Court Opinion

ID: 9941442
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:36:34.648591+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:40.437352
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

 IVIS I. RUBERO PADILA                                  Certiorari
                                                        procedente del
  Demandante-Recurrida                                  Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala de
               v.                                       Bayamón

   VERTICAL BRIDGE
 TOWERS, LLC Y OTROS

     PUERTO RICO    KLCE202301261 Caso Núm.
TELEPHONE COMPANY,                BY2020CV02543
INC. H/N/C CLARO DE
    PUERTO RICO;

Demandados-Peticionario
                                                        Sobre:

                                                        Daños y perjuicios
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Marrero Guerrero y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

       Comparece Puerto Rico Telephone Company H/N/C Claro de

Puerto Rico (Claro o peticionario) y nos solicita que revoquemos la

Resolución emitida y notificada el 12 de octubre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En

el referido dictamen, luego de evaluar una trilogía de pedimentos

sumarios, así como las oposiciones, réplicas y dúplicas, el TPI

denegó resolver el pleito del título por la vía sumaria. Justipreció

que existían controversias de hechos materiales que impedían dictar

una sentencia sumaria.

                                        I.

       La presente causa se inició el 19 de agosto de 2020, ocasión

en que la señora Ivis I. Rubero Padilla (señora Rubero Padilla o

recurrida) instó una Demanda contra el peticionario y los

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Hon. Ángel R. Pagán Ocasio, por virtud

de la Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de 2023.

Número Identificador

RES2024 ___________
KLCE202301261                                                             2

demandados del epígrafe.2 La recurrida solicitó una indemnización

por los daños y perjuicios sufridos. Además, imputó temeridad a la

parte demandada, luego de haber cursado, sin éxito, alrededor de

una docena de reclamaciones extrajudiciales a través de su padre y

representante, el señor Edwin Rubero Alvarado, por lo que peticionó

una partida por concepto de honorarios de abogado.

       En esencia, la señora Rubero Padilla alegó que la parte

demandada era arrendataria de un predio comercial colindante a su

propiedad, sita en la Calle Comerío de Bayamón. Indicó que el

contrato de arrendamiento, suscrito el 30 de septiembre de 2016,3

obligaba a responder al arrendatario y a toda persona natural o

jurídica que subarrendara el inmueble, como era el caso de Claro.

Explicó que, tras el paso del Huracán María, una torre de

telecomunicaciones de más de cincuenta pies de altura, ubicada en

el predio arrendado desde 2009, se desplomó sobre su propiedad y

provocó severos daños ascendentes a $300,000. Ello causó que

dejara de devengar $70,000 en ingresos por concepto del

arrendamiento de parte de su propiedad.

       Asimismo, señaló que la torre de comunicaciones, instalada a

menos de quince pies de distancia de su predio, debió ser una

provisional. Enunció que, luego del desplome, la parte demandada

removió la torre y la sustituyó por una más segura, moderna y

resistente. No obstante, en el proceso de construcción de la nueva

torre de comunicaciones, se derribó una verja de su propiedad, la

cual fue robada, junto a otras pertenencias y materiales de

construcción que tenía almacenados, cuyo valor estimó en $3,000.

La señora Rubero Padilla agregó que la parte demandada usó su

contador de electricidad, por lo que tuvo que pagar la utilidad para

2 Apéndice del recurso, págs. 1-13.
3 El hermano de la recurrida, Edwin Rubero Padilla, arrendó a la parte
demandada la propiedad donde ubicaba la torre de comunicaciones provisional.
Previamente, el predio pertenecía al señor Rubero Alvarado.
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evitar la suspensión del servicio y peticionó el resarcimiento de

$5,000. Expuso también que la parte demandada, sin su

consentimiento, instaló contadores en su propiedad, por lo que

solicitó $50,000 en indemnización por los daños estructurales.

Además, aseveró haber sufrido angustias mentales, resarcibles en

$30,000.

        La señora Rubero Padilla arguyó que, como la instalación de

la torre de telecomunicaciones provisional no se rigió por los

parámetros impuestos por las leyes y regulaciones estatales y

federales, era previsible que podía desplomarse por un evento

atmosférico y causar daños severos a las propiedades aledañas. Por

lo tanto, imputó negligencia a la parte demandada por su

incumplimiento       a   las   leyes   y   reglamentos   aplicables    a   la

construcción, operación y mantenimiento de la torre. Adujo también

que esa negligencia fue la causa próxima de que la torre se

desplomara sobre su propiedad y causara los daños descritos.

Asimismo, alegó que la parte demandada era solidariamente

responsable al incumplir con el estándar de la persona prudente y

razonable impuesto por el ordenamiento civil.

        Vertical Bridge Towers II (VBT II) y Vertical Bridge S3 Assets

(VBA)    presentaron      en   conjunto     su   alegación    responsiva. 4

Reconocieron el otorgamiento del contrato de arrendamiento, pero

manifestaron no contar con información suficiente para constatar y

contestar muchas de las alegaciones de la señora Rubero Padilla.

Negaron que la torre de comunicaciones se desplomara e imputaron

la causa de los daños a los vientos huracanados, por lo que

invocaron el eximente de caso fortuito o fuerza mayor. Sobre las

reclamaciones      extrajudiciales,    adujeron    que   no    las    habían

encontrado y adujeron que la causa de acción estaba prescrita.

4 Apéndice del recurso, págs. 30-37.
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       Claro instó Contestación enmendada a demanda.5 Apuntó que

no fue parte del contrato de 2016, por lo que sus cláusulas no le

eran extensibles. De igual forma, reconoció que contrató con Vertical

Bridge para alquilar un espacio para colocar equipo en la torre de

comunicaciones. Negó haber incurrido en negligencia, al asegurar

que los daños reclamados se debieron a fuerza mayor o un acto

fortuito de la naturaleza. También rechazó que la torre de

comunicaciones se desplomara sobre el inmueble de la señora

Rubero Padilla. Expuso que los vientos huracanados arrancaron

una montura con antenas de la parte superior de la torre, la cual

cayó sobre una porción de un techo de aluminio existente en la

propiedad de la recurrida. Invocó también la prescripción.

       Así las cosas, el 11 de noviembre de 2021, VBT II y VBA

presentaron una solicitud de sentencia sumaria, bajo el fundamento

de prescripción.6 En su oposición,7 incoada el 21 de marzo de 2023,

la señora Rubero Padilla rechazó que su causa de acción estuviera

prescrita, al haber interrumpido el plazo de manera extrajudicial. A

su vez, en su solicitud de sentencia sumaria contra la parte

demandada, sostuvo que ésta había admitido la altura de la torre de

comunicaciones y su ubicación cercana a su propiedad, en

contravención al ordenamiento legal. VBT II y VBA replicaron y se

opusieron a la petición de la recurrida;8 e insistieron en que la torre

de comunicaciones no se desplomó y que las regulaciones de las

torres de comunicaciones comprenden excepciones para su

ubicación. Unieron a su escrito cinco fotografías del área en

controversia.9 La señora Rubero Padilla presentó una dúplica y una

5 Apéndice del recurso, págs. 38-56; véase, Contestación a Demanda a las págs.

14-25.
6 Apéndice del recurso, págs. 57-73, Solicitud de sentencia sumaria.
7 Apéndice del recurso, págs. 77-100, Oposición a “Solicitud de sentencia sumaria”

de Vertical Bridge y Contramoción de sentencia sumaria contra Vertical Bridge y
Claro de Puerto Rico.
8 Apéndice del recurso, págs. 101-123, Réplica a “Oposición a solicitud de

sentencia sumaria de Vertical Bridge” y Oposición a “Sentencia sumaria contra
Vertical Bridge y Claro de Puerto Rico”.
9 Apéndice del recurso, págs. 124-128.
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réplica, 10 en la que refutó el planteamiento de las alegadas

excepciones en la ubicación de una torre de comunicaciones. La

recurrida sometió, además, documentos juramentados en apoyo a

su petición sumaria.11

       Por su parte, el 5 de mayo de 2023, Claro presentó un escrito,

mediante el cual se opuso a la sentencia sumaria de la recurrida y

solicitó a su favor el dictamen sumario bajo el fundamento de

ausencia de responsabilidad, al que unió unas fotografías aéreas de

la zona.12 En síntesis, esbozó como controversia la causa próxima

de los daños alegados por la señora Rubero Padilla. En su análisis,

planteó que los daños fueron causados por el Huracán María, por lo

que no respondía por éstos al amparo de la doctrina de fuerza

mayor.

       La recurrida replicó y se opuso a la petición sumaria del

peticionario. 13 Insistió que los daños fueron causados por la

negligencia de la parte demandada. Fundamentó su postura en las

disposiciones legales que rigen la ubicación de las torres de

comunicaciones, independientemente de la zonificación del área.

       En su dúplica y réplica,14 Claro reiteró su defensa eximente

de responsabilidad a base de las propias admisiones de la recurrida

sobre los vientos huracanados. A esos efectos, invocó la doctrina de

los actos propios. No obstante, la señora Rubero Padilla planteó en

10 Apéndice del recurso, págs. 129-135, con anejos a las págs. 136-149, Dúplica

a réplica a “Oposición a solicitud de sentencia sumaria de Vertical Bridge” y Réplica
a oposición a “Moción de sentencia sumaria contra Vertical Bridge y Claro de Puerto
Rico”.
11 Apéndice del recurso, págs. 150-151, con anejos a las págs. 152-165.
12 Apéndice del recurso, págs. 166-179, con anejos a las págs. 180-183, Moción i.

En oposición a solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte demandante
ii. Solicitando sentencia sumaria a favor del compareciente por el fundamento de
ausencia de responsabilidad.
13 Apéndice del recurso, págs. 184-192, Oposición a segunda solicitud de sentencia

sumaria de PRTC (Claro) y Réplica a oposición de PRTC a solicitud de sentencia
sumaria.
14 Apéndice del recurso, págs. 193-209, con anejo a la pág. 210, Moción i. Dúplica

en relación a solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte demandante
ii. Réplica en relación a sentencia sumaria solicitada por la compareciente por el
fundamento de ausencia de responsabilidad.
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su dúplica 15 que era distinguible la causa próxima de que las

antenas se desplomaran y la causa próxima de que las antenas se

desplomaran sobre su propiedad. Esto, debido a la presunta

ubicación ilegal de la torre de comunicaciones.

       Evaluados los escritos judiciales dispositivos, el 12 de octubre

de 2023, el TPI dictó la Resolución recurrida, en la que consignó los

hechos que halló incontrovertidos:

       1) El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico recibió un
       impacto directo del Huracán María que causó estragos
       en toda la isla. El mismo fue uno de categoría 4. Los
       vientos máximos sostenidos fueron de 155 millas por
       hora. Los efectos de la fuerza de los vientos se extendió
       sobre todo Puerto Rico, en unión a lluvia copiosa
       extrema que produjo de grandes a catastróficas
       inundaciones y aguaceros repentinos.

       2) Los vientos huracanados de María arrancaron una
       montura con antenas perteneciente a Claro de la parte
       superior de la torre de telecomunicaciones, donde
       estaba instalada dicha montura. Esta montura con
       antenas cayó encima de la propiedad de la demandante.

       3) Los hechos por los cuales se reclama ocurrieron en
       septiembre de 2017. La demandante se enteró del
       desplome de la torre a los “pocos días” del Huracán
       María, cuando fue informada por su señor padre y su
       hermano.

       4) La demandante, quien es residente de la Florida, le
       encomendó a su padre, el señor Rubero Alvarado, la
       tarea de iniciar trámites extrajudiciales para reclamarle
       a Claro y a Vertical indemnización por los daños que su
       propiedad sufrió como consecuencia de la caída de la
       antena y equipo de Claro, y otros daños emergentes.

       5) La demandante había otorgado un poder o
       autorización escrita a favor de su padre, el 15 de mayo
       de 2011, para que este se ocupara de todo trámite
       relativo a su propiedad en Puerto Rico.

       6) El señor Rubero Alvarado, en cumplimiento con la
       encomienda de su hija, contrató a la Lcda. Torres para
       la reclamación extrajudicial de los daños a Claro y
       Vertical.

       7) La Lcda. Torres envió por lo menos catorce (14)
       comunicados a los demandados; por lo menos nueve (9)
       de ellos fueron dirigidos a Vertical.

       8) El abogado actual de la demandante, Lcdo. Sevillano,
       envió un (1) comunicado extrajudicial, tanto a Claro

15 Apéndice del recurso, págs. 211-217, Dúplica a réplica de Puerto Rico Telephone

Company h/n/c Claro con respecto a solicitud de sentencia sumaria.
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    como a Vertical el 25 de febrero de 2020, en
    representación de la demandante.

    9) El 19 de agosto de 2020, se presentó la demanda del
    caso que nos ocupa.

    10) En la demanda se reclama que la propiedad de la
    demandante, ubicada en el #496 de la calle Comerío en
    Bayamón, sufrió daños.

    11) Al párrafo número 25 de la demanda se alegó que
    desde el año 2017 hasta el 2020, la parte demandante
    le cursó a la demandada no menos de doce cartas
    legales extrajudiciales, reclamando lo mismo que en
    esta Demanda. Adicional a estas cartas legales, las
    partes sostuvieron varias conversaciones telefónicas e
    intercambiaron correos electrónicos, en torno a esta
    situación.

    12) Al contestar la demanda, Vertical negó el párrafo 25
    de la demanda y levantó de forma oportuna la defensa
    de prescripción. Igualmente levantó la defensa de caso
    fortuito o fuerza mayor.

    13) En su contestación a la demanda, Claro levantó
    oportunamente la defensa de caso fortuito o fuerza
    mayor.

    14) El 29 de marzo de 2017, Vertical le notificó al señor
    Edwin Rubero Padilla su dirección postal para dirigir
    toda notificación o correspondencia relacionada con el
    contrato de arrendamiento con fecha de 30 de
    septiembre de 2016 para la instalación de una torre de
    telecomunicación, ubicada en #494 Calle Comerio,
    Bayamón Zona Urbana, Bayamón, PR.

    15) El señor Rubero Padilla es hermano de la parte
    demandante.

    16) El señor Rubero Padilla era el propietario del terreno
    donde ubica la torre en cuestión para la fecha en que
    los vientos del Huracán María azotaron la torre. (#494
    Calle Comerío).

    17) La Parte Demandante tiene una propiedad
    comercial en el área aledaña a la propiedad arrendada
    por Vertical, cuya dirección es #496 Calle Comerío.

    18) Se enviaron comunicados a Vertical en las
    siguientes fechas:

    a) Correo electrónico del 12 de enero de 2018 […]
    b) Correo electrónico enviado el 16 de febrero de 2018
    […]
    c) Correo electrónico del 20 de abril de 2018 […]
    d) Correo electrónico enviado el 26 de noviembre de
    2018 […]
    e) Correo electrónico enviado el 13 de diciembre de 2018
    […]
    f) Correo electrónico enviado el 11 de abril de 2019 […]
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      g) Correo electrónico enviado el 9 de mayo de 2019 […]
      h) Correo electrónico enviado el 27 de mayo de 2019 […]
      i) Correo electrónico enviado el 16 de agosto de 2019 […]
      j) El abogado actual de la demandante, Lcdo. Sevillano,
      envió un comunicado extrajudicial a Vertical Bridge el
      25 de febrero de 2020, en representación de la
      demandante.

      19) La demanda instada el 19 de agosto de 2020, en
      relación con Vertical no se encuentra prescrita.

      De igual modo, el TPI esbozó los hechos medulares aún en

controversia:

      1) Si la causa del presunto daño sufrido por la
      propiedad de la demandante fue la ubicación de la torre
      de telecomunicaciones sobre la propiedad o el Huracán
      María.

      2) Si la caída de las antenas de Claro sobre la propiedad
      de la demandante era previsible y evitable.

      3) Si el Huracán María y sus efectos, para propósitos de
      la presente demanda es un caso fortuito o fuerza mayor.

      4) La altura exacta de la torre.

      5) La ubicación exacta de la torre con respecto a la
      propiedad de la demandante y si la misma es conforme
      a la ley.

      6) Si al momento de los hechos la zona donde se
      encuentra ubicada la torre estaba clasificada como una
      comercial, residencial o mixta.

      7) La localización exacta y linderos de las propiedades
      colindantes a la torre incluyendo la de la demandante.

      8) Si la parte demandada tomó las medidas o
      precauciones pertinentes respecto a la torre y sus
      antenas para prevenir daños que pudiera causar un
      fenómeno atmosférico.

      9) Si la parte demandada le daban el mantenimiento
      requerido a la torre y sus antenas.

      10) Si la instalación de la torre de Vertical y la antena
      de Claro se realizaron conforme a los parámetros
      legales.

      11) La manera que la parte demandaba operaban la
      torre y sus antenas.

      12) Si la parte demandada cumplía con el contrato de
      arrendamiento, relacionado a la instalación de la torre
      de telecomunicaciones.
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       13) Si tanto la torre de Vertical como la antena de Claro
       fueron instaladas con el consentimiento de la
       demandante.

       14) Si la demandante expresó alguna queja por la
       instalación de la torre de Vertical y la antena de Claro.

       15) Los daños, si alguno.

       16) La responsabilidad y negligencia de las partes, si
       alguna.

       Al tenor de los enunciados probados y los que aún están en

controversia, el TPI denegó la resolución sumaria del pleito y declaró

no ha lugar la trilogía de solicitudes. Concluyó que la reclamación

no estaba prescrita.16 Acerca de los otros asuntos, pronunció que

existían controversias esenciales por dilucidar, así como elementos

subjetivos,    de   credibilidad     y     negligencia,   cuya    complejidad

justificaba la celebración de un juicio en sus méritos.

       Inconforme, el 13 de noviembre de 2023, el peticionario

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa, mediante el cual

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
       PRIMERA INSTANCIA A[L] CONCLUIR QUE
       EXISTEN CONTROVERSIAS DE HECHOS QUE
       IMPIDEN QUE AL CASO LE APLIQUE LA
       DEFENSA DE FUERZA MAYOR.

       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE
       PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A APLICAR
       LA DEFENSA DE FUERZA MAYOR PARA EXIMIR
       DE RESPONSABILIDAD A LA PRTC.

       El 20 de diciembre de 2023, la señora Rubero Padilla presentó

Oposición a expedición de auto de certiorari. Con el beneficio de

ambas comparecencias, nos pronunciamos.

                                         II.

El auto de certiorari

16 Una controversia sobre la prescripción, planteada por PRTC, fue atendida el 23

de marzo de 2022, por un panel fraterno en el caso KLCE202101227. A esos
efectos el TPI expresó que VBT II y VBA pretendían relitigar la cuestión.
KLCE202301261                                                       10

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones judiciales

de un foro inferior y corregir algún error cometido por éste. 800

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al., v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334 (2005). A diferencia de la apelación, el foro revisor tiene la

facultad para expedir o denegar el recurso de certiorari de manera

discrecional. García v. Padró, supra. El Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha definido discreción como el “poder para decidir en una u otra

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.

Id., que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

Por ende, la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera…”

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964), citado con

aprobación en García v. Padró, supra, págs. 334-335.

      No obstante, el ejercicio de la discreción no equivale a hacer

abstracción del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría,

en sí mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154

DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que

realizamos antes de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni

en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra,

pág. 176. Ello así, porque “el adecuado ejercicio de la discreción

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega

Santiago, supra.

      Es sabido que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales este foro

intermedio tiene autoridad para atender los recursos de certiorari.

En su parte pertinente, la norma dispone como sigue:

      .     .      .     .      .     .      .     .
KLCE202301261                                                     11

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones
      no tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis
      nuestro).
      .      .     .     .      .     .     .     .

      La regla procesal fija taxativamente los asuntos aptos para la

revisión interlocutoria mediante el recurso de certiorari, así como

aquellas    materias   que,   por   excepción,   ameritan    nuestra

intervención adelantada, ya fuese por su naturaleza o por el efecto

producido a las partes. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.

      Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer sabia

y prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar si

expedimos o denegamos un recurso de certiorari, nos guiamos por

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Criterios

para la expedición del auto de certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Así reza:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
KLCE202301261                                                       12

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Claro está, es norma asentada que este tribunal intermedio

no interviene con las determinaciones emitidas por el foro

primario ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que se

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en

craso abuso con el ejercicio de la discreción, o que incurrió en error

manifiesto”. (Cursivas en el original). Citibank et al. v. ACBI et al.,

200 DPR 724, 736 (2018), que cita con aprobación a Ramos Milano

v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); Rivera y otros v. Banco

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v. Caribbean Int’l.

News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

La sentencia sumaria

      La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.36,

gobierna el mecanismo de la sentencia dictada sumariamente. Esta

herramienta procesal sirve al propósito de aligerar la conclusión de

los pleitos, sin la celebración de un juicio en sus méritos, siempre

y cuando no exista una legítima controversia de hechos

medulares, de modo que lo restante sea aplicar el derecho. Véase,

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); Roldán Flores

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). Así se propende a la

solución justa, rápida y económica de los litigios de naturaleza civil

en los cuales no exista una controversia genuina de hechos
KLCE202301261                                                     13

materiales. Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2021).

En este sentido, un hecho material “es aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

Por ello, “[l]a controversia debe ser de una calidad suficiente como

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio

plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

      La Regla 36.2 del mismo ordenamiento procesal, establece

que la parte contra la cual se haya formulado una reclamación podrá

presentar “una moción fundada en declaraciones juradas o en

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o

cualquier parte de la reclamación”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. Por su

lado, conforme la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su

contestación, la parte promovida “no podrá descansar solamente en

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino

que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica,

como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se

dictará la sentencia sumaria en su contra. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3

(c). En suma, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de

acción”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. A

su vez, quien se opone a una sentencia sumaria debe presentar

contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los

hechos incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v.

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992). Asimismo, la

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, establece unos requisitos

de forma a ser cumplidos por la parte promovente y la parte

promovida. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase, Pérez Vargas v. Office
KLCE202301261                                                        14

Depot, supra, pág. 698. Por consiguiente, el incumplimiento del

promovente de estas formalidades acarrea que el tribunal no esté

obligado a considerar su pedimento. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 111. En caso de que el promovido sea quien

incumple dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia

Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en derecho”. Id.

        Ahora bien, la sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos

claros. Por tanto, cuando no existe una certeza prístina sobre

todos los hechos materiales que motivaron el pleito, no procede

que se dicte sentencia sumaria. Pérez Vargas v. Office Depot,

supra, pág. 699 y los casos allí citados. Por ser éste un remedio de

carácter discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector

para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a

un litigante de ‘su día en corte’, principio elemental del debido

proceso de ley”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611

(2000). Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia

sumaria “cuando surge de manera clara que, ante los hechos

materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer

ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de

todos     los   hechos    necesarios      para    poder   resolver   la

controversia”. (Énfasis nuestro). Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, págs. 109-110, que cita a Const. José Carro v. Mun.

Dorado, 186 DPR 113 (2012). De haber alguna duda acerca de la

existencia de una controversia sobre los hechos medulares y

sustanciales del caso deberá resolverse contra la parte que solicita

la moción, haciendo necesaria la celebración de un juicio. Rivera et

al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra, pág. 133.

        En cuanto a la revisión de un dictamen sumario o la

denegación de la resolución abreviada, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al
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revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de

dos maneras: (1) sólo podemos considerar los documentos que se

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo podemos

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales, así como si el derecho se aplicó de forma

correcta. Esto es, no estamos compelidos a adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs.

334-335. El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es

una tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al

foro intermedio.

      A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció

el estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo

pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es

una de novo y debe examinar el expediente de la manera más

favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia

Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias

permisibles a su favor”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición

que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción de

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de

forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id. Por lo

cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de

encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en

controversia, debemos tener en cuenta el cumplimiento de la Regla

36.4 de Procedimiento Civil y exponer concretamente cuáles hechos

materiales están controvertidos y cuáles están incontrovertidos. Por

el contrario, de resultar que los hechos materiales y esenciales

realmente están incontrovertidos, entonces nos corresponde revisar

de novo si el foro impugnado aplicó correctamente el derecho a los
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hechos incontrovertidos. Id., pág. 119. Al dictar una sentencia

sumaria, este tribunal deberá realizar un análisis dual que consiste

en: (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en oposición,

así como aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2)

determinar si el oponente de la moción controvirtió algún hecho

material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han

sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos.

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333. Una vez realizado este análisis el

tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos

materiales     y    esenciales     controvertidos;       (2)   hay    alegaciones

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de

los propios documentos que se acompañan con la moción una

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como

cuestión de derecho no procede. Id., págs. 333-334.

                                        III.

       En el caso de autos, la parte peticionaria arguye que el TPI

erró al no resolver el pleito a su favor por la vía sumaria, al palio de

la defensa de fuerza mayor.17 Atribuye todos los daños alegados en

la Demanda al siniestro atmosférico. Sin embargo, el peticionario

hace abstracción de otras contenciones ajenas al Huracán María

que no han sido refutadas. Por ende, en esta etapa de los

procedimientos, la aplicación automática de una doctrina eximente

es improcedente.

17 El concepto de fuerza mayor se refiere al acontecimiento que no hemos podido

precaver ni resistir; como por ejemplo la caída de un rayo o granizo, inundaciones
o un huracán. Véase, O.E.G., D.A.Co. v. Rivera, Cintrón, 153 DPR 184, 192 (2001).
Ahora, el demandado no necesariamente queda exonerado de responsabilidad. Se
requiere la concurrencia de las siguientes condiciones: (a) hecho imprevisible o,
aún previsto, inevitable; (b) imposibilidad absoluta o relativa de cumplimiento de
la prestación; (c) inimputabilidad al deudor respecto al acaecimiento fortuito y sus
consecuencias; y (d) realización de los actos necesarios tendentes a evitar la
agravación de los efectos del evento fortuito. Francisco Soto Nieto, El caso fortuito
y la fuerza mayor: Los riesgos de la contratación, Barcelona, Ediciones Nauta,
1965, a las págs. 31-106.
KLCE202301261                                                            17

      En la Resolución recurrida, el TPI desglosó las cuestiones que

requiere desvelar para tomar una determinación fundada; entre

éstas: la causa próxima de determinados daños alegados por la

señora Rubero Padilla, para lo cual debe precisar la altura y

ubicación de la torre de comunicaciones, la clasificación de la zona

y si se cumplió o no con el ordenamiento legal. Asimismo, planteó

como controversia si el desplome de la torre de comunicaciones,

como aduce la recurrida, o la montura con antenas, como alega el

peticionario, era previsible y prevenible. Además, el TPI esbozó que

existen controversias sobre los daños aducidos por construcciones

no consentidas y pérdida de materiales, entre otros. Añadió que es

objeto de juicio la prueba de los daños, así como la presunta

negligencia y responsabilidad de la parte demandada. Ciertamente,

ante la ausencia de certeza sobre todos los hechos medulares que

motivaron la Demanda, no procedía dictar sentencia sumaria, por

virtud de una aplicación mecánica de la doctrina invocada por el

peticionario.

      Según expuesto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

nos faculta para revisar resoluciones dictadas por el TPI cuando se

recurre de la denegación de una moción de carácter dispositivo. No

obstante, de conformidad con la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, el certiorari será expedido si, al

menos, alguno de sus criterios está presente, de manera que se

justifique   la   revisión   del   dictamen   recurrido.   Es   decir,   el

ordenamiento      impone     que    ejerzamos   nuestra    discreción    y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

Regla 40, supra, se impone nuestra intervención. De no ser así,

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado y que se

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el

tribunal impugnado.
KLCE202301261                                                               18

       Examinado el dictamen impugnado y las cuestiones aún en

controversia, opinamos que no se observa ninguno de los criterios

establecidos en la Regla 40, supra. No vemos que, en el amplio y

riguroso análisis realizado a las posturas de los litigantes, el TPI

haya incurrido en abuso de discreción o actuado bajo prejuicio o

parcialidad. Tampoco se demostró que se haya equivocado en la

interpretación o aplicación de la norma procesal y que, intervenir en

este momento, evitaría un perjuicio sustancial contra el peticionario.

Igualmente, debemos favorecer la robusta política judicial a favor de

que los casos se ventilen en sus méritos y que no se prive a una

parte de su día en corte. 18 Consecuentemente, no nos vemos

persuadidos a pronunciarnos en esta etapa de los procedimientos.

Ante la falta de abuso de discreción, parcialidad o prejuicio en el

dictamen emitido y dentro de nuestra discreción, no encontramos

una razón que justifique nuestra intervención en el presente caso.

                                     IV.

       Por   los   fundamentos       antes    expuestos,     denegamos      la

expedición del recurso de certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

18 Véase, VS PR, LLC v. Drift-Wind, 207 DPR 253, 264 (2021); Cirino González v.

Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 49 (2014); Banco Popular v. SLG Negrón, 164
DPR 855, 864 (2005); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 897 (1998).