Court Opinion

ID: 9952371
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:00.972281+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:17.199755
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

      OFICINA DE ÉTICA                                    REVISIÓN
      GUBERNAMENTAL,                                      procedente de la
                                                          Oficina de Ética
            Recurrida,                                    Gubernamental.
                                        KLRA202400001
                  v.                                      Caso núm.:
                                                          23-20.
  MICHAEL CRUZ GUZMÁN,
                                                          Sobre:
            Recurrente.                                   violación a los incisos(g)
                                                          y (s) del Art. 4.2 de la
                                                          Ley Orgánica de la
                                                          Oficina de Ética
                                                          Gubernamental.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                     SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2024.

         Comparece la parte recurrente, el señor Michael Cruz Guzmán y nos

 solicita que revoquemos la Resolución emitida por la recurrida Oficina de

 Ética Gubernamental el 29 de noviembre de 2023, archivada en autos el

 30 de noviembre de 2023. Mediante la misma, la agencia recurrida adoptó

 en su totalidad el informe del oficial examinador y determinó que el señor

 Cruz violó el inciso (g) del Art. 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, según emendada,

 intitulada Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto

 Rico, 3 LPRA sec. 1857a, por lo que le impuso una multa administrativa de

 $3,000.00. A su vez, recomendó el archivo de la imputación del inciso (s)

 del precitado artículo.

         Por    los    fundamentos       que     expondremos   a   continuación,

 confirmamos la Resolución recurrida.

                                             I

         El 16 de agosto de 2022, la OEG presentó una querella contra el

 señor Cruz1. En ella, alegó que el recurrente había violado los incisos (g) y

 (s) del Art. 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1857a. En particular,

 1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 21-24.

Número identificador

SEN2024_________________
KLRA202400001                                                                2

sostuvo que el señor Cruz, siendo supervisor inmediato de su tío, el señor

Luis Cruz Vázquez, certificó asistencias, licencias y transacciones

personales de este último. Ello, en contravención a la política pública

establecida y sin presentar mecanismo de inhibición alguno ante la OEG.

        Por su parte, el 6 de octubre de 2022, el señor Cruz presentó una

contestación a la querella2. En lo pertinente, admitió su relación familiar con

el señor Cruz Vázquez y se opuso a las alegaciones de la OEG que

insinuaban alguna violación a la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA sec. 1854, et

seq.

        Tras varias indecencias procesales, el 15 de diciembre de 2022, la

OEG presentó una solicitud de sentencia sumaria3. En síntesis, planteó

que, de conformidad con los documentos que adjuntó a su moción y las

admisiones del recurrente, no quedaba controversia sobre los hechos

materiales del caso que ameritasen la celebración de una vista

adjudicativa. En lo pertinente, adujo que la controversia podía resolverse

de modo sumario al amparo del Art. 7.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA

sec. 1860ª, y de conformidad con los procedimientos establecido en la Ley

Núm. 38-2017, intitulada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAUG).

        El 18 de enero de 2023, el recurrente presentó su oposición a la

solicitud de adjudicación sumaria4. En su escrito, aceptó que ciertos hechos

no estaban en controversia. Sin embargo, sostuvo que la OEG no había

logrado demostrar que no existían controversias sobre los hechos

materiales, por lo que no procedía el método de adjudicación sumario sino

la celebración de una vista en su fondo. En respuesta, el 13 de febrero de

2023, la recurrida presentó una réplica con la cual reafirmó su postura

respecto a que no existían hechos materiales en controversia 5.

2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 25-28.

3 Íd., a las págs. 30-53.

4 Íd., a las págs. 159-193.

5 Íd., a las págs. 194-201.
KLRA202400001                                                                   3

        El 27 de noviembre de 2023, el Oficial Examinador Jaime A.

Vázquez       Colón    emitió     su    informe    y   consignó   las   siguientes

determinaciones de hechos, cada una apoyada en los documentos

adjuntados a la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte

recurrida6:

        1. El señor Cruz Guzmán comenzó a laborar en el Municipio
           de Bayamón el 1ro de mayo de 2012, y se desempeñó
           como supervisor de construcción en el Departamento de
           Servicios Generales de dicho Municipio.

        2. Como supervisor de construcciones, el querellado tenía la
           facultad de supervisar y evaluar el trabajo del personal
           involucrado en los proyectos de construcción manejados
           por el Departamento de Servicios Generales.

        3. El señor Luis Cruz Vázquez comenzó a trabajar en el
           Municipio de Bayamón el 10 de junio de 2013, como
           auxiliar de oficios diestros en el Departamento de
           Servicios Generales, puesto que por lo menos ocupó
           hasta el 30 de abril de 2022; ello, tras múltiples
           renovaciones del nombramiento transitorio. El puesto del
           señor Cruz Vázquez estaba clasificado como transitorio
           trimestral.

        4. La naturaleza del trabajo de auxiliar de oficios diestros era
           uno “semidiestro” (sic), que consiste en realizar tareas
           auxiliares   relacionadas       con    el    mantenimiento,
           conservación y construcción de edificios, estructuras y
           facilidades municipales. Entre los aspectos distintivos del
           puesto de auxiliar de oficios diestros que ocupaba el señor
           Cruz Vázquez estaban el de realizar trabajo de moderada
           complejidad y responsabilidad, que consiste en realizar
           tareas auxiliares, relacionadas con el mantenimiento,
           conservación y construcción de edificios, estructuras y
           facilidades municipales, mediante el uso de materiales y
           herramientas propias de diversos oficios diestros en el
           Municipio de Bayamón. Trabajaba bajo la supervisión
           general de un empleado de superior jerarquía, quien le
           impartía instrucciones generales en los aspectos
           comunes del puesto, y específicas en situaciones
           especiales.

        5. El querellado es sobrino del señor Cruz Vázquez.

        6. A partir del 16 de agosto de 2020, el querellado comenzó
           a fungir como subdirector de Servicios Generales del
           Municipio de Bayamón.

        7. La naturaleza del trabajo del querellado como subdirector
           de Servicios Generales consiste en trabajo profesional y
           administrativo en el Departamento de Servicios
           Generales, que conllevaba asistir al director de Servicios
           Generales en la coordinación, dirección y supervisión de
           todas las actividades que se llevan a cabo en la Oficina de
           Servicios Generales en un gobierno municipal.

6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 6-20.
KLRA202400001                                                           4

     8. Como parte de las funciones como subdirector de
        Servicios Generales, el señor Cruz Guzmán supervisaba
        a los empleados adscritos al Departamento de Servicios
        Generales del Municipio de Bayamón.

     9. A partir del 1ro de abril de 2021, el señor Cruz Guzmán
        pasó a ocupar un puesto de confianza como director del
        Departamento de Servicios Generales, cargo que ocupó
        por lo menos hasta el 30 de abril de 2022.

     10. El trabajo del señor Cruz Guzmán como director de
         Servicios Generales es profesional, administrativo, y
         altamente complejo a nivel ejecutivo, que conlleva la
         planificación, dirección, supervisión y coordinación de las
         actividades, y de todos los aspectos comprendidos en la
         administración de los servicios de apoyo que se le
         proveen a las unidades de trabajo del Municipio. El
         querellado tenía las siguientes responsabilidades:

      •   Era responsable de la dirección y supervisión de los
          programas de apoyo tales como: almacenaje y
          distribución de suministros y equipos, mantenimiento y
          limpieza para la conservación de las facilidades, servicios
          de producción de impresos, servicios relacionados con
          comunicación telefónica y otros servicios de apoyo a las
          áreas de trabajo y dependencias municipales.

      •   Revisaba y evaluaba periódicamente la productividad y
          la efectividad de los programas de trabajo y los recursos
          de las unidades de trabajo, actividades y programas a su
          cargo, con el propósito de establecer y modificar los
          procedimientos y sistemas de trabajos más adecuados,
          económicos y viables para las operaciones que dirige.

     11. El señor Cruz Guzmán era supervisor inmediato del señor
         Cruz Vázquez mientras este laboró como auxiliar de
         oficios diestros en el Departamento de Servicios
         Generales, desde el 1ro de enero de 2015, al 30 de abril
         de 2022.

     12. Como supervisor del señor Cruz Vázquez, el querellado
         firmó cuatro (4) evaluaciones con las siguientes fechas:
         30 de junio de 2014, 30 de junio de 2019, 20 de enero de
         2020, 1ro de enero de 2020, al 30 de junio de 2020.

     13. Como director del Departamento de Servicios Generales,
         el querellado firmó una (1) evaluación del señor Cruz
         Vázquez con respecto al periodo del 1ro de enero de
         2021, al 30 de junio de 2021.

     14. Como director del Departamento de Servicios Generales,
         el 7 de mayo de 2021, el querellado firmó una (1) solicitud
         de licencia de vacaciones y, el 30 de junio de 2021, firmó
         una (1) solicitud de una licencia de enfermedad, ambas
         para el señor Cruz Vázquez.

     15. Como supervisor, el querellado firmó seis (6) solicitudes
         de licencias de vacaciones del señor Cruz Vázquez en las
         siguientes fechas: 10 de abril de 2017, 16 de octubre de
         2017, 12 de enero de 2018, 18 de enero de 2019, y 9 de
         enero de 2020. Además, el 13 de abril de 2016, firmó una
KLRA202400001                                                                5

            (1) solicitud de licencia para reportarse a la Corporación
            del Fondo del Seguro del Estado.

         16. El señor Cruz Guzmán no presentó un mecanismo de
             inhibición ante su patrono, el Gobierno Municipal de
             Bayamón.

         17. El querellado no presentó un mecanismo de inhibición
             ante la OEG, relacionado con las renovaciones de
             nombramientos del señor Cruz Vázquez.

         18. Tras realizarse la investigación correspondiente, el 16 de
             agosto de 2022, a la 1:20 pm, la OEG presentó una
             querella contra el señor Cruz Guzmán por violación al
             Artículo 4.2, incisos (g) y (s), de la Ley 1, a la cual se le
             asignó el número 23-20.

         A la luz de las determinaciones de hechos materiales no

controvertidos, el Oficial Examinador recomendó que se determinara que

el señor Cruz Guzmán no había incurrido en violación al Art. 4.2 (s), 3 LPRA

sec. 1857a, según le fuera imputado en la querella, pero que sí se le

encontrara incurso en violación al inciso (c) del referido artículo. Además,

recomendó que se le impusiera la multa administrativa que se considerase

adecuada de conformidad con el Art 5.7 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA

sec. 1858f.

         El 30 de noviembre de 2023, la OEG notificó a las partes su

Resolución7. En síntesis, adoptó en su totalidad el informe emitido por el

Oficial Examinador e impuso al señor Cruz Guzmán una multa de

$3,000.00 por la violación al inciso (g) del Art. 4.2 de la Ley Núm. 12-2012,

3 LPRA sec. 1857a. Por otro lado, archivó la imputación relacionada al

inciso (s) del precitado Art. 4.2.

         Inconforme con la determinación de la agencia, el 2 de enero de

2024, compareció el recurrente y formuló los siguientes señalamientos de

error:

         Erró la OEG, al adjudicar sumariamente la querella sin
         conceder vista en su fondo al querellado, transfiriéndole el
         peso de la prueba en la etapa antes de la vista contrario a lo
         determinado por el Tribunal Supremo en OEG vs. Martinez
         Giraud, supra.

         Erró la OEG al concluir sumariamente que el querellado
         incurrió en violación al Aartículo 4.2(G) de la Ley de Ética
         Gubernamental sin que exista prueba clara, robusta y

7 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 4-5.
KLRA202400001                                                             6

       convincente de que se obtuvo un beneficio específico para el
       querellado o un tercero y basarse en las especulaciones,
       comentarios y conclusiones de la propia agencia.

(Énfasis omitido).

       Por su parte, el 30 de enero de 2024, la agencia recurrida presentó

su oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

                                          II

       La Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto

Rico, Ley Núm. 1-2012, según enmendada, 3 LPRA sec. 1854, et seq., es

el estatuto rector de la conducta de servidores y exservidores públicos de

la Rama Ejecutiva. Véase, 3 LPRA sec. 1857. Esta ley aspira a establecer

un servicio público íntegro, con valores, que propicien la confianza en sus

instituciones y aseguren la transparencia en las funciones oficiales. Tiene

como misión, entre otras, educar al servidor público para que, en el

desempeño de sus funciones, exhiba los valores de bondad, confiabilidad,

justicia, responsabilidad, respeto y civismo que rigen la administración

pública. Véase, 3 LPRA sec. 1855a. Así, el objetivo principal de esta

legislación es renovar y reafirmar la función preventiva y fiscalizadora que

realiza la Oficina de Ética Gubernamental8.

       En cuanto a la conducta imputada a la parte aquí recurrente, la Ley

Núm. 12-2012 establece en su Art. 4.2(g) que:

       .        .      .       .      .        .    .   .     .     .

       Un servidor público no puede intervenir, directa o
       indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un
       conflicto de intereses que resulte en la obtención de un
       beneficio para él. Tampoco un servidor público puede
       intervenir directa o indirectamente, en cualquier asunto
       en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente,
       su socio o una persona que comparta su residencia, tenga un
       conflicto de intereses que resulte en la obtención de un
       beneficio para cualquiera de ellos.

       Cuando se trate de una de las relaciones antes mencionadas,
       que haya terminado durante los dos años anteriores al
       nombramiento del servidor público, éste no podrá intervenir,
       directa o indirectamente, en cualquier asunto relacionado con
       éstos hasta pasados dos (2) años desde su nombramiento.

8 Véase, Exposición de Motivos de la Núm. 1-2012.
KLRA202400001                                                               7

       La prohibición permanece vigente mientras exista un vínculo
       de beneficio para el servidor público. Una vez termine el
       vínculo de beneficio, el servidor público no puede intervenir,
       directa o indirectamente, en el referido asunto hasta pasados
       dos (2) años.
       .      .       .     .      .      .      .      .     .     .

3 LPRA 1857a(g). (Énfasis nuestro).

       En lo pertinente a la controversia ante nos, el Art. 7.2 de la Ley Núm.

12-2012, 3 LPRA sec. 1860a, dispone que, luego de que concluido el

proceso de investigación sobre algún servidor público de la Rama

Ejecutiva, cuando la Oficina de Ética Gubernamental entienda que se ha

violado alguna disposición establecida en la Ley o en las normas

promulgadas a su amparo, se presentará una querella y llevará a cabo un

procedimiento de adjudicación, de conformidad con la Ley Núm. 38-2017,

intitulada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. Este estatuto provee para el empleo

del mecanismo sumario en su Sección 3.7(b), 3 LPRA 9647(b).

       De igual forma, el Art. 6.11 del Reglamento sobre Asuntos

Programáticos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico9 regula

el uso de la resolución sumaria en los procedimientos administrativos ante

la Oficina de Ética Gubernamental. En lo pertinente, dispone:

       Cualquier parte podrá solicitar la resolución sumaria de
       todas o de cualquiera de las controversias a ser
       ventiladas en una audiencia mediante la presentación de
       una moción con no menos de veinte días calendario de
       antelación a dicha audiencia. La moción establecerá que no
       existe controversia de hecho esencial que haya que
       determinar en la audiencia y estará fundada en documentos,
       sin limitarse a: declaraciones juradas, certificaciones,
       grabaciones, videos o fotografías.
       .      .     .      .      .      .     .     .     .     .

(Énfasis nuestro).

                                         III

       En síntesis, la parte recurrente propone que la OEG erró al utilizar

el mecanismo de adjudicación sumaria y, en consecuencia, emitir la

Resolución mediante la cual le impuso el pago de una multa administrativa.

Ello, al encontrarlo incurso de violación al Art. 4.2(g) de la Ley Núm. 12-

9 Reglamento Núm. 8231 de 18 de julio de 2012.
KLRA202400001                                                               8

2012, 3 LPRA sec. 1857a(g). Por estar relacionados, discutiremos ambos

señalamientos de la parte recurrente en conjunto.

       La parte recurrente arguye que la evidencia presentada por la

agencia no cumple con el estándar de prueba clara, robusta y convincente

necesario para probar que, en este caso, se obtuvo algún beneficio por

parte del señor Cruz Guzmán o su pariente. Además, adujo que la OEG no

tenía disponible el proceso de adjudicación sumaria para atender esta

controversia. Esto, por considerar que dicho proceder resultaba contrario a

lo resuelto en el caso de OEG v. Martinez Giraud, 210 DPR 79 (2022). En

específico, que el caso del título se trataba de un procedimiento

cuasicriminal y la petición presentada por la OEG tenía el efecto de

transferir la carga de la prueba al señor Cruz Guzmán.

       Por su parte, la OEG estableció no solo que el mecanismo sumario

estaba disponible al amparo del Art. 7.2 de la Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA

1860a, y conforme a la LPAUG y al reglamento aplicable, sino que en el

caso de autos la resolución sumaria de la querella no había tenido el efecto

de transferir el peso de la prueba a la parte recurrente. Por el contrario,

aclaró que la OEG adjuntó a su moción toda la prueba en apoyo a las

alegaciones de la querella, por lo que correspondía a la parte recurrente

oponerse y controvertir esa prueba.

       Según discutimos, el mecanismo de adjudicación sumaria está

disponible para atender controversias como la de autos. En cuanto a lo

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en OEG v. Martínez

Graud, 210 DPR 79 (2022), coincidimos con la postura de la agencia

recurrida en cuanto a que esta decisión no prohibió la adjudicación sumaria,

ni requirió la celebración de una vista evidenciaria, para dilucidar los casos

disciplinarios ante la OEG, sino aclaró que el estándar probatorio era el

claro, robusto y convincente.

       De otra parte, la evaluación de la prueba presentada nos permite

concluir que al emitir tanto el Informe del Oficial Examinador como la
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Resolución recurrida, la OEG contaba con prueba suficiente para imputar

la violación al Art. 4.2(g), 3 LPRA sec. 1857a(g).

       Por tanto, evaluada la totalidad de expediente ante nos, concluimos

que la OEG sí tenía disponible el mecanismo de adjudicación sumaria.

Además, coincidimos con que la Resolución emitida por la agencia

recurrida fue sustentada por prueba clara, robusta y convincente que obra

en el expediente y, contrario a lo planteado por la parte recurrente, no la

determinación de la OEG no resulta arbitraria, caprichosa, ilegal o

irrazonable.

                                     IV

       Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución

emitida el 29 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, por la

Oficina de Ética Gubernamental.

       Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones