Court Opinion

ID: 9916101
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:21:29.904853+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:52.968782
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

SONIA RIOS RIVERA                                       Certiorari
                                                        procedente del
         Recurrida                                      Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala de
              v.                                        Bayamón
                                 KLCE202301180
LOURDES GONZÁLEZ QUILES
                                                        Caso Núm.
       Peticionaria                                     BY2019CV06500

                                                        Sobre:
                                                        División de Herencia;
                                                        Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                             R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

                                         I.

       El 25 de octubre de 2023, la señora Lourdes González Quiles

(señora González Quiles o la peticionaria) presentó una Petición de

Certiorari ante este Tribunal. Solicitó que revoquemos una

Resolución1 emitida el 22 de septiembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI) en la cual se

declaró No Ha Lugar a la solicitud de reconsideración de la

peticionaria y se sostuvo una Orden emitida y notificada el 2 de

mayo de 2023.2 Mediante esta Orden, el TPI eliminó las alegaciones

de la peticionaria y le anotó la rebeldía en el caso radicado por la

señora Sonia Ríos Rivera (señora Ríos Rivera o la recurrida). Esto,

por el reiterado incumplimiento con las órdenes del foro a quo,

1 Apéndice de la Solicitud de desestimación y en oposición a petición de certiorari,

Anejo 22, págs. 70-79. Archivada y notificada en autos el 25 de septiembre de
2023.
2 Tomamos conocimiento judicial de la entrada núm. 224 del expediente digital

del caso BY2019CV06500 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC).

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301180                                                     2

posterior a imponer sanciones y realizar varios apercibimientos a la

peticionaria y a su representante legal.

      El 27 de octubre de 2023 emitimos una Resolución mediante

la cual concedimos diez (10) días a la parte recurrida para expresar

su posición y advertimos que no se acompañó el recurso con

apéndice alguno. Ese mismo día, la señora González Quiles presentó

ante nos una Moción informativa, en la que manifestó que atravesó

un percance de salud que le imposibilitó cursar por SUMAC, copia

de los documentos presentados en este recurso, para conocimiento

de la recurrida y del TPI. En atención a ello, el 31 de octubre de

2023, emitimos una Resolución dándonos por enterados.

      El 6 de noviembre de 2023, la señora Ríos Rivera presentó

una Solicitud de desestimación. Mediante esta, adujo que, debido al

patrón de conducta de incumplimiento exhibido por la peticionaria

con los requerimientos de las Reglas de Procedimiento Civil, 4 LPRA

Ap. V, la jurisprudencia y las órdenes del TPI, debíamos desestimar

el auto de certiorari solicitado.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a pormenorizar los hechos atinentes a este recurso.

                                    II.

      El caso de marras tuvo su génesis el 5 de noviembre de 2019,

cuando la señora Ríos Rivera incoó una Demanda sobre división de

herencia y daños y perjuicios contra la señora González Quiles.3 La

recurrida manifestó que su hijo, el señor Samuel Omar Segarra Ríos

(señor Segarra Ríos o causante) falleció el 15 de enero de 2019 en

Corozal, Puerto Rico, estando casado con la señora González Quiles

bajo el régimen económico de Sociedad Legal de Gananciales, sin

tener descendientes y sin otorgar testamento. Alegó que el causante,

adquirió una serie de bienes conjunto con la peticionaria, entre

3 Entrada Núm. 1 en SUMAC.
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ellos: la residencia matrimonial ubicada en el municipio de Corozal,

electrodomésticos propios de la residencia, un terreno sito en

Corozal,    vehículos   de    motor,      prendas,   cuentas    bancarias,

certificados de depósitos, entre otros.

        La recurrida aseveró que radicó una petición de declaratoria

de herederos en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Toa Alta y que, mediante Resolución, se le declaró heredera universal

del causante, mientras que a la señora González Quiles se le

reconoció el usufructo viudal. Sostuvo que desde el fallecimiento del

señor    Segarra    Díaz,    la     peticionaria   está   en   posesión   y

administración de los bienes, derechos y las deudas del caudal

hereditario del causante. La recurrida indicó que tenía el interés de

aceptar la herencia de su hijo a beneficio de inventario. Arguyó que,

por varios meses, le peticionó infructuosamente a la señora

González Quiles que le proveyera información sobre los bienes y la

situación     económica       del      causante,     circunstancia     que,

presuntamente, le causó sufrimientos y angustias mentales. Por

esto, solicitó la división de la herencia, realización de un inventario,

entrega de los bienes que le correspondan y cincuenta mil dólares

($50,000.00) por concepto de sufrimientos y angustias mentales.

        Así las cosas, en el curso de múltiples incidencias procesales,

el TPI emitió reiterados apercibimientos de sanciones tanto a la

señora González Quiles            como   a su representante legal y,

consecuentemente, les sancionó por varios incumplimientos con las

órdenes del foro primario. Veamos.

        El 16 de marzo de 2020, el TPI emitió una Orden en la que

anotó la rebeldía a la peticionaria ante la falta de contestación a la

demanda.4 No obstante, el 25 de junio de 2020, la señora González

Quiles radicó una Solicitud de relevo de orden acompañada con la

4 Entrada Núm. 8 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 17 de marzo de

2020.
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Contestación a la demanda,5 para que se dejara sin efecto la

anotación de la rebeldía. En esta, su representación legal sostuvo

que debido a la         carestía de      secretaria en su oficina, el

desconocimiento       tecnológico,      las    órdenes      ejecutivas     de

distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 y la remota

distancia de la residencia de la peticionaria, no pudo cursar la

contestación a la demanda. Mediante Orden dictada el 7 de julio de

2020, el TPI dejó sin efecto la anotación de rebeldía y aceptó la

contestación a la demanda.6

       El 1 de octubre de 2020, el TPI emitió una Orden7 por la cual

le impuso a la señora González Quiles una sanción de ciento

cincuenta dólares ($150.00), conforme con la Regla 44.2 de

Procedimiento Civil, supra, R. 44.2, por el incumplimiento con la

Orden8 para autorizar la entrada de un tasador a la residencia

matrimonial y al terreno ubicado en Corozal. El tribunal a quo

apercibió a la peticionaria que, de incumplir con lo requerido, podría

encontrarse incursa en desacato y orden de arresto.

       El 20 de octubre de 2020, el TPI dictó una Orden9 mediante la

cual eliminó las alegaciones a la señora González Quiles y anotó la

rebeldía por incumplimiento con el pago de la sanción económica.

Inconforme, el 25 de noviembre de 2020, acudió a este Tribunal

mediante recurso de certiorari10 Un panel hermano denegó la

expedición del recurso. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2021, el

Tribunal Supremo emitió una Sentencia en la que revocó la

Resolución de esta Curia apelativa.11 El foro supremo determinó que

5 Entrada Núm. 9 en SUMAC.
6 Entrada Núm. 10 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 7 de julio de

2020.
7 Entrada Núm. 38 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 1 de octubre de

2020.
8 Entrada Núm. 27 en SUMAC. Dictada el 21 de julio de 2020, archivada y

notificada en autos el 24 de julio de 2020.
9 Entrada Núm. 51 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 21 de octubre

de 2020.
10 Véase, KLCE202001211.
11 Véase, CC-2021-0351.
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el TPI nunca le notificó directamente a la señora González Quiles

sobre los reiterados incumplimientos de su representante legal.

      Posteriormente, 11 de julio de 2022, el TPI emitió varias

órdenes en las que apercibió a la peticionaria sobre el patrón

recurrente de incumplimiento con los dictámenes de dicho Tribunal,

por lo que le requirió cumplimiento estricto.12 Además, le apercibió

que el Tribunal podía eliminarle las alegaciones y anotarle rebeldía.

      El 25 de marzo de 2023, el TPI dictó una Orden13 en la que

apercibió a la señora González Quiles que no se le concedería más

prórrogas. Le impuso una sanción de quinientos dólares ($500.00)

y le otorgó hasta el 31 de marzo de 2023 para pagar las sanciones

impuestas. Asimismo, le otorgó hasta el 10 de abril de 2023 para

cumplir con las órdenes del Tribunal respecto al inventario, según

acordado en vista del 13 de diciembre de 2022.14 Le notificó que su

incumplimiento resultaría en la eliminación de las alegaciones y

anotación de rebeldía.

      El 14 de abril de 2023, el TPI emitió una Orden15 en la que

apercibió a la peticionaria que se expone a sanciones adicionales

dado el reiterado incumplimiento con las órdenes del Tribunal,

incluyendo con la Orden del 25 de marzo de 2023. Le concedió hasta

el 20 de abril de 2023 para acreditar el pago de la sanción de

quinientos dólares ($500.00) y tres (3) días perentorios para cumplir

con el inventario. Ante la recurrente inobservancia con los

dictámenes del Tribunal, el foro primario le notificó que el

incumplimiento      con    esta   Orden     provocaría    eliminarle    las

alegaciones y anotarle rebeldía. Además, le informó que todas las

12 Entrada Núm. 139 y Entrada Núm. 140 del expediente digital del caso en
SUMAC.
13 Entrada Núm. 210 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 27 de marzo

de 2023.
14 Véase, Entrada 199 en SUMAC.
15 Entrada Núm. 215 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 14 de abril

de 2023.
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notificaciones fueron remitidas tanto a la parte demandada como a

su representante legal.

       El 2 de mayo de 2023, el TPI celebró la Conferencia con

antelación a juicio. Surge de la Minuta16 que, bajo juramento, la

señora González Quiles indicó que recibió todas las órdenes del

tribunal y su representante legal reconoció haber incumplido con la

Orden del 25 de marzo de 2023. Por ello, en corte abierta, el foro

primario anotó la rebeldía a la parte demandada y eliminó sus

alegaciones. Posteriormente, el Tribunal emitió una Resolución17 en

la que eliminó las alegaciones de la parte demandada y le anotó la

rebeldía.

       El 12 de mayo de 2023, la parte demandada radicó una

Moción de Reconsideración18 en la que adujo que el Tribunal impuso

la severa sanción de eliminación de las alegaciones y la anotación

de la rebeldía ante el incumplimiento con el descubrimiento de

prueba, sin ejecutar las medidas cautelares establecidas en la Regla

39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, R. 39.2 (a) y sin que la parte

opositora demostrara perjuicio. Por su parte, el 22 de mayo de 2023,

la recurrida presentó una Oposición a solicitud de reconsideración,

para que se sostuvieran las sanciones impuestas por el Tribunal.19

       El 23 de septiembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en

la que declaró No Ha Lugar a la Moción de Reconsideración que

presentó la señora González Quiles.20

       Inconforme, el 25 de octubre de 2023, la señora González

Quiles acudió ante nos mediante recurso de certiorari en el que

imputó al TPI la comisión del siguiente error:

       COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       AL  DISPONER   COMO    DRÁSTICA   SANCIÓN   LA

16 Entrada Núm. 225 en SUMAC.
17 Entrada Núm. 223 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 2 de mayo de

2023.
18 Entrada Núm. 226 en SUMAC.
19 Entrada Núm. 227 en SUMAC.
20 Entrada Núm. 233 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 25 de

septiembre de 2023.
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       ELIMINACIÓN DE LAS ALEGACIONES A LA PARTE
       DEMANDADA-RECURRENTE Y ANOTARLE LA REBELDÍA
       SIN HABER OBSERVADO EL PROCEDIMIENTO DISPUESTO
       EN LA REGLA 39.2(A), 32 L.P.R.A. AP. V., R. 39.2(A), QUE
       REGULA CÓMO SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
       ÓRDENES      JUDICIALES,      Y      LA     NORMATIVA
       JURISPRUDENCIAL       VIGENTE,        RECIENTEMENTE,
       REITERADA EN HRS ERASE, INC. V. CENTRO MÉDICO DEL
       TURADO, INC. , 2020 T.S.P.R. 130, OPINIÓN DEL 27 DE
       OCTUBRE DE 2020. COMO CONSECUENCIA, SE VULNERÓ
       EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LEY AL ORDENAR
       ESTE DRÁSTICO REMEDIO SIN QUE HUBIERA HECHO AL
       ABOGADO APERCIBIMIENTO ALGUNO DE MOSTRAR
       CAUSA, SIN HABER NOTIFICADO A LA PARTE
       DEMANDADA-RECURRENTE PARA QUE REMEDIASE LA
       SITUACIÓN   Y,   ADEMÁS,      TAMPOCO       LA    PARTE
       DEMANDANTE-RECURRIDA ESTABLECIÓ EL PERJUICIO
       SUFRID[O] POR EL ALEGADO INCUMPLIMIENTO.

       El 6 de noviembre de 2023, la señora Ríos Rivera presentó

una Solicitud de desestimación. En esencia, reiteró que, ante los

frecuentes incumplimientos de la peticionaria con las órdenes del

TPI, así como con el Reglamento de este Tribunal, se debería

desestimar el recurso presentado.

       En vista del error imputado, exponemos las normas jurídicas

atinentes a esta controversia.

                                       III.

                                         A.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite     a   un     tribunal     de    mayor      jerarquía     revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil,21 supra, R. 52.1,

21 Esta Regla dispone que:

               [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
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establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank

de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 478 (2019).

La citada regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que trate sobre la

revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera

Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703

(2019).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, debemos pasar entonces a

un segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los

criterios que debemos tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición de un auto de certiorari.22

        Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
        dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
        decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
        anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
        que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
        esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
        estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
        su decisión.
                Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
        por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
        recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
        a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
22 Esta Regla dispone lo siguiente:

        El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
        determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
        de mostrar causa:
        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
        diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
        análisis del problema.
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
        en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
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                                     B.

      La anotación de rebeldía es una de las sanciones que el

Tribunal   puede     imponer     a   las   partes.    La   Regla    45.1   de

Procedimiento Civil, supra, R. 45.1, regula lo pertinente a dicha

sanción. Conforme a ésta, los tribunales, a iniciativa propia o

solicitud de una parte, pueden anotar la rebeldía a una parte que

no comparezca a pesar de haber sido emplazada. Íd. Dicha sanción

está reservada para aquellos casos en los cuales el demandado no

ha cumplido con el requisito de comparecer a contestar una

demanda, no ha presentado sus defensas en otra forma prescrita

por ley o cuando una de las partes ha incumplido con algún

mandato del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

supra, pág. 588; Álamo Pérez v. Supermercados Grande, Inc.,

158 DPR 93, 100 (2002). El propósito de esta sanción es desalentar

la dilacción en los procesos judiciales. Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, supra.

      La anotación de rebeldía tiene como consecuencia jurídica que

se den por admitidos los hechos correctamente alegados en la

demanda y que el Tribunal de Primera Instancia pueda dictar

sentencia, si procede como cuestión de derecho. Íd. pág. 590;

González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1069

(2019); Álamo Pérez v. Supermercados Grande, Inc., supra, pág.

101; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815

(1978). Sin embargo, ello no garantiza que la parte promovente

habrá de obtener un dictamen favorable dado que el trámite en

rebeldía no priva al tribunal de evaluar si, en virtud de los hechos

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
      luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
      alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia.
KLCE202301180                                                          10

no controvertidos existe efectivamente una causa de acción que

amerite la concesión de un remedio. Ocasio v. Kelly Servs.

Inc., 163 DPR 653, 671-672 (2005); Continental Ins. Co. v. Isleta

Marina, supra, pág. 817.

       “La anotación de rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a

una parte como sanción por su incumplimiento con una orden del

tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo que es justo, y

la   ausencia    de   tal   justicia    equivaldría   a   un   abuso   de

discreción”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág.

590.

                                       C.

       La Regla 1 de Procedimiento Civil, supra, R. 1, establece que

dichas reglas “[s]e interpretaran de modo que faciliten el acceso a

los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. A pesar

de que el ordenamiento favorece que los casos se ventilen en sus

méritos, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, proveen medidas

para descongestionar los tribunales de forma que se descarten los

pleitos que atrasan el calendario. Sánchez Rodríguez v. Adm. De

Correción, 177 DPR 714 (2009).

       En torno a la inobservancia de las Reglas de Procedimiento

Civil en relación con el descubrimiento de prueba, la Regla 34.3(b)(3)

de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3 (b)(3), dispone lo siguiente:

       Si una parte o un funcionario o agente administrador de una
       parte, o una persona designada para testificar a su nombre
       según disponen las Reglas 27.6 ó 28, deja de cumplir una
       orden para llevar a cabo o permitir el descubrimiento de
       prueba, incluyendo una orden bajo las Reglas 32 y 34.2, el
       tribunal podrá dictar, con relación a la negativa, todas
       aquellas órdenes que sean justas; entre ellas las siguientes:

       (3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas, o
       para suspender todos los procedimientos posteriores hasta
       que la orden sea acatada, para desestimar el pleito o
       procedimiento, o cualquier parte de ellos, o para dictar una
       sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla. (Énfasis
       nuestro).
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      A saber, por virtud de las Reglas de Procedimiento Civil,

supra, los tribunales tienen la facultad discrecional de eliminar las

alegaciones de una parte cuando se “incumpla con los parámetros

de un descubrimiento de prueba”. HRS Erase, Inc. v. Centro

Médico El Turabo, 205 DPR 689, 700 (2020). No obstante, la misma

“se debe ejercer juiciosa y apropiadamente”. Maldonado v. Srio. de

Recursos Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). Es decir, previo a

imponer una severa sanción como la eliminación de las alegaciones,

el tribunal sancionar al representante legal de la parte. Íd. Por otra

parte, debe apercibir previa y directamente a la parte sobre la

actuación contumaz de su representante legal. Íd. De resultar

infructífero, el tribunal tiene la facultad de imponer la severa

sanción de la eliminación de las alegaciones de una parte. Íd.

      Considerando la normativa expuesta, resolvemos.

                                 IV.

      En el caso de marras, la señora González Quiles recurre ante

una resolución interlocutoria del TPI al disponerse como sanción la

eliminación de sus alegaciones y la anotación de rebeldía. La

peticionaria señaló que el TPI tomó la decisión sin observar el

procedimiento dispuesto por la Regla 39.2 de Procedimiento Civil,

supra, R. 39.2, sin apercibir tanto a la parte como a su

representante legal sobre las consecuencias del incumplimiento y

sin que la parte recurrida haya establecido el perjuicio sufrido tras

los incumplimientos con las órdenes del Tribunal.

      A tenor con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

R.52.1, nos encontramos ante un recurso de certiorari, cuya

expedición se caracteriza por la discrecionalidad.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso ante

nos, resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra

función revisora.
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      De un examen sosegado del expediente del caso ante nuestra

consideración, así como de los trámites ante el hermano foro

primario,   no    atisbamos    error      alguno   que   amerite   nuestra

intervención. De los autos no surge que el TPI haya incurrido en

error, prejuicio, parcialidad o que haya abusado de su discreción al

emitir el dictamen recurrido y sostener la anotación de rebeldía y

eliminación de las alegaciones de la peticionaria. Resulta palmario

que, consistentemente, el TPI apercibió tanto a la señora González

Quiles como a su representante legal sobre las sanciones a las que

estaban expuestos ante sus reiterados incumplimientos con las

órdenes del Tribunal. Ante los múltiples incumplimientos de la

peticionaria y la imposición de sanciones y apercibimientos,

resolvemos que la determinación recurrida es correcta en derecho,

por lo que no debemos intervenir con el criterio del foro primario.

Por cuanto, denegamos el recurso de certiorari solicitado por la

peticionaria.

                                     V.

      Por   los   fundamentos      pormenorizados,        se   deniega   la

expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones