Court Opinion

ID: 9554705
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:19:25.233582+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:17.921334
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

  JONATHAN LÓPEZ ROMÁN                                Revisión
                                                      Judicial
        Recurrente                                    procedente del
                                                      Departamento de
             V.                                       Corrección y
                                   KLRA202300221      Rehabilitación
      DEPARTAMENTO DE
       CORRECCIÓN Y                                   Caso Núm.:
      REHABILITACIÓN                                  12-12781

        Recurrido                                     Sobre:
                                                      Reclasificación
                                                      de Custodia

 Panel integrado          por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, la Juez           Grana Martínez y el Juez Rodríguez
 Flores

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece         el     señor    Jonathan     López        Román,   en

 adelante señor López o el recurrente, y nos solicita

 que revisemos el Acuerdo del Comité de Clasificación y

 Tratamiento,          emitido     por    la   División       de      Remedios

 Administrativos          del     Departamento       de      Corrección       y

 Rehabilitación, en adelante Corrección o el recurrido,

 en   virtud      del    cual     ratificó     el    nivel      de    custodia

 mediana del recurrente.

       Por      los           fundamentos      que        expondremos        a

 continuación, se confirma la determinación recurrida.

                                        -I-

       Surge      de     la    copia     certificada      del        expediente

 administrativo,         que     Corrección    ratificó         la    custodia

 mediana del recurrente. Específicamente determinó:

       …La escala de Reclasificación de custodia otorga
       una puntuación de Mínima seguridad. Se utiliza una
       modificación   discrecional  para   un  nivel   de
       custodia más alto, la puntuación subestima la
       gravedad del delito, además durante este periodo

Número Identificador

SEN2023_________________
KLRA202300221                                                                           2
       evaluado incurrió en nuevo delito por el cual fue
       sentenciado a 7 meses con 15 días adicionales al
       total de su sentencia. La conducta anteriormente
       presentada muestra el no estar preparado aun para
       disfrutar de un nivel de custodia con menores
       restricciones por lo cual se recomienda ratificar
       su nivel de custodia: Mediana y observar sus
       ajustes generales por un periodo de tiempo
       adicional el cual demuestre interés genuino en su
       proceso de rehabilitación para cuando reingrese a
       la libre comunidad.

       En     desacuerdo,          el     señor             López     presentó        una

reconsideración.           Adujo    que       el       recurrido         abusó   de   su

discreción al considerar como único factor para denegar

la reclasificación a custodia mínima la gravedad de las

sentencias impuestas y                  un delito por               el cual se le

sentenció recientemente a 7 meses y 15 días de cárcel.

En    cuanto       a   este     último,            alegó        que       “el    asunto

administrativo         fue    resuelto”            y    no     se    le     impusieron

sanciones disciplinarias.

       Por su parte, el recurrido declaró no ha lugar la

reconsideración.             Sostuvo      que          el    señor       López   cumple

sentencias por 45 años en prisión por delitos violentos

y    tan    reciente    como       el    31    de       enero       de    2023   se    le

sentenció por un delito cometido en prisión. Por ello,

se     le         aplicó      la         “Modificación                   Discrecional”

“Desobediencia ante las Normas”, lo que procede imponer

un nivel de custodia más alto.

       Aun     insatisfecho,             el    recurrente                presentó     un

recurso      de     Revisión       Judicial            en     el     que    alega      la

comisión de los siguientes errores:

       Erró    el    Departamento    de     Corrección  y
       Rehabilitación    a    través    del    Comité  de
       Clasificación y Tratamiento al ratificar el Nivel
       de Custodia Mediana, alegando como único criterio
       para sostener su determinación la aplicación de
       una   Modificación   Discrecional   sin   tomar en
       consideración la desestimación de la querella
       administrativa por los mismos hechos por lo cual
       fue sentenciado el día 31 de enero de 2023 y a lo
       cual le dan mayor peso.
KLRA202300221                                                            3

       Erró    el    Departamento    de     Corrección  y
       Rehabilitación    a    través    del    Comité  de
       Clasificación y Tratamiento, ya que la evidencia
       sobre la que fundamentó su determinación de hechos
       no es sustancial, por lo que su determinación fue
       irrazonable, en comparación con la totalidad de la
       prueba que obra en el expediente administrativo en
       contravención a los criterios para determinar el
       nivel de custodia.

       Erró    el    Departamento     de    Corrección     y
       Rehabilitación y el C.C. y T., ya que su decisión
       incidió en realizar un balance de intereses entre
       el Mandato Constitucional al tratamiento adecuado
       de   los    confinados    que   haga    posible    su
       rehabilitación y la seguridad de la población y el
       personal correccional, obviando así su propia
       evaluación y análisis de los buenos ajustes
       institucionales del recurrente y el cumplimiento
       de su plan institucional, violentando así los
       preceptos básicos contenidos en la Sección 19 del
       Artículo V de la Constitución del Estado Libre
       Asociado   de   Puerto    Rico,   dirigidos    a   la
       rehabilitación   del   confinado   y,   a   su   vez,
       contenidos en la propia misión y propósito de ser
       del Departamento, por tanto, el criterio utilizado
       para negar la modificación de custodia es uno
       arbitrario, que está en contravención con el
       espíritu y objetivo de la ley que autoriza el
       Manual para Clasificación del Confinado, Núm. 9033
       del 18 de junio de 2018, que le aplicaron.

       Erró    el    Departamento    de   Corrección    y
       Rehabilitación y el C. C. y T. al aplicarle al
       recurrente la reglamentación que utilizó, debido a
       que fue aprobada luego de la comisión de los
       delitos por los cuales se encuentra recluido.

       Revisados    la     copia    certificada         del   expediente

administrativo,      los    escritos       de     las   partes      y    los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                   -II-

                                   A.

       La    revisión       judicial         de      las      decisiones

administrativas tiene como fin primordial delimitar la

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.1 A

esos    efectos,    la     revisión       judicial      comprende       tres

aspectos,     a    saber:    1)     la     concesión       del   remedio

1 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018); Unlimited v. Mun. de
Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. ARPe, 172 DPR
254, 264 (2007).
KLRA202300221                                                                4

apropiado;      2)    la   revisión    de       las    determinaciones      de

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones

de   derecho    del    organismo      administrativo.2          Además,     el

tribunal    debe      determinar      si    la    agencia,     en    el   caso

particular, actuó arbitraria o ilegalmente, o de manera

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de

discreción.3

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante

TSPR, ha establecido que las determinaciones de hechos

de las decisiones de las agencias serán sostenidas por

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo considerado en su

totalidad.4 Evidencia sustancial es aquella evidencia

pertinente que “una mente razonable pueda aceptar como

adecuada para sostener una conclusión”.5 Este estándar

de revisión requiere que la evidencia sea considerada

en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la

decisión administrativa como la que menoscabe el peso

que la agencia le haya conferido.6 Ello implica que de

existir    un    conflicto      razonable         en    la    prueba,     debe

respetarse      la    apreciación     realizada         por   la    agencia.7

Esta      revisión         contra     el         expediente         se    basa

exclusivamente        en    evidencia       y    materias     oficialmente

2 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); Padín
Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007).
3 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera
Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).
4 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027 (2020); Asoc. Vec. H.

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Véase, Sec. 4.5
de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico, en adelante LPAU, Ley Núm. 30-2017 (3 LPRA sec. 9675).
5 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra.
6 Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011),

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437
(1997).
7 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, (2005); Hilton v. Junta de Salario

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).
KLRA202300221                                                                5

admitidas,      en    los    asuntos    sobre     los        que   se       tomó

conocimiento oficial y en todo lo que surgió en la

vista administrativa.8

     En   cuanto      a    las    conclusiones    de        derecho,     estas

pueden    ser    revisadas        en   todos     sus        aspectos.9       Sin

embargo, esto no implica que los tribunales gocen de

libertad absoluta para descartarlas.10 Por el contrario,

al revisar las conclusiones de derecho de una agencia

administrativa, los tribunales tienen que examinar la

totalidad       del       expediente     y      determinar         si        la

interpretación        es     un     ejercicio     razonable            de    la

discreción      administrativa          basado         en     la    pericia

particular, en consideraciones de política pública o en

la apreciación de la prueba.11 Rebasado dicho umbral,

solo procede sustituir el criterio de la agencia por el

del tribunal revisor cuando no exista una base racional

para explicar la decisión administrativa.12

     En síntesis,

     Al revisar las interpretaciones y conclusiones
     administrativas, el tribunal debe hacer una
     evaluación independiente sobre la aplicación del
     derecho a los hechos que la agencia estimó
     pertinentes.      Confrontado   con   un   resultado
     distinto del obtenido por la agencia, el tribunal
     debe determinar si la divergencia responde un
     ejercicio     razonable     de     la     discreción
     administrativa fundamentado, por ejemplo, en una
     pericia particular, consideraciones de política
     pública, o la apreciación de la prueba que tuvo
     ante   su  consideración.      El   tribunal   podrá
     sustituir el criterio de la agencia por el propio
     sólo cuando no pueda hallar una base racional para
     explicar la decisión administrativa.13

8 Com. de Seguros v. AEELA, 171 DPR 514, 525 (2007).
9  Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020);
Otero v. Toyota, supra, pág. 729. Véase, además, Super Asphalt v.
Autoridad para el Financiamiento, 206 DPR 803, 820 (2021).
10 Id.
11 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; Misión Ind. PR v. JP., 146 DPR

64, 134–135 (1998).
12 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág. 591.
13 Misión Ind. PR v. JP, supra.
KLRA202300221                                                                     6

                                     B.

     La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de

Reorganización         del     Departamento              de     Corrección        y

Rehabilitación de 2011, en adelante Ley Núm. 2-2011,

establecen      que    será    la    política           pública      del    Estado

Libre Asociado que las instituciones penales propendan

al tratamiento adecuado de                   las   personas delincuentes

para hacer posible su rehabilitación moral y social,

siguiendo el principio de tratamiento individualizado.14

     Con    este      objetivo      en       mente,     el    Departamento       de

Corrección      aprobó        el    Manual         de      Clasificación         de

Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020

[Enmendado], en adelante el Manual. Conforme a este, el

Comité     de   Clasificación            y    Tratamiento         es   el    ente

responsable      de     evaluar          y     cumplir         las     funciones

relacionadas con la clasificación de custodia de los

reclusos. Para realizar sus funciones, el Comité goza

de una amplia, aunque no absoluta, discreción.15

     Con el propósito de realizar dicha encomienda, el

Manual adoptó un procedimiento de reclasificación para

revisar el nivel de custodia de cada confinado, de modo

que se pueda establecer para cada caso lo apropiado a

su   asignación        de     custodia.16          Ahora      bien,    conviene

destacar    que,      para     reclasificar           la      custodia      de   un

confinado,      es      importante            considerar         su    conducta

institucional como reflejo real de su                           comportamiento

durante su reclusión.17

14 Art. 2 de la Ley Núm. 2-2011 (3 LPRA Ap. XVIII).
15 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 608-611 (2012);
Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352 (2005).
16  Art. IV (7) del Manual de Clasificación de Confinados,
Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero de 2020, págs. 48-52.
17 Id., sec. 7 (II), pág. 48.
KLRA202300221                                                                    7

          En lo que respecta a la clasificación de custodia,

en Cruz v. Administración, el TSPR, sostuvo:

          La determinación administrativa relativa al nivel
          de custodia asignado a un confinado requiere que
          se realice un balance de intereses adecuado. Por
          una parte, estará el interés público de lograr la
          rehabilitación del confinado, así como mantener la
          seguridad institucional y general del resto de la
          población penal; de la otra, estará el interés
          particular del confinado de permanecer en un
          determinado nivel de custodia. Además, al momento
          de determinarse la procedencia de un cambio en el
          nivel de custodia, deberá considerarse una serie
          de factores subjetivos y objetivos, para cuya
          atención   se   requiere    la   pericia   de   la
          Administración de Corrección.18

          Por otro lado, para determinar la clasificación de

custodia se adopta una escala de reclasificación basada

en criterios objetivos a los cuales se les asigna una

ponderación           numérica    fija.   Los       factores        pertinentes

son:       1)    la    gravedad     de    los       cargos     y        sentencias

actuales; 2) el historial de delitos graves anteriores;

3) el historial de fuga; 4) el historial de acciones

disciplinarias;          5) la     acción disciplinaria más                    seria

desde       la    última     clasificación;          6)      las        sentencias

previas          de    delitos     graves       como       adulto;         7)     la

participación           en    programas         administrados             por    el

Departamento           de    Corrección;        y     8)     la         edad     del

confinado.19 Si la suma de los 3 primeros factores es

mayor de 7, deberá asignarse al confinado a un nivel de

custodia máxima. En caso contrario, se consideran los

factores remanentes. Si la suma de éstos es menor de 5

y    no    hay    órdenes    de   arresto       o   detención           contra   el

confinado, se recomienda un nivel de custodia mínima.20

          Sin embargo, existen modificaciones discrecionales

que puede utilizar el Comité para aumentar o disminuir

18 Cruz v. Administración, supra, pág. 352.
19  Apéndice K (II) del Manual de Clasificación                    de   Confinados,
supra. (Énfasis suplido).
20 Id., sec. III(A).
KLRA202300221                                                                              8

un nivel de custodia. Estas determinaciones deben estar

basadas,          entre        otras,           en        documentación          escrita,

proveniente de reportes disciplinarios y documentos del

expediente         criminal          o    social.          Específicamente,         entre

los    criterios          a    ser        considerados             se    encuentran       la

gravedad          del     delito,              el     historial          de     violencia

excesiva,         la     afiliación             prominente          con       gangas,     el

difícil       manejo,         niveles           de    reincidencia,            riesgo     de

fuga,        comportamiento                sexual           agresivo,          trastornos

mentales o desajustes emocionales, peligro o amenaza,

la tendencia a desobedecer las normas institucionales y

la comisión de delitos en prisión.21 Es en este ámbito

discrecional            que         interviene              el     expertise        y     la

discreción         del        Comité,          para       emitir        recomendaciones

conforme las necesidades del confinado.

                                           -III-

        En   esencia,          el        señor       López       alega    que    erró     el

Comité       al     ratificar             su        clasificación         de     custodia

mediana. Entiende que, el criterio utilizado para negar

la modificación de su custodia es uno arbitrario y que

está en contravención con el espíritu y el objetivo de

la    Ley    Núm.       2-2011       y     del       Art.    VI,    Sec.      19,   de    la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

[Constitución de Puerto Rico], LPRA, Tomo 1.22

        Sostiene, además, que erró Corrección al aplicar

el criterio discrecional de desobediencia a las normas

institucionales,               en        ausencia           de     un     procedimiento

disciplinario            en     el        que        se     haya    determinado          que

infringió alguna norma institucional.                                   Por otro lado,

21Id., sec. III(D). (Énfasis suplido).
22 Art. VI, Sec. 19, Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1, ed.
2016, pág. 455.
KLRA202300221                                                                  9

cuestiona       el    parámetro      que    utilizó         el   recurrido      al

aplicar un reglamento más restrictivo que el Reglamento

Número 8281 de noviembre de 2012, menos oneroso para el

confinado y más próximo a las sentencias que motivaron

su confinamiento.

       Finalmente aduce, que la evidencia utilizada por

el     Comité    no     es     sustancial.         Específicamente,            del

expediente y la evaluación no surge historial alguno de

violencia       excesiva.      Por   el     contrario,           alega   que    su

participación en los programas de rehabilitación y la

puntuación otorgada en diversos renglones en la escala

de reclasificación le hacen candidato a un nivel de

custodia más bajo.

       En cambio, Corrección alega que procede confirmar

la     resolución       recurrida.         Esto    es       así,    porque      la

modificación discrecional de desobediencia a las normas

está basada en la comisión de un delito de posesión de

celular que obra en el expediente. Además, no erró el

recurrido al aplicar el Reglamento Núm. 9151, ya que

este    estaba       vigente    al   momento           de   la   comisión      del

delito previamente mencionado.

       La determinación recurrida está basada en prueba

que obra en el expediente administrativo, por lo cual

corresponde confirmarla.             Veamos.

       Surge    del     expediente     que        el    recurrente       resultó

convicto de delitos de asesinato en segundo grado y por

violación a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de

Armas, que representan una sentencia total de 45 años.

Dada la naturaleza violenta de los delitos por los que

el     señor    López    resultó       convicto,            Corrección    podía

aplicar el criterio discrecional de gravedad del delito
KLRA202300221                                                                                      10

y mantener el nivel de custodia más restrictivo.                                                  Así

pues,        no    abusó             de        su    discreción             al        emitir     esta

determinación.

        Del        mismo              modo,           obra           en         el      expediente

administrativo una sentencia dictada el 31 de enero de

2023        por    el        Tribunal               de     Primera          Instancia,           Sala

Superior          de        Aguadilla,               en     el       caso        CRIM.     Núm.     A

LE2022G0146,            mediante                la        cual       el     recurrente           hizo

alegación de culpabilidad por infracción al Artículo 2

de     la    Ley       15       de    18       de    febrero           de       2023,    Ley     para

Establecer Restricciones al Uso de Teléfonos Celulares

a Personas Confinadas en las Instituciones Penales de

Puerto Rico, Ley Núm. 15-2011, 4 LPRA sec. 1631 et seq.

Este        delito,         cometido            mientras          el      recurrente           estaba

confinado,         podía             servir         de     fundamento            al     recurrido,

para, que en el ejercicio de su discreción, Corrección

impusiera la modificación discrecional de desobediencia

a las normas y con ello mantener al señor López en el

nivel de custodia mediana.                                De modo, que el recurrido

no abusó de su discreción al así proceder.

        Ahora bien, el hecho de que al recurrente no se le

sometió a un trámite administrativo por la infracción

al      Artículo            2        de        la     Ley        Núm.       15,         supra,     es

inconsecuente               para          la    imposición            de    la        modificación

discrecional            de           desobediencia               a        las        normas.     Ello

obedece a que la sentencia obra en el expediente penal

y ello es suficiente bajo el Reglamento Núm. 915123 para

aplicar la disposición e imponer el nivel de custodia

más estricto.

23   Reglamento Núm. 5191, sec. III (D).
KLRA202300221                                               11

    Tampoco     tiene    mayor   impacto   la   alegación   de

arbitrariedad   de Corrección al aplicar el Reglamento

Núm. 9151,    supra.    Esto es así porque este entró       en

vigor en el 2020, mientras que los hechos que generaron

la imposición de la sentencia por violación al Artículo

2 de la Ley Núm. 15-2011, ocurrieron en marzo de 2022.

Es decir, en plena vigencia del Reglamento 9151, supra.

    Por otro lado, el recurrente no ha presentado otra

prueba, que obre en el expediente, que menoscabe el

valor probatorio de aquella en que se basó Corrección.

    En fin, no se derrotó la presunción de corrección

de la resolución impugnada.

                             -IV-

    Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la resolución recurrida.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones