Court Opinion

ID: 9962833
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:56:56.24053+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.588020
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

                                                   Certiorari
  CARMEN M. ROJAS                                  Procedente del
      NIEVES                                       Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
       Peticionaria                                Superior de Carolina

                                                   Caso Civil Núm.:
             V.                                    CA2024RF00021
                                KLCE202400237
                                                   Sobre:
 ISIDRO RODRÍGUEZ                                  Divorcio
     DE LA CRUZ                                    (Ruptura Irreparable)

        Recurrido
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

       Comparece la parte peticionaria, Carmen M. Rojas Nieves (en

adelante, Sra. Rojas Nieves o parte peticionaria), mediante un

recurso de Certiorari y nos solicita que revisemos la Orden emitida

el 17 de enero de 2024 y notificada el 18 de enero de 2024 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (en

adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró “no ha lugar”

una Moción para Emplazar por Medio de Edictos presentada por la

parte peticionaria.

       Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del presente recurso de Certiorari.

                                              I.

       El 11 de enero de 2024, la Sra. Rojas Nieves presentó una

Demanda sobre divorcio por ruptura irreparable en contra del

Sr. Isidro Rodríguez De La Cruz (en adelante, Sr. Rodríguez).1 En

síntesis, la Sra. Rojas Nieves alegó que contrajo matrimonio con el

1 Apéndice del Certiorari, a las págs. 1-4.

Número Identificador

RES2024____________________
KLCE202400237                                                                  2

Sr. Rodríguez el 12 de noviembre de 1994 y que desde o antes del

2002 no han tenido comunicación, por lo que solicitó que se

disolviera el vínculo matrimonial habido entre las partes.

       En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

la Sra. Rojas Nieves alegó en la demanda que desconocía la dirección

actual del Sr. Rodríguez, que sólo tenía conocimiento de que este

vivía en la República Dominicana, y que la última dirección conocida

del Sr. Rodríguez era su propia dirección física, ya que este convivía

con ella antes de mudarse a la República Dominicana.

       Ese mismo día, la Sra. Rojas Nieves presentó Moción para

Emplazar por Medio de Edictos.2 En la moción, la Sra. Rojas Nieves

señaló que sometió una declaración jurada en donde afirmó que

tenía conocimiento de que el Sr. Rodríguez vivía en la República

Dominicana; y que la última dirección física conocida del Sr.

Rodríguez      era   la   misma      dirección   residencial    de    la   parte

peticionaria, ya que ambos convivieron en dicha residencia antes de

que el Sr. Rodríguez se fuera a la República Dominicana.3

Finalmente, solicitó que se autorizara emplazar por edicto al

Sr. Rodríguez, que se expidiera la orden correspondiente, y que se

le eximiera del envío de la copia de la demanda debido a que la

última dirección conocida era la misma dirección donde residía la

parte peticionaria.

       Así las cosas, el 17 de enero de 2024, el TPI dictaminó una

Orden en relación con la moción para emplazar por edicto

2 Apéndice del Certiorari, a las págs. 7-9.
3 Íd. La Affidavit de Mérito para Emplazar por Medio de Edicto se acompañó con la

Moción para Emplazar por Medio de Edictos. En lo pertinente, la Sra. Rojas Nieves
declaró lo siguiente en dicha declaración jurada:
       “[…]
       3.Aunque desconozco el paradero de la parte peticionada ISIDRO
       RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, tengo conocimiento que este vive en la
       REPÚBLICA DOMINICANA. La última dirección conocida de la
       parte peticionada es mi dirección física ya que este convivía
       conmigo antes de mudarse a la República Dominicana […].
       4.La parte peticionada es parte necesaria e indispensable en el
       presente caso.
       5.Esta declaración la hago de buena fe a los efectos de que este la
       presente petición y para que así conste juro la presente”.
KLCE2024000237                                                          3

presentada por la parte peticionaria.4          En específico, dicho foro

expresó lo siguiente:

       No ha lugar. El affidavit de mérito dice por un lado que
       desconoce el paradero. Por otro lado[,] indica que vive en la
       República Dominicana sin proveer dirección certera alguna
       de donde vive. Finalmente, provee una dirección de Puerto
       Rico donde residía con la peticionaria mientras [vivían]
       juntos como parte de su relación matrimonial, dirección en
       la cual no reside en la actualidad, ya que según alega vive en
       la [República] Dominicana. No se cumple con lo dispuesto en
       la jurisprudencia. Proceda a emplazar cumpliendo con la
       Regla 4.6 de Procedimiento Civil.

       El 22 de enero de 2024, la Sra. Rojas Nieves presentó Moción

de Reconsideración para Emplazar por Edicto.5 En la misma, la parte

peticionaria expresó que conforme a la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, se podía autorizar el emplazamiento

por edicto cuando la parte a ser emplaza reside fuera de Puerto Rico.

Señaló que en este caso la Sra. Rojas Nieves desconocía la dirección

del Sr. Rodríguez en la República Dominicana, ya que este último se

fue sin aviso, que no tenía ninguna comunicación con el

Sr. Rodríguez desde hace más de veinte (20) años, por lo cual no

tenía forma de localizarlo. Añadió, además, que no tenía vínculos

con los familiares del Sr. Rodríguez para corroborar su dirección

actual en la República Dominicana. Por tanto, la parte peticionaria

le solicitó al TPI que reconsiderada su determinación y que la

eximiera de enviar copia del edicto y de la demanda al Sr. Rodríguez

a la última dirección conocida. El 25 de enero de 2024, el TPI declaró

“no ha lugar” a lo solicitado por la parte peticionaria.6

       Inconforme con la determinación del TPI, la parte peticionaria

acudió ante nos el 27 de febrero de 2024 mediante el presente

recurso de Certiorari, en el cual señala la comisión por el TPI del

siguiente error:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA, SALA DE CAROLINA, AL DECLARAR NO HA
       LUGAR LA SOLICITUD DE EMPLAZAR MEDIANTE EDICTO,

4 Apéndice del Certiorari, a las págs. 11-12.
5 Apéndice del Certiorari, a las págs. 13-14.
6 Apéndice del Certiorari, a la pág. 15.
KLCE202400237                                                           4

      ESTANDO LA PARTE DEMANDADA                  FUERA      DE   LA
      JURISDICCIÓN DE PUERTO RICO.

      Examinado el presente recurso, procedemos a disponer del

mismo sin necesidad de ulterior trámite, conforme lo autoriza la

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

                                    II.

                                    A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,    “es   una    forma    de   razonabilidad      aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para    revisar   resoluciones    u   órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan

interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. Al

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del
      Tribunal de Apelaciones, supra.

      La precitada regla mandata que, como foro apelativo,

evaluemos si alguna de las instancias enumeradas anteriormente es
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de aplicación a la petición de certiorari. De alguna estar presente,

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen

recurrido. Por el contrario, estaremos impedidos de expedir el auto,

y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar,

de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en

la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).

      De ordinario, los tribunales apelativos no debemos intervenir

con las decisiones discrecionales de un Tribunal de Primera

Instancia a menos que se demuestre que dicho foro incurrió en un

abuso de discreción, y que nuestra intervención evitaría un perjuicio

sustancial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435

(2013). En todo caso, el criterio rector al momento de evaluar si un

tribunal ha abusado de su discreción es la razonabilidad de la

determinación impugnada, y su fundamento en un sentido llano de

justicia. Id., págs. 434-435.

                                 B.

      El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que

este quede obligado por el dictamen que finalmente emita. Torres

Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017); Cirino

González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 30 (2014); Márquez

v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). El emplazamiento diligenciado

conforme a derecho es principio esencial del debido proceso de ley.

El mismo tiene el propósito de notificarle al demandado que se ha

incoado una acción judicial en su contra, para así garantizarle su

derecho a ser oído y a defenderse. Torres Zayas v. Montano Gómez

et als., supra, pág. 467; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR

855, 863 (2005); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR

760, 763 (1994). Asimismo, el emplazamiento representa el paso
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inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la

jurisdicción judicial. Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004). Por tal

razón, se requiere una estricta adhesión a sus requerimientos.

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra.

      El emplazamiento constituye la relación procesal y le confiere

jurisdicción al tribunal sobre el demandado. R. Hernández Colón,

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San

Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 222. Por

consiguiente, un demandado tiene derecho a ser emplazado

conforme a derecho. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854,

869 (2015). Con el emplazamiento, una persona se convierte en

parte oficialmente y solo se le requiere tomar acción en dicha

capacidad una vez es emplazada. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Ed. Publicaciones JTS,

2011, T. I, pág. 298.

      Aunque el diligenciamiento personal del emplazamiento es el

método más idóneo, por vía de excepción, la Regla 4.6 de

Procedimiento Civil, supra, permite el emplazamiento por edicto.

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 865. En caso de que una

persona a ser emplazada se encuentre fuera del país, se oculte, o no

sea posible localizarla a pesar de haberse realizado las diligencias

necesarias, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, permite el

emplazamiento por edicto, previa autorización del tribunal. Así, el

edicto constituye un modo alterno para notificar la demanda sin

incumplir con las salvaguardas del derecho al debido proceso de ley.

Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 99 (1986).

      Según dispone el inciso (b) de la Regla 4.6 de Procedimiento

Civil, supra, el edicto debe tener la siguiente información:

      (1) Título—Emplazamiento por Edicto

      (2) Sala del Tribunal de Primera Instancia

      (3) Número del caso
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      (4) Nombre de la parte demandante

      (5) Nombre de la parte demandada a emplazarse

      (6) Naturaleza del pleito

      (7) Nombre, dirección y teléfono del abogado o abogada de la
      parte demandante

      (8) Nombre de la persona que expidió el edicto

      (9) Fecha de expedición

      (10) Término dentro del cual la persona así emplazada deberá
      contestar la demanda, según se dispone en la Regla 10.1 de
      Procedimiento Civil, y la advertencia a los efectos de que, si
      no contesta la demanda presentando el original de la
      contestación ante el tribunal correspondiente, con copia a la
      parte demandante, se le anotará la rebeldía y se dictará
      sentencia para conceder el remedio solicitado sin más citarle
      ni oírle. El edicto identificará con letra negrilla tamaño diez
      (10) puntos toda primera mención de persona natural o
      jurídica que se mencione en éste.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos en que la

persona a ser emplazada por edicto se encuentra fuera de Puerto

Rico ha expresado lo siguiente:

      En los casos en que el demandado se encuentre fuera de
      Puerto Rico y la parte demandante ignora la dirección
      del demandado fuera de Puerto Rico, se exige prueba de
      las diligencias específicas para localizar al demandado
      antes de expedir el emplazamiento por edicto y relevar
      al demandante del envío por correo de los documentos
      pertinentes. Por el contrario, cuando el demandado se
      encuentra fuera de Puerto Rico, y al demandante le
      consta el lugar específico donde éste se encuentra y así
      lo informa al tribunal, no se requiere la comprobación de
      diligencias vigorosas y honesto esfuerzo para citarle
      personalmente, y es compulsorio el envío por correo
      certificado con acuse de recibo de la copia de la
      demanda, la orden para emplazar mediante edictos y el
      edicto mismo. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 576–577
      (2002).

      El que solicite la autorización del Tribunal para expedir los

emplazamientos por edicto, debe establecer que tiene una

reclamación válida que justifica la concesión de un remedio contra

la persona a ser emplazada. Además, debe acompañar la petición

con una declaración jurada en la que consten todas las gestiones

infructuosas que realizó para diligenciar el emplazamiento

personal. Asimismo, ha expresado el tratadista Rafael Hernández

Colón que: “[a]l exponer que el demandado se encuentra fuera de
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Puerto Rico o que se oculta, es necesario explicar detalladamente

de dónde surge el conocimiento del demandante sobre los

hechos y hay que expresar con exactitud todas las gestiones que

se hayan realizado para localizar al demandado”. R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta

ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, págs. 269–270, citado en

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., 203 DPR 982, 989 (2020).

Cuando el Tribunal tenga ante sí una petición de dicha naturaleza,

deberá asegurarse de que sea suficiente en derecho, de modo que

produzca el convencimiento judicial necesario. Pagán v. Rivera

Burgos, 113 DPR 750, 755 (1983). En ausencia de dicha declaración

jurada, no es posible autorizar el emplazamiento por edicto, pues no

se satisface el requisito de comprobación judicial que dispone la

Regla 4.5, ahora 4.6 de Procedimiento Civil para ello. Reyes v.

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 25 (1993).

       Nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, la

declaración jurada que acredita las diligencias realizadas para citar

al demandado personalmente debe expresar hechos específicos y no

meras conclusiones o generalidades. Sánchez Ruíz v. Higueras

Pérez, supra; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra, pág. 25. De

este modo, se deben incluir las personas con quienes se investigó y

su dirección. Global v. Salaam, 164 DPR 474, 482 (2005). Además,

se ha indicado que es una buena práctica “inquirir de las

autoridades   de   la   comunidad,     la   policía,   el   alcalde,   del

administrador de correos que son las personas más llamadas a

conocer la residencia o el paradero de las personas que viven en la

comunidad”. Sánchez Ruíz v. Higueras Pérez et al., supra, a la pág.

987.   Debemos     señalar   también    que,   entre    las   diligencias

acreditadas en la declaración jurada para solicitar emplazamiento

por edicto en el caso de Sánchez Ruíz v. Higueras Pérez et al., supra,

se encuentran búsquedas en Google, Twitter y Facebook, las cuales,
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como parte de otras diligencias, fueron suficientes para nuestro más

alto foro para expedir el emplazamiento por edicto. “Al evaluar la

suficiencia de tales diligencias, el tribunal deberá tener en cuenta

todos los recursos razonablemente accesibles al demandante para

intentar hallar al demandado y si se ha agotado toda posibilidad

razonable disponible al demandante para poder localizarlo”. Id., a la

pág. 988.

        Luego de autorizado el emplazamiento por edicto, el

demandante procurará la publicación del edicto en un periódico de

circulación general en Puerto Rico y dentro de los diez (10) días luego

de publicado el edicto, dirigirá a la parte demandada copia de la

demanda y del emplazamiento, mediante correo certificado con

acuse de recibo a su última dirección conocida. Regla 4.6(a) de

Procedimiento Civil, supra. Dichos requisitos deben observarse

estrictamente. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra, a la pág.

24. De lo contrario, el tribunal carece de jurisdicción sobre la

persona del demandado. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág.

866.

                                  III.

        En su recurso de Certiorari, la parte peticionaria señala que

erró el TPI “al declarar no ha lugar la solicitud de emplazar mediante

edicto, estando la parte demandada fuera de la jurisdicción de

Puerto Rico”.

        Según reseñamos, en el caso antes nos, la parte peticionaria

presentó una Moción para Emplazar por Medio de Edictos

acompañada de una declaración jurada en la cual no constaban de

forma    detallada   las   gestiones     realizadas   para   emplazar   al

Sr. Rodríguez. El TPI emitió una Orden declarando “no ha lugar” la

referida moción por la falta de acreditación de las gestiones,

conforme exige la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra.
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      De conformidad a lo dispuesto en la               Regla 4.6 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, en el

caso ante nuestra consideración procedía acreditar en la declaración

jurada que acompaña la solicitud para emplazar por edicto las

gestiones realizadas por la parte peticionaria.

      Evaluado el presente recurso, determinamos que no nos

encontramos bajo alguna de las instancias contempladas en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, que nos permita intervenir con el

dictamen recurrido. Ante la ausencia de perjuicio, pasión,

parcialidad y error de derecho no procede la expedición del recurso

de certiorari.

      Por lo tanto, determinamos que no se amerita nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos y, en consecuencia,

procedemos a conferirle deferencia al foro recurrido.

                                 IV.

      Por    los   fundamentos   antes   expuestos,     denegamos   la

expedición del auto de Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal. El Juez Rivera Torres emite el siguiente Voto Particular

de Conformidad: El Juez Rivera Torres está conforme con la

determinación debido a que, en este caso en particular, la parte

demandante desconoce el lugar específico de la República

Dominicana en donde se encuentra el demandado.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones