Court Opinion

ID: 9962832
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:56:48.986766+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.787149
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

    HÉCTOR ROMÁN                                 Revisión Judicial,
      MONTAÑEZ                                   procedente del
                                                 Departamento de
     Parte Recurrente                            Corrección y
                                                 Rehabilitación
                              KLRA202400007
                              consolidado con Caso Núm.:
                              KLRA202400020 Confinado número
                                              P676-30292
            v.

                                                 Sobre:
                                                 Revisión Programas de
                                                 Desvíos (Pase Extendido
                                                 con Monitoreo
  DEPARTAMENTO DE                                Electrónico)
    CORRECCIÓN Y
   REHABILITACIÓN                                Revisión Programas de
                                                 Desvíos (Evaluación del
      Parte Recurrida                            Programa Religiosos y
                                                 Hogar Crea)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

      Compareció ante este Tribunal la parte recurrente, el Sr. Héctor

Román Montañez (en adelante, “el señor Román Montañez” o el

“Recurrente”), quien se encuentra confinado en la Institución Correccional

Guerrero Aguadilla, mediante dos recursos de revisión judicial bajo los

alfanuméricos KLRA202400007 y KLRA202400020, presentados el 8 y el

12 de enero de 2024, respectivamente. Nos solicitó la revocación de dos

(2) determinaciones emitidas por la Oficina de Programa de Desvíos y

Comunitario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en

adelante, “DCR”) el 27 de septiembre de 2023, ambas notificadas el 5 de

diciembre de 2023. Dichas determinaciones fueron objeto de dos (2)

solicitudes de reconsideración presentadas por el señor Román Montañez

Número Identificador
SEN2024______________
KLRA202400007 cons. KLRA202400020                                                    2

el 18 de diciembre de 2023. El DCR reafirmó sus conclusiones mediante

dictámenes emitidos el 20 de diciembre de 2023.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirman

las determinaciones de la DCR emitidas el 27 de septiembre de 2023.

                                          I.

       El caso de autos se originó el 30 de junio de 2023, cuando el Comité

de Clasificación y Tratamiento de la Institución Correccional Guerrero

Aguadilla (en adelante, “CCT”) determinó que el señor Román Montañez

se podía beneficiar de un nivel de supervisión menor en la institución penal.

Así pues, fue reclasificado de custodia mediana a custodia mínima y

referido tanto al Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico,

como al Programa Religioso y Hogar CREA, respectivamente. Así las

cosas, el 27 de septiembre de 2023, la Coordinadora de Programas de

Desvíos, la Sra. Selma Ríos Calderón, denegó ambos referidos para

participar de dichos programas, argumentando que el Recurrente no era

elegible debido a que el Artículo 3 de la derogada Ley Núm. 315-2004,1

excluía a aquellas personas convictas por el delito de asesinato en primer

grado de participar de cualquier de los programas de desvío disponibles.

En particular, ambas determinaciones administrativas indicaron lo

siguiente:

       Desde la fecha de los hechos al presente bajo el Plan de
       Reorganización del DCR #2 del 21 noviembre de 2011 en su
       Artículo #16[,] según enmendado[,] se excluye del beneficio
       de Programas de Desvío el delito de Asesinato en Primer
       Grado[.]

       El 18 de diciembre de 2023, el señor Román Montañez presentó dos

solicitudes de reconsideración. A través de estos escritos, alegó que las

determinaciones del DCR fueron contrarias a derecho porque no se

basaron en evidencia sustancial                e incumplían con el mandato

constitucional de rehabilitación promulgado en la Ley Núm. 2-2011, según

enmendada, conocida como el “Plan de Reorganización del Departamento

de Corrección y Rehabilitación”, 3 LPRA Ap. XVIII et seq., y con el

1 La Ley Núm. 315 de 15 de septiembre de 2004 enmendó los Artículos 5, 10, 10A, 16, 17,

20 y 50 de la derogada Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida
como la “Ley Orgánica de la Administración de Corrección”, 4 LPRA secs. 1101 et seq.
KLRA20240007 cons. KLRA202400020                                         3

Reglamento Núm. 9497, infra. Evaluados sus planteamientos, el 20 de

diciembre de 2023, el DCR reiteró sus determinaciones.

      Inconforme con lo anteriormente resuelto, el Recurrente acudió ante

este Tribunal mediante los recursos de revisión judicial, bajo los

alfanuméricos KLRA202400007 y KLRA202400020. En cuanto al caso

núm. KLRA202400007, el Recurrente sostuvo que el DCR cometió los

siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el DCR al no basar su determinación
      en evidencia sustancial, erró en la aplicación e interpretación
      de las leyes y los reglamentos que se le han encomendado
      administrar, lesionando así los derechos fundamentales del
      recurrente, al actuar así, arbitraria, caprichosa, irrazonable e
      ilegalmente habiendo emitido una determinación carente de
      base racional y contraria a derecho.

      SEGUNDO ERROR: Erró el DCR al aplicar [las]
      disposiciones de la Ley Núm. 315 del 15 de septiembre de
      2004[,] Art. 3(E), la cual fue derogada por el Plan de
      Reorganización del DCR #2 del 21 de noviembre de 2011.
      (Ley Núm. 182-2009).

      TERCER ERROR: Erró el DCR al no conceder al recurrente
      poder participar del Programa de Pase Extendido con
      Monitoreo Electrónico, ignorando así que su actuación
      supone un grave perjuicio para el Recurrente, en tanto
      interrumpió el proceso de Rehabilitación emprendido por
      este, proceso que constituye la meta principal del sistema
      penal según la carta magna.

      CUARTO ERROR: Erró el DCR al incumplir con el mandato
      constitucional de Rehabilitación al utilizar como único factor
      en la determinación denegada, que su delito de asesinato en
      primer grado lo excluye de participar en dicho programa,
      pasando por alto el Reglamento de Actividades y Nuevas
      Oportunidades de Rehabilitación y Tratamiento Núm. 9497
      del 11 de septiembre de 2023.

      QUINTO ERROR: Erró el DCR al denegar el Programa de
      Paso Extendido con monitoreo electrónico al recurrente
      impidiendo y/o coartando la Política Pública de la Agencia,
      Art. VI sec. 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado
      de Puerto Rico LPRA Tomo 1, ya que a través de dicho
      Programa, viabiliza que el confinado trabaje para el sustento
      económico de sus familiares o estudios mientras utiliza un
      brazalete electrónico, el cual es el deseo e interés del
      suscribiente. (Trabajar o estudiar).

      En lo que respecta al caso bajo el alfanumérico KLRA202400020, el

señor Román Montañez le imputó al foro recurrido la comisión de los

siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el DCR al no basar su determinación
      en evidencia sustancial, erró en la aplicación e interpretación
      de las leyes y los reglamentos que se le han encomendado
      administrar, lesionando así los derechos fundamentales del
KLRA202400007 cons. KLRA202400020                                         4

       recurrente, al actuar así, arbitraria, caprichosa, irrazonable e
       ilegalmente habiendo emitido una determinación carente de
       base racional y contraria a derecho.

       SEGUNDO ERROR: Erró el DCR al aplicar [las]
       disposiciones de la Ley Núm. 315 del 15 de septiembre de
       2004[,] Art. 3(E), la cual fue derogada por el Plan de
       Reorganización del DCR #2 del 21 de noviembre de 2011.
       (Ley Núm. 182-2009).

       TERCER ERROR: Erró el DCR al no conceder al recurrente
       poder participar del Progr[ama] Religioso y Hogar Crea,
       ignorando así que su actuación supone un grave perjuicio
       para el recurrente, en tanto interrumpió el proceso de
       Rehabilitación emprendido por éste, proceso que constituye
       la meta principal del sistema penal según la carta magna.

       CUARTO ERROR: Erró el DCR al incumplir con el mandato
       constitucional de Rehabilitación al utilizar como único factor
       en la determinación denegada, que su delito de asesinato en
       primer grado lo excluye de participar en dicho programa,
       pasando por alto el Reglamento de Actividades y Nuevas
       Oportunidades de Rehabilitación y Tratamiento Núm. 9497
       del 11 de septiembre de 2023.

       QUINTO ERROR: Erró el DCR al denegar el Progr[ama]
       Religioso y Hogar Crea al recurrente impidiendo y/o
       coartando la Política Pública de la Agencia, Art. VI sec. 19 de
       la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
       LPRA Tomo 1, ya que a través de dicho Programa viabiliza y
       promueve la Rehabilitación del confinado.

       El 1 de marzo de 2024, el DCR presentó su alegato en oposición al

recurso.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                      II.

                                     A.

       Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los

tribunales apelativos están llamados a abstenerse de intervenir en las

decisiones administrativas, ya que éstas poseen una presunción de

legalidad y corrección. ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281

(2020); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Cónsono

con ello, se ha resuelto que las decisiones de las agencias administrativas

gozan de la mayor deferencia por los tribunales. Oficina de Ética

Gubernamental v. Martínez Giraud, 210 DPR 79, 88-89 (2022). Ello debido

a que dichos entes gubernamentales son los que poseen el conocimiento

especializado y experiencia en los asuntos que les son encomendados.
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Super Asphalt v. AFI, 206 DPR 803, 819 (2021). En los casos de revisión

judicial, “[e]l criterio a aplicarse no es si la decisión administrativa es la más

razonable o la mejor al arbitrio del foro judicial; es, repetimos, si la

determinación administrativa, en interpretación de los reglamentos y las

leyes que le incumbe implementar, es una razonable”. Rivera Concepción

v. A.R.Pe, 152 DPR 116, 124 (2000).

       La Sección 4.5 de la LPAU, dispone que “[l]as determinaciones de

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal,

si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Así pues, la intervención judicial en

estos casos ha de centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio

concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están

razonablemente sostenidas por la prueba y (3) si las conclusiones de

derecho del organismo administrativo son correctas. P.R.T.C. Co. v. J. Reg.

Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000). Podemos decir que la deferencia

reconocida a la decisión de una agencia administrativa cede en las

siguientes circunstancias: cuando no está basada en evidencia sustancial,

cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley y

cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. T-JAC, Inc. v.

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).

       Las determinaciones de hechos de los organismos y agencias

administrativas tienen a su favor una presunción de regularidad y

corrección. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210

(1987). De manera que los tribunales apelativos no intervienen con las

determinaciones de hechos formuladas por una agencia administrativa si

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente

administrativo. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75

(2000).

       Según lo ha definido el Tribunal Supremo en diversas ocasiones,

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”.

Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Por ello,
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quien impugne las determinaciones de hechos de una agencia

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la evidencia

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la presunción

de corrección de la determinación administrativa. El peso de la prueba

descansa entonces sobre la parte que impugna la determinación

administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).

Además, debe demostrar que existe otra prueba en el expediente que

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta

el punto de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia

fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su

consideración. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2002).

       Las conclusiones de derecho, tal y como surge de la Sección 4.5 de

la LPAU, supra, pueden ser revisadas en todos sus aspectos. 3 LPRA sec.

9675. Sin embargo, esto no significa que, al ejercer su función revisora,

podamos descartar liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la

agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. “Al evaluar los casos

es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria, en la

que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la discreción

o pericia administrativa”. Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195

(1990).

       El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo administrativo

por el propio únicamente en aquellas ocasiones que no encuentre una base

racional que fundamente la actuación administrativa. No obstante, es

axioma judicial que, ante la prueba pericial y documental, el tribunal revisor

se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por tanto, está

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio. Dye-

Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000).

       Sin embargo, la deferencia judicial en la revisión de determinaciones

administrativas no conlleva la renuncia de este Tribunal a su función

revisora. Simplemente, define el carácter limitado de la función revisora a

casos apropiados. La deferencia reconocida no equivale a la dimisión de la

función revisora de este foro apelativo intermedio en instancias adecuadas
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y meritorias, como resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación

de la ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1987).

                                     B.

       El Artículo VI, Sección 19 de nuestra Carta Magna establece la

política púbica del Estado de “reglamentar las instituciones penales para

que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los

recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para

hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. PR,

LPRA, Tomo 1.

       De conformidad con dicho axioma constitucional, el Artículo 2 del

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como

el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y

Rehabilitación de 2011”, 3 LPRA Ap. XVIII (en adelante, el “Plan de

Reorganización), dispone que:

       La política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de la
       creación de un sistema integrado de seguridad y
       administración correccional donde las funciones y deberes se
       armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas
       y medidas de seguridad, así como a la custodia de
       ciudadanos que han sido encontrados incursos en la
       comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de
       rehabilitación moral y social del miembro de la población
       correccional o transgresor, a fin de fomentar su
       reincorporación a la sociedad. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 2.

       En lo concerniente a la controversia ante nos, la implementación de

Programas de Desvíos es uno de los métodos para alcanzar la

rehabilitación. Esto es, programas que permiten que las personas convictas

cumplan parte de su sentencia fuera de la institución correccional. 3 LPRA,

Ap. XVIII, Art. 3 (v). Sin embargo, el Artículo 16 del Plan de Reorganización,

supra, excluye la participación de ciertos miembros de la comunidad

correccional en los programas de desvíos establecidos por el DCR. Así

pues, las personas que han sido convictas por los siguientes delitos no son

elegibles: (1) producción, posesión y distribución de pornografía y la

utilización de un menor para la pornografía infantil; (2) violaciones a la Ley

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como la “Ley de Sustancias

Controladas de Puerto Rico”, según enmendada, excepto las violaciones al
KLRA202400007 cons. KLRA202400020                                                        8

Artículo 404 de dicho estatuto, 24 LPRA sec. 2402; (3) violaciones a la Ley

Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la

“Ley de Explosivos de Puerto Rico”, 25 LPRA secs. 561 et seq.; y (4) toda

persona convicta por delito grave de primer grado, entre otros. 3 LPRA

Ap. XVIII, Art. 16 (énfasis suplido).2

        Por otra parte, a tenor con las disposiciones del Artículo 7, inciso

(aa), del Plan de Reorganización, el DCR tendrá la facultad para:

        [A]doptar, establecer, desarrollar, enmendar, derogar e
        implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales,
        normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo del
        Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los
        fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta
        de funcionarios, empleados y de la clientela, así como los
        programas y servicios. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 7 (aa).

        En concordancia con las facultades previamente especificadas, el

DCR adoptó el Reglamento Núm. 9497 de 11 de septiembre de 2023,

conocido como el “Reglamento de Actividades y Nuevas Oportunidades de

Rehabilitación y Tratamiento” (en adelante, “Reglamento Núm. 9497”). Éste

fue creado con el objetivo de propiciar la rehabilitación y preservar el orden

y la seguridad tanto en las instituciones correccionales, como en la

comunidad. Así, aborda las normas relacionadas a la participación de los

miembros de la población correccional en las actividades, dentro y fuera de

las instituciones correccionales.3 Específicamente, regula los siguientes

programas: (1) bandas musicales, (2) teatro correccional, (3) atletas de alto

rendimiento, (4) brigadas y (5) artesanal.

        Según el aludido Reglamento, los miembros de la población

correccional clasificados en custodia mínima pueden participar de las

actividades en la libre comunidad, siempre que presenten un estado

emocional estable y hayan arrojado negativo en las pruebas de dopaje en

el último año. Véase, Art. VII (B) (1) (a) del Reglamento Núm. 9497, supra.

No son elegibles para participar de estos programas las personas que: (1)

tengan historial de delito de fuga o su tentativa en los últimos dos (2) años,

incluyendo cargos actuales pendientes de resolver; (2) que tengan casos

2 Esta disposición estatutaria fue enmendada mediante la aprobación de la Ley Núm. 79-

2022, para incluir el alcance legal actual del Artículo 16 del Plan de Reorganización.
3 Introducción al Reglamento Núm. 9497, supra.
KLRA20240007 cons. KLRA202400020                                           9

pendientes por resolver; o (3) que pese una resolución administrativa

disciplinaria por haber incurrido en actos prohibidos en los últimos seis (6)

meses. Véase, Art. VII (B) (1) (b) del Reglamento Núm. 9497, supra. No

obstante, los miembros de la comunidad correccional que estén

cumpliendo una pena por cualquier delito grave de segundo grado o un

delito de mayor severidad pueden participar en actividades, siempre y

cuando hayan obtenido una dispensa o permiso especial. (Énfasis suplido).

       Respecto a su vigencia, el Reglamento dispone lo siguiente:

       Este Reglamento, una vez promulgado por el (la)
       Secretario(a), comenzará a regir a los treinta (30) días, luego
       de haber sido aprobado por el Departamento de Estado y de
       haber cumplido con las formalidades de la Ley de
       Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
       Puerto Rico. Véase, Art. XVII del Reglamento Núm. 9497,
       supra.

                                     III.

       Por estar íntimamente relacionados los señalamientos de error en

ambos recursos presentados por el Recurrente, procedemos a discutirlos

en conjunto.

       En síntesis, el señor Román Montañez alega que el DCR erró: (1) al

no basar sus determinaciones en evidencia sustancial; (2) en la aplicación

e interpretación de las leyes y reglamentos; (3) al aplicar disposiciones de

la Ley Núm. 315-2004; (4) al no conceder al recurrente poder participar de

en el Programa Pase Extendido con Monitoreo Electrónico y en el

Programa Religioso y Hogar CREA, respectivamente; y al (5) pasar por alto

el Reglamento Núm. 9497, supra. No nos convence su postura. Veamos

por qué.

       Surge del expediente de nuestro caso que, el 18 de octubre de 2011,

el Recurrente fue sentenciado a una pena de reclusión de 129 años por los

delitos de asesinato en primer grado, amenaza o intimidación a testigos e

infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la derogada Ley Núm. 404-2000,

según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”, 25

LPRA secs. 458c y 458n, respectivamente. Así las cosas, el 30 de junio de

2023, fue reclasificado a custodia mínima y referido a los programas de

desvío en controversia. El 27 de septiembre de 2023, le denegaron las
KLRA202400007 cons. KLRA202400020                                        10

solicitudes para disfrutar de ambos Programas, bajo el fundamento de que

el delito de asesinato en primer grado es un delito excluido de dichos

beneficios.

      Sobre el particular, es menester destacar que la Ley Núm. 315-2004,

vigente al momento de la comisión de los delitos y de que el Recurrente

fuera sentenciado, disponía que las personas que estuvieran cumpliendo

una sentencia por el delito de asesinato no serían elegibles para participar

en los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación establecidos por

el DCR. De igual manera, el Artículo 16 del Plan de Reorganización, supra,

actualmente establece que las personas que han sido convictas por

delitos grave de primer grado no son elegibles para participar de

Programas de Desvíos. 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16.

      Por otra parte, si bien es cierto que el Reglamento 9497, supra,

permite que los miembros de la comunidad correccional que estén

cumpliendo una pena por cualquier delito grave de segundo grado o un

delito de mayor severidad participen de ciertas actividades recreativas, no

es menos cierto que dicho cuerpo reglamentario fue aprobado el 7 de

septiembre de 2023 y entró en vigor el 11 de octubre de 2023. Por tanto, el

aludido Reglamento fue efectivo luego de realizarse las determinaciones

impugnadas en los casos de epígrafe, respecto a la elegibilidad del señor

Román Montañez a los Programas. Nótese que los referidos se realizaron

en el mes junio de 2023, se denegaron en septiembre de 2023 y no fue

hasta octubre del mismo año que el referido Reglamento comenzó a regir.

      Además, aún si ignoráramos lo anterior, si las solicitudes hubieran

sido presentadas en un momento posterior a la vigencia del Reglamento,

nuestra conclusión hubiera sido la misma. La disposición máxima aplicable

a los hechos de nuestro caso lo es el Artículo 16 del Plan de

Reorganización, supra, que excluye a las personas que han cometido el

delito de asesinato en primer grado de participar de programas de desvío.

3 LPRA Ap. XVIII, Art. 16. A causa de lo antes establecido, es patente que

el señor Román Montañez no es elegible para participar de los programas
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de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico ni del Programa Religioso y

Hogar CREA.

      En vista de lo anterior, concluimos que el DCR actuó correctamente

al denegar las peticiones del Recurrente, pues del expediente ante nuestra

consideración se desprende que éste fue sentenciado por el delito de

asesinato en primer grado, el cual está excluido de los beneficios de los

programas de desvío, por disposición del Artículo 16 del Plan de

Reorganización, supra.

      Así pues, concluimos expresamente que el Recurrente no aportó

evidencia suficiente para derrotar la presunción de corrección de la cual

están investidas las decisiones del foro administrativo. En el ejercicio de

nuestra función revisora, venimos compelidos a darle deferencia a la

especialización, experiencia y las cuestiones propias de la discreción o

pericia de las agencias administrativas. Tal y como hemos adelantado,

somos de la opinión de que la agencia recurrida no actuó de manera

arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera del marco de los poderes que se le

delegaron.

                                    IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte de la presente Sentencia, confirmamos las determinaciones emitidas

por el DCR el 27 de septiembre de 2023 mediante las que se le denegó al

señor Román Montañez el beneficio de participar del Programa Pase

Extendido con Monitoreo Electrónico y del Programa Religioso y Hogar

CREA, respectivamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones