Court Opinion

ID: 9952380
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:51.693775+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:06.250560
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

                                                 REVISIÓN
      VUR JER, LLC.                              ADMINISTRATIVA
       Recurrente                                procedente del
                                                 Comisión de
             Vs.                                 Cannabis
                                KLRA202400022
                                                 Querella Núm.
      JUNTA                                      JRCM-2022-031
REGLAMENTADORA DE
CANNABIS MEDICINAL                               SOBRE:
     Recurrida                                   Renovación de
                                                 Licencia CM-2018-
                                                 088
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

       El 17 de enero de 2024, Vur Jer, LLC. (Vur Jer o recurrente)

compareció ante nos mediante un Recurso de Revisión Judicial y

solicitó la revisión de una Resolución Final que se emitió y notificó el

18 de diciembre de 2023 por la Junta Reglamentadora del Cannabis

Medicinal (Junta o recurrida). Mediante el aludido dictamen, la

Junta declaró No Ha Lugar la Moción de Inhibición y Otros Extremos

que presentó el recurrente.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos el dictamen recurrido.

                                       I.

       El 1 de diciembre de 2023, Vur Jer presentó una Moción de

Inhibición y Otros Extremos.1 En primer lugar, afirmó que el

testimonio de la directora ejecutiva de la Junta, la Lcda. Arlene

Questell (señora Questell), era esencial para su defensa y el asunto

sobre la admisibilidad de dicho testimonio no era una facultad

delegada expresamente a un Oficial Examinador ya que ello trataba

1 Véase, págs. 46-53 del apéndice del recurso.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
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de una controversia de carácter sustantivo por lo que tenía que ir a

la Junta. Añadió que las determinaciones que tomaban los oficiales

examinadores estaban supeditadas a la aprobación de la mayoría de

los miembros de la Junta. Además, sostuvo que, en el presente caso,

existía un conflicto de interés ya que la Oficial Examinadora

designada al caso, la Lcda. Ramagui Rivera De Jesús (licenciada

Rivera), eliminó como testigo a la señora Questell, funcionaria del

ente adjudicador que adquiere sus servicios y, por ende, se podía

ver afectada la imparcialidad que debía llevar a cabo durante los

procesos adjudicativos. En otras palabras, puntualizó que la Junta

era quien contrataba a la Oficial Examinadora a cargo de presidir

los procesos adjudicativos y, por ende, ello creaba un claro conflicto

de interés. Por las razones antes expuestas, le solicitó a la Junta a

que emitiera un dictamen decretando la inhibición de la licenciada

Rivera.

       En vista de lo antes solicitado, el 11 de diciembre de 2023, la

licenciada Rivera, presentó un Informe de la Oficial Examinadora.2

En este citó el derecho aplicable en cuanto a la recusación de los

oficiales examinadores que se emana del Art. 25 del Reglamento

Núm. 9321, también conocido como Reglamento de Procedimientos

Adjudicativos y de Reglamentación en el Departamento de Salud que

se aprobó el 29 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9321).

Tomando en consideración el derecho aplicable, argumentó que el

recurrente no cumplió con los requisitos necesarios para solicitar la

recusación de un oficial examinador. Específicamente, expresó que

la solicitud de recusación no fue debidamente jurada, no se

incluyeron hechos específicos en los cuales se fundamentaban la

solicitud y tampoco presentaron prueba documental y declaraciones

juradas en apoyo a esta como lo exige el Reglamento Núm. 9321,

2 Íd., págs. 63-68.
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supra. Luego expuso las alegaciones de Ver Jur en su contra y

expresó sus argumentos en cuanto a ellas. Finalmente, resolvió que

no procedía la inhibición y le remitió el informe a la Junta para su

correspondiente evaluación.

        Evaluada la solicitud de inhibición y el informe que presentó

la licenciada Rivera, el 18 de diciembre de 2023, la Junta emitió y

notificó una Resolución Final en la cual acogió las conclusiones a las

que llegó la oficial examinadora y, en consecuencia, declaró No Ha

Lugar la Moción de Inhibición y Otros Extremos que presentó Ver

Jur.3

        Inconforme con esta determinación, el 17 de enero de 2024,

la parte recurrente presentó el recurso de epígrafe y formuló los

siguientes señalamientos de error:

        Erró la Junta Reglamentadora de Cannabis
        Medicinal al no atender de forma transparente la
        solicitud de inhibición presentada por la parte
        recurrente, al punto que se firma la misma por la
        testigo que es el epicentro de la controversia
        evidenciaria y no los miembros que componen la
        Junta en Pleno.

        Erró la Junta Reglamentadora del Cannabis en no
        establecer en la resolución recurrida que la misma
        haya sido evaluada por la Junta en Pleno conforme
        a la ley y el reglamento aplicable.

        Erró la Junta Reglamentadora del Cannabis
        Medicinal al denegar la admisibilidad del testimonio
        de un testigo esencial de la Parte Recurrente-
        Promovente del proceso administrativo y que dicha
        determinación se ha tomado de una óptica
        parcializada.

        Erró la Junta Reglamentadora del Cannabis
        Medicinal al negarse a proveer con lugar la
        inhibición de la oficial examinadora.

        Atendido el recurso, el 22 de enero de 2024, emitimos una

Resolución concediéndole a la Junta hasta el 6 de febrero de 2024

para presentar su alegato. Oportunamente, la parte recurrida

3 Íd., págs. 76-77.
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presentó una Oposición a Recurso de Revisión Administrativa y negó

que la agencia cometiera los errores que Vur Jer le imputó.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver. Veamos.

                                   II.

                                   -A-

      La doctrina de revisión judicial nos encomienda “examinar si

las decisiones de las agencias administrativas fueron hechas dentro

de los poderes delegados y son compatibles con la política pública

que las origina”. Rolón Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 35

(2018). Al efectuar tal encomienda, debemos “otorgar amplia

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas”.

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019).

      La normativa jurisprudencial ha reiterado que existe en el

derecho puertorriqueño una presunción de legalidad y corrección a

favor de los procedimientos y decisiones realizadas por las agencias

administrativas. Rolón Martínez v. Caldero López, supra, pág. 35. Lo

anterior responde a la experiencia y pericia que se presume tienen

dichos organismos para atender y resolver los asuntos que le han

sido delegados. Íd.

      Así, el estado de derecho vigente nos impone otorgarle

deferencia a la agencia administrativa, siempre que la parte que la

impugne    no   demuestre   evidencia     suficiente   que    rebata   la

presunción de legalidad y corrección. Graciani Rodríguez v. Garaje

Isla Verde, supra, pág.128. Por lo tanto, al realizar nuestra función

revisora   debemos    enfocarnos     en   determinar   si    la   agencia

administrativa: (1) erró en aplicar la ley; (2) actuó arbitraria,

irrazonable o ilegalmente; y (3) si lesionó derechos constitucionales

fundamentales. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627-

628 (2016).
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      De este modo, si al realizar nuestra función revisora no nos

encontramos    ante   alguna    de     las   situaciones   previamente

mencionadas, tenemos el deber de validar la determinación

realizada por la agencia administrativa. Íd. Ello, aun cuando exista

más de una interpretación posible en cuanto a los hechos. Íd., pág.

627. Ahora bien, es preciso recordar que las conclusiones de

derecho, por el contrario, serán revisables en todos sus aspectos.

Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, mejor

conocida como Ley de Procedimiento Administrativa Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9675.

                                 -B-

      El Reglamento Núm. 9321, supra, se aprobó con el propósito

de uniformar los procedimientos adjudicativos y de reglamentación

sobre los cuales el Departamento de Salud tiene jurisdicción y

competencia. Exposición de Motivos del Reglamento Núm. 9321. Ello,

para proveer una solución justa, rápida y económica mediante

soluciones   informales   de   controversias     administrativas   sin

menoscabar los derechos que le asisten a la sociedad. Íd. Ahora

bien, en lo pertinente al caso ante nos, el Art. 25 de este Reglamento

preceptúa el procedimiento de recusación de un oficial examinador.

Específicamente, dispone lo siguiente:

      1. En cualquier etapa de los procedimientos, cualquier
         de las partes podrá solicitar la recusación de un
         Oficial Examinador por alguna de las circunstancias
         expuestas en la Regla 21 (1) de este Reglamento.

      2. La solicitud de recusación debe ser jurada y
         expondrá los hechos específicos en que se
         fundamenta y la prueba documental y declaraciones
         juradas en apoyo de la misma.

      3. La solicitud de recusación debe ser presentada ante
         el Oficial Examinador recusado tan pronto la Parte
         Peticionaria advenga en conocimiento de la causa de
         la recusación.

      4. Una vez presentada la solicitud de recusación, si el
         Oficial Examinador recusado concluye que procede
         su inhibición, hará constar mediante resolución
         escrita los incisos de la Regla 21 (1) aplicable, en su
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           defecto, la razón específica para su inhibición bajo el
           inciso (h) y la notificará a todas las partes. El caso
           será asignado a otro Oficia Examinador.

      5. Si el Oficial Examinador concluye que no procede
         su inhibición, se abstendrá de continuar
         actuando en su capacidad de Oficial Examinador
         en el caso y remitirá los autos del mismo al
         Secretario de Salud para la designación de un
         Oficial Examinador que resuelva la solicitud de
         recusación.

      6. La solicitud de recusación se resolverá dentro del
         término no mayor de quince (15) días desde su
         presentación.

      7. De conceder la solicitud, se realizará el reemplazo
         requerido con un Oficial Examinador que no posea
         ninguna de las limitaciones antes mencionadas.

      8. Una vez un Oficial Examinador haya comenzado a
         intervenir en un caso, no podrán unirse al caso los
         abogados o abogadas cuya intervención pueda
         producir su recusación. (Énfasis suplido)

                                      III.

      El    recurrente   compareció          ante   nos   impugnando   una

Resolución Final que se emitió y notificó el 18 de diciembre de 2023

mediante la cual la Junta declaró No Ha Lugar su Moción de

Inhibición y Otros Extremos. Específicamente, en su primer

señalamiento de error, indicó que la Junta erró al no atender de

forma transparente su solicitud de inhibición ya que el dictamen

recurrido se firmó por la directora ejecutiva de la Junta que era

epicentro    de   la   controversia      evidenciaria.    En   su   segundo

señalamiento de error, argumentó que la Junta erró al no establecer

que la solicitud de inhibición se evaluó por la Junta en Pleno

conforme lo exige la ley y reglamento aplicable. Por otro lado, en su

tercer señalamiento de error, sostuvo que la Junta erró al denegar

la admisibilidad del testimonio de la señora Questell. Puntualizó que

dicha determinación se tomó de manera parcializada. Por último, en

su cuarto señalamiento de error planteó que la Junta erró al

declarar No Ha Lugar la solicitud de inhibición de la licenciada

Rivera.
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      Previo a discutir el primer, segundo y cuarto señalamiento de

error en conjunto por estar íntimamente relacionadas entre sí cabe

precisar que, a pesar de que se podría entender que la determinación

en cuanto a la inhibición es una interlocutoria, como modo de

excepción, esta es objeto de revisión ya que esperar a la Resolución

Final de la agencia constituiría un fracaso a la justicia. En el informe

que preparó la licenciada Rivera en cuanto al asunto de su

inhibición, esta última utilizó el Reglamento Núm. 9321 de manera

supletoria ya que era el único estatuto que discutía el procedimiento

a seguir ante una solicitud de inhibición de un Oficial Examinador

del Departamento de Salud. La Ley Núm. 42-2017, según

enmendada, mejor conocida como Ley para Manejar el Estudio,

Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas

Aplicables y Límites, 24 LPRA sec. 2621 et seq. y el Reglamentó Núm.

9038, que se aprobó el 2 de julio de 2018, no preceptúan el proceder

ante una solicitud de inhibición a pesar de que son estatutos que

son aplicables al presente caso. Por lo tanto, el derecho aplicable al

asunto ante nuestra consideración emana de la Regla 25 del

Reglamento Núm. 9321.

      En el Informe de la Oficial Examinadora la licenciada Rivera

llegó a la conclusión de que no procedía su inhibición bajo el

fundamento de que Ver Jur no juramentó su solicitud de inhibición

y tampoco expuso hechos específicos, prueba documental y

declaraciones juradas que fundamentaran dicho proceder conforme

lo exige la Regla 25 del Reglamento Núm. 9321, supra. Sin embargo,

cabe precisar que, a pesar de que basó su decisión en lo antes

expuesto, entró a discutir los planteamientos que expuso la parte

recurrente en su contra sobre la inhibición. Luego de discutir los

planteamientos    nuevamente      concluyó    que   no   procedía    su

inhibición.
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      Como es sabido, la Regla 25 del Reglamento Núm. 9321,

supra, establece que, si un Oficial Examinador concluye que no

procede su inhibición, se abstendrá de actuar como tal y remitirá

dicho asunto al Secretario de Salud para que este último designe

otro Oficial Examinador que resuelva la solicitud de recusación.

Dicho lo anterior, es evidente que la persona designada a atender la

recusación de la licenciada Rivera era otra u otro Oficial Examinador

que fuese elegido por el Secretario de Salud para atender el asunto

y no así la Junta. La procedencia o no de una inhibición de un Oficial

Examinador no surge de las funciones delegadas a la Junta que se

establecen en el Art. 5 de la Ley Núm. 42, 24 LPRA sec. 2622a y en

el Art. 135 del Reglamento Núm. 9038, supra.

      En el presente caso, la solicitud de inhibición se evaluó por la

Junta, específicamente, la determinación que estos tomaron se

firmó por la señora Questell, directora ejecutiva de la Junta y la

persona que es el eje de la controversia evidenciaria en el presente

caso. Dicha actuación fue contraria a los postulados de la Regla 25

del   Reglamento    Núm.     9321,   supra.   Como     mencionamos

anteriormente, la solicitud de inhibición se debió atender por otra u

otro oficial examinador designado por el Secretario de Salud. Así

pues, le corresponde a la licenciada Rivera a abstenerse de

continuar actuando en su capacidad como Oficial Examinadora

del presente caso y remitir los autos de este asunto al Secretario

de Salud para su correspondiente proceder. Dicho lo anterior, se

cometió el primer, segundo y cuarto señalamiento de error.

      Por otro lado, el tercer señalamiento de error relacionado a la

denegatoria por parte de la Junta de la admisibilidad del testimonio

de la señora Questell no se puede atender en sus méritos. La referida

determinación no se incluyó como parte de las determinaciones que

realizó la Junta en el dictamen recurrido. En consecuencia, no

tenemos jurisdicción para atender dicho asunto.
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                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen

recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones