Court Opinion

ID: 9928596
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:21.261134+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:29.883097
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IX

      MAXIMILIAN FIEGE                                 Apelación
                                                       procedente del
             Apelado                                   Tribunal de
                                                       Primera Instancia,
                v.                                     Sala Superior de
                                                       Fajardo
   JOHN RODRÍGUEZ,      KLAN202301006
KATEENA RODRÍGUEZ y la                Caso Núm.:
    Sociedad Legal de                 FA2022CV00303
  Gananciales por Ellos
  Compuesta; CHARLES                  Sobre:
  PETER RAFFERTY y su                 Incumplimiento de
   esposa BERNADINE                   Contrato y Daños
 MICHELLE RAFFERTY y la               Interferencia
    Sociedad Legal de                 Torticera con
  Gananciales por Ellos               Relación
       Compuesta                      Contractual

            Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                            SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

       John Rodríguez, Kateena Rodríguez y la Sociedad legal de

bienes      gananciales   compuesta    por      ambos,       (en   adelante

“Rodríguez”, Apelantes o Demandados) nos solicitan la revisión y

revocación de la Sentencia Parcial Final emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (en adelante TPI) el

5 de octubre, notificada el 10 de octubre de 2023. Mediante esta,

el foro primario declaró Con Lugar la solicitud de sentencia

sumaria de la parte demandante y en su consecuencia, decretó

que   los    aquí    apelantes   incumplieron    con    el    contrato   de

compraventa perfeccionado con la parte demandante.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación,

revocamos la sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2023 ________
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                                I.

      El 25 de marzo de 2022 el señor Maximilian Fiege presentó

una demanda de incumplimiento de contrato y daños contra John

Rodríguez, Kateena Rodríguez y la Sociedad legal de bienes

gananciales compuesta por ambos. La demanda fue enmendada

el 11 de mayo de 2022. En la reclamación el señor Fiege alegó,

en síntesis, que los demandados Rodríguez eran los dueños de un

apartamento localizado en el Condominio Ocean Plaza, en Luquillo

y lo pusieron en venta en las redes sociales y otros. Que el 15 de

marzo de 2022, vio el apartamento, se interesó y le envió por

correo electrónico una oferta por $290,000.00 en efectivo para la

compraventa.     Adujo que ese mismo día, a eso de las 8:52pm,

Rodríguez aceptó la oferta del demandante, mediante el envío de

un correo electrónico en respuesta al suyo. Alegó que desde el

momento en que Rodríguez aceptó la oferta de compra se

perfeccionó un contrato entre las partes de forma pura, simple y

voluntaria. Agregó que el 16 de marzo de 2022, Rodríguez, en

respuesta a un mensaje de texto del Demandante, Rodríguez le

informó que estaría comunicándose con este más tarde esa noche,

puesto que tenía otros compradores interesados a los cuales le iba

a mostrar el apartamento.        Aseveró que el día siguiente,

Rodríguez le informó que había sacado el Apartamento de los

listados (“listings”) en los sitios que lo había colocado para la

venta, puesto que un comprador diferente le había dado un

depósito y oferta de compra superior a la del demandante.

Mencionó que el 2 de abril de 2022, Rodríguez le vendió el

apartamento a otra persona de nombre Charles Peter Rafferty y a

su esposa.     Por entender que Rodríguez violentó el contrato

reclamó daños estimados en $300,000, más la suma de $10,000

de honorarios de abogado por incumplimiento y temeridad.
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      El 15 de junio de 2022, Rodríguez contestó la demanda

enmendada.     En esencia alegó que el demandante omitió un

elemento esencial de la contratación. Sostuvo que al mostrarle la

propiedad se le informó que, de interesar perfeccionar la oferta,

debería consignar un depósito de dos mil dólares y entregar un

acuerdo de compraventa firmado (Sellers buyer agreement).

Aseveró que se le explicó al demandante que la propiedad no

saldría del mercado hasta que se completaran esos pasos.

Sostuvo que el demandante no cumplió con la contraprestación

requerida para perfeccionar el contrato.              En las defensas

afirmativas   reiteró   que   el   demandante        conocía   que   para

perfeccionar el contrato venía obligado a entregar un depósito no

menor de $2,000 y firmar un acuerdo de compra/venta, a los fines

de poder requerir que la propiedad saliera del mercado, lo que no

hizo, por lo que el contrato no quedó perfeccionado.

      Luego de otros asuntos procesales que no vienen a la línea

del relato, el 16 de agosto de 2023 el demandante presentó una

solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.         En esta incluyó, entre

otras, copia de correos electrónicos enviados entre las partes y

mensajes de texto.      En la solicitud de sentencia sumaria, expuso

catorce (14) hechos como no controvertidos. Entre ellos, expresó

que el 15 de marzo de 2022 el señor Rodríguez le mostró el

Apartamento al señor Fiege, y ese mismo día, a eso de las

8:30pm, el señor Fiege envío por correo electrónico al señor

Rodríguez,    una   oferta    escrita    para   la    compraventa     del

Apartamento, en efectivo, por la cantidad de doscientos noventa

mil dólares ($290,000.00).         Mencionó que ese mismo, 15 de

marzo de 2022, a eso de las 8:52pm, el señor Rodríguez aceptó

la oferta escrita del señor Fiege, mediante el envío de un correo

electrónico en respuesta al suyo.       Alegó que las partes llegaron a
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un acuerdo para la compraventa del Apartamento y que el señor

Rodríguez incumplió con el acuerdo perfeccionado al no honrar el

acuerdo de compraventa.1

         El 18 de septiembre de 2023 los demandados Rodríguez

presentan su Moción en oposición a sentencia sumaria. Para cada

hecho propuesto, explicaron si estaba o no controvertido.              En

especial     aseveraron     que   el   demandante     reconoció   en   el

documento        de   oferta   que     existían   elementos   adicionales

requeridos para perfeccionar la contratación y citó lo siguiente del

documento suscrito por el demandante:

          “To be able to move this quickly, I will need to move fast
         and have everything aligned. I am respectfully requesting
         an answer as soon as possible, preferably by tomorrow
         morning. I hope you understand my only request, but I do
         need to jump on this before the weekend and we still need
         to prepare and sign a more formal purchase
         agreement. As requested, I’ve attached my proof of funds
         to this e mail. The statement confirms ownership, and the
         current balances reflect the proof of funds. One account
         belongs to myself, the other to my girlfriend Claudia
         Herbert. I’ll look to consolidate the two this weekend to
         send you a lump sum, should we move forward.”2
         (Énfasis en original)

         Alegaron que existía controversia en cuanto a la suficiencia

de los mensajes para perfeccionar el contrato.          Además, que el

demandante en su narración de hechos de la demanda omitió un

elemento esencial de la contratación ya que se le explicó al

mostrarle la propiedad que, de interesar perfeccionar la oferta,

debería consignar un depósito mínimo de dos mil dólares y

entregar un acuerdo de compraventa firmado (Sellers buyer

agreement) como condición para sacar la propiedad del mercado,

ya que existían varios compradores interesados por lo que la

propiedad no saldría del mercado hasta que se completaran dichos

1
    Apéndice págs. 59-82.
2
    Apéndice pág. 85.
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pasos.3        Expresó la parte opositora que la demandante en sus

mensajes de correo electrónico y los mensajes de texto confirman

que el demandado le notificó a todos los posibles compradores

que requería la entrega de un depósito no menor de dos mil

dólares y la firma de un pre acuerdo de venta como condición para

sacar     la    propiedad   del   mercado,   ya   que   existían    varios

compradores interesados.4         Agregó que, según el “propio texto

escrito por la parte demandante era necesario que el demandante

firmara un acuerdo de compraventa y entregara un depósito

mínimo de dos mil dólares [$2,000] para perfeccionar el acuerdo.

Mientras eso no ocurra el demandado estaba en libertad de

continuar mostrando el apartamento a posibles compradores tal y

como le manifestó claramente a la parte demandante.”5

        En cuanto transcripción de ciertos documentos mencionados

en los hechos, el demandado expresó que estos son una porción,

por lo que solicitó que se evalúe el documento en su totalidad.6

Concluyó. en síntesis, que existe controversia en cuanto a si se

perfeccionó o no el acuerdo contractual, pues existía la condición

suspensiva de la entrega del depósito y la firma del preacuerdo

para que se sacara la propiedad del mercado. Expresó que, al

existir controversia en cuanto a un elemento esencial de la

contratación, no procedía que se dictara sentencia de forma

sumaria.7

        Evaluados los escritos, el foro primario dictó una Sentencia

Parcial Final en la que determinó que se perfeccionó un contrato

bilateral, con el cual incumplió la parte Demandada.               En esta

formuló las siguientes determinaciones de hechos:

3
  Apéndice pág. 85.
4
  Íd.
5
  Apéndice pág. 85, párrafo 6.
6
  Apéndice pág. 86.
7
  Apéndice pág. 91.
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       1. Los Demandados son dueños de un apartamento
localizado en el F-1104 del Condominio Ocean Plaza, sito en el
pueblo de Luquillo, Puerto Rico.

     2. Los demandados señores Rodríguez colocaron a la
     venta dicho Apartamento al público en general a
     través de listados en las redes sociales y otros sitios.

     3. El 9 de marzo de 2022, el señor Fiege le escribió un
     mensaje de texto al señor Rodríguez indicando que
     estaba interesado en ver el Apartamento y
     potencialmente hacerle una oferta en cash. El señor
     Rodríguez le respondió y, tras un intercambio de
     mensajes lograron ponerse de acuerdo para que el
     señor Fiege pasara a ver el Apartamento el 15 de
     marzo de 2022.

     4. El pasado 15 de marzo de 2022, el demandante
     Maximilian Fiege, luego de haber visto el Aparamento,
     y habiéndose interesado y decidido a adquirir el
     mismo, envió por correo electrónico una oferta escrita
     para la compraventa (en efectivo) del Apartamento al
     co-demandado señor Rodríguez. La oferta realizada
     fue por la cantidad de doscientos noventa mil dólares
     ($290,000.00).

     5. El 15 de marzo de 2022, el señor Rodríguez le
     mostró el Apartamento al señor Fiege, y ese mismo
     día, a eso de las 8:30pm, el señor Fiege envío por
     correo electrónico al señor Rodríguez, una oferta
     escrita para la compraventa del Apartamento, en
     efectivo, por la cantidad de doscientos noventa mil
     dólares ($290,000.00). Además, junto al correo
     electrónico, el señor Fiege anejó un documento para
     comprobar la capacidad de fondos para la
     compraventa.

     6. El 15 de marzo de 2022, a eso de las 8:52pm, el
     señor Rodríguez aceptó la oferta escrita del señor
     Fiege, mediante el envío de un correo electrónico en
     respuesta al suyo. En específico, el correo electrónico
     indicaba como sigue: “Yes, I will accept your offer
     below for $290,000.00. Thank you for providing proof
     of cash purchase. I will contact my attorney tonight.
     Please do not hesitate to contact me for any additional
     questions that your or your girlfriend may have. I look
     forward to closing this deal also”.

     7. El 15 de marzo de 2022, el señor Fiege le escribió
     al Sr. Rodríguez en contestación a su respuesta que
     “[g]reat to hear I’ll have Jorge get started on the
     documents for your attorney to review. We will need
     the full public deed (escritura de compraventa) and
     the CRIM.”

     8. El 16 de marzo de 2023, el señor Fiege le envió otro
     correo electrónico al señor Rodríguez mediante el cual
     le recalca que por favor le dejara saber si tenía alguna
     pregunta y que le interesaba proceder con un retraso
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    mínimo dado el corto período de cierre que habían
    acordado anteriormente.

    9. El 16 de marzo de 2023, el señor Fiege le escribió
    por mensaje de texto al señor Rodríguez, para darle
    seguimiento sobre la oferta cursada. Además, le pidió
    que le enviara el documento del CRIM y la escritura
    del Apartamento. Por último, le dijo que podían
    redactar el contrato rápidamente y que le dejara saber
    si tenía alguna pregunta.

    10. Ese mismo día, 16 de marzo de 2022, el señor
    Rodríguez le escribió al Sr. Fiege para informarle que
    estaría comunicándose con este último más tarde esa
    noche, puesto que tenía otros compradores
    interesados a los cuales le iba a mostrar el
    Apartamento.

    11. Lo anterior provocó que la Parte Demandante
    tuviese que recordarle al señor Rodríguez de que las
    partes ya habían llegado a un acuerdo el día anterior
    para la compraventa del Apartamento. Por tanto, le
    adujo que estaba obligado con los términos y
    condiciones de tal acuerdo contractual. En adición, y
    basándose en el acuerdo contractual al que habían
    llegado las partes, el señor Fiege le solicitó al señor
    Rodríguez que desistiera de enseñar el Apartamento
    a terceros interesados.

    12. El 17 de marzo de 2023, el señor Fiege le envió
    un mensaje de texto al Sr. Rodríguez inquiriendo
    sobre si había removido el Apartamento del listado
    colocado en Zillow, y si sus abogados estaban
    preparando los documentos de la venta; el Sr.
    Rodríguez contestó ya que otro comprador había
    ofrecido una oferta más alta y entregado un depósito.

    13. El 17 de marzo de 2022, el señor Fiege, a través
    de sus abogados, le envió al señor Rodríguez un
    apercibimiento, mediante notificación escrita de que
    existía un incumplimiento de su parte con la Parte
    Demandante.

    14. El mismo 17 de marzo de 2022, la Parte
    Demandada y los esposos Rafferty firmaron un
    contrato de compraventa para el Apartamento, en el
    cual se incluía el precio acordado y el día de cierre.

    15. El 2 de abril de 2022, es decir, siete (7) días luego
    de que el señor Fiege radicara la presente reclamación
    judicial y emplazase a la Parte Demandada, los
    esposos Rafferty junto a la Parte Demandada
    otorgaron una escritura de compraventa sobre el
    Apartamento, según surge de la escritura número
    nueve (9) de esa fecha, otorgada por la Notario
    Público, Brenda Rosa Díaz; dicha escritura se presentó́
    para inscripción ante el Registro de la Propiedad de
    Fajardo el 4 de abril de 2022.
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      El foro primario expuso el derecho sobre la sentencia

sumaria y las disposiciones del Código Civil de 2020 sobre los

contratos y la compraventa. Concluyó el tribunal de instancia que

no existía controversia respecto al hecho de que hubo una oferta

por escrito por parte del Demandante para la compraventa del

Apartamento y que referida oferta fue contestada y aceptada por

el   señor   Rodríguez,   por   escrito,   en   la   misma   fecha.

Consecuentemente, decretó que desde dicho mismo momento

cumplieron los requisitos y se perfeccionó un contrato de

compraventa entre las partes el cual debió haber sido honrado.

Entendió también que los demandados incumplieron de forma

temeraria con el contrato de compraventa perfeccionado.

      En desacuerdo, los demandados Rodríguez acuden ante

nuestro foro mediante recurso de apelación en el que alegan que

incidió el Tribunal de Primera Instancia al:

      Primero: Al dictar sentencia sumaria cuando existe
      controversia sobre elementos subjetivos de intención,
      propósitos mentales y cuando el factor credibilidad es
      esencial y está en disputa incidiendo sobre el
      elemento de causa en la contratación y adjudicando el
      tribunal credibilidad sin la celebración de una vista
      evidenciaria, en contravención con lo resuelto en
      Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010),
      Abrahams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010).

      Segundo:      Al resolver que se configuraron los
      elementos del contrato entre las partes, a base del
      texto en un correo electrónico a pesar de que una de
      las partes alega haber solicitado expresamente el
      cumplimiento de dos condiciones para sacar la
      propiedad del mercado y sin tomar en consideración
      los actos anteriores, coetáneos y posteriores para
      determinar la intención de las partes contratantes en
      contravención a los establecido en Asoc. Res. Los
      Versalles, 194 DPR 258 (2015) a la pág. 267.

      Tercero: Al determinar que la parte demandada
      apelante, falló en su obligación de sobrepasar el peso
      de la prueba con evidencia que apoye los hechos
      materiales en disputa, cuando de las alegaciones de
      las partes y la propia prueba ofrecida por la parte
      demandante en su moción de sentencia sumaria surge
      prueba de las alegaciones de controversia de hechos
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        que fueron debidamente señaladas por la parte
        demandada apelante en su escrito de oposición.

        Recibida la Apelación, le concedimos término al Apelado

para presentar su posición y este no compareció, por lo que

evaluamos el recurso sin esa comparecencia.

                                 II.

                                 A.

   Es norma reiterada que nuestro ordenamiento procesal civil

reconoce el uso y valor del mecanismo de la sentencia sumaria

como vehículo para asegurar la solución justa, rápida y económica

de un caso. Universal Company y otros v. ELA, 2023 TSPR 24, 211

DPR ___ (2023), res. 7 de marzo de 2023; Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200 (2010). Tal herramienta posibilita la pronta resolución de

una controversia cuando no se requiera la celebración de un juicio

en su fondo.

   Para que proceda este mecanismo es necesario que de los

documentos no controvertidos surja de que no hay una

controversia real y sustancial sobre los hechos del caso. Universal

Company y otros v. ELA, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra,

pág. 214.    Un hecho material es aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable. Universal Company y otros v. ELA, supra; Meléndez

González et al. v M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 213.

   Así pues, para adjudicar en los méritos una controversia de

forma     sumaria,   es   necesario    que,   de   las    alegaciones,

deposiciones,   contestaciones    a    interrogatorios,   admisiones,

declaraciones juradas y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja
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de que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún

hecho material y que, como cuestión de derecho, procede dictar

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Pérez Vargas

v.    Office   Depot,   203   DPR   687   (2019);    Regla   36.3   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

        La parte promovida no podrá descansar solamente en las

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino

que deberá contestar en forma detallada y específica, como lo

hiciera la parte solicitante. Bobé et al. v. UBS Financial Services,

198 DPR 6, 21 (2017); 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).

        Una vez presentadas la solicitud de sentencia sumaria y su

oposición, el tribunal analizará tanto los documentos incluidos en

ambas mociones como los que obren en el expediente del tribunal,

y determinará si la parte opositora controvirtió algún hecho

material y esencial o si hay alegaciones de la demanda que no han

sido refutadas en forma alguna por los documentos. Bobé et al. v.

UBS Financial Services, supra. La omisión en presentar evidencia

que     rebata   aquella   presentada     por   el   promovente,    no

necesariamente implica que procede dictar sentencia sumaria de

forma automática. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307,

327 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541,

556 (2011); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 138

(2006). Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos,

el promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el

Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para

poder resolver la controversia. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 109.

        Si el cúmulo de la evidencia demuestra que en efecto no

hay controversia sustancial respecto a algún hecho esencial y
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pertinente, el tribunal deberá dictar sentencia sumaria si procede

como cuestión de derecho. Esto es, si el derecho así lo justifica.

Regla    36.3   de   Procedimiento    Civil,   32    LPRA       Ap.   V,   R.

36.3; Universal Company y otros v. ELA, supra; Oriental Bank v.

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). A su vez, el Tribunal Supremo

ha   destacado    que   no   es recomendable        utilizar    la    moción

de sentencia sumaria en          aquellos            casos            donde

exista controversia sobre    elementos     subjetivos,         de intención,

propósitos mentales o negligencia; incluso, cuando el factor de

credibilidad es esencial y está en disputa. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010).

        A tenor con lo anterior, al revisar una determinación de

primera instancia, sobre una solicitud de sentencia sumaria, como

foro intermedio podemos: (1) considerar los documentos que se

presentaron ante el foro primario, (2) determinar si existe o no

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y

(3) determinar si el derecho se aplicó de forma correcta. Segarra

Rivera v. Int’l Shipping, et al., 208 DPR 964 (2022); Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 114. Así pues, el

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes

de Sentencia Sumaria. Esta revisión es una de novo. Segarra

Rivera v. Int’l Shipping, et al., supra; Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, supra, pág. 116.

                                 B.

        Como se sabe, las obligaciones nacen de la ley, de los

contratos, cuasicontratos, de los actos ilícitos, los actos u

omisiones en que interviene culpa o negligencia; y cualquier otro

acto idóneo para producirlas, de conformidad con el ordenamiento
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jurídico. Artículo 1063 de la Ley Núm. 55 de 1ro de junio de 2020,

Código Civil de 2020 (Código Civil), 31 LPRA sec. 8984.

      Así, una de las fuentes de las obligaciones es el contrato.

Este se define como, “el negocio jurídico bilateral por el cual dos

o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por

la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.”

Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9751.

      El contrato queda perfeccionado desde que las partes

manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en

los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva.        Artículo

1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9771.

      Existe consentimiento por el concurso de la oferta y de la

aceptación cuando el oferente recibe la aceptación. Artículo 1238

del Código Civil, 31 LPRA sec. 9772. La oferta se define como “el

acto jurídico unilateral, dirigido a una persona determinable, que

contiene los elementos necesarios para la existencia del contrato

propuesto, o el medio para establecerlos. Si carece de alguno de

tales elementos y no prevé el medio para establecerlo, el acto se

considera invitación a ofertar.” Artículo 1239 del Código Civil, 31

LPRA sec. 9773. Por otra parte, la aceptación es el acto jurídico

unilateral, puro y simple por el cual se presta conformidad a una

oferta.   La aceptación de una oferta hecha por un medio que

admite una respuesta inmediata debe efectuarse inmediatamente.

El acto por el cual se proponen modificaciones a los términos de

la oferta no constituye aceptación, sino una nueva oferta hecha al

primer oferente.   Artículo 1241 del Código Civil, 31 LPRA sec.

9775. La aceptación puede revocarse a través de un medio más
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rápido que el utilizado inicialmente para comunicarla al oferente.

Artículo 1242 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9776.

      Con frecuencia sucede que las partes, puestas en función de

contratantes, someten el cumplimiento de la obligación a la

realización futura de un hecho o la llegada de determinado día.

López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004). Reconociendo esta

modalidad en las relaciones jurídicas de las personas se suele

hablar de obligaciones puras, condicionales y a plazos. López v.

González, supra. Se ha indicado que “las obligaciones puras se

definen como aquellas que son exigibles desde el instante mismo

de quedar constituida la relación obligatoria; las condicionales son

aquellas cuya eficacia depende de que se cumpla un hecho futuro

o incierto; y las [de] a plazo las que dejan establecida en firme la

prestación sin que pueda exigirse todavía en el momento de

quedar constituida la relación obligatoria.” López v. González,

supra, pág. 282, citando a Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Tomo I, Vol. II, Ed. Bosch, 1985, pág. 81. En lo que aquí

concierne, dentro de las obligaciones condicionales se encuentran

las   obligaciones   sujetas   a   condición   suspensiva,   a   cuyo

cumplimiento se subordinan los efectos de un acto jurídico por

voluntad de los contratantes. López v. González, supra.

      A tales efectos, el Artículo 303 del Código Civil, 31 LPRA sec.

6241, provee como sigue:

      Por la condición se supedita la eficacia de un negocio
      jurídico a que ocurra un hecho positivo o negativo,
      futuro e incierto.
      La condición es suspensiva si ocurrido el hecho se
      produce el efecto del negocio jurídico; y es resolutoria
      si ocurrido el hecho se extingue el efecto del negocio
      jurídico.
      En este tema, al interpretar el otrora Código Civil de 1930,

el Tribunal Supremo expresó que, "[s]i la condición se cumple, la
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obligación surge... Si... no se realiza, el vínculo de derecho no

llega a aparecer". López v. González, supra, pág. 283, citando a

Jarra v. Axxis Corporation, 155 DPR 764 (2001); Meléndez v.

Jiménez Realty, Inc., 98 DPR 892, 897.

       De otro lado, es principio básico del derecho de obligaciones

que nadie está obligado a contratar. PRFS v. Promoexport, 187

DPR 42, 55 (2012); Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 44

(2006); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 526

(1982).      En esa línea, el Artículo 1232 del Código Civil dispone

que “[e]s facultativo contratar o no hacerlo, y hacerlo, o no, con

determinada persona. Estos derechos no pueden ejercerse

abusivamente ni contra una disposición legal. Las partes pueden

acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral

o al orden público” […]. 31 LPRA sec. 9753.

       Por último, cuando hay divergencia en cuanto a la

interpretación de los contratos, el Artículo 354 del Código Civil, 31

LPRA    sec.    6342   provee   las    siguientes   reglas   sobre   la

interpretación del negocio jurídico:

       (a)     se presume que el negocio jurídico se otorga de
               buena fe; y

       (b) si el negocio jurídico es unilateral, se atenderá al
       sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca
       claramente que fue otra la voluntad de su autor. En
       tal caso, se observará lo que parezca más conforme a
       la intención que tuvo al otorgarlo. Si los términos de
       un negocio jurídico bilateral son claros y no dejan
       duda sobre la intención de las partes, se estará al
       sentido literal de sus palabras.       Si las palabras
       parecen contrarias a la intención evidente de las
       partes, prevalecerá la intención sobre lo expresado.
       Para determinar la intención en ambos casos, debe
       atenderse principalmente a la conducta de la parte,
       sea coetánea, posterior o aún anterior al otorgamiento
       del negocio jurídico.
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                                III.

      Estamos ante un caso que tiene múltiples eventos en

controversia, que no fueron atendidos por la parte apelada en su

declaración jurada y la parte apelante así lo indicó en su oposición

a la misma. Ante ello, no procede resolver esta controversia por

el mecanismo de sentencia sumaria y los primeros dos errores

levantados en la Apelación se cometieron y no será necesario

atender el tercer error pues estamos dejando sin efecto la

sentencia que aquí nos ocupa.

              Como antes expresamos, no es recomendable utilizar

la   moción    de sentencia sumaria en     aquellos     casos   donde

exista controversia sobre   elementos     subjetivos,    de intención,

propósitos mentales o negligencia; incluso, cuando el factor de

credibilidad es esencial y está en disputa. Ramos Pérez v.

Univisión, supra, a la pág. 219 (2010).

      Veamos los hechos en controversia que el TPI no encontró,

pero si surgen de los documentos en los autos y no permiten

resolver la controversia por sentencia sumaria.

      El 15 de marzo de 2023 el apelante le mostró al apelado el

apartamento, y ello duró un rato y conversaron. Nada de lo

dialogado, como requisitos para perfeccionar un contrato de

compraventa del apartamento, durante esa reunión de mostrar el

apartamento, fue mencionado en la declaración jurada del señor

Fiege. Si las partes hablaron de que se requería un depósito de

$2,000.00 o no para perfeccionar un contrato entre ellos que

sacara la propiedad del mercado y solo tuviera exclusividad sobre

la misma el aquí apelado, que es demandante en el TPI, no se

menciona en la declaración jurada en que se basó la sentencia

sumaria, por ello que se dijo o no se dijo mientras ocurrió la visita

al apartamento en cuestión está en controversia. La declaración
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jurada que se somete junto con su solicitud de resolver el asunto

de forma sumaria, pretende que se asuma que nada más se habló

entre las partes. Lo que se habló o no, entre las partes es un hecho

importante en controversia sobre lo que nada se sabe y por ello

será necesario celebrar un juicio en los méritos.

       También      está    en   controversia   el   efecto   del   correo

electrónico que envió el Sr. Fiege al apelante a ver si solo con lo

allí ofertado por Fiege y contestado por el apelante, permite la

perfección de un contrato de compraventa de un bien inmueble.

Ese asunto, en ausencia de mas detalles sobre lo necesario para

sacar la propiedad del mercado conforme resuelve el TPI, no

permite resolver el asunto sumariamente, pues de esos correos

electrónicos, enviados en el transcurso de dos días consecutivos,

solo   crea   una    controversia     de   si   en   efecto   ocurrió   el

consentimiento, objeto y causa necesarios para perfeccionar un

contrato de compraventa de inmueble.

       Además, a esta controversia le aplica el vigente Código Civil.

En este se define la oferta como “el acto jurídico unilateral, dirigido

a una persona determinable, que contiene los elementos

necesarios para la existencia del contrato propuesto, o el medio

para establecerlos.        Si carece de alguno de tales elementos y no

prevé el medio para establecerlo, el acto se considera invitación a

ofertar.” Artículo 1239 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9773.

       Por ello reiteramos que está en controversia si en la oferta

del apelado efectuada por correo electrónico el 15 de marzo

pasado, estaban todos los elementos requeridos para que la

misma, al aceptarse, pudiera considerarse como un contrato de

opción de compra ya en vigor. También faltan los elementos que

surgen de lo hablado o no, durante el acto de muestra del
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apartamento, que el apelado guarda silencio en su declaración

jurada.

      La parte apelada admitió en un correo electrónico a las 9:04

pm del 15 de marzo de 2023. que se necesitaban evaluar

documentos adicionales para perfeccionar un vínculo contractual

y no explica el detalle necesario que permitiese concluir que se

había perfeccionado un contrato a ese momento.

      En el mismo también se indica que el acto por el cual se

proponen modificaciones a los términos de la oferta no constituye

aceptación, sino una nueva oferta hecha al primer oferente.

Artículo 1241 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9775.

      No hay controversia de que el apelado envió otro correo

electrónico el 16 de marzo pasado intentando retrasar por unos

días la compra y ese mismo día el apelante le contestó en otro

correo electrónico, que tenía otros compradores interesados a los

cuales les iba a mostrar el apartamento. Está en controversia los

efectos de ese intento de atraso y la contestación al mismo. Eso

no lo menciona ni explica el apelado, que tiene el peso en

demostrar ausencia de hechos materiales en él caso y no lo hizo.

Como no ofrece ningún detalle el apelado en su declaración jurada

que niegue otras conversaciones con el apelante, unido a la

ausencia de detalles en la declaración jurada del apelado,

solicitante de la sentencia sumaria, crea una controversia que solo

se puede dirimir en un juicio en sus méritos.

      Lo indicado en la Sentencia Parcial Final como inciso 11 de

las determinaciones de hechos, no es correcto pues si está en

controversia   si   se   había   perfeccionado   un   contrato   de

compraventa de inmueble o no. El apelado, en su declaración

jurada indicó que solo le informó al apelante su opinión de que

había un contrato perfeccionado, con el que equivocadamente el
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TPI coincidió y aquí revocamos e indicamos que hay varios hechos

en controversia que no permiten mantener este dictamen al que

se llega mediante el mecanismo de sentencia sumaria y solo se

podrá adjudicar luego de un juicio plenario.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de esta sentencia, se revoca la Sentencia apelada y se

ordena que continúen los procedimientos en el TPI cónsono con lo

aquí resuelto.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones