Court Opinion

ID: 9952397
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:32.914593+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:08.632193
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

HECTOR SANTANA                             APELACION
HERNANDEZ                                  Procedente del
                                           Tribunal de Primera
Apelante                                   Instancia, Sala
                             KLAN202301087 Superior de San Juan

                                              Civil núm.:
v.                                            SJ2022CV10164
                                              (805)

                                              Sobre:
OPTIMAS SEGUROS Y                             DAÑOS Y
OTROS                                         PERJUICIOS
                                              CAIDA
Apelados

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos, Héctor Santana Hernández, en adelante

Santana Hernández o apelante, solicitando que revisemos la

“Sentencia” del 11 de octubre de 2023, emitida por el Tribunal de

Primera Instancia Sala de San Juan, en adelante, TPI-San Juan. En

su dictamen, el Foro Apelado desestimó con perjuicio la causa de

acción por concepto de daños y perjuicios, incoada por el apelante.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la sentencia apelada.

                                  I.

      El 24 de noviembre de 2021, Santana Hernández sufrió una

caída en el Residencial Alejandrino del Municipio de San Juan,

debido a un desnivel en una alcantarilla pluvial. Por este evento, se

presentó una demanda por daños y perjuicio contra el Municipio de

San Juan y la aseguradora Óptima Seguros, en adelante, Óptima.

Número Identificador
RES2024___________________
KLAN202301087                                                        2

En su demanda, el apelante alegó haber sufrido daños físicos y

mentales, daños especiales ascendentes a $1,000.00 y un

impedimento parcial permanente.1 Por estos daños, se le reclamaron

a las apeladas la cantidad de $60,000.00.

       Posterior a algunos incidentes procesales, el 24 de abril de

2023, Óptima presentó su “Contestación a Demanda”.2 En el proceso

de descubrimiento de prueba, se le realizó una deposición a Santana

Hernández el día 10 de agosto de 2023. 3

       Sin embargo, el 26 de septiembre de 2023, una “Moción en

Solicitud de Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil” fue presentada por Óptima.4 En esencia, la

moción para que se dictara sentencia sumariamente alegaba que el

accidente sufrido por el demandante fue su responsabilidad. En la

mencionada moción, Óptima expone que los siguientes hechos no

están en controversia:5

       1. El demandante trabaja en el Residencial Alejandrino
           donde ocurre su caída.
       2. El demandante labora allí 40 horas semanales.
       3. El demandante trabaja en las áreas exteriores del
           Residencial.
       4. El 24 de noviembre de 2021 el demandante Héctor
           Santana se cayó mientras caminaba en los predios del
           Residencial Alejandrino ubicado en el Municipio de San
           Juan.
       5. Su caída ocurre en horas del día.
       6. Ese día estaba soleado y no había llovido.
       7. El demandante pasaba frecuentemente por el área donde
           se encuentra la alcantarilla.
       8. El demandante pasó por encima de la alcantarilla, no por
           el lado, e indica que una persona lo llama y mira para
           atrás, resultando en su caída.
       9. El demandante podía dirigirse a su destino sin tener que
           pasar por la alcantarilla.

1 Apéndice del recurso, pág. 16.
2 Id. pág. 52.
3 Id. pág. 63.
4 Id. pág. 63.
5 Id. pág. 69.
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       10. El demandante admite que, de haber mirado hacia el
          frente, habría esquivado la alcantarilla para no caerse.
          (Óptima cita este hecho como un segundo número cinco (5)
          y Hernández Santana como el cinco (5) b).
       11. El demandante desconoce si la alcantarilla se veía igual
          el día de su caída a como luce en las fotografías que sacó
          posteriores a la caída.
          (Óptima cita este hecho como un segundo número seis (6)
          y Hernández Santana como el número seis (6) b).

       Por su parte, el apelante presentó su “Oposición a Solicitud de

Sentencia Sumaria” el 4 de octubre de 2023.6 En su escrito, Santana

Hernández admitió que en los hechos 1-6 son incontrovertibles.7 Sin

embargo, en cuanto al hecho 7, lo negó. Alegó que la apelada citó al

apelante de manera errónea, y que este no frecuentaba el área donde

ocurrió el incidente.

       Con relación a los hechos 8, 9 y 5b, el apelante también los

negó. Argumentó que Óptima intentaba hacerle creer al Foro

Apelado, erróneamente, que el accidente ocurrió porque Santana

Hernández miró hacia atrás cuando caminaba el día de los hechos.8

Arguyó que el apelante sostuvo, en su deposición, que el accidente

se debió al desperfecto de la alcantarilla.9

       Finalmente, en cuanto al hecho 6b, el apelante negó haber

admitido no saber si la alcantarilla se ve igual en las fotos, a como

se veía el día de la caída. Santana Hernández procedió, entonces, a

corregir el error textual de la cita aludida en el hecho 6b.

       En consecuencia, el apelante le solicitó al Foro Primario que

declarara “No Ha Lugar” la “Moción de Sentencia Sumaria”, y

ordenara la continuación de los procesos.10

6 Apéndice del recurso, pág. 164.
7 Id. pág. 165.
8 Id. pág. 166.
9 Id. págs. 166-67.
10 Id. pág. 171.
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       Así las cosas, el 11 de octubre de 2023, el TPI-San Juan dictó

la sentencia apelada, y declaró “Ha Lugar” la moción dispositiva en

cuestión. En la misma, el Foro Primario determinó acoger en su

totalidad los hechos y fundamentos presentados por Óptima, en su

solicitud para que se dicte sentencia sumaria.11 Por ser relevante a

la controversia presentada, destacamos que el Foro Apelado,

amparado en una jurisprudencia citada al pie de la sentencia,

señaló que en el caso de autos era innecesario consignar los hechos

sobre los cuales no existe controversia, dado que estos son los que

fueron propuestos por el promovente en su moción.12

       Inconforme, el apelante presentó ante el TPI-San Juan una

“Moción de Reconsideración”, el 17 de octubre de 2023.13 El 8 de

noviembre de 2023, el Foro Apelado declaró “No Ha Lugar” la

reconsideración solicitada.14

       Concluida las gestiones procesales a su disposición en el Foro

Primario, el 4 de diciembre de 2023, Santana Hernández compareció

ante esta Curia mediante un recurso apelativo. En el mismo plantea

el siguiente señalamiento de error:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       AL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN EN FAVOR DE OPTIMA
       SEGUROS POR, ALEGADAMENTE, HABER OCURRIDO EL
       ACCIDENTE POR UN DESCUIDO DEL APELANTE.

       El 6 de diciembre de 2023, mediante “Resolución”, ordenamos

a la parte apelante evidenciar el cumplimiento con lo dispuesto en

la Reglas 13b y 14b del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 13b y R. 14b. Además, se le advirtió a la parte

apelada que tenía treinta (30) días para presentar su alegato en

oposición, el cual fue oportunamente radicado el 8 de junio de 2023.

11 Apéndice del recurso, pág. 1.
12 Id. El caso citado fue Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 704

(2019).
13 Id. pág. 2.
14 Id. pág. 12.
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      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                 II.

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo

para asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso.

Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___

(2023); González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y

otros, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80,

212 DPR ___ (2023); Universal Insurance Company y otros v. Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, 212 DPR ___

(2023). Dicho mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial

o totalmente, de litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales

no exista controversia material de hecho que requiera ventilarse en

un juicio plenario y el derecho así lo permita. Oriental Bank v.

Caballero García, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208

DPR 964, 979-980 (2022). Este mecanismo lo puede utilizar la parte

reclamante o aquella parte que se defiende de una reclamación. 32

LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping

et al., supra. Como es sabido, en aras de prevalecer en una

reclamación,    la   parte   promovente    debe   presentar    prueba
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incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su

causa de acción. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma, con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Regla

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Oriental Bank

v. Caballero García, supra; Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág.

698. Si la parte promovente de la moción incumple con estos

requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

      Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra,

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho la parte

promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte

sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

la parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos
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que pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos

materiales adicionales que alega no están en disputa y que impiden

que se dicte sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra. Claro está, para cada uno de estos supuestos deberá

hacer referencia a la prueba específica que sostiene su posición,

según exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra. Íd. En otras palabras, la parte opositora tiene el peso de

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que

alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se puede colegir que, ante

el incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole,

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues solo procede si

bajo ningún supuesto de hechos prevalece la parte promovida.

E.L.A. v. Cole, supra, pág. 625. Además, al evaluar los méritos de

una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe

actuar guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento,

que su determinación puede conllevar el que se prive a una de las

partes de su “día en corte”, componente integral del debido proceso

de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,    la   sentencia   sumaria    generalmente     no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda

de Puerto Rico y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al.,
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supra. Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la

sentencia sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho.

Universal Insurance Company y otros v. Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y otros, supra.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre

ese particular, nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
      expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al
      foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia
      Sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de
      forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en
      realidad existen hechos materiales en controversia y, de
      haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
      Procedimiento   Civil,   32   LPRA   Ap.   V,   de    exponer
      concretamente cuáles hechos materiales encontró que están
      en controversia y cuáles están incontrovertidos, y (4) de
      encontrar que los hechos materiales realmente están
      incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
      Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
      Derecho a la controversia.

      Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

      Relevante al caso de autos, es importante destacar que

cuando un Foro Primario concede una sentencia sumaria, está

eximido de consignar sus determinaciones de hechos. Pérez Vargas

v. Office Depot, supra, pág. 704. El Tribunal de Primera Instancia
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está compelido por las Reglas de Procedimiento Civil, supra, a

exponer los hechos controvertidos e incontrovertidos cuando

deniega parcial o totalmente una solicitud de sentencia sumaria.

Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 706.

      Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es

una de novo, y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Id. De esta manera, si entendemos que los hechos

materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de

novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho. Id.

                                   III.

       Santana Hernández acude ante nos arguyendo que el TPI-

San Juan se equivocó al desestimar la demanda en daños y

perjuicios incoada en contra de la apelada. Entendemos que no le

asiste razón.

      En su pronunciamiento al respecto, el Foro Primario acogió

todas las determinaciones de hechos no controvertidas presentadas

en la moción para dictar sentencia sumaria. En su oposición a la

moción,   el    apelante   alega      controversia   sobre   cinco   (5)

determinaciones.

      La primera de las determinaciones de hecho a la que el

apelante se opone es al número siete (7), la cual establece que “[e]l

demandante pasaba frecuentemente por el área donde se encuentra

la alcantarilla”. Sin embargo, en la deposición que se le tomó, el

apelante indicó en la afirmativa que en “otras ocasiones […] había
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caminado de la oficina a la cancha”, y que en esas mismas diversas

ocasiones “había visto esa alcantarilla”.15

       El apelante se ampara en una explicación que dio más

adelante, cuando especificó que le pasaba por el lado a la

alcantarilla, o que no recuerda cuantas veces había tomado la ruta

que lo cruzaba con la alcantarilla, más adelante expresando que

habían sido unas cinco (5) veces aproximadamente.16 Entendemos

que, de sus expresiones en la deposición, queda meridianamente

claro que ni la ruta hacia la alcantarilla, ni los alrededores de esta,

estaban ajenos al conocimiento del apelante, quien llevaba más de

dos (2) años trabajando en ese lugar.

       El apelante niega los hechos número 8, 9 y 5b. En estos

hechos, Óptima alega que “[e]l demandante pasó por encima de la

alcantarilla, no por el lado, e indica que una persona lo llama y mira

para atrás, resultando en su caída; “[e]l demandante podía dirigirse

a su destino sin tener que pasar por la alcantarilla y que “[e]l

demandante admite que, de haber mirado hacia el frente, habría

esquivado la alcantarilla para no caerse”. En su oposición, Santana

Hernández arguye que estas determinaciones alegan que fue

negligente en la forma que anduvo por la alcantarilla. Por su parte,

el apelante insiste en que la caída es un resultado de desperfectos

con la alcantarilla, no su descuido.

       Sin embargo, en su deposición, Hernández Santana admite

haber mirado hacia atrás, mientras seguía caminando, al momento

de la caída. Incluso, expresa que “cuando […] mir[ó] para adelante

ya era tarde”.17 Entendiendo la frase “era tarde” como el momento

de la caída, concluimos que, al caerse, el apelante se encontraba

mirando para atrás, o quizá para adelante. Pero no hacia delante.

15 Apéndice del recurso, pág. 111.
16 Apéndice del recurso, págs. 29-30.
17 Id. pág. 114.
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Más adelante admitió saber que la alcantarilla se encontraba allí,

mientras miraba hacia atrás.18 Indica, además, que, aunque estaba

mirando hacia atrás, no pensó que le pasaría lo que ocurrió.19

         Distinguimos, entonces, que el apelante tenía conocimiento

del lugar donde se encontraba la alcantarilla, había caminado en

varias ocasiones previas en sus alrededores, y que, con este

conocimiento, caminó sin precaución por encima de ella, el día del

incidente.

         Finalmente, Hernández Santana niega la determinación de

hecho número seis (6) b. En ella, Óptima estableció que “[e]l

demandante desconoce si la alcantarilla se veía igual el día de su

caída a como luce en las fotografías que sacó posteriores a la caída”.

En su oposición, el apelante alega que Óptima citó erróneamente la

declaración     hecha   en   la   deposición       con   la   que   basa   su

determinación de hecho. Alega que Hernández Santana quiso decir

lo opuesto a lo insinuado por Óptima en su moción de sentencia

sumaria.

         Para esto, cita lo que expuso la apelada en su moción

dispositiva, y luego, lo que, según el apelante, es la corrección. Sin

embargo, ambos textos, y la forma en que reza en la transcripción

de la deposición, son exactamente iguales. Entendemos que, de su

declaración al respecto, visto desde la transcripción de la

deposición, solo se puede concluir que el apelante no sabe o no está

seguro de como lucía la alcantarilla antes de que se tomaran las

fotografías en cuestión.

         Habiendo   hecho    el   ejercicio   de    evaluar   de novo      las

determinaciones de hechos no controvertidas planteadas por

Óptima, nos hemos colocado en la misma posición que estuvo el

Foro Primario para evaluar las mismas. Determinamos que el

18 Apéndice del recurso, pág. 114.
19 Id.
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apelante no pudo controvertir los hechos presentados en la

solicitud de sentencia sumaria presentada por Óptima; era

responsabilidad del demandante añadir hechos que a su entender

estuviesen en controversia. No hemos encontrado prejuicio, error

manifiesto, pasión o parcialidad en la determinación del TPI-San

Juan.

        Finalmente, el apelante alega que el Foro Apelado se equivocó

al adoptar las determinaciones de la sentencia sumaria que lo

responsabilizan por su accidente. Por ello, deseamos señalar las

expresiones de nuestro Alto Foro, en un caso contra el Municipio de

Mayagüez, por una caída sufrida en una acera del mismo:

“Recuérdese que si bien un peatón no está obligado a

constantemente ir mirando hacia la superficie, ciertamente

debe evitar el caminar ajeno a aquellas situaciones visibles a

su perspectiva visual”. Torres v. Municipio de Mayagüez, 111 DPR

158, 163 (1981). (Énfasis suplido).

                                    IV.

        Por   esto,   y   todos   los   fundamentos   antes   expuestos,

confirmamos la “Sentencia” apelada.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

        La Jueza Grana Martínez concurre con el resultado. No

encontramos en la oposición a la sentencia sumaria, la alegación de

negligencia comparada como un posible hecho material en

controversia. Conforme derecho, la parte que se opone a una

solicitud de sentencia sumaria debe puntualizar aquellos hechos

propuestos que pretende controvertir y, si así lo desea, someter

hechos materiales adicionales que alega no están en disputa y que

impiden que se dicte sentencia sumaria en su contra. Era
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responsabilidad del demandante añadir hechos que, a su entender,

estuviesen en controversia, y no lo hizo.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones