Court Opinion

ID: 9928587
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:27:29.725207+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:38.801682
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

    PEDRO SÁNCHEZ                               CERTIORARI
    SANTANA y Otros                             procedente del
      Peticionario                              Tribunal de Primera
                                                Instancia Carolina
                                KLCE202301245
             V.                                 Caso Núm:
                                                CA2018CV00736
   JOSÉ ANTONIO
 ALMEIDA MEDEROS y                              Sobre:
       Otros                                    Servidumbre
     Recurrido

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      El 9 de noviembre de 2023, el Sr. Pedro Sánchez Santana

(señor Sánchez Santana), la Sra. Alice Daisy Ríos Rivera (señora Ríos

Rivera) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

(en conjunto, los peticionarios) comparecieron ante nos mediante un

Alegato de Certiorari y solicitaron la revisión de una Resolución que

se emitió y notificó el 10 de octubre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). Mediante el

aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una Moción en

Solicitud de Nulidad de Sentencia que presentaron los peticionarios

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 49.2.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación

expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

                                    I.

      El 8 de mayo de 2018, los peticionarios presentaron una

Demanda sobre acción confesoria de servidumbre de paso y daños y

perjuicios contra el Sr. Marcos Antonio Martínez Rodríguez (señor

Martínez Rodríguez), la Sra. Angélica Colón Mercado (señora Colón

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLCE202301245                                                          2

Mercado) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

y, el Sr. José Antonio Almeida Medero (señor Almeida Medero) (en

conjunto, los recurridos).1 Alegaron que, los recurridos eran

propietarios de la finca núm. 3236 y, que esta tenía una

servidumbre de paso a favor de la finca núm. 19584, propiedad de

los peticionarios. Particularmente señalaron que en el año 2016 los

recurridos cerraron la servidumbre de paso con dos (2) portones. Así

pues, argumentaron que los actos de los recurridos afectaron sus

derechos reales por lo que no lograron llevar a cabo la venta de la

finca núm. 19584, debido a que no tenía acceso apropiado a la vía

pública.    Consecuentemente, solicitaron        ciento cincuenta mil

($150,000.00) dólares por los daños resultantes de la pérdida de la

venta de la finca y angustias mentales. La dirección de los

peticionarios que constaba en la Demanda era la siguiente:

Carretera 186, k.m. 22.1, El Verde, Río Grande, 00745.               En

respuesta, el 29 de junio de 2018, los recurridos presentaron su

Contestación a la Demanda.2

       Tras varios trámites procesales, el 2 de julio de 2021, el TPI

emitió y notificó una Resolución y Orden.3 En este dictamen, se les

concedió a los peticionarios noventa (90) días para rendir y entregar

a los recurridos los informes periciales en los cuales descansaban

sus alegaciones. A su vez, concedió a los recurridos noventa (90)

días a partir del recibo de los informes periciales, para evaluarlos y

rendir sus propios informes. Por último, señaló la Conferencia con

Antelación al Juicio para el 19 de mayo de 2022 a las 9:00am y, que

el informe debía ser presentado diez (10) días antes de dicha fecha.

       Así las cosas, el 8 de octubre de 2021, el Lcdo. Jorge Valldejuli

Reyes (licenciado Valldejuli Reyes), representación legal de los

1
  Véase, págs. 14-17 del apéndice del recurso.
2
  Íd., págs. 19-20.
3
  Íd., págs. 24-27.
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peticionarios, presentó una Moción de Relevo de Representación

Legal, debido a que se trasladó al estado de la Florida.4 Cónsono con

lo anterior, el 11 de octubre de 2021, el TPI emitió una Orden, que

se notificó al día siguiente, en la cual autorizó la renuncia del

licenciado Valldejuli Reyes.5 Dicha Orden fue notificada al licenciado

Valldejuli Reyes y al señor Sánchez Santana.

       A esos efectos, el 23 de noviembre de 2021, el Lcdo. Luis Cay

Espinosa (licenciado Cay Espinosa) presentó una Moción Asumiendo

Representación y Solicitando Prórroga.6 En dicha Moción, notificó que

asumió la representación legal de los peticionarios. A su vez, solicitó

una prórroga de cinco (5) días para responder el pliego de

interrogatorio de los recurridos. La dirección de correo electrónico

que constaba en la Moción era: lcdo.cayespinosa@outlook.com y

luiscay@gmail.com. En virtud de lo anterior, el TPI emitió y notificó

una Orden el 23 de noviembre de 2023, en la cual autorizó al

licenciado    Cay   Espinosa      a   comparecer     a   nombre      de   los

peticionarios.7 Además, le otorgó un término de cinco (5) días para

notificar las contestaciones al pliego de interrogatorio. Dicha Orden

se le notificó al licenciado Valldejuli Reyes y al licenciado Cay

Espinosa al correo electrónico luiscay@gmail.com.

       Posteriormente, el 11 de mayo de 2022, se celebró la

Conferencia con Antelación a Juicio, en la cual no compareció el

licenciado Cay Espinosa, ni tampoco los peticionarios.8 Por tanto, el

TPI le ordenó al licenciado Cay Espinosa a que en el término de diez

(10) días mostrase causa por la cual no debía imponérsele una

sanción económica de ciento cincuenta ($150.00) dólares por motivo

de su incomparecencia y por la cual no debía imponérsele una

4
  Íd., págs. 21-22.
5
  Véase, entrada Núm. 65 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de
Caso (SUMAC).
6
  Véase, pág. 23 del apéndice del recurso.
7
  Véase, entrada Núm. 67 del SUMAC.
8
  Véase, págs. 28-29 del apéndice del recurso.
KLCE202301245                                                        4

sanción de ciento veinticinco ($125.00) dólares, toda vez que no

compareció en la preparación y radicación del Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio. En virtud de lo anterior,

concedió hasta el 30 de junio de 2022, para presentar el Informe de

Conferencia con Antelación al Juicio. Dicha Minuta se notificó al

licenciado Valldejuli Reyes y al licenciado Cay Espinosa al correo

electrónico luiscay@gmail.com.

          Vencido el término antes expuesto sin que el licenciado Cay

Espinosa cumpliera con la orden del Tribunal, el 2 de julio de 2022,

el TPI emitió una segunda Orden que se notificó el 5 de julio de 2022,

en la cual le impuso a este último las sanciones económicas

descritas en la Minuta de la vista del 11 de mayo de 2022.9 Así pues,

le concedió veinte (20) días al licenciado Cay Espinosa para que

consignara dichas sanciones, so pena de sanciones adicionales. Por

último, le concedió veinte (20) días a las partes para que presentaran

el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio. Dicha Orden fue

notificada a los peticionarios a la siguiente dirección: El Verde,

CARR 186 KM 22.1, Río Grande, P.R. 00745 y al licenciado Cay

Espinosa al correo electrónico: luisecay@gmail.com.

          El 1 de agosto de 2022, el TPI emitió y notificó una tercera

Orden.10 En lo pertinente, determinó que el licenciado Cay Espinosa

incumplió con las órdenes de mostrar causa. Por consiguiente, le

impuso una sanción adicional de quinientos ($500.00) dólares. De

igual forma, le concedió un término de diez (10) días finales para que

consignase las sanciones económicas y presentara el informe, so

pena de desestimar la Demanda con perjuicio. Dicha Orden se les

notificó a los peticionarios a la siguiente dirección: El Verde, CARR

186 KM 22.1, Río Grande, P.R. 00745. A su vez, se notificó al

licenciado Cay Espinosa al correo electrónico: luisecay@gmail.com.

9
    Íd., págs. 30-31.
10
     Íd., págs. 32-33.
KLCE202301245                                                                5

       El 23 de noviembre de 2022, el TPI emitió una cuarta Orden

que se notificó el 28 de noviembre de 2022, en la cual le impuso una

sanción de doscientos cincuenta ($250.00) dólares al licenciado Cay

Espinosa, ya que habían transcurrido seis (6) meses sin que este

mostrase causa por la cual no compareció a la vista de conferencia

con antelación a juicio y por no haber preparado dicho informe.11

De igual forma, le impuso una sanción de ciento veinticinco

($125.00) dólares a las representaciones legales de ambas partes,

toda vez que no presentaron el Informe de Conferencia con

Antelación a Juicio. En lo pertinente, dicha Orden fue notificada al

licenciado     Cay     Espinosa       al      siguiente   correo   electrónico:

luisecay@gmail.com.

       Posteriormente, el 5 de diciembre de 2022, el TPI emitió y

notificó una quinta Orden.12 En dicha Orden, indicó que los

peticionarios no realizaron trámite alguno por más de seis (6) meses,

por lo que ordenó a los peticionarios a que en un término de diez

(10) días mostraran causa por la cual no debían desestimar su

Demanda en virtud de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V., R.39.2, así como por el incumplimiento con las órdenes

del TPI. La Orden fue notificada al correo electrónico del

licenciado Cay Espinosa: luisecay@gmail.com.

       Ante este escenario, el 16 de diciembre de 2022, el licenciado

Cay Espinosa, representante legal de los peticionarios, presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden.13 En síntesis, adujo que

recientemente se reintegraba a sus labores, debido a que había

tenido un percance de salud durante los meses de octubre y

noviembre. A su vez, informó que había terminado su parte del

11
   Véase, entrada Núm. 77 del SUMAC.
12
   Véase, pág. 34 del apéndice del recurso.
13
   Véase, entrada Núm. 81 del SUMAC.
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Informe de Conferencia con Antelación a Juicio y que estaba en

proceso de integrarlo con el informe de los recurridos.

       Luego de examinar el argumento del licenciado Cay Espinosa,

el 19 de enero de 2023, el TPI emitió una Sentencia que notificó el

24 de enero de 2023.14 En síntesis, determinó que este último no

consignó las sanciones impuestas y tampoco presentó el Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio. Además, concluyó que, desde

la primera sanción que se le impuso habían transcurrido seis (6)

meses y, ni los peticionarios ni su representación legal, consignaron

dichas sanciones. En vista de lo anterior, el TPI desestimó con

perjuicio la Demanda, al amparo de la Regla 39.2 (a) de

Procedimiento Civil, supra. La referida Sentencia se le notificó al

licenciado        Cay       Espinosa         al   correo   electrónico:

luisecay@gmail.com.

       En desacuerdo, el 8 de febrero de 2023, los peticionarios

presentaron una Moción Solicitando Reconsideración.15 En esencia,

esbozaron que el TPI estaba impedido de desestimar la Demanda,

debido a que la inactividad estaba justificada por razones médicas

del licenciado Cay Espinosa. Por su parte, el 10 de febrero de 2023,

los recurridos presentaron su Oposición a Reconsideración en la cual

arguyeron que la inactividad del caso era equivalente a dos (2) años

aproximadamente.16 A su vez, señalaron que el licenciado Cay

Espinosa no cumplió con las órdenes del TPI y tampoco evidenció

su condición de salud. Examinados los planteamientos de las

partes, el 10 de febrero de 2023, el TPI emitió y notificó una

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando

Reconsideración.17

14
   Véase, pág. 35-40 del apéndice del recurso.
15
   Véase, entrada Núm. 84 del SUMAC.
16
   Véase, entrada Núm. 85 del SUMAC.
17
   Véase, entrada Núm. 87 del SUMAC.
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          Tras varios trámites procesales, el 27 de septiembre de 2023,

los peticionarios presentaron una Moción en Solicitud de Nulidad de

Sentencia.18 En esencia, alegaron que el desconocimiento sobre las

incidencias del caso ocurrió debido a la falta de información de su

representación legal y la falta de notificación del TPI. A su vez,

esbozaron que dichas notificaciones no fueron recibidas por los

peticionarios, toda vez que fueron enviadas a una dirección que no

aceptaba correspondencia postal. Argumentaron, además, que la

falta de notificación adecuada sobre la desestimación del caso

incidió sobre su derecho a un debido proceso de ley por falta de

notificación adecuada. Entiéndase, según ellos, la falta de

notificación los privó de la oportunidad de conocer sobre su caso y

de la oportunidad de ser oídos. Consecuentemente, razonaron que

la Sentencia era nula y que el término de seis (6) meses no comenzó

a transcurrir, por lo que podía solicitar el relevo de la Sentencia. En

la alternativa, esbozaron que desde el momento en que advinieron

en conocimiento de la Sentencia en julio, no habían transcurrido los

seis (6) meses para solicitar el relevo de sentencia.

          Por su parte, el 6 de octubre de 2023, los recurridos

presentaron su Oposición a la Solicitud de Nulidad de Sentencia.19

Argumentaron, que en la Demanda los peticionarios informaron que

su dirección era: Carretera 186, Km. 22.1, el Verde, Río Grande, P.R.

00745. Sostuvieron que según surgía del expediente del caso, el TPI

notificó a los peticionarios a su dirección de récord y que dichas

notificaciones no fueron devueltas, por lo que se presumió que

fueron recibidas. Por último, alegaron que en el momento en que se

dictó la Sentencia, el representante legal de los peticionarios era el

licenciado Cay Espinosa, por lo que era su responsabilidad

notificarles a sus clientes. Examinados los argumentos de ambas

18
     Véase, pág. 45-47 del apéndice del recurso.
19
     Íd., págs. 58-60.
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partes, el TPI emitió y notificó una Orden el 10 de octubre de 2023,

en la cual declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Nulidad de

Sentencia.20

        En desacuerdo con la determinación del TPI, el 19 de octubre

de 2023, el señor Sánchez Santana presentó una Moción de

Reconsideración por derecho propio.21 Posteriormente, el 25 de

octubre de 2023, los peticionarios presentaron su Reconsideración

a Moción en Solicitud de Nulidad de Sentencia en apoyo a la Moción

de Reconsideración.22 En síntesis, arguyeron que conforme a la regla

49.2 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal podía relevar a una

parte de los efectos de una sentencia cuando medió error,

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable y/o cualquier otra

razón que justificara la concesión de un remedio contra los efectos

de una sentencia. Asimismo, indicaron que dejaron de atender los

asuntos relacionados a su reclamación judicial, toda vez que

confiaban en que su representante legal actuaba diligente y

responsablemente. Enfatizaron que, habían actuado con la mayor

diligencia, por lo que no les debía ser atribuido la negligencia del

licenciado Cay Espinosa. En desacuerdo, el 26 de octubre de 2023,

los recurridos presentaron su Moción en Oposición en la cual

reiteraron los planteamientos de su Oposición a la Solicitud de

Nulidad de Sentencia.23

        Luego de examinar los argumentos presentados por las

partes, el 30 de octubre de 2023 el TPI emitió y notificó una

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar a la Reconsideración a

Moción en Solicitud de Nulidad de Sentencia.24 Además, enfatizó que

del expediente no surgía correspondencia devuelta.

20
    Íd., págs. 1-2.
21
   Íd., págs. 3-5.
22
   Íd., págs. 6-11.
23
   Íd., pág. 61.
24
   Íd., págs. 13-14.
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      Inconforme con el aludido dictamen, el 9 de noviembre de

2023, el peticionario presentó el recurso de epígrafe y formuló los

siguientes señalamientos de error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      declarar No Ha Lugar la Solicitud de Relevo de
      Sentencia presentada por la parte demandante-
      recurrente.

      Erró el Honorable Tribunal de Instancias al denegar
      la Solicitud de Relevo de Sentencia del demandante-
      recurrente bajo el fundamento de que la parte
      demandante-recurrente        estuvo     debidamente
      representada     cuando     emitió   sentencia    de
      desestimación al amparo de la Regla 39.2 de
      Procedimiento Civil el 19 de enero del 2023.
      Además erró al insinuar que ese mero hecho subsanó
      la falta de notificación requerida por la Regla 39.2
      de Procedimiento Civil.

      Erró el Honorable Tribunal de Instancias al emitir
      una Sentencia de desestimación al amparo de la
      Regla 39.2 de Procedimiento Civil sin antes haber
      notificado a la parte y haberle concedido la
      oportunidad de expresarse y/o corregir los
      incumplimiento alegados.

      Erró el Honorable Tribunal al determinar que, a la
      luz de las circunstancias particulares del caso de
      epígrafe, no existieron los criterios de error,
      inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable o
      algún otro que justifique la concesión de un remedio
      en contra de la sentencia emitida.

      Atendido el recurso, 13 de noviembre de 2023, emitimos una

Resolución en la cual le concedimos al recurrido hasta el 21 de

noviembre de 2021 para presentar su postura en cuanto al recurso.

Oportunamente, el 16 de noviembre de 2023, el recurrido presentó

su Oposición a Recurso de Certiorari y negó que el TPI cometiera los

errores que la parte peticionaria le imputó.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver. Veamos.

                                 II.

                                 -A-

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.
KLCE202301245                                                         10

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 201 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

            El tribunal tomará en consideración los
        siguientes criterios al determinar la expedición de
        un auto de certiorari o de una orden de mostrar
        causa:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
        y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        (D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
        el caso es la más propicia para su consideración.

        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del
        pleito y una dilación indeseable en la solución final
        del litigio.
KLCE202301245                                                      11

          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
          XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  -B-

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, establece el

mecanismo procesal disponible para solicitarle al Tribunal de

Instancia el relevo de los efectos de una sentencia. García Colón et

al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Específicamente, la

aludida Regla dispone lo siguiente:

            Mediante una moción y bajo aquellas condiciones
      que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o
      a su representante legal de una sentencia, orden o
      procedimiento por las razones siguientes:

             (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
                 excusable;

             (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a
                 pesar de una debida diligencia, no pudo
                 haber sido descubierta a tiempo para solicitar
                 un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;

             (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha
                 denominado “intrínseco” y el también
                 llamado “extrínseco”), falsa representación u
                 otra conducta impropia de una parte adversa;

             (d) nulidad de la sentencia;

             (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o
                 se ha cumplido con ella, o la sentencia
                 anterior en que se fundaba ha sido revocada
                 o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
KLCE202301245                                                         12

                  equitativo que la sentencia continúe en vigor,
                  o

            (f)   cualquier otra razón que justifique la
                  concesión de un remedio contra los efectos de
                  una sentencia. (Énfasis suplido).

            […]

      Para que proceda el relevo de sentencia bajo la referida regla,

“es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las

razones enumeradas en esa regla para tal relevo”. Íd., pág. 540.

Ahora bien, cabe precisar que, independientemente de la existencia

de uno de los fundamentos expuestos en la regla, relevar a una parte

de los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, salvo

en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).       A su vez, la Regla

49.2, supra, dispone que “la moción se presentará dentro de un

término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse

llevado a cabo el procedimiento”. No obstante, dicho plazo es

inaplicable cuando se trata de una sentencia nula. Náter v.

Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004). (Énfasis nuestro). A tales efectos,

si una sentencia es nula, no hay margen de discreción y es

obligatorio dejar sin efecto la sentencia. García Colón et al. v. Sucn.

González, supra, pág. 543. Ello, “independientemente de los méritos

que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado”. Íd.,

págs. 543-544. Se considera que una sentencia es nula cuando

al dictarla se quebrantó el debido proceso de ley. (Énfasis

suplido) Íd., pág. 543.

      Ahora bien, cabe precisar que una moción basada en la

aludida Regla debe estar bien fundamentada, pues sabido es que los

dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A.

Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961).
KLCE202301245                                                      13

                                 -C-

      La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2,

establece las instancias en que el Tribunal, a iniciativa propia o a

solicitud de parte, puede desestimar una reclamación. Ahora bien,

antes de discutir la referida Regla, es importante mencionar que “la

desestimación de un caso como sanción, debe prevalecer

únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado

demostrado de manera clara e inequívoca la desatención y el

abandono total de la parte con interés […]”. (Énfasis suplido) Mun.

de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001). Es decir,

una vez surja una situación que amerite sanciones, el tribunal debe,

en primera instancia, imponérselas al abogado de la parte. Íd., págs.

222-223. Si dicha acción disciplinaria no surte efecto, procederá la

imposición severa de la desestimación de la demanda. Íd. Ello,

únicamente después de que la parte haya sido propiamente

informada y apercibida de la situación y de las consecuencias

que pueda tener no corregirla. (Énfasis nuestro). Íd. La razón

principal para no imponer sanciones drásticas al cliente es que, de

ordinario, la parte que ejercita su derecho en corte no está

informada de los trámites rutinarios. Íd., pág. 224.

      Conforme a dichos pronunciamientos, la Regla 39.2 de

Procedimiento Civil, supra, fue modificada para aclarar que la

orden de mostrar causa por la cual no debe desestimarse el

pleito debe notificarse a las partes y a sus abogados. Véase

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente

de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008, pág. 456. (Énfasis

suplido). Así, luego de su modificación, el inciso (a) de la aludida

Regla dispone que el tribunal podrá ordenar la desestimación

del pleito cuando el demandante deja de cumplir con sus

órdenes. (Énfasis nuestro). En particular, la Regla 39.2(a) de

Procedimiento Civil, supra, establece lo siguiente:
KLCE202301245                                                         14

      (a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas
          o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a
          iniciativa propia o a solicitud del demandado podrá
          decretar la desestimación del pleito o de cualquier
          reclamación contra él, o la eliminación de las
          alegaciones, según corresponda.

         Cuando se trate de un primer incumplimiento, la
         severa sanción de la desestimación de la demanda o
         la eliminación de las alegaciones tan sólo procederá
         después que el tribunal, en primer término, haya
         apercibido al abogado o abogada de la parte de la
         situación y se le haya concedido la oportunidad para
         responder. Si el abogado o abogada de la parte no
         responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá
         a imponer sanciones al abogado o la abogada de la
         parte y se notificará directamente a la parte sobre la
         situación. Luego de que la parte haya sido
         debidamente informada o apercibida de la situación
         y de las consecuencias que pueda tener el que ésta
         no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la
         desestimación del pleito o la eliminación de las
         alegaciones. El tribunal concederá a la parte un
         término de tiempo razonable para corregir la
         situación, que en ningún caso será menor de treinta
         (30) días, a menos que las circunstancias del caso
         justifiquen que se reduzca el término.

         […]

                                  III.

      En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios nos

solicitaron la revocación de la Resolución que emitió y notificó el TPI

el 10 de octubre de 2023. Así pues, en su primer señalamiento de

error argumentaron que el TPI erró al declarar No Ha Lugar la

solicitud de relevo de sentencia. Específicamente, en su segundo

señalamiento de error plantearon que el TPI erró al denegar la

solicitud de relevo de sentencia fundamentado en que los

peticionarios estuvieron debidamente representados cuando se

emitió la Sentencia y, por tanto, se subsanó el error de falta de

notificación. Por otro lado, en su tercer señalamiento de error,

sostuvieron que el TPI erró al emitir una Sentencia de desestimación

al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, sin antes

haber notificado a los peticionarios y haberle concedido la

oportunidad de expresarse y corregir los incumplimientos. Por

último, impugnaron la determinación del TPI al determinar que no
KLCE202301245                                                                    15

existieron los criterios de error, inadvertencia, sorpresa, negligencia

excusable o algún otro que justificara la concesión de un remedio

en contra de la Sentencia que se emitió. No le asiste razón. Veamos.

       Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos

los señalamientos de error en conjunto. Según la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, supra, para que proceda el relevo de sentencia,

“es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las

razones enumeradas en esa regla para tal relevo”. García Colón et al.

v. Sucn. González, supra, pág. 540. En el presente caso, la parte

peticionaria presentó una solicitud de relevo de sentencia por

nulidad. Reconocemos que, si una sentencia es nula, no hay margen

de discreción y es obligatorio dejarla sin efecto. Íd., pág. 543.

Cónsono con lo anterior, se considera que una sentencia es nula

cuando al dictarla se quebrantó el debido proceso de ley. Íd.

       De entrada, cabe mencionar que reconocemos que, en la

mayoría de los casos, las partes no están enteradas de las

actuaciones negligentes e irresponsables por parte de sus abogados.

En vista de ello, es injusto que una parte sea penalizada por las

actuaciones displicentes de su representación legal. Por esta

razón, es requerido apercibirles a las partes sobre esta situación

para que puedan tener la oportunidad de corregirla y así poder

evitar su debido proceso de ley se trastoque.

       De un detenido análisis del expediente ante nos, surge que el

TPI le brindó amplia oportunidad a la representación legal de los

peticionarios para que cumpliera con las órdenes del TPI y mostrara

causa por la cual no se le debía desestimar la Demanda al amparo

de la 39.2(a) y 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra.25 Sin embargo,

25 A continuación precisamos las ocasiones en las que el TPI le concedió una
oportunidad a la representación legal de los peticionarios para que cumpliera con
las órdenes del TPI y mostrara causa por la cual no se le debía desestimar la
Demanda: (1) vista de conferencia con antelación a juicio que se celebró el 11 de
mayo de 2022; (2) Orden que se emitió el 11 de mayo de 2022; (3) Orden que se
emitió el 2 de julio de 2022; (4) Orden del 1 de agosto de 2022 y le apercibió que,
de no responder dicha Orden, procedería a desestimar la Demanda con perjuicio;
KLCE202301245                                                                    16

el licenciado Cay Espinosa, quien ostentaba la representación legal

de los peticionarios, optó por ignorar y menospreciar las órdenes del

TPI.   Dicho     proceder,      indubitadamente,          denotó      falta   de

diligencia y cooperación con los procesos. Además, dicho

comportamiento fue antiético, temerario y causó dilaciones

innecesarias en los trámites procesales del caso.

       Ahora bien, la tendencia jurisprudencial en situaciones en las

que la representación legal de una parte reiteradamente incumple e

ignora las órdenes del Tribunal es, en primer lugar, imponerle

sanciones económicas directamente al abogado previo a que el

Tribunal le imponga a una parte la sanción severa de la

desestimación del pleito. Si ello no provoca una acción correctiva

por parte del abogado, la parte debe ser directamente apercibida

e informada de las actuaciones de su abogado. Únicamente

después de que la parte haya sido enterada de la situación, es

que el Tribunal podrá imponer la sanción de desestimar la

Demanda al amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil,

supra.

       En el caso de autos, el 2 de julio de 2022, el TPI emitió una

Orden en la cual le impuso sanciones económicas al licenciado Cay

Espinosa, debido a que no contestó las órdenes de mostrar causa

que se emitieron el 11 de mayo de 2022. Dicha Orden se le notificó

al licenciado Cay Espinosa y a los peticionarios a la dirección que

surgía del expediente del caso, Carretera 186, k.m. 22.1, El Verde,

Río Grande, 00745. Posteriormente, el 1 de agosto de 2022, el TPI

emitió otra Orden para mostrar causa, en la cual le impuso una

sanción económica y le apercibió que, de no responder dicha Orden,

procedería a desestimar la Demanda con perjuicio. Resulta

(5) Orden que se emitió el 23 de noviembre de 2022; y, por último; (6) Orden del 5
de diciembre de 2022. Las últimas dos órdenes antes mencionadas fueron al
amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra.
KLCE202301245                                                      17

necesario enfatizar que esta Orden se le notificó al licenciado Cay

Espinosa y a los peticionarios a la dirección anterior.

      No obstante lo anterior, el 23 de noviembre de 2022, el TPI

emitió una cuarta Orden en la en la cual le impuso una sanción al

licenciado Cay Espinosa, ya que habían transcurrido seis (6) meses

sin que este mostrase causa por la cual no compareció a la vista de

conferencia con antelación a juicio y por no haber preparado dicho

informe. Cabe destacar que dicha           Orden,   fue   notificada,

únicamente, al licenciado Cay Espinosa. Posteriormente, el 5 de

diciembre de 2022, el TPI emitió y notificó una última Orden en la

cual indicó que los peticionarios no realizaron trámite alguno por

más de seis (6) meses, por lo que les ordenó a que en un término de

diez (10) días mostraran causa por la cual no debían desestimar su

Demanda en virtud de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V., R.39.2, así como por el incumplimiento con las órdenes

del TPI. Resulta necesario enfatizar que el TPI ordenó a que se

notificara a los peticionarios directamente. Sin embargo, dicha

Orden se notificó, únicamente, al licenciado Cay Espinosa.

Posteriormente, el TPI dictó Sentencia desestimando la

Demanda al amparo de Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil,

supra, la cual no se notificó directamente a los peticionarios.

De una búsqueda exhaustiva del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Caso (SUMAC) tampoco surge que se notificó a

los peticionarios de la Orden del 5 de diciembre de 2022, ni de la

Sentencia que dictó el TPI.

   En virtud de lo anterior, colegimos que es evidente que la

representación legal de los peticionarios reiteradamente incumplió

con las órdenes del TPI a pesar de que se le concedió plena

oportunidad para responder y mostrar causa por sus reiterados

incumplimientos. De igual forma, estamos conscientes que el TPI

amonestó a este último por su reiterado incumplimiento, previo a
KLCE202301245                                                          18

desestimar el pleito. Sin embargo, no les apercibió directamente a

los peticionarios sobre dicha situación previo a la desestimación de

la Demanda. Recordemos que la Regla 39.2 de Procedimiento Civil,

supra, exige que las órdenes de mostrar causa por la cual no debe

desestimarse el pleito deben notificarse a las partes y a sus

abogados. En este caso, el Tribunal omitió cumplir con una de las

exigencias esenciales de la Regla 39.2, supra que es notificarles

directamente a las partes para darles la oportunidad de corregir las

actuaciones displicentes de su representación legal. Ello, quebrantó

el debido proceso de ley que les cobija.

      Por tanto, resolvemos que procede el relevo de Sentencia, toda

vez que, en este caso, el TPI incumplió con la Regla 39.2 (a) de

Procedimiento Civil, supra, y, por ende, quebrantó el debido proceso

de ley de los peticionarios. Así pues, procede declarar nula la

Sentencia recurrida al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, toda vez que el TPI no notificó a los peticionarios antes

de desestimar la Demanda como exige la Regla 39.2 (a) de

Procedimiento Civil, supra.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos el dictamen recurrido.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones