto a la propiedad inmueble objeto del

presente caso.

      A raíz de ello, el 17 de julio de 2023, Multi-Ventas presentó Moción

Fijando Posición de los demandados con relación a la Moción de Sentencia

Sumaria solicitando desestimación de la intervención de la señora Grace

Monge La Fosse. En lo pertinente, planteó que la Moción de Sentencia

Sumaria era improcedente por ser prematura.

      Ese mismo día, el TPI emitió una Orden concediéndole el término de

20 días a la peticionaria para que expusiera su posición respecto a la

Solicitud de Sentencia Sumaria.

      Ante lo cual, el 1 de agosto de 2023, la señora Monge La Fosse

presentó una Moción para la extensión del término de nuestra oposición y

contestación a la solicitud de sentencia sumaria hasta tanto culmine la fase

apelativa y la etapa de descubrimiento de prueba.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                            4

       En igual fecha, el recurrido presentó Moción en oposición a “Moción

para extensión del término de nuestra oposición y contestación a la solicitud

de sentencia sumaria hasta tanto culmine la fase apelativa y la etapa de

descubrimiento de prueba”. Argumentó que la solicitud de la peticionaria

no cumplía con la Regla 36.6 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.36.6, al no incluir junto a su moción, una declaración jurada de la que

se desprendieran las razones por las cuales el descubrimiento de prueba

adicional fuera necesario para poder establecer hechos esenciales, con el

propósito de justificar la oposición a la moción. Además, adujo que la

señora Monge La Fosse no justificó su incapacidad de establecer hechos

esenciales para su oposición en dicha etapa de los procedimientos. Por

último, solicitó que se declarase sin lugar la solicitud de prórroga.

       Visto lo anterior, el 7 de agosto de 2023,5 el foro primario declaró No

Ha Lugar la moción solicitando la extensión del término para instar

oposición a sentencia sumaria.

       Pasados dos días de tal Resolución, el 9 de agosto de 2023, el

recurrido presentó Moción en solicitud de que se tenga por no opuesta

moción de sentencia sumaria. Según lo revela el título de dicha moción, el

recurrido solicitó que se diera por presentada la Moción de Sentencia

Sumaria sin oposición.

       En desacuerdo, el 24 de agosto de 2023, la peticionaria presentó una

Moción de Reconsideración juramentada tocante a la extensión del término

para presentar oposición y contestación a la solicitud de sentencia sumaria

hasta que culmine descubrimiento de prueba pertinente.

       Sin embargo, tal solicitud de reconsideración instada por la

peticionaria fue declarada No Ha Lugar, mediante Resolución de 25 de

agosto de 2023.

5 Notificada el 10 de agosto de 2023.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                         5

       En igual fecha, el 25 de agosto de 2023, el foro primario emitió

una Sentencia Sumaria6 desestimando con perjuicio la solicitud de

intervención y la Contestación a Demanda, Reconvención y Demanda

Contra Tercero radicada por la señora Monge La Fosse. Al así adjudicar

la controversia ante su atención, el TPI indicó que, cuando se suscribió la

cesión a favor de la peticionaria, no existía crédito o derecho en litigio,

puesto estos ya habían sido litigados y adjudicados mediante sentencia

final y firme en el caso EDC-2015-1014.

       Sin embargo, insatisfecha con la denegatoria de la Moción de

Reconsideración juramentada tocante a la extensión del término para

presentar oposición y contestación a la solicitud de sentencia sumaria hasta

que culmine descubrimiento de prueba pertinente, el 21 de septiembre de

2023, la señora Monge La Fosse presentó el recurso de certiorari

KLCE202301040, haciendo el siguiente señalamiento de error:

       EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL PRIVAR A
       LA PROMOVIDA DE LA ETAPA DE DESCUBRIMIENTO DE
       PRUEBA PARA FIJAR LA OPOSICIÓN Y CONTESTACIÓN A
       MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA.

       Como resultado, el recurrido presentó ante nosotros una Moción en

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Esgrimió que procedía

la desestimación del recurso de certiorari aludido, pues la peticionaria no

recurrió de la Sentencia Sumaria emitida por el foro primario el 29 de

agosto de 2023, a pesar de haber advenido final y firme. En este sentido,

el recurrido afirmó que había transcurrido más de treinta (30) días desde

que se archivó en autos la notificación de la Sentencia Sumaria, sin que la

peticionaria hubiese acudido ante este foro intermedio a buscar remedio,

de modo que, superados los términos para apelar, dicho dictamen advino

final, firme e inapelable. Como consecuencia, el recurrido sostiene que ya

se tornó inmaterial el adjudicar si el foro de instancia debió o no conceder

la prórroga solicitada por la peticionaria para oponerse a la Moción de

Sentencia Sumaria, que fue el propósito de la radicación de la petición de

6 Notificada el 29 de agosto de 2023.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                           6

certiorari identificada bajo el KLCE202301040. Además, afirma que este

Foro apelativo perdió jurisdicción para atender la controversia planteada,

por causa del referido dictamen final y firme, restando solo que

desestimemos el recurso de certiorari.

       Previo a la presentación del recurso de certiorari aludido, el 29 de

agosto de 2023, la peticionaria había presentado ante el TPI una Moción de

Recusación Juramentada. La señora Monge La Fosse solicitó la recusación

del Juez Díaz Valdés, aduciendo que este incurrió en pasión, prejuicio o

parcialidad al haber prejuzgado el caso. Además, sostuvo que el Juez Díaz

Valdés: no observó el Canon 8 de Ética Judicial; se arrogó jurisdicción

indebida en un caso en donde la corporación demandante no tiene

personalidad jurídica y, por ende, no tiene capacidad para demandar y ser

demandado; negó el debido proceso de ley, al denegar el descubrimiento de

prueba adecuado en torno a la fase dispositiva de una solicitud de

sentencia sumaria desestimatoria y; negó en tres ocasiones la expedición

de emplazamientos solicitados por la peticionaria. Asimismo, afirmó que el

Juez Díaz Valdés no se ajustó al debido proceso de ley y violentó el derecho

constitucional de propiedad. Finalmente, manifestó que no confiaba en la

imparcialidad del Juez Días Valdés.

       En atención a lo anterior, el 11 de septiembre de 2023,7 el TPI emitió

una Orden indicando lo siguiente:

       Por entender que no procede la recusación presentada, al
       amparo de la Regla 63.2 (C) de Procedimiento Civil se remite la
       moción de recusación a la atención de la Hon. Viviana Torres
       Reyes, Jueza Administradora de la Región Judicial de Caguas,
       para la designación de una juez(a) que atienda y resuelva la
       misma. Además, conforme al predicado de la citada Regla, nos
       abstenemos de continuar atendiendo los asuntos de este caso
       hasta el desenlace de la recusación.8

       Como secuela, el 19 de octubre de 2023,9 la Jueza Torres Reyes

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de recusación

7 Notificada el 14 de septiembre de 2023.
8 Anejo 43 del recurso KLAN202301025, pág. 586.
9 Notificada el 23 de octubre de 2023.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                          7

presentada por la señora Monge La Fosse. Al así decidir razonó que la

peticionaria no había presentado fundamentos suficientes para generar

dudas sobre las actuaciones del Juez Días Valdés que lo inhabilitaran de

presidir los procesos. De igual forma, el foro primario explicó que la señora

Monge La Fosse no había demostrado con hechos específicos que el Juez

Díaz Valdés tuviera ánimo prevenido, estuviera prejuzgado o parcializado

con la controversia, de manera tal que pudiera resultar en menoscabo de

los derechos de la peticionaria. Finalmente, la Jueza Torres Reyes concluyó

que la solicitud de recusación presentada por la señora Monge La Fosse

surgía por la discrepancia o insatisfacción con las determinaciones

judiciales del Juez Díaz Valdés y no sustentada en los fundamentos que

establece la Regla 63.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.63.1, para la recusación.

      En desacuerdo, la señora Monge La Fosse presentó el segundo

recurso   de   certiorari   ante   nuestra   atención,   identificado   como

KLAN202301025, señalando el siguiente error:

KLAN202301025

      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL NO
      CONCEDER LA PETICIÓN DE RECUSACIÓN.

      Evaluados los recursos ante nuestra consideración, pasamos a

exponer el derecho aplicable.

II. Exposición de Derecho

   A. Jurisdicción

      La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Pueblo v. Torres

Medina, 2023 TSPR 50; Pueblo v. Rivera Ortiz, 209 DPR 402, 414

(2022); Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 372, 385

(2020); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra; Yumac Home v. Empresas

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Tanto los foros de instancia como los foros

apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si poseen

jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que los
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                                 8

tribunales     estamos     llamados   a   ser fieles   guardianes de      nuestra

jurisdicción,    incluso    cuando    ninguna   de     las   partes   invoque   tal

defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234; Shell

v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello responde a que las

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom,

supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, supra.

      Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece de

autoridad para entender en él, actúa de manera ultra vires. Maldonado v.

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Por ello, al carecer de

jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, lo único que procede

en Derecho es la desestimación de la causa de acción. Romero Barceló v.

E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006).

   B. Academicidad

      Los tribunales solo están llamados a atender asuntos de carácter

justiciable.    La doctrina de justiciabilidad exige la adjudicación de

controversias genuinas entre partes opuestas, que tienen un interés

legítimo en obtener un remedio capaz de afectar sus relaciones jurídicas,

permitiendo, de ese modo, la intervención oportuna y eficaz de los

tribunales. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 908

(2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554, 558-559 (1958). Este principio

constituye una autolimitación al ejercicio del Poder Judicial consagrado en

nuestra Constitución.

      En virtud de lo anterior, se reconoce que la doctrina de la

academicidad da vida al principio de justiciabilidad. Crespo v. Cintrón, 159

DPR 290, 298 (2003). Como norma, un caso es académico cuando los

cambios fácticos o procesales ocurridos durante su trámite convierten la

controversia en una ficticia, de modo tal que el fallo que emita el tribunal no

tendría efectos prácticos por tratarse de un asunto inexistente. Lozada

Tirado et al v. Testigos Jehová, supra, pág. 908.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                          9

      Las diferentes justificaciones que se esbozan para requerir que un

caso no sea académico antes de resolverse el mismo son: (1) evitar el uso

innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar suficiente contienda

adversativa sobre las controversias para que sean competentes y

vigorosamente presentados ambos lados; y (3) evitar un precedente

innecesario. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 DPR 924, 961 (2000),

citando a Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 437

(1994). Un caso puede resultar académico si el transcurso del tiempo ha

causado que éste pierda su condición de controversia viva y presente.

      Cuando un tribunal atiende un planteamiento de academicidad,

nuestro ordenamiento le impone la obligación de desestimar el recurso si

de lo hechos o del derecho aplicable surge que las circunstancias han

variado de tal forma, que no existe una controversia vigente entre partes

adversas que amerite su intervención. Moreno v. Pres. UPR II, 178 DPR 969,

974 (2010). El Tribunal Supremo ha expresado que una controversia puede

convertirse en académica cuando los cambios fácticos o judiciales

acaecidos durante el trámite judicial torna en ficticia su solución

convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos. Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, en las págs. 932-933; San Gerónimo

Caribe Project v. A.R.Pe., supra, págs. 652-653; Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR

605, 617 (2010). (Énfasis nuestro). Por lo tanto, al evaluar el concepto de

academicidad hay que concentrarse en la relación existente entre los eventos

pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente. P.P.D. v.

Gobernador I, 139 DPR 643, 676 (1995). Así pues, un caso se convierte en

académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva

y   presente   se    ha   perdido. Íd. No    obstante,    la   doctrina   de

academicidad reconoce varias excepciones en su aplicación cuando: (1) se

presenta una controversia recurrente y capaz de evadir revisión judicial, (2)

la situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene

visos de permanencia, (3) la controversia se ha tornado académica para el

representante de una clase, pero no para otros miembros de la clase, y (4)
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persisten     consecuencias   colaterales   que       no   se   han    tornado

académicas. Torres Santiago v. Dpto. de Justicia, 181 DPR 969, 982-983

(2011). Véase, además, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, en la

pág. 933; U.P.R. v. Laborde y Otros, 180 DPR 253, 281 (2010); Cruz v.

Administración, 164 DPR 341, 349 (2005).

   C. Desestimación

      Como corolario de lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap- XXII-B, R. 83, establece las circunstancias en que este foro

intermedio    puede   desestimar un   recurso     presentado    ante   nuestra

consideración. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra

consideración, la regla aludida dicta lo que sigue:

      (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:
      (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
      (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
      cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa
      causa para ello;
      (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de
      buena fe;
      (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha
      presentado una controversia sustancial o que ha sido
      interpuesto para demorar los procedimientos, o
      (5) que el recurso se ha convertido en académico.

      (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
      desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
      discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el
      inciso (B) precedente. Íd. (Énfasis nuestro).

   D. Sobre la recusación de los jueces

      Es requisito básico del debido proceso de ley el obtener un juicio

justo proveniente de un tribunal imparcial. Pueblo v. López Guzmán, 131

D.P.R. 867, 894 (1992). Para dar cumplimiento a ello, se exige que quien

desempeña la función judicial exhiba una conducta imparcial. Martí Soler

v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 8 (2007), Pueblo v. López Guzmán, supra.

Tal deber de proceder de manera imparcial en su función, es inherente a la

misión de impartir justicia. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

775 (2013).
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       En la vertiente ética, el requisito de imparcialidad se establece con

los Cánones de Ética Judicial de 2005. 4 LPRA Ap. IV-B. De modo que, el

Canon 8 de dicho cuerpo reglamentario,10 dispone que, las juezas y los

jueces deben ser imparciales y sus funciones judiciales deben realizarse

de manera independiente, libre de influencias ajenas, instigaciones,

presiones, amenazas o interferencias, sean estas directas o indirectas, y sin

importar la fuente de donde provengan o la razón para ello. (Énfasis

provisto).

       No solo es necesario que los jueces sean imparciales, sino que

también deben de evitar toda posible apariencia de que son susceptibles de

actuar bajo influencias. En esencia, no solo se trata de ser imparcial, sino

también de aparentarlo. Íd.

       El Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B,

establece en particular que, una jueza o un juez debe inhibirse de un

procedimiento judicial cuando tenga prejuicio o parcialidad hacia alguna de

las personas, abogados o cualquier parte en el caso, o por haber prejuzgado

el asunto que tiene ante su consideración. La inhibición o recusación de una

jueza o un juez procede también cuando exista cualquier otra razón que

pueda arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar, o que de paso

a minar la confianza pública en el sistema de justicia. In re Suárez Marchán,

159 DPR 724, 736-37 (2003); In re Castro Colón, 155 DPR 110, 116 (2001).

   E. Certiorari

       El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, 800 Ponce de León Corp. v. American International

Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, en esencia, un recurso

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía

10 4 LPRA Ap. IV-B, Canon 8.
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la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García v. Padró,

165 DPR 324, 334 (2005). La expedición del auto descansa en la sana

discreción   del   tribunal,   y   encuentra   su   característica   distintiva,

precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de

Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El concepto discreción

implica la facultad de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción judicial no es

irrestricta y ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Municipio

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, págs. 711-712; Negrón v.

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, establece

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u

orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 (Injunction)

de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de

relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier

otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

      En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede evaluar

si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro
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Reglamento,11 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra

jurisdicción. García v. Padró, supra.

        En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal

apelativo     no    intervendrá      con    las     determinaciones        interlocutorias

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC,

supra, pág. 730.

        Conviene resaltar que la amplitud del recurso moderno de certiorari

no significa que sea equivalente a una apelación, pues sigue siendo

discrecional y los tribunales debemos utilizarlo con cautela y por razones

de peso. (Énfasis provisto). Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913, 918 (2009).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                           a.

        En     el   primer      recurso,        identificado   con    el    alfanumérico

KLCE202301040, la peticionaria sostiene que incidió el TPI al no

concederle una extensión del término para presentar oposición a la

solicitud de sentencia sumaria presentada por el recurrido, hasta que

culminara el descubrimiento de prueba correspondiente.

11   A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus
        fundamentos, son contrarios a derecho.
     B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis
        del problema.
     C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la
        apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
     D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los
        autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más
        elaborados.
     E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia
        para su consideración.
     F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un
        fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución
        final del litigio.
     G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso
        de la justicia.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                          14

      No obstante, el recurrido ha alzado un planteamiento de índole

jurisdiccional, por tanto, de umbral, del cual debemos pronunciarnos antes

de atender los méritos del señalamiento de error. El recurrido aduce que

carecemos de jurisdicción para atender el primer recurso de certiorari, por

cuanto ya hay una sentencia final y firme que tornó en académica la

contención de la peticionaria, (sobre la no concesión de un término para

oponerse a la solicitud de sentencia sumaria). Veamos.

      Según hicimos referencia en el tracto procesal, la peticionaria

presentó ante nosotros el recurso de certiorari cuestionando la denegatoria

del foro primario a extender el término para presentar su oposición a la

moción de sentencia sumaria. No obstante, la señora Monge La Fosse no

trajo ante nuestra consideración que, antes de recurrir ante nosotros, el 25

de agosto de 2023, notificada el 29 de agosto de 2023, el foro primario había

dictado una Sentencia Sumaria declarando Ha lugar la moción de sentencia

sumaria presentada por el recurrido, de la cual la peticionaria

precisamente solicitaba la extensión de término para oponerse. Surge del

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) que la

señora Monge La Fosse no reconsideró la Sentencia Sumaria emitida, como

tampoco presentó un recurso de apelación ante nosotros, en el término

establecido para hacerlo, es decir, en o antes del 28 de septiembre de 2023.

Por tanto, y tal como lo afirma el recurrido, la referida Sentencia Sumaria

advino final y firme.

      Lo anterior conduce a la conclusión de que la peticionaria pretende

que nos pronunciemos sobre una determinación interlocutoria del TPI, la

denegatoria a presentar un escrito en oposición a sentencia sumaria, a

pesar de que dicho escrito versaría sobre una Sentencia Sumaria que ya

advino final y firme, por tanto, de la cual carecemos de jurisdicción para

intervenir.

      Al adjudicar lo anterior, cabe resaltar que la presentación de un

recurso de certiorari no priva de jurisdicción al TPI, pues no paraliza los
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                             15

procedimientos que allí se realizan, salvo orden expresa en contrario de

este Foro intermedio. Regla 35 (A)(1) del Reglamento del Tribunal

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35. De lo que se sigue que la mera

presentación del recurso identificado como KLCE202301040, no privaba al

foro primario de atender una posible Moción de reconsideración instada por

la peticionaria, de encontrarse inconforme con la Sentencia Sumaria

emitida por el foro a quo. Por su parte, este Foro apelativo en ningún

momento ordenó la paralización de los procedimientos ante el TPI, ni

expidió el recurso de epígrafe. Por tanto, a pesar de la peticionaria haber

presentado el recurso de certiorari bajo nuestra consideración dentro del

término provisto para ello, el foro primario se encontraba perfectamente

habilitado para continuar los procesos ante su consideración, y emitir

la Sentencia Sumaria, que posteriormente advino final y firme, según

lo hizo.

       Entonces, cabe aquí reiterar la expresión de nuestro Tribunal

Supremo en el sentido de que una controversia puede convertirse en

académica cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el

trámite judicial torna en ficticia su solución, convirtiéndose así en una opinión

consultiva sobre asuntos abstractos. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz,

supra. (Énfasis provisto). En el recurso de certiorari ante nuestra

consideración efectivamente aconteció un cambio judicial que tornó en

ficticia la controversia alzada, la notificación de la Sentencia Sumaria

emitida por el TPI, que advino final y firme, teniendo como consecuencia

que el recurso ante nuestra consideración se tornara académico, lo que nos

impone su desestimación.

                                       b.

      En cuanto al segundo recurso presentado, identificado con el

alfanumérico KLAN202301025, la señora Monge La Fosse afirma que

incidió el foro primario al no conceder la petición de recusación que

presentó en contra del Juez Díaz Valdés.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                                 16

      Sobre   ello,   valga    iniciar    reconociendo    que,   examinadas      las

circunstancias   en    las    cuales     se   nos   permite   intervenir   con   las

determinaciones interlocutorias provenientes del TPI, según estas fueron

dispuestas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, juzgamos que la

petición de recusación de un juez sí ubica dentro de las excepciones allí

previstas, por cuanto esperar al resultado final del juicio para resolverla,

podría constituir un fracaso irremediable de la justicia.

      A pesar de lo afirmado, sépase que seguimos estando ante un recurso

de certiorari, cuya particularidad es la discreción con la que los foros

apelativos hemos quedado investidos para expedirlo o denegarlo. Según ya

hemos citado, la amplitud del recurso moderno de certiorari no significa que

sea equivalente a una apelación, pues sigue siendo discrecional y los

tribunales debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. (Énfasis

provisto). Pueblo v. Díaz León, supra.

      Entonces, al examinar la declaración jurada en cuyo contenido se

apoyó la peticionaria para solicitar la recusación del Juez Díaz Valdez, nos

resulta evidente que, tal como lo apreció el foro recurrido, no apunta

propiamente hacia alguna conducta que resulte identificable como

infracción ética. Por ejemplo, se aduce en el referido documento que el juez

se arrogó jurisdicción indebidamente, no concedió el descubrimiento de

prueba solicitado y ha denegado la expedición de emplazamientos en tres

ocasiones. Bien se puede considerar que tales asuntos podían estar sujetos

al proceso de revisión judicial en el trámite habitual de las decisiones

interlocutorias, cuando una parte no está de acuerdo con el curso decisorio

del tribunal, pero en modo alguno sirven para ubicar la conducta del juez

fuera de la conducta ética que exigen los cánones de ética judicial. Es decir,

no podemos siquiera atisbar en el contenido de la declaración jurada

aludida conducta que revele imparcialidad, responda a influencias,

instigaciones, presiones, amenazas o interferencias ajenas al sopesar los

asuntos que han estado ante la consideración del Juez Díaz Valdés.
KLCE202301040 cons KLAN202301025                                         17

      En definitiva, no observamos en la determinación recurrida algún

error de derecho o abuso de discreción que justifique nuestra intervención.

A tenor, denegamos la expedición de este segundo recurso de certiorari.

IV. Parte dispositiva

      Por las razones expuestas, desestimamos el recurso de certiorari

identificado como KLCE202301040 por falta de jurisdicción. Además,

denegamos    expedir    el   recurso   de   certiorari   identificado   como

KLAN202301025.

    Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones