Court Opinion

ID: 9928622
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:27.122725+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:26.093823
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL (VII)

  FAUSTINO GARCÍA                                    CERTIORARI
    ABISLAIMAN                                       procedente del
                                                     Tribunal de Primera
         Peticionario                                Instancia, Sala
                              KLCE202301278          Superior de
              v.                                     Bayamón

    DAGMAR MARÍA                                     Civil núm.:
    RIVERA DÁVILA                                    GB2018CV00033

          Recurrida                                  Sobre: Liquidación
                                                     de Comunidad
                                                     Postganancial

Panel integrado por su presidente el juez Rivera Torres, la jueza
Santiago Calderón y la jueza Álvarez Esnard.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2023.

         Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Faustino

García Abislaiman (señor García Abislaiman o peticionario),

mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita que

revoquemos la Resolución emitida y notificada el 8 de septiembre

de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (TPI). Mediante este dictamen, el foro primario concedió

la solicitud de una orden protectora, instada por el hijo de los

contendientes, el Sr. Faustino García Rivera (señor García Rivera o

recurrido). En consecuencia, dejó sin efecto las órdenes dirigidas a

varias    instituciones   bancarias,     custodias   de   la   información

financiera del recurrido.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                    I.

         La causa del título se inició el 2 de mayo de 2018, ocasión en

que el señor García Abislaiman presentó una Demanda sobre

daños y división de la comunidad postganancial entre él y su

Número Identificador
RES2023_________________________
KLCE202301278                                                                   2

exesposa, la Sra. Dagmar Rivera Dávila (señora Rivera Dávila). El

peticionario incluyó también como parte demandada a su hijo, el

señor García Rivera, su cónyuge y a la comunidad de bienes

gananciales que estos conforman.1 Luego, enmendó la reclamación

para añadir a los entes jurídicos Pro Air LLC y Air Logix LLC.2 En

esencia, solicitó la liquidación de los haberes postgananciales,

adquiridos durante el matrimonio, iniciado el 9 de enero de 1982 y

disuelto por divorcio el 2 de septiembre de 2014. En cuanto a lo

que nos compete, el señor García Abislaiman adujo que, vigente el

matrimonio, desarrolló el negocio BG Mechanical Air Conditioning

Contractors y que, en el 2015 y sin su autorización, su hijo

gerenció las operaciones del mismo y se apoderó de equipo,

clientes y el local, a través de las compañías de responsabilidad

limitada Pro Air y Air Logix. A esos efectos, solicitó $2 millones de

indemnización.

       Surge del extenso expediente electrónico que, el 14 de enero

de 2020, notificada al día siguiente, la Hon. Vanessa Pintado

Rodríguez dictó una Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó,

sin perjuicio, la reclamación en contra del señor García Rivera y

los otros codemandados, por estos ser terceros ajenos a la causa

de la Demanda.3 Allí expresó que:

              Entendemos que la razón primordial de la
          demanda[,] como hemos señalado[,] es la división de la
          comunidad de bienes[,] [la] cual surge del evento del
          divorcio entre el demandante y la codemandada, la
          Sra. Rivera. Las reclamaciones en contra del Sr.
          García Rivera[,] así como de las corporaciones [Pro Air]
          y [Air Logix,] no surgen [de] dicho evento de divorcio[,]
          sino que ocurre[n] posterior a este. Como hemos
          señalado[,] dichos codemandados son terceros ajenos
          a la comunidad de bienes por lo que no son

1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 1-5. Refiérase, además, a las págs.

6-20 Contestación a la Demanda y Reconvención, y a las págs. 28-44;
Reconvención Enmendada… de la señora Rivera Dávila; así como a las págs. 51-
58, Contestación a Reconvención Enmendada del señor García Abislaiman.
2 Íd., a las págs. 21-22; 23-27.

3 Refiérase al Apéndice del recurrido, a las págs. 1-27, entrada 214, Sentencia

Parcial, del expediente electrónico del caso del título en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
KLCE202301278                                                             3

           comuneros. El negocio objeto de controversia no es la
           comunidad de bienes en sí[,] sino que existen otros
           bienes que pueden ser parte de la comunidad.

              A nuestro entender las reclamaciones en contra del
           Sr. García Rivera, [Pro Air] y [Air Logix] son más
           propias de una acción independiente[,] ya sea
           extracontractual, contractual o de disolución de la
           corporación, así como de una acción derivativa (en
           caso de que la misma se cuestione gestiones
           corporativas realizadas por dichas partes). Dichos
           codemandados pueden estar sujetos a responder de
           ser ciertas las alegaciones del demandante.4

        Enfatizamos         que    dicho   dictamen   no   fue   objeto   de

impugnación, por lo que advino final, firme e inapelable.

        Así las cosas, el 8 de junio de 2023, el señor García

Abislaiman presentó una Solicitud de Orden, dirigida a distintas

entidades bancarias, a la señora Rivera Dávila y al señor García

Rivera para que produjeran información financiera sobre sus

estados de cuentas, intereses ganados e ingresos.5 Para ello, el

peticionario reprodujo las alegaciones previamente desestimadas.

En respuesta, el señor García Rivera compareció de manera

especial y solicitó una orden protectora.6 El señor García

Abislaiman no presentó oposición, sino que reiteró su solicitud.7

Entonces, el 19 de julio de 2023, la Hon. Anelís Hernández Rivera

expidió las órdenes según peticionadas.8 Posteriormente, el señor

García Abislaiman solicitó la extensión de los mandamientos a

otras instituciones bancarias.9

        Insatisfecho,         el   señor    García    Rivera,    compareció

oportunamente ante el TPI mediante una Moción en Solicitud de

Reconsideración. En esta, le solicitó al foro primario que dejara sin

efecto la emisión de las órdenes concernientes a su información

4 Íd., a la pág. 26.

5 Véase el Apéndice del recurso, a las págs. 59-61.

6 Íd., a las págs. 62-64.

7 Íd., a las págs. 77-78.

8 Íd., a las págs. 79-81.

9 Íd., a las págs. 100-101.
KLCE202301278                                                                4

financiera, en aras de proteger su expectativa de intimidad.10

Apuntó a tomar en consideración el previo dictamen que, en su

día, impidió el mismo acceso que ahora se concedía. Asimismo, en

reacción a la inclusión de otras instituciones bancarias, según

solicitado por el señor García Abislaiman, insistió en la expedición

de una orden protectora a su favor.11

         El peticionario se opuso y arguyó imputaciones similares a

las ya expuestas en su reclamación enmendada.12 En específico,

que posterior al divorcio y sin autorización para ello, el recurrido

tomó la administración y se apoderó de su negocio y lo gerenció a

través de otra entidad jurídica. El señor García Rivera replicó13 y

tildó de “teorías de conspiración” los argumentos planteados por

su padre. Además, el señor García Rivera informó al TPI de la

existencia de un litigio paralelo en el que el señor García

Abislaiman buscaba reivindicar las mismas contenciones que

pretendía reintroducir en el pleito de autos.14

         Evaluados los escritos mencionados, el 8 de septiembre de

2023, el TPI notificó la Resolución recurrida. En esta, declaró “ha

lugar” el pedimento de reconsideración del señor García Rivera. Por

consiguiente, revirtió la emisión de las órdenes bancarias y

concedió la orden protectora. Basó su decisión en la Sentencia

Parcial antes aludida.15

         Inconforme, el señor García Abislaiman interpuso una

Solicitud de Reconsideración… en la que reprodujo los mismos

argumentos ya esbozados.16 El señor García Rivera se opuso

10   Íd., a las págs. 113-117.
11 Íd., a las págs. 121-124.

12 Íd., a las págs. 125-127.

13 Íd., a las págs. 128-130.

14 Tomamos conocimiento judicial del expediente electrónico en SUMAC del caso

Faustino García Abislaiman v. Faustino García Rivera, Dagmar Rivera Dávila, Air
Logix, Fresh Air LLC y otros, BY2021CV04406, sobre interferencia y competencia
desleal, descorrer velo corporativo, cobro de dinero, daños y perjuicios.
15 Véase el Apéndice del recurso, a las págs. 135-136.

16 Íd., a las págs. 137-142.
KLCE202301278                                                      5

igualmente por las razones argüidas con anterioridad.17 Por su

parte, el TPI notificó el 23 de octubre de 2023 la denegación a

variar su decisión.18

        Todavía insatisfecho, el señor García Abislaiman acudió ante

este foro intermedio imputándole al TPI haber incurrido en los

siguientes errores:

            INCURRIÓ EN ERROR EL HONORABLE TPI AL
            DECLARAR    CON    LUGAR  LA   ORDEN    DE
            PROTECCIÓN A FAVOR DEL SR. GARCÍA RIVERA A
            PESAR DE QUE LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA
            ES [sic] DIRECTAMENTE RELACIONADA A SUS
            GESTIONES COMO ADMNISTRADOR DE LOS
            BIENES DE LA COMUNIDAD GANANCIALO [sic] DE
            SUS PADRES.

            INCURRIÓ EN ERROR EL HONORABLE TPI AL NO
            DICTAR LAS [Ó]RDENES SOLICITADAS POR EL SR.
            GARCÍA A PESAR DE QUE LA INFORMACIÓN
            SOLICITADA ES RELEVANTE, PERTINENTE Y
            NECESARIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE ESTE
            CASO, INCLUYENDO LA VALORACIÓN DE LOS
            BIENES DE LA COMUNIDAD.

        El 22 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida hasta el viernes, 1 de diciembre

para expresarse. Ese día se cumplió lo ordenado por lo que nos

damos por cumplidos y a su vez, decretamos perfeccionado el

recurso.

        Analizados las comparecencias de las partes y el expediente

apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a

resolver.

                                  II.

        El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y

órdenes interlocutorias de un foro de inferior jerarquía. Regla 52.1

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García v. Padró,

165 DPR 324, 334 (2005). Todo recurso de certiorari presentado

17 Íd., a las págs. 143-146.

18 Íd., a la pág. 147.
KLCE202301278                                                       6

ante este foro apelativo deberá ser examinado primeramente al

palio de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. Dicha

regla limita la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este

foro apelativo sobre órdenes y resoluciones dictadas por el foro de

primera instancia, revisables mediante el recurso de certiorari.

      Por tanto, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari deberá tener cabida bajo alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

Ello, debido a que el mandato de la mencionada regla dispone

expresamente que solamente será expedido el auto de certiorari

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria

de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

      Así, pues, para establecer si debemos o no expedir un auto

de certiorari, hay que determinar primeramente si el asunto que se

trae ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias

especificadas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

De hecho, aun cuando el asunto esté contemplado por dicha

norma procesal, para determinar si procede o no la expedición de

un recurso, debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

que reza así:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari:

         A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.
KLCE202301278                                                               7

          B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.

          F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final del
          litigio.

          G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención. Por tanto, como se ha asentado

jurídicamente, este foro intermedio no habrá de intervenir con el

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. (Énfasis nuestro). Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita

con aprobación a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                     III.

      Examinado       minuciosamente        el   recurso       ante   nuestra

consideración, surge que el peticionario recurre de una Resolución

que   dejó   sin   efecto   varias   órdenes     judiciales,    dirigidas   al

descubrimiento de información financiera del señor García Rivera,
KLCE202301278                                                     8

quien no es parte del pleito de sus padres; y el cual versa

únicamente sobre           la división de la comunidad de    bienes

postganancial. Nótese que, desde el 2020, el TPI desestimó sin

perjuicio las alegaciones en contra de las corporaciones

demandadas y del recurrido, mediante un dictamen hoy

inapelable.

       Además, se hace importante destacar que las contenciones

del señor García Abislaiman en contra de su hijo, su exesposa y

las entidades corporativas atinentes no están huérfanas de

remedio, en el caso de así asistirle el derecho, toda vez que dichas

controversias están sub judice en otro pleito activo ante la

primera instancia judicial.

       Según reseñamos, todo recurso de certiorari presentado ante

este foro intermedio deberá ser examinado primeramente al palio

de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. De una

lectura de la referida norma, surge que nuestro ordenamiento

jurídico procesal no nos confiere autoridad para expedir un

recurso de certiorari y revisar una controversia como la presente.

Por igual, en este caso, ninguno de los planteamientos presentados

por el peticionario ha sido capaz de persuadir nuestra discreción

apelativa para intervenir con la determinación interlocutoria

impugnada. Advertimos, no solo el dictamen desestimatorio que

hace tres años excluyó al señor García Rivera y a los entes

corporativos del pleito de división de comunidad postganancial de

los exesposos García-Rivera; sino también apuntalamos el hecho

de la litigación activa de las mismas alegaciones en otro pleito:

BY2021CV04406.19 Contrario al de marras, en ese litigio de índole

19 Refiérase a la nota al calce 12 de este dictamen.
KLCE202301278                                                                 9

corporativa el señor García Rivera sí es parte, así como la señora

Rivera Dávila y las personas jurídicas concernientes.20

       En fin, toda vez que el dictamen recurrido no está

comprendido dentro del marco de decisiones interlocutorias

revisables, al amparo de la Regla 52.1 de las de Procedimiento

Civil, supra; ni el peticionario demostró que la expedición del auto

evitaría un fracaso de la justicia, conforme nuestra Regla 40,

supra, procede denegar la expedición del recurso discrecional.

                                      IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, procede denegar la

expedición del auto de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

20 Según surge de la Minuta de la vista celebrada el 25 de septiembre de 2023 en

el caso BY2021CV04406 (entrada 83), las partes litigantes han comparecido
debidamente representadas por sus respectivos abogados y el tribunal tiene
conocimiento del presente caso GB2018CV00033.