Court Opinion

ID: 9928533
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:54.039398+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:33.560541
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL
                             OATA-2023-1651

BANCRÉDITO HOLDING                                    REVISIÓN
      CORP.                                           ADMINISTRATIVA
                                                      procedente de la
 Querellante-Recurrente                               Oficina del
                                                      Comisionado de
              v.                                      Instituciones
                                                      Financieras
        DRIVEN
    ADMINISTRATIVE       KLRA202300487
     SERVICES, LLC
(Síndico para Bancrédito               Querella Núm.:
  International Bank &
         Trust)                        Q23-D-034

  Querellado-Recurrido

Oficina del Comisionado
    de Instituciones
      Financieras

    Agencia Recurrida
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el
Juez Pérez Ocasio y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

       Comparece la parte recurrente, Bancrédito Holding, Corp.

(en adelante, “BHC”), para solicitarnos que se revise y revoque la

Resolución emitida el 21 de junio de 2023 y notificada el 23 de

junio de 2023 por la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras (en adelante, “OCIF”), en la cual desestimó la Querella

presentada por BHC.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

confirma la Resolución recurrida.

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-165 se designa al Juez Joel A.

Cruz Hiraldo en sustitución de la Jueza Ivelisse Domínguez Irizarry.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202300487                                                                      2

                                        I

       El   presente      caso    es    una        secuela   del        caso    núm.

KLRA202300034.2          Bancrédito     International        Bank       and     Trust

Corporation (en adelante, “BIBTC”) está en un proceso de cierre y

liquidación ante la OCIF. A estos fines, el 9 de agosto de 2022,

BIBTC y la OCIF acordaron subscribir un plan de liquidación,

titulado    “Plan   of   Liquidation    and        Dissolution     of    Bancredito

International Bank & Trust Corporation” (en adelante, “Plan de

Liquidación”). El propósito del Plan de Liquidación era disolver y

liquidar a BIBTC, junto a los procedimientos correspondiente que

conllevaría.   Como       parte   del       Plan    de   Liquidación,          Driven

Administrative Services, LLC (en adelante, “Driven”), fue asignado

como administrador de los procedimientos.

       Ante incumplimientos por BIBTC con el Plan de Liquidación,

el 11 de enero de 2023, la OCIF presentó una Querella y Orden de

Nombramiento Provisional y Permanente de Síndico y Revocación de

Licencia. La OCIF nombró provisionalmente a Driven como Síndico

y solicitó que se ordenara la liquidación de BIBTC, que se

designara a Driven como Síndico permanente y que se revocara la

licencia de BIBTC como entidad bancaria internacional. El 18 de

enero de 2023, BHC presentó una Solicitud Urgente de Intervención

para poder intervenir en los procedimientos como único accionista

de BIBTC. La OCIF no objetó y el Oficial Examinador autorizó la

intervención. BHC procedió a impugnar la designación de Driven

como Síndico.

       Luego de varios trámites procesales, negociaciones y una

vista administrativa, BHC, la OCIF y Driven, como administrador

de BIBTC, llegaron a un acuerdo transaccional, titulado Settlement

2 En dicho caso, este Tribunal de Apelaciones atendió un recurso de revisión
judicial presentada por BHC en cuanto a la Querella y Orden de Nombramiento
Provisional y Permanente de Síndico y Revocación de Licencia presentada por la
OCIF, como relataremos más adelante. No obstante, la misma fue desestimada
por falta de jurisdicción al no haber una determinación final.
KLRA202300487                                                               3

Agreement, para poner fin a las controversias de la querella y

continuar con el proceso de liquidación. BHC y Driven firmaron el

acuerdo el 10 de marzo de 2023 y la OCIF firmó el 13 de marzo de

2023.

        Entre otras cosas, las partes acordaron, en lo pertinente, lo

siguiente: 1) Driven sería el Síndico permanente hasta que se logre

la liquidación de BIBTC; 2) cuáles serían los términos y

condiciones para la transferencia de fondos para la liquidación; 3)

que el Síndico tendría discreción absoluta para escoger la

institución financiera o agencia de escrow (“Escrow Agent”), en la

cual se abrirá una cuenta (“Escrow Account”) y recibirá los fondos a

transferirse para los propósitos de la liquidación; y 4) que la

selección del Escrow Agent deberá cumplir con una serie de

requisitos, entre ellos que el Escrow Agent sea una agencia o

institución financiera reputada como Royal Bank of Canada o

similar   a   esta   y    que   dicha   selección   estará   sujeta    a    la

determinación de no-objeción de la OCIF.

        Mediante     el   Settlement    Agreement   se   resolvieron       las

controversias que quedaban pendientes y el Oficial Examinador

desestimó sin perjuicio la querella presentada por la OCIF. Así las

cosas, Driven, como Síndico permanente, escogió a Apex Corporate

Trustees (UK) Limited (en adelante, “Apex”) como Escrow Agent y a

Lloyds Bank Plc. (en adelante, “Lloyds Bank”) como institución

financiera en donde se abriría el Escrow Account. Driven cursó

varias misivas a la OCIF donde le informó de su selección, proveyó

la información sobre los distintos candidatos y fundamentó su

decisión. El 15 de marzo de 2023, la OCIF contestó las misivas y

notificó su determinación de no-objeción a la selección de Apex

como Escrow Agent. Ante ello, Driven contrató a Apex como Escrow

Agent y abrió un Escrow Account en Lloyds Bank.
KLRA202300487                                                     4

      El 29 de marzo de 2023, Driven envió un correo electrónico a

las   instituciones   financieras   involucradas   y   a   BHC   con

instrucciones para la transferencia de fondos, conforme a lo

establecido en el Settlement Agreement. Sin embargo, BHC se negó

a completar las transferencias y objetó la selección por Driven del

Escrow Agent y de la apertura del Escrow Account. En síntesis,

BHC entendía que Apex no cumplía con los requisitos del

Settlement Agreement, particularmente que Apex no es una

institución financiera similar a Royal Bank of Canada.

      Así las cosas, el 11 de abril de 2023, BHC radicó una

Querella en la OCIF en contra de Driven, alegando incumplimiento

con el Settlement Agreement. En síntesis, BHC solicitó la resolución

del Settlement Agreement por alegado incumplimiento por Driven y,

en la alternativa, solicitó una vista administrativa en la que se

autorizara un descubrimiento de prueba, se ordenara a Driven a

cumplir sus obligaciones contractuales y se le impusiera multas

administrativas. El 26 de abril de 2023, el Oficial Examinador le

concedió un término a Driven a presentar su contestación a la

querella y, por alegaciones de incumplimiento con el Settlement

Agreement, un término a BIBTC y a la OCIF para expresarse y

presentar sus alegaciones por formar parte del acuerdo.

      El 16 de mayo de 2023, la OCIF presentó una Solicitud de

Desestimación. La OCIF argumentó que sólo la agencia tenía la

facultad de objetar la selección del Escrow Agent, según los

requisitos dispuestos en el Settlement Agreement, y que esta no fue

cuestionada en la Querella. Además, la OCIF señala que BHC no

hizo alegación alguna sobre su determinación de no-objeción,

particularmente que fuera arbitraria, caprichosa o irrazonable, por

lo que debe desestimarse la Querella por ser improcedente en

derecho. El 19 de mayo de 2023, Driven presentó una Contestación

a Querella, Reconvención y Solicitud de Sanciones por Temeridad en
KLRA202300487                                                         5

donde se unió a los argumentos de la OCIF y añadió que del

Settlement Agreement surge que Driven tenía absoluta discreción y

autoridad para seleccionar al Escrow Agent y la apertura del

Escrow Account. Por último, Driven reconvino y solicitó sanciones

por temeridad debido a que BHC paralizó el proceso de liquidación

al obstaculizar la transferencia de fondos, contrario a lo acordado

en el Settlement Agreement.

      El 21 de junio de 2023, notificada el 23 de junio de 2023, el

Juez Administrativo emitió una Resolución donde desestimó la

Querella por inmeritoria. El Juez Administrativo se acogió a los

argumentos presentados por la OCIF y Driven en cuanto a que

BHC nunca cuestionó la determinación de no-objeción de la OCIF

ni mencionó que el proceder fuese arbitraria, caprichosa o

irrazonable. El 10 de julio de 2023, BHC presentó una Moción de

Reconsideración. El Juez Administrativo acogió la moción de

reconsideración y, el 16 de agosto de 2023, notificada el mismo

día, reafirmó su postura mediante Resolución en Reconsideración.

      Inconforme, el 14 de septiembre de 2023, BHC presentó un

Recurso   de   Revisión   Judicial   ante   nos   con   los   siguientes

señalamientos de error:

      1. ERRÓ LA OCIF AL DICTAR UNA RESOLUCIÓN
         DESESTIMANDO SUMARIAMENTE LA QUERELLA
         DE BHC EN VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
         DE LEY AL NO PERMITIR LA NECESARIA VISTA
         ADMINISTRATIVA Y EL CORRESPONDIENTE
         DESFILE DE PRUEBA PARA DECIDIR DE FORMA
         INFORMADA SOBRE LOS MÉRITOS DE LA
         QUERELLA Y LOS ASUNTOS EN CONTROVERSIA.

      2. ERRÓ LA OCIF AL DICTAR UNA RESOLUCIÓN
         DESESTIMANDO SUMARIAMENTE LA QUERELLA
         DE BHC EN VILACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
         DE LEY AL EXCEDERSE EN SU ROL DE JUEZ Y
         PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ANTE SÍ.

      3. ERRÓ LA OCIF AL DICTAR UNA RESOLUCIÓN
         DESESTIMANDO SUMARIAMENTE LA QUERELLA
         DE BHC EN BASE A HECHOS PARCIALES Y
         ERRÓNEOS Y SIN VERIFICAR ADECUADAMENTE
KLRA202300487                                                                 6

            EL INCUMPLIMIENTO POR EL SÍNDICO DE LA
            CLAÚSULA 2 DEL SETTLEMENT AGREEMENT.

       Comparecido las partes y presentado sus escritos, damos

por perfeccionado el recurso de epígrafe. Examinado el expediente

en su totalidad, procedemos a exponer el derecho aplicable y

resolver.

                                       II

A. Estándar de Revisión Judicial

       El objetivo principal de la revisión judicial se enfoca en

garantizar que las agencias administrativas actúen conforme a las

facultades concedidas por ley.3 Constituye una norma reiterada

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los tribunales

apelativos deben conceder deferencia a las determinaciones de las

agencias    administrativas      por    la   experiencia    y   conocimiento

especializado que éstas poseen sobre los asuntos ante su

consideración y que por ley se les ha delegado.4 Por ello, las

determinaciones de las agencias administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben

respetar mientras que no se presente evidencia suficiente para

superarla o invalidarla.5

       La parte que impugna judicialmente una determinación de

hecho de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba

para demostrar que estas no están basadas en el expediente o que

las conclusiones a las que llegó son irrazonables.6 Conforme a lo

dispuesto en la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017 (en adelante,

3 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___
(2023); Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 209 DPR 79, 88
(2022).
4 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Rolón Martínez v. Supte.
Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626
(2016).
5 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020).
6 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276–278 (2013); OCS v.

Universal, 187 DPR 164, 178–179 (2012).
KLRA202300487                                                                    7

“LPAU”)7,      las determinaciones de hechos de una agencia del

Gobierno     “se    sostendrán      si   se   fundamentan        en    evidencia

sustancial que obre en el expediente administrativo.”8 A estos

fines, el Tribunal Supremo ha establecido que la evidencia

sustancial es “aquella prueba relevante que una mente razonable

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.9

Empero, la aceptación no puede estar sostenida por un ligero

destello de evidencia o por simples inferencias.10

       Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio

sobre la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de

la actuación de la agencia, luego de considerar el expediente

administrativo en su totalidad.11 Consecuentemente, la revisión

judicial estará limitada a evaluar si la actuación de la agencia fue

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo así un abuso de

discreción.12 De este modo, el alcance del proceso de revisión se

ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y; 3) si las conclusiones de derecho fueron las

correctas.13

       Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser

revisadas en todos sus aspectos.14 No obstante, la revisión judicial

no equivale a la sustitución automática del criterio e interpretación

del    organismo       administrativo.15        Los    tribunales       revisores

7 Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA § 9675.
8 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
9 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra, citando a Rebollo v. Yiyi Motors,

161 DPR 69, 77 (2004).
10 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90.
11 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 89; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727
(2005).
12 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.
13 Id., pág. 627.
14 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, pág. 90; Capó Cruz

v. Junta Planificación et al., supra.
15 Capó Cruz v. Junta Planificación et al., supra.
KLRA202300487                                                                   8

descartarán el criterio de los entes administrativos cuando no se

pueda hallar fundamento racional que explique o justifique el

dictamen administrativo.16 En virtud de ello, los tribunales

revisores descartarán el criterio de la agencia administrativa, en el

cual cederá la deferencia administrativa, sólo cuando la agencia: 1)

erró al aplicar la ley; 2) actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente,

o; 3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.17

         Además, el criterio administrativo no podrá prevalecer

cuando la interpretación estatutaria realizada por una agencia

provoque un resultado incompatible o contrario al propósito para

el cual se aprobó la legislación y la política pública que la

promueve.18         En      ese      sentido,       la      deferencia    judicial

al expertise administrativo,          concedido          cuando   las    agencias

interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten

irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia.19 Por ende, los tribunales tienen que armonizar, siempre

que sea posible, todos los estatutos y reglamentos administrativos

involucrados para la solución justa de la controversia, de modo

que se obtenga un resultado sensato, lógico y razonable.20

         Por último, cabe destacar que, en el ejercicio de la función

revisora de los tribunales apelativos, los foros apelativos deben

diferenciar entre asuntos de interpretación estatutaria, del cual los

tribunales son especialistas, y los asuntos propios de la discreción

o la pericia administrativa.21

B. Teoría General de Contratos

         Según ha establecido nuestra jurisprudencia, la teoría de los

contratos se basa en la autonomía de la voluntad y la libertad que

16 Id.; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.
17 Id.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra.
18 Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra, págs. 90-91.
19 Moreno Lorenzo v. Dept. de la Familia, 207 DPR 833, 843 (2021).
20 Id.
21 Hernández Feliciano v. Mun. de Quebradillas, supra; OCS v. Point Guard Ins.,

205 DPR 1005, 1028 (2020).
KLRA202300487                                                                 9

tienen las partes contratantes de acordar los pactos, cláusulas y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean

contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público.22 Aquellas

obligaciones que nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre

las partes.23 Por tanto, cuando un contrato es legal, válido y

carente de vicios del consentimiento, constituye la ley entre las

partes y debe cumplirse a tenor de éste.24

       Cónsono con nuestro ordenamiento jurídico, cuando los

términos del contrato resultan ser claros, se hará valer el sentido

literal de lo que disponen.25 A estos efectos, los tribunales no

deben recurrir a las reglas de interpretación ni a la hermenéutica

cuando la intención de los contratantes y los términos son

claros.26

C. Procedimientos Adjudicativos ante la OCIF

       La Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según

enmendada27, creó la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras     (OCIF).    Dicha    legislación    facultó    a   la   agencia

administrativa a reglamentar sus propios procedimientos.28 A estos

efectos, la OCIF promulgó el Reglamento Núm. 3920 del Estado

Libre Asociado (en adelante, “Reglamento”), de aplicación a los

procedimientos adjudicativos que se ventilen en la OCIF, excepto

aquellos procedimientos relativos a la administración interna.

       Cabe destacar que, según lo dispuesto en la Sección 3.1 de

la LPAU29, en todo procedimiento adjudicativo formal ante una

agencia administrativa se salvaguardarán los siguientes derechos:

22 Art. 1232 del Código Civil de 2020, 31 LPRA § 9753; Aponte Valentín v. Pfizer

Pharmaceuticals, LLC, 208 DPR 263, 286 (2021); BPPR v. Sucn. Talavera, 174
DPR 686, 693 (2008).
23 Art. 1233 del Código Civil de 2020, 31LPRA § 9754.
24 Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005).
25 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra; Savary et al. v. Mun.

Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1030 (2017).
26 Aponte Valentín v. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, supra.
27 Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, 7 LPRA § 2001 et

seq.
28 Id., 7 LPRA § 2010(a).
29 Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, supra, 3 LPRA § 9641.
KLRA202300487                                                              10

1) derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o

reclamos en contra de una parte; 2) derecho a presentar evidencia;

3) derecho a una adjudicación imparcial; y 4) derecho a que la

decisión sea basada en el expediente.

       En vista de lo anterior, los oficiales examinadores que

presiden sobre los procedimientos adjudicativos gozan de cierta

flexibilidad en el manejo de los procesos. En cuanto a los

mecanismos de descubrimiento de prueba, la Sección 3.8(a) de la

LPAU dispone que:

       Los procedimientos de descubrimiento de prueba no
       serán de aplicación a los casos de adjudicación
       administrativa, a menos que se autoricen en los
       reglamentos de procedimiento de adjudicación de la
       agencia y así lo autorice el funcionario que presida el
       procedimiento     adjudicativo.    No    obstante    lo
       anteriormente dispuesto, en los reglamentos de las
       agencias se garantizará a todo querellado el derecho a
       los mecanismos de descubrimiento de prueba para los
       casos en que el procedimiento de adjudicación sea
       promovido a iniciativa de la agencia.30

       Lo anterior establece que los mecanismos y procedimientos

de descubrimiento de prueba solo se garantizarán en aquellos

procedimientos de adjudicación promovidos a iniciativa de la

agencia administrativa.31 De lo contrario, como norma general, no

serán de aplicación los mecanismos y procedimientos de prueba en

los casos de adjudicación administrativa, excepto cuando así lo

autorice el reglamento aplicable y el funcionario que presida sobre

los procesos. En lo pertinente al caso ante nos, la Regla 8.1 del

Reglamento de la OCIF establece que:

       En aquellos casos donde el procedimiento de
       adjudicación sea promovido a iniciativa de la Oficina,
       las partes podrán utilizar los mecanismos de
       descubrimiento de prueba.

       En todo otro caso, el oficial examinador podrá
       autorizar el uso de dichos mecanismos cuando estos

30 Sección 3.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, supra, 3 LPRA § 9648.
31 Id.
KLRA202300487                                                               11

       promuevan una solución justa, rápida y económica del
       caso.

       El oficial examinador tendrá plena facultad para regir
       la utilización de los mecanismos de descubrimiento de
       prueba.32

       Además de reiterar lo antes expuesto por la Sección 3.8(a) de

la LPAU33, el Reglamento de la OCIF faculta al oficial examinador a

autorizar los mecanismos de descubrimiento de prueba cuando

estos promuevan una solución justa, rápida y económica del caso.

En otras palabras, es una facultad discrecional del oficial

examinador y sólo tendrá la obligación de utilizarlo cuando cumpla

con el requisito antes esbozado.

       En cuanto a la celebración de la vista administrativa, la

Sección 3.7(a) de la LPAU establece lo siguiente:

       Si la agencia determina que es necesario celebrar una
       vista adjudicativa, podrá citar a todas las partes o sus
       representantes autorizados e interventores, ya sea por
       su propia iniciativa o a petición de una de las partes, a
       una conferencia con antelación a la vista, con el
       propósito de lograr un acuerdo definitivo o simplificar
       las cuestiones o la prueba a considerarse en la vista.
       […]34

       De entrada, el referido estatuto establece dos facultades

discrecionales de la agencia. La primera es la determinación de la

agencia en si es necesario la celebración de una vista adjudicativa.

De contestarse en la afirmativa, la agencia tendrá la siguiente

facultad de citar a las partes a una conferencia con antelación a la

vista.35

       Por último, la OCIF tiene la autoridad de desestimar las

querellas en cualquier etapa de los procedimientos. La Regla 5 del

Reglamento de la OCIF establece que:

32  Regla 8.1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 3920, Departamento de
Estado, 23 de junio de 1989, pág. 5-6.
33 Sección 3.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, supra.
34 Sección 3.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, supra, 3 LPRA § 9647.
35 Id.
KLRA202300487                                                           12

              La Oficina podrá en cualquier momento, por
       iniciativa propia o a solicitud de parte, desestimar una
       querella por ser la reclamación una que no justifica la
       concesión de un remedio, por inmeritoria, por falta de
       jurisdicción o por cualquier otro fundamento que
       proceda en derecho.
              En caso de desestimarse una querella, la Oficina
       emitirá la orden correspondiente conforme a estas
       reglas.

D. Parcialidad en Procedimientos Administrativos

       La esencia de todo procedimiento adjudicativo, sea judicial o

administrativo, está en la celebración de un litigio justo ante un

juzgador imparcial de los hechos.36 En Comisionado de Seguros v.

Real Legacy Assurance37, el Tribunal Supremo estableció los

elementos a identificar para determinar si un oficial examinador o

juez administrativo ha actuado con parcialidad y si procede su

descalificación.

       En primer lugar, ante una alegación de parcialidad en un

procedimiento administrativo, se debe identificar sobre qué asunto

es el que se aduce la existencia de parcialidad, pues, cuando el

oficial examinador ha prejuzgado cuestiones o hechos específicos

del caso, eso podría dar lugar a su descalificación.38 En estos casos

se evalúa “si del comportamiento que exhiba el oficial examinador

se puede concluir que éste, previo a presentarse la prueba o

durante el transcurso de los procedimientos, denota que con

anterioridad al inicio del proceso había prejuzgado cuestiones

específicas que inciden sobre la solución de la controversia”.39

       Para ello, es necesario que se evidencie un compromiso

previo para obtener la determinada conclusión con relación a

cuestiones específicas del caso.40 No basta con que el juzgador

estar meramente familiarizado con aspectos legales o fácticos

generales del caso si por sí solo no se demuestra que el funcionario

36 Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 713 (2010)

citando a Withrow v. Larkin, 421 US 35, 46-47 (1975).
37 Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, supra.
38 Id.
39 Id.
40 Id., pág. 714.
KLRA202300487                                                                 13

estaba predispuesto a emitir la determinada solución.41 Tampoco

es suficiente el demostrar una clara convicción del juzgador en

cuanto a su interpretación de las disposiciones legales aplicables o

de la política administrativa impuesta por la agencia.42

         En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las

resoluciones        de   las        agencias    se    consideran     decisiones

institucionales, por lo que la integridad del proceso se afianza ante

el hecho de que son varios los funcionarios que intervienen en la

solución de la controversia.43 Por tanto, para lograr que se revierta

la determinación final de la agencia es necesario demostrar que la

parcialidad demostrada por el oficial examinador influyó lo

suficiente     como      para       subvertir   la   integridad    del   proceso

adjudicativo.44 Es decir, tiene que haber incurrido en un

comportamiento de un grado tan alto de favoritismo o antagonismo

que hace imposible la solución justa del caso.45

         La objetividad e imparcialidad del juzgador administrativo

puede ser cuestionada con éxito si demuestra que el prejuicio del

juzgador      contaminó        el    proceso    a    tal   nivel   que   acarreó

consecuencias fatales en la determinación final que en su día

emita la agencia.46 En esencia, la parte perjudicada puede solicitar

la descalificación del funcionario que preside los procedimientos

cuando éste se aparte de su función de juzgador de los hechos y

actúe como acusador, subvierte la integridad del proceso o cuando

se evidencia que ha prejuzgado cuestiones fácticas específicas.47

         Ante una solicitud de esta naturaleza, el juzgador puede

optar por descalificarse. De no recusarse de los procedimientos, la

agencia evaluará si los fundamentos provistos por el promovente

41 Id.
42 Id., págs. 713-714.
43 Id., pág. 714.
44 Id., págs. 714-715.
45 Id., pág. 715.
46 Id.
47 Id.
KLRA202300487                                                                14

son    meritorios        o   si   procede     desestimar   la   petición,   cuya

determinación formará parte del expediente administrativo.48 La

revisión judicial sobre esa denegatoria sólo procederá una vez la

agencia adjudique el caso en sus méritos.49

                                        III

        Como primer señalamiento de error, BHC indicó que se le

violó el debido proceso de ley al no permitírsele una vista

administrativa y el correspondiente desfile de prueba. Según surge

de la Querella, BHC solicitó la vista administrativa con el propósito

de iniciar y establecer un descubrimiento de prueba para poder

confirmar sus alegaciones de incumplimiento de contrato en contra

de Driven como Síndico de la liquidación. El recurrente descansó

su argumento en que la Regla 8.1 del Reglamento de la OCIF50 le

garantiza los mecanismos de descubrimiento de prueba en los

casos donde el procedimiento adjudicativo sea promovido a

iniciativa de la agencia. En fin, BHC concluye que la OCIF no

resolvió de forma informada sobre los méritos de la querella y los

asuntos en controversia. No le asiste la razón.

        Según establecimos anteriormente, la Sección 3.8 de la

LPAU51 regula los mecanismos de descubrimiento de prueba en las

agencias administrativas. Ciertamente, como norma general se le

garantiza a todo querellado el derecho a los mecanismos de

descubrimiento de prueba para los casos en que el procedimiento

de adjudicación sea promovido a iniciativa de la agencia. En todo

otro caso, tal como los procedimientos iniciados por un querellante

que no es la agencia, no será de aplicación los procedimientos de

descubrimiento de prueba a menos que el reglamento de la agencia

lo autorice y el funcionario que preside lo permita. El anterior

48 Id., págs. 715-716.
49 Id., pág. 716.
50 Regla 8.1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.
51 Sección 3.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, supra.
KLRA202300487                                                               15

estatuto quedó consagrado en la Regla 8.1 del Reglamento de la

OCIF52. Incluso, la referida regla añade que, en los casos no

iniciados por la agencia, el oficial examinador tendrá plena

facultad de utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba

si estos promueven una solución justa, rápida y económica del

caso.

        La Querella objeto de esta revisión judicial fue presentada

por BHC, el 11 de abril de 2023, en la OCIF en contra de Driven,

alegando incumplimiento con el Settlement Agreement. Por ende, el

procedimiento adjudicativo no fue iniciado por la agencia y BHC,

como querellante, no goza de un derecho a los mecanismos de

descubrimiento bajo la Sección 3.8 de la LPAU53. De lo contrario,

nuestras agencias administrativas se convertirían en instrumentos

para las expediciones de pesca. Ahora bien, el oficial examinador

pudo haber autorizado los mecanismos de descubrimiento de

prueba bajo la Regla 8.1 del Reglamento de la OCIF54. No obstante,

según la Resolución de la OCIF, el Juez Administrador entendió

que autorizar dichos mecanismos resultarían en una dilación

innecesaria y que no promovían una solución justa, rápida y

económica. Además, los documentos que obran del expediente

resultaron ser suficientes para resolver la Querella conforme a

derecho.    En ausencia de abuso de discreción o un acto

administrativo que sea arbitrario, caprichoso o irrazonable, no

amerita nuestra intervención aquí.

        Como segundo señalamiento de error, BHC arguye que la

OCIF se excedió en su rol de juez y parte en el procedimiento. El

recurrente imputa prejuicio y parcialidad al Juez Administrativo

por haber resuelto en su contra. A la misma vez, cuestiona el

52 Regla 8.1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.
53 Sección 3.8 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico, supra.
54 Regla 8.1 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.
KLRA202300487                                                      16

proceder de la OCIF al presentar una moción de desestimación y

arguye que la OCIF sirvió de “escudo” a Driven.

         En primer lugar, no podemos hacer caso omiso que BHC

presentó la Querella ante la OCIF por alegado incumplimiento al

Settlement Agreement, un contrato de la cual la OCIF misma es

parte. Resulta ineludible que la OCIF es parte indispensable de la

Querella. BHC alegó que la OCIF intervino como parte de manera

unilateral. Esto no es correcto. Ante la presentación de la Querella

por BHC, el oficial examinador le concedió un término al

querellado para contestar la Querella y otro término a aquellos que

formaron parte del Settlement Agreement, siendo estos BIBTC y la

OCIF, para expresarse por considerar estos partes indispensables,

como lo exige nuestro estado de derecho vigente. Contrario a lo

planteado por BHC, aquí no hubo actos unilaterales ni prejuicio.

         En segundo lugar, BHC ampara sus planteamientos en la

jurisprudencia de Comisionado de Seguro v. Real Legacy Assurance

Co.55 para establecer los requisitos a probarse en alegaciones de

imparcialidad. Específicamente, el referido caso establece los

criterios a evaluar cuando la parte perjudicada solicita la

descalificación del funcionario que preside de los procedimientos.

Empero, además de reiterar que la OCIF participó como parte y

que el Juez Administrador resolvió en su contra, BHC entendió que

hubo parcialidad por el mero hecho de que el Juez Administrador

no acogió dos (2) hechos que le beneficiaban como determinaciones

de hechos. Evidentemente, dichos argumentos son insuficientes

conforme los criterios establecidos en Comisionado de Seguro v.

Real Legacy Assurance Co.56. La realidad es que BHC no presentó

evidencia alguna para sustentar sus alegaciones y nunca solicitó la

descalificación del Juez Administrativo en los procedimientos. Por

55 Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance Co., supra.
56 Id.
KLRA202300487                                                               17

tanto, las serias imputaciones de imparcialidad y prejuicio son

improcedentes e inmeritorias.

       Como tercer señalamiento de error, BHC argumentó que la

OCIF incidió al desestimar sumariamente la Querella basándose en

hechos     parciales      y    erróneos,     sin    verificar   el    alegado

incumplimiento por el Síndico de la cláusula 2 del acuerdo

transaccional.

       Primero, BHC argumenta que la Resolución no cumplió con

la obligación de analizar la moción de desestimación como una

solicitud de sentencia sumaria y que tampoco abordó el argumento

del Querellante de que existían hechos en controversia que lo

impedían resolver sumariamente. Nuevamente, BHC se equivocó

en su interpretación. Lo presentado por la OCIF fue una solicitud

de   desestimación       y    no   una     sentencia    sumaria.     El   Juez

Administrativo desestimó al amparo de la Regla 5 del Reglamento

de la OCIF57, cuya regla permite que, en cualquier momento por

iniciativa propia o a solicitud de parte, se desestime una querella

por inmeritoria, entre otras. De entender que se encontraba ante

una solicitud de sentencia sumaria, el Juez Administrativo hubiese

resuelto al amparo de la Regla 14 del Reglamento de la OCIF. Por

ende, no corresponde tal análisis de interpretación y tampoco

resolver sobre hechos en controversias.

       En segundo lugar, BHC alega que el procedimiento para la

selección de un Escrow Agent fue irregular e ilegal por no referirse

al Settlement Agreement, por haberse comenzado antes de la

vigencia de dicho acuerdo y por no haberse incluido a BHC en

dicho procedimiento de selección antes y después de la vigencia del

Settlement Agreement. Además, en adición a reiterar argumentos

previos, BHC arguyó que el Juez Administrativo no analizó el

57 Regla 5 del Reglamento Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág.
KLRA202300487                                                             18

incumplimiento de la cláusula 2 del acuerdo transaccional por

limitarse al requisito de no-objeción por parte de la OCIF.

      En cuanto a la participación de BHC, la realidad del caso es

que el Settlement Agreement no exige ni impone obligación alguna

de incluir a BHC en el proceso de selección del Escrow Agent o el

Escrow Account. Al contrario, se le concedió absoluta discreción a

Driven, como Síndico de la liquidación, a escoger el Escrow Agent y

el Escrow Account mientras que se le concedió a la OCIF el deber

de emitir su determinación de no-objeción, en aras de velar por el

cumplimiento de los requisitos estipulados. Por ende, no hubo

incumplimiento alguno con el Settlement Agreement por no haberse

incluido a BHC como participante de este procedimiento. Las

disposiciones del contrato son claras y libre de ambigüedades, por

lo que no deben menoscabarse y deben cumplirse fielmente al

constituir ley entre las partes.

      No existe obligación alguna para incluir a BHC en el proceso

de selección ni de poder objetar dicha selección, pues, BHC

renunció su derecho a seleccionar y objetar al consentir y firmar el

Settlement Agreement. Dicho acuerdo transaccional claramente

delega la facultad de seleccionar el Escrow Agent y Escrow Account

a Driven y la capacidad de objetar a la OCIF. El requisito de la

determinación     de   no-objeción      de   la   OCIF    en   el   acuerdo

transaccional dispone: e. the selection of the Escrow Agent

must be subject to OCIF´s prior supervisory determination of

no-objection.58 Evidentemente, el propósito del requisito de no-

objeción por la OCIF existe para la salvaguardar los otros

requisitos, como es indicado en el acuerdo por el uso de “prior

supervisory    determination”.     De   lo   contrario,   dicho     requisito

operaría en el vacío, pues, cualquiera de los otros contratantes

pudiera objetar, cuya facultad fue expresamente delegada a la

58 Véase apéndice del recurso KLRA202300487, pág. 294.
KLRA202300487                                                              19

OCIF, detalle que BHC muy bien conocía al consentir y firmar

dicho acuerdo transaccional. Por ello, BHC tenía que impugnar la

determinación de la OCIF como agencia reguladora y alegar en su

Querella que      dicha   actuación      fue   arbitraria,   irrazonable   o

caprichosa, cosa que BHC no hizo.

        Recordamos    que    las   determinaciones      de   las   agencias

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección

que deben ser respetadas salvo se presente evidencia suficiente

para invalidarla. El recurrente no proveyó la evidencia necesaria

para invalidar la determinación de la OCIF. Por tanto, resulta

forzoso concluir que el Juez Administrativo no abusó de su

discreción y que la determinación no fue arbitraria, ilegal o

irrazonable y es correcta en derecho.

                                    IV

        Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos

formar parte de este dictamen, se confirma la Resolución recurrida

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones