Court Opinion

ID: 9890308
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:13:55.744575+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:18.886931
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

  ADIL TRINIDAD ROSA                             CERTIORARI
                                                 procedente del
                                                 Tribunal de Primera
 Demandante-Recurrida                            Instancia, Sala
                                                 Superior de Arecibo
              v.                KLCE202300809
                                                 Caso Núm.
                                                 AR2022CV00724
  CAPPS, LLC Y OTROS
                                                 Sala: 401

Demandada- Peticionaria                          Sobre: LEY DE
                                                 CORPORACIONES
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      Comparece ante nos, el Sr. Josué Arroyo Valentín (en

adelante, “Sr. Arroyo Valentín” o “peticionario”), quien presenta

recurso de Certiorari en el que solicita que se deje sin efecto la Orden

emitida el 2 de junio de 2023, notificada el 5 de junio de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Mediante

dicha Orden, el Tribunal refirió a las partes a participar en un

proceso de mediación compulsoria. Posteriormente, el 19 de junio

de 2023, el peticionario presentó “Moción de Reconsideración” la cual

fue declarada “No ha lugar” el 21 de junio de 2021.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

procederemos a resolver por los fundamentos que expondremos a

continuación.

                                    I

      El 27 de abril de 2022, el Sr. Adil Trinidad Rosa (en adelante

“Sr. Trinidad Rosa”) presentó Demanda contra de CAPPS, LLC;

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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Josué D. Arroyo Valentín y Biopharma CMC Consulting Services,

Inc. (en adelante “Biopharma”). Entre otras cosas, solicitó acceso a

información y/o récords corporativos y la disolución de la

corporación de responsabilidad por vía judicial. Además, alegó

menoscabo de oportunidades corporativas e inobservancia de los

deberes de fiducia.

        El 20 de julio de 2022, la parte co-demandada Biopharma

presentó Contestación a Demanda, donde arguyó que, según los

términos y condiciones del Acuerdo Operacional, los miembros

pactaron utilizar la mediación privada en caso de que surja una

disputa en el curso normal de los negocios, por lo que solicitaron

que se declare no ha lugar la Demanda presentada por el Sr.

Trinidad Rosa.

        Ahora bien, el 3 de marzo de 2023, el peticionario presentó

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Alegó que, el

Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción sobre la

materia puesto a que, en el Acuerdo Operacional otorgado, se pactó

que en caso de disputas que surjan del curso normal de los negocios,

las partes se someterán al proceso de mediación privada. El Sr.

Trinidad Rosa se opuso y arguyó que, según la mencionada

cláusula, los miembros de CAPPS no se obligaron a resolver todas

las disputas que surjan, sino aquellas que se dan en el curso

ordinario de los negocios. Además, planteó que la controversia

presentada ante el Tribunal de Primera Instancia no es de

naturaleza rutinaria u ordinaria en el manejo de los negocios, mas

bien,   son   desviaciones   e   incumplimientos   con   el   Acuerdo

Operacional que los miembros de la compañía suscribieron.

        En cambio, el 27 de marzo de 2023, el Sr. Arroyo Valentín

presentó Breve Réplica a Moción de Desestimación, solicitando al

Tribunal de Primera Instancia que declarara dicha moción “Ha

Lugar”. Luego de presentadas las posturas de todas las partes, el 29
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de marzo de 2023, el foro a quo emitió Resolución en la cual declaró

“No Ha Lugar” la Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.

Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia paralizó los

procedimientos judiciales y ordenó a las partes a cumplir con la

mediación acordada e informar el resultado o etapa de ésta en

noventa (90) días.

      A su vez, el 3 de abril de 2023 el Sr. Trinidad Rosa presentó

Moción en Torno a Resolución para Encaminar el Proceso de

Mediación y Solicitud de Orden. En síntesis, recomendó al Tribunal

de Primera Instancia que se asigne el caso al Centro de Mediación

de Conflictos de la Rama Judicial. Es por esto, que, el 14 de abril de

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió orden concediéndole

a las partes un término de veinte (20) días, para que presentaran su

posición en cuanto a dicha moción. En cumplimiento con la orden

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el Sr. Arroyo Valentín

expresó que no estaba de acuerdo con que se refiera el caso al Centro

de Mediación de Conflictos de la Rama Judicial. Por su parte,

Biopharma compareció mediante Moción en Cumplimiento de Orden

y señaló que estaba de acuerdo con que se cumpla con el proceso

de mediación compulsoria como lo establece el Acuerdo Operacional

otorgado por las partes. Siendo así, el 2 de junio de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia emitió orden en la cual remitió a las partes al

Centro de Mediación de Conflictos del Poder Judicial.

      En desacuerdo, el 19 de junio de 2023, el peticionario

presentó Moción de Reconsideración y adujo que, lo ordenado por el

Tribunal de Primera Instancia iba en contra de lo pactado debido a

que suscribieron un Acuerdo Operacional que establecía que, en

caso de controversias que surjan del curso normal de los negocios,

los miembros acudirán al proceso de mediación, en el cual los

miembros elegirán un mediador independiente por elección de la

mayoría de los miembros que componen CAPPS, LLC. Por lo que, el
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peticionario solicitó al Foro de Instancia que emitiera una orden

obligando a las partes a cumplir con el Acuerdo Operacional

pactado. Atendida la solicitud, el 22 de junio de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia emitió Orden declarando no ha lugar la Moción

de Reconsideración.

      Insatisfecho con la determinación, el Sr. Arroyo Valentín

recurrió ante este foro apelativo y planteó la comisión de los

siguientes errores.

      A. Primer Error: Erró el TPI a [sic] ordenar a las partes
         a mediar ante el Centro de Mediación de Conflictos
         cuando conforme a Paine Webber v. Sociedad de
         Gananciales, supra, el tribunal carece de
         jurisdicción.

      B. Segundo Error: Erró el TPI a [sic] ordenar a las partes
         a mediar ante el Centro de Mediación de Conflictos
         cuando el Art. V (24) del Acuerdo Operacional de la
         Compañía establece que solo una mayoría de los
         Miembros pueden seleccionar el foro y el mediador
         independiente cualificado para dilucidar toda
         disputa o controversia entre ellos.

      C. Tercer Error: Erró el TPI a [sic] determinar que los
         procedimientos judiciales estarán paralizados hasta
         tanto se agote el remedio alterno de la mediación que
         el mismo no tiene fuerza para obligar a un acuerdo
         entre las partes, pese el Art. V (24) del Acuerdo
         Operacional claramente establece que tendrá que
         dilucidarse toda disputa y/o controversia ante un
         mediador independiente cualificado.

      D. Cuarto Error: Erró el TPI a [sic] determinar que las
         partes puede beneficiarse de los servicios del Centro
         de Mediación de Conflicto cuando la R. 7.10 (a) y (b)
         del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución
         de Conflicto, según enmendado, claramente
         establece que el proceso de la mediación se dará por
         concluido por cualquiera de las partes involucradas,
         una o ambas partes se retiran del proceso, pese que
         la mediación pactada bajo el Acuerdo Operacional es
         una compulsoria e impide que las partes se retiren
         hasta tanto se dilucide toda disputa y/o controversia
         entre los contratantes.
                                  II

A. Certiorari
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       El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.1 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil2, establece los preceptos que regulan la

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones, sobre

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.3 En lo

pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

              El recurso de certiorari para revisar resoluciones
       u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
       obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
       el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
       sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
       familia, en casos que revistan interés público o en
       cualquier otra situación en la cual esperar a la
       apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión.
              Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
       expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
       revisada en el recurso de apelación que se interponga
       contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
       sobre los errores no perjudiciales.

       Por otra parte, la Regla 52.2(b)4 establece los términos y

efectos de la presentación de un recurso de certiorari:

              (b) Recurso de “certiorari”. Los recursos de
       certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar las
       resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción
       voluntaria […] deberán ser presentados dentro del
       término jurisdiccional de treinta (30) días contados
       desde el archivo en autos de copia de la notificación de
       la sentencia o resolución recurrida.
              Los recursos de certiorari al Tribunal de
       Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del
       Tribunal de Primera Instancia […] deberán presentarse

1 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
2 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
3 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
4 32 LPRA Ap. V, 52.2(b)
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       dentro del término de treinta (30) días contados desde
       la fecha de notificación de la resolución u orden
       recurrida. El término aquí dispuesto es de
       cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien
       circunstancias especiales debidamente sustentadas en
       la solicitud de certiorari.
              En aquellos casos que mediante recurso de
       certiorari se paralicen los procesos ante el Tribunal de
       Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones deberá
       resolver la controversia presentada ante sí dentro de los
       sesenta (60) días siguientes a que las partes
       concernidas se hayan expresado.

       La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión

justiciera.5 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari, no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.6

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones7, orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.8 La referida regla dispone lo siguiente:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

5 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
6 Id.
7 4 LPRA Ap. XXIII-B, R. 40.
8 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
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         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

         Cabe precisar que, el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.9 Es por ello que, los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.10 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que, el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.11

B. Jurisdicción

         Por su parte, “[l]a jurisdicción es el poder o la autoridad que

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.

Para que el tribunal pueda atender y adjudicar un caso debe tener

tanto jurisdicción sobre la materia como sobre las partes

litigiosas.12”. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha definido en

varias ocasiones la jurisdicción sobre la materia “como la capacidad

del tribunal para atender y resolver una controversia sobre un

aspecto legal”.13 Por tanto, cuando no hay jurisdicción sobre la

materia, el tribunal carece de autoridad y poder para entender en el

asunto. “La Jurisdicción no puede ser otorgada por las partes y el

9 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
10 Id.
11 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
12 Shell v. Secretario de Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).
13 Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384, 395 (2022).
KLCE202300809                                                                  8

tribunal tampoco puede abrogársela. Sólo el Estado, a través de sus

leyes, puede otorgar o privar de jurisdicción sobre la materia a un

tribunal”.14

       Por otro lado, La Ley General de Corporaciones en su Art.

19.1115, establece lo siguiente:

       Toda acción para interpretar, aplicar o hacer
       cumplir las disposiciones de un contrato de
       compañía de responsabilidad limitada, o los deberes,
       obligaciones o responsabilidades de una compañía de
       responsabilidad    limitada    a    los   miembros     o
       administradores de la compañía de responsabilidad
       limitada, o los administradores, deberes, obligaciones o
       responsabilidades      entre     los    miembros       o
       administradores y de los miembros o administradores
       de una compañía de responsabilidad limitada, o los
       derechos o poderes de, o restricciones sobre, la
       compañía de responsabilidad limitada, los miembros o
       administradores, podrán presentarse en el Tribunal
       de Primera Instancia. (Énfasis Nuestro).

       Además, La Ley General de Corporaciones en su Art. 19.20,16

otorga a los miembros de una corporación el derecho de solicitar

acceso a la información de la compañía y a resolver cualquier

controversia que surja al amparo de este Artículo en el Foro de

Instancia.

C. Interpretación contractual

       En nuestra jurisdicción opera el principio de libertad de

contratación. El Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,

establece que “[l]os contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” 17

Por ende, una vez perfeccionado dicho contrato, éste tiene fuerza de

ley entre las partes.18

14 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 709 (2014).
15 Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3951.
16 Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3970.
17 Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3372. En el presente recurso

son de aplicación las disposiciones del derogado Código Civil de 1930 debido a
que el Acuerdo Operacional fue suscrito en el año 2017.
18 Art. 1044 de Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2995.
KLCE202300809                                                             9

       Siendo así, cuando las partes otorgan un contrato, y éste es

claro, el contrato debe interpretarse en el sentido literal de la

palabra, conforme al Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico de

1930, el cual expresa que “[s]i los términos de un contrato son claros

y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al

sentido literal de sus cláusulas.            Si las palabras parecieren

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá

ésta sobre aquéllas”.19

       La Ley General de Corporaciones, en su Art. 19.01(g), define

los contratos de compañías de responsabilidad limitada de la

siguiente manera:

                Significa aquel contrato escrito (sea llamado
          contrato de compañía de responsabilidad limitada,
          contrato operacional, o de cualquier otra forma),
          adoptado por los miembros de una compañía de
          responsabilidad limitada para regir los asuntos
          internos y administración de la compañía de
          responsabilidad limitada. Un contrato de
          compañía de responsabilidad limitada será válido
          aun cuando la compañía de responsabilidad
          limitada tenga un solo miembro. Un contrato de
          compañía de responsabilidad limitada podrá
          proveer derechos a cualquier persona, incluyendo
          una persona que no sea parte del contrato de
          compañía de responsabilidad limitada, según
          dispuesto en dicho contrato. 20

       Dicha ley, además, en su Art. 19.1121, establece que, en caso

de controversias con la interpretación del contrato, las partes

podrán presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia. Es decir,

el Foro de Instancia tiene jurisdicción para atender cualquier

controversia en cuanto a interpretación del acuerdo operacional

otorgado por las partes.

       Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo

siguiente:

                Las partes se obligan a todos los extremos
          de lo pactado que sean conformes a la ley, a la

19 Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3471
20 Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3951
21 Ley Núm. 164 de 2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3961
KLCE202300809                                                                10

           moral y al orden público. Por otro lado, la atadura
           o vínculo contractual tiene sus límites en la
           voluntad expresa de las partes y, claro está, en
           todo aquello que sea derivado de las
           expectativas razonables de lo que la buena fe
           dicta respecto a la relación contractual. Paine
           Webber Inc. v. Sociedad de Gananciales, 151 DPR
           307 (2000). (Énfasis Nuestro). 22

                                     III.

       En el presente caso, el Peticionario, alega que erró el Tribunal

de Primera Instancia al referir a las partes al Centro de Medicación

de Conflictos, dado a que este carece de jurisdicción sobre la

materia.

       Según el derecho antes esbozado entendemos que, el Tribunal

posee jurisdicción para atender la controversia, esto debido a que la

Ley General de Corporaciones establece que el Tribunal de Primera

Instancia es el foro adecuado para dilucidar las disputas que giren

en torno a la interpretación de los contratos. Además, el propio

Acuerdo Operacional que otorgaron las partes en el Art. XIII (47)

establece lo siguiente:

              47.Specific Performance. Each Member agrees
       with the other Members that the other Members would
       be irreparably damaged if any of the provisions of
       this Agreement are not performed in accordance
       with their specific terms and that monetary
       damages would not provide an adequate remedy in
       such event. Accordingly, it is agreed that, in addition
       to any other remedy to which the nonbreaching
       members maybe entitled, at law or in equity, the
       nonbreaching Members shall be entitled to injunctive
       relief to prevent breaches of this Agreement and,
       specifically, to enforce the terms and provisions of
       this Agreement in any action instituted in any court
       of the United States or any state thereof having
       subject matter jurisdiction thereof. (Énfasis
       Nuestro).

       Por tanto, según lo antes planteado, el Tribunal General de

Justicia    posee    jurisdicción    para         atender    las   controversias

presentadas.      Por   otro    lado,       las     partes    no    presentaron

reconsideración en cuanto a la determinación realizada por el Foro

22 PaineWebber Inc. v. Sociedad de Gananciales, 151 DPR 307, 312 (2000).
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Primario el 29 de marzo de 2023, por lo que, esta determinación es

ley del caso.

       Ahora bien, los demás errores planteados giran en torno al

proceso de mediación por lo que se discutirán en conjunto por estar

íntimamente relacionados entre sí.

       En nuestra jurisdicción opera el principio de pacta sunt

servanda, el cual obliga a las partes a cumplir con lo pactado entre

las partes. El Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,

expresa que “[s]i los términos de un contrato son claros y no dejan

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido

literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la

intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre

aquéllas. 23”.

        En el caso ante nos, las partes pactaron mediar cualquier

conflicto que surja del curso normal de los negocios. Como antes

discutimos, las cláusulas de los contratos se deben interpretar de

manera literal, siempre que estas sean claras y libre de

ambigüedades. El acuerdo otorgado por las partes, en su Art. V (24),

tiene una cláusula de mediación la cual lee como sigue:

               24.Mediation. In the event of dispute arising
        in the normal course of business, the members
        agree to submit the resolution of dispute to a
        qualified independent third-party mediator. The
        selection and appointment of said mediator shall be
        determined by a majority of members. Evidence of the
        selection shall be by Minutes or Resolution reflecting
        the selection, signed by a majority of the members, or
        the President and Secretary. (Énfasis Nuestro).

       No obstante, en el presente caso, el Sr. Trinidad Rosa está

solicitando acceso a los récords de la compañía y la liquidación

de ésta, además de argumentar el incumplimiento al Acuerdo

Operacional por parte del Sr. Arroyo Valentín.           Siendo así,

entendemos que, esto no es el curso ordinario de una Corporación.

23 Código Civil de Puerto Rico de 1930, supra.
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Concluimos que el incumplimiento del Acuerdo Operacional y la

solicitud de la liquidación de la compañía no son “prácticas diarias”

para la explotación de los negocios.

         Tomando en consideración lo antes mencionado, el propio

acuerdo provee un mecanismo para cuando la controversia gire en

torno al incumplimiento del contrato operacional otorgado por

los miembros de la compañía. En su Art. XIII (47), anteriormente

citado, las partes pactaron que en caso de que alguno de los

miembros no cumpla con lo establecido por el Acuerdo Operacional,

los restantes de los miembros tendrán derecho a cualquier acción

correspondiente en las cortes de los Estados Unidos. Consistente

con lo anteriormente discutido, las partes se sometieron a la

Jurisdicción del Tribunal General de Justicia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por lo que, le corresponde al Foro Primario

atender la controversia.

         Siendo así, entendemos que erró el Tribunal de Primera

Instancia al referir el caso a mediación, a razón de que la

controversia planteada no es del curso normal de los negocios.

Mas bien, se trata de alegaciones de daños por el incumplimiento al

Acuerdo Operacional por parte de un miembro de la compañía, para

el cual dicho contrato provee un remedio en su Art. XIII (47), el cual

discutimos anteriormente.

         Por su parte, el Foro de Instancia fundamentó su decisión de

paralizar los procedimientos y referirlos al Centro de Mediación de

Conflictos, en el caso de Paine Webber Inc. v. Sociedad de

Gananciales24. Es por esto por lo que, entendemos meritorio

distinguir entre el caso antes mencionado y el que tenemos ante

nuestra consideración. En el caso de Paine Webber Inc. v. Sociedad

de Gananciales25, las partes acordaron someterse a un proceso de

24 PaineWebber Inc. v. Sociedad de Gananciales, supra.
25 Id.
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arbitraje compulsorio, mientras que, en el caso ante nos, el pacto

de mediación está condicionado a que la disputa sea por el curso

normal de los negocios y no por cualquier otra controversia.

      Entendemos que el presente asunto trata sobre presuntos

incumplimientos del Acuerdo Operacional y la liquidación de la

Compañía de Responsabilidad Limitada, lo cual reiteramos, no es el

curso normal de los negocios. Por lo tanto, lo correspondiente es

cumplir con lo pactado según el Art. XIII (47) y que se ventile la

mencionada controversia en el Tribunal de Primera Instancia en un

proceso judicial ordinario y no en un proceso de mediación.

                                 IV

      Por los fundamentos expuestos, los cuales se hace formar

parte de esta Sentencia, expedimos el auto de Certiorari, se revoca

la “Orden” presentada ante nos, en la cual se refirió a las partes al

Centro de Mediación y Conflicto, y se modifica a los efectos que sea

el Tribunal de Primera Instancia quien adjudique la controversia de

forma indelegable. Así modificada se devuelve para la continuación

de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones