Court Opinion

ID: 9952391
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:57.618981+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:07.842572
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

ÁNGEL F. COLÓN VEGA,                                Apelación
   su esposa ROSALÍA                                procedente del
VELÁZQUEZ OCASIO y la                               Tribunal de Primera
  SOCIEDAD LEGAL DE                                 Instancia, Sala
GANANCIALES que ambos                               Superior de
 componen; PEDRO LUIS                               Mayagüez
      COLÓN VEGA

          Apelantes

               v.                  KLAN202300849 Caso Núm.:
                                                 MZ2022CV01192
ÁNGEL ANTONIO MEDINA
   COLÓN, su esposa
   MATILDE ROSARIO
 ALICEA y la SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES                                Sobre:
  que ambos componen                                Incumplimiento de
                                                    Contrato, Daños y
          Apelados                                  Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

       Comparece el señor Ángel F. Colón Vega (en adelante, señor

Ángel Colón), su esposa, la señora Rosalía Velázquez Ocasio (en

adelante, señora Velázquez Ocasio) y la Sociedad Legal de

Gananciales (en adelante, SLG) que ambos componen, y el señor

Pedro Luis Colón Vega (en adelante, señor Pedro Colón y en

conjunto, parte apelante) para solicitarnos la revisión de la

Sentencia emitida el 19 de julio de 2023, notificada el 20 de julio de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Mayagüez (en adelante, TPI).1 Mediante el dictamen apelado, el foro

primario declaró Ha Lugar una moción de desestimación y en

consecuencia, al amparo de la Regla 10.2(5) de las Reglas de

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 1-7.

Número Identificador

SEN2024______________
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Procedimiento Civil, 2 desestimó la Demanda presentada en este

caso.3

         Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                         I

         El 5 de agosto de 2022, la parte apelante presentó una

Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios

contra el señor Ángel Antonio Medina Colón (en adelante, señor

Medina Colón), su esposa Matilde Rosario Alicea (en adelante,

señora Rosario Alicea) y la SLG compuesta por ambos (en conjunto,

parte apelada).4 Se adujo que se llegó a un acuerdo verbal con la

parte apelada consistente en que la parte apelante adquiriría de

Monte Carlo Development dos (2) predios de terreno, de los cuales

segregarían un espacio de 816.335 metros cuadrados para el señor

Ángel Colón y la señora Velázquez Ocasio. La parte apelante alegó

que la parte apelada se le adelantó en el proceso de compra de los

solares; y, que, sin previo aviso, perfeccionó la compraventa y

otorgaron la correspondiente Escritura el 15 de marzo de 1997.5

Presuntamente, conforme al acuerdo verbal, la parte apelante

construyó una verja dividiendo la colindancia de los 816.335 metros

cuadrados, colocó un “trailer camp” para que una de sus hijas

residiese allí, y la parte apelada no se quejó. De igual forma, se

desprende que construyó un pozo séptico y un baño de madera.

         La parte apelante solicitó al foro primario el cumplimiento

específico del acuerdo verbal celebrado entre las partes y la

indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $15,000.00

dólares.6 Además, solicitaron que el foro primario dictaminara que:

(i) la parte apelada tiene el pleno dominio de la propiedad de 816.335

2 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
3 Apéndice 1 de la parte apelante, a la pág. 7.
4 Apéndice 5 de la parte apelante, a las págs. 16-19.
5 Apéndice 4 de la parte apelante, a las págs. 39-47.
6 Apéndice 1 de la parte apelante, a la pág. 3.
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metros cuadrados según descrito en la Demanda; (ii) se dictara una

orden a la parte apelada para que cumpla la obligación de entrega

del predio de 816.335 metros cuadrados que le impuso el acuerdo

verbal existente entre las partes; (iii) se condenara a la parte apelada

al pago de los daños ocasionados a la parte apelante y que aún le

estaba causando, por la suma de $15,000.00 dólares o la cantidad

que se hubiese acumulado al momento de dictar sentencia; y, (iv)

condenara a la parte apelada al pago de las costas, gastos y

honorarios de abogado.7

        El 25 de enero de 2023, la parte apelada presentó escrito

intitulado      Desestimación     al   Amparo      de    la   Regla   10.2   de

Procedimiento Civil Vigentes [sic].8 A tenor con lo anterior, solicitó al

foro primario que desestimara la Demanda de autos. En síntesis, la

parte apelada planteó que, aun si se tomara como cierta la alegación

sobre el acuerdo verbal, la Escritura de Compraventa se otorgó el 15

de marzo de 1997, por lo que la acción estaba prescrita tras haber

transcurrido en exceso del término de quince (15) años dispuesto

por ley sin haber sido interrumpido.9 Además, expusieron que el día

que se otorgó la Escritura Núm. 8 de Compraventa la parte apelante

estuvo presente.

        En respuesta, la parte apelante presentó Moción en Oposición

a Desestimación Presentada por la Parte Demandada. 10 La parte

apelante opuso que, la acción no estaba prescrita puesto a que se

había enterado de la existencia de la Escritura un año antes de la

presentación de la Demanda.11 En virtud de lo expuesto, solicitó al

tribunal a quo que declarara no ha lugar la moción de desestimación

presentada por la parte apelada y ordenara la continuación de los

procedimientos, mediante la contestación a la demanda.

7 Apéndice 4 de la parte apelante, a las págs. 18-19.
8 Apéndice 6 de la parte apelante, a las págs. 22-29.
9 Id., a las págs. 27-28.
10 Apéndice 7 de la parte apelante, a las págs. 30-34.
11 Id., a la pág. 32.
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         De ahí, mediante Orden,12 el foro primario señaló una vista

argumentativa a celebrarse de manera virtual. En la referida Orden,

instruyó a las partes a que previo a la vista debían reunirse para

organizar y presentar la prueba que pretendían utilizar en la misma.

En cumplimiento, el 10 de julio de 2023, las partes presentaron una

Moción en Cumplimiento de Orden sobre Vista Argumentativa a la

cual le unieron la prueba documental que pretendían utilizar en la

vista, así como el detalle sobre los testimonios que presentarían.13

         El 14 de julio de 2023, se celebró la correspondiente vista

evidenciaria.14 Conforme se desprende de la Minuta de la vista,15 la

prueba testifical de la parte apelante consistió en el testimonio del

señor Pedro Colón, mientras que, por la parte apelada, consistió en

el testimonio del señor Medina Colón. De la TPO se desprende que

el propósito de la vista era que las partes argumentaran sobre la

moción de desestimación y su correspondiente oposición, y para

establecer si hubo o no un acuerdo verbal. El único documento

presentado y estipulado por las partes fue la Escritura Núm. 8 de

Compraventa del 15 de marzo de 1997. Desfilada la prueba, el caso

quedó sometido.

         De ahí, el 19 de julio de 2023, notificada el 20 de julio de 2023,

el foro primario emitió la Sentencia apelada. 16 Mediante su

Sentencia, la primera instancia judicial declaró Con Lugar la

solicitud de desestimación presentada por la parte apelada y

desestimó la Demanda de autos, al amparo de la Regla 10.2 (5) de

las Reglas de Procedimiento Civil.17 Producto de la vista celebrada,

el foro primario emitió siete (7) determinaciones de hechos

12 Apéndice 8 de la parte apelante, a la pág. 35.
13 Id., a las págs. 36-37.
14 Apéndice 15 de la parte apelante, a la pág. 130.
15 Id.
16 Apéndice 1 de la parte apelante, a las págs. 1-7.
17 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
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probados,18 así como que, incluyó sus conclusiones de derecho.19

Para un cabal entendimiento, las determinaciones de hecho

emitidas por el TPI fueron las siguientes:

            1. En el año 1997, el demandado Ángel Antonio
            Medina Colón acordó con el Sr. Federico Carlo Aymat
            y el ingeniero Bryan King la compra de dos solares
            ubicados en Cabo Rojo.

            2. El 15 de marzo de 1997, en Cabo Rojo, Puerto
            Rico, se otorgó la escritura número 8 sobre
            Compraventa ante el Notario Público Osvaldo Ortiz
            Medina. Comparecieron como parte vendedora
            Monte Carlo Development Corporation y como parte
            compradora el Sr. Ángel Antonio Medina Colón y su
            esposa, la Sra. Matilde Rosario Alicea.

            3. En virtud de la escritura número 8, descrita en el
            hecho anterior, los demandados adquirieron dos
            solares ubicados en el Barrio Boquerón de Cabo
            Rojo, Puerto Rico. Los referidos solares, identificados
            como parcela A y parcela B, tienen una cabida de
            1,408.167 m/c y 1,408.168 m/c, respectivamente,
            para un total de 2,816.33 m/c, siendo estos
            segregados de una finca de mayor cabida.

            4. El precio de venta de la parcela A fue de $15,000
            dólares y el de la parcela B fue $10,000 dólares para
            un total de $25,000 dólares los cuales pagó la parte
            demandada con dinero de su propio peculio.

            5. El demandante Pedro Luis Colón Vega no formó
            parte de la compraventa de los solares, así como
            tampoco aportó cantidad de dinero alguna a la parte
            demandada para la compra de estos.

            6. El demandante Pedro Luis Colón Vega no
            materializó ningún acuerdo verbal con el demandado
            Ángel Antonio Medina Colón en relación con la
            compra de los solares.

            7. El demandante Pedro Luis Colón Vega testificó
            que el acuerdo sobre segregación del solar 816.335
            m.c. a ser segregado no se realizó con los
            demandados.20

        En la Sentencia apelada, el tribunal a quo concluyó lo

siguiente:

        Como quedó claramente demostrado por los
        testimonios ofrecidos, el acuerdo verbal cuyo
        incumplimiento reclama la parte demandante en su
        demanda no fue perfeccionado con la parte demandada.
        Con su propio testimonio, el demandante Pedro Luis
        Colón Vega reveló que su acuerdo verbal fue con el

18 Apéndice 1 de la parte apelante, a las págs. 3-4.
19 Id., a las págs. 4-5.
20 Id., a las págs. 3-4.
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        entonces dueño de los solares, Federico Carlo, y con el
        ingeniero Bryan King. Dicha declaración, de hecho,
        sostiene lo declarado por el demandado Ángel A. Medina
        Colón, quien firmemente negó haber llegado a ningún
        acuerdo con el demandante en cuanto a la compra de
        los solares.
        Como dicta el derecho aplicable, un acuerdo verbal es
        válido si se prueba que se llevó a cabo por las partes
        concernidas, en este caso el demandante Pedro Luis
        Colón Vega y el demandado Ángel Antonio Medina
        Colón, cosa que aquí no ocurrió. Por lo que, ante la
        inexistencia del alegado acuerdo verbal entre las partes,
        no nos resta más que concluir que la causa de acción
        aquí presentada no justifica la concesión de un remedio
        a favor de la parte demandante.21

        Inconforme, el 31 de julio de 2023, la parte apelante presentó

una Moción sobre Enmiendas o Determinaciones Iniciales o

Adicionales (Regla 43) Procedimiento Civil.22 Tal y como reza el título,

la parte apelante solicitó al tribunal a quo, que se enmendaran o se

incluyeran determinaciones de hecho adicionales a la Sentencia

apelada. En virtud de lo anterior, suplicaron que se reconsiderara el

dictamen emitido al amparo de la Regla 47 de las Reglas de

Procedimiento Civil.23 En respuesta, mediante Resolución emitida el

21 de agosto de 2023, y notificada el 24 de agosto de 2023, el foro

primario declaró la misma No Ha Lugar.24

        En desacuerdo, el 22 de septiembre de 2023, la parte apelante

presentó un recurso de Apelación mediante el cual esgrimieron la

comisión de los siguientes tres (3) errores por el foro primario:

        A. Erró el tribunal inferior al declarar Con Lugar la
           solicitud de desestimación del demandado y declarar
           que la demanda se encontraba prescrita y no
           consideró la posición del demandante de la fecha en
           que se enteraron de los hechos relacionados a la
           demanda.

        B. Erró el Tribunal inferior al declarar Sin lugar la
           Solicitud de determinaciones de hechos adicionales
           y la reconsideración de la sentencia.

        C. El tribunal erró al hacer la determinación de la
           moción solicitando hechos adicionales, ya que, esta

21 Id., a la pág. 7.
22 Apéndice   2 de la parte apelante, a las págs. 8-13 y Apéndice 9 de la parte
apelante, a las págs. 113-118. 32 LPRA Ap. V, R. 43.
23 32 LPRA Ap. V, R. 47.
24 Apéndice 3 de la parte apelante, a la pág. 14 y Apéndice 4 de la parte apelante,

a la pág. 15.
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           solicitud estuvo bien fundamentada en la prueba
           desfilada en la vista celebrada para dilucidar este
           asunto, según se desprende de la transcripción de la
           correspondiente vista.

       El 2 de octubre de 2023, la parte apelante presentó escrito

informando que contaba con la transcripción de la prueba oral (en

adelante, TPO). Por tanto, mediante Resolución del 5 de octubre de

2023, se le ordenó notificar la misma a la parte apelada y de ahí, 30

días para presentar la TPO debidamente estipulada con la parte

apelada. Así las cosas, mediante Resolución del 8 de noviembre de

2023, se concedió a la parte apelada hasta el 16 de noviembre de

2023, para informar si estipulaba la prueba oral y que decursado el

término sin que se cumpliera con lo ordenado, la parte apelante

debía presentar la TPO, la cual se acogería como estipulada. Luego,

el 27 de noviembre de 2023, la parte apelante presentó Moción en

Cumplimiento de Resolución y para Someter la Transcripción de la

Prueba Oral. En respuesta, el 29 de noviembre de 2023, este

Tribunal emitió una Resolución, en la cual acogió como estipulada

la TPO presentada.

       De ahí, el 26 de diciembre de 2023, la parte apelante presentó

su Alegato Suplementario; mientras que, el 22 de enero de 2024, la

parte apelada presentó Alegato en Oposición Parte Apelada. Con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes y la transcripción de

la prueba oral, procederemos a exponer el derecho aplicable.

                                  II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil 25 ,

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

25 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
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decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.26 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial. 27 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.28
       […]

       No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.29 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.30 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

   B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

       La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.31

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa

especial que formula el demandado en la que solicita que se

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad

de formular una alegación previa.32

       La regla establece que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una
       reclamación se expondrá en la alegación responsiva
       excepto que, a opción de la parte que alega, las
       siguientes defensas pueden hacerse mediante una
       moción debidamente fundamentada:

26 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
27 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
29 32 LPRA Ap. V, R. 47.
30 Id.
31 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
32 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
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       (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
       (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
       (3) insuficiencia del emplazamiento;
       (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
       (5) dejar de exponer una reclamación que justifique
       la concesión de un remedio;
       (6) dejar de acumular una parte indispensable. 33
       (Énfasis suplido).

       El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable

posible a la parte demandante para determinar si la misma es

suficiente para constituir una reclamación válida. 34 No obstante,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.35

   C. Determinaciones de Hecho Adicionales

       La Regla 43 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda lo

relativo a las enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales.36

A esos efectos, la Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil lee

como sigue:

       No será necesario solicitar que se consignen
       determinaciones de hechos a los efectos de una
       apelación, pero a moción de parte, presentada a más
       tardar quince (15) días después de haberse archivado
       en autos copia de la notificación de la sentencia, el
       tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y
       conclusiones de derecho iniciales correspondientes si
       éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de
       acuerdo con la Regla 42.2, podrá enmendar o hacer
       determinaciones adicionales o podrá enmendar la
       sentencia en conformidad. Si una parte interesa
       presentar una moción de enmiendas o determinaciones
       iniciales o adicionales, reconsideración o de nuevo
       juicio, éstas deberán presentarse en un solo escrito y el
       tribunal resolverá de igual manera. En todo caso, la
       suficiencia de la prueba para sostener las
       determinaciones podrá ser suscitada posteriormente
       aunque la parte que formule la cuestión no las haya
       objetado en el tribunal inferior, no haya presentado una
       moción para enmendarlas o no haya solicitado
       sentencia.

33 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
34 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
35 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
36 32 LPRA Ap. V, R. 43.
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       La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o
       adicionales se notificará a las demás partes en el pleito
       dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla
       para presentarla ante el tribunal. El término para
       notificar será de cumplimiento estricto.37

     D. Solicitud de Reconsideración

       Una parte adversamente afectada por una orden o una

resolución del TPI podrá presentar una moción solicitando la

reconsideración de la orden o la resolución, dentro del término de

cumplimiento estricto de quince (15) días, contados a partir de la

fecha de la notificación de la orden o resolución. Así lo dispone la

Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil.38

       Al presentar una moción de reconsideración ante el TPI de

manera oportuna, los términos concedidos para acudir en revisión

judicial quedarán paralizados, siempre y cuando su contenido

cumpla con los requisitos expuestos en la Regla 47 de las Reglas de

Procedimiento Civil.39 “[S]alvo mociones escuetas y sin fundamentos

de clase alguna, una moción que razonablemente cuestiona la

decisión y la cual fundamente su planteamiento, será suficiente

para cumplir con la regla”.40 A tales efectos, expone la referida Regla

47:

       […]
       La moción de reconsideración debe exponer con
       suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
       derecho que el promovente estima que deben
       reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
       relacionadas con las determinaciones de hechos
       pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
       La moción de reconsideración que no cumpla con las
       especificidades de esta regla será declarada “sin lugar”
       y se entenderá que no ha interrumpido el término para
       recurrir.41

37 32 LPRA Ap. V, R. 43.1.
38 32 LPRA Ap. V, R. 47.
39 Id. Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330, 338 (2018). Rivera
Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 167 (2016). Mun. Rincón v. Velázquez
Muñiz y otros, 192 DPR 989, 999 (2015). Morales y otros v. The Sheraton Corp.,
191 DPR 1, 8–9 (2014).
40 J.A. CUEVAS SEGARRA, TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL 1366 (2011). Colón

Burgos v. Marrero Rodríguez, Id.
41 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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       En dichas instancias, los términos para recurrir en alzada al

Tribunal de Apelaciones quedarán suspendidos para todas las

partes.42 El término comenzará a decursar nuevamente a partir de

la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la

resolución para resolver la moción de reconsideración.43

   E. Apreciación de la Prueba, Deferencia Judicial y Discreción
      Judicial

       Como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de

la prueba que ejerce el TPI y las determinaciones que realiza están

revestidas de confiabilidad y merecen respeto y deferencia. 44 Por

ello, la valoración que lleva a cabo el foro primario se presume

correcta, toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver,

escuchar y valorar las declaraciones de los testigos, así como sus

lenguajes no verbales. 45 Por su parte, un foro apelativo cuenta

solamente con “récords mudos e inexpresivos”, por lo que se le debe

respeto a la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador

primario de los hechos.46 En ese sentido, y como regla general, no

debemos intervenir con las determinaciones que este haya efectuado

en virtud de la presunción de corrección de la que gozan.47

       En vista de lo anterior, nuestro máximo foro ha resuelto que

un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,     salvo     cuando       estén     presentes       circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo

42 Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, supra.
43 Id. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011). Insular

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008). Lagares v. ELA, 144 DPR 601,
613 (1997).
44 Pueblo v. Pérez Nuñez, 208 DPR 511, 514 (2022). Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad
v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
45 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021). Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013). Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 148
(2009). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
46 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356

(2009). Trinidad v. Chade, supra, 291.
47 Pueblo v. Pérez Nuñez, supra, 529.
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justifique.48 El Alto Foro ha determinado que un juzgador incurre en

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa movido por inclinaciones

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso

antes de que se someta prueba alguna.49 En consecuencia, al este

tribunal    apelativo     enfrentarse     a   la   tarea    de    revisar    las

determinaciones del foro de instancia, no debe intervenir con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (i) actuó

con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.50

       Con relación al error manifiesto, un juzgador incurre en este

cuando de un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal

queda convencido de que las conclusiones están en conflicto con el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida. 51 Por tanto, debe existir base suficiente en la

prueba admitida que apoye la determinación del foro.52

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble; de lo contrario, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.53

48 Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR
8, 14 (1987). Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).
49 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
50 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 789 (2002).
Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
51 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 772.
52 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). Pueblo v. Irizarry, supra.
53 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR

117, 148 (2020). Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
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       A esos efectos, aunque no está exenta de la posibilidad de toda

revisión, si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte,

lo lógico es que prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la

dirección del proceso.54 Los foros apelativos podremos intervenir con

tal apreciación luego de realizar una evaluación rigurosa y que, de

esta, surjan serias dudas, razonables y fundadas.55

       Las decisiones discrecionales que toma el TPI no serán

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su

discreción. 56 Un tribunal de justicia incurre en un abuso de

discreción cundo el juez: (i) no toma en cuenta e ignora en la decisión

que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante

que no podía ser pasado por alto; (ii) por el contrario, sin

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en

éste; o, (iii) no obstante considerar y tomar en cuenta todos los

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los

sopesa y calibra livianamente.57

       A su vez, es una norma bien establecida de nuestro sistema

de justicia que la discreción judicial permea la evaluación de la

evidencia presentada en los casos y controversias. 58 No obstante,

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal revisor.59 A

esos efectos, conviene destacar que, la intervención del foro

apelativo con la prueba desfilada tiene que estar basada en un

Pueblo v. Maisonave, supra, 63. González Hernández v. González Hernández,
supra, 777. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo v. Irizarry,
supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
54 Sierra v. Tribunal Superior, supra.
55 Pueblo v. Pérez Núñez, supra.
56 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Pueblo v. Rivera

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
57 Pueblo v. Rivera Santiago, Id.
58 González Hernández v. González Hernández, supra, 776.
59 Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra.
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análisis independiente y no a base de los hechos que exponen las

partes.60

   F. Teoría General de los Contratos

       Bajo nuestro crisol doctrinario, “[l]as obligaciones nacen de la

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”.61 Dichas obligaciones contractuales tienen fuerza de

ley entre las partes y deben cumplirse según lo pactado. 62 En

nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio de libertad de

contratación.63 En lo que respecta a el contrato, este existe desde

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra

u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.64 Las partes

contratantes, bajo el principio de autonomía contractual, pueden

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por

convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral, ni

al orden público.65

       Por lo tanto, una vez perfeccionado un contrato con el mero

consentimiento, las partes que lo suscriben están sujetas, a hacer

valer el cumplimiento de lo pactado, y a todas las consecuencias que

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.66

Para que se considere que existe un contrato se requiere que

concurran tres (3) requisitos: (i) consentimiento de los contratantes,

(ii) un objeto cierto que sea materia del contrato, y (iii) la causa de

la obligación que se establezca.67 En lo que concierne al requisito de

60 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
61 31 LPRA § 2992, Art. 1042. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al
Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos
ocupa.
62 31 LPRA § 2994, Art. 1044.
63 Oriental Finance v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007).
64 31 LPRA § 3371, Art. 1206.
65 31 LPRA § 3372, Art. 1207. Oriental Finance v. Nieves, Id., 470-471. Vélez v.

Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004).
66 31 LPRA § 3375, Art. 1210. Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR

686, 693 (2008).
67 31 LPRA § 3391, Art. 1213.
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consentimiento, este se manifiesta por el concurso de la oferta y de

la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el

contrato. 68 Así, pues, los contratos serán obligatorios, cualquiera

que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos

concurran las condiciones esenciales para su validez.69

       La intención de las partes será el criterio fundamental para

fijar el alcance de las obligaciones contractuales.70 A raíz de ello, al

momento de analizar la intención de los contratantes, los tribunales

deben atender, no solo los actos anteriores, coetáneos y posteriores

al contrato, sino también las circunstancias indicativas de la

voluntad de las partes.71 A tales efectos, al examinar la intención

contractual, resulta importante considerar quiénes son las partes,

sus experiencias particulares y conocimientos especializados sobre

la materia sobre la cual versa el contrato.72 La interpretación final

debe ser cónsona con el principio de la buena fe y no llevar a

resultados incorrectos, absurdos e injustos para las partes.73

                                       III

       En el recurso de Apelación ante nuestra consideración, la

parte apelante nos ha solicitado la revisión de una Sentencia

mediante la cual se desestimó la causa de acción incoada tras el

Tribunal a quo haber juzgado que la misma no justifica la concesión

de un remedio. La parte apelante nos plantea que el foro primario

incidió al desestimar la Demanda bajo el fundamento de que la

misma se encontraba prescrita. Además, esboza que el foro primario

se equivocó al denegar su solicitud sobre determinaciones de hechos

adicionales y la reconsideración de la Sentencia. Por considerar que

68 31 LPRA § 3401, Art. 1214.
69 31 LPRA § 3451, Art. 1230.
70 Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 69 (1983).
71 31 LPRA § 3472, Art. 1234. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., Id. Blas v.

Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 451 (2006).
72 Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 853 (1991).
73 Guadalupe Solis v. González Durieux, 172 DPR 676, 684-685 (2007).
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los errores señalados pueden ser discutidos de manera conjunta,

obraremos como tal. Veamos.

       Es claro que el recurso ante nuestra consideración versa y se

fundamenta en la apreciación de la prueba ante el foro primario.

Nótese que, cónsono a lo que se desprende de los autos y según fue

corroborado de la TPO, las partes renunciaron a presentar prueba

documental, por lo que descansaron exclusivamente en el

testimonio de los testigos que fueron presentados. Por un lado, la

parte apelada presentó al señor Medina Colón; mientras que, por el

otro, la parte apelada presentó al señor Pedro Colón. Con esta

prueba, el Tribunal a quo adjudicó la controversia que atendió

durante la vista evidenciaria, entiéndase, si procedía o no la

desestimación de la Demanda instada.

       Como tribunal revisor, venimos llamados a disponer si el foro

primario incidió al ordenar la desestimación del presente caso.

Sabido es que, en materia de derecho procesal, ordenar la

desestimación de un pleito constituye una actuación excepcional.

Ello, no obstante, procede la desestimación cuando existan

circunstancias que permitan a los tribunales determinar, sin

ambigüedades, que la Demanda carece de todo mérito o que la parte

demandante no tiene derecho a obtener algún remedio.74 En otras

palabras, y salvo que quede evidenciado que el reclamante carece de

amparo legal a la luz de los hechos alegados, la causa de acción debe

ser ventilada en sus méritos. Un examen de los autos revela que en

la solicitud de desestimación presentada por la parte apelada se

planteó que, aun si se tomara como cierto el acuerdo verbal, la

acción estaba prescrita. Por otro lado, en la oposición presentada

por la parte apelante se opuso al planteamiento de prescripción;

además, señaló que, la solicitud de desestimación presentada

74 González Méndez v. Acción Social et al., supra.
KLAN202300849                                                       17

estaba dirigida a los méritos de la controversia. Estando el asunto

controvertido, el Tribunal a quo dispuso dirimirlo mediante la

celebración de una vista. En la vista celebrada, el foro apelado

recibió la prueba que cada parte determinó presentar para que se

resolviera la moción dispositiva.

       Nótese que, contrario a lo expresado por la parte apelante, el

TPI no dispuso la desestimación por prescripción. El foro primario,

como cuestión de umbral evaluó la controversia, la cual se

circunscribía a determinar si, en efecto, se perfeccionó o no

el acuerdo verbal entre las partes y si éste produjo una obligación

en derecho. Evaluada detenidamente la TPO, coincidimos con el TPI

a los efectos de que no surge evidencia que demuestre la existencia

de un acuerdo verbal que constituyera un contrato y que obligara a

las partes. Además, el expediente está huérfano de documentación

que sostenga el presunto perfeccionamiento de un acuerdo verbal,

más allá de las meras alegaciones al efecto. Era a la parte apelante

a quien le correspondía probar la existencia de un acuerdo verbal

que obligara a las partes contratantes. Demás está decir, que,

basado en lo anterior, se hacía hasta innecesario entrar en

consideraciones sobre la defensa de prescripción.

       Reiteramos que el dictamen emitido por el foro primario fue

desestimar la acción presentada al amparo de la Regla 10.2 (5) de

las Reglas de Procedimiento Civil.75 El tribunal apelado, a base de la

prueba recibida y justipreciada, razonó que no se perfeccionó un

acuerdo verbal entre las partes, por tanto, no se justificaba la

concesión de un remedio. Acentuamos que, para que se considere

que existe un contrato se requiere que concurran tres (3) requisitos:

(i) consentimiento de los contratantes, (ii) un objeto cierto que sea

materia del contrato; y, (iii) la causa de la obligación que se

75 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).
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establezca.76 Por tanto, los contratos serán obligatorios, cualquiera

que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos

concurran las condiciones esenciales para su validez.77

         El foro de instancia le dio entera credibilidad a la parte

apelada, sobre el hecho que las partes no habían llegado a

un acuerdo verbal sobre la segregación del terreno. Como es sabido,

de ordinario, los tribunales apelativos aceptamos como correctas las

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual

que su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor

probatorio de la prueba presentada en sala.78 Respecto a la tarea de

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, esta

depende en gran medida de la exposición del juez a la prueba

presentada, lo cual incluye, ver el comportamiento del testigo

mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz.79 Ahora bien, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que un tribunal

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un

análisis integral de la prueba así lo justifique.80 Por consiguiente,

aunque no está exenta de la posibilidad de toda revisión, si la

actuación del Tribunal a quo no está desprovista de base razonable

ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que

prevalezca el criterio del TPI a quien corresponde la dirección del

proceso.81 Quiérase decir, las decisiones discrecionales que toma el

TPI no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro

abusó de su discreción.82

76 31 LPRA § 3391, Art. 1213.
77 31 LPRA § 3451, Art. 1230.
78 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 771.
79 Id.
80 Pueblo  v. Calderón Álvarez, supra. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo,
supra. Rivera Pérez v. Cruz Corchado, supra. Sierra v. Tribunal Superior, supra.
81 Sierra v. Tribunal Superior, Id.
82 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Pueblo v. Rivera Santiago, supra.
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       Por otro lado, la parte apelante nos invita a concluir que el

foro apelado incidió al denegar la solicitud de determinaciones de

hechos adicionales, así como la solicitud de reconsideración

presentada. La Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

dispone que:

       En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos
       probados, consignará separadamente sus conclusiones
       de derecho y ordenará que se registre la sentencia que
       corresponda. […] Las determinaciones de hechos
       basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a
       menos que sean claramente erróneas, y se dará la
       debida consideración a la oportunidad que tuvo el
       tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los
       testigos. […]83

       Tras un análisis detenido y sereno de la TPO, vis a vis las

determinaciones de hecho emitidas por el foro primario, es nuestra

apreciación que no hubo un abuso de discreción al no haber acogido

la   moción     sobre        determinaciones   de   hechos   adicionales.

Destacamos que, las determinaciones de hechos no son a base de la

prueba testifical vertida en la vista, sino que hace falta que la misma

sea justipreciada con el correspondiente valor probatorio merecido

al Tribunal a quo. Por lo anterior, mucho menos, incidió el TPI al

denegar la moción de reconsideración. Por lo anterior, colegimos que

no existe razón para intervenir con las determinaciones de hechos

emitidas por el foro primario ni tampoco con la denegatoria de la

reconsideración presentada. De igual forma, no vemos razón para

descartar la apreciación de prueba que realizó el foro primario,

cuando determinó que la prueba desfilada no era suficiente para

probar la existencia de un acuerdo verbal que diera lugar a una

obligación contractual. Actuó correctamente la primera instancia

judicial.

       Por último, puntualizamos que, en el presente caso el

juzgador de los hechos adjudicó el valor probatorio de los dos (2)

83 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
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testimonios ofrecidos durante la vista. Nótese, además, que, los

abogados de las partes tuvieron amplia oportunidad de hacer

preguntas a ambos testigos. Abona a lo anterior que, en el presente

caso, el juzgador de los hechos también formuló preguntas para

cada testigo y al concluir el Tribunal dio oportunidad para hacer

preguntas adicionales. 84 En fin, un examen del expediente en su

totalidad, incluyendo la TPO, revela que los procedimientos ante el

foro primario marcharon de manera adecuada y no surge que haya

habido alguna desviación. A la luz de la discusión y los fundamentos

en derecho que anteceden, juzgamos que los errores esbozados no

fueron cometidos. Cónsono a todo lo anterior, consideramos que no

existe razón alguna para intervenir con el dictamen apelado, por lo

que procede confirmar el mismo.

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

84 En la TPO, a las págs. 47-50 y 87-91.