Court Opinion

ID: 9962787
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:52:21.329703+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.009074
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL XI

EL PUEBLO DE PUERTO                                     CERTIORARI
RICO                                                    procedente del
                                                        Tribunal de
             Recurridos                                 Primera Instancia,
                                                        Sala Superior de
                  v.                   KLCE202400145    Mayagüez

      LUIS D. ECHAVERRÍA                                Caso número:
           GONZÁLEZ                                     I1VP202300192-
                                                        200
            Peticionario
                                                 Sobre: ART. 401
                                                 LEY 4
                                                 ART. 412 LEY 4
                                                 ART. 6.09 LEY
                                                 168
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

          Comparece el peticionario, Luis D. Echevarría González

(peticionario), por conducto de su representación legal, y nos solicita

que revoquemos la Resolución notificada el 4 de enero de 2024, por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vista Preliminar de

Mayagüez. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró No Ha

Lugar una Moción de Supresión de Desestimación presentada por el

peticionario en el caso criminal número I1VP202300192-200,

Pueblo de Puerto Rico v. Luis D. Echevarría González.

          Por los fundamentos que exponemos, denegamos el recurso

de certiorari.

                                            I.

          Por hechos ocurridos el 26 de enero de 2023, en el edificio

15 apartamento 94 del Residencial Manuel F. Rossy1, el 27 de

enero de 2023, el Ministerio Público presentó varias denuncias

1
    Anejo V de la Petición de Certiorari.

    Número Identificador
    RES2024 _______________
KLCE202400145                                                             2

contra el peticionario, a saber: un cargo por violación al Art. 6.09 y

cuatro cargos por violación al Art. 6.22 de la Ley Núm.168 de 11 de

diciembre de 2019, según enmendada (25 LPRA sec. 466h y 466u)

conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; un cargo por

violación al Art. 412 y tres cargos por violación al Art. 401 de la Ley

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada (24 LPRA sec.

2412 y 2401) conocida como “Ley de Sustancias Controladas de

Puerto Rico”.     En esa fecha, el Tribunal de Primera Instancia

determinó que existía causa para arresto contra el peticionario por

los delitos según imputados.

      Posteriormente, el 3 de abril de 2023, un Gran Jurado Federal

para el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, acusó al

peticionario de varios cargos por hechos ocurridos desde el 2015

hasta el 3 de abril de 2023, dentro de 1,000 pies del Residencial

Manuel F. Rossy y el Residencial El Recreo2. En atención a ello, el

11 de octubre de 2023, el peticionario suscribió y presentó junto a

la Fiscalía Federal una alegación preacordada. Mediante la alegación

preacordada, el peticionario sería declarado culpable por los

siguientes delitos3:

      1) Title 21 USC Sections 841, 846 and 860, Conspiracy to

Possess with Intent to Distribute Controlled Substances.

      2) Title 18 USC Section 924(c), Posses of a Firearm in

Furtherance of a Drug Trafficking Crime.

      Finalmente, la alegación preacordada dispuso que los casos

estatales en el caso ante nuestra consideración eran conducta

relevante a los delitos en la jurisdicción federal.

      Así las cosas, el 29 de noviembre de 2023, el peticionario

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un Moción de

2
 Anejo III Petición de Certiorari.
3
  Del expediente ante nuestra consideración no surge evidencia de que el
peticionario haya sido declarado culpable y convicto en el Tribunal Federal.
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Desestimación al Amparo de la Regla 64(e) y (f) de Procedimiento

Criminal, por violentar la Prohibición constitucional a la Doble

Exposición y/o Cosa Juzgada. En su escrito, alegó que procedía la

desestimación de las denuncias en su contra toda vez que los hechos

por los cuales estaba siendo acusado en el foro estatal estaban

contenidos en la acusación federal y, además, las denuncias

estatales   fueron     reconocidas   como    conducta    relevante    del

peticionario en la alegación preacordada en el foro federal.

      Por su parte, el 8 de diciembre de 2023, el Ministerio Público

presentó su Moción en Oposición a Desestimación por Violentar la

Prohibición Constitucional a la Doble Exposición y las Reglas 64(e) y

(f) de las de Procedimiento Criminal. Argumentó el Ministerio Público

que no procedía la desestimación de las denuncias debido a que las

denuncias estatales no eran por los mismos cargos, ni por los

mismos hechos, ni ocurrieron en el mismo lugar, ni fueron en la

misma fecha que los delitos imputados a nivel federal.

      El 4 de enero de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación    del     peticionario.   Inconforme,    el   peticionario

compareció ante nos, mediante el recurso de Certiorari, presentado

el 5 de febrero de 2024 y alegó la comisión de los siguientes errores:

       El TPI erró al no desestimar las denuncias de
       epígrafe contra el peticionario al amparo de la
       prohibición constitucional a la doble exposición,
       toda vez que la Alegación Preacordada mediante
       la cual el Peticionario hizo alegación de
       culpabilidad a nivel federal adoptó expresamente
       como     conducta     relevante   las   denuncias
       imputadas a nivel estatal, de forma tal que el
       Peticionario se expone a ser castigado dos veces
       por la misma conducta criminal en clara violación
       a la norma establecida en Pueblo v. Sánchez Valle,
       192 DPR 595 (2015).

       En la alternativa, el TPI erró al no desestimar
       algunas de las denuncias de epígrafe contra el
       Peticionario al amparo de la prohibición
       constitucional a la doble exposición, toda vez que
       la Acusación Federal respecto a la cual el
       Peticionario hizo alegación de culpabilidad
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       comprende la misma conducta criminal respecto
       a varios de los delitos pro los cuales está siendo
       acusado en el foro estatal, de forma tal que el
       Peticionario se expone a ser sometido a múltiples
       enjuiciamientos pro los mismos hechos en clara
       violación a la norma establecida en Pueblo v.
       Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015).

      Por su parte, la parte recurrida presentó su alegato el 21 de

febrero de 2024. Con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a resolver.

                                 II.

A. El auto de Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considera al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición

reglamentaria dispone lo siguiente:

            El Tribunal tomará en consideración los
      siguientes criterios al determinar la expedición de un
      auto de certiorari, o de una orden de mostrar causa:

            A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida a diferencia de sus fundamentos son
      contrarios a derecho.

            B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
            C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
      craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

           D. Si el asunto planteado exige consideración
      más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
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             E. Si la etapa del procedimiento en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

               F. Si la expedición del auto o de la orden de
       mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido
       del pleito y una dilación indeseable en la solución final
       del litigio.

            G. Si la expedición del auto o de la orden de
       mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así pues, un tribunal apelativo no

intervendrá con las determinaciones discrecionales de un tribunal

sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este último

sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera

Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173

DPR 843 (2008).

B. Protección contra la doble exposición

       Tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto

Rico, protegen a todo imputado de delito contra la doble exposición.

A esos fines, la Enmienda Quinta de la Constitución de Estados

Unidos dispone que: “no person shall be subject for the same offense
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to be put twice in jeopardy of life or limb”4. US Const. Amend V. Por

su parte, el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico

contiene una cláusula similar que dispone que “nadie será puesto

en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.” Art. II, Sec.

11, Const. ELA, ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, Pág. 354.

      En adición, esta protección está recogida en la Regla 64(e) de

las de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II), que establece que:

“[l]a moción para desestimar la acusación o denuncia, o cualquier

cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o más de los

siguientes fundamentos […] Que el acusado ha sido convicto, o ha

estado expuesto a serlo, o ha sido absuelto del delito que se le

imputa. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento,

la misma expresará el nombre bajo el cual el acusado fue convicto,

expuesto a convicción o absuelto, y la fecha, tribunal y lugar de

convicción, exposición o absolución. La moción para desestimar

podrá presentarse por cualquier acusado que hubiere sido absuelto

por los méritos del caso, no obstante haber existido cualquier

defecto en la acusación o denuncia.”

      No obstante, para que se active la protección constitucional

contra la doble exposición, se tienen que cumplir los siguientes

requisitos: 1) Los procedimientos celebrados contra el acusado

tienen que ser de naturaleza penal. Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618,

628 (2003); 2) Debe haber iniciado o celebrado un primer juicio bajo

un pliego acusatorio válido en un tribunal con jurisdicción. Pueblo

v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 568 (1990); y 3) El segundo proceso

al cual se somete al individuo tiene que ser por el mismo delito por

el cual ya fue convicto, absuelto o expuesto. Pueblo v. Santiago,

supra, pág. 629.

4
 Esta protección constitucional es un derecho fundamental aplicable a Puerto
Rico a través de la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos. Pueblo v. Santiago, supra, pág. 627.
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       Sin embargo, la protección constitucional no aplica cuando

un acusado apela su sentencia condenatoria y logra revocar la

sentencia, siempre y cuando la revocación de la sentencia

condenatoria se deba a un error de derecho y no a insuficiencia de

la prueba para sostener un veredicto de culpabilidad. Pueblo v.

Santos Santos, 189 DPR 361, 367 (2013).

       Para determinar si el delito imputado constituye “el mismo

delito” para efectos de la protección constitucional, es necesario

comparar las definiciones de los delitos para evaluar si cada uno

requiere, por lo menos, un elemento del delito que el otro no

requiere. Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11, 21 (2017); Pueblo v.

Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 494 (2012)5. En otras palabras, un

mismo acto o transacción no constituye el mismo delito si cada

disposición penal infringida requiere prueba de un hecho adicional

que la otra no exige. De ser así, no hay impedimento para castigar

por más de un delito. Pueblo v. Rivera Cintrón, supra, pág. 495.

       De otra parte, si la definición de uno de los delitos incorpora

todos los elementos que exige la definición del otro, entonces se trata

de un solo delito, en la medida que el otro constituye un delito menor

incluido. Íd. Ahora bien, es importante tener presente que para que

se active la protección constitucional contra la doble exposición es

requisito que los delitos surjan del mismo acto o transacción. Si no

surgen del mismo acto o transacción, no cabe hablar de protección

contra la doble exposición.

       Por último, en Pueblo v. Sánchez Valle, et al., 192 DPR 594,

598 (2015), nuestro más alto foro resolvió que, “de acuerdo con la

protección constitucional contra la doble exposición y debido a que

Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los

5
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la norma elaborada por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en Blockburger v. United States, 284 US 299
(1932).
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Tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta,

convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales

federales.” Además, posteriormente en Pueblo v. Torres Irizarry,

supra, pág. 14, el Tribunal Supremo resolvió que “en el contexto de

Pueblo v. Sánchez Valle, et al., supra, una persona que hace

alegación de culpabilidad y llega a un preacuerdo, no renuncia a su

derecho a no ser procesado en Puerto Rico por los mismos delitos

por los cuales fue convicto, expuesto o absuelto en la esfera federal.”

                                 III.

      Es la contención principal del peticionario que deben

desestimarse las denuncias estatales al amparo de la prohibición

constitucional contra la doble exposición. En síntesis, alega que

como parte de la alegación preacordada en el foro federal se adoptó

como conducta relevante las denuncias estatales. Alega, además,

que la alegación preacordada comprende la misma conducta

criminal respecto a varios delitos por los cuales está siendo acusado

en el foro estatal.

      Al examinar detenidamente el expediente ante nuestra

consideración, no encontramos indicio de que el Tribunal de Primera

Instancia haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya

abusado al ejercer su discreción, o cometido algún error de derecho.

Pueblo v. Rivera Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

supra. Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184

DPR 689, 709 (2012). Es necesario resaltar que el expediente no

cuenta con evidencia de que el peticionario haya sido convicto en el

foro federal a base de la alegación preacordada. En adición, los actos

o transacciones imputados en la esfera federal corresponden a una

fecha y lugar distintos a los imputados en el tribunal estatal.

      En el caso que nos ocupa, el foro primario evaluó la solicitud

de desestimación, así como la oposición y, en consecuencia, declaró
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No Ha Lugar la solicitud del peticionario. Con tal proceder, el foro

primario actuó dentro de su discreción y conforme a derecho. Así,

no debemos perder de perspectiva que, el Tribunal tiene amplia

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).

      En conclusión, evaluados los criterios establecidos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos

denegar el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos

jurídicos que nos motiven a expedir el mismo máxime cuando no

contamos con evidencia de que el peticionario haya sido encontrado

culpable y convicto por los cargos a nivel federal.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, denegamos la expedición del recurso

de Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones