Court Opinion

ID: 9941353
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:22.350936+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:33.878400
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL X

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                          Certiorari
                                                  procedente del
         Peticionario                             Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de Aibonito
               v.                 KLCE202301215
                                                  Crim. Núm.:
                                                  B1VP202300178
 ÁNGEL JULIÁN COLÓN RÍOS
                                                  Sobre:
          Recurrido                               Art. 3.1 Ley 54

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece ante nos El Pueblo de Puerto Rico, representado

por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico (Procurador o

peticionario), mediante Petición de Certiorari y solicita la revisión de

la Resolución Vista Preliminar, Regla 23 de Procedimiento Criminal

emitida el 13 de julio de 2023, notificada el 1 de agosto de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito.

Mediante el aludido dictamen, el foro primario ordenó el archivo del

caso en virtud de la Regla 247 (b) de Procedimiento Criminal1.

       Por    los    fundamentos     que   exponemos   a   continuación,

expedimos el auto de certiorari y revocamos la determinación

recurrida.

                                      I.

       Por hechos ocurridos el 3 de marzo de 2023, en esta misma

fecha, el Ministerio Público presentó una denuncia2 contra el señor

Ángel Julián Colón Ríos (señor Colón Ríos o recurrido) por infracción

al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, conocida

1 34 LPRA Ap. II, R. 247(b).
2 Apéndice del recurso, pág. 1.

Número Identificador
SEN2024__________
KLCE202301215                                                         2

como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica3 (Ley Núm. 54-1989), por presunto maltrato físico y

verbal hacia la señora Isabel Cristina Ortiz Ortiz (señora Ortiz Ortiz),

con quien cohabitó. Tras evaluar la prueba, el foro primario encontró

causa probable para el arresto del recurrido y le impuso una fianza

de $3,000.00.

       Luego de varios incidentes procesales, el 13 de julio de 2023,

se celebró una vista al amparo de la doctrina de Pueblo v. Castellón,

151 DPR 15 (2000), durante la etapa de vista preliminar. La prueba

de la defensa consistió en el testimonio de la señora Ortiz Ortiz.

Además, como prueba documental, se presentó un documento

suscrito por el señor Jaime D. Rosario Gutiérrez (señor Rosario

Gutiérrez), consejero profesional y director del Centro de Consejería

y Servicios Integrales Oasis, LLC, lugar donde alegadamente el señor

Colón Ríos y la señora Ortiz Ortiz tomaron terapias de pareja.

       Luego de las argumentaciones del Ministerio Público y la

defensa, el 13 de julio de 2023, el foro primario, en corte abierta,

ordenó el archivo y sobreseimiento de la denuncia en virtud de la

Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, supra. Inconforme, el

Ministerio Público solicitó reconsideración en corte abierta, la cual

fue denegada. El 1 de agosto de 2023, el foro primario notificó a las

partes una Resolución Vista Preliminar, Regla 23 de Procedimiento

Criminal en la que ordenó el archivo del caso4.

       En desacuerdo, el 15 de agosto de 2023, el Ministerio Público

presentó una Moción de Reconsideración5. Primero, arguyó que

incidió el foro primario en su determinación por entender que no se

demostró que existiera un plan auténtico familiar de ayuda

profesional dirigido a modificar la conducta del recurrido, según

3 8 LPRA sec. 601, et seq.
4 Apéndice del recurso, págs. 3-7.
5 Apéndice del recurso, págs. 8-16.
KLCE202301215                                                           3

requiere la doctrina de Pueblo v. Castellón, supra. Sostuvo que el

solo testimonio de la señora Ortiz Ortiz no podía constituir evidencia

suficiente para que se ordenara el archivo de la causa de acción.

Segundo, alegó que el foro primario, al momento de decretar el

sobreseimiento, no tomó en cuenta la prueba con la que cuenta el

Ministerio Público. Tercero, adujo que la resolución de la vista

preliminar no dispone los fundamentos por los cuales se decretó el

archivo del caso bajo la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal,

supra.

       El 6 de septiembre de 2023, el señor Colón Ríos presentó

Réplica a Moción de Reconsideración6. En esencia, adujo que el TPI

cumplió con las exigencias doctrinales establecidas en Pueblo v.

Castellón, supra. Particularmente, señaló que el Tribunal se cercioró

de que la señora Ortiz Ortiz no tuviera interés en continuar el caso,

así como las razones para ello. Añadió que, el foro primario se

aseguró      de   que   la   testigo   no   dependiera   económica     y/o

emocionalmente del recurrido, la claridad de la testigo en que no

estaba obligada a permanecer en la relación con el recurrido y el

hecho de que las partes buscaron ayuda profesional.

       Así las cosas, el 29 de septiembre de 2023, notificada el 3 de

octubre de 2023, el TPI emitió Resolución7 en la que declaró No Ha

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el Ministerio

Público. En particular, el foro primario determinó lo siguiente:

       […]

              Nuestra determinación obedece a los factores de
       credibilidad que llevaron a este tribunal a determinar el
       archivo de la denuncia y en particular porque el t[é]rmino de
       15 días para presentar la moción de reconsideración había
       transcurrido desde el 28 de julio de 2023. La Resolución de
       Archivo y Sobreseimiento fue dictada en corte abierta el 13
       de julio de 2023, por lo que para la fecha de presentación de
       la moción de reconsideración el 15 de agosto de 2023, el
       término había expirado.
       […]

6 Apéndice del recurso, págs. 17-20.
7 Apéndice del recurso, págs. 21-26.
KLCE202301215                                                                 4

       Inconforme, el 2 de noviembre de 2023, el Procurador

presentó una Petición de Certiorari ante este foro revisor en la que

esbozó los siguientes señalamientos de error:

       El Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que el
       término para reconsiderar de la determinación sobre el
       archivo y sobreseimiento de la denuncia comenzó a
       transcurrir a partir de que se emitió en corte abierta, a pesar
       de que la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal requiere
       expresamente que el tribunal deberá emitir una orden que
       exponga las causas del sobreseimiento.

       El Tribunal de Primera Instancia erró al no emitir una orden
       en la que expresara y/o fundamentara las causas del
       sobreseimiento, según requiere la Regla 247(b) de
       Procedimiento Criminal.

       El Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar el archivo y
       sobreseimiento de la denuncia que imputa delito grave, en
       virtud de la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal,
       utilizando como factor determinante la falta de interés de la
       víctima, a pesar de que no existe, ni siquiera, un plan
       auténtico para establecer una buena convivencia familiar.

       El Tribunal de Primera Instancia erró al admitir en evidencia
       un documento que no fue debidamente autenticado.

       El 7 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos un término de diez (10) días a la parte recurrida para

expresar su posición en torno al recurso. Habiendo transcurrido el

término concedido, sin que la parte recurrida compareciera, damos

por perfeccionado el recurso y procedemos a resolver.

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior8. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial9. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

8 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001), Pueblo v Diaz De León 176 DPR 913 (2009).
9 Íd.
KLCE202301215                                                                 5

para llegar a una conclusión justiciera”10. Empero, el ejercicio de la

discreción      concedida      “no    implica   la    potestad     de   actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”11.

       Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones12, señala los

criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento        impone      que   ejerzamos      nuestra     discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                       -B-

       En el ordenamiento procesal penal, antes de presentar algún

recurso al Tribunal de Apelaciones, las partes pueden presentar

10 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, supra, pág. 91.
11 Íd.
12 4 LPRA XXII-B, R. 40.
KLCE202301215                                                            6

ante el foro primario una moción de reconsideración bajo la Regla

194 de Procedimiento Criminal13. A esos efectos, la referida Regla

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

              Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la
       sentencia o del fallo condenatorio dentro del término
       improrrogable de quince (15) días desde que la sentencia fue
       dictada, el término para radicar el escrito de apelación o de
       certiorari quedará interrumpido y el mismo comenzará a
       partir de la fecha en que se archive en autos la notificación
       de la resolución del tribunal adjudicando la moción de
       reconsideración.

       Como norma general, para que este foro apelativo pueda

revisar una decisión del TPI, “lo esencial es que se acompañe copia

del documento en sí que recoge la decisión de instancia”14. En

Pueblo v. Rodríguez, 157 DPR 288 (2002), nuestro más alto foro

estableció lo siguiente:

       Resolvemos que, como regla general, cuando el tribunal de
       instancia tome una determinación en corte abierta que
       pueda ser objeto de revisión judicial, la parte perjudicada por
       ésta deberá informarle al tribunal, ese mismo día y en corte
       abierta, su propósito de solicitar revisión judicial ante el
       Tribunal de Circuito de Apelaciones [hoy Tribunal de
       Apelaciones]. A su vez, el tribunal de instancia deberá
       ordenar a la Secretaria de Sala que notifique dicha minuta a
       todas las partes de manera oficial. En ese caso, la fecha
       cuando comenzará a transcurrir el término para solicitar
       revisión será obviamente la fecha de la notificación
       oficial de la minuta. Ahora bien, en los casos
       excepcionales en que la parte perjudicada por la
       determinación del tribunal no exprese en dicho momento
       su propósito de solicitar revisión y posteriormente
       decida revisar, la fecha de notificación será la fecha de
       transcripción de la minuta.15 (Énfasis nuestro).

       A su vez, puntualizamos que la notificación correcta de una

resolución dictada en corte abierta está regulada por la Regla 32(b)

de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera

Instancia16. En lo concerniente a la Minuta, la citada norma

establece:

          A. ….
          B. Minutas
          (1) La minuta será el registro oficial de las incidencias
          más importantes ocurridas durante la vista judicial en
          el salón de sesiones y en cámara. La misma será
          preparada conforme con las normas que establezca el

13 34 LPRA Ap. II, R. 194.
14 Pueblo v. Pacheco Armand, 150 DPR 53, 58 (2000).
15 Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 297-298 (2002).
16 4 LPRA Ap. II–B, R. 32(b).
KLCE202301215                                                                  7

          Director Administrativo o la Directora Administrativa
          de los tribunales y será certificada por la Secretaria de
          Servicios a Sala.
               [ ... ]
              La minuta no será notificada a las partes o a sus
          abogados, salvo que incluya una resolución u orden
          emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo
          caso será firmada por el juez o la jueza y notificada
          a las partes. […] (Énfasis nuestro).

       Como surge de la Regla transcrita, la Minuta tiene que ser

firmada por el juez o la jueza para que pueda acogerse como una

resolución u orden revisable por este foro. Es importante que de la

Minuta surja de manera clara e inequívoca el dictamen del tribunal,

según pronunciado en corte abierta, así como la notificación de la

Minuta, aunque no se acompañe el boleto de notificación de

Secretaría y, además, que se recurra a este tribunal dentro del

término dispuesto para ello17.

                                      -C-

       La Regla 247 de Procedimiento Criminal18 establece las

instancias en las que se puede sobreseer o archivar una denuncia o

acusación. Particularmente, el inciso (b) de la Regla 247 reconoce la

facultad del tribunal de sobreseer una denuncia o acusación motu

proprio. El referido inciso dispone lo siguiente:

       […]

       (b) Por el tribunal; orden. Cuando ello sea conveniente para
       los fines de la justicia y previa celebración de vista en la
       cual participará el fiscal, el tribunal podrá decretar el
       sobreseimiento de una acusación o denuncia. Las causas
       de sobreseimiento deberán exponerse en la orden que al
       efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del proceso.
       (Énfasis nuestro).

       […]19

       El inciso (b) de la Regla 247 exige la concurrencia de ciertos

requisitos para que el tribunal pueda ejercer su discreción de

archivar una denuncia o acusación, a saber: (1) la celebración de

17 Pueblo v. Rodríguez, 167 DPR 318 (2006); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, supra.
18 34 LPRA Ap. II, R. 247.
19 34 LPRA Ap. II, R. 247(b).
KLCE202301215                                                                8

una vista en la que participe el Ministerio Público y (2) el

sobreseimiento debe ser “conveniente para los fines de la justicia”20.

         Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que la discreción de

un tribunal de archivar una denuncia o acusación motu proprio es

amplia, pero de ningún modo puede ser absoluta o ilimitada21. El

tribunal debe tomar en consideración los siguientes factores: (1) la

evidencia con la que cuenta el Ministerio Público para establecer su

caso, (2) naturaleza del delito, (3) si el acusado está encarcelado o

ha sido convicto en un caso relacionado o similar, (4) tiempo que el

acusado       lleva   encarcelado,        (5)   posibilidad   de   amenaza   u

hostigamiento, (6) probabilidad de que en el juicio pueda traerse

evidencia nueva o adicional, y (7) si sirve a los mejores intereses de

la sociedad proseguir con los procedimientos22. Además, el tribunal

deberá examinar la naturaleza de la acusación, incluyendo el tipo

de actividad delictiva en cuestión, su seriedad, la frecuencia con que

se archivan casos del mismo tipo y el impacto del sobreseimiento

sobre la administración de la justicia y los derechos del acusado23.

         Aunque los factores antes esbozados constituyen elementos

necesarios a considerar, esto no significa que todos deben concurrir

para que se justifique un archivo24. Incluso, el tribunal puede

considerar otros factores para determinar la procedencia del

sobreseimiento a los fines de crear un balance entre la libertad del

individuo y el interés del Estado en encausar a los responsables de

actos delictivos25.

         En cuanto al requisito de la celebración de una vista, el

Tribunal Supremo ha enfatizado que tanto la defensa como el

Ministerio Público deben tener derecho a expresarse sobre la

20 Pueblo v. Castellón, 151 DPR 15, 21 (2000).
21 Pueblo v. Castellón, supra, pág. 22.
22 Íd.
23 Íd., pág. 23.
24 Íd.
25 Íd.
KLCE202301215                                                            9

decretación de un sobreseimiento26. Aún más, el Tribunal Supremo

señala que la participación del fiscal en esta vista es fundamental27.

Por ello, cuando la víctima del delito ha manifestado su falta de

interés en el caso y el Ministerio Público se opone al archivo del caso,

el tribunal no puede decretar automáticamente el archivo o

sobreseimiento del caso, con las consecuencias que ello acarrea28.

El tribunal debe celebrar una vista y considerar los factores

establecidos por la jurisprudencia, pudiendo considerar la falta de

interés en el caso al analizar si el Ministerio Público cuenta con

evidencia para establecer su caso29.

         En cuanto al segundo requisito a satisfacerse, si el archivo o

sobreseimiento es conveniente “para los fines de la justicia”, el

tribunal debe considerar los factores caso a caso. Por ejemplo, en

casos sobre violaciones a la Ley Núm. 54-1989, supra, no es

conveniente a los fines de la justicia que un tribunal archive

automáticamente la denuncia o acusación, con oposición del

Ministerio Público, cuando la víctima exprese no tener interés en el

caso30.     El     archivo   de   una      denuncia   tomando   en   cuenta

exclusivamente que la víctima no tiene interés en proseguir con el

caso constituye un abuso de discreción31. Antes de decretar un

archivo de un caso por violaciones a la Ley Núm. 54-1989, supra, el

tribunal debe celebrar una vista con la participación del fiscal y

considerar los factores previamente señalados32.

                                          -D-

         Por otro lado, en el ámbito del derecho probatorio, para que

una prueba pueda ser admisible en evidencia debe ser pertinente33.

26 Íd.
27 Íd.
28 Íd., pág. 26.
29 Íd.
30 Pueblo v. Castellón, supra, pág. 28.
31 Íd.
32 Íd.
33 32 LPRA Ap. VI, R. 402.
KLCE202301215                                                            10

“La evidencia pertinente es aquella que tiende a aumentar o

disminuir la probabilidad de la existencia de un hecho que tiene

consecuencias para la adjudicación de la acción”34. Como regla

general, la evidencia pertinente es admisible en evidencia35. Ahora

bien, para que la evidencia pertinente pueda ser admitida, esta debe

ser autenticada. En otras palabras, toda prueba que se presente con

el propósito de que se admita en evidencia, deberá ser autenticada,

excepto aquellas que están exceptuadas por las Reglas de

Evidencia36.

        Este proceso de autenticación de la prueba está regulado,

específicamente, por las Reglas 901 a la 903 de las referidas reglas.

En lo pertinente, la Regla 901 dispone:

        Regla 901. Requisito de autenticación o identificación

        (A) El requisito de autenticación o identificación como una
            condición previa a la admisibilidad se satisface con la
            presentación de evidencia suficiente para sostener una
            determinación de que la materia en cuestión es lo que la
            persona proponente sostiene.

          […]37

        Para satisfacer este requisito básico de autenticación, el inciso

(b) de la citada regla dispone, a modo de ejemplo, una serie de

medios que son suficientes para la autenticación de prueba,

incluyendo documentos. En lo que concierne a este caso, la Regla

901 (B) indica:

        (B) De conformidad con los requisitos del inciso (A) de esta
            Regla y sin que se interprete como una limitación, son
            ejemplos de autenticación o identificación los siguientes:
               (1) Testimonio por testigo con conocimiento
                   Testimonio de que una cosa es lo que se alega
                   […]38

34 Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 43 (2017).
35 Íd. a la pág. 44.
36 32 LPRA Ap. VI.
37 32 LPRA Ap. VI, R. 901.
38 32 LPRA Ap. VI, R. 901.
KLCE202301215                                                        11

                                      III.

       Como      cuestión     de     umbral   atenderemos   el   primer

señalamiento de error, en el que el Procurador aduce que incidió el

foro primario al concluir que el término para reconsiderar la

determinación sobre el archivo y sobreseimiento del caso al amparo

de la Regla 247(b) de las de Procedimiento Criminal, supra, comenzó

a transcurrir a partir de que se emitió en corte abierta el 13 de julio

de 2023.

       Según expresáramos, el 13 de julio de 2023, el TPI celebró una

vista al amparo de la doctrina de Pueblo v. Castellón, supra, durante

la etapa de vista preliminar. En esta misma fecha, el TPI emitió

verbalmente en corte abierta la determinación. Dicho dictamen, se

redujo a escrito y fue notificado a las partes el 1 de agosto de 2023

mediante Resolución Vista Preliminar, Regla 23 de Procedimiento

Criminal. Oportunamente, el 15 de agosto de 2023, el Ministerio

Público presentó por escrito una Moción de Reconsideración39, la

cual fue denegada.

       La Resolución Vista Preliminar, Regla 23 de Procedimiento

Criminal es la única determinación por escrito en la que consta el

archivo y sobreseimiento del caso. Del expediente ante nuestra

consideración, no se desprende que el TPI haya notificado a las

partes alguna minuta que incluyera una resolución u orden emitida

por la jueza en corte abierta. Ante esas circunstancias, es preciso

señalar que el término para solicitar reconsideración del dictamen

emitido en corte abierta comenzó a transcurrir al día siguiente en

que el TPI hizo constar por escrito su determinación y la notificó a

las partes. Por tanto, erró el TPI al denegar la moción de

reconsideración bajo el fundamento de que el término de quince (15)

días para presentar la moción de reconsideración había transcurrido

39 Véase apéndice del recurso, págs. 8-16.
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desde el 28 de julio de 2023 por haber emitido el dictamen en corte

abierta el 13 de julio de 2023.

       Con relación al segundo y tercer señalamiento de error, los

discutiremos       de    forma    conjunta   por   estar   estrechamente

relacionados. En síntesis, el Procurador alega que cometió error el

TPI al no emitir una orden en la que fundamentara las causas del

sobreseimiento, según requiere la Regla 247(b) de Procedimiento

Criminal, supra. Además, señala que incidió el foro primario al

ordenar el archivo y sobreseimiento de la denuncia utilizando como

factor determinante la falta de interés de la víctima.

       En el caso de autos, el 1 de agosto de 2023, el foro primario

notificó la Resolución Vista Preliminar, Regla 23 de Procedimiento

Criminal en la que ordenó el archivo del caso al amparo de la Regla

247(b) de las de Procedimiento Criminal, supra. No obstante, el foro

primario no incluyó expresamente los fundamentos que tuvo para

archivar la denuncia, solo se limitó a escribir “Archivo bajo la Regla

247(B) P. C.”40. La Regla 247(b), supra, dispone claramente que “[l]as

causas de sobreseimiento deberán exponerse en la orden que al

efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del proceso”41. Por

tanto, incidió el TPI al no consignar las razones que tuvo para dictar

el sobreseimiento.

       Por otro lado, conforme a la normativa antes citada, la

celebración de una vista al amparo de la referida Regla 247(b) de

Procedimiento Criminal, supra, sirve para sopesar todos los factores

esbozados por la jurisprudencia y tomar una determinación bajo un

análisis completo. Asimismo, en casos sobre violaciones a la Ley

Núm. 54-1989, supra, es preciso examinar la naturaleza de la

denuncia o acusación y el impacto que puede tener sobre la víctima

el sobreseimiento de esta.

40 Véase apéndice del recurso, pág. 7.
41 34 LPRA Ap. II, R. 247(b).
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       A la luz de la normativa jurídica aplicable, nos adentramos a

escuchar la regrabación de la vista celebrada el 13 de julio de 2023,

con el propósito de corroborar si el foro primario realizó su

determinación conforme a la doctrina de Pueblo v. Castellón, supra.

Tras un análisis minucioso, encontramos que la determinación del

caso de autos fue hecha como resultado únicamente del testimonio

de la señora Ortiz Ortiz. Aunque el foro recurrido reconoció que

hubo un incidente de violencia doméstica entre el recurrido y la

señora Ortiz Ortiz, concluyó que por su testimonio entendía que el

caso no prosperaría en una etapa posterior 42, esto, sin examinar la

prueba con la que cuenta el Ministerio Público, nada más lejano a

lo contemplado por nuestro ordenamiento.

       Nuestro Tribunal Supremo ha establecido claramente que:

       [C]uando el Ministerio Público manifiesta su oposición
       al     archivo     del    caso,    no     procede      decretar
       automáticamente el archivo o sobreseimiento de un
       caso, con las consecuencias que ello acarrea, por razón de
       que la víctima del delito ha manifestado su falta de interés
       en el caso. En dichos casos procede que el tribunal
       celebre una vista y considere los factores esbozados en la
       opinión. En la vista, el tribunal sí puede considerar la falta
       de interés en el caso, en el contexto del análisis de uno de los
       factores que señalamos que el tribunal debe considerar antes
       de sobreseer una denuncia o acusación. Esto es, al analizar
       si el Ministerio Público cuenta con evidencia para establecer
       su caso.43 (Énfasis nuestro).

       En el caso de epígrafe, el Ministerio Público manifestó su

oposición al archivo o sobreseimiento y expresó tener prueba

adicional contra el recurrido44.

       En virtud de lo anterior, consideramos que una vista al

amparo de la doctrina de Pueblo v. Castellón, supra, durante la etapa

de vista preliminar no puede sustituir el cumplimiento de la

celebración de una vista bajo la Regla 247(b) de Procedimiento

Criminal, supra. El foro primario debió señalar la celebración de la

vista al amparo de la referida Regla antes de ordenar el archivo del

42 Regrabación de la vista del 13 de julio de 2023, minuto 40:10-40:38.
43 Pueblo v. Castellón, supra, pág. 26.
44 Regrabación de la vista del 13 de julio de 2023, minuto 41:05-41:42.
KLCE202301215                                                                14

caso. Por tanto, concluimos que el segundo y tercer señalamiento de

error fueron cometidos.

       Por último, mediante el cuarto señalamiento de error, el

Procurador arguye que incidió el TPI al admitir en evidencia el

documento suscrito por el señor Rosario Gutiérrez, por no haber

sido debidamente autenticado. Particularmente, alega que el señor

Rosario Gutiérrez no fue parte de la prueba testifical presentada por

la defensa y el testimonio de la señora Ortiz Ortiz era insuficiente

para autenticar el documento.

       Según surge de la prueba de autos, durante la vista celebrada

el 13 de julio de 2023, la defensa del señor Colón Ríos mostró un

documento a la señora Ortiz Ortiz, el cual se alega fue suscrito por

el señor Rosario Gutiérrez45. A preguntas de la defensa, la señora

Ortiz Ortiz testificó que reconocía el documento por el apellido de la

persona que le brindó las clases y por los temas de las clases46.

Asimismo, indicó que reconocía el documento porque el señor

Rosario Gutiérrez se lo entregó al finalizar las clases47. Sin embargo,

a preguntas del Ministerio Público, la señora Ortiz Ortiz manifestó

que no recordaba en qué fecha se le entregó el documento, ni

muchas de las cosas que contiene el documento48. El Ministerio

Público objetó la admisión del documento en cuestión, pero el

tribunal lo admitió en evidencia como Exhibit 1 de la defensa.

       Por todo lo anterior, somos del criterio que al admitir en

evidencia el referido documento, sin suficiente autenticación y sobre

la objeción del Ministerio Público, el TPI cometió el cuarto error

señalado.

45 Véase apéndice del recurso, pág. 27. Del contenido del documento en cuestión

se desprende que presuntamente el señor Colón Ríos y la señora Ortiz Ortiz
completaron un proceso terapéutico dirigido a brindar herramientas y desarrollar
estrategias que fortalezcan su relación de pareja.
46 Regrabación de la vista del 13 de julio de 2023, minuto 17:50-18:07.
47 Regrabación de la vista del 13 de julio de 2023, minuto 18:10-18:22.
48 Regrabación de la vista del 13 de julio de 2023, minuto 18:50-19:53.
KLCE202301215                                                            15

       En síntesis, el TPI incumplió con los requisitos de la Regla

247(b) de Procedimiento Criminal49, al no celebrar la vista

contemplada en dicha regla y basar su determinación únicamente

en las manifestaciones de la testigo y víctima del caso, la señora

Ortiz Ortiz. Colegimos que el foro primario abusó de su discreción al

ordenar en corte abierta el sobreseimiento del caso, por ello no ser

conveniente a los fines de la justicia. Recordemos que la

discreción de un tribunal de archivar una denuncia o acusación

motu proprio es amplia, pero nunca absoluta o ilimitada50. En

consecuencia, determinamos que el archivo del caso bajo la Regla

247(b) de Procedimiento Criminal, supra, es contrario a derecho.

                                          IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari    y    revocamos         la     determinación   recurrida.   En

consecuencia, devolvemos el caso al foro recurrido para la

continuación de los procedimientos.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

49 34 LPRA Ap. II, R. 247(b).
50 Pueblo v. Castellón, supra, pág. 22.