Court Opinion

ID: 9388083
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:11:56.427232+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.334911
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

 LUNA COMMERCIAL II,                            Apelación
        LLC                                     procedente del
       Apelada              KLAN202200639       Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
                                                Superior de
             v.                                 Bayamón

                                                Caso Núm.
ABSOLUTE COMMUNITY                              BY2020CV00341
  INVESTMENT, INC.;
 DEWEY UNIVERSITY,
   INC.; AUCTION &                              Sobre:
   SALVAGE, CORP.                               Cobro de dinero

         Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

      Comparecen Absolute Community Investment, Inc., Dewey

University, Inc. y Auction & Salvage, Corp., y solicita que

revoquemos la Sentencia emitida el 4 de abril de 2022, notificada al

día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de Bayamón. En el dictamen impugnado, el TPI acogió la

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada,

Luna Commercial II, LC y, en consecuencia, ordenó a las

comparecientes al pago total de las sumas reclamadas en la

demanda por concepto de incumplimiento de contrato.

      Evaluado el recurso y su oposición, resolvemos confirmar la

determinación judicial impugnada.

                                  I.

      El 24 de enero de 2020, Santander Financial Services, Inc.

(Santander), presentó demanda en cobro de dinero y ejecución de

Número Identificador
SEN2023________
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prenda e hipoteca en contra de Absolute Community Investments,

Inc.; Dewey University Inc.; y Auction & Salvage, Corp.1 En ésta,

Santander expuso que, el 31 de octubre de 2014, la codemandada

Absolute Community Investments (Absolute) suscribió un contrato

de préstamo, en virtud del cual obtuvo una línea de crédito. Como

aval, Absolute y el resto de las codemandadas, como garantizadores

solidarios (en conjunto, las demandadas), ofrecieron en prenda

varias garantías prendarias hipotecarias. Santander adujo que

Absolute incumplió con su obligación de pago y desglosó las

cantidades adeudadas a la fecha de la presentación de la demanda.

Arguyó que luego de intentos infructuosos para cobrar lo adeudado,

declaró líquida, vencida y exigible la deuda.          Por tanto, en su

demanda, reclamó el pago de la totalidad de lo adeudado o, en su

defecto, la ejecución de las garantías.

         El 4 de agosto de 2020, las partes presentaron una moción

conjunta en la que informaron al TPI que se habían reunido y

estaban en conversaciones para alcanzar un posible acuerdo.2

         No obstante, el 13 de noviembre de 2020, Santander presentó

una Moción Informativa, en la que señaló que las partes no lograron

formalizar un acuerdo transaccional, por lo cual solicitó la

continuación de los procedimientos.3 Simultáneamente, presentó

una Moción de Sentencia Sumaria. En esencia, fundamentó su

solicitud en que no había controversia sustancial en cuanto a que

Absolute había incumplido sus obligaciones; que las sumas

reclamadas están vencidas, son líquidas y exigibles; que las

gestiones de cobro resultaron infructuosas; que la institución

bancaria es la tenedora de buena fe del pagaré hipotecario dado en

prenda por las deudoras y; finalmente, que éstas adeudan las

1   Véase, Demanda, apéndice del recurso, págs. 1-5.
2   Íd., pág. 10-11.
3   Íd., pág. 15.
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cantidades reclamadas en la demanda.4 Con su escrito en solicitud

de sentencia sumaria, el banco acompañó copia de veintinueve (29)

documentos que evidencian la existencia del préstamo, del pagaré,

de la garantía hipotecaria y del incumplimiento de las demandadas

con las obligaciones prestatarias suscritas.5

       El TPI ordenó a Absolute expresar su posición en torno a lo

solicitado.6 Sin embargo, poco después, el abogado de Absolute

solicitó la renuncia de representación legal.7 El 13 de enero de 2021,

el TPI aceptó la renuncia y concedió término a dicha parte para

anunciar una nueva representación legal. A su vez, apercibió a

Absolute que, transcurrido el término concedido sin que se hubiera

presentado la moción, dispondría sobre la solicitud de sentencia

sumaria sin más citarle y oírle.8

       El 10 de febrero de 2021, Absolute presentó una moción en

solicitud de autorización de representación legal y varios remedios.

Peticionó que se aceptara la nueva representación legal anunciada

y que se le concediera término para realizar el descubrimiento de

prueba y presentar su oposición a la solicitud de sentencia

sumaria.9

       También el 10 de febrero de 2021, Absolute presentó su

Contestación a la Demanda. En resumen, aceptó haber adquirido la

deuda, pero negó el balance reclamado y planteó varias defensas

afirmativas generales, entre éstas, falta de parte indispensable.

También, se reservó el derecho a formular defensas afirmativas

4 Íd., págs. 16-20a.
5 Íd., págs. 21-40.
6 Íd., pág. 41.
7 Íd., págs. 48-49.
8 Íd., pág. 50.
9 Además, requirió se le ordenara a Santander informar si era la parte con

legitimidad para incoar la demanda, debido al cambio de dueño de las operaciones
de Santander desde septiembre de 2020. Íd., págs. 51-55. Al respecto, Santander
presentó una Solicitud de Sustitución de Parte, en la que informó que la deuda
monetaria objeto del pleito había sido vendida a Luna Commercial II, LLC, y
adjuntó prueba acreditativa de la transacción. Ante ello, el 28 de octubre de 2021,
el TPI notificó la orden mediante la cual autorizó la sustitución de la parte
demandante, Santander Financial Services, Inc., por Luna Commercial II LLC.
Íd., págs. 94 y 118.
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adicionales que surgieran como consecuencia del descubrimiento de

prueba e, igualmente, a presentar una reconvención.10

          El 16 de febrero de 2021, el TPI concedió un término

perentorio a Absolute para expresarse sobre la solicitud de sentencia

sumaria. Le apercibió que transcurrido el término concedido sin que

Absolute se hubiera expresado, el asunto se tendría por sometido

para adjudicación.11 Absolute recurrió de dicha determinación

interlocutoria ante este foro apelativo. Mediante Resolución emitida

el 19 de marzo de 2021, este Tribunal de Apelaciones denegó la

expedición del recurso (KLCE202100296).

          Posteriormente, el 16 de abril de 2021, Absolute presentó ante

el TPI su Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.

Sostuvo que la solicitud de sentencia sumaria presentada por

Santander era prematura, debido a que aún no se había realizado el

descubrimiento de prueba. Razonó que el descubrimiento era

necesario para validar el balance de la deuda y otros aspectos de la

relación deudor-acreedor. Al respecto, aseveró que el documento

que Santander anejó a su moción dispositiva - una declaración

jurada de una gestora de la Unidad de Recuperaciones del Banco -

que indica que las codemandadas incumplieron con los términos de

sus obligaciones y establece el balance adeudado - resultaba

insuficiente para validar la cuantía de la deuda reclamada.

          Por otro lado, Absolute indicó que en ese momento no podía

expresarse responsablemente sobre la moción de sentencia sumaria

hasta que Santander descubriera los treinta y seis (36) documentos

que enumeró en su escrito. En resumen, Absolute negó el importe

reclamado, pero no así la existencia de la obligación y de las

garantías constituidas.12

10   Íd., págs. 56-59.
11   Íd., pág. 63.
12   Íd., págs. 64-78.
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          Meses más tarde, el 28 de mayo de 2021, Absolute presentó

una moción en la que expuso su interés en ejercer el retracto de la

venta del crédito hipotecario en disputa. Informó que Santander

había cedido su interés en el préstamo y solicitó que se ordenara al

banco anunciar el precio pagado por los pagarés para estar en

posición de ejercer su derecho a retracto. Acompañó copia de la

notificación de transferencia del préstamo comercial.              13

          En oposición, la institución bancaria expresó que, conforme a

lo resuelto en DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, 202 DPR 950

(2019), las disposiciones del Código Civil relacionadas con el retracto

de crédito litigioso no aplican a este caso porque la Ley de

Transacciones Comerciales (Ley 208-1995) excluye la aplicación de

esta figura jurídica sobre las cesiones de instrumentos negociables

otorgados a su amparo, como los pagarés del presente caso.14

          El 12 de octubre de 2021, el TPI notificó la Resolución que

declaró no ha lugar la moción de Absolute para ejercer el derecho a

retracto de crédito litigioso. Expresó el tribunal que, a tenor con lo

resuelto en el citado caso, “el retracto de crédito litigioso no es de

aplicación al caso de autos, ya que se trata de la cesión o venta de

un instrumento negociable”.15

          El 26 de octubre de 2021, Absolute presentó Moción de

Reconsideración.           Allí,   por      primera      vez,     cuestionó   la

constitucionalidad de la Ley de Transacciones Comerciales. Adujo

que la mencionada ley menoscaba el precepto constitucional de

igual protección de las leyes, al hacer inaplicable la figura civil del

crédito litigioso a las transferencias de instrumentos negociables.

Añadió que los pagarés fueron suscritos en el 2015, y que el citado

caso DLJ Mortgage, resuelto el 23 de julio de 2019, no dispuso que

13   Íd., págs. 84-91. La transferencia fue efectiva al 17 de mayo de 2021.
14   Íd., pág. 92.
15   Íd., pág. 93.
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la norma allí establecida fuera una de carácter retroactivo.16 En

igual fecha, Absolute presentó, además, una Moción en Solicitud de

Autorización para Enmendar Contestación a Demanda y Presentar

Demanda contra Tercero. En síntesis, ante su planteamiento de

inconstitucionalidad del estatuto, pidió que se le permitiera exponer

sus defensas de forma adecuada y que se incluyera al Estado Libre

Asociado de Puerto Rico como parte indispensable del pleito.17 A la

par, presentó el documento de Contestación a la Demanda

Enmendada y Demanda contra Tercero.18

          El 28 de octubre de 2021, el TPI declaró no ha lugar la

solicitud      de    reconsideración.19   Luego,   mediante   Resolución

notificada el 4 de noviembre de 2021, el TPI aceptó la contestación

a la demanda enmendada de Absolute. En cambio, denegó la

solicitud de dicha parte para originar una demanda de tercero en

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.20 Absolute solicitó

reconsideración de la denegatoria a presentar demanda contra

tercero.21 El TPI declaró no ha lugar la solicitud.22

          Finalmente, evaluada la moción de sentencia sumaria, la

oposición de Absolute, así como la prueba documental adjunta, el 4

de abril de 2022, notificada el 5 de abril de 2022, el TPI emitió

Sentencia23, en la que determinó probados los siguientes hechos:

          1. El 31 de octubre de 2014, la codemandada Absolute
          Community Investments, Inc. suscribió un Contrato de
          Préstamo en virtud del cual obtuvo de Banco Santander
          Puerto Rico una Línea de Crédito No Rotativa por la
          suma     principal   agregada      de    $4,400,000.00,
          convertible eventualmente a un Préstamo a Término por
          el margen de crédito utilizado. Los fondos
          desembolsados,      según       pactado,     inicialmente
          devengarían intereses fluctuantes a razón de 4% sobre
          la Tasa Libor (en adelante, “la Facilidad de Crédito”).

16   Íd., págs. 95-97.
17   Íd., págs. 100-103.
18   Íd., págs. 104-116.
19   Íd., pág. 119.
20   Íd., pág. 130.
21   Íd., págs. 131-135.
22   Íd., pág. 136.
23   Íd., págs. 138-145.
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     2. Acto seguido, como evidencia de la deuda para con
     Banco Santander Puerto Rico a tenor la mencionada
     Facilidad de Crédito, el 31 de octubre de 2014 la
     codemandada Absolute Community Investments, Inc.
     suscribió un Pagaré por la suma principal agregada de
     $4,400,000.00, el cual devengaría intereses a razón de
     lo pactado en el Contrato de Préstamo de igual fecha.

     3. Como colateral para asegurar el pago y cumplimiento
     puntual de sus obligaciones para con Banco Santander
     Puerto Rico, las demandadas ofrecieron las siguientes
     garantías:

     a) Gravamen prendario sobre Pagaré Hipotecario por la
     suma principal de $2,700,000.00 a favor del Portador,
     con intereses a razón del 7.95% anual fijo y vencimiento
     a la presentación, garantizado mediante hipoteca
     constituida en virtud de la Escritura #17, otorgada en
     San Juan, Puerto Rico el día 4 de febrero de 2004, ante
     el Notario Público Manuel L. Correa Márquez, sobre una
     propiedad perteneciente a Auction & Salvage, Corp., la
     cual consta inscrita al Folio #1 del Tomo #13 de
     Bayamón Norte, Registro de la Propiedad de Puerto
     Rico, Sección Tercera (III) de Bayamón, Finca #368.

     b) Gravamen prendario sobre Pagaré Hipotecario por la
     suma principal de $500,000.00 a favor del Portador,
     con intereses a razón del 6.85% anual fijo y vencimiento
     a la presentación, garantizado mediante hipoteca
     constituida en virtud de la Escritura #19, otorgada en
     San Juan, Puerto Rico el día 8 de abril de 2009, ante el
     Notario Público Manuel L. Correa Márquez, sobre una
     propiedad perteneciente a Auction & Salvage, Corp., la
     cual consta inscrita al Folio #1 del Tomo #13 de
     Bayamón Norte, Registro de la Propiedad de Puerto
     Rico, Sección Tercera (III) de Bayamón, Finca #368.

     c) Gravamen prendario sobre Pagaré Hipotecario por la
     suma principal de $1,200,000.00 a favor del Portador,
     con intereses a razón de 4% sobre la Tasa Lib[or] y
     vencimiento a la presentación, garantizado mediante
     hipoteca constituida en virtud de la Escritura #33,
     otorgada en San Juan, Puerto Rico el día 29 de
     septiembre de 2014, ante el Notario Público Manuel L.
     Correa Márquez, sobre una propiedad perteneciente a
     Auction & Salvage, Corp., la cual consta inscrita al Folio
     #1 del Tomo #13 de Bayamón Norte, Registro de la
     Propiedad de Puerto Rico, Sección Tercera (III) de
     Bayamón, Finca #368.

     d) Cesión General de Rentas en relación con la
     propiedad inmueble ofrecida en garantía.

     e) Garantía solidaria de la codemandada Dewey
     University Inc.

     4. Las garantías prendarias hipotecarias anteriormente
     aludidas en el párrafo número 3 anterior gravan la
     siguiente propiedad inmueble:

     ---RÚSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio
     Hato Tejas de Bayamón, Puerto Rico, con una cabida
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     superficial de 22,648.34 metros cuadrados. En lindes
     por el NORTE, con el Rio Hondo y Domingo Luiña; por
     el SUR, con Carretera número 2; por el ESTE, con
     Manuel G. Goldini; y por el OESTE, con Bayamón Fruit
     Growers Association, Domingo Luiña, separados por el
     Río Hondo.
     ---Contiene un edificio de vivienda de una planta y otro
     edificio para uso industrial de 126 pies de largo por 146
     pies de fondo, con un área de 130,917.00 pies
     cuadrados, un edificio o planta para envase y una casa
     de zinc para maquinaria.
     ---La parcela antes descrita es el remanente de esta
     finca luego de deducida una segregación de 0.777
     cuerdas. --------------------------------------------------------
     ---Consta inscrita al Folio Uno (1) del Tomo Trece (13)
     de Bayamón Norte, Registro de la Propiedad de Puerto
     Rico, Sección Tercera (III) de Bayamón, Finca Número
     Trescientos Sesenta y Ocho (368).

     5. En fecha posterior, el 3 de agosto de 2016, la
     codemandada Absolute Community Investments, Inc.
     suscribió un Contrato de Préstamo en virtud del cual
     obtuvo de Banco Santander Puerto Rico la conversión
     del margen de crédito utilizado de la Facilidad de
     Crédito a un Préstamo a Término, a saber, por la suma
     principal de $2,922,229.24 (en adelante, “el
     Préstamo”). El Préstamo, según pactado, devengaría
     intereses a razón del 6.98% anual fijo.

     6. Para dicha conversión de la Facilidad de Crédito al
     Préstamo, las demandadas ratificaron y consintieron
     las garantías originalmente constituidas el 31 de
     octubre de 2014 e identificadas en los párrafos números
     3 y 4 anteriores.

     7. Acto seguido, como evidencia de la deuda para con
     Banco Santander Puerto Rico a tenor con el
     mencionado Préstamo, el 3 de agosto de 2016 la
     codemandada Absolute Community Investments, Inc.
     suscribió un Pagaré por la suma principal de
     $2,922,229.24, el cual devengaría intereses a razón de
     lo pactado en el Contrato de Préstamo de igual fecha.

     8. El 29 de diciembre de 2017, a solicitud de Absolute
     Community Investments, Inc., se suscribió una
     Enmienda al Contrato de Préstamo en virtud del cual
     Banco Santander Puerto Rico le concedió una moratoria
     en el pago del Préstamo para los meses de agosto,
     septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017,
     reducir la tasa de interés aplicable al 4% anual fijo y
     extender la fecha de vencimiento.

     9. Para dicha enmienda al Préstamo, las demandadas
     nuevamente ratificaron y consintieron las garantías
     originalmente constituidas el 31 de octubre de 2014 e
     identificadas en los párrafos números 3 y 4 anteriores,
     ya ratificadas y consentidas el 3 de agosto de 2016.

     10. La demandante es hoy la acreedora del Préstamo,
     siendo además la tenedora de buena fe y poseedora
     mediante endoso y/o por causa onerosa de los Pagarés
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        Hipotecarios dado en prenda por las demandadas en
        garantía de las sumas de dinero reclamadas.

        11. Las Deudoras han incurrido en incumplimiento de
        sus   obligaciones     contractuales   para    con   la
        demandante, quien entonces ha acelerado el
        vencimiento total del Préstamo, según pactado,
        adeudándose solidariamente por las Deudoras a la
        demandante al 15 de julio de 2020 la suma principal de
        $2,789,102.26, más la cantidad de $88,639.74 por
        concepto de intereses acumulados a dicha fecha y los
        cuales continúan acumulándose mensualmente a
        razón de la tasa de interés pactada, más la cantidad de
        $920,000.00 estipulada para costas, gastos y
        honorarios de abogado, más $6,013.68 por concepto de
        cargos por demoras acumulados, más los recargos y
        gastos que se acumulen hasta la fecha de su total y
        completo pago.

        12. Las sumas reclamadas por la demandante a las
        Deudoras están vencidas, son líquidas y exigibles.

        13. La demandante ha realizado gestiones de cobro a
        las Deudoras, resultando éstas infructuosas.

        14. Al día de hoy las Deudoras no han pagado la deuda
        para con la demandante.

        15. Por el incumplimiento contractual de las
        demandadas, la demandante ha optado por proceder,
        entre otras, a la ejecución de la prenda y/o de las
        hipotecas bajo el caso de epígrafe, para con el producto
        de la venta de las propiedades mueble e inmueble que
        la garantizan, se le pague hasta donde sea posible su
        acreencia y de haber deficiencia, ejecutando otros
        bienes de las Deudoras en cantidad suficiente para
        cubrir el balance insoluto de la sentencia.

(Énfasis original. Notas al calce omitidas).

        A la luz de tales determinaciones, el TPI concluyó que no

existía controversia en cuanto al incumplimiento de las deudoras

con las obligaciones pactadas y la cuantía reclamada. De tal forma,

declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la

parte    demandante,       ahora    Luna     Commercial       II,   LLC    (Luna

Commercial).24 Por tanto, ordenó a las deudoras demandadas a

pagar solidariamente a Luna Commercial la suma principal de

$2,789,102.26, más la cantidad de $88,639.74 por concepto de

24 El 18 de octubre de 2021, Santander presentó una Solicitud de Sustitución de
Parte, en la que informó que la deuda monetaria del presente pleito fue vendida a
Luna Commercial II, LLC. El TPI emitió orden el 27 de octubre de 2021, notificada
el 28 de octubre de 2021, en la que autorizó la sustitución de Santander Financial
Services, Inc. por Luna Commercial II LLC. (Véase, Apéndice del recurso, págs.
94 y 118).
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intereses acumulados a dicha fecha y los cuales continúan

acumulándose mensualmente a razón de la tasa de interés pactada;

la cantidad de $920,000.00 estipulada para costas, gastos y

honorarios de abogado; el importe de $6,013.68 por concepto de

cargos por demoras acumulados, más los recargos y gastos que se

acumulen hasta la fecha de su total y completo pago; o, en su

defecto, ordenó la ejecución de la prenda e hipoteca relacionada en

la sentencia.

          El 20 de abril de 2022, Absolute presentó Moción en Solicitud

de Reconsideración sobre Sentencia. Reiteró sus argumentos

referentes a la constitucionalidad de la Ley de Transacciones

Comerciales y la necesidad de traer al Estado como parte

indispensable del pleito. Específicamente, hizo referencia al voto

disidente suscrito por la Jueza presidenta Oronoz Rodríguez en el

caso Condado 3 v. González López y otros, 204 DPR 86 (2020),

resuelto mediante Resolución que denegó expedir el auto de

certiorari.25

          Luna Commercial presentó su Oposición a la Moción de

Reconsideración. Arguyó que el TPI ya había rechazado el

planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de Transacciones

Comerciales en la Resolución notificada el 4 de noviembre de 2021.26

          Absolute presentó una Moción Suplementaria en torno a

Solicitud de Reconsideración. Como argumento adicional para

sustentar su planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de

Transacciones Comerciales, informó que, pendiente el pleito de

epígrafe, se había aprobado la Resolución Concurrente del Senado

Núm. 24 (R. Con. del S. 24), mediante la cual dicho cuerpo legislativo

expresamente objetó lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso

de DLJ Mortgage y “[r]eafirm[ó] de forma clara e inequívoca que el

25   Íd., págs. 146-155.
26   Íd., págs. 156-157.
KLAN202200639                                                            11

derecho de toda persona natural y jurídica a ejercer el derecho a

retracto de crédito litigioso en los casos de ejecuciones hipotecarias

residenciales y comerciales nunca ha estado supeditado a ninguna

otra ley vigente desde que se adoptó el Código Civil de Puerto Rico

de 1930 y tampoco lo está luego de la aprobación de la Ley 55-2020,

según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”.27

          Examinados los escritos de las partes, el 13 de julio de 2022,

el TPI emitió y notificó la Resolución mediante la cual denegó la

moción de reconsideración presentada por Absolute.28

          Insatisfecha, el 12 de agosto de 2022, Absolute acudió ante

este foro intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores:

          Erró el TPI al declarar con lugar la demanda sin dar
          paso al derecho de las partes demandadas-apelantes a
          ejercer su derecho al retracto de crédito litigioso ni
          tomar     en     cuenta     el   planteamiento      de
          inconstitucionalidad de la Ley de Transacciones
          Comerciales, la cual prohíbe dicho ejercicio, conforme
          con la interpretación del caso DLJ Mortgage v. SLG
          Santiago-Ortiz, 202 DPR 950 (2019).

          Erró el TPI [al] no dar paso al argumento de
          inconstitucionalidad y no ordenar la inclusión del
          Estado como parte indispensable del pleito.

          Erró el TPI al no reconsiderar la sentencia dictada ya
          que como ha expresado la Asamblea Legislativa
          recientemente, en nuestro ordenamiento jurídico la
          figura del derecho a retracto de crédito litigioso nunca
          ha sido negado por nuestros legisladores a aquellos
          cuyas deudas están garantizadas con pagarés
          hipotecarios.

          En    su   recurso,   Absolute,   en   esencia,   reproduce   los

argumentos expuestos ante el foro primario.

          Por su parte, en el Alegato en Oposición, presentado el 12 de

septiembre de 2022, Luna Commercial arguyó que los primeros dos

señalamientos de error fueron adjudicados por este Tribunal de

Apelaciones en un caso relacionado con el que nos ocupa, Luna

Commercial II LLC v. New Beginning Realty Corp; Dewey University

27   Íd., págs. 158-164.
28   Íd., pág. 165.
KLAN202200639                                                                 12

Inc., KLAN202200120 (resuelto el 19 de abril de 2022)29. Respecto

al tercer señalamiento de error, Luna Comercial indicó que, toda vez

que las resoluciones concurrentes carecen de fuerza de ley, la

Resolución Concurrente del Senado 24 no puede utilizarse como

fundamento para dejar sin efecto la decisión del Tribunal Supremo

en DLJ Mortgage.

                                       II.

                                      -A-

       El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo, cuando solo resta

aplicar el derecho a los hechos incontrovertidos.30 El Tribunal podrá

dictar sentencia sumaria solamente cuando no exista ninguna

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y

que, como cuestión de derecho, proceda dictarse sentencia sumaria

a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).31

       La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1,

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada

en declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes.32 Un hecho material es todo aquel que puede afectar el

29 En el citado caso KLAN202200120, este foro apelativo expresó que:
        Como foro revisor, no entraremos a analizar si la Sección 9 de la
        Ley de Transacciones Comerciales es inconstitucional. El Tribunal
        Supremo de Puerto Rico ya adjudicó, mediante el caso DLJ
        Mortgage Capital, Inc. v. David Santiago Martínez, supra, la
        controversia traída ante nuestra consideración por las apelantes,
        por lo que carece de méritos su señalamiento sobre la
        inconstitucionalidad de la sección de la ley que interesan
        impugnar. Como foro intermedio estamos obligados a acatar los
        precedentes que pauta el Tribunal Supremo como foro de última
        instancia. En el caso ante nuestra consideración no existe una
        situación fáctica distinguible de la acontecida en DLJ Mortgage
        Capital, Inc. v. David Santiago Martínez, supra, que justifique
        apartarnos del precedente allí establecido.
30 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Abrams Rivera v.

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820,
847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
31 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR
288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v.
Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).
32 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).
KLAN202200639                                                                  13

resultado de la reclamación, de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable. La controversia sobre el hecho material tiene que ser real.

Así que, cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud

de sentencia sumaria. Esto es, la duda debe ser de tal naturaleza

que se pueda colegir la existencia de una controversia real y

sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes a la controversia

planteada en la solicitud de sentencia sumaria.33

       Le corresponde a la parte que promueve la moción de

sentencia sumaria establecer su derecho con claridad y demostrar

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho

material.34 Dicha parte está obligada a desglosar los hechos sobre

los que aduce no existe controversia y, para cada uno, especificar la

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible

en evidencia que lo apoya.35

       Por otro lado, la parte promovida tiene el deber de refutar los

hechos alegados, con prueba que controvierta la exposición de la

parte que solicita la sentencia sumaria.36 A tales efectos, la parte

que se opone tiene el deber de hacer referencia a los párrafos

enumerados por la parte promovente que entiende que están en

controversia y para cada uno detallar la evidencia admisible que

sostiene su impugnación.37 No podrá descansar solamente en las

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que

deberá contestar de manera detallada y específica, como lo hiciera

la parte solicitante.38

       Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la

forma exigida por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, se podrán

33 Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017).
34 Íd.
35 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676.
36 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44; Ramos Pérez v. Univisión, supra,

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).
37 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, págs. 676-677.
38 Bobé v. UBS Financial Services, supra, pág. 21.
KLAN202200639                                                                  14

considerar admitidos y se dictará sentencia sumaria en su contra,

si procede.39

       En Meléndez González, et al. v. M. Cuebas40, el Tribunal

Supremo estableció el estándar específico, que, como foro apelativo,

debemos utilizar. A tales efectos, indicó que, de entrada, debemos

examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla

36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia exigen al foro primario.

Además, debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria,

así como su oposición, cumplan con los requisitos de forma

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil.41 Igualmente, hay

que revisar si existen hechos materiales en controversia y, de

haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento

Civil de exponer concretamente cuáles hechos materiales están en

controversia y cuáles están incontrovertidos.42 Por el contrario, si

encontramos que los hechos materiales del caso realmente están

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo

ante sí.43

                                       -B-

       El Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico de 1930 (Código

Civil), derogado44, enumera las fuentes de las obligaciones

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, el referido

artículo dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.45

39 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677.
40 193 DPR 100 (2015).
41 Íd., pág. 118.
42 Íd., pág. 119.
43 Íd.; Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.
44 31 LPRA sec. 2992. El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Para fines de la
presente controversia, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por
ser la ley vigente y aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
45 Íd.
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      En    particular,     sobre    las     obligaciones   de    naturaleza

contractual, el Art. 1044 del Código Civil dispone que, “las

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre

las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.46

Por ende, un contrato existe desde que una o varias personas

prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar

algún servicio. 47 Conforme al contrato de préstamo, el deudor viene

obligado a pagar el capital adeudado al acreedor, más los intereses

devengados al tipo convenido.48

      Cónsono       con     lo   anterior,     en   General      Electric   v.

Concessionaires, Inc.49, el Tribunal Supremo indicó que, en acciones

de cobro de dinero, el demandante solo tiene que probar que existe

una deuda válida, que no se ha pagado, que él es el acreedor y los

demandados sus deudores. Por lo tanto, cuando se presenta una

demanda sobre cobro de dinero, la parte promovente debe alegar

que la deuda reclamada es una líquida, vencida y exigible.50 Ello se

debe a que únicamente pueden reclamarse por la vía judicial

aquellas   deudas     que    hayan    advenido      líquidas,    vencidas   y

exigibles.51 Una deuda se considera que es líquida cuando la cuantía

adeudada es cierta y determinada.52

                                     -C-

      En Puerto Rico, la Ley Núm. 208-1995, según enmendada,

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales (Ley de

Transacciones Comerciales)53 es una legislación especial, que

reglamenta, entre otros, los instrumentos negociables. La referida

ley define el término instrumento negociable como “una promesa o

46 31 LPRA sec. 1994.
47 31 LPRA sec. 3371; Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455
(2014).
48 Arts. 1644-1646 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4571-4573.
49 118 DPR 32, 43 (1986).
50 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001).
51 Íd.
52 Íd.
53 19 LPRA sec. 401 et seq.
KLAN202200639                                                                     16

una orden incondicional de pago de una cantidad específica de

dinero, […], si el mismo: [entre otros] (1) es pagadero al portador o a

la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la

posesión de un tenedor”.54 La negociabilidad es la característica

medular de los instrumentos negociables y la fuente de su

importancia para nuestras relaciones económicas.55 Entre los

instrumentos negociable más utilizados en el comercio destacan los

cheques, los giros, las letras de cambio y los pagarés.56

       La Ley de Transacciones Comerciales se aprobó para

simplificar, clarificar y modernizar el derecho que rige las

transacciones comerciales, uniformar el derecho entre las diversas

jurisdicciones existentes y permitir la continua expansión de las

prácticas comerciales. Con ello, Puerto Rico se adaptó a la celeridad

del tráfico y a las tendencias modernas en aspectos de transacciones

bancarias y comerciales.57

       En específico, en DLJ Mortgage v. SLG Santiago- Ortiz58 el

Tribunal Supremo resolvió que la venta o transmisión de los pagarés

hipotecarios constituye una transacción al amparo del Capítulo 9 de

la Ley de Transacciones Comerciales. Expresó además que las

disposiciones del Código Civil relacionadas a la cesión59 de créditos

no son aplicables a transacciones que estén bajo el alcance de la Ley

de Transacciones Comerciales. Esto se debe a que, en la Ley de

Transacciones Comerciales, la Asamblea Legislativa puntualizó que,

a menos que sean desplazados por disposiciones particulares de la

misma ley, los principios generales del derecho en esta jurisdicción

aplicarán de forma supletoria. Por consiguiente, aun cuando las

54 Sec. 2-104(a)(1) de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 504(a)(1).
55 Des Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 290, 298 (2017).
56 COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 799 (2010).
57 19 LPRA sec. 401.
58 202 DPR 950 (2019).
59 Mediante el contrato de cesión, un tercero, el cesionario, sustituye al acreedor

cedente y se convierte en el titular activo de la obligación existente a partir de la
transmisión del crédito. IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986). Pese
a la transmisión, la obligación o relación jurídica ya existente permanece
inalterada.
KLAN202200639                                                        17

disposiciones del Código Civil pudieran aplicar a una controversia

particular que también esté regulada por la Ley de Transacciones

Comerciales, el Código Civil solo aplicará de manera supletoria.60

                                        III.

          De acuerdo con la doctrina discutida, como primer paso en

nuestro análisis, nos corresponde evaluar si la moción de sentencia

sumaria de Luna Commercial y la oposición de Absolute cumplieron

con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de

Procedimiento Civil.

          Luna Commercial cumplió con la exposición de hechos

esenciales e incontrovertidos, debidamente enumerados, así como

con los documentos que unió a su petición en apoyo a su propuesta.

Anejó la declaración jurada de una gestora de la Unidad de

Recuperaciones del Banco Santander que estableció el balance

adeudado, las resoluciones corporativas de cada una de las

demandadas que autorizan la línea de crédito y las garantías

prendarias hipotecarias cuyo pago se reclama, los contratos de

préstamo y prenda, escrituras y pagarés correspondientes.

          En cambio, Absolute no cumplió con su parte. Aunque en su

oposición negó la mayoría de los hechos propuestos por Luna

Commercial, no presentó documentos para controvertir los hechos

propuestos en la moción de sentencia sumaria. Solamente alegó que

la sentencia sumaria era prematura porque existía controversia

sobre la suma reclamada y el descubrimiento de prueba estaba

comenzando. En apoyo, anejó la declaración jurada suscrita por

Carlos Quiñones Alfonso, presidente de las tres corporaciones

demandadas y signatario del contrato de préstamo y todas las

garantías, en la que éste señaló la necesidad de que se descubriera

la prueba especificada en el documento para poder defenderse de

las alegaciones. Con lo anterior, Absolute no refutó ninguno de los

60   Íd., pág. 967; 19 LPRA sec. 402.
KLAN202200639                                                     18

hechos debidamente sustentados en la moción de sentencia

sumaria. Por tanto, conforme con la Regla 36.3 de Procedimiento

Civil, dichos hechos deben darse por admitidos.

      A tenor con lo anterior, y como segundo paso en nuestro

análisis, corresponde revisar si existen hechos materiales en

controversia y, de haberlos, exponer concretamente cuáles están en

controversia y cuáles se encuentran incontrovertidos.

      Según la evidencia sometida por Luna Commercial, la cual no

fue controvertida por Absolute, se desprende la existencia de la

deuda contraída por ésta y las garantías prendarias hipotecarias

suscritas por las demandadas. Tampoco existe controversia en

cuanto a quién es el tenedor y dueño de los pagarés. Luna

Commercial presentó prueba documental para sustentar todos los

hechos esenciales del caso. Así, probó que no existía controversia

sobre el incumplimiento de Absolute y la existencia de una deuda

líquida, vencida y exigible por las sumas reclamadas.

      Así pues, en atención a que Absolute no demostró que

existiera una controversia en cuanto a los hechos del presente caso,

y a que los hechos incontrovertidos esbozados por el TPI están

apoyados en la prueba que obra en el expediente, corresponde

entonces revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho en

este caso.

      En su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, Absolute

admitió haber suscrito el contrato de préstamo, su incumplimiento

y la existencia de la deuda. Sin embargo, alegó que existía

controversia respecto al monto o importe de la deuda reclamada,

pero no presentó evidencia para controvertir los documentos y

garantías que evidencian la cuantía adeudada. Solamente adujo que

la moción de sentencia sumaria se presentó en una etapa temprana

del descubrimiento de prueba y todavía no habían podido descubrir

evidencia sobre la cantidad adeudada.
KLAN202200639                                                        19

          Una vez establecido y admitido el incumplimiento de Absolute,

le correspondía a ésta controvertir la cuantía o importe adeudado en

su oposición a la moción de sentencia sumaria, pero no lo hizo.

Tampoco suplementó dicha oposición una vez entendió que surgió

su derecho a ejercer el retracto del crédito litigioso. Lo anterior, a

pesar de que, conforme surge del trámite procesal del recurso, tuvo

la oportunidad de así hacerlo.

          En su lugar, en su solicitud de reconsideración a la

denegatoria a ejercer el derecho al retracto de crédito litigioso,

cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Transacciones

Comerciales y solicitó que se incluyera al Estado como parte

indispensable del pleito.

          Conforme al citado caso de DLJ Mortgage, el TPI no incidió al

declarar no ha lugar la moción de Absolute para ejercer el derecho a

retracto de crédito litigioso. En DLJ Mortgage, el Tribunal Supremo

claramente resolvió que la figura de retracto de crédito litigioso no

aplica sobre cesiones de instrumentos negociables al amparo de la

Ley de Transacciones Comerciales.

          Absolute aduce como defecto constitucional de la Ley de

Transacciones Comerciales que ésta crea una distinción entre

deudores ordinarios y deudores hipotecarios, al hacer inaplicable el

derecho a ejercer el retracto de un crédito litigioso sobre la venta o

cesión de pagarés en cuanto a los segundos versus los deudores de

otro tipo de deudas. Tal planteamiento no es suficiente para desafiar

la validez del estatuto y mucho menos para derrotar la presunción

de constitucionalidad que favorece toda legislación. Mas aun cuando

en materia de interpretación constitucional rige una clara y política

de autolimitación judicial.61 Recuérdese que la Ley de Transacciones

Comerciales se aprobó para simplificar, clarificar y modernizar el

derecho que rige las transacciones comerciales, uniformar el

61   Brau, Linares v. ELA et als., 190 DPR 315, 338 (2014).
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derecho entre las diversas jurisdicciones existentes y permitir la

continua expansión de las prácticas comerciales.62 Además, en DLJ

Mortgage el Tribunal Supremo armonizó y validó las disposiciones

de la Ley de Transacciones Comerciales, del Código Civil y la Ley del

Registro    Inmobiliario,      al   interpretar     y   adjudicar     la   misma

controversia que hoy Absolute trae ante nuestra consideración.

Estamos obligados a acatar dicha norma al amparo de la doctrina

del precedente, mientras tal sea el estado de derecho.                          Por

consiguiente,      carece     de    méritos    el   señalamiento        sobre    la

inconstitucionalidad de la Ley de Transacciones Comerciales, por lo

que, a su vez, resulta innecesario discutir si el Estado era o no parte

indispensable para atender el referido reclamo.

       Además, en cuanto Absolute hace alusión al voto disidente

suscrito por la Jueza presidenta Oronoz Rodríguez a la Resolución

que denegó expedir el auto de certiorari en el caso Condado 3 v.

González López y otros, 204 DPR 86 (2020), puntualizamos que el

Tribunal Supremo reiteradamente ha expresado que se establece

una norma mediante un dictamen sostenido por una opinión

firmada o una opinión per curiam.63 Lo argumentado en un voto

disidente no forma parte de la doctrina establecida por dicho Foro.

       Por otro lado, las resoluciones concurrentes - como lo es la R.

Con del S. 24, a la que también Absolute alude para sustentar su

postura - son parte del proceso legislativo diseñado para recoger la

voluntad de las cámaras legislativas. Éstas no tienen fuerza de ley y

tampoco crean normas de aplicación general. P.I.P. v. E.L.A., et al.,

186 DPR 1, 31 (2012), citando a C. I. Gorrín Peralta, Fuentes y

Proceso de Investigación Jurídica, Ed. Equity Publishing Co., New

Hampshire, 1991, págs. 296-297.64

62 Nota 57, supra.
63 Delgado, Ex parte, 165 DPR 170, 182 (2005).
64 Distinto es el caso de las resoluciones conjuntas, que siguen un trámite idéntico

al de un proyecto de ley, Sec. 18 del Art. III de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo I, tienen fuerza de ley y obligan tanto a la
ciudadanía como al Estado en su cumplimiento. La única diferencia entre una
KLAN202200639                                                                     21

       En fin, Luna Commercial presentó una solicitud de sentencia

sumaria fundamentada en evidencia que demostró la inexistencia

de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.

Igualmente, demostró que el derecho aplicable justificaba la

concesión del remedio solicitado. Si bien Absolute cuestiona la

resolución sumaria del caso, ésta no ofreció prueba que apoye su

oposición al dictamen emitido.

       Por ende, luego de revisar detenidamente los escritos

presentados por las partes ante el TPI, así como los anejos que los

acompañan, en ausencia total de hechos materiales y esenciales en

controversia, y a tenor con el derecho aplicable, resultaba

procedente, como cuestión de derecho, que el TPI dictara la

Sentencia objeto de este recurso. Así pues, no erró el TPI al acoger

la Moción de Sentencia Sumaria instada por Luna Commercial,

declarar con lugar la demanda y condenar a la parte demandada al

pago de las sumas adeudadas.

                                        IV.

       Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

apelada.

       Notifíquese.

       Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

ley y una resolución conjunta es que esta última es de carácter transitorio y pierde
su fuerza al realizarse la obra o cumplirse la finalidad que persigue. Noriega v.
Hernandez Colón, 135 DPR 406, 416 (nota 3).