Court Opinion

ID: 9941436
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:36:06.07142+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.429669
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

     EL PUEBLO DE PUERTO                      Certiorari
            RICO                              procedente del
                                              Tribunal de
         Recurrido                            Primera
                                              Instancia, Sala
                                KLCE202301414 Superior de
                                              Aibonito
               v.
                                                   Caso núm.:
                                                   B VI2017G0002
     ALEJANDRO BERRÍOS                             B LA2017G0016
          RIVERA                                   B LA2017G0017

                                                   Sobre:
        Peticionario
                                                   Tent Art. 93-D
                                                   1ER Grado Código
                                                   Penal
                                                   Art. 5.04 Y
                                                   Art. 5.15 Ley De
                                                   Armas
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

      Comparece el señor Alejandro Berríos Rivera, en

adelante el señor Berríos o el peticionario, y solicita

que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Aibonito, en adelante TPI.

Mediante la misma, se declaró no ha lugar su solicitud

de   nuevo    juicio,    en    virtud   de    la   Regla    192.1    de

Procedimiento Criminal.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de certiorari.

                                 -I-

      Surge del expediente que el señor Berríos presentó

una Petición de Nuevo Juicio al Amparo de la Regla 192.1

de    Procedimiento      Criminal       por    Violación      a     una

Representación Legal Adecuada, en la que alegó que “el

Lcdo. Orlando Aponte Rosario [fue negligente porque] no

Número Identificador

RES2024_______________
KLCE202301414                                                          2

realizó      los    esfuerzos    necesarios        para    colocar    en

posición al TPI de emitir una determinación y declarar

como testigo no disponible a la testigo de coartada que

había declarado en [la] etapa de vista preliminar con un

resultado de no causa”.1 También, adujo que el TPI “le

brindó los pasos a seguir” para que, en ausencia de la

testigo      de    coartada,    declarara     su    padre,     pero   el

representante legal no realizó los esfuerzos necesarios

para conseguirlo. En síntesis, arguyó que de haberse

declarado a la testigo de coartada como no disponible,

el resultado del juicio hubiera sido distinto.

        Por su parte, el Ministerio Público se opuso a la

petición de nuevo juicio.2 Contrario al peticionario,

sostuvo que el Lcdo. Aponte siempre ha velado por los

derechos de su cliente. Así pues, destacó que el abogado

de      defensa     “radicó     un    sinnúmero           de   mociones

interlocutorias       y   presentó   varios        recursos    ante   el

Tribunal de Apelaciones          [entre los señalamientos de

error,     tres    guardaban    relación      con    la    defensa    de

coartada]… y recurrió al Tribunal Supremo…”. También,

alegó      que,     durante     el    juicio,        este      presentó

argumentaciones de derecho extensas y muchas objeciones.

Además, el recurrido enfatizó que el letrado interrogó

ampliamente al agente a cargo de la investigación del

pleito de epígrafe sobre la testigo de coartada. Del

mismo modo, el Ministerio Público afirmó que, luego de

que el TPI declarara no ha lugar su moción de absolución

perentoria, el abogado sometió el caso, pero antes se

reunió con el peticionario, por lo que se presume que el

Lcdo. Aponte consultó y actuó conforme a la decisión del

1   Apéndice del peticionario, págs. 55-65.
2   Id., págs. 66-74.
KLCE202301414                                                                    3

señor Berríos. A su vez, arguyó que el peticionario no

demostró que el supuesto desempeño deficiente de su

abogado     le    causara         un    perjuicio,       “máxime    cuando      la

prueba documental de la alegada coartada fue admitida

como exhibit en el juicio”. Finalmente, adujo que los

testimonios        vertidos            hacen     poco    probable        que   el

resultado        del        juicio      hubiera      sido      distinto.       Por

consiguiente, concluyó que el señor Berríos no cumplió

con el estándar de prueba requerido en virtud de la Regla

192.1 de Procedimiento Criminal.

        Posteriormente, el TPI celebró una vista sobre la

solicitud de nuevo juicio, en la que a su entender, el

peticionario declaró lo siguiente: el Lcdo. Aponte lo

asistió en el caso; el señor Hiram Rodríguez es el padre

de su pareja, la señora Roxi Sánchez, en adelante señora

Sánchez      (testigo         de       coartada);       la    señora     Sánchez

declaró, en la vista preliminar, que se dirigía hacia

Patillas con el señor Berríos el día de los hechos del

pleito de epígrafe; a pesar de que la señora Sánchez era

su prueba más importante para probar su inocencia, el

Lcdo.     Aponte       no    hizo      gestiones     para      citarla    porque

quería     terminar          el    juicio;      al   momento       en    que    el

licenciado sometió el caso, el peticionario no objetó

porque pensaba que solo su representante legal podía

hablar; no presentó querella contra el Lcdo. Aponte,

aunque     no    le     explicó         su     derecho       constitucional      a

presentar prueba; y al momento del juicio, el señor

Berríos tenía problemas de pareja con la señora Sánchez,

quien se encontraba en Estados Unidos, pero aun seguían

en comunicación.3

3   Id., págs. 77-87.
KLCE202301414                                                                 4

        Luego de escuchar todas las grabaciones del juicio

en sus méritos y de ponderar los nueve exhibits de la

defensa, sobre la coartada, además de los testimonios de

dos testigos, el TPI concluyó que la representación del

Lcdo.     Aponte     fue    competente,           pues    consultó    con   su

cliente la decisión de no presentar prueba adicional y

someter el caso.4

        En desacuerdo, el señor Berríos presentó una Moción

de Reconsideración5, en la que reiteró sus argumentos,

pero el TPI la declaró no ha lugar6.

        Aun    inconforme,       el     peticionario         presentó       una

Petición de Certiorari en la que invoca la comisión del

siguiente error:

        ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD
        DE NUEVO JUICIO POR VIOLACIÓN A UNA REPRESENTACIÓN
        LEGAL ADECUADA, A PESAR DE HABERSE ESTABLECIDO
        TODOS LOS REQUISITOS DE LA REGLA 192.1 DE
        PROCEDIMIENTO CRIMINAL Y LA JURISPRUDENCIA, QUE EL
        LCDO. ORLANDO APONTE DESISTIÓ DE MANERA UNILATERAL
        DE PRESENTAR EL TESTIMONIO DE LA TESTIGO DE DEFENSA
        QUE APORTABA A LA PRUEBA DE COARTADA DEL JOVEN
        ALEJANDRO   BERRÍOS   RIVERA    Y   HABER   QUEDADO
        DEMOSTRADO QUE DICHA EVIDENCIA CON PROBABILIDAD
        ERA FAVORABLE PARA EL CASO DEL ACUSADO.

        Luego de revisar los escritos de las partes y

los     documentos         que   obran       en     autos,      estamos     en

posición de resolver.

                                      -II-

                                       A.

        El    auto   de    certiorari        es    el    vehículo    procesal

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido

por   un      tribunal     inferior.7        Distinto      al   recurso     de

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

4 Id., págs. 85-87.
5 Id., págs. 89-93.
6 Id., pág. 94.
7 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
KLCE202301414                                                     5

facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse     de   ordinario   de   asuntos

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.8

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
          criterios al determinar la expedición de un
          auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
            son contrarios a derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la
            prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.    Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los
            cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.

      E.    Si la etapa del procedimiento en que se
            presenta el caso es la más propicia para su
            consideración.

      F.    Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa no causan un fraccionamiento
            indebido del pleito y una dilación indeseable
            en la solución final del litigio.

      G.    Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa evita un fracaso de la justicia.9

                                B.

      La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal establece

en su parte pertinente:

      (a)    Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona
             que se halle detenida en virtud de una
             sentencia dictada por cualquier sala del

8 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); Torres
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v.
Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
9 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301414                                             6

          Tribunal de Primera Instancia y alegue el
          derecho a ser puesta en libertad porque:

          (1)   La sentencia fue impuesta en violación
                de la Constitución o las leyes del
                Estado Libre Asociado de Puerto Rico o
                la Constitución y las leyes de Estados
                Unidos; o

          (2)   el Tribunal no tenía jurisdicción para
                imponer dicha sentencia, o

          (3)   la sentencia impuesta excede de la pena
                prescrita por la ley, o

          (4)   la sentencia está sujeta a ataque
                colateral por cualquier motivo, podrá
                presentar una moción a la sala del
                tribunal que impuso la sentencia para
                que anule, deje sin efecto o corrija la
                sentencia.

          La moción para dichos fines podrá ser
          presentada en cualquier momento. En la moción
          deberán incluirse todos los fundamentos que
          tenga el peticionario para solicitar el
          remedio   provisto   en   esta    regla.   Se
          considerará que los fundamentos no incluidos
          han sido renunciados, salvo que el tribunal,
          con vista de una moción subsiguiente,
          determine que no pudieron razonablemente
          presentarse en la moción original.

    (b)   Notificación y vista. A menos que la moción
          y los autos del caso concluyentemente
          demuestren que la persona no tiene derecho a
          remedio alguno, el tribunal dispondrá que se
          notifique con copia de la moción, si se trata
          de una sentencia dictada por el Tribunal de
          Primera Instancia, al fiscal de la sala
          correspondiente, y si se trata de una
          sentencia   dictada   por  el   Tribunal   de
          Distrito, al fiscal de la sala del Tribunal
          de Primera Instancia a la cual puedan
          apelarse las sentencias de dicho Tribunal de
          Distrito. El tribunal proveerá asistencia de
          abogado al peticionario si no la tuviere,
          señalará prontamente la vista de dicha
          moción, se asegurará de que el peticionario
          ha incluido todos los fundamentos que tenga
          para solicitar el remedio, fijará y admitirá
          fianza en los casos apropiados, establecerá
          las cuestiones en controversia y formulará
          determinaciones de hecho y conclusiones de
          derecho con respecto a la misma.

          Si el tribunal determina que la sentencia fue
          dictada sin jurisdicción, o que la sentencia
          impuesta excede la pena descrita por la ley,
          o que por cualquier motivo está sujeta a
          ataque colateral, o que ha habido tal
          violación de los derechos constitucionales
          del solicitante que la hace susceptible de
KLCE202301414                                                      7

            ser atacada colateralmente, el tribunal la
            anulará y dejará sin efecto y ordenará que
            el peticionario sea puesto en libertad, o
            dictará una nueva sentencia, o concederá un
            nuevo juicio, según proceda.

            El tribunal podrá considerar y resolver dicha
            moción sin la presencia del solicitante en
            la vista, a menos que se plantee alguna
            cuestión de hecho que requiera su presencia.

            El tribunal sentenciador no vendrá obligado
            a considerar otra moción presentada por el
            mismo confinado para solicitar el mismo
            remedio. […]10

      De lo anterior se desprende que la Regla 192.1 de

Procedimiento Criminal establece un mecanismo para que

toda persona confinada en una institución penal pueda

atacar colateralmente la validez o constitucionalidad de

aquella sentencia final y firme en virtud de la cual

está cumpliendo pena de reclusión.11 Esta impugnación

sólo se puede hacer a base de planteamientos de derecho,

ya que no se puede utilizar el vehículo establecido por

la Regla 192.1 para revisar señalamientos de error sobre

hechos, ni dirigidos a cuestionar la culpabilidad o la

inocencia del convicto.12 Sólo estará disponible este

mecanismo de revisión extraordinario en aquellos casos

en que la sentencia esté viciada de un error de tal

magnitud    que   entre    en   conflicto     con   las   nociones

fundamentales de lo que constituye un procedimiento

criminal justo.13 Dado que el propósito de la Regla 192.1

es revocar sentencias firmes, la concesión de un remedio

a su amparo sólo procede excepcionalmente, requiriendo

a su vez un cuidadoso ejercicio de discreción judicial.14

10 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.
11 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010).
12 Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 824 (2007); Pueblo v. Rosario

Paredes, 209 DPR 155, 164 (2022).
13 Pueblo v. Román Martir, supra; Pueblo v. Pérez Adorno, supra,

págs. 965-966; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 371 (2020).
14 Pueblo v. Román Martir, supra, págs. 827-828.
KLCE202301414                                                      8

      Por otro lado, cuando la petición de nuevo juicio

se basa en la incompetencia del representante legal, el

Tribunal   Supremo    de   Puerto    Rico   ha   establecido   lo

siguiente:

            La incompetencia enervante de la asistencia
      legal a que tiene derecho el acusado ha de ser de
      grado extremo, causante de perjuicio sustancial,
      al punto que sostenga la probabilidad de que de no
      haber incidido, el resultado del juicio hubiera
      sido distinto. Recae sobre el apelante el peso de
      la prueba de su indefensión por incompetencia del
      abogado…[Además]...En todo caso, firme y reiterada
      jurisprudencia establece que las equivocaciones o
      errores del abogado de la defensa (ya sea éste un
      defensor público, un abogado de oficio o un abogado
      que ha sido escogido y remunerado por el propio
      acusado) no pueden ser invocados en apelación como
      fundamento para obtener una revocación del fallo
      o sentencia, en ausencia de mala fe, de fraude, de
      incapacidad física o mental, o          de clara,
      indisculpable y grave incompetencia profesional
      del abogado que representó al apelante en el
      juicio.

            La alegación de falta de defensa efectiva
      deberá demostrar, antes de que merezca un examen
      a fondo, que la conducta errónea del abogado ha
      resultado en perjuicio de tal naturaleza que de no
      haberse producido, el juzgador de hechos hubiese
      llegado, con razonable probabilidad a conclusión
      distinta respecto a la responsabilidad del
      acusado. El tribunal de apelación debe albergar
      una fuerte presunción de que la conducta del
      defensor está comprendida dentro del amplio ámbito
      de una razonable asistencia legal, y toca al
      apelante derrotar la presunción de que, en las
      circunstancias que confrontó el abogado en el
      juicio, su actuación impugnada puede considerarse
      como estrategia correcta….Una evaluación justa de
      la efectividad de la defensa que garantiza el Art.
      II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre
      Asociado debe guardar gran deferencia para el
      defensor…. El criterio final para adjudicar una
      reclamación de falta de efectividad en la defensa
      debe ser si la actuación del abogado de tal modo
      vulneró del adecuado funcionamiento del sistema
      adversativo que no pueda decirse que el juicio
      tuvo un resultado justo.15

                             -III-

      El peticionario alega que la representación legal

del   Lcdo.     Aponte     fue   inadecuada      y   lo   afectó

adversamente. En su opinión, el abogado no realizó los

esfuerzos necesarios para que el TPI declarara como

15Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 484, 500-502 (1986). (Citas
omitidas y énfasis suplido).
KLCE202301414                                            9

testigo no disponible a la testigo de coartada, que había

declarado en etapa de vista preliminar con un resultado

de no causa. Además, aduce que el letrado sometió su

caso sin su autorización y que de haberlo representado

adecuadamente, el resultado del juicio hubiera sido

distinto.

     Por su parte, el Ministerio Público insiste en la

presunción de que los abogados se comunican con sus

clientes y actúan como agentes de su representado. Por

lo tanto, arguye, que en lugar de pretender que el foro

intermedio resuelva a su favor con meras alegaciones, el

señor Berríos debió sentar al Lcdo. Aponte como testigo

en la vista evidenciaria de la Regla 192.1 y así aclarar

si aquel le consultó la decisión de someter el caso. Por

otra parte, argumenta que, durante el juicio, el abogado

solicitó tiempo al TPI para hablar con el peticionario

sobre continuar el caso sin el testimonio de la testigo

de coartada y posterior a esa comunicación, expresó que

tanto él como su cliente determinaron dar por sometido

el caso.

     Luego de revisar cuidadosamente los escritos de las

partes y los documentos que los acompañan, consideramos

que ni el remedio ni la disposición de la Resolución

recurrida son contrarios a derecho. Regla 40(A) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

     Conviene añadir que a nuestro entender, no medió

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la

apreciación     de   la   prueba   por   parte   del   foro

sentenciador. Regla 40(C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.
KLCE202301414                                        10

    Finalmente, no existe ninguna otra circunstancia,

al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, que

justifique la expedición del auto.

                         -IV-

    Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del recurso de Certiorari.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones