Court Opinion

ID: 9952207
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:28:36.96011+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:12.323908
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

    El Pueblo de P.R.                                        CERTIORARI
                                                             procedente del
         Recurrido                                           Tribunal de Primera
                                                             Instancia, Sala
                                                             Superior de
              vs.                  KLCE202400183             Mayagüez

                                                             Crim. Núm.:
   Christian M. Bello                                        ISCR201800601 y
         Colón                                               otros

        Peticionario                                         Sobre:
                                                             Art. 3.1
                                                             Ley 54 y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda del Toro y la Juez Díaz Rivera.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos el señor Christian M. Bello Colón, en

adelante Sr. Bello Colón o parte peticionaria, quien presenta un

recurso de Certiorari, en el que solicita la revocación de la “Orden”

dictada el pasado 19 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez.                       Mediante la “Orden”

recurrida el Tribunal de Instancia concluyó que la solicitud de

nuevo juicio al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, infra, presentada por el confinado ya había sido atendida

por dicho foro, mediante la “Orden” dictada el 24 de agosto de

20221.

        En atención a lo anterior, prescindimos a la parte recurrida

de presentar su alegato2. De igual forma, a pesar de la parte

peticionaria no haber presentado el formulario OAT 1480, en

solicitud para comparecer in forma pauperis, por excepción, le

1 Véase Apéndice, pág. 1.
2 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5)

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLCE202400183                                                                         2

eximimos de completarlo y declaramos que, por su condición de

confinado, se acepta su comparecencia en dicha forma.                                Se

advierte que, en próximas ocasiones, deberá cumplimentar el

formulario correspondiente para poder comparecer sin el pago de

derechos y costas3.

           Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

expedimos el auto certiorari y confirmamos la orden recurrida, por

los fundamentos que expondremos a continuación.

                                               -I-

           La parte peticionaria, se encuentra confinado en una

Institución Correccional extinguiendo una sentencia condenatoria

por infringir, entre otros, el Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000,

según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico,

25 LPRA sec. 455 et seq.4

           El Sr. Bello Colón solicita revoquemos la “Orden” dictada el

pasado 19 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Mayagüez. En ésta el Foro de Instancia concluyó

que “[l]o solicitado por el convicto en esta Moción ya lo fue en junio

de 2022, y resuelto el 24 de agosto de 2022’’. La moción a la cual

hace referencia esta “Orden” no fue incluida en el apéndice de la

petición, por lo que, desconocemos su contenido y alcance.

           No pese a lo anterior, surge del apéndice la “Orden” dictada

el 24 de agosto de 2022, a la cual hace referencia de la “Orden”

recurrida. De ésta se desprende que el Tribunal de Instancia

denegó lo solicitado por el Sr. Bello Colón en el escrito titulado

“Moción al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal del

Código (2012)”.

3 Véase la Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78
4
    Derogada y sustituida por la Ley Núm. 168-2019, 25 LPRA Sec. 461 et seq.
KLCE202400183                                                         3

      Si bien la parte peticionaria no ha puesto a este Tribunal en

posición de conocer el alcance y contenido de todos los escritos

presentados ante el Foro de Instancia, vista la determinación

recurrida concluimos que el Sr. Bello Colón debió recurrir a este

foro al momento de recibir la “Orden” dictada el 24 de agosto de

2022. Atenderlo iría en contra de todas las reglas procesales que

atienden los recursos apelativos ante este Tribunal. Veamos:

                                -II-

                                -A-

      Las Reglas de Procedimiento Criminal persiguen que las

controversias ante los foros judiciales sean resueltas de forma

justa y evitando dilaciones y gastos injustificados, 34 LPRA Ap. II,

R. 1. Por su parte, la Regla 192 de Procedimiento Criminal, provee

al acusado un remedio, para cuando “[d]espués de dictar sentencia

sobreviene el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos

elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia

del condenado”, 34 LPRA Ap. II, R. 192.        Nótese que el remedio

provisto por esta Regla no garantiza que la persona sentenciada

sea dejada en libertad, sino que el sentenciado viene obligado a

presentar   hechos   o   elementos     del   derecho   que,   con   toda

posibilidad prueben y modifiquen el dictamen.

      Por su parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,

provee a cualquier persona que se encuentre detenida, luego de

recaída una sentencia condenatoria, a presentar, en cualquier

momento, una moción ante el foro sentenciador, con el fin de

anular, dejar sin efecto o corregir la determinación impugnada,

ordenar la libertad del peticionario, dictar nueva sentencia o

conceder nuevo juicio, según sea el caso. Pueblo v. Torres Cruz,

194 DPR 53, 58 (2015); Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557,

568-571 (2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 292

(1975). Específicamente, el mencionado precepto legal, autoriza a
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cualquier persona que se halle detenida en virtud de una sentencia

dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia a

presentar una moción a tenor con su derecho a ser puesto en

libertad, debido a que: (a) la sentencia fue impuesta en violación de

la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico o la Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el

tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (c)

la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, o (d) la

sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.

Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.

      Este procedimiento únicamente está disponible cuando la

sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva

inevitablemente un fracaso de la justicia, o un resultado

inconsistente con los principios básicos del debido proceso de ley.

De ningún modo sustituye el procedimiento ordinario de la

apelación como método para corregir los errores de derecho, los

errores cometidos en el juicio, ni para alegar la inocencia del

peticionario. Véase: Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-

824 (2007).

      A su vez, añade la referida Regla 192.1 de Procedimiento

Criminal, supra, que “el tribunal sentenciador no vendrá obligado a

considerar otra moción presentada por el mismo confinado para

solicitar el mismo remedio”.

      Según reseñado, la moción al amparo de la Regla 192.1 de

Procedimiento   Criminal    no   puede   ser   utilizada   como   un

subterfugio para presentar recursos apelativos. Por el contrario,

surge del mismo cuerpo de normas procesales que la apelación de

una orden o resolución al amparo de las Reglas citadas, no está

exenta de cumplir con el término jurisdiccional de 30 días.
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        Nótese que, el hecho del peticionario ser un recluso no le

exime de cumplir con el término jurisdiccional impuesto en las

Reglas de Procedimiento Criminal5.

                                          -B-

        El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001). Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad

discrecional en la consideración de los asuntos planteados

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, id, dispone lo siguiente:

        El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
        al determinar la expedición de un auto de certiorari o de
        una orden de mostrar causa:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.
        (D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia. (4 LPRA Ap. XXII-
        B)

        El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de

5 Véase la Regla 195 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 195.
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discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier

norma procesal o de derecho sustantivo.       Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

      Asimismo, en el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del año

2003, Ley Núm. 201 – 2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u

en relación a la competencia del Tribunal de Apelaciones, se

establece la importancia de brindar acceso fácil, económico y

efectivo a la ciudadanía, así como permitir la comparecencia

efectiva de ciudadanos por derecho propio. Fraya v. A.C.T., 162

DPR 182, 189-190 (2004); Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647,

658 (2003). No obstante, por razón de las comparecencias in forma

pauperis, no podemos obviar normas que rigen la presentación de

los recursos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el

normativo Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003), que el hecho

de que las partes acudan a un tribunal por derecho propio, por sí

sólo, no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas

procesales. Máxime cuando la omisión del peticionario incide en la

jurisdicción de este Tribunal.

      En esa misma línea, la Regla 34 (E) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E) exige al

peticionario la presentación de ciertos documentos.       Lo anterior

con el fin de que este Tribunal se encuentre en posición de atender

las controversias planteadas ante su consideración.

      En particular se requiere que presente copia literal de,

      1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso y
         en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que
         contendrá una copia literal de:
         a) Las alegaciones de las partes, a saber: Página 48
              i.  en casos civiles, la demanda principal, la de
                  coparte o de tercero y reconvención, con sus
                  respectivas contestaciones;
             ii.  en casos criminales, la denuncia y la
                  acusación, si la hubiere.
        b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya
           revisión     se      solicita,    incluyendo      las
           determinaciones de hechos y las conclusiones de
           derecho en que esté fundada, si las hubiere, y la
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           notificación del archivo en autos de una copia de
           la notificación de la decisión, si la hubiere.
        c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal
           de Primera Instancia, resolución u orden necesaria
           para acreditar la interrupción y reanudación del
           término para presentar la solicitud de certiorari, y
           la notificación del archivo en autos de una copia
           de la resolución u orden.
        d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito
           de cualesquiera de las partes que forme parte del
           expediente original en el Tribunal de Primera
           Instancia, en los cuales se discuta expresamente
           cualquier asunto planteado en la solicitud de
           certiorari, o que sean relevantes a ésta.
        e) Cualquier otro documento que forme parte del
           expediente original en el Tribunal de Primera
           Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de
           Apelaciones a los fines de resolver la controversia.
           Id

      En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo se ha expresado

en cuanto a la necesidad de cumplir fielmente las disposiciones

reglamentarias de los Tribunales. Arriaga v. F.S.E. 145 DPR 122,

130 (1998). En fin, no podemos ignorar que las determinaciones

judiciales gozan de una presunción de corrección que sólo podrán

ser rebatidas con la presentación de prueba en contrario. Pueblo v.

Pérez Delgado, 211 DPR 654, 21 (2023).

                                -III-

      Según el trámite procesal reseñado, el Sr. Christian M. Bello

Colón, nos requiere que revoquemos la “Orden” dictada el 19 de

enero de 2024. En ésta el Foro de Instancia dispuso de lo

planteado por la parte peticionaria en el escrito titulado “Moción al

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal”. Surge de la

“Orden” recurrida que, la solicitud de la parte peticionaria fue

atendida por el Tribunal de Primera Instancia en una “Orden”

dictada el 24 de agosto de 2022.

      El Sr. Bello Colón incluyó en su Apéndice la “Orden”, 24 de

agosto de 2022, a la cual hace referencia la “Orden” recurrida. De

ésta se desprende que el Tribunal de Instancia atendió la “Moción

al amparo de la Regla 192 de Procedimiento Criminal del Código

(2012)” y determinó que “[l]a alegación pre-acordada fue por el
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delito 5.04 (modalidad de 5 años).              La pena impuesta no fue

duplicada. No procede lo solicitado”. 6

          Así las cosas, ante el incumplimiento de la parte peticionaria

en presentar todas las mociones donde se discuta expresamente

cualquier asunto planteado en el auto certiorari, no procede

revocar la “Orden” recurrida. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E) Por el

contrario, la presunción de corrección de las determinaciones

judiciales       no    se    debe   tomar   livianamente.   Siendo   así,   le

correspondía a la parte peticionaria rebatir la corrección de la

“Orden” recurrida con prueba a esos efectos.

                                       -IV-

          Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar

parte de este dictamen, expedimos el auto de Certiorari solicitado

por el Sr. Christian M. Bello Colón, y confirmamos la “Orden”

recurrida.

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

6
    Véase Apéndice, pág. 1