Court Opinion

ID: 9962609
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:18.586175+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.805603
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

                                           Apelación
    ISRAEL MARTÍNEZ                        procedente del
       HERNÁNDEZ                           Tribunal de Primera
                                           Instancia, Sala de
       Parte Apelante        KLAN202300580 Familia y Menores-
                                           Bayamón
              v.
                                               Civil núm.:
   ABIGAIL CARABALLO                           D CU2014-0322
        VARGAS
                                               Sobre:
       Parte Apelada                           Custodia
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, juez ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

      Comparece el señor Israel Martínez Hernández (Sr. Martínez

Hernández o apelante) y solicita que revoquemos la Resolución

emitida el 4 de mayo de 2023, y notificada el 8 de mayo de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Relaciones de

Familia y Menores de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el

TPI autorizó a la madre custodia, señora Abigail Caraballo Vargas

(Sra. Caraballo Vargas o apelada,) a trasladarse al Estado de Texas

junto con los dos hijos menores de edad procreados por las partes.

      Evaluada la solicitud del apelante, la oposición de la parte

apelada, así como la transcripción de la prueba oral y los

documentos que obran en autos, y por los fundamentos que se

exponen a continuación, confirmamos el dictamen apelado.

                                 I.

      El asunto ante nuestra consideración se originó el 14 de

noviembre de 2022, cuando la Sra. Caraballo Vargas, quien ostenta

la custodia monoparental de los dos hijos menores de edad

procreados por las partes, presentó ante el TPI una Solicitud de

traslado permanente y provisional de conformidad con la Ley Núm.

Número Identificador
SEN2024________________
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102 del 2018.1 En ésta, informó y detalló que tiene una oferta

atractiva de empleo para desempeñarse como “Mental Health

Clinician” en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de

América. Arguyó que la oferta de empleo era en extremo competitiva,

en comparación con los salarios base de Puerto Rico, por lo que el

traslado redundaría en una mejor calidad de vida para los menores.

También, la señora Caraballo Vargas anunció en su petición la

dirección del lugar de la nueva vivienda, la información completa de

la escuela en la que estudiarían los menores y los potenciales

lugares para su cuidado médico. En cuanto a las relaciones

paternofiliales,      la   Sra.   Caraballo    Vargas     propuso     un     plan

estructurado con relaciones más amplias que las establecidas por el

tribunal. Sin embargo, adujo que, por razones de su trabajo, el Sr.

Martínez Hernández no posee el tiempo para ejercer los roles

paternos. Además, alegó que éste se opone al traslado sin motivo o

razón justificada.

       La vista para atender la petición de la Sra. Caraballo Vargas

se llevó a cabo de manera presencial los días 17 de marzo, y 3 y 17

de   abril     de   2023.     Ambas     partes    comparecieron       con    sus

representaciones legales. Durante la vista, el tribunal recibió el

testimonio de ambas partes y admitió siete (7) documentos en

evidencia2.

1 Apéndice del recurso, págs. 14-29.
2 El TPI admitió y marcó en evidencia los siguientes documentos:

       •     Exhibit 1: Transcripción de notas del menor Israel con fecha
             del 1 de enero de 2023. Victory Academy. Un folio.
       •     Exhibit 2: Transcripción de créditos de la menor Melanie con
             fecha del 12 de enero de 2023. Victory Academy. Un folio.
       •     Exhibit 3: Boleta de notas de la menor Melanie para el año
             académico del 2021-2022. Asta Elemental. Un folio.
       •     Exhibit 4: “Welcome Letter” de Azul Apartments ubicados en la
             dirección 6674 Prue Road #8201, San Antonio TX 78240. Dos
             folios.
       •     Exhibit 5: Diploma de Maestría como “Clinical Social Work” a
             nombre de Abigail Caraballo Vargas, expedido por la
             Universidad Ana G. Méndez del mes de diciembre de 2021.
             Diploma de Bachillerato de trabajador social a nombre de
             Abigail Caraballo Vargas, expedido por la Universidad de
             Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Tres (3) folios.
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       El desfile de prueba comenzó con el testimonio del Sr.

Martínez Hernández. Éste testificó que la señora Caraballo Vargas

posee la custodia legal de los menores.3 Indicó que se desempeña

como seaman del United States Coast Guard, lo que le impide estar

continuamente en Puerto Rico y lo obliga a delegar el cuido de sus

dos hijos en los abuelos paternos, quienes, a su vez, son sus

vecinos.4 Admitió que no leyó la petición de relocalización, ni evaluó

o investigó la propuesta de la señora Caraballo Vargas, debido a que

no está de acuerdo con el traslado solicitado.5 Como razones para

su oposición, declaró que la Sra. Caraballo Vargas lo agredió en el

2014 y le ha negado acceso a los récords médicos de los menores.6

Aseguró que los menores están mejor en Puerto Rico porque reciben

educación escolar y las ayudas que necesitan para su desarrollo.

Además, aseguró que los menores manifiestan sentimientos de

apego hacia sus abuelos paternos.7

       No obstante, el señor Martínez Hernández reconoció la pobre

comunicación que tiene con la Sra. Caraballo Vargas.8 Relató que

ésta se fue de Puerto Rico en noviembre de 2023 y que, desde

entonces, él se ha hecho cargo de los menores. Inclusive, los cambió

de escuela.9 Por otro lado, admitió que el abuelo y la tía maternos

son la red de apoyo de la Sra. Caraballo Vargas y los menores.10

       Por su parte, el testimonio de la Sra. Caraballo Vargas se

centró en detallar lo expuesto en su solicitud de relocalización. En

       •     Exhibit 6: Offer Letter, Acceptance Offer, and Position
             Information como Mental Health Clinical. Vighter. Ocho (8)
             folios.
         • Exhibit 7: Antilles Middle School Report Card 2022-2023 para
             los menores I.M.C. y M.M.C. Seis (6) folios.
3 Transcripción de la prueba oral de la vista del 17 de marzo de 2023, pág. 35.
4 Íd., pág. 49, 53 y 106; Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de abril

de 2023, págs. 30 y 32.
5 Transcripción de la prueba oral de la vista del 17 de marzo de 2023, pág. 90-

101; Transcripción de la prueba oral de la vista del 21 de abril de 2023, pág. 81.
6 Transcripción de la prueba oral de la vista del 17 de marzo de 2023, pág. 114.
7 Íd., pág. 116.
8 Íd., pág. 108.
9 Íd., pág. 115.
10 Íd., pág. 127.
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específico, declaró que en dicho documento proveyó la dirección de

la vivienda propuesta, detalles del plano del apartamento, el

contrato de alquiler y la carta de bienvenida al complejo de

viviendas, así como ubicaciones circundantes de recreación,

escuelas, hospitales y oficinas médicas.11 Indicó que solicita

autorización para relocalizarse con sus hijos en el Estado de Texas

para mejorar la calidad de vida de su familia.12 Al respecto, abundó

en torno a su preparación académica, oferta de empleo de Texas,

incluyendo salarios y beneficios, y la comparó con la oferta de

empleo de Puerto Rico.13 Afirmó que está casada con Javier Enrique

Dávila Rosa, quien, al igual que ella, carece de antecedentes penales,

trabaja como asistente de enfermería y representa una figura de

apoyo emocional y económico para ella, los dos menores que procreó

con el Sr. Martínez Hernández y la hija que tiene en común con su

esposo.14

       La    Sra.        Caraballo   Vargas     habló     de    las    relaciones

paternofiliales que propuso en su petición de relocalización,

haciendo constar que es un plan más extenso que el plan de

relaciones vigente. Indicó que no se opone a que el Sr. Martínez

Hernández visite a los niños en Texas. Afirmó que, para atender los

asuntos relacionados con los menores, las partes se comunican por

correo electrónico y mensajes de texto.15

       También, la Sra. Caraballo Vargas describió las condiciones

clínicas y los servicios médicos que recibe la niña y aseveró que,

desde enero de 2023, fecha desde la cual el Sr. Martínez Hernández

retuvo a los menores bajo su cuido, no ha llevado a la niña a sus

terapias.16 Tampoco supervisó las tareas escolares de ninguno de

11 Íd., págs. 163-191.
12 Íd., págs. 193-194.
13 Íd., págs. 184-188, 195-199.
14 Íd., págs. 200-201; Trascripción de la prueba oral de la vista del 3 de abril de

2023, pág. 11.
15 Trascripción de la prueba oral de la vista del 3 de abril de 2023, págs. 15-16.
16 Íd., págs. 18-22.
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los menores, según corroboró cuando el Sr. Martínez Hernández le

devolvió a los menores, en comparación con el progreso académico

previo.17 Señaló que el Sr. Martínez Hernández cambió a los niños

de escuela sin su consentimiento.18 A su vez, aseguró que, al

reunificarse con los niños, observó que no hubo control sobre los

celulares de los menores, debido a que encontró una fotografía

pornográfica en el celular del niño. De igual forma, se percató que

los menores vestían ropa de talla inadecuada. 19

        La Sra. Caraballo Vargas admitió que ya aceptó la oferta de

empleo y trabaja en el Estado de Texas y que el abuelo materno de

los menores también se mudará a dicho Estado.20 También

mencionó que no tiene comunicación efectiva con el Sr. Martínez

Hernández y tampoco vislumbra que ésta mejore.21 Por último,

comparó los beneficios escolares y médicos que recibirían los

menores en el Estado de Texas con los que reciben en Puerto Rico.22

Reconoció la limitación del idioma, pero narró el proceso para

superar dicha barrera.23

        Basado en la credibilidad que le mereció la prueba recibida en

sala, el 4 de mayo de 2023, el TPI dictó la Resolución recurrida. En

ésta, consignó las siguientes determinaciones de hechos:

        1. Las partes de epígrafe sostuvieron una relación
        consensual fruto de la cual procrearon a los menores
        M.A.M.C. de 13 años de edad y a I.M.C. de 11 años de
        edad.

        2. La madre es quien ostenta la custodia física y legal
        de los menores desde su nacimiento, según se hace
        constar en la sentencia del 21 de diciembre de 2016.

        3. El señor Martínez Hernández trabaja a tiempo
        completo para el US Coast Guard como “seamen”. De
        su testimonio surge que en ocasiones tiene que estar
        por amplios periodos de tiempo en una embarcación al

17 Íd., págs. 23-24, 29-32, 43-45.
18 Íd., pág. 46.
19 Íd., pág. 47.
20 Íd., págs. 63 y 80.
21 Íd., págs. 70 y 81.
22 Íd., págs. 51-55.
23 Íd., págs. 27-28, 53.
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     menos una vez al mes. De ese periodo, Martínez está
     cuatro días en alta mar y tres días en puerto.

     4. La señora Caraballo Vargas ostenta un bachillerato
     como trabajadora social de la Universidad de Puerto
     Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría como
     “Clinical Social Worker” de la Universidad Ana G.
     Méndez. Asimismo, posee una licencia permanente
     como trabajadora social desde el año 2019.

     5. También manifestó que, una vez obtuvo su licencia
     profesional, comenzó una búsqueda activa de empleo y
     que para una trabajadora social con maestría los
     salarios promedios oscilan entre los $1,500 a $1,700.00
     en Puerto Rico.

     6. Expresó la señora Caraballo, además, que la última
     oferta de trabajo obtenido por el Departamento de la
     Familia redundaba en una paga de $100.00 por caso
     manejado y completado y que hasta tanto no
     completara el caso con archivo y cierre no tenía derecho
     a recobro alguno.

     7. En o cercano al mes de octubre del 2022, la señora
     Caraballo recibió una oferta de empleo de Vighter como
     “Mental Health Clinician” a razón de $43.00 la hora, en
     el Estado de Texas. Indicó que, junto a su esposo, el
     ingreso combinado del hogar rondaría los $12,000.00
     mensuales.

     8. La señora Caraballo se encuentra casada con el señor
     Javier E. Dávila Rosa, quien al presente se desempeña
     como asistente de enfermero generando un ingreso
     mensual de $4,000 a $5,000 dólares mensuales.

     9. Con el señor Dávila procreó otra menor de nombre
     Ema. También manifestó que Javier es una figura de
     apoyo para los menores, estudia con éstos, habla con
     los maestros y siempre ha compartido los asuntos
     educativos de dichos menores.

     10. La peticionaria también indicó no contar con
     antecedentes penales y que igualmente su esposo, el
     señor Dávila no cuenta con antecedentes penales ni en
     Puerto Rico ni fuera de Puerto Rico.

     11. En o para el mes de noviembre del 2022, la señora
     Caraballo le informó al Sr. Hernández su intención de
     trasladarse junto a sus hijos al Estado de Texas, esto
     con el propósito de mejorarle el estilo de vida de los
     menores y de que dicho traslado operaría en el mejor
     interés de esto[s].

     12. Del testimonio de la señora Caraballo Vargas
     también surgió que el señor Martínez retuvo a los
     menores desde el mes de enero de 2023, limitando el
     acceso absoluto de éstos a su abuelo y tía maternos
     quienes siempre han sido una fuente de apoyo familiar
     para los menores.
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     13. También indicó que el señor Martínez había
     incumplido con llevar a los menores a sus terapias y
     que por ello existía la posibilidad de que estos servicios
     fuesen suspendidos.

     14. A partir de enero, la supervisión escolar ha recaído
     exclusivamente en el demandante, quien ha
     demostrado ejercer una pobre supervisión sobre las
     tareas escolares.

     15. La señora Caraballo manifestó que advino en
     conocimiento de ello cuando se personó a la escuela
     Antilles y le indicaron la infinidad de trabajos,
     documentos, tareas en blanco y exámenes sin
     completar de ambos menores. Debemos recalcar que la
     responsabilidad y supervisión de dichas tareas recayó
     exclusivamente en el señor Hernández desde el mes de
     enero del 2023.

     16. Surge de los documentos admitidos en evidencia
     que la merma en las notas de ambos menores es
     significativa una vez fueron matriculados en Antilles
     Middle School.

     17. Asimismo, cuando mamá revisó las libretas de los
     menores notó una desorganización tremenda,
     adjudicada a una pobre supervisión de las tareas
     escolares.

     18. Del testimonio de la señora Caraballo surgió que el
     señor Martínez matriculó a los menores en Antilles sin
     la autorización de ésta, y que además, no proveyó la
     información de contacto de mamá, limitando así todo
     acceso de información a ésta.

     19. Del testimonio de la señora Caraballo también
     surgió que ésta encontró una foto pornográfica en el
     celular del menor Israel, cosa que lo atribuye a la poca
     o ninguna supervisión de parte del señor Martínez con
     los asuntos de sus hijos.

     20. El señor Martínez indicó que no leyó ni evaluó nada
     de lo propuesto por mamá en su petición y solicitud de
     traslado, y que su renuencia a que sus hijos se
     trasladaran al Estado de Texas junto a mamá se
     fundamentó en que éste le había radicado en el pasado
     una orden de protección al amparo de la Ley 54; en una
     alegada agresión a su persona y a su vez, en que las
     partes no tienen comunicación alguna si no es a través
     de mensajes de texto.

     21. Declaró el padre, además, que se oponía al traslado
     de los menores porque “yo soy el papá de los menores”.

     22. Asimismo, de la prueba presentada y creída, el
     señor Martínez declaró que no evaluó el plan de
     relaciones filiales propuesto por Caraballo, ni tampoco
     hizo investigación alguna sobre los recursos médicos ni
     escolares propuestos por esta.
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     23. A pesar de no haber hecho investigación alguna ni
     evaluar seriamente lo propuesto por la promovente, la
     señora Caraballo, éste adujo que a su mejor entender
     los menores estarían mejor en Puerto Rico. Manifestó
     que no le interesaba tener conversaciones con la señora
     Caraballo respecto a su propuesta de traslado.

     24. El señor Martínez no produjo ni una sola prueba
     para demostrar que el traslado será adverso al mejor
     interés de sus hijos.

     25. De la prueba escuchada, éste indicó que se oponía
     al traslado porque en el año 2014 la señora Caraballo
     le había negado por tres meses la[s] visitas con sus
     hijos; asimismo, que en una ocasión la señora Caraballo
     solicitó una orden de protección al amparo de la Ley 54,
     así como que mantenía un patrón de “ocultarle”
     información médica de sus hijos.

     26. El demandante no produjo evidencia alguna más
     allá de estas alegaciones en respuesta a por qué el
     traslado no operaría en el mejor bienestar de sus hijos,
     ni tampoco produjo evidencia alguna sobre las
     condiciones y/o estilo de vida de los menores en Puerto
     Rico ni de su disponibilidad.

     27. En diciembre del 2022, sin la autorización expresa
     de la señora Caraballo, el señor Martínez matriculó
     unilateralmente a los menores en Antilles Military
     School. Previo a este cambio, los menores estudiaban
     en Victory Academy. Según surge de los reportes de
     notas de esta última institución, sus calificaciones eran
     excelentes.

     28. Surge del testimonio del señor Martínez que hace
     escasamente dos meses fue que se enteró de quiénes
     son los médicos que atienden a los menores y adujo que
     dicho desconocimiento se debía a que mamá escogió los
     mismos unilateralmente.

     29. Del testimonio y del expediente judicial surge que la
     señora Caraballo siempre ha tenido la custodia de sus
     dos hijos menores de edad.

     30. Asimismo, manifestó y confirmó que el señor
     Martínez, por razón de su trabajo, no siempre está en
     Puerto Rico, delegando el cuido directo de sus dos hijos
     menores de edad en los abuelos paternos.

     31. La señora Caraballo también indicó que una vez
     recibió la oferta de trabajo como Mental Health Clinician
     en Vighter, San Antonio Texas, alquiló un apartamento
     en Azul Apartment Homes en 6674 Prue Rd #8201, San
     Antonio TX, lugar propuesto para el traslado de los
     menores. Dicho apartamento consta de tres cuartos,
     dos baños, área de balcón, un espacio individual para
     los menores y un cuanto para ésta y su actual esposo
     Javier E. Dávila Rosa. Cada menor tendría su propio
     cuarto. Asimismo, dicho complejo de apartamentos se
     encuentra muy cercano al medical center, lugar donde
     los menores recibirían sus servicios. El apartamento
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      tendría un canon de arrendamiento de $1,600.00
      mensuales.

      32. Dicha ubicación cuenta con facilidades médicas
      cercanas en atención a las necesidades médicas de los
      menores,    tales   como     psiquiatras, psicólogos,
      oftalmólogos, neurólogos y neumólogos pediátricos.

      33. El lugar propuesto por Caraballo para que sus hijos
      cursen estudios escolares [es] Harmony Science
      Academy, lugar cercano a la residencia de ésta.

      34. Caraballo le aseguró a este Tribunal que dicha
      escuela cuenta con un programa de ESL, tomando en
      consideración el nivel de ajuste y progreso de los
      menores específicamente en el fortalecimiento de sus
      destrezas en el idioma inglés para que éstos puedan
      tener un mejor ajuste de aprobarse el traslado.

      35. La señora Caraballo también indicó que, en su
      petición de traslado, en adición a lo ya indicado, le
      proveyó al señor Martínez los planos del apartamento,
      la ubicación de este, la cercanía con las áreas
      recreativas, de disfrute familiar, centros comerciales,
      especialistas médicos y las escuelas propuestas.
      Manifestó que todos los especialistas propuestos
      aceptan el plan médico patronal al que tiene derecho.

      36. La señora Caraballo también indicó que su padre
      estaría trasladándose junto a esta al Estado de Texas
      para fungir como una fuente de apoyo familiar para ésta
      y sus hijos menores de edad.

      En su sentencia, el TPI evaluó la solicitud de traslado

conforme los criterios de la Ley Núm. 102-2018. De tal forma, el foro

primario consideró: (1) si la relocalización es para impedir las

relaciones paternofiliales, (2) si existe una relación válida y

determinante para relocalizarse, y (3) si la relocalización ofrecerá

una mejor oportunidad de vida para la madre custodia y los

menores. A tales efectos, el foro primario destacó que la Sra.

Caraballo ha sido la cuidadora principal de los menores en todos los

aspectos emocionales, afectivos, educativos y de salud. En cambio,

en cuanto al Sr. Martínez, indicó que, durante el tiempo que retuvo

a los menores bajo su custodia, éste había desplegado una pobre

supervisión. También señaló que el Sr. Martínez no obró con la

diligencia de un buen padre de familia al negarse infundadamente a

evaluar la propuesta de relocalización de la Sra. Caraballo.
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      Por otro lado, el TPI manifestó su aprobación al lugar de

vivienda e instituciones escolares y médicas propuestas, y concluyó

que éstas brindarán una estabilidad emocional, física y educativa

superior a la que los menores reciben en Puerto Rico. También

expuso estar convencido de que la oferta de trabajo de la madre

custodio, sumado al ingreso de su actual esposo, redundará en una

mejor posición social y económica para la familia. Puntualizó que

dejar a los menores en Puerto Rico no responde a sus mejores

intereses, sino que, por el contrario, podría repercutir en una

desestabilización emocional, afectiva, escolar y opuesta a su mejor

bienestar.

      En fin, el TPI concluyó que la solicitud de relocalización de los

menores al Estado de Texas no se efectuó con el propósito de impedir

la relación paternofilial, que existe una razón válida para tal

relocalización y que ésta ofrecerá una mejor oportunidad de vida a

los menores y la madre custodia. En fin, a la luz de los criterios

esbozados y en atención al mejor bienestar de los menores, el TPI

declaró con lugar la solicitud de relocalización y autorizó el traslado

permanente de los menores junto a su madre al Estado de Texas,

efectivo a mayo de 2023, una vez los menores culminaran su

semestre escolar.

      En desacuerdo con el dictamen, el Sr. Martínez presentó una

moción de reconsideración el 23 de mayo de 2023. Adujo que la

relocalización permanente al Estado de Texas no obraba en el mejor

bienestar de los menores y solicitó la intervención de la Unidad

Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores del Tribunal

para la investigación e informe correspondiente. El TPI denegó la

solicitud de reconsideración mediante orden notificada el 2 de junio

de 2023.

      Inconforme, el 5 de julio de 2023, el Sr. Martínez instó el

presente recurso y apuntó los siguientes señalamientos de error:
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       Primer señalamiento
       El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de
       derecho o craso abuso de discreción al autorizar la
       relocalización de los menores en inobservancia de las
       disposiciones de la Ley Núm. 102-2018 y la doctrina
       reiterada en Jusino González v. Norat Santiago, 2023
       TSPR 47.

       Segundo señalamiento
       El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de
       derecho o craso abuso de discreción al ignorar las tres
       súplicas del padre no custodio para que la solicitud de
       relocalización y su oposición fuesen referidas a la
       Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de
       Menores       para     investigación,    informe      y
       recomendaciones, con la correspondiente actualización
       del Informe Social de 2016.

       Tercer señalamiento
       El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de
       derecho o craso abuso de discreción al no ejercer su
       poder de parens patriae conforme a la Ley Núm. 102-
       2018 y autorizar la relocalización de los menores sin
       considerar los factores estatutarios para determinar y
       salvaguardar el mejor bienestar de los menores.

       En síntesis, adujo que el foro primario incidió al adjudicar la

solicitud de relocalización fundamentado en la prueba presentada

por las partes durante la vista, sin haber referido el asunto a la

Unidad Social de Relaciones de Familia y, por tanto, sin que el

tribunal tuviera ante si todos los elementos necesarios para llegar a

una determinación de traslado que salvaguardara los mejores

intereses y bienestar de los menores. Asegura que Jusino González

estableció la norma de que toda solicitud de relocalización de

menores requiere la investigación e informe correspondiente de la

Unidad Social.

       Luego, mediante Moción en cumplimiento de orden sometiendo

transcripciones de 21 de noviembre de 2023, el Sr. Martínez presentó

la transcripción de la prueba oral de las vistas llevadas a cabo ante

el foro primario. Con la anuencia de la Sra. Caraballo24, aprobamos

la transcripción de la prueba oral según presentada.

24 Conforme surge de la Moción en solicitud de orden y término final para contestar

presentada por ésta el 1 de noviembre de 2023.
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       El 7 de diciembre de 2023, la Sra. Caraballo presentó su

alegato en oposición. En éste, adujo que el dictamen emitido por el

TPI está sustentado en la prueba que tuvo ante su consideración, y

que el hecho de que el tribunal no hubiera ordenado la realización

de un informe social en forma alguna implicaba que dicho foro

careciera     de   los   elementos       necesarios      para    llegar   a    una

determinación de relocalización que atendiera los mejores intereses

y bienestar de los menores.

                                        II.

                                        A.

       En nuestro ordenamiento, es norma conocida que los

tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de la

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de

hechos que realizan los tribunales de instancia, a menos que se

demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, prejuicio o

parcialidad, o que incurrió en error manifiesto.25 Ello pues, porque

los jueces de primera instancia son quienes están en mejor posición

de aquilatar la prueba y adjudicar credibilidad, que incluye, entre

otros factores, ver el comportamiento de los testigos mientras

ofrecen su testimonio.26 Sólo se podrá intervenir con sus

determinaciones cuando la apreciación de la prueba no represente

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

prueba.27

       No obstante, a pesar de esta norma de deferencia judicial, el

Tribunal Supremo ha indicado que cuando las determinaciones de

hecho del foro primario estén basadas en prueba pericial o

documental, el tribunal revisor se encuentra en la misma posición

25 Ortiz Ortiz v. Medtronics, 209 DPR 759, 778 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy

et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Gómez Márquez v. El Oriental, 203 DPR 783, 793
(2020).
26 Ortiz Ortiz v. Medtronics, supra, págs. 778-779; Gómez Márquez v. El Oriental,

supra, pág. 792; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).
27 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).
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que el foro revisado. Por consiguiente, el tribunal apelativo tendrá la

facultad de adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación

de la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque resulte

técnicamente correcta.28

                                       B.

         La patria potestad se define como el conjunto de deberes y

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los

bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la

mayoría de edad u obtienen su emancipación.29

         La custodia es un componente de la patria potestad porque

impone a los padres el deber primario de tener a sus hijos no

emancipados bajo su compañía.30 Es decir, la custodia es la

tenencia o control físico que tiene un progenitor sobre los hijos.31

         Al adjudicar la custodia de un menor, los tribunales están

llamados a utilizar como criterio rector el bienestar y los mejores

intereses de éste.32 De ahí que la decisión de un tribunal en torno a

la custodia de un menor debe tomarse luego de realizar un análisis

objetivo sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes

en el caso ante sí, teniendo como único y principal objetivo el

bienestar de los menores.33

         Específicamente en los casos de relocalización de un menor,

el tribunal debe evaluar la petición de conformidad con los requisitos

establecidos en la Guía Uniforme para Casos de Relocalización del

Padre Custodio, Ley Núm. 102-2018.34 La Exposición de Motivos de

esta ley dispone que su propósito es salvaguardar el principio rector

de asegurar el mejor bienestar del menor. La legislación reconoce,

además, que un padre puede querer relocalizarse para buscar un

28 Íd., pág. 777.
29 Artículo 589 del Código Civil (32 LPRA sec. 7241).
30 Jusino González v. Norat Santiago, 211 DPR 855, 863 (2023).
31 Íd.
32 Íd., pág. 864.
33 Íd.
34 32 LPRA sec. 3371 et seq.
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nuevo comienzo basado en nuevas oportunidades de trabajo, mejor

calidad de vida o simplemente buscar un cambio en la misma.

Puntualiza que, independientemente de las razones justificadas que

pueda tener ese padre custodio, la intervención del Tribunal se hace

necesaria en muchas ocasiones para reconocerle al padre no

custodio su derecho a relacionarse con su hijo.

       En ese contexto, el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley 102-

201835, establece que se permitirá la relocalización de un menor si

se prueba que:

       (1) No es para impedir la relación del padre no custodio
       o persona interesada con el menor;

       (2) Existe una razón válida y determinante para
       relocalizarse; y

       (3) Ofrecerá una mejor oportunidad de vida tanto para
       el padre custodio o tutor como para el menor.

       Por su parte, el inciso (b) del mismo artículo desglosa los

factores adicionales que el tribunal deberá analizar para autorizar

la relocalización y determinar si la relocalización opera en el mejor

bienestar del menor. Estos factores son:

       (1) Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga
       derecho a ser oído;

       (2) Relación del menor con el padre no custodio;

       (3) Relación del menor con las personas interesadas y
       la forma en que éstos llevan a cabo su derecho de visita;

       (4) Periodo de tiempo que el menor lleva residiendo en
       la residencia principal y los lazos emocionales que lo
       une a ella;

       (5) Oportunidades de desarrollo, tanto emocional, como
       físico y educacional;

       (6) Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo;

       (7) Disposición del padre custodio o tutor de permitir al
       otro padre no custodio o persona interesada de ejercer
       su derecho a visita, relacionarse con el menor y
       custodia compartida en los casos que aplique;

       (8) Potencial de cambio en la vida del padre custodio o
       tutor y del menor;

35 32 LPRA sec. 3376.
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       (9). Posibilidad económica del padre no custodio o
       persona interesada de ejercer su derecho a visita para
       relacionarse con el menor;

       (10) Grado de responsabilidad del padre no custodio o
       persona interesada en sus obligaciones para con el
       menor;

       (11) El tribunal podrá ordenar el realizar un estudio
       social del área al cual planean mudar al menor. Este
       estudio, entre otras cosas, deberá incluir un análisis de
       la criminalidad del área interesada;

       (12) Lugar donde el menor va a estudiar, nombre e
       información completa de la escuela: dirección, teléfono,
       maestro del menor y nombre del director;

       (13) En caso de que el menor no tenga edad suficiente
       para asistir a la escuela, nombre del cuido e
       información completa en el que estará el menor o en
       caso de que sea una persona particular información
       completa de la misma;

       (14) Lugar de trabajo, nombre e información general del
       padre custodio o tutor legal: teléfono, dirección y
       nombre del patrono;

       (15) Información de las personas adicionales al padre
       custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de ser
       el caso;

       (16). Información del casero en los casos donde la
       residencia sea alquilada;

       (17) Certificación de empleo o estudios;

       (18) Se observará la recomendación del trabajador
       social en cuanto al efecto que esto tendrá en el menor;

       (19) El seguro médico que tendrá el menor; y

       (20) Cualquier otro factor que el juzgador entienda
       necesario, tomando como principio la equidad entre las
       partes.

       Así pues, es importante que el tribunal a cargo de una

solicitud de traslado de un menor cuente con los elementos

necesarios para llegar a una determinación que salvaguarde el mejor

interés y bienestar de éste.36 Los mejores intereses del menor van

atados a sus necesidades físicas, morales y espirituales.37 De esta

forma, la determinación de custodia constituye un ejercicio

36 Jusino González v. Norat Santiago, supra, pág. 868.
37Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 293 (2006), citando a Nudelman v. Ferrer
Bolívar, 107 DPR 495, 511 (1978).
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discrecional ponderado que siempre debe redundar en el mejor

bienestar del menor.38

         Así pues, conforme a las prerrogativas que derivan del poder

de parens patriae del Estado, un tribunal tiene la potestad de

ordenar        las   investigaciones    de     índole    social   que   entienda

pertinentes.39 A esos efectos, la Unidad Social de Relaciones de

Familia y Asuntos de Menores tiene como función principal ofrecer

al juzgador asesoramiento social mediante evaluaciones periciales

que permitan tomar decisiones informadas en los casos ante su

consideración.40

         Por último, precisa señalar que las determinaciones de

custodia no constituyen propiamente cosa juzgada, debido a que

están sujetas a revisión judicial de ocurrir un cambio en las

circunstancias, siempre que se considere el mejor interés y bienestar

del menor. Esto es, pueden surgir hechos y circunstancias

posteriores al dictamen que requieran que se modifique.41

         Dentro de las normas jurídicas enunciadas, procedemos a

resolver el asunto ante nuestra consideración.

                                        III.

         Por    estar   relacionados,     discutiremos       en   conjunto   los

señalamientos de error. En síntesis, en dichos errores el Sr.

Martínez Hernández adujo que el foro primario incidió al adjudicar

la solicitud de relocalización solamente a base de la prueba

presentada por las partes durante la vista, sin haber referido el

asunto a la Unidad Social de Relaciones de Familia y, a su juicio,

sin que el tribunal tuviera ante si todos los elementos necesarios

para llegar a una determinación de traslado que salvaguardara los

mejores intereses y bienestar de los menores. El Sr. Martínez

38 Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 652 (2016).
39 Íd.
40 Íd.
41 Jusino González v. Norat Santiago, supra, pág. 866.
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Hernández asegura que, según el caso de Jusino González, supra,

toda solicitud de relocalización de menores requiere la investigación

e informe correspondiente de la Unidad Social. Veamos.

      La prueba demostró que la Sra. Caraballo Vargas es quien

ostenta la custodia física y legal de los menores, y que se encuentra

casada con el señor Javier Enrique Dávila Rosa, con quien procreó

otra menor. Del testimonio de la Sra. Caraballo Vargas surge que su

esposo es una figura de apoyo para los menores.

      También surge que la Sra. Caraballo Vargas le informó al Sr.

Hernández que recibió una oferta de empleo y que su intención era

trasladarse junto a sus hijos al Estado de Texas. Esto con el

propósito de mejorar el estilo de vida de los menores. De igual forma,

le notificó el lugar designado para vivienda, con el plano de

descripción del predio, le indicó la escuela en la que matricularía a

los menores, incluyendo el programa disponible para desarrollar las

destrezas del idioma inglés, los lugares aledaños para recreación,

hospitales y consultorios para cubrir sus necesidades médicas.

También indicó que el abuelo materno de los menores se trasladaría

con ellos a Texas para fungir como fuente de apoyo familiar.

      De otro lado, ambas partes coincidieron en que el Sr. Martínez

Hernández, por razón de su trabajo, no siempre está en Puerto Rico,

delegando el cuido directo de sus dos hijos menores de edad en los

abuelos paternos. También, que éste retuvo a los menores desde

enero de 2023, cambiándolos unilateralmente de escuela, ejerciendo

una pobre supervisión sobre las tareas escolares e incumpliendo con

su obligación de llevarlos a sus terapias.

      En lo referente a la solicitud de traslado, también quedó

demostrado a través del propio testimonio del Sr. Martínez

Hernández que éste no leyó ni evaluó nada de lo propuesto por la

Sra. Caraballo Vargas. También declaró que se opone a que sus hijos

se trasladen al Estado de Texas por motivo de un pasado incidente
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de agresión ocurrido entre las partes y a su vez, en la pobre

comunicación existente entre éste y la madre custodia. De igual

forma, expresó que no evaluó el plan de relaciones filiales propuesto,

ni investigó los recursos médicos y escolares sugeridos. A pesar de

ello, aseguró que, a su juicio, los menores estarían mejor en Puerto

Rico. Ello, sin presentar prueba relativa al estilo de vida que llevan

los menores en Puerto Rico o prueba que demostrara que el traslado

propuesto no opera a favor del bienestar de los menores.

      Al evaluar dicha prueba a la luz de los criterios establecidos

en la ley Núm. 102-2018, coincidimos con el TPI en que la Sra.

Caraballo Vargas no solicitó la relocalización con el fin de impedir la

relación de los menores con el Sr. Martínez Hernández. Esto pues,

porque de su propio testimonio surge que ésta sugirió un plan de

relaciones paternofiliales, derecho que el TPI garantizó al Sr.

Martínez Hernández en la sentencia apelada.

      Igualmente, la Sra. Caraballo Vargas presentó una razón

válida y determinante para la relocalización. A tales efectos, expresó

y sustentó con documentos que tiene una oferta de trabajo

competitiva en Texas. La Ley Núm. 102-2018 reconoce el derecho de

un progenitor a querer relocalizarse para buscar un nuevo comienzo

basado en nuevas oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida

o simplemente buscar un cambio de vida, independientemente de

cuáles sean las razones para ello.

      Así también, la Sra. Caballero Vargas evidenció que la

relocalización ofrecerá una mejor oportunidad de vida para ella y los

menores. Así, comprobó que alquiló un apartamento junto a su

esposo, que dicho lugar de vivienda está aledaño a la escuela y

lugares de interés recreativo y para asegurar la continuidad de los

servicios médicos de los menores. Incluso, el abuelo materno, quien

es parte del grupo de apoyo de los menores en Puerto Rico, se muda

con ellos para Texas. Es decir, la Sra. Caraballo Vargas demostró el
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cumplimiento con los criterios para que el tribunal autorice la

solicitud de relocalización.

      Conforme a la norma jurídica esbozada, el tribunal, en su

poder de parens patriae, tiene la potestad de ordenar las

investigaciones de índole social que entienda pertinentes para

adjudicar asuntos relativos a la custodia de un menor. En ese

contexto, la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de

Menores     tiene   como   función   principal   ofrecer   al    juzgador

asesoramiento social mediante evaluaciones periciales que permitan

tomar decisiones informadas en los casos ante su consideración.

      Ahora bien, el informe del trabajador social es necesario en

aquellos casos en que haya que determinar la validez de las

alegaciones de que el traslado no opera en el mejor interés de los

menores. En el caso ante nuestra consideración, a pesar de que el

Sr. Martínez Hernández alegó que la relocalización no redundaría en

beneficio de los mejores intereses de éstos, no presentó prueba

alguna que sustentara su oposición al traslado que avalara la

necesidad y conveniencia de un estudio social.

      En    Jusino González el       Tribunal    Supremo    expresó    la

importancia de que el tribunal a cargo de una solicitud de traslado

cuente     con   los   elementos   necesarios    para   llegar    a   una

determinación para salvaguardar el mejor interés y bienestar del

menor. En Jusino González la madre del menor presentó una

solicitud de relocalización existiendo un decreto de custodia

compartida. Al solicitarse el traslado, el menor tenía dos años. La

parte allí peticionaria presentó el informe interagencial, pero el

trabajador social rindió un informe social sin recomendaciones. En

el interín, y luego de varios trámites procesales, que incluyeron la

paralización del asunto del traslado hasta tanto se adjudicara una

orden de protección al amparo de la Ley Núm. 246-2011, el menor

alcanzó la edad de seis años. Debido al tiempo transcurrido, el foro
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de primera instancia ordenó que se actualizara el aspecto de la

vivienda del informe interagencial. No obstante, ante la oposición

fundamentada del padre del menor, el TPI revirtió su determinación

que permitía la actualización del informe interagencial. Presentado

el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, dicho foro se

abstuvo de intervenir en el caso. Más adelante, el Tribunal Supremo

revocó al foro primario y concluyó que la actualización del informe

interagencial era necesario para la adjudicación del caso en sus

méritos, puesto que las realidades y necesidades del menor habían

cambiado. Entendió que, en esas circunstancias, el tribunal

sentenciador no contaba con la información completa para hacer

una determinación de relocalización que precisamente conlleva que

se adjudique la custodia exclusiva del menor a uno de los

progenitores.

      A diferencia del caso de Jusino González, en el caso de autos

la Sra. Caraballo Vargas tiene la custodia monoparental de los

menores. Además, el Sr. Martínez Hernández no presentó una

oposición fundamentada a la solicitud de relocalización. Más aún,

la solicitud de relocalización presentada por la Sra. Caraballo Vargas

atendió todos los elementos a ser examinados por un tribunal en

estos casos y, a su vez, estuvo sustentada con prueba acreditativa

de lo propuesto para sus hijos. Ante este cuadro fáctico, el foro

primario estimó, dentro de su sana discreción, que no era necesario

el informe social. El TPI tiene a su haber, dentro de su sana

discreción, y conforme con los criterios establecidos en la Ley Núm.

102-2018, el manejo de los métodos para dilucidar una solicitud de

relocalización, según determine como adecuado y pertinente. Del

examen del recurso nada sugiere que, en el ejercicio de sus

facultades, el foro apelado, hubiere incurrido en error o en abuso de

la discreción que le asiste, de forma tal que se haga meritorio eludir
KLAN20230580                                                             21

la norma de deferencia hacia la apreciación de prueba de los

tribunales de primera instancia.

      El Sr. Martínez Hernández no controvirtió la apreciación de la

prueba y adjudicación de credibilidad del tribunal apelado. Tampoco

pudo demostrar que el foro primario se equivocó en la aplicación del

derecho. En ausencia de una demostración clara de que el foro de

primera instancia erró en su apreciación de la prueba o que actuó

con perjuicio o parcialidad o cometió un error de derecho, estamos

obligados   a   honrar   la   norma      de   la   deferencia   hacia   las

determinaciones del TPI.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez concurre sin voto

escrito.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones