Court Opinion

ID: 9394829
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:21.9216+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.490535
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL IV

SOUTH SIDE CAPITAL LLC                                       Certiorari
                                                             procedente del
     Demandante-Recurrida                                    Tribunal de Primera
                                                             Instancia, Sala
                  v.                                         Superior de San
                                                             Juan
     INMOBILIARIA L.A. INC.,
          HEALTHCARE
    CONSULTING SERVICES               KLCE202300269
       INC., JOSÉ A. LÓPEZ
                                                             Caso Núm.:
        ALEJANDRO, TANIA
                                                             K CD2011-1722
      CARCASE MOURE Y LA
                                                             (802)
      SOCIEDAD LEGAL DE
          GANANCIALES
    COMPUESTA POR AMBOS

           Demandados
                                                             Sobre:

    CORTÉS ENTERPRISES,                                      Incumplimiento de
            INC.                                             Contrato, Cobro de
                                                             Dinero y Ejecución
        Parte Interventora-                                  de Prendas e
           Peticionaria                                      Hipoteca

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Juez Barresi Ramos, y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

         Comparece Cortés Enterprises, Inc., en adelante (CE o parte

interventora-peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos

solicita que revisemos la Resolución emitida el 2 de diciembre de

20221 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI). En virtud del referido dictamen, el foro primario permitió

la intervención de CE, y declaró No Ha Lugar la solicitud de

paralización y nulidad de embargo, y ejecución de sentencia.

1   La notificación de dicha resolución tiene fecha del 17 de enero de 2023.

Número Identificador
RES2023_____________
KLCE2023000269                                                               2

       Por los fundamentos que se expondrán a continuación, se

deniega la expedición de recurso de certiorari presentado.

                                      I.

       Surge de los documentos que obran en el expediente que, el

21 de febrero de 2002, Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) e

Inmobiliaria L.A., Inc. (ILA) suscribieron un Contrato de Préstamo

por la cantidad de $430,000.00 (Contrato #1).2 En dicho contrato

ILA se comprometió a pagar en ciento ochenta (180) plazos la

cantidad de $2,388.89 mensuales más los intereses acumulados

desde el 21 de marzo de 2002. y así sucesivamente los días 21 de

cada mes. Además, el Sr. José A. López Alejandro (en adelante, el

señor López Alejandro) era la parte garantizadora.3

       Años después, el 23 de enero de 2009, Healthcare Consulting

Services, Inc. (HCCS) y BPPR suscribieron un Contrato de Préstamo

(Contrato #2) por la cantidad de $750,000.00.4 Además, participó

del referido acuerdo, ILA como parte garantizadora, así como los

esposos, el señor López Alejandro y la Sra. Tania Carcase Moure

(señora Carcase Moure, en conjunto matrimonio López-Carcase),

como parte garantizadora solidaria prendataria. Ese mismo día,

BPPR extendió a HCCS una línea de crédito mediante un contrato

por la suma de $800,000.00.5 Mediante dicho contrato ILA acordó

constituir un gravamen mobiliario como garantía del préstamo y de

la línea de crédito.6 Específicamente, los bienes dados en prenda

eran tres (3) pagarés hipotecarios valorados en: 1) $430,000.00; 2)

$250,000.00; y 3) $169,000.00.7 Las tres (3) hipotecas afectaban

una propiedad inmueble, la cual era la Oficina Núm. 1105 del

Condominio Capital Center en San Juan, Puerto Rico (Oficina).

2 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 17-32.
3 Junto con el Contrato #1, ILA cedió al BPPR como prenda un pagaré hipotecario
por la cantidad de $430,000.00.
4 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 57-74.
5 Íd., a las págs. 77-93.
6 Íd., a las págs. 100-103.
7 Todos estos eran a favor del BPPR, vencederos a la presentación. Apéndice del

recurso de certiorari, a las págs. 105-119.
KLCE202300269                                                                   3

       De igual modo, ese mismo día, el matrimonio López-Carcase,

como garantizador, entregó en prenda un pagaré hipotecario por la

cantidad de $500,000.00 a favor de BPPR.8 Este gravamen fue

constituido sobre el Apartamento Núm. 9 en el Condominio The

Woods at Palmas del Mar en Humacao, Puerto Rico (Apartamento

Núm. 9).

       El 1 de agosto de 2011, BPPR presentó una Demanda sobre

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda

e hipoteca en contra de ILA, HCCS, el señor López Alejandro, la

señora Carcase Moure y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (SLG).9 En su demanda alegó que éstos

incumplieron con sus obligaciones de pago a pesar de los intentos

infructuosos que realizaron para cobrarlos. Además, expuso que

como acreedor optó por acelerar las deudas, y le solicitó al TPI que

ordenara el pago de las sumas adeudadas.

       El 15 de noviembre de 2011, el foro primario emitió una Orden

en la cual indicó que el caso continuaría su curso ordinario, aunque

la hipoteca del Apartamento Núm. 9 no estaba inscrita en el Registro

de la Propiedad.10

       Así las cosas, el 14 de diciembre de 2011, el BPPR presentó

anotación de la demanda ante el Registro de la Propiedad, mediante

el Asiento Núm. 147 del Diario Núm. 908.11 Luego el BPPR presentó

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, mediante la cual,

solicitó al TPI que dejara pendiente de ejecución la hipoteca del

apartamento concernido mientras dicho gravamen fuera inscrito en

el Registro de la Propiedad.12

8 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 124-138.
9 Íd., a las págs. 6-16.
10 Íd., a la pág. 146.
11 Apéndice del recurso de certiorari, a la pág. 296. También este mismo día, ILA,

HCCS, el señor López Alejandro, la señora Carcase Moure y la SLG contestaron la
demanda en su contra. Además, incoaron una reconvención en contra de BPPR y
una demanda contra tercero en contra del Departamento de Salud de Puerto Rico
(DS) y Management Consultant and Computer Services, Inc. (MCCS). En su
escrito, alegaron que MCCS interfirió torticeramente en la relación contractual
entre HCCS y el DS, y que ello produjo el incumplimiento de HCCS con el BPPR.
12 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 180-228.
KLCE2023000269                                                                  4

       Tras varios trámites procesales13, el 6 de junio de 2013, el foro

a quo dictó Sentencia Sumaria y de Desestimación, en la cual declaró

Ha Lugar la demanda y, en consecuencia, ordenó el pago solidario

entre ILA, el señor López Alejandro, la señora Carcase Moure y la

SLG, a excepción de HCCS.14 Además, decretó la venta en pública

subasta del bien inmueble (Oficina) en ejecución de las hipotecas

inscritas que lo gravaron, de no realizarse el pago. A su vez,

desestimó la acción de ejecución de hipoteca en cuanto al

Apartamento Núm. 9.

       Más tarde, el 21 de enero de 2014, PR Asset Portfolio 2013-1

International Sub, LLC (PRAPI) como nueva parte demandante,

presentó Moción en Solicitud de Anotación de Embargo en Ejecución

de Sentencia.15 En su escrito alegó que interesaba ejecutar la

sentencia antes mencionada en el Apartamento Núm. 9 para abonar

sumas adicionales a su sentencia, de conformidad con la Regla 56.1

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1. En cumplimiento

con una orden del TPI, PRAPI presentó estudio de título referente al

bien inmueble concernido.16

       Así, el foro primario ordenó la expedición de un mandamiento

dirigido al Registrador de la Propiedad de Humacao para que

anotara el embargo por la cantidad de $500,000.00 sobre el

Apartamento Núm. 9.17

       De otra parte, el 9 de julio de 2015, el señor López Alejandro

vendió a CE el bien inmueble en cuestión, y así lo hicieron constar

13 Mediante moción, el BPPR solicitó sustitución de parte demandante a PR Asset
Portfolio 2013-1 International Sub 1, LLC (PRAPI). Véase, Apéndice del recurso de
certiorari, a las págs. 234-235.
14 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 236-238.
15 Íd., a las págs. 256-261.
16 Íd., a las págs. 275-276.
17 Íd., a las págs. 277-279. El mandamiento y orden del embargo fue presentado

en el Registro de la Propiedad de Humacao, el 30 de julio de 2014. Además, el 6
de octubre de 2014, ordenó la venta y ejecución de sentencia en contra de la finca
embargada (Apartamento Núm. 9). Íd., a las págs. 298-300. No obstante, la
subasta fue cancelada por la incomparecencia de la representación de la parte
demandante. Íd., a la pág. 307.
KLCE202300269                                                                   5

mediante      Escritura    Número      Dos    sobre     Compraventa.18       Las

advertencias que surgen de dicho escrito indicaron que:

       Yo, la Notario, Doy Fe de haber hecho a los
       comparecientes las reservas y advertencias legales
       pertinentes, y muy especialmente les advertí lo
       siguiente:
             […]
             (d) Que no ha revisado personalmente los libros
             del Registro de la Propiedad a fin de
             determinar la existencia de cargas o
             gravámenes        sobre    el    Inmueble        y/o
             condiciones restrictivas que pudiesen limitar el
             uso del Inmueble;
             (e) Que se ha obtenido una certificación registral
             negativa acreditando que la finca no está inscrita
             en el Registro de la Propiedad;
             (f) Que la expedición de la certificación no cierra
             el Registro y que, por tanto, no obstante la
             certificación negativa, pueden existir cargas
             inscritas con posterioridad a la certificación;
             (g) La posibilidad de que otros documentos que
             afecten los derechos por la presente
             adquiridos      y/o     creados     hayan       sido
             presentados para inscripción con anterioridad
             al otorgamiento y/o a la presentación para su
             inscripción de una copia certificada de esta
             escritura en el Registro de la Propiedad y de la
             preferencia     o    superioridad que dichas
             cargas, gravámenes y/o derechos puedan
             obtener por razón de contribuciones sobre la
             propiedad. (Énfasis Nuestro)19

       Años después, el 16 de diciembre de 2021, PRAPI presentó

una nueva solicitud de ejecución de sentencia, mediante la cual

pidió la expedición de Mandamiento de Venta Judicial sobre el

Apartamento Núm. 9.20 El TPI ordenó la venta en pública subasta

de la finca concernida y la Secretaría del Tribunal expidió el

mandamiento correspondiente.21

       Así las cosas, el 6 de septiembre de 2022, se tramitó un Aviso

de Subasta, mediante el cual se hizo constar que la venta del

Apartamento Núm. 9 se celebraría el 8 de noviembre de 2022. A su

vez, dicho documento expuso que el embargo de la propiedad fue

18 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 458-462.
19 Íd., a las págs. 460-461. Luego de varios años, el 22 de agosto de 2022, el TPI
declaró Ha Lugar la solicitud de sustitución de parte demandante, a saber, de
PRAPI a South Side Capital, LLC (SSC). Íd., a la pág. 361.
20 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 319-322.
21 Íd., a las págs. 323-327.
KLCE2023000269                                                                     6

presentado el 30 de julio de 2014 y estaba anotado en Karibe, el 29

de diciembre de 2021.22

       El 7 de noviembre de 2022, CE presentó Moción Urgente sobre

Solicitud de Paralización de Venta en Pública Subasta y sobre

Nulidad de Embargo y Ejecución de Sentencia.23 Alegó falta de

notificación como titular del apartamento concernido. Además,

argumentó falta de partes indispensables en el pleito, toda vez que

el señor López Alejandro falleció el 1 de agosto de 2016, y su

sucesión no fue incluida. Expuso que sin dichas partes no procedía

la ejecución de la sentencia dictada.

       Por su parte, el 18 de noviembre de 2022, South Side Capital,

LLC (SSC) se opuso.24 En su escrito, alegó que CE adquirió el

Apartamento Núm. 9 con posterioridad a: i) la presentación de la

demanda; ii) la anotación de la Demanda; iii) la Sentencia emitida,

que condenó a la parte demandada al pago de las cuantías

reclamadas en la Demanda; y iv) a la anotación del embargo de dicho

inmueble. Argumentó que, de la escritura de compraventa, surgía

que no se revisaron las constancias en el Registro de la Propiedad.

Además, que si CE hubiera hecho la diligencia de revisar el Registro,

se enteraba de la anotación de la demanda y del embargo en contra

de la finca en cuestión.

       Evaluadas ambas posturas, el 2 de diciembre de 2022, el TPI

permitió la intervención de CE, pero denegó la solicitud de

paralización de los procedimientos de ejecución del embargo en

contra del Apartamento Núm. 9.25

       El 30 de enero de 2023, CE presentó sin éxito una moción de

reconsideración.26 Insatisfecha aun, acudió ante nos mediante el

recurso de certiorari de epígrafe y una moción en auxilio de

22 Íd., a las págs. 365-368.
23 Íd., a las págs. 455-457.
24 Íd., a las págs. 466-473.
25 Íd., a las págs. 1-2. Esta resolución fue notificada a CE, el 17 de enero de 2023.
26 Apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 3-4.
KLCE202300269                                                               7

jurisdicción para paralizar los procedimientos del presente caso. El

21 de marzo de 2023, emitimos Resolución mediante la cual

declaramos Ha Lugar dicha moción y se concedió plazo a SSC para

presentar su oposición.

      En su recurso de certiorari, CE imputó al foro primario los

siguientes señalamientos de error:

      Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de
      paralización y sobre nulidad de embargo y ejecución de
      sentencia por haber sido desestimada la causa de
      acción sobre el bien inmueble embargado.

      Erró el TPI al no paralizar la ejecución de sentencia por
      falta de partes indispensables.

      Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de
      paralización y sobre nulidad de embargo y ejecución de
      sentencia a pesar de que el bien inmueble objeto de la
      presente causa de acción no constaba inscrito por
      defectos de título y caducidad al momento de la
      anotación del embargo.

      El 4 de abril de 2023, SSC fijó su posición en cuanto al recurso

de   certiorari     presentado   por     CE.    Con   el   beneficio   de   la

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.

                                       II.

                                       A.

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

Corp. v. Am. Int'l In. Co., 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). En el ámbito judicial, el concepto discreción “no significa

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del

resto del Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La

discreción,       “es   una   forma     de     razonabilidad   aplicada     al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.”

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___

(2023); 800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., supra, a la pág.
KLCE2023000269                                                      8

174.

       En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 337. Dicha Regla dispone

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

       “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
       Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
       R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
       supra.

       No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia:

       “cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad
       de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
       relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en
       la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
       irremediable de la justicia.” Íd.

       Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su

decisión.” Íd.

       Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de

una orden de mostrar causa. Estos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.
KLCE202300269                                                         9

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
       Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                    B.

       Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario

está reconocido el principio de la fe pública registral. Medina y otros

v. Medina Garay, 170 DPR 135, 142 (2007). Como norma general, la

inscripción de los derechos reales sobre inmuebles es declarativa,

toda vez que estos se constituyen, modifican, transmiten o

extinguen, con eficacia jurídica, fuera del Registro de la Propiedad.

Luis   Rafael    Rivera   Rivera,    Derecho    Registral   Inmobiliario

Puertorriqueño, 3ra Edición, Jurídica Editores, 2012, a la pág. 42.

Es decir, no siempre coincide la realidad registral con la realidad

extrarregistral. Vázquez v. Administración de Reglamentos y

Permisos, 128 DPR 513, 532 (1991).

       Así, nuestro derecho registral está fundamentado en la

presunción de que las inscripciones en el Registro de la Propiedad

son correctas y ciertas. Medina y otros v. Medina Garay, supra, a la

pág. 143. Ello para salvaguardar la certeza del tráfico económico

inmobiliario y lograr mediante la publicidad ante terceros de

aquellos derechos que constan inscritos en el propio Registro. López

García v. López García, 200 DPR 50,67 (2018); Distribuidores Gas PR

v. Registradora, 188 DPR 351, 359 (2013). En cuanto a los títulos
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inscritos, el Art. 53 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979,

conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad27 (Ley

Núm. 198), establece que surtirán efecto sobre terceros en la fecha

de su inscripción. Particularmente, dispone que “[s]e considerará

como fecha de inscripción, para todos los efectos que esta deba

producir, aun para determinar el plazo necesario para la

cancelación de asientos, la fecha de la presentación que deberá

constar en la inscripción misma”.28 (Énfasis nuestro).

                                        C.

       De otra parte, el Art. 112 de la Ley Núm. 198, supra,

pormenoriza las personas que pueden solicitar la anotación

preventiva de sus respectivos derechos en el Registro de la

Propiedad, éstas son:

       1ro. El que reclamare en juicio la propiedad de bienes
       inmuebles o la constitución, declaración, modificación
       o extinción de cualquier derecho registrable o el que
       reclamare en alguna acción que afecte al título de
       propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o
       invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la
       adquisición, constitución, declaración, modificación o
       extinción de los precitados derechos registrables.

       2do. El que con arreglo a derecho obtuviere a su favor
       mandamiento de embargo, sobre bienes inmuebles del
       deudor.

       […]29

       El Tribunal Supremo ha resuelto que la anotación preventiva

de embargo produce una afección de los terceros adquirentes o

titulares de derechos reales sobre el bien embargado, siempre que

tengan una fecha posterior a la anotación. (Énfasis Nuestro)

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 842 (2010). Mientras

que, quedan inmunes, si sus títulos son de fecha anterior, aunque

se inscriban con posterioridad a la anotación. Íd., citando a L. Díez-

27 30 LPRA sec. 2256. Esta legislación es aplicable a los hechos del presente caso,
toda vez que ocurrieron con anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 210-
2015, según enmendada, conocida como Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 30 LPRA sec. 6001 et seq.
28 Íd.
29 30 LPRA sec. 2401.
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Picaso y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed.

Tecnos, 1989, Vol. III, págs. 331-332.

                                          III.

          En esencia, la parte interventora-peticionaria nos solicita que

revisemos la Resolución recurrida, en la cual el TPI declaró No Ha

Lugar la solicitud de paralización sobre nulidad de embargo y

ejecución de sentencia presentada por ésta. En su recurso, alega

que el foro primario erró al denegar dicha solicitud, toda vez que fue

desestimada la causa de acción sobre el bien inmueble embargado.

A su vez, argumenta que el foro a quo incidió al permitir el

procedimiento de ejecución de sentencia sin la comparecencia de la

sucesión del señor López Alejandro. Expone que estos herederos son

partes indispensables. Por último, imputa error al foro judicial

recurrido por rechazar la paralización de los procedimientos, toda

vez que el aludido apartamento carecía de inscripción por defectos

de título y caducidad al momento de la anotación del embargo.

          Tras un ponderado examen del récord ante nos, las

alegaciones de las partes y el derecho aplicable, forzoso es colegir

que CE adquirió la propiedad inmueble concernida en una fecha

posterior a la anotación del embargo. En específico, la anotación

preventiva de dicho mecanismo fue presentada en el Registro,

mediante Mandamiento, el 27 de marzo de 2014 y anotada en

Karibe, el 29 de diciembre de 2021.30 Mientras que, CE adquirió la

aludida finca mediante escritura de compraventa con fecha de 9 de

julio de 2015, la cual fue presentada en el Registro el 19 de julio de

2021.

          Según pormenorizamos, el Art. 53 de la Ley Núm. 198, supra,

establece que la inscripción de un documento en el Registro de la

Propiedad se retrotrae al momento de la presentación. Por lo tanto,

la fecha de inscripción de un escrito en el Registro de la Propiedad

30   Apéndice del recurso de certiorari, a la pág. 492.
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es la misma de la presentación. Por ello, la anotación de embargo es

efectiva contra la parte interventora-peticionaria, toda vez que su

título adquirido sobre el Apartamento Núm. 9 es posterior a la

anotación del embargo.

       De otro lado, a poco examinar el expediente nos percatamos

que el presente caso está en su etapa post sentencia. Por tal razón,

no nos convence el argumento de CE en cuanto a la falta de partes

indispensables porque la sentencia que se pretende ejecutar fue

adjudicada cuando el señor López Alejandro estaba vivo.

       En suma, al considerar todos los criterios establecidos en

nuestra Regla 40, supra, y los planteamientos de la parte

interventora-peticionaria, debemos determinar, en nuestro ejercicio

discrecional, denegar el auto de certiorari solicitado. El TPI no fue

arbitrario, ni abusó de su discreción al ordenar la ejecución de

sentencia en este caso, la cual es final y firme, mediante el

mecanismo del embargo.31

                                       IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se                      deniega la

expedición del recurso de Certiorari, presentado por CE, de

conformidad con la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.

       Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones

31 Cabe señalar que la anotación de embargo proviene de una ejecución de
sentencia que advino final y firme, la cual se hizo para asegurar el crédito de un
acreedor del titular del bien inscrito. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la
pág. 842. Esta acción no se relaciona con la desestimación de la ejecución de
hipoteca en contra de dicho bien inmueble.