Court Opinion

ID: 9962670
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:40:35.205107+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.637665
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

    EDWIN MARTÍNEZ                              Revisión judicial
 FERNÁNDEZ; ALBERTO L.                          procedente de la
     ORTIZ MOLINA                               Oficina de Gerencia
      RECURRENTE                                de Permisos

               V.                          Núm.
                             KLRA202100608 2020-301952-
                                           PCOC-016054
   OFICINA DE GERENCIA
       DE PERMISOS                              Sobre: Permiso de
      AGENCIA RECURRIDA                         construcción

    QMC TELECOM, LLC
   PROPONENTE - RECURRIDA

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz.

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

      Comparecen Edwin Martínez Fernández y Alberto L. Ortiz

Molina (recurrentes) y solicitan la revisión de la aprobación del

Permiso de Construcción de una torre de telecomunicaciones tipo

monopole 2020-301952-PCOC-016054, emitida por la Oficina de

Gerencia de Permisos (OGPe) el 8 de octubre de 2021, notificada el

25 de octubre de 2021.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación administrativa recurrida.

                                 I.

      QMC Telecom LLC. (QMC) instó una solicitud de permiso de

ubicación o construcción de una estructura de telecomunicación

(tipo monopole) de 180' de altura para ubicar antenas de transmisión

y equipo de compañías de telecomunicaciones en el Barrio Machos

del Municipio de Ceiba y aledaño al complejo residencial Castillos

del Mar.

Número Identificador

SEN2024________
KLRA202100608                                                            2

       Junto a su petición, QMC incluyó múltiples documentos y en

particular una copia de una carta en la que acredita haber notificado

a los vecinos colindantes y publicado un edicto, así como

certificaciones de envío por correo electrónico, mapa del CRIM con

lista de colindantes, edicto publicado, ejemplo de carta entregada

personalmente y notificada al Municipio en cumplimiento del

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios

(Reglamento Conjunto 2020) y la Ley 89 de 6 de junio de 2000.1

       Así las cosas, el 13 de julio de 2021, Alberto L. Ortiz presentó

una solicitud de intervención ante la OGPe. La misma fue autorizada

mediante Resolución emitida el 14 de julio de 2021. De igual forma,

a petición de Edwin Martínez Fernández, la agencia recurrida emitió

una segunda Resolución, el 21 de julio de 2021, en la cual también

autorizó su solicitud de intervención en el referido proceso de

permisos. Según surge de ambas resoluciones, los interventores,

(Alberto L. Ortiz y Edwin Martínez Fernández), se opusieron al

permiso por múltiples razones. A modo de ejemplo: que el referido

permiso no cumple con los reglamentos aplicables; que la

instalación propuesta es próxima a una reserva natural; y que

presenta un potencial riesgo para la salud humana debido a la

exposición a la radiofrecuencia y posible violación a la regulación de

la Federal Communications Commission (FCC). Sin embargo, la

OGPe no se pronunció sobre tales asuntos.2

       Insatisfecho, el 13 de septiembre de 2021, los interventores,

junto a la Asociación de Residentes de Castillos del Mar (Asociación),

presentaron      una       Moción   urgente   para   la   paralización   de

construcción, asumiendo representación legal, intervención, solicitud

de expediente y otros asuntos en la que la Asociación solicitó la

intervención por vez primera.3         Además, argumentaron sobre los

1 Apéndice, págs. 7-39.
2 Apéndice, págs. 40-46.
3 Apéndice, págs. 50-64.
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fundamentos para constatar la supuesta ilegibilidad del proyecto de

QMC. En particular, expusieron que, la parte interventora había

presentado una querella, ante la FCC, en búsqueda de una

evaluación ambiental, para así desautorizar la continuación del

proyecto.    A su petitorio unieron cartas de la Asociación y la

Resolución Núm. Serie 2021-2022 de la Legislatura Municipal de

Ceiba en oposición al proyecto.4 Al no recibir respuesta de la

agencia, el 30 de septiembre de 2021, los peticionarios instaron una

segunda moción de paralización y reclamaron que se autorizara la

intervención de la Asociación.5

       Pendiente lo anterior, la OGPe expidió el Permiso de

Construcción el 7 de octubre de 2021, notificado el 25 de octubre de

2021. En reacción, Alberto L. Ortiz, Edwin Martínez Fernández y la

Asociación (a pesar de no haber recibido contestación a su solicitud

de intervención), mediante moción presentada el 13 de noviembre

de 2021, nuevamente reiteraron la solicitud de intervención de la

Asociación y la paralización de la construcción.6

       Evaluado lo anterior, el 15 de noviembre de 2021, la OGPe

emitió una Resolución sobre Solicitud de Intervención. En esta,

únicamente atendió y denegó la solicitud de intervención de la

Asociación.7 De la determinación administrativa surge que, la

agencia consideró que, a la fecha del 8 de octubre de 2021, ya se

había autorizado el permiso, por lo que, en ausencia de un proceso

adjudicativo pendiente, la solicitud de intervención de la Asociación

resultaba a destiempo y no cumplía con las disposiciones aplicables.

En esa misma semana, el 12 de noviembre de 2021, el Municipio

Autónomo de Ceiba presentó una moción solicitando intervención y

uniéndose a la solicitud de la Asociación. Surge del expediente

administrativo que, la OGPe denegó el referido petitorio del

municipio.    8   No surge del expediente que, la Asociación o el

4 Apéndice, págs. 65-103.
5 Apéndice, pág. 104-114.
6 Apéndice, págs. 115-128.
7 Apéndice, págs. 184-195.
8 Apéndice, págs. 207-212. Véase además el Expediente Administrativo Tomo 3.
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Municipio hayan cuestionado las referidas denegatorias ante la

propia agencia o esta Curia.

      Inconformes, los recurrentes, (como interventores reconocidos

por la OGPe), acuden ante esta Curia el 24 de noviembre de 2021 y

señalan la comisión de los siguientes errores:

      Erró la OGPe al emitir el Permiso de Construcción 2020-
      301952-PCOC-016054 utilizando como fuente de derecho
      los Reglamentos Conjuntos 2019 y 2020, los cuales fueron
      declarados nulos por este Honorable Tribunal de Apelaciones
      en los casos Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA y su
      presidenta Vanessa D. Ríos Grajales v. Junta de Planificación,
      KLRA20210044; Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico
      y Para La Naturaleza, Inc. v. ELA et. al., KLRA20210047;
      AEQUITAS, LLC v. Junta de Planificación, KLRA201900413.

      Erró la OGPe al no permitir la intervención de la Asociación
      de Residentes de Castillos del Mar en los procesos para la
      adjudicación y aprobación del Permiso de Construcción
      2020-301952-PCOC-016054.

      Erró la OGPe al emitir el Permiso de Construcción 2020-
      301952-PCOC-016054 y no cumplir con su deber ministerial
      de paralizar la obra y denegar el permiso solicitado, en
      atención a las normas de co-ubicación y a los requisitos de
      notificación a los residentes colindantes dentro del radio de
      seguridad, o la distancia radial de cien (100) metros tomando
      como centro la ubicación propuesta.

      Erró la OGPe al emitir el Permiso de Construcción 2020-
      301952-PCOC-016054 y no cumplir con su deber ministerial
      de paralizar la obra y denegar el permiso solicitado, en
      atención a que la Federal Communications Comission (FCC)
      tiene ante su consideración, aun sin haberse adjudicado,
      una solicitud de evaluación ambiental (Environmental
      Assessment) relacionada al detrimento que la construcción
      ocasionaría a los recursos naturales y ambientales, y los
      problemas de seguridad relacionados a la ubicación
      propuesta en una zona catalogada como inundable.

      En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 30 de

noviembre de 2021, QMC acreditó su alegato en oposición el 23 de

diciembre de 2021 y la OGPe compareció ante nos, mediante

Oposición a recurso de revisión instada el 10 de enero de 2022.

      Evaluado lo anterior, esta Curia emitió una Sentencia el 10 de

febrero de 2022, en la cual revocamos el dictamen recurrido en

atención a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Aequitas, LLC v.

Junta de Planificación, 2020 TA 434, y Comité Pro-Seguridad ARRAQ

y ARESPA y otro v. Junta de Planificación, 2021 TA 850, sobre la

nulidad   de    los   Reglamentos       Conjuntos      2019    y       2020,

respectivamente. El referido dictamen fue objeto de revisión ante el

Tribunal Supremo y mediante su dictamen (Per Curiam) emitido el
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16 de junio de 2023, el Alto Foro determinó que dichos Reglamentos

se consideran nulos de forma prospectiva. Concluyó además que,

la referida nulidad no invalidó el permiso de epígrafe. En su

consecuencia, ordenó a esta Curia atender los méritos del presente

recurso.

      Por ello y con el beneficio de la comparecencia de las partes,

así como de la copia certificada del expediente administrativo,

resolvemos.

                                      II.

   A. Revisión administrativa judicial

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA secc. 9601-

9713, (LPAUG), tuvo el propósito de uniformar los procedimientos

administrativos ante las agencias. De esta forma, la precitada ley

estableció un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los procesos

de adjudicación y reglamentación en la administración pública. SLG

Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615 (2018).

      La Sección 4.1 de la LPAUG, supra, dispone que las decisiones

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de

Apelaciones. 3 LPRA sec. 9671. La finalidad de esta disposición es

delimitar la discreción de los organismos administrativos para

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de

forma razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581

(2020); Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007).

      Sabido     es    que,    las    decisiones    de    los    organismos

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad

y corrección. Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Corporación

para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico,

Inc., 202 DPR 842 (2019).9 Esto debido a que, mediante esta norma

"reconocemos      el   expertise     del    que   gozan   los    organismos

administrativos en aquellas materias que le han sido delegadas por

9 Citando a Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).
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ley". Íd.10 Véase además lo resuelto en OEG v. Martínez Giraud, 210

DPR 79, 90-91 (2022).

       Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAUG, supra,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo". 3 LPRA sec. 9675. Como

vemos, la norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso,

el Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super

Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la

Infraestructura de Puerto Rico, A&M Group, 206 DPR 803 (2021);

Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).11

       Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAUG, supra,

dispone que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos

sus aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018).12 Por ende, “los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra”. Íd.13 Lo

anterior    responde      a   la   vasta    experiencia     y    conocimiento

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son

encomendados. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276

(2013).14 Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas

10 Citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun.

de Carolina, 185 DPR 800 (2012).
11 Citando a IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012);

Empresas Ferrer v. A.R.P.E., supra, pág. 264.
12 Citando a Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010).
13 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 657 (2016).
14 Citando a Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).
KLRA202100608                                                          7

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra.

       Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación,

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto,

si al momento de examinar un dictamen administrativo se

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3)

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág.

264.

   B. Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de
      Permisos de Puerto Rico

       La Ley Núm. 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 et

al., estableció un nuevo marco legal y administrativo que habría de

guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos

vinculados al desarrollo de obras de construcción y otras actividades

relacionadas por parte del gobierno de Puerto Rico. Mediante el

referido estatuto se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

como     el   organismo       administrativo   encargado      de   emitir

determinaciones     finales    y   permisos,   licencias,   inspecciones,

certificaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea

necesario. A esos efectos, la Ley Núm. 161-2009, supra, le transfirió

a esta agencia las facultades que antes tenían otras agencias, en

particular, la ARPE. La referida ley también le confirió el poder a

ciertos Municipios Autónomos, con jerarquía I a la V los cuales

podían mediante convenios, recibir por delegación, las funciones de

otras agencias como ARPE.

   C. Ley Núm. 89-2000
KLRA202100608                                                                  8

       Por otro lado, la Ley sobre la Construcción, Instalación y

Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico, según

enmendada, Ley Núm. 89-2000, 27 LPRA secs. 321 y siguientes,

establece que el gobierno local conserva la autoridad con relación a

la ubicación, construcción y modificación de facilidades de

telecomunicaciones inalámbricas. 27 LPRA sec. 322. Igualmente, la

Ley Núm. 89-2000 propende a un balance de intereses, entre la

regulación de la construcción de torres de telecomunicaciones, la

seguridad y los derechos de los ciudadanos. Ley Núm. 89-2000,

Exposición de Motivos; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom,

supra, pág. 666.15 Para lograr lo anterior, se estableció como política

pública la ubicación de antenas de telecomunicaciones en una

misma facilidad y la armonización de las necesidades de cobertura

de las empresas de telecomunicaciones con los intereses de la

ciudadanía. Íd.

       De   otra   parte,   mediante     la   Ley   89-2000,     supra,    se

establecieron los requisitos específicos y la política pública para

proyectos de coubicación de torres, a saber:

       Uso integrado de infraestructura coubicación

       A los fines de que en cualquier consideración para la
       concesión de un permiso para la construcción o ubicación de
       torres que hayan de albergar estaciones de transmisión de
       frecuencia radial “antenas” para fines comerciales, le será
       requerido al proponente una acreditación en forma de
       declaración jurada, donde certifique como condición sine
       qua non que la torre será construida con el propósito de
       coubicar antenas de varias compañías; que es
       absolutamente necesario ubicar la torre en ese sector; las
       gestiones realizadas y sus resultados para ubicar sus
       estaciones de transmisión de frecuencia radial “antenas” en
       torres que no sean de su propiedad que estén dentro del
       sector en que se solicita permiso; y que, las gestiones
       realizadas y sus resultados para ubicar sus estaciones de
       transmisión de frecuencia radial “antenas” en torres que no
       sean de su propiedad aunque no estén dentro del sector,
       conforme a la estación de frecuencia radial “antenas” que se
       pretende instalar, pueda alcanzar la cobertura deseada;
       Disponiéndose, que la Junta de Planificación y la
       Administración de Reglamentos y Permisos, según sea el
       caso, tendrán la responsabilidad de verificar en todos sus
       méritos el contenido de la declaración previamente señalada
       en esta sección; requerir de los titulares de torres para la
       instalación de estaciones de transmisión de frecuencia radial
       “antenas”, incluyendo las entidades públicas, brindar
       conocimiento a la Junta de Planificación, la Administración
       de Reglamentos y Permisos y a la Junta Reglamentadora de

15 Véase además la Ley Federal de Telecomunicaciones, 47 USCA sec. 151 y ss.
KLRA202100608                                                            9

      Telecomunicaciones de Puerto Rico y al municipio de la
      disponibilidad de espacio para la instalación de estaciones
      de transmisión de frecuencia radial “antenas” en sus torres
      como parte de un uso integrado de facilidades de
      infraestructura; estableciéndose, que la determinación de
      disponibilidad de espacio no será contraria a las necesidades
      de mantenimiento, desarrollo o expansión del titular.

      La Junta de Planificación establecerá mediante reglamento
      normas que promuevan la coubicación de antenas de más de
      una compañía de telecomunicaciones en una sola torre, de
      manera tal que se minimice la proliferación de torres en la
      isla. Estas normas deberán incluir parámetros para el
      trámite acelerado en el proceso de permisología [sic] para la
      ubicación y construcción de torres para la coubicación. 27
      LPRA sec. 325.

      Además, mediante la Ley Núm. 125 de 3 de agosto de 2014,

Ley Núm. 125-2014, se incluyó el Artículo 8 a la Ley Núm. 89-2000

que dispone lo siguiente:

      Notificación de colindante y municipio

      Se le requiere a los proponentes de un proyecto para la
      ubicación o construcción de una torre de telecomunicaciones
      que, previo a la concesión de una autorización o permiso
      para la construcción de dicha torre por la agencia o ente
      gubernamental correspondiente, notifiquen a los colindantes
      de cualquier permiso u autorización solicitado ante dichas
      entidades gubernamentales para la ubicación o construcción
      de torres en las cuales se instalarán estaciones de
      transmisión de frecuencia radial “antenas” de carácter
      comercial y que se le requiera a los proponentes notificar a
      los colindantes en un radio de cien (100) metros en cualquier
      dirección tomando como centro la ubicación propuesta de la
      torre y que la misma incluya el nombre del proponente,
      relación del proyecto, ubicación exacta, número de caso ante
      la agencia y todo otro detalle que la Junta de Planificación la
      Oficina de Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos
      de Jerarquía de la I a la V bajo reglamento entiendan
      necesario exigir.

      Además, se le requiere a los proponentes de un proyecto para
      la ubicación o construcción de una torre de
      telecomunicaciones que, previo a la concesión de una
      autorización o permiso para la construcción de dicha torre
      por la agencia o ente gubernamental correspondiente,
      notifiquen copia de la solicitud de permiso con todos sus
      anejos al municipio que corresponda para que éste tenga la
      oportunidad de evaluar el proyecto propuesto y presentar su
      posición al respecto. Dicha notificación deberá efectuarse
      dentro del plazo de diez (10) días de radicarse la solicitud. El
      municipio someterá sus comentarios justificados, mediante
      carta certificada a la Junta de Planificación o a la Oficina de
      Gerencia de Permisos, según corresponda, en un plazo que
      no excederá quince (15) días laborables, contados a partir de
      la fecha de notificación de la radicación de la solicitud. El
      municipio notificará copia de sus comentarios al proponente
      en la misma fecha en que los presente ante la agencia
      concernida. La Junta de Planificación o la Oficina de
      Gerencia de Permisos, según sea el caso, tomará en
      consideración la posición del municipio, aunque dicha
      posición no se convertirá en un impedimento para la
      obtención final del permiso. Además, la agencia o ente
      gubernamental correspondiente notificará al municipio copia
      de su determinación final en torno a la aprobación o
      denegación de la solicitud de permiso en el mismo día en que
KLRA202100608                                                               10

       se notifique tal determinación final al proponente. 27 LPRA
       sec. 326.

       Además, la Ley Núm. 89-2000, supra, autorizó a la Junta de

Planificación a promulgar y publicar un reglamento en aras de

establecer los requisitos y normas aplicables a la construcción de

las torres de telecomunicaciones. En cumplimiento de lo anterior y

tomando en consideración que lo antes necesariamente incide en el

proceso de permisología, las agencias concernidas aprobaron el

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos, Reglamento Núm.

7951. Posteriormente la Ley 161, supra, fue enmendada por la Ley

161-2009 y Ley 151-2013 y, en su consecuencia, el Reglamento

Conjunto, fue enmendado y sustituido por otros que a su vez fueron

objetos de revisión judicial.

   D. Reglamento Conjunto 2020

       El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de

Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación

de Negocios, mejor conocido como Reglamento Conjunto 2020, tenía

como propósito unificar, en un orden lógico todas las reglas

aplicables al uso y expedición de permisos.16 Por su parte, el

Capítulo 9 regula todo lo referente a los proyectos de construcción,

instalación y ubicación de torres. El propósito principal es

“establecer normas y procedimientos necesarios para la obtención

de autorizaciones y permisos para los proyectos de instalación y

ubicación de torres, así como establecer criterios para lograr la

compatibilidad de las torres con las áreas adyacentes a su ubicación

y para proteger la seguridad y salud de los residentes de las

comunidades adyacentes”17

       Sección 9.11.2.2 Ubicación En Áreas Ecológicamente
       Sensitivas

       Se cumplirá en estas áreas con las siguientes disposiciones:

16 En Martínez Fernández v. OGPe, 2023 TSPR 75, 212 DPR ___ (2023) el Tribunal

Supremo de Puerto Rico invalidó y declaró nulos los Reglamentos Conjuntos del
2019 y 2020 con efecto prospectivo al 16 de junio de 2023.
17Reglamento   Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos
Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento
Núm. 9233, Departamento de Estado, 2 de diciembre de 2020.
KLRA202100608                                                          11

    a. Se observarán para dichas áreas las normas promulgadas
    para la ubicación y construcción de estructuras, si las
    hubiera, mediante la tramitación de una Consulta de
    Ubicación.
    b. De no existir normas especiales, no se autorizará la
    ubicación salvo en aquellas situaciones de necesidad pública
    donde se demuestre claramente que dicha ubicación es la
    única alternativa para satisfacer dicha necesidad,
    considerando los últimos avances tecnológicos disponibles.
    c. Cuando se determine inevitable la ubicación de una torre
    de telecomunicación en un área ecológicamente sensitiva se
    tomarán las medidas para reducir al máximo el impacto
    adverso visual y estético de la misma.
    d. La celebración una vista pública es mandatoria previo
    publicación de un aviso de prensa, conforme a lo dispuesto
    en el Capítulo 2.1 del Tomo II.
    e. Armonía con la Estética y el Entorno:
           1. Diseño de Camuflaje:
           a) Toda nueva ubicación, instalación o construcción
           de torre de telecomunicaciones o la instalación de
           instalaciones     de     telecomunicaciones        deberá
           armonizar al máximo con la estética y el entorno de la
           localidad o sector en que se proponga, especialmente
           cuando sea indispensable su ubicación o instalación
           o construcción en áreas de reservas naturales, áreas
           urbanas, zonas históricas y a lo largo de las
           autopistas del País y rutas escénicas.
           b) En aquellos casos en que utilicen edificios como
           torres, las instalaciones deben estar integradas al
           diseño del edificio.
           c) A manera de ejemplo en aquellos casos de torres no
           tradicionales, tales como edificios, las instalaciones de
           telecomunicaciones deberán estar integradas al
           diseño del edificio y si se proponen ubicar en los
           techos de los mismos éstas deben ser incorporadas a
           su entorno mediante colores o uso de materiales que
           las oculten.
           2. Requisitos Mínimos de Camuflaje:
           a) Garantizar la total transparencia radio-eléctrica
           b) Resistencia a climas extremos y otras condiciones
           atmosféricas.
           c) Resistencia a los rayos ultravioletas.
           d) Los materiales deben tener sus características
           mecánicas y físicas a través del tiempo.
    f. Recomendaciones del Gerente de Medioambiente de la
    OGPe: Como parte del proceso de evaluación de una consulta
    de ubicación para la instalación y ubicación de estas torres
    dentro de un área ecológicamente sensitiva, tendrán que
    obtenerse     las    recomendaciones       del    Gerente     de
    Medioambiente de la OGPe, quien recomendará las medidas
    de mitigación correspondientes, incluyendo aquellos casos
    donde la ubicación de la torre o instalación de
    telecomunicaciones sea en la zona cárstica, conforme las
    disposiciones de la Ley 292-1999, titulada Ley para la
    protección y conservación de la fisiografía cársica de Puerto
    Rico según enmendada (Ley 292-1999).
    g. Zonas Susceptibles a Inundaciones: Se permitirá la
    instalación o ubicación de torres de telecomunicaciones en
    terrenos    clasificados    como     zonas     susceptibles    a
    inundaciones, conforme a los Mapas sobre Tasas del Seguro
    de Inundación, cumpliendo con las disposiciones del
    Reglamento sobre Áreas Especiales de Riesgo a Inundación,
    vigente (Reglamento de Planificación Núm. 13).

    Sección 9.11.2.4 Aviso o Notificación a los Dueños de
    Propiedades

    a. El proponente de un proyecto para la instalación o
    ubicación de una torre tendrá que notificar a los dueños de
    propiedades que radiquen dentro de una distancia radial de
KLRA202100608                                                                 12

       cien (100) metros tomando como centro la ubicación
       propuesta, dentro de un término de diez (10) días a partir de
       la presentación. La notificación deberá ser mediante entrega
       personal o por correo certificado con acuse de recibo y deberá
       incluir lo siguiente:
               1. Nombre del proponente.
               2. Naturaleza de la torre propuesta (usos particulares
               a los que se dedicará la torre).
               3. Ubicación exacta del proyecto, tales como la
               dirección física, coordenadas y número de catastro,
               entre otros, que describa la ubicación.
               4. Número del caso ante la agencia.
       b. Deberá cumplir con la notificación a colindantes de
       acuerdo a la Sección 2.1.9.7 del Tomo II en este Reglamento.
       c. En aquellos casos en que el nombre o la dirección postal
       de algún colindante inmediato no esté accesible al solicitante
       o que haya sido devueltas, se utilizará el método alterno
       indicado en la Sección 2.1.9.8 del Tomo II en este
       Reglamento.
       d. La parte proponente tendrá que cargar al sistema de la
       OGPe evidencia de dicha notificación dentro del mismo
       término, hasta tanto no se cargue esta información al
       sistema la solicitud no será evaluada.
       e. En el caso de co-ubicaciones, siempre y cuando la torre
       tenga los correspondientes permisos de construcción y uso,
       no será necesaria la notificación a los dueños de
       propiedades.
       f. La agencia o ente gubernamental correspondiente
       notificará al municipio copia de su determinación final
       entorno a la aprobación o denegación de la solicitud de
       permiso en el mismo día en que notifique tal determinación
       final al proponente.

       Sección 2.1.9.8 Método Alterno de Notificación

       a. Se entenderá como notificación adecuada aquella enviada
       por el solicitante a la dirección de los colindantes que obran
       en el CRIM, en cuyo caso, deberá anejar evidencia en el
       expediente digital de envío por correo certificado.
       b. Podrá sustituir el requisito de entrega mediante correo
       certificado, entregando la misma personalmente cuando los
       ocupantes de la propiedad, sean los establecidos en el CRIM
       o el titular de la misma. En este caso, acusará recibo de la
       entrega en la que se haga constar el nombre, la dirección
       física, y la firma del notificado certificando que es el titular
       de la propiedad.
       c. Aquellos casos en que la dirección postal de algún
       colindante inmediato no esté accesible en el CRIM, y en la
       propiedad resida o sea esté habitada por el titular,
       arrendatario o poseedor, o utilizada, se podrá entregar la
       misma personalmente al ocupante de la propiedad.
               1. Se anejará una certificación haciendo constar la
               falta de información en el CRIM y la entrega al
               ocupante de la propiedad, con expresión del nombre,
               fecha de entrega y la dirección física del lugar.
               2. De no estar ocupada o no poder localizar a su
               ocupante, presentará una certificación de esta
               información y las gestiones realizadas para cumplir
               con esta notificación.
       d. Para aquellos casos de proyectos suprarregionales de
       infraestructura pública, se permitirá la notificación mediante
       aviso público en un periódico de circulación general y
       regional.18

   E. Reglamento para Proyectos de Construcción, Instalación y
      ubicación de Torres y Facilidades de Telecomunicaciones

18 Con el Reglamento Conjunto de 2010 citado por los recurrentes se identifica las

mismas disposiciones de las secciones 44.1.2, 44.18, 44.7.1 y 6.3.4.
KLRA202100608                                                                   13

        El Reglamento para Proyectos de Construcción Instalación y

ubicación      de    Torres      y    facilidades   de    telecomunicaciones,

Reglamento Núm. 6721,19 tiene como función principal fiscalizar la

autorización de permisos para la instalación de las torres de

telecomunicaciones          y    de   esta     manera    crear   criterios    que

salvaguarden la salud y seguridad de los residentes adyacentes.

                                        III.

        En el primer señalamiento de error, los recurrentes plantean

la   nulidad    de    los       Reglamentos     Conjuntos    2019     y      2020,

respectivamente. Como se sabe (y según reseñado en la parte I) lo

antes fue atendido mediante nuestro dictamen emitido el 10 de

febrero de 2022 y fue objeto de revisión ante el Alto Foro mediante

su pronunciamiento Per Curiam emitido el 16 de junio de 2023, por

lo que, resulta innecesario atender la discusión del primer error.

        En el segundo señalamiento de error, los recurrentes arguyen,

en apretada síntesis que, la OGPe incidió al no permitir la

intervención de la Asociación de Residentes de Castillo del Mar en

la presente causa. Resulta evidente que, la Asociación interpuso su

solicitud de intervención el 13 de septiembre de 2021, luego reiteró

su reclamo el 30 de septiembre de 2021 y el 13 de noviembre de

2021, respectivamente. La agencia recurrida ignoró los reclamos de

la Asociación y no fue hasta después de emitir el permiso de

construcción que denegó la última solicitud de intervención como si

hubiera sido la única petición y presentada de forma tardía. Ahora

bien, la OGPe denegó la solicitud de intervención de la Asociación

mediante Resolución emitida y notificada el 15 de noviembre de

2021.

        De ahí, conforme la normativa aplicable, la Asociación

contaba con treinta días para acudir en revisión ante esta Curia y

no lo hizo. Ciertamente, reconocemos que la Asociación es una

19 Reglamento para Proyectos de Construcción, Instalación y Ubicación de Torres

y Facilidades de Telecomunicaciones (Reglamento de Planificación Núm. 26),
Reglamento Núm. 6721, Departamento de Estado, 14 de noviembre de 2003.
KLRA202100608                                                             14

entidad con personalidad jurídica distinguible e independiente de

Edwin Martínez Fernández y Alberto L. Ortiz Molina. Es por ello,

que, los aquí recurrentes no gozan de legitimación activa20 para

reclamar los derechos de la Asociación en aras de impugnar la

denegatoria de la solicitud de intervención interpuesta por dicha

entidad.     En su consecuencia, no ostentamos jurisdicción para

entretener     los   planteamientos       esbozados      en    el   segundo

señalamiento de error.

       En el tercer señalamiento de error, la parte recurrente

sostiene que, la OGPe incidió al no cumplir con los requisitos de

notificación a los residentes colindantes del radio de seguridad o la

distancia radial de cien (100) metros, así como las normas de

coubicación.

       Para fundamentar su postura, los recurrentes citan la Sección

44.1.8 en la Regla 44.1 del Capítulo 44 del Reglamento Conjunto de

201021 y la Ley 89-2000, supra, que establece los requisitos para el

Aviso o Notificación a Dueños de Propiedades. Destacan que, dicha

notificación deberá efectuarse dentro del término de diez días desde

que se presente la solicitud de proyecto de instalación o ubicación

de una torre. También exige que, previo a la concesión del permiso,

el proponente notifique en un radio de cien (100) metros a cualquier

colindante en cualquier dirección desde el centro de la ubicación de

la torre propuesta.       La notificación deberá hacerse por correo

certificado con acuse de recibo o mediante entrega personal. La

parte recurrente centra su argumento en el hecho que, QMC solo

notificó a “uno de los aproximadamente 250 residentes del Complejo

Castillos del Mar, conforme a derecho”.

       Por su parte, la OGPe resalta en su Oposición que, el Artículo

en la Sección 9.11.2.4 del Reglamento Conjunto 2020, (sobre aviso

o notificación) precisamente hace referencia a la Sección 2.1.9.8

20 Véase lo resuelto en Hernández, Santa v. Srio de Hacienda 208 DPR 727,738-

739 (2022).
21 Equivalente a la Sección 9.11.2.4 del Reglamento Conjunto de 2020.
KLRA202100608                                                                     15

mediante la cual permite que se utilice un método alterno de

notificación. Por medio de dicha disposición, se permite sustituir la

notificación requerida, mediante entrega por correo certificado o

personalmente a los residentes, según las listas provistas por el

CRIM.      De no localizar un ocupante se deberá presentar una

certificación de información y las gestiones realizadas para cumplir

con la notificación. En los casos de proyectos regionales de

infraestructura pública, se permite la notificación por aviso público

en un periódico de circulación general o regional.

       OGPe informa que, en el expediente surge que, QMC instaló

un rótulo en la propiedad, siendo este un método de notificación.

Señala que, mediante un escrito de 30 de junio de 2021, el Arq.

Edgar R. Montañez Pérez certifica que, se notificó a los colindantes

a 100 metros, desde el centro de la torre. Junto a su propuesta,

incluye una declaración jurada informando sobre la notificación a

los vecinos, el modelo de carta enviada por correo certificado y la

entrega personalmente, certificaciones de envío por correo, mapa del

CRIM, lista de colindantes, evidencia de publicación de edicto en el

periódico El Nuevo Día y evidencia de notificación al Municipio de

Ceiba. Con relación al Condominio Castillos del Mar destacó que,

se notificó a la dirección provista por el CRIM y personalmente a

través de Luzbeth Guzmán (asistente del administrador del

Condominio). Por su parte, QMC destaca que, la sección 6.3.2 del

Reglamento Conjunto de 201022 permite notificar a un condominio

a la dirección de la Asociación de Residentes o condómines, y así se

realizó en este caso. Lo antes, a su entender, hace innecesario

notificar a cada apartamento.

       Evaluado lo anterior, colegimos que la OGPe no incidió al

determinar que QMC acreditó la notificación requerida a los

colindantes, según lo permite la normativa antes expuesta y en

22 Página 15 de la Oposición haciendo referencia al inciso (b) de dicha Sección, así

como a la Sección 6.3.4 del Reglamento Conjunto de 2010 que, a su vez
corresponde a la Sección 2.1.9.8 del Reglamento Conjunto de 2020.
KLRA202100608                                                                  16

particular el método alterno de notificación. Tampoco la parte

recurrente nos ha puesto en posición para intervenir sobre este

asunto, toda vez que, al discutir el presunto error no impugnó

propiamente el uso del método alterno en este caso. Resulta evidente

que, el proponente utilizó el método alterno para notificar, lo cual es

permitido por el Reglamento 2020 (sección 2.1.9.8), así como por el

Reglamento 2010 (sección 6.3.4). La postura de la parte recurrente

sobre este señalamiento no es suficiente para derrotar la eficacia del

proceso de notificación en este caso.

       Superado lo anterior, nos corresponde atender otro aspecto

del recurso discutido en el tercer error. En síntesis, la parte

recurrente arguye que, la Ley 89-2000, supra, dispone en su

Artículo 3, inciso d, que la coubicación ha demostrado ser una de

las prácticas que reduce la proliferación de torres, ya que permite el

que, más de una compañía de telecomunicaciones ubique sus

facilidades en una misma torre. Asimismo, cita las Secciones 44.1.2,

44.7 del Reglamento Conjunto de 201023 sobre coubicación. Arguye

que, en el caso de autos, la torre en controversia fue ubicada en una

zona residencial donde hay un mínimo de dos torres adicionales a

menos de una milla de distancia (.83 millas) y otras cuatro, a poco

más de una milla de distancia, según consta en la declaración

jurada de la parte proponente.

       Los recurrentes cuestionaron las razones dadas por QMC para

descartar la coubicación. Exponen que, la declaración jurada no

cumple con la sección 44.4.1 del Reglamento Conjunto de 2010,24

la cual establece que, la torre será construida con el propósito de

coubicar antenas de varias compañías y, si es absolutamente

necesario, ubicar la torre en ese sector en particular. Entiéndase

que,    se   permite     la   ubicación      próxima      de   una     torre    de

telecomunicaciones con otra u otras existentes, si se demuestra que

23 Equivalente a las secciones 9.11.1.2 y 9.11.5 (se añadieron los incisos c y d al

inciso 9.11.5.1) en el Reglamento Conjunto 2020.
24 Íd.
KLRA202100608                                                        17

las facilidades existentes y cercanas exceden la capacidad del

edificio ya construido y su mejora o ampliación no es posible a un

costo razonable; que la torre existente no posee la localización

adecuada, espacio, acceso o altura necesaria para acomodar el

equipo propuesto que impida sus funciones. La parte recurrente

sostiene que, la declaración jurada para fundamentar la propuesta

de QMC resulta insuficiente porque no desglosa las gestiones

específicas realizadas y la consideración de todos los criterios antes

explicados. Arguye que, la declaración es general por corresponder

a una mera “inspección visual del sector” y no a una opinión

informada de datos de altura y capacidad estructural para no

coubicar al cliente de QMC en las mismas facilidades existentes en

el área.

      Por su parte, la OGPe sostuvo que se hace necesaria la

facilidad propuesta, debido a que, no existen torres dentro del radio

de una milla que puedan ofrecer la cobertura deseada por QMC para

su contrato con la compañía Claro en el sector que pretenden cubrir.

Explica que, de su examen de la declaración jurada del Director de

Operaciones de QMC Telecom LLC se determinó que, la cobertura

solicitada corresponde a la cobertura para comunidades del Barrio

Machos de Ceiba, Marina Puerto del Rey, Comunidades las Colinas

de Santa María, Santa María, Las Vegas, Residencial Mundo Plaza,

Villas del Pilar, Brisas de Ceiba I, Residencial La Ceiba, Villa Ávila,

Villa Flores, áreas entre las carreteras PR-3, PR-979, PR-53, PR-982,

PR-975 y la cobertura marítima en el área de Bahía Damajagua.

      En particular, la agencia recurrida destaca que, de las dos

facilidades encontradas, una no posee la capacidad estructural para

coubicar y la otra provee cobertura a otro sector. Además, que las

torres que están fuera del radio de una milla no ofrecen cobertura

con la capacidad necesaria por factores de distancia, densidad

poblacional y la topografía de la región. En fin, sostiene que, la

declaración   jurada   resulta   suficiente   para   cumplimentar    lo
KLRA202100608                                                     18

requerido en el Artículo 7 de la Ley 89-2000, supra, así como del

Reglamento Conjunto del 2020.

      Por su parte el recurrido, QMC, sostiene que, la declaración

jurada resulta suficiente para fundamentar su propuesta. Centra su

argumento en que los recurrentes no establecen prueba que

contradiga la prueba presentada por QMC.

      Evaluado lo anterior, colegimos que la agencia recurrida no

incidió al determinar que la declaración jurada presentada contiene

suficientes bases para sostener la determinación recurrida toda vez

que hace correlación con los documentos que demuestran que las

estructuras existentes no poseen la localización adecuada, espacio,

acceso o altura necesaria para alcanzar la cobertura requerida. A lo

anterior se añade que, los recurrentes no han presentado evidencia

que surja del expediente administrativo que, obligue a esta Curia a

intervenir con el peritaje de la agencia con el propósito de suprimir

las normas de deferencia aplicable a la presente causa.

      En el cuarto señalamiento de error, los interventores arguyen

que, la OGPe no cumplió su deber ministerial de paralizar la obra

en atención al hecho de que, existe una solicitud de evaluación

ambiental pendiente ante la FCC. Exponen que, la instalación

propuesta se encuentra en las inmediaciones de una reserva natural

en zona inundable y alterará el hábitat de cinco especies en peligro

de extinción. Estimaron que, la agencia recurrida debió paralizar el

proceso de permiso hasta tanto se culminara el proceso ante la FCC.

      En reacción a lo antes, los recurridos explican que, en el

expediente surgen varias recomendaciones que hacen innecesario

paralizar la obra, pendiente a la determinación de la FCC. Cónsono

con ello, destacan que obra en el expediente administrativo los

siguientes documentos: la Determinación de Inundación 2021-00-

JDI-7147 de la Oficina de Geología e Hidrología de la Junta de

Planificación de Puerto Rico y un Certificado de Elevación de FEMA

proponiendo una plataforma de hormigón de 33´-0” x 44´-0” dividida

en cuatro espacios y elevada a 7 pies sobre el terreno, en aras de
KLRA202100608                                                                  19

cumplir el Reglamento de Planificación Núm. 13. Además, señalan

que, la Determinación de Cumplimiento Ambiental para Evaluación

Ambiental (2020-301952-DEA-005113) fue emitida el 1 de febrero

de 2019 y en esta se determinó que, el proyecto no afectaría a

ninguno de los sistemas ni hábitats circundantes durante la

construcción u operación.

       Por su parte, QMC destacó que, el lugar escogido para ubicar

la facilidad de telecomunicación no es un humedal ni se encuentra

en las inmediaciones de una reserva natural. Admite que, existen

humedales cercanos a la ubicación propuesta. Sin embargo, en

atención a ello, se realizó un estudio intitulado Jurisdiccional

Wetland and U.S. Waters Determination Study (a través de la firma

Coll Rivera Environmental) que, en su conclusión sostuvo que,

específicamente en el área del proyecto no hay humedales. Explicó

que, para cumplir con lo requerido por la zona AE (de zonas

inundables de FEMA con 1% de probabilidad de inundación anual)

la empresa certificó que la instalación cumple con los criterios de

elevación para zonas AE del Reglamento de Planificación y la Sección

9.11.2.2g del Reglamento Conjunto de 2020.25

       De lo anterior, se desprende que, en atención a los referidos

planteamientos la parte proponente presentó varios datos de fuentes

cuya confiabilidad no ha sido impugnada por los recurridos

interventores. Ante este cuadro, colegimos que, la agencia no incidió

al rechazar el petitorio de paralización de los procesos. Tampoco

observamos que la parte recurrente nos haya puesto en posición

para determinar que la agencia recurrida haya actuado con

arbitrariedad y sin bases jurídicas para rechazar la solicitud de

paralización. Dicha determinación administrativa se encuentra

sostenida con el expediente administrativo. El cuarto error no se

cometió.

25 Sección 9.11.2.2: Ubicación en Áreas Ecológicamente Sensitivas, inciso g-Zonas

Susceptibles a Inundaciones.
KLRA202100608                                                       20

      Como se puede apreciar, hemos examinado sosegadamente la

totalidad del expediente con el beneficio de los escritos de las partes

y concluimos que los errores señalados no se cometieron. El

Tribunal Supremo ha reafirmado que, los tribunales debemos

conceder deferencia judicial al expertise administrativo cuando se

trata de leyes y reglamentos que le corresponde a la agencia poner

en vigor. OEG v. Martínez Giraud, supra. Valga aclarar que, el

referido marco de deferencia cede si surge del expediente evidencia

sustancial para concluir que la agencia actuó de forma arbitraria,

caprichosa o ilegal. Íd. Apoyados en esta premisa, y ante el hecho de

que los recurrentes no lograron rebatir la presunción de corrección

o legalidad de las determinaciones expuestas por la OGPe, el

dictamen impugnado merece nuestra deferencia.

                                 IV.

      Por todo lo antes esbozados, confirmamos el dictamen

administrativo recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones