Court Opinion

ID: 9916124
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:28.277835+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:06.333417
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

  SA POBLA INVESTMENTS,                                    Certiorari procedente
            LLC                                            del Tribunal de Primera
                                                           Instancia, Sala Superior
         PETICIONARIO                                      de San Juan

                 v.                  KLCE202301251 Caso Número:
                                                   SJ2023CV05067
        COSTA DEL SUR
      INVESTMENTS, LLC                           Sobre:
          Y OTROS                                Cobro de dinero-
                                                 ordinario-embargo,
        RECURRIDOS                               Ley de Corporaciones
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                  RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2023.

       La parte peticionaria, SA Pobla Investments LLC, comparece

mediante un recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos una

Resolución emitida y notificada el 22 de agosto de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En el aludido dictamen, el

foro primario denegó una solicitud de descalificación de la representación

legal de la parte recurrida, GeodataPR International Inc., en referencia a

Santiago Torres Law Offices LLC, el licenciado Edgardo Santiago Torres y

el licenciado Rafael Rivera Rivera.

       Adelantamos la denegación a la expedición del auto de certiorari

solicitado.

                                           I

       El 26 de mayo de 2023, la parte peticionaria presentó una Demanda

sobre cobro de dinero, embargo de bienes, ejecución de garantías y

disolución de una empresa común,1 al amparo del Artículo 9.03 de la Ley

General de Corporaciones, en contra de Healthcare Ventures LLC, Costa

1 La empresa común es la codemandada Healthcare       Ventures LLC a quien, luego de
dejarse sin efecto la anotación de rebeldía, se le designará un administrador judicial.
Entradas 41, 49, 61 y 66 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC).

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202301251                                                                        2

del Sur Investments LLC y GeodataPR International Inc.2 Luego de

diligenciar los respectivos emplazamientos,3 el 30 de junio de 2023,

GeodataPR compareció por conducto de su representación legal,

conformada por el Lcdo. Santiago Torres de Santiago Torres Law Offices

LLC y el Lcdo. Rivera Rivera, y solicitó una prórroga para presentar su

alegación responsiva.4 El TPI la concedió.5

       Entonces, la parte peticionaria instó el 1 de agosto de 2023 una

Moción     Solicitando       Órdenes.    Entre     otros    remedios,     solicitó   la

descalificación del Lcdo. Santiago Torres por la alegada violación del

Canon 21 de Ética Profesional, Intereses encontrados, en la modalidad de

representación sucesiva adversa, así como la descalificación del Lcdo.

Rivera Rivera, conforme a la doctrina de descalificación imputada.6 En

síntesis, la parte peticionaria alegó que el Lcdo. Santiago Torres fungió

como abogado de todos los asuntos de SA Pobla hasta su despido a inicios

de 2023. Indicó que, luego de varias solicitudes a esos efectos, el 21 de

abril de 2023, el Lcdo. Santiago Torres entregó el expediente de SA Pobla.7

Añadió que este también diseñó y suscribió un documento atinente a la

reclamación dineraria de autos, en alusión al Memorando de Términos y

Condiciones. En cuanto al Lcdo. Rivera Rivera, adujo que le aplicaba la

presunción de que los abogados comparten información confidencial.

       El Lcdo. Santiago Torres8 y el Lcdo. Rivera Rivera9 presentaron

sendos escritos judiciales en los que se opusieron a la descalificación. En

particular, el Lcdo. Santiago Torres indicó que no había conflicto de interés

alguno, ya que se había limitado a realizar el registro e inscripción de SA

Pobla ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y a tramitar su

cumplimiento con el Departamento de Hacienda, mediante la presentación

2 Apéndice, págs. 1-16 con anejos a las págs. 17-55.

3 Apéndice, págs. 56-61.

4 Apéndice, págs. 62-63.

5 Entrada 12 SUMAC.

6 Apéndice, págs. 113-135.

7 Surge del expediente que el Lcdo. Santiago Torres también entregó el expediente de FC

Investment Holdings LLC.
8 Apéndice, págs. 137-155, con anejo a las págs. 156-158.

9 Apéndice, págs. 159-165.
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de derechos anuales y planillas. Afirmó que dichos asuntos concretos no

conllevaron conocer asuntos internos de la entidad jurídica, la cual estuvo

inoperante entre 2018 y los inicios de 2021. Con relación al expediente de

la parte peticionaria en su poder, señaló que solo contenía documentos

relacionados con el registro de la entidad corporativa; a saber: la

información de incorporación y registro en el Departamento de Estado, la

carta y notificación sobre el seguro social patronal, el registro de

comerciante, los “By-Laws”, un “Operating Agreement”, el Libro

Corporativo, el pago de derechos anuales y la presentación de planillas de

entidad inoperante, para el cumplimiento con el Código de Rentas Internas.

Igualmente, expresó que ni él ni Santiago Torres Law Offices LLC habían

representado al peticionario en ningún procedimiento judicial —ya fuere de

jurisdicción voluntaria o de naturaleza adversativa— ante un foro judicial o

administrativo. Al entender que SA Pobla incumplió con los requerimientos

en Derecho para sostener sus alegaciones sobre conflicto ético, el Lcdo.

Santiago Torres solicitó la imposición de honorarios de abogado por

concepto de temeridad. Por su parte, el Lcdo. Rivera Rivera se unió a los

fundamentos esbozados antes y rechazó la procedencia del pedimento.

Asimismo, resaltó la ausencia de evidencia de SA Pobla para apoyar sus

imputaciones sobre las supuestas violaciones al Canon 21 de Ética

Profesional. Aclaró también que no trabajaba en el bufete del Lcdo.

Santiago Torres ni había representado legalmente a SA Pobla en ningún

asunto. Aseveró que no existía confidencia o secreto alguno de SA Pobla

que el Lcdo. Santiago Torres pudiera conocer o compartir.

        Atendidos los escritos presentados, el 22 de agosto de 2023, el foro

a quo notificó la Resolución recurrida, mediante la cual declaró no ha lugar

la solicitud descalificadora.10 Este dictamen fue objeto de una oportuna

Moción de Reconsideración.11 En lo que nos compete, SA Pobla adujo que

10 Apéndice, pág. 166. El tribunal recurrido también apercibió a los representantes legales

de su “deber de preservar la dignidad de los procedimientos judiciales mediante la
aplicación de normas de urbanidad y respeto mutuo.”
11 Apéndice, págs. 167-182, con anejos a las págs. 183-225.
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Santiago Torres Law Offices preparó el “Operating Agreement” y los “By-

Laws” de SA Pobla y brindó asesoramiento al ente corporativo en torno a

un contrato de servicios y a la apertura de cuentas bancarias. Del mismo

modo, por primera vez, señaló varios asuntos en los que el Lcdo. Santiago

Torres supuestamente intervino, los cuales vinculaban al licenciado Fermín

Fracinetti Rivas, administrador de SA Pobla, a su esposa, la doctora

Yolanda Capó Fernández, a la sociedad conyugal que estos conforman y

al hijo de ambos.12 Aludió a la “presunta representación de Healthcare y/o

Geodata en [la] preparación de borradores y [en la] negociación” del

Memorando de Términos y Condiciones. Mencionó la intervención del

Lcdo. Santiago Torres en la preparación de documentos corporativos y

asesoría contributiva ante el CRIM de Sampierdarena Investments LLC,

accionista minoritaria de GeodataPR en un 30%. En fin, arguyó sobre lo

impermisible de permitir que los recurridos contrainterroguen al Lcdo.

Fracinetti Rivas “en cualquier contexto” ya que causaría un “perjuicio

irreparable.”13 SA Pobla insistió en la descalificación del Lcdo. Santiago

Torres y en la descalificación vicaria del Lcdo. Rivera Rivera.

        El Lcdo. Santiago Torres replicó.14 Luego de cuestionar los nuevos

asuntos no esgrimidos antes, reiteró que SA Pobla no demostró que la

representación legal de la parte recurrida haya intervenido en cuestiones

sustancialmente relacionadas con las controversias planteadas en la

Demanda de marras. Aclaró que la llamada “asesoría” constó de tramites

12 SA Pobla adujo que     el Lcdo. Santiago Torres asesoró al Lcdo. Fracinetti Rivas en
posibles reclamaciones judiciales sobre cobro de dinero, asuntos contributivos y en el
manejo del pleito Habibe v. Fracinetti. Además, dijo que participó en unos procesos
puntuales al examinar el expediente del hijo del Lcdo. Fracinetti Rivas en un pleito de
daños y asistió al yerno del Lcdo. Fracinetti Rivas, Lcdo. Luis González, en unos trámites
ante el Pentagon Federal Credit Union. Dijo que el recurrido realizó también
investigaciones jurídicas y preparó pagarés. En cuanto a la Dra, Capó Fernández, se
indicó que el Lcdo. Santiago Torres preparó formularios jurados, ofreció asesoría
contributiva y participó en acciones sobre cambio de nombre y restitución de pagaré.
13 La parte peticionaria citó, además, el Canon 22 de Ética Profesional, Abogado como

testigo, en referencia a unas alegadas expresiones verbales y escritas extrajudiciales del
Lcdo. Santiago Torres relacionadas con la entrega de un pagaré. En respuesta, el Lcdo.
Santiago Torres apostilló que no existía ninguna controversia que lo pudiera convertir en
un testigo del caso, ya que los contendientes habían admitido la inexistencia de un pagaré.
Aclaró que el alegado “pagaré” se trata del mismo Memorando de Términos y Condiciones,
que SA Pobla denomina Contrato de Financiamiento.
14 Apéndice, págs. 226-235.
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de índole contributiva, en los que se limitó a gestionar las declaraciones y

planillas conforme al cumplimiento de Ley. Indicó que la relación abogado-

cliente con SA Pobla y las otras personas naturales y jurídicas

mencionadas     fue   ocasional,   limitada   y   concerniente    a   asuntos

determinados. Es decir, la información necesaria para realizar dichas

gestiones fue específica y no requirió la compenetración en los asuntos

internos de SA Pobla, más allá de conocer los datos concretos necesarios

para la gestión particular que se le encomendó. Ratificó no haber

representado legalmente al ente corporativo en ninguna controversia

relacionada con el pleito del título. Acerca de los documentos presentados

por la parte peticionaria (facturas y correos electrónicos), el Lcdo. Santiago

Torres explicó que de estos no surgía evidencia de un conflicto de interés,

por lo que no cabía hablar de una representación sucesiva adversa y, por

ende, tampoco de la descalificación imputada.

       La petición de reconsideración fue denegada mediante Resolución

emitida y notificada el 11 de octubre de 2023. Insatisfecha, la parte

peticionaria acudió a tiempo ante este Tribunal de Apelaciones mediante el

presente recurso de certiorari y señaló los siguientes errores:

       ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA PETICIÓN
       DE DESCALIFICACIÓN DE ABOGADOS DE SA POBLA YA
       QUE DE SU FAZ SE DESPRENDE QUE EL LCDO.
       SANTIAGO TORRES VIOLÓ EL CANON 21 DE LOS
       CÁNONES DE ÉTICA PROFESIONAL.

       ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR LA EVIDENCIA
       PROVISTA EN LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN.

       ERRÓ EL TPI AL ACOGER LOS FUNDAMENTOS DE LA
       RÉPLICA DE GEODATA PUES INDUDABLEMENTE LOS
       MIEMBROS DE UN MISMO BUFETE DE ABOGADOS
       COMPARTEN     CONFIDENCIAS   E  INFORMACIÓN
       RELEVANTE    SOBRE   LAS   REPRESENTACIONES
       LEGALES QUE SUSTENTAN.

       En armonía con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), mediante la cual este foro

revisor puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de lograr
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su más justo y eficiente despacho”, eximimos a la parte recurrida de

presentar su alegato en oposición.

                                     II

                                     A.

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012),

que cita a: Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso discrecional, para

el cual existen unos parámetros que sirven de guía al momento de decidir

si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v. BBVAPR, supra. De

esta forma, el asunto que se nos plantee en el recurso de certiorari debe

tener cabida dentro de alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Regla 52.1). En

específico, la Regla 52.1 dispone lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos,
      el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. […] (Énfasis nuestro.)

      De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si

se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida
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dentro de uno de los asuntos específicos establecidos en la Regla 52.1,

toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente,

se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos en los que la materia no

esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a

expedir el auto de certiorari automáticamente.

       Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40), debemos o

no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 establece los

criterios que debemos tomar en consideración para determinar si

expedimos o no un auto de certiorari. Estos son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

       A su vez, los foros apelativos “no debemos intervenir con el ejercicio

de la discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que hubo

un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o parcialidad.”

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita

a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Asimismo, con

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, no

debemos sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal
KLCE202301251                                                             8

de instancia, “salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o

craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 DPR

649, 664 (2000). Finalmente, la norma procesal apunta expresamente que,

al denegar la expedición de un auto de certiorari de acuerdo con la Regla

52.1, este Tribunal no tiene que fundamentar su decisión.

                                     B.

      La Regla 9.3 de las de Procedimiento Civil, supra, dispone en lo

pertinente al recurso ante nosotros lo siguiente:

      […] El tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de
      supervisar la conducta de los abogados y [las] abogadas que
      postulan ante sí, podrá, a iniciativa propia o a solicitud de
      parte, imponer sanciones económicas o de otra naturaleza, o
      descalificar a un abogado o abogada que incurra en
      conducta que constituya un obstáculo para la sana
      administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el
      tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as)
      abogados(as). (Énfasis nuestro.)

      Es decir, “[l]os tribunales de instancia tienen la facultad de ordenar

[motu proprio] la descalificación de un abogado” y “[t]ambién pueden

otorgarla accediendo a una solicitud de parte.” Meléndez v. Caribbean Int´l

News, 151 DPR 649, 661 (2000). En Job Connection Center, Inc. v.

Supermercados Econo, 185 DPR 585 (2012), el Tribunal Supremo

interpretó la norma de descalificación de los abogados como sigue:

      Los procedimientos disciplinarios por violación a los Cánones
      de Ética Profesional el abogado se expone a una sanción o
      penalidad. Aunque en el caso de una descalificación no se
      expone a esto, la realidad es que la descalificación de un
      abogado afecta negativamente varios aspectos, tales
      como los derechos de las partes y el trámite de los
      procedimientos. En consideración a lo anterior, una
      descalificación es un remedio que no debe imponerse
      ligeramente. Esta solo debe proceder cuando sea
      estrictamente necesario, por considerarse un remedio
      drástico que debe ser evitado si existen medidas menos
      onerosas que aseguren la integridad del proceso judicial
      y trato justo a las partes. El tribunal deberá realizar un
      balance entre el efecto adverso que la representación legal
      pueda tener sobre los derechos de las partes a un juicio justo
      e imparcial, y en el sistema judicial. (Énfasis nuestro.) Id.,
      págs. 596-597.
KLCE202301251                                                               9

       En los casos en que una parte “solicita la descalificación de un

representante legal, la mera presentación de una moción de descalificación

no conlleva automáticamente la concesión de la petición en cuestión” pues

corresponde al tribunal “hacer un análisis de la totalidad de las

circunstancias”, a base de los siguientes factores:

       (1) si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa
           para invocarla;

       (2) la gravedad de la posible violación ética involucrada;

       (3) la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la
           controversia y el “expertise” de los abogados implicados;

       (4) la etapa de los procedimientos en que surja la
           controversia sobre descalificación y su posible efecto en
           cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso, y

       (5) el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la
           moción está siendo utilizada como mecanismo para dilatar
           los procedimientos. Job Connection Center, Inc. v.
           Supermercados Econo, supra, págs. 597-598 que cita a
           Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996) (Per Curiam) y
           Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850,
           865 (1995).

       “El juez que atiende una moción de descalificación debe analizar si

la continuación de la representación legal le causaría un perjuicio o

desventaja indebida en el caso a quien la solicita” y “deberá brindar la

oportunidad al representante legal, cuya descalificación está siendo

solicitada, para que se exprese.” Job Connection Center, Inc. v.

Supermercados Econo, supra, pág. 598. El criterio rector es “si al abogado

representar los intereses de un cliente en un caso, la representación

posterior de otro cliente en uno relacionado sustancialmente con el

primero puede entenderse como un cambio de lado.” P. R. Fuels, Inc., v.

Empire Gas Company, Inc., 133 DPR 112, 119 (1993).

       En cuanto a la doctrina de descalificación imputada o vicaria, se

refiere a aquella que recae sobre un bufete completo o un grupo de

abogados debido a la previa descalificación de uno o más de sus miembros

por razón de un conflicto de intereses. La descalificación vicaria se basa en

el supuesto de las confidencias compartidas entre los abogados de un
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bufete. Por tanto, la evaluación de la descalificación vicaria implica una

serie de intereses que deben sopesarse y que están presentes en

contextos muy diversos. P. R. Fuels, Inc., v. Empire Gas Company, Inc.,

supra, pág. 120. “Los intereses primordiales lo constituyen la protección de

las confidencias del cliente y el ejercicio de un criterio profesional

independiente, pero no pueden menospreciarse los intereses que compiten

con estos: la movilidad de los abogados en el mercado de empleos y

los posibles efectos perjudiciales para la parte cuyo abogado es

descalificado.” (Énfasis nuestro.) Id.

                                          III

       En sus señalamientos de error, la parte peticionaria aduce que el

Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar su petición de descalificar

al Lcdo. Santiago Torres y al Lcdo. Rivera River al afirmar que el primero

violó el Canon 21 y, sin duda, los miembros del mismo bufete comparten

las confidencias de sus clientes. Aduce también que el foro primario erró al

no sopesar la evidencia sometida en la etapa de reconsideración. A tales

efectos, solicita la revocación del dictamen, la descalificación de los

recurridos o, en la alternativa, la celebración de una vista evidenciaria.

       Por tratarse de un recurso de certiorari nos corresponde evaluar si

el asunto ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Ciertamente, el

presente recurso podría incidir sobre una de las materias incluidas en la

Regla 52.1, entiéndase, “cualquier otra situación en la cual esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”, por lo que

podríamos ostentar jurisdicción bajo dicha disposición legal.15

15 Una solicitud de descalificación de representación legal procedente   en Derecho no
concedida o una descalificación incorrectamente aplicada podrían incidir en aquella
materia de la Regla 52.1 que alude a “cualquier otra situación en la cual esperar a la
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia,” por las repercusiones y
menoscabos de derechos que pudiese ocasionar el no revisar órdenes de
descalificaciones o sus denegatorias, ya que la apelación sería un remedio infructuoso.
Por ello, el Tribunal Supremo ha resuelto que estas controversias podrían ser revisables
de conformidad con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Véase, Job Connection
Center v. Sup. Econo, 185 DPR 585, 599-601 (2012).
KLCE202301251                                                             11

       No obstante, superada esta etapa, debemos realizar la segunda

parte del análisis, es decir, si conforme la discreción concedida a este

Tribunal revisor mediante la Regla 40, debemos expedir o no el auto de

certiorari. Respondemos en la negativa. Luego de evaluar el expediente

ante nuestra consideración, así como la Resolución recurrida, resolvemos

conferir deferencia al foro primario en su determinación. Al no descalificar

a los recurridos, el tribunal a quo justipreció que la Demanda del epígrafe

no está sustancialmente relacionada con las intervenciones puntuales del

Lcdo. Santiago Torres en determinados asuntos específicos de la parte

peticionaria. Por ende, coligió como igualmente improcedente argüir sobre

la doctrina de descalificación vicaria.

       En este caso, no encontramos fundamento alguno que nos lleve a

concluir que la primera instancia judicial haya abusado de su discreción o

que haya aplicado el Derecho de forma errada o actuado de manera

arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad al denegarle a la parte

peticionaria la descalificación de los recurridos. Siendo ello así y en

ausencia de alguno de los criterios contemplados en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no se justifica nuestra

intervención. En consecuencia, procedemos a denegar la expedición del

auto de certiorari solicitado.

                                      IV

       Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari solicitado.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones