Court Opinion

ID: 9964095
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-26 20:18:43.46556+00
Date Added: 2024-06-11T08:25:09.877508
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

         El Pueblo de Puerto Rico

                   Recurrido                      Certiorari

                      v.                         2024 TSPR 38

          Jaime Rodríguez Orengo                 213 DPR ___

               Peticionario

Número del Caso:    CC-2022-0468

Fecha:   19 de abril de 2024

Tribunal de Apelaciones:

     Panel Especial

Abogado de la parte peticionaria:

     Lcdo. Donald R. Milán Guindín

Oficina del Procurador General:

     Hon. Fernando Figueroa Santiago
     Procurador General

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

     Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
     Subprocuradora General

     Lcda. Marla Inés Canino Rolón
     Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley del registro de personas convictas por delitos sexuales
y abuso contra menores – No procede la inscripción de una persona
convicta por el delito de exposiciones obscenas en el Registro de
ofensores sexuales, cuando de los hechos acontecidos no haya surgido
el elemento constitutivo de acto o conducta sexual contra la persona
adulta ofendida según exige la Ley.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
           EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

       Recurrido

           v.                        CC-2022-0468           Certiorari

Jaime Rodríguez Orengo

       Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo

            En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2024.

                    Tenemos la oportunidad de evaluar si procede o no

            la inscripción en el Registro de ofensores sexuales de

            una persona convicta por el delito de exposiciones

            obscenas, cuando de los hechos acontecidos no haya

            surgido el elemento constitutivo de acto o conducta

            sexual contra la persona adulta ofendida según exige la

            Ley del registro de personas convictas por delitos

            sexuales y abuso contra menores, Ley Núm. 266, según

            enmendada, 4 LPRA sec. 536 et seq. (Ley Núm. 266).1

            1La controversia ante nuestra consideración está limitada a la comisión
            del delito de exposiciones obscenas en presencia de un adulto, por lo
            tanto la Opinión no considera en su análisis el escenario de si es o
            no automática la inscripción en el Registro de ofensores sexuales de
            una persona convicta por el delito de exposiciones obscenas por haberlo
            ejecutado en presencia de un menor.
CC-2022-0468                                                 2

      Por los fundamentos que expondremos, resolvemos que no

procede la inscripción automática de una persona convicta del

delito de exposiciones obscenas al Registro de ofensores

sexuales cuando el ofendido o perjudicado es mayor de edad.

Por lo tanto, para que una persona convicta por el delito de

exposiciones obscenas esté obligada a la inscripción en el

Registro de ofensores sexuales, se requiere que de los hechos

surja que, en efecto, durante la comisión del delito en cuestión

se incurrió en la conducta constitutiva de abuso sexual para

los Ofensores Sexuales Tipo I según se discute en la Opinión.

                               I

      El 5 de marzo de 2019 el Tribunal de Primera Instancia

citó al Sr. Jaime Antonio Rodríguez Orengo (peticionario) para

responder por cinco denuncias sobre hechos acontecidos el 7,

27 y 28 de febrero de 2019 y 3 de marzo de 2019.

      En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el

7 de febrero de 2019 se presentaron dos denuncias: una por

violación al Art. 241(b) de la Ley Núm. 146-2012, conocida como

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5331 (Código Penal

de 2012) por alteración a la paz y otra por infringir el

Art. 136 por cometer el delito de exposiciones obscenas.   Allí

se alegó que el peticionario “se       presentó al hogar del

perjudicado, donde este tenía una expectativa razonable de

intimidad y le manifestó: “[que era un cab[…], mari[…], hijo

de […], me […] en tu madre, no tienes huevos, te voy a partir

la cara, te voy hacer la vida imposible]”. Respecto al delito

de exposiciones obscenas se denunció que el peticionario
CC-2022-0468                                                                 3

“[expuso su parte íntima del cuerpo en un lugar donde estaba

presente el Sr. Carlos Rodríguez Rivera, consistente en que se

sacó su miembro viril orinando la puerta de garaje del

perjudicado, sintiéndose este ofendido].” 2

        Luego de varios trámites procesales que son innecesarios

pormenorizar, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable

al peticionario del delito de exposiciones obscenas y ordenó

que su información se inscribiera en el Registro de ofensores

sexuales (o Registro).3

        Ante este hecho, el peticionario presentó una Urgente

moción solicitando corrección de sentencia en la que solicitó

que se ordenara la eliminación de su información del Registro.

Adujo que era improcedente la inscripción porque la conducta

imputada no se relacionaba con una conducta sexual contra

menores o adultos.

2 Véase los autos originales concernientes a las denuncias J1CR201900078 y
J1CR201900079.   Luego del evento del 7 de febrero de 2019, el Tribunal de
Primera Instancia expidió una orden de protección contra el peticionario. Sin
embargo, este la violentó con los hechos acaecidos el 27, 28 de febrero y 3 de
marzo de 2019 y que, por ello, se presentaron tres denuncias en su contra. Esto
es, por violación al Art. 4 (b) de la Ley Núm. 286-1999, conocida como la Ley
Contra Acecho de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4013. En esencia, el 27 de febrero
de 2019 el peticionario “[entró al balcón del Sr. Rodríguez, conectó una
extensión eléctrica color anaranjada y bien largo, [sic] luego se retira de la
casa del Sr. Rodríguez y regresa nuevamente a desconectar la extensión
eléctrica]”. Al día siguiente, el peticionario acudió “[frente a la residencia
del Sr. Rodríguez, y comienza a tirar unos potes de pintura en el balcón de
dicha residencia y, luego se retira del lugar]”. Finalmente, el 3 de marzo de
2019 el peticionario llegó “[frente a la residencia del Sr. Rodríguez, estaba
frente a las cámaras de seguridad gritando, caminando y manoteando, tirándole
basura al balcón de dicha residencia y luego se retira del lugar.]” Véanse los
autos del foro primario concernientes a las denuncias JLE2019G0119 JLE2019G0120
y JLE2019G0121.

3 Aclaramos que el delito de exposiciones por el cual el peticionario resultó
convicto corresponde al Art. 136 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como Código
Penal de Puerto Rico (Código de Penal de 2012), 33 LPRA sec. 5147 y no al
Art. 147 de la Ley Núm. 149-2004, conocida como Código Penal de Puerto Rico,
33 LPRA ant. sec. 4775.
CC-2022-0468                                                                  4

        Por su parte, el Estado se opuso y argumentó que la Ley

Núm. 266, supra, establecía que toda persona que resultara

convicta por el delito de exposición obscena o su tentativa o

conspiración tenía que inscribirse en el Registro. A su juicio,

no existía argumento en derecho ni error en la Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia que justificara la corrección

solicitada.

        En varias ocasiones, el peticionario insistió en que el

foro    primario     dictara     una    sentencia      para    corregir      la

inscripción en el Registro.4 No obstante, mediante Resolución,

el tribunal de instancia determinó que conforme a la Ley

Núm. 266, supra, la inscripción en el Registro era obligatoria.

        Inconforme, el peticionario acudió ante el Tribunal de

Apelaciones para señalar que el foro recurrido erró al denegar

su petitorio, pues la conducta imputada distaba de una conducta

sexual ejecutada contra menores o adultos tal como lo exige la

legislación que instauró el Registro. Sin embargo, el foro

apelativo intermedio notificó una Resolución en virtud de la

cual denegó la expedición del auto.5

        Infructuosamente,          el     peticionario        solicitó       la

reconsideración y, por ello, recurrió ante esta Curia mediante

la petición de certiorari que nos ocupa. En esencia, el

4 El 14 de junio de 2021 el peticionario presentó una Moción solicitando se
dicte sentencia corregida y el 7 de septiembre de 2021 interpuso una Segunda
moción solicitando se dicte sentencia corregida en la cual reiteró su solicitud
previa.
5
  El Presidente del Panel Especial del Tribunal de Apelaciones, Hon. Roberto
Rodríguez Casilla emitió un voto disidente mediante el cual, en síntesis,
expresó los fundamentos por los cuales hubiese expedido el recurso de certiorari
y hubiese revocado la Resolución del foro recurrido.
CC-2022-0468                                                                 5

peticionario señaló que el foro apelativo intermedio debió

expedir el recurso porque la interpretación de la Ley Núm. 266,

supra, que realizó el foro recurrido constituyó un error craso

en la medida que mantuvo al peticionario inscrito en el

Registro.

          Contamos con los alegatos de las partes y, luego de una

evaluación ponderada del derecho aplicable, nos encontramos

listos para resolver.

                                        II

A.     Registro de ofensores sexuales

          Como es sabido, originalmente, en Puerto Rico se creó

el     Registro     de   personas     convictas     por    delitos   sexuales

violentos y abuso contra menores en el sistema de información

de     justicia    criminal     mediante     la   Ley     Núm.   28-1997   (Ley

Núm. 28).6 El propósito de la medida era cumplir con la Ley

Pública 103-322 “Jacob Wetterling Crimes Against Children and

Sexually Violent Offender Registration Program” (conocida como

Megan’s Law) toda vez que estimuló a los estados y territorios,

como Puerto Rico, a que adoptaran legislación para que las

personas convictas por ciertos delitos de índole sexual y de

abuso contra menores obligatoriamente quedaran inscritos en el

Registro de ofensores sexuales.7

          La Ley Núm. 28, supra, quedó derogada por la Ley

Núm. 266-2004, supra.8 En esencia, esta legislación ratificó

6   4 LPRA sec. 535 ant. et seq. (2003) (Ley Núm. 28-1997).
7
    Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 667-668 (2012).
8 Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra
Menores, 4 LPRA sec. 536 et seq. (2010).
CC-2022-0468                                                                  6

la política pública del estatuto anterior en cuanto a que su

propósito es cumplir con el deber de proteger a la ciudadanía

y a las víctimas de delitos sexuales.9 Asimismo, permanecieron

las      obligaciones      y   responsabilidades      que    los   componentes

gubernamentales          deben    ejecutar     ante   el    Registro    y   las

consabidas para las personas convictas sujetas a inscripción

que postulaba la Ley Núm. 28, supra.10

           A los dos años de vigencia, el Congreso Federal aprobó

la Ley Pública Núm. 109-248, Adam Walsh Child Protection and

Safety       Act   of    2006,    también    conocida      como Sex    Offender

Registration and Notification Act (ley SORNA).11 Con la ley

SORNA, el Congreso procuró hacer más uniforme y efectivo el

conjunto de Registros de ofensores sexuales en todo Estados

Unidos para proteger al público de ofensores sexuales y

ofensores contra menores.12 Además, proporcionó los estándares

mínimos que los estados y territorios de la nación americana

debían seguir para la implementación y continuidad del Registro

de ofensores sexuales en sus respectivas jurisdicciones.13

9    Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 668.
10Exposición de Motivos y Art. 1 de la Ley Núm. 266-2004, Ley del Registro de
Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, 4 LPRA
sec. 536. (2010).
11 34 USCA sec. 20901 et seq. (2017) previamente citada como 42 U.S.C.
sec. 16901 et seq.
12U.S. v. Hill, 820 F.3d 1003, 1004 (C.A.8 (Ark.), 2016) citando Reynolds v.
United States, 132 S.Ct. 975, 978 (2012). (“Congress enacted the Sex Offender
Registration and Notification Act (SORNA) ‘to protect the public from sex
offenders and offenders against children,’ […], and to make more uniform and
effective the patchwork of sex-offender registries throughout the United
States.”)
1334 USCA sec. 20912(a); Office of the Attorney General; The National Guidelines
for Sex Offender Registration and Notification, 73 FR 38030-01. (National
Guidelines).
CC-2022-0468                                                                 7

Cónsono con lo anterior, el Departamento de Justicia publicó

The National Guidelines for Sex Offender Registration and

Notification (Guías nacionales) en las que se impartieron las

directrices y regulaciones para interpretar e implementar la

ley SORNA.14         En las Guías nacionales, el Departamento de

Justicia dejó claro que la ley SORNA no tiene la intención de

excluir o limitar la discreción de las jurisdicciones para

adoptar requisitos de registro y notificación más extensos o

adicionales        para   alcanzar     el   cometido    de   la   legislación

federal.15

           En atención a los cambios consabidos en la ley SORNA y,

en aras de ajustar la legislación estatal, nuestra Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 243-2011 (Ley Núm. 243) con la

cual enmendó sustancialmente la Ley Núm. 266, supra.

           Uno de los cambios medulares es que la ley define que,

para fines del Registro, un delito sexual incluye:

           (i)       un   delito   que   tenga    como   elemento
                     constitutivo un acto sexual o conducta
                     sexual con otra persona;
           (ii)      un delito específico contra un menor de
                     edad;16
           (iii)     […]
           (iv)      […]
           (v)       […]
           (vi)      una tentativa o conspiración para cometer
                     cualquier delito descrito en los sub-incisos
                     (i) al (v) de este inciso.17

14   34 USCA sec. 20912(b).
15   National Guidelines, supra, pág. 38,046.
16Véase Art. 2(2) de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(2) que establece
un listado de características y elementos que incluyen los delitos específicos
contra un menor de edad cuya consecuencia sería la inscripción en el Registro
de ofensores de la persona convicta.
17(Énfasis   suplido). Art. 2(3) de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA 536(3).
CC-2022-0468                                                                   8

           Lo que procura la definición de delito sexual que dispone

el Art. 2(3) de la Ley Núm. 266, supra, es reafirmar que, para

propósitos de la inscripción de una persona convicta en el

Registro, se requiere que el delito cometido contenga hechos

que configuren un elemento constitutivo de un acto o conducta

sexual con otra persona. En efecto, los delitos contenidos en

la Ley Núm. 266, supra, penalizan la conducta sexual y estos

emergen de varias legislaciones de índole penal.18 Por lo tanto,

esta acepción de delito sexual cumplió con el requisito mínimo

exigido por la ley SORNA respecto a que la conducta sexual que

requerirá que una persona convicta se inscriba en el Registro

tiene que estar codificada en el ordenamiento jurídico penal

del estado o territorio que se trate.19

           Antes de la enmienda, la Ley Núm. 266, supra, se limitaba

a      establecer       un    listado     de     delitos     sexuales      que,

independientemente de la gravedad o morbosidad del delito

sexual cometido, de ordinario, el depredador sexual tenía que

estar inscrito en el Registro por el término uniforme de diez

años.20 No existía clasificación ni gradación del depredador

sexual, este simplemente estaba clasificado como “la persona

18Arts. 2(8),(9) y (10) de la Ley Núm. 266, supra. 4 LPRA secs. 536(8), (9) y
(10).
19 National Guidelines, supra, pág. 38,051. (“Sexual Act and Sexual Contact
Offenses [34 USCA sec. 20911(5)(i)]: The first clause in the definition covers
‘a criminal offense that has an element involving a sexual act or sexual contact
with another.’ (‘Criminal offense’ in the relevant sense refers to offenses
under any body of criminal law, including state, local, tribal, foreign,
military, and other offenses, as provided in [34 USCA sec. 20911(6)].”)(Énfasis
suplido).
20   Art. 3 y 5 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA ant. sec. 536(a) y (c) (2010).
CC-2022-0468                                                                   9

que comete delito sexual contra menores de dieciocho (18) años

de edad.”21

           Ahora bien, con las modificaciones a la Ley Núm. 266,

supra, se acuñó la figura del ofensor sexual y es “aquel

individuo que ha sido convicto por un delito sexual o su

tentativa       o    conspiración”.22       El     estatuto     instituyó    tres

clasificaciones que, dependiendo del delito de índole sexual

cometido, será la categoría y el término que el ofensor sexual

convicto estará sujeto al Registro.23 Estas son: “Ofensores

Sexuales Tipo I, los Ofensores Sexuales Tipo II y los Ofensores

Sexuales Tipo III” y los periodos de inscripción son quince

años, veinticinco años y vitalicio, respectivamente.24

           El legislador procuró que cada nivel de ofensor sexual

tuviera       unos    deberes    y   unas        obligaciones    dirigidas    al

cumplimiento de la consabida política pública del Registro. El

Art. 4 de la Ley Núm. 266, supra, contiene un andamiaje que

incluye la forma y el plazo para que el ofensor sexual y los

componentes gubernamentales del Registro ejecuten la política

pública de la legislación.25 Entretanto, el Art. 5 de la Ley

21   Art. 2 de la Ley Núm. 266, 4 LPRA ant. sec. 536 (2010).
22   Art. 2(7) de la Ley Núm. 266, 4 LPRA sec. 536(7).
23   Pueblo v. Hernández, 186 DPR 656, 671 (2012).
24Íd.(a) Art. 3 de la Ley Núm. 266, según enmendada, supra, 4 LPRA 536a(a). El
Art. 5 de la Ley Núm. 266, supra, expone el término que un “ofensor sexual
deberá mantenerse inscrito en el Registro y cumplir con los requisitos
establecidos en [la] Ley [a saber]: (a) Quince (15) años, si el convicto es un
Ofensor Sexual Tipo I; (b) Veinticinco (25) años, si el convicto es un Ofensor
Sexual Tipo II; y (c) De por vida, si el convicto es un Ofensor Sexual Tipo
III.” 4 LPRA 536(c). (Énfasis suplido). Así, el término uniforme de diez años
quedó eliminado con la Ley Núm. 243-2011.
25    Véase Art. 4 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(b).
CC-2022-0468                                                                  10

Núm. 266, supra, dispone las obligaciones que debe cumplir todo

ofensor sexual y promulga otras responsabilidades que son

distintas ya que están ceñidas a la clasificación de ofensor

sexual de la persona convicta.26

           Con relación al Ofensor Sexual Tipo I, de ordinario,

este permanecerá en el Registro por quince años.27 A grandes

rasgos, este tiene la obligación de proveer toda su información

personal         y    periférica      y   anualmente      comparecerá    en      la

Comandancia de la Policía de su residencia para actualizar o

verificar la información contenida en el Registro. Gran parte

de esta información se publica en internet y se comparte en

todas      las       agencias   del   orden     público   y   a   las   agencias

gubernamentales, tanto estatales como federales; así como, con

cualquier persona, compañía u organización que lo solicite.28

Finalmente,”[u]n Ofensor Sexual Tipo I convicto anteriormente

de un delito sexual y que posteriormente comete otro delito

sexual o su tentativa o conspiración” contra un menor de edad,

acarrea las consecuencias del Ofensor Sexual Tipo II.29

           Además, “[l]a Policía de Puerto Rico suministrará […]

un enlace donde la información sobre el récord de fichaje del

ofensor sexual conteniendo datos sobre las huellas dactilares

26   Véase Art. 5 de la Ley Núm. 266, según enmendada, supra, 4 LPRA sec. 536(c).
27Contrario a las otras clasificaciones, el Art. 5 de la Ley Núm. 266, según
enmendada, supra, dispone que la información de un Ofensor Sexual Tipo I podrá
ser eliminada del Registro antes de que transcurra el plazo de quince años si,
por virtud de una orden o resolución de un tribunal, la persona convicta mantiene
un récord negativo de antecedentes penales por un término de diez años. 4 LPRA
sec. 536(c).
28
     Arts. 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA secs. 536(d), (e) y (f).
29   Art. 2(9)(vi) de la Ley Núm. 266, supra.
CC-2022-0468                                                                11

y de la palma de la mano, fotos y descripción física del ofensor

sexual, estará disponible para el Sistema “[de Información de

Justicia Criminal]”.30 Si la persona convicta incumple con

cualquiera de las obligaciones impuestas por el Registro comete

un delito grave y, a discreción del tribunal, está sujeto a

una pena de reclusión de dos años o a una multa que no excederá

de $6,000 o ambas.31

           Pero ¿qué constituye un Ofensor Sexual Tipo I? El

Art. 2(8)(vi) de la Ley Núm. 266, supra, establece que

           “Ofensor Sexual Tipo I”. — [son las personas] que
           resulten convictas por los siguientes delitos o su
           tentativa o conspiración, cuando se incurre en
           conducta constitutiva de abuso sexual;

           (a) Restricción de la libertad, cuando la víctima
           fuere menor de dieciocho (18) años, según comprendido
           en la sec. 4796(e) del Título 33.

           (b) Restricción de libertad agravada, cuando la
           víctima fuere menor de dieciséis (16) años, según
           comprendido en el Artículo 131(e) de la Ley Núm. 115
           de 22 de julio de 1974, según enmendada.

           (c) Delito de maltrato a menores, según establecido
           en los Artículos 75 y 76 de la Ley 177-2003, cuando
           se incurre en conducta constitutiva de abuso sexual.

           (d) Maltrato agravado conyugal, cuando se cometiere
           y   simultáneamente  se   incurriere   en   conducta
           constitutiva de abuso sexual, en maltrato de un
           menor, según definido en la Ley 177-2003, según
           comprendido en la sec. 632(g) del Título 8.32

30Art. 4 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(b); Art. 2(14) de la Ley
Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536(14).
31   Art. 10 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536h.
32El Art. 3.2(g) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica, Ley Núm. 54 de 8 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 632(g) establece lo
que constituye el maltrato agravado y una de las circunstancias para que se
configure es “(g) cuando se cometiere y simultáneamente se incurriere en
maltrato de un menor según definido en la Ley para el Bienestar y la Protección
Integral de la Niñez, Ley Núm. 177-2003, 8 LPRA sec. 444-450m.”(Énfasis
suplido).

Destacamos que el Art. 2(b) de la Ley Núm. 177-2003, Ley para el Bienestar y la
Protección Integral de la Niñez, 8 LPRA ant. sec. 444(b) (2010) establecía que
CC-2022-0468                                                                  12

        (e) Envío, transportación, venta, distribución,
        publicación, exhibición o posesión de material
        obsceno;    Espectáculos    obscenos;    Exposiciones
        deshonestas cuando el acto tuviere lugar en presencia
        de una persona menor de 16 años, según establecido
        en los Artículos 106, 113 y 114 de la Ley Núm. 115
        de 22 de julio de 1974, según enmendada; y en las
        secs. 4783 y 4784 del Título 33.33

        (f) Exposicione[s] obscenas; Proposición obscena,
        según tipificados en las secs. 4775 y 4776 del Título
        33. 34

        (g) Cualquier delito antecedente o sucesor de los
        mencionados en las cláusulas (a), (b), (c), (d), (e)
        o (f) de este inciso. (Énfasis suplido).

abuso sexual “[s]ignifica incurrir en conducta sexual en presencia de un menor
y/o que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar
conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de
procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes
delitos: agresión sexual, actos lascivos, exposiciones obscenas, proposición
obscena, producción de pornografía infantil, posesión y distribución de
pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía infantil, envío,
transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de
material obsceno y espectáculos obscenos según han sido tipificados en el Código
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” La Ley Núm. 177, supra, quedó
derogada por la Ley 246-2011, infra, y esta, a su vez, quedó derogada por la
Ley Núm. 57-2023, conocida como Ley para Prevención del Maltrato, Preservación
de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Sin embargo, esencialmente la definición de abuso sexual no ha variado.
33Según el Art. 106 del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. sec. 4068 (2003),
cometía el delito de exposiciones deshonestas “Toda persona que voluntariamente
expusiere sus partes pudendas o cualquier otra parte íntima de su cuerpo en
cualquier sitio en que se hallare presente otra persona, incluyendo agentes del
orden público, a quien tal exposición pudiera ofender o molestar, será
sancionada con pena de reclusión que no excederá de tres meses o multa que no
excederá de doscientos cincuenta dólares. La pena dispuesta en la presente
sección será de reclusión por un término máximo de seis meses o multa máxima de
quinientos dólares si el acto tuviere lugar en presencia de una persona menor
de dieciséis años.”

Este delito quedó derogado con la aprobación del Código Penal de 2004 que, en
su lugar, estableció el delito de exposiciones obscenas en el Art. 147, 33 LPRA
ant. sec. 4775 (2011) que, muy similar al actual, postula que “[t]oda persona
que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo en cualquier sitio en que esté
presente otra persona, incluyendo agentes de orden público, a quien tal
exposición pueda ofender o molestar, incurrirá en delito menos grave. Esta
conducta no incluye el acto de lactancia a un infante.”
34Las secciones 4775 y 4776 pertenecían al Código Penal de 2004. En específico,
la sec. 4776 correspondía al Art. 148 que regulaba el delito de proposiciones
obscenas que establecía que “[t]oda persona que en un lugar público o abierto
al público haga proposiciones obscenas de una manera ofensiva al pudor público,
incurrirá en delito menos grave.” A pesar de que este delito se incluyó en el
Art. 138 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5198, quedó eliminado mediante
las enmiendas aprobadas con la Ley Núm. 246-2014.
CC-2022-0468                                                               13

           Nótese que, para efectos del Registro, cuando se trata

de un Ofensor Sexual Tipo I se requiere que la persona convicta

de los delitos allí señalados haya incurrido además en una

conducta constitutiva de abuso sexual.35 Es decir, este se

inscribirá “en el Registro únicamente si su conducta constituyó

abuso sexual”.36 Ni la Ley Núm. 266, supra, ni las enmiendas

incorporadas        en   esta    mediante     la    Ley   Núm.   243,   supra,

ofrecieron una definición de abuso sexual concerniente al

Registro. Igualmente, el Código Penal de 2012, supra, tampoco

extiende una acepción respecto a esta figura jurídica.

           Ahora bien, en el inciso (d) del Art. 2(8)(vi) de la Ley

Núm. 266, supra, se reconoce la definición de abuso sexual de

la legislación que penaliza el maltrato de menores o cuando se

configura el maltrato conyugal frente a un menor.37 Así, el

Art. 3(b) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección

de Menores, Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA sec. 1101 ant. et seq.,

expuso que abuso sexual es:

           incurrir en conducta sexual en presencia de un menor
           y/o que se utilice a un menor, voluntaria o
           involuntariamente, para ejecutar conducta sexual
           dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto
           que, de procesarse por la vía criminal, configuraría
           cualesquiera de los siguientes delitos: agresión
           sexual, actos lascivos, comercio de personas para
           actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición
           obscena, producción de pornografía infantil, posesión
           y distribución de pornografía infantil, utilización

35   Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 671.
36   Íd.
37Destacamos que el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real
Academia Española adoptó como uso general y común el concepto de abuso sexual
y lo define como “delito consistente en la realización de actos atentatorios
contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación."
Definición de abuso sexual - Diccionario panhispánico del español jurídico -
RAE (última visita 1 de abril de 2024).
CC-2022-0468                                                                 14

        de un menor para pornografía infantil; envío,
        transportación, venta, distribución, publicación,
        exhibición o posesión de material obsceno y
        espectáculos obscenos según han sido tipificados en
        el Código Penal de Puerto Rico.38 (Énfasis suplido).

        Igualmente, la Ley Núm. 246, supra, carece de una

definición concreta de conducta sexual, pero el inciso (e) del

Art. 3(c) de esta precisó la conducta obscena tal como la

enmarca el Código Penal de 2012.39 En la sección cuarta del

Capítulo IV del Código Penal de 2012 que atiende la obscenidad,

se encuentran los Arts. 143(a) y (b), allí se define conducta

obscena y se expone lo que comprende una conducta sexual.

        (a) Conducta obscena. Es cualquier actividad física
        del cuerpo humano, bien sea llevada a cabo solo o con
        otras personas, incluyendo, pero sin limitarse, a
        cantar, hablar, bailar, actuar, simular, o hacer
        pantomimas, la cual considerada en su totalidad por
        la   persona   promedio   y,   según   los   patrones
        comunitarios contemporáneos:

           (1) apele al interés lascivo, o sea, interés
           morboso en la desnudez, sexualidad o funciones
           fisiológicas;
           (2) represente o describa en una forma
           patentemente ofensiva conducta sexual; y
           (3) carezca de un serio valor literario,
      artístico, religioso, científico o educativo.

              La atracción de la conducta al interés lascivo
        se juzgará [con] relación al adulto promedio, a menos
        que se desprenda de la naturaleza de dicha conducta
        o   de   las   circunstancias   de   su   producción,
        presentación, o exhibición que está diseñada para
        grupos de desviados sexuales, en cuyo caso la

38 La Ley 246-2011, supra, es la legislación aplicable al caso que nos ocupa
toda vez que los hechos ocurrieron antes de la aprobación de la Ley
Núm. 57-2023, supra. Como se mencionó, esta última contiene, en el Art. 3(b),
8 LPRA sec. 1643, una definición casi exacta de abuso sexual a la que establecía
el Art. 3(b) la Ley 246-2011, 8 LPRA ant. sec. 1101 (2010).
39 El Art. 3(e) de la Ley Núm. 246, 8 LPRA ant. sec. 1101(e) establecía que
conducta obscena es “cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea
llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo pero sin limitarse a
cantar, hablar, bailar, actuar, simular o hacer pantomimas, la cual considerada
en su totalidad por la persona promedio y, según los patrones comunitarios
contemporáneos, apele al interés lascivo y represente o describe en una forma
patentemente ofensiva conducta sexual y carece de un serio valor literario,
artístico, político, religioso, científico o educativo.”
CC-2022-0468                                                                 15

        atracción predominante de la conducta se juzgará con
        referencia al grupo a quien va dirigido.

              En procesos por violación a las disposiciones
        de esta Sección en donde las circunstancias de
        producción, presentación o exhibición indican que el
        acusado está explotando comercialmente la conducta
        obscena    por   su   atracción    lasciva,   dichas
        circunstancias constituyen prueba prima facie de que
        la misma carece de un serio valor literario,
        artístico, religioso, científico o educativo.

              Cuando la conducta prohibida se lleve a cabo
        para o en presencia de menores, será suficiente que
        el material esté dirigido a despertar un interés
        lascivo en el sexo.

        (b) Conducta sexual. Comprende:

               (1)    representaciones     o    descripciones
               patentemente ofensivas de actos sexuales
               consumados, normales o pervertidos, actuales o
               simulados, incluyendo relaciones sexuales,
               sodomía y bestialismo, o

               (2)    representaciones     o     descripciones
               patentemente    ofensivas   de    masturbación,
               copulación oral, sadismo sexual, masoquismo
               sexual, exhibición lasciva de los genitales,
               estimular los órganos genitales humanos por
               medio de objetos diseñados para tales fines, o
               funciones escatológicas, así sea tal conducta
               llevada a cabo individualmente o entre miembros
               del mismo sexo o del sexo opuesto, o entre
               humanos y animales.40 (Énfasis suplido).

        De una lectura integral de ambas conductas se puede

colegir que si bien la definición de abuso sexual discutida

está delimitada a una conducta sexual u obscena ejecutada en

presencia de menores o en contra de un menor, esta acepción

incluye cuando la persona perjudicada es mayor de edad, pero

4033 LPRA secs. 5204(a) y (b). No podemos pasar por alto que la definición de
conducta obscena detallada recoge la doctrina de obscenidad que el Tribunal
Supremo Federal desarrolló en Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973). En este,
y en síntesis, el Máximo Foro Federal estableció que será considerado material
obsceno aquello que: a)una persona promedio utilizando patrones comunitarios
contemporáneos, encuentre que considerado en su totalidad apela a un interés
lascivo; b) que representa o describe conducta sexual en una forma patentemente
ofensiva; c) que el material visto en su totalidad carezca de un serio valor
literario, artístico, político o educativo.
CC-2022-0468                                                       16

resultó víctima de un delito de índole sexual.              Tanto la

conducta sexual como la conducta obscena señalada tienen como

denominador común que la persona convicta actuó lascivamente.

Con relación a este término hemos expresado que:

                ‘Lascivamente,‘ significa de modo disoluto,
           sensual, no casto, impuro, ó lascivo. La palabra
           ‘lascivo‘ ha sido definida en el sentido de
           significar tener una tendencia a excitar pensamientos
           lujuriosos, […]. Al usar el Congreso los términos
           ‘obsceno,‘ ‘indecente,‘ ‘lewd’ y ‘lascivo,‘ solamente
           tuvo presente el significado corriente de estas
           palabras […]. Nuestra legislatura claramente usó las
           palabras en el mismo sentido y con intención
           parecida.41 (Énfasis suplido).

           Por lo tanto, cuando la persona convicta se clasifica

como un Ofensor Sexual Tipo I por incurrir en una conducta

constitutiva de abuso sexual específicamente desplegada contra

un adulto, contrario a un menor, debe incluir la intención y

voluntariedad de una conducta sexual u obscena según discutida.

B.     Exposiciones obscenas

           Por otro lado, con la Ley Núm. 243, supra, se incorporó

el delito de exposiciones obscenas en la Ley Núm. 266, supra.

El Art. 136 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5197, expone

que incurre en el delito de exposiciones obscenas:

           Toda persona que exponga cualquier parte íntima de
           su cuerpo en cualquier sitio en que esté presente una
           o varias personas, incluyendo funcionarios del orden
           público, a quien tal exposición pueda ofender o
           molestar, incurrirá en delito menos grave.

           Esta conducta no incluye el acto de lactancia a un
           infante. (Énfasis suplido).

           Los elementos del delito son: “la exposición intencional

de una parte íntima del cuerpo del sujeto activo, en cualquier

41   Pueblo v. Vilar, 17 DPR 1054 (1911).
CC-2022-0468                                                               17

lugar      donde    estuviere    presente      otra   persona   que   pudiera

ofenderse o molestarse por tal acto, en la medida que afecta

las normas colectivas de pudor público.”42

           El delito de exposiciones obscenas se encuentra en el

Capítulo IV del Código Penal, supra, que atiende los delitos

contra la indemnidad sexual y es el único que se encuentra

clasificado        como    un   delito    contra   la   moral   pública.   El

legislador codificó la exposición obscena como delito para

“proteger la sensibilidad y el pudor del público y a evitar

conducta que atente contra las normas de pudor y decencia que

tiene la sociedad.”43 Por lo tanto, “hechos que en sí no son

ilícitos ni ofensivos, como podría ser la desnudez […] en la

intimidad[,]” podría serlo si la exposición de la parte íntima

del cuerpo se realiza en cualquier lugar donde las normas de

convivencia social y una persona promedio considera que ofende

el pudor y, por ende, le resulta obsceno.44 Es decir, el

criterio rector con relación a la comisión del delito en

cuestión es la circunstancia en que la exposición tuvo lugar

y, si con ella, el o los observadores se sintieron ofendidos o

molestos por su contenido obsceno e inapropiado.

                                         III

           Es la primera vez que tenemos la oportunidad de analizar

si, en el contexto de la Ley Núm. 266, supra, el hecho de que

una persona haya sido convicta por el delito de exposiciones

42D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: actualizado y comentado, 4ta
ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 227.
43   Íd.
44   Íd., págs. 227-228.
CC-2022-0468                                                                         18

obscenas por haber expuesto sus genitales para orinar, eso de

por sí, es suficiente para la inscripción automática de tal

persona en el Registro, habiéndose ejecutado el acto ante un

adulto.

           Del expediente surge que el señor Rodríguez Orengo se

presentó en la residencia del Sr. Carlos Rodríguez Rivera

(perjudicado) en horas de la mañana del 7 de febrero de 2019.

Allí,      en   medio     de   un    acto   de    alteración      a    la     paz,   el

peticionario sacó su pene y orinó la puerta de garaje del

perjudicado        que,    a   su    vez,   es    su    vecino.       Estos    hechos

ocurrieron en presencia del perjudicado y este con ese acto se

sintió       ofendido.     Ciertamente,          es    incuestionable         que    se

configuró       el   delito     de    exposición        obscena       del   cual     el

peticionario resultó culpable.45

           Sin embargo, y como expusimos, la Ley Núm. 266, es una

ley especial cuya política pública es proteger exclusivamente

a las víctimas de delitos sexuales y a menores víctimas de

abuso o de delitos de carácter sexual de una persona convicta

que cometió un delito sexual.46 Idéntico a la ley SORNA, nuestra

legislación exige que uno de los elementos del delito cometido

contenga un elemento constitutivo de acto o conducta sexual

con la persona perjudicada. Esto incluye su tentativa o la

conspiración para la comisión del delito sexual, según definido

45Habida cuenta de que los hechos del presente caso ocurrieron en presencia de
un adulto, en nuestro análisis, no tomaremos en consideración si el delito de
exposiciones obscenas tal como aconteció se ejecuta en presencia de un menor de
edad según dispone la Ley Núm. 266, según enmendada, supra.
46   Véase, el Art. 1 de la Ley Núm. 266, supra, 4 LPRA sec. 536.
CC-2022-0468                                                   19

por el Art. 2(3) de la Ley Núm. 266, supra. El delito de

exposiciones obscenas contra un adulto se encuentra incluido

en la clasificación de Ofensor Sexual Tipo I, específicamente

en el Art. 2(8)(vi) de la Ley Núm. 266, supra. Sin embargo, la

persona convicta por el delito de exposiciones obscenas debe

haber desplegado una conducta constitutiva de abuso sexual para

ser inscrito en el Registro.

           De acuerdo con el análisis esbozado de la definición de

abuso sexual y su relación con el delito de exposiciones

obscenas dentro del marco legal de la Ley Núm. 266, supra, se

requiere que la persona convicta por el delito de exposiciones

obscenas haya desplegado en contra del adulto perjudicado una

conducta sexual u obscena.47

           Nótese que los actos del peticionario que, en efecto,

configuraron el delito de exposiciones obscenas, no reflejaron

una conducta dirigida a satisfacer la lascivia contra el señor

Rodríguez Rivera o apelar al interés lascivo de este ni realizó

representaciones patentemente ofensivas de actos sexuales o de

exhibición lascivia de sus genitales. Si bien el peticionario

se sacó el pene en presencia del perjudicado para orinar la

puerta de garaje, no lo hizo para atacarlo sexualmente o de

alguna forma intimidar o incitar sexualmente la lascivia del

señor Rodríguez Rivera o la del peticionario. Por lo tanto,

ante la ausencia del elemento constitutivo de abuso sexual como

delito de índole sexual para los Ofensores Sexuales Tipo I en

la conducta del peticionario al cometer el delito, procede y

47   Pueblo v. Vilar, supra.
CC-2022-0468                                                           20

se ordena que se elimine su información del Registro de

ofensores sexuales.

        Por último, debe quedar meridianamente claro que no

estamos dejando sin efecto el delito de exposiciones obscenas

de la Ley Núm. 266, supra, y bajo ningún concepto se debe

interpretar que avalamos los actos del peticionario, por lo

cuales este fue sentenciado penalmente.

        Lo que sí debe tenerse presente es que el delito de

exposiciones obscenas es un acto contra la moral pública que,

entre   adultos,     no   necesariamente     contendrá     un   elemento

constitutivo de abuso sexual como delito sexual incluido para

las personas convictas que por ello obligatoriamente tengan

que inscribirse en el Registro como Ofensor Sexual Tipo I. En

estos   casos,     los    foros   inferiores     deben   examinar     las

circunstancias particulares en las que la persona convicta

cometió el delito de exposiciones obscenas. Es decir, se debe

determinar si los hechos contienen el elemento constitutivo de

un acto sexual o conducta sexual con otra persona adulta y

determinar si, considerándola en su totalidad como lo haría

una persona promedio de acuerdo con los patrones comunitarios

contemporáneos, estos apelan al interés lascivo y representan

o describen en una forma patentemente ofensiva una conducta

sexual.48

48 Véase El Pueblo de Puerto Rico v. Ramos Román, Caso Núm. KLAN201800734,
resuelto por el Tribunal de Apelaciones el 17 de septiembre de 2019.
CC-2022-0468                                                      21

                                IV

       Por los fundamentos expuestos, se revocan las sentencias

de los foros a quo y ordenamos la eliminación de la información

del   peticionario   del   Registro   de   ofensores   sexuales   de

conformidad con lo aquí resuelto.

       Se dictará Sentencia de conformidad.

                                      Erick V. Kolthoff Caraballo
                                            Juez Asociado
          EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

      Recurrido

          v.                   CC-2022-0468       Certiorari

Jaime Rodríguez Orengo

      Peticionario

                                SENTENCIA

           En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2024.

                  Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión
           que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la
           presente, se revocan las sentencias de los foros a quo
           y ordenamos la eliminación de la información del
           peticionario del Registro de ofensores sexuales de
           conformidad con lo aquí resuelto.

                  Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
           el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta
           Oronoz Rodríguez no interviene.

                                    Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                                   Secretario del Tribunal Supremo