Court Opinion

ID: 9941516
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:38.186523+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.523688
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

     CARLOS RIVERA                                      REVISIÓN
        ROMÁN                                           ADMINISTRATIVA
                                                        procedente del
       Recurrente                                       Departamento de
                                KLRA202300661           Corrección y
             v.                                         Rehabilitación

 DEPARTAMENTO DE                                        Solicitud: ICG-1693-
   CORRECCIÓN Y                                         2023
  REHABILITACIÓN
                                                        Sobre: Orden Médica
        Recurrida                                       Entrega de Mattress

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo
                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

      Comparece por derecho propio la parte recurrente, Carlos

Rivera Román, para solicitarnos que se revise y revoque la

Resolución emitida el 30 de noviembre de 2023, notificada el 14 de

diciembre, por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

      Junto al recurso, el Recurrente acompañó una Declaración

en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma

Pauperis), suscrita y juramentada por el recurrente. En atención a

su    solicitud,     eximimos     al       Recurrente     de   presentar   el

correspondiente arancel de presentación y se autoriza litigar in

forma pauperis.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

confirma la Resolución apelada.

                                       I

      El recurrente es un confinado ubicado en la Institución

Correccional Guerrero 304 en Aguadilla, Puerto Rico. El 19 de

octubre de 2023, el recurrente presentó una Solicitud de Remedio

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLRA202300661                                                         2

Administrativo en la cual indicó que tenía una orden médica

expedida el 23 de agosto de 2023 para un “mattress” ortopédico y

que le había solicitado el mismo al Director Médico, Dr. Iván

Rosario Rosado. El 21 de noviembre de 2023, el Departamento de

Corrección y Rehabilitación respondió que, el 19 de octubre de

2023, se le informó al confinado que el “mattress” fue ordenado y

se encontraban en espera del mismo.

      Así las cosas, el 27 de noviembre de 2023, el recurrente

presentó   una     Solicitud   de   Reconsideración    expresando     su

inconformidad con la respuesta del Departamento de Corrección y

Rehabilitación. En particular, esgrimió que han transcurrido más

de tres (3) meses desde el pedido sin recibir el “mattress” y solicitó

que se le diera seguimiento a la orden médica debido a que el

“mattress” actual le complica los dolores de espalda baja por no

encontrarse   en     buenas     condiciones.   En     respuesta   a   la

reconsideración, el Departamento de Corrección y Rehabilitación

informó que el 20 de octubre de 2023 se ordenó el “mattress” a una

compañía externa y que los procesos se demoran, por lo que

llegaría el “mattress” ortopédico próximamente.

      Insatisfecho, el 19 de diciembre de 2023, recibida por este

Tribunal el 26 de diciembre de 2023, el recurrente presentó el

recurso de revisión administrativa ante nos con el siguiente

señalamiento de error:

      Primer Error – Los recursos administrativos ni la adm.
      de Corrección atendió correctamente el asunto
      planteado sobre la orden m[é]dica con [sic] la entrega
      del mattres [sic] ortopédico emitida el 8-23-2023, en
      Bayamón PR, por el fisiatra Dr. Julio Vázquez.

      Examinado el recurso en su totalidad y, en aras de lograr el

más justo y eficiente despacho, prescindimos del escrito de la parte

recurrida, según nos permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del
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Tribunal de Apelaciones1. Asimismo, procedemos a establecer el

derecho aplicable y resolver conforme a ello.

                                         II

A. Deferencia Administrativa

       El objetivo principal de la revisión judicial se enfoca en

garantizar que las agencias administrativas actúen conforme a las

facultades concedidas por ley.2 Constituye una norma reiterada

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales

apelativos deben conceder deferencia a las determinaciones de las

agencias     administrativas       por    la   experiencia   y   conocimiento

especializado que éstas poseen sobre los asuntos ante su

consideración y que por ley se les ha delegado.3 Por ello, las

determinaciones de las agencias administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben

respetar mientras que no se presente evidencia suficiente para

superarla o invalidarla.4

       La parte que impugna judicialmente una determinación de

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba

para demostrar que estas no están basadas en el expediente o que

las conclusiones a las que llegó son irrazonables.5 Conforme a lo

dispuesto en la sección 4.5 de la LPAU6, las determinaciones de

hechos de una agencia del Gobierno “se sostendrán si se

fundamentan en evidencia sustancial que obre en el expediente

administrativo.”7 A estos fines, el Tribunal Supremo ha establecido

que la evidencia sustancial es “aquella prueba relevante que una

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).
2 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; Oficina de Ética
Gubernamental v. Martínez Giraud, 209 DPR 79, 88 (2022).
3 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte.
Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626
(2016).
4 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).
5 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276–278 (2013); OCS v.

Universal, 187 DPR 164, 178–179 (2012).
6 3 LPRA sec. 2175.
7 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
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mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión”.8 Empero, la aceptación no puede estar sostenida por

un ligero destello de evidencia o por simples inferencias.9

       Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio

sobre la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de

la actuación de la agencia, luego de considerar el expediente

administrativo en su totalidad.10 Consecuentemente, la revisión

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de

discreción.11 De este modo, el alcance del proceso de revisión se

ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las

correctas.12

       Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en todos sus aspectos.13 No obstante, la revisión judicial

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación

del    organismo       administrativo.14        Los    tribunales       revisores

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el

dictamen administrativo.15 En virtud de ello, los tribunales

revisores descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el

cual cederá la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1)

8 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo v. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004).
9 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.
10 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727
(2005).
11 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.
12 Id., pág. 627.
13 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capó Cruz

v. Junta Planificación et al., supra.
14 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra.
15 Id.; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
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erró al aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente,

o; 3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.16

         Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer

cuando la interpretación estatutaria realizada por una agencia

provoque un resultado incompatible o contrario al propósito para

el cual se aprobó la legislación y la política pública que la

promueve.17         En      ese     sentido,       la       deferencia    judicial

al expertise administrativo,         concedido          cuando    las    agencias

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten

irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia.18 Por ende, los tribunales tienen que armonizar, siempre

que sea posible, todos los estatutos y reglamentos administrativos

involucrados para la solución justa de la controversia, de modo

que se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable.19

         Por último, cabe destacar que, en el ejercicio de la función

revisora de los tribunales apelativos, los foros apelativos deben

diferenciar entre asuntos de interpretación estatutaria, del cual los

tribunales son especialistas, y los asuntos propios de la discreción

o la pericia administrativa.20

B. Reglamento Núm. 8583

         El Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, mejor

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes de

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la

Población Correccional (en adelante, “Reglamento Núm. 8583”)21,

fue aprobada con el propósito de crear un mecanismo adecuado en

la cual toda persona recluida en una institución correccional

16 Id.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra.
17 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.
18 Moreno Lorenzo v. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).
19 Id.
20 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6; OCS v. Point
Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
21 Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm.
8583, Departamento de Corrección y Rehabilitación, 4 de mayo de 2015
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pueda disponer de un organismo administrativo ante la cual pueda

presentar una solicitud de remedio con el fin de minimizar las

diferencias entre los miembros de la población correccional y el

personal y para evitar o reducir la radicación de pleitos en los

tribunales.22         Asimismo,   se        creó   División   de        Remedios

Administrativos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación

para así atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los

confinados en contra de la agencia misma o sus funcionarios sobre

cualquier asunto.23

         En lo pertinente al caso de autos, una vez sometida una

solicitud de remedios administrativos el Evaluador utilizará todos

los procedimientos que estime necesarios para la obtención de la

información requerida para brindar una respuesta adecuada al

miembro de la población correccional.24 Una vez se obtenga la

información requerida, el Evaluador contestará y entregará por

escrito la respuesta al miembro de la población correccional que

presentó la solicitud dentro del término de veinte (20) días

laborales.25 No obstante, en los casos en que la solicitud esté

relacionada a un reclamo al área médica, el Evaluador

entregará copia de la respuesta emitida por el Área Médica al

solicitante, tal como la emitió el director médico.26

                                        III

         El recurrente señaló como error que la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación y

la administración de la Institución Correccional Guerrero no

atendieron correctamente la orden médica sobre la entrega del

“mattress” ortopédico. En primer lugar, el recurrente arguyó que el

Dr.      Iván      Rosario   Rosado    no     podía   contestar    el    remedio

22 Id., pág. 1-2.
23 Id., pág. 2.
24 Id., pág. 27.
25 Id., pág. 28.
26 Id.
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administrativo ya que fue dirigido a él y que el mismo es contrario

al Reglamento Núm. 8583. En segundo lugar, el recurrente indicó

que han pasado más de cuatro (4) meses desde la orden médica,

por lo que procede que se le ordene la entrega del “mattress” según

la orden médica. No le asiste la razón.

      En cuanto al planteamiento sobre incumplimiento con el

Reglamento    Núm.    8583,    el   Departamento     de   Corrección   y

Rehabilitación actuó conforme al inciso (4) de la Regla XIII de dicho

reglamento. La misma es clara cuando dispone expresamente que

cuando las solicitudes giran en torno a asuntos médicos, el

Evaluador entregará la copia exacta de la respuesta que emitió el

director médico. En el presente caso, el Evaluador, Sr. Henry Luna,

entregó la copia de la respuesta emitida por el Director de Servicios

Clínicos, Dr. Iván Rosario Rosado, al recurrente, tal como lo exige

el Reglamento 8583.

      En cuanto al planteamiento sobre la entrega del “mattress”,

tampoco se cometió el error señalado. El recurrente no ha probado

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haya actuado

de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, de manera tal que

constituya un abuso de discreción, sea errónea en derecho o haya

causado    alguna     lesión   a    los   derechos    constitucionales

fundamentales del recurrente. El Departamento de Corrección y

Rehabilitación le informó al recurrente que el “mattress” fue

autorizado y pedido el 20 de octubre de 2023 y que se encuentran

en espera del mismo, lo cual es una indicación que su pedido está

siendo atendido por la agencia y no amerita nuestra intervención

en estos momentos.

                                    IV

      Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos

formar parte de este dictamen, se confirma la Resolución apelada

dictada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones