Court Opinion

ID: 9554679
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:16:29.213624+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:11.607102
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL VI

      SOLETANCHE, INC.                                 Apelación
                                                       procedente del
       Demandante                                      Tribunal de Primera
     Apelado/Recurrido                                 Instancia, Sala
                                                       Superior de San
               v.                                      Juan

 L.P.C. & D., INC. (T/C/P LAS
 PIEDRAS CONSTRUCTION AND                              Civil Núm.:
   DEMOLITION, INC.), ET AL.                           K AC2006-8443
                                                       (508)
  Demandados - Apelantes
                                 KLAN202200633
                                 KLAN202200634 Sobre:
       L.P.C. & D., INC.
                                 KLAN202200643 Incumplimiento de
                                               Contrato
    Demandante contra            KLAN202200726
    co-parte - Apelantes         KLCE202201012
                                 KLCE202201013
               v.

 AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
    Y ALCANTARILLADOS

   Co-parte demandada
         Apelado/
   Apelante/Peticionario

       L.P.C. & D., INC.

 Reconvinente - Apelantes

               v.

      SOLETANCHE, INC.

        Reconvenido
     Apelado/Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       A tenor con las disposiciones de la Regla 80.1 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones1, 28 de septiembre de 2022 se ordenó

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 80.1. Véase, Orden Administrativa Núm. DJ 2019-316A,

sobre consolidación de recursos en el Tribunal de Apelaciones y Procedimientos
Internos en la consideración de recursos.

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                 2
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

la consolidación de los recursos KLAN202200726, KLCE202201012

y     KLCE202201013           con    los     recursos     KLAN202200633,

KLAN202200634 y KLAN202200643 previamente consolidados, en

atención a que en estos se recurre de determinaciones emitidas de

un mismo caso. Asimismo, se autorizó hacer referencia al apéndice

incluido en el recurso KLAN202200633.

         L.P.C.&D.,    Inc.   (LPC&D),      Zurich   American        Insurance

Company (Zurich), Fidelity & Deposit Company of Maryland

(Fidelity), XL Speciality Insurance Company (XL Speciality) y XL

Reinsurance America, Inc. (XL Reinsurance) (en conjunto LPC&D y

las   Fiadoras)       comparecen    como      apelantes    en   el     recurso

KLAN202200633, presentado el 12 de agosto de 2022, en el cual

solicitan la revisión de la Sentencia emitida el 6 de mayo de 2019,

notificada el 7 de mayo de 2019, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). Además,

comparecen en el KLAN202200726, presentado el 12 de septiembre

de 2022, y solicitan la revisión de la Resolución emitida y notificada

el 14 de julio de 2022 por el mismo foro primario.

         En el recurso KLAN202200634, presentado el 12 de agosto de

2022, figura como apelante la codemandada y demandante contra

coparte, CSA Group, Inc. (CSA). En este, se solicita la revisión de la

misma Sentencia emitida el 6 de mayo de 2019, notificada el 7 de

mayo de 2019 por el TPI.

         La demandada, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(AAA),     comparece      como      parte    apelante     en    el     recurso

KLAN202200643, presentado 15 de agosto de 2022 y, también

solicita la revisión de la Sentencia emitida el 6 de mayo de 2019,

notificada el 7 de mayo de 2019 por el TPI. Asimismo, comparece

como parte peticionaria en los recursos KLCE202201012 y

KLCE202201013, presentados ambos el 12 de septiembre de 2022.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                               3
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

Igualmente, en estos se solicita la revisión de la Resolución emitida

y notificada el 14 de julio de 2022 por el foro primario.

      Cabe destacar que, en los recursos KLAN202200633,

KLAN202200634 y KLAN202200643, el foro primario adoptó en

su totalidad el Informe del Comisionado Especial.

      Mientras    que,       en    los       recursos    KLAN202200726,

KLCE202201012 y KLCE202201013, el TPI decidió mantener la

decisión dictada el 10 de diciembre de 2019 y declaró Ha Lugar el

Memorando de Costas presentado por Soletanche y el Memorando

de Costas presentado por LPC&D y las Fiadoras.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos la Sentencia apelada y la Resolución impugnada y, así

modificadas, se confirman.

                                        I.

      Según surge de los expedientes consolidados, la AAA es dueña

del proyecto conocido como Río Blanco Off-Stream Reservoir &

Intake Facilities o Embalse de Río Blanco, en el municipio de

Naguabo, Puerto Rico (Proyecto). El Proyecto consistió en la

construcción de una represa para embalsar las aguas del Río Blanco

en   Naguabo,    así    como      las    tomas    de    agua,   canales   de

desbordamiento y facilidades relacionadas. Dicho Proyecto requirió,

entre la multiplicidad de trabajos, la instalación de 14,330

columnas de piedra.

      La AAA contrató a la firma Gregory L. Morris & Associates

(GregMorris) para que diseñara el Proyecto y atendiera los asuntos

de rediseño, revisión de planos, especificaciones y geotecnia del

Proyecto. A su vez, GregMorris subcontrató a las firmas Golder &

Associates   (Golder)    y   a    GeoConsult      Geotechnical     Engineer

(Geoconsult) para que le asistieran en el diseño del embalse.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                     4
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

          El 14 de enero de 2005, LPC&D y la AAA suscribieron un

contrato de obra pública para la construcción del Proyecto por la

suma de $103,632,270.00 2 . El 22 de junio de 2005, LPC&D y

Soletanche suscribieron un subcontrato por la cantidad de

$8,130,000.00, en el que esta última se obligó a construir las

columnas de piedra3.

          Mientras que, el 27 de junio de 2005, Soletanche y HB Puerto

Rico, L.P. (HB) suscribieron un subcontrato para que HB realizara

aproximadamente el 50% del trabajo de instalación de columnas de

piedra. Además, el 4 de octubre de 2005, la AAA contrató a CSA para

que actuase como gerente del Proyecto4.

          El 31 de mayo de 2006, Soletanche terminó sustancialmente

los trabajos por los cuales fue subcontratado. Posteriormente, el 9

de agosto de 2006, Soletanche y HB cursaron a LPC&D una

reclamación extrajudicial titulada “Demand for Payment and

Compensation” 5 , relacionada con los trabajos de instalación de

columnas de piedra en el Proyecto. El 6 de octubre de 2006, LPC&D

pasó a la AAA, por conducto de CSA, la reclamación presentada por

Soletanche6. Luego, el 2 de noviembre de 2006, Soletanche presentó

reclamación directa a la AAA bajo el Artículo 1489 del Código Civil

de Puerto Rico, infra7.

          El 26 de diciembre de 2006, Soletanche presentó Demanda8

sobre cobro de dinero contra la AAA, LPC&D, las Fiadoras y CSA.

En síntesis, alegó que se le exigió realizar trabajo adicional a lo

2 Véase Apéndice Conjunto (Ap.), págs. 2344-2350.
3 Véase Ap., págs. 2672-2681.
4 Véase Ap., págs. 2113-2168.
5 Véase Ap., págs. 2656-2670.
6 Véase Ap., págs. 4578-4579.
7 Véase Ap., pág. 647. El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, según
enmendado, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue derogado por el Código Civil de Puerto
Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según
enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, para fines del presente caso,
se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley vigente y
aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
8 Véase Ap., págs. 1-16.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                            5
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

contratado. Soletanche reclamó la suma de $4,366,026.15 por los

siguientes conceptos, a saber:

         a) Largo de columnas construidos e            $770,241.08
         instalados y no pagados

         b) Cambios en los criterios de compactación   $1,103,020.31
         de la piedra, incrementando el diámetro de
         las columnas

         c) Detención en la compactación de las        $314,777.50
         puntas de arena de los pilotes

         d) Conforme contrato, tiempo de               $1,215,218.31
         turnos estáticos y estériles por
         retrasos causados por otros

         e) Trabajo certificado y adeudado             $962,768.95
         desde al menos mayo de 2006

         A su vez, reclamó los intereses legales que por ley y

contractualmente procedan, más una suma razonable en concepto

de costas, gastos y honorarios de abogado. Soletanche arguyó que

LPC&D, las Fiadoras, CSA y la AAA le son solidariamente

responsables por la totalidad de las sumas reclamadas en la

demanda.

         El 19 de marzo de 2007, la AAA presentó su Contestación de

Demanda9. En esta, adujo que, al momento de la presentación de la

demanda, la AAA nada le adeuda a LPC&D, por lo que la

reclamación instada al amparo del Artículo 1489 del Código Civil de

Puerto Rico, infra, en contra de la AAA es improcedente.

         El 30 de marzo de 2007, CSA presentó Contestación a

Demanda10 en la que aceptó haber sido contratada por la AAA para

actuar como representante de esta y prestar servicios durante la

construcción del Proyecto. Como defensa afirmativa, entre otras,

sostuvo que no ha intervenido en forma alguna en el contrato entre

Soletanche y LPC&D, ni ha asumido obligación alguna con

Soletanche. Así, CSA solicitó la desestimación de la reclamación en

su contra.

9   Véase Ap., págs. 17-22.
10 Véase Ap., págs. 23-26.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                   6
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       El 22 de mayo de 2007, LPC&D y las Fiadoras11 presentaron

Contestación de Demanda, Defensas Afirmativas y Reconvención

Compulsoria12 en la que negaron la mayoría de las alegaciones en su

contra y formularon varias defensas afirmativas. Estas alegaron que

LPC&D no exigió que se construyese la obra por la cual reclama y

negó que adeudara suma alguna a Soletanche. Sostuvieron que

LPC&D solo viene obligado a pagar a Soletanche por trabajos

aceptados y pagados por la AAA a LPC&D.

       En la Reconvención Compulsoria, LPC&D adujo que el

subcontrato con Soletanche estableció un término de seis (6) meses

para la realización de los trabajos y Soletanche tardó 10.5 meses en

terminar los mismos. Arguyó que, los trabajos que pretende cobrar

Soletanche en su reclamación no han sido aprobados por la AAA,

por lo cual LPC&D no es responsable del pago de estos. Así, LPC&D

reclamó a Soletanche la suma de $5,413,692.00 por los siguientes

conceptos:

        a) Pérdida de Bono                             $900,000.00

        b) “Job Extended Overhead”                     $1,212,064.00

        c) Equipo paralizado                           $2,300,000.00

        d) Arena para “Stone Columns”                  $173,628.00

        e) Daños a Plataforma de Trabajo               $828,000.00

       Además,         LPC&D       reclamó       los     intereses      legales

correspondientes y una suma de $100,000.00 en concepto de

honorarios de abogado.

       En esta misma fecha, LPC&D presentó Demanda Contra

Copartes 13 contra la AAA y CSA, en la cual incluyó sus

reclamaciones      y   las   reclamaciones       de    sus   subcontratistas

Soletanche y Longo de Puerto Rico (Longo), entre otras. Señaló que

11 Se identifica a las Fiadoras como las entidades que emitieron cierta fianza a

favor de LPC&D. Zurich es la fiadora principal y está autorizada a representar a
KL Specialty y XL Reinsurance en el caso de epígrafe.
12 Véase Ap., págs. 27-44.
13 Véase Ap., págs. 45-54.
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bajo la demanda contra coparte, la AAA y CSA le adeudan la suma

de $14,160,099.16, más la cantidad que Longo pueda establecer

que le es adeudada najo su reclamación. LPC&D desglosó las

siguientes cuantías:

     Primera Causa de Acción              $4,366,026.15
     Suma reclamada por Soletanche
     en la demanda

    Segunda Causa de Acción               $1,111,437.66
       a. Pago de “Stone Columns”

       b. Pago de “Arena Núm. 10”         $184.046.55
          utilizada en los “Stone
          Columns” en el espesor de
          la plataforma

       c. Reclamación sometida por        $1,227.661.61
          Soletanche para la
          instalación de los “Stone
          Columns”

       d. Reclamación sometida por        $350,347.36
          Soletanche por detención
          de los trabajos por
          indecisión de AAA y CSA

       e. Reclamación de Soletanche       $1,215,218.31
          por detenciones de la obra
          que provocaron que el
          proyecto se tardara más
          tiempo de lo estimado

       f. Reclamación de LPC&D por        $193,590.32
          adquisición de equipo digital

       g. Reclamación de LPC&D por        $800,000.00
          mitigación de terrenos
          “wetlands” requeridos por
          Cuerpo de Ingenieros

       h. Reclamación de LPC&D por        $14,000.00
          reparación de tubería de 27
          pulgadas

       i.   Reclamación de LPC&D por      $8,900,000.00
            cambios de condiciones
            presentadas

       j.   Reclamación del               Cantidad
            subcontratista Longo de       aproximada entre:
            Puerto Rico                   $1,000,000.00 y
                                          $11,000,000.00
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                              8
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

       Conjuntamente,        LPC&D    solicitó   los   intereses    legales

acumulados desde el origen de la causa de acción y hasta su

completo pago, las costas y una suma no menor de $100,000.00 por

concepto de honorario de abogado por temeridad.

       El 11 de julio de 2007, Soletanche presentó Contestación a

Reconvención14 instada por LPC&D. El 20 de julio de 2007, AAA y

CSA presentaron su Contestación Demanda Contra Coparte15. Estos

negaron la mayoría de las alegaciones en su contra.

       Posteriormente, el 27 de octubre de 2008, LPC&D y AAA

firmaron un Acuerdo Transaccional Parcial (Acuerdo 16 para

finiquitar parcialmente las reclamaciones alegadas en la Demanda

contra Copartes, a saber:

        Primera Causa de acción                        Transada
        Suma reclamada por Soletanche en
        la demanda

       Segunda Causa de Acción                         Transada
          a. Pago de “Stone Columns”

           b. Pago de “Arena Núm. 10”                  $184.046.55
              utilizados en los “Stone
              Columns”

           c. Reclamación sometida por                 $1,227.661.61
              Soletanche para la instalación
              de los “Stone Columns”

           d. Reclamación sometida por                 $350,347.36
              Soletanche por detención de
              los trabajos por indecisión de
              AAA y CSA

           e. Reclamación de Soletanche por            $1,215,218.31
              detenciones de la obra por lo
              que el proyecto se tardó más
              de lo estimado

           f. Reclamación de LPC&D por                 Transada
              adquisición de equipo digital            $51,000.00

           g. Reclamación de LPC&D por                 Transada
              mitigación de terrenos

14 Véase Ap., págs. 55-57.
15 Véase Ap., págs. 58-63.
16 Véase Ap., págs. 4550-4560.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                             9
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

                “wetlands” requeridos por
                Cuerpo de Ingenieros

           h. Reclamación de LPC&D por                 Transada
              reparación de tubería de 27
              pulgadas                                 $10,000.00

           i.   Reclamación de LPC&D por
                cambios de condiciones                 Transada
                presentadas                            $3,500,000.00

           j.   Reclamación del                        Transada
                subcontratista Longo de Puerto
                Rico                                   $858,123.00.

       Además, en el referido Acuerdo, LPC&D y AAA pactaron lo

siguiente:

        […]
        DOS: LPCD se reafirma en sus alegaciones y defensas en su
        contestación a la Demanda y su reconvención en cuanto a
        las reclamaciones de Soletanche. LPCD y la AAA acuerdan
        que del tribunal en su día determinar que procede el
        pago de alguna suma a Soletanche por LPCD por
        concepto     de    reclamaciones    de   Soletanche   en   la
        Demanda y que a su vez AAA tenga que pagar a LPCD por
        concepto de tales reclamaciones de Soletanche y que
        medie una determinación judicial final de que la AAA fue
        responsable de los actos en que se basa el derecho de
        cobre de Soletanche, la AAA pagará a LPCD las sumas
        pagadas por LPCD a Soletanche sin los “mark-ups”
        aplicables en conformidad con los términos del Contrato,
        excepto: (i) que la AAA pagará a LPCD un seis por ciento
        (6%) por concepto de arbitrios, patentes, fianzas y seguros
        sobre toda partida que la AAA venga obligada a pagar bajo
        los incisos C, D y E de la segunda causa de acción de la
        Demanda de Co-parte; y (ii) en el caso del inciso A y B de la
        segunda causa de acción de la Demanda de Co-parte, en
        que la AAA pagará a LPCD al precio de la partida del
        contrato para dichos trabajos. (Énfasis nuestro).

       […]17

       Las partes, al llegar al Acuerdo antes mencionado, transaron
las siguientes reclamaciones de la Demanda Contra Copartes, a
saber: la primera causa de acción de LPCD contra la AAA en la

17 Véase Ap., pág. 4552.
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Demanda Contra Coparte y de los incisos “F”, “G”, “H”, “I” y
“J” de la segunda causa de acción de LPC&D18.
          Cabe destacar que las siguientes causas de acción de la
Demanda Contra Copartes de LPC&D no fueron transadas por el
Acuerdo previamente mencionado a saber:

   i.        Pago de “Arena Núm. 10” utilizada en los “Stone
             Columns” en el espesor de la plataforma de trabajo por la
             cantidad de $184,046.55.

   ii.       Reclamación sometida por Soletanche, subcontratista de
             LPC&D para las instalaciones de los “Stone Columns” por
             la cantidad de $1,227,661.61 por motivo de que la AAA y
             CSA cambiaron los criterios especificados en el contrato
             para la compactación de la piedra de los “Stone
             Columns”.

   iii.      Reclamación sometida por Soletanche por motivo de
             detención de los trabajos por la indecisión de la AAA y la
             inacción y omisión culposa y negligente de CSA en la
             aprobación de los pagos resultantes del cambio de la
             compactación de la punta de arena en los “Stone
             columns”, por la cantidad de $314,777.50 dicho monto
             se multiplica por 1.05 (+5% Beneficio) y 1.06 arbitrios y
             seguros la cantidad será $350,347.36.

   iv.       Reclamación por $1,215,218.31 sometida por Soletanche
             por detenciones de la obra que ocasionaron que la
             terminación del proyecto le tomará más tiempo que el
             estimado dicho monto se multiplica por 1.05 (+5%
             Beneficio) y 1.06 arbitrios y seguros la cantidad será
             $1,392,605.98.
          El 22 de octubre de 2008, LPC&D y la AAA presentaron una

Moción de Desistimiento Parcial19, en la cual le notificaron al TPI

que firmaron el Acuerdo sobre la Demanda Contra Copartes

presentada por LPC&D el 22 de mayo de 2007.

          En virtud de lo anterior, el 3 de noviembre de 2008, notificada

el 14 de noviembre de 2008, el foro primario notificó Sentencia

Parcial20 mediante la cual decretó el archivo con perjuicio de las

alegaciones de incumplimientos contractuales y negligencia de

LPC&D contra la AAA de la primera causa de acción y de los incisos

“F”, “G”, “H”, “I” y “J” de la segunda causa de acción de la Demanda

18 Véase Ap., pág. 4559.
19 Véase Ap., págs. 64-65.
20 Véase Ap., págs. 66-69.
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Contra Copartes. Posteriormente, a petición de LPC&D, el 24 de

noviembre de 2008, notificada el 8 de diciembre de 2008, el TPI dictó

Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc21.

       Por otra parte, el 4 de agosto de 2009, la AAA y CSA

presentaron a su vez Demanda Contra Coparte22 contra LPC&D, en

la que afirmaron que la AAA no le adeuda nada a Soletanche y que

quien debe responder es LPC&D. El 19 de octubre de 2009, LPC&D

presentó su contestación a demanda contra coparte de AAA y CSA23.

       El 1 de septiembre de 2010, Soletanche presentó una Solicitud

de Sentencia Sumaria24 contra LPC&D, las Fiadoras, la AAA y CSA.

En esencia, alegó que LPC&D le responde contractualmente a

Soletanche por todas las partidas reclamadas en la demanda, bajo

el contrato suscrito entre ambos para la construcción de columnas

de piedra en el Proyecto de la AAA.

       Por su parte, el 9 de agosto de 2012, LPC&D y las Fiadoras

presentaron su oposición a la solicitud de sentencia sumaria

presentada por Soletanche y solicitaron que se dictara sentencia

sumaria parcial a su favor25. Estas alegaron que no responden por

las partidas reclamadas por Soletanche debido a que no se le

adeudan o, si se le adeudan, son la AAA y/o CSA quienes responden

a Soletanche directamente. En la alternativa, LPC&D adujo que de

responder a Soletanche, entonces la AAA y/o CSA le responden a

21 Véase Ap., págs. 70-73. Ver Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc de 24 de noviembre

de 2008, la cual especifica que:
       […]
       Se dicta la presente por no existir razón para posponer dictar sentencia
       parcial, en cuanto a la AAA con relación a las alegaciones de
       incumplimientos contractuales y negligencia de LPC&D contra AAA de la
       Primera Causa de Acción de LPC&D contra la AAA en la Demanda
       Contra Copartes y de los incisos “F”, “G”, “H”, “I” y “J” de la Segunda
       Causa de Acción de LPC&D contra la AAA de la Demanda Contra
       Copartes, hasta la resolución total del pleito. El caso continuará contra los
       demás demandados en su totalidad y contra la AAA en cuanto a los incisos
       “A”, “B”, “C”, “D” y “E” de la Segunda Causa de Acción de la Demanda
       Contra Copartes.
22 Véase Apéndice Conjunto, págs. 82-83.
23 Véase Ap., págs. 92-93.
24 Véase Ap., págs. 94-151.
25 Véase Ap., págs. 190-301.
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LPC&D por dichas cantidades, debido a que el subcontrato entre

Soletanche y LPC&D era en total acuerdo con las especificaciones

del Proyecto. Así, LPC&D solicitó que se dicte sentencia sumaria

parcial a su favor respecto a las causas de acción relacionadas al

cambio de criterio de aceptación de la parte de piedra de las

columnas y a las pruebas y detenciones relacionadas al criterio de

aceptación de la parte de arena de las columnas de piedra.

       Luego de varios trámites procesales, el 12 de junio de 2014,

notificada el 24 de junio de 2014, el TPI designó al Lcdo. Jorge R.

Jiménez como Comisionado Especial (Comisionado) en el presente

caso. El foro primario delegó al Comisionado Especial los poderes y

facultades que establece la Regla 41.3 de Procedimiento Civil26. El

20 de febrero de 2015, las partes sometieron al Comisionado un

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio27. El 31 de marzo de

2015, notificada el 6 de abril de 2015, el TPI emitió una Resolución28

en la que declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por LPC&D. El foro primario formuló ocho (8)

determinaciones de hechos pertinente sobre los cuales no existe

controversia y consignó cinco (5) hechos esenciales en controversia.

       Posteriormente, el 4 de diciembre de 2018, el Comisionado

emitió su Informe29 en el que expone, analiza y recomienda al TPI la

solución a las controversias del caso. En lo pertinente, del Informe

del Comisionado surge lo siguiente:

26 Particularmente,  se le delegaron las siguiente facultades: 1) celebrar vistas
evidenciarías e inspecciones oculares, y regular los procedimientos en toda vista
celebrada ante él; 2) realizar cualquier acto y tomar cualquier medida que fuere
necesaria o adecuada para el cumplimiento eficiente de sus deberes bajo la Orden;
3) exigir que se produjera ante él cualquier prueba sobre todos los asuntos
comprendidos en su encomienda, incluyendo la producción de todos los estudios
de valoración, informes periciales de ingeniería y/o cualquier otra materia, así
como todos los documentos y escritos pertinentes y necesarios para adjudicar las
controversias; 4) decidir sobre la admisibilidad de la prueba; 5) juramentar
testigos y examinarlos y citar a las partes en el pleito y examinarlas bajo
juramento; y 6) recomendar la imposición de sanciones a las partes o sus
representantes legales, en caso de incumplimiento con sus órdenes.
27 Véase Ap., págs. 557-699.
28 Véase Ap., págs. 702-708.
29 Véase Ap., págs. 1226-1318.
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       Obligación de pagar:

           […]
           La exigencia de pago por Soletanche existe porque la AAA
       y CSA se han negado a permitir que LPC&D y Soletanche
       incorporen a sus certificaciones mensuales múltiples
       trabajos exigidos a y realizados por Soletanche para la AAA
       y para LPC&D. Lo mismo ocurre respecto a los trabajos que
       Soletanche realizó y no se le ha permitido facturarlo en sus
       certificaciones mensuales. Por lo tanto, son la AAA y CSA
       quienes han impedido que se cumpla la condición que
       invocan para que las cuantías que Soletanche y LPC&D
       reclaman sean pagaderas. Ante la ley, la condición se tiene
       por cumplida desde que se impidió el cumplimiento de la
       condición. El Demand for Payment presentado por
       Soletanche es una factura, que incorpora lo que durante la
       obra no le fue permitido a Soletanche ni a LPC&D facturar.
       Lo reclamado por Soletanche está vencido, es pagadero y
       devenga intereses desde agosto de 2006.

           En los hechos y en el derecho, la obligación de pago de
       LPC&D y de la AAA para con Soletanche existe al menos
       desde que cursó el Demand for Payment (existe desde 77 días
       después que se realizó la labor y no se permitió facturarla)
       habiendo ya concluido sus labores y alcanzada terminación
       sustancial. Con ello también comienza la acumulación de
       intereses y la obligación de pagarlos, tanto por la AAA como
       por LPC&D30.

       Pacto de Pago de Honorarios de Abogado:

           […]
           Se determina [p]rocedente el pago de los honorarios de
       abogado en la cuantía adelante expuesta, reclamados por
       Soletanche por LPC&D y sus fiadoras, quienes recobraran
       esas cuantías de la AAA, porque fue la actuación de la AAA
       lo que ha hecho inevitable el prologando trámite judicial31.

       Las Fiadoras de Obra Pública:

           […]
           Las fiadoras […] son responsables a Soletanche
       solidariamente bajo la fianza número 08755115; y esas
       fiadoras podrán cobrar o recobrar la totalidad de su
       responsabilidad contra la AAA. Ello incluye, pero no se limita
       al recobro contra los fondos que la AAA ha retenido bajo el
       artículo 1489 del Código Civil32.

       Causalidad:

          Los actos, omisiones, exigencias e incumplimientos por la
       AAA para con aquellas porciones del contrato referentes a las
       columnas de piedra, han sido la causa directa, eficiente y
       real de los adeudos reclamados por Soletanche, y también
       por el restante reclamo de LPC&D por la arena suministrada,
       que se instaló dentro del espesor de la plataforma de trabajo
       y no ha sido pagada.

          Los hechos estipulados y la evidencia desfilada,
       considerando la totalidad de los hechos y evidencia brinda
       convencimiento legal al Comisionado que las exigencias
       impuestas a Soletanche, en la cadena de mando y

30 Véase Ap., pág. 1299.
31 Véase Ap., pág. 1302.
32 Véase Ap., pág. 1303.
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       comunicación      (AAA,   CSA-Gregory     Morris,    LPC&D,
       Soletanche) constituyen el factor y conducta que generó que
       los trabajos se ejecutasen y midiesen en forma diferente a lo
       contratado. También brindan los hechos, la convicción de
       que esta conducta de AAA fue desplegada con el deliberado
       propósito de exigir y obtener sustancial trabajo y valor de
       Soletanche y LPC&D sin pagar por el mismo, conforme se
       contrató que sería pagado. Ello constituye dolo en el
       cumplimiento de las obligaciones. […].

           Respecto a CSA la cadena de causalidad quedó
       interrumpida cuando LPC&D recurrió al trámite
       administrativo para reclamar, y la AAA adoptó y avaló el
       exigir que la obra se pueda facturar. […]33.

       Reconvención y Demanda Contra Coparte de LPC&D:

           […]
           Resulta de lo expuesto y determinado que la reconvención
       presentada por LPC&D contra Soletanche no procede y por
       lo tanto, se recomienda su desestimación con perjuicio.

           Respecto a la demanda contra coparte de LPC&D contra
       la AAA por la arena colocada dentro del espesor de la
       plataforma de trabajo, se estableció que era indispensable,
       procede el pago del largo de las columnas construido dentro
       de la plataforma y corresponde que la AAA le pague a LPC&D
       la arena que suplió y que no le fue pagada, por haberse
       instalado est[a] dentro del espesor de la plataforma. Así
       también, procede que la AAA le pague a LPC&D los cargos
       gubernamentales y arbitrios municipales, que reclama
       correspondientes a los pagos que LPC&D y sus fiadoras tiene
       que hacer a Soletanche, en otras palabras, se declara Con
       Lugar la demanda contra coparte de LPC&D contra la AAA,
       en la medida que ha sobrevivido la transacción34.

       Cuantías Reclamadas, Prueba Pericial y Valoración:
           […]
           Concluye el Comisionado y recomienda que el valor del
       trabajo se compute con valoración reconociendo que la
       planificación de ejecución de obra fue a seis meses, pero
       intereses computados al seis por ciento anual (no al 8%),
       porque debe entenderse que “Wall Street prime rate”, es
       interés flotante y no fijo al momento del evento. […].
           Por tanto, reconociendo que respecto los trabajos
       realizados, los aparejos no estuvieron estáticos, que la
       productividad de éstos es diferente a la tarifa pactada por
       turno estático, que el trabajo se realizó y que no se ha
       pagado, procede el pago a Soletanche por la AAA, como
       sigue:

       Pago del valor de las columnas dentro de la plataforma
       de trabajo construidas y no pagadas,
       Sol. Exh 58D…………………………………… …$770,241.08

       Cambio de criterio en la instalación, máximo
       amperaje……………………………………………$1,249,630.00

       Paralización al incorrectamente rechazarse la arena
       compactada en las columnas de piedra……… $314,777.50

33 Véase Ap., págs. 1304-1306.
34 Véase Ap., pág. 1307.
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       Tiempo adicional en la obra causado por otros, incluyendo
       indecisiones, pruebas tardías, retrasos, detención ordenada
       por exigencias como equipo digital…………… $1,251,218.3

       Retenido y certificaciones adeudadas………….$969,720.74

       Intereses al 6% acumulados desde agosto de 2006 al
       10 de agosto de 2018 (doce años)……………...$3,280,023.12

       Honorarios de abogado……………………………$1,779,207.00

       Total…………………………………………………. $9,614,817.75

             El Comisionado determinó que el total antes indicado
       acumula intereses a razón del interés primario que publica
       el Wall Street Journal conforme fluctúe este de tiempo en
       tiempo hasta su total pago.

       Pagos a los que LPCD tiene derecho que la AAA le efectúe
       son:
       a) su reclamo por la arena dentro de las columnas de
       piedra..…………………………………………...…….$184,046.55

       b) intereses al 6% anual desde agosto de 2006 hasta el 10 de
       agosto de 2018 por el valor de la arena…………$13,281.6035

       c) el 100% de los arbitrios municipales (6%) de lo que se
       adeuda a Soletanche por obra realizada. No incluye los
       honorarios de abogado

       d) el diferencial en precio unitario de los metros lineales de
       columnas de piedra dentro del grosor de la plataforma de
       trabajo $21.5775 X 12,89728 m/l =………………$278,285.02

       e) intereses al 6% anual desde agosto de 2006 hasta el 10 de
       agosto de 2018 por valor del metro lineal dentro de la
       plataforma de trabajo………………………………..$200,365.32

       f) recobrar el principal de la cuantía que le ha sido retenida
       por la AAA (estipulada)……………………………$4,366,026.15

       g) intereses al 6% anual desde agosto de 2006 hasta el 10 de
       agosto de 2018 por los dineros que la AAA retuvo a
       LPC&D………………………………………………..$3,143,538.84

       h) recobrar el 100% de los trabajos adicionales que se le
       adeudan a Soletanche, incluyendo turnos no productivos,
       incluye también los honorarios que no son por temeridad.
       Dicha cuantía es de $3,585,866.80 que corresponde a la
       suma de: columnas en espesor, plataformas, paralización de
       turnos de aparejo, paralización de compactación de arena,
       cambios de criterio a amperaje máximo……….$3,585,866.89

       Total a pagar a LPC&D………………………….$11,771,410.40

             El Comisionado determina que el total antes indicado
       acumula intereses a razón del interés primario que publica
       el Wall Street Journal conforme fluctúe este de tiempo en
       tiempo hasta su total pago.

       […]

35 Según surge de la Resolución dictada el 14 de julio de 2022 por el TPI, “[s]e

admite un error de forma por lo que procede declarar Ha Lugar la solicitud de
corrección Nun Pro Tunc del punto decimal en la página 89 del Informe del
Comisionado, según dispone la Regla 49.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. y).
La suma debió ser $132,816.00.” (Énfasis en el original). Véase, Ap., pág. 6828.
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       Temeridad:

           […]
           El Comisionado toma en consideración el trámite del
       caso, su complejidad, volumen, costo y que conforme el
       contrato, a Soletanche, se le reembolsan los honorarios
       anteriormente indicados [e] incurridos hasta el final de las
       vistas, aunque los mismos patentemente continúan y
       continuarán. Se declara la temeridad de la AAA y se
       recomienda la imposición de honorarios a ser pagados por la
       AAA y CSA a Soletanche conjuntamente por la suma de
       quinientos mil dólares. Se recomienda imposición de
       honorarios a ser pagados por la AAA a Soletanche
       conjuntamente por la suma de quinientos mil dólares. Las
       anteriores, son imposiciones independientes no recobrables
       contra otras partes36.

       CSA y Causa Interventora:

           […]
           La evaluación de los hechos establecidos por la evidencia,
       convencen al Comisionado, que siendo la AAA quien
       finalmente decide y habiendo decidido proceder como lo hizo,
       la cadena de causalidad quedó interrumpida y CSA no es
       responsable a Soletanche ni a LPC&D. En la eventualidad
       que CSA entienda y, el Tribunal as[í] lo determine, que tiene
       derecho al recobro de las costas y gastos de su parte, solo
       podrá, en dicha eventualidad, reclamar las mismas a la AAA.

          Soletanche no será responsable por costas a parte
       alguna, ni por honorarios de abogado o ajuste o reducción al
       valor o contenido de la sentencia que en su favor se dicte.
       Tampoco lo son LPC&D ni CSA[.]
          […]

       Así las cosas, el 6 de mayo de 2019, notificada al día siguiente,

el TPI dictó Sentencia37 en la cual adoptó en su totalidad el Informe

del Comisionado, sin modificación alguna.

       Ante ello, el 8 de mayo de 2019, Soletanche presentó un

Memorando de Costas38 ante el foro primario en el que reclamó la

suma de $433,000.41 por concepto de costas. Por su parte, el 17 de

mayo de 2019, LPC&D y las Fiadoras presentaron un Memorando

de Costas 39 ante el TPI y solicitaron que se le ordene a la AAA

reembolsar la suma de $243,270.09 por concepto de costas y

$27,075.63 correspondientes al 25% de lo facturado por el

Comisionado Especial a LPC&D.

36 Véase Ap., pág. 1316.
37 Véase Ap., págs. 1809-1816.
38 Véase Ap., págs. 1817-1827.
39 Véase Ap., págs. 1846-1848.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                17
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

       La AAA y LPC&D presentaron escritos en oposición al

memorando de costas presentado por Soletanche el 20 y 22 de mayo

de 2019, respectivamente. Además, el 22 de mayo de 2019, la AAA

y LPC&D presentaron solicitudes de determinaciones de hechos y

conclusiones de derecho adicionales y de reconsideración. El 28 de

mayo de 2019, la AAA presentó su oposición al memorando de

costas presentado por LPC&D y las Fiadoras.

       Más adelante, el 5 de junio de 2019, notificada el 7 de junio

de 2019, el TPI dictó una Orden40 mediante la cual refirió cada una

de las mociones postsentencia a la atención del Comisionado.

Inconformes con la referida determinación, el 15 de agosto de 2019,

la AAA acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de

Certiorari con la designación alfanumérica KLCE201901101. Dicho

foro   determinó     que    la   adjudicación    de    las   mociones     de

reconsideración, determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho adicionales correspondía al TPI, y no al Comisionado41.

       Consecuentemente, el 10 de diciembre de 2019, notificada al

día siguiente, el foro primario emitió una Resolución en la que

determinó, en lo pertinente, lo siguiente:

       1) Memorando de Costas (presentado por Soletanche)- Ha
       Lugar.

       2) Memorando de Costas (presentado por L.P.C. & D., Inc.
       (LPCD)- Ha Lugar.
       […]

       7) Moción de Reconsideración y en Solicitud de
       Determinaciones de Hechos y Conclusiones Adicionales
       (presentado por LPCD)- No Ha Lugar.

       8) Solicitud de Determinaciones de Hechos y Conclusiones
       de Derecho Adicionales y Solicitud de Reconsideración
       (presentada por AAA)- No Ha Lugar.
       […]42 (Énfasis en el original).

40 Véase Ap., págs. 1947-1948.
41 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 30 de septiembre de
2019 en el caso KLCE201901101.
42 Véase Ap., págs. 6692-6695.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

       En desacuerdo nuevamente, las partes acuden ante el

Tribunal de Apelaciones y le imputan al TPI la comisión de varios

señalamientos de error. En esta ocasión, el 28 de febrero de 2020,

el foro intermedio emitió una Sentencia43 en la que determinó que

las mociones postsentencia fueron atendidas antes de que el foro

primario recibiera el mandato del Tribunal de Apelaciones, por lo

que la Resolución del 10 de diciembre de 2019 fue dictada sin

jurisdicción.

       Así las cosas, el 14 de julio de 2022, el TPI emitió y notificó

una Resolución 44 en la que consideró prudente reinstalar las

determinaciones hechas en la Resolución dictada el 10 de diciembre

de 2019. El foro primario concluyó que “las partes utilizaron estas

mociones para presentar nuevos argumentos en sus solicitudes de

reconsideración. Por entender que dichos argumentos han sido

levantados a destiempo, no serán considerados en esta etapa de los

procedimientos”45.

       Insatisfechos con la Sentencia, el 12 de agosto de 2022,

LPC&D y las Fiadoras acudieron ante este Tribunal mediante un

recurso     de     Apelación     con     la    designación       alfanumérica

KLAN202200633, en el que señalaron que el foro primario incidió

en lo siguiente:

       Primer error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud
       de sentencia sumaria de LPC&D en base a la alegada
       existencia de controversias de derecho y no de hechos.

       Segundo error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
       Informe y condenando a las Apelantes a pagar a Soletanche
       por las reclamaciones de Soletanche resultantes de
       condiciones de suelo diferentes a las anticipadas sin tomar
       en cuenta la cláusula sobre “changed conditions” del

43 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, emitida el 28 de febrero de 2020

en el caso KLAN202000036, et al., pág. 14-15. “Nótese que, el foro primario
resolvió las referidas mociones, luego de haber recibido el mandato en el recurso
de certiorari número KLCE201901101, el 5 de diciembre de 2019, pero antes de
recibir el mandato de la Sentencia que estaba relacionado a los recursos de
apelación número: KLAN201900932, KLAN201900933 y KLAN201900934”. El
mandato de la Sentencia de los referidos recursos de apelaciones fue emitido el
13 de diciembre de 2019.
44 Véase Ap., págs. 6813-6830.
45 Véase Ap., pág. 6827.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

    Subcontrato, la cual establecía una cláusula de “pay if paid”,
    y por las reclamaciones de Soletanche por atrasos y daños
    ocasionados por la AAA y su equipo de trabajo y no por
    LPC&D.

    Tercer error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe y condenar a las apelantes a pagar a Soletanche por
    las reclamaciones de Soletanche por trabajo requerido por
    las especificaciones del Contrato pero no aprobado para pago
    por la AAA y el retenido sin tomar en cuenta la cláusula de
    “pay when paid” del Subcontrato.

    Cuarto error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe y declarando Con Lugar la reclamación de
    Soletanche por turnos estériles o detenidos.

    Quinto error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe sin reducir las cuantías adjudicadas a Soletanche
    por sus reclamaciones por turnos detenidos y no tomar en
    cuenta la cláusula de daños líquidos pactada en el
    Subcontrato.

    Sexto error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe concediendo a Soletanche sobre $1.7 millones en
    honorarios de abogado sin tomar en cuenta el carácter
    restrictivo del pacto entre LPC&D y Soletanche en el
    Subcontrato sobre el pago de honorarios de abogado y sin
    que Soletanche sometiera en evidencia las facturas
    correspondientes a más de $1.2 millones de los más de $1.7
    millones reclamados por Soletanche.
    Séptimo error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe y condenar a las Fiadoras a pagar a Soletanche por
    las reclamaciones de Soletanche por daños por los atrasos
    en el Proyecto, las cuales no son por mano de obra o
    materiales puestos por Soletanche en el Proyecto.

    Octavo error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe y denegar las reclamaciones de Soletanche y LPC&D
    contra CSA bajo la teoría de que las acciones de la AAA
    constituyeron una causa interventora que liberó a CSA de
    responsabilidad.

    Noveno error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe y denegar implícitamente la Reconvención.

    Décimo error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el
    Informe y determinar que la AAA y CSA fueron temerarios
    pero no imponerle[s] a éstas el pagar a LPC&D una suma
    razonable por concepto de honorarios de abogados por
    temeridad y al determinar que LPC&D y las Fiadoras fueron
    temerarias por LPC&D haber formulado su reconvención
    contra Soletanche.

    Undécimo error: Erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo
    el Informe sin corregir los errores aritméticos contenidos en
    el mismo respecto a las cuantías adjudicadas a favor de
    LPC&D.

    Duodécimo error: Erró el TPI al no hacer justicia y aplicar la
    equidad, incluyendo la doctrina de rebus sic stantibus, y
    resolver que, ante la aprobación de la Ley 3 del 2017 o
    cualquier ley similar aprobada posteriormente, LPC&D y las
    Fiadoras no tienen que pagar suma alguna a Soletanche
    hasta tanto la AAA no venga obligada a pagar las mismas a
    LPC&D o las Fiadoras.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

     El 12 de agosto de 2022, CSA compareció acudió ante este

Tribunal mediante el recurso de Apelación con la designación

alfanumérica    KLAN202200634          y    esbozó     los   siguientes

señalamientos de error:

     Primero: Erró el TPI al acoger, sin base en la prueba,
     recomendaciones de determinaciones de hechos sugeridas
     por el Comisionado Especial que resultan incongruentes y
     aluden a actuaciones intencionales de CSA en perjuicio de
     terceros al ejecutar funciones como Gerente de Construcción
     de Obra.

     Segundo: Erró el TPI al acoger del Informe del Comisionado
     Especial su conclusión de que CSA incurrió en temeridad.

     Tercero: Erró el TPI y actuó irrazonablemente al acoger del
     Informe del Comisionado Especial su recomendación de
     imponer a CSA el pago de forma conjunta de una excesiva
     suma de honorarios de abogado por concepto de temeridad.

     El 15 de agosto de 2022, la AAA acudió ante este Tribunal

mediante el recurso de Apelación con la designación alfanumérica

KLAN202200643, imputando que:

     Primero: Erró el TPI al reconocer, reinstalar o mantener las
     determinaciones o decisiones de la resolución del 10 de
     diciembre de 2019, siendo esta una resolución nula e
     inexistente.

     Segundo: La Sentencia apelada adolece de defectos que la
     hacen revocable: no se resolvieron todas las controversias
     planteadas; se omitieron estipulaciones de hechos que
     afectan su resultado; se omitió tomar conocimiento judicial
     de decisiones de este Foro.

     Tercero: El TPI erró al ordenar en la Sentencia apelada que
     la AAA pague a Soletanche el “Retenido y certificaciones
     adeudadas” por la cantidad de $969,720.74, cuando la AAA
     ya pagó tales cantidades a LPCD.

     Cuarto: El TPI erró en la imposición de intereses pre-
     sentencia a una tasa equivocada y desde una fecha errónea.

     Quinto: El TPI erró en imponerle a la AAA el pago de los
     honorarios de abogados del subcontratista Soletanche,
     pactados por LPCD y Soletanche, pero no por la AAA.

     Sexto: El TPI erró al resolver (acogiendo sin distinción el
     Informe del Comisionado en su totalidad) controversias
     inexistentes, ordenando que la AAA pague $3,585,866.80 a
     LPCD, cantidad no alegada ni reclamada por éste.

     Séptimo: El TPI erró al decretar la temeridad de la AAA en la
     Sentencia apelada, adoptando la recomendación infundada
     del Comisionado en su Informe.

     Octavo: El TPI erró al adoptar en su Sentencia la
     recomendación del Comisionado en cuanto a la imposición
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

      de solidaridad de los demandados, pero contradictoriamente
      ordenar que únicamente es la AAA quien paga.

      Noveno: El TPI erró en la aplicación del derecho relacionado
      al artículo 1489 del Código Civil, al omitir totalmente su
      aplicación y sustituirlo por la doctrina de equidad de pass-
      through, omitiendo las doctrinas prevalecientes en nuestra
      jurisdicción sobre la relatividad de los contratos y la figura
      de la subcontratación.

      Décimo: El TPI erró en su Sentencia al no reconocer que,
      tanto LPCD como Soletanche, no cumplieron con los
      requisitos contractuales de notificación y certificación de sus
      reclamaciones.

      Undécimo: El TPI erró al disponer que la AAA es responsable
      exclusivamente de la primera reclamación de Soletanche
      sobre el “pago del valor de las columnas dentro de la
      plataforma de trabajo construidas y no pagadas” omitiendo
      la clara evidencia presentada en contrario.

      El 12 de septiembre de 2022, LPC&D y las fiadoras acudieron

ante este Tribunal mediante el recurso de Apelación con la

designación alfanumérica KLAN202200726, en el que señalaron

que el foro primario incidió en lo siguiente:

      Primer error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el memorando
      de costas de Soletanche en contrario a lo expresamente
      resuelto en el Informe acogido en la Sentencia a los efectos
      de que LPC&D no sería responsable por costas a parte
      alguna.

      Segundo error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el
      memorando de costas de Soletanche en su totalidad y no
      excluir las partidas por gastos ordinarios de oficina de
      abogados.

      Tercero error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el memorando
      de costas de Soletanche en su totalidad y no excluir las
      partidas por gastos de viaje de personas no testigos.

      Cuarto: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el memorando de
      costas de Soletanche en su totalidad y no excluir las partidas
      por gastos de honorarios de peritos.

      El 12 de septiembre de 2022, la AAA compareció mediante

Petición   de    Certiorari    con    la    designación      alfanumérica

KLCE202201012, imputando que:

      Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      reconocer, reinstalar o mantener las determinaciones o
      decisión de la resolución del 10 de diciembre de 2019, siendo
      esta una resolución nula e inexistente.

      Segundo error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el
      Memorando de Costas a favor de las cuatro (4) Fiadoras
      cuando estas no fueron parte en la demanda Contra
      Copartes presentada solo por LPCD y por lo tanto no son
      partes prevalecientes.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

       Tercer error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el Memorando
       de Costas de las partes recurridas-codemandadas cuando
       los gastos reclamados claramente no son razonables ni
       necesarios para efectos de prevalecer en su posición y el
       mismo     contiene     partidas    improcedentes    bajo  la
       jurisprudencia vigente. A su vez, LPCD incluye costas
       incurridas en proseguir su temeraria reconvención contra
       otra parte que no fue la AAA.

       El 12 de septiembre de 2022, la AAA compareció mediante

Petición    de    Certiorari    con       la   designación     alfanumérica

KLCE202201013, en el que señaló que el foro primario incidió en

lo siguiente:

       Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       reconocer, reinstalar o mantener las determinaciones o
       decisión de la resolución del 10 de diciembre de 2019,
       siendo esta una resolución nula e inexistente.

       Segundo error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el
       Memorando de Costas a favor de Soletanche y en contra de
       la AAA, ausente de un desglose de los costos reclamados vis
       a vis las diversas alegaciones entre las partes.

       Tercer error: Erró el TPI al declarar Ha Lugar el Memorando
       de Costas de la parte recurrida-demandante cuando los
       gastos reclamados claramente no son razonables ni
       necesarios para efectos de prevalecer en su posición y el
       mismo     contiene     partidas    improcedentes    bajo la
       jurisprudencia vigente.

       Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, así

como la transcripción de la prueba oral, procedemos a resolver los

recursos consolidados, de conformidad al estado de Derecho que

dicta nuestro ordenamiento jurídico.

                                      II.

                          A. Deferencia judicial

       Es norma reiterada que, los tribunales apelativos no debemos

intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de

credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de

primera instancia46. Esta deferencia hacia el foro primario responde

al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad

de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la

46 E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano Muñoz v.

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

declaración de los testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad47.

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter

absoluto, pues debe ceder ante las posibles injusticias que puedan

acarrear unas determinaciones de hechos que no estén sustentadas

por la prueba desfilada ante el foro primario. Se exceptúan de la

regla de deferencia, las determinaciones de hechos que se apoyan

exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los

tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal

inferior al examinar ese tipo de prueba 48 . La apreciación de la

prueba realizada por el TPI debe ser objeto de deferencia por los

tribunales apelativos49. Como Regla general, no se intervendrá con

la apreciación de la prueba, las determinaciones de hechos y las

adjudicaciones de credibilidad que haga el foro de instancia50.

       En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos deben

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un

testigo y los conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro

primario51.

       No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la

función revisora de este Tribunal. Méndez de Rodríguez v. Morales

Medina, 142 DPR 26 (1996). Si un análisis integral de la prueba

refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

47 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr.

Cañizares, 163 DPR 119, 135 (2004).
48 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).
49 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); McConnell v. Palau,

161 DPR 734 (2004).
50 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Trinidad García

v. Chade, 153 DPR 280 (2001).
51 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods P.R., 175 DPR 799 (2009).
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto52. Por lo

tanto, en vista de dicha función revisora este Tribunal -por vía de

excepción- puede intervenir con la apreciación de la prueba que ha

hecho el foro de instancia cuando existe error manifiesto, prejuicio,

parcialidad o pasión por parte del juzgador de los hechos53.

       De otro lado, es principio establecido que un tribunal

apelativo está en la misma posición que el TPI en cuanto a la

apreciación de prueba documental o pericial 54 . Por tanto,

corresponde a la parte que impugna el peso de probar que el

dictamen fue arbitrario, irrazonable o que se tomó en ausencia de

evidencia sustancial, todo lo cual implicaría error manifiesto55. Es

por ello por lo que en casos donde existe conflicto entre las pruebas,

corresponde precisamente al tribunal de instancia dirimirlo56.

       En consecuencia, la intervención de un foro apelativo con la

evaluación de la prueba testifical únicamente procede en casos en

que un análisis integral de dicha prueba pueda causar en el ánimo

del foro apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia

tal que estremezca el sentido básico de justicia 57 . Los foros

apelativos pueden dejar sin efecto las determinaciones de hechos

realizadas por el foro de instancia, siempre que "del examen de la

totalidad de la evidencia el Tribunal de revisión queda definitiva y

firmemente convencido que un error ha sido cometido, como es el

caso en que las conclusiones de hecho están en conflicto con el

52 Íd. Véase también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer v.

Conagra Foods P.R., supra.
53 Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999); López Vicil v. I.T.T.

Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997); Pueblo v. Collado Justiniano, 140 DPR 107
(1996).
54 Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885 (1968).
55 Gallardo v. Petiton, 132 DPR 39 (1992); Henríquez v. C.E.S., 120 DPR 194 (1987);

Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987); Quintana Tirado v. Longoria,
112 DPR 276 (1982).
56 López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra.
57 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                         25
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balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida"58.

  B. Causa de acción al amparo del Art. 1489 del Código Civil

       La causa de acción que reconoce el Artículo 1489 del Código

Civil de Puerto Rico de 1930 59 a los materialistas y obreros está

cimentada en consideraciones de orden público e índole moral, pues

pretende propiciar el pronto pago a estos y evitar el enriquecimiento

injusto del dueño de la obra y el empresario60. Esta causa de acción

constituye una excepción al principio general del derecho de

obligaciones, que establece que los contratos solo producen efecto

entre los otorgantes y sus causahabientes61.

       El Artículo 1489 del Código Civil, dispone que los que ponen

su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el

contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la

cantidad que este adeude a aquel cuando se hace la reclamación. El

antes referido artículo, concede a los obreros y materialistas una

acción directa contra el comitente o dueño de la obra ante el

incumplimiento de pago por parte del contratista. Sin embargo,

dicha acción está limitada a la cuantía que el dueño de la obra le

adeude al contratista al momento de la reclamación extrajudicial o

judicial instada por estos62.

       Es decir, desde el momento que los obreros y materialistas

ejercen la reclamación, el dueño de la obra se convierte en el deudor

58 Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 DPR 329, 336 (1964).
59 31 LPRA ant. sec. 4130. El referido Código Civil de Puerto Rico de 1930, según

enmendado, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue derogado por el Código Civil de Puerto
Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según
enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, para fines del presente caso,
se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la ley vigente y
aplicable a la controversia ante nuestra consideración.
60 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 147-150 (2008); C. Armstrong

e Hijos v. Díaz, 95 DPR 819, 823-825 (1968).
61 31 LPRA ant. sec. 3374; Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., 141 DPR 342,

352-353 (1996); R. Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 DPR 26, 29-31
(1979).
62 P.R. Wire Products, Inc., et als. v. C. Crespo & Asociados, Inc., supra; Goss, Inc.

v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra.
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de estos, y deja de serlo el contratista, hasta el punto de que los

acreedores particulares de este no podrán concurrir con los obreros

y materialistas en la suma debida por el dueño63. De modo que los

obreros y materialistas “quedarían protegidos en caso de insolvencia

o quiebra del contratista si, con anterioridad a dicho evento,

hubiesen reclamado del dueño de la obra la cantidad que se les

adeude”64.

         Ahora bien, la acción concedida por el Artículo 1489 del

Código Civil, supra, no supone una modificación de la relación

contractual entre comitente o dueño y contratista, y entre éste y los

actores, ni su ejercicio implica la creación de una nueva relación

sustantiva     comitente-materialista         u    obreros 65 .   Además,   el

materialista u obrero no adquiere ante el dueño de la obra más

derechos de aquellos que tenía el contratista, por lo que el monto

adeudado está sujeto a liquidación por razón de reajustes o posibles

reclamaciones recíprocas que surjan entre el contratista y el dueño

de la obra en relación con la misma66.

                C. Contrato de arrendamiento de obras

         Por otro lado, el contrato de obra o contrato de arrendamiento

de obra o de ejecución de obra, o en este caso, el contrato de

construcción es aquel en que una parte, típicamente identificado

como el contratista, se compromete a realizar y entregar una obra o

construcción según la misma fue contratada, mientras que la otra

parte, el dueño, se obliga a pagar el precio convenido en la forma y

el tiempo así pactado67. El contrato de arrendamiento de obras es

uno de trabajo donde una de las partes hace una cosa para la otra,

a cambio de un precio convenido por ambos. O sea, una parte se

63 Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., S.E., supra, pág. 352.
64 Íd.
65 Román & Cía, Inc. v. J. Negrón Crespo, supra.
66 Íd.
67 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 428 (2003); Constructora Bauzá, Inc. v.
García López, 129 DPR 579, 592 (1991).
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obliga a ejecutar una obra a cambio de la prestación convenida.68

Este tipo de contrato es uno de carácter consensual, bilateral y

oneroso, cuyos elementos característicos son la obra a realizarse y

el precio69.

       “El dueño de la obra tiene la obligación fundamental de pagar

el precio de ésta en la forma, en la cuantía y en el tiempo

convenido70. De no haber pacto o costumbre en contrario, el pago

deberá hacerse al momento de la entrega de la obra71. El contratista,

por su lado, tiene la obligación de realizar y entregar la obra según

lo pactado. ‘El contratista viene obligado a ejecutar la obra conforme

a lo convenido en el contrato, a las reglas del arte de la construcción

y a los usos o reglas profesionales’72.

       Generalmente, los contratos de obras o contratos de

construcción entre partes privadas se rigen por las disposiciones del

Código Civil,73 y las obligaciones dispuestas en el propio contrato

por las partes. No obstante, cuando una de las partes es una entidad

gubernamental, los contratos de obras se rigen por disposiciones

especiales, requisitos jurisprudenciales y los pliegos de la subasta o

solicitud de propuestas. Como adelantáramos, los contratos de

obra, como mínimo, han de ser por escrito, de cumplimiento

prospectivo y remitidos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Además, al ser un contrato de una obra pública, podría estar sujeta

su ejecución a la legislación especial e incluso a reglamentación

federal, si se realizara con la asignación de fondos federales.

       El dueño de la obra o quien la contrata, tiene que pagar el

precio pactado que, de ordinario es alzado, lo que implica que el

68 31 LPRA ant. sec. 4013; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624

(2000).
69 Íd; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra, pág. 592.
70 M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, pág. 49.
71 Art. 1491 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 4132.
72 Del Arco y Pons, op. cit., pág. 40.” Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra,

pág. 624.
73 31 LPRA ant. sec. 3371 a 31 LPRA ant. sec. 3525.
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contratista asume los riesgos de su ejecución, pues estos están

calculados e incluidos en el precio convenido. El Tribunal Supremo

ha resuelto, por ello, que en “este tipo de contrato, para todo lo que

presumiblemente estaba contemplado y previsto, y que debía

preverse al momento de contratar, el precio es definitivo y no

puede ser aumentado en interés del empresario, aunque este

pruebe que se perjudicó”74. No obstante, es común en la industria

de la construcción efectuar alteraciones a la obra pactada para llevar

a cabo correcciones, disminuir costos, mejorar o ampliar el concepto

original o cubrir necesidades no previstas por el dueño de la obra,

entre innumerables razones.

       El Tribunal Supremo reconoció que las órdenes de cambio

pueden retrasar la conclusión de la obra, reducir o incrementar el

costo de la construcción, lo que conlleva la reducción o el

incremento del precio originalmente pactado 75 . En la Ley de

Contratos de Obra Pública, Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 195176,

las propias órdenes y algunas comunicaciones entre las partes

constituye un nuevo acuerdo que está sujeto a las características

intrínsecas del contrato de obra a precio alzado y a la teoría de las

obligaciones y contratos. Esto implica que, al momento de pactar

el cambio y fijar su nuevo costo, el contratista asume el riesgo

de que la modificación pueda generar más o menos gastos, pero

debe ejecutar el cambio como fue pactado. Resolver que un

contratista pueda reclamarle al dueño de la obra los costos

adicionales en los que incurrió al cumplir las órdenes de cambio,

a pesar de que pactó el precio de la modificación, sería

“[desvirtuar] la naturaleza del contrato de obras a precio alzado

y le concedería al contratista la facultad de renegociar los términos

74 Crufón Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 DPR 197, 210 (2002).
75 Levy v. Aut. Edif. Púbs., 135 DPR 382, 384 (1994).
76 22 LPRA secs. 41 y ss.
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del contrato que pudo haber previsto, oportunamente, al momento

de contratar”77. La base de este razonamiento se describe así en la

opinión de Levy v. Aut. Edif. Púbs., supra:

       Ciertamente, retrasos en el tiempo pactado originalmente en
       este tipo de obras son comunes en la industria de la
       construcción. “Las partes deben anticipar (no esperar)
       retrasos y contemplarlos en el contrato” 78 . (Traducción
       nuestra). “Los contratos de construcción están sujetos a
       muchos retrasos, por innumerables razones, y por los cuales
       la culpa podría ser difícil de adjudicar.... Los retrasos son
       generalmente previstos como probables; y los riesgos, por
       consiguiente, son descartados”79. (Traducción nuestra).

       De ordinario, en la industria de la construcción se reconoce

que, si un contratista firma una orden de cambio, acepta que la

modificación del precio incluye todos los gastos asociados al cambio

en la ejecución original de la obra, por lo que renuncia al reclamo

de los costos incurridos por causa del retraso a la obra, que son

los llamados “extended overhead costs”. Además, los términos del

contrato escrito o de la orden de cambio convenida son

particularmente importantes al evaluar los méritos del reclamo del

contratista por tales gastos.

       Este principio de la industria, cuando se trata de contratos de

obra pública, se añade a la exigencia legislativa y de interés público

de que han de constar por escrito las órdenes de cambio, así

como cualquier derecho o facultad a reclamar los costos que

surjan a causa de dicha orden o por la extensión del término de

cumplimiento. Señala la doctrina sobre ese dato en particular:

       Government contracting in Puerto Rico requires a budget
       allocation, a written agreement, and notice to the
       Comptroller within 15 days of the execution of the written
       agreement. Once the contractor submits his change
       order/proposal, he cannot commence work until he receives
       written authorization from the government and he is assured
       that there is a budget assignment covering the change
       order/proposal. [...] This presupposes that when a
       government agency or municipality is a party to a contract,
       or an amendment thereto, the contract or amendment must

77 Íd., págs. 210-211.
78 B.B. Bramble y M.T. Callahan, Construction Delay Claims, Nueva York, Ed. John

Wiley & Sons, 1987, Sec. 2.1, pág. 14.
79 3A Corbin on Contracts Sec. 720, pág. 377 (1960); Levy v. Aut. Edif. Púbs., 135

DPR, pág. 390.
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       be reduced to writing, executed by both parties, and
       registered with the Office of the Comptroller; otherwise, it is
       null and void. Our Supreme Court readily alluded to the
       efficacy of said statute in Fernandez & Gutierrez v. Municipio
       de San Juan, and added that it “reflects the legislative intent
       of creating a mechanism of checks and publicity of contracts
       executed by the municipalities, which is of a constitutive
       nature with respect to their efficacy.” [...] Thus, there is
       considerable peril in performing change order/proposal work
       in a Puerto Rico Government contract in the absence of a
       written, registered modification to the contract. The
       performance of any such change order/proposal work
       without the written, registered modification to the contract is
       at the contractor‟s own considerable risk80.

                    D. Contratación Gubernamental

       La Constitución de Puerto Rico establece que “[so]lo se

dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos

y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del

Estado, y en todo caso por autoridad de ley”81. En virtud de este

mandato constitucional, nuestro Tribunal Supremo ha sido

consecuente al exigir el manejo ético y apropiado de los fondos

públicos82. Asi pues y cumpliendo con el mandato constitucional […]

en miras de que “[l]a buena administración de un gobierno es una

virtud de democracia, y parte de una buena administración implica

llevar a cabo sus funciones como comprador con eficacia,

honestidad y corrección para proteger los intereses y dineros del

pueblo al cual dicho gobierno representa”83.

       En consecuencia, la facultad del Gobierno de Puerto Rico y de

sus entidades para contratar y comprometer fondos públicos está

limitada por estas normas. Ello, pues, por imperativo constitucional

el Estado está obligado a manejar los fondos públicos con el mayor

celo, amparado en los más altos principios éticos y fiduciarios 84.

Para cumplir con este mandato constitucional, la Legislatura ha

80 Weinstein Bacal & Parcés-Enríquez, supra, págs. 66-69.
81 Art. VI, Sec. 9, Const. PR., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 444.
82 Vicar Builders v. ELA et al., 192 DPR 256 (2015); Rodríguez Ramos et al. v. ELA

et al., 190 DPR 448 (2014); Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730 (2013).
83 Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 DPR 864, 871 (1990), Génesis

Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 997 (2020).
84 Jaap Corp. v. Departamento de Estado et al., 187 DPR 730, 739 (2013).
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aprobado leyes especiales que imponen controles particulares sobre

la contratación gubernamental 85 . Siendo ello así, conforme a las

disposiciones del Código Civil establece, que un contrato entre una

parte privada y el Estado que no cumpla con estas leyes será nulo e

inexistente86. A su vez, el Tribunal Supremo ha determinado que:

       La rigurosidad de estos preceptos responde al gran interés
       del Estado en promover una sana y recta administración
       pública, mediante la prevención del despilfarro, la
       corrupción   y   el   amiguismo     en   la   contratación
       gubernamental87.

       Además, el Tribunal Supremo ha señalado que, debido a la
       mayor rigurosidad que gobierna la contratación con los
       municipios y las agencias de gobierno, “se presume que las
       partes que así contratan ya conocen la necesidad de
       conducirse de acuerdo con las especificaciones de la ley”88.

              E. El Contrato de Fianza de Construcción

       El Artículo 1721 del Código Civil89, establece que, mediante la

fianza, una persona natural o jurídica se obliga a pagar o cumplir

por un tercero, en caso de este no hacerlo. El citado artículo añade

que, si el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal,

tenemos     que     referirnos    a   los    artículos    sobre    obligaciones

mancomunadas y/o solidarias de nuestro Código Civil90.

       La fianza se considera una garantía de carácter personal, cuyo

propósito es asegurar la satisfacción del derecho de crédito que tiene

un acreedor. El fiador prevé el riesgo de la insolvencia, parcial o

total, del deudor. En ese sentido, ante la imposibilidad del deudor

de cumplir con la obligación contraída, el acreedor puede acudir al

patrimonio del fiador para hacer efectivo el cumplimiento de dicha

obligación91.

85 Íd.; Rodríguez Ramos v. ELA, 190 DPR 448 (2014).
86 31 LPRA ant. sec. 3372.
87 Las Marías v. Municipio de San Juan, 159 DPR 868, 875 (2003); CMI Hospital v.

Departamento de Salud, 171 DPR 313, 230 (2007).
88 Íd., pág. 321; Hatton v. Municipio de Ponce, 134 DPR 1001 (1994).
89 31 LPRA ant. sec. 4871.
90 31 LPRA ant. sec. 3103 a 3112.
91 Carlos Lasarte, Contratos, Principios de derecho civil III, Ed. Marcial Pons, 13

ed., Madrid, 2010, pág. 402.
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        Cabe señalar que el contrato de fianza en Puerto Rico tiene

como una de sus características ser una obligación accesoria a otra

principal. La naturaleza accesoria de la fianza está plasmada en el

Artículo 1742 del Código Civil92, que dispone que la obligación del

fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las

mismas causas de las demás obligaciones. La fianza implica la

existencia de una obligación principal y de una accesoria que se

pactó    para     garantizar      el   cumplimiento        de     la   obligación

principal. Esta se da entre acreedor y deudor y la accesoria se da

entre fiador y acreedor para asegurar el pago o cumplimiento de la

obligación del deudor.

        La fianza puede constituirse como una obligación solidaria.

En este contexto, la acción del acreedor contra el fiador es

autónoma. Esta se puede ejercitar sin necesariamente llevar una

acción contra el deudor93. Al respecto, al comentar el artículo 1822

del Código Civil Español, del cual el 1721 de nuestro Código es

equivalente, dice Manresa lo siguiente:

        A pesar del carácter subsidiario de la obligación contraída
        por el fiador, que es lo que constituye una de las bases
        esenciales del contrato de fianza en su forma más común y
        corriente, puede perder, sin embargo, dicha condición,
        convirtiéndose en una obligación principal, si el fiador se
        obliga solidariamente con el deudor94.

        Por otra parte, el Artículo 1722 del derogado Código Civil de

Puerto Rico95, dispone específicamente que la fianza puede ser de

tres (3) tipos: convencional, legal o judicial. Refiriéndonos, en

particular, a las fianzas legales, se trata de aquellas que “se rigen en

primera instancia por la ley que las crean y, en su defecto, por las

disposiciones del Código Civil acerca de la fianza convencional en lo

que les sea aplicable” 96 . Son fianzas exigidas por ley, para el

92 31 LPRA ant. sec. 4914.
93 Luis Rafael Rivera Rivera, El Contrato de Transacción: sus efectos en situaciones

de solidaridad, Jurídica Ed., San Juan, 1998, pág. 215.
94 Manresa, Comentarios el Código Civil, tomo XII, Ed. 1931, pág. 155.
95 31 LPRA ant. sec. 4872.
96 Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 812 (2002).
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cumplimiento de obligaciones impuestas bajo el mismo, por lo que

la ley constituye parte del contrato de fianza como si estuviera

incorporada al mismo, debiendo interpretarse a la luz de dicho

estatuto y a tenor con los propósitos del mismo97. Bajo una fianza

legal, la obligación del fiador puede ser de carácter subsidiario, o

convertirse en principal si se obliga solidariamente con el deudor98.

          Por otro lado, la Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, según

enmendada, conocida como Ley de la Fianza en los Contratos de

Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Alteración de una Obra

Pública (Ley Núm. 388-1951) 99 , regula lo que concierne a los

contratos con entidades gubernamentales para la construcción

de obras públicas. Entre otras cosas, la Ley Núm. 388-1951

requiere que todo contratista de obra pública preste una fianza y

también establece cual será la forma y términos de las fianzas de

pago en los contratos de obra pública como sigue:

          La fianza antes mencionada será prestada por el
   contratista en efectivo, cheque certificado o con la garantía de
   una compañía fiadora autorizada para hacer negocios en Puerto
   Rico, y dicha fianza de pago garantizará mancomunada y
   solidariamente con el contratista, hasta el límite de
   responsabilidad de la fianza: (1) el pago a los obreros y
   empleados del contratista de los sueldos y jornales que
   devenguen en la obra, y (2) el pago, a las personas que vendan,
   suplan o entreguen equipo, herramientas y materiales para la
   obra, del precio o importe de los materiales, equipos y
   herramientas suplidos, vencidos o entregados. El monto de
   esta fianza de pago no será menor de la mitad del valor
   total del contrato, y de cualquier ampliación, extensión o
   adición a éste100.

          La fianza asegura al Estado por los daños que pudiera

causarle el abandono de cualquier obra pública por parte del

contratista y, a su vez, lo libera de cualquier reclamación directa por

falta de pago de materiales o de la mano de obra. Es decir, no existe

una acción en contra del dueño de la obra 101 . (la fianza tiene el

97 Pueblo v. Peñagarícano, 54 DPR 613 (1939).
98 Colón v. White Star Bus Line, Inc., 63 DPR 344, 352 (1944).
99 22 LPRA sec. 47 et seq.
100 22 LPRA sec. 48.
101 Véase 22 LPRA secs. 47 y 48; Cristy & Sánchez v. E.L.A.,     84 DPR 234, 238
(1961).
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propósito de “librar al Estado de cualquier reclamación por la falta

de pago de los materiales o la mano de obra”). Sin embargo, aquellos

que hayan trabajado como obreros y empleados o que hayan suplido

materiales, equipos o herramientas para la obra pueden instar una

acción judicial, sin previa necesidad de notificación, contra el

contratista y los fiadores del contratista102. (obreros y materialistas

de una obra pública tienen una causa de acción contra la fianza

prestada para hacer valer su crédito). Si bien los materialistas y

subcontratistas no son parte del contrato de fianza que garantiza el

contrato de obra, se estima que la obligación asumida por la

compañía fiadora constituye una estipulación a favor de tercero por

lo que tienen derecho a reclamar directamente a la fiadora103.

         Una fianza que garantice la construcción de cualquier obra

pública     responde     al   subcontratista 104 .      Sin    embargo,      un

subcontratista o suplidor no adquiere ante el dueño de la obra

más derechos que los que tenía el contratista105.

         En cuanto a la interpretación de los contratos de fianza, el

Tribunal Supremo ha dicho que estos deben ser interpretados

liberalmente de modo que favorezcan las reclamaciones de los

terceros beneficiados106. Sin embargo, ello no autoriza a descartar

los pactos y convenios entre las partes, pues “la interpretación

liberal o inclusiva de las fianzas no es carta blanca al Poder Judicial

para descartar los pactos y convenios entre las partes107.”

102 22  LPRA secs. 47-58; Antonio Carro, Inc. v. Jura Const., Inc., 107 DPR 808
(1978).
103 A. L. Arzuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 DPR 104, 117-118 (1964).
104
    Montalvo & Comas Electric Corp. v. ELA, 107 DPR 558, 561 (1978), citando a
Cristy & Sánchez v. E.L.A., supra.
105 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 149 (2008); Goss, Inc. v.

Dycrex Const. & Co., S.E., supra.
106 Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 DPR 744, 753 (2001), citando

a Cristy & Sánchez v. E.L.A., supra.
107 Andamios de P.R. v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503, 512 (2010) citando

a Mun. San Juan v. Stadium & Coliseum Opers., 113 DPR 490, 494 (1982).
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                      F. El Contrato de Transacción

       El Art. 1709 del Código Civil108, define la transacción como

“un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo

cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen

término al que había comenzado”109. Así, “toda transacción supone

que las partes tienen dudas sobre la validez o corrección jurídica de

sus respectivas pretensiones y optan por resolver dichas diferencias

mediante mutuas concesiones”110.

       En cuanto al alcance de la transacción, el Art. 1714 del Código

Civil 111 , establece que comprende solo los objetos expresados en

esta, “o [los] que por una inducción necesaria de sus palabras deban

reputarse comprendidos en la misma”. Asimismo, el citado artículo

menciona que la renuncia general de los derechos aplica solamente

con respecto a los que tienen relación con la disputa sobre la que ha

recaído la transacción. Al interpretar este artículo, el Tribunal

Supremo ha expresado que para saber cuáles son los efectos de un

contrato de Transacción, se tiene que determinar qué fue lo que se

pactó 112 . Así, debido a su naturaleza jurídica, los contratos de

transacción deben interpretarse de forma restrictiva113.

       El contrato de transacción tiene que cumplir con los requisitos

establecidos en el Artículo 1231 del Código Civil114. Es decir, tienen

que concurrir el consentimiento, el objeto y la causa115. Sobre este

particular, el Tribunal Supremo ha expresado que:

       Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene
       que ser consensual; su objeto es la controversia entre las
       partes -la polémica judicial o extrajudicial- pues sin ella no
       puede existir la transacción; y su causa consiste en la

108 31 LPRA ant. sec. 4821.
109 Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 504 (2016).
110 Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007).
111 31 LPRA ant. sec. 4826.
112 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 904 (2012).
113 Negrón Vélez v. ACT, supra, págs. 505-506, citando a Blás v. Hospital
Guadalupe, 167 DPR 439, 449-450 (2006); Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc.,
121 DPR 503, 514 (1988).
114 31 LPRA ant. sec. 3391.
115 Negrón Vélez v. ACT, supra, pág. 505; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137

DPR 860, 871 (1995).
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

       eliminación de la controversia mediante recíprocas
       concesiones, pues si bien tiene el propósito de desaparecer
       un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras
       contractuales que tienen la misma finalidad, en que ello se
       logra mediante renuncias mutuas116.

       Ahora bien, además de cumplir con los requisitos esbozados

en el Art. 1231 del Código Civil117, el contrato de transacción tiene

que incluir los siguientes elementos: “1) la existencia de una

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de

las partes de sustituir -mediante la transacción- la incertidumbre

sobre los elementos objetivos de la relación jurídica por otra "cierta

e incontestable"; 3) concesiones recíprocas”118.

       En relación con la interpretación de los contratos de

transacción, en Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450

(2006), el Tribunal Supremo señaló lo siguiente:

       Es menester aclarar que la interpretación de los contratos de
       transacción también debe llevarse a cabo de acuerdo con las
       normas generales sobre la interpretación de contratos,
       mientras estas últimas no sean incompatibles con lo antes
       señalado. (Citas omitidas.) En virtud de estas normas
       generales, no deberán entenderse comprendidos en el
       contrato de transacción cosas distintas y casos diferentes de
       aquéllos sobre los que las partes se propusieron contratar.
       Art. 1235 del Código Civil. (Citas omitidas.) Igualmente, se
       estará al sentido literal de los términos de la transacción, si
       [e]stos son claros. Art. 1233 del Código Civil. Por último, para
       juzgar la intención de las partes, se debe atender
       principalmente a los actos de [e]stos, anteriores, coetáneos y
       posteriores al contrato, así como a cualquier otra
       circunstancia indicativa de sus voluntades119.

                   G. Teoría General de los Contratos

       Dispone el derogado Código Civil de Puerto Rico, en su

Artículo 1206, que “[e]l contrato existe desde que una o varias

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar

alguna cosa, o prestar algún servicio 120 .” También se concretiza

cuando concurren los siguientes requisitos: consentimiento de los

contratantes, el objeto cierto y la causa de la obligación121. Añade

116 Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, pág. 871.
117 31 LPRA ant. sec. 3391.
118 Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 498 (2009).
119 Art. 1234 del Código Civil. (Citas omitidas.)
120 31 LPRA ant sec. 3371.
121 31 LPRA ant. sec. 3391.
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que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de

ley entre las partes contratantes”122. En todo caso, “[l]os contratos

se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”123.

         En Puerto Rico, además, rige el principio de la autonomía de

la voluntad en todas las etapas de la contratación. Este principio le

concede amplia libertad de acción a las partes que desean

obligarse124. La aludida norma está recogida por el Artículo 1207 del

derogado Código Civil, el cual dispone que “[l]os contratantes

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la

moral, ni al orden público”125. Por otra parte, el Artículo 1233 del

Código Civil126, establece que, si los términos de un contrato son

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se

estará al sentido literal de sus cláusulas.

         De igual modo, en torno a la interpretación de los contratos,

nuestro ordenamiento civil establece que, “[s]i los términos de los

contratos son claros y no dejan duda sobre la intención de los

contratantes, se atenderá al sentido literal de sus cláusulas”127. De

surgir    controversia        sobre   “la   voluntad   o   intención    de   los

contratantes     con     la    mera    lectura   literal   de   las   cláusulas

contractuales, deberá recurrirse a evidencia extrínseca para

juzgarla, utilizando principalmente los actos anteriores, coetáneos y

posteriores de los contratantes, el uso o costumbre y demás

122 31 LPRA ant. sec. 2994.
123 31 LPRA ant. sec. 3375.
124 BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).
125 31 LLPRA ant. sec. 3372; Álvarez de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1,

17 (2005); Irizarry López v. García Cámara, 155 DPR 713, 724 (2001).
126 31 LPRA ant. sec. 3471.
127 31 LPRA ant. sec. 3471.
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circunstancias indicativas de la intención contractual, incluyendo la

ocasión, las circunstancias, las personas y el acuerdo que se intentó

llevar a cabo”128.

                                 H. Intereses

       La Regla 44.3 de Procedimiento Civil129, regula los intereses

que se imponen en las sentencias. La citada Regla que establece dos

tipos de intereses legales. El primero es el interés postsentencia, al

que tiene derecho toda parte que obtenga a su favor una sentencia

y que ha de computarse sobre la cuantía de la sentencia desde el

momento en que ésta se dicte hasta que sea satisfecha, con el

objetivo de evitar “la posposición irrazonable en el cumplimiento de

las obligaciones existentes y estimular el pago en el menor tiempo

posible”. El segundo es el interés presentencia que habrá de

imponerse sobre la cuantía de la sentencia a la parte que haya

procedido con temeridad. En casos de cobro de dinero, se computará

desde que haya surgido la causa de acción hasta la fecha en que se

dicte sentencia, y en casos de daños y perjuicios, desde la

presentación de la demanda hasta la fecha en que se dicte sentencia,

salvo aquellas excepciones que la misma regla dispone130.

128 31 LPRA ant. secs. 3472 y 3477; Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503,

518-519 (2007), que cita a: Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713 (2006);
S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001).
129 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 Regla 44.3; Interés legal. (32 LPRA Ap. V, R. 42.2) (a)

Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y que esté en vigor al
momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero,
a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la
sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, incluyendo las costas y honorarios de
abogado. El tipo de interés se hará constar en la sentencia. La Junta fijará y
revisará periódicamente la tasa de interés por sentencia, tomando en
consideración el movimiento en el mercado y con el objetivo de desalentar la
presentación de demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el
cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el pago de las sentencias
en el menor tiempo posible.
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el
pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta
regla y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya
surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la presentación
de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte
sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte
demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios,
agencias, instrumentalidades o funcionarios(as) en su carácter oficial. El tipo de
interés se hará constar en la sentencia.
130 Montañez López v. UPR, 256 DPR 395, 424-425 (2002).
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       De acuerdo con el inciso (a), el interés post sentencia se le

impone a la parte perdidosa en todas las sentencias que ordenen el

pago de dinero, incluyendo las costas y honorarios de abogado, y se

fija desde la fecha en que se dicta la sentencia hasta que se

satisfaga131. La imposición de este tipo de interés es compulsoria132.

Así pues, el interés post sentencia es parte integral de las sentencias

dictadas y pueden cobrarse aun cuando nada se haya dispuesto en

una sentencia133.

       En cuanto a la imposición del interés legal según el inciso (a)

de la Regla 44.3 supra, “no hay duda de que, al Estado, sus

agencias,      instrumentalidades,         departamentos,         funcionarios

públicos en su carácter oficial, corporaciones públicas y los

municipios, les aplica el interés post sentencia al tipo que fije la

Junta134.”

       Por otro lado, el interés legal impuesto en el inciso (b) de esta

Regla 44.3, aplica al caso de un litigante perdidoso que actúa con

temeridad135. Bajo nuestro ordenamiento procesal civil se sanciona

la temeridad de un litigante perdidoso: (a) mediante la imposición

del pago de honorarios de abogado bajo la Regla 44.1(d), antes

transcrita, en todo tipo de acciones, pues dicha regla no hace

excepciones, y (b) mediante la imposición de intereses al tipo legal,

computados desde una fecha anterior a la de la sentencia, en dos

clases de acciones, a saber, casos de cobro de dinero (se computan

desde que surge la causa de acción) y casos de daños y perjuicios

(se computan desde la presentación de la demanda)136.

131 Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130, 136 (2006); Regla 44.3 (a), supra; Malavé v.

Oriental, 167 DPR 593, 608 (2006).
132 Gutiérrez v. A.A.A., supra, pág. 137.
133 Quiñones v. Manzano, 141 DPR 139, 181 (1996).
134 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan,

Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1328.
135 Colondrés Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833, 842 (1983).
136 Colondrés Vélez v. Bayrón Vélez, Íd. a las págs. 842-843 (1983).
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               I. Costas, Gastos y Honorarios de Abogado

          En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de costas en

el litigio está gobernada por la Regla 44.1 de las de Procedimiento

Civil137. En lo pertinente, ésta dispone que “le serán concedidas a la

parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en

apelación o revisión […]”138. De acuerdo con la norma procesal, el

criterio para que el tribunal decida cuáles partidas de las costas

solicitadas concede, es que se trate de los “gastos incurridos

necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que

la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una

parte litigante debe reembolsar a otra”139.

          La Regla también establece el procedimiento que se debe

seguir para conceder las costas. En particular, el inciso (b) dispone

que la parte reclamante tiene el término de diez (10) días, contados

a partir de la notificación de la sentencia que le favorece, para

presentar al tribunal, y notificar a la parte contraria, un memorando

de costas140. El referido término de diez (10) días es de naturaleza

jurisdiccional, tanto para presentar el memorando de costas como

para notificar el mismo141. La naturaleza jurisdiccional del término

para presentar y notificar un memorando de costas surge en virtud

de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil142. Por lo cual, este plazo es

improrrogable y su cumplimiento tardío priva al tribunal de

autoridad para considerar y aprobar las costas reclamadas143.

          Por último, la Regla 44.1 señala en el inciso (d), que en caso

de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia

137 32 LPRA Ap. V., R. 44.1.
138 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
139 Íd.
140 Regla 44.1(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
141 Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197 (2017);     Comisionado v. Presidenta,
166 DPR 513, 518 (2005).
142 32 LPRA Ap. V., R. 68.2.
143 Rosario Domínguez v. ELA, supra.
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al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de

abogado que el tribunal entienda que corresponde a tal conducta.

Aunque el concepto temeridad no está expresamente definido por la

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, se trata de una actitud que se

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento

y la administración de la justicia144.

       El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en

gastos y con ello le ha causado innecesariamente molestias e

inconvenientes145. La imposición del pago de honorarios de abogado,

de conformidad con la Regla 44.1, supra, depende de que el tribunal

haga una determinación de temeridad.

       Por último, “[l]a determinación de si un litigante ha procedido

con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal

sentenciador”146. El tribunal impondrá la cuantía que el juzgador

entienda que corresponde a la conducta temeraria147. Los criterios

a evaluar al determinar si una parte litigante incurrió en temeridad

son: (1) el grado de temeridad desplegada durante el litigio; (2) la

naturaleza del procedimiento judicial; (3) los esfuerzos y la actividad

profesional ejercida en el litigio; (4) la habilidad y reputación de los

abogados148.

       Cónsono con lo anterior, reconocemos que de ordinario el

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de primera

instancia merece nuestra deferencia. Como corolario de lo anterior,

sólo intervendremos con el ejercicio de dicha discreción en aquellas

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con

144 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).
145 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008); Rivera v. Tiendas

Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).
146 Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 468 (1983).
147 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); citando a

Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010).
148 Asociación de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 DPR 574, 579 (1988).
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prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción;

o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o

de derecho sustantivo149.

                                     III.

        Nos corresponde revisar la Sentencia emitida el 6 de mayo de

2019, notificada el 7 de mayo de 2019, por el TPI, la cual acoge en

su totalidad el Informe del Comisionado. También, revisamos la

Resolución emitida y notificada el 14 de julio de 2022 por el TPI

mediante la cual decidió mantener la decisión dictada el 10 de

diciembre de 2019 y declaró Ha Lugar el Memorando de Costas

presentado por Soletanche y el Memorando de Costas presentado

por LPC&D y las Fiadoras.

        Reconocemos que, los foros apelativos, aceptamos como

correctas, las determinaciones de hechos de los tribunales de

instancia, al igual que su apreciación de los testigos y el valor

probatorio de la prueba presentada en sala. Esta deferencia obedece

a que las tareas de adjudicar credibilidad y determinar lo que

realmente ocurrió, depende en gran medida de la exposición del juez

o la jueza a la prueba presentada. Los jueces de instancia son los

que tienen la oportunidad de ver el comportamiento de los testigos

mientras ofrecen su testimonio y escuchar su voz150.

        No obstante, los tribunales apelativos podemos descartar las

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia,

cuando el juzgador actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o

incurrió en error manifiesto. La deferencia cede, cuando la totalidad

de la evidencia analizada nos convence de que las conclusiones del

149 Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).
150 OrtizOrtiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 2022 TSPR 76; Dávila
Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.
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TPI confligen con el balance más racional, justiciero y jurídico de

toda la prueba recibida151.

       Conforme a esta doctrina este foro ha de intervenir debido que

la determinación del TPI, así como el Informe del Comisionado,

reflejan omisiones en la aplicación del derecho, lo que constituye un

error manifiesto.

       Expresado lo anterior y como cuestión de umbral, procedemos

a atender de forma conjunta los errores en los recursos de LPC&D y

AAA KLAN202200633 y KLAN20220643, que arguyen aspectos

procesales ante el TPI. Seguidamente, se discutirá el recurso

KLAN20220634, sobre los errores que cuestionan la aplicación del

derecho. Por último, abordaremos los recursos KLAN202200726,

KLCE202201012 y KLCE202201013 con los señalamientos de

error sobre temeridad, intereses, honorarios y costas. Veamos.

                                     -A-

       En el recurso KLAN202200633, LPC&D y las Fiadoras

señalan como primer error, que incidió el TPI al declarar No Ha

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por

LPC&D a base a la alegada existencia de controversias de derecho y

no de hechos.

       Según surge del expediente ante nos, el 9 de agosto de 2012,

LPC&D presentó la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. El 31 de

marzo de 2015, notificada el 6 de abril de 2015, el TPI emitió

Resolución 152 en la que declaró No Ha Lugar la referida moción

dispositiva    por   entender     que      había   hechos    esenciales     en

controversia. De las alegaciones de LPC&D y las Fiadoras con

respecto a este asunto, no surge que el TPI haya incurrido en pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Además, del expediente

151 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917-918 (2016); Dávila Nieves

v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR
431, 444 (2012).
152 Véase Ap., págs. 702-708.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

tampoco surge que LPC&D haya solicitado reconsideración o

recurrido oportunamente ante este Tribunal para impugnar lo

resuelto por el TPI, por lo que el dictamen advino final y firme. Así

pues, este error no se cometió.

       En el noveno señalamiento de error, del KLAN202200633,

LPD&D alegó que incidió el TPI al dictar Sentencia acogiendo el

Informe      del    Comisionado        y   denegar        implícitamente      la

Reconvención. De un examen del Informe emitido por el

Comisionado        Especial     se    desprende     que    este    atendió    la

reconvención       instada    por     la   LPC&D.       Específicamente,      el

Comisionado recomendó la desestimación con perjuicio de dicha

reclamación, lo cual fue acogido por el TPI en su Sentencia 153.

       Además, surge de los legajos que, el 3 de noviembre de 2008,

notificada el 14 de noviembre de 2002, el TPI dictó Sentencia

Parcial 154 en la que acogió la Moción de Desistimiento Parcial

presentada por LPC&D y la AAA, en la cual informaron que el 17 de

octubre de 2008 firmaron el Acuerdo en el cual se dispuso

parcialmente       la   Demanda       Contra     Copartes.   Fíjese    que    el

Comisionado determinó en su Informe que:

             Conforme el documento transaccional entre AAA y
       LPC&D (Sol 63B) se restableció e incrementó la bonificación
       para alcanzar hitos tempranos en el progreso de obra (Págs.
       7 y 8) se pactó las sumas de $810,000.00 y $310,000.00.
       Consecuentemente, LPC&D recuperó su derecho a la
       posibilidad de tener el bono por terminación temprana. La
       reclamación de LPC&D contra Soletanche carece de mérito.
       La AAA pagó a LPC&D $7,119.123.00 por razón de las
       reclamaciones transigidas155. (Subrayado nuestro).

       Apuntalamos       que,    al    revisar    los   recursos      con    sus

correspondientes apéndices, colegimos que las alegaciones “a”, “b”,

“c”, “d” y “e” reclamadas por LPC&D en la Reconvención Compulsoria

153 Véase Ap., págs. 1261, 1282, 1306 y 1307, Informe del Comisionado,
determinaciones de hechos 132, 192, 193, 194, 195.
154 Véase Ap., págs. 66-69. Además, surge que dicha Sentencia Parcial fue

enmendada a petición de LPC&D y el foro primario la enmendó a través de la
Sentencia Parcial Nunc Pro Tunc del 24 de noviembre de 2008, la cual fue
debidamente notificada. Véase Ap., págs. 70-73.
155 Véase Ap., pág. 1282, Informe del Comisionado, determinación de hecho 193.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

ya fueron debidamente transadas mediante el Acuerdo, coincidimos

con la apreciación del Comisionado. Por tanto, el noveno error no

fue cometido.

      El 15 de agosto de 2022, la AAA acudió ante este Tribunal

mediante el recurso de Apelación con la designación alfanumérica

KLAN202200643. Como primer señalamiento de error, le imputó

al TPI haber cometido error al reconocer, reinstalar o mantener las

determinaciones o decisiones de la Resolución del 10 de diciembre

de 2019, siendo esta una resolución nula e inexistente. No es

meritoria la contención de la AAA en cuanto a que la Resolución

recurrida es improcedente por tratarse de un dictamen que, al

fundamentarse en la Resolución del 10 de diciembre de 2019, la

cual, según la AAA, se determinó que era nula, se le violentó el

debido proceso de ley a este apelante. Lo anterior responde a lo que

un panel hermano resolvió en una Sentencia del 28 de febrero de

2020. En aquel momento, este Tribunal de Apelaciones concluyó

que la notificación de la Resolución del 10 de diciembre de 2019 fue

nula, esbozando el siguiente fundamento:

      En fin, desde la fecha de la presentación de los tres recursos
      de apelaciones (KLAN201900932, KLAN201900933 y
      KLAN201900934) ante este foro revisor, el 21 de agosto de
      2019, el Tribunal de Primera Instancia perdió jurisdicción
      para poder continuar con los procedimientos hasta tanto
      recibiera el mandato correspondiente. Como consecuencia,
      la notificación de la Resolución del 11 de diciembre de 2019
      resultó nula. El Tribunal de Primera Instancia debió
      aguardar al recibo del mandato emitido el 13 de diciembre
      de 2019 por este Tribunal de Apelaciones para actuar. Una
      vez el foro primario recibiera el mandato, procedía,
      entonces, notificar su determinación. Solo así,
      comenzarían a decursar los términos para presentar el
      recurso ante este foro revisor156. (Énfasis nuestro).

      Nótese que, en ningún momento este foro declaró nula la

referida Resolución en sus méritos, sino más bien, la aludida

determinación estuvo enfocada estrictamente en la notificación de

ese dictamen. La consecuencia de que se haya emitido una

156Véase el caso KLAN202000036 consolidado con KLAN202000037,
KLAN202000038, KLCE202000137 y KLCE202000139 en las págs. 15-16.
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notificación nula o defectuosa afecta el aspecto procesal del caso en

cuanto al establecimiento de los términos para recurrir a un foro

apelativo, dado a la incertidumbre que se genera a la hora de tomar

en consideración los términos para acudir a un tribunal de mayor

jerarquía157. En vista del análisis que antecede, resolvemos que los

errores formulados tanto por LPC&D como la AAA en cuanto la

validez de la Resolución recurrida, no se cometieron por parte del

TPI. Además, encontramos que el foro primario atendió las mociones

presentadas por las partes conforme al mandato del Tribunal de

Apelaciones. En consecuencia, concluimos que no se cometió el

error señalado.

       En su segundo señalamiento de error, la AAA adujo que la

Sentencia apelada adolece de defectos que la hacen revocable, a

saber: no se resolvieron todas las controversias planteadas; se

omitieron estipulaciones de hechos que afectan su resultado; se

omitió tomar conocimiento judicial de decisiones de este Foro.

       De un examen de la Sentencia apelada a la luz de la totalidad

del expediente, disponemos que todos planteamientos presentados

por las partes fueron atendidos por el foro primario. Este tribunal

analizó las múltiples mociones, reclamaciones y estipulaciones

incluidas en el legajo, por lo que determinamos que el TPI atendió la

totalidad de las controversias ante su consideración. Este error no

fue cometido.

       Mediante el décimo señalamiento de error, la AAA expuso

que cometió error el TPI al no reconocer que, tanto LPC&D158 como

Soletanche, no cumplieron con los requisitos contractuales de

notificación y certificación de sus reclamaciones. Este error se

cometió, no surge en el legajo apelativo, que se hubiese cumplido

157 Plan Salud Union v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 723 (2011).
158 Incluye la reclamación de LPC&D en la Demanda contra Coparte sobre reclamo

por arena dentro de las columnas de piedra.
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con la Condiciones Generales establecidas en el contrato entre la

AAA y LPC&D, relacionada con la notificación de órdenes de cambio

y disputas159. Adelantamos que al determinar que se cometió este

error, el mismo incide en la aplicación del derecho y la

responsabilidad y obligación de pago. Veamos.

                                     -B-

       A continuación, atenderemos los señalamientos de error

tercero,     sexto,      octavo,      noveno,       décimo,       undécimo

KLAN202200643 todos relacionados con la aplicación incorrecta

del derecho lo cual incide en la responsabilidad de pago.

       Recordemos que la parte que impugna una decisión del foro

primario tiene la obligación de demostrar la incorrección de las

determinaciones de hechos o la aplicación incorrecta del derecho.

En el caso de autos, la AAA ha cumplido con el estándar requerido

y ha demostrado que la norma jurídica aplicable en esta

controversia fue obviada tanto por el TPI como por el Comisionado.

Dicho lo anterior, existen circunstancias extraordinarias que

demuestran que el TPI cometió un error manifiesto en la aplicación

del derecho por lo cual se requiere nuestra intervención.

       Puntualizamos que para el 2005, la AAA era dueña del

Proyecto objeto de esta controversia y para realizar la obra de

construcción la AAA y LPC&D suscribieron un contrato de obra

pública por la suma de $103,632,270.00160. Posteriormente, LPC&D

y Soletanche suscribieron un subcontrato de $8,130,000.00161.

       Así pues, la relación de la AAA y LPC&D giraba en torno a un

contrato de obra pública. La AAA firmó un contrato con CSA como

gerente de construcción del proyecto162. Ante este escenario jurídico

159 Véase Ap., págs. 2359-2375.
160 Véase Ap., págs. 2344-2350.
161 Véase, Ap., pág. 1234, Informe del Comisionado, determinación de hechos 23.
162 Véase Ap., págs. 1232 y 1254, Informe del Comisionado, determinaciones de

hechos 8 y 108.
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Soletanche no tenía ninguna relación contractual con la AAA, por lo

cual, y conforme con el ordenamiento jurídico, la única reclamación

fáctica permisible es presentar una Demanda a base del Art. 1489

del Código Civil163, lo cual hizo el 26 de diciembre de 2006.

       Es norma reiterada que al activarse el Art. 1489 del Código

Civil, supra, el verdadero acreedor del remanente del precio

adeudado al contratista es el obrero o materialista reclamante. El

contratista deja entonces de ser acreedor del dueño de la obra.

Cualquier pago retenido del precio de la obra no ha de hacerse a

esta persona, sino al materialista u obrero demandante, nuevos

acreedores de ese remanente164. En el caso de autos, la AAA tiene

un retenido por la cantidad de $4,366,026.15.

       La AAA alega en su tercer error señalado, que incidió el TPI

al ordenar en la Sentencia apelada que la AAA pague a Soletanche

el “retenido y certificaciones adeudadas” por la cantidad de

$969,720.74, y además devuelva a LPC&D la totalidad del retenido,

lo cual constituye un doble pago y se aleja de la norma establecida

del citado Art. 1489 del Código Civil, supra. Por otro lado, la AAA

esboza en su noveno señalamiento de error, que erró el TPI en la

aplicación del derecho relacionado al Artículo 1489 del Código Civil,

supra, al omitir totalmente su aplicación y sustituirlo por la doctrina

de equidad de pass-through, omitiendo las doctrinas prevalecientes

en nuestra jurisdicción sobre la relatividad de los contratos y la

figura de la subcontratación.

       Al examinar la Sentencia y el Informe del Comisionado no

cabe duda de que incidió el foro primario en no aplicar la normativa

del Art. 1489 del Código Civil, supra. Conforme a dicho artículo el

dueño de la obra responderá hasta la cantidad que este adeude al

163 31 LPRA ant. sec. 4130.
164 Goss, Inc. v. Dyrex Const. & Co., S.E., supra, a la pág. 342.
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contratista por lo cual pagar a Soletanche y la pretender

nuevamente pagar el retenido a LPC&D, es errada. Ante ello, el

tercer y noveno error señalado en el KLAN20220643 fueron

cometidos.

       La AAA en su sexto señalamiento de error, nos invita a

analizar y aplicar la normativa del Art. 1489 del Código Civil, supra.

Arguye que erró el TPI al acoger el Informe del Comisionado y

ordenar que la AAA pague la suma de $3,585,866.80 a LPC&D. El

inciso impugnado dispone como sigue:

       Pagos a los que LPCD tiene derecho que la AAA le efectúe:

       h) recobrar el 100% de los trabajos adicionales que se le
       adeudan a Soletanche, incluyendo turnos no productivos,
       incluye también los honorarios que no son por temeridad.
       Dicha cuantía es de $3,585,866.80 que corresponde a la suma
       de: columnas en espesor, plataformas, paralización de turnos
       de aparejo, paralización de compactación de arena, cambios
       de criterio a amperaje máximo………$3,585,866.89165.

       Antes de proceder con análisis y aplicación del Art. 1489 del

Código Civil a la situación de hechos que está ante nuestra

consideración, especificamos que LPC&D presentó Demanda Contra

Copartes y en la segunda causa de acción en los incisos “c”, “d” y “e”

reclamó a favor de Soletanche por la cantidad de $2,793,227.28. No

obstante, la cantidad otorgada por el Comisionado referente a esta

partida excede a la reclamación que realizó LPC&D en la Demanda

Contra Copartes. Los $3,585,866.80 concedidos por el Comisionado

equivalen a la suma de las alegaciones “a”, “b”, “c”, y “d”, de la

Demanda instada por Soletanche. Así pues, coincidimos con el

señalamiento realizado por la AAA en cuanto a que la cantidad

concedida no fue alegada por LPC&D.

       Ahora, retomando la aplicación del Art. 1489 del Código Civil,

el Tribunal Supremo ha determinado que “el contratista deja

entonces de ser acreedor del dueño de la obra y cualquier pago

165 Véase Ap., pág. 1314.
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retenido del precio de la obra no ha de hacerse a esta persona, sino

al materialista u obrero demandante, nuevos acreedores de ese

remanente”166.

       Cónsono con lo anterior cuando Soletanche presenta la

Demanda contra la AAA, activó la reclamación bajo los parámetros

del Art. 1489 del Código Civil. La norma reiterada sobre el citado

artículo es que, los obreros, subcontratistas y materialistas

pueden hacer efectivo su crédito contra el dueño de la obra, aun

cuando no intervinieron en el contrato original ni exista una relación

contractual directa con él. El remedio que brinda el Art. 1489

constituye, pues, una excepción al principio de la relatividad de

los contratos, que establece que los contratos tienen efecto

únicamente entre los otorgantes y sus causahabientes 167 . Por

consiguiente, al aplicar la doctrina adoptada por el Tribunal

Supremo y al activarse el Art. 1489 del Código Civil, el verdadero

acreedor del remanente del precio adeudado al contratista es el

obrero o materialista reclamante.

       Por tanto, la segunda acción inciso “c”, “d” y “e” de la Demanda

Contra Copartes instada por LPC&D a favor de Soletanche es

totalmente inoficiosa e improcedente en derecho, por lo cual la

damos por no puesta y no procede la concesión de algún remedio.

Así pues, determinamos, que el sexto señalamiento de error en el

recurso KLAN20220643 fue cometido. Por lo cual, procede

revocar y eliminar la partida de $3,585,866.80 concedida por el

Comisionado en su inciso “h” a favor de LPC&D y acogida por el

TPI, esto por ser inconsistente con el Art. 1489 del Código

Civil168.

166 Goss, Inc. v. Dyrex Const. & Co., S.E., supra, a la pág. 342.
167 31 LPRA ant. sec. 3374; R. Román & Cía. v. J. Negrón Crespo, Inc., 109 DPR 26

(1979); Junco Steel Corp. v. C.E. Design Dev., 148 DPR 272, 277 (1999).
168 31 LPRA ant. sec. 4130.
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       Por otro lado, la AAA esboza en su noveno señalamiento de

error que incidió el Comisionado y, por consiguiente, el TPI en la

Sentencia impugnada al conceder la partida “f”, la cual dispone lo

siguiente:

       Pagos a los que LPCD tiene derecho que la AAA le efectúe:

       f. recobrar el principal de la cuantía que le ha sido
          retenida por la AAA (estipulada) $4,366,026.15,
          concedida a favor de LPC&D169.

       La AAA alega que el TPI intencionalmente erró al no aplicar el

Art. 1489 del Código Civil y al ordenar el pago del retenido por la

cantidad de $4,366,026.15. Como adelantamos, le asiste la razón a

la AAA. Es norma conocida que, el retenido se utiliza en primer lugar

para pagar a los obreros, subcontratistas y materialistas pueden

hacer efectivo su crédito contra el dueño de la obra, en este caso

a Soletanche. Por tanto, el TPI no puede imponerle al dueño de la

obra un doble pago, porque la controversia a resolver se rige por el

Art. 1489, el cual establece que los obreros y materialistas son los

que tienen derecho a cobrar al dueño de la obra. Le asiste la razón

a la AAA.

       Colegimos, que el noveno error fue cometido. Por lo cual,

procede revocar y eliminar la partida mencionada en el inciso

“f” del Informe del Comisionado la cual concede $4,366,026.15

a favor de LPC&D este inciso es inconsistente con el Art. 1489

del Código Civil.

       En el octavo señalamiento de error del KLAN202200643,

la AAA adujo que erró el TPI al adoptar en su Sentencia la

recomendación del Comisionado en cuanto a la imposición de

solidaridad de los demandados, pero contradictoriamente ordenar

que únicamente es la AAA quien paga. Debemos recordar que en

nuestro ordenamiento jurídico la solidaridad no se presume, ni

169 Véase Ap., pág. 1314.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                     52
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

existe a menos que expresamente se convenga. Del expediente se

desprende que la AAA nunca pactó la solidaridad que ahora

pretende adjudicarle el Comisionado y, a su vez, el foro primario en

la Sentencia impugnada. Por ello, el Art. 1090 del Código Civil de

Puerto Rico170, establece que sólo habrá solidaridad “[…] cuando la

obligación expresamente lo determine […]”. De modo que, una

obligación es solidaria cuando así se haga constar expresamente171.

Ante ello, es forzoso concluir que el error fue cometido. En este

caso no aplica la solidaridad.

       La AAA argumenta en sus errores décimo y undécimo del

KLAN20220643 que no son responsables del pago de las

reclamaciones “a”, “b”, “c” y “d” de la demanda porque tanto LPC&D

como Soletanche incumplieron con las Condiciones Generales del

contrato de la obra pública firmado entre LPC&D y AAA, en

específico obviaron todo el proceso de notificación y certificación, y

los trabajos reclamados no eran requeridos. Alega la AAA que hubo

prueba en contrario sobre estas alegaciones. Veamos.

       Soletanche       en    su    demanda,      solicita   el   pago     de    5

reclamaciones.      A    este      foro   le   corresponde    revisar    si     las

determinaciones de la Sentencia sobre la adjudicación de cada una

de las reclamaciones fueron conforme a derecho. Las reclamaciones

de la demanda son las siguientes:

        a) Largo de columnas construidos e                   $770,241.08
        instalados y no pagados
        b) Cambios en los criterios de compactación          $1,103,020.31
        de la piedra, incrementando el diámetro de
        las columnas
        c) Detención en la compactación de las               $314,777.50
        puntas de arena de los pilotes

        d) Conforme contrato, tiempo de                      $1,215,218.31
        turnos estáticos y estériles por
        retrasos causados por otros

170 31 LPRA ant. sec. 3101.
171 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008).
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        e) Trabajo certificado y adeudado                 $962,768.95
        desde al menos mayo de 2006

        Total reclamado:                                  $4,366,026.15

        Luego de examinar el extenso expediente apelativo, las

reclamaciones “a”, “b” y “c” están relacionadas con cambios de

condiciones. Según surge del Informe del Comisionado, existe

abundante      prueba      testifical   que   demuestra     fehaciente    que

ocurrieron los cambios en las condiciones representadas del

Proyecto, en particular en la especificación 02225/b172.

        No obstante, en Levy v. Aut. Edif. Púbs., supra, el Tribunal

Supremo reconoció que las órdenes de cambio pueden retrasar la

conclusión de la obra, reducir o incrementar el costo de la

construcción, lo que conlleva la reducción o el incremento del precio

originalmente pactado. En estos casos, cada orden de cambio

constituye un nuevo acuerdo que está sujeto a las características

intrínsecas del contrato de obra a precio alzado y a la teoría de las

obligaciones y contratos.

        Sobre las ordenes de cambio, la Oficina del Contralor del

Gobierno de Puerto Rico ha expresado que “[l]os cambios

relacionados con el proyecto y el contrato otorgado se pueden

efectuar mediante una enmienda escrita, orden de cambio u orden

de campo173. En cuanto a la Orden de Cambio, la misma es definida

como:

        una orden escrita emitida por el dueño de la obra o su
        representante, dirigida al contratista y firmada por ambas
        partes, que cubre adiciones, cancelaciones o revisiones en la
        obra, o ajustes en el precio y en el tiempo del contrato.
        [Artículo 1.1.1.9 del Uniform General Conditions]174.

        Aun cuando en el caso de autos no aplica el reglamento

Uniform General Conditions for Public Works Contracts in Puerto

172 Véase Informe del Comisionado, determinaciones de hecho 121, 146-155.
173 Véase, Aspectos a considerar en las distintas etapas de los proyectos de
construcción de obras públicas y mejoras permanentes, Folleto Informativo 2020,
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pág. 21.
174 Íd.
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Rico175, por ser un documento posterior a la fecha de contratación

entre la AAA y LPC&D, surge del expediente apelativo que sí existió

un documento titulado General Conditions For The Rio Blanco

Offstream Reservoir and Intake Facilities Naguabo, Puerto Rico

(Condiciones Generales)176, el cual sirve como guía para establecer

los términos y condiciones contractuales entre el Gobierno de Puerto

Rico y todos los participantes del proceso de la construcción.

Colegimos que, el incumplimiento de las Condiciones Generales y

las formalidades de las leyes incide en alejarse del fin último de

proteger los mejores intereses de la entidad gubernamental y los

fondos públicos.

       Surge que la AAA tenía estructurado en el contrato un

mecanismo de aprobación mutua de las órdenes de cambio, y el

reclamo de aumento de costo en la obra se procesaba en tales

órdenes y quedaba aprobada al firmarse por las partes177. Conforme

175 Reglamento 7998 aprobado el 3 de marzo de 2011 por el del Departamento de

Transportación y Obras Públicas.
176 Véase Ap., pág. 2359.
177 Véase Ap., págs. 963-968. Transcripción de las Definiciones de las Condiciones

Generales:
     17. Claim - A written demand or protest by the Contractor asserted prior to
     Final Payment, seeking an adjustment of the Contract Price or the Contract
     Time pursuant to the provisions of the Contract Documents.

    18. Claim Determination - A written determination issued by the Contracting
    Officer to the Contractor setting forth PRASA’s position with respect to a
    Claim, subject to and in accordance with the provisions of Subsection 5.11.4–
    Claim Resolution.

    19. Claim Submission - As defined in the definition of Contractor Certification
    contained in this Definitions.

    31. Contractor Certification – A notarized affidavit signed by the Contractor’s
    Project Director or the Contractor’s Project Manager certifying, with respect
    to a Contractor Change Request, a Contractor Change Proposal, or a notice
    given under the provisions of Subsection5.12.4 – Notice and Procedures as
    to Delay Events (each a “Claim Submission”), that he or she has personally
    reviewed the documentation submitted in support of the Claim Submission,
    that he or she is satisfied that the Claim Submission is true, accurate and
    complete, that the dollar amounts and time extensions claimed accurately
    reflect the adjustments in the Contract Price or the Contract Time for which
    the Contractor reasonably believes PRASA is liable under the terms and
    conditions of the Contract, and that the Claim Submission is made in good
    faith.

    […]

    El artículo 5 de las Condiciones Generales, titulado “Amendments, Changes,
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                                         55
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con la prueba presentada, ese proceso no se cumplió por LPC&D.

En fin, no se demostró de manera alguna que no se hubiera seguido

el proceso adecuado para la aprobación de los cambios de

órdenes. No se ha citado autoridad alguna ni se ha demostrado que

la cláusula contractual en controversia permita la erogación de

fondos públicos obviando los procedimientos establecidos en las

condiciones generales que constan en el contrato entre la AAA y

LPC&D.

       Por consiguiente, los errores décimo y undécimo del

recurso KLAN20220643 no fueron cometidos. Determinamos que

la AAA no responde por las alegaciones “a”, “b”, “c” y “d” de la

demanda presentada por Soletanche. Procede eliminar esa partida

de la Sentencia impugnada178. Esto implica que, la única partida

por la que AAA es responsable de pago es el inciso “e” de la

demanda de Soletanche por trabajo certificado y adeudado

    Delays and Time Extensions” está subdividido en trece (13) secciones. La
    sección 5.07, titulada “Changes Requested by the Contractor”, dispone en
    parte:

    Subsection 5.07.1 – Contractor Change Requests

         The Contractor may initiate a request for a Change in the Work by
      submission to PRASA’s Representative of a Contractor Change Request.
      Except for Change Orders or Change Directives initiated pursuant to Section
      5.04 – Change Order and Section 5.05 – Change Directives, the Contractor
      shall not be entitled to any adjustment of the Contract Price or the
      Contract Time as a result of any statement, direction, action or failure
      to act by PRASA’s Representative, the Contracting Officer or PRASA, the
      happening of any event or occurrence, or any other cause, including a
      change in Applicable Laws after the date of submission of the final
      Contractor Bid, unless, subject to the terms of the Contract Documents,
      the Contractor shall have first submitted to PRASA’s Representative a
      Contractor Change Request, as hereinafter specified, and shall have
      complied with the other applicable requirements of the Contract. If the
      Contractor believes that it is entitled to adjust the Contract Price or the
      Contract Time, or otherwise modify the terms of the Contract Documents,
      the Contractor must submit to PRASA’s Representative a Contractor
      Change Request, in accordance with the time periods and procedures
      set forth in Subsection 5.07.1- Contractor Change Requests, containing,
      at a minimum, the information required to be included in a Contractor
      Change Proposal, as described in Section 5.06 – Contractor Change
      Proposal. (Énfasis en el original).
178 Vease Levy v. Aut. Edif. Púbs135 DPR 382, 384 (1994) Resolver que un

contratista pueda reclamarle al dueño de la obra los costos adicionales en los que
incurrió al cumplir las órdenes de cambio, a pesar de que pactó el precio de la
modificación, sería “[desvirtuar] la naturaleza del contrato de obras a precio alzado
y le concedería al contratista la facultad de renegociar los términos del contrato que
pudo haber previsto, oportunamente, al momento de contratar 178”.
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desde al menos mayo de 2006 $962,768.95. La concesión de

intereses la discutiremos más adelante.

                                    -C-

   Por estar estrechamente relacionados, el segundo y tercer

señalamiento de error del recurso KLAN202200633 serán

discutidos de forma conjunta, al igual que lo hicieran LPC&D y las

Fiadoras. En esencia, aducen que erró el TPI al dictar la Sentencia

en la cual acogió el Informe del Comisionado y condenó a LPC&D y

las Fiadoras a pagar a Soletanche por las reclamaciones sin tomar

en cuenta la cláusula sobre “pay if paid” y “pay when paid”

contenida en el subcontrato.

       Sobre la reclamación de Soletanche por trabajos requeridos

por las especificaciones, pero no pagadas o ni aprobadas por la AAA,

particularmente por lo retenido y la instalación de las columnas de

piedra a través de la plataforma de trabajo, LPC&D adujo que bajo

la cláusula de “pay when paid” expresa en el subcontrato LPC&D

venía obligada a pagar a Soletanche dentro de los 7 días de la AAA

haber pagado a LPC&D, pero no más tarde de los 60 días de la AAA

haber aprobado para pago la certificación para pago de LPC&D179

conteniendo los trabajos facturados por Soletanche. Afirmó que la

intención de las partes respecto a dicha cláusula era que LPC&D

pagara a Soletanche solo de recibir el pago de la AAA, siempre y

cuando la causa de la falta de pago por la AAA a LPC&D no fuera

atribuible a LPC&D.

       En cuanto a las reclamaciones por condiciones de suelo

distintas a las anticipadas, a saber, las reclamaciones por el cambio

en el criterio de compactación de la piedra de las columnas, la

detención en la instalación de las columnas de piedra y la

179 Véase Ap., pág. 641; Informe Conferencia con Antelación a Juicio, febrero
2015, estipulación de hecho 38.
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reclamación por los turnos estériles o detenidos, LPC&D arguyó que

el subcontrato contenía una cláusula de “pay if paid” o relevo a

LPC&D de tener que responder a Soletanche por las mismas, salvo

que la AAA pagara a LPC&D por ellas.

       En este caso, estamos ante una cadena de contratación. La

AAA es la dueña de la obra, quien contrató a LPC&D como

contratista principal del Proyecto, y Soletanche es subcontratada

por LPC&D. Al examinar los contratos, se desprende que Soletanche

y LPC&D, en efecto, pactaron una cláusula sobre los términos

específicos sobre pago180.

       Luego de examinar el contenido del contrato entre LPC&D y

Soletanche, determinamos que las cláusulas son claras y establecen

una    obligación      de    pago    directa     a   favor    de    Soletanche,

independientemente del cobro de LPC&D a la AAA. Asimismo,

destacamos que la sección 6.23.3 de las condiciones generales del

contrato entre la AAA y LPC&D dispone que la AAA no tendrá

ninguna obligación de pagar o de velar por el pago de ningún dinero

180 Véase Ap., págs. 2677 y 2680; Informe del Comisionado, determinación de
hechos 90.
Item 02 & 03: Monthly invoiced. Payment shall be made monthly on estimate of
completed work. Payment shall be received within 7 days after PRASA payment
but no more than 60 days after approval of application from the Soletanche’s
invoice. The period of approval will be of a maximum of 10 days. If LPC & D did
not pay on the due date as defined above (total of 77 days of Soletanche’s invoice
presentation) Soletanche has the right to stop the works.

[…]

Payment Terms: Progress payments will be submitted monthly and shall be
payable within the maximum delay established in the Schedule of Prices above.

All the other amount due, including retention (if any), will be paid in full within
90 days of substantial completion date.

An interest rate as established in the contract between LPC&D, Inc. and PRASA
will be added to invoice amounts not paid within 77 days from date of invoice. All
costs of collection, including attorneys’ fees and court costs, will be added to
unpaid invoice amount.

Changed Conditions: Notwithstanding all clauses of this contract, if
SOLETANCHE INC., during its work, encounters 1) subsurface or latent physical
conditions which differ from those indicated in this Agreement, or 2) unknown
physical conditions of an unusual nature, differing from those ordinarily
encountered, then LPC&D Inc. shall collaborate with SOLETANCHE INC. to
recover from PRASA an equitable price and schedule adjustment to compensate
for such changed condition.
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a ningún subcontratista o sub-subcontratistas, excepto que la ley

exija lo contrario181.

       Las determinaciones de hechos que surgen del Informe del

Comisionado relacionadas con el subcontrato establecen lo

siguiente:

       91. El subcontrato estipula que el sitio de trabajo (“site”)
           tiene que ser nivelado y accesible para Soletanche, lo que
           podría requerir la adición de relleno para una plataforma
           estable
           […]

       93. El subcontrato dispone que, durante el periodo de
           prueba de las columnas de piedra, Soletanche puede
           continuar instalando las columnas de piedra al
           espacimiento de 2.5 metros en áreas permitidas por el
           Ingeniero, mientras se determina y decida el
           espaciamiento final requerido las metas de diseño […]

       94. El subcontrato estipula que la instalación de las
           columnas de piedras aflojara y mezclara el despojo
           generado con el relleno instalado en la plataforma de
           trabajo    hasta     tres    pies    de     profundidad.
           Consecuentemente se estipulo que, y LPC&D asumió la
           obligación en el imperativo de reparar a su costo el daño
           que sufra la plataforma […]

       95. El subcontrato dispone que la piedra, grava y arena para
           hacer las columnas de piedra seria suplida por LPC&D
           […]

       96. El subcontrato estipula para Soletanche ejecutar la obra
           será de seis a ocho meses, aunque Soletanche planifico
           completar sus trabajos tempranos, esto, es en seis
           meses. Así mismo estipula que Soletanche trabajara dos
           turnos al día y que el tiempo de ejecución excluye
           movilización, desmovilización e interrupciones por las
           inclemencias del tiempo o clima […]El subcontrato entre
           Soletanche y LPC^D estipula que se añadirán a las
           facturas y adeudos a Soletanche bajo el subcontrato
           todos los costos y honorarios de abogado que Soletanche
           incurra […]

       97. LPC&D cobró el trabajo certificado por Soletanche y
           aprobado por CSA, y la AAA. El retenido de Soletanche
           fue parcialmente pagado (principal adeudado a
           Soletnache en retenido y certificaciones al año 2006 es
           de $969,720.74 […]

       98. El subcontrato estipulo que Soletanche realizaría su
           trabajo de manera no interrumpida durante horas
           regulares de trabajo (“regular working hours”, de lunes
           a sábado, 24 horas al día.

       99. LPC&D y Soletanche anticiparon y pactaron que
           Soletanche realizaría los trabajos en cuatro turnos

181 Véase, App 3519. Subsection 6.23.3 “PRASA shall not have any obligation to

pay or to see to the payment of any monies to any Subcontractor, or Sub-
Subcontractors except as may otherwise be required by law.” Véase Art. 1489
Código Civil 1930.
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           largos al día, o sea, de 12 horas cada uno, uno nocturno
           y uno diurno, con dos aparejos por turnos, para un total
           de cuatro turnos largos de aparejo al día.

      100. El subcontrato establece que, si el trabajo de Soletanche
           se interrumpe por razones no atribuibles a Soletanche o
           a las inclemencias del tiempo y los equipos no se usan,
           Soletanche será compensada por daños líquidos a razón
           de $3,500.00 por turno de aparejo por la detención
           (“standby”) de la ganga o cuadrilla (“crew”) y el equipo.

           […]

       125. En agosto de 2005 LPC&D decidió dejar en sitio la
           plataforma de trabajo para que formase parte de la
           berma en forma permanente debido a que dicha
           plataforma se comportó excelentemente ante los trabajos
           ejecutados por Soletanche.

       Por lo antes expuesto, determinamos que es obligación de

LPC&D pagar a Soletanche, independientemente de que haya

cobrado o no de la AAA. Además, consideramos que las Fiadoras

son solidariamente del pago por trabajos requeridos por las

especificaciones, no pagadas (largo de columnas construidos e

instalados y no pagados)182.

       Entendemos que el TPI no abusó de su discreción al condenar

a LPC&D a pagar a Soletanche por las reclamaciones. Ante ello,

modificamos       en     cuanto    a    la   responsabilidad        de   pago,

entiéndase, le corresponde a LPC&D y sus fiadoras pagar por los

a) cobro de trabajo realizado y no pagado; b) cambios en los criterios

de compactación de la piedra, incrementando el diámetro de las

columnas; c) detención en la compactación de las puntas de arena

de los pilotes.

       Atenderemos en conjunto el cuarto, quinto, séptimo

señalamiento        de     error       presentado       en     el    recurso

KLAN202200633 por estar estrechamente relacionados. LPC&D y

las Fiadoras aducen que erró el foro primario al acoger el Informe

del Comisionado y declarar Con Lugar la reclamación de Soletanche

por turnos estériles o detenidos. Sostienen que los turnos de atraso

182 Véase discusión del error séptimo error presentado por LPC&D y las Fiadoras

en el recurso de apelación KLAN202200633.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

reclamados por Soletanche en la demanda son improcedentes

debido a que Soletanche no tuvo turnos estériles o estáticos, sino

que computó mal el presunto atraso al no considerar tiempos sin

producción que le son atribuible a este y tiempos de producción

cuya compensación está incluida en la reclamación por los metros

lineales de columnas de piedra a través de la plataforma de trabajo.

       Además, el TPI incidió al no reducir las cuantías adjudicadas

a Soletanche por sus reclamaciones por turnos detenidos y no tomar

en cuenta la cláusula de daños líquidos pactada en el subcontrato.

Sostienen que el foro primario otorgó cantidades adicionales en

contra del daño líquido pactado. Asimismo, reiteran que el TPI

incidió al dictar la Sentencia acogiendo el Informe del Comisionado

y condenar a las Fiadoras a pagar a Soletanche por las

reclamaciones de Soletanche por daños por los atrasos en el

Proyecto, las cuales no son por mano de obra o materiales puestos

por Soletanche en el Proyecto.

       Surge del expediente que en varias ocasiones Soletanche

estuvo sustancialmente paralizado183. Sobre ese particular damos

deferencia al Informe del Comisionado. Además, al revisar el

subcontrato entre Soletanche y LPC&D establece que las partes

pactaron lo siguiente:

       Progression of the work: Soletanche Inc.’s proposal is based
       upon carrying out the work in an unobstructed manner
       during regular working hours, Monday through Saturday, 24
       hours per day, in a single uninterrupted visit to the site.
       Soletanche Inc.’s reserve the right to work overtime or
       weekend at Soletanche Inc.’s discretion without incurring
       charges for inspections, site overhead or the other
       consequential charges184.

       Sin embargo, en las Condiciones Generales AAA y LPC&D

pactaron lo siguiente:

       Art. 6 Prosecution of Work
       Section 6.01- Regular Work Hours

183 Véase Ap., págs. 1257-1281; Determinaciones de hecho 190, 150, 121, 129.
184 Véase Ap., pág. 2678.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

       All Work at the site shall be performed during regular
       working hours. Contractor shall not perform Work on
       Saturday, Sunday, or any legal holiday except when 1) it is
       clearly indicated in the approved construction plan and
       schedule, 2) it is required for safety reasons, for the
       protection of life, property or for the protection of the Work.
       Contractor shall notify PRASA’s Representative immediately
       when a situation described in 2) herein occurs185.

       Así pues, LPC&D conocía de antemano al otorgamiento del

contrato con Soletanche, las restricciones establecidas por el dueño

de la obra, la AAA, y era previsible que ocurriesen los turnos estériles

o merma de producción. Por tanto, LPC&D no puede pretender

desligarse de su comportamiento ni de su obligación contractual186,

ante ello, determinamos que LPC&D no actuó con las manos limpias

al argumentar que Soletanche ocasionó el tiempo de atraso. El

cuarto no error fue cometido en cuanto a LPC&D. Referente a las

Fiadoras se discutirá más adelante. 187.

       Ahora bien, en el quinto señalamiento de error, LPC&D y las

Fiadoras exponen que el subcontrato entre Soletanche y LPC&D, se

estableció una compensación por daños líquidos a favor de

Soletanche por la suma de $3,500.00 por día de retraso por aparejo

de perforación188. Por otro lado, en el séptimo señalamiento de error,

LPC&D y las Fiadoras indican que incidió el TPI al dictar la

Sentencia acogiendo el Informe del Comisionado y condenar a las

Fiadoras a pagar a Soletanche por las reclamaciones de Soletanche

por daños por los atrasos en el Proyecto, las cuales no son por mano

de obra o materiales puestos por Soletanche en el Proyecto.

Aprovechamos para destacar que entre la AAA y Soletanche no

185 Véase Ap., pág. 2364.
186 El contrato de subcontratación le impone una obligación a LPC&D de pagar

daño líquido186 . Progression of the Work: […] In the event that SOLETANCHE
INC.’s work is interrupted for any reason beyond our control, weather excepted,
SOLETANCHE INC. shall be compensated at the rate off $3,500.00 per shift per
rig for standby of the crew and the equipment. […]”.
187 Véase discusión del error séptimo error presentado por LPC&D.
188 Véase Ap., pág. 2678. “Progression of the Work: […] In the event that

SOLETANCHE INC.’s work is interrupted for any reason beyond our control,
weather excepted, SOLETANCHE INC. shall be compensated at the rate off
$3,500.00 per shift per rig for standby of the crew and the equipment. […]”. Véase
además, Ap. pág. 1252; Informe del Comisionado, determinación de hechos 102.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

existía una relación contractual, por lo que tal cláusula sobre daños

líquidos no le crea obligación alguna a la AAA.

         Ciertamente     es   un   principio    cardinal     en    nuestro

ordenamiento jurídico que las obligaciones nacen de la ley, de los

contratos, cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos en que

intervenga cualquier género de culpa o negligencia, Art. 1042189. A

su vez, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de

ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de lo

pactado Art. 1044190. Cónsono con lo anterior el subcontrato tiene

una cláusula penal. El Art. 1106 del Código Civil dispone, en lo

pertinente, que “[e]n las obligaciones con cláusula penal, la pena

sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses

en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere

pactado” 191 . Los efectos de la cláusula penal sólo se producen

cuando se incumple con la obligación principal. El incumplimiento

total, parcial, defectuoso o tardío por parte del obligado activa la

conditio iuris que provoca la eficacia de la cláusula penal. La

cláusula penal cumple importantes funciones, tiene un fin

coercitivo, punitivo y liquidador de los daños y perjuicios que

represente192.

         En los casos en que existiere una cláusula penal, la pena

substituirá a la indemnización de daños y perjuicios y al abono de

intereses, salvo pacto en contrario193. En otras palabras, la cláusula

penal constituye los daños y perjuicios pactados. Colegimos que,

al existir la cláusula penal de daños líquidos, procede eliminar

la partida concedida de $1,251,218.30. Se modifica la sentencia

para establecer que el único responsable de pago bajo la cláusula

189 31 LPRA ant. sec. 2992.
190 31 LPRA ant. sec. 2994, Mercado Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627
(1997).
191 31 LPRA ant. sec. 3131.
192 R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 DPR 163, 169 -170 (1974).
193 Levitt & Sons of P.R., Inc. v. D.A.C.o., 105 DPR 184, 192 (1976).
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penal es LPC&D, determinamos excluir de pago de daños

líquidos y/o clausula penal a la AAA y las fiadoras. Se le ordena

al TPI realizar la aplicación y computo de la cláusula penal.

          Por otro lado, en cuanto al séptimo señalamiento de error, del

expediente apelativo se desprende que LPC&D gestionó y obtuvo la

emisión de fianza de pago y fianza de ejecución para la totalidad de

la obra que asciende a $103,632,270.00. La fianza de pago fue

emitida de forma solidaria por las Fiadoras bajo el número

08755115 el 16 de noviembre de 2004. Conforme a la estipulación

52 del Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, las partes

estipularon que:

          Conforme los requisitos del contrato LPC&D gestionó y
          obtuvo fianza de pago y ejecución de obra solidarias por la
          totalidad contratada con AAA. Las compañías de fianza de
          LPC&D son Zurich American Insurance Company, Fidelity
          Deposit Company of Maryland, XL Specialty Insurance
          Company y XL Reinsurance America Inc. Esas fianzas tienen
          el número 08755115 para el “Payment Bond” y son por la
          suma principal de $103,632,270.00 fechada[s] 16 de
          noviembre de 2004194.

          Mediante una fianza de pago, la fiadora le garantiza al dueño

de la obra que toda la labor y los materiales utilizados en el proyecto

serán pagados por la fiadora si el contratista general incumple195.

En el caso de autos, el Informe del Comisionado impone

responsabilidad de pago a las fiadoras. No obstante, y si bien es

cierto que se le da deferencia a la apreciación de la prueba y las

recomendaciones del Comisionado, en esta ocasión, debemos

intervenir por entender que se cometió error.

          No   cabe    duda    de    que    las   fiadoras    se   obligaron

contractualmente a un Performance Bond. A diferencia del

Payment Bond el Performance Bond “garantiza al dueño de la obra

que el contratista va a ejecutar el proyecto de acuerdo con el

194 Véase Ap., pág. 919.
195 Andamios   de Puerto Rico, Inc. v JPH Contractors Corporation, 179 DPR 503
(2010).
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contrato de construcción, o pagará los daños incurridos hasta el

límite de dinero establecido en la fianza” 196 . Por tanto,

determinamos que este error se cometió debido a que la única

reclamación de Soletanche relacionada con la labor y los materiales

utilizados en el proyecto son las alegaciones a) Largo de columnas

construidos e instalados y no pagados, b) cambios en los criterios

de compactación de la piedra, incrementando el diámetro de las

columnas; c) detención en la compactación de las puntas de arena

de los pilotes. La otra reclamación no está cubierta por el contrato

de fianza.

       Es por ello, por lo que modificamos la Sentencia apelada

para que especificar que sobre la partida de daños líquidos o

cláusula penal por retrasos, detención, etc. las Fiadoras no

responderán solidariamente, porque no se le puede imponer

responsabilidad u obligación a las fiadoras sobre las otras

alegaciones por no estar cubiertas en el contrato de fianza.

                                     -D-

       Atenderemos en conjunto todos los señalamientos de error

relacionados con temeridad e imposición del pago de honorarios.

LPC&D en su          sexto    señalamiento       de    error, del recurso

KLAN20220633. Esboza que el TPI erró al dictar la Sentencia

acogiendo el Informe del Comisionado y conceder a Soletanche sobre

$1.7 millones en honorarios de abogado sin tomar en cuenta el

carácter restrictivo del pacto entre LPC&D y Soletanche en el

subcontrato sobre el pago de honorarios de abogado y sin que

Soletanche sometiera en evidencia las facturas correspondientes a

más de $1.2 millones de los más de $1.7 millones reclamados por

Soletanche.

196 Véase, Aspectos a considerar en las distintas etapas de los proyectos de
construcción de obras públicas y mejoras permanentes, Folleto Informativo 2020,
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pág. 63.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                         65
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

      A su vez en el décimo           señalamiento       error, de la

KLAN20220633 LPC&D aduce que incidió el TPI al dictar la

Sentencia acogiendo el Informe y determinar que la AAA y CSA

fueron temerarios, pero no imponerles a estas pagar a LPC&D una

suma razonable por concepto de honorarios de abogados por

temeridad y, a su vez, al determinar que LPC&D y las Fiadoras

fueron temerarias por LPC&D haber formulado su reconvención

contra Soletanche.

      El 12 de agosto de 2022, CSA compareció acudió ante este

Tribunal mediante el recurso de Apelación con la designación

alfanumérica KLAN202200634. En el primer señalamiento de

error, CSA adujo que incidió el TPI al acoger, sin base en la prueba,

recomendaciones de determinaciones de hechos sugeridas por el

Comisionado Especial que resultan incongruentes y aluden a

actuaciones intencionales de CSA en perjuicio de terceros al ejecutar

funciones como Gerente de Construcción de Obra. Además, en su

segundo señalamiento de error de la KLAN20220634 que el foro

primario cometió error al acoger del Informe del Comisionado

Especial y concluir que CSA incurrió en temeridad.

      Asimismo, en el séptimo señalamiento de error, de la

KLAN20220643, la AAA expone que incidió el TPI al decretar la

temeridad de la AAA en la Sentencia apelada, adoptando la

recomendación infundada del Comisionado Especial en su Informe.

      Antes de expresarnos sobre la corrección o no del Informe del

Comisionado     y    la   Sentencia   impugnada     en     cuanto   la

responsabilidad sobre temeridad es indispensable examinar las

siguientes determinaciones de hechos:

      177. El Ingeniero Douglas Keil, testigo de LPC&D informo
      que concurre con la reclamación presentada por Soletanche,
      que únicamente prefería que la parte #4 de la reclamación
      sobre turnos pocos productivos fuese más sustanciada. El
      Ing. Keil concurre con la reclamación personal y
      profesionalmente. Keil 24 de marzo 2015-94-99/128; Keil 14
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       abril2015pags. 44- 50/49/61. Añade en su nota al calce #21
       Admisión de parte, Regla de Evidencia 803 (a) y (d). Dicha
       admisión para el Comisionado es importante para porciones
       ulteriores de este reporte, demuestra entereza en el verbo y
       conducta de LPC&D en el trámite durante de la obra y los
       reclamos.197

       211. […] CSA, luego de años de haber implantado
       modificación a los términos y especificaciones del contrato, y
       de haberse negado a pagar trabajo correctamente realizado,
       al final de las vistas, por voz del Ingeniero Fletcher finalmente
       admitio que siempre se supo que la plataforma de trabajo
       sería necesaria. Tal conducta es temeraria según el termino
       se define en la jurisprudencia. El propósito de la imposición
       de honorarios de abogado en caso de temeridad es establecer
       una penalidad a un litigante perdidoso que, por su
       terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una
       actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,
       innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e
       inconveniencias de un pleito”. Fernández v San Juan
       Cement, 118 DPR 713, 718 (1987), y Jarra Corp v Axxis
       Corp, 155 DPR 764 (2001).

       […]

             Esa ha sido la conducta de la AAA y de CSA en el
       proceso de este caso; temeraria.

        […]
              La AAA, CSA y LPC&D han actuado de forma
       temeraria, ello es un hecho. En cuanto a LPC&D su
       temeridad ha consistido en tramitar la reconvención contra
       Soletanche, desprovista de fundamento o evidencia alguna,
       cuando desde octubre de 2008 recupero lo que reclama
       contra Soletanche, y más por hechos que contradicen su
       reclamo a Soletanche. La consecuencia de la temeridad la
       establece la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil. […]198

       Temeridad:

       […]

           El Comisionado toma en consideración el trámite del
       caso, su complejidad, volumen, costo y que conforme el
       contrato, a Soletanche, se le reembolsan los honorarios
       anteriormente indicados [e] incurridos hasta el final de las
       vistas, aunque los mismos patentemente continúan y
       continuarán. Se declara la temeridad de la AAA y se
       recomienda la imposición de honorarios a ser pagados por la
       AAA y CSA a Soletanche conjuntamente por la suma de
       quinientos mil dólares. Se recomienda imposición de
       honorarios a ser pagados por la AAA a Soletanche
       conjuntamente por la suma de quinientos mil dólares. Las
       anteriores, son imposiciones independientes no recobrables
       contra otras partes199.

197 Véase Ap., pág. 1276.
198 Véase Ap., págs. 1290-1292.
199 Véase Ap., pág. 1316.
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       Según el Informe del Comisionado, los honorarios de abogado

incurridos por Soletanche hasta julio de 2015 se establecieron en

$1,220,216.29; más $558,991.62 facturado posterior a julio 2015,

para un total de $1,779,207.00. Se estableció que procede el pago

de honorarios de abogado reclamados por Soletanche por LPC&D y

las Fiadoras, quienes recobran las cuantías de la AAA por ser quien

presuntamente provocó el largo litigio.

       La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, rige la

imposición de los honorarios de abogado. La regla establece lo

siguiente:

       En caso de que cualquier parte o su abogado haya procedido
       con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
       su sentencia al responsable, el pago de una suma por
       concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda
       corresponda a tal conducta.
       Un tribunal deberá imponer una suma por los honorarios de
       abogado a una parte que, por sí o mediante su
       representación legal, haya actuado con temeridad o
       frivolidad. La conducta que amerita la imposición de los
       honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un
       pleito que se pudo evitar, o gestiones evitables200.

       La determinación de si una parte ha actuado o no con

temeridad descansa en la discreción del tribunal, por lo que el

Tribunal Supremo sólo intervendrá cuando surja de tal actuación

un claro abuso de discreción201. La jurisprudencia ha señalado los

siguientes actos como temerarios: “cuando el demandado contesta

la demanda y niega su responsabilidad total, aunque la acepte

posteriormente; cuando se defiende injustificadamente de la acción

que se presenta en su contra; cuando no admite francamente su

responsabilidad limitada o parcial, a pesar de creer que la única

razón que tiene para oponerse a la demanda es que la cuantía es

exagerada; cuando se arriesga a litigar un caso del que prima facie

200 Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989).

201 Andamios de Puerto Rico v JPH Contractors 179 DPR 503, (2010).
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se desprende su negligencia; o cuando niega un hecho que le consta

ser cierto202.”

       Según la doctrina de manos limpias, la persona que busca un

remedio no puede acudir al foro adecuado con mala fe o intenciones

deshonestas. En Puerto Rico, el Tribunal Supremo ha resuelto en

innumerables ocasiones que quien va en busca de equidad debe

tener las manos limpias203. Entendemos que el recurrente no actuó

con las manos limpias al continuar con la reconvención cuando esta

fue transada desde el 2008.

       Al analizar el expediente en su totalidad, concluimos que

LPC&D fue temeraria en la continuación de la tramitación de

las cuestiones alegadas en la Reconvención contra Soletanche

tal y como determinaron el Comisionado y el foro primario. Tras

examinar minuciosamente las alegaciones presentadas en la

Reconvención, colegimos que fueron transadas por medio del

Acuerdo entre LPC&D y AAA. Así pues, reiterar la Reconvención

inexistente es un acto temerario y frívolo por lo cual la imposición

de honorarios de abogados por temeridad contra LPC&D es un

ejercicio válido de sana discreción del TPI.

       No obstante, al evaluar las conclusiones en el Informe del

Comisionado sobre la imposición de temeridad a la AAA y CSA es

errada. No obra prueba que sustente esas determinaciones de

hechos ni conclusión de derecho. Tras examinar, las transcripciones

de las vitas en unión a todos los contratos204 relacionados con el rol

de CSA y la Ley Núm. 173 del 12 de agosto de 1988205, reiteramos

la doctrina jurídica referente a la interpretación de los contratos y

202 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 718-719.
203 Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19 (1971); Lassalle v. Valencia,

39 DPR 612 (1929); Núñez v. López, 62 DPR 567 (1943); Goffinet v. Polanco, 32
DPR 910 (1924).
204 Véase Ap., págs. 2315, 2113 y 3678.
205 20 LPRA secc. 711 et. seq.
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de conformidad con el Art. 1233 del Código Civil206, “[s]i los términos

de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas”. En todo

caso, las cláusulas de un contrato deben interpretarse de manera

integrada, buscando su verdadero sentido en la relación de unas

cláusulas con las otras del mismo instrumento. La interpretación

final debe ser cónsona con el principio de la buena fe y no llevar a

resultados incorrectos, absurdos e injustos para alguna de las

partes207.

       Así pues, las determinaciones del Comisionado sobre la

alegada conducta incorrecta de CSA se basan en una lectura

individualizada y polarizada de las cláusulas contractuales ni hubo

prueba de dolo e interferencia torticera. Ante ello, el primer y

segundo señalamiento de error del KLAN202200634 y el

séptimo señalamiento de error del KLAN20220643, fueron

cometidos. Resulta necesaria la intervención de este foro con el

ejercicio de dicha discreción porque colegimos que el Informe del

Comisionado incurrió en un craso abuso de discreción y actuó con

prejuicio o parcialidad.

       Por tanto, procede modificar la sentencia en cuanto a que

la AAA ni CSA fueron temerarios. En la situación de autos la

única que demostró temeridad fue LPC&D, las Fiadoras no

responden por esta partida. El lenguaje del contrato de fianza

es claro que las Fiadoras solo son responsable de las cuentas de

los materiales y mano de obra, nada más.

       Con relación al tercer error del KLAN20220634, CSA alega

que el TPI incidió al acoger del Informe del Comisionado Especial su

206 31 LPRA secc. 3471.
207 Guadalupe Solis v. González Durieux, 172 DPR 676, 685 (2007).
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recomendación de imponer a CSA el pago de forma conjunta de una

excesiva suma de honorarios de abogado por concepto de temeridad.

Además, en su quinto señalamiento de error, la AAA alega que

incidió el TPI al imponerle el pago de los honorarios de abogados del

subcontratista Soletanche, pactados por LPCD y Soletanche.

       El Informe del Comisionado y la Sentencia impugnada

imponen a la AAA la responsabilidad de pago por concepto de

honorarios a favor de Soletanche. Sin embargo, la única cláusula

relativa a pago de honorarios está contenida en el subcontrato de

Soletanche y LPC&D. Por lo tanto, no cabe duda de que, Soletanche

no tenía ningún vínculo contractual con la AAA208, así pues, como

ha determinado el Tribunal Supremo y consistentemente se ha

rechazado la aplicación de cualquier remedio en equidad, como el

enriquecimiento injusto, para indemnizar los daños sufridos por

una parte privada cuando no se han cumplido los requisitos de

contratación gubernamental 209 . Asimismo, bajo la doctrina de

contratación gubernamental el Tribunal Supremo ha determinado

que:

       La rigurosidad de estos preceptos responde al gran interés
       del Estado en promover una sana y recta administración
       pública, mediante la prevención del despilfarro, la
       corrupción   y     el amiguismo     en   la   contratación
       gubernamental .210

       Además, el Tribunal Supremo ha señalado que, debido a la
       mayor rigurosidad que gobierna la contratación con los
       municipios y las agencias de gobierno, “se presume que las
       partes que así contratan ya conocen la necesidad de
       conducirse de acuerdo con las especificaciones de la ley”211.

       Dicho     lo   anterior,    bajo   el   ordenamiento       jurídico   de

contratación gubernamental, es errada la imposición de pago de

honorarios por la AAA. En cuanto a la imposición de honorarios

208 Véase Ap., pág. 1238; Informe del Comisionado, determinación de hecho 41.
209 ALCO Corp. v. Municipio de Toa Alta, 183 DPR 530 (2011).
210 Las Marías v. Municipio de San Juan, 159 DPR 868, 875 (2003); CMI Hospital

v. Departamento de Salud, 171 DPR 313, 230 (2007).
211 Íd., pág. 321; Hatton v. Municipio de Ponce, 134 DPR 1001 (1994).
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contra CSA, tampoco procede porque la determinación de temeridad

del Informe del Comisionado o de la Sentencia impugnada fue

errada.

       Resolvemos que, la única parte responsable de los mismo es

LPC&D, por tener una cláusula relacionada con honorarios. Sin

embargo, el foro primario deberá determinar la cuantía de los

honorarios basado en la cláusula Progression of the Work establecida

en el subcontrato entre Soletanche y LPC&D.                  Se modifica la

sentencia para excluir del pago de honorarios a AAA y CSA y se

ordena     al   TPI    determinar       los    honorarios      conforme   al

subcontrato y el impuesto por temeridad contra LPC&D.

       En el octavo señalamiento de error, de la KLAN20220633

LPC&D arguyó que erró el TPI al dictar la Sentencia acogiendo el

Informe del Comisionado y denegar las reclamaciones de Soletanche

y LPC&D contra CSA bajo la teoría de que las acciones de la AAA

constituyeron una causa interventora que liberó a CSA de

responsabilidad.

       Si bien es cierto que se le da deferencia a la apreciación de la

prueba y las recomendaciones del Comisionado, en esta ocasión,

debemos intervenir por entender que se cometió error. Los hechos

determinados y probados establecen que CSA fue contratado por la

AAA para fungir como gerente de Proyecto. Toda comunicación en la

obra se estableció por conducto de CSA.

       Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de una

causa de acción por interferencia torticera con una relación

contractual 212 . Los elementos de dicha causa de acción son los

siguientes: (1) la existencia de una relación contractual con la cual

interfiera un tercero (si lo que se afecta es una expectativa o una

relación económica provechosa sin existir contrato, no procede la

212 Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 DPR 553 (1984).
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

acción); (2) debe mediar culpa, es decir, el tercero debe actuar

intencionalmente, con conocimiento de la existencia del contrato y

que, al interferir con éste, se causaría perjuicio; (3) la existencia de

un daño sufrido por el actor; y (4) un nexo causal entre el acto

culposo del tercero y el incumplimiento del contrato. Basta que el

tercero hubiera provocado o contribuido a la inejecución o

incumplimiento del contrato213.

       Examinado los elementos previamente mencionados con el

Informe del Comisionado, así como las transcripciones de las vistas,

no surge del expediente que demuestre una conducta o patrón

constitutiva a dolo o interferencia torticera. Por lo que la

determinación del Informe del Comisionado es errada, así como la

aplicación de la doctrina de causa interventora. El error fue

cometido por los fundamentos que explicamos anteriormente.

       Expuso LPC&D en su undécimo señalamiento de error del

KLAN20220633 que el TPI actuó incorrectamente al dictar la

Sentencia mediante la cual acogió el Informe sin corregir los errores

aritméticos contenidos en el mismo respecto a las cuantías

adjudicadas a favor de LPC&D.

       Según surge de la Resolución dictada el 14 de julio de 2022

por el TPI, “[s]e admite un error de forma por lo que procede declarar

Ha Lugar la solicitud de corrección del punto decimal en la página

89 del Informe del Comisionado, según dispone la Regla 49.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1. La suma debió ser

$132,816.00.” Corregido el numero por la Resolución del 14 de julio

de 2022, determinamos que este error no fue cometido.

       Por último, en el duodécimo señalamiento de error del

KLAN20220633, LPC&D argumentó que el TPI incidió al no hacer

213 Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 575-576 (2001); Dolphin Int´l of P.R.

v. Ryder Truck Lines, 127 DPR 869, 879 (1991).
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

justicia y aplicar la equidad, incluyendo la doctrina de rebus sic

stantibus, y resolver que, ante la aprobación de la Ley Núm. 3 del

2017 o cualquier ley similar aprobada posteriormente, LPC&D y las

Fiadoras no tienen que pagar suma alguna a Soletanche hasta tanto

la AAA no venga obligada a pagar las mismas a LPC&D o las

Fiadoras. En cuanto al duodécimo error, cabe destacar que no

fue argumentado ante el foro a quo, y con las modificaciones

que hemos determinado es innecesaria su atención214.

                                       -E-

       En el cuarto señalamiento de error del KLAN20220643, la

AAA alega que erró el TPI en la imposición de intereses presentencia

a una tasa equivocada y desde una fecha errónea. Adelantamos que

este error se cometió por el foro primario. Los únicos intereses que

forman parte integrante de la sentencia y pueden ser recobrados

aun cuando no se mencionen en la misma, son los que se devengan

a partir de la fecha en que ésta se dicta, porque deben ser

considerados automáticamente como parte de la sentencia, por

mandato de ley215. Así pues, la AAA tiene que pagar la reclamación

e) de la Demanda de Soletanche sobre trabajo certificado y adeudado

por la cuantía de $962,768.95 con los intereses a base de la Regla

44.3216. Referente a los pagos de intereses a pagar por LPC&D, sus

fiadoras (reclamaciones a, b, c y d, se ordena al TPI determinar los

intereses correspondientes conforme al contrato otorgado entre

214 En estos casos, nuestro Alto Foro ha resuelto que: …no se conocerá ni
resolverá ningún planteamiento que no hubiese sido presentado o dirimido por el
tribunal o agencia administrativa de cuya sentencia o resolución se haya
recurrido o apelado. Por otra parte, la jurisprudencia ha delineado otra norma
limitativa de nuestra capacidad de revisar decisiones de foros inferiores. La misma
recoge el principio de que el cometido de los tribunales apelativos se circunscribe
a considerar controversias que hayan sido planteadas o resueltas por el foro a
quo. En otras palabras, que no se conocerá ni resolverá ningún planteamiento que
no hubiese sido presentado o dirimido por el tribunal o agencia administrativa de
cuya sentencia o resolución se haya recurrido o apelado. Véase, Abengoa, S.A. v.
American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125
DPR 340, 351 (1990); Piovanetti v. Vivaldi, 80 DPR 108, 121-122 (1957); Autoridad
Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950).
215 Véase, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
216 Íd.
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Soletanche y LPC&D. En cuanto a los intereses por temeridad (b) el

TPI lo determinara a base de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento

Civil217.

                                       IV.

                                       -A-

       Corresponde ahora atender los casos KLAN202200726,

KLCE202201012 y KLCE202201013. En específico, LPC&D y las

Fiadoras, a través del recurso KLAN202200726, impugnan el

Memorando de Costas presentado por Soletanche y cuestionan la

validez de la Resolución emitida y notificada el 14 de julio de 2022

por el TPI. Por otro lado, la AAA, mediante los recursos de certiorari

KLCE202201012 y KLCE202201013, impugna tanto el Memorando

de Costas propuesto por LPC&D como el presentado por Soletanche.

Asimismo,      impugnó        la   validez   de   la   Resolución   recurrida

fundamentándose en una violación del debido proceso de ley.

Habiendo examinado minuciosamente el expediente que está ante

nuestra consideración nos disponemos a resolver.

       En primer lugar, procederemos a examinar los señalamientos

de error que cuestionan la validez de la Resolución emitida y

notificada el 14 de julio de 2022 por el TPI, la cual acogió los

memorandos de costas presentados en el caso de marras. Por un

lado, LPC&D alega que el TPI emitió su dictamen de imponerle el

pago de costas a favor de Soletanche en contravención con lo

estipulado por el Informe, el cual según LPC&D, lo eximió del pago

de costas en este pleito. De otra parte, la AAA plantea que el TPI erró

al emitir su determinación, alegando que el foro primario se

fundamentó en una resolución previa la cual fue declarada nula por

el Tribunal de Apelaciones, violándose así el debido proceso de ley.

217 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.
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KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

Sostenemos que ninguno de estos dos señalamientos de error se

cometió. Veamos.

         LPC&D aduce en su escrito que el Informe, el cual fue acogido

en su totalidad en la Sentencia del 6 de mayo de 2019, relevaba a

este peticionario del pago de costas. En específico, esta parte reseña

lo siguiente:

            Soletanche no será responsable por costas a parte
         alguna, ni por honorarios de abogado o ajuste o reducción al
         valor o contenido de la sentencia que en su favor se dicte.
         Tampoco lo son LPC&D ni CSA218.

         Empero, un panel hermano atendió una controversia

relacionada con el alcance de las determinaciones que podía hacer

el Comisionado en este mismo pleito. En aquella ocasión, este foro

apelativo resolvió que las labores del Comisionado cesaron una vez

se emitió la Sentencia de 6 de mayo de 2019 y concluyó que “el TPI

no puede delegar al Comisionado la adjudicación de mociones post

sentencia”219. Sabido es que la concesión de costas es un asunto

post sentencia, ya que su solicitud se hace a partir de la notificación

del archivo en autos de la sentencia. Por ende, la aludida instrucción

del Comisionado no es vinculante en cuanto a la consideración de

otorgar costas en esta controversia.

         De otra parte, tampoco es meritoria la contención de la AAA

en cuanto a que la Resolución recurrida es improcedente por tratarse

de un dictamen que, al fundamentarse en la Resolución del 10 de

diciembre de 2019, la cual según la AAA se determinó que era nula,

se le violentó el debido proceso de ley a este peticionario. Lo anterior

responde a lo que un panel hermano resolvió en una Sentencia del

28 de febrero de 2020. En aquel momento, este Tribunal de

Apelaciones concluyó que la notificación de la Resolución del 10

de diciembre de 2019 fue nula esbozando el siguiente fundamento:

218 Véase Ap., pág. 1318.
219   Véase el caso KLCE201901101, resuelto el 30 de septiembre de 2019, pág.13.
KLAN202200633, KLAN202200634, KLAN202200643                           76
KLAN202200726, KLCE202201012, KLCE202201013

           En fin, desde la fecha de la presentación de los tres
       recursos de apelaciones (KLAN201900932, KLAN201900933
       y KLAN201900934) ante este foro revisor, el 21 de agosto de
       2019, el Tribunal de Primera Instancia perdió jurisdicción
       para poder continuar con los procedimientos hasta tanto
       recibiera el mandato correspondiente. Como consecuencia,
       la notificación de la Resolución del 11 de diciembre de 2019
       resultó nula. El Tribunal de Primera Instancia debió
       aguardar al recibo del mandato emitido el 13 de diciembre
       de 2019 por este Tribunal de Apelaciones para actuar. Una
       vez el foro primario recibiera el mandato, procedía,
       entonces, notificar su determinación. Solo así,
       comenzarían a decursar los términos para presentar el
       recurso ante este foro revisor220. (Énfasis nuestro).

       Nótese que, en ningún momento este foro declaró nula la

referida Resolución en sus méritos, sino más bien, la aludida

determinación estuvo enfocada estrictamente en la notificación de

ese dictamen. La consecuencia de que se haya emitido una

notificación nula o defectuosa afecta el aspecto procesal del caso en

cuanto a al establecimiento de los términos para recurrir a un foro

apelativo, dado a la incertidumbre que se genera a la hora de tomar

en consideración los términos para acudir a un tribunal de mayor

jerarquía221. En vista del análisis que antecede, resolvemos que los

errores formulados tanto por LPC&D como la AAA en cuanto la

validez de la Resolución recurrida, no se cometieron por parte del

TPI.

                                   -B-

       El Memorando de Costas propuesto por Soletanche es objeto

de disputa tanto por parte de LPC&D y las fiadoras como por la AAA.

El aludido memorando fue declarado Ha Lugar por el foro a quo,

concediendo así todas las partidas solicitadas por la parte recurrida

en el caso de epígrafe. No obstante, a tenor con nuestra función

revisora, procederemos a evaluar si estas costas fueron concedidas

conforme a derecho. A continuación, examinaremos las partidas

solicitadas las cuales se desglosan de la siguiente manera:

220  Véase el caso KLAN202000036 Consolidado con KLAN202000037,
KLAN202000038, KLCE202000137 y KLCE202000139 en las págs. 15-16.
221 Plan Salud Union v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 723 (2011).
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          a) Fotocopias ($31,151.62)
          b) Emplazamientos Citaciones-Testigos Juicio y Deposición
               ($430.60)
          c) Sellos de Rentas Internas ($181.00)
          d) Costo de Investigación Electrónica ($5,422.15)
          e) Pago de honorarios al Comisionado Especial
               ($233,381.19)
          f)   Pago Honorarios al peritaje Incluyendo al contable
               ($76,426.00)
          g) Mensajería ($1,350.50)
          h) Faxes ($321.25)
          i)   Deposiciones, Transcripciones, comparecencias y
               sesiones ($5,532.91)
          j)   Taquígrafos ($20,526.72)
          k) AFDA ($10,373.22)
          l)   Fondos consignados en Corte por Orden ($504.00)
          m) Gastos Viaje a Deposición fuera de Puerto Rico
               ($6,232.68)
          n) Gastos de Viajes de Testigos fuera de Puerto Rico
               ($28,978.58)
          o) Peritaje estructura del subsuelo. ($10,000.00)222

          Guiándonos por los principios establecido por nuestro

ordenamiento jurídico en cuanto a la evaluación de la concesión de

costas las cuales deben ser necesarias, incurridas y razonables223,

evaluaremos las partidas precitadas. En torno a las cuantías

relacionadas con la Mensajería, Faxes y gastos en Fotocopias

nuestro más Alto Foro ha sido claro en que los “gastos de oficina

generales, necesarios para el ejercicio de la profesión de abogado,

no [son] recobrables como costas”224 (Énfasis suplido). De acuerdo

con la jurisprudencia, estos gastos incluyen servicio de mensajero,

servicio de fotocopias e incluso las partidas dirigidas a sufragar los

gastos de papel de copia para contestación a interrogatorio225. Claro

está, nuestro Máximo Foro también resolvió que son recobrables

como costa los gastos incurridos por las copias de un escrito de

222 Véase Ap., pág. 1819.
223 Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra.
224 Andino Nieves v. A.A.A., 123 DPR 712, 718 (1989).
225 Íd.
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apelación con sus respectivos legajos226. Sin embargo, es menester

nuestro destacar que esto es aplicable únicamente a gastos

relacionado con el litigio apelativo. En esta controversia, no consta

en el Memorando de Costas alguna descripción o explicación de

cómo se gastó esa cuantía proveniente de las fotocopias. Por tratarse

de gastos ordinarios de oficina, y no ofrecer un desglose detallado

que justificaran su concesión, no se aceptan los gastos por

concepto de fotocopias, mensajeros y faxes propuesto por

Soletanche.

       Referente a las partidas de Gastos Viaje a Deposición fuera de

Puerto Rico y Deposiciones, Transcripciones, comparecencias y

sesiones resolvemos que estas son improcedentes. El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]l gasto incurrido en

obtener deposiciones es recobrable si son necesarias, aunque no se

usen en las vistas del caso” 227 . En la controversia que está ante

nuestra     consideración,       no    se    nos   proveyó   copia   de   las

transcripciones de las mencionadas deposiciones. Tampoco se nos

justificó como etas deposiciones ayudaron a que Soletanche

prevaleciera en el pleito. Por no estar en posición para poder

justipreciar que tan necesarias fueron estas deposiciones para

probar el caso de Soletanche, resolvemos no conceder las partidas

solicitadas en cuanto a las deposiciones y los gastos incurridos

en viaje para la toma de estas. De igual manera, la partida

identificada como Costo de Investigación Electrónica carece de

explicación o fundamento alguno que justifique su recobro, por lo

cual resolvemos no concederla.

       Por otro lado, Soletanche reclama que se le pague las costas

por concepto de Gastos de Viajes de Testigos fuera de Puerto Rico.

226 Sanchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247, 254 (2006).
227 Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 78 (1967).
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Según se desprende de uno de los anejos 228 que acompañó el

Memorando de Costas de Soletanche las siguientes personas

viajaron para testificar a la vista y se incurrieron en los gastos aquí

ilustrado:

       a. Thomas Beggs ($22,978.57)
       b. Eloy Ramos ($2,5000.00)
       c. Juan Pallares ($2,000.00)
       d. Mark Plaskett ($2,000.00)

       Nuestro ordenamiento jurídico justifica el pago por conceptos

de costas en los casos de viajes a testigo cuando el testimonio de

estos no sea claramente innecesarios o superfluo229. Luego de una

exhaustiva evaluación del expediente determinamos lo siguiente: En

cuanto a los gastos de viaje relacionados a Thomas Beggs,

resolvemos no incluirlo a las partidas de costas solicitadas, dado

que esta persona ni tan siquiera fue testigo en el caso230. Por

otro lado, determinamos que tampoco proceden las costas en cuanto

a los testimonios de Eloy Ramos, Mark Plaskett y Juan Pallares.

Esto responde a que estos fueron testigos ordinarios de Soletanche,

los cuales, si bien ayudaron a sostener su caso, no son elegibles

para el repago de costas por su labor231. Por lo tanto, en cuanto a

estas partidas, resolvemos que no proceden.

       Habiendo establecido lo anterior, corresponde atender los

méritos de la solicitud de la concesión de costas por los peritos. En

su memorando, Soletanche, solicita que se repague los gastos

incurridos en dos peritos: el Dr. Fabian Kirsch y el CPA Jorge

Rodríguez Suarez. La normativa vigente en cuanto a la concesión de

este tipo de costas dispone que, a la hora de pasar juicio sobre la

procedencia de estos, tenemos que “evaluar su naturaleza y utilidad

228 Véase Ap., pág. 1823.
229 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nd ed., Publicaciones

JTS, 2011, T. IV, pág. 1292. Véase también Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra.
230Del Informe de Conferencia con Antelación al Juicio estipulado por las partes no

aparece el nombre de Thomas Beggs como testigo de parte. Véase Ap., págs. 648-
651.
231 San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 715 (1983).
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a la luz de los hechos particulares del caso ante [nuestra]

consideración, teniendo la parte que los reclama el deber de

demostrar que el testimonio pericial presentado era necesario para

que prevaleciera su teoría”232.

       Referente     al     trabajo   pericial    del   Dr.   Fabian     Kirsch

determinamos que la partida no procede, dado a que su

contribución en este pleito no fue usada en la vista para probar

el caso de Soletanche. En cambio, el testimonio del CPA Jorge

Rodríguez Suarez fue utilizado por el Comisionado Especial para el

cálculo de las cuantías reclamada por Soletanche, por lo cual su

participación fue significativa para probar el caso de esta parte. Por

este motivo, la concesión del pago de costas por los honorarios

de este último perito es razonables y por tanto procede.

       Corresponde determinar ahora, si el pago por la cuantía de

costas relacionados al pago de los honorarios al Comisionado

Especial es meritorio. Resolvemos en la afirmativa. En este caso, se

nombró     al   Lcdo.     Jorge   Jiménez        para   que   fungiera    como

Comisionado Especial por virtud de la Orden sobre Designación de

Comisionado Especial, emitida el 12 de julio de 2014 233 , la cual

oficializó su nombramiento y en la cual se estableció los términos

con respecto a sus honorarios. Igualmente se determinó que el pago

se dividiría en partes iguales por cada una de las partes en este

pleito234. Del expediente no se desprende objeción alguna en cuanto

a estas condiciones. Tampoco se presentaron reparos referentes a

estos gastos incurridos en el litigio. Siendo estos gastos necesarios

para la resolución del caso, se concede las costas solicitadas por

concepto a honorarios del Comisionado Especial. Aplicando el

anterior razonamiento, también son recobrables en costas, el

232 Maderas Tratadas v. Sun All., supra, pág. 935 citando a Rodríguez Cancel v.

A.E.E., 116 DPR 443, 461.
233 Véase Ap., pág. 553.
234 Véase Ap., pág. 554.
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pago del local donde se llevaron las vistas, un centro de la

fraternidad AFDA y el servicio de taquigrafía de las vistas. Lo

anterior responde a que, estos son gastos accesorios a la gestión del

Comisionado de los cuales todas las partes resultaron beneficiadas

y por tanto fueron necesarios para la resolución del caso235.

       Finalmente, los Fondos consignados en Corte por Orden

Emplazamientos Citaciones-Testigos Juicio y Deposición y Sellos de

Rentas Internas son partidas recobrables según la jurisprudencia

vigente236 por estos tratarse de gastos necesarios y razonables para

la tramitación del caso.

       En síntesis, luego de un análisis ponderado acorde con lo

establecido por nuestro ordenamiento jurídico, se concederán las

siguientes partidas por concepto de costas:

       a. Emplazamientos Citaciones-Testigos Juicio y Deposición
          ($430.60)
       b. Sellos de Rentas Internas ($181.00)
       c. Pago de honorarios al Comisionado Especial
          ($233,381.19)
       d. Pago Honorarios al peritaje Incluyendo al contable
          ($76,426.00)
       e. Taquígrafos ($20,526.72)
       f. AFDA ($10,373.22)
       g. Fondos consignados en Corte por Orden ($504.00)

       Todo esto totaliza la suma de $341,822.73, cantidad que

Soletanche podrá exigir por concepto de costas del litigio del caso de

epígrafe.

                                         -C-

       Por último, nos corresponde revisar el Memorando de Costas

presentado por LPC&D el cual está siendo cuestionado por la AAA.

No obstante, antes de entrar a evaluar la solicitud de costas

impugnada, debemos atender un planteamiento hecho por la AAA

con respecto a las fiadoras. La AAA nos trae ante nuestra

consideración un señalamiento de error relacionado a que el foro

235 Pereira v. I.B.E.C supra.
236 Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra.
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recurrido erró al declarar a lugar el Memorando de Costas a favor de

las cuatro (4) fiadoras, cuando estas no comparecieron en la

Demanda contra Coparte presentada por LPC&D la cual fue

declarada Ha Lugar por el Comisionado Especial. No obstante,

LPC&D aduce, que a pesar de que las fiadoras aparecen en la

comparecencia de su solicitud de costas, quien está haciendo la

reclamación del pago es LPC&D y así mismo se expresa en la

súplica. Siendo esto así, el planteamiento que nos trae AAA sobre

este asunto es irrelevante y por tanto concluimos que este error

relacionado a las fiadoras no se cometió.

      Resuelto lo anterior, nos resta por atender el Memorando de

Costas propuesto por LPC&D, el cual evaluaremos a tenor con la

modificación de la Sentencia apelada. Según indicamos, la Regla

44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, establece que se concederán

costas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia

en apelación o revisión. La parte victoriosa es aquella a cuyo favor

se resuelve una reclamación independiente, a los fines de esa

reclamación, aun cuando en el litigio se hayan acumulado otras

reclamaciones237. Colegimos, que siendo LPC&D la parte perdidosa

no le corresponden costas

                                        V.

       En síntesis, las modificaciones a la Sentencia apelada son las

siguientes:

       Soletanche recibirá la siguiente compensación de parte de
       LPC&D y sus fiadoras: pago del valor de las columnas dentro
       de la plataforma de trabajo construidas y no pagadas,
       $770,241.08, cambio de criterio en la instalación, máximo
       amperaje $1,249,630.00 y por la paralización al
       incorrectamente rechazarse la arena compactada en las
       columnas de piedra $314,777.50 para un total de
       $2,334,648.58. El TPI determinará el pago de intereses
       conforme con el subcontrato firmado por Soletanche y
       LPC&D.

       Solo LPC&D pagará el tiempo adicional en la obra causado
       por otros, incluyendo indecisiones, pruebas tardías,

237 J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992).
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      retrasos, detención ordenada por exigencias como equipo
      digital. Se le ordena al TPI determinar esta reclamación a
      base de la cláusula penal establecida en el subcontrato entre
      Soletanche y LPC&D, así como determinara el pago de
      intereses conforme con subcontrato firmado entre
      Soletanche y LPC&D.

      Solo LPC&D tiene que pagar por los honorarios de abogado
      y el TPI tiene que determinar la cuantía de los honorarios a
      base del subcontrato entre Soletanche y LPC&D. Además, el
      TPI determinará el pago de intereses conforme al subcontrato
      firmado entre Soletanche y LPC&D.

      La AAA pagará a Soletanche la cantidad de $969,720.74 por
      certificaciones adeudadas. Los intereses serán conforme con
      la Regla 44.3 (a) de Procedimiento Civil, supra.

      El Acuerdo Transaccional Parcial firmado por la AAA y LPC&D
      en el 2008 establece lo siguiente en su cláusula DOS, lo cual
      debe aplicarse por el TPI, a saber:

      LPCD y la AAA acuerdan que del tribunal en su día
      determinar que procede el pago de alguna suma a
      Soletanche por LPCD por concepto de reclamaciones de
      Soletanche en la Demanda y que a su vez AAA tenga que
      pagar a LPCD por concepto de tales reclamaciones de
      Soletanche y que medie una determinación judicial final
      de que la AAA fue responsable de los actos en que se basa
      el derecho de cobro de Soletanche, la AAA pagará a LPCD
      las sumas pagadas por LPCD a Soletanche sin los “mark
      ups” aplicables en conformidad con los términos del
      Contrato excepto: (i) que la AAA pagara a LPCD un seis por
      ciento (6%) por concepto de arbitrios, patentes, fianzas y
      seguros sobre toda partida que la AAA venga obligada a
      pagar bajo los incisos C, D y E de la segunda causa de acción
      de la Demanda de Coparte; y (ii) en el caso del inciso A y B
      de la segunda causa de acción de la Demanda de Coparte,
      en que la AAA pagara a LPCD al precio de la partida del
      contrato para dichos trabajos.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modifica la

Sentencia apelada y así modificada se confirma.

      En cuanto a la Resolución emitida y notificada el 14 de julio

de 2022 por el TPI, modificamos la determinación a los fines de

disponer que la cuantía concedida a favor de Soletanche por

concepto de costas es $341,822.73. En cuanto a la concesión de

costas a favor de LPC&D, se declara No Ha Lugar.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones