Court Opinion

ID: 9374175
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:27:15.951824+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.190208
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL V

LUZ ENID DÍAZ MÁRQUEZ            Y                             Certiorari
OTROS                                                          procedente del
                                                               Tribunal de Primera
            Recurridos                                         Instancia, Sala
                                                               Superior de Carolina
                                     KLCE202201102

                 v.                                            Caso Núm.:
                                                               CA2021CV01676
                                                               (401)

DRUGS UNLIMITED, INC.            Y
OTROS                                                          Sobre:
                                                               Despido Injustificado
            Peticionario                                       (Ley Núm. 80 y otros)

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

          Comparece ante nos Discount Generics & Brands, Inc.

(Discounts Generics o parte peticionaria), mediante Petición de

Certiorari y solicitan la revisión de una Resolución emitida y

notificada el 29 de septiembre de 2022 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Carolina (TPI o foro primario). Mediante el referido

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de Relevo de Orden

bajo la Regla de Procedimiento Civil 49.2 presentada por la parte

peticionaria.

          Por los fundamentos que discutiremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de Certiorari.

                                           I.

          El 2 de julio de 2021, la señora Luz Enid Díaz Márquez (señora

Díaz Márquez), su esposo Carlos A. González Torres y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, parte

recurrida) presentaron una Querella1 al amparo del procedimiento

1   Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 3-8.

Número Identificador
RES2023__________
KLCE202201102                                                           2

sumario reconocido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961,

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario

de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2)2, en contra de Discounts

Generics, Drugs Unlimited Inc., y Generic of Puerto Rico Inc. (en

conjunto, coquerellados). En esencia, la parte recurrida alegó haber

sido despedida de su empleo sin justa causa en violación a la Ley

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como

la Ley Sobre Despidos Injustificados (Ley Núm. 80)3, y discriminada

por razón de sexo en violación a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, según enmendada, conocida como Ley contra el Discrimen en

el Empleo (Ley Núm. 100)4.

         El 6 de agosto de 2021, la parte recurrida presentó Moción

Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia Parcial en cuanto a la

Ley 80 y Solicitud Vista sobre Daños en cuanto a la Ley 1005.

Fundamentó su solicitud de anotación de rebeldía en que, la parte

peticionaria no contestó la querella dentro del término establecido

por la Ley Núm. 2.

         Por su parte, el 6 de agosto de 2021, Discount Generics

presentó una Solicitud de Desestimación6, en lo pertinente a la

controversia bajo nuestro análisis y evaluación, adujo lo siguiente:

         En este sentido, sostenemos que procede desestimar la
         Querella de la querellante con relación a las compañías co-
         querelladas porque la entidad patrono de la querellante lo
         fue Drug Unlimited, lo que deja a la señora Díaz Márquez sin
         presentar una reclamación válida que amerite la concesión
         de un remedio bajo la Ley Núm. 80 y Ley Núm. 100 con
         relación a las co-querelladas, 32 LPRA, Ap V, R 10.2 (5)7.

         El 9 de agosto de 2021, el foro primario declaró, No Ha Lugar

la solicitud de anotación de rebeldía. No obstante, el 17 de

septiembre de 2021, un Panel Hermano emitió Sentencia en el caso

2   32 LPRA sec. 3118 et seq.
3   29 LPRA sec. 185a et seq.
4   29 LPRA sec. 146 et. seq.
5   Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 34-44.
6   Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 45-64.
7   Íd., pág. 46.
KLCE20201102                                                                  3

alfanumérico      KLCE202101006,           mediante      la   cual   revocó   la

determinación del TPI y ordenó la anotación de rebeldía, decisión

que fue confirmada por nuestro Tribunal Supremo.

       El 30 de agosto de 2022, la parte peticionaria presentó ante la

consideración del TPI una Solicitud de Relevo de Orden bajo la Regla

de Procedimiento Civil 49.28. En su escrito arguyó que, durante la

toma de deposición a la señora Díaz Márquez, esta admitió bajo

juramento, entre otras cosas, que Discount Generics no fue la

entidad jurídica que pagó su nómina y la despidió. La parte

peticionaria adujo que la señora Díaz Márquez admitió en varias

ocasiones que su patrono fue Drugs Unlimited, Inc.

       El 21 de septiembre de 2022, notificada el 22 de septiembre

de 2022, el TPI emitió una Resolución en la que dispuso lo siguiente:

       [E]n el presente caso lo que procede es ver el juicio en su
       fondo con todas las partes. Es necesario el desfile de prueba
       sobre la parte que no está en rebeldía y sobre las alegaciones
       que son esenciales dirimir sobre las causas de acción
       instadas, pues son determinantes para los remedios que de
       ser probados procedan en derecho. Esta determinación no
       modifica lo dispuesto en el caso de autos por el Tribunal de
       Apelaciones en cuanto a la anotación de rebeldía. La parte
       que tiene anotada la rebeldía no podrá presentar prueba
       directa y los procedimientos en cuanto a dicha parte se
       conducirán conforme ha sido resuelto en Continental Ins.
       Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809,817 (1978)9.

       Consecuentemente, el 21 de septiembre de 2022, notificada el

22 de septiembre de 2022, el TPI emitió una Orden en la cual decretó

la conversión del procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2 al

procedimiento ordinario. Además, reiteró que dicha determinación

no dejaba sin efecto la anotación de rebeldía10.

       Por su parte, el 28 de septiembre de 2022, la señora Díaz

Márquez presentó Moción en Oposición a Solicitud de Relevo de Orden

bajo la Regla de Procedimiento Civil 49 (SUMAC #63 y #64) por clara

falta de jurisdicción11. Sostuvo que, la parte peticionaria no posee

8  Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 162-173.
9  Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 188-190.
10 Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 191-192.
11 Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 193-218.
KLCE202201102                                                                    4

evidencia que sustente lo reclamado. Además, presentó como

prueba de refutación los comprobantes de retención expedidos por

Discount Generics 12.

       Así las cosas, el 29 de septiembre de 2022, el TPI emitió y

notificó una Resolución13 en la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud

de Relevo de Orden bajo la Regla de Procedimiento Civil 49.2

presentada por la parte peticionaria. A su vez, indicó que el caso se

atenderá conforme se dispuso en la resolución emitida el 21 de

septiembre de 2022.

       Inconforme, el 11 de octubre de 2022, la parte peticionaria

presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa, en el cual imputa

al TPI el siguiente señalamiento de error:

           ERRÓ EL FORO JUDICIAL PRIMARIO AL DENEGAR LA SOLICITUD
           DE RELEVO PRESENTADA POR LA PARTE CO-QUERELLADA
           DISCOUNT GENERICS POR LA CAUSAL DE NUEVA EVIDENCIA, A
           PESAR DE QUE SE DESCUBRIÓ PRUEBA ESENCIAL JURAMENTADA
           QUE CONFIRMA QUE DISCOUNT GENERICS NO ERA EL PATRONO
           DE LA QUERELLANTE DURANTE EL PERIODO DE LOS HECHOS
           ALEGADOS EN LA QUERELLA.

       El 14 de noviembre de 2022, la parte recurrida presentó

Oposición a expedición de Certiorari. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho

aplicable a la controversia ante nos.

                                        II.

                                       -A-

       El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía

revise las determinaciones14 de un foro inferior15. Esta facultad

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un

recurso    de    certiorari,   está   limitada     por    la   Regla    52.1    de

12 Íd., págs. 215-218.
13 Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 1-2.
14 “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable

mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al.,
203 DPR 708, 718 (2019).
15 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338
(2012).
KLCE20201102                                                                       5

Procedimiento Civil de Puerto Rico16, que establece cuáles asuntos

interlocutorios serán revisables.

       Esta     norma     procesal      faculta    nuestra     intervención      en

situaciones determinadas. En específico, dispone que:

           […]
           El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
       Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
       Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
       bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión.
           Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga contra
       la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este
       apéndice sobre los errores no perjudiciales17.

       Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, la discreción

del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin

parámetros18. Al ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para

ello debemos considerar19. Éstos son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
17 Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar
la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar
a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp.
et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).
18 Véase Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202201102                                                                  6

          B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
          C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
          Primera Instancia.
          D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.
          E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
          F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.
          G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

          Este recurso debe ser utilizado con cautela y por razones de

peso20. Solo procede “cuando no existe un recurso de apelación o

cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los

derechos del peticionario”, o en aquellos casos en los que la ley no

provee un remedio adecuado para corregir el error señalado21.

          Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto22. Esta norma de

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

          No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
          ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en
          aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1)
          actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso
          abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o
          aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
          sustantivo23.

          Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento         impone      que    ejerzamos     nuestra     discreción   y

20   Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 918 (2009).
21   Íd.
22   Coop. de Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
23   Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
KLCE20201102                                                                    7

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención. No obstante, “[a]l denegar

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”24.

                                         -B-

          La Regla 49.2 de Procedimiento Civil25, provee para relevar a

una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o

procedimiento, si se configura alguna de las causales provistas en

la citada Regla. Entre estas, se encuentran el descubrimiento de

evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo

haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de

acuerdo con la Regla 48 de Procedimiento Civil26, la nulidad de la

sentencia, y cualquier otra razón que justifique la concesión de un

remedio contra los efectos de una sentencia.

          Así pues, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es

categórica en cuanto a que la moción de relevo debe presentarse

dentro de un término razonable pero que “en ningún caso exceda los

seis meses...”. Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha resuelto que el término de seis (6) meses para la

presentación de la moción de relevo de sentencia es fatal27. Ahora

bien, dicho plazo es inaplicable cuando se trata de una sentencia

nula28.

          El   Tribunal    Supremo      ha     expresado que       los   criterios

inherentes al relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, tales como si el peticionario tiene una buena defensa

en sus méritos, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud

de relevo y el grado de perjuicio que pueda ocasionarle a la otra parte

la concesión del relevo de sentencia, son igualmente aplicables

24   32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
25   Íd.
26   32 LPRA Ap. V, R. 48.
27   García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 543 (2010).
28   Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004).
KLCE202201102                                                                    8

cuando se solicita que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada

sin efecto. Así pues, al considerarse una moción de relevo de

sentencia dictada en rebeldía, debe alcanzarse un fino balance de

dar por terminados los pleitos y que estos se resuelvan en sus

méritos29.

        Sin embargo, no es necesariamente obligatoria la celebración

de una vista por un tribunal cuando una parte invoca la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, supra. El requerir de la celebración de una

vista   en    todo   caso     en   que    se    invoque     un    relevo,    sería

contraproducente a la norma cardinal procesal de que los litigios

deben resolverse de la forma más rápida, económica y justa para las

partes. Ello, especialmente si de la faz de la moción resulta evidente

la carencia de méritos. En armonía con ello, la celebración de una

vista es obligada cuando la parte invoca “razones válidas que

requieran la presentación de prueba para sustanciarlas”30. Es decir,

que el tribunal viene obligado a celebrar una vista solamente en

aquellas circunstancias en que la parte promovente del relevo

necesita presentar prueba para sustanciar lo alegado en la solicitud,

a saber, las razones o fundamentos invocados en apoyo al relevo

solicitado31.

        Ahora bien, ello no significa, ni constituye una facultad

judicial absoluta, porque a este remedio de reapertura se contrapone

la fundamental finalidad de que haya certeza y estabilidad en los

procedimientos judiciales, que se eviten demoras innecesarias en el

trámite judicial, así como el otro interés de que los pleitos se vean

por sus méritos. Por ello a los tribunales, les corresponde establecer

un balance adecuado entre tales intereses. No obstante, la Regla

49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse de forma

29 Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 288, 294 (1988).
30 Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977).
31 Íd.; Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903, 905-906 (1963),

jurisprudencia interpretativa bajo las anteriores Reglas de Procedimiento Civil de
1979.
KLCE20201102                                                                  9

liberal, pero no significa que se le debe dar atención desmedida a

uno de los dos intereses sobre el otro interés, ya que la decisión

requiere de un balance judicial debidamente ponderado32.

       También, en casos en donde se dicta sentencia en rebeldía o

por incomparecencia de la parte promovente del relevo, se debe

alegar, y en su día, demostrar que se tiene una defensa válida que

oponer a la reclamación de la otra parte litigante que justifique una

medida, tan crucial, como la reapertura del pleito33. También es

necesario que el promovente de la solicitud haya sido diligente en la

tramitación del caso34.

       Por último, es importante destacar que se ha resuelto por el

Tribunal Supremo en Opinión Per Curiam que el remedio de

reapertura, cuando las razones son insubstanciales e inaceptables,

“no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado

y echar a un lado la sentencia correctamente dictada35.”

                                      III.

       En síntesis, la parte peticionaria sostiene que erró el foro

primario al declarar No Ha Lugar la solicitud de relevo de la

anotación de rebeldía, basada en la Regla 49.2 de las de

Procedimiento Civil, supra. Arguye que presentó prueba nueva, la

cual comprueba más allá de toda duda que no existía una relación

laboral entre la señora Díaz Márquez y Discount Generics durante

el período de tiempo que abarcan los hechos alegados en la querella.

Ante ello, razona que, la anotación de rebeldía bajo los términos de

la Ley Núm. 2 es nula.

       La parte recurrida alega que la solicitud de relevo de la

anotación de rebeldía, basada en la Regla 49.2 de las de

Procedimiento Civil, supra, presentada por la parte peticionaria es

32 Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986).
33 Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 300 (1989); Fine Art Wallpaper
v. Wolff, 102 DPR 451, 457-459 (1974).
34 Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., supra, pág. 292.
35 Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).
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contraria al derecho laboral. En específico, adujo que nuestro

ordenamiento jurídico requiere que el relevo se presente sesenta (60)

días luego de la notificación de la sentencia. Por otro lado,

argumentó que el mecanismo de relevo de sentencia está disponible

en casos de error, inadvertencia, sorpresa, excusable negligencia y

fraude, pero ninguno de estos factores fue probado por la parte

peticionaria y, por último, sostiene que la moción adolece de

juramento y los motivos jurídicos en que se funda.

         Mediante la resolución recurrida, el TPI declaró No Ha Lugar

la Solicitud de Relevo de Orden bajo la Regla de Procedimiento Civil

49.2 presentada por la parte peticionaria. A su vez, indicó que el

caso se atenderá conforme a la Resolución emitida el 21 de

septiembre de 2022, en la cual se dispuso que en el presente caso

procede ver el juicio en su fondo con todas las partes. Además, el

foro primario reiteró que la parte que tiene anotada la rebeldía no

podrá presentar prueba directa y los procedimientos en cuanto a

dicha parte se conducirán conforme a lo resuelto en Continental Ins.

Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978)36.

         De acuerdo con el marco jurídico antes reseñado, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta la revisión de

resoluciones dictadas por el TPI, a manera de excepción. Sin

embargo, es preciso recalcar que nuestra discreción no se ejerce en

el vacío. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, establece los criterios para nosotros determinar si debemos

ejercer nuestra facultad discrecional. Evaluado el recurso de

certiorari aquí presentado junto a la Resolución recurrida, bajo los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, somos del criterio que debemos denegar la expedición del

auto de certiorari en esta etapa de los procedimientos.

36   Véase, Apéndice de la petición de Certiorari, págs. 188-190.
KLCE20201102                                                       11

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos el recurso de

Certiorari solicitado por la parte peticionaria.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones