Court Opinion

ID: 9952247
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:33:14.423539+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:18.443670
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

                                                            APELACIÓN
                                                            procedente del
    YERIEL M. MARRERO                                       Tribunal de
    ROLÓN                                                   Primera
                                                            Instancia, Sala
    Apelante                                                Superior de
                                              KLAN202301044 Arecibo
                 v.

    PATRICIA VÁZQUEZ                                                     Civil Núm.:
    CINTRÓN                                                              AR2023RF00102
    Apelada
                                                                         Sobre:
                                                                         Custodia-
                                                                         Monoparental o
                                                                         compartida
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Cruz
Hiraldo y la Jueza Boria Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

         Comparece ante nos el señor Yeriel Moisés Marrero Rolón (señor

Marrero Rolón o apelante) y nos solicita revocar una Sentencia emitida

el 3 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo (TPI).1 En virtud del aludido dictamen, el TPI

archivó la petición de custodia monoparental sobre la menor de edad

que el señor Marrero Rolón procreó con la señora Patricia Vázquez

Cintrón (señora Vázquez Cintrón o apelada) por falta de jurisdicción al

determinar que el apelante podía presentar una solicitud de

intervención en el caso promovido por el Departamento de la Familia.

         Por    los    fundamentos           que      esbozamos         a    continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

         Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen

nuestra determinación.

1
 Apéndice de Apelación, Anejo 1, págs. 1-3. Archivada y notificada en autos el 5 de octubre de
2023. El 20 de octubre de 2023, el señor Marrero Rolón solicitó Reconsideración, pero el TPI se
declaró No Ha Lugar mediante una Resolución emitida el 20 de octubre de 2023, notificada el 24
de octubre de 2023.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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           El caso de autos dimanó el 14 de febrero de 2023, cuando el

señor Marrero Rolón presentó una Moción sobre custodia, relaciones

filiales o patria potestad contra la señora Vázquez Cintrón.2 Adujo que,

durante el embarazo, la apelada utilizó cannabis, validado por unas

pruebas de dopaje realizadas a la madre y a la menor al momento del

alumbramiento. Alegó que esta circunstancia le provocó problemas

respiratorios           a    la   menor,   requiriendo         prolongar    su   estancia

hospitalaria. A su vez, estableció que, desde el 24 de enero del 2023,

fecha en que su hija egresó del hospital, el Departamento de la Familia

le concedió su custodia provisional. Además, sostuvo que, a raíz de los

resultados de las pruebas de dopaje, la señora Vázquez Cintrón le

envió un mensaje con ideas suicidas, por lo que fue recluida a un

hospital psiquiátrico. Esgrimió que la señora Vázquez Cintrón ha

intentado lactar a la menor sin evidenciar un resultado negativo de la

prueba de dopaje ni indicar los medicamentos que le recetaron en el

hospital psiquiátrico. Expresó que la falta de comprensión y

comunicación efectiva por parte de la apelada provocó un ambiente

negativo, estresante y preocupante respecto a la salud y seguridad de

su hija recién nacida. Por ello, solicitó la custodia y patria potestad de

la menor, que se autorice las relaciones filiales de la señora Vázquez

Cintrón y que la apelada se practique pruebas de dopaje cada dos (2)

meses, así como cualquier otro pronunciamiento conforme a derecho.

           Tras       varias       incidencias         procesales   que    no    ameritan

pormenorizarse, el 20 de abril de 2023, la señora Vázquez Cintrón

presentó una Contestación a moción sobre custodia, relaciones filiales

o patria potestad.3 Mediante esta, arguyó que, al momento del

nacimiento de la menor, atravesó una depresión. Además, subrayó

que, desde el 14 de febrero de 2023, se le otorgó la custodia física de

2
    Íd., Anejo 4, en las págs. 11-18.
3
    Íd., Anejo 6, en las págs. 20-21.
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la menor, suple sus necesidades, le brinda protección, la lleva a recibir

atención pediátrica y mantiene al día todos sus asuntos. Manifestó que

el señor Marrero Rolón conserva las relaciones paternofiliales con la

menor. Por otra parte, reconvino a los fines de reconocer jurídicamente

la custodia de su hija, en vista de que la lacta.

         Por su parte, el 5 de junio de 2023, el apelante contestó la

reconvención.4 En esta, discutió que, a pesar de que le entregó la

custodia de su hija a la señora Vázquez Cintrón, tenía su custodia

provisional en vista de que el Departamento de la Familia solicitó la

remoción y custodia de emergencia de la menor en el caso

AR2023MM0015 sobre maltrato. En respuesta a la solicitud de

custodia de la apelada, el apelante se opuso dado que, a su entender,

la menor estaba en peligro por la falta de capacidad de la señora

Vázquez Cintrón. En igual fecha, el señor Marrero Rolón presentó una

Moción para solicitar la custodia monoparental de su hija y el relevo de

la pensión alimentaria fijada el 10 de mayo de 2023 por el Examinador

de Pensiones Alimentarias, debido a que posee la custodia provisional

de la menor desde el 22 de mayo de 2023.5

         El 11 de julio de 2023, la señora Vázquez Cintrón solicitó

desestimar la solicitud del apelante dado que el Departamento de la

Familia instó una acción de custodia de la menor en otra sala del

tribunal y dicha agencia posee la custodia provisional de su hija.

         El 8 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución en la que

dejó sin efecto la pensión alimentaria fijada al señor Marrero Rolón y

ordenó que se le notificara la determinación de la vista de ratificación

de custodia en el caso entablado por el Departamento de la Familia.6

         El 27 de septiembre de 2023, el apelante presentó una Moción

reiterando solicitud de custodia.7 Indicó que solicitó la custodia

4
  Íd., Anejo 8, en las págs. 23-24.
5
  Apéndice de Apelación, Anejo 9, en las págs. 25-27.
6
  Íd., Anejo 11, en la pág. 30. Archivada y notificada en autos el 11 de agosto de 2023.
7
  Íd., Anejo 12, en las págs. 31-32.
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monoparental de modo independiente a la custodia provisional

concedida en el caso promovido por el Departamento de la Familia.

Además, solicitó continuar con el caso y ordenar a la Unidad de

Relaciones de Familia a realizar un estudio social.

           El 3 de octubre de 2023, el TPI emitió una Sentencia en la que

aseveró         que      tomó       conocimiento           judicial      que      en      el   caso

AR2023MM00015, el TPI ratificó la remoción de la custodia de la

menor.8 Por ello, resolvió que procedía el archivo del caso por falta de

jurisdicción dado que el señor Marrero Rolón podía solicitar

intervención en dicho caso promovido por el Departamento de la

Familia para establecer su reclamo de custodia permanente.

           Insatisfecho, el 20 de octubre de 2023, el apelante presentó una

Moción de reconsideración. Planteó que, en el caso promovido por el

Departamento de la Familia, la prioridad del TPI era la reunificación

familiar de la menor con su madre, pero no así su reclamo de custodia

permanente. Por cuanto, solicitó que el TPI dirima sobre la custodia de

su hija en un caso separado. Sin embargo, en igual fecha, el Foro

Primario emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la

reconsideración.9

           No conforme con la determinación del TPI, el 21 de noviembre

de 2023, el señor Marrero Rolón acudió ante nos mediante el presente

recurso de apelación y le atribuyó al TPI la comisión del siguiente error:

           ERRÓ EL TPI, SALA DE ARECIBO AL DECLARARSE SIN
           JURISDICCIÓN Y ARCHIVAR EL PLEITO DE CUSTODIA
           AL [AMPARO] DEL C[Ó]DIGO CIVIL ENTRE PARTE[S]
           PRIVADAS, REMITIENDO AL APELANTE A UN PLEITO
           DE MALTRATO DE MENORES DONDE ÉSTE NO ES
           PARTE NI LE HAN PERMITIDO INTERVENIR.

           En esencia, el apelante nos solicitó revocar la Sentencia emitida

en el TPI y ordenar al Foro Primario a continuar con los procedimientos

judiciales. Nos planteó que la finalidad del caso promovido por el

8
    Íd., Anejo 1, págs. 1-3. Archivada y notificada en autos el 5 de octubre de 2023.
9
    Íd., Anejo 3, págs. 9-10. Archivada y notificada en autos el 24 de octubre de 2023.
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Departamento de la Familia es la prevención y preservación de la

unidad familiar y proveerle servicios a la madre para mejorar sus

destrezas de crianza, no la ventilación de un caso de custodia

permanente. Por otro lado, arguyó que no se le permitió la intervención

en dicho caso, sino que el Departamento de la Familia lo utilizó como

un recurso familiar para tener la custodia provisional de la menor y

que entendió que era final con la sentencia de ratificación de custodia.

Por ello, puntualizó que la acción que motivó este recurso radicó en

una demanda ordinaria de custodia y patria potestad, que no está

relacionada al maltrato ni a la remoción de la menor. Especificó que el

TPI debe ordenar la correspondiente investigación en la Oficina de

Relaciones de Familia, permitir el descubrimiento de prueba

correspondiente y aquilatar prueba para determinar cuál progenitor

puede proteger el mejor interés de la menor.

      Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia emitida el 6 de

febrero de 2024 por esta Curia mediante el recurso KLCE202400099.

En virtud del referido dictamen, un panel hermano revocó la

determinación del TPI en denegar la solicitud de intervención del señor

Marrero Rolón para intervenir en el caso promovido por el

Departamento de la Familia. En consecuencia, esta Curia autorizó la

intervención del apelante, a tenor con el mejor interés de la menor.

      En su comparecencia, la señora Vázquez Cintrón adujo que

tanto el caso de marras como el promovido por el Departamento de la

Familia versan sobre la custodia de la menor. Arguyó que dado que el

Departamento de la Familia ostenta la custodia provisional de la

menor, este caso resulta académico, por lo que cualquier sentencia

dictada constituirá una opinión consultiva.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

exponemos la normativa jurídica atinente a este recurso.
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                                  -A-

      Las controversias relacionadas al bienestar de un menor están

revestidas del más alto interés público. Pueblo en interés de los

menores RPS, MPS y CJNS, 134 DPR 123 (1993). Pues, en Puerto Rico

existe una clara política pública de velar por el bienestar y los

mejores intereses de los menores de edad. Pena v. Pena, 152 DPR

820, (2000); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 104

(1976); R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y

Legislación Comparada, Vol. II, San Juan, Programa de EJC de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2002, pág. 1310. En

este sentido, “el Estado tiene un deber de parens patriae que en

ocasiones es superior a los derechos de patria potestad, custodia y

relaciones filiales que los padres tienen sobre sus hijos menores de

edad”. Depto. Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 787 (2013)

(Hernández Denton, opinión de conformidad). Por otro lado, “el poder

de parens patriae limita los derechos de otras partes, a fin de

salvaguardar el bienestar de los menores de edad, quienes no pueden

abogar por los suyos. Es la función social y legal que el Estado asume

y ejerce, en cumplimiento de su deber de brindar protección a los

sectores más débiles de la sociedad”. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16,

27-28 (2005). Así que, cualquier pleito en el que disputan intereses

ajenos y de un menor, el tribunal resolverá a favor del menor. Íd., en

la pág. 28.

      Por todo ello, las decisiones sobre la custodia y patria potestad

de un menor deben determinarse tras un análisis objetivo, sereno y

cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el caso, con el

único propósito de velar por el mejor interés del menor de edad. Íd., en

las págs. 26-27; Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298,

301 (1985); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra; R. Serrano Geyls,

op. cit., en la pág. 1326.
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      En su poder de parens patriae, el Estado tiene la autoridad de

proteger a los menores de edad cuando se convierten en víctimas de

maltrato. Depto. Familia v. Cacho González, supra, (Hernández

Denton, opinión de conformidad); Rivera Báez, ex parte, 170 DPR

678, 697 (2007). “Cónsono con ello, a través de los años se han

adoptado varios estatutos cuyo norte es asegurar la seguridad y el

mejor bienestar de los menores y facilitar la intervención del Estado

en casos de maltrato”. Depto. Familia v. Cacho González, supra,

(Hernández Denton, opinión de conformidad).

      Al respecto, la Asamblea Legislativa creó la Ley para prevención

del maltrato, preservación de la unidad familiar y para la seguridad,

bienestar y protección de los menores, Ley Núm. 57-2023, 8 LPRA sec.

1641 et seq. (Ley Núm. 57), la cual derogó la Ley Núm. 246-2011,

conocida como la Ley para la seguridad, bienestar y protección de

menores. En la exposición de motivos de la aludida Ley Núm. 57 se

dispone:

      [L]a remoción de un menor de edad de su hogar e
      inserción en el sistema de cuidado sustituto como
      primera alternativa para atajar una situación que
      atente contra su seguridad puede causarle un trauma
      adicional. Es por lo que el Gobierno no puede esperar a
      que un menor sea víctima de maltrato o negligencia
      para intervenir y tratar de remediar la situación. Por
      ende, la mejor política requiere que el enfoque, como
      primera alternativa, sea la prevención del maltrato y
      negligencia, así como la preservación de la unidad
      familiar por medio de una intervención temprana con
      familias donde exista un riesgo de esta índole para el
      menor, y por medio de la provisión de servicios a estos
      de consejería, tratamiento, educación, entre otros, que
      sean basados en evidencia e informados en trauma. Lo
      anterior es factible siempre y cuando la permanencia
      del menor con su familia garantice su seguridad y mejor
      bienestar.

      Este enfoque en la intervención temprana y en la
      preservación de la familia, cuenta con el aval de la
      comunidad científica y de expertos en asuntos de salud
      mental y desarrollo humano. Separar a los niños de sus
      familias representa un evento traumático y puede tener
      efectos negativos duraderos. […]
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      A tenor con lo anterior, dicho estatuto dispuso un procedimiento

al Departamento de la Familia, con el enfoque de brindar unos planes

de servicios, preservación o seguridad y permanencia para asegurar la

protección, seguridad y el bienestar del menor de edad. Íd., secs. 1664,

1665, 1669. Este estatuto está orientado a la realización de esfuerzos

razonables para promover la reunificación familiar con la familia que

se removió. Empero, cuando tal reunificación familiar no resultará en

el mejor bienestar, salud y seguridad para el menor, el Departamento

de la Familia iniciará un procedimiento de privación de custodia o

patria potestad, sin necesidad de radicar un caso judicial separado.

Íd., secs. 1698, 1712. Véase Depto. Familia v. Cacho González, supra,

en la pág. 789 (Hernández Denton, opinión de conformidad). Una

vez el tribunal determine que procede remover al menor del hogar

donde se removió, dicho estatuto provee para que el Departamento

de la Familia desarrolle un plan de permanencia que puede incluir

la reunificación familiar, la terminación de la patria potestad para

que el menor sea adoptado, la ubicación permanente del menor con

un recurso familiar, entre otros remedios en aras de promover el

mejor bienestar para el menor de edad. Artículo 3 de la Ley Núm. 57,

supra, sec. 1643 Artículo 17 de la Ley Núm. 57, supra, sec. 1669;

Rivera Báez, ex parte, supra, en la pág. 701.

      Por otro lado, cuando se radica una demanda ordinaria de

custodia en la que se alegue maltrato, el Artículo 26 de la Ley Núm.

57, supra, sec. 1692, estableció lo siguiente:

      En los casos donde se presenten alegaciones de
      maltrato bajo una demanda ordinaria de custodia, el
      tribunal celebrará, dentro de un plazo no mayor de
      quince (15) días contados a partir de la fecha de
      radicación de la contestación a la demanda, o demanda
      enmendada, una vista para determinar si procede
      ordenar alguna medida provisional de las establecidas
      en el presente capítulo, luego de evaluar la prueba del
      alegado maltrato. Si la medida provisional tomada por
      el tribunal ordena la remoción de un menor y la entrega
      de la custodia provisional de emergencia al Estado, por
      conducto del Departamento de la Familia, el caso dejará
      de ser un pleito ordinario de custodia y se convertirá en
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      un procedimiento de protección a menores a tenor con
      las disposiciones de esta ley y será remitido para su
      atención a la sala especializada y con competencia para
      dichos casos. Una vez atendido y resuelto el caso de
      protección a menores por la sala especializada del
      tribunal, nada impedirá que se puedan continuar con
      los demás asuntos ordinarios de custodia en la Sala de
      Relaciones de Familia del Tribunal.

      En ninguna circunstancia se entenderá de manera
      restrictiva que las alegaciones sobre maltrato o
      negligencia contra un menor se limitan exclusivamente
      a las presentadas mediante las alegaciones iniciales. En
      cualquier etapa del proceso judicial de custodia podrán
      presentarse alegaciones ante cualquier situación de
      maltrato o negligencia contra un menor. Como parte de
      las disposiciones contenidas en este Artículo, el
      tribunal, mediante citación, podrá requerir la
      participación del Departamento de la Familia y del
      Procurador de Asuntos de Familia a la vista. Además,
      se requerirá la presentación de un informe del
      Trabajador Social, similar al que se presenta en una
      vista de custodia de emergencia o un documento
      debidamente juramentado, sobre el alegado maltrato o
      negligencia a ser utilizado por el foro judicial en su
      proceso evaluación con relación a los procedimientos
      ante su consideración.

      En un caso análogo, en Estrella, Monge, v. Figueroa Guerra, 170

DPR 644 (2007), el máximo foro judicial determinó que se le debía

otorgar preeminencia a la ley de maltrato de menores sobre la ley de

adopción. Pues, aunque ambos estatutos tienen el objetivo de velar por

el mejor bienestar de los menores de edad, recorren senderos distintos:

“una pretende fomentar en lo posible la reunificación familiar en casos

de maltrato, mientras que la otra persigue romper con los lazos

biológicos en aras del menor bienestar del menor”. Íd., en la pág. 672.

Por ello, el Tribunal Supremo resolvió que se debía desestimar sin

perjuicio la demanda de adopción, en lo que se concluía los esfuerzos

razonables requeridos por la ley de maltrato, en aras de evitar un

fracaso a la política pública en favor de la reunificación familiar. De

forma similar se resolvió en Rivera Báez, ex parte, caso en el que el

Tribunal Supremo desestimó la demanda sobre custodia y adopción

radicada por unos abuelos. El Tribunal determinó que primero se

debía culminar el procedimiento de maltrato para comenzar un caso

de adopción, con el objetivo de que se salvaguarde la facultad del
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Departamento de la Familia en decidir cuándo la adopción es la

opción adecuada para un menor de edad bajo su custodia. De esta

forma, se evitó que las personas que incoaron un procedimiento

separado     soslayaran      el     procedimiento      dispuesto     para    el

Departamento de la Familia e impidan que dicha agencia ejerza su

autoridad como custodio y tutor del menor de edad en cuestión. Íd.,

en las págs. 714-715. Más importante aún, el Tribunal determinó:

      [No] podemos olvidar que la decisión final en todo
      proceso en el cual el Estado remueve a un menor de
      su hogar debe ser producto de un análisis
      ponderado que tome en cuenta los intereses del
      menor y los recursos disponibles para su cuidado. Si
      elaboramos un sistema en el que cualquier parte
      interesada puede presentar sucesivas peticiones de
      adopción y custodia como si este proceso fuese una
      especie de subasta que se adjudica al mejor postor,
      estaríamos socavando los propósitos de la Ley […]
      sobre maltrato de menores, estatuto que busca
      proteger los intereses del menor y asegurar que se
      adopte el plan de permanencia más apropiado para
      éste. Íd., en la pág. 715. (Énfasis nuestro).

                                      -III-

      En el caso de marras, el señor Marrero Rolón nos expuso que el

TPI cometió un error al declararse sin jurisdicción y archivar la

demanda ordinaria de custodia dado que en el caso de maltrato

promovido por el Departamento de la Familia no se le ha permitido ser

parte ni intervenir para reclamar la custodia de su hija. En esencia, el

apelante nos peticionó restituir una demanda ordinaria de custodia de

su hija, la cual fue incoada ante unas alegaciones de maltrato

presuntamente incurridas por la señora Vázquez Cintrón, para que

dicho procedimiento judicial transcurra de forma simultánea al caso

incoado por el Departamento de la Familia.

      Tras   un   análisis        objetivo    y   cuidadoso    de   todas   las

circunstancias presentes en el caso, con el único propósito de velar por

el mejor interés de la menor de edad, confirmamos la determinación

del TPI. Nuestra evaluación del expediente nos lleva a concluir

forzosamente que el mejor interés de la menor está protegido en el caso
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incoado por el Departamento de la Familia bajo la ley de maltrato.

Nótese que dicha agencia ostenta la custodia legal de la menor, el señor

Marrero Rolón mantiene su custodia provisional y el TPI tiene ante sí

todos los elementos necesarios para tomar una decisión que resguarde

la seguridad, el bienestar y la protección de la menor de edad, por tener

la intervención de ambos progenitores, el personal del Departamento

de la Familia y la Procuradora de Familia en un solo procedimiento

judicial. Adviértase que tomamos conocimiento judicial que un panel

hermano autorizó la intervención del señor Marrero Rolón al caso

incoado por el Departamento de la Familia, por lo que podrá hacer su

reclamo sobre la custodia de su hija. Véase KLCE202400099. A pesar

de que el procedimiento bajo el caso incoado por el Departamento de

la Familia está orientado a la realización de esfuerzos razonables para

promover la reunificación familiar con la apelada, si el Tribunal

determina que tal reunificación familiar no resultara en el mejor

bienestar, salud y seguridad para la menor, no se descarta que la

agencia inicie un procedimiento de privación de custodia o patria

potestad de la señora Vázquez Cintrón.

      Por todo lo anterior, entrevemos prudente el archivo sin

perjuicio de la demanda ordinaria sobre custodia instada por el señor

Marrero Rolón.

                                  -IV-

      Por las razones antes expuestas, confirmamos la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones