Court Opinion

ID: 9962688
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:34.767781+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.633227
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

EDGARDO LUGO                               APELACION
FOURNIER                                   Procedente del
                                           Tribunal de Primera
Apelante                                   Instancia, Sala
                             KLAN202301063 Superior de San Juan

                                              Civil núm.:
v.                                            SJ2021CV01385

                                              Sobre:
                                              DESPIDO
GFR MEDIA, LLC                                INJUSTIFICADO
                                              PROCEDIMIENTO
Apelado                                       SUMARIO

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece la parte apelante, Eduardo Lugo Fournier,

mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación de una

“Sentencia” emitida y notificada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, el 17 de noviembre de 2023. Mediante

el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar una solicitud

de sentencia sumaria presentada por la parte aquí apelada, GFR

Media, LLC, y desestimó una “Querella” presentada por la parte

apelante.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma el dictamen apelado.

                                  I.

      El 2 de marzo de 2021, Lugo Fournier instó una “Querella” en

contra de GFR Media al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario

de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. En la misma,

indicó que fue contratado por la referida entidad, en el año 1997,

Número Identificador
SEN2023___________________
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por tiempo indeterminado. Sin embargo, el 20 de agosto 2020, fue

despedido, presuntamente, de manera arbitraria. Para entonces,

ocupaba el puesto de IT Specialist. Sostuvo que, pese a que GFR

Media le manifestó que el despido se debió a una reorganización

empresarial, tenía conocimiento de que no se habían despedido a

otros empleados que ocupaban el mismo puesto y tenían menos

años de antigüedad. A tenor con lo expuesto, afirmó que, dado a que

la entidad no respetó el principio de antigüedad dispuesto por la Ley

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq., debía

proveerle una compensación. Así, pues, le solicitó al foro primario

que condenara a GFR Media a pagarle noventa y dos mil

cuatrocientos setenta y ocho dólares con ochenta y cinco centavos

($92,478.85)     por   concepto     de    indemnización      por    despido

injustificado, más el pago de honorarios de abogado y las costas.

       El 15 de marzo de 2021, la parte apelada presentó su

“Contestación a la Querella”. En el escrito, expuso que el cierre de la

economía, causado por la pandemia de COVID-19, le produjo

pérdidas de ingresos. Además, explicó que el cambio a trabajo

remoto impactó los servicios del departamento de tecnología. En

consecuencia, la entidad se vio obligada a llevar a cabo una

reorganización, y eliminar la posición del apelante. De este modo,

planteó que la eliminación de una plaza, como consecuencia de una

reorganización, era justa causa para el despido de un empleado

conforme a la Ley Núm. 80, supra. Al amparo de ello, le solicitó al

tribunal de instancia que desestimara la querella presentada.

       Tras varias incidencias procesales entre los años 2021 y 2022,

el 20 de junio de 2023, GFR Media instó una “Moción de Sentencia

Sumaria”.1 Mediante la misma, sostuvo que no había disputa en

1 Para sustentar su petitorio sumario, GFR Media incluyó la siguiente
documentación: Anejo 1: Deposición de Lugo Fournier, con fecha del 8 de junio
de 2022, y su continuación, con fecha del 26 de octubre de 2023; Anejo 2:
Declaración Jurada de Néstor Cortés Mojica, quien fungió como Enterprise
Development Senior Manager en GFR Media, con fecha del 20 de junio de 2023;
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cuanto a que GFR Media, a consecuencia del impacto en la economía

que ocasionó el COVID-19, tuvo que reorganizar sus operaciones, y,

a tenor con ello, eliminó la posición de IT Specialist que ocupaba

Lugo Fournier, entre otras plazas. Para sustentar su planteamiento,

acentuó que, a consecuencia de la referida reorganización, despidió,

además del apelante, a José F. Ortiz Mojica, quien era la única otra

persona que ocupaba la misma posición, y a David Franquiz, quien

los supervisaba a ambos. A su vez, afirmó que dentro de los

siguientes seis (6) meses de la cesantía de Lugo Fournier no contrató

a nadie que llevara a cabo tareas similares. Incluso, la empresa

determinó que los servicios de reparación de los equipos MAC y

Apple, los cuales eran exclusivamente brindados por el apelante, en

adelante iban a ser prestados por la empresa Modernica, y que, en

el futuro, comprarían productos que no fueran de la mencionada

marca. Así, pues, GFR Media reiteró que la Ley Núm. 80, supra, no

prohibía el despido de un empleado a consecuencia de una

reorganización, y le solicitó al foro primario que desestimara la

presente acción.

       En reacción, el 21 de junio de 2023, el representante legal de

Lugo Fournier instó una “Moción para que se Dicte Orden de Solicitud

de Prórroga”. En el escrito, alegó que estaba atendiendo un asunto

de salud familiar. De este modo, solicitó un término de treinta (30)

días para presentar su posición en cuanto al petitorio sumario

presentado.

Anejo 3: Declaración Jurada de Francisco Brigantty Merced, quien fungió como
Director de Finanzas en GFR Media, con fecha del 20 de junio de 2023; Anejo 4:
documento intitulado Unión Status Meeting, con fecha del 6 de agosto de 2020;
Anejo 5: Certificado de Lugo Fournier de Técnico de Computadoras Apple, con
fecha del 26 de octubre de 2022, Anejo 6: documento intitulado Consolidated
Financial Statements and Report of Independent Certified Public Accountants, con
fecha del 31 de diciembre de 2019.
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        El 4 de agosto de 2023, notificada el 7 del mismo mes y año,

el foro primario emitió una “Orden” en la cual permitió la prórroga

solicitada.

        Posteriormente, el 21 de agosto de 2023, el abogado del

apelante presentó otra solicitud de prórroga. En la misma, expuso

que el familiar al cual estaba atendiendo falleció. Así, pues, solicitó

veinte (20) días adicionales para presentar la oposición a la solicitud

de sentencia sumaria.

        Según solicitado, el 22 de agosto de 2023, el tribunal de

instancia concedió la prórroga.

        El 11 de septiembre de 2023, por tercera ocasión, la parte

apelante solicitó una prórroga de treinta y cinco (35) días. En el

petitorio, alegó que no fue hasta el 6 de septiembre del 2023 que

recibió la transcripción de la deposición tomada a la testigo María

López Latoni, una presunta representante de GFR Media. Por lo que

no había podido revisar la misma y notificarla a la referida testigo,

a quien se le había concedido treinta (30) días para examinar la

referida transcripción.

        En respuesta, el 14 de septiembre de 2023, la parte apelada

presentó oposición a la solicitud de prórroga. Destacó que la

deposición aludida por la parte apelante se tomó el 11 de octubre de

2022. De modo, que Lugo Fournier había demorado la transcripción

de la deposición por once (11) meses. Por otro lado, señaló que, a la

fecha, habían transcurrido ochenta y cinco (85) días desde que se

presentó la solicitud de sentencia sumaria, por lo que la parte

apelante había contado con tiempo suficiente para exponer su

posición. Al amparo de lo anterior, arguyó que la prórroga que se le

concediera a Lugo Fournier debía ser final y no exceder de diez (10)

días.

        Según ordenado, el 22 de septiembre de 2023, el apelante

replicó a la oposición. Explicó que, aunque la referida deposición fue
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tomada hacía once (11) meses, la misma no iba a transcribirse a

menos que se utilizara en el juicio o en una solicitud de sentencia

sumaria. Así, pues, la transcripción, alegadamente, se comenzó a

preparar luego de presentarse el petitorio sumario de la parte

apelada. En virtud de ello, le solicitó al foro primario que le

concediera los treinta cinco (35) días peticionados. Principalmente,

para que se le honraran a la testigo depuesta los treinta (30) días

acordados para que revisara la transcripción.

       Evaluadas las posturas de las partes, el 13 de octubre de

2023, el tribunal de instancia emitió una “Orden” en la que declaró

Ha Lugar el término solicitado por Lugo Fournier.

       Así las cosas, el 18 de octubre de 2023, GFR Media instó una

“Solicitud de Orden”. En la misma, acentuó que a la fecha habían

transcurrido ciento diecinueve (119) días desde que presentó su

“Moción de Sentencia Sumaria”, y el apelante aún no había

presentado su posición.            Por otra parte, subrayó que el último

término solicitado por Lugo Fournier había transcurrido, de modo

que su petitorio sumario debía someterse sin oposición. Expuso que,

a tenor con la Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 6.6, las prórrogas comenzaban a transcurrir al día siguiente de

vencer el plazo cuya prorroga se solicita. Así, pues, explicó que dado

a que el término para presentar la oposición a la sentencia sumaria

venció el 11 de septiembre de 2023, el plazo de treinta y cinco (35)

días concedido al apelante comenzó a transcurrir el 12 del mismo

mes y año, y venció el 16 de octubre del 2023. (Énfasis suplido).

En virtud de ello, le solicitó al foro primario que diera por sometida

su “Moción de Sentencia Sumaria”.2

       Examinado lo anterior, el 27 de octubre de 2023, el tribunal

de instancia declaró Ha Lugar la solicitud de GFR Media.

2 Apéndice del recurso, pág. 71.
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      Posteriormente, 17 de noviembre de 2023, el referido foro

emitió la “Sentencia” que nos ocupa. Mediante la misma, determinó

que los hechos siguientes no estaban en controversia:

      1. El Sr. Lugo comenzó a trabajar para El Día, Inc. en
      el 1997.

      2. El Sr. Lugo trabajó con equipo y sistemas Mac desde
      sus inicios con El Día, Inc.

      3. GFR Media existe desde el 2011 y es la compañía
      sucesora de El Día, Inc.

      4. El 12 de marzo de 2020, la gobernadora Wanda
      Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-020 por
      medio de la cual declaró un estado de emergencia ante
      la pandemia del COVID-19.

      5. El 15 de marzo de 2020, la gobernadora Wanda
      Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-023
      mediante la cual estableció un toque de queda y el cierre
      de todos los comercios en Puerto Rico hasta el 30 de
      marzo de 2020 con limitadas excepciones.

      6. El 30 de marzo de 2020, la gobernadora Wanda
      Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-029
      para, entre otras cosas, extender las disposiciones del
      toque de queda y de cierre, así como para establecer
      condiciones adicionales bajo las cuales negocios
      exentos podrían operar.

      7. Durante la vigencia de la Orden Ejecutiva 2020-029,
      las personas debían permanecer en sus hogares las
      veinticuatro (24) horas del día, excepto para ir a citas
      médicas, adquirir alimentos o brindar asistencia a
      personas de la tercera edad, menores de edad o
      personas con impedimentos. Asimismo, se extendió el
      cierre de las actividades comerciales en la isla con
      ciertas excepciones.

      8. El 12 de abril de 2020, la gobernadora Wanda
      Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-033
      para extender las medidas de cierre, de toque de queda
      y los horarios de operación de ciertos negocios.

      9. La Orden Ejecutiva 2020-033 extendió el cierre de las
      operaciones del gobierno y el toque de queda de
      veinticuatro (24) horas, excepto que las personas
      podían salir entre 5:00 a.m. a 9:00 p.m. para acudir a
      citas médicas, adquirir alimentos, medicinas y otros
      servicios. El resto de los establecimientos debían
      permanecer cerrados a no ser que ofrecieran servicios
      esenciales.

      10. El 1 de mayo de 2020, la gobernadora Wanda
      Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-038.
      En esta enumeró ciertos sectores que estarían
      autorizados para retomar sus operaciones el 11 de
      mayo de 2020. Asimismo, requirió que las personas se
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    mantuvieran en sus hogares, más permitió: la salida en
    el horario de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. para ir a citas
    médicas, adquirir comida o medicamentos y recibir o
    brindar algún servicio exento; y la salida en el horario
    de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. para realizar actividades
    físicas.

    11. El 21 de mayo de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-041
    para, entre otras cosas, extender el toque de queda
    hasta el 15 de junio de 2020 e implantar una reapertura
    gradual de varios sectores económicos.

    12. El 12 de junio de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-044
    para, entre otras cosas, permitir la operación de los
    negocios de venta al detal y los centros comerciales de
    formato abierto y otros con una ocupación máxima del
    cincuenta por ciento (50%). Además, mantuvo un toque
    de queda entre 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

    13. El 29 de junio de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-048.
    Esta extendió el toque de queda entre 10:00 p.m. y 5:00
    a.m. hasta el 22 de julio de 2020 y permitió el regreso
    escalonado de algunos empleados públicos.

    14. En atención al aumento de los casos de COVID-19
    en la isla, el 16 de julio de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-054.
    Entre otras cosas, esta se emitió para adoptar medidas
    más restrictivas para controlar la propagación del virus,
    así como para: extender el toque de queda de 10:00 p.m.
    a 5:00 a.m. hasta el 31 de julio de 2020; limitar la
    ocupación máxima de establecimientos a un cincuenta
    por ciento (50%); y prohibir la operación de
    establecimientos de bebidas alcohólicas.

    15. El 31 de julio de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-060.
    Esta extendió el toque de queda hasta el 15 de agosto
    de 2020 e impuso un cierre los domingos que solo
    permitía la salida de los hogares para citas médicas,
    emergencias o comprar alimentos. Además, mantuvo
    cierres comerciales y restricciones de ocupación
    máxima.

    16. El 15 de agosto de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced enmendó la Orden Ejecutiva 2020-061
    para extender las disposiciones del toque de queda
    hasta el 21 de agosto de 2020.

    17. El 20 de agosto de 2020, la gobernadora Wanda
    Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-062,
    con vigencia desde el 22 de agosto hasta el 11 de
    septiembre de 2020. Esta impuso mayores restricciones
    a los negocios y a la ciudadanía ante el aumento de los
    casos de COVID-19 en la isla. Entre otras cosas, esta
    mantuvo el toque de queda y el cierre durante los
    domingos, así como limitó a veinticinco por ciento (25%)
    la capacidad máxima en establecimientos.
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    18. GFR Media tomó medidas de reducción de costos
    para abril de 2020 que incluyeron: la suspensión de
    docenas de empleados; moratorias de rentas;
    negociaciones con contratistas; reducción salarial; y
    otros recortes en gastos.

    19. La suspensión de los empleados de GFR Media que
    fueron parte de la medida se realizó por un periodo de
    alrededor de noventa (90) días.

    20. La reducción de salarios a los empleados de GFR
    Media fluctuó entre diez por ciento (10%) y quince por
    ciento (15%) como consecuencia de la pandemia de
    COVID-19.

    21. GFR Media redujo costos operacionales ante la
    situación de la pandemia de COVID-19, incluyendo:
    servicios externos; utilidades; rentas; mercadeo; y
    salarios y beneficios.

    22. GFR Media implantó el trabajo remoto ante las
    medidas impuestas por la pandemia de COVID-19.

    23. Con el trabajo remoto que GFR Media implantó, se
    redujeron significativamente las tareas de instalaciones
    de impresoras, configuración de Apple TV e instalación
    de cableado.

    24. El trabajo remoto cambió las necesidades de los
    servicios en las facilidades de GFR Media.

    25. Según lo estimó el Sr. Lugo en su deposición, solo
    había alrededor de una tercera parte de los empleados
    físicamente en GFR Media para junio de 2020.

    26. La mayor cantidad de empleados que el Sr. Lugo
    observó en su área de trabajo fue alrededor de treinta y
    cinco (35) a cuarenta (40).

    27. Los cierres totales y el toque de queda que el
    Gobierno de Puerto Rico impuso como consecuencia de
    la pandemia de COVID-19, redundaron en la reducción
    del negocio impreso de periódicos de GFR Media.

    28. GFR Media opera en Puerto Rico los siguientes
    periódicos impresos y digitales: El Nuevo Día y Primera
    Hora.

    29. La venta de la versión impresa del periódico y los
    anuncios son fuentes importantes y sustanciales de
    ingresos de GFR Media.

    30. La venta de periódicos mediante entregas a
    domicilio y en cafeterías, restaurantes, colmados y otros
    puntos de venta forma parte integral de los ingresos de
    GFR Media.

    31. Una vez los establecimientos comerciales dejaron de
    operar ante el cierre por la pandemia de COVID-19,
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    estos no tenían un incentivo económico o los medios
    para publicar anuncios en los periódicos.

    32. Entre marzo a julio de 2020, los ingresos de las
    versiones impresas del periódico tuvieron las siguientes
    reducciones en comparación con el mismo periodo en
    2019: marzo – treinta y ocho por ciento (38%); abril –
    sesenta y seis por ciento (66%); mayo – sesenta y dos
    por ciento (62%); junio – cincuenta y seis por ciento
    (56%); y julio – cincuenta y siete por ciento (57%).

    33. Entre abril a julio de 2020, los ingresos de las
    versiones digitales del periódico tuvieron las siguientes
    reducciones en comparación con el mismo periodo en
    2019: abril – diez por ciento (10%); mayo – dieciséis por
    ciento (16%); junio – seis por ciento (6%); y julio – seis
    por ciento (6%).

    34. Entre marzo a julio de 2020, los ingresos tuvieron
    las siguientes reducciones en comparación con el
    mismo periodo en 2019: marzo – veintiocho por ciento
    (28%); abril – cincuenta y nueve por ciento (59%); mayo
    – cincuenta y seis por ciento (56%); junio – cincuenta
    por ciento (50%); y julio – cincuenta por ciento (50%).

    35. Para agosto de 2020, la reducción en ingresos entre
    el 2019 y 2020 era de un treinta y cinco por ciento (35%)
    menos de lo obtenido en el año anterior.

    36. Conforme al estado financiero auditado de GFR
    Media para el 2020, la merma en ingresos entre el 2019
    y 2020 fue significativa. Los ingresos primordiales se
    dividen en los siguientes: anuncios generales (general
    ads); clasificados (classified ads); ventas en circulación
    (circulation); e insertadores (inserts).

    37. El ingreso de anuncios generales (general ads) para
    el 2019 fue $35,548,722, mientras que para el 2020 fue
    de $25,009,223.

    38. El ingreso de clasificados (classified ads) para el
    2019 fue de $7,187,833, mientras que para el 2020 fue
    de $2,772,794.

    39. El ingreso de ventas en circulación (circulation) para
    el 2019 fue de $9,644,755, mientras que para el 2020
    fue de $7,230,228.

    40. El ingreso de insertadores (inserts) para el 2019 fue
    de $40,056,778, mientras que para el 2020 fue de
    $33,175,088.

    41. Ante el panorama que tenía ante sí, GFR Media
    despidió en julio de 2020 a empleados que fueron
    suspendidos temporeramente como parte de las
    medidas que tomó ante el comienzo de la pandemia de
    COVID-19.

    42. Con miras a enfrentar el impacto de la pandemia de
    COVID-19, GFR Media evaluó las necesidades en todos
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    sus departamentos y cómo los servicios se podían
    ofrecer de una manera adecuada.

    43. Para cada área de GFR Media, se consultó con los
    líderes de los departamentos las necesidades que
    existían en estos.

    44. En cuanto al Departamento de Tecnología, GFR
    Media    determinó   eliminar   varias   plazas    y,
    particularmente, de las que brindaban servicio directo
    a sus usuarios o empleados.

    45. Las medidas relacionadas con la pandemia de
    COVID-19 (incluso la reducción de la fuerza laboral y la
    eliminación de plazas) fueron discutidas entre el
    Departamento de Recursos Humanos, el Departamento
    de Finanzas, los líderes de los departamentos, así como
    con el CEO de GFR Media, el señor Juan Mario Álvarez.

    46. En la medida en que la restructuración afectaba a
    empleados unionados, las medidas (incluso lo
    concerniente a los ingresos) también fueron discutidas
    con la unión.

    47. El Sr. Lugo se desempeñaba para abril de 2020
    como IT Specialist de GFR Media.

    48. Los únicos IT Specialist de GFR Media para abril de
    2020 eran el señor José F. Ortiz Mojica (en adelante “Sr.
    Ortiz”) y el Sr. Lugo.

    49. En la plaza de IT Specialist, los deberes o tareas del
    Sr. Lugo entre abril y agosto de 2020 incluían: brindar
    apoyo de servicio a los usuarios (empleados) de la
    empresa; comprar equipos; trabajar con los equipos
    Mac o Apple; mantener el servidor File Transfer Protocol;
    brindar apoyo al sistema de las transmisiones en vivo;
    asistir en las instalaciones y configuraciones de los
    equipos audiovisuales; asistir a los videógrafos con las
    transmisiones en vivo con las mochilas y antenas de
    transmisión; reparar laptops y configuraciones de
    software; asistir con el software de paginación y a los
    usuarios con los iPhone, iPad y Apple TV; documentar
    las llamadas en Manage Engine (sistema de tickets de
    trabajos); hacer videos de entrenamiento para los
    usuarios; modificar letreros con reglas de uso del centro
    de cómputos; y updates de computadoras.

    50. El deber o la tarea principal del Sr. Lugo era asistir
    a los usuarios (empleados) de la empresa.

    51. El Sr. Lugo contaba con una certificación de técnico
    en equipo Apple y, para el 2020, era el único en GFR
    Media que la tenía.

    52. Los meses de los cierres llevaron a que GFR Media
    redujera su fuerza laboral, lo cual ocurrió en julio y
    agosto de 2020.

    53. Mediante la reorganización se eliminaron múltiples
    plazas, incluso la de IT Specialist.
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       54. El despido del Sr. Lugo ocurrió el 20 de agosto de
       2020.

       55. Los IT Specialist de GFR Media para agosto de 2020
       eran el Sr. Lugo y el Sr. Ortiz.

       56. El Sr. Ortiz también fue despedido el 20 de agosto
       de 2020.

       57. El Sr. Lugo y el Sr. Ortiz eran supervisados por el
       señor David Fránquiz (en adelante “Sr. Fránquiz”) para
       agosto de 2020.

       58. El Sr. Fránquiz ocupaba la plaza de Gerente de
       Servicio para agosto de 2020.

       59. El Sr. Fránquiz también fue despedido el 20 de
       agosto de 2020.

       60. Al 20 de agosto de 2020, el Sr. Lugo, el Sr. Ortiz y
       el señor Rafael Algarín (en adelante “Sr. Algarín”) tenían
       plazas diferentes en GFR Media.

       61. El Sr. Algarín ocupaba la plaza de IT Administrator
       al 20 de agosto de 2020, mientras que el Sr. Lugo y el
       Sr. Ortiz ocupaban la de IT Specialist.

       62. El Sr. Lugo y el Sr. Algarín tenían deberes o tareas
       distintas al 20 de agosto de 2020.

       63. El Sr. Algarín no le dedicaba la mayoría de su
       tiempo a brindar asistencia a los usuarios o empleados
       de GFR Media.

       64. GFR Media determinó que los servicios de
       reparación del equipo Mac o Apple fueran prestados por
       la tienda Modernica, por lo que ya no tendría un técnico
       de computadoras que se enfocara en ofrecer servicios
       de Mac o Apple.

       65. GFR Media determinó en verano de 2020 que
       principalmente compraría equipo que no fuera Mac o
       Apple.

       66. GFR Media no contrató a nadie dentro de los
       siguientes seis (6) meses al despido del Sr. Lugo para
       ocupar la plaza de IT Specialist o llevar a cabo los
       deberes y tareas que este tenía.3

       Predicado en lo anterior, el foro primario concluyó que las

modificaciones efectuadas por GFR Media en sus operaciones no

respondieron a un mero capricho o arbitrariedad, sino a una

decisión gerencial válida, para atender el panorama que la compañía

3 Apéndice del recurso, págs. 76-83.
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enfrentaba durante la pandemia del COVID-19. Como, por ejemplo,

los cambios en las necesidades de sus servicios, la merma de

ingresos y necesidad de personal.4 Así, el Foro Primario declaró Ha

Lugar la “Moción de Sentencia Sumaria” instada la por la parte

apelada, y desestimó la “Querella” presentada por Lugo Fournier.

       Ese mismo día, el 17 de noviembre de 2023, el apelante

presentó su oposición a la sentencia sumaria.

       Recibido el escrito, el 18 de noviembre de 2023, notificada el

21 del mismo mes y año, el foro primario emitió una “Orden” en la

que aclaró que la oposición presentada por el apelante era

académica.5

       Inconforme, el 27 de noviembre de 2023, Lugo Fournier

presentó este recurso, y planteó lo siguiente:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la
       querella al dar por sometida la Moción de Sentencia
       Sumaria, sin el beneficio de nuestra comparecencia,
       vilando [sic] así nuestro debido proceso de ley.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir como
       evidencia hechos que no tenían ninguna base objetiva.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al hacer el
       análisis de justa causa para el despido.

       Entre tanto, ordenamos a la parte apelada a presentar su

posición conforme dispone la Regla 22 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 22. En cumplimiento, el 27 de

diciembre de 2023, GFR Media compareció en oposición.

       Examinado el expediente, procedemos a resolver.

                                    II.
   A. Sentencia Sumaria
       El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo

para asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso.

Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023);

4 Íd., págs. 91-92.
5 Véase, Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC), entrada núm. 80.
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Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___

(2023); Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR

___ (2023); González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR

95, 212 DPR ___ (2023); Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros,

2023 TSPR 80, 212 DPR ___ (2023); Universal Ins. y otros v. ELA y

otros, 211 DPR 455, 471 (2023); Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et

al., 208 DPR 964, 979 (2022). Dicho mecanismo permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho así

lo permita. Oriental Bank v. Caballero García, supra; Segarra Rivera

v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 980. Este mecanismo lo puede

utilizar la parte reclamante o aquella parte que se defiende de una

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping

et al., supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010).

Como se sabe, en aras de prevalecer en una reclamación, la parte

promovente debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los

elementos indispensables de su causa de acción. Íd.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la
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cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Regla

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Oriental Bank

v. Caballero García, supra; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR

687, 698 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple con

estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su

pedido”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111

(2015).

      Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra,

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho la parte

promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte

sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.

Es decir, el hecho de no oponer a un petitorio sumario no implica

que este necesariamente proceda, sin embargo, si no se demuestra

que existen controversias sustanciales sobre los hechos materiales,

nada impide al foro sentenciador de dictar sentencia sumaria.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

la parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos

que pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos
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materiales adicionales que alega no están en disputa y que impiden

que se dicte sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 44. Claro está, para cada uno de estos supuestos

deberá hacer referencia a la prueba específica que sostiene su

posición, según exigido por la antes citada Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra. Íd. En otras palabras, la parte opositora

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos

materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se puede

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra,

la consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción

del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole,

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues solo procede si

bajo ningún supuesto de hechos prevalece la parte promovida. Íd.,

pág. 625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de

sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar guiado por

la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de

su “día en corte”, componente integral del debido proceso de ley.

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,   la   sentencia   sumaria    generalmente    no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, supra;

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Además, existen casos
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que no se deben resolver mediante sentencia sumaria porque

resulta difícil reunir la verdad de los hechos mediante declaraciones

juradas o deposiciones. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560,

579 (2001). De igual modo, no es apropiado resolver por la vía

sumaria “casos complejos o casos que involucren cuestiones de

interés público”. Íd. No obstante, la sentencia sumaria procederá si

atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. y otros v. ELA y otros,

supra.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre

ese particular, nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia.

      Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.

      Conforme a lo anterior, “nos encontramos en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es

una de novo, y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia

interpretativa. Íd. De esta manera, si entendemos que los hechos
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materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de

novo si el foro primario aplicó correctamente el derecho. Íd.

   B. Ley Sobre Despidos Injustificados

      La Ley Núm. 80, supra, forma parte de la colección de

legislación protectora del trabajo. Tiene precedentes en la Ley Núm.

48 de 28 de abril de 1930, 31 LPRA sec. 83 nt et seq. (derogada), la

cual establecía que todo empleado por tiempo indefinido, si era

despedido sin justa causa, tenía derecho a una compensación

equivalente a la medida o frecuencia en la que recibía la paga por su

trabajo, fuera esta semanal o quincenal. Luego, este cuerpo

estatutario fue enmendado por la Ley Núm. 50 de 20 de abril de

1949, 29 LPRA 83 nt et seq. (derogada). Finalmente, esta última ley

fue sustituida por la Ley Núm. 80, supra, la cual, a pesar de sus

múltiples enmiendas, continúa hoy vigente.

      Ley Núm. 80, supra, fue aprobada para proveerle protección a

los trabajadores, mediante un estatuto reparador que busca

remedios más justicieros, y desalentar la incidencia del despido

injustificado, arbitrario o caprichoso. González Santiago v. Baxter

Healthcare, supra, pág. 291; SLG Zapata–Rivera v. J.F. Montalvo,

189 DPR 414, 424 (2013). Predicado en ello, el Artículo 1 de la

referida ley, establece que un empleado que: (1) esté contratado sin

tiempo determinado; (2) reciba una remuneración, y (3) sea

despedido de su cargo sin que haya mediado justa causa, tendrá

derecho al pago de una indemnización por parte de su patrono,

además del sueldo devengado, conocido comúnmente como la

mesada. 29 LPRA sec. 185a

      Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido

que un patrono querellado al amparo de la mencionada ley está

obligado a establecer, en su alegación responsiva, las circunstancias

que justifican el despido. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología,
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193 DPR 920, 932-933 (2015); Feliciano Martes v. Sheraton, 182

DPR 368, 385 (2011). Así, pues, la Ley Núm. 80, supra, expone un

listado, no taxativo, de las razones que constituyen justa causa para

el despido. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág.

930. Sobre este particular, la jurisprudencia ha reconocido que la

referida ley no es un código de conducta que establece una lista de

faltas definidas o invariables, sino que permite la consideración de

las circunstancias, y las normas de los múltiples establecimientos

de trabajo. Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 773 (2022);

González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra, pág.

292; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra pág. 930; Srio.

del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001).

        Algunas de las instancias que subraya la Ley Núm. 80, supra,

son atribuibles a la conducta del empleado, mientras que otras

están    relacionadas    a   circunstancias   que   afectan   el   buen

funcionamiento de la empresa. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al.,

supra, pág. 983. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra,

pág. 930; Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 191 DPR 643, 653

(2014). En lo pertinente al caso de marras, el Artículo 2 de la

mencionada ley, dispone que será justa causa para el despido de un

empleado lo siguiente:

        […]

        (d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones
        del establecimiento.

        […].

        (e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así
        como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que
        se produce o maneja por el establecimiento y los
        cambios en los servicios rendidos al público.

        (f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias
        debido a una reducción en el volumen de producción,
        ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al
        ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la
        competitividad o productividad del establecimiento.

        29 LPRA sec. 185b.
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      De este modo, el legislador reconoció que pueden ocurrir

circunstancias de índole económica que sean justa causa para

despedir a un empleado, y que liberen a una empresa de la

obligación de pagar la correspondiente indemnización. Segarra

Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 984. Es decir, situaciones

que son de tal naturaleza que el despido del obrero resulta inevitable

ante las normas usuales y ordinarias que rigen el manejo de los

negocios. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 424-425.

      Ahora bien, a pesar de que se permite que una entidad

disminuya su plantilla laboral por razón de su situación económica,

no toda merma se traducirá en un despido por justa causa. La justa

causa, únicamente, aplicará en situaciones en las cuales la

disminución económica atente contra la continuidad de la empresa.

A tenor con ello, se rechazarán acciones sin fundamentos que no

vayan dirigidas a atender el bienestar y la salud física de la empresa.

Íd., págs. 426. Es decir, “no se considerará despido por justa causa

aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón

relacionada    con   el    buen   y   normal      funcionamiento    del

establecimiento”. Indulac v. Unión, 207 DPR 279, 299 (2021); SLG

Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 931. De otra parte,

el   patrono   deberá     presentar   evidencia   que     muestre   que

verdaderamente hubo una disminución de ganancias. Además,

deberá “establecer un nexo causal entre las circunstancias

económicas de la empresa y la necesidad del despido”. Segarra

Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, págs. 985-986.

      Finalmente, precisa señalar, que tanto Ley Núm. 80, supra,

como la jurisprudencia interpretativa han señalado que en este tipo

de casos se deberá “retener con preferencia en el empleo al empleado

con más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u

ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro

de su clasificación ocupacional que puedan ser desempeñados por
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ellos”. Art. 3 de la Ley Núm. 80, supra, 29 LPRA sec. 185c. Sin

embargo, será importante que la retención por antigüedad sea en la

misma clasificación y no entre clasificaciones ocupacionales

distintas. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 985.

Igualmente, el empleado, de más tiempo, debe contar con las

destrezas para realizar las tareas requeridas por el puesto que pasa

a ocupar, o que pueda adiestrarse para realizarlas en un tiempo

corto, y sin realizarse gastos extremos. SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra, pág. 428.

                                     III.

       La parte apelante sostiene que el tribunal de instancia erró

en declarar con lugar el petitorio sumario presentado por GFR

Media, y en desestimar su “Querella”.            Luego de examinar este

recurso de novo, conforme exige la normativa antes expuesta, nos

es forzoso concluir que el foro primario no incidió al determinar que

el despido de Lugo Fournier fue por justa causa.

       Ahora bien, antes de comenzar a discutir los planteamientos

de Lugo Fournier, puntualizamos que, a pesar de que el apelante

incluyó en el apéndice de este recurso su oposición a la solicitud de

sentencia sumaria que nos ocupa, no la tomamos en consideración

en nuestra apreciación. Es norma firmemente establecida que esta

curia está impedida de pasar juicio sobre cuestiones que no fueron

planteadas ante el tribunal de instancia. Díaz Vanga v. CEE II, 195

DPR 390, 396 (2016)6. Véase, además, Trabal Morales v. Ruiz

Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990). Además, el foro primario fue

claro en cuanto a que la “Moción de Sentencia Sumaria” se dio por

sometida sin oposición, y que la presentación de la misma fue

académica, puesto que la misma fue radicada luego de dictada y

notificada la sentencia del foro primario.

6 Resolución con voto particular de conformidad emitido por la Jueza Asociada

Rodríguez Rodríguez.
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      Establecido   lo   anterior,   procedemos    a   resolver   las

controversias ante nuestra consideración.

      En su alegato, Lugo Fournier plantea que el tribunal incidió

en resolver la moción de sentencia sumaria sin su comparecencia.

No le asiste razón. El foro recurrido le otorgó amplia oportunidad al

apelante para que presentara su posición. Para ser precisos,

transcurrió un término de más de ciento diecinueve (119) días,

durante el cual pudo haber presentado su oposición a la sentencia

sumaria.

      Aunque nuestro ordenamiento jurídico favorece la política

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos, tal principio

debe ir en armonía con el propósito de que los pleitos se tramiten de

forma justa, rápida y económica. Mercado Figueroa v. Mun. de San

Juan, 192 DPR 279, 287-288 (2012). Igualmente, debemos acentuar

que, en reiteradas ocasiones, nuestro Alto Foro ha manifestado que

“una parte no puede adquirir el derecho de que su caso tenga vida

eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un estado

de incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e

interés que una escueta referencia a circunstancias especiales”.

Colon Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 202-203 (2012). Mun.

de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001).

      Por otra parte, precisa señalar que, conforme esbozamos

anteriormente, aquel que incumple con oponerse oportunamente a

una solicitud de sentencia sumaria corre el riesgo de que se dicte

sentencia sumaria en su contra, si no se muestra que existen

controversias esenciales sobre los hechos materiales. Así, ante todo

lo expuesto, colegimos que el tribunal de instancia no falló al

declarar con lugar la sentencia sumaria presentada por GFR Media

sin contar con la posición del apelante.

      De otro lado, Luego Fournier afirma que el foro recurrido

admitió como evidencia hechos que no tenían base objetiva, e incidió
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en concluir que su despido fue por justa causa. No estamos de

acuerdo.

        Según reseñamos, una entidad podrá despedir a un empleado

cuando enfrente circunstancias económicas, siempre y cuando

evidencie la disminución de ganancias y la necesidad del despido.

Igualmente, deberá probar que el despido no fue por mero capricho,

y que estuvo relacionado con el buen y normal funcionamiento del

establecimiento.

        Surge del expediente que GFR Media demostró que a

consecuencia de la pandemia del COVID-19, la venta de periódicos

y anuncios, la cuál era la fuente de ingresos principal de la entidad,

se    vio    seriamente    impactada.      Particularmente,      porque     a

consecuencia del cierre de establecimientos comerciales por la

pandemia, “estos no tenían un incentivo económico o los medios

para publicar anuncios en los periódicos”.7

        Esencialmente, GFR Media expuso, que, entre los meses de

marzo a julio de 2020, los ingresos de la versión impresa el periódico

sufrieron la diferencia siguiente en comparación con el mismo

periodo en el año 2019: “marzo - treinta y ocho por ciento (38%);

abril - sesenta y seis por ciento (66%); mayo - sesenta y dos por

ciento (62%); junio - cincuenta y seis por ciento (56%); julio -

cincuenta y siete por siente (57%)”.8 Por otro lado, entre abril y julio

los ingresos de la versión digital del periódico, en comparación con

el año 2019, se vieron afectados de la manera siguiente: “abril – diez

por ciento (10%); mayo – dieciséis por ciento (16%); junio – seis por

ciento (6%); y julio – seis por ciento (6%)”.9 Así, pues, los ingresos

de GFR Media se redujeron entre los meses de marzo a julio, en

comparación con los del año 2019, según se demuestra a

7 Apéndice del recurso, Declaración Jurada de Francisco Brigantty Merced, pág.

49.
8 Íd., pág. 50.
9 Íd.
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continuación: “marzo – veintiocho por ciento (28%); abril – cincuenta

y nueve por ciento (59%); mayo – cincuenta y seis por ciento (56%);

junio – cincuenta por ciento (50%); y julio – cincuenta por ciento

(50%)”.10   De modo que, para agosto de 2020, la diferencia en

ingresos, entre el año 2019 y el 2020, era de un treinta y cinco por

ciento (35%).11

       Ante tal panorama, GFR Media tomó la determinación de

eliminar varias plazas, particularmente, aquellas que brindaban

servicios directos a los usuarios de la empresa, como la de Lugo

Fournier, puesto que la mayoría de los empleados de GFR Media

habían migrado a trabajar remoto.12

       Aunque la Ley Núm. 80, supra, exige que en los casos de

despido por circunstancias económicas se retenga al empleado con

más antigüedad, si subsisten puestos vacantes u ocupados por

empleados de menos antigüedad en el empleo, dentro de su

clasificación ocupacional, esta disposición no aplica en el presente

caso. Al respecto, debemos destacar que la única otra persona que

desempeñaba las mismas funciones de Lugo Fournier también fue

cesanteada. Incluso, la plaza de la persona que los supervisaba a

ambos, igualmente, fue eliminada.13

       En virtud de lo expuesto, justipreciamos que el despido de

Lugo Fournier no fue un mero capricho de GFR Media, y se debió a

las circunstancias económicas que enfrentó ante la pandemia del

COVID-19. Así, pues, coincidimos con el foro recurrido, en cuanto a

que la cesantía del apelante estuvo justificada.

10
   Íd.
11
   Íd; Véase, además, Alegato de la Apelada, documento intitulado Union Status
Meeting, págs. 78-100.
12 Apéndice del recurso, Deposición de Lugo Fournier, págs. 33-36.
13
   Apéndice del recurso, Declaración Jurada de Cortes Mojica, págs. 46-47.
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                               IV.

     Por lo antes expuesto, se confirma la “Sentencia” apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones