Court Opinion

ID: 9916045
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:15.163967+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:19.995468
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL II

ESTADO LIBRE ASOCIADO                         Apelación
    DE PUERTO RICO;                           procedente del
  ADMINISTRACIÓN DE                           Tribunal de Primera
 VIVIENDA PÚBLICA P/C           KLAN202300998 Instancia, Sala de
  MANAGEMENT CORP.                            San Juan

          Apelado                                 Caso Núm.
                                                  SJ2022CV09563
              v.
                                                  Sobre:
    ÁNGEL WILLIAMS                                Desahucio por falta
                                                  de pago
          Apelante

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

                                    I.

      El 29 de octubre de 2022, la Administración de Vivienda

Pública (AVP) instó Demanda sobre desahucio por falta de pago al

amparo del procedimiento sumario contra el Sr. Ángel Williams.

Diligenciada la citación, el 7 de noviembre de 2022 el señor Williams

instó Moción por derecho propio, solicitando que se le concediera

término para contratar representación legal.

      Así las cosas, en una vista celebrada el 7 de diciembre de

2022, la AVP argumentó que solicitaba el desahucio del señor

Williams del apartamento #2288, del edificio 124 en el Residencial

Luis Llorens Torres por adeudar $2,237.00 por concepto de renta.

      El 25 de enero de 2023, la Oficina de Asuntos Legales de la

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA)

solicitó intervención a favor del señor Williams y que se transfiriera

la vista de desahucio. Concedida su solicitud, el 6 de marzo de 2023,

se celebró una vista de estatus de los procedimientos. Allí, la AVP

expresó que la deuda ascendía a $2,511.00, con un canon de

Número Identificador

SEN2023__________
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arrendamiento de $137.00 mensual. Además, notificó que, en enero

del 2023 el señor Williams emitió un pago por la cantidad de

$411.00. Por su parte, la OPPEA informó que, las partes estaban en

conversaciones para evitar el lanzamiento del señor Williams de la

propiedad.

      Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el 25 de abril de

2023 se celebró la vista de desahucio. Tras escuchar los argumentos

de ambas partes, el 15 de mayo de 2023, notificada el 16, el Foro

primario emitió Sentencia y declaró “Con Lugar” el desahucio.

      Inconforme, el 13 de junio de 2023, el señor Williams instó

Moción de Reconsideración de la Sentencia. Adujo que, la AVP no

cumplió con informar a las agencias concernidas al presentar la

Demanda. Además, planteó que, desde abril del 2017 había estado

objetando los contratos de arrendamiento ante el Departamento de

la Vivienda y la administradora del residencial. Por ello, solicitó que

se pospusiera la sentencia o, en su alternativa, que se señalara una

nueva vista.

      El 9 de julio de 2023, el Foro primario concedió término de

veinte (20) días a la AVP para que se expresara sobre la solicitud del

señor Williams. El 16 de julio de 2023, la AVP presentó Oposición a

Moción Solicitando Reconsideración. Sostuvo que la presentación de

la Moción de Reconsideración de la Sentencia fue tardía, al

presentarse en exceso de los quince (15) días que establece nuestro

ordenamiento jurídico. Además, arguyó que la sentencia era una

final, firme e inapelable, ya que el señor Williams tampoco había

instado una apelación dentro del término establecido en ley.

      Atendidas las Mociones, el 24 de julio de 2023, el Foro

primario emitió Resolución declarando “No Ha Lugar” la Moción de

Reconsideración de la Sentencia. Posteriormente, tras la negativa del

señor Williams a desalojar el apartamento, la AVP presentó Moción

Solicitando Lanzamiento. A esos efectos, el 22 de agosto de 2023,
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notificada el 23, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden

reiterando que la sentencia era una final, firme e inapelable, y

manteniendo el lanzamiento del señor Williams de la propiedad.

       Por su parte, el 23 de agosto de 2023, el señor Williams

presentó Moción, en la que solicitó la paralización del desalojo. En

respuesta, el 27 de agosto de 2023, la AVP presentó Moción

Expresando Posición y reiteró que procedía la entrega de la posesión

del inmueble. El 25 de octubre de 2023, nuevamente el señor

Williams presentó ante el Foro primario una Petición reiterando la

solicitud de posponer el lanzamiento. A esos efectos, el Foro primario

emitió Orden y le concedió hasta el 8 de noviembre del 2023 para

que se efectuara el lanzamiento.

       Aun inconforme, el 7 de noviembre de 2023, el señor Williams

acudió ante nuestra consideración mediante Apelación y Moción

para Paralización y en Auxilio de Jurisdicción. Evaluado su recurso,

el 8 de noviembre de 2023, emitimos Resolución declarando “No Ha

Lugar” la Moción para Paralización y en Auxilio de Jurisdicción.

Además, concedimos término de diez (10) días a la AVP para que

fijara su posición.

       El 21 de noviembre de 2023, la AVP compareció mediante

Solicitud    de    Desestimación,       aduciendo       que    no    ostentamos

jurisdicción por haberse presentado el recurso tardíamente. Basó su

contención en que el señor Williams había presentado su recurso en

exceso del término especial de cinco (5) días que dispone nuestro

ordenamiento jurídico.

       En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la

Regla 7 (B)(5) de nuestro Reglamento,1 preterimos todo trámite

1 La Regla 7(B)(5) dispone:

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente
despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida
impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).
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ulterior y, por los fundamentos que expondremos a continuación

desestimamos el presente Recurso.

                                        II.

                                        A.

       Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes

de nuestra jurisdicción.2 Cabe puntualizar que “[l]a jurisdicción es

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir

casos o controversias”.3 Las cuestiones relativas a la jurisdicción,

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a

cualesquiera otras.4 Por lo que, los tribunales tienen el deber

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder

atender los recursos presentados ante éstos.5 Los tribunales no

pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio

pueden otorgársela.6

       Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el

caso.7 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.8

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.9

Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre

desistimiento      y   desestimación,         nos   concede      facultad     para

2 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Vázquez v. ARPE, 128

DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980);
Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).
3 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122

(2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 [nota al calce núm. 3]
(2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 (2012).
4 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364
(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).
5 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005);

Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
6 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
7 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Carattini v. Collazo Systems Analysis

Inc., 158 DPR 345, 355 (2002); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002)
8 Allied Management Group Inc., 204 DPR; Maldonado, 171 DPR, pág. 55;

Souffront, 164 DPR, pág. 674; Vázquez, 128 DPR, pág. 537.
9 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR
84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez,
165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).
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desestimar por iniciativa propia un recurso, entre otras razones, por

falta de jurisdicción.10

                                       B.

        El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza

sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de una propiedad

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o

precarista que la detente.11 Cuando se presenta una demanda de

desahucio el promovente puede escoger entre un proceso ordinario

o un proceso sumario. El desahucio sumario, reglamentado por los

Arts. 620–634 del Código de Enjuiciamiento Civil,12 responde al

interés del Estado en atender expeditamente la reclamación del

dueño de un inmueble, cuyo derecho a poseer y disfrutar su

propiedad ha sido interrumpido.13 Nuestro ordenamiento jurídico

dispone que, las sentencias que el Tribunal de Primera Instancia

emite como parte de este procedimiento de desahucio sumario, son

apelables.14 Sin embargo, el término que se tiene para ello, es uno

jurisdiccional de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de

archivo en autos de la notificación de la sentencia.15

                                       III.

        En el presente caso, luego de que la AVP presentara Demanda

sobre desahucio por falta del pago contra el señor Williams, el 16 de

mayo de 2023, el Foro primario notificó Sentencia y declaró “Con

Lugar” la misma. A esos efectos, se ordenó el lanzamiento del señor

Williams de la propiedad. Inconforme con dicha Sentencia, el 13 de

junio    del   2023,     el    señor   Williams      presentó      Moción     de

Reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia.

10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
11 Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984, 989 (2012); Mora Dev. Corp. v.

Sandín, 118 DPR 733 (1987).
12 32 LPRA §§ 2821-2838.
13 Administración de Vivienda v. Vega Martínez, 200 DPR 235 (2018); ATPR v. SLG

Volmar–Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).
14 Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2830; Administración de

Vivienda, 200 DPR, pág. 240.
15 32 LPRA sec. 2831; Administración de Vivienda, 200 DPR, pág. 240; ATPR, 196

DPR, pág. 11.
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      La presentación de su recurso fue indefectiblemente tardía,

que nos privó de jurisdicción pues, una vez fue notificada la

Sentencia, éste tenía un plazo jurisdiccional de cinco (5) días para

acudir ante nuestra consideración. Sin embargo, no fue hasta el 7

de noviembre de 2023, que el señor Williams presentó su Apelación

ante nos. Ello así, su recurso resulta en uno tardío y procede su

desestimación.

                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente esbozados, desestimamos

el recurso por falta de jurisdicción al ser tardío.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones