Court Opinion

ID: 9952280
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:36:34.4704+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:31.755373
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL VII-ESPECIAL

 ROSA BEATRIZ SANABRIA                          Certiorari procedente
   NAZARIO Y OTROS                              del Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala Superior
       RECURRIDOS                               de Mayagüez

              v.               KLCE202400051

 BRISTOL-MYERS SQUIBB                           Caso Número:
   PUERTO RICO INC.,                            BY2019CV2885
       Y OTROS
                                                 Sobre: Discrimen (Ley
       PETICIONARIOS                             Núm. 100) y otros
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

      Comparece la señora Rosa Beatriz Sanabria Nazario (Sra.

Sanabria Nazario; peticionaria) ante este Tribunal de Apelaciones

mediante el recurso de certiorari ante nuestra consideración, en el que

solicita la revocación de una Resolución y Orden del Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, emitida el 2 de enero de 2024 y

notificada el 3 de enero de 2024. Por medio de esta, el foro de instancia

ordenó el pago de costas por la cantidad de $4,043.78 a favor de la

peticionaria y el 15% del total de indemnización para la compensación de

honorarios de abogado. Sin embargo, denegó sus reclamos de intereses

legales presentencia y de honorarios legales adicionales conforme a la

doctrina de quantum meruit.

      Por los fundamentos a continuación, denegamos la expedición del

recurso discrecional ante este Tribunal.

                                     I

      El 29 de mayo de 2019, la peticionaria presentó una querella

contra Bristol Myers Squibb Puerto Rico, Inc. en la que reclamó: (1)

discrimen por razón de edad y origen nacional al amparo de la Ley Núm.

100; (2) represalias al amparo de la Ley Núm. 115, (3) despido

injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, y (4) una causa de acción de

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400051                                                           2

daños y perjuicios de parte del Sr. Roberto Matías Borreli. El Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia en la que dispuso que el despido de la

Sra. Sanabria Nazario fue injustificado, por lo cual ordenó el pago de la

indemnización correspondiente. No obstante, en cuanto al reclamo de

represalias el Tribunal de Primera Instancia resolvió que el despido no

obedeció a razones vengativas por haberse quejado sobre la empresa.

De igual forma, sostuvo que no procedía su causa de acción sobre

discrimen por razón de edad y origen, así como el reclamo de daños.

      Inconformes, ambas partes acudieron ante el amparo de este

Tribunal de Apelaciones. La querellante sostuvo que no debió desestimar

su reclamo de represalias y que tenía derecho a la concesión de

honorarios legales, por haber prevalecido en su demanda de despido

injustificado. Por su parte, los querellados señalaron que erró el foro de

instancia al no incluir ciertas determinaciones de hechos que validaban la

corrección del despido, que hubo múltiples ofensas de parte de la

querellante y que la empresa tenía fundamentos suficientes para el

despido.

      Así las cosas, en ese entonces confirmamos la sentencia del foro

de instancia en cuanto la procedencia del reclamo sobre despido

injustificado. Sin embargo, modificamos para disponer el pago de

honorarios de abogado según lo establece la Ley Sobre Despidos

Injustificados, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976. Precisamente, esta

ley dispone que procede el quince por ciento (15%) del total de la

compensación para el pago de honorarios de abogado puesto que los

abogados que representan a trabajadores en reclamaciones contra su

patrono están vedados de recibir honorarios por sus servicios.

      Posteriormente, devuelto el caso ante el Tribunal de Primera

Instancia, la Sra. Sanabria Nazario presentó una solicitud de intereses

presentencia. Adujo que, conforme a la Regla 44.3 (b) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V., el Tribunal de Primera Instancia estaba compelido

a imponer los intereses presentencia tras su determinación de temeridad.
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Además, presentó una Solicitud Urgente de Orden de Embargo,

Mandamiento de Ejecución y Señalamiento de Bienes para Hacer

Efectiva el Pago de Mesada e Intereses Post Sentencia a Tenor con la

Regla 51 de Procedimiento Civil.

      Tras varias instancias procesales, la peticionaria presentó una

Solicitud de honorarios legales a base de las horas trabajadas al amparo

de la doctrina “quantum meruit”. Mediante esta moción expuso que se

encontraba ante la consideración del foro de instancia su determinación

en cuento a costas y honorarios de abogado. Precisó que, al amparo de

la doctrina de quantum meruit, procedía la concesión del veinticinco por

ciento (25%) de la compensación en concepto de honorarios de abogado.

Entre otros fundamentos, sostuvo que invirtió un total de 1,036.30 horas

de trabajo en un caso de litigación compleja y múltiples recursos

apelativos.

      Por su parte, la parte recurrida se opuso a la solicitud de

honorarios de abogados debido a que la única causa de acción que

procedió fue la de despido injustificado, mientras que las demás causas

de represalias, daños y perjuicios, y discrimen por razón de edad y origen

no tuvieron éxito. Además, refutó la solicitud de intereses presentencia

conforme a la R. 44.3(b) puesto que la causa de acción bajo la Ley Núm.

80 no era equivalente a una reclamación de daños.

      Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución y

Orden en la que dispuso que la peticionaria incluyó en su memorando de

costas gastos que no eran del todo reembolsables. Explicó que estos

consistían en gastos de oficina, mensajeros, sellos de correo, servicios de

fotocopia y gastos de investigación. Por consiguiente, ordenó pagó de

costas ascendentes a $4,043.78. Asimismo, sostuvo que no procedía el

reclamo del veinticinco por ciento (25%) en honorarios de abogado puesto

que solo halló ha lugar la causa de acción de despido injustificado. Por tal

razón concluyó que la determinación de quince por ciento (15%) era

razonable. Finalmente, respecto al reclamo de intereses presentencia
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sostuvo que no se encontraba ante un caso de cobro de dinero o de

daños y perjuicios.

      Inconforme, la peticionaria presentó el recurso de certiorari ante

nuestra consideración, mediante el cual sostiene que el Tribunal de

Primera Instancia incurrió en los siguientes errores:

      Erró el TPI al no conceder intereses por temeridad a favor
      de Sanabria, a pesar de que determinó que BMS fue
      temeraria en el proceso.

      Erró el TPI al no conceder honorarios legales adicionales al
      15% por concluir que el asunto había sido adjudicado por
      este Honorable Tribunal.

      Por su parte, compareció la parte recurrida quien se opuso a los

señalamientos de error. Precisó que no se cumplían los criterios

establecidos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para la expedición del recurso en cuestión. Además, sostuvo que los

asuntos planteados en el recurso eran improcedentes.

                                       II

                                      A.

      El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012). Se trata de un recurso caracterizado principalmente por la

discreción encomendada al tribunal revisor para decidir si debe expedir o

denegar    el   auto. Id. Al   respecto,    los   recursos   de certiorari sobre

resoluciones postsentencia deben evaluarse bajo los parámetros

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40). Como es sabido, debido a que la

discreción judicial no opera en el vacío, Rivera Figueroa v. Joe's

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), la Regla 40 esboza los

criterios que este tribunal revisor debe considerar al determinar la

expedición o denegación de un auto de certiorari. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
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      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

      Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la

decisión recurrida[,] así como la etapa del procedimiento en que es

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y

no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 97 (2001). Asimismo, se

ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

                                   B.

      La imposición de intereses legales a partir del dictamen de una

sentencia constituye parte de la política pública que rige nuestro

ordenamiento jurídico. Meléndez Vega v. El Vocero de PR., 189 DPR 123,

242 (2013). Precisamente, se persigue “que las sentencias que envuelvan

cuantías monetarias sean satisfechas a la mayor brevedad posible.

Molina y otros v. Rivera y otros, 178 DPR 506, 515 (2010). Los intereses

legales forman parte integral de la sentencia y son recobrables, aunque

se omita su mención en el dictamen. En particular, nuestro ordenamiento
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reconoce el pago de dos clases de intereses: (1) interés postsentencia

sobre la cuantía del dictamen, disponibles a toda parte victoriosa,

independiente de si actuó con temeridad o no; y (2) intereses

presentencia. Sobre estos últimos, la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil

dispone lo siguiente:

      (b) El tribunal también impondrá a la parte que haya
      procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya
      fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que
      esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que
      haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de
      dinero y desde la presentación de la demanda, en caso de
      daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte
      sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia,
      excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre
      Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias,
      dependencias o funcionarios o funcionarias en su carácter
      oficial. El tipo de interés se hará constar en la sentencia.

      El interés post sentencia consiste en el tipo de interés que se

impone a favor de la parte victoriosa en las sentencias que ordenan el

pago de dinero. Este se computa tomando en cuenta la cuantía dispuesta

en la sentencia, incluyendo costas y honorarios, y se fija desde la fecha

del dictamen hasta su satisfacción. Por otro lado, los intereses

presentencia consisten en los impuestos contra la parte que haya

procedido temerariamente y se trate de una causa de acción de daños y

perjuicios o en cobro de dinero. En este tipo, el interés se fija

exclusivamente sobre la suma principal sin incluir cuantía alguna en

concepto de costas u honorarios de abogado. Gutiérrez v. A.A.A., 167

DPR 130, 136-37 (2006). En Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178

DPR 476, 505 (2010), el Tribunal Supremo estableció que los intereses

por temeridad eran improcedentes en casos de disolución de una

sociedad.

      Respecto a los intereses legales presentencia, el Tribunal Supremo

ha enfatizado que la imposición de estos no requiere una determinación

de temeridad distinta o separa de la correspondiente a la imposición de

honorarios de abogado por temeridad. En cambio, se trata de una sola

determinación de temeridad respecto a la parte perdidosa. Montañez v.

U.P.R., 156 DPR 395, 425 (2002). Sobre el concepto de temeridad este
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consiste en “las actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito

que se pudo evitar o que provocan su indebida prolongación”. Colón

Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 178 (2008). Al imponer los

honorarios, los tribunales descansan en su discreción y la determinación

de la cuantía depende de: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada,

y (5) el nivel profesional de los abogados. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR

299, 342-343 (2011). Una vez realizada la determinación de temeridad es

imperativo que los tribunales condenen al pago de honorarios de abogado

e intereses presentencia. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565

(1994).

                                      C.

       En casos de reclamaciones laborales en los que empleados

requieren representación legal, los abogados están vedados de cobrarles

a estos por sus servicios. Así lo establece la Ley que Regula la Concesión

de Honorarios de Abogado en los Casos de Reclamaciones de

Trabajadores o Empleados contra sus Patronos, Ley Núm. 402 de 12 de

mayo de 1950. 32 LPRA sec. 3115. Por tanto, en casos al amparo de la

Ley sobre despidos injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

el juzgador debe imponer una cantidad para honorarios de abogado que

nunca será menor del quince por ciento (15%) del total de la

compensación o cien dólares ($100), la cual sea mayor. 29 LPRA sec.

185k(b).

       La cuantía reconocida estatutariamente constituye el mínimo al que

tienen derecho los representantes legales de los empleados reclamantes,

razón por la cual los tribunales pueden conceder sumas mayores. Para

ello el Tribunal Supremo dispuso que en las situaciones en las que un

abogado solicite una cuantía mayor en honorarios de abogado por sus

esfuerzos debe considerar los siguientes criterios: (a) horas trabajadas y

labor realizada, y (b) tarifa que cobra por hora en este tipo de caso. López

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 143 DPR 574, 583 (1997). Para ello, es
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responsabilidad del abogado reclamante que desglose el tiempo invertido

en el caso y especificar las tareas realizadas. Por su parte, el tribunal

evaluará de acuerdo con su propia experiencia y pericia para determinar

lo que es realmente razonable. Id. en la pág. 584. Además, tomará en

consideración la novedad y dificultad de las controversias. Id. Finalmente,

los tribunales de primera instancia deben fundamentar su determinación

en cuanto a la petición de honorarios adicionales, de manera que los

foros apelativos revisar. Sin embargo, “los tribunales apelativos no

intervendrán con la determinacion de honorarios realizada en instancia,

excepto en casos de abuso de discreción. Id.

                                    III

      Mediante el recurso discrecional ante nuestra consideración, la

peticionaria sostiene que erró el Tribunal de Primera Instancia al no

conceder intereses legales presentencia cuando determinó que la parte

recurrida fue temeraria. Además, adujo que el foro de instancia erró al no

conceder honorarios de abogado adicionales por haber concluido que la

compensación de los abogados era un asunto ya adjudicado por este

Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos a continuación denegamos

la expedición del recurso ante nuestra consideración.

      Nos corresponde evaluar si se encuentran presentes los criterios

que guían nuestra discreción al atender recursos de certiorari. Según

previamente expuesto, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones dispone los elementos que deben estar presentes en una

petición de certiorari para su expedición. En el caso de epígrafe no se

encuentra ninguno de estos criterios presente.

      En primer lugar, la determinacion del foro recurrido respecto a los

intereses presentencia no fue contraria a derecho. La Regla 44.3(b) de

Procedimiento Civil, supra, establece que procede la imposición de

intereses legales presentencia en casos de cobro de dinero o daños y

perjuicio en los que la parte haya incurrido en temeridad. Sin embargo, en

este caso nos encontramos ante una sentencia condenatoria sobre
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despido injustificado conforme a la Ley Núm. 80. Mediante una sentencia

que es final y firme, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que no

procedía la causa de acción de daños incluida en la querella. Por

consiguiente, no procede la imposición de intereses legales presentencia

conforme a la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, supra.

       Respecto a la determinación de no conceder honorarios de

abogado adicionales al quince por ciento (15%) de la compensación,

tampoco incurrió en una conclusión contraria a derecho. Conforme a lo

previamente expuesto, la Ley Núm. 80 reconoce como mínimo que los

abogados representantes de trabajadores que prevalecen en su reclamo

de despido injustificado tienen derecho al quince por ciento (15%) de la

compensación. Sin embargo, conforme la jurisprudencia aplicable, los

defensores que entiendan que merecen mayor compensación pueden

solicitar honorarios adicionales. Respecto a ello, los tribunales retienen

discreción para otorgarlos según el criterio de razonabilidad.

       En el caso ante nuestra consideración, el foro de instancia tuvo

ante sí una petición de honorarios adicionales fundamentada, la cual

incluyó el desglose de horas trabajadas y las tarifas cobradas

ordinariamente. No obstante, el foro recurrido concluyó que no procedía la

petición de honorarios. Particularmente, razonó que “[e]s nuestro

entender, que el Honorable Tribunal de Apelaciones determinó que el

15% de honorarios de abogado es uno razonable por el trabajo realizado

por los abogados”. Así las cosas, concluimos que el foro primario no

incurrió en abuso de discreción ni error de derecho. Esta determinacion

de honorarios adicionales descansa en la discreción del foro recurrido,

quien evaluó la petición y la adjudicó. Ausente un abuso de discreción, el

Tribunal de Apelaciones no se encuentra en posición para intervenir con

la determinacion recurrida.

                                     IV

       Por los fundamentos anteriores, denegamos la expedición del

recurso de certiorari solicitado.
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      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones