Court Opinion

ID: 9394851
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:15:52.019777+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.093108
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL VI

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                          Certiorari
                                                  procedente del
             Recurrido                            Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de
                  v.                KLCE202300272 Guayama

                                                          Caso Núm.
LUIS XAVIER DE JESÚS RUIZ                                 G LA2020G0068 AL
                                                          0075
            Peticionario
                                                          Sobre:
                                                          Art. 6.05 L.A. y
                                                          Otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona,
el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio.

Pagán Ocasio, Juez Ponente

                               R E SO L U C I Ó N

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

                                          I.

         El 20 de maro de 2023, el señor Luis De Jesús Ruiz (señor De

Jesús Ruiz o el peticionario) presentó una petición de certiorari, en

la que solicitó que revoquemos una Resolución y Orden emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI),

el 26 de enero de 2023.1 Junto a su escrito, acompañó copia de la

transcripción de la prueba oral (TPO) de la Vista Preliminar

celebrada el 1 de diciembre de 2020, de forma ex-parte, sin haber

sido estipulada con la parte recurrida. Mediante el dictamen

recurrido, el TPI declaró “No Ha Lugar” la moción intitulada

Desestimación Invocando Justicia, Violación al Debido Proceso de Ley

y Doctrina de Evidencia Exculpatoria, presentada por el peticionario

el 27 de septiembre de 2022.2 En desacuerdo con el dictamen

recurrido, el 8 de febrero de 2023, el señor De Jesús Ruiz presentó

1   Registrada, archivada en autos y notificada a las partes el 30 de enero de 2023.
    Apéndice de la petición certiorari, Anejo I, págs. 1-5.
2   Íd., Anejo XXV, págs. 46-50.

Número identificador
RES2023_________
KLCE202300272                                                          2

una solicitud de reconsideración.3 El TPI declaró “No Ha Lugar”

dicha solicitud mediante Resolución del 16 de febrero de 2023.4

          En atención a la petición de certiorari, el 23 de marzo de 2023

emitimos una Resolución en la que concedimos al Pueblo de Puerto

Rico (Ministerio Público o parte recurrida) un término de diez (10)

días, contados a partir de la notificación de la Resolución, para

mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari

y revocar la Resolución y Orden recurrida. El 3 de abril de 2023, el

Pueblo de Puerto Rico solicitó una extensión de dicho término. En

atención a ésta, el 4 de abril de 2023 emitimos una Resolución en la

que le concedimos un término final hasta el 12 de abril de 2023.

          En esa fecha, el Pueblo de Puerto Rico presentó Escrito en

Cumplimiento de Orden, en el cual arguyó que procedía denegar la

expedición del auto de certiorari o, en la alternativa, confirmar la

determinación recurrida. Además, solicitó que no tomemos en

cuenta la TPO, toda vez que el peticionario incumplió con el

procedimiento establecido en el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, para su autorización y presentación

ante este Tribunal.

          Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos atinentes a la petición de certiorari.

                                      II.

          El caso de marras tuvo su génesis en ocho (8) denuncias

presentadas el 22 de febrero de 2020 por el Ministerio Público contra

el peticionario, por presuntos hechos acaecidos el 21 de febrero de

2020.5 En estas, el Ministerio Público le imputó al señor De Jesús

Ruiz violación a los artículos 6.056 (Portación, Transportación o Uso

de Armas de Fuego sin Licencia) y 6.097 (Portación, Posesión o Uso

3   Íd., Anejo II, págs. 6-10.
4   Íd., Anejo III, págs. 11-12.
5   Íd., Anejos IV-XI, págs. 13-20.
6   25 LPRA sec. 466d.
7   25 LPRA sec. 466h.
KLCE202300272                                                                    3

Ilegal de Armas Largas Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta

de Cañón Cortado) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm.

168-2019, según enmendada, y cinco (5) infracciones al Art. 6.228

(Fabricación,        Distribución,      Posesión      y   Uso    de   Municiones;

Importación de Municiones) de la citada ley. El 22 de febrero de

2022, el TPI celebró la vista de causa probable para arresto y

determinó causa probable en todos los delitos imputados.

          La vista preliminar se celebró el 1 de diciembre de 2020.9 En

ésta, el TPI determinó causa probable contra el peticionario por la

comisión de los siguientes delitos: Art. 6.05, Art. 6.09, cinco (5)

infracciones al Art. 6.22 y reclasificó el Art. 6.09 por violación al Art.

6.05 de la Ley de Armas. La lectura de acusación fue señalada para

el 28 de diciembre de 2020 y el juicio en su fondo para el 20 de enero

de 2021.

          El Ministerio Público presentó las acusaciones el 8 de

diciembre de 2020.10 La lectura de acusación se celebró el 28 de

diciembre de 2020.

          En esa última fecha, el peticionario presentó una Moción al

amparo de la Regla 95.11 En el acápite (f), solicitó al Ministerio

Público       lo    siguiente:     “Cualquier       información       o   evidencia

exculpatoria conocida por el Estado que pudiera ayudar a la defensa

en el presente caso, y si existe alguna duda, someter dicha

información al Honorable Tribunal para que haga la determinación

correspondiente”.

          El 19 de enero de 2021, la parte recurrida presentó

Contestación a Moción al Amparo de la Regla 95 de Procedimiento

Criminal y Solicitud de Descubrimiento de Prueba a Favor del

Ministerio Público Conforme a la Regla 95A de Procedimiento

 8   25 LPRA sec. 466u.
 9   Apéndice de la petición de certiorari, Anejo XII, págs. 21-22.
10   Íd., Anejos XIII-XX, págs. 23-31.
11   Íd., Anejo XXI, págs. 32-33.
KLCE202300272                                                                  4

Criminal.12 En cuanto al acápite (f), el Ministerio Público contestó:

“Nada que proveer”. Además, la parte recurrida proveyó al

peticionario copia de varios documentos, entre los cuales se

encuentra copia de la Solicitud de Servicio Forense AF-20-0273, con

fecha de 28 de febrero de 2020.13 En dicho documento, se hizo

referencia a una “pistola”. Sin embargo, surge del documento que la

marca, modelo, calibre y número de serie se encontraban bajo

investigación.

       Posteriormente, el Ministerio Público proveyó copia a la

defensa del Certificado de Examen, expedido por el Negociado de

Ciencias Forenses de Puerto Rico (el Negociado de Ciencias

Forenses) el 29 de octubre de 2020.14 En éste, se describió la “Pieza

2” como una pistola con marca, modelo, calibre y número de serie

bajo investigación.15 No obstante, en la parte de “Resultados”,

acápites 3 y 4, el Examinador de Armas de Fuego del Negociado

expresó lo siguiente:

       3. La pistola descrita en la pieza 2, es del tipo AR-15.
       4. El calibre de la pistola descrita en la pieza 2 es: .223 Rem.
           (Énfasis nuestro).16

       El 24 de marzo de 2021, se dio por completado el

descubrimiento de prueba y se señaló el juicio para el 6 de mayo de

2021.17

       Luego de un año y medio, el 27 de septiembre de 2022, el

peticionario presentó una moción que intituló Desestimación

Invocando Justicia, Violación al Debido Proceso de Ley y Doctrina de

Evidencia Exculpatoria.18 Planteó que en la Solicitud de Servicios

Forense se describió la pieza de evidencia recibida como una

12 Íd., Anejo XXII, págs. 34-35
13 Íd., Anejo XXXIII, págs. 36-37.
14 El Negociado expidió una copia certificada el 2 de febrero de 2021. Íd., Anejo

  XXIV, págs. 38-45.
15 Íd., pág. 38.
16 Íd., pág. 40.
17 Íd., Anejo XXXI, pág. 80.
18 Íd., Anejo XXV, págs. 46-50.
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“pistola” y no un “rifle”, a pesar de que se le acusó por portación de

un rifle, al amparo del Art. 6.09 de la Ley de Armas, supra. A su vez,

señaló que en la Sección de Armas de Fuego y Marcas de

Herramienta del Certificado de Examen se describió la pieza de

evidencia como una pistola y no un rifle. Alegó que esos documentos

constituían prueba exculpatoria, la cual resultaba favorable al

acusado toda vez que el motivo fundado para la intervención fue que

el Agente observó a plena vista un rifle. Adujo que, a pesar de que

desde el 28 de febrero de 2020 el Estado produjo documentos que

hacían referencia a la pieza ocupada como una “pistola”, se celebró

la vista preliminar sin que el señor De Jesús Ruiz fuese notificado

de esos documentos que constituían prueba exculpatoria. Esgrimió

que ello soslayaba su derecho constitucional a un debido proceso de

ley.

          En reacción, el 14 de octubre de 2022, el Ministerio Público

presentó su Contestación a Solicitud de Desestimación Invocando

Justicia.19 Arguyó que el peticionario no citó regla procesal alguna

que facultara al TPI a desestimar el cargo al amparo del Art. 6.09 de

la Ley de Armas, supra. Esgrimió que, a su entender, se trataba de

una solicitud al amparo de la Regla 64 (p) de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (p). Alegó que la controversia

ameritaba la celebración de una vista en la que las partes pudiesen

argumentar sus respectivas posturas.

          Luego, el peticionario presentó Oposición a Vista sobre Regla

64 P y Solicitud de Celebración de Vista de Desestimación para Evitar

un Fracaso a la Justicia por Incumplimiento del Deber Ineludible de

Divulgar Oportunamente Evidencia Exculpatoria en Violación al

Derecho de una Representación Legal Adecuada, Derecho a

Confrontación y Debido Proceso de Ley.20

19   Íd., Anejo XXVII, págs. 65-66.
20   Íd., Anejo XXIX, págs. 73-78.
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          En una vista celebrada el 20 de diciembre de 2022, el TPI

ordenó a las partes presentar un Memorando de Derecho en apoyo a

sus respectivas posturas. En cumplimiento con la orden del TPI, el

20 de enero de 2023, el señor De Jesús Ruiz presentó un Memorando

de Derecho.21 Reiteró que el Ministerio Público no le proveyó copia

de la Solicitud de Servicio Forense AF-20-0273, con fecha de 28 de

febrero de 2020, y de la Certificación de Examen, emitida por el

Negociado el 29 de octubre de 2020, con anterioridad a la vista

preliminar del 1 de diciembre de 2020. A su entender, dichos

documentos          constituían        prueba   exculpatoria   y   favorable   al

peticionario, toda vez que la evidencia ocupada como un “rifle” fue

identificada en dichos documentos como una “pistola”. Planteó que

los documentos eran prueba exculpatoria, pues el motivo fundado

que tuvo el Agente para intervenir fue que observó a plena vista un

rifle.

          Además, el peticionario adujo que el Estado, como un solo

ente, debió realizar las gestiones para obtener la Certificación de

Examen del 29 de octubre de 2020 previo a la vista preliminar y ello

era responsabilidad del Ministerio Público. Esgrimió que, sin

embargo, el Agente de la Policía buscó dicha certificación el 2 de

febrero de 2021. Arguyó que la supresión de buena o mala fe de la

prueba favorable al peticionario, que conocía o debió conocer el

Estado en el descargo de su función, constituía una violación a las

garantías constitucionales. Alegó que se trataba de un asunto que

debía ser atendido de inmediato y no debía aguardar a ser dirimido

en un juicio. Por lo que, adujo que el caso debía ser devuelto a la

etapa de vista preliminar.

          Por su parte, el Pueblo de Puerto Rico presentó su Memorando

de Derecho.22 Alegó que el peticionario incumplió con el término que

21   Íd. Anejo XXVI, págs. 51-64.
22   Íd., Anejo XXVIII, págs. 67-72.
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establece la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal, supra, R. 64 (p),

pues una solicitud presentada más de seis (6) meses luego de

haberse hecho una alegación, en ausencia de circunstancias

excepcionales, era irrazonable.

      Además, sostuvo que el agente investigador José M. Montes

entregó las armas ocupadas el 28 de febrero de 2020 en el Instituto

de Ciencias Forenses al técnico de control y custodia de evidencia,

el cual describió el arma en controversia como una “pistola”. Sostuvo

que ese documento no constituía prueba exculpatoria toda vez que

no reflejaba un estudio o evaluación del arma por un perito, sino

que fue un trámite para custodiar la evidencia por un técnico no

cualificado para emitir las conclusiones que pretendía la defensa del

peticionario. Esgrimió que del mismo documento surge que la

marca, modelo, calibre y número de serie del arma se encontraban

bajo investigación y se solicitó un estudio pericial.

      A su vez, el Pueblo de Puerto Rico alegó que no podía poseer

conocimiento inmediato del resultado del examen por ficción legal

alguna. Además, sostuvo que el proceso para obtener la Certificación

de Examen estuvo sujeto a las limitaciones de la pandemia y a los

trámites del Negociado de Ciencias Forenses, los cuales le impedían

por ley al Ministerio Público intervenir para obtener información

previamente. Señaló que del propio documento surgía que la copia

de éste fue entregado al agente investigador el 2 de febrero de 2021.

      Por otro lado, esgrimió que el asunto trataba de un testigo

pericial y no de un testigo de hechos. Por lo que, adujo que la propia

Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra, R. 23, eximía de

comparecer personalmente a los peritos. También, alegó que, en la

Certificación de Examen, el perito describió el arma en controversia

como una “pistola” del tipo AR-15 y calibre .223 Rem. “En otras

palabras, es la plataforma o ‘chassis’ en su conjunto superior de un

fusil con un cañón más corto, que es capaz de disparar el mismo
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cartucho de un fusil AR-15”.23 Arguyó que la Ley de Armas

establecía como un elemento principal distintivo entre una pistola y

un rifle su diseño para disparar desde el hombro. Alegó que la

conclusión sobre la clasificación del arma de fuego era una decisión

judicial, que debía ser tomada a base de la interpretación de la ley y

asistida por los peritos. Por lo que, solicitó al TPI que declarara “No

Ha Lugar” la solicitud del peticionario.

             El 26 de enero de 2023, el TPI emitió la Resolución y Orden

recurrida, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de

desestimación.24 El foro a quo resolvió que la Certificación de

Examen no era prueba exculpatoria, pues se trataba, de todas

formas, de un arma de fuego. Concluyó que, si entendiera que podría

mover al TPI a determinar causa para juicio por otro Artículo de la

Ley de Armas, hubiese procedido devolver el caso al acto de Vista

Preliminar. No obstante, resolvió que la solicitud de la defensa fue

tardía y en ninguno de sus escritos había mostrado causa

justificada que llevara al Tribunal a no cumplir con lo dispuesto en

la Regla 63 de las de Procedimiento Criminal, supra, R. 63. Así las

cosas, determinó que el asunto en cuanto a las razones por las que

el perito escribió la palabra “pistola” y no “rifle” debía ser dirimido

en el juicio. En vista de ello, declaró “No Ha Lugar” la solicitud de

desestimación.

             En desacuerdo, el señor De Jesús Ruiz presentó una solicitud

de reconsideración en la que reiteró que se trataba de prueba

exculpatoria y procedía devolver el caso a la etapa de vista

preliminar.25 El 16 de febrero de 2023, el TPI emitió una Resolución

en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración.26

23   Íd.,   pág. 70.
24   Íd.,   Anejo I, págs. 1-5.
25   Íd.,   Anejo II, págs. 6-10.
26   Íd.,   Anejo III, págs. 11-12.
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      Inconforme, el peticionario presentó la petición de certiorari e

imputó al TPI los siguientes errores:

      1. Erró el TPI al declarar no ha lugar la solicitud de
         desestimación de la determinación de causa por alegada
         violación de la Ley de Armas, al determinar que la defensa
         no mostró causa justificada por no haber presentado su
         solicitud dentro del término de la Regla 63 de
         Procedimiento Criminal.

      2. Erró el TPI al estimar que a pesar que entiende que de
         haber tenido la defensa la oportunidad de presentar los
         documentos de Solicitud de Servicio y Certificación de
         Examen de la evidencia ocupada, pudo haber una
         determinación de causa distinta, sin embargo, no podía
         declarar ha lugar sus solicitud porque no se le mostró
         causa justificada de por qué no cumplir el Tribunal con
         la Regla 63 de Procedimiento Criminal.

      3. Erró el TPI al castigar e imponer las consecuencias sobre
         la defensa y el acusado, a pesar que quien incurrió en
         dilación y negligencia de entregar prueba exculpatoria o
         que razonablemente sirve para impugnar la credibilidad
         del o de los testigos del Ministerio Público, fueron los
         funcionarios o agentes del Estado.

      4. Erró el TPI al no considerar que, ante el planteamiento de
         prueba exculpatoria o que razonablemente impugna la
         prueba del Ministerio Público, no entregada o suprimida
         en la vista preliminar por los agentes o funcionarios del
         Estado, no aplican los términos de las mociones
         ordinarias, la obligación del Estado de presentar
         evidencia exculpatoria o de impugnación de la prueba
         principal de cargo, no parte del derecho estatutario a
         descubrir prueba favorable contenido en la Regla 95 de
         Procedimiento Criminal, sino del derecho constitucional
         al debido proceso de ley y del derecho a enfrentar prueba
         adversa. Erró también al no considerar que la entrega
         debe ser oportuna.

      En su Escrito en Cumplimiento de Orden, el Pueblo de Puerto

Rico alegó, en síntesis, que los documentos aludidos por el

peticionario no constituían prueba exculpatoria. Esgrimió que el

señor De Jesús Ruiz falló en demostrar, según exige nuestro

ordenamiento jurídico, cómo la divulgación de los documentos,

previo a la vista preliminar, hubiese provocado un resultado

distinto. Señaló que, aunque el peticionario alegó que los

documentos le permitirían contrainterrogar el testigo (Agte. José M.

Motes Cordero) con mayor efectividad, ello no cambiaba el hecho de

que el arma fue descrita como un AR-15 por el Examinador de

Armas del Negociado y así fue descrita en la acusación. Por lo que,

no procedía su solicitud de una nueva vista preliminar. Además,
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argumentó que el Ministerio Público cumplió satisfactoriamente con

su responsabilidad probatoria en la vista preliminar, la cual estaba

limitada a presentar una scintilla de evidencia que diera lugar a una

determinación prima facie sobre la comisión de un delito grave y su

conexión con el imputado (citando a Pueblo v. Pérez Delgado, 2023

TSPR 35, 211 DPR _____ (2023)). Sostuvo que los planteamientos del

peticionario, en cuanto a la impugnación del testigo en la vista

preliminar, no bastaban para derrotar la determinación de causa

probable.

                                         III.

                                           A.

          El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite       a    un    tribunal     de    mayor      jerarquía     revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Pueblo v. Román Feliciano,

181 DPR 679, 684-690 (2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583

(2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Véase,

además, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, R. 32 (D). A diferencia de una apelación, el tribunal de

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari

de forma discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

183 DPR 580, 596 (2011).

          Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.27

27   Esta Regla dispone lo siguiente:
          El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
          determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de
          mostrar causa:
KLCE202300272                                                               11

      Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra;

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451,

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009);

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello,

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
          análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
          en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
          Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
          luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o
          de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
          más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
          causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
          indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
          un fracaso de la justicia.
KLCE202300272                                                        12

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al.

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                  B.

      Nuestro ordenamiento jurídico establece que la prueba

exculpatoria es aquella favorable para el acusado, sin considerar su

materialidad o confiabilidad. Pueblo v. Torres Feliciano, 201 DPR

63, 73 (2018) citando a Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 719

(2013). De la misma manera, la prueba de impugnación se considera

favorable para el acusado, siempre y cuando al ser presentada por

la defensa, pueda representar la diferencia entre una convicción o

una absolución. Íd.

      La obligación del Ministerio Público de presentar la prueba

exculpatoria o de impugnación al acusado nace del derecho

constitucional al debido proceso de ley y del derecho a la

confrontación. Pueblo v. Ortiz Vega, 149 DPR 363, 391 (1999). El

remedio ante este escenario es conceder un nuevo juicio,

dependiendo del fundamento, conforme a las Reglas 187, 188 y 192

de Procedimiento Criminal, supra, Rs. 187, 188 y 192.

      Al juzgador evaluar la referida prueba favorable, deberá

considerar   su   naturaleza,   peso   y   calidad   para   emitir   su

determinación. Pueblo v. Torres Feliciano, supra, pág. 74 citando

a Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 333 (1991).

      Por otro lado, la Regla 63 de Procedimiento Criminal, supra,

R. 63 rige lo atinente a las defensas y objeciones. La cita regla

establece que:
KLCE202300272                                                            13

              Excepto las defensas de falta de jurisdicción del
      tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán
      presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u
      objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso
      en su fondo se deberá promover mediante moción
      presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de
      alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada
      la presentación de dicha moción dentro de un periodo no
      mayor de veinte (20) días después del acto de lectura de
      la acusación en los casos en que deba celebrarse dicho
      acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al
      acusado una copia de la acusación, el término para la
      presentación de esta moción será de no más de veinte (20)
      días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no
      hubiese contestado, el término será de no más de veinte (20)
      días después de que se registre la alegación de no culpable.
              La moción incluirá todas las defensas y objeciones de
      tal índole de que pueda disponer el acusado. La omisión de
      presentar cualquiera de dichas defensas u objeciones en
      el término dispuesto constituirá una renuncia de la
      misma, pero el tribunal podrá eximir al acusado, por causa
      justificada, de los efectos de tal renuncia.
              Una moción para desestimar basada en lo provisto en
      la Regla 64(n) (3) o (4) deberá presentarse antes de ser
      llamado el caso para juicio. (Énfasis suplido).

      En otro extremo, la Regla 64 (p) de Procedimiento Criminal,

supra, R. 64 (p) dispone que podrá presentarse una moción de

desestimación basada en “[q]ue se ha presentado contra el acusado

una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se

hubiere determinado causa probable por un magistrado u ordenado

su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a

derecho”. La Regla 64 establece que una moción al amparo de lo

provisto   en   esta   “deberá   presentarse,     excepto   por       causa

debidamente justificada y fundamentada, por los menor veinte días

antes del juicio, salvo lo dispuesto en la Regla 63”.

                                   C.

      La Ley de Armas, supra, define el término “rifle” como: “[…]

cualquier arma de fuego diseñada para ser disparada desde el

hombro, que dispara uno o tres proyectiles. Puede ser alimentada

manual o automáticamente por un abastecedor o receptáculo y se

puede disparar de manera manual o semiautomática. El término
KLCE202300272                                                                  14

‘rifle’ incluye el término ‘carabina’”. Art. 1.02, inciso (kk), de la Ley

de Armas, supra.28

                                         IV.

       Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente

del caso de marras, a la luz de los criterios de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora. La

Resolución y Orden recurrida es esencialmente correcta y no

atisbamos      ningún     error    que     requiera   nuestra     intervención.

Adviértase que el Ministerio Público entregó a la defensa la

Solicitud de Servicio Forense el 19 de enero de 202129 y para la

fecha del 25 de febrero de 2021 la defensa había recibido una de las

certificaciones de las armas.30 A su vez, ya para la vista del 24 de

marzo de 2021 el Ministerio Público había entregado a la defensa

la certificación de armas que faltaba y el foro a quo señaló juicio para

el 6 de mayo de 2021.31 Sin embargo, el peticionario presentó la

moción de desestimación el 27 de septiembre de 2022, es decir,

un año y medio luego haber recibido los documentos aludidos

en su solicitud de desestimación. En dicha solicitud, no se aludió

a circunstancias excepcionales que justificaran tal dilación.

       Por otro lado, la determinación de causa del TPI en la vista

preliminar estuvo apoyada en la credibilidad que le mereció el

testigo, agente José Montes M. Cordero. El peticionario planteó que

la Certificación de Examen constituía prueba exculpatoria que fue

suprimida por el Ministerio Público. Sin embargo, los resultados del

arma en cuestión, según la Certificación de Examen, no contradicen

28 25 LPRA sec. 461a.
29 Apéndice de la petición de certiorari, Anejos XXII y XXXIII, págs. 34-37. Véase,
  además, la Minuta de la vista del 25 de febrero de 2021. Íd., Anejo XXX, pág. 79.
30 Íd., Anejo XXX, pág. 79. Véase, el Memorando de Derecho presentado por el

  peticionario ante el TPI. Íd., Anejo XXVI, pág. 60.
31 Íd., Anejo XXXI, pág. 80. Véase, además, el Memorando de Derecho presentado

  por el peticionario ante el TPI, íd., Anejo XXVI, pág. 61; y el Memorando de
  Derecho presentado por el Pueblo de Puerto Rico ante el foro a quo, íd. Anejo
  XXVIII, pág. 67.
KLCE202300272                                                         15

el testimonio del Agente. Según surge del documento, “la pistola

descrita en la pieza 2, es del tipo AR-15” y “[e]l calibre de la pistola

descrita en la pieza 2 es: .223 Rem”. Por lo cual, resulta palmario

que esa descripción no descarta en definitiva que se trata de un rifle

conforme a la Ley de Armas, supra. Por lo que, la determinación

recurrida no amerita nuestra intervención.

                                  V.

      Por las razones expresadas, se deniega la expedición del auto

de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. La Jueza Birriel Cardona disiente con opinión

escrita.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                   Certiorari
                                           procedente del
        Recurrido                          Tribunal de Primera
                                           Instancia, Sala
                                           Superior de
            v.               KLCE202300272 Guayama

                                              Caso Núm.
LUIS XAVIER DE JESÚS RUIZ                     G LA2020G0068 AL
                                              0075
       Peticionario
                                              Sobre:
                                              Art. 6.05 L.A. y
                                              Otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona,
el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio.

                  VO T O D I S I D E N T E
  D E L A J U E Z A O L G A E . BI R R I E L C A R D O N A

     Disiento de la mayoría, en particular de la afirmación que

se realiza al final de la referida resolución y que reproduzco a

continuación:

     Según surge del documento, "la pistola descrita en la
     pieza 2, es del tipo AR-15" y "[e]/ calibre de la pistola
     descrita en la pieza 2 es: .223 Rem". Por lo cual, resulta
     palmario que esa descripción no descarta en definitiva
     que se trata de un rifle conforme a la Ley de Armas,
     supra. Por lo que, la determinación recurrida no amerita
     nuestra intervención.

     Es menester que se repase lo que dispone la Constitución de

Puerto Rico en cuanto a que garantiza el derecho de todo acusado

a preparar adecuadamente su defensa, lo que lleva consigo el

derecho a informarse debidamente y a obtener, mediante

descubrimiento de prueba, evidencia que pueda favorecerle.

Pueblo v. Sharma, 167 DPR 2, 14 (2006); Pueblo v. Arzuaga, 160

DPR 520, 529-530 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz, 149 D.P.R.
KLCE202300272                                                      2

223, 231 (1999); Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762, 766-

768 (1994); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 324

(1991).

     El derecho del acusado al descubrimiento de prueba tiene su

fuente estatutaria en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. 11 y, de modo más amplio en la garantía constitucional

a un debido proceso de ley. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109

DPR 243, 246 (1979).

      Por otra parte, dicha Regla 95 dispone que el Ministerio

Público tiene la obligación de revelar a la defensa cualquier

evidencia exculpatoria que tenga en su poder, aun cuando no se

le haya solicitado. 34 LPRA Ap. II R. 95(b). Al respecto, el profesor

Chiesa señala lo siguiente:

        [L]a violación al debido proceso de ley ocurre no sólo
        cuando el Ministerio Público no revela evidencia
        exculpatoria solicitada por la defensa; ocurre
        igualmente cuando, aun sin solicitud de la defensa,
        el Ministerio Fiscal no revela a la defensa evidencia
        que sabía, o debió haber sabido, que era favorable a
        la defensa. Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho
        Procesa/ Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol.
        III, a la pág. 315 (Ed. Forum, 1993).

     Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha definido

el término "evidencia exculpatoria" como "toda aquella que

resulta favorable al acusado y que posee relevancia en cuanto a

los aspectos de culpabilidad y castigo, irrespectivamente de la

buena o mala fe exhibida por el Ministerio Fiscal". Pueblo v.

Echevarría Rodríguez I, supra, a la pág. 333. La relevancia de

dicha evidencia queda "condicionada a la impresión derivada por

el foro apelativo de que la prueba exculpatoria suprimida, con

una razonable probabilidad, habría alterado el veredicto o el

castigo impuesto de haber sido presentada al juzgador de los

hechos." Íd. Sin embargo, esta doctrina ha sido modulada en
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Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DR 705 (2013), en cuanto a la

conducta del Ministerio Público. Por lo tanto, para que el acusado

pueda demostrar una violación al debido proceso de ley ante

evidencia potencialmente exculpatoria, tiene que probar que el

Estado obró de mala fe o, en su defecto, que actuó con

negligencia.

     Por tanto, "no tan sólo se trata de si el fiscal ha ocultado

evidencia exculpatoria; la calidad y el peso de la misma es

elemento tan o más importante que su propia existencia si tiene

suficiente   relevancia   como   para   levantar   una   razonable

probabilidad de que el veredicto o la pena pudieran haber sido

distintos si se le hubiese considerado". Íd. En otras palabras, el

conocimiento o desconocimiento que tenga el Ministerio Público

sobre la existencia de la prueba favorable a la defensa del

acusado "no tiene efecto alguno al determinar si al acusado se

le violó el debido proceso de ley, puesto que lo que realmente

cuenta es la posibilidad de daño al acusado y cómo tales hechos

pudieran variar el veredicto. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR

304, 346 (2008). También, cuenta si el Estado obró de mala fe

o de manera negligente conforme al reciente caso.

     El señor Luis Xavier De Jesús Ruiz (peticionario) solicito la

desestimación del cargo de Art. 6.09 de la Ley de Armas la que

dispone:

    Artículo 6.09. Portación, Posesión o Uso Ilegal de
Armas

     Largas Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta
     de Cañón Cortado
     Toda persona que porte, posea o use sin
     autorización de esta Ley un arma larga
     semiautomática, una ametralladora, carabina,
     rifle, así como cualquier modificación de estas o
     cualquiera otra arma que pueda ser disparada
     automáticamente o escopeta de cañón cortado a
     menos de dieciocho (18) pulgadas, y que pueda
     causar grave daño corporal, o cualquier pieza o
     artefacto que convierte en arma automática
     cualquier arma de fuego, incurrirá en delito grave,
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     y convicta que fuere será sancionada con pena de
     reclusión por un término fijo de veinticuatro (24)
     años, sin derecho a sentencia suspendida, o a
     disfrutar de los beneficios de algún programa de
     desvío, bonificaciones o a cualquier alternativa a
     la reclusión reconocida en esta jurisdicción,
     debiendo cumplir en años naturales la totalidad
     de la pena impuesta. 25 LPRA S 466h.

     El hecho de que se impute la portación de un rifle conlleva

que la pena es de 24 años; pena a imponerse en ocasión de que

recaiga un veredicto de culpabilidad al amparo de la citada

disposición. En contraste, con las penas a imponerse en caso de

que recaiga un veredicto de culpabilidad por posesión y portación

de pistola- un arma de fuego- lo que, dependiendo de las

circunstancias descritas en dichos artículos podría ser de 10 años

en cada cargo. Veamos, las referidas disposiciones de la Ley de

Armas a las cuales nos referimos:

      Artículo 6.05. — Portación, Transportación o Uso de
      Armas de Fuego sin Licencia. (25 L.P.R.A. S 466d)

      Toda persona que porte, transporte o use cualquier
      arma de fuego, sin tener una licencia de armas
      vigente, salvo lo dispuesto para los campos de tiro o
      lugares donde se practica la caza, incurrirá en delito
      grave y convicto que fuere, será sancionada con pena
      de reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin
      derecho a sentencia suspendida, a, o a disfrutar de los
      beneficios de algún programa de desvío, o a cualquier
      alternativa a la reclusión reconocida en esta
      jurisdicción. De mediar circunstancias agravantes, la
      pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un
      máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias
      atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de
      cinco (5) años. […]

             Artículo 6.08. — Posesión de Armas de Fuego
      sin Licencia. (25 L.P.R.A. S 466g) Toda persona que
      sin tener licencia de armas tenga o posea un arma de
      fuego, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere
      será sancionada con pena de reclusión por un término
      fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias
      agravantes, la pena establecida podrá ser aumentada
      hasta un máximo de diez (10) años; de mediar
      circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta
      un mínimo de un (1) año. Se considerará un
      agravante el que el arma haya sido reportada como
      robada o apropiada ilegalmente, o importada a Puerto
      Rico de forma ilegal.
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  La aludida certificación del Negociado de Ciencias Forenses

que luego del estudio pericial y del examen de municiones

realizado al objeto ocupado en la intervención con el peticionario

se describe como pistola y no como rifle. Esto, resulta ser una

información pericial sumamente importante en posesión del

Estado el que no la proveyó a tiempo al peticionario, en particular

antes de la vista preliminar que se llevó a cabo. Dicha evidencia

exculpatoria es una sumamente relevante en torno a la ausencia

del elemento de delito que configura el Art. 6.09 de la Ley de

Armas. Lo anterior, afecta el derecho al debido proceso de ley

del peticionario y tiene un peso contundente que hace

sumamente meritorio ordenar la desestimación del cargo

imputado de Art. 6.09 de Ley de Armas.

  De otra parte, es necesario resaltar que, en Brady v. Maryland,

373 US 83 (1963), se estableció que el Estado tiene la obligación

de descubrir toda evidencia favorable que sea relevante a la

inocencia o al castigo del acusado, independientemente de la

buena o mala fe del Ministerio Público. El Estado viola el debido

proceso de ley consagrado en la Quinta y Decimocuarta

Enmiendas cuando incumple con esta norma. Como parte del

deber de descubrir, el Estado está obligado a preservar y entregar

a la defensa toda evidencia exculpatoria que conozca o que

recopile durante o luego del proceso investigativo. En ese

contexto, la evidencia exculpatoria no es necesariamente aquella

que de por sí sola es capaz de absolver al acusado. No se requiere

tal potencial.

      Más bien, es toda evidencia que llanamente pudiera

favorecer al acusado, sin consideraciones en torno a su

  materialidad o confiabilidad. Su confiabilidad —cuán creíble es—

y su materialidad —cuánto aporta en favor del acusado— son
KLCE202300272                                                  6

asuntos que corresponde evaluar al foro de instancia. Prueba

exculpatoria es toda aquella que resulta favorable al acusado y

que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad y

castigo.

     Es sumamente pertinente destacar que la Sección de Armas

de Fuego y Marcas de Herramientas del Laboratorio de

Criminalística del Negociado de Ciencias Forenses tiene como

objetivo fundamental el examinar mediante un análisis científico

evidencia generada por un caso. En esta Sección se analiza toda

la evidencia relacionada con armas de fuego ocupadas por la

Agencias de Seguridad y Orden de Puerto Rico y Federales.

     La Sección está compuesta por técnicos de laboratorios y

examinadores de armas de fuego. Entre las funciones que realiza

el personal se encuentran:

            •    Determinaciones Periciales

            •    Identificación de Armas

            •    Identificación de Casquillos

            •    Identificación de Proyectiles

            •    Marcas de herramientas

            •    Restauración de números de serie y marcas

            •    Identificación de Armas caseras

            •    Identificación de Impactos

            •    Comparaciones microscópicas de casquillos

            •    Comparaciones microscópicas de proyectiles

            •    Servicios de campo.

      Disiento en particular de la afirmación de la mayoría

que expresa lo que destaco a continuación, por entender

que resulta contrario a la disposición constitucional del

debido proceso de ley que cobija a todos los ciudadanos y

al principio de legalidad:
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       "Según surge del documento, "la pistola descrita en la

pieza 2, es del tipo AR-15" y "[e]l calibre de la pistola descrita en

la pieza 2 es: .223 Rem". Por lo cual, resulta palmario que esa

descripción no descarta en definitiva que se trata de un rifle

conforme a la Ley de Armas, supra. Por lo que, la determinación

recurrida no amerita nuestra intervención".

      El principio de legalidad está consagrado en el Art. 2 del

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5002, el cual dispone lo

siguiente:

      No se instará acción penal contra persona alguna
      por un hecho que no esté expresamente definido
      como delito en este Código o mediante ley especial,
      ni se impondrá pena o medida de seguridad que la
      ley no establezca con anterioridad a los hechos.

      No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni
      medidas de seguridad.

      El referido artículo advierte que los hechos por los cuales

pueda ser acusado una persona deberán estar claramente

descritos por ley. Esta prohibición responde al requisito de que las

leyes deben dar un aviso adecuado de las consecuencias penales

de la conducta que ordenan prohíben.

      El principio de legalidad es un conjunto de garantías al

ciudadano, propias de un sistema de derecho constitucional y

democrático. Este principio opera como un conjunto de reglas

cuyo denominador común es la justificación para que la

intervención del Estado en los asuntos de los individuos esté

basada en la ley y no en la fuerza bruta. Asimismo, el principio de

legalidad no es solo una exigencia de seguridad jurídica que

requiere la determinación previa por ley de delitos y penas, sino

que, además, es la garantía política de que la persona no será

sometida por el Estado, ni por los jueces a penas que no admita

el pueblo. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte
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General, 7ma ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho,

Inc., 2015, pág. 69.

      Nuestro   Tribunal   Supremo     en   Meléndez    v.   Tribunal

Supremo, 90 DPR 656 (1964), puntualizó que lo que se persigue

es que los tribunales, en su rol de interpretar la ley, no se excedan

en sus funciones y adjudiquen las controversias a tono con la

intención del legislador. La premisa básica del principio de

legalidad puede resumirse en que la ley escrita es la única

fuente del Derecho Penal. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 73;

Pueblo v. Santiago, 98 DPR 82 (1969).

      Por los fundamentos que anteceden, reitero que disiento

de la afirmación de la mayoría, por entender que resulta

contrario a la disposición constitucional del debido

proceso de ley que cobija a todos los ciudadanos y al

principio de legalidad.

      Finalmente, concluyo que la denuncia y/o acusación por el

Art. 6.09 de Ley de Armas que forma parte de los cargos contra

el peticionario debe ser desestimada porque la descripción del

arma en definitiva no establece que se trata de un rifle

conforme a la Ley de Armas, supra y los tribunales no

podemos añadir elementos a los delitos ya tipificados.

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

                                        Olga Birriel Cardona
                                       Jueza de Apelaciones