Court Opinion

ID: 9916146
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:25:09.357236+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:08.422250
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL X

 JOSÉ D. SANTIAGO TORRES                                      Apelación
   DEMANDANTE(S)-APELANTE(S)                                  procedente del Tribunal
                                                              de Primera Instancia,
                                                              Sala Superior de
                V.                   KLAN202300845            PONCE

                                                              Caso Núm.
  MARÍA C. LOZA DE CORO;                                      PO2023CV01786 (604)
  ESTADO LIBRE ASOCIADO
     DE PUERTO RICO
    DEMANDADA(S)-APELADA(S)
                                                              Sobre:
                                                              Violación de Derechos
                                                              Civiles

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Barresi Ramos, juez ponente

                                  SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 15 de noviembre de 2023.

        Comparece ante nos, el señor JOSÉ D. SANTIAGO TORRES (señor

SANTIAGO TORRES) mediante Apelación incoada el 21 de septiembre

de 2023. En su escrito, nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el

29 de agosto de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala

Superior de Ponce.1 Mediante el antedicho dictamen, el foro a quo decretó

la desestimación de la causa de acción “por no haber presentado una

reclamación que permita concluir que tiene derecho a un remedio”.

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                           -I-

        El 15 de junio de 2023, el señor SANTIAGO TORRES entabló una

Demanda sobre acción civil de daños y perjuicios. En dicha Demanda,

entre otras cosas, alegó que la señora MARÍA C. LOZA DE CORO (señora

LOZA DE CORO) le ha causado daños.2 La señora LOZA DE CORO es la

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 29 de agosto de 2023.

Véase Apéndice de la Apelación, págs. 1– 7.
2 Véase Apéndice de la Apelación, págs. 17- 19.

Número Identificador: SEN2023___________
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esposa del señor José Dioscoride Santiago Rivera (señor Santiago Rivera),

quien es el hijo biológico del señor SANTIAGO TORRES.

           En sus propias palabras, expone que la señora LOZA DE CORO

elaboró un plan para ingresar involuntariamente al señor Santiago Rivera

en un asilo. Arguyó que la Policía acudió a su residencia; la hija del señor

Santiago Rivera le mostró unos documentos sobre la Ley 408; y se llevaron

al señor Santiago Rivera. Esta situación, le ha causado daños y solicitó

indemnización.

           El 5 de julio de 2023, la señora LOZA DE CORO presentó una Moción

de Desestimación aduciendo, entre otras cosas, que ante la situación de

salud mental del señor Santiago Rivera, se obtuvo una determinación bajo

la Ley 408 para su ingreso a una institución para una evaluación médica.

           Después, el 13 de julio de 2023, se dictaminó Orden en la cual se

concedió un plazo de veinte (20) días para reaccionar y exponer los

fundamentos por los cuales no se debía conceder la desestimación. El 10

de agosto de 2023, el señor SANTIAGO TORRES presentó su Moción

Contestación Moción de Desestimación.

           Así las cosas, el 29 de agosto de 2023, se pronunció la Sentencia

apelada. Acto seguido, el 5 de septiembre de 2023, el señor SANTIAGO

TORRES presentó una Moción Solicitando Reconsideración Sentencia.3 El

tribunal primario, el 7 de septiembre de 2023, dictó Orden declarando “no

ha lugar” la solicitud de reconsideración.4

           Inconforme con la determinación del foro apelado, el 21 de

septiembre de 2023, el señor SANTIAGO TORRES acudió ante este foro

revisor mediante Apelación señalando los siguientes errores:

              El aplicar la Demanda a los sufrimientos del hijo y no al
              Demandante.

              Faltar al Debido proceso de ley, que lo obligaba determinar
              lo que se le planteo.

           El pasado 25 de septiembre, intimamos Resolución concediendo

término de treinta (30) días a la señora LOZADA DE CORO para presentar su

3 Íd., págs. 9-11.
4 Dicho dictamen fue notificado y archivado en autos el 7 de septiembre de 2023. Íd.,

págs. 8.
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alegato en oposición. Consecuentemente, el 16 de octubre de 2023, la

señora LOZA DE CORO presentó su Solicitud de Desestimación de Apelación

expresando que el escrito no le fue notificado. Ante ello, el 19 de octubre

de 2023, prescribimos Resolución concediendo un plazo de diez (10) días

para exponer posición sobre la solicitud de desestimación del recurso por

alegada falta de notificación. El 26 de octubre de 2023, el señor SANTIAGO

TORRES presentó su Moción Contestación a Solicitud de Desestimación de

Apelación y Notificación Apelada No Recibe Correspondencia Nunca y

Toda Devuelta.

       Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en

posición de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a

la(s) controversia(s) planteada(s).

                                       - II -

                                       - A-

       La jurisdicción se refiere al poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos, por lo que, su ausencia priva a un foro judicial

del poder necesario para adjudicar una controversia.5 Es por ello, que los

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Aun en

ausencia de un señalamiento por alguna de las partes, la falta de

jurisdicción puede ser considerada motu proprio por los tribunales. Las

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con

preferencia.

       La ausencia de jurisdicción, por tanto, acarrea las siguientes

consecuencias: priva a un foro judicial del poder necesario para adjudicar una

controversia; los tribunales no poseen discreción para asumirla cuando no la

tienen; no es susceptible de ser subsanada; las partes no pueden conferírsela

voluntariamente a un tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva

la nulidad de los dictámenes emitidos; se impone a los tribunales el ineludible

deber de auscultar su propia jurisdicción —y a los tribunales apelativos la

5 Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208 (2022); Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank,

204 DPR 374, 385-386 (2020).
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obligación de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso—;

las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia sobre otros

asuntos, y su alegación puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio.6

        Por tratarse de una cuestión de umbral en todo procedimiento judicial,

si un tribunal determina que carece de jurisdicción solo resta así declararlo

y desestimar la reclamación inmediatamente, sin entrar en los méritos de

la controversia, conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el

perfeccionamiento del recurso en cuestión.7

        Un    recurso     presentado       antes    del    tiempo     correspondiente

(prematuro), al igual que el presentado luego del plazo aplicable (tardío),

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”.8 En ambos casos, su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico.9

        La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones faculta

a este Tribunal para que, a iniciativa propia, desestime un recurso de

apelación o deniegue un auto discrecional por cualquiera de los motivos

consignados en el inciso (B).10 Una vez un tribunal determina que no tiene

jurisdicción, “procede la inmediata desestimación del recurso apelativo

conforme lo ordenado por las leyes y los reglamentos para el

perfeccionamiento de estos recursos”.11 Ello sin entrar en los méritos de la

controversia ante sí.

                                          -B-

        Los requisitos aplicables sobre el perfeccionamiento de un recurso

de apelación o discrecionales están contenidos en el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones de 2004; la Ley de la Judicatura del Estado Libre

6 Íd., pág. 386; González v. Mayagüez Resort Casino, 176 DPR 849, 856 (2009).
7 Íd., págs. 386-387; Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 501 (2019).
8 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); S.L.G. Szendrey-Ramos v.

F. Castillo, supra.
10 Dicho inciso lee: “(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la desestimación

de un recurso por los motivos siguientes: (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
jurisdicción; (2) que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto
dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello; (3) que no se ha presentado o
proseguido con diligencia o de buena fe; (4) que el recurso es frívolo y surge claramente
que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; o (5) que el recurso se ha
convertido en académico”.
11 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.
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Asociado de Puerto Rico de 2003, según enmendada; y en las Reglas de

Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas. Nuestro Tribunal

Supremo ha establecido que los litigantes deben observar rigurosamente

las disposiciones reglamentarias sobre el perfeccionamiento de sus

recursos.12 No puede quedar al arbitrio de los abogados o las partes decidir

qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo lo van a

hacer.13 Ello a los fines de que los tribunales revisores estén en posición

de ejercer adecuadamente su función, toda vez que el incumplimiento de

dichos mandatos impide tener de un expediente completo y claro para

delimitar la controversia ante su consideración.14

         En consecuencia, la Regla 13, inciso (B), del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, expresa:

         (B) Notificación a las partes

         (1) Cuando se hará
         La parte apelante notificará el recurso apelativo y los
         Apéndices dentro del término dispuesto para la presentación
         del recurso, siendo éste un término de estricto cumplimiento.
         La parte apelante deberá certificar con su firma en el recurso, por
         sí o por conducto de su representación legal, la fecha en que se
         efectuó la notificación. Esta norma es aplicable a todos los recursos
         […] (Énfasis nuestro).

         Más aún, la Regla 14 de nuestro Reglamento dispone:

         (A) La apelación se formalizará presentando el original del escrito
         de apelación y tres copias en la Secretaría del Tribunal de
         Apelaciones o en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
         que dictó la sentencia apelada.
         (B) De presentarse el original del recurso de apelación en la
         Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con el arancel
         correspondiente, la parte apelante deberá notificar la cubierta o
         primera página del escrito de apelación, debidamente sellada con
         la fecha y hora de presentación, a la Secretaría de la sede del
         Tribunal de Primera Instancia que haya dictado la sentencia
         apelada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la
         presentación del escrito de apelación. Este término será de
         cumplimiento estricto. […] .

         En ese mismo sentido, cabe destacar que los requisitos de

notificación no constituyen una mera formalidad procesal, sino que son

parte integral del debido proceso de ley.15 Jurisprudencialmente se ha

resaltado la importancia de una notificación adecuada, pues se persigue

12 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).
13 Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197 (2017).
14 Íd.
15 Rivera Marcucci, et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016).
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salvaguardar los derechos de las partes en procedimientos judiciales

posteriores.16

        Ahora bien, el término de notificación es un término de cumplimiento

estricto y no jurisdiccional, su incumplimiento no supone automáticamente

la desestimación del recurso.17 No obstante, el foro apelativo intermedio no

posee discreción para prorrogar un plazo de forma automática.18 Para ello,

es necesario que la parte haya demostrado y acreditado justa causa. Lo

anterior implica que, en cuanto al requisito de notificación lo importante es

que el escrito sea notificado con copia a la otra parte, dentro del plazo

dispuesto por ley, independientemente el método que se utilice para ello. 19

De tal manera que, para el perfeccionamiento adecuado de un recurso

presentado ante el tribunal apelativo intermedio es necesario la

presentación oportuna y la notificación del escrito a las partes apeladas.20

La inobservancia de una notificación oportuna a todas las partes, tiene

como consecuencia la desestimación del recurso de apelación.21

                                          - III -

        En el caso de autos, el señor SANTIAGO TORRES planteó que el foro

de instancia incidió al aplicar los sufrimientos reclamados a José Dioscoride

Santiago Rivera, su hijo, y no a él; así como, faltar al debido proceso de ley

que le obligaba a determinar lo planteado. Cimentó su posición en que él

sufrió daños al ver lo acontecido con José Dioscoride, quien fue intervenido

al amparo de una determinación bajo la Ley 408.

        De otro lado, la señora LOZA DE CORO replicó que procede la

desestimación del recurso por no habérsele notificado dentro del plazo y el

mismo no se ha perfeccionado; por lo que, aduce que este foro carece de

jurisdicción para atender la Apelación.

        Lo cierto es que, al justipreciar la totalidad del expediente, así como

al examinar varias entradas del Sistema Unificado de Manejo y

16 Vélez v. AAA, 164 DPR 772 (2005).
17 Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 550 (2017).
18 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.
19 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98 (2013).
20 González Pagán et al. v. SLG Moret – Brunet, 202 DPR 1062, 1063 (2019); Montañez

Leduc v. Robinson Santana, supra.
21 Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra, págs. 549 – 553.
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Administración de Casos (SUMAC), ciertamente, se desprende que, desde

julio de 2023, el señor SANTIAGO TORRES tiene conocimiento de la dirección

postal de la representación legal de la señora LOZA DE CORO. Pese a ello,

el señor SANTIAGO TORRES ha notificado todos sus escritos a la siguiente

dirección: 1577 Ave, Muñoz Rivera Ponce, PR 00717 -0211 que

alegadamente surge de una página web. Empero, esta dirección no

coincide con la incluida en todos los escritos suscritos por la licenciada Ana

C. López Bonaparte, representación legal de la señora LOZA DE CORO: PO

Box 1427 Ponce, PR 00733-1427.22

        El señor SANTIAGO TORRES recurrió ante este foro revisor de la

Sentencia dictaminada el 29 de agosto de 2023, la cual fue debidamente

notificada a la señora LOZA DE CORO. Como cuestión de hecho, resulta

forzoso colegir que la señora LOZA DE CORO debió ser notificada

oportunamente del recurso de Apelación que nos ocupa a la dirección

postal correcta. Por tanto, la falta de notificación a todas las partes tiene

como consecuencia la desestimación del recurso de Apelación.23

                                        -IV-

        Por los fundamentos antes expuestos, y en conformidad con la

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, desestimamos

por falta de jurisdicción la Apelación instada el 21 de septiembre de 2023

por el señor SANTIAGO TORRES; y ordenamos el cierre y archivo del presente

caso.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

22 Véase la entrada número 4 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC) en el caso: PO2023CV01786. Inclusive, se constató las direcciones de la
licenciada López Bonaparte en el Directorio de Abogados y Abogadas en la página web
del Poder Judicial.
23 VS PR v. Drift – Wind, Inc., 207 DPR 253 (2021); Isleta LLC., v. Inversiones Isleta

Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019).