Court Opinion

ID: 9962691
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:54.905578+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:26.843338
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

      ANA I. GONZÁLEZ                          Certiorari
         GUTIÉRREZ                             procedente del
                                               Tribunal de
         Recurrida                             Primera
                                               Instancia,
                              KLCE202400262    Sala Superior
              V.                               de San Juan

                                               Caso núm.:
    DR. MIGUEL RAMÍREZ
   RIPOLL Y SU ESPOSA,                         SJ2021CV00219
  MARY DE RAMÍREZ, AMBOS
      DE POR SÍ Y EN                           Sobre:
   REPRESENTACIÓN DE LA
    SOCIEDAD LEGAL DE                          Impericia
    BIENES GANANCIALES                         Médica, Daños
   COMPUESTA POR AMBOS,                        y Perjuicios
    DR. WILLIAM ARTURO
    TOWNSEND PICÓ Y SU
  ESPOSA, JANE TOWNSEND,
   AMBOS DE POR SÍ Y EN
   REPRESENTACIÓN DE LA
    SOCIEDAD LEGAL DE
    BIENES GANANCIALES
   COMPUESTA POR AMBOS,
      CLÍNICA VISTA
      OPHTHALMOLOGY
  AMBULATORY CENTER, A,
      B, C PERSONAS
  NATURALES Y JURÍDICAS,
   X, Y, Z COMPAÑÍA DE
         SEGUROS

       Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparecen    el   doctor   Miguel   Ramírez   Ripoll,   en

adelante el Dr. Ramírez o el peticionario, y otros, en

conjunto los peticionarios, quienes nos solicitan que

revoquemos una Resolución emitida el 29 de diciembre de

2023 y notificada el 2 de enero de 2024. Mediante la

misma, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan,

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400262                                                              2

en    adelante    TPI,     declaró    no   ha    lugar     la    Moción   en

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el Dr.

Ramírez.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del recurso de certiorari.

                                     -I-

        El presente caso tiene su génesis en una acción sobre

impericia médica, daños y perjuicios, instada por la

señora Ana I. González Gutiérrez, en adelante la señora

González o la recurrida, contra el Dr. Ramírez y otros.1

La señora González alegó que el peticionario le practicó

una cirugía de catarata y, que posterior a la intervención

médica, “quedó dramáticamente afectada de dicho ojo”. En

su opinión, el Dr.           Ramírez y el Dr.            William Arturo

Townsend      Picó,   no    procedieron         conforme     a    la   mejor

práctica prevaleciente en la medicina en el manejo y

tratamiento de su condición. Arguyó que estos no le

realizaron los exámenes necesarios porque no “agota[ron]

los medios de diagnóstico diferencial que el estado del

conocimiento pone a disposición de la profesión médica”.

En consecuencia, la recurrida afirmó que existe un nexo

causal entre el daño y la actuación negligente de los

médicos, razón por la cual les exigió una compensación de

$500,000.

        Por su parte, los peticionarios presentaron una

Contestación a Demanda, en la que admitieron unos hechos,

negaron otros e incluyeron como defensas afirmativas la

aplicabilidad de la doctrina de error de juicio honesto

y     razonable    porque     cumplieron         con   los       estándares

reconocidos por la comunidad médica.2

1   Apéndice de los peticionarios, págs. 1-5.
2   Id., págs. 6-9.
KLCE202400262                                                                  3

        Posteriormente, los peticionarios presentaron una

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, mediante la

cual alegaron que, conforme a la opinión del perito de la

señora       González,      el   tratamiento       brindado    por      el   Dr.

Ramírez        fue        correcto     y     la    recurrida       firmó      un

consentimiento informado en el que se le informaron los

riesgos y beneficios de la operación.3 Del mismo modo, el

perito indicó que             las visitas         postoperatorias fueron

adecuadas       y    cumplieron      con     el   estándar    de   la    mejor

práctica de la medicina. Específicamente, abundó que el

progreso presentado por la recurrida, posterior a la

queratometría y la tomografía, “es lo que se esperaría en

términos del progreso de la condición” y que la corrección

de la vista 20/40 “es buena para un paciente que tenía

cataratas”. También, explicó que después de presentar la

complicación, el Dr. Ramírez refirió a la señora González

a un retinólogo, conforme a los estándares de la práctica

profesional. En tanto el propio perito de la recurrida

estableció que el tratamiento fue adecuado y, en la medida

en     que    la     recurrida       no    presentó      prueba    sobre     la

negligencia,          ni     demostró       que    los    alegados       daños

respondieron a un acto u omisión durante la intervención

médica, el Dr. Ramírez solicitó la desestimación de la

demanda en su contra.

        En cambio, la señora González presentó una Oposición

a    Solicitud       de    Sentencia       Sumaria,   Conforme     la    Regla

36.3(b) de Procedimiento Civil, en la que adujo que “la

mejor práctica de la medicina” es un fundamento general

que no puede convertirse en una salida airosa para la

clase médica.4 Opinó que los médicos siempre deben proveer

3   Id., págs. 10-29.
4   Id., págs. 156-165.
KLCE202400262                                                                    4

su experiencia, conocimiento e inteligencia para tratar

los casos. Arguyó que el Dr. Ramírez no cumplió con las

expectativas en el desempeño de su profesión, por lo que

debe responder.         Finalmente, solicitó la continuidad del

caso y que se obligue a los peticionarios a nombrar un

perito y a proveer un informe pericial.

        Después de varios trámites procesales que resulta

innecesario       pormenorizar        para     la        resolución      de     la

controversia ante nos, el TPI declaró no ha lugar la

solicitud de sentencia sumaria y acogió los siguientes

hechos      incontrovertidos:         (1)     La     Sra.     Ana      González

Gutiérrez fue a la oficina del Dr. Miguel Ramírez Ripoll

porque     estaba      teniendo     pérdida    de        visión   en     el    ojo

izquierdo por catarata, (2) el 2 de marzo de 2017, la

Sra. González Gutiérrez fue sometida a una cirugía de

cataratas del ojo izquierdo por el Dr. Ramírez Ripoll y

(3) la Sra. González Gutiérrez sufrió una ruptura de

cápsula, una complicación que ocurre con una incidencia

del 1 al 6% en las cirugías de cataratas.5 Del mismo modo,

identificó los siguientes hechos en controversia: (1) Si

el Dr. Ramírez Ripoll le ofreció a la demandante un

cuidado médico conforme al estado de conocimiento de la

ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina, que

satisface las exigencias generalmente reconocidas por la

profesión, (2) si la demandante ofreció un consentimiento

informado para el procedimiento médico-quirúrgico, (3) si

la alegada falta de consentimiento informado fue la causa

próxima de los daños alegados, (4) la negligencia y/o

culpa     del    Dr.      Ramírez    Ripoll,        si     alguna,       (5)    la

negligencia       contribuyente        incurrida            por     la     parte

5   Id., págs. 190-203.
KLCE202400262                                                       5

demandante,    si    alguna   y   (6)   el   valor   de   los   daños

alegados.6

      En síntesis, el foro inferior determinó:

      …que las controversias presentadas contienen
      elementos subjetivos de intención, propósitos
      mentales o negligencia, y credibilidad que, según
      la   jurisprudencia   aplicable,   no   deben   ser
      dirimidos mediante el mecanismo extraordinario de
      sentencia sumaria. La prueba documental presentada
      por la parte promovente en su solicitud de
      sentencia sumaria consiste principalmente en
      fragmentos tomados de la deposición del perito de
      la parte demandante, Dr. Andújar Alejandro… No
      obstante,    determinamos    que,   para    dirimir
      adecuadamente las alegaciones de negligencia
      presentadas por la parte demandante, así como
      también la credibilidad de los testimonios de las
      partes y las opiniones periciales del Dr. Andújar
      Alejandro vertidas en su informe pericial, es
      menester la celebración de una vista evidenciaria.
      Por esto, determinamos que existen hechos en
      controversia que en estos momentos impiden a este
      foro de resolver por la vía sumaria el caso a favor
      de alguna de las partes.7

      Insatisfecho, el Dr. Ramírez presentó una Moción

Solicitando Reconsideración8, la señora González se opuso9

y el TPI declaró no ha lugar la solicitud10.

      Aun inconformes, los peticionarios recurren ante nos

mediante una Petición de Certiorari en la que alegan que

el TPI cometió el siguiente error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar
      Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y al
      considerar que: 1) existían elementos subjetivos
      en controversia; 2) la prueba documental consistió
      en fragmentos de la deposición tomada al perito de
      la parte recurrida; y 3) entender que era necesaria
      una vista evidenciaria.

      Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir

de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones

o procedimientos específicos … [ello] con el propósito de

lograr    su   más    justo   y    eficiente    despacho…”.11      En

6 Id.
7 Id.
8 Id., págs. 204-209.
9 Id., págs. 210-216.
10 Id., pág. 218.
11 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).
KLCE202400262                                                           6

consideración a lo anterior, eximimos a la parte recurrida

de presentar su alegato en oposición.

        Luego de revisar el escrito de los peticionarios y

los documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                  -II-

                                   A.

        Como    cuestión    de    umbral,     la   Regla        52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional         de     las     resoluciones         u       órdenes

interlocutorias       emitidas    por    el   Tribunal     de    Primera

Instancia en los siguientes términos:

        El recurso de certiorari para revisar resoluciones
        u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
        de Primera Instancia, solamente será expedido por
        el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
        resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
        apéndice o de la denegatoria de una moción de
        carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
        a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
        Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
        Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
        admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios
        evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
        relaciones de familia, en casos que revistan
        interés público o en cualquier otra situación en la
        cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
        irremediable de la justicia[…].12

                                   1.

       Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio determinar si procede revisar la determinación

interlocutoria recurrida.

        A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

12   Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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cometido por un tribunal inferior.13 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse    de   ordinario     de   asuntos

interlocutorios.14 Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.15

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

      C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
           craso y manifiesto en la apreciación de la
           prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.   Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los
           cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

      E.   Si la etapa del procedimiento en que se presenta
           el   caso   es   la   más   propicia   para   su
           consideración.

      F.   Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa no causan un fraccionamiento
           indebido del pleito y una dilación indeseable
           en la solución final del litigio.

      G.   Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa evita un fracaso de la justicia.16

13 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
14 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,
supra, pág. 334.
15 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et al.
v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
16 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio

v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400262                                                          8

                                  B.

      En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de

sentencia    sumaria     procura,       ante       todo,   aligerar   la

tramitación de aquellos casos en los cuales no existe una

controversia de hechos real y sustancial que exija la

celebración de un juicio en su fondo.17 Así pues, para

adjudicar    en   los   méritos     una   controversia        de   forma

sumaria,     es    necesario      que     de        las    alegaciones,

deposiciones,        contestaciones            a      interrogatorios,

admisiones, declaraciones juradas y de cualquier otra

evidencia ofrecida, surja que no existe controversia real

y sustancial en cuanto a algún hecho material y que, como

cuestión de derecho, procede dictar sentencia sumaria a

favor de la parte promovente.18

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, estableció el

estándar específico que debe utilizar el Tribunal de

Apelaciones para revisar una sentencia sumaria, a saber:

      Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v.
      Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de
      Apelaciones se encuentra en la misma posición del
      Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar
      Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido,
      está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil,
      … y aplicará los mismos criterios que esa regla y
      la jurisprudencia le exigen al foro primario.
      Obviamente, el foro apelativo intermedio estará
      limitado en el sentido de que no puede tomar en
      consideración   evidencia   que   las   partes   no
      presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia
      y no puede adjudicar los hechos materiales en
      controversia, ya que ello le compete al foro
      primario luego de celebrado un juicio en su fondo.
      La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de
      novo y debe examinar el expediente de la manera más
      favorable a favor de la parte que se opuso a la
      Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario,
      llevando a cabo todas las inferencias permisibles
      a su favor.

17  Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010 (2020);
Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).
18 Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019); González Santiago

v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Lugo Montalvo v. Sol Meliá
Vacation, 194 DPR 209, 224-225 (2015).
KLCE202400262                                                       9

      Segundo, por estar en la misma posición que el foro
      primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar
      que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su
      Oposición cumplan con los requisitos de forma
      codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil
      … y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo….

      Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia
      dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones
      debe revisar si en realidad existen hechos
      materiales en controversia. De haberlos, el foro
      apelativo intermedio tiene que cumplir con la
      exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil
      y   debe  exponer   concretamente   cuáles   hechos
      materiales encontró que están en controversia y
      cuáles están incontrovertidos. Esta determinación
      puede hacerse en la Sentencia que disponga del caso
      y puede hacer referencia al listado numerado de
      hechos incontrovertidos que emitió el foro primario
      en su Sentencia.

      Cuarto, y, por último, de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, el
      foro apelativo intermedio procederá entonces a
      revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia
      aplicó correctamente el Derecho a la controversia.19

                                  C.

      Según dispone el Art. 1802, la responsabilidad civil

extracontractual por impericia médica se impone por la

culpa o negligencia de un facultativo médico.20                   Esta

doctrina civilista es aplicable cuando un profesional de

la salud actúa contrario a la norma mínima de cuidado

médico exigible a la luz de los modernos medios de

comunicación     y   enseñanza,     y   conforme    al   estado    de

conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de

la medicina, que satisfacen las exigencias generalmente

reconocidas por la profesión.21

      Así pues, toda persona que inste una acción en daños

por impericia médica está obligada a demostrar: (1) la

ocurrencia de un acto médico culposo o negligente; (2) la

19 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118-119, 122
(2015). (Énfasis en el original) (citas omitidas).
20 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 486-487

(2022); López v. Dr. Canizares, 163 DPR 119, 132 (2004); 31 LPRA
sec. 5141. Cabe destacar que el Código Civil de Puerto Rico de 1930,
vigente al momento en que surgieron los hechos del presente caso,
fue derogado y sustituido mediante la Ley Núm. 55-2020, aprobada el
1 de junio de 2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico de
2020.
21 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 487; Arrieta

v. De la Vega, 165 DPR 538, 549 (2005).
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producción de un daño real y (3) la relación causal entre

el acto médico y el daño sufrido.22 Es decir, para que el

demandante prospere en su causa de acción, debe demostrar

mediante    preponderancia      de      la    prueba    que   la    acción

negligente      del   médico   fue      el    factor   que    con   mayor

probabilidad ocasionó el daño.23 Además, debe establecer

el vínculo causal a tenor con el Artículo 1802 del Código

Civil, supra.

      Finalmente, el TSPR ha reconocido, que el médico

posee discreción para formular un juicio profesional en

cuanto al diagnóstico y tratamiento de cada paciente.24

Lo   anterior    implica    que,     el      médico    está   exento    de

responsabilidad civil si el tratamiento brindado, aun

cuando erróneo, está enmarcado dentro de los linderos de

lo razonable y es aceptado por la comunidad médica.25

                                   D.

      Por otro lado, es norma firmemente establecida que

el consentimiento informado y expreso del paciente es

indispensable, previo a llevar a cabo un procedimiento

médico invasivo al cuerpo humano.26 Este precepto surge

como corolario del derecho a la intimidad consagrado

expresamente en la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.27 De modo que, los médicos tienen la

obligación de ofrecer a sus pacientes toda la información

que sea indispensable para comprender la naturaleza de

ciertos procedimientos; como mínimo, deben revelar los

22 Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 309 (1995).
23 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998); Rodríguez Crespo
v. Hernández, 121 DPR 639, 650 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR
816 (1987).
24 Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 549
25 Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 550 (1994); Pérez Torres

v. Bladuell Ramos, 120 DPR 295, 302 (1988).
26 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 492; Martínez

Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 593 (2011); Rodríguez Crespo
v. Hernández, supra, pág. 664; Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818, 827
(1948).
27 Art. II, Sec. 8, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
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datos de sus beneficios, los riesgos y las posibles

complicaciones.28

      Conforme a lo anterior, el TSPR especificó que la

clase médica está obligada a “informar aquellos riesgos,

conforme lo establecido por la práctica prevaleciente de

la medicina”.29

      Así    pues,       los     elementos       esenciales            en     una

reclamación       por    daños    y    perjuicios      basados         en     una

alegación de impericia médica, por no obtener el médico

un   consentimiento       informado,          antes   de    efectuar          una

operación o un tratamiento, son: (1) si el médico tenía

el deber de divulgar determinada información, (2) la

información específica que debió ser divulgada y (3) si

la   causa   próxima      del    daño      alegado    fue   la        falta    de

divulgación de los riesgos implícitos en dicha operación

o tratamiento.30

                                      E.

      Por otro lado, es norma firmemente establecida que

los tribunales apelativos no intervienen con el manejo

de los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia,

“salvo que se demuestre que hubo un                    craso abuso de

discreción    o    que    el    tribunal      actuó   con       prejuicio      y

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación    de    cualquier         norma   procesal      o    de    derecho

sustantivo,    y    que    nuestra      intervención        en    esa       etapa

evitará un perjuicio sustancial”.31 Conviene destacar que

28 Martínez Marrero v. González Droz, supra.
29  Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 493;
Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 753 (1994).
30 Cruz Flores et. al. v. Hosp. Ryder et al., supra; Sepúlveda de

Arrieta v. Barreto, supra, págs. 756-757.
31 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase,

además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, 2023 TSPR 145,
213 DPR __ (2023);Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc., supra,
pág. 497; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 338
(2021);VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 273 (2021);
Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203 DPR 254, 276 (2019); Citibank
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“la   discreción    se    fundamenta        [,entre   otras,]     en   el

contacto con los litigantes y la prueba que se haya

presentado”32 ante el foro sentenciador. Por esta razón,

se presume que el Tribunal de Primera Instancia conoce

mejor las particularidades del caso y está en mejor

posición para tomar las medidas necesarias que permitan

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente a

una disposición final.33

      De    modo   que,    el    ejercicio      de    las     facultades

discrecionales por el foro de instancia merece nuestra

deferencia salvo que incurra en algunas de las conductas

previamente mencionadas y si a la luz de la prueba

admitida,    “no   exista       base   suficiente       que    apoye   su

determinación”.34 Específicamente, el TSPR ha delimitado

las   instancias    en    las    que   un    tribunal    abusa    de   su

discreción de la siguiente manera:

            [C]uando no toma en cuenta e ignora en la
      decisión que emite, sin fundamento para ello, un
      hecho material importante que no podía ser pasado
      por alto; cuando el juez, por el contrario, sin
      justificación ni fundamento alguno, concede gran
      peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y
      basa su decisión exclusivamente en éste; o cuando,
      [...] [tras] considerar y tomar en cuenta todos los
      hechos materiales e importantes y descartar los
      irrelevantes, el juez los sopesa y calibra
      livianamente.35

                                 -III-

      El peticionario alega que la recurrida no cumplió

con los requisitos de forma de la regla 36.3 de las de

Procedimiento Civil, supra. Además, el TPI no determinó

et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018); SLG Torres-Matundan
v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015).
32 Citibank v. ACBI et al., supra, pág. 736.
33 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Mejías

et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). Véase,
además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra.
34 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).
35 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra. Véase, además,

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65 (2023);
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013) (citando a
Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009)).
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por    qué    los   hechos       propuestos     por   aquel     estaban     en

controversia. Finalmente, como no se controvirtieron los

hechos presentados en la solicitud de sentencia sumaria,

procedía desestimar la demanda con perjuicio, porque la

recurrida carece de prueba pericial “para demostrar su

causa de acción de impericia médica”.

       Por tratarse        de una moción         dispositiva,         tenemos

facultad para atender el recurso.                Sin embargo, luego de

revisar el escrito de los peticionarios y los documentos

que obran en autos, resolvemos que no medió prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación

de la prueba por el foro recurrido, Regla 40 (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y que la

etapa en que se presenta el recurso no es la más propicia

para su consideración porque la determinación recurrida

es provisional, por lo que la controversia ante nos no

está madura para su propia adjudicación. Regla 40 (E) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

       Como si lo anterior fuera poco, no se configura

ninguna       de    las    circunstancias         que        justifican     la

expedición         del    auto     bajo      cualquier       otro    de    los

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

       Finalmente,        luego       de    evaluar     el     recurso,     no

encontramos indicios de pasión, prejuicio, arbitrariedad

o     error    manifiesto        en    la    determinación          del   foro

recurrido. La misma cae dentro de su sabia discreción y

no abusó de ella, al denegar la solicitud de sentencia

sumaria.

                                      -IV-

       Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del recurso de certiorari.
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    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones