Court Opinion

ID: 9394873
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:18:25.318253+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.694907
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

 JOSÉ MIGUEL PÉREZ                         Apelación
 VILLANUEVA                                procedente del
                                           Tribunal de Primera
         Apelante                          Instancia,
                           KLAN202300240   Sala Superior de
            v.                             Aguadilla

  SUCESIÓN DE JOSÉ                         Civil Núm.
  ANTONIO GONZÁLEZ,                        AG2021CV01419
  compuesta por JOSÉ
  ALBERTO GONZÁLEZ                         Sobre:
  CORCHADO; JUAN                           Cobro de dinero
  CARLOS GONZÁLEZ
  CORCHADO, ISAAC
  RENÉ GONZÁLEZ
  CORCHADO y FELICHA
  GONZÁLEZ ROMÁN

       Apelados
 Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel
 Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2023.

       Comparece ante este foro el Lcdo. José Miguel Pérez

 Villanueva (licenciado Pérez o “el apelante”) y nos

 solicita que revisemos una Sentencia emitida por el

 Tribunal    de     Primera   Instancia,   Sala    Superior     de

 Aguadilla, la cual fue notificada el 7 de febrero de

 2023.     En virtud de esta, el foro primario declaró Ha

 Lugar una moción de sentencia sumaria instada por la

 Sucesión    de     José   Antonio   González,    la   cual   está

 compuesta por José Alberto, Juan Carlos e Isaac René,

 todos de apellidos González Corchado, y Felicha González

 Román (en conjunto, la Sucesión o “parte apelada”).

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLAN202300240                                                       2

                                  I.

     El 18 de noviembre de 2021, el licenciado Pérez

instó una Demanda sobre cobro de dinero, en contra de la

Sucesión.1     Como remedio, reclamó de la Sucesión el pago

de una suma principal ascendente a $21,750.00, además de

otra partida de $1,000.00, por concepto de honorarios de

abogado por temeridad, las costas del pleito y los

intereses por mora correspondientes.

     En síntesis, alegó que la suma adeudada corresponde

a servicios legales prestados a la parte apelada, quien

no satisfizo el monto acordado, según las condiciones

pactadas.      Según alegó, tales servicios consistieron en

la otorgación de un contrato de servicios profesionales,

en virtud del cual el licenciado Pérez llevó a cabo una

investigación y prestó asesoría legal conducente a la

impugnación de un testamento.           El licenciado Pérez alegó

también   que,    como    parte    de    los    servicios    legales

prestados, presentó un escrito de contestación a la

demanda y, además, compareció en varias ocasiones en

representación     de    la   Sucesión,    en    calidad    de   parte

demandada, en el caso civil número AG2019CV00171.2

     El 21 de abril de 2022, la Sucesión contestó la

demanda   y,    además,   presentó      una    reconvención.3       En

síntesis, adujeron que el licenciado Pérez no tiene

derecho al cobro de honorarios contingentes, debido a

que renunció a la representación legal antes de que el

caso se dilucidara en los méritos.              En la reconvención,

1 Demanda Cobro de Dinero, anejo 5, págs. 16-19 del apéndice del
recurso.
2 Por este medio, tomamos conocimiento judicial de que, en el

mencionado caso, la parte apelada fue demandada para solicitar la
división y liquidación de bienes hereditarios, por parte de otro
miembro de la Sucesión del Sr. José Antonio González, a saber, el
Sr. Luis Ángel González González. Véase, Regla 201 de Evidencia,
32 LPRA Ap. VI, R. 201.
3 Contestación a Demanda y Reconvención, anejo 7, págs. 24-29 del

apéndice del recurso.
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solicitó como remedio que el tribunal le ordene al

licenciado Pérez satisfacer $5,000.00, correspondientes

a gastos y honorarios de abogado por temeridad.              Por su

parte, el 25 de agosto de 2022, el licenciado Pérez

contestó la reconvención.4

      Luego de una serie de incidencias procesales, el 20

de diciembre de 2022, la Sucesión presentó una solicitud

de sentencia sumaria.5         Mediante esta, adujo que no

existían   controversias      de   hechos   respecto    a    que   al

licenciado Pérez no le asiste el derecho de cobrar los

honorarios     contingentes    que   fueron      pactados    en    el

contrato de servicios profesionales.

      El 13 de enero de 2023, el licenciado Pérez presentó

una contestación a la moción de sentencia sumaria.6                En

síntesis, reiteró su argumento de que tiene derecho al

cobro de honorarios contingentes, de conformidad con la

doctrina de valor razonable o quantum meruit.

      Tras evaluar la moción de sentencia sumaria y el

escrito de contestación, el 7 de febrero de 2023, el

foro primario notificó la Sentencia apelada.7            En virtud

de esta, declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria.

      En síntesis, el foro primario determinó como hecho

incontrovertido que, el 29 de julio de 2021 y a solicitud

de la Sucesión, el licenciado Pérez fue relevado de la

representación legal,        es decir, con anterioridad            al

inicio   del   juicio   en    su   fondo    en   el   caso   número

AG2019CV00171.      El juicio comenzó el 12 de agosto de

4 Contestación a Reconvención, anejo 8, págs. 30-31 del apéndice
del recurso.
5 Moción para Sentencia Sumaria, anejo 9, págs. 32-41 del apéndice

del recurso.
6 Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, anejo 10, págs. 42-47

del apéndice del recurso.
7 Sentencia, anejo 1, págs. 1-10 del apéndice del recurso.
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2021, y a este comparecieron otros dos abogados, en

representación de la Sucesión.

      Consecuentemente, y en consideración al hecho de

que el licenciado Pérez no llegó a representar a la

Sucesión en el juicio, el foro primario concluyó que

este no tiene derecho a cobrar honorarios contingentes.

Sin embargo, debido a que también determinó como hecho

incontrovertido que el licenciado Pérez tenía derecho a

cobrar honorarios correspondientes a aquellas vistas a

las que asistió antes del juicio, ordenó el pago de la

suma adeudada, la cual cuantificó en $1,750.00, así como

los intereses devengados por dicha suma.

      En desacuerdo, el 16 de febrero de 2023, el apelante

solicitó reconsideración.8         Tras evaluar la referida

solicitud, el foro primario la declaró No Ha Lugar,

mediante una Resolución que fue notificada el 17 de

febrero de 2023.9

      Todavía inconforme, el 23 de marzo de 2023, el

licenciado    Pérez    presentó     la    Apelación    Civil    de

epígrafe, en la que adujo que el foro primario cometió

el siguiente error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      declarar Ha Lugar [la] moción de Sentencia
      Sumaria y establecer que el licenciado José
      Miguel Pérez Villanueva, no tiene derecho a
      cobrar los honorarios contingentes pactados en
      el contrato.

      Transcurrido     el   término      dispuesto    en   nuestro

Reglamento para la presentación del alegato de la parte

apelada,10 la Sucesión no compareció a presentarnos su

postura.    Consecuentemente, declaramos perfeccionado el

8 Reconsideración, anejo 3, págs. 12-14 del apéndice del recurso.
9 Notificación, anejo 4, pág. 15 del apéndice del recurso.
10 Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 22.
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recurso     de   epígrafe       y    procedemos        a    su    disposición,

conforme a Derecho.

                                         II.

                                         -A-

        La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.   36,    atiende      todo       lo    referente        al    mecanismo      de

sentencia sumaria.         En específico, dispone que una parte

podrá       presentar       una           moción        fundamentada           “en

declaraciones         juradas       o     en    aquella         evidencia      que

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte      sentencia     sumariamente            a    su   favor       sobre   la

totalidad        o    cualquier           parte       de    la     reclamación

solicitada”.         Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1.

        Así pues, la parte que solicite la disposición de

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre

todo,      deberá     demostrar          que    no    existe      controversia

sustancial sobre algún hecho esencial.                     González Aristud

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

        De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte

sentencia        sumaria     deberá            controvertir           la    prueba

presentada por la parte que la solicita, por lo que

deberá cumplir con los mismos requisitos que tiene que

cumplir     la   parte     proponente.               Además,     su    solicitud

deberá contener una relación concisa y organizada, con

una referencia a los párrafos enumerados por la parte

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que

están realmente y de buena fe controvertidos.                              Además,

debe contener la indicación de los párrafos o las páginas
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de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en

evidencia    donde   se    establecen   estos,   así     como   de

cualquier otro documento admisible en evidencia que se

encuentre en el expediente del tribunal.          Véase, Regla

36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 36.3;

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015);

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432

(2013).

      Una vez las partes cumplan con las disposiciones

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente

si   las   alegaciones,     deposiciones,   contestaciones       a

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo

justifica.     SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra,

a las págs. 430-434.

      Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas,

supra, a las págs. 116-117, el Tribunal Supremo amplió

el estándar específico que este foro debe utilizar al

momento de revisar la concesión de una solicitud de

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la

misma posición que el foro primario para evaluar la

procedencia de una sentencia sumaria.            Además, quedó

resuelto     que   nos    regiremos   por   la   Regla    36    de

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su

jurisprudencia interpretativa.          Al así concluir, el

Tribunal Supremo resolvió que:

      Segundo, por estar en la misma posición que el
      foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe
      revisar que tanto la Moción de Sentencia
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     Sumaria como su Oposición cumplan con los
     requisitos de forma codificados en la Regla 36
     de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en
     SLG Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra.

     Tercero, en el caso de revisión de una
     Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de
     Apelaciones debe revisar si en realidad
     existen hechos materiales en controversia. De
     haberlos, el foro apelativo intermedio tiene
     que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4
     de   Procedimiento   Civil   y   debe   exponer
     concretamente    cuáles    hechos    materiales
     encontró que están en controversia y cuáles
     están incontrovertidos.     Esta determinación
     puede hacerse en la Sentencia que disponga del
     caso y puede hacer referencia al listado
     numerado de hechos incontrovertidos que emitió
     el foro primario en su Sentencia.

     Cuarto, y[,] por último, de encontrar que los
     hechos     materiales     realmente      están
     incontrovertidos,     el    foro     apelativo
     intermedio procederá entonces a revisar de
     novo si el Tribunal de Primera Instancia
     aplicó   correctamente   el   Derecho   a   la
     controversia.

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-
119.

                               -B-

     El Artículo 1384 del Código Civil de Puerto Rico de

2020, 31 LPRA sec. 4111, establece que “[e]l precio de

los servicios se determina por el convenio de las partes

o, en su defecto, por la ley o los usos”.              La citada

disposición añade que, “[c]uando no se haya convenido el

precio ni exista ley ni usos aplicables, lo determina el

tribunal”.

     De forma cónsona, en tales casos nuestro Tribunal

Supremo ha validado la facultad y discreción con que

cuenta el foro primario para determinar lo que considera

el valor razonable de la labor realizada por el abogado.

Véase, Ruiz de Val v. Morales, 43 DPR 283, 288 (1932).

Así, la doctrina del quantum meruit busca evitar el

enriquecimiento    injusto,     proveyendo   un    remedio    de

destitución,    fundamentado    en   elementos    de   justicia.
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Véase, Blanco Matos v. Colón Mulero, 200 DPR 398, 413

(2018).     El referido concepto significa “tanto como se

merece” y reconoce el derecho que tiene toda persona a

reclamar el valor razonable de los servicios que ha

prestado.    Íd., a la pág. 412.

     En consecuencia, un abogado puede reclamar una

compensación por los servicios prestados a base de la

doctrina de quantum meruit, cuando no haya mediado un

pacto expreso para el pago de ciertos honorarios o si el

contrato     ha     sido    invalidado       debido         a     alguna

irregularidad.        Íd., a la pág.         413; Pérez v. Col.

Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 561 (1992).

En estos casos, es al abogado demandante a quien le

corresponde       probar   la   naturaleza       de   las       gestiones

profesionales llevadas a cabo, el tiempo que dedicó a

cada una de esas gestiones y el valor razonable de las

horas dedicadas.       Colón v. All Amer. Life & Cas. Co.,

110 DPR 772, 777 (1981).

     Así, pues, nuestro Tribunal Supremo ha aplicado la

doctrina de quantum meruit en diversos contextos, como

una excepción a la doctrina de pacta sunt servanda.

Entre estos, se destacan las instancias en que un abogado

pactó honorarios contingentes y luego se vio obligado a

renunciar    por    instrucciones      de   su    cliente,         o   por

cualquier otra razón, antes de culminada la gestión

profesional para la que fue contratado por honorarios

contingentes.       Véase, Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez,

206 DPR 261, 272-273 (2021).

                                III.

     Mediante el único señalamiento de error formulado,

el licenciado Pérez adujo que el foro primario erró al

declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria
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instada   por     la     Sucesión       y,    consecuentemente,         no

reconocerle      el     derecho     a    cobrar        los    honorarios

contingentes pactados en el contrato.                  No tiene razón.

      En primer lugar, recordemos que, al encontrarnos en

la misma posición que el foro primario, el Tribunal

Supremo nos encomienda llevar a cabo un análisis de novo

de las solicitudes de sentencia sumaria objeto de los

recursos ante nos.        En consideración a lo anterior, y

tras llevar a cabo el referido análisis, comenzamos por

acoger    en     su    totalidad        la    relación        de   hechos

incontrovertidos formulada por el foro primario.                    Ello,

por   considerar        que   los        hechos    incontrovertidos

formulados por el foro primario en la Sentencia apelada,

en efecto, encuentran apoyo en la moción de sentencia

sumaria instada por la parte apelada.

      Así las cosas, consideramos que el foro primario

tampoco   erró    al     aplicar    el       derecho    a    los   hechos

incontrovertidos formulados.             Es decir, que, al igual

que el foro primario, estamos convenidos de que el

licenciado Pérez no tiene derecho al cobro de honorarios

contingentes,     al    amparo     de   la    doctrina       del   quantum

meruit, como reclamó.         Ello, en la medida que, si bien

representó a la Sucesión en vistas previas al juicio

llevado a cabo en el caso civil número AG2019CV00171,

este fue relevado de la representación legal de la parte

apelada, antes del comienzo del juicio en su fondo.

      Tal y como reseñó el foro primario en la Sentencia

apelada, en nuestro ordenamiento jurídico, el pacto de

honorarios contingentes es el acuerdo entre el abogado

y su cliente.         En virtud de este, se establece que el

abogado será compensado, únicamente en el supuesto de

prevalecer en el caso y en proporción a la cuantía que
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se conceda en la sentencia, a favor de su cliente.11

Así, en este tipo de convenio, el abogado devengaría

honorarios por la gestión realizada, de acuerdo con el

desenlace del proceso.12                      Consecuentemente, y a la luz

de   lo   antes       expresado,           es      forzoso       concluir      que    el

licenciado Pérez no puede reclamar el pago de monto

alguno,       por        concepto         de       honorarios           contingentes

pactados,          debido      a    que       la   representación          legal      en

cuestión cesó antes del comienzo del juicio en su fondo.

        Ahora bien, tal y como expresó el foro primario,

también       es    un   hecho       incontrovertido              que    las     partes

pactaron que el apelante devengaría $350.00 por cada

vista previa al juicio en la que les representara.

Asimismo, también está incontrovertido el hecho de que

el licenciado Pérez representó a la parte apelada en

cinco     vistas,        por       las    que      no    cobró    los     honorarios

pactados.          Tal y como destacó el foro primario en el

dictamen apelado, la Sucesión incluso manifestó estar de

acuerdo       en    satisfacer           el    pago      correspondiente          a   la

comparecencia del apelante a las cinco vistas.13

        Por    consiguiente,              actuó         correctamente       el    foro

primario al ordenarle a la Sucesión que satisfaga el

monto de $1,750.00, a razón de $350.00 por cada una de

tales vistas, a favor del licenciado Pérez, más los

intereses que devengue dicha suma.                               En fin, procede

confirmar el dictamen apelado.

                                           IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la

Sentencia apelada.

11 In re Colón Hernández, 189 DPR 275 (2013).
12 Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 560
(1992); Franqui v. Fuentes Hnos., 44 DPR 712 (1933).
13 Sentencia, anejo 1, a la pág. 2 del apéndice del recurso.
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    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones