Court Opinion

ID: 9890329
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:16:00.195888+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:20.262583
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                                            PANEL VII

              JENIFFER VÁZQUEZ                            Certiorari
                    FEBUS                                 procedente del
                                                          Tribunal de Familia y
                       Recurrida                          Menores, Sala de
                                                          Bayamón
                          V.
                                        KLCE202300944 Caso Núm.:
             IRVEN DENYS RAMOS                        BY2023RF00760
                   RIVERA                             (4001)

                   Peticionario                        Sobre:
                                                       DIVORCIO- RUPTURA
                                                       IRREPARABLE
            Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
            Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                          SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

                   El peticionario, Irven Ramos Rivera, solicita que revisemos la

            resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia resolvió que su

            incumplimiento con el descubrimiento de prueba constituyó una

            presunción de aceptación de capacidad económica.

                   Los hechos esenciales para comprender la determinación que

            hoy tomamos se incluyen a continuación.

                                                I

                   La recurrida, Jennifer Vázquez Rivera, presentó una demanda

            de divorcio contra el peticionario. El 16 de mayo de 2023, el TPI

            estableció la pensión alimentaria provisional de $520.00 mensuales

            estipulada en beneficio del hijo menor de edad procreado durante el

            matrimonio. Véase, pág. 182 del apéndice.

                   La Examinadora de Pensión Alimentaria (EPA) señaló la vista

            final para el 10 de agosto de 2023 y estableció el 17 de julio de 2023,

            como la fecha para terminar el descubrimiento de prueba. Las partes

            fueron advertidas de que tenían hasta esa fecha para cuestionar el

            descubrimiento de prueba y que de no hacerlo se entendería que

            renunciaron.

Número Identificador

SEN2023________________
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      La recurrida solicitó la anotación de rebeldía del peticionario

porque no contestó la demanda a tiempo. El 10 de julio de 2023, el

peticionario presentó la contestación de la demanda y ese día, el TPI

anotó la rebeldía en su contra. Véase, pág. 167 del apéndice. La vista

de divorcio se señaló para el 18 de agosto de 2023. Véase, pág. 162

del apéndice.

      El 14 de julio de 2023, el peticionario pidió reconsideración de

la anotación de rebeldía. La recurrida se opuso y alegó que el

peticionario incumplió con el descubrimiento de prueba. La señora

Vázquez argumentó que le envió el descubrimiento de prueba al

peticionario el 20 de junio de 2023. No obstante, adujo que habían

transcurrido más de treinta días, sin que el peticionario contestara ni

presentara su Planilla de Información Personal Económica (PIPE).

Véase, pág. 151 del apéndice. El peticionario alegó que el 21 de julio

de 2023 notificó a la recurrida que estaba recopilando la información

solicitada y que le estaba haciendo llegar la contestación. Véase, pág.

147 del apéndice. Así las cosas, el 25 de julio de 2023, el TPI levantó

la anotación de rebeldía del peticionario. Véase, pág. 144 del

apéndice.

      El 1 de agosto de 2023, la recurrida notificó que presentó la

PIPE y pidió el desalojo del peticionario de la propiedad comunal y que

se declarara hogar seguro. Tres días después, el 3 de agosto de 2023,

la recurrida presentó Moción solicitando orden, en la que informó que

aun el peticionario no había presentado la PIPE, a pesar de que la

vista era el 10 de agosto de 2023. Además, adujo que el peticionario

contestó tardíamente el descubrimiento de prueba, solo contestó

algunas preguntas y se negó a entregar sus estados bancarios y sus

transacciones de ATH Móvil, alegando que no eran pertinentes.

Argumentó       que   el   incumplimiento   del   peticionario   con   el

descubrimiento de prueba constituye una aceptación de capacidad

económica. Por esa razón pidió al TPI que determinara que el
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peticionario asumió capacidad económica para el pago de la pensión

alimentaria. Véase, pág. 100 del apéndice.

      El 6 de agosto de 2023, el TPI determinó que el incumplimiento

del peticionario con el descubrimiento de prueba constituye una

presunción    de   que    asumió    la    capacidad   económica.   Esta

determinación se notificó el 8 de agosto de 2023. Véase, pág. 98 del

apéndice.

      El 8 de agosto de 2023, el peticionario presentó Moción

informativa en torno a moción solicitando orden radicada por la parte

demandante, en la que alegó que la recurrida informó que no había

cumplido con el descubrimiento de prueba, a sabiendas de que lo

había hecho. El padre pidió la transferencia de la vista de alimentos,

debido a que era la madre quien no había cumplido el descubrimiento

de prueba. Por último, argumentó que el tribunal debió darle la

oportunidad de expresarse, antes de imponerle una sanción tan

drástica. La moción tiene anejada evidencia sobre los ingresos del

peticionario. Véase, págs. 93 y 95 del apéndice.

      Por su parte, la recurrida presentó el 8 de agosto de 2023,

Urgente moción en oposición a moción informativa en torno a

descubrimiento de prueba y en solicitud de transferencia de vista.

Alegó que no había transcurrido el término que tenía para contestar el

interrogatorio que le envió el peticionario, informó que estaba

enviándole sus contestaciones juramentadas y la evidencia solicitada.

Además, negó que no hubiese entregado la PIPE, se opuso a la

suspensión de la vista y solicitó que se impusiera el pago de

honorarios al peticionario y que se le ordenara a no seguir dilatando

el pleito. Véase, pág. 90 del apéndice.

      El peticionario replicó la Urgente moción en oposición a moción

informativa en torno a descubrimiento de prueba y en solicitud de

transferencia de vista. Reconoció que no advirtió que la recurrida

presentó la PIPE y pidió la suspensión de la vista de alimentos, debido
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a que no había podido revisar las contestaciones al descubrimiento de

prueba. Véase, pág. 87 del apéndice.

      El TPI sostuvo la vista de alimentos para la fecha señalada, el

10 de agosto de 2023. Véase, pág. 29 del apéndice.

      Aun inconforme, el 9 de agosto de 2023, el peticionario presentó

Urgente moción de reconsideración sobre la presunción de aceptación

de capacidad económica. El peticionario alegó que el 3 de agosto de

2023 envió un correo electrónico a la recurrida con la evidencia de

sus ingresos. No obstante, argumentó que objetó el descubrimiento de

sus estados bancarios y transacciones de ATH Móvil, porque no eran

pertinentes. Alegó que el mero hecho de objetar preguntas del

interrogatorio no significa que incumplió el descubrimiento de prueba.

Invocó la aplicación de la Regla 30 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, que le confiere ese derecho. Además, adujo que el 1 de agosto

de 2023 le informó a la recurrida que estaba trabajando con las

peticiones objeto del descubrimiento de prueba. Insistió en que el TPI

no debió imponerle una sanción tan drástica, sin darle la oportunidad

de expresarse. Véase, pág. 77 del apéndice.

      El 10 de agosto de 2023, el peticionario presentó Moción

informativa en torno a descubrimiento de prueba, en la que alegó que

cumplió con el descubrimiento de prueba y reiteró la solicitud de

posposición de la vista de alimentos. Véase, pág. 44 del apéndice.

      Por su parte, la recurrida anejó la evidencia que utilizaría en la

vista de alimentos, e insistió en que el peticionario aún no había

presentado su PIPE ni evidenciado sus ingresos. Véase, págs. 20 y 30

del apéndice. El TPI tomó conocimiento de lo informado.

      El 11 de agosto de 2023, un día después de la vista de

alimentos, el peticionario informó que no asistió a la vista ante la EPA

porque tenía una cita médica y nuevamente pidió la suspensión de la

vista señalada, esta vez, para el 18 de agosto de 2023. Véase, pág. 17
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del apéndice. El TPI reseñaló la vista del 18 de agosto para el 6 de

septiembre de 2023.

       La recurrida reiteró su solicitud para que el tribunal no dejara

sin efecto la determinación de aceptación de capacidad económica del

peticionario. Véase, pág. 6 del apéndice.

       Así las cosas, la EPA presentó su informe sobre la pensión

provisional. La vista se realizó el 10 de agosto de 2023. La recurrida

compareció con su representación legal. El peticionario estuvo

representado por su abogado. El TPI acogió el informe de la

Examinadora y conforme la estipulación presentada por ambas partes

y ordenó al peticionario el pago de una pensión alimentaria de

$730.00, mensuales a razón de $365.00 quincenales, conforme a la

estipulación presentada por ambas partes, a aportar el 50% de los

gastos médicos no cubiertos por el plan médico y del pago de los

gastos extraordinarios. Véase, pág. 3 del apéndice.

       Finalmente, el 18 de agosto de 2023, el TPI se negó a

reconsiderar la determinación de capacidad del peticionario.

       Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que alega

que:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLARAR NO HA
       LUGAR LA URGENTE MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN
       RADICADA POR LA PARTE AQUÍ PETICIONARIA Y EN SU
       CONSECUENCIA MANTENER LA RESOLUCIÓN EMITIDA
       EL 8 DE AGOSTO DE 2023 DONDE ORDENA A QUE SE
       PRESUMA QUE LA PARTE DEMANDADA ACEPTÓ
       CAPACIDAD ECONÓMICA EN EL PRESENTE CASO.

                                   II

                                   A.

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento

Civil de 1933 (32 LPRA sec. 3491), hoy conocido como Ley de

Recursos Extraordinarios; Caribbean Orthopedics Products of Puerto

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de
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Leon Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction,

201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la característica principal del

recurso     reside   en    el   carácter    discrecional     del   mismo,    tal

determinación no es irrestricta, está sujeta a los criterios señalados

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Advertimos que esta regla ha

sufrido modificaciones a través del tiempo para expandir el marco

discrecional que ostentan los foros revisores en la expedición del

recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      … para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar a
      la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
      que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado       el   análisis   al   amparo   de   la    Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:
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      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                  B.

      El tribunal solo considerara las mociones sobre controversias

relacionadas al descubrimiento de prueba, cuando el promovente

certifique de forma particularizada que realizó esfuerzos razonables

con la representación legal de la parte adversa para resolver los

asuntos planteados. El promovente además deberá demostrar que

actuó con prontitud y buene fe y que todos sus esfuerzos fueron

infructuosos. Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

      Luego de evidenciar el cumplimiento de la Regla 34.1, supra, el

promovente podrá solicitarle al tribunal que ordene a la promovida

descubrir la prueba. Regla 34.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap.

V.

      La Regla 34.3, 32 LPRA Ap. V, establece las consecuencias de

no obedecer una orden de descubrimiento de prueba. La sanciones

incluyen el desacato y todas aquellas órdenes que sean justas, entre

ellas: (1) que las materias comprendidas sean consideradas probadas,
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(2) una orden para impedir que la parte que incumple se sostenga u

oponga a determinadas reclamaciones o defensas o para prohibirle

presentar determinada materia en evidencia, (3) eliminar alegaciones

o parte de ellas, (4) suspender todos los procedimientos posteriores

hasta que la orden sea acatada, (5) desestimar el pleito o

procedimiento, o cualquier parte de ellos, (6) dictar sentencia en

rebeldía, (7) considerar como desacato al tribunal la negativa a

obedecer cualquiera de dichas órdenes excepto una orden para

someterse a examen físico o mental, (8) sanciones económicas a

cualquier parte, testigo, y representante legal, (9) los gastos incurridos

incluyendo honorarios, salvo que se demuestre una justificación

válida para el incumplimiento.

      Por su parte, la Regla 44.2, supra, autoriza al tribunal a

imponer costas y sanciones interlocutorias y económicas en todo caso

y en cualquier etapa, contra una parte o su representante legal por

conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o

falta de diligencia en perjuicio de la administración eficiente de la

justicia.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció en HRS Erase v.

CMT, 205 DPR 659, 700-702, 709 (2020), la imposición de sanciones

drásticas por incumplir el descubrimiento de prueba. No obstante,

advirtió que no deben utilizarse livianamente y que primero hay que

recurrir a otras sanciones menos severas. Por ejemplo, una sanción

tan severa como la desestimación debe ser de uno de los últimos

recursos a utilizarse y solo procederá después de que otras sanciones

menos drásticas han sido ineficaces. La imposición de una sanción

tan drástica tampoco procede sin un previo apercibimiento a la parte.

El   foro   judicial   en   primera   instancia   debe   sancionar   a   la

representación legal de la parte que ha incumplido el descubrimiento

de prueba. Si esa sanción no produce efectos deberá notificar

propiamente a la parte para cerciorarse de que está debidamente
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informada de la situación y de los efectos de no tomar alguna acción

correctiva. La notificación adecuada es un componente medular de la

administración de la justicia y del debido proceso de ley, porque

brinda   a   las   partes   la   oportunidad   conocer   realmente       la

determinación tomada. Además, les da a las personas cuyos derechos

pudieran verse transgredidos, la oportunidad de decidir ejercer los

remedios que la ley les concede. Por esas razones, la falta de una

notificación adecuada trastoca el debido proceso de ley. No obstante,

si la parte continúa incumpliendo o no toma acción alguna, los

tribunales pueden acudir a sanciones severas como la desestimación

o eliminación de las alegaciones.

                                    C.

      La obligación de alimentar a los menores se fundamenta en el

derecho a la vida, configurado como un derecho inherente a la

persona. Derecho revestido del más alto interés público. 8 LPRA sec.

502. En ocasiones, como la de la presente controversia, de ordinario

ambos padres están obligados a contribuir al mantenimiento de sus

hijos menores de edad en función de sus patrimonios individuales. El

pago de la pensión se repartirá entre ambos padres en una cantidad

que sea proporcional a sus respectivos caudales. 31 LPRA sec. 7546.

No obstante, cuando el padre o la madre alimentante admite que tiene

recursos económicos suficientes para satisfacer sus obligaciones

alimentarias de sus hijos, es decir, cuando asume capacidad

económica, no es necesario cumplir el trámite provisto en la Ley

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores y las

Guías. De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 173 (2016);

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 565 (2012).

Ahora bien, una vez se acepta capacidad económica, procede

determinar la suma justa y razonable de pensión alimentaria tomando

en consideración la condición económica y el estilo de vida del

alimentante, en unión a las necesidades de los alimentistas,
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incluyendo en estas el estilo de vida al cual estaban acostumbrados.

Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 719-720 (2022);

Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 111 (2019); Santiago,

Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 566 (2012) citando a

Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 505 (2000). El o la

alimentante estará impedido de impugnar la pensión fijada, conforme

a las necesidades del o de la alimentista, alegando no contar con los

recursos necesarios para satisfacerla. Pesquera Fuentes v. Colón

Molina, supra. Solo podrá cuestionar la cuantía de la pensión, por

entender, que es contraria a la prueba recibida o porque sea

irrazonable a la luz de las necesidades de los menores. Pesquera

Fuentes v. Colón Molina, supra. Por otro lado, la información sobre su

patrimonio quedará protegida quedando obligado a cubrir el 100% de

la pensión adjudicada. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra;

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 571.

      Como anticipáramos, cuando uno de los progenitores acepta

tener capacidad económica, únicamente resta fijar el monto de la

pensión en atención exclusiva a las necesidades del menor. La

persona custodia es responsable de evidenciar los gastos razonables

de los menores y el estilo de vida del alimentante, para que el tribunal

pueda determinar el total de la pensión. La aceptación de capacidad

económica es una decisión voluntaria de un padre o madre de cubrir

todas las necesidades que en su día se establezcan como parte de una

pensión alimentaria. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; De León

Ramón v. Navarro Acevedo, supra, pág. 176.

                                   III

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, autoriza nuestra

intervención debido a que la controversia que nos ocupa se relaciona

con asuntos de familia. El peticionario alega que el TPI erró al

presumir que aceptó tener capacidad económica, porque incumplió

con el descubrimiento de prueba.
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      El   señor      Ramos   Rivera     niega   que      incumplió   con    el

descubrimiento de prueba y alega que evidenció sus ingresos. El

peticionario, además, invoca su derecho a objetar las preguntas sobre

sus estados bancarios y transacciones de ATH Móvil, sin que

constituya un incumplimiento. Por último, argumenta que el tribunal

le imputó capacidad económica, sin escucharlo y sin ordenarle

mostrar causa.

      El peticionario tiene razón. No procede imponer la presunción al

peticionario de que asumió capacidad económica. El foro primario se

equivocó al imponer una sanción tan drástica al peticionario por

incumplir con el descubrimiento de prueba. Antes debió sancionar a

su representación legal, advertirle directamente de la situación al

peticionario e imponerle sanciones económicas a la parte y su

representante legal, de no atender las directrices del foro.

      Aunque el incumplimiento con el descubrimiento de prueba

puede conllevar sanciones drásticas, el TPI debió primero recurrir a

advertir al peticionario y otras menos severas, que presumir la

capacidad económica del padre. La determinación recurrida obvia la

norma establecida de advertir y sancionar en primera instancia a la

representación legal del peticionario.

      No estamos ajenos a los retos que enfrentan los jueces de salas

de   familia   para    conseguir   que    las    partes    cumplan    con    el

descubrimiento de prueba que permitirá al juzgador establecer una

pensión justa en beneficio de un menor de edad. El procedimiento

judicial es uno expedito y el descubrimiento sobre la situación

económica del alimentante y alimentista será compulsorio. La PIPE

completada y juramentada, u otro documento similar, también

juramentado, que contenga toda la información requerida deberá

radicarse en la secretaría del tribunal y notificarse a la otra parte con

antelación a la vista y sujetará al declarante a las penalidades

dispuestas para el delito de perjurio. La radicación del formulario no
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constituye excusa respecto de la obligación de las partes de revelar

todas las circunstancias que permitan determinar su particular

situación económica ni constituye un impedimento para el uso de los

mecanismos de descubrimiento de prueba. Advertimos que, cuando se

utilicen los mecanismos regulares de descubrimiento de prueba, no se

concederán prórrogas para cumplir con los términos establecidos por

las Reglas de Procedimiento Civil, excepto mediante la demostración

rigurosa de justa causa. Las sanciones provistas en las Reglas de

Procedimiento Civil, por negarse a descubrir o por contestar en

forma    evasiva    las   preguntas   formuladas        como   parte     del

procedimiento de descubrimiento de prueba, serán aplicadas con

todo el rigor, incluyendo la imposición de honorarios de abogado. 8

LPRA sec. 515.

       No obstante, hemos de enfatizar que la aceptación de capacidad

económica es una decisión enteramente voluntaria del alimentante

que,    impuesta   como    sanción,   tiene   efectos   severos   para    el

alimentante.

       Ahora bien, tomando lo anterior en consideración, de un

examen de la Resolución recurrida surge que, el foro recurrido no ha

dispuesto de la pensión alimentaria de manera final; ni ha consignado

la misma como si hubiese sido impuesta imputando aceptación de

capacidad económica al peticionario. Primeramente, la resolución

ordena a ambos padres a aportar el 50% de los gastos médicos no

cubiertos por el plan, así como los gastos extraordinarios. Y en

extremo pertinente, concede un término de cinco (5) días al

peticionario para presentar su Planilla de Información Personal y

Económica (PIPE).

       Estas expresiones denotan que, en efecto, el foro recurrido no

ha impuesto la aceptación de capacidad económica. Aunque de

ordinario no intervendremos con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, en esta ocasión, nos desviamos de la norma
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general, entendiendo que el foro primario se equivocó en la

interpretación de la norma sustantiva y que nuestra intervención en

esa etapa evitará un perjuicio sustancial, así como un atraso en el

proceso. Por lo cual, expedimos y revocamos para aclarar que no

procede el establecimiento de la presunción de aceptación de

capacidad económica.

                                   IV

      Las razones expuestas nos obligan a expedir el recurso para

revocar la resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones