Court Opinion

ID: 9952379
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:45.11462+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:05.889904
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

                                                    Certiorari
  EL PUEBLO DE PUERTO                               procedente del
           RICO                                     Tribunal de
     Parte Peticionaria                             Primera
                                                    Instancia, Sala
                               KLCE202400054        Superior de
                                                    Bayamón
              v.
                                                    Criminal Núm.:
                                                    D LA2023G0043
                                                    D LA2023G0044
 DAVID ANDINO VÁZQUEZ                               D LA2023G0045
     Parte Recurrida                                D SC2023G0033
                                                    D SC2023G0034

                                                    Sobre:
                                                  INFR. ART. 6.02
                                                  LEY 168; INFR.
                                                  ART. 6.09 LEY
                                                  168; INFR. ART.
                                                  6.12D LEY 168;
                                                  INFR. ART. 401
                                                  LEY 4 (2 CASOS)
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

      Comparece el Pueblo de Puerto Rico, representado por la

Oficina del Procurador General y solicita que revisemos la Resolución

emitida el 11 de septiembre de 2023, y notificada el 13 de octubre

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de

Bayamón. Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó los casos

de epígrafe por violación a los términos para la celebración de un

juicio rápido dispuestos en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

Criminal, infra.

      Transcurrido el término para que la parte recurrida presente

su alegato en oposición a la expedición del auto, sin que hubiera

comparecido, damos por perfeccionado el recurso y procedemos a

su adjudicación.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202400054                                                       2

       Evaluada la solicitud y los documentos que obran en autos, a

tenor con lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal1, y por los fundamentos que exponemos a continuación, se

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida.

                                      I.

       El 29 de agosto de 2022, el Ministerio Público presentó dos

denuncias en contra del Sr. David Andino Vázquez. El 12 de enero

de 2023, se presentaron otras tres denuncias en su contra, por los

mismos cargos presentados en igual fecha en contra de los señores

Jonathan Andino Vázquez y Roberto Antonio Medina Pagán. El 31

de enero de 2023, se determinó causa para arresto contra todos los

imputados por todos los delitos.2 Los imputados prestaron la fianza

impuesta y quedaron bajo supervisión electrónica.

       El 21 de marzo de 2023, se determinó causa para acusar

contra todos los imputados por los delitos mencionados.3 Así, el 24

de marzo de 2023, se presentaron las acusaciones.4 El acto de

lectura de acusación se llevó a cabo el 17 de abril de 2023. La vista

para el juicio en su fondo fue señalada para el 15 de mayo de 2023.

Ese día, en su lugar, se celebró una vista sobre el estado de los

procedimientos y el TPI señaló el juicio para el 31 de mayo de 2023.5

       Surge de la minuta de la vista pautada para comenzar el juicio

que solamente comparecieron tres (3) de los (9) nueve testigos de

cargo. Luego de conversaciones en el estrado, el TPI informó que el

asunto sería reseñalado. A preguntas del tribunal, la Defensa

manifestó que la nueva fecha había sido escogida por las partes,

pero hizo constar que el Ministerio Público no se encontraba

preparado ese día. Además, la Defensa puntualizó que no

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
2 Apéndice del recurso, págs. 1-22.
3 Íd., págs. 23-32.
4 Íd., págs. 37-58.
5 Íd., págs. 59-61.
KLCE202400054                                                         3

renunciaba a los términos de juicio rápido. El juicio en su fondo

quedó pautado para el 18 de julio de 2023.6

       En esa vista del 18 de julio de 2023, el Ministerio Público

expresó que solamente compareció un testigo de cargo y que había

otro testigo que estaba disponible, aunque no presente en sala. Por

ello, expresó que no se encontraba preparado para iniciar los

procedimientos. El tribunal reconoció que los términos para la

celebración del juicio vencían el 24 de julio de 2023, pero expresó

que los términos podían extenderse. Así, y luego de conversaciones

en el estrado, el TPI ordenó la citación de dos testigos de cargo, entre

éstos, el agente confidente participante, denominado Agente 007.

Además, destacó que el próximo señalamiento sería el último día de

los términos extendidos y pautó el juicio para el 2 de agosto de

2023.7

       El 2 de agosto de 2023, solamente comparecieron cuatro (4)

de los nueve (9) testigos del Ministerio Público. Según surge de la

minuta, la Defensa expresó que, para poder iniciar el juicio, tenían

que estar presentes en sala todos los testigos de cargo para ser

juramentados y puestos bajo las reglas del tribunal; en particular,

el Agente 007. Entonces, ante la falta de varios de los testigos de

cargo, la Defensa solicitó la desestimación de las acusaciones por

violación a los términos de juicio rápido. Por su parte, el Ministerio

Público manifestó que se encontraba preparado para el juicio y que

comenzaría el caso con los testigos que estaban presentes en sala.

Trabada la controversia, el tribunal indicó que tendría que celebrar

una vista evidenciaria en cuanto a los términos de juicio rápido y

sugirió que se podía señalar otra fecha para que los testigos

6 Íd., págs. 63-64.
7 Íd., págs. 65-66.
KLCE202400054                                                        4

estuvieran presentes y comenzar los procedimientos. Así, el acto del

juicio quedó señalado para el 11 de septiembre de 2023.8

        Llegado el día, solo comparecieron tres (3) testigos de cargo y

un cuarto testigo se encontraba disponible, pero no en sala. El

Agente 007 no compareció. La Defensa hizo un recuento de todas

las suspensiones suscitadas por el Ministerio Público y en las cuales

planteó su derecho a un juicio rápido. El Ministerio Público expresó

estar preparado y solicitó que se comenzara el juicio con los testigos

que estaban disponibles en sala. La Defensa insistió en que todos

los testigos de cargo tenían que estar presentes en sala para poder

comenzar el juicio, en particular, el Agente 007.

        El TPI expresó que ese testigo nunca había comparecido, que

se habían extendido los términos para que el Ministerio Público

estuviera preparado y que “preparados significa que estén todos los

testigos disponibles o que se diga cuándo van a estar [,] ya sea en

esta tarde o mañana”.9 El foro añadió que:

        … está claro que no puede indicarles [al Ministerio
        Público] si están preparados o no, lo que sucede es que
        tienen que indicarnos, estamos para el primer día del
        juicio, y los testigos tienen que estar disponibles o
        renunciarse a ellos y ponerse a disposición, o
        indicarnos que por lo menos en dos días van a estar
        aquí, (…).

        […]

        … [E]n cuanto al otro testigo, cuándo va a estar
        disponible, porque ahora se está planteando algo
        diferente, como la posibilidad de que él no venga. (…).

        …[S]i el Ministerio Público nos dice que lo vamos a traer
        mañana o una fecha cierta, entonces sería diferente,
        pero están diciendo que están preparados, pero no
        saben si el testigo va a venir o no.10

        Entonces, el TPI celebró la vista evidenciaria estatuida en la

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal. Conforme se desprende de

la minuta, la prueba del Ministerio Público consistió en el testimonio

8 Íd., págs. 67-70.
9 Íd., pág. 76.
10 Íd., págs. 77-78.
KLCE202400054                                                       5

del agente Efraín Peña Santana. Tras el contrainterrogatorio, el

Tribunal concedió un receso hasta la tarde para que compareciera

el Agente 007.

        En la sesión de la tarde, luego de reinterrogar al agente Peña

Santana, el Ministerio Público solicitó que se eliminara de la

acusación al testigo ausente Agente 007 y que se procediera con la

celebración del juicio. Acto seguido, la Defensa reiteró su solicitud

de desestimación al amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento

Criminal, supra. Escuchados los argumentos de las partes, el TPI

desestimó las acusaciones por violación a los términos de juicio

rápido establecidos en la mencionada regla y ordenó la remoción de

la supervisión electrónica a todos los acusados. La Minuta

Resolución que recoge lo acontecido en la vista del 11 de septiembre

de 2023 contiene la firma del juez que presidió el procedimiento.11

        El 13 de octubre de 2023, el TPI notificó la Resolución,

mediante la cual “[p]or los fundamentos expuestos en corte abierta”

desestimó las acusaciones al amparo de la Regla 64(n)(4) de

Procedimiento Criminal.12

        El Ministerio Público presentó una oportuna moción de

reconsideración, a la que se opuso el Sr. David Andino Vázquez (Sr.

Andino Vázquez). Mediante resolución dictada el 3 de octubre de

2023, y notificada el 13 de octubre de 2023, el TPI denegó la moción

en oposición a la moción de reconsideración. En dicha resolución,

el foro primario nada dispuso en cuanto a la moción de

reconsideración presentada por el Ministerio Público.

        El 13 de noviembre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General, incoó el recurso

de certiorari KLCE202301266. El 29 de noviembre de 2023, este foro

apelativo intermedio desestimó por prematuro el recurso, al concluir

11 Íd., págs. 72-82.
12 Íd., pág. 86.
KLCE202400054                                                       6

que la moción de reconsideración estaba todavía pendiente de

resolver ante el foro primario.13

        Así las cosas, el Ministerio Público presentó ante el TPI una

Moción Solicitando Enmienda Nun Pru Tuc – Urgente (sic), solicitando

que se adjudicara su solicitud de reconsideración. En respuesta, el

foro de primera instancia denegó la solicitud de reconsideración,

mediante resolución emitida el 13 de diciembre de 2023, y notificada

el 14 de diciembre de 2023.14

        Entonces, el 16 de enero de 2024, el Pueblo de Puerto Rico

instó el recurso de certiorari de epígrafe para impugnar nuevamente

la resolución emitida por el TPI el 11 de septiembre de 2023, que

desestimó las acusaciones por violación a los términos de juicio

rápido establecidos en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal.

En su recurso, el Pueblo de Puerto Rico apuntó el siguiente

señalamiento de error:

        El Tribunal de Primera Instancia erró al dejar de
        fundamentar por escrito los fundamentos de su
        decisión de desestimar las acusaciones contra los
        recurridos, al amparo de la Regla 64(n) de las de
        Procedimiento Criminal, contraviniendo la instrucción
        de dicha regla y privando a las partes de comprender
        exactamente las bases para su determinación.

                                     II.

        El derecho constitucional a un juicio rápido está consagrado

en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y en el

Art. II, Sec. II de la Constitución de Puerto Rico. LPRA, Tomo 1. Este

se activa una vez el ciudadano está sujeto a responder (“held to

answer”), ya sea porque fue arrestado o porque de alguna forma se

pone en movimiento el mecanismo procesal que lo expone a una

condena.15

13 Íd., págs. 178-185.
14 Íd., pág. 190.
15 Pueblo v. Martínez Hernández, 208 DPR 872, 882 (2022).
KLCE202400054                                                        7

       La Regla 64(n) de Procedimiento Criminal16 establece los

términos de juicio rápido que rigen cada etapa del proceso penal. La

dilación en iniciar el juicio podría conllevar la desestimación de la

acción penal.17

       En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal18 dispone lo siguiente:

       La moción para desestimar la acusación o denuncia, o
       cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en
       uno o más de los siguientes fundamentos:

       .          .            .      .         .    .           .

       (n) Que existen una o varias de las siguientes
       circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa
       para la demora o a menos que la demora para someter
       el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su
       consentimiento:
       .         .         .         .        .        .         .

       (4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de
       los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación
       de la acusación o denuncia.

       .          .            .      .         .    .           .

       La Regla 64(n), supra, también dispone que el tribunal no

podrá desestimar una acusación o denuncia sin antes celebrar una

vista evidenciaria en la que las partes podrán presentar prueba y el

magistrado considerará los siguientes aspectos: (1) duración de la

demora; (2) razones para la demora; (3) si la demora fue provocada

por el acusado o expresamente consentida por éste; (4) si el

Ministerio Publico demostró la existencia de justa causa para la

demora, y (5) los perjuicios que la demora haya podido causar.

       Ninguno de estos criterios es determinante en la adjudicación

del reclamo de violación a los términos de juicio rápido. El peso de

cada uno está supeditado a las demás circunstancias relevantes que

el tribunal está obligado a examinar. La determinación de lo que

constituye justa causa será caso a caso y deberá estar basada en la

16 34 LPRA Ap. II, R. 64(n).
17 Pueblo v. Martínez Hernández, supra, pág. 883.
18 34 LPRA Ap. II, Regla 64(n)(4).
KLCE202400054                                                        8

totalidad de las circunstancias y dentro de los parámetros de

razonabilidad.19

       Por tanto, el mero incumplimiento con los términos de la Regla

64(n) de Procedimiento Criminal no constituye, por sí sola, una

violación al derecho a juicio rápido. Cónsono con ello, y según se

desprende de la propia Regla, los términos en ella dispuestos pueden

ser extendidos ante la existencia de justa causa, o cuando la demora

ha sido ocasionada por el propio acusado o con su consentimiento.

       Una vez el acusado reclama oportunamente violación a los

términos de juicio rápido, el Ministerio Público tiene el peso para

demostrar que la demora obedece a una justa causa. No obstante,

también puede demostrar que la demora la ocasionó el acusado o

que este renunció al derecho a juicio rápido de forma expresa,

voluntaria y con pleno conocimiento de su causa. Las demoras

intencionales y opresivas no son justa causa.20 Es decir, al Estado

le corresponde aducir una razón que justifique la demora o que la

ocasionó el imputado.21 En caso de que el Tribunal de Primera

Instancia determine que no hubo justa causa, procederá la

desestimación del proceso penal.22

       Por su parte, el imputado tiene que demostrar que la dilación

le ocasionó un perjuicio. Sin embargo, eso no significa que tiene que

demostrar un estado de indefensión. Únicamente tiene que

demostrar que ha sufrido un perjuicio, pero esa obligación no se

cumple con generalidades. El perjuicio sufrido tiene que ser

específico, no puede ser abstracto, ni apelar a un simple cómputo

del rigor matemático. Por el contrario, el perjuicio tiene que ser real

y sustancial.23 Las demoras institucionales que de ordinario se

atribuyen al Estado y que no son con el propósito de perjudicar al

19 Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 583 (2015).
20 Pueblo v. Santa Cruz, 149 DPR 223, 238-239 (1999).
21 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 572 (2009).
22 Pueblo v. Martínez Hernández, supra, pág. 883.
23 Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781, 792 (2001).
KLCE202400054                                                                         9

imputado           son    evaluadas        con     menos      rigurosidad      que   las

intencionales.24 Debemos señalar que, cuando la suspensión de un

juicio es por justa causa o por causa atribuible al imputado, los

términos de juicio rápido comienzan nuevamente a discurrir desde

la fecha en que esté señalada la vista.25

          Por último, la Regla 64(n), supra, enuncia que “[u]na vez

celebrada la vista, el magistrado consignará por escrito los

fundamentos de su determinación, de forma tal que las partes

tengan la oportunidad efectiva y objetiva de evaluar, si así lo

solicitan,          la        reconsideración        o       revisión     de     dicha

determinación”. (Énfasis suplido).

                                            III.

          En su recurso, el Pueblo de Puerto Rico alega que el TPI erró

al desestimar las acusaciones por violación a los términos de juicio

rápido       sin    consignar        por   escrito    los     fundamentos       de   su

determinación. Tiene razón.

          En este caso, la vista evidenciaria estatuida en la Regla 64(n)

de Procedimiento Criminal fue celebrada el 11 de septiembre de

2023. La Minuta Resolución de la vista tiene doce (12) páginas que

resumen lo que ocurrió en sala ese día. La Defensa hizo un recuento

de todas las suspensiones suscitadas por la falta de preparación del

Ministerio Público y las ocasiones en las que planteó su derecho a

un       juicio    rápido.      Ambas      partes    argumentaron         respecto    al

señalamiento             de    la   Defensa      referente    a   la    necesidad    de

comparecencia de todos los testigos de cargo al inicio juicio.

Escuchadas las argumentaciones, el TPI desestimó las acusaciones

en corte abierta. Luego, en la Resolución emitida el mismo día, el TPI

se limitó a consignar que desestima las acusaciones “por los

fundamentos expuestos en corte abierta”.

24 Íd.
25 Íd., págs. 791-792.
KLCE202400054                                                      10

      Sin embargo, de dicha Minuta Resolución no se desprende el

razonamiento judicial o los fundamentos que tuvo el tribunal para

conceder la solicitud de la Defensa y decretar la desestimación de

las acusaciones. Ésta meramente resumió las incidencias acaecidas

en el proceso judicial.

      Conforme la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, la

desestimación de una acusación tiene que estar basada en el

análisis de los aspectos así especificados. Así también, la precitada

regla exige que el magistrado consigne por escrito los fundamentos

de su determinación, de forma tal que las partes tengan la

oportunidad efectiva y objetiva de solicitar la reconsideración o

revisión de dicha determinación.

      La información escueta de la Resolución recurrida y aquella

contenida en la Minuta Resolución a la que alude, no constituye la

decisión escrita y fundamentada que exige la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal, supra, para que las partes tengan una

oportunidad efectiva y objetiva de solicitar la reconsideración o

revisión de dicha determinación. Así pues, luego de leer la

Resolución, así como la Minuta Resolución de la vista evidenciaria

llevada a cabo para evaluar los criterios de la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal, concluimos que el foro primario no cumplió

con los requisitos establecidos para atender una solicitud por

violación a los términos de juicio rápido.

      Ante el incumplimiento con las exigencias de la Regla 64(n) de

Procedimiento Criminal, supra, revocamos el dictamen recurrido.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de

certiorari y se revoca la resolución recurrida. Se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que emita una determinación

escrita, que cumpla con los requisitos de la Regla 64(n), supra, y su

jurisprudencia interpretativa. El TPI dará cumplimiento a lo
KLCE202400054                                                         11

ordenado, de manera expedita, sin tener que esperar por la remisión

de nuestro mandato, conforme establece en la Regla 214 de

Procedimiento Criminal26.

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

26 34 LPRA Ap. II, R. 214.