Court Opinion

ID: 9890331
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:16:11.559227+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:20.990573
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

     LUISA RONDÓN                             Recurso de Certiorari
        ACOSTA                                procedente del
                                              Tribunal de Primera
       Peticionaria                           Instancia, Sala
                                              Superior de Carolina
            V.
                            KLCE202300939
    SANTO ROSARIO                             Caso Núm.:
       POLANCO                                CA2018CV03412

       Demandado                              Sobre:

    PEDRO PAREDES                             División de Comunidad
                                              de Bienes
  Interventor-Recurrido
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

                                    -I-

      Comparece la Sra. Luisa Rondón Acosta (en adelante la señora

Rondón Acosta o la peticionaria) y nos solicita que revisemos una

Resolución emitida el 21 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI) en la que el referido foro

declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación presentada el 1

de abril de 2022 por la peticionaria.

      La controversia ante nuestra consideración tiene su génesis

en una demanda de liquidación de sociedad de bienes gananciales

presentada por la peticionaria en contra del Sr. Santo Rosario

Polanco.    Luego de varios incidentes que resulta innecesario

pormenorizar aquí, el 18 de abril de 2021 el Sr. Pedro Paredes

presentó una solicitud de intervención en la que, en síntesis,

sostuvo que estuvo casado legalmente con la peticionaria desde el 6

de agosto de 1994 hasta el 25 de agosto de 2004 y que por tanto,

conforme a fuera determinado por el TPI en otra Resolución de 27

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300939                                                                     2

de enero de 2021 podría tener derecho a alguna participación en

bienes sujetos a liquidación en el pleito.1 Ello, ante el hecho no

controvertido de que en noviembre de 2003, estando la peticionaria

casada con el interventor, esta adquirió en comunidad con el

demandado bienes y deudas en Puerto Rico.2

       Ante este cuadro, el 1 de abril de 2022, la peticionaria

presentó su Moción de Desestimación Al Amparo de la Regla 10.2

Respecto a la Intervención del Sr. Pedro Paredes.                      En dicha

comparecencia la peticionaria argumentó que cualquier reclamo del

señor Paredes estaba prescrito debido a que, conforme a las leyes de

la República Dominicana, país en el que la señora Rondón Acosta y

el señor Paredes contrajeron matrimonio y donde también se dictó

la sentencia de divorcio que puso fin a dicho matrimonio, la acción

de partición de comunidad por causa de divorcio prescribe a los dos

años de la publicación de la sentencia.3

       Así las cosas, el 21 de julio de 2023 el TPI emitió la Resolución

recurrida. En la misma, además declarar No Ha Lugar la solicitud

de desestimación instada por la peticionaria, el TPI consignó lo

siguiente:

       El 4 de marzo de 2021 este Tribunal dispuso mediante Orden
       que no puede tomar conocimiento judicial de derecho
       dominicano.4 Entre otras cosas, el Tribunal tiene ante sí la
       liquidación de un activo (la operación comercial de la
       panadería objeto de la demanda) que fue adquirido por la
       demandante junto con otras personas (incluido el
       demandado) mientras estaba casada con el Sr. Pedro Paredes.
       Además, este Tribunal emitió Resolución notificada el 27 de
       enero de 2021 en la que determinó que la participación que la
       parte interventora pueda tener en la comunidad objeto de este
       pleito es un hecho esencial y pertinente sobre el que existen
       controversias sustanciales.

1 Véase página 12 del Apéndice del recurso.
2 Véase página 20 del Apéndice del recurso.
3 En específico, se invocaron las disposiciones del Artículo 815 del Código Civil de

la República Dominicana.
4 Aquí el foro primario incluyó una nota al calce en la que consignaba que dicha

determinación fue emitida por el juez quien tenía en ese momento asignado el
caso y que dicha Orden era final y firme.
KLCE202300939                                                            3

        Inconforme, la peticionaria presenta el recurso que nos ocupa

en el que formuló el siguiente señalamiento de error:

        Erró el TPI al dictaminar que procede no la desestimación de
        la causa de acción del interventor Pedro Paredes por ser cosa
        juzgada por haberse resuelto mediante Sentencia Sumaria
        dictada el 27 de enero de 2021 que resolvió que el Tribunal
        tiene jurisdicción sobre la persona y que procede la causa de
        acción del Sr. Paredes de exigir la extinta sociedad de bienes
        gananciales compuesta con la Sra. Luisa Rondón (sic).

        En su argumentación, la peticionaria sostuvo que en la

Resolución de 2021 el TPI resolvió que el interventor era parte

indispensable por haber estado casado con la demandante cuando

ésta dio inicio a una empresa comercial en sociedad con otras

personas, mientras que la Moción de Desestimación se presentó por

el argumento de la falta de jurisdicción en la materia por

prescripción. En base a este planteamiento, sostiene que entre la

controversia planteada en la Moción de Sentencia Sumaria de 2021

sobre    parte   indispensable   y     lo   alegado   en   la   Moción   de

desestimación no existe perfecta identidad de causas por lo que no

cabe hablar de cosa juzgada.

        Por su parte, en su comparecencia ante nos el interventor

sostuvo la corrección de la determinación recurrida y nos solicitó

que denegáramos la expedición del auto. En primer lugar, adujo que

la determinación donde se concluyó que era parte indispensable en

el pleito era final y firme. También, argumentó que tal y como lo

consignó el foro primario, el TPI estaba impedido de tomar

conocimiento judicial del estado de derecho vigente en la República

Dominicana.

                                     -II-

                                     -A-

        El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare
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v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG,

205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307

(2012). Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente

su juicio al intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la

expedición de un auto de certiorari se encuentra delimitada a las

instancias   y   excepciones   contenidas   en   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 DPR

478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden

bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla

57o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo." 800

Ponce de León v. AIJ, supra.

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de

ejercer nuestra facultad discrecional:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D.     Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
      ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F.     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G.     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                    -B-
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      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V, "establece los fundamentos por los que una parte puede

solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra,

a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona,

insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio

o dejar de acumular una parte indispensable". Es norma reiterada

en nuestra jurisdicción que ante una solicitud de desestimación los

tribunales deben de aceptar como ciertas las alegaciones contenidas

en la demanda y considerarlas de la manera más favorable a la parte

demandante. La demanda no deberá desestimarse a menos que se

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Se debe considerar, "si

a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir

una reclamación válida". Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167

DPR 624 (2006).

                                    -C-

      La doctrina de cosa juzgada persigue poner fin a los litigios

luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los

tribunales y, de este modo, garantizar la certidumbre y la seguridad

de los derechos declarados mediante una resolución judicial para

evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Presidential

Financial Corp. of Florida v. Transcaribe Freight Corp., 186 DPR 263

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133

(2011); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827 (1993).

Al aplicar la doctrina de cosa juzgada, se busca que se finalicen los

pleitos y no someter a los ciudadanos a las molestias de tener que

litigar dos veces una misma causa. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA,

184 DPR 281 (2012); P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR

139 (2008). No obstante, su aplicación no procede de forma
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inflexible y automática si hacerlo derrotara los fines de la justicia o

consideraciones de orden público. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA,

supra. Para que se configure la presunción de cosa juzgada, debe

concurrir la más perfecta identidad de causas, cosas, partes y la

calidad en que lo fueron. Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al.,

supra.

      De otra parte, y para atender controversias en cuanto a

asuntos resueltos previamente dentro de un mismo caso se ha

desarrollado la llamada doctrina de la ley del caso. Esta establece

que los derechos y obligaciones que han sido objeto de adjudicación

en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley

del caso. Berkan y otros v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183

(2020);Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000). La

doctrina de la ley del caso tiene como propósito que los tribunales

nos resistamos a reexaminar asuntos ya considerados dentro de un

mismo caso para velar por el trámite ordenado y expedito de los

litigios, así como promover la estabilidad y certeza del derecho. Íd.

                                     -D-

      Conforme a la normativa aplicable durante la vigencia del

matrimonio entre la peticionaria y el interventor, en nuestra

Jurisdicción se presumían gananciales todos los bienes adquiridos

por cualquiera de los cónyuges, a título oneroso, por sus esfuerzos

o por los frutos que produzcan otros bienes, desde la celebración del

matrimonio hasta su disolución. En Toppel v. Toppel, 114 DPR 775

(1983), caso cuyo ratio fue revocado en Roselló Puig v. Rodríguez

Cruz, 183 DPR 181 (2011), pero del que ciertas expresiones

mantienen plena vigencia en casos como el que nos ocupa, al

atenderse una controversia sobre la liquidación de una comunidad

post-matrimonial entre un estadounidense y una mujer británica

que contrajeron matrimonio en el estado de Nueva York, el Tribunal

Supremo    adoptó    la   doctrina   del   centro   de   los   intereses
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matrimoniales y determinó que la división de la masa de bienes de

la comunidad se efectuase conforme a la ley de la jurisdicción que

fue el centro de intereses de la pareja conyugal durante la vigencia

del matrimonio. Para establecer cual fue el centro de intereses del

matrimonio, el Tribunal Supremo indicó que se debían considerar,

además del domicilio, la localización principal de los intereses

financieros (inversiones e ingresos), los lazos afectivos, la duración

de la residencia, la nacionalidad de los cónyuges, las necesidades de

los sistemas interestatal e internacional, las políticas relevantes de

los foros afectados, la protección de expectativas justificadas, la

previsibilidad y uniformidad del resultado en situaciones análogas,

la protección de la parte más débil, además de la facilidad en la

determinación y aplicabilidad de la regla más justa.

                                    -III-

      Examinados     cuidadosamente         y   en   su   totalidad   las

comparecencias de las partes pasamos a resolver.            Sostiene la

peticionaria que erró el TPI al denegar su solicitud de desestimación

por considerar que el asunto planteado en dicha comparecencia

constituía cosa juzgada. Un análisis de los escritos incluidos en las

comparecencias como parte del expediente nos lleva a concluir que

los asuntos considerados por el foro primario eran disímiles entre

sí, pues previamente se litigó el aspecto sobre si en efecto el señor

Paredes podía ser considerado como parte indispensable en la

controversia, mientras que en la moción de desestimación se invocó

la alegada prescripción de la causa de acción de éste al amparo de

lo dispuesto en el Art. 815 del Código Civil de la República

Dominicana. En vista de lo anterior, no cabe hablar de que aplican

en este caso las doctrinas de cosa juzgada ni la conocida como ley

del caso.

      Sin embargo, lo anterior no dispone de la controversia, pues

como correctamente estableciera el TPI, dicho foro no puede tomar
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conocimiento judicial de las leyes de un país extranjero, por lo que,

una parte, como la aquí peticionaria, que interese que un tribunal

puertorriqueño tome conocimiento de una ley foránea deberá

presentar prueba sobre la misma conforme a los mecanismos de

prueba que entienda necesarios para lograr satisfacer al juzgador.

Este aspecto, unido a la normativa aplicable sobre la adjudicación

de las mociones de desestimación nos lleva a concluir que no incidió

el foro primario al negarse a desestimar la reclamación del

interventor.   Así las cosas y en atención al principio de que las

revisiones judiciales se dan contra el resultado y no contra los

fundamentos, no observamos la comisión por parte del TPI de error

alguno que amerite nuestra intervención en esta etapa.

      Así las cosas, y luego de evaluar la totalidad del expediente

del caso junto a la Resolución recurrida, en el ejercicio de nuestra

discreción, declinamos la invitación de la peticionaria a intervenir

con lo actuado por el TPI.

                                    -IV-

      Por   los   fundamentos    antes     expuestos,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones