Court Opinion

ID: 9941368
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:28:53.248823+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:34.575872
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                                CERTIORARI
                                                procedente del
DOMINGO ARTURO                                  Tribunal de Primera
QUILES ROSADO                                   Instancia, Sala
                                                Superior de San
Peticionario                                    Juan
                             KLCE202400022
         v.
                                                Civil Núm.:
SUCESIÓN CÉSAR                                  SJ2022CV06536
VÁZQUEZ NAVARRO
                                                Sobre:
Recurrido                                       Cobro de dinero
                                                Ordinario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      Comparece por derecho propio el señor Domingo Arturo

Quiles Rosado (señor Quiles Rosado o parte peticionaria) y solicita

nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto la Orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI), el 23 de octubre de 2023. Mediante la aludida

determinación, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción de

Prórroga instada por la representación legal de la parte recurrida

para contestar ciertos requerimientos de admisiones.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la

expedición del auto de certiorari solicitado.

                                  I.

      Según surge del expediente, el 20 de julio de 2022, el señor

Quiles Rosado incoó una acción sobre incumplimiento de contrato

de servicios profesionales y cobro de dinero contra la Sucesión de

César Vázquez Navarro, compuesta por César, Iván, Javier, y Johan

Davis, de apellidos Vázquez Morales, así como Celinda Haydeé

Número Identificador
RES2024 _________________
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Morales Figueroa, General Builders Construction Corporation y

Bosque del Plata Development Corporation (parte recurrida).

Contestada la demanda por todos los miembros de la Sucesión, el

18 de septiembre de 2023, el señor Quiles Rosado le remitió a cada

uno de sus componentes un documento intitulado Requerimiento de

Admisiones.

      En respuesta a lo anterior, el 9 de octubre de 2023, la

representación legal de la Sucesión instó una Moción de Prórroga.

Detalló que recibió los requerimientos de admisiones enviados por

el señor Quiles Rosado entre el 19 y 20 de septiembre de 2023.

Fundamentándose en razones de salud de su hija, esgrimió que se

le dificultó reunirse con sus representados en referencia a los

requerimientos de admisiones, por lo que solicitó al TPI que le

concediera un término adicional de 10 días para contestarlos.

Argumentó que la petición se justificaba y se hacía de buena fe, por

motivos ajenos a su control, y que esta no ocasionaba dilaciones en

el caso, debido a que el descubrimiento de prueba estaba en sus

inicios.

      Por su parte, el señor Quiles Rosado se opuso a la moción de

prórroga. Arguyó que la situación de salud que atravesó la hija de la

abogada de la Sucesión no alcanzó la magnitud del criterio de justa

causa necesario para determinar que hubo una base razonable para

la dilación en contestar los requerimientos de admisiones. Añadió

que dicha explicación era vaga y estereotipada, la cual no tuvo el

efecto de provocar impedimento de clase alguna para contestar los

aludidos documentos. Asimismo, adujo que la moción concernida

no cumplió con el requisito de incluir la evidencia necesaria para

sustentar las aseveraciones contenidas en ésta. Por último, alegó

que el foro primario estaba impedido de prorrogar el término de 20

días establecido en la Regla 33 de Procedimiento Civil, infra, por lo

que procedía denegar la solicitud de la Sucesión y dar por admitidos
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los requerimientos de admisiones por haber transcurrido más del

término desde que fueron notificados sin ser respondidos.

       Mediante Orden emitida y notificada el 23 de octubre de 2023,

el TPI concedió la prórroga solicitada por la representación legal de

la Sucesión. Otorgó hasta el 24 de octubre de 2023 para contestar

los requerimientos de admisiones.

       El 24 de octubre de 2023, la abogada de la Sucesión notificó

al tribunal de instancia que, en dicha fecha, se le remitió al señor

Quiles Rosado las respectivas contestaciones a los requerimientos

de admisiones debidamente juramentados. Por medio de una Orden

emitida ese mismo día, el TPI tomó conocimiento de lo anterior.

       En desacuerdo, el 7 de noviembre de 2023, el señor Quiles

Rosado presentó una Moción de Reconsideración, pero la misma fue

declarada no ha lugar por el Tribunal de Primera Instancia. Aun

inconforme, este comparece ante nos y alega que el TPI cometió el

siguiente error:

       Erró el Tribunal de Instancia e incurrió en un abuso de
       discreción al conceder a la Sucesión una prórroga para
       contestar un requerimiento de admisiones sin que su
       representación legal mostrara justa causa y solo
       adujera razones estereotipadas sin ofrecer prueba
       concreta alguna y negarse a dar por admitidos los
       requerimientos de admisión (sic).

       A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones,      este    Foro      puede    “prescindir     de    términos   no

jurisdiccionales,        específicos,”       escritos,      notificaciones     o

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo

y   eficiente     despacho...”.1      Ante     ello,     prescindimos    de   la

comparecencia de la parte recurrida.

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).
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                                  II.

                                  A.

        El auto de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que

un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores que

cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera et al.

v. Arcos Dorados et al., 212 DPR__(2023); Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); León v. Rest. El Tropical,

154 DPR 249 (2001). Su expedición está sujeta a la discreción del

foro revisor. La discreción consiste en una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

ecuánime. Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u

otra,   haciendo    abstracción   del   resto   del   derecho,   porque,

ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción. García v.

Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).

        La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

dispone taxativamente los asuntos que podemos atender mediante

el referido recurso. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207

DPR 994 (2021); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).

A esos efectos, dicha Regla dispone —en lo concerniente— lo

siguiente:

        El recurso de certiorari, para revisar resoluciones u
        órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia, solamente será expedido por el
        Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
        resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
        denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
        No obstante, y por excepción a lo dispuesto
        anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
        revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
        dictadas por el Tribunal de Primera Instancia
        cuando se recurra de decisiones sobre la
        admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales,   asuntos      relativos   a    privilegios
        evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
        relaciones de familia, en casos que revistan interés
        público o en cualquier otra situación en la cual
        esperar a la apelación constituiría un fracaso
        irremediable de la justicia. Al denegar la expedición
        de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal
        de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
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      (Énfasis nuestro). Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
      supra.

      Por otro lado, para que este Foro pueda ejercer con mesura la

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

   (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

   (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

   (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

   (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

   (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

   (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

   (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte

que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 149 DPR

859, 866 (1999).
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                                 B.

      Uno de los instrumentos con los que cuentan las partes

litigantes para delimitar las controversias del pleito y con ello

promover la solución expedita de los procedimientos es el

requerimiento de admisiones. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan,

170 DPR 149, 171 (2007); Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,

144 DPR 563, 573-574 (1997). El mismo se encuentra regulado por

la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33. Esta

dispone lo siguiente:

      (a) Requerimiento de admisión.

      […]

      Cada materia sobre la cual se requiera una admisión
      deberá formularse por separado. Todas las cuestiones
      sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por
      admitidas, a menos que dentro de los veinte (20) días
      de haberle sido notificado el requerimiento, o dentro
      del término que el tribunal concediese mediante una
      moción y notificación, la parte a quien se le
      notifique el requerimiento le notifica a la parte que
      requiere la admisión una contestación suscrita bajo
      juramento por la parte o una objeción escrita sobre
      la materia. A menos que el tribunal acorte el
      término, una parte demandada no estará obligada a
      notificar contestaciones u objeciones antes de
      transcurridos veinte (20) días a partir de haberle
      sido entregada copia de la demanda y el
      emplazamiento. En este caso se debe apercibir a la
      parte demandada en el requerimiento que de no
      contestarlo en el término dispuesto se entenderá
      admitido. Si se objeta el requerimiento de admisión,
      deberán hacerse constar las razones para ello. […]

      […]

      Según expuesto, la norma impone que la parte interpelada

conteste el requerimiento cursado bajo juramento, admitiendo o

negando lo inquirido, en un término mandatorio de 20 días. De

incumplirse con dicho término se          tendrá por admitido el

requerimiento, relevando así a la parte adversa de tener que

presentar prueba en el juicio sobre el particular. Rivera Prudencio v.

Mun. de San Juan, supra, a las págs. 171 y 174.
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       Ahora bien, es importante recalcar que las disposiciones de la

Regla 33 de Procedimiento Civil son mandatorias, no meramente

directivas, lo que implica que debe haber un cumplimiento

sustancial con las mismas. No obstante, al aplicarla e interpretarla

no se puede permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en

detrimento de la justicia sustancial. Véase, Regla 1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1.

                                       III.

       En esencia, la parte peticionaria aduce que el Tribunal de

Primera Instancia se equivocó al concederle a la parte recurrida una

prórroga para contestar los requerimientos de admisiones.

       A poco examinar la decisión interlocutoria objeto de revisión,

nos percatamos que esta no se encuentra dentro del espectro de

disposiciones revisables por la vía del recurso de certiorari al amparo

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, a los fines de

intervenir con la concesión una prórroga y, por ende, en el manejo

del descubrimiento de prueba que realiza el foro primario.2 Tampoco

refleja una situación excepcional, ni la parte peticionaria nos colocó

en posición de establecer que la falta de nuestra intervención

ocasionaría un fracaso de la justicia.

       Del tracto procesal de la causa que nos ocupa resulta

necesario resaltar que la abogada de la parte recurrida solicitó la

prórroga oportunamente, entiéndase un día antes que venciera el

término de cumplimiento estricto de 20 días para contestar los

2 Recordemos que los tribunales tienen el deber de asumir un rol activo desde el

albor del pleito, por lo que es recomendable que en la etapa del descubrimiento
de prueba también intervengan y encaucen el mismo, toda vez que con ello se
garantiza un proceso judicial justo, rápido y económico. Lluch v. España Service
Sta., 117 DPR 729, 744 (1986). Así, los foros primarios gozan de amplia discreción
para regular el descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no deben
intervenir con dicha discreción, salvo que medie prejuicio, parcialidad o error
manifiesto en la aplicación de una norma procesal o sustantiva. McNeil Healthcare
v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672-673 (2021); Cruz Flores et al. v. Hosp.
Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022), citando a Lluch v. España Service Sta.,
supra, pág. 745.
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requerimientos de admisiones.3 En su comparecencia, esta explicó

las razones para solicitar el aplazamiento, las cuales, el foro a quo,

ente llamado a justipreciar las alegaciones y el derecho aplicable en

cada caso que se le presente, entendió que constituyeron justa

causa.

       A raíz de lo anterior, no se justifica la expedición del auto de

certiorari solicitado por la parte peticionaria.

                                      IV.

       Por   los   fundamentos        antes    expuestos,     denegamos       la

expedición del auto de certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 El foro adjudicativo tiene discreción para extender un término de cumplimiento

estricto solo cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para la
tardanza. Al ser así, se le requiere a quien solicita la prórroga o a quien actúe
fuera del término que presente justa causa por la cual no puede o pudo
cumplir con el término establecido. La justa causa se acredita mediante
explicaciones concretas y particulares que le permitan al tribunal concluir que
hubo una excusa razonable para la tardanza o la demora. La existencia de justa
causa es un elemento que ha de evaluarse caso a caso. (Énfasis nuestro). Rivera
Marcucci et. al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171-172 (2016); Soto Pino v. Uno
Radio Group, 189 DPR 84, 92-93 (2013).