Court Opinion

ID: 9928528
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:30.266433+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:52.344688
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

    CONDADO BEACH                                      Apelación
    APARTMENTS, LLC                                    procedente del
                                                       Tribunal de
           Apelante                                    Primera Instancia,
                                                       Sala de San Juan
              v.
                                    KLAN202300892      Sobre:
      VIVIAN YURET                                     Desahucio por la
                                                       Vía Sumaria y
           Apelada                                     Cobro de Dinero

                                                       Caso Número:
                                                       SJ2023CV08551

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                                   SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      La    parte      apelante,    Condado    Beach   Apartments,   LLC,

comparece ante nos para que revoquemos la Sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 25 de

septiembre de 2023, notificada el 29 de septiembre de 2023.

Mediante la misma, el foro primario declaró con lugar una acción de

desahucio promovida en contra de la señora Vivien Yuriet (apelada),

y, a su vez, desestimó la causa de acción sobre cobro de dinero

incoada en su contra.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la sentencia apelada.

                                       I

      El 9 de septiembre de 2023, la parte apelante presentó la

demanda de desahucio y cobro de dinero de epígrafe. La aquí

apelada fue debidamente emplazada.

       Conforme surge de la Sentencia apelada, el 25 de septiembre

de 2023, se celebró la vista en su fondo mediante videoconferencia.

Durante la misma, el Condominio compareciente ofreció en

Número Identificador
SEN2023 ________________
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evidencia el testimonio de su administradora, la señora Brenda

López Betancourt. Igualmente, se desprende que también ofreció en

evidencia copia de una factura a nombre de la apelada, acreditando

una deuda por concepto de cánones de arrendamiento ascendente

a $6,921.00. La referida factura fue debidamente admitida. Por su

parte, la apelada presentó como prueba a su favor su declaración.

        Según lo resuelto por el foro sentenciador, la prueba sometida

a su escrutinio demostró que los comparecientes suscribieron un

contrato de arrendamiento respecto a una de las unidades del

Condominio apelante por un canon de arrendamiento. Al respecto,

se estableció que, al referido negocio, y en calidad de arrendataria,

también compareció la señora madre de la apelada, al presente de

ochenta y cuatro (84) años de edad, quien no fue incluida en el

pleito. A su vez, surge que la apelante admitió no haber satisfecho

el canon de arrendamiento pactado, ello desde 1 de diciembre de

2022.

        Como resultado de lo anterior, el 29 de septiembre de 2023,

el Tribunal de Primera Instancia notificó el dictamen que nos ocupa.

Mediante el mismo, desestimó la causa de acción sobre cobro de

dinero promovido en contra de la apelada, por razón de que la parte

apelante no presentó en evidencia el contrato de arrendamiento en

disputa.    Sobre dicho particular, dispuso que, en ausencia del

contrato    en   controversia,   estaba   impedido   de   emitir   una

determinación certera respecto a la deuda reclamada. Al abundar,

expuso que, aun cuando la parte apelante había sometido una

factura acreditando cierta deuda al descubierto, la misma no

resultaba suficiente para dirimir los respectivos derechos y

obligaciones de las partes.

        De otra parte, en cuando a la causa de acción de desahucio,

el tribunal decretó el mismo solo en cuanto a la aquí apelada. En

apoyo a su determinación, expuso que esta admitió la pendencia de
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la deuda por concepto de arrendamiento en litigio, hecho que

validaba la posesión ilegítima del inmueble. Así pues, a tenor con

lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia dispuso de la

controversia entre las partes y ordenó el desalojo correspondiente

bajo los términos dispuestos.

      Inconforme, el 6 de octubre de 2023, la parte apelante

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación. En

el mismo formula los siguientes señalamientos:

      Erró el TPI al limitar el lanzamiento a una sola persona
      cuando la acción de desahucio es una in rem, dirigida a
      recuperar la posesión de la propiedad.

      Erró el TPI al no permitir el cobro de dinero cuando la
      deuda reclamada no fue impugnada.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

expresarnos.

                                 II

                                 A

      La acción de desahucio es un procedimiento especial de

carácter sumario y restitutorio de la posesión de un bien inmueble,

en virtud del cual se provee para el lanzamiento de quien la detenta

ilegalmente. Su finalidad es atender con premura la reclamación el

dueño de un inmueble cuyo derecho a poseer y a disfrutar del mismo

ha sido interrumpido. Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, 200

DPR 235, 240 (2018); ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 11

(2016). A tal efecto, el Artículo 620 del Código de Enjuiciamiento

Civil, reza como sigue:

      Tienen acción para promover el juicio de desahucio los
      dueños de la finca, sus apoderados, los usufructuarios
      o cualquiera otro que tenga derecho a disfrutarla y sus
      causahabientes.
      32 LPRA sec. 2821.

      Por su parte, el Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento

Civil expresa que:

      [p]rocederá el desahucio contra los inquilinos, colonos
      y    demás     arrendatarios,  los    administradores,
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      encargados, porteros o guardas puestos por el
      propietario de sus fincas, y cualquier otra persona que
      detente la posesión material o disfrute precariamente,
      sin pagar canon o merced alguna.

      32 LPRA sec. 2822.

      La acción de desahucio no dirime titularidad, sino quién tiene

mejor derecho a poseer.      C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 321

(1971).

                                   B

       Por su parte, “la tarea de adjudicar credibilidad y determinar

lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición

del juez o la jueza a la prueba presentada […]”. Ortiz Ortiz v.

Medtronic, 209 DPR 759, 778 (2022); Gómez Márquez et al. v. El

Oriental, 203 DPR 783, 792 (2020), citando a Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).             De ahí que las

determinaciones de credibilidad que realiza el tribunal primario

están revestidas de una presunción de corrección, razón por la cual,

en este aspecto, gozan de un amplio margen de deferencia por parte

del foro intermedio.     Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.

Asimismo, como norma, un tribunal apelativo está impedido de

sustituir   o   descartar,   por   sus   propias   apreciaciones,   las

determinaciones de hechos que realiza el foro sentenciador,

fundamentando su proceder en un examen del expediente sometido

a su escrutinio. Íd.

      De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos.

Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, págs. 778-779.; Gómez Márquez et al.

v. El Oriental, supra, pág. 792; López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119,

136 (2004). En este contexto, el juzgador de hechos goza de

preeminencia al poder apreciar sus gestos, contradicciones,
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manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que le permite

formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la verdad.

      Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de carácter

absoluto. Si bien el arbitrio del foro primario es respetable, sus

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a

los principios de legalidad y justicia. Méndez v. Morales, 142 DPR

26, 36 (1996). Al amparo de ello, el ordenamiento jurídico vigente

dicta que el criterio de deferencia antes aludido cede, entre otras

instancias, cuando se determina que el juzgador de hechos incurrió

en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Gómez Márquez

et al. v. El Oriental, supra, pág. 793.

      Por otra parte y en vista de que toda sentencia o

determinación judicial está protegida por una presunción de

corrección y validez, la parte que acude al auxilio del tribunal

apelativo, tiene el deber de colocar a dicho foro en condiciones

suficientes para que pueda conceder el remedio solicitado. Morán v.

Marti, 165 DPR 356, 366 (2005). Por tanto, para poder atender en

los méritos los argumentos de su recurso, el promovente del mismo

no sólo debe discutir a cabalidad los señalamientos alegados, sino,

también, acompañarlo con la prueba necesaria para demostrar el

error o el abuso de discreción invocado. Íd. Sobre ello, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que:

      […] cuando un peticionario señala errores dirigidos a
      cuestionar la apreciación de la o suficiencia de la
      prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que
      éste ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo
      ocurrido en el foro primario utilizando alguno de los
      mecanismos de recopilación de prueba oral, como lo
      son: (1) transcripción de la prueba; (2) exposición
      estipulada o; (3) exposición narrativa.

      Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35, 211 DPR ___,
      pág. 16.

      En ausencia de alguno de los mecanismos de prueba antes

indicados, los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a

cabalidad la función revisora que les asiste. Pueblo v. Pérez Delgado,
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supra, pág. 17. Así pues, si la parte apelante no coloca al tribunal

intermedio en la posición de ponderar y adjudicar los errores

señalados, procede la desestimación del recurso que atiende o la

confirmación del dictamen apelado. Bajo estas circunstancias y en

lo aquí pertinente, en ausencia de la trascripción de la prueba

testimonial, el tribunal intermedio sólo revisará la comisión de un

error de derecho cuando éste claramente se desprenda del

expediente apelativo. Santos Green v. Cruz, 100 DPR 9, 15 (1971).

                                 III

      En la presente causa, la parte apelante plantea que el

Tribunal de Primera Instancia erró al decretar la acción de

desahucio solo en contra de la aquí apelada. A su vez, aduce que el

foro primario incidió al desestimar la causa de acción de cobro de

dinero, toda vez que, a su juicio, la deuda reclamada quedó

establecida. Habiendo entendido sobre los referidos señalamientos,

a la luz de los hechos probados y la norma aplicable, confirmamos

la sentencia apelada.

      La parte apelante cuestiona la apreciación que de la prueba

efectuó el tribunal sentenciador, ello en cuanto a la determinación

relativa a la deuda objeto de la acción de cobro de dinero. Sin

embargo, no sometió ante nos copia de la transcripción de los

procedimientos, de modo que nos colocara en posición tal de poder

entender sobre su planteamiento. Por tanto, en ausencia de la

trascripción oral, nuestra intervención se ciñe a atender cuestiones

puramente normativas a la luz de la evidencia expresamente

contenida en el expediente apelativo que atendemos. Al amparo de

dicha premisa, no podemos sino resolver que, conforme surge del

expediente de autos, la prueba sometida al escrutinio del tribunal

primario no gozó de la suficiencia debida a los fines de definir, con

exactitud, la liquidez y exigibilidad de la deuda en cuestión. Sobre

ello, pudimos constatar que, tal cual resuelto, la factura con la cual
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la parte apelante apoyó su reclamación, incluía ciertas partidas cuyo

origen no estaba especificado. Así pues, en estricto derecho, esta no

estableció la concurrencia de los elementos propios a la causa de

acción sobre cobro de dinero.

      Por su parte, respecto a la acción de desahucio, intimamos

que la determinación del tribunal estuvo plenamente respaldada por

la admisión de la apelada, ello en cuanto a que, como arrendataria

contratante, dejó de pagar los cánones de arrendamiento pactados.

Siendo ello así, ciertamente procedía decretar su lanzamiento de la

propiedad en disputa, toda vez que, la falta de pago suprimió el

derecho a poseer que se le reconoció en el contrato de arrendamiento

correspondiente.

      En mérito de lo antes expuesto, sostenemos el dictamen

apelado en toda su extensión. Ahora bien, advertimos a la parte

apelante que, a fin de legitimar su reclamo respecto a la madre de

la apelada, quien, según establecido, también figuró como parte en

el   contrato   en   controversia,    debe   presentar   una   acción

independiente que le permita ejecutar el derecho que exige. Para

ello, y por tratarse de una persona de avanzada edad, se debe dar

cumplimiento a las formalidades aplicables según provistas en el

Artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2824.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones