Court Opinion

ID: 9941492
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:37.363631+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.651366
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

CRUZ OFELIA MORALES                           Certiorari,
  ALVERIO, Y OTROS                            procedente del Tribunal
                                              de Primera Instancia,
      Parte Recurrida                         Sala Superior de
                                KLCE202301442 Carolina

             v.                                    Caso Núm.:
                                                   SJ2021CV01676

 AAA CAR RENTAL, INC.                              Sobre:
 H/N/C ALLIED CAR AND                              Bono de Navidad y otros
  TRUCK RENTAL & EZ
     CAR RENTAL,
      COMPAÑÍAS
    ASEGURADORAS
      “A,” “B” Y “C”

     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza Grana
Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

       Compareció ante este Tribunal la parte peticionaria, AAA Car Rental,

Inc. h/n/c Allied Car & Truck Rental (en adelante, “Allied” o “Peticionario”),

mediante recurso de certiorari presentado el 19 de diciembre de 2023. Nos

solicitó la revocación de la Orden dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Carolina (en adelante, “TPI”), el 5 de diciembre

de 2023, notificada y archivada en autos ese mismo día. Mediante el

referido dictamen, el TPI no autorizó la presentación de ciertas mociones

de sentencia sumaria presentadas por Allied.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega

la expedición del auto de certiorari ante nuestra consideración.

                                      I.

       Esta es la tercera ocasión que nos corresponde adjudicar la

procedencia de una serie de controversias que se suscitaron posterior a la

Número Identificador
RES2024______________
KLCE202301442                                                             2

culminación del descubrimiento de prueba en el caso y tras la celebración

de la Conferencia con Antelación al Juicio. Veamos.

      El presente caso se inició el 15 de marzo de 2021, cuando la Sra.

Cruz Ofelia Morales Alverio y su esposo, José López Merced; el Sr. Carlos

Ramos Berríos y su esposa, Rachelle Monfrino; el Sr. Juan Robles Anciani

y su esposa, Diana Gerardino, y sus respectivas sociedades legales de

gananciales compuestas por ellos (en adelante, “Demandantes” o

“Recurridos”), presentaron una “Demanda” sobre despido injustificado,

discrimen por impedimento y edad, ambiente hostil y represalias, entre

otras reclamaciones, en contra del Peticionario y otras compañías

aseguradoras.

      Culminado el descubrimiento de prueba, el 8 de agosto de 2022 las

partes presentaron el Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas, en

preparación para la celebración de la Conferencia con Antelación al Juicio.

Como parte de las controversias suscitadas figuró la utilización de cierta

grabación tomada por el codemandante, Juan Robles Anciani, que provocó

que Allied solicitara la exclusión de dicha prueba mediante la presentación

de una “Moción In Limine para excluir grabación” el mismo 8 de agosto

de 2022.

      En el ínterin, se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio y

luego de la discusión pertinente del Informe Preliminar entre Abogados y

Abogadas, el foro primario le impartió su aprobación como el acta que

regirá los procedimientos durante la vista en su fondo, la cual, quedó

pautada para el 28 de agosto de 2023 al 1 de septiembre de 2023. Así las

cosas, el 22 de noviembre de 2022, el TPI emitió Resolución y Orden

mediante la cual declaró Con Lugar la solicitud in limine y determinó que la

grabación tomada era inadmisible en evidencia. Dicha determinación fue

objeto de una moción de reconsideración que fue denegada por el foro a

quo por vía de la Orden notificada el 9 de enero de 2023. Ello provocó que

la codemandante, Cruz Ofelia Morales Alverio, compareciera mediante

recurso de certiorari bajo el caso núm. KLCE202300124. Tras la evaluación

de las posturas de las partes, el 28 de febrero de 2023, emitimos
KLCE202301442                                                               3

Resolución mediante la cual denegamos la expedición del auto. El 3 de

mayo de 2023, se notificó la Carta de Trámite sobre Mandato en el caso

por parte de la Secretaría de este Tribunal.

       Culminado el trámite apelativo, el 21 de junio de 2023, Allied

presentó tres (3) mociones de sentencia sumaria, en las que solicitó la

desestimación del pleito de epígrafe. Al día siguiente, el TPI emitió tres (3)

Órdenes concediéndole a los Demandantes un término de veinte (20) días

para presentar sus correspondientes réplicas. Estando vigente al referido

plazo, el 10 de julio de 2023, los Recurridos presentaron “Urgente

Solicitud de Término Adicional para Oponernos a las tres (3) Mociones

Solicitando Sentencia Sumaria [y] para que se deje sin efecto el Juicio

Pautado hasta tanto el Ilustre Foro Emita Decisión Respecto a las tres

(3) Mociones de Sentencia Sumaria”.

       Ese mismo día, el foro recurrido emitió Orden en la cual expuso lo

siguiente:

       Surge del expediente que el descubrimiento de prueba
       finaliz[ó] el 25 de mayo de 2022, (Véase entrada número
       42[)].

       El 9 de agosto de 2022 se discutió el informe de conferencia
       con antelación a juicio y se emitió una minuta-resolución que
       constituye la orden que establece la Regla 37.5 de
       Procedimiento Civil, y como consecuencia el Juicio en su
       Fondo est[á] señalado para la semana del 28 de agosto al 1ro
       de septiembre de 2023.

       El 21 de junio de 2023, m[á]s de un año de haber culminado
       el descubrimiento de prueba y a menos de 60 d[í]as para
       comenzar el juicio, y sin la autorizaci[ó]n del Tribunal, los
       querellados-demandados han presentado varias solicitudes
       de sentencia sumaria.

       La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, dispone que una
       sentencia sumaria tiene que presentarse no más tarde de
       los treinta (30) días siguientes a la fecha límite
       establecida por el tribunal para concluir el
       descubrimiento de prueba.

       En vista de que el descubrimiento de prueba finaliz[ó] el 25
       de mayo del 2022, que el juicio del presente caso es uno
       laboral y est[á] pautado para comenzar el 28 de agosto al
       1ro de septiembre de 2023 y que los demandados
       presentaron las solicitudes [de] sentencia sumaria sin la
       autorización previa, este Tribunal no autoriza la presentación
       de las solicitudes de sentencia sumaria, por ser tardía y
       porque retrasaría los procedimientos.
KLCE202301442                                                                          4

        No ha lugar, a la suspensión del juicio.1

        El   18    de    julio   de    2023,     Allied    presentó         “Moción   de

Reconsideración”. Allí argumentó que desde la presentación del Informe

Preliminar entre Abogados y Abogadas anunció su intención de presentar

mociones dispositivas y que, debido a las particularidades del caso, el

término para presentar mociones dispositivas no debió comenzar en la

fecha en que terminó el descubrimiento de prueba, sino a partir de la fecha

en que se resolvió de manera definitiva la controversia relacionada con la

inadmisibilidad de las grabaciones. Adicionalmente, expresó que los

argumentos en los que estarían fundamentadas las mociones dispositivas

dependían de la adjudicación de la aludida controversia.

        Asimismo, el Peticionario arguyó que la consideración de dichas

solicitudes facilitaría la dilucidación de las controversias, pues podrían

resolverse todos los asuntos que tenía ante sí el TPI, de manera total o,

cuanto menos, sustancialmente. Abonó que ello representaría un ahorro

significativo de tiempo y dinero para las partes y el tribunal, tras esgrimir

que las mociones se fundamentaban en admisiones de los Recurridos y en

asuntos de derecho. A la luz de lo anterior, solicitó que se reinstalara su

dictamen previo en el que había requerido a los Recurridos presentar su

oposición a las solicitudes de sentencia sumaria y, como consecuencia,

que se dejara sin efecto el señalamiento del juicio.

        Al día siguiente, el foro recurrido dictó Resolución mediante la cual

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración presentada por Allied.

Cual fuera adelantado, dicha determinación provocó que el Peticionario

presentara un recurso de certiorari bajo el alfanumérico KLCE202300835.

Habiendo atendido las comparecencias de las partes, emitimos una

segunda Resolución el 25 de agosto de 2023. Allí, entendimos innecesario

intervenir con la Orden de 10 de julio de 2023. Posteriormente, Allied

presentó una solicitud de reconsideración ante este Tribunal. Analizados

los planteamientos esbozados, el 27 de septiembre de 2023, emitimos

Resolución denegando la reconsideración y expresamos que “[s]u

1 Véase, Apéndice del recurso, págs. 1,188-1190 (énfasis en el original).
KLCE202301442                                                               5

planteamiento tiene que dirigirlo en primer lugar al Tribunal de Primera

Instancia”.2

        El 2 de octubre de 2023, el Peticionario presentó “Moción en

Cumplimiento con Resolución del Tribunal de Apelaciones para

solicitar que se consideren las Mociones de Sentencia Sumaria

presentadas por Allied”. Expuso que según surgía de la Orden emitida

por el TPI el 10 de julio de 2023, la cercanía del juicio, en aquel entonces,

fue una razón o impedimento para la consideración de las mociones de

sentencia sumaria. Es decir, que las mismas se denegaron por tardías por

éstas haberse presentado a menos de 60 días de comenzar el Juicio que

se encontraba pautado para comenzar el 28 de agosto de 2023. Por

consiguiente, argumentó que desde dicha fecha hasta el señalamiento del

juicio, existían sobre cuatro (4) meses que, respetuosamente entendemos,

constituían tiempo suficiente para la consideración y resolución de las

mociones dispositivas. Por tanto, expuso que la cercanía del juicio ya no

podía considerarse una justificación razonable para denegarlas o un

impedimento a la consideración y resolución de éstas.

        Asimismo, reiteró el argumento a los efectos de que un examen de

las mociones dispositivas presentadas por Allied, surgía que las mismas

están basadas, principalmente, en las propias admisiones bajo juramento

de los Recurridos, o en claros asuntos de derecho, y que servirán el útil

propósito de facilitar el trámite del presente caso mediante la resolución

total o sustancial de las controversias que el TPI tiene ante sí e implicaría

un ahorro significativo en la inversión de tiempo y dinero para las partes y

el foro de instancia. El 3 de octubre de 2023, el TPI emitió Orden mediante

la cual expresó que una vez recibiera el mandato de este Tribunal,

atendería esta última moción.

        El 10 de noviembre de 2023, se registró y notificó la Carta de Trámite

sobre Mandato. Así el trámite, el 5 de diciembre de 2023, el foro a quo

emitió Orden mediante la cual expuso lo siguiente:

2 Íd., págs. 1,265-1,266.
KLCE202301442                                                               6

        El presente caso trata de varias reclamaciones laborales y el
        juicio en su fondo est[á] pautado comenzar para la semana
        del 22 al 25 de enero del 2024.

        En atenci[ó]n de la solicitud de la parte querellada, para que
        este Tribunal consideren [sic] las mociones de sentencia
        sumaria presentadas por el querellado, el Tribunal reitera la
        Orden emitida y notificada el 10 de julio del 2023 (Entrada 84)
        y no autoriza la presentanci[ó]n de dichas mociones.
        Conceder la solicitud de la parte querellada, retrasaría los
        procedimientos y conllevar[í]a la suspensi[ó]n del juicio.3

        Inconforme con el aludido dictamen, Allied presentó “Moción en

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción” y el recurso de certiorari

que nos ocupa. Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2023

declaramos “No Ha Lugar” la solicitud de paralización de los procedimiento

y le concedimos un término a los Recurridos para que expusieran su

posición. A través de su recurso, el Peticionario le imputó al TPI la comisión

de los siguientes errores:

        PRIMERO: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ EN ABUSO DE
        DISCRECIÓN AL NO AUTORIZAR O CONSIDERAR LAS
        MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA CUANDO LA
        CERCANÍA AL JUICIO A LA CUAL ALUDE EN LA
        RESOLUCIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA FUE
        PROVOCADA POR EL PROPIO TRIBUNAL AL
        AGUARDAR, CONTRARIO A DERECHO, POR EL
        MANDATO    DEL   TRIBUNAL   EN   EL  ASUNTO
        KLCE202300835.

        SEGUNDO: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ EN ABUSO DE
        DISCRECIÓN AL NO AUTORIZAR O CONSIDERAR POR
        TARDÍAS LAS MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA
        PRESENTADAS POR ALLIED.

        TERCERO: ERRÓ EL TPI E INCURRIÓ EN ABUSO DE
        DISCRECIÓN AL NO AUTORIZAR O CONSIDERAR POR
        TARDÍAS LAS MOCIONES DE SENTENCIA SUMARIA
        PRESENTADAS POR ALLIED CUANDO, ANTE LAS
        CIRCUNSTANCIAS PRESENTES EN ESTE CASO, LA
        CONSIDERACIÓN DE LAS MOCIONES DE SENTENCIA
        SUMARIA SERVIRÁN EL ÚTIL PROPÓSITO DE
        AHORRARLE A LAS PARTES Y AL TRIBUNAL INVERSIÓN
        DE TIEMPO Y DINERO, MÁS CUANDO, LAS MOCIONES
        SE BASAN, PRINCIPALMENTE, EN ADMISIONES DE LAS
        PARTES DEMANDANTES-RECURRIDAS Y/O EN CLAROS
        ASUNTOS DE DERECHO.

        El 11 de enero de 2024, los Recurridos presentaron “Oposición a

la Expedición del Recurso”.

        Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

3 Íd., págs. 1,286-1,287.
KLCE202301442                                                              7

                                     II.

                                     A.

       El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión

de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR

391, 403 (2021). La característica distintiva de este recurso se asienta en

la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición

y adjudicar sus méritos. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc.,

2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023). Así, este solo se expedirá luego de

justipreciar los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, y en aquellas instancias específicas que delimita

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. A esos

efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, limita la

autoridad de este Tribunal de Apelaciones para revisar las órdenes y

resoluciones interlocutorias que dictan los tribunales de instancia por medio

del recurso discrecional del certiorari. En lo pertinente, la precitada

disposición reglamentaria, supra, dispone que:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable la justicia, al denegar la
       expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión. Íd.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata nuestra

facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que

son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4

LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que debemos considerar al atender

una solicitud de expedición de un auto de certiorari. En lo pertinente, la

precitada disposición reglamentaria dispone lo siguiente:
KLCE202301442                                                              8

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

              A. Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida a diferencia de sus fundamentos son
              contrarios a derecho.
              B. Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
              C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
              craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
              por el Tribunal de Primera Instancia.
              D. Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.
              E. Si la etapa del procedimiento en que se
              presenta el caso es la más propicia para su
              consideración.
              F. Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa no causa un fraccionamiento
              indebido del pleito y una dilación indeseable en la
              solución final del litigio.
               G. Si la expedición del auto o de la orden de
              mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

       Dentro de este marco, el análisis del foro apelativo intermedio -al

momento de considerar los asuntos planteados mediante el recurso

de certiorari- no se efectúa en el vacío ni se aparta de otros parámetros.

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 176 (2020). Las delimitaciones que imponen

estas disposiciones reglamentarias tienen como objetivo intrínseco

prevenir la “dilación que causaría la revisión judicial de controversias que

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación”. Mun.

Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 201 DPR 703, 712

(2019). Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari,

por ser un recurso discrecional, debe ser utilizado con cautela y por razones

de peso.

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente

ha indicado que la discreción significa tener poder para decidir en una u

otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado ejercicio de la

discreción judicial está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto

de la razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

Así pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones
KLCE202301442                                                                9

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones

emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción.

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

                                     B.

       El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria.

A esos fines, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

       Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier
       momento después de haber transcurrido veinte (20) días a
       partir de la fecha en que se emplaza a la parte demandada,
       o después que la parte contraria le haya notificado una
       moción de sentencia sumaria, pero no más tarde de los
       treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida
       por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba,
       presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en
       aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una
       controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes,
       para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor
       sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación
       solicitada. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 (énfasis suplido).

       Claro está, los tribunales de instancia tienen discreción para

prorrogar los términos para presentar una moción de sentencia sumaria,

siempre y cuando medie una justa causa para ello. Véase, 32 LPRA Ap. V,

R. 68.2.

                                     III.

       Tras la evaluación del expediente ante nuestra consideración,

encontramos que el foro a quo no indició ni se desprende del expediente

ante nos que haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado

al ejercer su discreción o cometido algún error de derecho.

       Del estudio de las incidencias suscitadas posterior a la celebración

de la Conferencia con Antelación al Juicio, no identificamos fundamentos

jurídicos que nos motiven a expedir el auto de certiorari solicitado, conforme

a los criterios que guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad

revisora a estas alturas del litigio y dada la naturaleza de la controversia

traída ante nuestra consideración. Véase, Luan Invest. Corp. v. Rexach

Const. Co., 152 DPR 652, 667-668 (2000). Sostenemos, por tanto, que la
KLCE202301442                                                              10

determinación impugnada resulta razonable y no denota un abuso de

discreción por parte del TPI. El Peticionario no demostró que el TPI abusara

de su discreción, actuara con perjuicio o cometiera un error manifiesto en

su determinación.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

auto de certiorari presentado ante nuestra consideración.

      Notifíquese inmediatamente a las partes y al Hon. Ismael

Álvarez Burgos, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones