Court Opinion

ID: 9554702
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:19:09.508411+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:14.910944
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VIII

   EDGAR OLIVERA OLÁN                             CERTIORARI
                                                  procedente del
           Peticionario                           Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de
                v.                  KLCE202300631 Mayagüez

                                                      Caso número:
 SANDRA DESARDÉN PÉREZ                                MZ2020RF00244

            Recurrida                                 Sobre:
                                                      Divorcio (R/I)

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez
Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      Comparece el Sr. Edgar Olivera Olán (señor Olivera Olán o el

apelante), y solicita la revocación de la Resolución emitida y notificada el

4 de mayo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez

(TPI o foro primario). Mediante la referida Resolución, el foro primario

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración y la Moción Informando

Cambio de Condición Económica y Solicitud de Revisión de Pensión

Alimentaria presentada por el señor Olivera Olán.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, acogemos el

recurso presentado por el señor Olivera Olán como una Apelación y

resolvemos desestimarlo por falta de jurisdicción.

                                      I

      En el recurso de epígrafe, el apelante interesa la revocación de la

Resolución sobre alimentos emitida el 4 de mayo de 2023, por el TPI, tras

acoger el Informe Especial de la Examinadora de Pensiones Alimentarias

emitido el 3 de mayo de 2023, que recomendó denegar la solicitud de

revisión de pensión alimentaria presentada por el señor Olivera Olán.

Mediante el dictamen apelado, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLCE202300631                                                               2

Reconsideración y la Moción Informando Cambio de Condición Económica

y Solicitud de Revisión de Pensión Alimentaria presentada por el apelante.

       Como cuestión de umbral, procedemos a auscultar nuestra

jurisdicción para atender el recurso presentado por el señor Olivera Olán el

5 de junio de 2023.

                                      II

                                      A.

       La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar

y decidir casos y controversias. Allied Mgmt Group v. Oriental Bank, 204

DPR 374, 385 (2020). Es por ello, que, la falta de jurisdicción de un tribunal

directamente incide sobre el poder para adjudicar una controversia. Íd. Por

tanto, la falta de jurisdicción conlleva varias consecuencias, tales como el

que no sea susceptible de ser subsanada; las partes no puedan

conferírsela voluntariamente a un tribunal ni puede este arrogársela; la

nulidad de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el ineludible

deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los tribunales apelativos

a examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; puede

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes

o por el tribunal motu proprio. Íd.

       Es doctrina reiterada que los tribunales deben ser celosos

guardianes de su jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no

la tienen. Íd. Por ello, es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción

son de índole privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. JMG

Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 714 (2019). Véase, además, Torres

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019).

       Cuando un tribunal determina que carece de jurisdicción para

intervenir, procede la inmediata desestimación del recurso a tenor con las

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. Allied

Mgmt Group v. Oriental Bank, supra. En ese sentido, los foros adjudicativos

habrán de examinar tanto su propia jurisdicción como la del foro de donde

proviene el recurso ante su consideración. Íd. Conforme a ello, la
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Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa propia para

desestimar un recurso apelativo ante la ausencia de jurisdicción.

                                      B.

       Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo ciudadano el

derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo inferior.

Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 589-590 (2019). Sin

embargo, este derecho está sujeto al cumplimiento de las disposiciones

legales y reglamentarias pertinentes, entre ellas, su perfeccionamiento.

Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR, a las págs. 589-590.

       La norma prevaleciente dispone que el incumplimiento con las

reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial. Soto Pino v.

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). En consecuencia, las normas

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben

observarse rigurosamente para colocar a los tribunales apelativos en

posición de ejercer correctamente su función revisora. Isleta v. Inversiones

Isleta Marina, 203 DPR, a la pág. 590.

       En nuestro sistema judicial, existe una clara política pública a favor

de que las controversias se atiendan en sus méritos. Montañez Leduc v.

Robinson Santana, 198 DPR 543, 552 (2017). Cónsono con ello, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las disposiciones reglamentarias

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos “deben

interpretarse de forma que propicien un sistema de justicia accesible a la

ciudadanía; que las controversias se atiendan en los méritos y que se

reduzca el número de recursos desestimados por defectos de forma o

notificación que no afecten los derechos de las partes”. Isleta v. Inversiones

Isleta Marina, 203 DPR, a la pág. 590.

       Ahora bien, el requisito de notificación a las partes es un

componente integral del debido proceso de ley, “ya que coloca a la parte

contraria en conocimiento del recurso que solicita la revisión de una
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decisión de un tribunal de menor jerarquía”. Montañez Leduc v. Robinson

Santana, 198 DPR, a la pág. 551.

       En lo pertinente, la Regla 14(B) del Reglamento de este Tribunal

establece que:

       [d]e presentarse el original del recurso de apelación en la
       Secretaría del Tribunal de Apelaciones junto con el arancel
       correspondiente, la parte apelante deberá notificar la
       cubierta o primera página del escrito de apelación,
       debidamente sellada con la fecha y hora de la
       presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal de
       Primera Instancia que haya dictado la sentencia apelada,
       dentro de las setenta y dos horas (72) siguientes a la
       presentación del escrito de apelación. Este término será de
       cumplimiento estricto.

       4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14(B). (Énfasis suplido).

       En ese sentido, al ser el término de notificación un término de

cumplimiento estricto y no jurisdiccional, su incumplimiento no conlleva,

automáticamente, la desestimación del recurso. Montañez Leduc v.

Robinson Santana, 198 DPR, a la pág. 550. Es norma reiterada que los

tribunales pueden extender un término de cumplimiento estricto. No

obstante,   “para   prorrogar    un   término    de   cumplimiento     estricto

‘generalmente se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa

fuera de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con

el término establecido’”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR, a la

pág. 92; citando a Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403

(2012). (Énfasis suplido).

       A esos efectos, la falta de notificación al foro primario o a las partes

sobre la presentación de un recurso apelativo en el término requerido, sin

haber acreditado cabalmente justa causa, incide en la jurisdicción del

tribunal. Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR, a la pág. 591.

Consecuentemente, “si se suscita un incumplimiento sin justa causa,

necesariamente procede la desestimación del recurso presentado”.

Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR, a la pág. 551. (Énfasis

nuestro).
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       Por su parte, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento de este Tribunal

de Apelaciones nos confiere autoridad para desestimar un recurso por

cualquiera de las siguientes circunstancias:

       Regla 83 – Desistimiento y desestimación
       .        .      .        .       .       .       .      .
       (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
       desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

       (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
       .         .       .      .      .        .      .       .
       (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
       desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
       discrecional por cualquiera de los motivos consignados
       en el inciso (B) precedente.
       .         .       .      .      .        .       .       .

       4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. (Énfasis suplido).

                                    III

       Examinado el recurso presentado por el señor Olivera Olán,

concluimos que carecemos de autoridad para entender en los méritos de

este. Esto, pues el apelante omitió notificar al foro primario la cubierta o

primera página del escrito de apelación, debidamente sellada con la fecha

y hora de la presentación, a la Secretaría de la sede del Tribunal de Primera

Instancia que dictó la sentencia apelada, dentro de las setenta y dos (72)

horas siguientes a la presentación del escrito de apelación, sin haber

acreditado justa causa para ello.

       La ausencia de justa causa para el incumplimiento del señor Olivera

Olán con dicho requisito de cumplimiento estricto contemplado en la Regla

14(B) de nuestro Reglamento, priva de jurisdicción a este Tribunal de

Apelaciones para atender el recurso presentado por el apelante.

       En consecuencia, este Tribunal se ve impedido de entrar a

considerar los méritos de la Resolución emitida el 4 de mayo de 2023 por

el TPI, toda vez que carecemos de jurisdicción a esos efectos, por lo que

estamos obligados a desestimarlo.

                                    IV

       Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos el

recurso presentado por el apelante por falta de jurisdicción.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones