Court Opinion

ID: 9928535
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:05.767467+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:54.206090
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL ESPECIAL

 RAFAEL ÁNGEL RIVERA                                 CERTIORARI
   TORRES Y OTROS                                    Procedente del
                                                     Tribunal de
          Recurridos                                 Primera Instancia,
                                                     Sala Superior de
                v.                   KLCE202301219   San Juan

HON. SIGFRIDO STEIDEL                                Núm.:
      FIGUEROA                                       SJ2021CV04850

          Recurridos                                 Sobre:
                                                     Sentencia
 UNCLAIMED PROPERTY                                  Declaratoria
 RECOVERY SERVICES,
        LLC

        Peticionario
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Torres, Santiago
Calderón, Álvarez Esnard

Álvarez Esnard, jueza ponente

            RESOLUCIÓN EN RECONSIDERACIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

       Comparece ante nos Unclaimed Property Recovery Services,

LLC., (“Unclaimed Property” o “Peticionario”), mediante Certiorari

presentado el 3 de noviembre de 2023. Nos solicita que revoquemos

una Resolución emitida el 2 de octubre de 2023, notificada al

próximo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante esta, el foro a

quo declaró No Ha Lugar la solicitud de orden protectora presentada

por la parte Peticionaria.

       Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS

la expedición del auto de certiorari.

                                       I.

       El presente caso tiene su origen en una Demanda de Clase1

instada contra el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa (“Hon. Steidel

Figueroa”), en su calidad de director de la Oficina de Administración

1 Apéndice certiorari, págs. 1-13.

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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de Tribunales (“OAT”) y la OAT, (en conjunto, “los Recurridos”), por

un grupo de ciudadanos que reclamaban por sí y en representación

de todos los miembros que podrían formar parte de la clase, el

desembolso de intereses de intereses acumulados de ciertos fondos

depositados y que estuvieron bajo custodia judicial. Posteriormente,

el 10 de noviembre de 2021, los demandantes presentaron Segunda

Demanda de Clase Enmendada.2

       Tras varios trámites en el litigio, los Recurridos presentaron

un escrito intitulado Moción para que se Emita Orden Bajo la Regla

40.8 de Procedimiento Civil.3 Por virtud de esta, los Recurridos

solicitaron al foro primario que emitiera una orden al amparo de la

Regla 40.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.40.8, a los fines

de que ordenara a Unclaimed Property a recibir la citación a la toma

de una deposición. Señalaron que el Peticionario se había negado a

recibir la aludida citación y que esta tendría como fin obtener

información pertinente a la causa de acción.

       En respuesta a la aludida solicitud de los Recurridos, el 1 de

octubre de 2023, Unclaimed Property presentó, sin someterse a la

jurisdicción, un escrito intitulado Comparecencia Especial.4 En

síntesis, alegó que los Recurridos pretendían diligenciar la citación

a la deposición por conducto del abogado de la parte demandante,

con fines de obtener la descalificación de dicho bufete como

representantes legales de dicha parte. Expuso, además, que la

información que será objeto de la deposición es una impertinente a

la resolución de la controversia planteada.

       Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 2 de

octubre de 2023, notificada al próximo día, el foro a quo emitió

2 Íd, págs. 14-37.
3 Íd, págs. 53-66.
4 Íd, págs. 67-70.
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Resolución, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de orden

protectora instada por el Peticionario y expresó lo siguiente:

         Conforme surge de la Contestación a Segunda Demanda
         de Clase Enmendada (SUMAC 165), párrafos 31, 34, 37,
         40, 43, 46 y 49, en todos y cada uno de los casos
         individuales de cada un@ de las partes demandantes
         se expidieron cheques individuales e independientes a
         favor de Unclaimed Property Services, LLC. Dicho
         reclamo no ha sido controvertido. (Énfasis y subrayado en
         original).
         De igual manera, al presentar sus defensas afirmativas
         (SUMAC 165 - Defensas Afirmativas # 9 y 10), la parte
         demandada reclamó que: 1) en el presente pleito falta
         parte indispensable; y 2) los demandantes no han agotado
         los remedios disponibles para reclamar el desembolso de
         los intereses que son objeto de controversia en este pleito.
         Como resultado de lo anterior, y toda vez que en el
         presente caso se ha reclamado que los pagos obtenidos
         por cada un@ de l@s demandantes (sin intereses) se
         logró por conducto de Unclaimed Property Services,
         LLC, resulta necesario y pertinente que la parte
         demandada pueda conducir descubrimiento de prueba -
         entre otros asuntos - en torno a las gestiones que llevó a
         cabo Unclaimed Property Services, LLC en beneficio de
         cada un@ de l@s demandantes para agotar los remedios
         disponibles para solicitar el pago de intereses en cada uno
         de los casos individuales en los cuales se expidieron
         cheques independientes a favor de Unclaimed Property
         Services, LLC. (Énfasis nuestro).
         […].

         En desacuerdo, el 5 de octubre de 2023, Unclaimed Property

presentó Solicitud para que se Aclare Orden y/o de Reconsideración,

la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Orden emitida y

notificada el 10 de octubre de 2023.5

         Inconforme, el 3 de noviembre de 2023, el Peticionario acudió

ante esta Curia y le imputó al foro primario la comisión del siguiente

error:

         Cometió error y craso abuso de su discreción el Tribunal
         de Primera Instancia al denegar la orden protectora
         solicitada por una entidad jurídica que no es parte del
         litigio como lo es Unclaimed Property Recovery Services,
         LLC y ordenarle a someterse a una deposición mediante la
         cual     la  demandante-recurrida     pretende    obtener
         información que no es pertinente a la única controversia
         jurídica que pende ante el Tribunal de Primera Instancia.

5 Íd, págs. 87-89 y 100.
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      El 8 de noviembre de 2023, esta Curia emitió Resolución en la

que le concedimos un término de diez (10) días a la parte Recurrida

para que mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto de

certiorari y revocar la determinación recurrida. El 8 de junio de 2023,

la parte Recurrida presentó su Oposición a Petición de Certiorari.

      Posteriormente, el 30 de noviembre de 2023, esta Curia emitió

y notificó Resolución, en la que desestimamos el recurso de epígrafe

por falta de jurisdicción. En desacuerdo, el 6 de diciembre de 2023,

Unclaimed Property presentó Solicitud de Reconsideración, la cual

fue acogida mediante Resolución emitida el 11 de diciembre de 2023.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones
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de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son:

      (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
            a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
            derecho.
      (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.
      (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
            manifiesto en la apreciación de la prueba por el
            Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
            caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

   El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de
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Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

                    B. Descubrimiento de prueba

   La Regla 23 de Procedimiento Civil regula lo concerniente al

alcance del descubrimiento de prueba. 32 LPRA Ap. V, R. 23. El

descubrimiento de prueba persigue: 1) precisar los asuntos en

controversia; 2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio,

evitando así sorpresa en esta etapa de los procedimientos; 3) facilitar

la búsqueda de la verdad; y 4) perpetuar evidencia. Conforme a ello,

ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que el

procedimiento para descubrir prueba en la litigación civil está

concebido como uno amplio y liberal. Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

supra, pág. 490; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971

(2009).

      Sin embargo, esta liberalidad no debe interpretarse como una

absoluta.       Existen    dos    limitaciones     fundamentales      al

descubrimiento: (1) no puede descubrirse materia privilegiada,

según los privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia, y

(2) la materia a descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en

controversia. 32 LPRA Ap. V., R.23.1; Scotiabank v. ZAF Corp. et al.,

supra.     El   concepto   de    pertinencia     para   propósitos   del

descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado

en términos amplios. Íd. “Así, para que una materia pueda ser

objeto de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad

razonable de relación con el asunto en controversia.” Alfonso Brú

v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 1687 (2001). El criterio de

pertinencia incluye todos los asuntos que puedan tener cualquier

relación con la materia objeto del pleito, aunque no estén

relacionados con las controversias específicas esbozadas en las

alegaciones. ELA v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004). En lo concerniente

a materia privilegiada, se refiere exclusivamente a los privilegios
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reconocidos en las Reglas de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI; E.L.A. v.

Casta, supra. En ausencia de un privilegio específico reconocido por

dichas reglas probatorias no procede objeción alguna a un

descubrimiento de prueba bajo ese fundamento. García Rivera et al.

v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001).

                                III.

      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por ambas partes, resolvemos que no se han producido

las circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa tan

temprana de los procedimientos. De conformidad con la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, la parte Peticionaria no logró

demostrar que se cumplen con los requisitos para expedir el auto de

certiorari. Asimismo, al amparo de los criterios que guían nuestra

discreción instituidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

no intervendremos en la determinación recurrida. En ausencia de

abuso de discreción, este foro no debe intervenir con las

determinaciones del foro primario. La parte Peticionaria no ha

demostrado que el foro de instancia se excedió en el ejercicio de su

discreción, ni que erró en la interpretación del derecho. Tampoco

constató que el abstenernos de interferir en la determinación

recurrida constituiría un fracaso irremediable de la justicia en esta

etapa de los procesos. Por tanto, procede que se deniegue el recurso

de certiorari de epígrafe.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones