Court Opinion

ID: 9952259
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:34:29.39822+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.343182
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

MARTA PÉREZ GUZMÁN                          CERTIORARI
                                            procedente del
        Peticionaria                        Tribunal de Primera
                                            Instancia, Sala
              vs.             KLCE202400137 Superior de Caguas

EDWIN PÉREZ ROSA                                   Civil Núm.:
                                                   CG2023CV03804
         Recurrido
                                                   Sobre: Auto
                                                   Inhibitorio

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

      El día 1 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó

“Petición de Certiorari” junto a “Moción Solicitando Auxilio de

Jurisdicción”. Este Recurso se trae contra una Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, en

adelante TPI. Por Resolución de este Tribunal de Apelaciones del

2 de febrero de 2024 se declaró Ha Lugar la “Moción Solicitando

Auxilio de Jurisdicción” y se ordenó la paralización inmediata de

los procedimientos del presente caso y del caso con el número

Q2023-0527 ante el Tribunal Municipal de Caguas. Además, se le

concedió a la parte recurrida un término de cinco (5) días a partir

de la notificación de dicha Resolución, para que exprese su

posición de así desearlo.1

      Se trata de un Recurso en que se recurre de una Sentencia

que niega, sin vista, el recurso de Auto Inhibitorio que solicitó ante

el TPI la parte aquí peticionaria. Al estar frente a una sentencia

1
 Véase la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA
Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

Número Identificador
SEN2024 ________
KLCE202400137                                                      2

del TPI, el recurso correcto debió ser una Apelación y manteniendo

el mismo alfanumérico, lo atenderemos como apelación.

        Transcurrido el término concedido, no ha comparecido el

recurrido y, conforme informado en nuestra pasada Resolución,

aunque no ha comparecido la parte apelada, damos por

perfeccionado el presente recurso y pasamos a resolverlo.

                                  I.

        La parte peticionaria, el pasado 8 de noviembre de 2023,

presentó un recurso de Auto Inhibitorio ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en adelante TPI). En

dicho recurso se solicito que el Tribunal Superior expidiera el

mismo y de esa forma que una Jueza del Tribunal Municipal de

Caguas no pudiera continuar atendiendo la controversia que tenía

ante su consideración al amparo de la Ley 140 de 23 de julio de

1974, según enmendada.

        Dicho Auto Inhibitorio se presenta luego que la parte

recurrida presentó ante el Tribunal Municipal de Caguas, el 23 de

junio de 2023 y al amparo de le Ley 140, supra, una solicitud de

remedio provisional por los hechos que narramos a continuación.

        La aquí peticionaria, quien vive en Moca, Puerto Rico, vendió

en el Municipio de San Sebastián, al recurrido (promovente en el

caso que provoca la Resolución que emite la Sala Municipal de

Caguas al amparo de la Ley 140, supra, en la cual, además, surge

que la fecha de la venta fue el 16 de mayo de 2023), Edwin Pérez

Rosa, quien compra un vehículo de motor Marca Scion del año

2008.

        En dicha querella se indica que ese vehículo, al llegar a la

autopista de Cayey, se dañó y llamaron a la vendedora y esta

indicó que no procedía ningún cambio en la transacción pues “el

carro estaba bueno”, según reza la querella.
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      El mismo día de la querella una juez del Tribunal Municipal

de Caguas cita, al amparo de la Ley 140, para una vista

denominada final, a celebrarse el 21 de julio de 2023. Luego de

celebrada la vista en la fecha antes indicada, dicha Juez del

Tribunal Municipal de Caguas emite una Resolución en donde hace

determinaciones de hechos a base de dirimir la credibilidad de los

testigos y al amparo de la Ley 140, supra, emite una orden contra

la peticionaria, Sra. Marta Pérez Guzmán, concediéndole 60 días

calendario para entregarle $3,000.00 a Edwin Pérez Rosa, aquí

recurrido.

      La peticionaria, presenta en dicho procedimiento ante el

Tribunal Municipal de Caguas, el 8 de septiembre de 2023 una

Moción Solicitando se Deje Sin Efecto Resolución en la cual señala

que no hay jurisdicción al amparo de la Ley 140, supra, para que

el Tribunal pueda atender esa controversia.

      El Tribunal Municipal de Cayey/Caguas la acoge como

Solicitud de Reconsideración y el 11 de septiembre de 2023 emite

No Ha Lugar a la Moción. La parte Peticionaria presenta el 26 de

septiembre de 2023 una Segunda Moción Solicitando Nulidad de

Resolución ante el mismo Tribunal y el 2 de octubre de 2023 se

dicta una determinación de No Ha Lugar a dicha Segunda Moción.

      El 22 de septiembre de 2023 la jueza Municipal que atendía

el caso, emitió Orden para citar a vista de desacato, a petición del

recurrido y esa Orden fue registrada el mismo 22 de septiembre

de 2023. Dicha vista se citó para el 11 de octubre de 2023 a las

9:30 am.

       La parte peticionaria, por conducto de su abogado,

presentó el 6 de octubre de 2023 una Moción Solicitando

Transferencia de Señalamiento y la vista se señaló para el 14 de

noviembre de 2023.
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     El 8 de noviembre de 2023 se presentó Auto Inhibitorio

contra la Honorable Juez Ingrid Soami Caro Cobb o cualquier otro

juez que entienda en el caso Civil Número Q2023-0527, Edwin

Pérez Rosa v. Marta Pérez Guzmán en la que la parte aquí

peticionaria reclama que la jurisdicción al amparo de la Ley 140

no es del Tribunal Municipal de Caguas, pues vendedora vive en

Moca y además se trata de una querella por $7,000 y la ley 140

limita que se pueda usar solo en querellas por un máximo de

$3,000 y por ello se reclama se dictó sin jurisdicción. El número

del caso que reclama el Auto Inhibitorio es CG2023CV03804 y en

ese caso se dictó Sentencia desestimando el mismo y contra esa

Sentencia aquí se recurre.

     El 10 de noviembre de 2023 se dictó Sentencia denegando

el Auto Inhibitorio. El 29 de noviembre de 2023 se presentó

Moción de Reconsideración por la peticionaria y el 2 de enero de

2024 se emite y notifica un No Ha Lugar a dicha Reconsideración.

     El día 1 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó

“Petición de Certiorari” junto a “Moción Solicitando Auxilio de

Jurisdicción”. Por Resolución del 2 de febrero de 2024 se declaró

Ha Lugar la “Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción” y se

ordenó la paralización inmediata de los procedimientos del

presente caso y del caso con el número Q2023-0527 ante el

Tribunal Municipal de Caguas.

     En la Petición de Certiorari se reclama el siguiente

Señalamiento de Error:

     ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
     SUPERIOR DE CAGUAS, AL DENEGAR LA EXPEDICION DEL
     AUTO INHIBITORIO, AUN CUANDO EL TRIBUNSAL A (SIC)
     ESTADO ACTUANDO UNA CAUSA DE ACCIOM ALLI
     RADICADA SIN TENER JURISDICCION.

     En la Resolución del 1 de febrero se le indicó a la parte

recurrida para que en un término de cinco (5) días contados a
KLCE202400137                                                                     5

partir de la notificación de dicha Resolución, expresara su posición

en torno al recurso, de así desearlo y no lo hizo. Estamos en

posición de atender el recurso.

        Veamos el derecho aplicable.

                                     II.

                                     A.

        El     auto   de certiorari constituye         un     vehículo      procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).                                La

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha

discreción      es    "una   forma       de     razonabilidad        aplicada     al

discernimiento        judicial    para        llegar     a     una        conclusión

justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

        A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece los preceptos que

regulan la expedición del recurso discrecional de certiorari, por

parte    del    Tribunal     de   Apelaciones,         para     la   revisión    de

determinaciones         interlocutorias       del      Tribunal      de     Primera

Instancia. En lo pertinente, la regla dispone que,

        El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
        órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia, solamente será expedido por el
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     Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
     resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
     denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
     obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
     el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
     resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
     Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre
     la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
     esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
     anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
     familia, en casos que revistan interés público o en
     cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
     constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al
     denegar la expedición de un recurso de certiorari en
     estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
     fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
     orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
     Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
     que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
     dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
     perjudiciales.

     Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

           A. Si el remedio y la disposición de la decisión
     recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
     contrarios a derecho.

           B. Si la situación de hechos planteada es la más
     indicada para el análisis del problema.

            C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
     craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por
     el Tribunal de Primera Instancia.

           D. Si el asunto planteado exige consideración
     más detenida a la luz de los autos originales, los
     cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
     elaborados.

           E. Si la etapa del procedimiento en que se
     presenta el caso es la más propicia para su
     consideración.
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              F. Si la expedición del auto o de la orden de
      mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido
      del pleito y una dilación indeseable en la solución final
      del litigio.

           G. Si la expedición del auto o de la orden de
      mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

      Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000).          Como es sabido, en

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR

909 (1986).   Por ende, si no se encuentra presente en la petición

ante nuestra consideración ninguno de los criterios antes

transcritos y la actuación del foro primario “no está desprovista

de base razonable ni perjudica derechos sustanciales de una

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia

a quien corresponde la dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

                                 B.

      El artículo 664 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy Ley

de Procedimientos Legales Especiales, define el recurso de auto

inhibitorio como:

      [A]uto expedido por un Tribunal de Primera
      Instancia dirigido al juez y a la parte de un pleito
      entablado en un tribunal inferior, en el que se les
      ordena la paralización de todo procedimiento del
      mismo significándoles que la causa original o algún
      incidente surgido en dicho pleito no es de su
      competencia sino de la de otro tribunal; o cuando al
      ejercer funciones de su competencia el tribunal
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      inferior anulare un derecho legal, o para impedir que
      un juez conceda una nueva vista, una vez vencido el
      término señalado para la celebración del juicio.
32 L.P.R.A. § 3461.

      En el artículo 666 del mismo cuerpo legal se dispone:

      Se solicitarán autos inhibitorios bajo declaración
      jurada por medio de solicitud, en la misma forma que
      se solicitan los autos de mandamus , y si el motivo
      aducido satisficiere ampliamente al tribunal, se
      expedirá entonces un auto en el cual se ordenará al
      tribunal y a la parte a quienes fuere dirigido, que
      desistan y se abstengan de nuevos procedimientos en
      el litigio o asunto que en el mismo se especificare,
      hasta nueva orden del tribunal que expidiere el auto,
      y entonces que demuestren el motivo por el cual no
      debería     absolutamente     impedírseles   cualquier
      procedimiento       ulterior    en    dicho    litigio;
      Disponiéndose, que no podrá expedirse ningún
      auto      inhibitorio    para    impedir    cualquier
      resolución de tribunales inferiores que fuere
      revisable por medio de apelación.
32 L.P.R.A. § 3463.

      En lo que atañe al foro con jurisdicción para expedirlo, en el

artículo 665 específicamente se expresa que “[e]l Tribunal

Supremo y el Tribunal de Primera Instancia quedan por la

presente     autorizados   y   con   facultad   para   expedir    autos

inhibitorios”. 32 L.P.R.A. § 3462. No concedió la Asamblea

Legislativa autoridad jurisdiccional al Tribunal de Apelaciones para

entender en la expedición de autos inhibitorios. La Ley de la

Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24 et

seq., dispone sobre la autoridad de las dos instancias judiciales

apelativas en Puerto Rico para emitir autos extraordinarios lo

siguiente:

      Artículo     3.002.-Competencia           del    Tribunal
      Supremo
      El Tribunal Supremo o cada una de sus Salas conocerá
      de los siguientes asuntos:
      (a) En primera instancia, de recursos de mandamus,
      hábeas corpus, quo warranto, auto inhibitorio y de
      aquellos otros recursos y causas que se
      determinen por ley. Asimismo, cada uno de los
      jueces de dicho Tribunal podrá conocer en primera
      instancia de los recursos de hábeas corpus y
      mandamus, pero su resolución en tales casos estará
KLCE202400137                                                     9

      sujeta a revisión por el Tribunal Supremo, el cual,
      siempre que ello fuere solicitado por parte interesada
      dentro de los diez (10) días después que le fuere
      notificada, revisará la resolución del Juez en
      cualesquiera de tales casos y dictará la sentencia que
      a su juicio proceda.
      [...]
4 L.P.R.A. sec.
      Artículo 4.006.- Competencia del Tribunal de
      Apelaciones
      El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes
      asuntos:
      (a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia
      final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
      (b) Mediante auto de Certiorari expedido a su
      discreción, de cualquier resolución u orden
      dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
      (c) Mediante recurso de revisión judicial, que se
      acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones,
      órdenes y resoluciones finales de organismos o
      agencias administrativas. [...]
      (d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones
      podrá expedir autos de hábeas corpus y de
      mandamus. Asimismo, cada uno de los jueces de
      dicho Tribunal podrá conocer en primera
      instancia de los recursos de hábeas corpus y
      mandamus, [...]
      (e) Cualquier otro asunto determinado por ley
      especial.
4 L.P.R.A. sec. 24y. Énfasis nuestro.

                                  C.

      Una vez se dicta una sentencia en un caso ante el Tribunal

de Primera Instancia, son las Reglas de Procedimiento Civil

vigentes las que regirán las cuestiones relativas a las formalidades

y procedimientos que se deben cumplir para presentar un recurso

de apelación. Es la Regla 52 de Procedimiento Civil, supra, la que

regula lo referente a este tipo de procedimiento. Específicamente

a esos efectos, la Regla 52.1 dispone que:

              Todo     procedimiento      de     apelación,
              certiorari, certificación, y cualquier otro
              procedimiento para revisar sentencias y
              resoluciones se tramitará de acuerdo con la
              ley aplicable, estas reglas y las Reglas que
              adopte el Tribunal Supremos de Puerto
              Rico.
KLCE202400137                                                    10

      La Regla 52.2 de Procedimiento Civil dispone en

su inciso (a) y citamos:

            (a)     Recursos de Apelación Los recursos
                    de    apelación   al   Tribunal  de
                    Apelaciones o al Tribunal Supremo
                    para revisar sentencias deberán ser
                    presentados dentro del término
                    jurisdiccional de treinta (30) días
                    contados desde el archivo en autos
                    de copia de la notificación de la
                    sentencia dictada por el tribunal
                    apelado.

      El recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones está

regulado por el Artículo 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada.

4 L.P.R.A. § 24y.

      Dicho artículo nos indica en sus inicios lo siguiente:

     “El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes
asuntos:
     (a) Mediante recurso de apelación de toda Sentencia final
           dictada por el Tribunal de Primera Instancia.”

      De igual forma la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, también rige lo referente al

término para la presentación de los recursos de apelación.     Ésta

dispone, en parte, que:

            Las apelaciones contra sentencias dictadas
            en casos civiles por el Tribunal de Primera
            Instancia, se presentarán dentro del
            término jurisdiccional de treinta (30) días
            contados desde el archivo en autos de una
            copia de la notificación de la sentencia.

                                D.

      La competencia del Tribunal General de Justicia.

      La Sección 2 del Art. V de la Constitución del Estado Libre

Asociado, LPRA, Tomo I, establece un sistema judicial unificado

en relación con la jurisdicción, funcionamiento y administración de

los tribunales. Véase, además, Art. 2.001 de Ley de la Judicatura

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de la Judicatura),
KLCE202400137                                                    11

Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24b). Los términos jurisdicción,

funcionamiento y administración deben interpretarse liberalmente

para poder alcanzar el propósito de unificación. Vives Vázquez v.

E.L.A., 142 DPR 117, 135 (1996).

      La jurisdicción le reconoce al sistema judicial la facultad o

autoridad para resolver casos y controversias. Vives Vázquez v.

E.L.A., supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que,

ante la ausencia de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un

tribunal] es así declararlo y desestimar el caso”. Carattini v.

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a

Vega et. al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). Ahora bien, los

términos jurisdicción y competencia no son sinónimos. La

competencia se refiere a cómo se distribuye el trabajo judicial

entre los diferentes tribunales y salas que componen el Tribunal

General de Justicia. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 7 (2003).

      Nuestro Tribunal Supremo ha definido la competencia como

la forma y manera en que se organiza y se canaliza el ejercicio de

la jurisdicción que posee un tribunal. Lemar S.E. v. Vargas

Rosado, 130 DPR 203 (1992). A esos efectos, la Regla 3.2 de

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A Ap. V R. 3.2,

dispone que:

      Todo pleito se presentará en la sala que corresponda
      según lo dispuesto por ley y por estas reglas, pero no
      se desestimará ningún caso por razón de haberse
      sometido a una sala sin competencia.

      Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se
      presente por convenio de las partes y la anuencia
      fundamentada del juez o jueza que presida dicha sala
      en ese momento. De lo contrario, será transferido por
      orden del juez o jueza a la sala correspondiente.

      En esencia, las reglas de competencia establecen la

tramitación ordenada de los asuntos judiciales dentro de nuestro

sistema de jurisdicción unificada. Rodríguez v. Cingular, 160 DPR
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167 (2003); Lemar S.E. v. Vargas Rosado, supra. El fin perseguido

a través de las reglas de competencia, al igual que las de traslado,

es promover la mejor distribución de los casos y asuntos a través

del sistema, procurando así una más eficiente utilización de los

recursos y velando más cabalmente porque se haga justicia. Vives

Vázquez v. ELA. supra.

      No obstante, bajo el diseño constitucional vigente de un

sistema judicial unificado, la radicación de un asunto en una sala

de distinta competencia no priva a dicho foro de jurisdicción: la

falta de competencia no es defensa válida para la desestimación

de la acción. Gómez Hnos., Inc. v. Tribunal Superior, 100 DPR 625

(1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 DPR 140 (1961), y Pueblo

v. Ortiz Marrero, 106 DPR 140 (1977).

      Por su parte, la Regla 3.6 de las Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico del 2009, 32 LPRA Ap. V R. 3.6, dispone que:

      (a) Presentado un pleito en una sala que no sea la
         apropiada, si la parte demandada desea impugnar
         la falta de competencia de dicha sala, deberá
         presentar una moción, dentro de un término no
         mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de
         la notificación de la demanda y el emplazamiento,
         para que el pleito sea trasladado a la sala
         correspondiente. La moción deberá establecer en
         detalle los hechos que fundamentan la solicitud de
         traslado, a menos que de la faz de la demanda, o
         de los autos del caso, surjan los hechos en que se
         funda la referida moción.          De no presentarse
         escrito alguno en oposición a la moción de traslado
         dentro de los diez (10) días de haberse notificado
         la referida moción, el caso será trasladado a la sala
         correspondiente.
         La presentación de cualquier moción o de una
         alegación responsiva dentro del referido término de
         treinta (30) días no se considerará como una
         renuncia al derecho a solicitar el traslado.
      (b) Cuando la conveniencia de las personas testigos
         o los fines de la justicia así lo requieran, el tribunal
         podrá ordenar el traslado de un pleito de la sala en
         que se está ventilando a otra sala.
KLCE202400137                                                                        13

       El sistema de jurisdicción unificada de los tribunales de

Puerto Rico impide que un caso sea desestimado por haberse

presentado      en   una        sala    sin    competencia.     Regla         3.2   de

Procedimiento Civil, supra. Ello se debe a que una Sala, aun

cuando carezca de autoridad para atenderlo conforme a las reglas

de    competencia,      sí      tendría       jurisdicción   para    resolver       la

controversia,    aunque         por     consideraciones       de    la       ordenada

tramitación de los asuntos judiciales convenga su traslado a otra

sala. Reglas 3.1 a 3.6 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 3.1-3.6. Es por ello por lo que, el

tribunal puede, motu proprio, trasladar el caso a la sala que

corresponda. Lemar S.E. v. Vargas Rosado, supra, pág. 208.

                                          E.

Ley sobre       Controversias             y    Estados       Provisionales          de
Derecho.

       La Ley Núm. 140 del 23 de julio de 1974, según enmendada,

y    conocida   como       la    Ley      sobre    Controversias         y    Estados

Provisionales de Derecho,2 fue creada con el propósito de

establecer un procedimiento de ley rápido, económico y eficiente

para la adjudicación provisional de controversias.3 En específico,

una persona mayor               de     edad podrá       comparecer           ante   un

magistrado y exponer bajo juramento en forma verbal o escrita

de manera breve y sencilla, una querella con otra u otras personas

sobre cualesquiera de las controversias o asuntos referidos en el

artículo 2 de esta ley.4

       La variedad de asuntos que se pueden atender a través de

este procedimiento, taxativamente se enumera en dicha Ley 140,

2
  32 L.P.R.A. Sec. 2871 et seq.
3
  Véase el caso Depto. de la Familia v. Ramos 158 D.P.R. 888, a las págs. 896
y 897 en la discusión de la exposición de motivos de dicha ley.
4
  Véase el artículo 3 de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de
Derecho, 32 L.P.R.A. Sec. 2873.
KLCE202400137                                                                14

supra, y solo en esos casos allí detallados, un Juez podrá emitir la

adjudicación      provisional     de    una     de   las   controversias   allí

enumeradas.

       Es importante destacar que un estado provisional de

derecho que se emite válidamente, al amparo de esta ley será

obligatorio entre las partes hasta que la controversia no sea

ventilada en una acción ordinaria.5              Es decir, los magistrados

tienen discreción para, en aquellos casos que se les autoriza por

dicha ley, fijar la vigencia de un estado provisional de derecho y

mientras esté vigente obligará a las partes.

       En ese sentido, una orden, dictada con jurisdicción sobre la

materia     que    detalla   la   ley    140,    supra,    resolviendo     una

controversia y fijando un estado provisional de derecho, será

inapelable. No obstante, ello no constituirá cosa juzgada respecto

a ninguno de los puntos adjudicados en la misma, ni impedirá

ningún otro trámite judicial reclamando daños y perjuicios u otro

derecho.6

       Ahora bien, en el Artículo 2 de dicha Ley 140, codificado en

32 L.P.R.A. § 2872, tenemos la limitación jurisdiccional que posee

un juez, cuando utiliza dicha ley 140, para atender alguna

controversia.

       Dicho artículo 2 dice y citamos:

       “Mediante la presente los magistrados quedan facultados a
       intervenir, investigar, ventilar y resolver provisionalmente
       controversias a solicitud de parte interesada, según el
       trámite dispuesto en esta ley.
         Esta facultad comprende y abarca lo siguiente:
       A. Controversias sobre colindancias y derecho de paso y
       controversias entre vecinos que afecten la convivencia y el
       orden social.
       B. Controversias en casos de custodia de menores. — En
       estos casos se podrán fijar provisionalmente pensiones

5
  En específico, véase el artículo 3 inciso (d) de la Ley sobre Controversias y
Estados Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. Sec. 2873.
6
  Véase el artículo 5 de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de
Derecho, 32 L.P.R.A. Sec. 2875.
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    alimenticias de acuerdo con las necesidades del menor y de
    conformidad con los preceptos de ley que regulan esta
    materia.
    C. Medidas provisionales en casos de separación de
    cónyuges válidamente casados o personas en concubinato
    respecto a la posesión y uso de estructura destinada a fines
    residenciales, y aquellos bienes muebles enumerados y
    comprendidos en los incisos (1), (2), (3), (4), (4)(a), (5) y
    (6) del Artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil,
    según enmendado, que establece las propiedades exentas
    de ejecución.
    D. Controversias entre arrendadores y arrendatarios
    respecto a mejoras urgentes en propiedades destinadas
    para fines residenciales.
    E. Controversias entre el dueño de obra y contratista,
    maestro o persona encargada, respecto a las condiciones,
    desarrollo y compensación de la obra que no excedan de
    tres mil dólares ($3,000).
    F. Controversias entre el propietario de un vehículo de
    motor con mecánico, hojalatero y pintor respecto a la
    retención del vehículo, condiciones y compensación por
    trabajo.
    G. Controversias en cuanto a la garantía y reparación de
    objetos muebles entre comprador y vendedor que no
    excedan de tres mil dólares ($3,000).
    H. Toda reclamación de tipo salarial de un obrero contra su
    patrono que no exceda la cuantía de tres mil dólares
    ($3,000) o que surja de actuaciones u omisiones del patrono
    en violación de la legislación laboral que exijan remedios
    reparativos de carácter no monetario, tales como el
    cumplimiento estricto de determinada obligación o la
    cesación de determinada práctica.
    I. Controversias en casos de crianzas de animales en
    distritos residenciales.
    J. Controversias en las cuales se alegue la existencia de
    perturbaciones que fueren perjudiciales a la salud o a los
    sentidos, o que interrumpan el libre uso de la propiedad, de
    modo que impidan el cómodo goce de la vida o de los bienes,
    de las que dan lugar a una acción bajo el Artículo 277 del
    Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, conocido
    como Ley sobre Perturbación o Estorbo.
    K. Controversias en las cuales se alegue que el padre, madre
    o tutor de un menor o incapacitado no cumple con el deber
    de velar por el bienestar del menor o del incapacitado o por
    su comportamiento en la comunidad.
    L. Controversias sobre la custodia de los bienes muebles del
    caudal hereditario de conformidad con los preceptos de ley
    que regulan la materia.
    M. Controversias en las cuales se alegue maltrato físico o
    emocional de personas contra sus padres, tutores,
    encargados o con quienes residan o de los cuales dependan.
    En estos casos el Tribunal podrá ordenar medidas
    provisionales para proteger a los padres, tutores o
    encargados o con quienes residan o de los cuales dependan
    de la persona maltratante. Sin embargo y acorde a lo
    establecido por la Ley de la Judicatura de 1994 [Nota:
    Derogada y sustituida por la Ley 201-2003, según
    enmendada, “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado
    de Puerto Rico de 2003”], cuando en los procedimientos se
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       involucre a un menor de edad, será el Tribunal superior el
       tribunal con competencia para atender el asunto, quien
       además, nombrará un Defensor Judicial que supla la
       capacidad jurídica del menor. N. [Derogado. Ley 243-2003,
       Art. 3]
       O. Controversias entre profesionales de la salud u hospitales
       con sus pacientes, o entre parte con interés legítimo,
       respecto a la entrega de expedientes o récords del paciente.

       Como único puede enmendarse un estado provisional de

derecho es que se entable una acción ordinaria sobre los puntos

adjudicados     en    ese    procedimiento,      entonces      el   tribunal

competente podrá, en forma interlocutoria, enmendar o dejar sin

efecto la orden del magistrado, si se le demostrase, con

oportunidad de audiencia a la otra parte, error craso o

circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen.7

       En dicha Ley 140, en el apartado G se indica que se podrán

atender “Controversias en cuanto a la garantía y reparación de

objetos muebles entre comprador y vendedor que no excedan de

tres mil dólares ($3,000)”. En el apartado F se indica que también

se puede atender bajo dicha Ley 140 “Controversias entre el

propietario de un vehículo de motor con mecánico, hojalatero y

pintor respecto a la retención del vehículo, condiciones y

compensación por trabajo”.

                                    III.

       La parte que hemos llamado peticionaria y que al resolver

que aquí procede atender este caso como una apelación se le debe

llamar apelante, pues se recurre de una sentencia final, plantea

un solo error que se resume como que se ha utilizado la Ley 140

por un Juez sin competencia para atender la controversia. O sea,

dicha parte descansa en la norma de que una sentencia o

resolución dictada sin competencia es nula. Por ello denomina nula

7
 Véase el artículo 6 de la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de
Derecho, 32 L.P.R.A. Sec. 2876.
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la Resolución emitida por el Tribunal Municipal de Caguas, al

amparo de la Ley 140.

     Conforme hemos explicado antes, según dispone la Regla

3.2 de Procedimiento Civil, supra, el sistema de jurisdicción

unificada de los tribunales de Puerto Rico impide que un caso sea

desestimado por haberse presentado en una sala sin competencia.

Ello implica que una Sala, aun cuando carezca de autoridad para

atender la controversia por falta de competencia, conforme a las

reglas de competencia, sí tendría jurisdicción para resolver toda

controversia,   aunque   por   consideraciones   de   la   ordenada

tramitación de los asuntos judiciales convenga su traslado a otra

sala con competencia.

     Ante ello, como la parte apelante nunca dio su anuencia a

que el Tribunal Municipal de Caguas asumiera competencia en una

controversia que no la tenía, lo prudente es revocar la negativa

del Tribunal de Caguas a trasladar este caso, pues no tiene

competencia para atenderlo. Dicha controversia trata en torno a

un negocio que ocurrió en el Municipio de San Sebastián, que

pertenece a la Región Judicial de Aguadilla y además existe un

Tribunal Municipal en dicho Municipio de San Sebastián, que

conforme a la Regla 3.2, supra, no habiendo anuencia de ambas

partes para que se atendiera esta controversia en el Tribunal

Municipal de Caguas, debió trasladarse al Tribunal De San

Sebastián, sala con competencia para ver el caso y allí atenderse.

     Utilizando esa prudencia y atendiendo este recurso contra

la Sentencia del TPI que denegó intervenir con la actuación del

Tribunal Municipal, procede revocar la Sentencia contra la que

aquí se recurre y ordenar a dicho Tribunal que ordene al Juez o

Jueza Municipal que corresponda, trasladar a la Sala Municipal de

San Sebastián, con Competencia para atender la controversia que
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ha atendido en Caguas sin tener competencia para ello el Tribunal

Municipal de Caguas.

                               IV.

     Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos

formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia contra la

que se presentó este Recurso y se deja sin efecto la misma, así

como se deja sin efecto la Resolución al amparo de la Ley 140,

supra. En consecuencia, se ordena al TPI que ordene al Tribunal

Municipal de Caguas trasladar a la Sala Municipal del Tribunal de

San Sebastián, con Competencia para atender la controversia que

ha estado atendiéndose en Caguas, sin tener competencia para

ello, conforme antes hemos indicado.

     Notifíquese Inmediatamente.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria

del Tribunal de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones