Court Opinion

ID: 9952407
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:49:37.542262+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:17.107754
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I

CONSEJO DE TITULARES               Apelación
CONDOMINIO ESTANCIAS               Procedente del
DE ARAGÓN POR                      Tribunal de Primera
CONDUCTO DE LA JUNTA               Instancia, Sala
DE DIRECTORES DEL                  Superior de Ponce
CONDOMINIO ESTANCIAS KLAN202301089
DE ARAGÓN

           Apelante                                       Civil Núm.:
                                                          PO2020CV01580

               V.

                                                          Sobre:
JUAN W. HOWE                                              INJUNCTION
HERNÁNDEZ                                                 PRELIMINAR;
                                                          SENTENCIA
            Apelado                                       DECLARATORIA;
                                                          LEY DE
                                                          CONDOMINIOS;
                                                          DAÑOS Y
                                                          PERJUICIOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

                                       I.

       El 4 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares del

Condominio Estancias de Aragón (Consejo de Titulares o parte

apelante) presentó una Apelación ante nos en la que solicita que

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce, (TPI) el 15 de septiembre de 2023

y notificada y archivada en autos ese mismo día.1 Mediante este

dictamen, se desestimó una Demanda en reclamo de injunction

preliminar, sentencia declaratoria, y daños y perjuicios promovida

por el Consejo de Titulares en contra del señor Juan W. Howe

1 Apéndice de la Apelación, Anejo XLIII, págs. 178-189.

Número Identificador
SEN2023________________
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Hernández (señor Howe Hernández o apelado).2 Además, le ordenó

a la parte apelante el pago de costas, gastos de los procedimientos y

la suma de $1,000 en concepto de honorarios de abogado.

        El 4 de diciembre de 2023, la parte apelante radicó una Moción

Solicitando que se Emita Resolución al Amparo de la Regla 16(E)(2)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Por medio

de esta, solicitó un término de quince (15) días adicionales para

presentar el apéndice del recurso de apelación.

        El 6 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución por la

cual le concedimos a la parte apelante un término final de diez (10)

días para cumplir con ello. Además, otorgamos al apelado hasta el

4 de enero de 2024 para presentar el alegato en oposición.

        El 8 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares radicó una

Moción en Cumplimiento de Resolución al Amparo de la Regla 16 (E)(2)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por la cual

presentó el aludido apéndice.

        El 8 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó una

Moción Solicitando Prórroga para presentar su Alegato en Oposición.

        Mediante Resolución, el 9 de enero de 2024, le concedimos al

apelado el término final del 19 de enero de 2024 para presentar su

respectiva oposición.

        El 25 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó un

Alegato en Oposición y en Cumplimiento de Orden mediante el cual

planteó los mismos argumentos presentados ante el TPI; esto es, que

la Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de

Sentencia incumple con las Reglas 47 y 49 de Procedimiento de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47 y R. 49; el Consejo de

Titulares no ostenta legitimación activa ya que las alegaciones de la

Demanda están relacionadas a titulares y terceros ajenos al

2 Íd., Anejo II, págs. 3-32.
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condominio; la parte apelante no ha acreditado el aval del Consejo

de Titulares para la presentación del caso de autos; y el caso de

autos es frívolo.

        Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso, y pormenorizamos los hechos

procesales atinentes a la Apelación.

                                       II.

        El caso de marras tiene su génesis el 30 de septiembre de

2020 cuando el Consejo de Titulares, por conducto de la Presidenta

de la Junta de Directores, Sra. Noemí Beltrán Soto (Lcda. Beltrán),

presentó la presente Demanda en contra del señor Howe

Hernández.3 En el mismo se alega que el 9 de mayo de 2014 el señor

Howe Hernández estipuló con el señor Marcelino Molina Pérez,

guardia de seguridad del condominio, lo siguiente:

              [O]frecer una disculpa al peticionario (Marcelino
        Molina Pérez) y al Presidente de la Junta (Dr. Luis Raúl
        Sánchez Peraza) del Condominio (Estancias de Aragón);
        no fotografiar vehículos o titulares sin autorización;
        no amenazar a empleados y presentar a la Junta
        cualquier queja contra estos; actuar[á] con respeto
        con el personal y demás titulares; dialogará con los
        empleados sólo asuntos del Condominio y seguirá los
        procedimientos del Condominio en todos los asuntos
        como titular.4

        Sin embargo, presuntamente, el apelado incumplió este

acuerdo.5 Ante ello se alega en la Demanda que, el 25 de agosto de

2018, el Consejo de Titulares celebró una Asamblea Ordinaria por

la cual aprobaron mediante unanimidad que la Junta de Directores

realizara alguna gestión judicial para ordenar al señor Howe

Hernández a cesar y desistir de “insultar, fotografiar, confrontar y

acosar verbalmente a titulares, residentes, empleados y personal

3 Íd., Anejo II, págs. 3-32.
4 Íd., págs. 4-5 (Énfasis suplido), 20. Esta estipulación se pactó durante el caso

Molina v. Howe, JAOPA2014-0173, sobre orden de protección bajo la Ley de
Acecho de Puerto Rico, Ley Núm. 284 del 21 de agosto de 1999, 33 LPRA secs.
4013 et seq.
5 Íd., pág. 5.
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voluntariado o con paga y sus pertenencias”.6 El Consejo de

Titulares indicó que aunque se le notificó al apelado esta

aprobación, el señor Howe Hernández continuó con dichos actos,

por lo cual, el 6 de mayo de 2019 la Junta de Directores comenzó

los trámites relacionados al proceso de cese y desista en contra del

señor Howe Hernández.7 Además, según alega el Consejo de

Titulares, el apelado también “[i]nsult[ó], confront[ó] y acos[ó] y

provey[ó] información falsa y sin fundamento tanto de manera

personal radicando escritos en diferentes foros (donde no le han

dado la razón) o por medio de la prensa escita, radial y televisiva”.8

De hecho, a la Demanda se le anejó una declaración jurada suscrita

por la Lcda. Beltrán, mediante la cual detallan otros eventos que

también dieron origen al caso de epígrafe.9 En lo que concierne al

caso de autos, para el 7 de agosto de 2020, el apelado subió a un

“chat” fotos de un Guardia de Seguridad, señor Lisandro Medina;

del Tesorero del Consejo de Titulares, Dr. Luis Raúl Sánchez Peraza

(“Dr. Sánchez Peraza”); de un vehículo jeep perteneciente a un

titular, Dr. Kenneth Rivera; de un titular, señor Roberto Rodríguez;

y alegadamente realizó imputaciones falsas sobre otra titular, Sra.

Sara Cruz.10 Además, el 15 de septiembre de 2020, el señor Howe

Hernández tomó fotos a los vehículos de la Lcda. Beltrán y de un

titular     sin       autorización.11   Consecuentemente,   mediante   la

presente Demanda, el Consejo de Titulares, solicitó una vista de

injunction preliminar, a tenor con la Regla 56 de Procedimiento Civil,

supra, R. 56,12 y una Sentencia Declaratoria ordenando al apelado a

cesar y desistir de:

              [F]otografiar vehículos   o   titulares   sin
        autorización; no amenazar a empleados y presentar a

6 Íd., págs. 5, 23.
7 Íd., págs.5, 27.
8 Íd., pág. 5.
9 Íd., págs. 16-19.
10 Íd., pág. 6.
11 Íd., págs. 8, 29-30.
12 Íd., págs. 13-14.
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         la Junta cualquier queja contra estos; actuar con
         respe[c]to con el personal y demás titulares; no hacer
         expresiones públicas difamatorias en contra de los
         miembros de la Junta de Directores, los titulares,
         empleados ni el Consejo de Titulares; dialogar con los
         empleados sólo asuntos del Condominio; dialogar con
         los empleados sólo asuntos del Condominio y seguir los
         procedimientos del Condominio en todos los asuntos
         como titular, incluyendo no impedirla celebración de
         Asambleas debidamente convocadas para el bien del
         Condominio y acorde la Ley de Condominios. . . .13

         El 15 de octubre de 2020, el señor Howe Hernández presentó

una Solicitud de Desestimación.14 En esta arguyó que la Demanda

es improcedente por falta de legitimación activa, y falta de

jurisdicción sobre la materia y la persona del Consejo de Titulares;

la Demanda deja de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio, conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra, R. 10.2; y la parte apelante no agotó todos los remedios

internos provistos por la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley

Núm. 129 del 16 de agosto de 2020, 31 LPRA sec. 1921 et seq. (Ley

de Condominios o Ley Núm. 129-2020), y el Reglamento del

Condominio.15 Además, el apelado arguyó que los remedios

solicitados coartaban su derecho a la libre expresión contrario a la

Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, Art. II,

Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, y jurisprudencia aplicable. Ante

ello, solicitó se desestimara la reclamación presentada en su contra.

         El 16 de octubre de 2020, el señor Howe presentó una Moción

Complementaria a “Solicitud de Desestimación” en Torno al Deber del

Tribunal de Resolver con Preferencia Cuestiones Relativas a

Jurisdicción reiterando sus anteriores planteamientos, y alegando

que los tribunales deben atender el asunto relativo a la jurisdicción

con preferencia. 16

13 Íd., págs. 13-14. (Énfasis suplido).
14 Íd., Anejo VI, págs. 41-56.
15   Íd., págs. 41-43. La parte apelante no incluyó el reglamento del condominio.
16 Íd., Anejo VII, págs. 57-61.
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          El 20 de octubre de 2020, la parte apelante presentó un

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Solicitud de

Desestimación.17 En esta destacó que, conforme a los Artículos 48 y

54 de la Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922t, 1922z, el Consejo

de       Titulares   ostenta     personalidad   jurídica   propia,   y   será

representando por su Presidente en los foros pertinentes.18 Además,

alegó que el Artículo 39 (b)(2) de la Ley de Condominios, Íd., sec.

1922k, concede al Consejo de Titulares legitimación activa, pues de

esta disposición nace el derecho de presentar causas de acción de

recursos interdictales “contra aquellos que cometan infracciones a

las reglas establecidas en esta Ley”.19 También, la parte apelante

niega haber violado el derecho del apelado a la libre expresión, y

arguye en cambio que, mediante los remedios aquí solicitados, pide

que se le ordene al señor Howe Hernández a actuar conforme a la

Ley de Condominios y el Reglamento del condominio “en [a]ras de

que haya una sana convivencia en el Condominio”, a tenor con el

Artículo 2 de la Ley de Condominios, 1921a.20

          El 4 de mayo de 2021, el señor Howe Hernández presentó una

Reiteración a Solicitud de Desestimación y en Torno al Deber del

Tribunal en Resolver con Preferencia Cuestiones Relativas a

Jurisdicción arguyendo nuevamente que el Consejo de Titulares no

tiene legitimación activa; la Demanda no contiene reclamación

suficiente para la consignación de un remedio; y el Consejo no ha

agotado los remedios provistos por la Ley de Condominios, supra, y

el Reglamento del Condominio. Por lo tanto, solicitó la desestimación

del pleito de autos.21

17 Íd., Anejo IX, págs. 63-77.
18 Íd., pág. 64.
19 Íd.
20  Íd., pág. 66; El Reglamento no fue incluido en el apéndice del recurso de
apelación.
21 Íd., Anejo XXVII, págs. 127-145.
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       El TPI emitió una Sentencia Parcial el 2 de agosto de 2023,

notificada el 3 de agosto de 2023,22 por la cual declaró ha lugar la

Moción     Solicitando         Remedio   sobre     Desestimación       Pendiente

presentada el 13 de julio de 2023 por el apelado,23 y, por ende, se le

autorizó el desistimiento, sin perjuicio, solamente respecto a la

reclamación por daños y perjuicios.

       Tras varias inhibiciones y conflictos en los calendarios del

tribunal, así como de los abogados de las partes,24 el 15 de

septiembre de 2023, el TPI notificó una Sentencia por la cual resolvió

ha lugar la Solicitud de Desestimación presentada originalmente el

15 de octubre de 2020 por el apelado,25 y, por ende, desestimó la

Demanda del caso de autos sin perjuicio.

       Posteriormente, el Consejo de Titulares presentó una Moción

en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de

Sentencia.26 No obstante, la misma fue denegada mediante

Resolución dictada el 2 de noviembre de 2023 y notificada ese mismo

22 Íd., Anejo XLI, pág. 176.
23  Íd., Anejo XXXIX, págs. 173-174. El TPI hizo referencia a la solicitud de
desestimación, cuando debió haber aludido a la Moción Solicitando Dicte Sentencia
Parcial de Archivo e Imposición de Sanciones. Mediante este recurso la parte
apelante solicitó el desistimiento de la causa de acción de daños y perjuicios. Íd.,
Anejo XXXVIII, págs. 171-172.
24 Íd., Anejo XII, págs. 83-96 (comienza vista de injunction preliminar donde

se completó el directo y se comenzó con el contrainterrogatorio de la Lcda. Beltrán
Soto; se señaló continuación de juicio en su fondo); Íd., Anejo XIII, págs. 97-
103 (apelado presenta Solicitud de Recusación e Inhibición bajo la Regla 63
de Procedimiento Civil y Solicitud para Dejar sin Efecto Señalamiento del
11 de diciembre de 2020); Íd., Anejo XIV, págs. 104-105 (Resolución de
inhibición de la Hon. Itzel Marie Aguilar Pérez); Íd., Anejo XVI, págs. 107-108 (re-
señalamiento de vista de injunction preliminar por conflicto con el calendario del
tribunal); Íd., Anejo XVII, págs. 109-111 (solicitud para recalendarizar vista de
injunction preliminar por conflicto con el calendario de la representación legal
de la parte apelante); Íd., Anejo XIX, págs. 113 (se recalendariza vista de
injunction preliminar); Íd., Anejo XX, pág. 114 (tribunal motu proprio
recalendariza vista de continuación de injunction preliminar); Íd., Anejo XXI, pág.
115 (Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Hammed Santaella Carlo);
Íd., Anejo XXII, págs. 116-117 (solicitud de recalendarización de vista por
conflicto con el calendario de la representación legal de la parte apelante); Íd.,
Anejo XXIII, págs. 118-119 (Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Juez
Jorge Rafael Rivera Rueda); Íd., Anejo XXVI, págs. 122-126 (vista fue convertida
a una sobre el estado de los procedimientos al tratarse de una adquisición del
caso reciente ante las inhibiciones de otros jueces); Íd., Anejo XXVIII, pág. 146
(tribunal motu proprio deja sin efecto el juicio en su fondo); Íd., Anejo XXXII,
págs. 152-159 (se dejó sin efecto el señalamiento); Íd., Anejo XXXVI, pág. 168 (se
señala continuación de la conferencia con antelación a juicio); Íd., Anejo
XXXVII, págs. 169-170 (se señala vista transaccional); Íd., Anejo XL, pág.175
(Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Francisco J. Rosado Colomer).
25 Íd., Anejo VI, págs. 41-56.
26 Íd., Anejo XLIV, págs. 190-207.
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día.27 Lo anterior, luego de que, el apelado presentara su Moción

Mostrando Causa en Oposición a “Reconsideración” y Relevo de

Sentencia el 30 de octubre de 2023.28

        En desacuerdo con el referido dictamen, el 4 de diciembre de

2023, el Consejo de Titulares acude ante este foro mediante recurso

de apelación y formuló los siguientes señalamientos de error:

        Erró el TPI de Ponce al declarar no ha lugar la
        Reconsideración radicada por el apelante en violación
        del debido procedimiento de ley.

        Erró el TPI de Ponce al dictar Sentencia desestimando
        el caso de marras aduciendo falta de legitimación del
        apelante en un caso bajo la Ley de Condominios (Ley
        Núm. 129-2020).

        Erró el TPI de Ponce al imponerle honorarios por
        temeridad al apelante, por la dilación causada en el
        caso imputada al apelante.

        Ese mismo día, la parte apelante también presentó una

Moción Solicitando que se Emita Resolución al Amparo de la Regla

16(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico

para presentar el apéndice del recurso de apelación dentro de un

término de quince (15) días adicionales.

        En vista de ello, el 6 de diciembre de 2023, emitimos una

Resolución en la que le concedimos a la parte apelante un término

final de diez (10) días para presentar el apéndice. Además,

otorgamos al apelado hasta el 4 de enero de 2024 para presentar el

alegato en oposición.

        El 8 de diciembre de 2023, el Consejo de Titulares radicó una

Moción en Cumplimiento de Resolución al Amparo de la Regla 16 (E)(2)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por la cual

presentó el aludido apéndice.

        El 8 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó una

Moción Solicitando Prórroga para presentar su Alegato en Oposición.

27 Íd., Anejo I, pág. 1.
28 Íd., Anejo XLVI, págs. 209-220.
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      Mediante Resolución, el 9 de enero de 2024, le concedimos al

apelado el término final hasta el 19 de enero de 2024 para presentar

su respectiva oposición.

      El 25 de enero de 2024, el señor Howe Hernández presentó un

Alegato en Oposición y en Cumplimiento de Orden mediante el cual

planteó los mismos argumentos ante el TPI; esto es, que la Moción

en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de Sentencia

incumple con las Reglas 47 y 49 de Procedimiento de Procedimiento

Civil, supra, R. 47 y R. 49; el Consejo de Titulares no ostenta

legitimación activa ya que las alegaciones de la Demanda están

relacionadas a titulares y terceros ajenos al condominio; la parte

apelante no ha acreditado el aval del Consejo de Titulares para la

presentación del caso de autos; y el caso de autos es frívolo.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por perfeccionado el recurso. Además, tras un análisis

objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad del expediente,

pormenorizamos las normas jurídicas, máximas y doctrinas

aplicables al caso de autos.

                                    III.
                                    A.

      En nuestra jurisdicción, los condominios sometidos al

Régimen de Propiedad Horizontal están sujetos a la Ley Núm. 129-

2020, supra, mejor conocida como la Ley de Condominios de Puerto

Rico, anteriormente Ley de Condominios, Ley Núm. 104 del 23 de

junio de 1958, 31 LPRA sec. 1291 et seq. (derogada). En lo que

concierne a los condominios sujetos a este régimen previo a la

creación de la Ley Núm. 129-2020, supra, se regirán por las

disposiciones incluidas en este estatuto, “irrespectivo de la fecha en

que fuera sometido a dicho régimen”. Íd.

      Uno   de   los   principios     fundamentales   de   la   Ley   de

Condominios es facilitar la vida en convivencia y “garantizar a cada
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titular el pleno disfrute de su propiedad”. Consejo de Titulares v.

Ramos Vázquez, 186 DPR 311 (2012) (citando a M.J. Godreau

Robles, La Nueva Ley de Condominios: Guía básica para entender el

Régimen de Propiedad Horizontal según la Ley 103 del 5 de abril de

2003, San Juan, Ed. Dictum, 2003, pág. 19); Pérez Riera v. Con.

Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197, 204-205 (2017). Cónsono con

ello, nuestro más alto foro resolvió:

            Desde sus inicios, “[l]a aprobación de la Ley de
      la Propiedad Horizontal adelantó el propósito de
      armonizar el disfrute de cada apartamento por su
      titular y las limitaciones a ese disfrute en interés de
      la colectividad”. D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills,
      169 D.P.R. 586, 597 (2006). En otras palabras, subyace
      en estos preceptos la necesidad imperiosa de crear
      “unas reglas mínimas para el uso y disfrute de cada
      apartamento” que “facilit[en] la convivencia entre los
      titulares de un inmueble, sin que se intervenga
      indebidamente con los derechos individuales de los
      demás”. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, 138
      D.P.R. 150, 154 (1995).

      Batista, Nobbe v. JTA. Directores, 185 DPR 206, 218
(2012). (Énfasis suplido y subrayado).

      En otras palabras, el dominio que ejerce un titular sobre su

propiedad está supeditado a los derechos de los demás titulares

y su “derecho de propiedad sobre su apartamiento tiene que

ejercerse dentro del marco de convivencia y el respeto al derecho

ajeno”. Ley de Condominios, supra, sec. 1921a. Precisamente, para

asegurar una convivencia y el mejor servicio común del condominio,

la Ley de Condominios, Íd., dispone de dos (2) figuras cruciales cuyo

rol se centra en la administración del inmueble sujeto al Régimen

de Propiedad Horizontal; estos son: el Consejo de Titulares y la

Junta de Directores.

      El Consejo de Titulares es la autoridad suprema del inmueble

y goza de personalidad jurídica propia. Ley de Condominios, sec.

1921b; sec.1922t. Véase, además, Pérez Riera v. Con. Tit. Cond.

Marymar, supra, en la pág. 204; Consejo de Titulares v. Ramos

Vázquez, supra, en la pág. 326. Es así como, mediante “su
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existencia hace viable la administración de las áreas comunes del

inmueble por todos los titulares” protegiendo así los intereses de

estos frente a la comunidad a terceros. Consejo de Titulares v.

Ramos Vázquez, supra, en la pág. 326; véase, además, Bravman,

González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 825 (2011)) (Énfasis

suplido). Cónsono con ello, entre sus funciones, se encuentra

“[i]ntervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés

general para la comunidad así, como tomar aquellas medidas

necesarias y convenientes para el mejor servicio común”,

incluyendo cumplir y hacer cumplir la Ley Núm. 129-2020, supra,

el Reglamento del inmueble, la escritura matriz y los acuerdos del

Consejo de Titulares. Ley de Condominios, supra, sec. 1922u; sec.

1922y; véase, además, Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez,

supra, págs. 326-327.

      Por otra parte, la Junta de Directores se compone de aquellos

Directores electos por el Consejo de Titulares, y su Presidente(a)

ostenta la autoridad de representar a la comunidad en los foros

pertinentes en los asuntos que la afecten. Ley de Condominios,

supra,1922z; D.A.C.O. v. Junta Cond. Sandy Hills, supra, pág.

595. Según fue establecido en el caso de Consejo Tit. V. Galerías

Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 332 (1998), el(la) Presidente(a) posee

la autoridad para acudir al tribunal y reclamar el cumplimiento de

la Ley de Condominios o Propiedad Horizontal “sin necesidad de

obtener previamente el aval del Consejo de Titulares, siempre

que la acción esté relacionada con facultades que le fueron

expresamente delegadas por la ley”. D.A.C.O. v. Junta Cond.

Sandy Hills, supra, 595. (Énfasis suplido). Entre sus funciones, la

Junta de Directores posee la facultad de “a) [a]tender todo lo

relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y

funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y

elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos
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efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares”.

Ley de Condominios, supra, sec. 1922y.

      Según se indica en el Artículo 2 de la Ley Núm. 129-2020,

supra, sec. 1921a, el dominio ejercido por un titular sobre su

propiedad está limitado a los derechos de los demás y por ello, debe

ejercerse dentro del marco de convivencia y el respeto al derecho

ajeno. Por ello, en su Artículo 39 se detalla lo siguiente respecto al

uso y disfrute de cada apartamento:

            El uso y disfrute de cada apartamento estará
      sometido a las reglas siguientes:

            ... .

            b) La infracción de estos principios o la de las
      reglas enumeradas en los incisos subsiguientes dará
      lugar al ejercicio de la acción de daños y perjuicios por
      aquel titular u ocupante que resulte afectado, además
      de cualquier otra acción que corresponda en derecho,
      incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley Núm.
      140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida
      como, “Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales
      de Derecho”, y cualquier otro remedio en equidad. La
      Junta de Directores queda expresamente autorizada
      a presentar acciones interdictales a nombre del
      Consejo de Titulares contra aquellos que cometan
      infracciones a las reglas establecidas en esta Ley.

            ....

            2) Ningún ocupante del apartamento producirá
      ruidos o molestias ni ejecutará actos que perturben
      la tranquilidad de los demás titulares o vecinos.

            . . . . Id., sec. 1922k (Énfasis suplido); véase,
      además, Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, supra,
      págs. 325-326.

       En    otras    palabras,     esta    disposición    “establece

categóricamente, entre otras exigencias y prohibiciones, que todo

titular tiene el deber de cumplir estrictamente con todas las

disposiciones de administración que se consignan en la Ley de

Condominios, en la escritura o en el reglamento del condominio”.

Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 325.

      Ahora, es eminente resaltar que, si bien la Ley 104 del 23 de

junio de 1958, supra, fue enmendada posteriormente y luego
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sustituida por la Ley Núm. 129-2020, supra, el texto del Artículo 39

de la Ley Núm. 129-2020, Íd., sec. 1922k- anteriormente el Artículo

15 de la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, supra, sec. 1291m-

permanece intacto. En otras palabras, la intención del legislador ha

sido la misma por 60 años; a saber, que las molestias y actos que

perturben la tranquilidad de los demás titulares y vecinos darán

paso a la presentación de interdictos por parte de la Junta de

Directores para el cumplimiento con las disposiciones vertidas en la

ley, específicamente para el acatamiento con el deber ineludible de

respetar el derecho de los demás titulares al disfrute de sus

propiedades dentro de un marco de convivencia. Ley Núm. 129-

2020, supra, 1922k; Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, supra,

sec. 1291m. Es por ello que se les exige a los titulares “obrar según

los principios de buena fe y equidad, ya sea en el quehacer

administrativo o privado. Ello para “viabilizar el máximo disfrute

de la propiedad privada y el aprovechamiento del uso y disfrute

de los elementos que componen el régimen”. Consejo de

Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 327 (citando a Bravman,

González v. Consejo Titulares, supra, pág. 825)). (Énfasis suplido).

      Por lo tanto, con un texto claro como el del Artículo 39 de la

Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922k, no hay apertura para

interpretación. Nuestro más alto foro ha hecho énfasis en su

facultad para interpretar la ley “en bús[queda] de un sentido

armonioso, el lenguaje claro y explícito de ésta no debe ser

tergiversado, malinterpretado ni sustituido”. Puerto Rico Fast

Ferries, LLC v. Autoridad de Alianzas Público-Privadas, 2023

TSPR 121. Por ende, solo debe suplir la ley cuando existen

deficiencias y sea necesario, pues “no p[uede] usurpar la función de

legislar de la Asamblea Legislativa”. Íd. Más importante aún,

“cuando el lenguaje de una ley es claro, los tribunales venimos

obligados a respetar la voluntad legislativa”. Íd. (Énfasis suplido);
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González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023

TSPR 95; San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR

849 (2013).

                                B.
      El injunction o interdicto es un recurso por el cual se le

requiere a la persona “absten[erse] de hacer, o de permitir que se

haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja

o perjudique el derecho de otra”. Código de Enjuiciamiento Civil,

Artículo 675, 32 LPRA sec. 3521; Next Step Medical v.

Bromedicon, supra, págs. 485-486. La razón fundamental para su

concesión es la existencia de una amenaza real de sufrir algún

menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en la ley”.

Id., pág. 486.

      Según nuestro sistema jurídico, existen tres (3) tipos de

recursos de injunction; estos son: entredicho provisional, injunction

preliminar e injunction permanente. Id., Regla 57 de Procedimiento

Civil, supra, R. 57. El injunction preliminar es un recurso emitido

por el tribunal previo a la celebración del juicio en su fondo, y

usualmente, luego de la celebración de una vista “en donde las

partes tienen la oportunidad de presentar prueba en apoyo y

oposición a su expedición”. Next Step Medical v. Bromedicon,

supra, págs. 486. Su función primordial es mantener el status quo

o estado actual de las cosas en lo que se celebre el juicio y para

prevenir que el demandado no promueva con su conducta una

situación que convierta en académica la determinación que

finalmente tome el tribunal. Íd. Específicamente para evitar que “se

causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna

persona durante la pendencia del litigio”. Íd., pág. 486. Es por ello

que se debe expedir de forma expedita y solamente ante una “clara

e inequívoca violación de un derecho”. Íd., pág. 487. Para su

expedición o denegación es meritorio evaluar sus requisitos:
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             (1) la naturaleza de los daños que puedan
       ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el
       recurso; (2) su irreparabilidad o la existencia de un
       remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que
       eventualmente la parte promovente prevalezca al
       resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de
       que la causa se torne académica de no concederse el
       injunction, y (5) el posible impacto sobre el interés
       público del remedio que se solicita. Id., pág. 487; véase,
       además, Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, Regla
       57.3; VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR
       21, 40-41 (2010); Next Step Medical v. Biomet, Inc.,
       195 DPR 739, 751 (2016).

       También será crucial la diligencia y buena fe con la cual obre

la parte peticionaria. Next Step Medical v. Bromedicon, supra,

487. Sin embargo, los requisitos previos no son absolutos, sino

directorios. Íd. Además, la concesión del interdicto es discrecional,

por lo cual, la determinación del TPI no debe ser revocada, al menos

que se demuestre abusó de discreción. Íd. pág. 487.

       Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico reconoce los

injunctions estatutarios. Estos son distintos e independientes a los

interdictos tradicionales. Una distinción importante entre estos dos

remedios es que, “el injunction clásico se rige por la Regla 57.3 de

Procedimiento     Civil,   supra,    R.   57.3,     y    las   disposiciones

correspondientes del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3521 et seq., mientras que el interdicto estatutario proviene de un

mandato legislativo expreso”. Next Step Medical v. Biomet, supra,

751.   Consecuentemente,       los    interdictos       estatutarios   están

“generalmente exento[s] de la normativa aplicable a este último”, ya

que los requisitos del injunction tradicional son más rigorosos. Next

Step Medical v. Bromedicon, supra, 497; CBS Outdoor v.

Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 409 (2010). Por lo tanto, “la

concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento

especial, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más

acotado”, tal como es el caso del interdicto provisto por la Ley de

Condominios, supra. Next Step Medical v. Bromedicon, supra,

497.
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      En lo que concierne al caso de marras, el Artículo 39 de la Ley

129-2020, supra, sec. 1922k, expresamente autoriza a la Junta de

Directores a presentar interdictos “contra aquellos que cometan

infracciones a las reglas establecidas en esta Ley”, y procede a

detallar varias circunstancias por las cuales procedería la concesión

del injunction estatutario:

             1) Cada apartamento se dedicará únicamente al
      uso dispuesto para el mismo en la escritura a que se
      refiere el Artículo 4 de esta Ley.
             2) Ningún ocupante del apartamento producirá
      ruidos o molestias ni ejecutará actos que perturben la
      tranquilidad de los demás titulares o vecinos.
             3) Los apartamentos no se usarán para fines
      contrarios a la ley, a la moral, orden público y a las
      buenas costumbres.
             4) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas
      expensas las obras de modificación, reparación,
      limpieza, seguridad y mejoras de su apartamento, sin
      perturbar el uso y goce legítimo de los demás. Será
      deber ineludible de cada titular realizar las obras de
      reparación
      y seguridad, tan pronto sean necesarias para que no se
      afecte la seguridad del inmueble ni su buena
      apariencia. Todo titular u ocupante de un apartamento
      vendrá obligado a permitir en su apartamento las
      reparaciones o trabajos de mantenimiento que exija el
      inmueble, permitiendo la entrada al apartamento para
      su realización. Íd.
                                   C.

      Para la intervención en un caso es indispensable que el mismo

sea justiciable. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760,

766 (2016); véase, además, ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Lo

anterior “requiere que exista una controversia genuina, entre partes

antagónicas, que permita adjudicarla en sus méritos y conceder un

remedio con efecto real sobre la relación jurídica”. Torres Montalvo

v. Gobernador ELA, supra, pág. 766; véase, además, Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Amadeo

Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278, 284 (2023); Hernández

Santa v. Srio. De Hacienda, 208 DPR 727, 738 (2022). Asimismo,

será necesario que las partes ostenten legitimación activa, la cual

consiste en la “capacidad para realizar eficazmente actos procesales,

demandar, y la tenencia de un interés legítimo en la controversia”.
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Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, supra, págs. 284-285; véase,

además, Pérez Rodríguez v. López Rodriguez et al., 210 DPR 163,

178 (2022); Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 394

(2019). Para determinar si una parte posee legitimación activa, se

deben evaluar estos cuatro (4) requisitos:

            (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2)
      que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto
      o hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño
      sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la
      causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o
      de una ley. Torres Montalvo v. Gobernador ELA,
      supra, pág. 767 (citando a Hernández Torres v.
      Gobernador, 129 DPR 824, 836 (1992)); véase, además,
      Ramos, Méndez v. García García, supra, 394-395.

      Igualmente, el interés de la parte deberá ser “especial y

particularizado”. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, supra, pág.

767; véase, además, Col. Ópticos de PR v. Vani Visual Center, 124

DPR 559 (1989).

      Otro factor para determinar si un caso es justiciable, es la

norma de academicidad. El fin primordial de esta doctrina es “evitar

el uso inadecuado de los recursos judiciales y evitar precedentes

innecesarios”. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para

el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, 206

DPR 803, 815-816 (2021); Moreno v. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974-

975 (2010); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 DPR 70, 75 (2005). Según

ha establecido nuestro más alto foro, un caso es académico cuando

“se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que

en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de

que éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un asunto, que,

al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre

una controversia existente”. Super Asphalt Pavement, Corp. v.

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de

Puerto Rico, supra, pág. 816; Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera

Shatz, supra, pág. 932; Moreno v. U.P.R. II, supra, pág. 973. De la

misma forma, un caso puede tornarse académico por cambios en los
KLAN202301089                                                      18

hechos judiciales o fácticos que surgen, durante el transcurso del

caso. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el

Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, supra,

pág. 816; Anguiera v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000). Si en efecto

un caso se convierte en académico, el tribunal debe abstenerse de

considerarlo en los méritos. Super Asphalt Pavement, Corp. v.

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de

Puerto Rico, supra, pág. 816; Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia,

supra, pág. 287.

                                 D.

      Por otro lado, la Regla 44 de Procedimiento Civil, supra, R. 44,

permite conceder costas, honorarios de abogado e interés legal.

Además, le permite evaluar si una parte ha actuado con temeridad.

La temeridad consiste en aquellas “actuaciones en que un litigante

promueve un pleito que pudo evitarse, que provoquen la

prolongación indebida del trámite judicial o que obliguen a la otra

parte a incurrir en gastos innecesarios para hacer valer sus

derechos”. Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, 2023 TSPR 108;

véase, además, SLG González Figueroa v. SLG et al., 209 DPR

138, 147 (2022). Su concesión, no obstante, recae en la sana

discreción del TPI. Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, supra, pág.

14; véase, además, SLG González Figueroa v. SLG et al., supra,

pág. 150; VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 277 (2021);

Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 (2013). Por

ello, los foros apelativos solo debemos intervenir con dicha

determinación cuando “surja claramente un abuso de discreción”.

Mena Pamias v. Jiménez Meléndez, supra, pág. 14.

      Según dispone la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra,

los honorarios de abogado se impondrán cuando “cualquier parte o

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el

tribunal deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el
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pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el

tribunal entienda correspond[a] a tal conducta”. Como mencionado

anteriormente, la normal general es que la determinación sobre la

existencia de temeridad recae en la discreción del TPI. VS PR, LLC

v. Drift-Wind, Inc., supra, pág. 276; véase, además, Torres Vélez

v. Soto Hernández, supra, pág. 993. Sin embargo, nuestro más alto

foro ha reiterado que no procede la concesión de estos honorarios

cuando “lo que se enuncia ante el tribunal son controversias

complejas y novedosas que no han sido resueltas; cuando se actúa

acorde con una apreciación errónea del derecho y no hay

precedentes establecidos sobre el asunto, o cuando existe alguna

discrepancia genuina en cuanto a quién favorece el derecho

aplicable”. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, 277; véase,

además, Torres Vélez v. Soto Hernández, supra, págs. 993-994;

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006).

      Distinto es la concesión de costas, las cuales se concederán

“a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en

apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga

lo contrario por ley o por estas reglas”. Regla 44.1 (a) de

Procedimiento Civil, supra, R. 44.1 (a). Las costas serán aquellos

“gastos en que se incurra necesariamente en la tramitación de un

pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su

discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra”.

Íd.

      Otro tipo de imposición posible son los intereses legales por

temeridad. Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 44.3;

González Ramos v. Pacheco Romero, 209 DPR 138, 151 (2022).

Para ello, es indispensable una determinación de temeridad y debe

tratarse de una acción de cobro de dinero o daños y perjuicios.

González Ramos v. Pacheco Romero, supra, pág. 151. Si se
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cumplen estos requisitos, la imposición de intereses legales será

obligatoria. Íd.

                                      IV.

       En el caso ante nos, el TPI dictó una Sentencia en la que

desestimó la Demanda del caso de marras, luego de haber

comenzado la visa de injunction estatutario y casi tres (3) años

después de presentada la Moción de Desestimación, y ordenó a la

parte apelante a pagar el pago de costas y gastos de procedimientos,

y la suma de $1,000 en concepto de honorario de abogados. El foro

primario realizó tal desestimación al concluir que la parte apelante

no posee legitimación activa para continuar el trámite de la sentencia

declaratoria, a tenor con la Ley Núm. 129-2020, supra, y el injunction

es académico.29 En lo pertinente concluyó que:

            En el caso de autos. . . . Nótese que la acción de
       injunction se volvió académica. . . .

             A nuestro entender, las reclamaciones de la
       demanda no son asuntos de interés común, por lo
       que no caen dentro de las facultades, prerrogativas
       ni deberes del Consejo de Titulares. El Consejo hace
       referencia a alegadas expresiones difamatorias, toma de
       fotografías por parte del demandado a titulares y
       empleados del Condominio, solicitud de documentación
       por correo electrónico ante la Junta, eventos suscitados
       con terceras personas no titulares en y fuera de las
       inmediaciones      del   Condominio,      entre    otras.
       Ciertamente, se trata de una controversia entre
       particulares por asuntos, incluso, de índole de
       libertad de expresión. Nada impide que los titulares
       afectados, en su capacidad individual, hagan uso de
       otros mecanismos administrativos y legales para
       encauzar sus reclamos si así fuere necesario tal como
       dispone el Art. 39 de la Ley Núm.129-2020, 31 LPRA
       sec. 1922k.

             Como ya mencionamos, las causas de acción que
       corresponden al Consejo de Titulares tienen que girar
       en torno al mejor servicio común, problemas
       comunales, el menoscabo de áreas comunes, las
       medidas adoptadas para el mejor funcionamiento del
       condominio y daños al patrimonio del Consejo.
       Bravman González v. Consejo de Titulares del Cond.
       Palma Real, supra, pág. 850; Consejo Tit. y. Galerías
       Poncenas, Inc., 145 DPR 315 (1998). De este modo,
       nuestro más alto foro ha reconocido que el Consejo

29 Anejo XLIII, pág. 188. El TPI no fundamentó ni explicó su determinación de

academicidad.
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         “existe como persona jurídica independiente cuando
         actúa en función del fin común perseguido”. Hernández
         Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 363 (2009). Sin
         embargo, “el hecho de que el Consejo de Titulares posea
         capacidad jurídica no le faculta para comparecer como
         demandante o demandado en cualquier procedimiento
         judicial que involucre a algún titular del condominio o que
         se relacione de alguna forma con éste”. Íd.30 (Énfasis
         suplido y subrayado en el original)

         En cuanto a la imposición de honorarios de abogados, costas

e intereses legales, el TPI resolvió que el Consejo de Titulares tuvo

“el evidente propósito de impedir una resolución razonablemente

rápida de la controversia, ocupando innecesariamente la atención

del foro judicial, por alrededor de casi tres (3) años”.31 Además, dicha

determinación       tomó    en   consideración    que   “del   expediente

electrónico, el Tribunal le concedió varias oportunidades al Consejo

de Titulares para examinar sus alegaciones y dialogar sobre una

posible transacción”.32 Adviértase que ya el propio Tribunal resolvió

que el Consejo de Titulares posee legitimación activa para presentar

este caso. Dicha determinación está contenida en la Minuta de la

vista celebrada el 9 de enero de 2023, más no fue firmada por la

jueza que presidió los procedimientos ese día. Tampoco notificó

posteriormente dicha determinación a las partes, según manifestó

que haría.

         En desacuerdo, el Consejo de Titulares le imputó al TPI la

comisión de tres (3) errores.

         Se alegó que erró el TPI al denegar la reconsideración radicada.

Por un lado, la parte apelante arguyó que la Sentencia es inválida y

viola su debido proceso de ley. Ello debido a que la misma la priva

de su oportunidad de ser oída, considerando que se desestimó la

Demanda sin haber culminado el juicio, y tras haber resuelto el

mismo tribunal, por voz de la Hon. Lynette Ortiz Martínez, que el

30 Íd.
31 Íd.
32 Íd.
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Consejo de Titulares tiene legitimación activa para presentar el caso

y no procede la desestimación. Además, según expuso en su

Apelación, los remedios solicitados tendrían unos propósitos

particulares. La sentencia declaratoria serviría para “que los

titulares vivan en convivencia y sin afectar los derechos de los

demás”, y, mediante el injunction, se le ordenaría al apelado a cesar

sus “actuaciones contrarias al Régimen y actuar conforme a la sana

convivencia del Condominio. . .”.33

       Por otro lado, y como segundo error, la parte apelante alegó

que el TPI erró al dictar la Sentencia desestimando el caso de marras

basado en falta de legitimación activa del Consejo de Titulares en un

caso bajo la Ley Núm. 129-2020, supra. Adujo que el Artículo 39 (b)

de la Ley Núm. 129-2020, Íd., dispone que la “Junta de Directores

está expresamente autorizada a presentar acciones interdictales a

nombre del Consejo de Titulares contra aquellos que cometan

infracciones a las reglas establecidas en esta Ley”. Además, la parte

apelante aludió al Artículo 48 del referido estatuto, el cual mandata

que el Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema; y a

tenor con el Artículo 49 de la Ley Núm. 129-2020, Íd., el Consejo de

Titulares debe “j) [i]ntervenir y tomar decisiones sobre aquellos

asuntos de interés general para la comunidad así, como tomar

aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio

común”. Por último, la parte apelante hizo hincapié en la

determinación de este foro en el caso de Consejo de Titulares v.

Juan W. Howe Hernández, KLAN202100101 donde un panel

hermano resolvió que el Consejo de Titulares ostentaba legitimación

activa para presentar el caso porque la causa de acción “reside en

que sean asuntos que giren en torno al mejor servicio común,

problemas comunales, el menoscabo de áreas comunes y medidas

33 Recurso de Apelación, págs. 16-17.
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adoptadas para el mejor funcionamiento del condominio y daños al

patrimonio del Consejo de Titulares”. Íd., pág. 11.

      En su último error, la parte apelante argumentó que el foro

primario erró al imponerle honorarios de abogados por temeridad por

la dilación causada en el caso imputada a la parte apelante. Alegó

que el TPI no continuó con la vista comenzada ni escuchó la

grabación del juicio y procedió a desestimar la Demanda.

      Por su parte, en el Alegato en Oposición, el apelado reiteró los

mismos planteamientos incluidos en su Solicitud de Desestimación.

Esto es que, la Demanda es frívola por carecer de razón legal para

incoarla; la Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de

Relevo de Sentencia incumple con las Reglas 47 y 49 de

Procedimiento de Procedimiento Civil, supra, R. 47 y R. 49; y el

Consejo de Titulares carece de legitimación activa porque: (i) las

alegaciones contenidas en esta Demanda están relacionadas a una

pugna entre ciertos titulares y terceros ajenos al Condominio

Estancias de Aragón; y (ii) el Consejo no ha acreditado que la

presentación de esta Demanda ha sido con el aval del Consejo de

Titulares mediante acta, según lo exige el artículo 52 de la Ley Núm.

129 de Condominios de Puerto Rico, sobre Acuerdos del Consejo.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica apelativa adjudicativa, resulta forzoso concluir

que el TPI incidió en los errores señalados y, por ende, no procede la

desestimación   del   pleito   de   marras.   Lo   anterior,   pues,   la

determinación del TPI no encuentra apoyo en el estado de derecho

aplicable ni en el expediente del caso de marras.

      Como correctamente señala la parte apelante, del Artículo 39

de la Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922k, surge palmariamente

la autoridad expresa de la Junta de Directores para presentar

reclamaciones de interdictos contra personas que contravienen las

disposiciones de este estatuto. En lo que concierne al caso de autos,
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una de las razones para justificar la presentación de interdictos a

favor de la comunidad de titulares es que, “[n]ingún ocupante del

apartamento producirá ruidos o molestias ni ejecutará actos que

perturben la tranquilidad de los demás titulares o vecinos”. Ley Núm.

129-2020, supra, sec. 1922k. Queda claro de la Demanda que al

menos dos (2) hechos demuestran perturbaciones y molestias del

apelado hacia los titulares, como, por ejemplo:

                e. El 7 de agosto de 2020 el Sr. Juan Howe subió
         a un “chat” fotos del Sr. Lisandro Medina, guardia de
         seguridad de Estancias de Aragón; del Dr. Sánchez,
         Tesorero de Estancias de Aragón; del vehículo jeep del
         Dr. [K]enneth Rivera, titular; del Sr. Roberto Rodríguez,
         titular y le hace imputaciones en dicho “chat” a la Sra.
         Sara Cruz, titular, de que esta maltrató a otra titular, lo
         que no es cierto.

                   ....

               l. El día 15 de septiembre de 2020 continuó
         fotografiando vehículos de titulares sin autorización
         alguna, según Informe de Seguridad de dicho día.34

         Además, de un pormenorizado estudio de la Minuta sobre la

vista    de    injunction          preliminar     se    desprende      documentación

identificada por la parte apelante, durante el directo de la Lcda.

Beltrán,35         la   cual       provee   otros      ejemplos   preocupantes       de

perturbación            a    la   tranquilidad;     a   saber:    foto   de    titulares

(identificación             17    marcada   como        exhibit   12     de   la   parte

demandante);36 foto de titular (identificación 19 marcada como

exhibit 13 de la parte demandante);37 y foto de titulares

(identificación             22    marcada   como        exhibit   16     de   la   parte

demandante).38 Como se puede apreciar, el argumento de falta de

legitimación activa levantado por el apelado no encuentra apoyo en

el derecho ni en los hechos, pues el Artículo 39 de la Ley de

Condominios, supra, sec. 1922k, provee la autoridad expresa a la

34 Íd., Anejo II, págs. 6, 8.
35 Íd., Anejo XII, págs. 83-96.
36 Íd., pág. 87.
37 Íd.
38 Íd., pág. 88.
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Junta de Directores para presentar interdictos, y más cuando la

reclamación de interdicto en el presente caso demuestra la intención

de esta de vindicar los derechos de los titulares cónsono con su

deber de facilitar la convivencia de toda la comunidad, lo cual

constituye su interés legítimo en la presente controversia.

      Adviértase que ya el propio Tribunal resolvió que el Consejo

de Titulares posee legitimación activa para presentar este caso.

Dicha determinación está contenida en la Minuta de la vista

celebrada el 9 de enero de 2023, más no fue firmada por la jueza

que   presidió     los   procedimientos        ese   día.    Tampoco     notificó

posteriormente dicha determinación a las partes, según manifestó

que haría.

      En esa misma línea, en Consejo de Titulares v. Juan W.

Howe Hernández, KLAN202100101, enfatizamos el criterio para

determinar si el Consejo de Titulares ostenta legitimación activa

para presentar determinadas causas de acción; a saber: “reside en

que sean asuntos que giren en torno al mejor servicio común,

problemas comunales, el menoscabo de áreas comunes y medidas

adoptadas para el mejor funcionamiento del condominio y daños al

patrimonio del Consejo de Titulares”. Es evidente que tomar

fotografías   de     titulares     y    vehículos,   así    como   el   interferir

indebidamente con titulares y empleados del condominio, afecta el

mejor servicio común, y ha causado problemas comunales, tanto así

que, durante una asamblea convocada por el Consejo de Titulares,

se acordó mediante unanimidad que se le autoriza a la Junta de

Directores realizar algún tipo de gestión judicial para conseguir una

orden en contra del señor Howe Hernández. Específicamente para el

“cese y desista de insultar, fotografiar, confrontar, acosar,

verbalmente      a    titulares,       residentes,   empleados     y    personal
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voluntariado o con paga y sus pertenencias”.39 Este tipo de gestión,

de hecho, se acordó que fuese por la vía judicial. Íd. Por lo tanto, el

Consejo de Titulares tiene legitimación activa en el caso de marras.

        Ahora, bien, en cuanto al segundo argumento que presenta el

apelado de no contar con el aval del Consejo de Titulares y

acreditarlo mediante acta, también es improcedente. Nótese que la

Ley Núm. 129-2020, supra, sec. 1922z, indica expresamente que

el(la) Presidente(a) de la Junta de Directores representa al Consejo

de Titulares en los foros pertinentes en asuntos que afecten la

comunidad. Adviértase, además que, nuestro más alto foro resolvió

en Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, pág. 332, que

el (la) Presidente(a) de la Junta de Directores posee la autoridad para

acudir al tribunal en aras de poder asegurar el cumplimiento de la

Ley de Condominios o Propiedad Horizontal “sin necesidad de

obtener previamente el aval del Consejo de Titulares, siempre

que la acción esté relacionada con facultades que le fueron

expresamente delegadas por la ley”. D.A.C.O. v. Junta Cond.

Sandy Hills, supra, pág. 595. (Énfasis suplido). En otras palabras,

en el presente caso, la Junta de Directores no necesitaba

autorización para vindicar los derechos de los titulares. Aun así, el

25 de agosto de 2018, el Consejo de Titulares celebró una Asamblea

Ordinaria por la cual aprobaron mediante unanimidad que la Junta

de Directores realice alguna gestión judicial para ordenar al señor

Howe Hernández a cesar y desistir de “insultar, fotografiar,

confrontar y acosar verbalmente a titulares, residentes, empleados

y personal voluntariado o con paga y sus pertenencias”.40 Por lo

tanto, el argumento de falta de legitimación activa por carecer del

aval del Consejo de Titulares tampoco es cónsono con el derecho

considerando que la Junta de Directores no lo necesitaba, y aun así,

39 Íd., Anejo II, pág. 23.
40 Íd., Anejo II, págs. 5, 23.
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mediante una asamblea convocada por el propio Consejo de

Titulares, se aprobó de forma unánime la presentación del caso de

marras.

       Además, el TPI erró en resolver, sin fundamento alguno, que

“la acción de injunction se volvió académica”.41 Si bien uno de las

causales o razones para clasificar un caso como injusticiable es la

academicidad, a tenor con los autos, parecería ser que la

controversia ante nos permanece real y viva. Ello se debe a que el

apelado pudiera continuar con la conducta que afecta a los demás,

perjudicando así la convivencia de toda una comunidad. Tampoco

han surgido hechos judiciales o fácticos que lleven                        a    la

determinación de que se tornó académica, al menos nada explica el

foro recurrido. Consecuentemente, la reclamación de injunction no

es académica.

       Por último, el TPI le impuso a la parte apelante el pago de

costas y gastos de procedimientos, y la suma de $1,000 en concepto

de honorario de abogados,42 pues arguyó que el Consejo de Titulares

tuvo el propósito de impedir una resolución rápida del pleito y “del

expediente electrónico [surge que], el Tribunal le concedió varias

oportunidades        al   Consejo   de    Titulares    para    examinar        sus

alegaciones y dialogar sobre una posible transacción”. Sin embargo,

del expediente surge palmariamente una dilación de tres (3) años, a

causa de la propia naturaleza del pleito y del accidentado trámite

procesal ante el TPI; específicamente, por el conflicto en los

calendarios del tribunal y de los abogados litigantes, y cuatro (4)

inhibiciones de jueces dentro de un plazo de ocho (8) meses.43 Por

41 Íd., Anejo XLIII, pág. 188.
42 Íd., Anejo XLIII, pág. 189.

43 Íd., Anejo XIII, págs. 97-103 (apelado presenta Solicitud de Recusación e
Inhibición bajo la Regla 63 de Procedimiento Civil y Solicitud para Dejar
sin Efecto Señalamiento del 11 de diciembre de 2020); Íd., Anejo XIV, págs.
104-105 (Resolución de inhibición de la Hon. Itzel Marie Aguilar Pérez; Íd., Anejo
XXI, pág. 115 (Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Hammed
Santaella Carlo); Íd., Anejo XXIII, págs. 118-119 (Resolución de inhibición motu
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lo tanto, la parte apelante no incurrió en temeridad y no procede la

imposición de honorarios de abogado.

       En vista de nuestra determinación, tampoco procede el pago

de costas, el cual se otorga a una parte ganadora; ni el pago de

intereses legales. En fin, el TPI erró al imponer el pago de honorarios

de abogado, costas e intereses legales.

                                     V.

       Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

apelada. Consecuentemente, se devuelve el caso al TPI para la

continuación de los procedimientos; esto es, la continuación del

juicio en su fondo conforme con lo aquí resuelto.

       Considerando que no existe una sentencia final y firme, se

ordena, además que, luego de celebrar el juicio, el TPI realice un

balance de intereses entre el derecho de los titulares a disfrutar su

propiedad y el derecho a la libertad de expresión del apelado para

determinar si procede la concesión de los remedios aquí solicitados

por la parte apelante. Solo así haremos cumplida JUSTICIA a las

partes.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaría del Tribunal de Apelaciones

proprio del Hon. Juez Jorge Rafael Rivera Rueda); Íd., Anejo XL, pág.175
(Resolución de inhibición motu proprio del Hon. Francisco J. Rosado Colomer).