Court Opinion

ID: 9952350
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:53.22006+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:58.485948
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

                                                       APELACIÓN
    RAMÓN VALENTÍN Y                                   procedente del
         OTROS                                         Tribunal de Primera
        Apelante                                       Instancia, Sala
                                KLAN202301094          Superior de
                                                       San Juan
              V.                      CONS.
                                              Civil. Núm.
                                KLCE202301382 SJ2022CV05110
     DOCTOR´S CENTER
    HOSPITAL SAN JUAN,                                 Sobre:
       INC., Y OTROS                                   DAÑOS Y
          Apelado                                      PERJUICIOS
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

       El 6 de diciembre de 2023, el Sr. Ramón Valentín (señor

Valentín), el Sr. Samuel de Mota, el Sr. Diomedis de Mota Santana,

la Sra. María Esther de Mota Santana, y el Sr. Melvín Santana por

sí y como miembros de la Sucesión de Victorina Santana (en

conjunto, hijos de la señora Santana) y la Sra. Ana Martínez (señora

Martínez) (en conjunto, los apelantes), comparecieron ante nos

mediante una Apelación en el caso núm. KLAN202301094.

       Por otro lado, el 7 de diciembre de 2023, el Dr. Fernando

Rivera Cruz (doctor Rivera) y Puerto Rico Medical Defense Insurance

Company (PRMDIC) comparecieron ante nos mediante un recurso

de Certiorari1 en el caso núm. KLCE202301382. En ambos recursos,

las partes solicitaron la revisión de una Sentencia Parcial que se

dictó el 3 de noviembre de 2023 y se notificó el 7 de noviembre de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI desestimó las

1 Acogemos el certiorari de epígrafe como una apelación por ser el recurso
adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines
administrativos, mantenemos la codificación alfanumérica que la Secretaría de
este foro le asignó al caso.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLAN202301094 CONS. KLCE202301382                                    2

siguientes causas de acción: (1) la acción por daños heredados que

instó el señor Valentín y la señora Martínez; (2) la acción por daños

especiales y lucro cesante que instó el señor Valentín por sí y en

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

junto a la Sra. Victorina Santana (señora Santana); y, por último;

(3) las causas de acción de los apelantes por sí y como miembros de

la sucesión de la señora Santana. Además, denegó la solicitud de

desestimación que presentó el doctor Rivera, PRMDIC, The Medical

Protective Company y Triple S.

       A tenor con la Orden Administrativa Núm. DJ 2019-316,

según enmendada por la Orden Administrativa Núm. DJ 2019-316A

que emitió la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, la Hon. Maite

Oronoz Rodríguez, y a tenor con la Orden Administrativa Núm. TA

2021-092 que emitió el Juez Administrador del Tribunal de

Apelaciones,     Hon.   Roberto   Sánchez   Ramos,     se   ordenó   la

consolidación    del    caso   KLCE202301382,    con   el   de   mayor

antigüedad, el caso KLAN202301094.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos el dictamen recurrido.

                                   I.

I. KLAN202301094

       El 11 de junio de 2022, los apelantes presentaron una

Demanda sobre impericia médica y daños y perjuicios contra

Doctor’s Center Hospital San Juan Inc.; el Dr. Xavier Colón Rivera

(doctor Colón), su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos; el doctor Rivera, su esposa

Sutana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos; el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción conjunta

de Seguros de Responsabilidad Medico Hospitalaria (SIMED); Puerto

Rico   Medical    Defense;     Medpro   Group   Insurance   Company;

Continental Insurance Company; Compañía de Seguros XYZ; el Dr.
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Jose del Pueblo y Juana del Pueblo y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos; la Dra. Juanita de la Plaza y

Perencejo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos;

Fulano de Tal y Sutano más Cual; Entidades XYZ; y, por último,

Corporaciones XYZ (en conjunto, los demandados).2

      En esta Demanda, los apelantes alegaron que el 25 de abril de

2020, la señora Santana acudió a la sala de emergencias del

Hospital Doctor’s Center de San Juan para recibir atención médica

por dolor abdominal asociado con náuseas, vómitos y tres (3)

semanas de evolución. Indicaron que luego de que esta última fue

evaluada      mediante      varios     estudios,     le    diagnosticaron

coledocolitiasis (presencia de piedras en la vesícula bilar) y esta fue

admitida al hospital y se recomendó que se consultara al servicio de

cirugía. Sostuvieron que no fue hasta el 27 de abril de 2020, que el

cirujano, a saber, el doctor Rivera, evaluó a la señora Santana.

Esbozaron que este último indicó que no era necesario un manejo

quirúrgico.

      Alegaron que posteriormente, un gastroenterólogo evaluó a la

señora Santana y le recomendó una evaluación quirúrgica. Sin

embargo, según ellos, el doctor Rivera se negó nuevamente a operar

a la señora Santana a pesar de que esta continuó con dolor severo

y dolor a la palpación del abdomen. Indicaron que este último

documentó que la seguiría atendiendo en su consultorio fuera del

hospital una vez le dieran de alta. Plantearon que a pesar de que el

3 de mayo de 2020, el médico de cabecera de la señora Santana, a

saber, el doctor Colón, documentó que la paciente todavía se

encontraba agudamente enferma, el 4 de mayo de 2020 le dio de

alta a pesar de la condición en la que se encontraba.

2 Véase, págs. 34-65 del apéndice del recurso KLAN202301094.
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      Según los apelantes, el 10 de mayo de 2020, la señora

Santana tuvo que regresar a la sala de emergencias del Doctor’s

Center Hospital por dolor y distención abdominal que tenía desde la

primera admisión y esta última fue hospitalizada nuevamente con

un diagnóstico de sepsis. Sostuvieron que la paciente fue

posteriormente evaluada por una infectóloga y esta le reiteró el

diagnostico de colelitiasis (piedras en la vesícula) y le indicó que

necesitaba una evaluación del doctor Rivera. Plantearon que el

doctor Rivera la evaluó y nuevamente e insistió que no había que

operar a la señora Santana.

      Afirmaron que a pesar de que el internista, a saber, el doctor

Colón, y la infectóloga continuaban documentando que había una

tendencia a la elevación de glóbulos blancos y que se evidencio un

engrosamiento de la vesícula bilar sugestivo de colecistitis, e incluso

a pesar de que insistieron en que la señora Santana necesitaba una

intervención quirúrgica, el doctor Rivera se negaba a operarla a

pesar de haberla evaluado múltiples veces. Expresaron que, aunque

la señora Santana seguía empeorando, el 6 de junio de 2020, el

doctor Colón la dio de alta nuevamente.

      Adujeron que, el 8 de junio de 2020, la señora Santana tuvo

de acudir a la sala de emergencias del Hospital Municipal de San

Juan, en el Centro Médico de Puerto Rico ya que le persistía el dolor

abdominal. Sostuvieron que admitieron a esta última por un

diagnóstico de sepsis severa y estado de shock séptico. Además,

indicaron que se le presentó el caso a un cirujano y este le realizó

una intervención quirúrgica a la señora Santana. Sin embargo,

expresaron que esta última no recuperó debido a su estado crítico

avanzado y falleció el 13 de junio de 2020.

      Como consecuencia de las presuntas actuaciones y omisiones

negligentes de los demandados, los apelantes solicitaron lo

siguiente: (1) dos millones de dólares ($2,000,000.00) por los daños
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físicos que sufrió la señora Santana y (2) un millón de dólares

($1,000,000.00) por angustias mentales que experimentó la señora

Santana antes de su muerte. Sostuvieron que dichos sufrimientos

les fueron heredados. Además, el señor Valentín y la señora

Martínez solicitaron una indemnización de doscientos cincuenta mil

($250,000.00) dólares para cada uno por concepto de sus propios

sufrimientos y angustias mentales. Asimismo, los hijos de la señora

Santana, por sí y en representación de su madre, y como miembros

de la Sucesión de la señora Santana, reclamaron la cantidad de

doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares para cada uno por

sus sufrimientos y angustias mentales. La Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por la fenecida, la señora Santana, y el

señor Valentín reclamó una suma de cincuenta mil ($50,000.00)

dólares por pérdidas. Por último, los apelantes solicitaron la

cantidad de quince mil ($15,000.00) dólares por gastos especiales y

cien mil ($100,000.00) dólares por perdida de ingreso y lucro

cesante. Así pues, solicitaron que se declarara Ha Lugar la Demanda

y que se le condenara a la parte demandada a satisfacer, en forma

solidaria, las sumas reclamadas por concepto de daños y perjuicios,

así como las costas, gastos, intereses y honorarios de abogado.

      El 29 de agosto de 2022, Doctor’s Center Hospital, San Juan

Inc. y Continental Insurance Company presentaron su Contestación

a la Demanda.3 En lo pertinente, en esta afirmaron que no

renunciaban a ninguna defensa afirmativa que surgiera de la

Demanda,     ni   de    aquellas   que    podían    surgir    durante   el

descubrimiento de prueba, por desconocerse al momento de la

alegación responsiva. Además, como parte de sus defensas

afirmativas, alegaron que la Demanda estaba prescrita.

3 Véase, págs. 50-78 del apéndice del recurso núm. KLCE202301382.
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       El 6 de septiembre de 2022, The Medical Protective Company

presentó su alegación responsiva e incluyó como parte de sus

defensas afirmativas que la Demanda estaba prescrita ya que había

transcurrido más de un año desde que la señora Santana había

fallecido.4 Posteriormente, el 8 de septiembre de 2022, el doctor

Rivera y PRMDIC presentaron su Contestación a la Demanda.5 Como

parte de sus defensas afirmativas también incluyeron que la

Demanda estaba prescrita. Por último, el doctor Colón presentó su

alegación responsiva y argumentó que la Demanda podría estar

prescrita.6

       Así las cosas, el 25 de octubre de 2022, la parte apelante

presentó una Demanda Enmendada con el único fin de incluir como

codemandados a la esposa del doctor Colón y a Triple S.7

Oportunamente, los codemandados antes expuestos presentaron

sus respectivas alegaciones responsivas y Triple S incluyó como

parte de sus defensas afirmativas la prescripción.8 Por su parte, el

7 de agosto de 2023, el doctor Rivera y PRMDIC presentaron una

Moción de Desestimación por Prescripción.9 En primer lugar,

indicaron que el 13 de junio de 2021, el señor Valentín y la señora

Martínez      presentaron       una      Demanda        con     el   núm.       civil

SJ2021CV03578 sobre daños y perjuicios reclamando daños por los

sufrimientos y angustias mentales a raíz del fallecimiento de la

señora Santana el 9 de junio de 2020.10 Resaltaron que las partes

demandantes en ese caso eran únicamente el señor Valentín y la

señora Martínez, sobrina de la señora Santana, y no así los hijos de

esta última que son demandantes en el caso de epígrafe por sí y

4 Íd., págs. 79-82.
5 Íd., págs. 83-88.
6 Íd., págs. 89-96.
7 Íd., págs. 97-128.
8 Íd., págs. 133-140 y págs. 151-158.
9 Íd., págs. 159-172.
10 Estos luego solicitaron el desistimiento sin perjuicio de este caso y se emitió la

correspondiente Sentencia concediéndole el desistimiento.
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como miembros de la Sucesión de la señora Santana. Además,

señalaron que no fueron incluidos como parte demandada en la

referida Demanda.

      Por otro lado, añadieron que no hubo reclamación alguna por

parte de los hijos de la señora Santana en la referida Demanda, ya

fuese por sus sufrimientos propios y/o individuales o por causa de

acción heredada. Alegaron que el señor Valentín y la señora

Martinez tampoco habían instado una acción de daños heredados

en la Demanda del 9 de junio de 2021. Además, puntualizaron que

la reclamación por gastos médicos, gastos fúnebres y otros gastos

especiales, y la reclamación de pérdida de ingresos y lucro cesante

fue alegada por los apelantes por primera vez mediante la Demanda

de epígrafe que se radicó el 11 de junio de 2022.

      Por las razones antes expuestas, sostuvieron que los

apelantes no lograron interrumpir el término prescriptivo en cuanto

a ellos ya que no fueron incluidos en el pleito original, a saber, en la

Demanda civil núm. SJ2021CV03578. Explicaron que tan solo se

incluyeron nombres de personas ficticias o genéricas y estos

nombres nunca fueron sustituidos según promulga nuestro

ordenamiento jurídico. Asimismo, indicaron que las reclamaciones

que presentaron los hijos de la señora Santana estaban prescritas.

Especificaron que entre las reclamaciones que estaban prescritas se

encontraba la de los daños heredados sobre los presuntos daños

que sufrió la señora Santana, la reclamación sobre los gastos

médicos, gastos fúnebres y otros gastos especiales y la reclamación

de pérdida de ingresos y lucro cesante. Todo ello ya que se

presentaron en el Demanda de epígrafe habiendo ya transcurrido

dos (2) años desde el fallecimiento de la señora Santana. En vista de

ello, solicitaron que se desestimara la Demanda con perjuicio en su

contra o en la alternativa, que se desestimaran las causas de acción

antes descritas.
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       Posteriormente, el 16 de agosto de 2023, el doctor Colón y su

esposa, la Sra. Janet Bosques Soto, presentaron una moción al

amparo de la Regla 8.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.

8.3,   uniéndose         a    la   Moción   Solicitando    Desestimación   por

Prescripción que presentó el doctor Rivera y PRMDIC.11 A esta

moción también se unieron The Medical Protective Company y Triple

S adoptando todos los fundamentos de la moción del 7 de agosto de

2023 ya que no fueron incluidos como parte codemandada en la

Demanda que se presentó el 13 de junio de 2022.12 De igual forma,

insistieron que las reclamaciones nuevas y no incluidas en la

Demanda antes expuesta, estaban prescritas. Por su parte, Doctors

Center Hospital San Juan Inc. y su aseguradora, Continental

Insurance       Company            adoptaron    únicamente      el    petitorio

desestimatorio de las causas de acción ya que fueron incluidos en

el caso original por lo que el término prescriptivo se interrumpió en

cuanto a ellos.13

       En respuesta, el 18 de septiembre de 2023, los apelantes

presentaron su Oposición a Solicitud de Desestimación […].14 De

entrada, adujeron que no procedía la moción de desestimación al

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2 ya que el doctor Rivera y PRMDIC y los demás codemandados

que se unieron a esta solicitud de desestimación por prescripción lo

hicieron luego de presentar sus alegaciones responsivas y luego de

que    comenzara         el    descubrimiento      de     prueba.    Asimismo,

puntualizaron que los codemandados habían renunciado a la

defensa de prescripción toda vez que en sus alegaciones responsivas

no hicieron constar en detalle y específicamente las razones por la

11 Íd., págs.173-174.
12 Íd., págs. 175-176 y págs.180-186.
13 Íd., págs. 177-179.
14 Íd., págs. 195-215.
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cual se invocó la defensa. Afirmaron que ello era contrario a lo que

establecía la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

      Ahora bien, en cuanto a la desestimación a favor del señor

Rivera y PRMDIC, argumentaron que las alegaciones en su contra

no estaban prescritas ya que se había interrumpido el término en

cuanto a estos en la Demanda del caso civil núm. SJ2021CV03578.

Particularmente, sostuvieron que en la aludida Demanda se

incluyeron alegaciones especificas en contra del señor Rivera y

PRMDIC a través de un seudónimo por desconocerse su verdadero

nombre. Resaltaron que posteriormente, estos fueron identificados

en el caso de epígrafe. Además, plantearon que las causas de acción

con relación a Triple S, el doctor Rivera y su aseguradora, PRMDIC,

no estaban prescritas ya que para el momento en que se presentó el

caso original no se les había entregado a los apelantes el expediente

médico completo de la señora Santana por lo que no contaban con

todos los elementos necesarios para ejercitar efectivamente su causa

de acción. Expresaron que la teoría cognoscitiva del daño establecía

que   el   término   prescriptivo   de   un    año   en   los   casos

extracontractuales no comenzaba a transcurrir hasta que el

perjudicado conociera que sufrió un daño y quien se lo causó.

      Por último, puntualizaron que la causa de acción heredada,

la causa de acción de los miembros de la sucesión de la señora

Santana y la reclamación por lucro cesante no estaban prescritas.

En lo pertinente, adujeron que la causa de acción que ejercitó el

señor Valentín en el caso original beneficio a los otros herederos de

la sucesión ya que el Tribunal Supremo había establecido que la

interrupción oportuna por uno de los herederos beneficiaba a todos

los demás en lo que respecta a la acción heredada. Sin embargo, no

expresaron nada en cuanto a las reclamaciones individuales o

personales de los hijos de la señora Santana que comparecieron en

la presente Demanda reclamando daños por sí y como miembros de
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la sucesión de la señora Santana. El 16 de octubre de 2023, el doctor

Rivera y PRMDIC presentaron una Réplica a Oposición […].15

        Evaluadas las posturas de las partes, el 3 de noviembre de

2023, el TPI dictó una Sentencia Parcial que se notificó el 7 de

noviembre de 2023.16 En lo pertinente al asunto ante nuestra

consideración, resolvió que la causa de acción por daños heredados

estaba prescrita ya que nunca se incluyó en la Demanda que se

radicó el 9 de junio de 2021, sino que se incluyó por primera vez en

la Demanda de epígrafe. Indicó que siendo ello así, ya había

transcurrido el término prescriptivo de un año para presentar dicha

reclamación por lo que estaba prescrita. Ahora bien, en cuanto a las

causas de acción personales de los hijos de la señora Santana, a

saber, el Sr. Samuel de Mota, el Sr. Diomedis de Mota Santana, la

Sra. María Esther de Mota Santana, y el Sr. Melvín Santana

determinó lo siguiente:

              Todos los demandados plantean al unísono que
        las causas de acción por los daños personales sufridos
        por Samuel de Mota Santana, Diomides de Mota
        Santana, María Esther de Mota Santana y Melvin
        Santana están prescritas. Al así hacerlo, señalan que
        dichas personas nunca fueron parte en el caso
        SJ2021CV03578 y por tanto no interrumpieron el
        término prescriptivo que les aplica. Tienen razón.

               Basta examinar las alegaciones de la Demanda en
        el Primer Caso para corroborar dicha realidad. Por ello,
        si tomamos como fecha de partida para calcular el
        término prescriptivo el día en que la Sra. Santana
        falleció (13 de junio de 2020); evidentemente a la fecha
        de radicación del pleito de epígrafe (11 de junio de 2022)
        sus causas de acción en daños y perjuicios, por los
        daños emocionales directamente sufridos por estos
        evidentemente están prescritas. Adviértase, que nada
        impedía que dichas personas pudieran interrumpir
        extrajudicialmente el término, ser incluidas en la
        reclamación original o radicar un pleito independiente;
        pero no lo hicieron.

15 Véase, págs. 103-113 del apéndice del recurso KLAN202301094.
16 Íd., págs. 1-16.
KLAN202301094 CONS. KLCE202301382                                 11

      Inconformes con las determinaciones antes expuestas, el 6 de

diciembre de 2023, los apelantes presentaron el recurso de epígrafe

y formularon el siguiente señalamiento de error:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      Desestimar la causa de acción heredada de la parte
      apelante por entender que la misma estaba prescrita
      causando un grave perjuicio a la parte apelante y
      claro fracaso a la justicia.

      Atendido el recurso, el 7 de diciembre de 2023, emitimos una

Resolución concediéndole a l aparte apelada hasta el 8 de enero de

2024 para presentar su alegato en oposición. Oportunamente,

Doctors’ Center Hospital San Juan, Inc., y su aseguradora,

Continental Insurance Company, el doctor Rivera, y su aseguradora,

PRMDIC, Triple S, el doctor Colón y su esposa, la Sra. Janet Bosques

Soto presentaron sus respectivas oposiciones al recurso núm.

KLAN202301094 y, en síntesis, negaron que el TPI cometiera el error

que los apelantes le imputaron.

II. KLCE202301382

      Adoptamos por referencia los hechos procesales antes

expuestos, ya que ambos recursos provienen del mismo caso. Como

mencionamos anteriormente, el TPI dictó una Sentencia Parcial el 3

de noviembre de 2023 la cual se notificó el 7 de noviembre de 2023.

En esta, en lo pertinente, el TPI desestimó las causas de acción de

los daños heredados y las causas de acción de los hijos de la señora

Santana. Además, denegó la solicitud de desestimación del doctor

Rivera, PRMDIC, The Medical Defense Insurance Company, The

Medical Protective Company y Triple S. Con relación al doctor Rivera

denegó su solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2

bajo el siguiente fundamento:

            Coincidimos con el Dr. Fernando Rivera Cruz en
      que nunca se le identificó ni se le sustituyó en el caso
      SJ2021CV03578. Tampoco hay una alegación
      específica contra su aseguradora, pero, esto no es razón
      para entender que el caso en su contra está prescrito.

      […]
KLAN202301094 CONS. KLCE202301382                                12

           Este no es el tipo de caso donde existe una
    solidaridad imperfecta entre hospital y médico. […] El
    Doctor Rivera a base de las alegaciones, es una persona
    que tiene una relación de dependencia con el hospital,
    inexorablemente atados por un interés común,
    confianza y de relaciones frecuentes por la naturaleza
    de los servicios que presta. En ese sentido, podemos
    colegir que existe una solidaridad perfecta (propia) entre
    el hospital y su facultativo, con la consecuencia de
    responder solidariamente y beneficiarse la parte
    demandante de la interrupción del término prescriptivo
    realizado el 9 de junio de 2021.

          No vemos razón por la cual distanciarnos del ratio
    decidendi del caso Pérez Hernández v. Lares Medical,
    supra. Evidentemente los hospitales tienen una
    responsabilidad presunta por los actos de los médicos
    que laboran en su institución y con los que, aunque no
    forman parte de su fuerza laboral, son parte de la
    facultad o staff que tienen disponibles para consultas
    de otros médicos. Esa dependencia mutua contiene
    lazos de intereses comunes, entre partes conocidas, de
    confianza y frecuencia que son equivalentes a los que
    se atendieron en Pérez Hernández, id.

    […]

          En la alternativa, aun si para efectos de discusión
    no existiera una solidaridad perfecta entre hospital y los
    médicos provistos en la sala de emergencias y/o su
    facultad, tampoco procede en esta etapa la
    desestimación por prescripción.

           No podemos perder de perspectiva que la parte
    demandante alega enfáticamente, que no pudo
    identificar razonablemente la participación e identidad
    de los demás cocausantes, a pesar de que solicitaron
    oportunamente los récords médicos de la Sra. Santan
    en el Doctor’s Center Hospital. […] No fue hasta el 10 de
    mayo de 2022, y luego de múltiples gestiones para que
    entregaran la totalidad del expediente que en efecto
    emitieron las correspondientes copias y sus respectivas
    certificaciones. De las certificaciones emitidas se hace
    constar que se estaban entregando la cantidad 1,165
    páginas de expediente relacionadas a la hospitalización
    del 05/11/2020 al 06/06/2020 y que, a su vez, se
    entregaron la cantidad de 309 páginas de la
    hospitalización del 04/25/2020 al 05/04/2020. […] A
    su vez, la parte demandante no tenía este conocimiento
    ya que nunca pudieron ser participe del tratamiento
    médico de la señora Victorina Santana ya que ésta
    estuvo hospitalizada en plena pandemia y no permitían
    a nadie estar en las facilidades del hospital y/o
    pernoctar y/o visitar a la paciente.” […]

          Estas alegaciones, a nuestro juicio, aun en
    ausencia de la solidaridad perfecta, presentan una
    controversia de hechos sobre si Ramón Valentín y Ana
    Martínez (los únicos que reclamaron su derecho en
    tiempo), tenían la información suficiente para poder
    conocer la identidad de todos los causantes y/o si su
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      falta de inclusión o sustitución se debió a no ser
      diligentes. Fraguada Bonilla v. Hospital, 186 DPR 865
      (2012). En otras palabras, tratándose de una solicitud
      de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento
      Civil, no contamos en esta etapa con determinaciones
      de hechos que permitan concluir con conciencia
      tranquila, si la dificultad en identificar partes se debió
      a la falta de diligencia; o, si se debió a actuaciones de
      algún codemandado para impedir el ejercicio de la
      causa de acción en tiempo como alegan los
      demandantes.

      Ahora   bien,   en    cuanto   a   la   reclamación   contra   las

aseguradoras PRMDIC (aseguradora del doctor Rivera), MEDPRO

(aseguradora del Doctor’s Hospital) y Triple S (aseguradora del

doctor Colón) resolvió que estas fueron incluidas en la primera

Demanda y dentro del término prescriptivo original. Ello, ya que se

incluyó una alegación en contra de cualquier aseguradora bajo

nombre ficticio que hubieran expedido una póliza a favor de los

demandados efectivamente identificados, “vigentes al ocurrir los

hechos de la reclamación, cubriendo parte o la totalidad de la

negligencia, riesgos y/o daños reclamados de los demandados y/o

de su(s) aseguradora(s)”.

      Añadió que exigirle a una parte que conociera el nombre de la

aseguradora de un médico u hospital antes de radicar una Demanda

no era razonable ya que dicha información se obtenía generalmente

por medios de descubrimiento de prueba o cuando ya ocurría la

intervención de representantes legales. Así pues, resolvió que, al

aplicar la teoría cognoscitiva del daño, la causa de acción contra

MEDPRO, Triple S y PRMDIC se radicó en tiempo y el señor Valentín

y la señora Martinez fueron diligentes en reclamarles a sus

aseguradores dentro del término prescriptivo interrumpido por lo

que no procedía la desestimación por prescripción.

      En desacuerdo con esta determinación, el 7 de diciembre de

2023, el doctor Rivera y PRMDIC presentaron el caso núm.

KLCE202301382 y formularon el siguiente señalamiento de error:
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       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       declarar No Ha Lugar la moción de desestimación
       por prescripción presentada por el Dr. Fernando
       Rivera Cruz y su aseguradora, Puerto Rico Medical
       Defense Insurance Company en cuanto a la
       prescripción del caso en su totalidad, al utilizar
       como criterio el caso Pérez Hernández v. Lares
       Medical, 207 DPR 965 (2021), cuya determinación
       no había adquirido vigencia para la fecha en que se
       radica inicialmente la presente causa de acción; y al
       determinar que existe controversia de hechos sobre
       si los demandantes tenían la información suficiente
       para poder conocer la identidad de las causantes a
       tal fecha, cuando la parte demandante no presentó
       evidencia o documento alguno en apoyo a sus
       argumentos y/o que demostrase que actuó de
       manera diligente para obtener la información
       necesaria para ejercer su causa de acción.

       Posteriormente, el 9 de enero de 2024, el señor Valentín, la

señora Martinez, y los hijos de la señora Santana presentaron una

Oposición a Expedición de Auto de Certiorari y en este negaron que

el TPI cometiera el error que el doctor Rivera y PRMDIC le imputaron.

                                       II.

                                       -A-

       El Art. 599 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 2081, define

la sucesión por causa de muerte como “la transmisión de los

derechos y obligaciones del difunto a sus herederos”.17 El referido

estatuto de igual forma establece que los derechos del causante, “se

transmiten desde el momento de su muerte”. Art. 603 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2085. Así pues, éstos forman

parte del caudal hereditario, junto con las obligaciones del causante,

siempre y cuando éstos no se extingan con la muerte de este. Art.

608 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2090. En fin, “[l]os

herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en

17 Para propósitos de la disposición de este recurso estaremos citando el derogado

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. ya que el Art. 1808 de
la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, conocida como Código Civil de Puerto
Rico de 2020, 31 LPRA sec. 11713, relacionado a las disposiciones transitorias de
acciones y derecho pendientes, establece que, “las acciones y los derechos nacidos
y no ejercitados antes de la entrada en vigor de este Código, subsisten con la
extensión y en los términos que le reconoce la legislación precedente…”
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todos sus derechos y obligaciones”. Art. 610 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2092.

      En lo pertinente al caso ante nos, el Tribunal Supremo

estableció que, si una persona fallece como resultado del acto u

omisión negligente de otro, ésta transmite a sus herederos la causa

de acción que no ejercitó. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101

DPR    598    (1973). Ello,   para   recobrar    la   indemnización

correspondiente al sufrimiento físico y moral que precedió a su

deceso. Íd. Lo antes expuesto se fundamenta en la existencia de dos

acciones derivadas de la muerte ilegal: (1) la causa de acción que

pueden ejercer los herederos por los daños que sufrió la víctima

inicial del accidente y (2) la causa de acción personal de los

herederos por los daños que sufrieron a raíz de la muerte del

causante. Íd., págs. 599-600. La primera de éstas se conoce como la

acción heredada, mientras que la segunda se llama la acción directa

o personal. Íd., pág. 600.

      Dicho lo anterior, es evidente que la causa de acción que

poseía el causante por los daños que sufrió antes de su fallecimiento

no es una personalísima que muere con éste. Íd., pág. 602. Sino que,

“[e]l fallecido continúa viviendo en la persona de sus herederos en

cuanto la ficción es posible, o en la herencia yacente cuando los

herederos no existen”. Íd. Este derecho que poseen los herederos

para reclamar los daños sufridos por la persona fallecida “no

depende de ningún trámite procesal iniciado por su causante; [sino

que] arranca del acto torticero mismo”. Íd., págs.602-603. En

consecuencia, este derecho es un bien patrimonial, transmitido a

los herederos y reclamable por éstos como parte de su legítima, por

lo que tienen un incuestionable interés jurídico y económico en la

acción planteada. Íd., pág. 607.
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                                  -B-

      La prescripción extintiva es una institución de derecho

sustantivo que extingue el derecho de ejercer determinada causa de

acción. SLG Haedo López v. SLG Roldan Rodríguez, 203 DPR 324,

336 (2019). Sobre el particular, el Artículo 1861 del Código Civil de

1930, 31 LPRA sec. 5291 establece que “[l]as acciones prescriben

por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. Así, una vez se agota

un término prescriptivo se extingue el derecho a ejercer la causa

de acción y la persona sujeta a responder queda exonerada.

(Énfasis suplido) Maldonado v. Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR

182, 193 (2016). En ese sentido, la prescripción extintiva es una

forma de extinguir las obligaciones. SLG García-Villega v. ELA et al.,

190 DPR 799, 814 (2014). Ahora bien, esta figura de derecho

sustantivo tiene como finalidad castigar la dejadez en el ejercicio de

los derechos y evitar la incertidumbre en las relaciones jurídicas.

Íd., pág. 813.

      El Código Civil de Puerto Rico de 1930 regula los términos

prescriptivos    particulares   para    las   distintas   reclamaciones

existentes. En lo pertinente, el Artículo 1868 del Código Civil de

1930, 31 LPRA sec. 5298, dispone que las obligaciones derivadas

de la culpa o negligencia –Artículo1802– prescribían en el

término de un (1) año desde que lo supo el agraviado. (Énfasis

suplido). A tenor con lo anterior, se ha desarrollado la teoría

cognoscitiva del daño, la cual establece que los términos para incoar

una causa de acción comienzan a transcurrir una vez el perjudicado

conoció o debió conocer el daño, quién fue el autor y, además, desde

que   éste   conoce    los   elementos    necesarios      para   ejercitar

efectivamente su causa de acción. Maldonado v. Rivera v. Suárez y

otros, supra, pág. 194.

      Ahora bien, cabe precisar que, nuestro ordenamiento jurídico

permite la interrupción de los términos prescriptivos. Meléndez
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Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008). Conforme a

ello, el Artículo 1873 del Código Civil 1930, 31 LPRA sec. 5303, en

lo medular, expone que la prescripción de las acciones se

interrumpe por su ejercicio ante los tribunales. Así pues, una vez

interrumpida, el término comienza a transcurrir nuevamente.

(Énfasis suplido) Íd., pág. 1019.

                                    -C-

      La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.15.4,

trata específicamente sobre el procedimiento a seguir cuando un

demandante incluye una parte demandada de nombre desconocido.

La misma dispone:

      Cuando una parte demandante ignore el verdadero
      nombre de una parte demandada, deberá hacer constar
      este hecho en la demanda exponiendo la reclamación
      específica que alega tener contra dicha parte
      demandada. En tal caso, la parte demandante podrá
      designar con un nombre ficticio a dicha parte
      demandada en cualquier alegación o procedimiento, y
      al descubrirse el verdadero nombre, hará con toda
      prontitud la enmienda correspondiente en la alegación
      o procedimiento.

      Se ha señalado que la disposición antes mencionada es

aplicable a la situación en que un demandante conoce la identidad,

pero no el verdadero nombre de un demandado. Padín v. Cía. Fom.

Ind., 150 DPR 403, 417 (2000). Es decir, la Regla 15.4 de

Procedimiento Civil, supra, permite que se pueda demandar a una

persona cuyo nombre se desconoce designándolo en la demanda con

un nombre ficticio. Íd., pág. 416. Sin embargo, se ha señalado que

“la ignorancia del verdadero nombre del demandado debe ser real y

legítima, y no falsa o espúrea”. Íd., pág. 417.

      Tan pronto se conozca su nombre verdadero se enmendará la

demanda incluyendo a dicho demandado de nombre desconocido

con su nombre verdadero. Ortiz Díaz v. R&R Motors Sales Corp, 131

DPR 829, 836 (1992). Luego se procederá a emplazarlo. Íd. Las
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alegaciones con respecto al demandado así incluido, se retrotraerán

al momento de la presentación de la demanda original. Íd.

      Por otro parte, el Tribunal Supremo ha manifestado que “el

solo hecho de incluir en una demanda la mención de un nombre

ficticio para un demandado no hace que sea de aplicación

automática la Regla 15.4, supra. Esta regla exige que se exponga la

reclamación     específica    y   que   se   conozca   la   identidad   del

demandado”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365,

369 (2012).

                                    III.

I. KLAN202301094

      En   su     único      señalamiento    de   error,    los   apelantes

argumentaron que el TPI erró al desestimar la causa de acción de

los daños heredados que instó el señor Valentín y la señora Martínez

por estar prescrita. Sostuvieron que esta determinación les causaba

un grave perjuicio y constituía un claro fracaso a la justicia. No les

asiste la razón. Veamos.

      Según surge del expediente ante nuestra consideración, que

el 9 de junio de 2021, el señor Valentín y la señora Martínez

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en el caso civil

núm. SJ2021CV03578. En esta, reclamaron indemnización por los

sufrimientos y angustias mentales que sufrieron a raíz de la muerte

de la señora Santana. Es decir, ejercitaron una causa de acción

personal y directa por los daños que sufrieron como consecuencia

de la muerte de la señora Santana. Sin embargo, de la referida

Demanda no surge que estos hayan ejercitado una causa de acción

por los daños que sufrió la señora Santana previo a su fallecimiento.

Entiéndase, no ejercitaron una causa de acción por los daños

heredados a pesar de que este derecho se les trasmitió desde el

momento del fallecimiento de la señora Santana. Posteriormente, el

señor Valentín y la señora Martínez desistieron de su causa de
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acción por daños y perjuicios en el aludido caso y el TPI dictó la

correspondiente Sentencia concediéndole el desistimiento.

      Ahora bien, el 11 de junio de 2022, el señor Valentín y la

señora Martínez presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios

en el presente caso junto a los hijos de la señora Santana. En la

aludida Demanda, el señor Valentín y la señora Martínez reclamaron

indemnización por sus daños personales y también reclamaron

indemnización por los daños físicos y las angustias mentales

que sufrió la señora Santana antes de su muerte.

      Como es sabido, el término de un año para presentar una

reclamación extracontractual se puede interrumpir a través de una

una reclamación oportuna ante el tribunal. Una vez se interrumpe

el término antes expuesto, este comienza a transcurrir nuevamente.

En el presente caso, el señor Valentín y la señora Martínez tenían

derecho a presentar una causa de acción por los daños heredados

de la señora Santana. Sin embargo, estos daños no fueron objeto

de la reclamación que se presentó el 9 de junio de 2021 y, por

ende, el término de esta causa de acción no se interrumpió. Así

pues, dicha causa de acción ya estaba prescrita cuando se

presentó en la Demanda de 11 de junio de 2022. Entiéndase, la

reclamación por estos daños se presentó por primera vez

aproximadamente dos (2) años desde la muerte de la señora

Santana. Por lo tanto, como mencionamos anteriormente, estaba

prescrita. Por las razones antes expuestas, el señalamiento de error

no se cometió.

II. KLCE202301382

      En su recurso, el doctor Rivera y PRMDIC sostuvieron que el

TPI incidió en declarar No Ha Lugar su moción de desestimación por

prescripción y al determinar que existía controversia sobre si los

apelantes tenían la información suficiente para poder conocer su

identidad en el momento que se presentó la Demanda de 9 de junio
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de 2021. En cuanto a esto último, expresaron que la parte apelante

no presentó evidencia o documento alguno en apoyo a sus

argumentos que demostraran que actuó de manera diligente para

obtener la información necesaria para ejercer una causa de acción

en contra de ellos. No les asiste la razón. Veamos.

        En    la Demanda antes mencionada, se incluyó como

demandado a fulano de tal por desconocerse su verdadero nombre.

Se alegó que se trataba de:

        [P]ersonas y/o entidades y/o demandados, principales,
        empleados y/o agentes y/o contratistas de la parte
        demandada y trabajan y/o operan y/o administran y/o
        mantienen y/o dan servicios a los demandados en el
        lugar y en el momento de la ocurrencia de los incidentes
        que dan motivo a la reclamación, quienes por sus actos
        u omisiones causaron los daños reclamados y son
        responsables, directa, indirectamente, individual y/o
        colectivamente, y/o solidariamente y/o vicariamente a
        la parte demandante de los daños causados y
        reclamados.18

        Además, incluyeron a otra parte co-demandada, denominada

como Aseguradoras ABC, por desconocerse su verdadero nombre.

Describieron a dichas compañías como sigue:

        [S]on compañías de seguros, que operan bajo el Código
        de Seguros y leyes de PR y/o hacen negocios y/o operan
        en esta jurisdicción, que emitieron pólizas de seguro a
        favor de uno o más de los demandados, vigentes al
        ocurrir los hechos de la reclamación, cubriendo parte o
        la totalidad de la negligencia, riesgos y/o daños
        reclamados de los demandados y/o de sus
        aseguradoras.

        El derecho que antecede establece que cuando una parte

demandante ignore el verdadero nombre de una parte demandada,

la podrá designar con un nombre ficticio. Regla 15.4 de

Procedimiento Civil, supra. De igual forma, deberá hacer constar

este hecho en la demanda, exponiendo la reclamación específica que

alega tener contra dicha parte demandada. Íd. Ahora bien, la parte

demandante tendrá la obligación de enmendar la demanda tan

pronto conozca el verdadero nombre del demandado de nombre

18 Íd., pág. 18.
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desconocido con su nombre verdadero. Ortiz Díaz v. R&R Motors

Sales Corp, supra, pág. 836. Cabe precisar que, las alegaciones con

respecto al demandado así incluido se retrotraerán al momento de

la presentación de la demanda original. Íd.

        Según puntualizó el TPI en su Sentencia Parcial de 3 de

noviembre de 2023, no fue hasta el 10 de mayo de 2022, que el señor

Valentín, la señora Martínez y los hijos de la señora Santana

recibieron una copia de la totalidad del expediente médico de la

señora Santana y sus respectivas certificaciones. Ello, a pesar de

haber solicitado dicho expediente oportunamente al Doctors’ Center

Hospital. Según dispuso el TPI, en las certificaciones emitidas se

hizo constar que se estaban entregando sobre 1,474 páginas

relacionadas a la hospitalización entre los meses de abril y junio. De

igual   forma,   cabe   resaltar   que   la   señora   Santana   estuvo

hospitalizada durante la pandemia del Covid 19, por lo que el señor

Valentín, la señora Martínez y los hijos de la señora Santana no

tuvieron la oportunidad de visitar a la señora Santana ya que no

permitían a nadie estar en las facilidades del hospital.

        Dicho lo anterior, es evidente, que no fue hasta mayo de 2022

que el senor Valentín, la señora Martínez y los hijos de la señora

Santana pudieron conocer el verdadero nombre del doctor Rivera y

su aseguradora PRMDIC. Así pues, oportunamente en la Demanda

que se presentó el 11 de junio de 2022, estos reemplazaron el

nombre ficticio incluido en la primera demanda, designando a los

co-demandados por su verdadero nombre. Así pues, las alegaciones

con respecto a estos se retrotrajeron al momento de la presentación

de la Demanda del 11 de junio de 2022 y, por ende, la causa de

acción en contra del doctor Rivera y PRMDIC no está prescrita. De

este modo, concurrimos con el TPI de que no procede la solicitud de

desestimación por prescripción que presentaron estos últimos y por

consiguiente, no se cometió el error señalado.
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                               IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el

dictamen recurrido.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones