Court Opinion

ID: 9890392
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:21:45.700093+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:39.824916
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL I
                                       Certiorari
   ANDRÉS RAMÍREZ Y                    procedente del
        OTROS                          Centro Judicial de
                                       Bayamón
       Recurrido         KLCE202301046
                                       Caso Núm.:
           v.                          DO2022CV00129
                                       (403)
 JAMES PADILLA GARCÍA
                                       Asunto: Cobro de
      Peticionario                     Dinero – Ordinario

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico a 25 de septiembre de 2023.

         El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud

de relevo de una sentencia bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento

Civil,    infra.    Según   explicaremos    a   continuación,   hemos

determinado denegar el auto solicitado, pues no se aduce alguna de

las circunstancias que la citada regla contempla como motivo para

relevar a una parte de unas determinaciones que pudieron haber

sido objeto oportunamente de reconsideración o apelación.

                                   I.

         En julio de 2022, los señores Andrés Ramírez Malavé y Alberto

Ramírez Rodríguez (los “Clientes”) presentaron la acción de

referencia, sobre cobro de dinero y daños (la “Demanda”), contra el

Sr. James Padilla García (el “Mecánico”).       En enero de 2023, se

enmendó la Demanda.

         Los Clientes alegaron que eran dueños de un vehículo de

motor, el cual, por hacer unos “ruidos extraños”, llevaron al

Mecánico. Alegaron que este no hizo el trabajo encomendado y, en

vez, les comunicó que el vehículo “no funcionaba y que él ‘ya no

sabía que más hacer con el carro’”. Adujeron que, cuando otro taller

examinó el vehículo, se les informó que el Mecánico había sido

Número Identificador
RES2023________
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negligente, por lo cual los Clientes habían tenido que incurrir en

gastos innecesarios y a raíz de lo cual se le ocasionaron daños

sustanciales al mismo. Reclamaron la devolución de la labor pagada

al Mecánico, del costo de las piezas compradas y que el Mecánico

supuestamente dañó, el costo de reparación del vehículo en otro

taller, y daños por la pérdida del uso del vehículo y por otros

conceptos.

      Por no haber contestado oportunamente la Demanda, a pesar

de que el Mecánico había comparecido a través de representación

legal desde septiembre de 2022, el TPI le anotó la rebeldía al

Mecánico.    Luego, los Clientes solicitaron que el TPI dictara

sentencia sin más trámite, a lo cual el Mecánico se opuso.

      Mediante una Sentencia notificada el 21 de junio de 2023 (la

“Sentencia”), el TPI declaró con lugar la Demanda.       Condenó al

Mecánico a pagar a los Clientes la suma de $19,819.53, más

$3,000.00 por costas, gastos y honorarios por temeridad. El 7 de

julio, el abogado del Mecánico solicitó al TPI ser relevado de la

representación de este.

      El 4 de agosto, luego de que al Sentencia había advenido final

y firme, y a través de una distinta representación legal, el Mecánico

presentó una Contestación a la Demanda y una Moción Urgente

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Relevo de

Sentencia y Solicitud para que se Levante la Anotación de Rebeldía

(la “Moción”).

      En la Moción, el Mecánico adujo que: (i) faltaba una parte

indispensable porque su trabajo se había facturado a través de una

corporación; (ii) eran inmeritorias las alegaciones de la Demanda;

(iii) no se presentó prueba que sustentara los daños concedidos; (iv)

no se debió anotar la rebeldía como sanción, sin que antes se

advirtiera a la parte al respecto y se impusieran sanciones menos

severas.
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      Mediante un dictamen notificado el 7 de agosto, el TPI denegó

la Moción. El 21 de agosto, el Mecánico solicitó reconsideración, lo

cual fue denegado por el TPI mediante una Resolución notificada el

22 de agosto.

      Inconforme, el 21 de septiembre, el Mecánico presentó el

recurso que nos ocupa. En esencia, reproduce lo planteado en la

Moción.    En particular, arguye que: (i) no se incluyó como

demandado a una corporación que debe considerarse como parte

indispensable; (ii) tiene “evidencia nueva” que demuestra la

improcedencia de la Demanda; (iii) el TPI no debió anotarle la

rebeldía como sanción sin antes advertirle al respecto o imponerle

una sanción menos severa; (iv) no se demostraron los daños

concedidos por el TPI. Disponemos.

                                 II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de

asuntos interlocutorios.    Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:
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      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                  III.

      La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 49.2, permite que un tribunal deje sin efecto una sentencia

cuando concurre una de las siguientes circunstancias:

      a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
         excusable;
      b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
         una debida diligencia, no pudo haber sido
         descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio
         de acuerdo con la Regla 48;
      c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
         “intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), falsa
         representación u otra conducta impropia de una
         parte adversa;
      d) nulidad de la sentencia;
      e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
         cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
         fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
         efecto, o no sería equitativo que la sentencia
         continuara en vigor, o
      f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
         un remedio contra los efectos de una sentencia.

Al aplicar esta regla, se tiene que hacer un balance entre el principio

de que los casos se deben resolver en los méritos haciendo justicia

sustancial y el interés de que los litigios lleguen a su fin. García

Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010).

      La decisión de conceder un remedio bajo esta regla descansa

en la sana discreción del juzgador, salvo en los casos de nulidad o

cuando la sentencia ha sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR
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482, 490 (2003). Se entenderá que una sentencia es nula cuando

ha sido dictada sin jurisdicción o cuando se ha violado el debido

proceso de ley. Íd.

      Ahora bien, esta regla “no constituye una llave maestra para

reabrir controversias ni sustituye los recursos de apelación o

reconsideración”, mucho menos cuando se trata de una sentencia

dictada correctamente. García Colón, 178 DPR a la pág. 541 (énfasis

suplido); Piazza Velez v. Isla del Río, 158 DPR 440, 448 (2003); Ríos

v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).

                                 IV.

      Por considerar que fue correcta la decisión del TPI de denegar

la Moción, declinamos intervenir con la misma. Veamos.

      Contrario a lo planteado por el Mecánico, no estamos ante una

sentencia nula. No se ha demostrado cómo la Sentencia afectaría

los derechos de la corporación que no fue incluida como parte

demandada. Tampoco cómo la ausencia de dicha corporación le

impedía al TPI conceder un remedio completo a los Clientes. Por

tanto, no se colocó al TPI en posición de concluir que la corporación

era una parte indispensable para adjudicar la Demanda.

      Por otra parte, tampoco podía el TPI conceder remedio alguno

sobre la base de nueva evidencia.      Ello porque el Mecánico ni

siquiera intentó plantear que esta prueba, a pesar de una debida

diligencia, no había podido ser descubierta a tiempo para solicitar

un nuevo juicio. No se configura un “fraude” simplemente porque

el Mecánico considere que tiene prueba para derrotar las

alegaciones de los Clientes.

      En resumen, ninguno de los planteamientos del Mecánico

configura alguna de las circunstancias bajo las cuales se puede

conceder una moción bajo la Regla 49.2, supra. Por ejemplo, lo

relacionado con la prueba sobre daños y con la procedencia de la

anotación de rebeldía como sanción, son asuntos que debieron
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plantearse a través de una petición de certiorari ante este Tribunal,

una apelación, o ambas. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR

527, 541 (2010); Piazza Vélez v. Isla del Río, 158 DPR 440, 448

(2003); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). Las

partes no pueden utilizar dicha regla como subterfugio para hacer

planteamientos que debieron presentarse por otras vías.

      Resaltamos, además, que, para ser acreedor a un remedio

bajo los incisos primero y sexto de la Regla 49.2, supra, es necesario

que el promovente haya sido diligente en la tramitación del caso.

Neptune Packing Corp. v. The Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 292

(1988). En este caso, el Mecánico no fue diligente; además de no

contestar la Demanda, sin explicación razonable alguna, tampoco

promovió alguno de los recursos que le hubiesen permitido a este

Tribunal revisar en los méritos la Sentencia y las determinaciones

anteriores del TPI.      Aunque el Mecánico enfatiza que tiene una

buena defensa en los méritos, este es solo uno de los factores que

deben examinarse en este contexto.

      En fin, considerados cuidadosamente los planteamientos del

Mecánico, a la luz de la totalidad del récord, no podemos concluir

que haya cometido error alguno el TPI al denegar la Moción, pues no

se demostró que estuviese presente alguna de las circunstancias

dispuestas en la Regla 49.2, supra.

                                     V.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de

certiorari solicitado.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones