Court Opinion

ID: 9941453
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:26.828393+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.461116
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL XI
                                        APELACIÓN
                                        procedente del Tribunal
      SUC. MANUEL A.                    de Primera Instancia
      MENDOZA BAEZ                      Sala de Caguas

          APELANTE                                 Caso Núm.
                                KLAN202301000      C GC1-00148
               V.
                                                   Sala: 802
 CRUZ MENDOZA RIVERA,
  CRUZ MENDOZA BAEZ                                Sobre:

         APELADOS                                  DIVISIÓN DE
                                                   HERENCIA

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

       Comparecen los miembros de la Sucesión de Manuel A. Mendoza

Báez (en adelante, Apelantes), mediante recurso de Apelación y solicitan

que revisemos la Orden del 3 de octubre de 2023, y notificada el 10 de

octubre de 2023, en la cual se declaró No Ha Lugar una Moción de

Reconsideración que a su vez solicitaba la revisión de una Orden del 30 de

agosto de 2023 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Caguas (en adelante, TPI). En el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar

la Moción Urgente Urgente Reiterando Solicitud de Retiro de Fondos y

Otros Remedios en la cual se solicitaban honorarios de abogados con

cargo a la Sucesión de Carlos Mendoza Báez y la imposición de una

sanción a los Apelantes, a favor de Cruz Mendoza Báez (en adelante,

Apelado). Adelantamos que por fundamentos que expondremos a

continuación, confirmamos al foro inferior.

                                      I.

       El 13 de mayo de 2013 Manuel A. Mendoza Báez y su hermano

Carlos R. Mendoza Báez demandaron a su padre y hermano, Cruz

Número Identificador
SEN2024 ________
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Mendoza Rivera y Carlos Mendoza Báez, respectivamente, para que se

ordenara la división, partición y adjudicación del caudal de Aida Báez

Torres, madre de los hermanos Mendoza Báez y esposa de Cruz Mendoza

Rivera. Luego de varios trámites procesales, que incluyeron el fallecimiento

de Cruz Mendoza Rivera,1 las partes notificaron el 6 de febrero de 2017 el

haber llegado a un acuerdo, por lo que presentaron una Moción

Sometiendo Estipulación, la cual fue acogida mediante Sentencia el 8 de

febrero de 2017 y notificada el 16 de febrero de 2017.

        El próximo 23 de julio de 2017, falleció intestado Carlos Mendoza

Báez y mediante Resolución dictada el 27 de noviembre de 2017, el TPI

declaró sus herederos forzosos a sus tres hermanos, Luis Mendoza

Malavé, Cruz Mendoza Báez y Manuel Mendoza Báez. Posteriormente

falleció intestado Manuel Mendoza Báez el 7 de agosto de 2020 y el 9 de

noviembre de 2020 el TPI declaró herederos a sus hijos Aida Mendoza

Rivera y Cruz Mendoza Rivera, y a su viuda Laura Rivera Sosa.

        Continuado el pleito y luego de varios trámites relacionados a la

liquidación de los caudales de sus padres y de su hermano Carlos Mendoza

Báez, el Apelado compareció al TPI el 11 de abril del 2022 mediante Cuarta

Moción en Solicitud de Remedios y Solicitud de Ordenes So Pena de

Sanciones. En esta expresó que la sucesión de Manuel Mendoza Báez

había actuado con total menosprecio al proceso de liquidación del caudal

de Carlos Mendoza Báez, evidenciado por su inacción y retraso con sus

deberes.2 Por ello solicitó que se le impusiera una sanción económica de

$5,000. El TPI ordenó el 27 de abril de 2022 que la parte contraria se

expresara dentro de 10 días so pena de conceder lo solicitado, lo cual no

hicieron. El 25 de mayo del 2022, el Apelado argumentó que, en ausencia

1 Su muerte provocó que su hijo, Luis Mendoza Malavé, producto de otra relación y medio

hermano de los hermanos Mendoza Báez, entrara al pleito.
2 Esto incluye tardanza en enmendar la planilla de contribuciones sobre caudal relicto, no

contestar oportunamente las órdenes del TPI, no indicar quien comparecería a firmar el
contrato de compraventa de una de las propiedades pertenecientes al caudal, incumplir
con los cánones de arrendamiento adeudados según las estipulaciones acogidas en la
Sentencia de 8 de febrero de 2017, entre otras.
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de moción responsiva, procedía que se otorgaran los remedios y sanciones

solicitadas.

       El 27 de marzo de 2023 el recurrido presentó Moción Urgente

Urgente en Solicitud de Retiro de Fondos y Otros Remedios en la cual

reiteró su solicitud de imposición de sanción y además solicitó al foro

primario que concediera el pago de honorarios de la Lcda. Nilda M. Ramón

Aponte (en adelante, Lcda. Ramón). Solicitó que todos los gastos, costas

y honorarios presentes y futuros que surjan de las gestiones llevadas a

cabo en beneficio de la partición y adjudicación de la sucesión de su

hermano Carlos Mendoza Báez, sea con cargo a la referida sucesión, la

cual está compuesta por el mismo Apelado y por los herederos de Manuel

Mendoza Báez, entiéndase sus dos hijos y viuda, los aquí apelantes.

       El Apelado reclamó que lleva años cubriendo los honorarios de la

Lcda. Ramón por gestiones relacionadas a la sucesión de Carlos Mendoza

Báez tales como: 1) inventario de bienes, 2) investigaciones y

requerimientos en instituciones financieras, 3) trámites ante diversas

agencias gubernamentales como el Registro de la Propiedad y en el Centro

de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), entre otros, sin los

cuales no sería posible la liquidación del caudal.

       El 17 de agosto de 2023, la parte apelada nuevamente sometió ante

el TPI una Moción Urgente Urgente Reiterando Solicitud de Retiro de

Fondos y Otros Remedios, en la cual reiteró su solicitud de imposición de

honorarios y de sanción económica. En respuesta, el 27 de agosto de 2023

la parte apelante presentó su Moción en Oposición a Pretensión Abusiva

en la cual argumentó, sin fundamentar, que el Apelado estaba cobrando

unas cantidades mayores a las acordadas entre las partes.

       Posteriormente, el foro inferior declaró Ha Lugar la Moción Urgente

Urgente Reiterando Solicitud de Retiro de Fondos y Otros Remedios el 30

de agosto de 2023. Se presentó oportunamente una reconsideración la cual

fue declarada No Ha Lugar el 3 de octubre de 2023, y notificada el 10 de

octubre de 2023. Inconforme, la parte apelante recurre ante este Tribunal
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y mediante un recurso de apelación presentado el 8 de noviembre de 2023,

señala los siguientes errores:

      Primer Error: No determinar que la Lcda. Nilda M. Ramon
      Aponte no sometió dentro de los (10) diez días siguientes a
      que la sentencia advino final y firme, un memorando de
      costas y honorarios, a tono con la Regla 44 de las de
      Procedimiento Civil.

      Segundo Error: No determinar que, previo a la imposición de
      honorarios de abogado y sanciones, debe determinarse
      temeridad, lo que en este caso no ocurrió.

      La parte apelada presentó de manera oportuna su alegato en

oposición el 14 de diciembre de 2023. Con el beneficio de su

comparecencia, procedemos a resolver.

                                      II.

   A. Costas y honorarios de abogado

   En nuestro ordenamiento los gastos asociados al litigio se distinguen

entre costas y honorarios. En cuanto a las costas la Regla 44.1 (a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., dispone que se concederán a la parte

a cuyo favor se resuelva el pleito, excepto en aquellos casos en que se

disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que concederá

el tribunal son los gastos necesarios y razonables que tuvo que incurrir la

parte prevaleciente del pleito en su tramitación. Rosario Domínguez v. ELA,

198 DPR 197 (2017). La Regla 44.1 (b) dispone que la parte que reclame

el pago de costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria,

dentro del término de 10 días a partir del archivo en autos de copia de la

notificación de la sentencia, un memorándum, rendido bajo juramento o

certificación del abogado, de todas las partidas de gastos y desembolsos

necesarios en que se incurrió durante la tramitación del pleito.

      Como es sabido los honorarios de abogados no forman parte de las

costas anteriormente mencionadas. De ordinario cada parte se encarga de

satisfacer los honorarios de su respectiva representación legal, sin

embargo, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, dispone que:

      [e]n caso que cualquier parte o su abogado haya procedido
      con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
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       sentencia al responsable el pago de una suma por concepto
       de honorarios de abogado que el tribunal entienda
       correspondan a tal conducta.

       De conformidad con lo anterior, es norma reiterada que la imposición

de honorarios de abogado a la parte contraria solo procede cuando una

parte actúa con temeridad. Se entiende que una parte ha sido temeraria

cuando obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios al interponer pleitos

frívolos o alargar innecesariamente aquellos ya presentados ante la

consideración de los tribunales, o que provoque que incurra en gestiones

evitables. Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). Una vez el

tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria, es

imperativa la imposición de honorarios de abogado.

       La determinación de si una parte ha actuado o no con temeridad

descansa en la discreción del tribunal. Por lo cual, los tribunales revisores

solo intervendrán con tal determinación cuando surja de tal actuación un

claro abuso de discreción. Puerto Rico Oil Company, Inc.            V. Dayco

Products, Inc., 164 DPR 486, 511 (2005).

   B. Gastos de partición

       En cuanto a la partición de la comunidad hereditaria, el antiguo

Código Civil dispone que ningún heredero podrá ser obligado a permanecer

en la indivisión de la herencia, al menos que una disposición testamentaria

disponga lo contrario. 31 LPRA § 2871 (derogada). Es por ello que

cualquier heredero podrá pedir la partición. 31 LPRA § 1006 (derogada).

Cuando esto ocurre y el heredero se encarga de los gastos, el Código Civil

aclara que quien “hubiese pagado más de lo que corresponda a su

participación en la herencia podrá reclamar de los demás su parte

proporcional”. 31 LPRA §2934 (derogada).

       Además, especifica que “los gastos de partición hechos en interés

común de todos los coherederos se deducirán de la herencia”. 31 LPRA §

2883 (derogada), mientras que “los hechos en interés particular de uno de

ellos, serán a cargo del mismo”. Id. En cuanto a lo que constituye gastos,

nuestro Tribunal Supremo ha dicho que “el término ‘gastos de partición’ no
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puede interpretarse en un sentido demasiado estricto; también los que la

preceden y la hacen posible deberán deducirse de la herencia”. Julio

Domingo Silva y Torréns v. Secretario de Hacienda, 86 DPR 332 (1962)

citando a Albaladejo y Lacruz, Derecho de Sucesiones, Parte General,

1961, pág. 526.

   C. Sanciones

       Como cuestión de umbral, debemos aclarar que la autoridad del

tribunal para imponer sanciones emana de la facultad inherente de éste

para hacer valer sus propios dictámenes y órdenes. Los tribunales de

primera instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la

tramitación de los procedimientos ante su consideración. Meléndez v.

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). El funcionamiento efectivo

de nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos

litigiosos requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran

flexibilidad y discreción para trabajar con los problemas que conllevan el

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. Pueblo v. Vega

Alvarado, 121 DPR 282, 287 (1988); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez.,

124 DPR 529, 543 (1989). Esto presupone que los jueces de instancia

tengan poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante

su consideración y para aplicar correctivos apropiados según indique su

buen juicio, discernimiento y su sana discreción, facultad con la cual no

debemos intervenir excepto cuando sea necesario para evitar una flagrante

injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. en la pág. 287.

       El poder judicial para imponer sanciones está plasmado en la Regla

44.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, la cual establece, en

lo pertinente, lo siguiente:

       Regla 44.2 Costas y sanciones interlocutorias

       El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las partes y
       sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa, a
       una parte o a su representante legal por conducta constitutiva
       de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de
       diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la
       justicia.
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        El propósito de esta Regla es proveer al Tribunal un instrumento que

le ayude a controlar y aligerar los procedimientos. Imp. Vilca, Inc. v.

Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 687 (1987). Ahora bien, el poder que las

Reglas de Procedimiento Civil, supra, concede a los jueces para prohibir,

sancionar o castigar a una parte que incumple o entorpece los

procedimientos es amplio, pero no irrestricto. Conforme a ello, la sanción

económica que contempla la Regla 44.2, supra, está investida de un alto

grado de discreción, partiendo de la totalidad de las circunstancias del

caso.

        Se entiende por discreción el poder para decidir en una u otra forma

y para escoger entre uno o varios cursos de acción. García Morales v.

Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago,

125 D.P.R. 203, 211 (1990). La discreción es una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.

García Morales, 165 D.P.R. en las págs. 334-335. La deferencia al juicio y

discreción del foro sentenciador está cimentada en el hecho de que los

foros apelativos no pueden pretender ni manejar el trámite ordinario de los

casos que se ventilan ante el TPI. No obstante, la deferencia no es

salvaguarda de inmunidad a la revisión judicial apelativa cuando el ejercicio

de la discreción judicial se aparta del valor supremo de la razonabilidad.

                                      III.

        En síntesis, la parte apelante nos solicita que revoquemos la Orden

del TPI por entender que no proceden los honorarios de abogado ya que

no se sometió el memorando correspondiente. También alega que la

concesión de honorarios y la imposición de la sanción son improcedente ya

que no se determinó adecuadamente la temeridad, puesto que esta no

puede establecerse mediante alegaciones, sino que debe determinarse

luego de prevalecer en los méritos en una vista evidenciaría.

        Por su parte, el Apelado arguye que los honorarios no corresponden

a la sentencia del 16 de febrero de 2017 pues la Lcda. Ramón no estaba

involucrada en el pleito. Nos explica que los honorarios corresponden a las
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gestiones hechas por la Lcda. Ramón relacionadas al caudal relicto de

Carlos Mendoza Báez, en beneficio de todas las partes y necesarias para

la partición de la herencia, por tanto, deben ser deducidos de la herencia

según las disposiciones del Código Civil derogado, supra. Por ende, no era

necesario la presentación de un memorando de costas ni la determinación

de temeridad.

      En cuanto a la sanción económica, el Apelado arguye que aun siendo

innecesaria la determinación de temeridad para que proceda la sanción, sí

hubo una determinación de conducta de inacción y dejadez cuando el TPI

declaró Ha Lugar la moción del Apelado, la cual fundamentaba la conducta

del Apelante.

       A nuestro juicio, los argumentos de la Apelante son improcedentes.

Primeramente, es ilógico exigir un memorando de costas y honorarios diez

(10) días luego de la sentencia del 8 de febrero de 2017 cuando los

honorarios que se solicitan aquí son a favor de la sucesión de Carlos

Mendoza Báez, quien estaba vivo cuando el TPI acogió las estipulaciones.

Además, como explicamos anteriormente, en el proceso de partición de

herencia los gastos son continuos, tanto así que el Código Civil derogado

establecía que los gastos hechos en interés común de los herederos

deberán restarse de la herencia, y cuando un heredero pague más de lo

que le corresponde, podrá reclamar a los demás. 31 LPRA § 2883, 2934.

Por tanto, tampoco era necesario determinar que hubo temeridad, para

poder otorgar los honorarios.

      Similarmente, tampoco era necesario determinar temeridad para

imponer sanciones económicas. Como explicamos, y según surge de la

Regla 44.2 de Procedimiento Civil, supra, el foro inferior tiene la discreción

de imponer sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa del

pleito si el tribunal entiende que el comportamiento de la parte demuestra

demora, dejadez u obstrucción en el pleito. Determinación que hizo el TPI

al declarar con lugar la moción del Apelado.
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       Por todo lo anterior, entendemos que el TPI no cometió los errores

que señalan los Apelantes. Al no encontrar que el foro inferior actuó de

forma arbitraria, caprichosa, o incurrió en un craso abuso de discreción,

confirmamos el dictamen recurrido.

                                       IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen del

TPI.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones