Court Opinion

ID: 9952234
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:59.35796+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.632120
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

                                                  Revisión
    GUILLERMO CRUZ                                procedente de la
        CORREA                                    Junta de Libertad
                                                  Bajo Palabra
           Recurrente
                               KLRA202400010 Caso núm.: 147513
               v.
                                                  Confinado
   JUNTA DE LIBERTAD                              B705-37437
     BAJO PALABRA
                                                Sobre: Denegatoria
           Recurrido                            de Libertad Bajo
                                                Palabra
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      La Junta de Libertad Bajo Palabra (la “Junta”) denegó una

solicitud de privilegio de libertad bajo palabra, ello al razonar que no

se había corroborado que existiese un hogar viable para el

solicitante. Según se explica en detalle a continuación, procede la

confirmación de la decisión recurrida.

                                   I.

      El Sr. Guillermo Cruz Correa (el “Recurrente”) cumple una

sentencia de 48 años de reclusión. La fecha tentativa para cumplir

su sentencia es el 3 de junio de 2057. El Recurrente advino elegible

para ser considerado por la Junta en junio de 2023. El Recurrente

solicitó a la Junta que le concediera el privilegio de libertad bajo

palabra.

      Mediante una Resolución de 30 de agosto de 2023, la Junta

denegó la solicitud del Recurrente. En lo pertinente, la Junta razonó

que el Recurrente “no cuenta con propuesta de hogar viable, según

surge de la corroboración de información realizada por el programa

de comunidad Carolina” y que el Recurrente “no dispone de un plan

de salida debidamente estructurado y viable en sus tres áreas de

Número Identificador
SEN2024________________
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salida”. A la luz de lo anterior, la Junta determinó no conceder el

privilegio al Recurrente y volver a considerar el caso en agosto de

2024.     Además, la Junta indicó que, para esa nueva vista, el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) deberá

someter un informe de ajuste y progreso con el plan de salida

debidamente corroborado.

        Al tomar su decisión, la Junta contó con un Informe de

Libertad Bajo Palabra realizado por Corrección. El mismo arrojó que

el Recurrente informó que se proponía residir en el hogar de su

madre, la Sa. Marta Correa López, quien se encuentra bajo el

privilegio de pase extendido, con monitoreo electrónico, por haber

sido condenada por los hechos que culminaron en la condena del

Recurrente.    Surge, además, que el núcleo familiar incluía a su

padrastro, el Sr. Iván Rosario López.   El Recurrente cuenta con

oferta de empleo y propuso al Sr. Isidro Valenzuela Beltre como

amigo consejero, ya que este lo conoce hace 19 años.

        El Recurrente solicitó reconsideración a la Junta; en esta

ocasión, propuso un nuevo hogar para residir.      El titular de la

residencia propuesta es el Sr. Valenzuela, quien ya fue corroborado

como su amigo consejero. En atención a dicha reconsideración, el

10 de octubre de 2023, la Junta acogió la misma. Mediante esta, la

Junta determinó solicitar al Programa de Comunidad de Carolina de

Corrección corroborar el hogar propuesto por el Recurrente.     La

Junta le concedió a Corrección un término de 30 días para cumplir

con lo ordenado.

        El 29 de noviembre, el Programa de Comunidad de Carolina

de Corrección rindió a la Junta un Informe Breve Libertad Bajo

Palabra, mediante el cual corroboró el hogar propuesto por el

Recurrente. A su vez, dispuso que el hogar propuesto se encuentra

en una avenida muy concurrida rodeada, en su mayoría, de oficinas

comerciales.    Posteriormente, el Oficial Examinador rindió un
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informe en el que recomendó a la Junta conceder el privilegio de

libertad bajo palabra al Recurrente, sujeto a ciertas condiciones.

      El 19 de diciembre, la Junta notificó una Resolución mediante

la cual denegó la solicitud de reconsideración del Recurrente.

      Inconforme, el 10 de enero, el Recurrente presentó el recurso

de epígrafe, en el que formula los siguientes señalamientos de error:

              1. Erró y abusó de su discreción la Junta de
                 Libertad Bajo Palabra en denegar la libertad
                 bajo palabra al Recurrente a pesar de que no
                 existe en el expediente recomendación
                 negativa y el privilegio fue recomendado por el
                 Examinador que evaluó el plan de salida.

              2. Erró y abusó de su discreción la Junta de
                 Libertad Bajo Palabra al denegar la concesión
                 de libertad bajo palabra sin expresar las
                 razones para su denegación en la que se limitó
                 a suscribir un simple no ha lugar.

Resolvemos.

                                  II.

      Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario,

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168

DPR 66, 91 (2006). Se presumen correctas las determinaciones de

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable

de acuerdo con la totalidad de la prueba examinada. Íd. Por lo

tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia

actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que

su actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.

      Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo.       3 LPRA sec. 9675.       Sin
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embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las

conclusiones de derecho de la agencia. Íd.

      En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v.

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).

                                 III.

      La Junta está autorizada a “decretar la libertad bajo palabra

de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones

penales de Puerto Rico […]” para que cumpla la última parte de su

sentencia fuera de la institución. Arts. 1 y 3 de la Ley Núm. 118 de

22 de julio de 1974, según enmendada (“Ley 118”), 4 LPRA secs.

1501 y 1503.

      El beneficio de la libertad bajo palabra es un privilegio, no un

derecho, y se le otorgará a un confinado cuando sirva al mejor

interés de la sociedad y propicie la rehabilitación moral y económica

del individuo, según la sana discreción de la Junta. Quiles v. Del

Valle, 167 DPR 458, 475 (2006); Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de

Distrito, 91 DPR 567, 570-571 (1964); Emanuelli v. Tribunal de

Distrito, 74 DPR 541, 549 (1953).

      Para ejercer adecuadamente su discreción, la Junta aprobó el

Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm.

9232 de 18 de noviembre de 2020 (Reglamento 9232).               Este

reglamento establece las reglas procesales y sustantivas que

gobiernan las funciones adjudicativas del mencionado organismo

administrativo. A su vez, este incorpora las disposiciones de los
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procedimientos adjudicativos estatuidos por la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.1

       El Artículo X del Reglamento 9232 establece los criterios que

la Junta deberá considerar al evaluar la solicitud de libertad bajo

palabra de un confinado.         Específicamente, la Sección 10.1 del

Reglamento 9232 detalla ciertos criterios de elegibilidad, entre los

cuales destacamos los recogidos en la Sección 10.1 (B)(7):

              7.   Si cuenta con un plan de salida
                   estructurado y viable en las áreas de
                   oferta de empleo y/o estudio, residencia y
                   amigo consejero.

                   a. El plan de salida podrá ser en Puerto Rico,
                      en cualquier estado de los Estados
                      Unidos o en cualquier otro país que tenga
                      un tratado de reciprocidad con Estados
                      Unidos.

                   b. Cuando el plan de salida propuesto sea
                      fuera de la jurisdicción de Puerto Rico:

                      […]

                   e. Residencia

                      i.     Todo peticionario tiene que indicar el
                             lugar en el cual piensa residir de
                             serle concedida la libertad bajo
                             palabra, bien sea en una residencia o
                             un programa interno.

                      ii.    De proponer una residencia, el
                             peticionario proveerá el nombre
                             completo y número de teléfono de
                             la persona con la cual residirá, o de
                             algún familiar cercano, así como la
                             dirección física de la residencia.
                             En estos casos, se realizará una
                             investigación sobre la actitud de la
                             comunidad donde propone residir
                             el peticionario, de serle concedida
                             la libertad bajo palabra.

                      iii.   De proponer una residencia propia
                             y no contar con recurso familiar,
                             deberá presentar como recurso y
                             apoyo el amigo consejero o alguna
                             persona que le pueda servir de
                             apoyo, aunque no resida con el
                             peticionario. Deberá presentar el
                             nombre completo de esa persona,
                             número de teléfono y correo

1 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA secs. 9601 y ss.
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                      electrónico. En estos casos, se
                      realizará una investigación sobre
                      la actitud de la comunidad donde
                      propone recibir el peticionario de
                      serle concedida la libertad bajo
                      palabra.

                iv.   Si el peticionario interesa ingresar a
                      un programa interno, tendrá que
                      presentar la carta de aceptación del
                      programa, así como proponer una
                      residencia alterna en la cual
                      disfrutará de los pases, en los casos
                      que aplique. Dicha residencia alterna
                      será corroborada para determinar su
                      viabilidad. Si la residencia alterna no
                      resulta viable, el peticionario no
                      podrá disfrutar de pases hasta tanto
                      no provea una residencia alterna
                      viable, y así lo autorice la Junta.

                v.    Para determinar si la vivienda
                      propuesta es viable, la Junta
                      considerará:

                      (a)   Las características personales
                            e historial delictivo de las
                            personas    con    las  cuales
                            convivirá el peticionario en la
                            vivienda,     y     cómo     el
                            peticionario se relaciona con
                            estos.

                      (b)   Opinión de la comunidad sobre
                            la determinación de conceder el
                            privilegio y las personas con las
                            cuales convivirá el peticionario.

                      (c)   Condición de la planta física de
                            la residencia y cantidad de
                            habitantes de la misma.

                      (d)   Si la residencia propuesta está
                            relativamente cercana a la
                            residencia de la víctima de
                            delito.

                      (e)   Si existe algún impedimento
                            en ley para que el peticionario
                            resida      en     la     vivienda
                            propuesta,         excepto      se
                            encuentre      incluido    en    el
                            contrato      de     vivienda     o
                            certificación         de         la
                            administración
                            correspondiente.

                      (f)   Cualquier otra consideración
                            que la Junta estime pertinente
                            dentro de los méritos del caso
                            individual.
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                  f. Amigo consejero

                     i.   El amigo consejero tiene la función
                          de cooperar con la Junta y el
                          Programa de Comunidad en la
                          rehabilitación del peticionario.

                    […] (Énfasis suplido).

      Resulta preciso señalar que “la Junta tendrá discreción para

considerar los mencionados criterios según considere conveniente y

cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación del

peticionario y al mejor interés de la sociedad”. Sec. 10.1 (B)(12) del

Reglamento 9232.

      A su vez, la Sección 10.2 del Reglamento 9232 enumera los

documentos que deberán ser sometidos ante la Junta para que se

pueda considerar una solicitud. Será deber de los empleados de

Corrección proveer a la Junta todo documento que contenga

información relevante a los criterios antes esbozados. Sec. 10.2 (A)

del Reglamento 9232.        Entre los documentos que deberán ser

remitidos a la Junta se encuentran: el Informe de Libertad Bajo

Palabra y el Informe Breve de Libertad Bajo Palabra.

      El Informe de Libertad Bajo Palabra es un “[e]studio realizado

por un técnico de servicio sociopenales del Programa de Comunidad

de [Corrección], el cual incluye el historial social y delictivo;

circunstancias del delito(s), versión oficial del delito, dirección postal

y física y opinión del perjudicado, opinión de la familia y la

comunidad respecto a la liberación del miembro de la población

correccional, ajustes institucionales, descripción, corroboración,

evaluación del plan de salida, más cualquier otra información

relevante que el técnico de servicios sociopenales considere debe

conocer la Junta”. Art. V (y) del Reglamento 9232.

      Por otro lado, el Informe Breve de Libertad Bajo Palabra

constituye una “[i]nvestigación realizada por el técnico de servicios

sociopenales del Programa de Comunidad del Departamento de
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Corrección y Rehabilitación, cuyo fin será, entre otras cosas,

corroborar la viabilidad del plan de salida propuesto y la opinión de

la comunidad inmediata”. Art. V (w) del Reglamento 9232.

       Las vistas en los casos de libertad bajo palabra se celebrarán

ante la Junta, cualquier miembro o un Oficial Examinador. Art. XI

(C) del Reglamento 9232. Una vez celebrada una vista, presidida

por un Oficial Examinador, éste preparará un informe en el cual

hará    un   resumen    de   la   evidencia   recibida,   exponiendo

separadamente las determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho que fundamentan su recomendación.           Sec. 14.2(A) del

Reglamento 9232.       En cuanto a la recomendación del Oficial

Examinador, la Junta la evaluará, pero emitirá su propia

determinación mediante la correspondiente resolución. Art. XIV,

Sección 14.2 (D) del Reglamento Núm. 9232.

       Por otro lado, las conclusiones y recomendaciones contenidas

en un informe no obligan a la agencia, la cual tiene facultad para

dictaminar sobre las cuestiones en controversia sobre la base de su

propia consideración. Es decir, una agencia administrativa no tiene

que acoger la totalidad de un informe preparado por un oficial

examinador, sino las partes de aquél que considere correctas.

Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 933-934 (1998).

       Finalmente, en cuanto a las determinaciones sobre libertad

bajo palabra, el reglamento dispone que “[c]uando la Junta deniegue

la libertad bajo palabra, expresará individualmente en su resolución

las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que

fundamentan dicha determinación, así como indicará fecha (mes y

año) en que volverá a considerar el caso”. Sec. 12.3 (B) del

Reglamento 9232.       Así, dispone que la Junta tomará toda

determinación final a base de la preponderancia de la prueba, a la

luz de la prueba presentada durante la vista y la totalidad del

expediente del caso. Sec. 14.1 (A) del Reglamento 9232.
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                                   IV.

      Concluimos que procede confirmar la decisión recurrida, pues

el Recurrente no demostró que la misma sea irrazonable o contraria

a derecho.

      Consideramos razonable la conclusión inicial de la Junta,

plasmada en la Resolución de 30 de agosto de 2023, a los efectos de

que el Recurrente no contaba con un hogar viable, por lo cual no

presentó un plan de salida debidamente estructurado. En efecto, el

Informe de Libertad Bajo Palabra demostró que el Recurrente

propuso residir en el hogar de su madre, quien se encuentra bajo el

privilegio de pase extendido con monitoreo electrónico. Así, en esta

etapa, el Recurrente falló en demostrar ante la Junta un hogar viable

para la concesión del privilegio de libertad bajo palabra.

      Tampoco podemos concluir que sea irrazonable, o contraria a

derecho, la determinación de la Junta de denegar la reconsideración

del Recurrente. Del récord surge que, a pesar de hacer las gestiones

pertinentes, Corrección no pudo obtener la postura de la comunidad

en   la   cual   está el   hogar   que   el Recurrente   propuso    en

reconsideración.     Resaltamos, además, que el deber último de

determinar sobre la concesión del privilegio de la libertad bajo

palabra recae en la Junta, sin que está tenga necesariamente que

coincidir con las recomendaciones del Oficial Examinador.

      En consecuencia, no podemos concluir, ni el Recurrente nos

ha convencido, que la Junta haya actuado de forma irrazonable al

no concederle el privilegio de libertad bajo palabra. Por el contrario,

su determinación se basó en la ley y la reglamentación que rigen su

discreción y en la evidencia sustancial que obraba en el expediente

que tenía ante sí.

                                   V.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución

recurrida.
KLRA202400010                                                     10

     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones