Court Opinion

ID: 9896814
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:21:36.917648+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:14.735786
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL IX

                                                Apelación
  GOBIERNO DE PUERTO                            procedente del
         RICO                                   Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala de
        Parte Apelada             KLAN202300691 San Juan

               v.                                       Civil núm.:
                                                        SJ2022CV02578
   ELIZABETH TORRES
    RODRÍGUEZ, en su                                    Sobre:
  capacidad oficial como                                Destitución
  delegada especial en la                               Delegada Especial
 Delegación Congresional                                Congresional
de Puerto Rico a la Cámara                              Arts. 8 y 12, Ley
  de Representantes del                                 Núm. 167-2020
 Congreso de los Estados
    Unidos de América

       Parte Apelante
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2023.

       Comparece ante nos, la señora Elizabeth Torres Rodríguez (en

adelante Torres Rodríguez) mediante recurso de Apelación y solicita

la revocación de la Sentencia emitida el 26 de junio de 2023, y

notificada en igual fecha por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan. En lo pertinente, el foro de primera instancia

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el

Gobierno de Puerto Rico y, consecuentemente, la señora Torres

Rodríguez quedó destituida como Delegada Especial o Delegada

Congresional de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes del

Congreso de los Estados Unidos, ante su incumplimiento con el

Artículo 12 de la Ley Núm. 167 de 30 de noviembre de 20201 (Ley

Núm.167-2020).

1 16 LPRA sec. 985 et seq., mejor conocida como la “Ley para Crear la Delegación

Congresional de Puerto Rico”.

Número Identificador
SEN2023________________
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       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

el estado de derecho aplicable, confirmamos el dictamen recurrido

por los siguientes fundamentos.

                                       I.

       El 3 de noviembre de 2020, se efectuaron las elecciones

generales, en las cuales se llevó a cabo un plebiscito sobre el estatus

político de Puerto Rico.      Al resultar favorecida la opción de la

estadidad, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas

legislativas con el fin de promover el resultado obtenido en dicho

plebiscito. Entre ellas, se aprobó la Ley Núm. 167-2020, supra, con

el propósito de realizar una elección especial, la cual estuvo abierta

a todos los electores hábiles de Puerto Rico, con la intención de

seleccionar a dos delegados especiales al Senado de los Estados

Unidos,    y   cuatro    delegados    especiales   a   la   Cámara   de

Representantes de los Estados Unidos. Estos delegados tienen la

función principal de exigir al Congreso la admisión de Puerto Rico

como estado de los Estados Unidos, de conformidad con el resultado

obtenido en el plebiscito del 2020.

       A tenor, el 16 de mayo de 2021, se efectuó la aludida elección

especial para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico. La

señora Torres Rodríguez resultó electa delegada a la Cámara de

Representantes del Congreso de los Estados Unidos. El 1 de julio

de 2021, esta juramentó al cargo, obligándose así, a cumplir con los

deberes y responsabilidades del mismo, según dispone la ley.

       El 4 de abril de 2022, el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno),

representado por el Secretario de Justicia, presentó ante el Tribunal

de Primera Instancia (TPI) un Recurso Especial de Destitución de

Delegada Congresional contra la señora Torres Rodríguez, al amparo

de los Artículos 8 y 12 de la Ley Núm. 167-20202, supra, con el

2 16 LPRA sec. 985g y 985k.
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propósito de destituir a la señora Torres Rodríguez de su cargo como

delegada especial. En síntesis, el Gobierno afirmó que, desde su

juramentación, la señora Torres Rodríguez ha incumplido con los

deberes de su cargo, pues no ha realizado actos afirmativos ni

esfuerzos para exigir al Congreso federal que se respete y haga valer

el resultado del Plebiscito del año 2020 y se admita a Puerto Rico

como un estado de los Estados Unidos. El Gobierno arguyó que las

actuaciones y manifestaciones de la señora Torres Rodríguez, así

como lo expuesto en sus tres informes, demuestran un craso

incumplimiento con sus deberes y funciones según delimitadas por

la Ley Núm. 167-2020, supra.

       El 8 de abril de 2022, la señora Torres Rodríguez presentó

Moción Solicitando Desestimación de Recurso Especial.          En lo

pertinente, esbozó que el Gobierno pretende que los tribunales

pasen juicio sobre los actos o gestiones políticas que ésta ha

efectuado, con el fin de alcanzar la estadidad para Puerto Rico.

Adujo que, dicha determinación no correspondía a los tribunales,

por tratarse de una cuestión política que conlleva la abstención

judicial. Presentada la correspondiente oposición por el Gobierno, el

29 de abril de 2022, el TPI emitió una Sentencia declarando Ha

Lugar la desestimación solicitada por la señora Torres Rodríguez.

       Inconforme, el 27 de mayo de 2022, el Gobierno, a través de

la Oficina del Procurador General, presentó un recurso de Apelación

ante este foro intermedio (KLAN202200406). Luego de los trámites

de rigor, que resulta innecesario pormenorizar, el 21 de junio de

2022    dictamos   una   Sentencia   revocando   al   foro   primario.

Resolvimos que la controversia presentada era una justiciable,

puesto que no presentaba una cuestión política. En desacuerdo con

nuestra determinación, la señora Torres Rodríguez presentó un

recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el

cual fue denegado mediante Resolución de 4 de noviembre de 2022.
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Ante la denegación del Alto Foro, los lineamientos de nuestro

dictamen eran los que regían a las partes y al TPI, al momento de

entender en la controversia.

      Así las cosas, el 4 de mayo de 2023, la señora Torres

Rodríguez   presentó   ante    el   TPI   una   Moción Solicitando la

Desestimación por Violación a la Separación de Poderes y Vaguedad

del Estatuto. En síntesis, planteó los mismos asuntos discutidos y

resueltos por este foro apelativo el pasado 21 de junio de 20223. Al

día siguiente, 5 de mayo de 2023, el Gobierno presentó una “Moción

de Sentencia Sumaria”.        En la moción dispositiva, el Gobierno

circunscribió como asunto litigioso a determinar si la señora Torres

Rodríguez había cumplido con los deberes de su cargo al momento

de ser presentada la petición de destitución.

      En la solicitud de sentencia sumaria, el Gobierno propuso

dieciséis (16) hechos esenciales sobre los cuales adujo que no existía

controversia, que transcribimos a continuación:

      1. La señora Torres Rodríguez participó como candidata
      a delegada congresional en la elección especial
      celebrada el 16 de mayo de 2021, específicamente,
      como candidata a delegada especial en la Cámara de
      Representantes del Congreso de los Estados Unidos y
      resultó electa. Véase 16 LPRA §§ 985c y 985d; véase,
      además, ANEJO II, Entrada Núm. 1 de SUMAC-
      Certificación de la Comisión Estatal de Elecciones sobre
      resultado final del Escrutinio General para el cargo de
      Delegado Especial a la Cámara, emitida el 1 de junio de
      2021.

      2. El 1 de julio de 2021, la señora Torres Rodríguez
      juramentó al cargo de delegada congresional y comenzó
      en sus funciones. Véase ANEJO I A Entrada Núm. 13
      de SUMAC, 1er Informe Individual para el Pueblo de
      Puerto Rico: Al Rescate de la Estadidad, a la pág. 34.
      Según surge del 1er Informe Individual para el Pueblo de
      Puerto Rico: Al Rescate de la Estadidad publicado por la
      señora Torres Rodríguez, juramentó lo siguiente:

          Juro solemnemente que mantendré, apoyaré y
          defenderé la Constitución de los Estados Unidos
          y la Constitución y las leyes del Gobierno de
          Puerto Rico contra todo enemigo interior o
          exterior, que prestaré fidelidad y adhesión a las
          mismas; que defenderé el mandato del Pueblo de

3 KLAN202200406
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       Puerto Rico expresado en las urnas el pasado 3
       de noviembre de 2020 de exigir que Puerto Rico
       sea admitido como un Estado de Estados Unidos
       y que trabajaré activamente a tiempo completo
       durante el término del cargo para lograr ese fin;
       y que asumo esta obligación libremente y sin
       reserva mental ni propósito de evadirla; y que
       desempeñaré bien y fielmente los deberes del
       cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude
       Dios.

    3. Como delegada electa y conforme con la Ley Núm.
    167-2020, la señora Torres Rodríguez tiene dos deberes
    principales: (1) en representación de Puerto Rico, llevar
    a cabo gestiones dirigidas a defender activamente y a
    tiempo completo el mandato del Pueblo expresado el 3
    de noviembre de 2020 a los efectos de exigir (sic) “exigir
    al Congreso federal que Puerto Rico sea admitido como
    un Estado de Estados Unidos”; y (2) rendir un informe
    cada noventa (90) días que contenga sus gestiones para
    adelantar tal propósito. Véase Arts. 8 y 12 de la Ley
    Núm. 167-2020.

    4. La señora Torres Rodríguez publicó en la página web
    https://www.elitorrescongreso.com, los dos primeros
    informes y un video expresando que era su tercer
    informe, con el propósito de intentar cumplir con la Ley
    Núm. 167-2020. La publicación de dichos informes
    surge específicamente en el apartado “Informes para El
    Pueblo de PR”. Véase ANEJO A, Página de Inicio.

    5. El primer informe de 28 de septiembre de 2021 fue
    titulado por la señora Torres Rodríguez “Informe
    Individual para el Pueblo de Puerto Rico, Al rescate de la
    Estadidad[”] y cubre los primeros tres meses de su
    cargo (julio a septiembre de 2021). En las 204 páginas
    de ese informe no consta gestión alguna,
    independientemente de cuál sea, que haya realizado la
    señora Torres Rodríguez para cumplir con los fines de
    la Ley Núm. 167-2020. Solo consta que hizo actos
    preparatorios para ejercer sus funciones como
    delegada. Véase ANEJO I A [al] I E de Entrada Número
    13 de SUMAC, 1er Informe Individual para el Pueblo de
    Puerto Rico: Al Rescate de la Estadidad, págs. 1-204.

    6. Por el contrario, la señora Torres Rodríguez manifestó
    en su primer informe que “mantener viva la delegación
    es un acto de traición al pueblo” y catalogó a la
    delegación a la cual fue electa por el Pueblo de Puerto
    Rico para cumplir con la Ley Núm. 167-2020 como un
    “embeleco”. Véase ANEJO I A y I E de Entrada Núm. 13
    de SUMAC, 1er Informe Individual para el Pueblo de
    Puerto Rico: Al Rescate de la Estadidad, págs. 35 y 204.

    7. Asimismo, en el primer informe se concentró en
    criticar y rechazar el Plebiscito del 2020. En particular,
    expuso que esa “consulta fue un acto político
    desesperado para movilizar a los estadistas a acudir a
    las urnas”. Véase ANEJO I C de Entrada Núm. 13 de
    SUMAC, 1er Informe Individual para el Pueblo de Puerto
    Rico: Al Rescate de la Estadidad, pág. 139.
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    8. De otra parte, la señora Torres Rodríguez reconoció
    en su primer informe que exigir al Congreso hacer valer
    la voluntad del pueblo de Puerto Rico implica
    comparecer ante el Congreso, la Casa Blanca, agencias
    federales y tribunales para expresarse en relación con
    la admisión de Puerto Rico como un Estado de la Unión.
    Véase ANEJO I B de Entrada Número 13 de SUMAC,
    1er Informe Individual para el Pueblo de Puerto Rico: Al
    Rescate de la Estadidad, págs. 78. Igualmente, admitió
    que la tarea de un delegado congresional es que “esté
    de viaje por Washington D.C. tocando puertas,
    escribiendo cartas o pidiendo reuniones”. Véase ANEJO
    I E de Entrada Número 13 de SUMAC, 1er Informe
    Individual para el Pueblo de Puerto Rico: Al Rescate de la
    Estadidad, págs. 189. De la misma forma, reconoció
    que no veía “apropiado una reunión por Zoom con
    congresistas o staffers para atender un asunto de tal
    magnitud como el estatus de nuestra isla […]”. Véase
    ANEJO I C de Entrada Número 13 de SUMAC, 1er
    Informe Individual para el Pueblo de Puerto Rico: Al
    Rescate de la Estadidad, págs. 97.

    9. A pesar de lo antes señalado, la señora Torres
    Rodríguez en su primer informe expresó que “no hay
    nada que hacer en el Congreso. Si no tenemos nada que
    hacer en el Congreso, el propósito de la ley no puede ser
    cumplido. Y, si el propósito de la ley no puede ser
    cumplido, la existencia de la Delegación no tiene
    sentido”. Véase ANEJO I E de Entrada Número 13 de
    SUMAC, 1er Informe Individual para el Pueblo de Puerto
    Rico: Al Rescate de la Estadidad, págs. 189

    10. Asimismo, en la página 204 del referido primer
    informe, la señora Torres Rodríguez solicitó que se
    disuelva el organismo establecido en ley. En lo
    pertinente, esbozó específicamente lo siguiente:

       En nombre de ese sector del pueblo que,
       ilusionado igual que yo, esperanzado igual que
       yo, salió a las urnas a escoger seis delegados, le
       pido que disuelva este cuerpo. No existe en ley
       nada que justifique nuestra existencia ni el
       gasto que, mantenerla por tres años, conlleva.
       Demasiadas cosas se han hecho mal, es hora de
       enmendarlas. Empiece con nosotros.

    11. El segundo informe publicado en la página
    electrónica https://www.elizabethtorres.com/informes
    fue denominado 2do Informe Individual para el Pueblo
    de Puerto Rico: Al Rescate de la Estadidad. Este informe
    cubre el periodo de septiembre a diciembre de 2021 y
    consta de 104 páginas. En dicho escrito, en
    contravención con las obligaciones de la Ley Núm. 167-
    2020, tampoco consta, independientemente de cuál
    sea, algún acto o gestión realizada para cumplir con los
    deberes que le impone su cargo. Véase ANEJO IIA-IIC
    de Entrada Núm. 13 de SUMAC, 2do Informe Individual
    para el Pueblo de Puerto Rico: Al Rescate de la
    Estadidad.
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    12. De otro lado, en la página 80 del segundo informe,
    la señora Torres Rodríguez señaló que “ningún detalle
    sobre la estrategia a ejecutar y personas contactadas
    será ofrecido en esta etapa. Todo detalle y evidencia será
    presentado públicamente una vez culmine mi función
    como delegada”. Véase ANEJO IIC de Entrada Núm. 13
    de SUMAC, 2do Informe Individual para el Pueblo de
    Puerto Rico: Al Rescate de la Estadidad, pág. 80.

    13. Como tercer informe, la señora Torres Rodríguez
    decidió unilateralmente realizar un video que obra en la
    página web https://www.elizabethtorres.com/informe,
    titulado Tercer Informe | Los Pierluisi y Secuaces: Una
    Pandemia de Corruptos en el Gobierno. Al examinar
    dicho video, nuevamente, es forzoso concluir que la
    señora Torres Rodríguez tampoco realizó actos o
    gestiones para cumplir con su obligación de exigir al
    Congreso la admisión de Puerto Rico como estado. Al
    contrario, y acomodaticiamente, indicó de forma
    expresa que publicará esa información al final de su
    gestión como delegada. Véase ANEJO III, Entrada Núm.
    13 de SUMAC, Tercer Informe | Los Pierluisi y Secuaces:
    Una Pandemia de Corruptos en el Gobierno, (mins. 26:20
    - 26:30).

    14. En el video la señora Torres Rodríguez se concentró
    en “denunciar” una supuesta persecución política
    contra ella, realizando críticas a lideres políticos, lideres
    gubernamentales, partidos políticos y a los demás
    delegados especiales. En particular, en relación con el
    propósito de su supuesto informe, indicó que “[…]la
    persecución, que es la denuncia que hago en este
    informe; lo informo. Estoy informando una denuncia
    que estoy haciendo […]”. Véase ANEJO III, Entrada
    Núm. 13 de SUMAC, Tercer Informe| Los Pierluisi y
    Secuaces: Una Pandemia de Corruptos en el Gobierno,
    (mins. 27:00- 27:30).

    15. Asimismo, en el video expuso que como delegada
    tiene el deber de realizar gestiones adicionales y
    reconoció que eso último es lo que hace.
    Especificamente, indicó lo siguiente:

        Eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. En
        mi carácter de delegada, estoy abriéndole los
        ojos al pueblo, en Puerto Rico y fuera de Puerto
        Rico. En mi carácter de delegada, llevo al
        Congreso las quejas que yo entienda pertinente
        que afectan a este pueblo. Eso es lo que yo hago,
        en mi carácter de delegada. En mi carácter de
        delegada, me involucro en todo asunto que
        tenga que ver con la Constitución federal y la
        violación de derechos. Eso no lo está haciendo
        ninguno de los otros delegados, que lo que
        hacen es robarle al pueblo y engañarlos.

    16. La señora Torres Rodríguez obtiene su salario de los
    fondos públicos asignados a la Administración de
    Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus
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       siglas en inglés). Véase Art. 13 de la Ley Núm. 167-
       2020.4

       El 17 de mayo de 2023, la señora Torres Rodríguez presentó

Moción en Oposición a Sentencia Sumaria del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico y en Solicitud de Sentencia Sumaria. En resumen,

argumentó los mismos asuntos presentados en sus mociones de

desestimación del 8 de abril de 2022 y 4 de mayo de 2023. También

listó unos hechos que, según ella, derrotaban la solicitud de

sentencia sumaria del Gobierno. Nos llama la atención que en la

oposición a la sentencia sumaria y en solicitud de sentencia sumaria

a su favor, la señora Torres Rodríguez no incluyó determinaciones

de hechos esenciales que no estuvieran en controversia.

       Con fecha del 21 de junio de 2023, el Gobierno replicó

argumentando que la oposición de la señora Torres Rodríguez, entre

otras cosas, no cumplió con el estándar de la Regla 36 de las de

Procedimiento Civil.

       El TPI, luego del correspondiente análisis de los escritos

presentados, declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por

Violación a la Separación de Poderes y Vaguedad del Estatuto

presentada por la señora Torres Rodríguez. En el mismo dictamen,

declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el

Gobierno. En la Sentencia, el TPI formuló los siguientes veintiséis

(26) determinaciones de hechos esenciales incontrovertidos:

       1.    La señora Torres Rodríguez participó como
       candidata a delegada especial en la elección especial
       celebrada el 16 de mayo de 2021, específicamente,
       como candidata a delegada especial en la Cámara de
       Representantes del Congreso de los Estados Unidos y
       resultó electa.

       2.   El 1 de julio de 2021, la señora Torres Rodríguez
       juramentó al cargo de Delegada Congresional y
       comenzó en sus funciones.

       3.    El Primer Informe corresponde a los meses de
       julio a septiembre de 2021 y contiene los actos
       preparatorios a lo que serían sus funciones como

4 Subrayado, negrillas y notas al calce suprimidas.
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       delegada. Específicamente, se pueden encontrar estos
       actos preparatorios en las páginas 37-45, 49-50, 57-61,
       72-80, 92-95, 104-109, 119-124 y 132-138.

       4.     El Segundo Informe corresponde a los meses de
       julio a septiembre de 2021[5]. En este informe la
       Peticionada incluyó, en las páginas 78-81, las gestiones
       relacionadas a los meses de octubre a diciembre. La
       Señora Torres Rodríguez incluyó como gestiones lo
       siguiente: reuniones con puertorriqueños en otros
       estados; reuniones relacionadas a la iniciativa
       “Avanzando con Libertad”; conversaciones con líderes y
       ciudadanos que no militan en el Partido Nuevo
       Progresista para continuar la iniciativa “La estadidad
       desde la verdad”; discusión con miembros del “Think
       Tank”, manejo de redes sociales y entrevistas.

       5.    El Tercer Informe de la Sra. Elizabeth Torres fue
       presentado por medio de un video el cual tiene una
       duración de 1 hora y 70 segundos.

       6.     Inicia con la imagen de la Sra. Elizabeth Torres
       en un primer plano, dirigiéndose a la cámara. Inicia
       preguntándole al Gobernador de Puerto Rico sobre lo
       que ha hecho por la estadidad y expresando que es
       antiestadista y un líder de izquierda. Inmediatamente
       aparece una imagen que se trata de un collage de fotos
       de distintas figuras públicas del ambiente de la salud y
       política local. Aparece identificado como TERCER
       INFORME / POR: ELIZABETH TORRES/ DELEGADA
       CONGRESIONAL. Además, incluyó la frase LOS
       PIERLUISI Y SECUACES: UNA PANDEMIA DE
       CORRUPTOS EN EL GOBIERNO. Es de notar que, sobre
       el surtido de fotos, aparece de forma diagonal la palabra
       ASESINO. Inmediatamente inicia un montaje de
       diversos recortes de periódicos, en los que se muestran
       la imagen de la Sra. Torres y se escucha la voz de la
       periodista Ivonne Solla. Tratándose un informe
       periodístico de la Señora reportera y del periodista Luis
       Guardiola. Luego se integran imágenes y vídeos de otras
       fuentes periodísticas intercalando con recortes de notas
       periodísticas las que le incluye títulos que muestren su
       disgusto con la Ley y la elección de los Delegados
       Congresionales. Se puede observar que incluyó en el
       video algunas páginas sobre las gestiones que informó
       haber realizado durante el periodo comprendido en el
       primer y segundo Informe.

       7.     En los primeros 9 minutos aparecen múltiples
       fuentes periodísticas, entrevistas con diversos
       periodistas radiales e imágenes de reportajes de prensa
       escrita y digital. En todos, la imagen o figura principal
       es la Sra. Torres. Cuando expresa disgusto sobre el
       proceder de alguna figura de la política, proyecta la
       imagen de la persona o reportajes sobre incidentes
       ocurridos con éste. En todo momento ha expresado su
       malestar con la Ley de los Delegados Congresionales,

5 Según el Apéndice del recurso, a la página 499, el segundo informe incluye los

meses de septiembre a diciembre de 2021.
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    así como expresa críticas hacia varios miembros del
    Partido Nuevo Progresista.

    8.     En el minuto 9:35 se proyecta nuevamente la
    imagen que identifica el video como el Tercer Informe e
    inicia lo que será el Tercer Informe.

    9.     Empieza analizando la Ley Núm. 167. Expresa
    su disgusto por los comentarios de algunos
    funcionarios públicos del Gobierno de Puerto Rico con
    relación al segundo Informe. Expone sobre el uso que el
    resto de los Delegados le dan al dinero que obtienen y
    critica el que uno de los Delegados no cobra,
    argumentando sobre las razones detrás de dicha
    decisión de no cobrar salario. Nuevamente, repite
    asuntos que presentó en el segundo Informe.

    10. A partir del minuto 21, las críticas a ciertos
    funcionarios públicos incrementan tildándolos de
    corruptos o ladrones, etc. Los acusa de haber
    secuestrado y prostituido la estadidad y se han
    enriquecido vendiendo falsas expectativas. Sostiene que
    la Delegación no surtirá ningún efecto en favor del PNP.
    Que solamente la Sra. Torres le mostrará al Pueblo el
    fruto de su trabajo al final.

    11. En el minuto 26:30 expresa que en el Informe
    quiere denunciar la persecución política que tiene el
    Gobernador de Puerto Rico, el Secretario del Partido
    Nuevo Progresista y la Directora Ejecutiva de PRAFA
    contra la Sra. Torres. Argumenta que estos funcionarios
    no han parado de acusarla de no estar haciendo su
    trabajo.

    12. En el minuto 29:05 expone que ha hecho
    querellas ante el Secretario de Justicia contra los demás
    Delegados por no hacer su trabajo. Los tilda de grupitos
    de demócratas de quienes expresa que la odian por ser
    conservadora y por estar en contra de la perspectiva de
    género. Argumenta sobre una de las Delegadas y las
    columnas escritas en su contra.

    13. En el minuto 32:20 expresa que los Delegados
    actúan con pl[e]na autonomía y sostiene que le ha
    solicitado al Gobernador la disolución de la Delegación.
    Argumenta que los demás Delegados no hacen su
    trabajo, que la única que cumple con sus funciones es
    ella.

    14. En el minuto 35 y siguientes se dedica a expresar
    que la Delegación se hizo para repartir sueldos. Que la
    Ley no logrará sus objetivos. Expresa como fueron
    llamados cada uno de los Delegados para ofrecerles el
    trabajo de Delegado. Acusa de cometer actos de
    corrupción a los demás Delegados. Los tilda de una
    Delegación manchada, mancillada.

    15. En el minuto 36:53 intercaló los primeros 26
    segundos del video. Durante los siguientes minutos se
    dedica a criticar al Gobernador informando que no ha
    hecho nada por la estadidad. Expone que ninguno de
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    los demás Delegados han trabajado por la estadidad y
    los tilda de ir a pasear por Washington DC. Que la única
    que ha trabajado por la estadidad es ella, que lo puede
    hacer desde Puerto Rico y desde Washington pero a su
    tiempo y su manera, pero el Gobernador no lo puede
    saber porque todo lo que ella hace lo usan en su contra.
    Nuevamente, expresa que el Gobernador no ha hecho
    nada por la estadidad porque es de izquierda. Expone
    que, si el Gobernador no ha hecho nada por la
    estadidad, tampoco lo pueden hacer los Delegados
    porque no pueden ir por encima del Gobernador.

    16. Acusa al Gobernador de llevar una agenda en su
    contra porque la Sra. Torres le dice la verdad al Pueblo.

    17. A partir del minuto 40 se dedica a atacar la
    familia del Gobernador. Además, critica al Gobernador
    por darle dinero a las feministas. Critica a otros
    funcionarios públicos por la desaparición de niños y la
    alegada falta de atención a los maltratos de menores.
    Critica al Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
    por sus intenciones de nombrar jueces que pretenden
    bajar las penas a los agresores sexuales.

    18. En el minuto 45:16 menciona a la Autoridad de
    Puertos y Carreteras y el asunto de los mangles de
    Salinas.

    19. En el minuto 45:50 expresa: “y para terminar, el
    Covid 19”. Inmediatamente se proyecta un video con
    una imagen de un deportista en el suelo y se escucha
    una voz en inglés de múltiples reportajes sobre
    personas que han colapsado y que se alega fue a
    consecuencia de las vacunas. Se trata de 4 minutos de
    imágenes y videos de los grupos antivacunas. Incluye
    imágenes del Gobernador tildándolo de corrupto y
    asesino de niños. Lo acusa de seguir la agenda genocida
    del Presidente de los Estados Unidos que se trata de
    crear un Nuevo Orden Mundial. Lo acusa de haber
    utilizado a su “gente” de eliminarle información de sus
    redes sociales y de haberle cancelado la cuenta de
    Instagram.

    20. En el minuto 52:32 presenta una imagen de una
    actividad, el Puerto Rico Covid Summit, realizada el
    sábado 26 de marzo de 2022 en el Centro de
    Convenciones de San Sebastián con el Alcalde, Hon.
    Javier Jiménez. La actividad es sobre los efectos
    adversos de la vacuna. Expresa que en la actividad se
    expresó sobre los efectos de la vacuna del Covid 19.
    Integró el video que, sobre la actividad, el reportaje
    periodístico de Telemundo informó en el noticiero.
    Anunció que la actividad es para atender unos
    problemas de salud que algunas personas están
    presentando por la inoculación de la vacuna. Además,
    se hablará sobre la salud holística y el ámbito
    espiritual.

    21. En el minuto 56:05 inicia nuevamente la imagen
    de la Sra. Torres expresando que “no importa los trucos
    que ustedes hagan para sacarme de aquí porque en Ley
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      no lo pueden hacer, yo voy a seguir haciendo mi
      trabajo”. Acusa nuevamente al Gobernador y al
      Presidente de los Estados Unidos, de comprar los
      medios corporativos tradicionales. Nuevamente los tilda
      de asesinos por negarle la verdad al Pueblo por
      censurar los medios.

      22. Finaliza expresando que este es su tercer Informe.
      Que hará otro, informando las gestiones que ha
      realizado y que le importa muy poco lo que el
      Gobernador opine del mismo.

      23. En el minuto 57:40 aparece el video musical de la
      canción Welcome to the Revolution de Hi-Rez & Jimmy
      Levy.

      24. El tercer informe es una compilación de diversas
      fuentes periodísticas en las que, se recurre a videos,
      música, reportajes de televisión y entrevistas radiales.
      Procura resaltar su imagen como la única Delegada
      Congresional que se encuentra trabajando por la
      estadidad. Esto lo hace a través de múltiples y variadas
      críticas contra varios funcionarios públicos e incluso
      hacia los demás Delegados Congresionales.

      25. Durante el video la Sra. Torres no expresa qu[é]
      gestiones realizó durante los 90 días anteriores al
      mismo.

      26. No existe otro Informe, ya sea por escrito o
      mediante video que haya sido presentado como Tercer
      Informe.

      Luego de considerar las solicitudes de sentencia sumaria,

oposiciones y réplicas, y las determinaciones de hechos antes

mencionadas, el TPI precisó que la controversia se circunscribía a

determinar si los informes que entregó la señora Torres Rodríguez

cumplieron con el texto del Art. 12 de la Ley Núm. 167-2020. Al

respecto, concluyó que los primeros dos informes cumplieron con el

texto de la disposición legal; no así el Tercer Informe, que incumplió

con los requerimientos de ley, al no ofrecer el detalle de las gestiones

realizadas en los tres meses anteriores. Así pues, el TPI dictó la

Sentencia destituyendo a la señora Torres Rodríguez como Delegada

Especial o Delegada Congresional de Puerto Rico en la Cámara de

Representantes del Congreso de los Estados Unidos, ante su

incumplimiento con el Artículo 12 de la Ley Núm. 167-2020, supra.
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      Insatisfecha con el dictamen, el 10 de julio de 2023, la señora

Torres Rodríguez presentó una solicitud de reconsideración. En la

misma fecha, el TPI la atendió y la declaró No Ha Lugar.

      En desacuerdo con la determinación del TPI, la señora Torres

Rodríguez, presentó un recurso de Apelación y apuntó los siguientes

señalamientos de error:

      I.     ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL DESTITUIR A UNA FUNCIONARIA
             ELECTA POR EL VOTANTE DE MANERA SUMARIA
             SIN SEGUIR EL DEBIDO PROCESO DE LEY
             PROCESAL Y SUSTANTIVO.

      II.    ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL NO PERMITIRLE A LA APELANTE
             CONTESTAR LA DEMANDA, ESTABLECER SUS
             DEFENSAS, LLEVAR A CABO DESCUBRIMIENTO DE
             PRUEBA, INTERROGAR TESTIGOS EN JUICIO,
             TESTIFICAR A SU FAVOR EN CORTE ABIERTA,
             PRESENTAR PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIFICAL,
             PREVIO A DECRETAR POR SENTENCIA SU
             DESTITUCION SUMARIA.

      III.   ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL VIOLENTAR LA ESTRUCTURA DE
             SEPARACION DE PODERES AL ESTABLECER
             PARAMETROS,    CRITERIOS,   FACTORES    DE
             DESTITUCION DE LA APELANTE SIN ESTOS ESTAR
             DE MANERA EXPRESA Y LITERAL EN LA LEY
             ESPECIAL   DE   DELEGADOS,    EN   EFECTO,
             EJERCIENDO LA RAMA JUDICIAL EL PODER DE
             ENMENDAR LEYES Y PROCEDIMIENTOS QUE LE
             CORRESPONDEN A LA RAMA LEGISLATIVA DE
             GOBIERNO.

      IV.    ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL DESTITUIR A LA APELANTE AL NO
             AGRADARLE EL CONTENIDO DE LAS EXPRESIONES
             POLITICAS QUE ELLA HIZO AL AMPARO DE SU
             DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL TERCER
             INFORME, CONCLUYENDO QUE EL CONTENIDO
             CRITICO DEL INFORME NO CONSTITUIA UNA
             GESTION A FAVOR DE LA ESTADIDAD DENTRO DEL
             PROCESO     POLITICO   PARA   LOGARAR   LA
             ESTADIDAD.

      V.     ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL NO ANALIZAR EL EFECTO DEL
             PROCESO SUMARIO EN LOS INTERESES DE LOS
             VOTANTES QUE ELIGIERON A LA APELANTE
             MEDIANTE EL VOTO DIRECTO.

                                    II.

      El principio rector de las Reglas de Procedimiento Civil es

proveerle a las partes envueltas en un pleito legal, una solución

justa, rápida y económica en todo procedimiento. Regla 1 de
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1. El mecanismo de sentencia

sumaria provisto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R.36, hace viable este objetivo en aquellos casos en que surja de

forma clara que no existen controversias materiales de hechos que

requieren ventilarse en un juicio plenario y el derecho así lo permita.

      Conforme a la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra, se

dictará sentencia sumaria “si las alegaciones, deposiciones,

contestaciones e interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a

las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho

esencial y pertinente, y, además, si el derecho aplicable así lo

justifica”. A estos efectos, el foro judicial tiene la potestad para

disponer de asuntos pendientes sin la necesidad de celebrar un

juicio, esto debido a que lo que restaría sería aplicar el derecho a los

hechos no controvertidos. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR

288, 299 (2012).

      Es menester destacar, que solo procede dictar sentencia

sumaria cuando surge claramente que el promovido no puede

prevalecer y que el Tribunal cuenta con la verdad de todos los

hechos necesarios para poder resolver la controversia. Mejías et al.

v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299. Por lo tanto, no procede dictar

sentencia sumaria cuando no existe una clara certeza sobre todos

los hechos materiales en la controversia. Íd. Aun así, “[c]ualquier

duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia

sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que existe

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010).

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha establecido que se

considera como un hecho esencial y pertinente, aquel que “puede

afectar el resultado de la reclamación acorde con el derecho

sustantivo aplicable”. Íd., pág. 213. Dicho esto, para que proceda
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una moción de sentencia sumaria no tan solo se requiere que haya

una inexistencia de hechos en controversia, sino que también la

sentencia que dicte el foro judicial tiene que proceder conforme al

derecho sustantivo aplicable.

      En particular, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra,

permite que cualquier parte presente una moción, basada en

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. Al

solicitar dicho remedio, la parte que promueve la sentencia sumaria

“deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que no

existe controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea,

sobre ningún componente de la causa de acción”. Municipio de

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 310 (2013).

      Por su parte, el oponente a una solicitud de sentencia sumaria

no puede tomar una actitud pasiva y descansar en las aseveraciones

o negaciones consignadas en su alegación. Roldán Flores v. M.

Cuebas et al., 199 DPR 664, 677 (2018).        Por el contrario, esa

persona viene obligada a enfrentar la moción de su adversario de

forma tan detallada y especifica como lo ha hecho el promovente en

su solicitud puesto que, si incumple con lo antes mencionado, corre

el riesgo de que se dicte sentencia en su contra. SLG Zapata- Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). Específicamente, la Regla

36.3 de Procedimiento Civil, supra, expone los criterios que debe

cumplir la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.

      Al amparo de dicha regla, en la oposición a la solicitud de

sentencia sumaria el promovido debe, como parte de su carga,

desglosar los hechos sobre los que aduce que no existe controversia,

y, además para cada uno de ellos debe especificar la página o párrafo

de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que
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lo apoya. Asimismo, cabe destacar que, la Regla 36.5 de

Procedimiento Civil, supra, establece que las declaraciones juradas

para sostener u oponerse a una moción de sentencia sumaria que

contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen,

no tienen valor probatorio, por lo que son insuficientes para

demostrar la existencia de lo que allí se concluye.

       Según dispone el caso de Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,

supra, pág. 300 citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126

DPR 272, 280-281 (1990), “al evaluar una moción de sentencia

sumaria, los jueces no están limitados por los hechos o documentos

que se aduzcan en la solicitud, sino que deben considerar todos los

documentos en autos, sean o no parte de la solicitud de sentencia

sumaria de los cuales surjan admisiones hechas por las partes”.

       En síntesis, no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1)

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede.

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); Ramos Pérez v.

Univisión, supra, pág. 217. Además, no se debe adjudicar un caso

sumariamente     cuando    existe   controversia      sobre   elementos

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa. Íd. pág.

219.

       Ahora bien, conforme resuelto por el Tribunal Supremo en

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004), este foro apelativo

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia

al determinar si procede una sentencia sumaria. Sin embargo, el

Tribunal Supremo especifica que, al revisar la determinación de

primera instancia sólo podemos considerar los documentos que se
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presentaron ante el TPI. Íd. Lo anterior, debido a que “las partes no

pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o affidávits que

no fueron presentadas oportunamente en el foro de primera

instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos

nuevos por primera vez ante el foro apelativo”. Íd. Además, sólo

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma

correcta. Íd. Es decir, no podemos adjudicar los hechos materiales

y esenciales en disputa, ya que esta tarea le corresponde al Tribunal

de Primera Instancia. Íd.

      Por otro lado, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193

DPR 100, 118 (2015), el Tribunal Supremo estableció que al revisar

una determinación del foro primario en la que se concedió o denegó

una moción de sentencia sumaria debemos: (1) examinar de novo el

expediente; (2) revisar que la moción de sentencia sumaria y su

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y con los discutidos en SLG

Zapata-Rivera v. J. Montalvo, supra; (3) en el caso de una revisión de

una sentencia dictada sumariamente, debemos revisar si en

realidad existen hechos materiales en controversia, y de haberlos,

exponer concretamente cuáles están en controversia y cuáles no; y

(4) de encontrar que los hechos materiales no están en controversia,

debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el derecho. Véase, además, Rivera Matos, et al. v.

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020).

                                         III.

      Como cuestión umbral, la revisión del caso ante nos, está

estrechamente relacionada a nuestro dictamen del caso Gobierno de

Puerto   Rico   v   Elizabeth   Torres     Rodríguez,   KLAN202200406,

Sentencia del 21 de junio de 2022. Allí lo resuelto y ordenado al foro

primario fue, “…si, de conformidad con el lenguaje empleado en la
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Ley Núm. 167-2020, supra, la parte apelada ha cumplido con sus

deberes como delegada especial”.             En específico, ordenamos al

Tribunal de Primera Instancia dilucidar si la señora Torres

Rodríguez cumplió con someter sus informes, si dichos informes

fueron sometidos adecuadamente conforme el texto legislativo, si el

Gobernador está siendo notificado sobre las gestiones o actos

ejecutados, y si está trabajando activamente.                Al así resolver,

concluimos que los criterios antes mencionados eran totalmente

susceptibles de análisis por el foro primario, con el fin de determinar

si se violentó o no el estatuto en controversia.

       Por otro lado, y en la misma Sentencia también fueron

atendidos y resueltos todos los argumentos relacionados a la

cuestión política. Así las cosas, y luego de los trámites de rigor,

nuestro dictamen en el KLAN202200406 se convirtió en final, firme

y vinculante para el foro que atendería las controversias futuras. No

empece lo antes mencionado, en el recurso de Apelación que nos

ocupa, la señora Torres Rodríguez insiste que su caso es uno que

viola la separación de poderes. Lo anterior, ignorando que nuestro

Tribunal Supremo rechazó todos sus argumentos cuando denegó el

certiorari6.

       Con el marco de referencia antes expuesto, y estando en la

misma posición que el TPI al entender en una solicitud de sentencia

sumaria, luego de evaluar la totalidad del expediente apelativo,

resolvemos.

                                         IV.

       En su recurso, la señora Torres Rodríguez cuestiona la

Sentencia del foro primario que declaró ha lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por el Gobierno de Puerto Rico. Lo

anterior, con el efecto de destituir a la señora Torres Rodríguez como

6 Gobierno de Puerto Rico v. Elizabeth Torres Rodríguez CC-2022-0580, Resolución

del 14 de abril de 2023 y mandato del 18 de abril de 2023.
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Delegada Especial o Delegada Congresional de Puerto Rico en la

Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos,

ante el incumplimiento con el Artículo 12 de la Ley Núm. 167-2020,

supra. Según expresamos, y en virtud de la normativa antes

expuesta, debemos revisar de novo el reclamo sumario que instó el

Gobierno, la correspondiente oposición de la señora Torres

Rodríguez, junto a los respectivos anejos, para así evaluar el

dictamen impugnado.

      Primeramente, nos corresponde examinar si ambas partes

cumplieron con los requisitos de forma que exige la Regla 36, supra,

para luego examinar si existen hechos materiales en controversia

que impidan la adjudicación del caso sumariamente para después

aplicar y analizar el derecho aplicable.

      Según mencionado, los tribunales apelativos estamos en igual

posición que el foro sentenciador al revisar un petitorio sumario.

Conforme a la norma aplicable, quien se opone a que se declare con

lugar una solicitud de sentencia sumaria viene obligado a enfrentar

la moción de su adversario de forma tan detallada y específica como

lo ha hecho el promovente. Así, en su oposición, el promovido debe

puntualizar aquellos hechos propuestos que pretende controvertir y

hacer referencia a la prueba específica que sostiene su posición,

según exigido por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.

      La Moción de Sentencia Sumaria presentada por el Gobierno

ante el foro primario contiene una exposición breve de las

alegaciones de las partes, una relación de los asuntos en

controversia, el petitorio sumario del cual se solicitó se resolviera,

una relación organizada y puntual en párrafos numerados sobre los

hechos esenciales y pertinentes que no están en controversia, con

la documentación existente que los sustentan. Igualmente, incluyó

las razones para la procedencia del dictamen sumario a favor del
KLAN202300691                                                      20

Gobierno y el remedio a ser concedido7. Por lo anterior, concluimos

que la solicitud del Gobierno de Puerto Rico cumplió con los

requisitos estatutarios y jurisprudenciales exigidos por la Regla 36.3

de las de Procedimiento Civil, supra.

          En otro extremo, examinada la Moción en Oposición a la

Sentencia Sumaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en

Solicitud de Sentencia Sumaria radicada por la señora Torres

Rodríguez, ésta presenta incumplimientos insalvables con la Regla

36.3 de Procedimiento Civil. El escrito de la señora Torres Rodríguez

no contiene una exposición breve de las alegaciones, no establece

los asuntos en controversia; no expone una relación concisa y

organizada, con referencia a los párrafos enumerados por la parte

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre

en el expediente del Tribunal de Primera Instancia. Tampoco hace

mención alguna de los hechos materiales que no están en

controversia, ni presentó prueba documental o declaraciones

juradas que controvirtieran los hechos materiales propuestos por el

Gobierno. Igualmente, al ser la señora Torres Rodríguez proponente

de una petición de sentencia sumaria, le correspondía a ésta

enumerar los hechos esenciales y pertinentes, que, a su juicio, no

están en controversia, en párrafos separados y hacer referencia

específica a la prueba que apoya cada hecho propuesto y afirmado.

En fin, su escrito incumple los requisitos de forma exigidos en la

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. A su vez, al evaluar la

Moción en Oposición surge que la señora Torres Rodríguez no

7
    Véase Índice del Apéndice, Anejo XXI, págs. 103-140.
KLAN202300691                                                        21

controvirtió ninguno de los dieciséis hechos esenciales y pertinentes

esbozados por el Gobierno.

        Además, la señora Torres Rodríguez se limitó en su escrito en

oposición a establecer una lista de alegados hechos en controversia8.

Sin embargo, esta falló en controvertir los hechos esenciales y

pertinentes esbozados por el Gobierno en su Moción de Sentencia

Sumaria, con prueba admisible o declaraciones juradas. Dado a que

la señora Torres Rodríguez es la parte que presenta la oposición a la

moción de sentencia sumaria, tenía que rebatir los hechos sobre los

cuales alega que existe controversia con prueba admisible o

declaraciones juradas, pues el ordenamiento jurídico no permite

meras alegaciones para controvertir los hechos propuestos como no

controvertidos en una moción de sentencia sumaria.

        Específicamente, la señora Torres Rodríguez se limitó a incluir

una lista de aseveraciones bajo el título “Hechos sobre los que existe

Controversia” de siete (7) incisos numerados del 12 al 18.9         No

obstante, examinados por separado cada uno de los alegados hechos

en controversia, concluimos que ninguno constituye un hecho

esencial, ni pertinente que impedía que el foro primario adjudicara

el caso por la vía sumaria. Más bien, la señora Torres Rodríguez

alegó asuntos de derechos que fueron atendidos en nuestra

Sentencia del 21 de junio de 2023, la cual hoy es final y firme. De

modo que, contrario a lo que aduce la señora Torres Rodríguez, no

existe controversia sustancial sobre ellos.

        Por otro lado, en los párrafos 21 y 22 de la Oposición10, la

señora Torres Rodríguez incluyó una lista de hechos, los cuales

tampoco cumplen con los requisitos procesales y sustantivos

contenidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, ni los

8 Véase, Índice del Apéndice, Anejo X, págs. 62-63.
9 Íd.
10 Véase, Índice del Apéndice, Anejo X, págs. 64-65.
KLAN202300691                                                     22

criterios dispuestos por el Tribunal Supremo en SLG Zapata-Rivera

v. JF Montalvo, supra, al oponerse a una petición de sentencia

sumaria. En los párrafos 19 al 23 del mismo escrito, la señora Torres

Rodríguez mezcla hechos para intentar contestar y rebatir la Moción

de Sentencia Sumaria presentada por el Gobierno al amparo de la

Regla 36.3 (b) y, a su vez, trata justificar su propia solicitud de

sentencia sumaria.

      No obstante, de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, se

colige que, para que la contestación a una moción de sentencia

sumaria cumpla con el orden legal, se requiere que la parte que

desea tanto derrotar como establecer que un hecho está o no está

en controversia tiene que acreditarlo con prueba documental,

prueba admisible o una declaración jurada, relacionando cada

hecho con la prueba documental o la declaración jurada. Lo

anterior, no ocurrió en el escrito presentado por la señora Torres

Rodríguez, quien no derrotó los hechos esenciales y pertinentes

establecidos en la solicitud de sentencia sumaria del Gobierno, ni

pudo establecer cómo los hechos que propone en la petición de

sentencia sumaria a su favor son incontrovertidos.

      En resumen, la señora Torres Rodríguez no presentó, en su

contestación u oposición a la solicitud de sentencia sumaria del

Gobierno una relación concisa y organizada en la que hiciera

referencia a los párrafos enumerados de los hechos esenciales y

pertinentes que están controvertidos. Lo anterior, con indicación de

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como

de cualquier otro documento admisible en evidencia presentado en

el expediente del foro primario.
KLAN202300691                                                               23

       De otra parte, en la Moción en Oposición, en el párrafo 4 y en

la súplica11, la señora Torres Rodríguez solicitó que se dictara

Sentencia Sumaria a su favor. Sin embargo, el escrito no contiene

ninguno de los requisitos medulares regulados por la Regla 36.3 (a)

de las Reglas de Procedimiento Civil. Primero, el escrito carece de

una exposición breve de las alegaciones de las partes. Segundo, la

petición de sentencia sumaria de la señora Torres Rodríguez no

establece    de    manera     puntual      los   asuntos   litigiosos   o   en

controversia. Al contrario, el escrito de la señora Torres Rodríguez

establece como controversias asuntos que fueron atendidos en

nuestra Sentencia del 21 de junio de 202212. Lo anterior, ante el

hecho que la señora Torres Rodríguez insistía que operaba la

doctrina de “separación de poderes”. Tercero, el escrito carece de lo

primordial cuando se presenta una petición para que se dicte

sentencia sumaria a su favor, que es “una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba e admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal”.

       Por último, la señora Torres Rodríguez nunca estableció las

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia a su favor

hilvanando los hechos al amparo del derecho aplicable.                  Por el

contrario, la petición de sentencia sumaria de la señora Torres

Rodríguez apoya indirectamente la contención del Gobierno, al

intentar introducir gestiones las cuales no obran en sus tres

primeros informes. Adviértase, que la señora Torres Rodríguez, en

la declaración jurada que acompañó a la Oposición, admitió

11 Véase Índice del Apéndice, Anejo X, págs. 61 y 73.
12 KLAN202200406.
KLAN202300691                                                      24

diáfanamente lo siguiente: “que como parte de los requisitos para la

sentencia sumaria, incluyo gestiones adicionales como Delegada

electa durante el periodo de los primeros tres informes que redacté

y remití al Gobernador”. Estas gestiones, según representadas por

la señora Torres Rodríguez, tampoco estaban avaladas con alguna

prueba documental. Estas alegadas gestiones, al no ser parte de los

informes, resultaban inconsecuentes para el TPI al resolver el caso

sumariamente y ahora para nosotros en la etapa apelativa.

      Visto lo anterior, concluimos que el proceder del foro primario,

al resolver sumariamente a favor del Gobierno, fue una actuación

adecuada y avalada por la norma jurídica. Así las cosas, ahora

analizaremos los argumentos esbozados por la señora Torres

Rodríguez en su escrito de Apelación.

                               V.

      En el recurso de Apelación la señora Torres Rodríguez,

entiende que el TPI erró al destituirla de manera sumaria, siendo

ella una funcionaria electa, sin seguir el debido proceso de ley

procesal y sustantivo. Igualmente, señaló como error, que el foro

primario incidió al no permitirle contestar la demanda, establecer

sus defensas, llevar a cabo descubrimiento de prueba, interrogar

testigos en juicio, testificar a su favor en corte abierta y presentar

prueba documental y testifical. Al analizar el escrito de Apelación no

encontramos una discusión, ni fundamentos precisos de estos

primeros dos errores.    En su escrito la señora Torres Rodríguez

plasma su interpretación de la Ley Núm. 167-2020, supra, de

manera muy general; menciona que las actuaciones del Secretario

de Justicia son “actos políticos” en contra de la señora Torres

Rodríguez y argumenta también de forma muy general, premisas

constitucionales para establecer que ninguna persona será privada

de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley.           La
KLAN202300691                                                      25

redacción de estos argumentos, no nos convencen y mucho menos,

resultan persuasivos para revocar el dictamen recurrido.

      Una interpretación razonable de los argumentos de la señora

Torres Rodríguez parecen sugerir que el foro primario incidió al

resolver el pleito por la vía sumaria, debido a que la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por el Gobierno resultaba prematura,

toda vez que, aún no había contestado la demanda ni se había

llevado a cabo descubrimiento de prueba.

      En lo que respecta a la presentación de una solicitud de

sentencia sumaria por la parte que solicita un remedio, la Regla 36.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone que:

      Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier
      momento después de haber transcurrido veinte (20) días
      a partir de la fecha en que se emplaza la parte
      demandada, o después que la parte contraria le haya
      notificado una moción de sentencia sumaria, pero no
      más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha
      límite establecida por el tribunal para concluir el
      descubrimiento de prueba, presentar una moción
      fundada en declaraciones juradas o en aquella
      evidencia que demuestre la inexistencia de una
      controversia sustancial de hechos esenciales y
      pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia
      sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier
      parte de la reclamación solicitada.

      La Regla antes mencionada, reconoce dos instancias en las

que una parte que solicite un remedio puede presentar una solicitud

de sentencia sumaria, a saber: (1) después que la parte contraria le

haya notificado una moción de sentencia sumaria, o (2) después de

transcurridos veinte (20) días desde que la parte demandada fue

emplazada. En el presente caso, la señora Torres Rodríguez fue

emplazada el 5 de abril de 2022.       Por su parte, la Moción de

Sentencia Sumaria del Gobierno fue presentada el 5 de mayo de

2023. Por lo tanto, resulta evidente que, al momento en que se

presentó la Moción de Sentencia Sumaria, ya habían transcurrido

más de veinte (20) días desde que la parte apelante fue emplazada.
KLAN202300691                                                        26

Siendo así, no le asiste la razón a la señora Torres Rodríguez. La

Moción de Sentencia Sumaria del Gobierno fue oportuna.

      En cuanto al argumento referente al descubrimiento de

prueba, lo cierto es que las normas procesales concernientes a las

sentencias dictadas de manera sumaria contemplan que los

tribunales, en el ejercicio de su discreción podrían posponer la

evaluación de la adjudicación de una sentencia sumaria para que

las partes tengan una oportunidad razonable de efectuar un

descubrimiento de prueba, de ser necesario. Sin embargo, nada

impide que se dicte una sentencia sumaria previo o durante un

descubrimiento de prueba. Tampoco establece que no pueda ser

dictada hasta después de concluido un descubrimiento de prueba.

      De conformidad con la Regla 36 de Procedimiento Civil, una

solicitud de sentencia sumaria puede ser presentada por cualquier

parte en el pleito y en cualquier momento, a partir de la fecha en

que se emplaza a la parte demandada, pero no más tarde de los

treinta (30) días siguientes a la fecha establecida por el tribunal para

concluir el descubrimiento de prueba. Si al evaluar la moción de

sentencia sumaria, su oposición y la prueba documental sometida

se desprende que no existe controversia de hechos materiales, el

tribunal podrá dictar sentencia sumaria, si así procede en derecho.

Tal y como lo hizo el TPI en el presente caso. Por ello, no tiene mérito

el señalamiento de error relacionado con que la falta de

descubrimiento de prueba impedía que el foro primario dictara

sentencia sumaria a favor del Gobierno.

      La señora Torres Rodríguez también arguye que el foro

primario erró al destituirla por no agradarle el contenido de las

expresiones políticas que ésta hizo al amparo de su derecho a

libertad de expresión en el Tercer Informe, concluyendo que el

contenido crítico del informe no constituía una gestión a favor de la

estadidad dentro del proceso político para lograrla. A tales efectos,
KLAN202300691                                                           27

adujo que el foro primario "basó la determinación de destitución en

un criterio subjetivo de que gestiones alcanzan la estadidad". Según

la señora Torres Rodríguez, el foro apelado "[n]o acepta ni concibe

que esto se logra con las expresiones públicas y políticas de la

[a]pelante censurando la estrategia del Partido Nuevo Progresista

(PNP) para obtenerla, expresiones que están cobijadas por el derecho

a libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos". Sin embargo, entendemos que la Sentencia

aquí recurrida se distancia de tales argumentos, veamos.

        El Artículo 12 de la Ley 167-2020, supra, titulado Deberes de

los Delegados, establece lo siguiente:

        Luego de que sean certificados por la Comisión Estatal
        de Elecciones, los delegados comenzarán sus funciones
        el 1 de julio de 2021. Una vez comiencen sus funciones,
        los delegados presentarán un informe cada noventa (90)
        días sobre sus gestiones al Gobernador de Puerto Rico.
        El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso
        a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario
        de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para
        destituir     al  delegado    si  se   demuestra    su
        incumplimiento.

        En   la   Sentencia   apelada,   al   interpretar   la   precitada

disposición, el foro primario concluyó que "[l]a ley no establece

claramente los deberes de los delegados ante el Congreso de los

Estados Unidos, pero si establece un deber ante el Gobierno de

Puerto Rico. Todos los delegados están obligados a presentar un

informe, cada 90 días, al Gobernador de Puerto Rico, sobre las

gestiones que ha llevado a cabo durante ese término". Establecido

lo anterior, el foro primario analizó la prueba presentada por el

Gobierno para demostrar el incumplimiento de la señora Torres

Rodríguez, a saber: los primeros tres informes que la señora Torres

Rodríguez presentó sobre las gestiones que esta había llevado a

cabo.

        En cuanto al Primer Informe, el foro primario señaló que este

contiene los actos preparatorios a lo que serían las funciones como
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delegada de la señora Torres Rodríguez y determinó que estos se

deben considerar como gestiones según la ley. Al así concluir, el foro

apelado consignó lo siguiente:

       Debemos recordar que el texto de la ley no establece
       qué, específicamente, se debe considerar como una
       gestión y si esa gestión realizada fue efectiva para
       adelantar la admisión de Puerto Rico como estado de
       los Estados Unidos. Por lo tanto, el texto de la ley solo
       requiere que este Tribunal analice si se cumplió con el
       deber de emitir un informe en el cual se detallen las
       gestiones realizadas en los 3 meses anteriores.

       Concurrimos con el foro primario en que la Ley Núm. 167-

2020, supra, no establece específicamente qué se debe considerar

como una gestión y cuan suficiente o efectiva debe resultar la

misma. No obstante, no podemos dejar de señalar que, del primer

informe de 204 páginas13, solo 4 páginas listan de forma muy

general lo que se consideraron gestiones14. Las restantes 200

páginas, definitivamente         no    pueden        ser consideradas      como

gestiones dirigidas al objetivo de la Ley Núm.167-2020, supra.

Repasemos cómo fueron definidos los 12 capítulos del primer

informe: Carta al Lector del Pueblo que Represento; ¿Quién Soy?;

Introducción - Con la verdad todo, sin la verdad nada; La

Delegación/Pan y Circo -Sin Pie Ni Cabeza (Primera Parte);

Juramentación – “…contra todo enemigo interior y exterior…”; Lista

para la Batalla –“La Estadidad Desde La Calle”; La Delegación/Pan

y Circo -Ni reglamento interno ni plan en conjunto (Segunda Parte);

La Delegación/Pan y Circo -Cada uno por su lado. (Tercera Parte);

La Delegación/Pan y Circo –¿Dónde está estancada la Estadidad?

(Cuarta Parte); La Delegación/Pan y Circo -¿Partido o causa?

(Quinta Parte); La Estadidad: Una Formula Huérfana -Cronología de

la improvisación y la inobservancia (Sexta Parte); Ausencia de

13 Véase, Índice del Apéndice, págs. 295 a la 498.
14 La responsabilidad de radicar los informes comenzó a partir del 1 de julio de

2021, fecha en que juramentó la señora Elizabeth Torres Rodríguez. En cuanto a
listado de gestiones a partir de esa fecha, véase, Índice de Apéndice páginas 399,
400, 401 y 432.
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Realismo Político -El vaivén de los Congresistas. El contenido de la

mayoría de los capítulos antes mencionados, resultan ser un

catálogo de críticas, recortes de periódicos, e interpretaciones

sociales y legales y de rechazo al Plebiscito del 2020, por parte de la

señora Torres Rodríguez.

       Este primer informe concluye con una carta al Gobernador, y

entre críticas, la señora Torres Rodríguez le pidió que extinguiera la

delegación y citamos “…No existe en la ley nada que justifique

nuestra existencia ni el gasto que, mantenerla por tres años,

conlleva”15.      Igualmente le mencionó que “mantener viva la

delegación es un acto de traición al pueblo”.

       Visto lo anterior, resultan cuestionables las “gestiones” como

unas bona fide y en cumplimiento con la Ley Núm. 167-2020, supra,

cuando una de las Delegadas desea la disolución de la delegación y

la tilda como un “embeleco”.

       En cuanto al Segundo Informe, el foro primario concluyó que

este también cumplió con el texto del Artículo 12 de la Ley Núm.

167-2020, supra. Sin embargo, aclaró que "[n]o nos corresponde

determinar el quantum requerido para establecer qué gestiones son

legítimas o suficientes ni surge de la Ley que, además de incluir las

gestiones llevadas [a] cabo, se demuestre o se justifiquen dichas

gestiones como unas válidas para lograr los objetivos de la Ley"16.

       Este segundo informe, nos merece las mismas observaciones

que realizamos al anterior. Este consta de 104 páginas17, y solo 7

páginas listan de forma muy general gestiones que fueron realizadas

entre el 22 de septiembre al 28 de diciembre. Resaltamos que, a

diferencia del listado del primer informe, este segundo informe no

detalla fechas específicas, ni horas. Aquí los capítulos, son una

15 Véase Índice del Apéndice pág. 498.
16 Véase Índice del Apéndice, Anejo VI, pág. 29.
17 El informe indica como fechas: Septiembre - Diciembre 2021
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secuela de críticas del primer informe, que en nada adelantan los

objetivos de la Ley Núm. 167-2020, supra. Los capítulos fueron

titulados: Introducción -La gallinita de los huevos de oro; Primera

Parte-La mafia PNP y el monopolio de la estadidad: Persecución y

censura -Operativo “Silencien a esa mujer”; Segunda Parte: La mafia

PNP y el monopolio de la estadidad: Persecución y censura -

Operativo “Presionemos para que renuncie”; Tercera Parte: La mafia

PNP y el monopolio de la estadidad: Persecución y censura -El

Gobernador y la doble vara para los delegados de su “plancha”;

Cuarta Parte: ¿Por qué no renuncio?; Quinta Parte: Detalles de la

Ley 167 que todo ciudadano debe conocer-Renuncias, funciones,

sueldos, horarios y obligaciones; Sexta Parte: Resumen de Hallazgos

previos: El engaño PNP ¡Infórmate estadista!; Séptima Parte: Mis

gestiones como delegada -Mi compromiso con la estadidad supera

al partido; Octava Parte: Actualización y nuevos hallazgos -La

estadidad en manos del PNP jamás llegará.

      El segundo informe, igualmente concluye con una carta al

Gobernador, y entre críticas y denuncias, reitera que la delegación

congresional es un “embeleco”.

      Por último, en cuanto al Tercer Informe (video), tras analizarlo

en varias ocasiones, el foro primario concluyó que "este no incluye

ninguna gestión que llevó a cabo la [señora Torres Rodríguez] para

cumplir con el mandato de la Ley". A tales efectos, consignó lo

siguiente:

      [...] Nos parece importante expresar que esta
      determinación no se basa en las críticas que contiene el
      Tercer Informe sobre la Ley o sobre la labor de los demás
      delegados o cualquier otra. La Ley Núm. 167 no
      establece nada sobre las críticas, solo dispone que los
      informes que los delegados deben presentar al
      Gobernador cada 90 días deben incluir las gestiones
      que han llevado a cabo para cumplir con el propósito de
      la ley. El Tercer Informe presentado por la Señora
      Torres Rodríguez no cumple con el requerimiento de la
      ley. No podemos tomar como gestiones llevadas a cabo,
      las críticas hacia el Partido Nuevo Progresista, el
      Gobierno de Puerto Rico y diversos funcionarios, así
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       como al resto de los Delegados Especiales, cuando
       dichas críticas se llevan a cabo en el Informe que debe
       contener las gestiones realizadas. A tenor con lo
       dispuesto en la Ley 167, una crítica por sí sola, no
       puede ser considerada como una gestión, a menos que
       dicha crítica sea parte de una acción o trámite para
       cumplir con el llamado de la Ley y así se establezca en
       el Informe que mandata la Ley.

       Como hemos advertido anteriormente, la [señora Torres
       Rodríguez], en su informe, no incluyó las gestiones
       que llevó a cabo para cumplir con el propósito de la
       ley. Tan es así, que esta, al final del vídeo, informa que,
       en un futuro estaría sometiendo otro informe con las
       gestiones que realizó desde octubre de 2021 hasta
       diciembre de 2021. A pesar de eso, tal informe no se le
       ha presentado a este Tribunal. Este Tribunal le dio
       espacio a la Señora Torres Rodríguez para que analizara
       la prueba presentada por el Gobierno para constatar
       que se trataba del Informe correcto y estos no lo
       cuestionaron. Por lo tanto, debemos concluir que el
       Tercer Informe no cumple con los requerimientos que
       establece el Artículo 12 de la Ley para crear la
       Delegación Congresional de Puerto Rico, Ley Núm. 167.

       Así, pues, contrario a los argumentos de la señora Torres

Rodríguez, la determinación del foro primario al destituirla no

estuvo basada en la inconformidad del foro primario con el

contenido del tercer informe. Por el contrario, el foro primario fue

meridianamente claro en que la "determinación no se basa en las

críticas que contiene el Tercer Informe sobre la Ley o sobre la labor

de los demás delegados o cualquier otra" y reconoció que "[l]a Ley

Núm. 167 no establece nada sobre las críticas, solo dispone que los

informes que los delegados deben presentar al Gobernador cada 90

días deben incluir las gestiones que han llevado a cabo para cumplir

con el propósito de la ley".18 De hecho, los primeros dos informes

igualmente contienen críticas, pero aun así el foro apelado concluyó

que estos cumplían con el texto de la Ley 167-2020, pues incluían

algunas gestiones que la parte apelante llevó a cabo. Por ende, a

pesar de que los tres informes contienen críticas, la diferencia

estriba en que en el Tercer Informe la parte apelante simplemente

no incluyó ninguna gestión que llevó a cabo para cumplir con el

18 Véase Índice del Apéndice, Anejo VI, pág. 29.
KLAN202300691                                                      32

propósito de la ley durante el periodo cubierto por este. Por ende, el

error señalado no fue cometido.

      Por último, la señora Torres Rodríguez argumenta que el foro

primario erró al omitir analizar el efecto del proceso sumario, en los

intereses de los votantes que eligieron a la apelante mediante el voto

directo. Ese argumento es uno totalmente impertinente y su

discusión fue muy escueta. Reiteramos que ante nosotros está la

evaluación de la procedencia o no de la sentencia dictada

sumariamente.

                                  VI.

      En resumen, un examen de novo de los escritos mediante los

cuales se solicita la Sentencia Sumaria y su correspondiente

oposición, así como la evidencia que los apoyan, nos llevan a

confirmar al foro primario y a validar la destitución en controversia.

Lo anterior, por incumplir con el Art. 12 de la Ley Núm. 167, supra.

      Cabe reiterar que, en el recurso de Apelación ante nos, la

señora Torres Rodríguez nunca cuestionó la prueba del expediente

que apoyaba las determinaciones de hechos formuladas por el foro

primario, y mucho menos las controvirtió. Igualmente, concluimos

que en la Apelación, la señora Torres Rodríguez tampoco esbozó

planteamiento alguno a los efectos de que existen controversias de

hechos que impedían que el foro apelado dictara sentencia sumaria

a favor del Gobierno.

                                  VII.

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

dictada el 26 de junio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves concurre sin escrito.

El Juez Rivera Colón concurre con la siguiente expresión:
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    Concurro. Modificaría a los fines de discutir con detalle,
    el incumplimiento craso de los Informes 1 y 2 según lo
    establecido en el Artículo 12 de la Ley Núm. 167 de 30
    de noviembre de 2020 y así modificada confirmaría.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones