Court Opinion

ID: 9890378
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:31.769958+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:36.131890
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                          Certiorari
      MAGDA NARAH                                         procedente del
     MARTÍNEZ SALAS                                       Tribunal de
                                                          Primera Instancia,
      VÍCTOR GALÁN                                        Sala Superior de
        FUNDORA                    KLCE202300663          Bayamón

           Ex Parte
                                                          Caso Núm.:
                                                          DDI2014-1238

                                              Sobre:
                                              Divorcio
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Juez Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

       Comparece el Sr. Víctor Galán Fundora (señor Galán Fundora

o peticionario),1 quien mediante el certiorari epígrafe nos solicita que

revisemos dos resoluciones emitidas el 24 de abril de 2023,2 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).

       En la primera resolución recurrida, se le ordenó al

peticionario la reinstalación inmediata del plan médico a la

Sra. Magda Narah Martínez Salas (señora Martínez Salas).

       En la segunda resolución, ordenó al peticionario el pago

adeudado de pensión alimentaria por la cantidad de $3,750.00.

       Las     aludidas       determinaciones         fueron      objeto      de

reconsideración, las cuales fueron declaradas No Ha Lugar el 12 de

mayo de 2023.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

resolvemos denegar el auto de certiorari. Veamos.

1 En la comparecencia del Certiorari menciona el nombre de Yari E. Robles
Carrasquillo, sin embargo, el escrito hace referencia al Sr. Galán Fundadora, por
lo que entendemos se debió a un error.
2 Notificadas el 26 de abril de 2023.

Número Identificador
RES2023_____________
KLCE202300663                                                           2

                                           -I-

        De los autos ante nuestra consideración se desprende que, el

10 de abril de 2015 el TPI emitió la Sentencia de Divorcio por

Consentimiento Mutuo,3 en la que se disolvió el matrimonio del

señor Galán Fundora y la señora Martínez Salas. Como parte de sus

acuerdos, se estableció que:

        El Peticionario continuará proveyendo plan médico a la
        Peticionaria y, le pagará a la Peticionaria la cantidad de un
        ($1,010,000.00) de la siguiente manera: un primer pago el día
        de la vista del divorcio por la cantidad de $500,000.00 y un
        segundo pago de $510,000.00 en o antes del 1 de abril de
        2016, y hasta que cumpla con este segundo pago, pasará
        pensión ex cónyuge de $1,250.00.4

        En cuanto al hijo, ambos sometieron al TPI una moción

informando los acuerdos referentes al menor.5 Los acuerdos fueron

aprobados por el foro de instancia mediante la Resolución emitida el

11 de octubre de 2019.6 Entre los acuerdos, el señor Galán Fundora

se obligó a:

        [c]uando así sea ya que el menor está en universidad, las
        partes acuerdan que mientras el menor esté en la
        universidad o fuera de PR, el padre solo pagará la
        cantidad de $1,250.00 por mes y los meses que el menor
        esté en PR, sea navidades o verano, pagará la cantidad
        completa de $5,000.00. Del menor venir o estar en PR por
        días, el padre se compromete a pagar todo gasto del menor en
        esas fechas, sea directamente, como depositando en su ATH,
        así como sufragará cualquier viaje por asuntos adicionales
        que requiera el menor estando fuera PR.7

        Ante el incumplimiento del peticionario, el 6 de marzo de 2023

la señora Martínez Salas radicó MOCIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO

DE ACUERDO AL PLAN MEDICO DE LA SRA. MARTINEZ [sic].8 En

síntesis, alegó que el peticionario se había obligado a costear el plan

médico, sin embargo, canceló el mismo sin previo aviso ni

autorización del tribunal. Por lo que solicitó se ordenara al señor

3 Apéndice del Certiorari, págs. 2 – 11.
4 Id., pág. 7. Énfasis nuestro.
5 Id., págs. 12 – 16.
6 Id., págs. 17 – 20.
7 Id., pág. 16.
8 Id., págs. 21 – 22.
KLCE202300663                                                             3

Galán Fundadora a reembolsar la suma de $1,824.89 y la

restitución el plan médico.

         Los días 13 y 14 de abril de 2023 se celebraron las vistas

evidenciarias y argumentativas. Entre los asuntos, se atendió el

balance de pensión alimentaria de $3,750.00 que adeudaba el

peticionario, y la cuestión del plan médico de la señora Martínez

Salas.

         Atendido los planteamientos, el 24 de abril de 2023 notificada

el 26, el TPI emitió dos resoluciones.9 En la primera resolución, entre

otras cosas, ordenó al señor Galán Fundador a reinstalar

inmediatamente el plan médico de la señora Martínez Salas, ya que

el peticionario se obligó a ello.10 En la segunda resolución, ordenó al

peticionario      a      pagar   la   cantidad   adeudada    de   $3,750.00

correspondiente a la pensión alimentaria por los dos meses que el

menor estuvo en Puerto Rico.11 Razonó, que en los acuerdos no

surgía prorrateo alguno, por lo que correspondía el pago de

$5,000.00 por cada mes.

         Ambas resoluciones fueron objeto de reconsideración ante el

TPI,12 las cuales fueron declaradas No Ha Lugar el 12 de mayo de

2023.13

         Inconforme, el 12 de junio de 2023 el peticionario recurrió

ante nos mediante el recurso de certiorari y señaló los siguientes

errores:

         Erró el TPI, en un claro abuso de discreción, emitiendo una
         determinación contraria a derecho, cometiendo un craso y
         manifiesto error en su apreciación de la prueba y
         estableciendo un patente fracaso de la justicia, al imponer un
         doble pago de alimentos del menor al no prorratear los días
         del mes en que el menor recibe alimentos mientras se
         encontraba en la casa de su madre en PR y los días en que se
         encontraba en su universidad y recibe alimentos directamente
         del plan pago por el peticionario, constituyéndose un
         enriquecimiento injusto de la peticionada y en contra del
         principio de equidad.

9 Id., págs. 21, 28.
10 Id., págs. 25 – 27.
11 Id., págs. 29 – 30.
12 Id., págs. 31 – 38.
13 Id., págs. 39 – 40.
KLCE202300663                                                               4

       Erró el TPI, en un claro abuso de discreción, emitiendo una
       determinación contraria a derecho, cometiendo un craso y
       manifiesto error en su apreciación de la prueba y
       estableciendo un patente fracaso de la justicia, al imponer el
       pago del plan médico de la peticionada, aun cuando ello
       representa un beneficio de pensión excónyuge del cual la
       peticionada ya no es beneficiaria, e interpretar que la
       obligación de dicho pago no cesó cuando termino el beneficio
       contractual de pensión excónyuge al momento de recibir la
       totalidad de la liquidación de bienes gananciales por
       $1,010,000.00, constituyéndose un enriquecimiento injusto
       de la peticionada.

       El 7 de julio de 2023 compareció la señora Martínez Salas

mediante el escrito OPOSICIÓN A EXPEDICIÓN RECURSO DE

CERTIORARI.

       Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

                                     -II-

       Sabido es que el auto de certiorari constituye “un vehículo

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior”.14 En ese sentido,

se entiende por discreción el “poder para decidir en una forma u otra,

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.15

       Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,16 delimita

las instancias en que habremos de atender y revisar mediante

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de

instancia, a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari

14 Municipio Autónomo de Caguas v. JRD Construction, Inc., et al, 201 DPR 703,

711 (2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
15 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
16 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
KLCE202300663                                                                 5

       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].

       Bajo esa discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones,17 establece los siguientes criterios:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
              recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
              contrarios a derecho.
          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
              indicada para el análisis del problema.
          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
              manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más
              elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
              caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa no causan un fraccionamiento indebido del
              pleito y una dilación indeseable en la solución final
              del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa evita un fracaso de la justicia.

       El fin, Nuestro Alto Foro Judicial ha dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.18

       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.19

                                     -III-

       Nos parece razonable la determinación del TPI al ordenar el

restablecimiento inmediato del plan médico de la señora Martínez

17 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
18  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
19 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
KLCE202300663                                                       6

Salas, ya que, en la Sentencia del 10 de abril de 2015 el señor Galán

Fundora se obligó a ello.

       Sobre el pago adeudado correspondiente a la pensión

alimentaria del menor, del acuerdo aprobado por el TPI no surge

prorrateo alguno, sin embargo, allí se dispone que, si en ese mes el

menor está en Puerto Rico se debe pagar la cantidad de $5,000.00.

Ante ello, la determinación recurrida constituye una decisión

correcta, conforme las normas de derecho aplicable y los hechos

ante su consideración.

       Además, el peticionario no señaló prueba en el expediente

tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con

perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Conforme el derecho

aplicable, este caso no presenta ninguna de las circunstancias

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que

nos permita expedir el auto solicitado. Tampoco existe justificación

alguna para intervenir con las Resoluciones recurridas, a la luz de

los criterios establecidos en la Regla 40 del Tribunal Apelaciones,

supra, por lo que resolvemos denegar la expedición del auto de

certiorari.

                                 -IV-

       Por lo fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones