Court Opinion

ID: 9890340
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:17:03.167303+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:43.780108
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                CERTIORARI
ROSA ANNETTE DÍAZ                               procedente del
BURLEY; REGINA ANNE                             Tribunal de
DÍAZ BURLEY                                     Primera
                                                Instancia, Sala
Recurrida                                       Superior de
                                  KLCE202300850 Bayamón
            v.

ISAURA ALVAREZ;                                     Civil Núm.:
MIEMBROS DE LA                                      BY2023CV00861
SUCESIÓN XYZ; Personas
Desconocidas A, B, C;                               Sobre:
JOHN DOE CALLE LIRIO,                               Interdicto
TOA ALTA PR                                         Posesorio

Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                          RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

      Comparece ante nos la Sra. Isaura Álvarez Padín (señora

Álvarez Padín o peticionaria) y nos solicita la revisión de la Orden

emitida y notificada el 19 de julio de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón que declaró No

Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por la

peticionaria. Por medio de dicha denegatoria, el foro de instancia

sostuvo una Orden dictada el 22 de junio de 2023, mediante la cual

rechazó la solicitud de relevo de sentencia instada por la

peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                  I.

      El 15 de febrero de 2023, la Sra. Annette Díaz Burley y la Sra.

Regina Anne Díaz Burley (recurridas) presentaron una Demanda de

Número Identificador
RES2023 ______________
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Interdicto Posesorio en contra de la señora Álvarez Padín, entre

otros, en la cual alegaron que eran las dueñas de la siguiente

propiedad denominada “La Finca”:

      “DESCRIPCIÓN RÚSTICA: Predio de terreno radicado
      en el Barrio Quebrada Cruz dentro del término
      Municipal de Toa Alta, Puerto Rico, compuesta de 27.33
      cuerdas, colindando al NORTE, con Gumersindo Rivera,
      al SUR, con la finca de la cual se segrega, así como al
      OESTE y ESTE, con Rio la Plata.”

      Adujeron que adquirieron el referido terreno por herencia en

el 2017 y que la ocupaban, disfrutaban y poseían en calidad de

dueño desde ese entonces. Añadieron que estaban en la posesión

pacífica, continua e ininterrumpida de dicho predio por el término

de un (1) año con anterioridad a que fueran perturbadas por las

acciones de la señora Álvarez Padín. Esbozaron que procedía que se

dictara un interdicto posesorio para que la peticionaria respetara su

posesión sobre La Finca y las colindancias. Además, para que no

entrara a dicho predio de forma arbitraria.

      Las recurridas contrataron a un agrimensor para realizar una

mensura a La Finca. Como parte del trabajo contratado, el

agrimensor realizó un plano de mensura el cual establecía los

puntos de colindancia de La Finca. El 13 de febrero de 2023, en

presencia de las recurridas, procedió a marcar los puntos

físicamente. En la demanda, las recurridas adujeron que la señora

Álvarez Padín arrancó uno de los puntos de colindancia, bajo el

fundamento de que dicho terreno era de su propiedad. Además, que

esta instaló en la referida área dos (2) pilotes consistentes de zapatas

rellenas de cemento y de donde se sostienen unos tubos de metal,

con la aparente intención de colocar un portón de entrada y salida

de un predio a otro, para utilizar el camino privado dentro de La

Finca como acceso a su propiedad. Asimismo, precisaron que el

plano de mensura preparado por el agrimensor representaba

claramente los puntos de colindancia y que la señora Álvarez Padín
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no los respetaba, perturbando su posesión pública y pacífica y

ejecutando acciones ilegales sin su autorización ni consentimiento.

      En suma, las recurridas requirieron al TPI su intervención

para retener la posesión plena de la totalidad de su propiedad y que

concediera los siguientes remedios:

      a) Interdicto ordenando a los codemandados a cesar y
         desistir de realizar cualquier acción y/u omisión
         mediante la cual está privando a las demandantes
         de la posesión y del uso y disfrute pleno y pacífico de
         la totalidad de LA FINCA;

      b) Interdicto ordenando a los codemandados a no
         entrar y/o que desaloje el espacio de terreno dentro
         de La FINCA que ha ocupado sin la autorización de
         Las Demandantes, ni la autoridad legal para ello;

      c) Ordenara a los codemandados a que de inmediato
         remueva los pilotes que ha construido, y que se
         abstenga de instalar y/o construir más pilotes,
         portón y/o cualquier otra estructura que les permita
         acceso a La FINCA de las Demandantes y/o que
         caiga dentro de la misma.

      d) Prohibiera a la codemandada a realizar cualquier
         construcción y/o instalación de objetos o
         construcciones de cualquier índole en La FINCA
         mientras se ventila el pleito;

      e) Ordenara a la parte codemandada que cesara y
         desistiera de quitar los puntos de referencia que
         marcan y delimitan la colindancia de La FINCA.

      f) Condenara a la codemandada a pagar una suma no
         menor de $30,000.00 como parte de las costas,
         gastos de peritaje, honorarios de abogados, así
         como, cualquier gasto incidental que fuera necesario
         que las demandantes incurran como parte de los
         procedimientos;

      g)    Emitiera cualquier otro pronunciamiento y
           concediera cualquier otro remedio que en Derecho
           proceda.

      El 14 de marzo de 2023, el TPI celebró una Vista de Interdicto

Posesorio, a la cual comparecieron las recurridas junto a su

representante legal y la señora Álvarez Padín por derecho propio. En

la vista, la señora Álvarez Padín informó al Tribunal que no se

encontraba capacitada para representarse a sí misma, por lo que

solicitó un término de 30 días para contratar un representante legal.
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A su solicitud, el Tribunal le concedió hasta el 30 de marzo de 2023.1

Luego de varios trámites procesales, el 14 de abril de 2023, se

celebró una segunda Vista de Interdicto Posesorio, a la cual no

compareció la señora Álvarez Padín, por lo que se le anotó la

rebeldía. Como parte de los procedimientos de la vista, se presentó

prueba que fue admitida en evidencia.2

       El 25 de abril de 2023, el TPI emitió una Sentencia en la cual

declaró Ha Lugar el interdicto posesorio y ordenó a la señora Álvarez

Padín a cesar y desistir su conducta, a reestablecer las colindancias

y a no entrar a la finca perteneciente a las recurridas. Cónsono con

lo anterior, el TPI emitió las siguientes determinaciones de hechos:

       1. Del Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre
          Asociado, Sección Demarcación Bayamón 0203 –
          Toa Alta, surge que las Demandantes, Rosa
          Annette Díaz Burley y Regina Ana Díaz Burley,
          son dueñas del inmueble identificado de la
          siguiente manera:

               DESCRIPCIÓN RÚSTICA: Predio de terreno
               radicado en el Barrio Quebrada Cruz
               dentro del término Municipal de Toa Alta,
               Puerto Rico, compuesta de 27.33 cuerdas,
               colindando al NORTE, con Gumersindo
               Rivera, al SUR, con la finca de la cual se
               segrega, así como al OESTE y ESTE, con
               Rio la Plata.

               TRACTO REGISTRAL: se segrega de la finca
               #822, inscrita al folio 167 vuelto del tomo
               17 de Toa Alta.

               FINCA 1653.

        2. La referida Finca está registrada a nombre de las
           Demandantes en el Centro de Recaudación de
           Ingresos Municipales (por sus siglas CRIM) bajo el
           catastro número 112-000-006-62-000.

        3. La Finca fue adquirida por las Demandantes libre
           de cargas, gravámenes y al día en que se presentó
           la prueba, no está gravada con servidumbre alguna.
1 Minuta, apéndice del recurso, págs. 17-18.
2 Los documentos admitidos como evidencia fueron: (1) Copia de Plano de
Mensura de la Finca #1,653, preparado por el Agrimensor José A. Meléndez
Meléndez; (2) Set de 11 Fotografías; (3) Documento oficial del Registro Inmobiliario
Digital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Folio Karibe, para la Finca
número 1653, Demarcación BY0302-Toa Alta, consta de (3) folios; (4) Copia de
Recibo de Pago – Documento oficial emitido por el Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (CRIM) consta de dos (2) folios; (5) Visual del Portal Catastro
Digital y Productos Cartográficos del CRIM para el inmueble con catastro 112-
000-006-62; (6) Set de 12 fotografías. Apéndice del recurso, págs. 31-33.
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        4. Por ser La Finca una propiedad que perteneció a la
           familia de las Demandantes, éstas han estado
           visitando la misma desde temprana edad. Es decir
           que, las Demandantes a pesar de haber adquirido
           La Finca como dueñas en el año 2017, éstas están
           muy conscientes de sus colindancias, entradas y
           estructuras dentro de la misma.

       5. Las Demandantes han estado en la posesión
          pacifica, continua e ininterrumpida de La Finca de
          un (1) año de anterioridad a que fuera perturbadas
          en la posesión de la misma, por la parte
          demandada, Isaura Álvarez Padín. Para efectos del
          presente recurso de interdicto posesorio, los
          Demandantes han estado en posesión de La Finca
          cuanto menos desde febrero del 2022 hasta febrero
          del 2023; y al momento de la vista continúan en la
          posesión de la misma.

       6. Por tanto, la presente Demanda sobre Petición de
          Interdicto Posesorio se presentó dentro del término
          de un (1) año, de que la demandada perturbara la
          posesión de las Demandantes en La Finca objeto del
          presente pleito, según lo requerido por nuestro
          ordenamiento jurídico.

       7. Luego que La Finca les fue adjudicada a las
          Demandantes, estas procedieron a contratar los
          servicios del Agrimensor José A. Meléndez
          Meléndez, con licencia vigente número 12278, para
          que procediera a levantar un plano de mesura de La
          Finca.

       8. Así las cosas, luego de las correspondientes
          preguntas de rigor, el Agrimensor José A. Meléndez
          Meléndez fue cualificado por este Foro como perito
          en materia de Agrimensura.

       9. El perito Agrimensor luego de evaluar diferentes
          documentos relacionados y visitado el Registro de la
          Propiedad y La Finca en varias ocasiones, levantó
          un Plano de Mensura el cual fue admitido como
          Exhibit número 1 de la Demandante. Dicho plano
          tiene fecha de diciembre del 2022.

       10. El referido plano delimita claramente las
           colindancias de La Finca de las Demandantes y los
           predios colindantes. […]3

       11. De conformidad al testimonio pericial y prueba
           documental desfilada por conducto del perito
           Agrimensor José A. Meléndez Meléndez la cual nos
           merece credibilidad, el lunes, 13 de febrero de 2023,
           el Agrimensor en presencia de las Demandantes,

3 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 7.
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       procedió a marcar físicamente en La Finca
       (mediante el procedimiento y uso de los equipos
       técnicos reconocidos en su industria) los puntos de
       la colindancia Sur, según el plano de mensura
       preparado previamente por éste.

    12. El mismo lunes, 13 de febrero del 2023, la
        demandada, Isaura Álvarez Padín, arrancó los
        puntos de referencia colocados por el Agrimensor.
        Uno de los puntos de colindancia marcado por el
        Agrimensor coincidía con el portón de entrada a La
        Finca de las Demandantes. Por lo que, cuando la
        demandada arrancó el mismo también arrancó el
        portón de entrada de La Finca y que da acceso al
        camino privado dentro de La Finca de las
        Demandantes.

       […]

    14. Los puntos que fueron removidos por la
        demandada, Isaura Álvarez Padín, están reflejados
        en el Plano de Mensura (Exhibit de la Demandante
        1) bajo los números 216, 241, 215, 43, 35, 34, 30 y
        31.

    15. El Agrimensor testificó que los puntos de
        colindancia son correctos, por lo que la demandada,
        Isaura Álvarez Padín, no tiene derecho de remover
        los mismos.

    16. El Plano de Mensura preparado por el Agrimensor
        representa claramente los puntos de colindancias
        de La Finca, y la parte demandada, Isaura Álvarez
        Padín, al removerlos no respetó la colindancia de La
        Finca que está bajo la posesión de las Demandantes
        desde el 2017, y de la familia de éstas hace más de
        cincuenta (50) años.

    17. Cada vez que la parte demandada, Isaura Álvarez
        Padín, remueve los puntos de colindancia de La
        Finca de las Demandantes, perturba y atenta contra
        la posesión pública y pacífica que tienen las
        Demandantes sobre su propiedad.

    18. Las Demandantes tienen derecho de disfrutar su
        propiedad de forma pública y pacífica, y sin que la
        demandada, Isaura Álvarez Padín, atente contra
        dicho disfrute.

    19. El 13 de febrero de 2023, mientras el Agrimensor
        marcaba los puntos de colindancia en presencia de
        las Demandantes, tanto el Agrimensor como las
        demandantes se percataron que la demandada,
        Isaura Álvarez Padín, instaló en el mes de febrero de
        2023 dentro de los predios de La Finca de las
        Demandantes dos pilotes consistentes de zapatas
        rellenas de cemento y de donde se sostienen y
        sobresalen tubos de metal con la intención de
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          colocar un portón de entrada y salida de un predio
          a otro.

    20. La instalación de dichos pilotes por la parte
        demandada era una intención inequívoca de
        instalar un portón para utilizar el camino privado
        de La Finca de las Demandantes como acceso al
        predio colindante al Sur de la misma, lo que en
        efecto hizo posteriormente, y surge de los Exhibits
        de la Demandante 6 (a), 6 (b), 6 (c), 6 (d) y 6 (e).

    […]

    22. A partir del mes de febrero del 2023, la parte
        demandada, Isaura Álvarez Padín, ha actuado
        ilegalmente y contrario a derecho, instalando pilotes
        en terreno de las Demandantes con la clara
        intención de poner un portón de entrada y salida de
        un predio de terreno a otro y arrancando los puntos
        que delimitan la colindancia Sur; todo ello sin la
        autorización     ni    consentimiento      de    Las
        Demandantes, perturbando así la posesión de
        éstas.

          […]

    25. Las actuaciones de la parte demandada, Isaura
        Álvarez Padín, de retirar y/o sacar los puntos de
        colindancia de La Finca, retirar y/o sacar el portón
        de entrada de La Finca de las Demandantes, y
        construir unos pilotes consistentes de zapata
        rellena de cemento con la intención de poner un
        portón de entrada y salida dentro de los predios de
        La Finca de las Demandantes reflejan una clara
        intención de la demandada, Isaura Álvarez Padín,
        en inquietarle, perturbarle y despojarle de la
        posesión quieta y pacífica que tienen las
        Demandantes sobre su Finca.

    Así las cosas, el foro a quo concluyó lo siguiente:

    En el caso de autos, quedó claramente establecido que
    las Demandantes, señoras Rosa Annette y Regina Anne,
    ambas de apellidos Díaz Burley, tienen la posesión y el
    control de la totalidad de La Finca 1653, inscrita en el
    Registro de la Propiedad, Sección de Bayamón- Toa
    Alta, y con número de catastro 112-000-006- 62-000 en
    el C.R.I.M., a sus respectivos nombres por razón de
    adjudicación hereditaria.

    Sin embargo, a partir del mes de febrero de 2023, las
    Demandantes han sido perturbadas en la posesión que
    ostentan de La Finca por actuaciones cometidas por la
    demandada, Isaura Álvarez Padín. Las actuaciones de
    la demandada, consistentes de entrar a La Finca de las
    Demandantes y remover los puntos de colindancia que
    instaló el Agrimensor José A. Meléndez Meléndez, según
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       un plano de mensura preparado por su persona,
       incluyendo el del portón de entrada de La Finca, así
       como instalar un portón dentro de La Finca de las
       Demandantes, constituyen una perturbación contra la
       posesión y tenencia de las Demandantes de La Finca
       1653.

       Las Demandantes demostraron a cabalidad su derecho
       a retener la posesión y tenencia de La Finca, sin que
       sean inquietadas ni molestadas. Las actuaciones
       llevadas a cabo por la demandada ameritan la
       intervención de este Foro para salvaguardar que las
       Demandantes puedan disfrutar plenamente de La
       Finca, sin tener molestias ni temores.

       El 5 de junio de 2023, la señora Álvarez Padín presentó una

Urgente Solicitud de Relevo de Sentencia y de Anotación de Rebeldía.

Mediante dicho escrito, expuso que la sentencia emitida era

unilateral y conveniente para las recurridas, lo cual impedía el

acceso de ésta a su propiedad enclavada. Alegó que ostentaba el

derecho a una servidumbre de paso que ella, vecinos y familiares

habían utilizado por décadas. Argumentó que las recurridas

obtuvieron un interdicto sobre un camino público. Añadió que

descubrió prueba nueva, la cual anejó a su escrito, para demostrar

la defensa de la coposesión en el contexto del uso y disfrute de un

camino vecinal.4 También alegó ausencia del cumplimiento del

requisito de un (1) año por parte de las recurridas y solicitó el relevo

de la anotación de la rebeldía. El 21 de junio de 2023, las recurridas

se opusieron a lo anterior, por entender que el aludido escrito era

una reconsideración fuera del término dispuesto para ello y por no

cumplir con las disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, infra.

       Examinados los escritos de las partes, el 22 de junio de 2023,

el TPI emitió una Orden en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud

de relevo de sentencia.

4 Los anejos fueron los siguientes: Declaración jurada de Isaura Álvarez,
Declaraciones juradas de Juan Román Ramírez, Delia Chevres del Valle, Adrián
Chevres del Valle, Declaración jurada de Carlos Rosario, Certificación de LUMA,
Escritura sobre hipoteca voluntaria, Escritura sobre segregación y compraventa
de 1957, Escritura sobre segregación y compraventa de 1945.
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      Inconforme, el 30 de junio de 2023, la señora Álvarez Padín

presentó Moción de Reconsideración. En su comparecencia, levantó

el argumento de no ostentar una apropiada representación legal, por

lo que no pudo tener un adecuado acceso a la justicia. A su vez,

arguyó que la Sentencia recurrida fue producto de un proceso en el

que no contó con representación legal alguna que pudiese vindicar

adecuadamente sus derechos. Así las cosas, el 19 de julio de 2023,

el TPI declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración presentada

por la señora Álvarez Padín.

      Aún en desacuerdo, 3 de agosto de 2023, la señora Álvarez

Padín acudió ante este Tribunal de Apelaciones. Mediante su

recurso, alegó que el foro primario cometió los siguientes errores:

      Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia al denegar una Urgente Moción de Relevo de
      Sentencia a pesar de haberse presentado 10
      documentos nuevos que demostraban la improcedencia
      [del]   interdicto    posesorio,    siendo      esto  una
      interpretación restrictiva y contrario a la jurisprudencia
      interpretativa liberal.

      Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      denegar el relevo de la anotación de Rebeldía a pesar de
      haberse justificado la incomparecencia de la Sra.
      Álvarez a la vista del 14 de abril de 2023, siendo esto
      una interpretación restrictiva y contrario a la
      jurisprudencia interpretativa liberal.

      El 10 de agosto de 2023, mediante Resolución, concedimos a

las recurridas 20 días para presentar su alegato en oposición. El 24

de agosto de 2023, las recurridas presentaron Alegato en Oposición

a Expedición del Auto de Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                 II.

                                 A.

      El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. Rivera
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Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v.

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).5

       Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión ecuánime.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

       Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

5
  El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de
Procedimiento Civil, supra.
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      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).

                                 B.

      Nuestro ordenamiento jurídico provee el medio del interdicto

posesorio para retener o recobrar la posesión material de una

propiedad inmueble, a instancia de parte interesada, siempre que

ésta demuestre, a satisfacción del tribunal, que ha sido perturbada

en la posesión o tenencia de dicha propiedad por actos que

manifiesten la intención de inquietarle o despojarle, o cuando haya

sido ya despojada de dicha posesión o tenencia. Artículo 690 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3561.
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       Por su parte, el Art. 691 del Código de Enjuiciamiento Civil,

establece los requisitos necesarios para la presentación del

interdicto posesorio. Estos son: (1) que el demandante, dentro del

año precedente de la presentación de la demanda, estaba en la

posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si

se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla, (2) que ha

sido perturbado o despojado de dicha posesión o tenencia, (3)

describir claramente los hechos constitutivos de la perturbación o

despojo y (4) establecer si dichos actos fueron realizados por el

demandado o por otra persona por orden de éste. 32 LPRA sec. 3562.

       El mencionado interdicto ordenará que el demandante sea

restablecido en la posesión y requerirá al perturbador para que en

lo sucesivo se abstenga de cometer tales actos u otros que

manifiesten el mismo propósito, bajo apercibimiento de desacato al

tribunal por desobediencia al predicho injunction. Art. 695 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3566.

                                        C.

       Los remedios postsentencia son revisables ante este foro

apelativo mediante el auto de certiorari.                Sabido es que toda

sentencia dictada por un tribunal tiene a su favor una presunción

de validez y corrección. López García v. López García, 200 DPR 50

(2018).    No obstante, en nuestro derecho procesal civil existe el

relevo de sentencia como mecanismo postsentencia que capacita al

juzgador a eliminar o modificar su dictamen, con el objetivo de hacer

justicia.6 Este remedio es extraordinario, discrecional y se utiliza

para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de

la justicia. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 725 (2003).

6 Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106

DPR 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903,
905-906 (1963).
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      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil establece que, mediante

una moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, se podrá

relevar a una parte de una sentencia por los siguientes

fundamentos:

      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una
          debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a
          tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la
          Regla 48 de este apéndice;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
          "intrínseco" y el también llamado "extrínseco"), falsa
          representación u otra conducta impropia de una parte
          adversa;
      (d) (d) nulidad de la sentencia;
      (e) (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
          cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
          fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
          efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en
          vigor, o
      (f) (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
          remedio contra los efectos de una sentencia.

      Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las
      sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que
      la moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta regla.
      La moción se presentará dentro de un término
      razonable, pero en ningún caso después de
      transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la
      sentencia u orden o haberse llevado a cabo el
      procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará
      la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus
      efectos.

      […]

      32 LPRA Ap. V, R. 49.2.

      Bajo la antedicha Regla, y como norma general, las mociones

de relevo de sentencia deben presentarse dentro de un término

razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6)

meses de haberse registrado la sentencia. HRS Erase v. CMT, 205

DPR 689, 698 (2020). Ahora bien, reiteradamente se ha establecido

que el remedio de reapertura no es una llave maestra para reabrir a

capricho el pleito ya adjudicado. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR

440 (2003). Es importante consignar que una moción de relevo de

sentencia   no   puede     sustituir   los   recursos    procesales    de

reconsideración o apelación. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123
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DPR 294, 299 (1989). Sin embargo, en ciertas instancias puede

concederse aún después de que la sentencia haya advenido final y

firme. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; Pagán v. Alcalde Mun. de

Cataño, 143 DPR 314, 328 (1997).

      Para otorgar un remedio contra los efectos de una sentencia,

el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas del

caso existen razones que justifiquen tal concesión. (Citas omitidas).

Así, si la parte que solicita el relevo aduce una buena defensa —

además de alguna de las circunstancias previstas en la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, supra— y el relevo no ocasiona perjuicio

alguno a la parte contraria, este debe ser concedido. García Colón et

al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540-541 (2010).

                                  III.

      En el presente recurso, la peticionaria alega, en síntesis, que

erró el foro recurrido al denegar la moción de relevo de sentencia, a

pesar de haber presentado 10 documentos nuevos que demostraban

la improcedencia del interdicto posesorio concedido a favor de las

recurridas. Además, arguye que erró el TPI al denegar el relevo de la

anotación de rebeldía, al entender que justificó su incomparecencia

a las vistas citadas. No le asiste la razón.

      Surge del expediente ante nuestra consideración, que las

recurridas son, en efecto, las poseedoras y tienen el total control de

La Finca. También surge que, como parte de los procedimientos

llevados a cabo en el foro primario, la peticionaria fue debidamente

emplazada y posteriormente citada a una Vista de Interdicto

Posesorio. En la referida citación, la peticionaria fue apercibida de

que, de no comparecer a la vista, se podría considerar como una

aceptación, tanto de los hechos alegados en la demanda, como del

remedio solicitado.

      En su Sentencia del 25 de abril de 2023, el TPI detalló los

diferentes trámites y oportunidades concedidas a la peticionaria
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para contratar representación legal. Entre estos se encuentran los

siguientes: (1) se le citó en corte abierta para la vista del 14 de abril

de 2023 y (2) se le notificó en la citación expedida el 28 de febrero

de 2023 que, de no comparecer, se tomaría como una aceptación de

los hechos de la demanda y del remedio solicitado.

      Así las cosas, es un hecho que, desde la fecha de la Vista de

Interdicto Posesorio hasta la fecha en que el TPI emitió la Sentencia

recurrida, la peticionaria no justificó su incomparecencia. Ésta se

limitó a establecer en el presente recurso que la evidencia nueva

presentada en el caso no pudo ser descubierta anteriormente, pues

no contaba con representación legal. Añade que no fue hasta luego

de emitida la sentencia, y transcurrido el término para la

presentación de una moción de reconsideración, que advino en

conocimiento de dicha evidencia consistente en escrituras suscritas

en el 1945, 1957, 1963 y 2018, respectivamente. Insiste en el

argumento de que, en efecto, el terreno en controversia se trata de

un canino público, por lo que las recurridas no tenían derecho a la

concesión de un interdicto posesorio a su favor.

      Analizado el expediente, colegimos que la peticionaria no ha

acreditado que se cumple algunas de las razones que establece la

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Como es sabido, este

Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso

abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra

intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial. Nada de

lo anterior fue demostrado por la peticionaria en su escrito. Por

ende, no procede la expedición del auto de certiorari solicitado.
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                                  IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la

expedición del auto de certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones