Court Opinion

ID: 9962823
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:55:56.652718+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.109332
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

    PAISAJES DE PRAGA LLC                              Certiorari
                                                       procedente del
         Peticionarios                                 Tribunal de Primera
                                                       Instancia, Sala de
               v.                                      Fajardo
                                 KLCE202301222
         LUQUILLO                                      Civil núm.:
     DEVELOPMENT, S.E.                                 NSCI20140002

          Recurridos                                   Sobre:
                                                       Cobro de Dinero y
                                                       Ejecución de
                                                       Hipoteca por la Vía
                                                       Ordinaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.

        Mediante un recurso de certiorari, comparece la parte

peticionaria, Juan José Crespo Rivera (señor Crespo Rivera o

peticionario). Nos solicita la revisión de una Resolución post

sentencia, emitida el 2 de octubre de 2023 y notificada el 4 de

octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Fajardo (TPI). En el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración interpuesta por el señor Crespo

Rivera, relacionada, a su vez, con la previa denegación de una

solicitud de relevo de sentencia, emitida el 7 de septiembre de

2023 y notificada al día siguiente.

                                      I.

        La presente causa se originó el 1 de septiembre de 2023,

ocasión en que la parte peticionaria instó un escrito intitulado

Moción de relevo de sentencia por falta de jurisdicción por razón de

falta de parte indispensable y urgente solicitud de paralización de

1 Mediante la Orden Administrativa TA-2024-012 de 18 de enero de 2024, se
designó al Hon. José I. Campos Pérez en sustitución de la Hon. Annette M. Prats
Palerm.

Número Identificador

SEN2024 _____________
KLCE202301222                                                                 2

ejecución de sentencia por nulidad.2 En esencia, el señor Crespo

Rivera alegó la nulidad de la Sentencia emitida el 23 de enero

de 2014, notificada el día 27 de enero de 2014, bajo el fundamento

de falta de parte indispensable.3 En dicho pronunciamiento

judicial, el TPI reprodujo las estipulaciones allegadas por la parte

recurrida, de conformidad con la Solicitud jurada de sentencia por

consentimiento a tenor con la Regla 35.4 de las de Procedimiento

Civil.4 Como resultado de los acuerdos, Luquillo Development S.E.

se comprometió a pagar al también recurrido Paisajes de Praga,

LLC5 las acreencias dinerarias adeudadas al 30 de octubre

de 2013.6 De éstas no satisfacerse, el deudor consintió a la

expedición de los mandamientos de ejecución correspondientes

para la venta en pública subasta de la propiedad inmueble gravada

con cuatro hipotecas: finca Consuelo.7

       No obstante, el señor Crespo Rivera argumentó en su

solicitud de relevo de sentencia que era parte indispensable y, al

no haber formado parte del caso, adujo que el referido dictamen

era nulo. En específico, indicó que ostentaba una participación en

Luquillo Development de 33.34%.8 Planteó que se requería el voto

mayoritario de los socios para la adopción de “decisiones

mayores” que pudiesen afectar la sociedad. A esos efectos,

peticionó el decreto de nulidad de la aludida Sentencia y la

paralización de los procedimientos de su ejecución.

2 Apéndice del recurso, págs. 368-379.
3 Apéndice del recurso, págs. 113; 114-117.
4 Apéndice del recurso, págs. 91-110; 111-112. En el Apéndice de Luquillo
Development, págs. 1-16; 17-28, se incluye incompleto el Forbearance and
foreclosure agreement de 30 de octubre de 2013.
5 Paisajes de Praga, LLC sustituyó a Bautista REO PR Corp. que, a su vez, había

sustituido al sucesor de Doral Bank, Doral Development II, LLC. Véase,
Apéndice del recurso, págs. 282-283 y anejos a las págs. 284-319; 323-323.
6 Al 30 de octubre de 2013, la deuda ascendía a $12,113,097.20, principal e

intereses, por virtud de un préstamo a término, el préstamo 80-00000448 y el
préstamo 80-00000314.
7 Finca 9483, inscrita al folio 70 del tomo 170 de Luquillo, Sección de Fajardo.

Los gravámenes hipotecarios a favor del acreedor y los tipos mínimos de la
primera subasta son por $14,565,000; $1,350,000; $150,000 y $300,000.
8 Véase, Apéndice del recurso, págs. 42-51, así como los instrumentos públicos

enmendadores, a las págs. 78-83; 84-87.
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       En su solicitud, además, el señor Crespo Rivera mencionó

un pleito instado el 24 de marzo de 2023 (FA2023CV00248), en el

que solicitó la división de los bienes en comunidad, toda vez que la

existencia de Luquillo Development expiró. Añadió también que

procuró la anotación de demanda en el Registro de la Propiedad.9

       Paisajes de Praga se opuso a la petición el 5 de septiembre

de 2023.10 Sostuvo que el señor Crespo Rivera no era parte

indispensable. Acotó que el peticionario no era el tenedor de los

pagarés que gravaban la finca. Además, aclaró que el señor Crespo

Rivera estuvo bajo la protección de la Corte de Quiebras, Capítulo

7, por lo que no pudo ser incluido como parte. Aseveró que, en

dicho proceso, el peticionario omitió divulgar la totalidad de sus

activos al síndico, para que éste pudiera comparecer como único

representante del caudal en quiebra. Igualmente, aseguró que el

señor Crespo Rivera adoptó el mismo proceder cuando, en el pleito

FA2023CV00248, el TPI determinó paralizar los procedimientos

hasta que el peticionario reabriera el caso en el foro federal y el

síndico decidiera si prosigue la causa de acción o permite al

peticionario continuarla.11

       Ponderados los planteamientos, el 7 de septiembre de 2023,

archivada en autos la notificación de la Orden al otro día,12 el TPI

expresó: “No Ha Lugar. En cuanto al relevo de Sentencia y solicitud

de paralización”. (Cursivas en el original). No conteste con la

anterior    determinación,      el   señor    Crespo     Rivera    solicitó   la

reconsideración del dictamen.13 Paisajes de Praga, por su parte,

9 El peticionario adujo que anotó una prohibición de enajenar, pero la misma no

surge de las constancias del Registro de la Propiedad. Apéndice del recurso, pág.
487.
10 Apéndice de Paisajes de Praga, págs. 139-148, anejos a las págs. 149-206.
11 Apéndice de Paisajes de Praga, págs. 126; 127-129; 130; 131-134.
12 Apéndice del recurso, pág. 380. La parte peticionaria solo incluyó la

notificación del dictamen.
13 Apéndice del recurso, págs. 393-411.
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reiteró su oposición.14 El 2 de octubre de 2023, notificada el día 4

siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar la reconsideración.

       Aún     insatisfecho,     el    señor    Crespo     Rivera     presentó

oportunamente el recurso del título en el que adujo que el TPI

cometió los siguientes errores:

       Erró el TPI al denegar la Moción de Reconsideración de
       la Moción de Relevo de una sentencia nula ab initio por
       haber sido emitida sin jurisdicción por falta de parte
       indispensable.

       Erró el TPI al no detener la subasta pública en
       ejecución de una sentencia nula ni paralizar sus
       efectos, afectando irremediablemente el derecho
       propietario del Peticionario, quien no fue notificado del
       pleito según exige nuestro ordenamiento jurídico.

       Erró el TPI al no tomar conocimiento judicial de la
       Demanda en el caso Crespo Rivera v. Crespo Rivera; et
       al., Civil Núm. FA2023CV00248, ni de las
       transacciones comerciales acreditadas en el mismo
       sobre la titularidad de las propiedades objeto de
       ejecución en el caso de cuya orden se recurre.

       Las     partes    recurridas,    Paisajes    de   Praga    y   Luquillo

Development, presentaron sendos alegatos el 21 de noviembre y 11

de diciembre de 2023, respectivamente.

       En síntesis, Paisajes de Praga se reafirmó en que el señor

Crespo Rivera no ostentaba legitimación, sino el síndico de

quiebras, como único representante del caudal y sucesor de las

causas    de    acción    del   quebrado,      en   caso   de    reabrirse   el

procedimiento de quiebra. A esos fines, denunció el presunto acto

fraudulento del peticionario, quien ocultó al foro federal lo que

ahora pretende reclamar. Afirmó que, al momento de presentarse

el pleito del título sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, el

peticionario invocó a su favor la protección de la paralización

automática que provee el estatuto federal. Sostuvo, además, que el

asunto de parte indispensable o con interés fue dilucidado, de

manera final y firme, en el caso FA2023CV00248. Por último,

resaltó que el recurrente aún le adeudaba una cuantía millonaria.

14 Apéndice del recurso, págs. 412-421, anejos a las págs. 422-475.
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       De otro lado, Luquillo Development coincidió con algunos de

los planteamientos de Paisajes de Praga. A su vez, subrayó que las

estipulaciones que sirvieron de base para la Sentencia por

consentimiento contaron con el voto de la mayoría de sus socios,

en referencia al Grupo Crespo, S.E., representado por Agustín

Crespo Rivera y José Antonio Crespo Rivera. Unió a su alegato los

documentos       denominados        Luquillo Development, S.E.   special

partnership authorization y Grupo Crespo, S.E. special partnership

authorization,15 así como las escrituras públicas constitutivas de

ambas sociedades.16 Enfatizó que los únicos actos que requieren el

consentimiento unánime son la admisión de nuevos socios, la

transmisión de los oficios desempeñados de cada socio y cualquier

tipo de gravamen sobre la participación de los socios.17

       Con el beneficio de sus comparecencias, resolvemos.

                                      II.

                                      A.

       El auto de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones

judiciales de un foro inferior y corregir algún error cometido por

éste. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG

Builders et al., v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El foro revisor tiene la facultad

para expedir o denegar el recurso de Certiorari de manera

discrecional. García v. Padró, supra. El Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha definido discreción como el “poder para decidir en

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos

de acción”. Id., que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203,

211 (1990). Por ende, la discreción es “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

15 Apéndice de Luquillo Development, págs. 29-33; 46-48.
16 Apéndice de Luquillo Development, págs. 34-43; 49-59.
17 Apéndice del recurso, pág. 48.
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justiciera…” Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964),

citado con aprobación en García v. Padró, supra, págs. 334-335.

        El ejercicio de la discreción no equivale a hacer abstracción

del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría, en sí

mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154

DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que

realizamos antes de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni

en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra,

pág. 176. Ello así, porque “el adecuado ejercicio de la discreción

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega

Santiago, supra.

        Para   ejercer   sabia   y   prudentemente   nuestra   facultad

discrecional al determinar si expedimos o denegamos un recurso

de Certiorari en etapa de post sentencia, nos guiamos por la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Criterios para la

expedición del auto de Certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Así

reza:

        El Tribunal tomará en consideración los siguientes
        criterios al determinar la expedición de un auto de
        certiorari o de una orden de mostrar causa:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        (D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.
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      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Es norma asentada que este tribunal intermedio no

interviene con las determinaciones emitidas por el foro

primario ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que se

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en

craso abuso con el ejercicio de la discreción, o que incurrió en error

manifiesto”. (Cursivas en el original). Citibank et al. v. ACBI et al.,

200 DPR 724, 736 (2018), que cita con aprobación a Ramos Milano

v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); Rivera y otros v. Banco

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v. Caribbean

Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

                                   B.

      La Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

35.4, establece el mecanismo para un pronunciamiento de

sentencia por consentimiento o sentencia por confesión. En torno a

este mecanismo, la referida Regla dispone así:

      (a) Podrá dictarse sentencia sin la celebración de un
      juicio o sin haberse iniciado un pleito, fundada en el
      consentimiento de una persona con capacidad legal
      para obligarse, ya sea por dinero debido o que haya de
      deber o para asegurar a otra contra responsabilidades
      eventuales contraídas a favor de la parte demandada,
      o por ambas cosas, en la forma prescrita en esta regla.
      Una vez el Tribunal pase juicio, la misma será
      registrada y notificada por el Secretario o Secretaria
      del Tribunal y advendrá final y firme desde la fecha de
      su registro. (Énfasis nuestro).
            .      .     .     .      .    .     .     .

      Mediante    la   sentencia   dictada   bajo   la Regla   35.4   de

Procedimiento Civil, supra, una parte confiesa que adeuda a otra

una suma dineraria y acepta que un tribunal dicte sentencia en su
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contra, sin la celebración de un juicio plenario. E.L.A. v. Isla Verde

Inv. Corp., 98 DPR 255, 258-259 (1970). Es decir, la sentencia por

consentimiento es aquella dictada a favor del demandante, cuando

el demandado, en vez de oponerse, confiesa la reclamación a favor

del primero. González v. López Quiñones, 46 DPR 843, 847 (1934).

El proceso exige que se cumplan con los requisitos establecidos en

la norma procesal, tal como que el consentimiento fue suscrito

bajo juramento por una persona con capacidad legal para

obligarse. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T.

III, Publicaciones JTS, 2011, pág. 1036. Asimismo, si bien el

demandado que consiente el dictamen renuncia a instar un

recurso de apelación, no está huérfano de remedios contra la

sentencia por consentimiento que se dicte en su contra, ya que a

éste se le ha reconocido el derecho de solicitar que se deje sin

efecto el dictamen, al palio de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 49.2, sobre relevo de sentencia. Id., pág. 1037;

E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., supra, pág. 260. Los tribunales

ejercen su discreción al considerar este tipo de petición. Id.

                                  C.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 49.2,

autoriza al tribunal a relevar a una parte de una sentencia, orden

o procedimiento por varios fundamentos; a saber: (a) error,

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento

de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no

pudo ser descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; (c)

fraude, falsa representación u otra conducta impropia de una

parte adversa; (d) nulidad de la sentencia; (e) la sentencia ha sido

satisfecha o renunciada; y (f) cualquier otra razón que justifique la

concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. Id.

Esta regla no limita el poder del tribunal para “conocer de un pleito

independiente con el propósito de relevar a una parte de una
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sentencia, una orden o un procedimiento”. Id. Igualmente, la Regla

49.2 consigna que una moción bajo esta norma no afecta la

finalidad de una sentencia ni suspende sus efectos.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que

una moción de relevo se debe presentar dentro de un término

razonable, pero “en ningún caso después de transcurridos seis

(6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse

llevado a cabo el procedimiento”. (Énfasis nuestro). El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que este plazo es fatal. Piazza

v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003), que cita con

aprobación a Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157

(1981); Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 937

(1971); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 DPR 864, 867

(1965). Claro está, dicho término es inaplicable cuando se trata de

una sentencia nula. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004). La

determinación de si una solicitud de relevo de sentencia fue

presentada dentro de un término razonable descansa en la

discreción del Tribunal de Primera Instancia. Garriga Gordils v.

Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823 (1980). El ejercicio de esa

discreción ha de ser imparcial, de manera que adelante los fines de

la justicia. Id., págs. 823-824.

      En su examen sobre la procedencia de una moción de relevo,

el tribunal no dilucida los derechos de las partes ni las

controversias jurídicas de la demanda, solamente debe resolver

si la parte promovente satisface o no los requisitos estatuidos.

El Tribunal Supremo ha opinado que se debe examinar si el

peticionario tiene una defensa legítima en sus méritos; el tiempo

que media entre la sentencia y la solicitud del relevo; y el grado de

perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte la concesión de la

petición de relevo de sentencia. Reyes v. ELA et al., 155 DPR 799,

809-810 (2001) y los casos allí citados. Asimismo, a pesar de que
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la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, se interpreta

liberalmente, el alto foro ha advertido que ésta no constituye una

“llave maestra” para reabrir controversias ni es sustituta de un

recurso de revisión o una moción de reconsideración. Vázquez v.

López, 160 DPR 714, 726 (2003). Por ejemplo, la moción de relevo

de sentencia no está disponible para corregir errores de derecho, ni

errores de apreciación o valoración de la prueba; éstos son

fundamentos para la reconsideración o la apelación del dictamen.

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 542-543

(2010).

                                D.

      La acumulación indispensable de partes está regulada por la

Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16. Una parte

indispensable “es aquella persona cuyos derechos e intereses

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una

sentencia dictada, estando esta persona ausente del litigio”.

Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 665 (2006);

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). A estos efectos,

la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

16.1, estatuye que toda persona que tuviere un interés común, sin

cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se hará

formar parte del pleito, ya sea como parte demandante o

demandada, según corresponda. Esta regla aspira evitar que el

ausente sea privado de su propiedad sin un debido proceso de ley

y “que el remedio adjudicado sea completo”. Romero v. S.L.G.

Reyes, supra, págs. 733-734. Para determinar si se debe acumular

una parte, es necesario evaluar los hechos particulares de cada

caso. En dicho análisis deben tomarse en cuenta factores, tales

como: tiempo, lugar, modo, clase de derechos, alegaciones,

prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. Sánchez

v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001).
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      En ausencia de una parte indispensable, el tribunal carece

de jurisdicción. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667,

677-678 (2012). Por ello, no es válida una sentencia dictada sin

que se incluya a una persona que reúna los requisitos de parte

indispensable. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859

(1991).

                                III.

      En los primeros dos señalamientos de error de la presente

causa, el señor Crespo Rivera alega que el TPI incidió al no acoger

su planteamiento en reconsideración, sobre la nulidad de la

Sentencia de 23 de enero de 2014. Sostiene que el dictamen fue

emitido sin jurisdicción, por falta de parte indispensable, y afirma

que el TPI debió paralizar los efectos de su ejecución. Por su

relación, discutimos ambos errores en conjunto.

      Como cuestión de umbral, el peticionario pretende impugnar

un dictamen luego de casi una década de su pronunciamiento,

aun cuando el término provisto por la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, es de seis meses de haberse registrado. Para persuadir

la intervención del TPI, alega que no tuvo conocimiento de la

Sentencia por confesión, de la que arguye adolece de nulidad,

porque él era una parte indispensable. No le asiste la razón.

      Luego de un puntilloso examen del expediente ante nos,

somos del criterio que la Sentencia por consentimiento no es nula,

toda vez que se fundó en un acuerdo legítimo. Ello así, porque una

mayoría de los socios de Luquillo Development, titular de la finca

Consuelo, consintió bajo juramento los términos acordados con el

acreedor hipotecario, al palio de la Regla 35.4 de Procedimiento

civil, supra.

      Según se desprende de la séptima cláusula, Administración,

de la escritura pública 35 de 22 de junio de 1995, por virtud de la

cual se constituyó la sociedad especial Luquillo Development,
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únicamente se requería una aprobación mayoritaria de los socios

para la adopción de decisiones de envergadura o decisiones

mayores. Reza así el instrumento:

              .      .       .      .   .   .    .     .

       2. Sin embargo, el socio Administrador no efectuará
       ningún acto o incurrirá en ninguna deuda por la
       Sociedad con respecto a ciertas decisiones dentro de la
       definición y alcance de “Decisiones Mayores” que
       afecten la Sociedad, a menos que estas decisiones
       mayores sean aprobadas mayoritariamente por los
       socios. Las decisiones mayores serán las siguientes:

       a. Adquisición de propiedades inmuebles por la
       sociedad, cuyo valor exceda Doscientos Mil dólares
       ($200, 000.00).

       b. Vender, transferir, hipotecar, gravar, enajenar, o
       llevar a cabo cualquier acto en cuanto a las
       propiedades inmuebles de la Sociedad en exceso de
       Doscientos Mil dólares ($200,000.00) que no sea de
       pura administración. (Énfasis nuestro).
             .    .     .      .     .    .     .     .

Es medular apuntar que la escritura 34 de 22 de junio de 1995,

mediante la cual se creó la sociedad especial Grupo Crespo, socio

mayoritario de Luquillo Development, comprende una cláusula

idéntica.18

       Para el 30 de octubre de 2013, fecha en que José Antonio

Crespo Rivera y Agustín Crespo Rivera juramentaron la Solicitud

jurada de sentencia por consentimiento a tenor con la Regla 35.4 de

las de Procedimiento Civil —y de conformidad con las enmiendas a

la escritura pública 35— los socios de la sociedad especial Luquillo

Development eran el peticionario en un .01%, mientras que el

Grupo Crespo ostentaba el 99.99% restante. A su vez, el Grupo

Crespo se conformaba por una participación de 33.33% del

peticionario, el 33.33% de José Antonio Crespo Rivera y el

33.34% de Agustín Crespo Rivera.19 Éste último, además,

representaba ambas sociedades como gestor y administrador. Los

señores José Antonio Crespo Rivera y Agustín Crespo Rivera, es

18 Apéndice del recurso, pág. 34.
19 Apéndice del recurso, págs. 31-41.
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decir el 66.67% de la participación de Luquillo Development y

evidente mayoría, prestaron su anuencia jurada para que se

dictara la Sentencia por consentimiento.20 En consecuencia, es

inmeritoria la alegación del señor Crespo Rivera sobre la nulidad

del dictamen, ya que la transacción se realizó en observancia de

las facultades que la escritura pública 35 confería a los socios.

        A la luz de los hechos presentados, el deudor y titular de la

finca    Consuelo,    Luquillo      Development,      constituía     la    parte

indispensable para que se pudiera dictar la Sentencia por

consentimiento. Sin duda, el ente jurídico compareció válidamente

con el voto mayoritario de sus socios. Es forzoso colegir que el

peticionario no logró derrotar la presunción de validez y corrección

del     pronunciamiento     judicial21    ni   satisfizo   ninguno        de   los

fundamentos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Por lo

tanto, no erró el TPI al denegar la solicitud de relevo presentada en

exceso del plazo fatal de seis meses, a partir del registro del

dictamen. Los errores primero y segundo no se cometieron.

        Acerca del tercer señalamiento de error, sobre si el TPI debió

tomar conocimiento del caso FA2023CV00248, ciertamente de la

Orden recurrida       no    surge    si   el   TPI,   en   efecto,   tomó      en

consideración dicho caso. Si bien la Regla 49.2 de Procedimiento

Civil, supra, no limita el poder del tribunal para conocer de un

pleito independiente, con el fin de relevar a una parte de una

sentencia, es meritorio mencionar que, en dicho pleito, el TPI dictó

20 Huelga mencionar que, coetáneo a los acuerdos adoptados que sirvieron de
base a la Sentencia por consentimiento, el señor Crespo Rivera se había acogido
a las protecciones del Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, mediante una petición
instada el 10 de mayo de 2013. Obtuvo la descarga de las deudas el 29 de
octubre de 2013, notificada el 1 de noviembre de 2013. En dicho procedimiento,
el peticionario no divulgó al Tribunal de Quiebras sus participaciones en
Luquillo Development ni en Grupo Crespo, por lo que privó al síndico de tomar
alguna determinación con respecto a los activos y pasivos relacionados con
ambas sociedades especiales.
21 Véase, López García v. López García, 200 DPR 50, 59 (2018), que cita a

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989), Ortiz Serrano v. Ortiz
Díaz, 106 DPR 445 (1977) y a Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 DPR 685, 690
(1961).
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Sentencia,22 mediante la cual desestimó, sin perjuicio, la causa de

acción del señor Crespo Rivera. Del mismo modo, declaró sin lugar

la reconsideración instada por éste.23 La resolución desestimatoria

del litigio aludido advino final y firme, al no ser apelada

oportunamente. En lo que nos atañe, pues, no tenemos nada que

proveer en torno al tercer señalamiento de error. Así, pues,

evaluada la petición de Certiorari y su apéndice, no procede variar

la determinación recurrida.

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

certiorari y confirmamos la Orden de 7 de septiembre de 2023,

notificada el 8 de septiembre de 2023, y la Orden de 2 de octubre

de 2023, notificada el 4 de octubre de 2023.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones

22 La Sentencia en el caso FA2023CV00248 fue emitida el 7 de diciembre de
2023 y notificada el día 11 del mismo mes y año.
23 La solicitud de reconsideración del peticionario fue denegada el 29 de

diciembre de 2023, según notificado en la correspondiente Orden.