Court Opinion

ID: 9941403
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:11.198637+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.761453
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

 ESPERANZA TABOADA                              Revisión Judicial
       PRADO                                    procedente del
                                                Departamento de
         Recurrida                              Asuntos del
                                                Consumidor
              v.
                    KLRA202300593 Sobre: Ley de
JUNTA DE DIRECTORES               Condominios
  Y/O CONSEJO DE
     TITULARES                    Caso Número:
 CONDOMINIO DORAL                 C-SAN-2023-0015392
   PLAZA Y OTROS

        Recurrente
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

      La parte recurrente, el Consejo de Titulares del Condominio

Doral Plaza, comparece ante nos para que dejemos sin efecto la

determinación emitida por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo), el 20 de septiembre de 2023, notificada el 21

del mismo mes y año. Mediante la misma, el referido organismo

declaró Ha Lugar una Querella instada por la recurrida, la señora

Esperanza Taboada Prado, y ordenó a la parte recurrente a poner a

disposición de esta la documentación solicitada en el referido pliego.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la determinación administrativa recurrida.

                                    I

      El 14 de julio de 2023, la señora Taboada Prado presentó la

querella de epígrafe. En la misma, la recurrida alegó que, el 17 de

abril de 2023, le remitió un correo electrónico al Consejo de

Titulares, mediante el cual le solicitó la documentación siguiente:

      a. convocatoria(s) de la(s) asamblea(s) celebradas para
         la aprobación del Plan de Manejo de Emergencias del
         Condominio;

Número Identificador

RES/SEN2024________________
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       b. minutas de las referida(s) reuniones (asambleas);

       c. evidencia de las convocatorias anteriormente
          requeridas, de forma tal que la información de los
          titulares no se pueda identificar.1
Indicó que, a la fecha, no se le había entregado la referida

información.

       Precisa destacar que, al requerir la información, la recurrente

señaló que se censurara la dirección postal de los titulares al hacer

entrega de la copia de la boleta del correo de aquellos que fueron

convocados por correo certificado. En cuanto a los titulares que se

convocaron por correo electrónico, propuso censurar parcialmente

la dirección, de forma que se pudiesen diferenciar unos de otros,

pero que no se pudiese distinguir el correo electrónico del titular.

Así, pues, le solicitó a DACo que ordenara la entrega de la

información solicitada.

       En respuesta, el 22 de agosto de 2023, el Consejo de Titulares

presentó una Moción de Desestimación. En el escrito, señaló que, el

25 de mayo de 2023, esta Curia emitió una sentencia en el caso

KLRA202300200, el cual, presuntamente, era idéntico al presente

caso en partes, causa y remedio. Ello, puesto que la recurrida, al

igual que en el caso de epígrafe, solicitó las convocatorias a las

asambleas y la prueba del envío de las mismas a los titulares del

Condominio. La parte recurrente aseveró que, mediante el referido

dictamen, este Tribunal concluyó que la documentación peticionada

por la señora Taboada Prado estaba expresamente protegida por la

Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129- 2020, 31 LPRA

sec. 1921 et seq. (Ley de Condominios). Al amparo de lo anterior, le

solicitó a DACo que desestimara la Querella, dado a que el reclamo

de la recurrida era cosa juzgada.

1 Apéndice del recurso, pág. 4.
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      Evaluado lo anterior, el 20 de septiembre de 2023, notificada

el 21 del mismo mes y año, la referida agencia emitió la Resolución

que nos ocupa. Mediante la misma, declaró Ha Lugar la Querella

presentada por la señora Taboada Prado. Esencialmente, basó su

determinación en que el Artículo 55(f) de la Ley de Condominios, 31

LPRA sec.1923, le impone al Secretario de la Junta de Directores la

responsabilidad de hacer disponible a los titulares todo documento

perteneciente al Consejo de Titulares que obre en los archivos, con

excepción a la información personal de los demás titulares, la cual,

únicamente, se podrá divulgar si lo permite algún otro artículo de la

Ley, o si el titular lo autorizó previamente. Conforme a lo expuesto,

la agencia ordenó a la parte recurrente a poner a disposición de la

señora Taboada Prado la documentación solicitada, en un término

de diez (10) días.

       Inconforme, y tras no atenderse una previa solicitud de

reconsideración ante la agencia en el término dispuesto por la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAUG), el 16 de

noviembre de 2023, el Consejo de Titulares compareció ante nos

mediante el presente recurso de revisión administrativa. En el

mismo, formula el siguiente planteamiento:

      Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al
      ordenar la entrega de la evidencia de las convocatorias
      con la información de cada titular censurada por ser
      esto improcedente como cuestión de derecho al ser cosa
      juzgada y lesionar la confidencialidad de esta
      información que surge de la Ley de Condominios.
      Además, el resto de la querella es académic[a].

      Luego de examinar el expediente que nos ocupa, procedemos

a expresarnos.

                                 II

                                 A

      Es norma firmemente establecida en el estado de derecho

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse
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de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Rolón

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); The Sembler Co. v.

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010). En este contexto, la

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, establece el alcance de

la   revisión     judicial    respecto   a    las      determinaciones

administrativas. A tal efecto, la referida disposición legal expresa

como sigue:

      El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si
      determina que el recurrente tiene derecho a un
      remedio.

      Las determinaciones de hechos de las decisiones de las
      agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan
      en evidencia sustancial que obra en el expediente
      administrativo.

      Las conclusiones de derecho serán revisables en todos
      sus aspectos por el tribunal.

      3 LPRA sec. 9675.

      Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del

organismo. Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto

Rico, supra; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra. Por ello,

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia

sustancial      que   surja   de   la    totalidad     del   expediente

administrativo. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005);

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431-432 (2003).             Nuestro

Tribunal Supremo ha definido el referido concepto como aquella

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como

adecuada para sostener una conclusión.               Rolón Martínez v.

Superintendente de la Policía de Puerto Rico, supra; Assoc. Ins.
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Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Por tanto,

compete a la parte que impugne la legitimidad de lo resuelto por un

organismo   administrativo,   identificar   prueba   suficiente   para

derrotar la presunción de corrección y regularidad que les asiste.

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).

      A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no

si hizo una determinación correcta de los hechos ante su

consideración. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. En

caso de que exista más de una interpretación razonable de los

hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia,

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma

de deferencia no es absoluta. La misma cede cuando está presente

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está

fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando

ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v.

Comisión de Seguridad, 170 DPR 847, 853 (2007).

                                  B

      Por su parte, mediante la aprobación de la Ley de

Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020, 31 LPRA sec. 1921, et

seq. (Ley de Condominios), se ejecutó el propósito de viabilizar la

propiedad individual sobre una unidad de apartamento que forma

parte de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.

De este modo, se estatuyó el derecho de cada titular a disfrutar

plenamente del mismo, y de las áreas comunes establecidas,

siempre que no resulte en menoscabo de las prerrogativas de los

demás titulares. Art. 2 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec.

1921a.
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      Ahora bien, el Consejo de Titulares constituye la autoridad

suprema sobre la administración del inmueble, y debe estar

integrado por todos los titulares. Íd., Art. 48, 31 LPRA sec. 1922t.

Corresponderá al referido organismo elegir, por el voto afirmativo de

la mayoría, una Junta de Directores con, por lo menos, un

Presidente, un Secretario y un Tesorero. Íd., Art. 49, 31 LPRA sec.

1922t. 31 LPRA sec.1922u.

      En lo pertinente al caso de marras, el Artículo 55(f) del referido

estatuto dispone que el Secretario de la Junta tendrá el deber de:

      [c]ustodia[r] y ha[cer] disponible para la revisión de los
      titulares que así lo soliciten, todo documento
      perteneciente al Consejo que obre en los archivos del
      condominio, tales como, pero sin limitarse a,
      documentos relacionados a la actividad fiscal del
      condominio, las actas de las asambleas del Consejo de
      Titulares, las actas de las reuniones de la Junta de
      Directores, y los contratos adjudicados. No será [sic]
      hará disponible para la revisión de un titular, la
      información personal de los demás titulares, a menos
      que otro Artículo de esta Ley así lo permita, o que el
      titular haya previamente autorizado la divulgación de
      dicha información.
      31 LPRA sec. 1923.

                                  C

      Finalmente, precisa señalar que el estado de derecho actual

reconoce que la doctrina de cosa juzgada es una muy provechosa y

necesaria para la sana administración de la justicia. Fonseca et al.

v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012). A través de su aplicación,

el ordenamiento jurídico cumple una dualidad de propósitos;

mientras garantiza el interés del Estado de velar porque los litigios

culminen definitivamente, de forma tal que se propenda a la

certidumbre y seguridad de los derechos declarados por vía judicial,

también procura evitar en los ciudadanos las molestias que implica

litigar nuevamente una misma causa. Íd, pág. 862; Presidential v.

Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA,

supra; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151

(2008); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004).         Así, la
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referida norma ciertamente versa sobre “lo ya resuelto por fallo firme

de un Juez o Tribunal competente y lleva en sí la firmeza de su

irrevocabilidad”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español,

6ta Ed., Madrid, ED. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.         Sin

embargo, en reiteradas ocasiones el sistema normativo vigente ha

reconocido que su aplicación no es una automática ni inflexible,

cuando con ello se laceren principios básicos de orden público y de

justicia. Presidential v. Transcaribe, supra; Fonseca et al. v. Hosp.

HIMA, supra.

      Por su parte, un litigante resulta airoso al levantar la defensa

de cosa juzgada, siempre que acredite la más idónea concurrencia

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad

con que lo fueron. Rodríguez Ocasio v. ACAA, supra, pág. 862.

Respecto a la exigencia de identidad entre las cosas, la doctrina

interpretativa de la norma reconoce que la misma alude a que se

promueva un segundo pleito, cuya esencia versa sobre el mismo

asunto del cual se dispuso en uno anterior. Siendo así, el criterio

medular a examinarse para determinar si, en efecto, tal aspecto está

presente, es el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita,

ello a la luz de los planteamientos que se generan en torno al mismo.

En este contexto, merece especial atención el hecho de si el segundo

pronunciamiento judicial, contradice el derecho afirmado en la

decisión anterior. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274;

Rodríguez v. Colberg, 131 DPR 212, 219-220 (1989); A & P Gen.

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 764 (1981).

      En cuanto al requisito de identidad de causas, ésta se logra

establecer cuando se demuestra que tanto en el primer pleito, como

en aquel en el que se levanta la defensa de cosa juzgada, los hechos

y fundamentos de las respectivas peticiones son idénticos respecto

a la cuestión planteada. Presidential v. Transcaribe, supra, pág.

275. De este modo, la causa resulta ser el motivo principal de pedir,
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por lo que, para efectos de la aplicación de la res judicata, se refiere

al origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas; y no

a los medios de prueba ni a los fundamentos legales en los que las

partes descansan sus argumentos. Íd.; Rodríguez v. Colberg, supra,

pág. 219; Beníquez et al v. Vargas et al, 184 DPR 281, 223

(2012). “Al determinar si existe identidad de causas de acción,

debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la

misma transacción o núcleo de hechos”. Presidential v. Transcaribe,

supra, pág. 275; Martínez Díaz v. E.L.A., 182 DPR 580, 586

(2011).

      Por último, relativo al requisito de la identidad de partes, la

norma ha sido enfática en que el mismo se cumple en cuanto a

aquellos que intervienen en el proceso de que trate, a nombre y en

interés propio. Lo anterior necesariamente implica que las partes

involucradas en ambos procedimientos sean las mismas o se hayan

en relación mutua con otra. Presidential v. Transcaribe, supra;

Rodríguez v. Colberg, supra, pág. 276. En lo concerniente, nuestro

Alto Foro ha expresado que:

      [h]ay identidad de personas siempre que los litigantes
      del segundo pleito sean causahabientes de los que
      contendieron en el pleito anterior, o estén en el unidos
      a ellos por vínculos de solidaridad, o por lo que
      establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los
      que tienen derecho a exigirlas u obligación de
      satisfacerlas. Íd.

                                  III

      La parte recurrente plantea que la agencia concernida erró en

ordenar la entrega de la documentación solicitada por la señora

Taboada Prado. Sostiene que este Tribunal resolvió anteriormente

que la referida información estaba expresamente protegida por la

Ley de Condominios, supra. Particularmente, aseveró que el

mencionado estatuto no faculta a un titular a solicitar los nombres,

direcciones postales y electrónicas de los demás condóminos.
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      Conforme reseñamos en nuestra previa exposición doctrinal,

la Ley de Condominios de Puerto Rico, supra, le impone el deber al

Secretario de la Junta de Directores a hacer disponible a los titulares

todo documento perteneciente al Consejo de Titulares que obre en

los archivos del condominio. Por tanto, entendemos que la agencia

no incidió en ordenar al Consejo de Titulares que le entregara a la

señora Taboada Prado las convocatorias de las asambleas

celebradas para la aprobación del Plan de Manejo de Emergencias

del Condominio, las minutas de las referidas asambleas y la

evidencia de que, en efecto, se convocó a los titulares a las mismas.

La única información que el referido estatuto no permite hacer

disponible son los datos personales de los titulares. No obstante, la

recurrida aclaró que la anterior documentación se le debía entregar

de forma tal que la información personal de los titulares no se

pudiera identificar.

       Por otra parte, en cuanto al planteamiento de la parte

recurrente de que la solicitud de la señora Taboada Prado constituye

cosa juzgada, debemos resaltar que el caso KLRA202300200, dista

del caso de epígrafe, puesto que versa sobre un requerimiento de

documentos, realizado el 8 de febrero de 2023, en el cual la recurrida

le solicitó al Consejo de Titulares las convocatorias a todas las

asambleas celebradas, la evidencia de que se efectuaron las mismas,

entre otras cosas. En esa ocasión, la señora Taboada Prado no

indicó que se debía censurar la información personal de los

titulares.   Por   ello,   esta   Curia   concluyó   que   la   referida

documentación no se le debía entregar, dado a que la información

personal de los titulares estaba expresamente protegida por la Ley

de Condominios, supra. En virtud de lo expuesto, colegimos que en

el presente caso no se configuran los elementos de la doctrina de

cosa juzgada.
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      Según expresáramos, como norma, los pronunciamientos de

las agencias administrativas gozan de un amplio margen de

deferencia por parte del tribunal revisor, ello dado su conocimiento

especializado en la materia que regulan. En este escenario, nuestra

función estriba en resolver si los mismos son razonables a luz de la

prueba que obra en el expediente administrativo. Así pues, en

ausencia de señalamiento alguno sobre la existencia de prueba

adicional que establezca lo contrario, y toda vez la corrección de la

aplicación de la norma a los hechos adjudicados por el organismo,

resolvemos      sostener    la    determinación    administrativa   en

controversia.

                                    IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución

administrativa recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones