Court Opinion

ID: 9916048
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:30.281664+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:41.869404
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI

                                              Certiorari
    AIDA NELLY COLÓN                          procedente del
       PEÑA, ET ALS                           Tribunal de Primera
     Parte Peticionaria                       Instancia, Sala de
                                              Humacao
                              KLCE202301246
                v.                            Caso Núm.

                                              HU2018CV00078
   ROOMS TO GO, INC.,                         (Sala 208)
         ET ALS
     Parte Recurrida                          Sobre:

                                              Daños y Perjuicios
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte demandante-peticionaria Sra. Aida Nelly

Colón Peña, et als. (en adelante, parte peticionaria) mediante un

recurso de Certiorari y nos solicita la revisión de la Resolución

emitida y notificada el 10 de octubre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (en adelante, TPI).

Mediante este dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de la

Moción en Solicitud de Orden y Conversión de Vista presentada

inicialmente el 24 de octubre de 2022 por la parte demandada-

recurrida Rooms to Go, Inc. (en adelante, Rooms to Go) para que se

excluyeran en el juicio cierta prueba testifical de la parte

peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos, se deniega la

expedición del recurso de Certiorari.

                                  I

Número Identificador

SEN2023_________
KLCE202301246                                                      2

       El 6 de abril de 2018 la parte peticionaria presentó una

Demanda sobre daños y perjuicio en contra de Rooms to Go, et als.1

En síntesis, la parte peticionaria solicitó una indemnización por los

daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del Sr.

José Arnaldo Rodríguez Dávila.

       Luego de concluido el descubrimiento de prueba y varios

incidentes procesales, el 24 de octubre de 2022, Rooms to Go

presentó una Moción en Solicitud de Orden y Conversión de Vista.2

Entre otras cosas, Rooms to Go solicitó la exclusión de los testigos

Agt. Sergio Ares Perales, Agt. Stephen Lazu, Sr. Velázquez, y Dra.

Nadya Morales basado en que la parte peticionaria informó

tardíamente su intención de utilizarlos en el juicio.

       El 14 de febrero de 2023, se celebró la Conferencia con

Antelación a Juicio, a la cual comparecieron las partes y sus

respetivos representantes legales.3 En atención a la solicitud

presentada por Rooms to Go, el TPI le ordenó en corte abierta a la

parte peticionaria a exponer por escrito dentro de un término de

veinte (20) días las razones por las cuales entendía que no se debía

excluir la prueba testifical en cuestión.

       En cumplimiento con lo ordenado, el 17 de marzo de 2023, la

parte peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de Orden

para Mostrar Causa.4 En su moción, la parte peticionaria se opuso

a la solicitud de exclusión de prueba alegando principalmente que

estos testigos, así como el resumen de lo que se proponían declarar,

fueron incluidos en una lista de testigos de las partes en el informe

inicial5 que se presentó el 19 de octubre de 2019, por lo que no

fueron informados tardíamente.6

1 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 10-12.
2 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 46-47.
3 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 50-51.
4 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 52-54.
5 Refiriéndose al "Informe para el Manejo del Caso".
6 Entre sus alegaciones, cabe resaltar lo siguiente:
KLCE202301246                                                                 3

      El 17 de abril de 2023, Rooms to Go presentó una Oposición

a Moción en Cumplimiento de Orden para Mostrar Causa Presentada

por Maritza Rodríguez Colón y Pedro Peña Rodríguez.7 En su moción,

Rooms to Go sostuvo que estos testigos fueron anunciados

injustificadamente luego de concluido el proceso de descubrimiento

de prueba, por lo que debían ser excluidos en el juicio. Además,

alegó que, si bien estos testigos fueron identificados en el informe

inicial, no fue hasta el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio

que oficialmente se informó que serían utilizados en el juicio.8

       “5. Que la parte co demandante de forma diligente y sin ánimo de
       dilatar los procesos, incluyó los nombres de testigos y resumen de
       sus testimonios que ahora se pretenden suprimir, aun cuando el
       expediente fiscal, de donde surgen los mismos, no estaba
       oficialmente disponible para las partes hasta dos años después. El
       ministerio público finalmente notifica la disponibilidad del
       expediente el 28 de octubre de 2021, luego de varias órdenes de
       este Honorable Tribunal.
       […]
       7. Que desde marzo de 2022, la parte co demandada ha pretendido
       suprimir evidencia, partiendo de premisas incorrectas sobre
       alegada indefensión por notificación tardía de testigos y la alegada
       culminación del descubrimiento de prueba, que a la fecha de esta
       moción, no surge de ninguna de las minutas del caso.
       […]
       9. Que de igual manera, los planteamientos infundados del co
       demandado de una alegada notificación tardía de testigos, forzaron
       e indujeron el planteamiento sobre la utilización de los testigos
       para efectos de la autenticación del expediente fiscal, el cual ya
       estaba autenticado prima facie bajo la Regla 902(C), Reglas de
       Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.

       10. Que posterior a la vista del 27 de octubre de 2022, las partes
       cumplen con la orden del Honorable Tribunal y se reúnen el 8 de
       noviembre de 2022 para "confeccionar" el informe de CAJ. Puesto
       que ya el informe de CAJ estaba integrado, solo restaba la
       estipulación de controversias y prueba. En la referida reunión, es
       cuando la parte co demandada no estipula el contenido del
       expediente fiscal e incluye su objeción a la utilización de testigos
       por su alegada notificación tardía.” (énfasis en el original
       suprimido) Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 53-54.
7 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 55-59.
8 Finalmente, Rooms to Go añadió que la parte peticionaria, inicialmente había

indicado que:
       “19. […] la identificación de estos testigos era únicamente a los
       fines de autenticar documentos ya que nunca se pudo realizar
       reunión entre abogados y la compareciente [Rooms to Go] no había
       autenticado los mismos. Primero que nada, la reunión no se llevó
       a cabo ante la falta de diligencia de la parte demandante quien
       tiene el peso de la prueba y la obligación de mover el caso. Dicha
       parte según lo antes señalado nunca promovió la reunión entre
       abogados y no es hasta que se le cursa comunicación escrita que
       envía su parte del informe.

       20. Conforme el tracto del caso, luego de la vista que se tuvo que
       convertir ante los incumplimientos de la parte demandante, se
       llevó a cabo tal reunión. Como resultado de la reunión la
       compareciente le expresó que estaba en posición de autenticar los
       documentos que proponía, por ello no sería necesario el proceso de
       presentación de prueba testifical para la autenticación. No empece
KLCE202301246                                                             4

       Finalmente, el 10 de octubre de 2023, el TPI emitió y notificó

la Resolución recurrida, mediante la cual declaró Ha Lugar la

solicitud presentada por Rooms to Go y, en consecuencia, se excluyó

para el juicio la prueba testifical en cuestión por haberse anunciado

de forma tardía.9 En su dictamen, el TPI dispuso, en lo pertinente,

lo siguiente:

       “[…] La parte demandante identifica a esos testigos con
       el único propósito de autenticar documentos y no es
       hasta el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio
       que oficialmente los identifica como testigos para
       declarar incluye un resumen de lo que sería su
       testimonio. […]

       […]

       Este Tribunal determina que una cosa es identificar a
       potenciales testigos y otra es identificarlos como
       testigos quienes ofrecerán testimonio durante el juicio.
       El permitir los testimonios de dichos testigos sería
       poner a la parte demandada en un estado de
       indefensión y dilatar más el proceso. […]

       […]

       En el presente caso la parte demandante identificó en
       el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio a los
       testigos para declarar e incluyó un resumen de lo que
       sería su testimonio. No obstante, en todo momento
       acordaron con la parte demandada a que esos testigos
       serían    utilizados   únicamente     para    autenticar
       documentos. No encontramos justa causa para ordenar
       extender el descubrimiento de prueba. De hecho, el
       permitir incluir a los testigos para otros fines que no
       fueron traídos originalmente tendría el efecto de abrir
       un nuevo descubrimiento prueba dilatando aun más el
       proceso. En estas circunstancias es forzoso inclinar la
       balanza hacia el interés de velar que se garantice la
       pronta solución de las controversias de un caso
       lamentable que todavía no ha tenido a estas alturas su
       día en corte.”10

       Inconforme       con     la   determinación   anterior,   la    parte

peticionaria acudió ante nos, el 9 de noviembre de 2023, mediante

       ello, la parte demandante en la versión enmendada del informe
       mantuvo tales testigos pero esta vez a los fines de ofrecer
       testimonio sobre los hechos del caso.” Véase, Apéndice del
       Certiorari, págs. 57-58.

9 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 1-9.
10 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 8-9.
KLCE202301246                                                       5

el presente recurso de Certiorari, en el que señala los errores

siguientes:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al excluir todos
      los testigos de la codemandante, siendo esa medida la
      más severa y prácticamente privando del debido
      proceso de ley y análoga a la desestimación de la
      demandada.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al no favorecer el
      amplio descubrimiento de prueba en un proceso ya
      plagado de paralizaciones, pandemias y órdenes tardías
      del propio tribunal para la producción del expediente
      fiscal que precisamente contiene los testigos esenciales
      para que se ventile el caso en sus méritos.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que
      la identificación de los testigos del codemandante en el
      informe con antelación a juicio fue de forma sorpresiva,
      aún cuando ya estaban incluidos en el informe inicial
      integrado que contenía la lista de testigos y resumen de
      testimonios.

      El 17 de noviembre de 2023, Rooms to Go compareción

mediante la presentación de un Memorando en Oposición a

Expedición de Auto de Certiorari.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                    II

                                    A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,   “es   una   forma     de   razonabilidad   aplicada   al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___
KLCE202301246                                                            6

(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el

recurso   de   certiorari   para   revisar   resoluciones     u   órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales,    asuntos      relativos   a    privilegios    evidenciarios,

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia. Íd. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar

su decisión. Íd.

      A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
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      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                    B.

      En términos generales, el propósito del descubrimiento de

prueba   es:   “(1)   delimitar   las    controversias;   (2)   facilitar   la

consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el juicio; (4)

facilitar la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar la prueba.” Torres

González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR __ (2023),

citando a Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802,

págs. 333-334. Es por ello por lo que se ha señalado que el alcance

del descubrimiento de prueba ha de ser amplio y liberal. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021);

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019); Casasnovas

et al. v. UBS Financial et al., 198 DPR 1040, 1054 (2017). Ese alcance

amplio y liberal propende a que, mediante el buen uso del

descubrimiento, se aceleren los procedimientos, se propicien las

transacciones y se eviten las sorpresas indeseables durante el juicio.

Torres González v Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras II, supra.
KLCE202301246                                                          8

      En    nuestro      ordenamiento    jurídico,   la   Regla   23   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23, establece los parámetros

que regulan el descubrimiento de prueba en los casos civiles.

Específicamente, el inciso (a) de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 23.1(a), dispone que las partes en litigio podrán

indagar “sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente

al asunto en controversia en el pleito pendiente [...]”. La precitada

regla impone dos (2) limitaciones fundamentales al descubrimiento

de prueba: (1) se excluye toda materia privilegiada, según los

privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia, y (2) la

materia a descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en

controversia.   Torres    González   v   Zaragoza    Meléndez,    supra;

Autopistas P.R. v. A.C.T., 167 DPR 361, 379 (2006). Véanse, además:

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, págs. 673-674;

Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898-899

(2017).

      En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, les impone a las partes

la obligación continua de actualizar, corregir o enmendar la prueba

que se ha descubierto y de notificarla. Al respecto, el inciso (e) de la

Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:

      “Una parte que haya respondido a una solicitud de
      descubrimiento tiene el deber continuo de actualizar,
      corregir o enmendar sus respuestas y notificar a la
      parte contraria toda información adicional que obtenga
      con posterioridad a dicha solicitud y que esté
      relacionada con dicho descubrimiento, siempre que el
      tribunal se lo ordene o que ocurra lo siguiente:

      (1) Que la parte tenga conocimiento de que el material
      entregado está incorrecto o incompleto y que la
      información adicional o correctiva no se ha dado a
      conocer a la otra parte.

      (2) Que la parte tenga conocimiento de que la
      información     provista   en   la   contestación   del
      interrogatorio, el requerimiento de producción de
      documentos o el requerimiento de admisiones está
      incompleta o incorrecta y que la información adicional
      o correctiva no se ha dado a conocer. El incumplimiento
KLCE202301246                                                       9

      de la parte con su obligación de preservar prueba estará
      sujeto a sanciones económicas o de cualquier otra
      índole que el tribunal estime a su discreción,
      incluyendo el desacato, según lo dispone la Regla 34.3.

      El incumplimiento de la parte con su obligación de
      actualizar, corregir o enmendar conlleva la
      exclusión en el juicio de la prueba no actualizada si
      surge que, antes del juicio, la parte tenía
      conocimiento o debió tenerlo de la información
      adicional o correctiva y no la actualizó, corrigió ni
      enmendó. No obstante, de así interesarlo, la parte que
      solicitó dicho descubrimiento podrá hacer uso
      evidenciario de dicha prueba. Si el descubrimiento de la
      prueba surge durante el juicio, se proveerá el remedio
      que corresponda.” (énfasis suplido).

      El tribunal de instancia, en el ejercicio de su sana discreción,

puede limitar el alcance y los mecanismos a utilizarse, ya que su

obligación es garantizar una solución justa, rápida y económica del

caso. Torres González v Zaragoza Meléndez, supra; Cruz Flores et al.

v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022); Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 153-154 (2000). En el ejercicio de esta

discusión que se le confiere, el tribunal deberá hacer un balance

entre dos (2) intereses importantes: garantizar la pronta solución de

las controversias; y velar que las partes tengan la oportunidad de

realizar un amplio descubrimiento para que en la vista en su fondo

no surjan sorpresas. Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119

DPR 563, 565-566 (1987), citando a Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 742-743 (1986).

      Finalmente, el Tribunal Supremo ha señalado también que los

foros apelativos “[n]o hemos de interferir con los tribunales de

instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en

aquellas situaciones en que se demuestre que este último[:] (1) actuó

con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo". Torres González

v Zaragoza Meléndez, supra; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra,
KLCE202301246                                                      10

pág. 155. Véase, además, McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II,

supra, pág. 672.

                                   III

         En su recurso de Certiorari, la parte peticionaria señala, en

síntesis, que erró el TPI al “al excluir todos los testigos de la

codemandante”; al “no favorecer el amplio descubrimiento de

prueba”; y al “determinar que la identificación de los testigos del

codemandante en el informe con antelación a juicio fue de forma

sorpresiva”. Al respecto, la parte peticionaria alegó que los testigos

en cuestión, así como el resumen de lo que se proponían declarar,

fueron incluidos en una lista de testigos de las partes en el informe

inicial que se presentó el 30 de octubre de 2019, por lo que “no se

puede concluir que […] actuó intencionalmente o de mala f[e] de

manera que se pueda justificar imponer la sanción más severa al

eliminar todos los testigos esenciales”;11 que durante la reunión

celebrada entre las partes el 8 de noviembre de 2022 para

confeccionar el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, la

parte peticionaria le indicó a Rooms to Go que no tenía reparo en

que se extendiera el proceso de descubrimiento de prueba para la

toma de deposición de estos testigos, lo que Rooms to Go rechazó;12

y que dicha parte además rechazó durante esa reunión estipular el

contenido del Informe Fiscal, por lo que “nos vimos en la obligación

de anunciar los testigos y resumen de los testimonios ya

previamente conocidos por la codemandada.”13

         Según lo anteriormente discutido, el Tribunal de Primera

Instancia posee una amplia discreción para regular el ámbito del

descubrimiento de prueba. En el ejercicio de dicha discreción, dicho

foro debe hacer un balance razonable entre el interés de promover

11 Véase, Certiorari, pág. 8.
12 Íd.
13 Véase, Certiorari, pág. 9.
KLCE202301246                                                      11

una solución justa, rápida y económica del caso, y el interés de

garantizar un descubrimiento de prueba amplio y liberal.

      En el caso ante nuestra consideración, luego de evaluar la

determinación de la Resolución recurrida a la luz del derecho

expuesto, determinamos que no se justifica nuestra intervención

con la decisión recurrida. A nuestro juicio, el TPI no actuó de forma

arbitraria o caprichosa, no abusó de su discreción, ni se equivocó

en la interpretación o aplicación de las normas procesales o de

derecho al ejercer su poder discrecional de limitar y regular

el descubrimiento de prueba en este caso denegando el uso de la

prueba testifical en cuestión ante el incumplimiento injustificado de

la parte peticionaria con su deber de anunciar oportunamente la

prueba que utilizaría en el juicio.

                                  IV

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

recurso de Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones