Court Opinion

ID: 9941519
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:00.550976+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.286225
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

   MILEANDRA FLORES                                     Recurso de Certiorari
      CONCEPCIÓN                                        procedente del Tribunal
                                                        de Primera Instancia,
          Recurrida                                     Sala Superior de
                                                        Humacao
                                 KLCE202301411
              V.
                                                        Caso Núm.:
                                                        HU2023RF00526
   CHANDLER PATTON
                                                        Sobre:
         Peticionario                                   Divorcio

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

                                        -I-

       Comparece ante nos el Sr. Chandler Patton (señor Patton o

peticionario) para solicitarnos que revoquemos una Orden emitida el

27 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao (TPI).1 Mediante dicha determinación, el TPI

declaró No Ha Lugar a la Moción solicitando desestimación y archivo de

la demanda de epígrafe que presentó el peticionario con relación a la

Demanda sobre divorcio y custodia que instó la señora Mileandra

Flores Concepción (señora Flores Concepción o recurrida).

       Transcurrido el término concedido a la recurrida para

expresarse en torno a los méritos del recurso sin su comparecencia, el

caso quedó sometido para su adjudicación.

       Por los fundamentos que esbozamos a continuación, denegamos

la expedición del auto del certiorari solicitado.

       Veamos los hechos procesales atinentes a este recurso.

1 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo V, pág. 25. Archivada y notificada en

autos el 28 de noviembre de 2023.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202301411                                                          2

                                  -II-

        La controversia ante nuestra consideración deriva de una

demanda de divorcio por ruptura irreparable y custodia presentada el

16 de octubre de 2023 por la señora Flores Concepción en contra del

señor Patton.2 En la misma, se adujo que el 3 de abril de 2023, la

demandante contrajo matrimonio con el peticionario en el estado de

Florida, Estados Unidos de América. Arguyó que las partes procrearon

dos (2) hijos: un menor de tres (3) años de edad y una menor de un (1)

año de edad, quien no está reconocida por el señor Patton. Estableció

que mantiene su domicilio y residencia en Puerto Rico con su hijo

desde septiembre de 2021 y con su hija desde su nacimiento. Esgrimió

que siempre vivió con sus hijos y que en un lapso de dos (2) años, el

señor Patton los visitó en una ocasión en febrero de 2023. Alegó que

ambas partes viajaron a Florida en marzo de 2023 para contraer

matrimonio, pero que retornó a Puerto Rico con sus hijos.3 Expuso que

las partes se reencontraron en agosto de 2023 cuando visitó al señor

Patton junto con los menores, pero se separaron el 16 de septiembre

de 2023 por un alegado acto de agresión y maltrato de parte del

peticionario contra la recurrida y su hijo, en presencia de su hija.

Manifestó que dicho evento causó daño emocional, físico y mental a

los menores.

        Precisó que el peticionario la alejó de sus hijos, pese a los

esfuerzos realizados para tenerlos y retornar a Puerto Rico. Concretó

que temía que sus hijos fuesen maltratados. Además, señaló que el

señor Patton atacó a sus hermanas cuando estaban embarazadas y

consumió sustancias controladas y alcohol con un infante en su brazo.

Por ello, solicitó la custodia legal de los menores y que se le prive al

peticionario de la patria potestad de su hijo. Reclamó que el TPI dictara

una urgente determinación inicial de custodia y retuviera la

2 Íd., Anejo I, págs. 1-8.
3 Íd., Anejo IV, pág. 4.
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jurisdicción en los asuntos relacionados a los menores. Por último,

peticionó referir el caso a un Examinador de Pensión Alimentaria.

       El 18 de octubre de 2023, tras la celebración de una Vista de

custodia de emergencia,4 el TPI emitió un dictamen urgente en el que

ordenó la custodia provisional de los menores a la señora Flores

Concepción y su regreso inmediato a Puerto Rico.5

       El 23 de octubre de 2023, la recurrida presentó un escrito en el

que informó que el 19 de octubre de 2023 se emplazó al peticionario

mediante entrega personal en Florida.6

       Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, la señora Flores

Concepción presentó una moción informativa indicando que el señor

Patton se negó a entregar a los menores dado que debía darse entera

fe y crédito al dictamen en la Corte en Hillsborough County, Florida.7

Informó que el peticionario instó una demanda de divorcio en la

aludida Corte y reclamó una custodia de emergencia, la cual no se

concedió. Reveló que cuando su abogada en Florida presentó una

petición de exequátur, un Juez planteó que el peticionario solicitó una

orden de emergencia para anular el decreto emitido el 18 de octubre

de 2023 por el TPI. Por ello, dicho Juez enunció que se debía

programar una audiencia entre los tribunales para dirimir el asunto

de la jurisdicción.

       Posteriormente, el 18 de noviembre de 2023, el señor Patton

presentó una Moción solicitando desestimación y archivo de la

demanda de epígrafe por incumplir con el Artículo 424 del Código Civil

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6771, sobre requisitos jurisdiccionales

para el divorcio.8 Mediante esta, sostuvo que el TPI carecía de

4 Tomamos conocimiento judicial del expediente del caso HU2023RF00526 en el
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm. 16.
5 Entrada Núm. 13 en SUMAC. Archivada y notificada en autos el 19 de octubre de

2023.
6 Entrada Núm. 14 en SUMAC.
7 Entrada Núm. 17 en SUMAC. Se anejó evidencia de plan médico, registros médicos

y de vacunas de los menores, certificación de estudios universitarios, contrato de
arrendamiento y cartas de vecinos, afirmando que la recurrida vive en Puerto Rico.
8 Apéndice de la Petición de Certiorari, Anejo III, págs. 11-14.
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jurisdicción sobre la materia dado que las partes establecieron su

domicilio conyugal en Hillsborough County, y que, dos (2) meses

previos a la fecha de la radicación de la demanda, la señora Flores

Concepción abandonó a sus hijos y al señor Patton. Aseveró que la

recurrida fue arrestada por agresión conyugal en Florida. Asimismo,

arguyó que el TPI no adquirió jurisdicción sobre su persona dado que

no lo emplazaron conforme a derecho. Por cuanto, solicitó la

desestimación de la demanda y la imposición a la recurrida del pago

de dos mil dólares ($2,000) por concepto de costas y honorarios de

abogado.

       Por su parte, el 21 de noviembre de 2023, la señora Flores

Concepción se opuso y manifestó que desde septiembre de 2021 reside

ininterrumpidamente             en   Puerto   Rico,   donde   cursa   estudios

universitarios, posee un inmueble alquilado con habitaciones para

cada menor desde enero del 2023, y sus hijos reciben atención

médica.9 Apuntó que consideró vivir en Florida, pero por el alegado

maltrato verbal y físico del peticionario, le comunicó a este que no

establecerían un hogar juntos, solicitaría el divorcio y continuaría

residiendo en Puerto Rico. Subrayó que el presunto domicilio conyugal

en Hillsborough County es la residencia de los padres del señor Patton,

la cual consta de cuatro (4) habitaciones, dos (2) ocupadas por las

hermanas del peticionario con sus respectivos hijos, una (1) ocupada

por sus padres y otra en la que el peticionario pernoctó con la

recurrente y sus hijos. Expresó que los cargos criminales en su contra

se archivaron y emanan de una llamada que realizó a la policía por un

acto de violencia doméstica perpetrado por el señor Patton. Afirmó que

el peticionario continúa reteniendo y ocultándole a sus hijos para

reclamar jurisdicción en el estado de Florida.

9 Íd., Anejo IV, págs. 15-24.
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       El 27 de noviembre de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar a la

desestimación y archivo de la demanda.10 En igual fecha, el Tribunal

a quo le anotó la rebeldía al señor Patton.11

       Inconforme con la denegatoria del TPI a desestimar y archivar la

demanda, el peticionario recurrió ante nos y le imputó a dicho foro la

comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL JUEZ SENTENCIADOR AL DECLARAR NO HA
       LUGAR LA MOCIÓN SOLICITANDO LA DESESTIMACIÓN
       RADICADA. ERRÓ EL JUEZ SENTENCIADOR AL NO
       CONSIDERAR TODAS LAS MATERIAS, ALEGACIONES Y LOS
       PLANTEAMIENTOS HECHOS POR LA PETICIONARIA EN SU
       MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN.

       En síntesis, el señor Patton solicitó la desestimación de la

demanda de divorcio por ruptura irreparable debido a que: (1) las

partes establecieron su domicilio conyugal en Hillsborough County y

que la demandante no ha residido en Puerto Rico durante un año

previo a la presentación de la demanda, y (2) los hechos que generaron

la ruptura ocurrieron en Florida, por lo que el TPI no poseía

jurisdicción y, como consecuencia, todos los remedios otorgados por el

Foro recurrido carecían de eficacia jurídica.

       En vista de los errores imputados, exponemos las normas

jurídicas pertinentes a este recurso.

                                        -III-

                                        -A-

       El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).

Este Tribunal tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al

intervenir con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En los procesos civiles, la expedición de

10 Íd., Anejo V, pág. 25. Archivada y notificada en autos el 28 de noviembre de 2023.
11 Entrada Núm. 24 en SUMAC.
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un auto de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y

excepciones contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras

I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). La

mencionada Regla dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo". 800 Ponce de

León v. AIJ, supra. Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento

de ejercer nuestra facultad discrecional:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
      el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
      la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      A tenor con estos criterios, como foro revisor, tenemos la

obligación   de   obrar   con    discernimiento      judicial   en   nuestra

intervención para no interrumpir a destiempo el trámite ante el

tribunal de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág.

98. De esta forma, de no estar presente algunos de estos criterios,

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari.

                                    -B-

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 10.2, enumera

los fundamentos por los que se permite la desestimación de la
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demanda como, entre otros, dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio. Al evaluar una moción de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, R. 10.2, el tribunal debe interpretar las alegaciones e la

demanda, de la manera más liberal posible a favor de la parte

demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409,

428-429 (2008). En este sentido, “el tribunal tomará como ciertos

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den

margen a dudas”. Íd., pág. 428; Colón Gorbea v. Sánchez Hernández

et al., 202 DPR 760, 765 (2019); Pressure Vessels PR v. Empire Gas

PR, 137 DPR 497, 505 (1994). Importante es que una demanda sólo

debe tener una relación sucinta y sencilla de los hechos

demostrativo de que la parte demandante tiene derecho a un

remedio. Véase, Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 6.1. No

obstante, en este ejercicio no se presumirán como ciertas las

conclusiones legales ni los elementos de la causa de acción

apoyados     por     aseveraciones      conclusorias.     R. Hernández

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed.,

San Juan, Lexis Nexis, 2017, pág. 307.

      Posteriormente, el tribunal debe determinar si, en base a los

hechos bien alegados en la demanda, existe una reclamación

plausible que justifique que la parte demandante tiene derecho a un

remedio, a la luz de la experiencia y el sentido común. Íd. De no

cumplir con el estándar de plausibilidad, “el tribunal debe

desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba

puedan probarse las alegaciones conclusorias”. Íd.

      Por ello, la demanda no debe desestimarse, excepto que se

demuestre que la parte demandante no tiene derecho a remedio

alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Aut. Tierras v.
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Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. Igualmente, la demanda

no debe ser desestimada si es susceptible de ser enmendada. Íd.

                                    -C-

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que ostenta un tribunal

para considerar y decidir los casos y las controversias que tiene ante

sí. FCPR v. ELA y otros, 211 DPR 521, 529 (2023); Cobra Acquisitions

v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 394 (2022), Adm. Terrenos v.

Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Cancel Rivera v. González

Ruiz, 200 DPR 319, 329 (2018); Rodríguez Rivera v. De León Otaño,

191 DPR 700, 708 (2014). El Tribunal tiene el deber de cerciorarse de

tener jurisdicción tanto de la materia como de la persona. FCPR v. ELA

y otros, supra, pág. 530. La jurisdicción sobre la materia es la

“capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia sobre

un aspecto legal”. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra,

citando a Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

Mientras, la jurisdicción sobre la persona es el poder que posee un

tribunal para sujetar a una persona a un dictamen. Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle, 184 DPR 689, 701 (2012).

      La determinación de la jurisdicción es el primer factor que todo

foro adjudicativo debe considerar. FCPR v. ELA y otros, supra; Natal

Albelo v. Romero Lugo y otros, 206 DPR 465, 537 (2021). Pues, los

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Íd. En este

sentido, las controversias relativas a la jurisdicción son privilegiadas y

se deben atender con preferencia. Íd. Si un tribunal carece de

jurisdicción,   debe   desestimar    la   reclamación   sin   atender   la

controversia en sus méritos puesto que, de emitir un dictamen sin

jurisdicción, no producirá efecto jurídico. FCPR v. ELA y otros, supra.

                                    -D-

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los casos

relacionados al derecho de familia están investidos del más alto interés

público y tienen carácter sui géneris. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR
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121, 128 (1998). Los tribunales, en su poder de parens patrie, deben

solventar los pleitos sobre patria potestad y custodia tras un análisis

objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias, con el único

y principal objetivo de velar por el interés óptimo del menor de edad.

Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 26-27 (2005); Santana Medrano v.

Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985); Véase Art. 604 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7283. El interés óptimo del menor

es un criterio cardinal en la determinación del domicilio del menor ante

desacuerdos entre los progenitores, en las medidas provisionales

relacionadas con los menores ante el divorcio de los progenitores y

otras acciones que vinculan a los menores. M. Fraticelli Torres, Las

instituciones familiares en el nuevo Código Civil, en El Código Civil de

Puerto Rico de 2020: primeras impresiones, San Juan: Fideicomiso

para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 2021,

pág. 99. Además, el poder de parens patrie faculta limitar los derechos

de otras partes para proteger al menor de edad, quien pertenece a uno

de los sectores más débiles de la sociedad y no puede abogar por su

propio bienestar. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 27.

      La jurisdicción de un tribunal para atender un pleito

relacionado a custodia afianza la complejidad que encaran estos casos.

R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación

comparada, Vol. II, San Juan: EJC Univ. Inter. PR, 2002, pág. 1327.

Pues, “[l]a naturaleza de los conflictos sobre la custodia y las relaciones

filiales pueden generar situaciones en las que varias jurisdicciones

tengan contacto con el menor y sus progenitores”. Íd.

      Con el fin de atender los conflictos jurisdiccionales, el Congreso

de Estados Unidos aprobó el Parental Kidnapping Prevention Act

(PKPA), 42 USC sec. 653 et seq. Dicho estatuto ocupa el campo en

decretos interestatales de custodia, Santiago v. Kabuka, 166 DPR 526,

534 (2005), y es aplicable a Puerto Rico. Cancel Rivera v. González

Ruiz, supra, en la pág. 330. “El PKPA ordena a los tribunales a
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reconocer entera fe y crédito a los decretos de custodia de otros estados

o   jurisdicciones,    siempre      que     éstos    hayan      sido    admitidos

consecuentemente con las disposiciones del estatuto y el foro original

continúe teniendo jurisdicción sobre la materia de custodia del

menor”. Santiago v. Kabuka, supra. Este estatuto estableció un

esquema de preferencia jurisdiccional cuando los progenitores están

en distintas jurisdicciones, excepto en eventualidades de emergencia.

Se basa en cuatro factores en el siguiente orden preferencial: (1) estado

de residencia del menor, (2) contactos significativos con el menor o sus

progenitores, (3) jurisdicción residual cuando no existe otro estado con

jurisdicción o ha declinado ejercerla y (4) situaciones en las que el

menor se encuentra en emergencia. Íd. pág. 535; Collazo Dragoni v.

Noceda González, 198 DPR 476, 484 (2017); R. Serrano Geyls, op. cit.,

pág. 1328. A saber:

      (c) A child custody or visitation determination made by a court
      of a State is consistent with the provisions of this section only
      if
          (1) such court has jurisdiction under the law of such State;
          and
          (2) one of the following conditions is met:
              (A) such State (i) is the home State of the child on the
              date of the commencement of the proceeding, or (ii)
              had been the child's home State within six months
              before the date of the commencement of the
              proceeding and the child is absent from such State
              because of his removal or retention by a contestant
              or for other reasons, and a contestant continues to
              live in such State;
              (B) (i) it appears that no other State would have
              jurisdiction under subparagraph (A), and (ii) it is in the
              best interest of the child that a court of such State
              assume jurisdiction because (I) the child and his parents,
              or the child and at least one contestant, have a
              significant connection with such State other than mere
              physical presence in such State, and (II) there is available
              in such State substantial evidence concerning the child's
              present or future care, protection, training, and personal
              relationships;
              (C) the child is physically present in such State and (i)
              the child has been abandoned, or (ii) it is necessary in an
              emergency to protect the child because the child, a
              sibling, or parent of the child has been subjected to or
              threatened with mistreatment or abuse;
              (D) (i) it appears that no other State would have
              jurisdiction under subparagraph (A), (B), (C), or (E), or
              another State has declined to exercise jurisdiction on the
              ground that the State whose jurisdiction is in issue is the
              more appropriate forum to determine the custody or
              visitation of the child, and (ii) it is in the best interest of
              the child that such court assume jurisdiction; or
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            (E) the court has continuing jurisdiction pursuant to
            subsection (d) of this section. 28 USCA sec. 1738A
            (Énfasis nuestro).

      El PKPA dispone como jurisdicción preferencial el estado de

residencia del menor. Santiago v. Kabuka, supra, 536; Cancel Rivera

v. González Ruiz, supra, en la pág. 333; Ortega, Jr. v. Morales Ortega,

131 DPR 783, 791 (1992). El estado de residencia del menor o home

state es definido como el estado donde el menor de edad haya residido

por los últimos seis (6) meses antes de instar la acción legal. Íd.;

Collazo Dragoni v. Noceda González, supra, pág. 483, refiriéndose a 28

USCA sec. 1738A(b)(4). Por otro lado, los periodos de ausencia

temporal se cuentan como parte de los últimos seis (6) meses en el

estado de residencia del menor. 28 USCA sec. 1738A(b)(4).

                                   -E-

      En torno a la jurisdicción en los casos de divorcio, el Artículo

424 del Código Civil dispone lo siguiente:

      Ninguna persona puede solicitar u obtener la disolución de su
      matrimonio por divorcio, de conformidad con las disposiciones
      de este Código, si no ha residido en Puerto Rico por un año, de
      manera continua e inmediatamente antes de presentar la
      petición, a menos que los motivos que dan lugar a la petición
      individual en que se funde haya ocurrido en Puerto Rico o
      cuando uno de los cónyuges reside aquí. El periodo de
      residencia del cónyuge promovente puede ser menos si la
      muerte presunta del cónyuge ocurre en Puerto Rico. 31 LPRA
      sec. 6771.

      En lo que respecta al término residencia, se definió como “el

lugar en que una persona se encuentra durante más o menos tiempo,

accidental o incidentalmente, sin intención de domiciliarse”. SLG Solá-

Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 688 (2011), citando a E.

Vázquez Bote, Concepto del domicilio en el derecho puertorriqueño, 61

Rev. Jur. UPR 25, 57 (1992). En cambio, el domicilio es “la residencia

habitual deseada y realizada . . . [que] supone una proyección

temporal, conforme con la nota de habitualidad”. Íd. A pesar de que

sólo se puede tener un domicilio que no es susceptible de cambiarse

hasta adquirirse otro, se puede tener varias residencias. Prawl v. Latifa

Delfín, 100 DPR 35, 37 (1971).
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                                  -IV-

        El peticionario plantea que el TPI cometió error al declarar No

Ha Lugar a su moción solicitando desestimación, dado que la acción

incoada por la recurrida carece de los requisitos jurisdiccionales

esenciales para una acción de divorcio en los tribunales de Puerto

Rico.

        Como cuestión de umbral, nos topamos ante un recurso

susceptible de revisión mediante certiorari, de conformidad con la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, debido a que se

recurrió ante un dictamen interlocutorio emitido por el TPI. De un

examen sosegado de los planteamientos de las partes, del expediente

ante nuestra consideración y de la normativa jurídica aplicable a este

recurso, determinamos denegar la expedición del auto de certiorari.

Declinamos intervenir con la determinación del Foro Primario dado

que, de los autos, no atisbamos que el TPI haya actuado contrario a

derecho, con abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error claro y

manifiesto al declarar No Ha Lugar a la solicitud de desestimación

presentada por el señor Patton. Será necesario que el foro primario

dirima las versiones encontradas sobre el lugar de domicilio de la

demandante y los menores procreados entre las partes y establezca las

conclusiones que entienda procedentes sobre su jurisdicción.

        La conclusión aquí alcanzada no es óbice para que en su

momento, una vez el TPI emita sus determinaciones sobre los diversos

asuntos ante su consideración, la parte que se entienda adversamente

afectada recurra nuevamente ante este Foro.

        Por último, por resultar académica ante la conclusión

anunciada la Moción en cumplimiento de orden y solicitud de

desestimación presentada que nos presentó la recurrida, se declara la

misma No Ha Lugar.
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                                 -V-

      Por las razones antes expuestas, declinamos intervenir y, en

consecuencia, se deniega la expedición del auto de certiorari. Se

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones