Court Opinion

ID: 9952235
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:06.450388+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.627737
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 Panel II

                                                     Apelación
DOMINGO CARABALLO SANTOS                             procedente del
          Apelante                                   Tribunal de
                                                     Primera
                                                     Instancia,
                                       KLAN202400002 Sala de Bayamón
                   v.
                                                          Caso Núm.
                                                          BY2023CV02909

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN                                Sobre:
y REHABILITACIÓN, PHYSICIAN                               Daños y
CORRECTIONAL y OTROS                                      Perjuicios,
         Recurridos                                       Negligencia,
                                                          Discrimen,
                                                          Violación de
                                                          Derechos
                                                          Constitucionales,
                                                          Institucionales y
                                                          Civiles

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Jueza Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      Comparece por derecho propio el señor Domingo Caraballo Santos,

confinado, (señor Caraballo Santos o apelante) mediante recurso de

apelación, solicitando que revoquemos una Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 8 de

diciembre de 2023. Mediante su dictamen, el foro primario desestimó con

perjuicio la Demanda sobre violación de derechos constitucionales, daños

y perjuicios, presentada por el apelante contra el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR) y Physician HMO, INC /h/n/c

Physician Correctional (Physician), (en conjunto, los apelados).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, decidimos

confirmar la Sentencia apelada.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
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I. Resumen del tracto procesal

      El 27 de abril de 2023, el apelante presentó Demanda por daños y

perjuicios, negligencia, discrimen y violación de derechos constitucionales

y civiles. En lugar de incluir propiamente alegaciones enumeradas en la

Demanda, en la sección que intituló Breve relación de hechos, el señor

Caraballo Santos incorporó la narrativa de unos alegados hechos que, a

su juicio, daban lugar a la concesión de un remedio. Así, manifestó haber

sido arrestado y puesto en custodia el 5 de marzo de 2022, momento en el

cual ya había recibido cinco heridas de arma blanca, afectando su mano y

hombro izquierdo. En la demanda no surge explicación, o se ofrece más

información, sobre las circunstancias en que, alegadamente, recibió las

referidas heridas punzantes, ni mucho menos quién se las provocó. En

cualquier caso, lo que sí se informa es que fue tratado por tales lesiones

en el Centro Médico en Río Piedras, donde se le operó la mano izquierda,

luego de lo cual fue puesto bajo la custodia del DCR.

   Sobre su traslado al DCR, aduce que fue llevado a la Institución de

Bayamón 705, sin recibir tratamiento post operatorio, ni rehabilitación

alguna. En consecuencia, adujo que la herida se le infectó y comenzó a

pudrirse. Arguyó que fue atendido por una doctora de la institución penal

donde estaba confinado, quien le indicó que eso era normal. Añadió que

solo recibió una inyección como tratamiento y, transcurrido un mes, la

infección se extendió. Entonces fue trasladado a la Institución 384 de

Sabana Hoyos en Arecibo, en donde indicó haber recibido antibióticos

intravenosos, pero, debido a la negligencia crasa de los apelados, resultó

con pérdida de funciones en varios de sus dedos de la mano izquierda.

Finaliza imputando que en todas las instituciones penales que ha estado

―Bayamón, Arecibo y Ponce― han hecho caso omiso a su situación de

salud, sintiéndose discriminado por ser de nacionalidad dominicana.

Como remedios, solicitó que se le brindara los servicios médicos
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necesarios, de acuerdo con sus condiciones de salud, y reclamó la

cantidad $75,000.00 como indemnización.

      Ante ello, el 4 de agosto de 2023, compareció el DCR, a través de la

Oficina del Procurador General, (el Procurador), mediante Moción

asumiendo representación legal y término adicional para presentar

alegación responsiva. Justificó la petición de término adicional, aduciendo

que se encontraba recopilando información sobre los hechos alegados en

la Demanda.

      De igual manera, el 7 de agosto de 2023, Physician presentó Moción

solicitando término adicional. Esta parte fundamentó su solicitud de

prórroga aduciendo que se encontraba a la espera de ciertos documentos

que estaban bajo la custodia del DCR, relacionados a una petición del

apelante ante dicha agencia sobre los mismos hechos, por lo que cabía un

cuestionamiento sobre agotamiento de remedios administrativos.

      En respuesta, el TPI concedió ambas peticiones de prórroga

instadas por los demandados, aquí apelados.

      Luego, el 6 de septiembre de 2023, el DCR presentó una Moción de

exposición más definida, aduciendo que la Demanda presentada por el

señor Caraballo Santos no cumplía con los requisitos de forma

establecidos en la Regla 8.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.8.2.

Sobre lo mismo, el DCR afirmó que en la Demanda se había realizado una

exposición extensa, sin dividir lo allí aseverado en párrafos numerados,

provocando dificultad para entender las alegaciones y así permitirle estar

en posición de identificar los actos, omisiones y/o eventos independientes

que lo colocaran en posición de redactar una alegación responsiva.

Además, afirmó que el señor Caraballo Santos incumplió con los

requisitos de forma enumerados en la Regla 20 de las Reglas para la

Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 20,
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que requieren que el escrito presentado sea uno razonablemente legible,

aunque sea por derecho propio.

       En definitiva, el DCR aseveró que los defectos señalados sobre la

Demanda impedían que pudiera presentar una alegación responsiva. Por

lo cual, solicitó que el TPI le ordenara al apelante enmendar la Demanda,

presentando una exposición más definida.

       A raíz de tal solicitud, 7 de septiembre de 2023,1 el TPI emitió una

Orden declarándola Ha Lugar.2 A tenor, el foro primario le concedió al

apelante treinta días para enmendar la Demanda, advirtiéndole que su

incumplimiento podría resultar en la desestimación de la causa de acción.

       Posteriormente, el 12 de septiembre de 2023, Physician presentó

Moción    solicitando     desestimación.   Esgrimió    como     causa    para    la

desestimación solicitada, que el señor Caraballo Santos ya había

presentado, el 24 de enero de 2023, una Solicitud de Remedios

Administrativos, identificada como PP-06-23, en la División de Remedios

Administrativos de Corrección, relacionadas con los dolores y molestias

que tenía en su hombro izquierdo por unas heridas que recibió cuando

estaba en la libre comunidad, pero no agotó el trámite administrativo.

Afirmó que, el 17 de marzo de 2023,3 la Solicitud de Remedios

Administrativos fue desestimada, por lo que el apelante había presentado

una solicitud de Reconsideración, el 24 de abril de 2023, que también fue

denegada el 2 de mayo de 2023. Que, lo descrito, el apelante no había

recurrido ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar la revocación de la

determinación administrativa, a través de un recurso de revisión judicial.

En definitiva, Physician sostuvo que le correspondía al señor Caraballo

Santos agotar los remedios administrativos disponibles, antes de

presentar la causa de acción en el TPI, pero no lo hizo.

1 Notificada el 8 de septiembre de 2023.
2 Véase la entrada número 19 del expediente digital del caso que obra en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
3 Notificada el 27 de marzo de 2023.
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       Atendiendo esta solicitud de desestimación, el 12 de septiembre de

2023,4 el TPI emitió Orden indicando lo siguiente:

       Término para que la parte demandante Sr. Caraballo Santos
       reaccione/se oponga a Moción vence el 2 de octubre de 2023.
       Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil (2009), 32 LPRA Ap.
       V, R. 8.4. Mociones de prórroga si algunas, tiene que cumplir
       con la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
       68, y Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998).

       Transcurrido el término concedido para presentar oposición,
       la moción quedará sometida, y el Tribunal resolverá según en
       derecho proceda. No se permitirán réplicas (o escritos
       posteriores) salvo que el Tribunal específicamente las ordene.
       El incumplimiento de lo anterior resultará en sanciones a
       tenor con las Reglas 37.7 y 44.2 de las de Procedimiento Civil
       (2009). 5

       Por ello, el 6 de octubre de 2023,6 el apelante presentó una breve

Moción Oposición. Adujo haber solicitado terapias a través de una

solicitud de remedios administrativos, pero le fueron denegadas. Junto a

su moción, presentó la copia de una receta que Centro Médico

Correccional le envió al DCR, indicando las sesiones de terapias que se le

tenían que proveer. Sostuvo que le realizaron unos laboratorios e

indicaron que tenía una celulitis. Asimismo, manifestó que le midieron la

presión de las manos, resultando que en la mano derecha tiene un 95 por

ciento de fuerza, mientras que en la izquierda cuenta con un 55 por

ciento. Por otro lado, aseveró que le realizaron una placa en el hombro

izquierdo, y que no tiene huesos ni tendones rotos. Alegó que el doctor en

Centro Médico le explicó que la herida era en la clavícula, por lo cual,

requería que le hicieran un MRI. Finalizó advirtiendo que le estaba

llegando la correspondencia desde el 23 de septiembre de 2023.

       Visto lo anterior, el 24 de octubre de 2023, el TPI emitió otra Orden,

disponiendo lo siguiente:

       Se toma conocimiento.
       Sin embargo, este escrito no contradice la alegación de
       revisión judicial incluida en la Moción Solicitando

4 Notificada el 13 de septiembre de 2023.
5 Véase la entrada número 21 del expediente digital del caso que obra SUMAC.
6 Presentada en el TPI el 19 de octubre de 2023.
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       Desestimación presentada el 12 de septiembre de 2023 por la
       parte     demandada      Physician    HMO,      Inc.   (HMO).
       Específicamente, y entre otras, la siguiente aseveración de la
       parte demandada HMO: “Al mismo tiempo, el Artículo 4.006
       (c) de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201 del 22 de agosto
       de 2003, establece que es la competencia del Tribunal de
       Apelaciones la revisión de las decisiones y ordenes de las
       agencias administrativas”.
       Resometa. Dispone de veinte (20) días.7

       Finalmente, el 8 de diciembre de 2023, el TPI emitió la Sentencia

cuya revocación nos solicita el apelante, desestimando con perjuicio la

Demanda presentada. Al así determinar, el foro primario indicó que el

apelante no había presentado oposición a la Moción de Exposición más

definida, y tampoco había cumplido con la Orden notificada el 24 de

octubre de 2023, (según aquí recogida en el párrafo que antecede).

       Inconforme, el señor Caraballo Santos acude ante nosotros,

mediante recurso de apelación, solicitando que revoquemos dicho

dictamen.

II. Exposición de Derecho

    A. Desestimación de la demanda como sanción

       Nuestro ordenamiento jurídico favorece la política judicial de que

los casos se ventilen en sus méritos. Mercado Figueroa v. Mun. San Juan,

192 DPR 279, 288 (2017). Esto debe ir en armonía con el principio

procesal recogido en la Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 1, de que los pleitos se tramiten de forma justa, rápida y

económica. Íd, en las págs. 287-288. Es decir que, aunque se favorece la

ventilación de los casos en sus méritos, ello “no significa que una parte

adquiera el derecho a que su caso tenga vida eterna en los tribunales

manteniendo a la otra parte en un estado de incertidumbre, sin más

excusa para su falta de diligencia e interés en la tramitación del mismo

que una escueta referencia a circunstancias especiales”. Mun. de Arecibo

v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001).

7 Véase la entrada número 26 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
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      A tenor con lo cual los tribunales quedan facultados con el poder de

sancionar   a   las   partes   mediante   distintos   mecanismos,    cuando

permanecen en la negativa de obedecer sus órdenes atentando así

contra la sana administración de la justicia. En particular a la

controversia que nos ocupa, la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V. R. 39.2, dispone como sigue:

      (a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas
          reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a
          iniciativa  propia   o    a    solicitud     de   la   parte
          demandada podrá      decretar      la    desestimación del
          pleito o de cualquier reclamación contra ésta o la
          eliminación de las alegaciones, según corresponda.
          Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa
          sanción de la desestimación de la demanda o la
          eliminación de las alegaciones tan sólo procederá
          después que el tribunal, en primer término, haya
          apercibido al abogado o abogada de la parte de la
          situación y se le haya concedido la oportunidad para
          responder. Si el abogado o abogada de la parte no
          responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a
          imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se
          notificará   directamente     a      la    parte sobre     la
          situación. Luego de    que     la      parte    haya    sido
          debidamente informada o apercibida de la situación y
          de las consecuencias que pueda tener el que la misma
          no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la
          desestimación del pleito o la eliminación de las
          alegaciones. El tribunal concederá a la parte un término
          de tiempo razonable para corregir la situación que en
          ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que
          las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el
          término. (Énfasis suplido.) Regla 39.2 (a) de
          Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 39.2. Véase
          también Mun.     de    Arecibo      v.    Almac.     Yakima,
          supra; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR
          494, 498 (1982). (Énfasis provisto).

      Como queda visto, según el lenguaje implementado en la Regla

39.2(a) aludida, en aras de garantizar el debido proceso de ley, el tribunal

está obligado a seguir un procedimiento claramente prestablecido antes

de ordenar la desestimación de la demanda o la eliminación de las

alegaciones. Es decir, como parte del debido proceso de ley, la parte tiene

que ser notificada por el tribunal de la situación de incumplimiento, junto

a sus consecuencias y, además, se le tiene que brindar la oportunidad de

tomar las medidas necesarias para corregirla.
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III. Aplicación del Derecho a los hechos

      Primero, sépase que el recurso de apelación presentado por derecho

propio por el señor Caraballo Santos incumple con varios requisitos de

forma de los contenidos en la Regla 16 de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 16. Sin ser cercanamente exhaustivos, en dicho escrito no

se hizo indicación de disposiciones legales que sostengan el recurso,

tampoco se incluyeron señalamientos de errores, ni fueron discutidos los

errores que no fueron señalados, menos se incluyó un índice del

apéndice, carece de una relación fiel y concisa de los hechos procesales

pertinentes del caso y carece de un apéndice completo, (que hemos tenido

que complementar motu proprio a través de SUMAC).

      No obstante, el apelante sí adjuntó en el apéndice de su escrito, la

Sentencia cuya revocación nos solicita. De esta manera, al menos, nos

permitió   auscultar   nuestra   jurisdicción   para   atender   el   recurso

presentado. En ánimos de evitar la aplicación automática e inflexible de

los requisitos reglamentarios, y tomando en consideración la realidad

particular de los reclusos, Álamo Romero v. Administración de Corrección,

175 DPR 314, 322 (2009), hemos decidido atender los méritos del asunto.

      Al examinar el muy escueto recurso de apelación instado por el

apelante, nos resulta evidente que este no presentó argumentos para

ponernos en posición de revocar el dictamen apelado, en tanto no

atendió o se expresó sobre las causas por las cuales su Demanda

resultó desestimada.

      Afirmamos lo anterior pues, al ser examinada la Sentencia apelada,

resulta evidente que el TPI sostuvo su conclusión en dos fundamentos

principales: (1) que el apelante incumplió con la Orden de 7 de septiembre

de 2023, en la que se le concedió treinta días para enmendar la Demanda,

a los fines de que cumpliera con los requisitos de forma exigidos por las

Reglas de Procedimiento Civil, so pena de ser desestimada; (2) que el
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apelante no ofreció respuesta alguna al señalamiento sobre la falta de

agotamiento de remedios administrativos. A pesar de ser tales las razones

para la desestimación de la causa de acción, mediante su recurso de

apelación el apelante se limitó a repetir las alegaciones contenidas en la

Demanda, sin excusar de manera alguna su incumplimiento con la

referida Orden del foro apelado, de 7 de septiembre de 2023, ni la

declarada falta de agotamiento de los procesos administrativos.

         Al   contrario,    según    consta    en   el   expediente    ante    nuestra

consideración, y luego de hacer una búsqueda en SUMAC, no hay rastro

documental alguno que sirva para comprobar que el apelante hubiese

cumplido en algún momento con la Orden del TPI de 7 de septiembre de

2023, y menos que hubiese enmendado la Demanda conforme lo allí

ordenado. Bajo estas condiciones, no es posible siquiera plantear que el

TPI abusó de su discreción al desestimar la Demanda, luego de haberle

advertido al apelante que se corría el riesgo que ello ocurriese, si no

cumplía la referida Orden.

         Por otra parte, y con respecto a la Orden del TPI para que el

apelante presentara respuesta a la alegada falta de agotamiento de

remedios, esta parte sí presentó una Moción Oposición, no obstante, sobre

este tema se limitó a indicar lo siguiente; “le solicité la terapia por remedio

administrativo y me la denegaron. Así agotando los recursos cuando

solicité el expediente”8. En este sentido, a pesar de la presunta

denegatoria administrativa de proveerle la referida terapia al apelante,

este no explicó por qué decidió presentar una demanda, en el proceso civil

ordinario, en lugar de acudir ante este Tribunal de Apelaciones, mediante

recurso       de   revisión    judicial,   para     cuestionar    la   determinación

administrativa que le fue adversa.            Entonces, luego del apelante haber

hecho la brevísima expresión sobre el trámite administrativo seguido, la

8
    Véase la entrada número 25 del expediente digital del caso que obra en SUMAC.
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totalidad del contenido de la Moción en Oposición fue dedicada a

reproducir las alegaciones contenidas en la Demanda. Es decir, la moción

que presuntamente serviría para que el apelante refutara la alegación de

Physician, en términos de       la falta de agotamiento de remedios

administrativos una vez iniciados ante el DCR, tornó en la reiteración de

lo ya alegado en la Demanda.

      Es como resultado de lo narrado en el párrafo que precede, que el

TPI emitiera otra Orden, el 24 de octubre de 2023, advirtiendo que la

Moción en Oposición no contradecía la alegación de revisión judicial

incluida en la Moción Solicitando Desestimación, ante lo cual, le concedió

un nuevo término de veinte días al apelante para que presentara

nuevamente su oposición. A pesar de esta segunda oportunidad

concedida por el foro apelado al apelante para que cumpliera con la

referida Orden, el apelante no cumplió con lo ordenado.

      En definitiva, el TPI le concedió varias oportunidades al apelante

para cumplir con las tres Órdenes que le dirigió, antes de desestimar la

causa de acción, sin obtener respuesta. Por tanto, no podemos imputarle

al foro apelado haber abusado de su discreción al desestimar, cuando el

tracto procesal revela las oportunidades concedidas al apelante para

cumplir con lo ordenado.

      Por último, reiteramos, en el recurso de apelación ante nosotros no

se incluyeron explicaciones que nos ayudaran a identificar en qué medida

incidió el TPI al ordenar la desestimación de la Demanda, en términos de

los incumplimientos con las Órdenes aludidas. La lectura del recurso de

apelación no ofrece luces que ayuden a iluminar sobre posibles razones

que justificaran los incumplimientos por el apelante.

      En consecuencia, nos corresponde confirmar la Sentencia apelada.

El TPI cumplió con el debido proceso de ley al informar al apelante los

defectos que contenía su Demanda y Moción Oposición, en incumplimiento
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con las Reglas de Procedimiento Civil. Además, el foro primario le advirtió

al señor Caraballo Santos sobre las consecuencias de incumplir con las

órdenes del Tribunal y le brindó oportunidad para que hiciera las

correcciones necesarias. De esta manera, el TPI no abusó de su discreción

al desestimar la demanda presentada ante el incumplimiento reiterado

del apelante con las órdenes del Tribunal.

IV. Parte dispositiva

      En atención a los fundamentos antes consignados, confirmamos la

Sentencia apelada.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones