Court Opinion

ID: 9941540
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:48.726372+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.527896
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

 ANNE MARIE TERÓN                           Apelación
 AGUILÚ, ARNOY TERÓN                        procedente del
 AGUILÚ Y DIGNA DE                          Tribunal de Primera
 JESÚS                                      Instancia
                              KLAN202300977 Sala Superior de
       Apelados                             San Juan

            v.                                   Civil Núm.
                                                 SJ2021CV02791
  ARDIN TERÓN
  SANTIAGO, AMIR J.                 Sobre:
  TERÓN LLADÓ,                      Acción de Sentencia
  MIRELY TERÓN                      Declaratoria;
  LLADÓ, INA TERÓN                  Injuction
  MOLINA, IAN TERÓN                 Enriquecimiento
  MOLINA, FULANO DE                 Injusto;
  TAL                               Nombramiento de un
                                    Contador-Partidor;
      Apelantes                     Partición de
                                    Herencia
 Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla
 Ortiz, el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Bermúdez Torres1.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

       Comparece       el     señor      Ardín   Terón   Santiago       (en

 adelante,       el   señor      Terón    Santiago   o   el   apelante)

 mediante    recurso        de    apelación      presentado   el    2   de

 noviembre de 2023. Solicitó la revisión de una Sentencia

 Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

 Sala Superior de San Juan, el 6 de marzo de 2023 y

 notificada por edicto el 15 de septiembre de 2023.

 Mediante el referido dictamen, el foro primario confirmó

 la validez del: (a) testamento del señor Lorenzo Terón

 Del Rio otorgado ante el Notario José Juan González

 Torres el día 6 de junio de 2009 a las 10:30am mediante

 escritura número cuatro; y (b) testamento de la señora

 1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2023-188, se designa al
 Hon. Abelardo Bermúdez Torres.

Número Identificador
SEN2024 ______________
KLAN202300977                                                           2

Ana Amelia Santiago Avilés otorgado ante el Notario José

Juan González Torres el día 6 de junio de 2009 a las

11:30am mediante escritura número cinco.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación,

CONFIRMAMOS la sentencia apelada.

                                       I.

      El 4 de noviembre de 2021, Anne Marie Terón Aguilú,

Arnoy Terón Aguilú y Digna De Jesús (en adelante la

señora Terón Aguilú o la apelada) presentó una Demanda

contra el señor Terón Santiago, Amir J. Terón Lladó,

Mirely Terón Lladó, Ina Terón Molina, Ian Terón Molina

y fulano de tal.2           En síntesis, allí se solicitó una

sentencia         declaratoria       validando     los     testamentos

abiertos del señor Lorenzo Terón Del Río y la señora Ana

Amelia Santiago Avilés.3

      Posteriormente, el 18 de mayo de 2022, el señor

Terón Santiago radicó su Contestación a la Demanda,

Reconvención y Demanda conta Coparte donde solicitó: (1)

la nulidad de los testamentos abiertos del señor Lorenzo

Terón Del Río y la señora Ana Amelia Santiago Avilés; y

(2) la apertura del ab intestado de ambos causantes.4

Además,      en   la    Reconvención    alegó    que     los   referidos

testamentos          eran       mancomunados     con     designaciones

reciprocas en beneficio de tercero.5

      De manera oportuna, el 15 de junio de 2022, la

señora       Terón     Aguilú    presentó   su   Contestación      a   la

Reconvención6 donde negó las aseveraciones de la referida

Reconvención.

2 Demanda, Anejo I, págs. 1-38 del Apéndice del Alegato del Apelante.
3 Íd.
4 Contestación a la Demanda, Reconvención y Demanda Coparte, Anejo

IV, págs. 50-57 del Apéndice del Alegato del Apelante.
5 Íd.
6 Contestación a la Reconvención, Anejo V, págs. 58-60 del

Apéndice del Alegato del Apelante.
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     Así las cosas, el 17 de octubre de 2022, la señora

Terón Aguilú presentó una Moción Solicitando Sentencia

Sumaria Parcial7 en cuanto a:

      a) La validez del testamento del señor Don Lorenzo
         Terón Del Rio;
      b) La validez del testamento de la señora Dona Ana
         Amelia Santiago Avilés;
      c) Confirme la legitimación activa de la Co-
         Demandante, Digna de Jesús;
      d) Desestimando con perjuicio la Reconvención del
         demandado Ardín Terón Santiago por no exponer
         una causa de acción que justifique la concesión
         de un remedio a su favor;
      e) Que le imponga al demandado Ardín Terón Santiago
         las costas y honorario de abogado a favor de
         los demandantes debido a la crasa temeridad del
         demandado al instar una Reconvención sin base
         legal alguna; y/o
      f) Que conceda cualquier otro remedio que en
         derecho   y/o   equidad   proceda   ante   estas
         circunstancias.

     De igual forma, el 17 de octubre de 2022, el señor

Terón   Santiago     radicó       una       Moción   en    Oposición     a

Sentencia Sumaria.8        En síntesis, alegó que existen tres

hechos en controversia: (1) que los dos testamentos

abiertos    fueron     adverados        y     elevados     a   escritura

pública;   (2)   que       los   dos    testamentos        abiertos    son

mancomunados         con         instituciones            recíprocamente

provechosas y beneficiosas a tercero; y (3) que los dos

testamentos abiertos son nulos por el incumplimiento del

Notario Público al no dar fe de que al menos dos testigos

conocían al testador.9

     Mientras que, el 14 diciembre de 2022, la señora

Terón Aguilú presentó su Réplica a Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria Parcial.10            En la misma, argumentó que

los referidos testamentos abiertos eran completamente

válidos y no adolecían de ningún vicio o error que

7  Moción de Sentencia Sumaria Parcial, Anejo VI, págs. 61-85 del
Apéndice del Alegato del Apelante.
8 Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, Anejo VII, págs. 86-91

del Apéndice del Alegato del Apelante.
9
  Íd.
10 Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial,

Anejo VIII, págs. 92-97 del Apéndice del Alegato del Apelante.
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amerite    su    nulidad.11          Además,    añadió        que    el

planteamiento     del    señor   Terón    Santiago       sobre      los

testamentos mancomunados era uno temerario que buscaba

atrasar el proceso, entorpecer la última voluntad de los

testadores y privar a los herederos de los bienes de la

herencia.12

      Entonces, el 6 de enero de 2023, el señor Terón

Santiago presentó su Dúplica a la Réplica en Oposición

a    Sentencia   Sumaria.13      Mediante      esta,   arguyó       que

existían controversia de hechos y, por ello, debía de

analizarse el elemento subjetivo, de intención y de

propósitos mentales de los testadores.14

      Así las cosas, el 6 de marzo de 2023, el foro

primario    declaró     Ha   Lugar   la   Solicitud      de    dictar

sentencia sumaria parcial mediante la cual confirma la

validez de los referidos testamentos abiertos.15               A esos

efectos, el Tribunal de Primera Instancia expresó lo

siguiente:

       “Evaluados los Testamentos, podemos constatar
       que el Notario dio fe de la comparecencia de
       los otorgantes, conocer personalmente a los
       comparecientes   incluyendo   los   tres   (3)
       testigos comparecientes, que los testigos no
       tenían tacha legal para ser testigos y que
       estos tenían plena capacidad legal para actuar
       como testigos. El Notario también da fe de que
       él y los testigos entiendan que los otorgantes
       tenían la capacidad legal para otorgar los
       Testamentos. No surge de los Testamentos que
       haya    habido    requisitos   esenciales    e
       imprescindibles que no se hayan cumplido dando
       algún espacio para cuestionar que se haya
       garantizado la autenticidad y la veracidad de
       la última declaración de voluntad de los
       testadores.” Íd.

11 Íd.
12 Íd.
13 Dúplica a la Réplica en Oposición a Sentencia Sumaria, Anejo

IX, págs. 98-99 del Apéndice del Alegato del Apelante.
14 Íd.
15 Sentencia Sumaria parcial, Anejo XI, págs. 101-111 del Apéndice

del Alegato del Apelante. Enmendada por la Sentencia Sumaria
Parcial Nunc Pro Tucn, Anejo XIII, págs. 113-123 del Apéndice del
Alegato del Apelante.
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      Luego,     las   partes     presentaron    una   Moción      de

Reconsideración16      y    una   Moción   en   Oposición     a   la

Reconsideración,17         respectivamente,      la    cual       fue

declarada No Ha Lugar por el foro primario sin entrar en

los méritos de esta.18

      Inconformes, el 19 de abril de 2022, el señor Teron

Santiago    acudió     ante   este   Tribunal    presentando       un

recurso de Apelación identificado con la codificación

alfanumérica KLAN202300343. Allí señaló los siguientes

errores:

      PRIMER ERROR: Cometió error de hecho y de derecho
      el Tribunal de Primera Instancia al decretar la
      validez de dos testamentos abiertos que adolecen
      del insubsanable defecto formal de no haberse
      identificado a los testadores por los testigos.

      SEGUNDO ERROR: Cometió error de derecho el
      Tribunal de Primera Instancia al no estimar que
      los testamentos de los finados a pesar de estar en
      instrumentos      públicos     separados,      son
      mancomunados.19

      Este Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia, el 25

de mayo de 2023, y determinó que el foro primario no

incurrió    en   los   errores     señalados.   Íd.      En   otras

palabras, confirmó la Sentencia Sumaria Parcial.

      Oportunamente, el 14 de junio de 2023, el apelante

presentó una Moción de Reconsideración y en Solicitud de

Orden al Tribunal de Primera Instancia en la cual señaló

que la notificación de la Sentencia Sumaria Parcial

emitida por el foro primario era inefectiva.20 Argumentó

16 Moción de Reconsideración a la Sentencia Sumaria Parcial, Anejo
XVI, págs. 132-136 del Apéndice del Alegato del Apelante.
17 Oposición a Moción de Reconsideración a la Sentencia Sumaria

Parcial, Anejo XVII, págs. 137-138 del Apéndice del Alegato del
Apelante.
18 Orden resolviendo la Moción de Reconsideración, Anejo XVIII,

págs. 139 del Apéndice del Alegato del Apelante.
19 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Anejo I, págs. 1-15 del

Apéndice del Alegato de la Apelada.
20 Aunque dicha Moción no fue incluida en el expediente ante nuestra

consideración, nos percatamos de ella y advinimos en conocimiento
de su contenido mediante el Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (“SUMAC”). Véase entrada número 100.
KLAN202300977                                                                6

que el Tribunal de Primera Instancia no notificó su

Sentencia       mediante     edicto     a   aquellas   partes      que      no

comparecieron,        pero     que    habían   sido    emplazadas         por

edicto. Íd.

      Así mismo, el 22 de junio de 2023, la apelada

presentó       una   Moción    en     Cumplimiento     de    Orden    y     en

Oposición a Reconsideración de la Sentencia. Íd.                          Allí

refutó las alegaciones del Apelante y sostuvo que no

procede la notificación de la referida Sentencia Sumaria

Parcial a aquellas partes que no comparecieron por estas

no ser parte indispensables. Íd.

      En consecuencia, el 28 de junio de 2023, este

Tribunal emitió una Sentencia en Reconsideración dejando

sin efecto su Sentencia del 25 de mayo de 2023 y devolvió

el caso al foro primario para que notificara la referida

sentencia por edicto a aquellas partes que fueron así

emplazadas. 21

      En       cumplimiento     con    nuestra      orden,    el     13    de

septiembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

emitió Notificación de Sentencia por Edicto enmendada.22

      Por ello, el 2 de octubre de 2023, el apelante

presentó una Moción de Reconsideración a la Sentencia

Sumaria Parcial ante el foro primario. Durante esa misma

fecha,     2    de   octubre    de     2023,   la    apelada    presentó

Oposición a Moción de Reconsideración a la Sentencia

Parcial.

21  Aunque dicha Sentencia no fue incluida en el expediente ante
nuestra consideración, nos percatamos de ella y advinimos en
conocimiento de su contenido mediante el Sistema Unificado de Manejo
y Administración de Casos (“SUMAC”). Véase entrada número 100.
22
   Aunque dicha Notificación no fue incluida en el expediente ante
nuestra consideración, nos percatamos de ella y advinimos en
conocimiento de su contenido mediante el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”). Véase entrada número
108.
KLAN202300977                                                7

     A esos efectos, el 3 de octubre de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia declaró NO HA LUGAR la Moción de

Reconsideración a Sentencia Parcial sin entrar en los

méritos.

     Aun en desacuerdo, el 2 de noviembre de 2023, el

apelante sometió el recurso de Apelación que nos ocupa

y señaló la comisión de los siguientes errores:

     PRIMER ERROR: Cometió error de hecho y de derecho
     el Tribunal de Primera Instancia al decretar la
     validez de dos testamentos abiertos que adolecen
     del insubsanable defecto formal de no haberse
     identificado a los testadores por los testigos.

     SEGUNDO ERROR: Cometió error de derecho el
     Tribunal de Primera Instancia al no estimar que
     los testamentos de los finados a pesar de estar en
     instrumentos públicos separados, son mancomunados.

     TERCER ERROR: Cometió error de derecho el Tribunal
     de Primera Instancia al no hacer una inferencia
     razonable por deducción lógica que surge de los
     propios testamentos que hubo o pudo haber dolo
     civil o fraude en cuanto a la manifestación de que
     todos los bienes eran gananciales cuando no lo
     era.

     Sobre esto, el 21 de noviembre de 2023, la apelada

sometió su Alegato en oposición.

     Con el beneficio de la comparecencia escrita de

ambas partes, damos por perfeccionados el recurso de

autos y procedemos a resolver.

                                 II.

                                 -A-

     En nuestro ordenamiento, el mecanismo de Sentencia

Sumaria procura, ante todo, aligerar la adjudicación de

aquellos casos en los cuales no existe una controversia

de hechos real y sustancial que exija la celebración de

un juicio en su fondo.     Rodríguez García v. UCA, 200 DPR

929 (2018).   Este mecanismo, está instituido en la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y su

función    esencial   es   el   permitir   que,   en   aquellos

litigios de naturaleza civil, una parte pueda mostrar,
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previo al juicio y luego del descubrimiento de prueba,

que no existe una controversia material de hecho que

deba ser dirimida en un juicio plenario; y que, por

tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa

evidencia para disponer del caso ante sí.                    Rodríguez

Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016).

     La   solicitud         de    sentencia     sumaria     puede       ser

interpuesta por cualquiera de las partes que solicite un

remedio   por    medio       de       una   moción    fundamentada       en

declaraciones     juradas         o    en   aquella    evidencia        que

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial

de hechos esenciales y pertinentes.                    Regla 36.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2.                            Por

consiguiente,     se       dictará     sentencia     sumaria,    si     las

alegaciones,           deposiciones,            contestaciones            a

interrogatorios        y     admisiones        ofrecidas,       junto     a

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna,

demostrasen que no hay controversia real y sustancial

sobre algún hecho esencial y pertinente y que; como

cuestión de derecho, procediese hacerlo.                 Regla 36.3(e)

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).

     En cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a

los que se refieren el precitado cuerpo de Reglas, es

sabido que estos son los que se conocen como hechos

materiales.     Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1.    Al respecto, un hecho material es aquel

que puede afectar el resultado de la reclamación de

acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.                Además, la

controversia sobre el hecho material tiene que ser real.

Esto es, que una controversia no es siempre real o

sustancial o genuina.            Por ello, la controversia deberá
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ser de una calidad suficiente como para que sea necesario

que un juez la dirima a través de un juicio plenario.

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.1; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214

(2010).

        En lo particular, la Regla 36.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, detalla el procedimiento

a seguir por las partes al momento de solicitarle al

tribunal que dicte sentencia sumariamente a su favor.                 A

esos efectos, la mencionada regla establece que una

solicitud a su amparo, deberá incluir lo siguiente: (1)

una exposición breve de las alegaciones de las partes;

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual

es solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación

concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no

hay   controversia       sustancial,    con   indicación       de   los

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen

estos    hechos,   así    como   de   cualquier    otro    documento

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente

del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable;

y (6) el remedio que debe concederse.          Regla 36.3(a) (1-

6) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a) (1-

6).

        Por otro lado, la parte que se oponga a que se dicte

sentencia     sumaria      deberá      controvertir       la   prueba

presentada por la parte que la solicita.                  Para ello,

deberá     presentar     su   contestación     a   la     moción     de

sentencia sumaria dentro del término de veinte (20) días
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de su notificación.          Dicho escrito, además de cumplir

con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir

el proponente, deberá contener:

       […]

       (b)

       (1)     […]

       (2) [U]na relación concisa y organizada,
       con   una   referencia   a   los   párrafos
       enumerados por la parte promovente, de los
       hechos esenciales y pertinentes que están
       realmente y de buena fe controvertidos, con
       indicación de los párrafos o las páginas de
       las declaraciones juradas u otra prueba
       admisible en evidencia donde se establecen
       los mismos, así como de cualquier otro
       documento admisible en evidencia que se
       encuentre en el expediente del tribunal;

       (3) una enumeración de los hechos que no
       están en controversia, con indicación de
       los   párrafos  o   las  páginas   de   las
       declaraciones   juradas   u   otra   prueba
       admisible en evidencia donde se establecen
       estos hechos, así como de cualquier otro
       documento admisible en evidencia que se
       encuentre en el expediente del tribunal;

       (4) las razones por las cuales no debe ser
       dictada la sentencia, argumentando el
       derecho aplicable. Regla 36.3 (b)(1-4)), 32
       LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(1-4).

     Ahora    bien,      cuando   se   presente   una   moción   de

sentencia sumaria y se sostenga en la forma que establece

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, la parte

contraria     no     podrá    descansar     solamente     en     las

aseveraciones        o    negaciones      contenidas     en      sus

alegaciones; sino que dicha parte estará obligada a

contestar en forma tan detallada y específica como lo

haya hecho la parte promovente.           De no hacerlo así, se

dictará la sentencia sumaria en su contra, si procede.

Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3(c).     Por tanto, el oponente deberá controvertir la

prueba presentada con evidencia sustancial y no podrá
KLAN202300977                                                          11

simplemente descansar en sus alegaciones.                 Roldán Flores

v. M. Cuebas et al., 199 DPR 66 (2018).

      Quiere decir que, para derrotar una solicitud de

sentencia sumaria, la parte opositora deberá presentar

contradeclaraciones           juradas     y     contradocumentos      que

pongan en controversia los hechos presentados por el

promovente.      Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de

la forma en que lo requiere la Regla aplicable, tales

hechos se podrán considerar como admitidos y se dictará

la sentencia en su contra, si procediese.                 Roldán Flores

v. M. Cuebas, Inc., supra.            De igual forma, si la parte

contraria no presenta su contestación a la sentencia

sumaria     en   el        término   reglamentario        provisto,   se

entenderá    que      la    moción   de   sentencia       sumaria   quedó

sometida para la consideración del tribunal.                 Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36.3.

      Por último, es preciso recordar que nuestro Máximo

Foro ha dispuesto que, como Tribunal de Apelaciones, nos

encontramos en igual posición que el Tribunal de Primera

Instancia para evaluar la procedencia o no de conceder

una solicitud de sentencia sumaria.                  Meléndez González

et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).                    A tales

efectos, nuestra revisión será una de novo y el análisis

que   realizaremos          se   regirá       por   las   disposiciones

contenidas en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra,

y su jurisprudencia interpretativa.

      En Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra el

Tribunal Supremo pauto lo siguiente:

      “[Al   revisar    la  determinación   de   primera
      instancia,     el     tribunal    de     apelación
      está limitado de dos maneras: primero, sólo puede
      considerar los documentos que se presentaron ante
      el foro de primera instancia. Las partes no pueden
      añadir en apelación exhibit[s], deposiciones o
KLAN202300977                                                           12

     affidávit[s]    que    no    fueron    presentados
     oportunamente en el foro de primera instancia, ni
     pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos
     nuevos   por    primera    vez   ante    el   foro
     apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo
     puede   determinar   si   existe    o  no   alguna
     controversia genuina de hechos materiales y
     esenciales, y si el derecho se aplicó de forma
     correcta. No puede adjudicar los hechos materiales
     y esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde
     al foro de primera instancia.” Citando a Vera v.
     Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334–335 (2004).

     Por    ello,       de   entender    que    procede    revocar     una

sentencia     sumaria,        debemos     indicar       cuáles     hechos

esenciales     y    pertinentes     están       en    controversia,     e

igualmente decir cuáles están incontrovertidos.                    Por el

contrario, si encontramos que los hechos materiales

(esenciales         y        pertinentes)           realmente       están

incontrovertidos, nuestra revisión se limitará a revisar

de novo si procedía en derecho su concesión.                    Es decir,

si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente

el derecho o no.         Íd, págs. 118-119.

                                        -B-

     El Artículo 616 del Código Civil de Puerto Rico de

1930, aplicable al caso ante nos, define el testamento

como el acto por el cual una persona dispone para después

de su muerte de todos sus bienes, o parte de ellos.                     31

LPRA § 2121.       Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha

expresado    que     éste     constituye       un    negocio     jurídico

solemne, unilateral, personalísimo y revocable. Sucn.

Caragol v. Registradora, 174 DPR 74 (2008).

     El testamento abierto es aquel en que el testador

manifiesta     su    última     voluntad       en    presencia    de   las

personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas

de lo que en él se dispone.             Art. 628 del Código Civil,

31 LPRA § 2144.         Este testamento es otorgado frente a un

notario y tres testigos idóneos.
KLAN202300977                                                          13

     Sobre       la    idoneidad     de    los   testigos    que   pueden

comparecer en un testamento, el Artículo 630 de nuestro

Código Civil, 31 LPRA § 2146, dispone lo siguiente:

     No podrán ser testigos en los testamentos:

     (1) Los menores de edad.
     (2) Los que no tengan la calidad de vecinos
       o   domiciliados    en    el   lugar    del
       otorgamiento,    salvo    en   los    casos
       exceptuados por la ley.
     (3) Los ciegos o los totalmente sordos o
       mudos.
     (4) Los que no entienden el idioma del
       testador.
     (5) Los que no estén en su sano juicio.
     (6) Los que hayan sido condenados por el
       delito de falsificación de documentos
       públicos o privados, o por el de falso
       testimonio.
     (7) Los dependientes, amanuenses, criados,
       ni persona otra alguna que trabaje en la
       misma oficina, o sea socio, o pariente
       dentro del cuarto grado de consanguinidad o
       segundo    de    afinidad    del    notario
       autorizante.

     El requisito de idoneidad implica que los testigos

no   posean       ninguna       de   las    causas      de   incapacidad

enumeradas en el Código Civil; que vean y entiendan al

testador; y, que por lo menos uno sepa y pueda leer y

escribir.        In re López Toro, 146 DPR 756, 766 (1998).

Además,     el        notario    y   dos    (2)    de    los    testigos

instrumentales deben conocer al testador. De no ser así,

se deberán utilizar testigos de conocimiento o proceder

con documentos de identificación y señas personales del

testador.     Art. 634-635 del Código Civil, 31 LPRA § 2150

y § 2151.     En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha

sido enfático en que la comparecencia de tres testigos

idóneos es un requisito formal para la validez del

testamento en ausencia del cual el testamento es nulo.

In re Rivera Vázquez, 155 DPR 267, 282–283 (2001);

véanse, también, Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108
KLAN202300977                                                  14

DPR 565 (1979); In re Méndez Rivera, 141 DPR 753 (1996);

In re López Toro, supra.

     Además, el Código Civil de Puerto Rico de 1930 exige

el cumplimiento de todas las formalidades indispensables

para dar validez a cualquier testamento. Si no se cumple

la   forma      delineada    por   el   estatuto,    no   existe

testamento.      Ahora bien, la solemnidad testamentaria se

refiere    a    requisitos   esenciales   para    garantizar   la

autenticidad y la veracidad de la voluntad del testador,

por lo que no todas las omisiones en que pueda incurrir

un   notario      necesariamente    vician   de     nulidad    el

testamento.      Art. 636 del Código Civil, 31 LPRA § 2152;

In re Maldonado Rivera, 159 DPR 73 (2003);                Paz v.

Fernández, 76 DPR 742, 752-753, 748 (1954).

     Las solemnidades se dividen en dos clasificaciones,

según la jurisprudencia: las de fondo y las de forma.

Deliz, et als. v. Igartúa, et als., 158 DPR 403 (2003);

Paz v. Fernández, supra.

     El Notario deberá dar fe expresa de haber cumplido

con las solemnidades de fondo, es decir, debe surgir de

la faz del testamento.       Paz v. Fernández, supra.      No se

permite traer prueba extrínseca de su cumplimiento a

posteriori.      Entre éstas se encuentran la dación de fe

de conocimiento y capacidad del testador, la dación de

fe de que hubo lectura del testamento abierto y que,

posterior a ello, el testador expresó su conformidad y

la dación de fe de que se observó el requisito de unidad

de acto.       Moreno Martínez v. Martínez Ventura, et al.,

168 DPR 283 (2006)

     En cambio, el cumplimiento de las formalidades

externas o de forma no tiene que surgir expresamente de

la faz del testamento.       En este caso, es suficiente con
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la dación de fe general de que se han cumplido todas las

formalidades requeridas por la ley.                 Corresponde a los

tribunales la apreciación en torno a si se han observado

o no las formalidades de forma y las consecuencias que

ello    acarrea     para    hacer     autentica     la    voluntad     del

testador. Deliz, et als. v. Igartúa, et als., supra, In

re: López Toro, supra; Paz v. Fernández, supra.

       De modo que, para identificar si un testamento

carece   de   una    formalidad        de   forma   o    de   fondo,    es

necesario     evaluar      si   la   ley    exige   que    se   consigne

expresamente en el testamento el cumplimiento de la

formalidad en cuestión.          Ahora bien, si el Código Civil

ordena que se haga constar expresamente algún requisito

en el testamento mismo, la omisión de ese requisito es

fatal para la validez del acto y no puede ser subsanado

por la certificación de haberse observado todas las

prescripciones legales.              Por el contrario, cuando la

omisión del notario es de naturaleza tal que la ley no

exige que se consigne expresamente en el testamento,

basta con que el notario dé fe de haberse observado todas

las prescripciones exigidas por el Código Civil vigente

respecto a los testamentos abiertos.                    Deliz Muñoz v.

Igartúa Muñoz, supra; In re: López Toro, supra; Pacheco

v. Sucn. Pacheco, supra.             Así, lo establece el Artículo

649 del Código Civil en su última oración: “[e]l notario

dará fe, al final del testamento, de haberse cumplido

todas las dichas formalidades y de conocer al testador

o a los testigos de conocimiento en su caso.” 31 LPRA §

2186.

       Al respecto, el Tribunal Supremo ha establecido que

si bien el notario debe, en el cumplimiento estricto de

su deber, consignar en el testamento quiénes de los
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testigos instrumentales conocen al testador, tal omisión

puede entenderse suplida por la constancia del notario,

en términos generales, de dar fe de haber llenado todas

las formalidades legales.         Bardeguez v. El Registrador,

27 DPR 214, 215-216 (1919).          Además, se ha resuelto que

no exige que se utilice una fórmula sacramental para

expresar que se ha cumplido con todas las formalidades.

Cintrón v. Cintrón, 70 DPR 771 (1950).              El notario no

viene     obligado    a   utilizar   las   mismas   palabras   que

expresa el Código Civil. Puede utilizar otras que tengan

el mismo significado o expresen la misma idea.             In re:

López Toro, supra; Paz v. Fernández, supra.

                                     -C-

        En   cuanto   a   los   testamentos   mancomunados,     el

Artículo 618 del Código Civil de Puerto Rico de 1930

establece que “[n]o podrán testar dos o más personas

mancomunadamente, o en un mismo instrumento, ya lo hagan

en provecho recíproco, ya en beneficio de un tercero.”

31 LPRA § 2123.

        L. Gerena Casanova, El Código Civil de Puerto Rico

de 2020: Cambios en la Sucesión Testada, 90 (Núm. 3)

Rev. Jur. UPR 895, 899 (2021), explica lo siguiente sobre

el articulo 618 del Código Civil de 1930:

             Veamos ahora lo dispuesto en el artículo 1640
        del Código Civil de 2020, sobre los testamentos
        mancomunados. Este artículo establece que “[d]os
        personas o más no pueden testar mancomunadamente
        o en un mismo documento, salvo que lo autorice la
        ley del Estado en que se otorga”. Esto se
        encontraba codificado en el artículo 618 del
        Código Civil del 1930, el cual expresamente
        impedía realizar testamentos mancomunados. “La Ley
        en   Puerto    Rico   prohíbe    los   testamentos
        mancomunados con objeto de evitar que, al testar
        juntas, una persona influya sobre la otra. Son
        mancomunados dos testamentos que se hacen en el
        mismo documento público. Si se hace en documento
        distinto, no es mancomunado”. Es decir, testamento
        mancomunado es cuando dos o más personas otorgan
        un testamento en conjunto. Esto está expresamente
        prohibido porque se quiere salvaguardar el
        carácter personal e íntimo del proceso de testar,
KLAN202300977                                                           17

     mientras se resalta su unilateralidad. Por lo
     tanto, se destaca que solamente una persona puede
     suscribir un testamento, adquiriendo así la
     característica de ser una acción unipersonal, pues
     se pretende brindar al testador toda la libertad
     posible para disponer sobre sus bienes y evitar
     que terceros puedan transgredir sus anhelos. El
     catedrático Efraín González Tejera, en su libro
     Derecho de Sucesiones, resalta la importancia de
     que sea un acto unilateral, al plantear que “[l]
     a actuación individual por parte del autor del
     testamento es una condición necesaria de validez
     porque, si además del testador concurriera otra
     persona al acto de otorgamiento, se violentaría
     normas de derecho obligatoria, tales como la
     prohibición contra los pactos sucesorios y otros
     requisitos   relacionados    con   su   naturaleza
     personalísima.” Y es que, evitar que sea un
     testamento mancomunado es una forma de destacar y
     honrar al testamento como un acto personal.

     Por    último,       los   tribunales      debemos     actuar     con

extrema     cautela        al      interpretar        las    cláusulas

testamentarias      y     evitar    declarar     la   nulidad     de   un

testamento basándonos en el apego a las formalidades.

Los requisitos de forma son esenciales e imprescindibles

sólo en la medida en que garantizan la autenticidad y la

veracidad de que el contenido del testamento es la última

voluntad del testador.             Deliz, et als. v. Igartúa, et

als., supra.

                                       III.

     En virtud del caso de epígrafe, el apelante nos

solicitó la revisión de la Sentencia Sumaria Parcial,

mediante la cual alegan que incidió el foro primario al

decretar    la    validez       del:   (a)    testamento    del   señor

Lorenzo Terón Del Rio otorgado ante el Notario José Juan

González Torres el día 6 de junio de 2009 a las 10:30am

mediante escritura número cuatro; y (b) testamento de la

señora    Ana    Amelia    Santiago     Avilés    otorgado      ante    el

Notario José Juan González Torres el día 6 de junio de

2009 a las 11:30am mediante escritura número cinco.                    Sin

embargo, tras evaluar el recurso de autos, y la Sentencia
KLAN202300977                                              18

Sumaria Parcial apelada, a la luz del derecho aplicable,

confirmamos el dictamen recurrido.     Veamos.

     Tal cual nos es exigido, debemos examinar de novo

si la Moción de Sentencia Sumaria Parcial interpuesta

por la apelada, así como la oposición instada por el

apelante, cumplió con los requisitos de forma que exige

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.      Examinadas

ambas mociones, así como las réplicas y demás escritos

sobre el asunto, concluimos que tanto la Moción de

Sentencia Sumaria Parcial de la apelada, así como la

oposición del apelante, cumplieron con tales requisitos.

     Ahora, habiéndose determinado lo anterior, debemos

evaluar si en el presente caso existen controversias de

hechos materiales que impidan la resolución sumaria

parcial del pleito.

     Conforme surge del expediente, el foro primario en

su   Sentencia   Parcial   considero     que     no   existía

controversial sustancial sobre las siguientes cuatro

determinaciones de hechos:

       1. El señor Don Lorenzo Terón Del Rio compareció
          ante el notario José Juan González Torres el
          día seis (6) de junio de 2009, y aparece como
          único otorgante de la escritura número cuatro
          (4); este testamento se leyó, y firmo, a las
          10:30 A.M. en San Juan, Puerto Rico
          (Testamento Terón del Río).
       2. El Testamento Terón del Rio fue inscrito en
          el Registro de Testamento el 11 de junio de
          2009.
       3. La señora Doña Ana Amelia Santiago Avilés
          compareció ante el notario José Juan González
          Torres el día seis (6) de junio de 2009, y
          aparece como única otorgante de la escritura
          número cinco (5); este testamento se leyó, y
          firmo, a las 11:30 A.M. en San Juan, Puerto
          Rico. (Testamento González Torres y en
          conjunto con el Testamento Terón del Rio, los
          Testamentos).
       4. El Testamento González Torres fue inscrito
          en el Registro de Testamentos el 11 de junio
          de 2009.
KLAN202300977                                                                 19

       No obstante, el foro primario no hizo constar en su

Sentencia Parcial los hechos controvertidos. Por estar

relacionado, atendemos el tercer señalamiento de error.

En su tercer señalamiento de error, el apelante sostiene

que el foro primario erró al no hacer una inferencia

razonable por deducción lógica sobre las afirmaciones

fraudulentas que manifiestan ambos testadores en los

referidos testamentos.

       Evaluados    los      documentos        que   acompañaron         a    la

Moción de Sentencia Sumaria Parcial, su Oposición y

demás       documentos       del     expediente,        así       como       las

determinaciones         de    hechos     enumerados         por    el     foro

primario, no encontramos ningún señalamiento de fraude

o    dolo   presentado       por    el   apelante      ni    evidencia       en

respaldo de tal alegación.                En otras palabras, según

surge del expediente, el apelante no colocó en posición

al    Tribunal     de    Primera      Instancia       para    atender         su

alegación de fraude.               Aquí, claramente, se pretende

litigar ante nos lo que no se trajo a la consideración

del foro primario.

       En nuestro Ordenamiento es harto conocido que este

Honorable      Tribunal      de    Apelaciones       está    en    la    misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento

de    revisar    solicitudes        de   sentencia      sumaria.         Esto,

precisamente porque está basado en el expediente. Sin

embargo,      estamos     limitados       en    atender       y    tomar      en

consideración       aquella        evidencia     que    las       partes      no

presentaron ante el foro primario.               Melendez González v.

M. Cuebas, supra.         De igual forma, las partes no pueden

esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por

primera vez ante nos.              Por lo tanto, estamos impedidos
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de   atender      el     tercer    señalamiento            de    error     en    sus

méritos.

      Por entender que no existen hechos controvertidos,

procedemos a revisar si el foro primario aplicó el

Derecho correctamente y en conjunto atendemos el resto

de los señalamientos de errores.

      En   cuanto        al   primer      señalamiento           de     error,    en

síntesis,      el        apelante      alega         que        los     referidos

testamentos       son     nulos     debido      al    incumplimiento             del

Notario Púbico con el requisito formal de dar fe de que

al menos dos testigos conocían a los testadores, y que

al menos uno sabía leer y escribir. Sin embargo, tal y

como repasamos en el derecho aplicable, la omisión del

notario de consignar en el testamento quiénes de los

testigos     instrumentales            conocen       al         testador    queda

suplida     por     la    dación    de     fe   general           del    notario.

Bardeguez v. El Registrador, 27 DPR 214, 215-216 (1919).

      En este caso, surge del expediente que el Notario

dio fe: (1) de la comparecencia de los otorgantes; (2)

de conocer personalmente a los comparecientes incluyendo

los tres testigos; (3) de que los testigos no tenían

tacha legal para ser testigos; (4) de que los testigos

tenían capacidad legal para actuar como tales; y (5) que

el   como      Notario        y     los     testigos             comparecientes

entendieron que los otorgantes tenían capacidad legal

para otorgar sus testamentos.                   Por último, el Notario

dio fe de haber cumplido con todas las formalidades

legales. Por lo tanto, el primer señalamiento de error

no fue cometido y el foro primario aplicó correctamente

el Derecho.

      Finalmente, pasemos ahora a discutir el segundo

señalamiento de error.               El apelante sostiene, en su
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segundo   señalamiento       de    error,   que    los       referidos

testamentos a pesar de estar en instrumentos públicos

separados son mancomunados.

     El Código Civil de Puerto Rico de 1930, en su

Artículo 618, prohíbe de forma clara y expresa que las

personas otorguen testamentos mancomunados, es decir, en

un mismo documento público de forma conjunta. 31 LPRA §

2123.

     Tras evaluar detalladamente los testamentos, surge

con meridiana claridad que ambos instrumentos públicos

fueron otorgados de forma separada, independiente y en

cumplimiento     de    las    formalidades        de     ley.       En

consideración con lo antes expuesto, entendemos que el

segundo señalamiento de error no fue cometido y el foro

primario aplicó correctamente el Derecho.

                                   IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la

sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera   Instancia        para    la    continuación         de   los

procedimientos,       de   forma    consistente        con   lo    aquí

dispuesto.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones