Court Opinion

ID: 9962798
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:25.783214+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.697177
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VIII

Gabriel C. Maldonado                                APELACIÓN
Rodríguez                                           procedente del
                                                    Tribunal de Primera
          Apelado                                   Instancia, Sala
                                                    Superior de Ponce
             vs.

Comisionado de la        KLAN202400083
Policía; Estado Libre                  Civil Núm.:
Asociado de Puerto Rico,               PO2023CV02197
representado por el Hon.
Domingo Emanuelli
Hernández, Secretario de               Sobre:
Justicia designado y la
Junta de Confiscaciones,               Impugnación de
representado por Alba I.               Confiscación
Calderón Cester

         Apelantes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 08 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(ELA o parte apelante), quien presenta recurso de apelación en el

que solicita la revocación de la “Sentencia” emitida el 22 de

noviembre de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Ponce. Mediante dicho dictamen, el foro primario

declaró Ha Lugar la “Demanda” de impugnación de confiscación, y

ordenó a la parte apelante a devolver el vehículo confiscado.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

revocamos      el      dictamen    mediante   los    fundamentos     que

expondremos a continuación.

1 Notificada el 27 de noviembre de 2023.

Número Identificador

SEN2024 ___________
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                                   I.

       El 24 de julio de 2023, el señor Gabriel C. Maldonado

Rodríguez (Sr. Maldonado Rodríguez o parte apelada) presentó

“Demanda” sobre impugnación de confiscación contra el ELA. En

síntesis, alegó que, el 12 de agosto de 2022, agentes de la Policía

intervinieron con su persona por una alegada violación al Art. 401

de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.2 Adujo que,

con motivo de dicha intervención, la Policía le confiscó un vehículo

de motor marca Dodge, modelo RAM 1500, color negro del año

2019, tablilla 1011591, núm. de serie 1C6SRFFTXKN768505.

Arguyó que la confiscación fue ilegal, toda vez que el vehículo

confiscado no fue utilizado en la comisión de delito alguno. A su

vez, señaló que no se le notificó la confiscación.

       Por su parte, el 28 de agosto de 2023, el ELA presentó su

“Contestación a Demanda”, y negó todas las alegaciones incluidas

en la reclamación. En la afirmativa, aseveró que, el 22 de

septiembre de 2022, se envió una Carta de Notificación sobre

Orden de Confiscación fechada del 19 de septiembre de 2022, al

Sr. Gabriel Carlos Maldonado Rodriguez a la dirección: Urb. Río

Canas, 2849 Calle Amazona, Ponce, Puerto Rico, 00728, por correo

certificado con acuse de recibo.        No obstante lo anterior, afirmó

que dicha carta fue devuelta por el correo y recibida devuelta el 17

de octubre de 2022, debido a que ésta no fue reclamada.

       Posteriormente, el 22 de septiembre de 2023, el ELA

presentó “Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación”

y, en síntesis, argumentó que la parte apelada presentó su

“Demanda” fuera del término jurisdiccional provisto en la ley.

Sostuvo que, conforme el Art. 15 de la Ley de Confiscaciones, infra,

en aquellos casos en los que la notificación sea devuelta, el término

de 30 días para impugnar la confiscación comienza a computarse

2 24 LPRA sec. 2401.
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desde que la referida notificación es recibida por el Departamento

de Justicia. Expuso que, en este caso, la Carta de Notificación

sobre Orden de Confiscación fue enviada el 22 de septiembre de

2022, pero como no fue reclamada, la misma fue recibida devuelta

el 17 de octubre de 2022.      Expresó que, a partir de esta fecha,

comenzó a transcurrir el término jurisdiccional de 30 días para

impugnar la confiscación.     Sin embargo, el apelado presentó su

“Demanda” el 24 de julio de 2023, o sea, luego de transcurrido el

término para impugnar la confiscación. Por esta razón, solicitó la

desestimación de la reclamación presentada en su contra.

        El 6 de octubre de 2023, el Sr. Maldonado Rodríguez

presentó su “Moción en Oposición a Desestimación de Demanda y

Solicitud de Sentencia por Incumplimiento con el Art 13, Ley 119-

2011”. En lo pertinente, esbozó que, conforme el Art. 13 de la Ley

de Confiscaciones, infra, la Junta de Confiscaciones posee un

término de 30 días para notificar la confiscación, a contarse desde

la ocupación física del bien. Aseveró que, en el caso de marras, el

vehículo fue ocupado el 12 de agosto de 2022 y, por tanto, la Junta

de Confiscaciones tenía hasta el 11 de septiembre de 2022 para

notificar la confiscación.   Empero, la Carta de Notificación sobre

Orden de Confiscación fue enviada el 22 de septiembre de 2022, ya

expirado el término jurisdiccional para notificar la misma. Por

entender que no está presente alguna de las excepciones

dispuestas en ley, solicitó se dictase sentencia a su favor.

        Finalmente, el 20 de octubre de 2023, el ELA presentó

“Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando Desestimación”, y

reafirmó que el caso debía ser desestimado al amparo del Art. 15

de la Ley de Confiscaciones, infra, debido a que el apelado presentó

su reclamación luego de transcurrido el término jurisdiccional para

ello.
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       Evaluados los escritos presentados por ambas partes, el 22

de noviembre de 2023,3 el foro a quo emitió “Sentencia” mediante

la cual declaró No Ha Lugar la “Moción de Desestimación”

presentada por el ELA, y Ha Lugar la “Demanda” presentada por el

apelado. Razonó que, en efecto, la parte apelante no notificó al Sr.

Maldonado Rodríguez la confiscación dentro del término dispuesto

en el Art. 13 de la Ley de Confiscaciones, infra, ya que no acreditó

la aplicación de alguna de las excepciones establecidas en dicho

artículo. Por ende, concluyó que nunca comenzó a discurrir el

plazo establecido en el Art. 15 de la Ley de Confiscaciones, infra,

para impugnar la confiscación. Ante ello, ordenó al ELA a devolver

el vehículo confiscado.

       Inconforme con el dictamen, el 13 de diciembre de 2023, el

ELA presentó “Moción de Reconsideración”, y reiteró que, conforme

el Art. 15 de la Ley de Confiscaciones, infra, el pleito debía ser

desestimado.

       El 27 de diciembre de 2023, el Sr. Maldonado Rodríguez

presentó su “Moción en Oposición a Reconsideración por Falta de

Jurisdicción”, y manifestó que la solicitud de reconsideración se

presentó fuera del término dispuesto para ello.

       Mediante “Réplica a Moción en Oposición a Reconsideración

por Falta de Jurisdicción” presentada el 29 de diciembre de 2023,

el ELA esgrimió que su solicitud fue presentada dentro de los 15

días que provee la ley.

       Atendidos los argumentos de ambas partes, el 10 de enero

de 2024,4 el foro recurrido emitió “Resolución” declarando No Ha

Lugar la “Moción de Reconsideración” presentada por la parte

apelante.    Aclaró que, según la Regla 47 de Procedimiento Civil,

3 Notificada el 27 de noviembre de 2023.
4 Notificada el 12 de enero de 2024.
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infra,    el   término   jurisdiccional   de   15   días   para   solicitar

reconsideración venció el 12 de diciembre de 2023.

         Oportunamente, el ELA recurre ante esta segunda instancia

judicial, y señala la comisión del siguiente señalamiento de error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la Junta
         de Confiscaciones notificó la confiscación fuera del término
         establecido en el Artículo 13 de la Ley Núm. 119-2011.

         Mediante “Resolución” emitida el 30 de enero de 2024,

concedimos a la parte apelada un término de 10 días para someter

su alegato en oposición.        A su vez, le advertimos que, de no

comparecer dentro del término concedido, procederíamos a dar por

perfeccionado el recurso, y a resolverlo sin el beneficio de su

comparecencia. A día de hoy, la parte apelada no ha comparecido,

por lo que, según advertimos, procedemos a resolver.

                                    II.

         En nuestro ordenamiento jurídico, el proceso de confiscación

se rige por las disposiciones de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA

sec. 1724 et seq., también conocida como la Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2011, según enmendada. El precitado estatuto

establece un procedimiento uniforme para todos los casos de

confiscación, y establece como política pública la agilidad del

procedimiento de confiscación, siempre y cuando éstos garanticen

los derechos y reclamos de las personas afectadas por ésta. Véase,

Art. 2 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724 nota. Aunque

el estatuto no define el concepto de confiscación, nuestro Máximo

Foro lo ha definido de la siguiente manera:

         La confiscación es el acto mediante el cual el Estado,
         representado en este caso por el Poder Ejecutivo, priva
         a una persona de su propiedad sin compensación
         económica, basado únicamente en que dicha propiedad
         fue utilizada en la comisión de ciertos delitos
         predeterminados por la Asamblea Legislativa o porque
         tal bien es producto o resultado de una conducta
         prohibida por ley. Mapfre Praico Ins. v. ELA, 195 DPR
         86, 91 (2016).
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      Existen dos tipos de confiscación: (1) confiscación in

personam y (2) confiscación in rem. En nuestra jurisdicción,

nuestra Asamblea Legislativa adoptó la confiscación in rem, por lo

que el procedimiento posee carácter civil y “va dirigido contra la

cosa misma y no contra el dueño de la propiedad, su poseedor,

encargado o cualquier otra persona con algún interés legal sobre

ésta”. López v. Secretaria, 162 DPR 345, 352 (2004). Debido al

carácter civil que permea el proceso, “la culpabilidad o inocencia

del acusado no deberá tomarse en cuenta en el proceso de

confiscación”. Véase, Art. 8 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA

sec. 1724e. En otras palabras, lo determinante en este proceso no

es el resultado de la acción criminal que se ha presentado contra la

persona que utilizó la cosa objeto de confiscación, sino si el bien en

cuestión fue utilizado en la comisión de un delito. Íd. Siendo así,

el Art. 9 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724f, provee que

podrá confiscarse “toda propiedad que resulte, sea producto o se

utilice, durante la comisión de delitos graves y de aquellos delitos

menos graves en los que por ley se autorice la confiscación”.

      En cuanto al procedimiento para ejecutar la confiscación, el

Art. 10 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724g, dispone

que, como norma general, la propiedad sujeta a confiscación será

ocupada por agentes del orden público, mediante orden de un

magistrado o Tribunal competente. No obstante, el propio artículo

reconoce ciertos casos en los que se puede confiscar propiedad sin

previa orden del Tribunal, entre ellos, cuando la propiedad a

ocuparse haya sido utilizada, resulte o sea el producto de la

comisión de cualquiera de los delitos tipificados en las leyes de

sustancias controladas. Íd.

      Tras ocuparse la propiedad a ser confiscada, “el funcionario

bajo cuya autoridad se ocupó, en presencia de la persona a la cual

se le ocupó el bien, de ésta estar disponible, preparará un
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inventario y le entregará copia a dicha persona”. Art. 11 de la Ley

Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724h.           Asimismo, el funcionario

que     efectúa   la   ocupación    deberá    entregar    al   Director

Administrativo lo siguiente: (1) el bien confiscado, (2) todo

documento del cual surjan los hechos y circunstancias que

motivaron la ocupación, (3) copia del inventario de la propiedad

ocupada, y (4) los nombres de testigos y las disposiciones legales

bajo las cuales ésta se realizó. Véase, Art. 12 de la Ley Núm. 119-

2011, 34 LPRA sec. 1724i.

        Por su parte, el Director Administrativo obtendrá una

tasación de la propiedad confiscada y, posteriormente, notificará la

confiscación y la tasación a, entre otras personas, las siguientes:

(1) a la persona que tuviere la posesión física del bien al momento

de la ocupación; y (2) a las que considere como dueños de dicho

bien.    Véase, Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec.

1724j. En cuanto al tiempo y manera de hacer la referida

notificación, la ley dispone lo siguiente:

        Toda confiscación se notificará por correo certificado
        dentro de un término jurisdiccional de treinta (30) días,
        siguientes a la fecha de la ocupación física de los
        bienes. La notificación se hará a la dirección conocida
        del alegado dueño, encargado o persona con derecho o
        interés en la propiedad, según consta del expediente de
        la confiscación. Íd.

        No obstante, y a modo de excepción, se dispone que:

        En aquellos casos en los que se incaute y retenga
        cualquier propiedad para alguna investigación
        relacionada con cualquier acción penal, civil,
        administrativa o cuando el bien es indispensable para
        la investigación o como evidencia en el caso, el término
        para culminar la investigación y emitir la orden de
        confiscación no excederá de noventa (90) días. Los
        treinta (30) días para notificar la confiscación
        comenzarán a contarse una vez concluya dicha acción y
        se expida la correspondiente orden de confiscación. Íd.

        Interpretando las normas que preceden, nuestro Tribunal

Supremo expresó “que el plazo para notificar las órdenes de

confiscación siempre será de treinta días. Lo que varía es el punto
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de partida para computar ese periodo de tiempo”. Véase, Reliable

Financial v. ELA, 197 DPR 289, 298 (2017) (nota al calce número

6). Específicamente, existen 3 puntos de partida para computar el

término de 30 días que posee el Estado para notifique las órdenes

de confiscación, a saber: (1) como norma general, este término

comienza a decursar desde la ocupación de la propiedad; (2) la Ley

Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, concede a los

agentes del orden público un término de 30 días para investigar la

procedencia y titularidad de los vehículos incautados al amparo de

dicho estatuto. En estos casos, por la vía de excepción, los 30 días

para notificar la confiscación comienzan a transcurrir una vez

expirado el antedicho término de 30 días que poseen los agentes

para investigar el bien ocupado.    O sea, que pueden transcurrir

hasta 60 días desde la incautación del vehículo hasta la

notificación de la confiscación; y (3) cuando se incaute y retenga

propiedad para propósitos investigativos relacionados con un caso

civil, criminal o administrativo. En estos casos, los agentes del

orden público ostentan un término máximo de 90 días para

culminar la investigación y emitir la orden de confiscación. Esto,

en aras de evitar que el vehículo sea incautado por un tiempo

indeterminado previo a solicitar su confiscación.    Por ende, si la

propiedad es incautada para propósitos investigativos, por vía de

excepción, los 30 días para notificar la confiscación comenzarán a

contarse a partir de que concluya la investigación y se expida la

orden de confiscación. Véase, Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011,

supra; Reliable Financial v. ELA, supra, a las págs. 298-301.

      Sobre esta última excepción, entiéndase, cuando se ocupa la

propiedad para propósitos investigativos, nuestro Alto Foro expresó

lo siguiente:

      [P]ara [que] el Estado [pueda] justificar la retención de
      propiedad confiscada a base del último supuesto del
      Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, es menester
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     determinar si esa propiedad fue incautada y retenida
     con el propósito de asistir en alguna investigación
     concerniente a un caso. A esos efectos, deben cumplirse
     los    requisitos    siguientes.    Primeramente,     que
     contemporáneamente o cercano a la incautación exista o
     se inicie algún tipo de investigación de naturaleza civil,
     penal o administrativa. Por otra parte, que esa
     investigación esté de alguna manera vinculada a la
     razón para ocupar la propiedad incautada. En otras
     palabras, que el motivo inicial para intervenir y retener
     la propiedad sea relevante a la pesquisa.

     […]

     Con el propósito de garantizar que la facultad para
     incautar propiedad privada se ajuste a lo dispuesto en
     la normativa provista en el Art. 13 de la Ley Núm. 119-
     2011, supra, disponemos hoy que la mejor práctica es
     que los motivos investigativos para retener la propiedad
     en estos casos se revelen a los dueños y a las personas
     con interés lo más cercano posible a la incautación. De
     este modo, se les alerta oportunamente que el trámite
     confiscatorio puede extenderse más allá de los treinta o
     sesenta días, provistos en los otros supuestos de este
     precepto de ley. A la vez se reduce la posibilidad de que
     el Estado improvise justificaciones a posteriori para la
     demora, vulnerando los derechos propietarios de los
     dueños.        Igualmente       pueden        consignarse
     fehacientemente en la orden de confiscación los fines
     investigativos que provocaron la retención de la
     propiedad.

     Según cualquiera de estos dos supuestos, corresponde
     a la parte que impugna una notificación por tardía,
     refutar las razones de índole investigativa aducidas por
     el Estado para amparar su retraso. Así pues, según sea
     el caso, el dueño o la parte con interés en la propiedad
     deberá probar, ya sea que no se dio tal investigación o
     que, de ésta haberse realizado, ese trámite no guardó
     relación con la incautación.

     Ahora bien, en ausencia de las comunicaciones
     mencionadas, una vez impugnada una notificación por
     tardía, si el Estado interesa valerse del periodo de
     tiempo adicional consignado en la última modalidad del
     Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, por alegada
     ocupación para fines investigativos, le corresponde el
     peso de probar, mediante prueba fehaciente, la
     conexión entre el motivo para la ocupación de la
     propiedad retenida y la investigación correspondiente.
     Reliable Financial v. ELA, supra, a las págs. 302-306.

     Por ende, si el Gobierno no puede acreditar que la decisión

de ocupar y retener el vehículo fue para fines investigativos

relacionados a la ocupación, es inaplicable el último párrafo del

Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra. En otras palabras, para

que el Estado pueda valerse de esta excepción deberá presentar
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razones válidas y suficientes para establecer que retuvo el vehículo

para fines investigativos, y que dicha investigación está asociada a

los motivos que originaron su ocupación. De lo contrario, pasados

30 días desde la fecha de la ocupación del automóvil sin que se

haya notificado la confiscación, procede declarar su nulidad.

Reliable Financial v. ELA, supra, a las pág. 305.

      Recordemos que, como tal, la confiscación implica la

privación de la propiedad de una persona por parte del Estado, por

lo que este último está obligado a cumplir con las garantías

mínimas que exigen el debido proceso de ley, incluyendo una

notificación adecuada. Reliable v. Depto. Justicia y ELA, 195 DPR

917, 924-925 (2016). A su vez, esta notificación adecuada tiene el

propósito   de   otorgarles   a   aquellas   partes   interesadas   la

oportunidad de ser oídos, parte fundamental del debido proceso de

ley en su modalidad procesal. Íd., a la pág. 925. Por consiguiente,

el incumplimiento con el término para notificar una confiscación

provoca la nulidad de la acción del Estado. Íd.

      Una vez la persona sea notificada de la confiscación, y ésta

demuestre ser dueña de la propiedad ocupada, podrá impugnar la

confiscación dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que

reciba la notificación. Véase, Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, 34

LPRA sec. 1724l. Ahora bien, en aquellos casos que la notificación

sea devuelta, el término de 30 días para impugnar la confiscación

comenzará a computarse desde que la referida notificación sea

recibida por el Departamento de Justicia. Íd. Estos términos son

jurisdiccionales. Íd.

      La propia ley reconoce que estas reclamaciones deberán

atenderse de forma expedita, y reconoce que, por presumirse la

legalidad y corrección de la confiscación, el demandante es quien

posee el peso de la prueba para derrotar tal presunción. Íd.

Además, el Tribunal deberá ordenar una vista sobre legitimación
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activa, con el objetivo de establecer si el demandante posee un

interés propietario en la propiedad incautada. Íd. Si se decreta la

ilegalidad de la confiscación, la Junta devolverá la propiedad

ocupada al demandante. Véase, Art. 19 de la Ley Núm. 119-2011,

34 LPRA sec. 1724p.           La propia ley dispone un procedimiento

administrativo para la devolución de los bienes confiscados.

Véase, Art. 21 de la Ley Núm. 119-2011, 34 LPRA sec. 1724r.

                                          III.

       Según se desprende del trámite procesal discutido, el 22 de

noviembre de 2023,5 el Tribunal de Primera Instancia emitió

“Sentencia” mediante la cual declaró Ha Lugar la “Demanda” de

impugnación de confiscación presentada por el Sr. Maldonado

Rodríguez, y ordenó a la parte apelante a devolver el vehículo

confiscado.      Determinó que el ELA no notificó la confiscación

dentro del término dispuesto en el Art. 13 de la Ley de

Confiscaciones, supra, ya que no acreditó la aplicación de alguna

de las excepciones establecidas en dicho artículo. Por ende,

concluyó que nunca comenzó a discurrir el plazo establecido en el

Art. 15 de la Ley de Confiscaciones, supra, para impugnar la

confiscación.

       En su escrito, el ELA argumenta que el foro a quo erró al

resolver que “el Estado no acreditó razón alguna para poder valerse

del periodo de tiempo adicional esbozado [en] el último párrafo del

Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra”.6 Su contención es que,

le asiste la excepción por propósitos investigativos dispuesta en el

último párrafo del Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, toda

vez que cumplió con el estándar establecido por nuestra Alta Curia

en el caso de Reliable Financial v. ELA, supra. Tiene razón.

5 Notificada el 27 de noviembre de 2023.
6 Véase, escrito de apelación, pág. 13.
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      Cónsono con el marco legal discutido en el acápite anterior,

como norma general, el Estado posee 30 días para notificar la

confiscación, a computarse desde la ocupación de la propiedad.

No obstante, esta normativa no es absoluta y admite excepciones.

Una de estas excepciones se da cuando el Estado incauta y retiene

la propiedad para propósitos investigativos relacionados con un

caso criminal. Si la propiedad es incautada para propósitos

investigativos, por vía de excepción, los 30 días para notificar la

confiscación no comienzan a contarse desde el momento mismo en

que los agentes del orden público ocuparon la propiedad, sino a

partir de que concluya la investigación y se expida la orden de

confiscación.

      Como ya indicamos, en estos casos, y por virtud del propio

Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra, los agentes del orden

público poseen un término que no excederá de 90 días para

culminar la investigación y emitir la orden de confiscación. Ahora

bien, para poder valerse de este tiempo adicional, el Estado tiene

que justificar la retención de propiedad confiscada.      ¿Cómo lo

hace? Demostrando dos cosas: (1) que contemporáneamente o

cercano a la incautación exista o se inicie algún tipo de

investigación, (2) que esa investigación esté vinculada a la razón

para ocupar la propiedad incautada.

      Por consiguiente, el Estado deberá informar oportunamente

a las personas con interés sobre los motivos investigativos para

retener la propiedad. A su vez, deberá consignar, de forma clara,

aquellos fines investigativos que provocaron la retención de la

propiedad en la orden de confiscación. En este caso, no surge de

los autos que el ELA haya cumplido con las recomendaciones que

anteceden.

      Por lo que, conforme lo resuelto en Reliable Financial v. ELA,

supra, le corresponde al ELA probar, de forma fehaciente, la
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conexión entre la razón inicial para intervenir y el motivo para

retener la propiedad. Concluimos que, en el caso de autos, el ELA

cumplió con este estándar. Veamos.

       Del legajo apelativo surge que, por hechos ocurridos el 12 de

agosto de 2022, se inició una acción penal contra el Sr.

Maldonado Rodríguez debido a que este último “transportó u

ocultó con intención de distribuir la sustancia controlada conocida

como Heroína (250 decks). Esto fue mediante una orden de

allanamiento al vehículo Dodge Ram 1500, color negro, cuatro

puertas, año 2019, tablilla 1011591”.7 (Énfasis nuestro). El

propio apelado reconoce en su “Demanda” que esta intervención

fue el motivo por el cual la Policía le confiscó su vehículo, el

cual describió tal cual aparece en la “Denuncia” presentada en su

contra. Es decir, tal y como plantea el ELA en su escrito, al

momento de la intervención existía una investigación criminal

en proceso. Precisamente, esta investigación fue la que dio

paso al descubrimiento de la sustancia controlada, mediante la

orden de allanamiento expedida para registrar el vehículo

confiscado.

       Ante este cuadro fáctico, debemos concluir que el ELA

presentó evidencia fehaciente que demuestra la conexión entre el

motivo inicial para intervenir y para retener la propiedad.           Para

probar su punto no descansó en meras alegaciones, sino que

acompañó prueba que claramente establece la conexión entre la

investigación y la ocupación de la propiedad.

       Por ende, la parte apelante cumplió con el estándar

establecido por nuestro Tribunal Supremo en Reliable Financial v.

ELA,   supra,    toda    vez   que:   (1)    demostró   que existía   una

investigación contemporánea a la fecha de la incautación del

vehículo, entiéndase, el 12 de agosto de 2022, hecho que quedó

7 Véase, “Denuncia” apéndice, págs. 47-48.
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evidenciado por la orden de allanamiento expedida para registrar el

vehículo ocupado por los agentes del orden público, y (2) esa

investigación estuvo vinculada a la razón para ocupar el vehículo,

ya que este fue el medio utilizado para transportar la sustancia

controlada, elemento esencial del delito imputado.

       Debido a las razones que anteceden, el ELA podía valerse de

la excepción que provee el último párrafo del Art. 13 de la Ley

Núm. 119-2011, supra. Siendo ello así, no es de aplicación la

norma general que exige al Estado notificar la confiscación dentro

del término de 30 días desde que la propiedad fue incautada, sino

que, en este caso en particular, dicho término comenzó a

transcurrir desde que se culminó la investigación y se emitió la

orden de confiscación. O sea, el 26 de agosto de 2022.

       Del expediente apelativo surge que el ELA ocupó el vehículo

de motor el 12 de agosto de 2022. Asimismo, se desprende que,

por la investigación que dio paso a la ocupación del vehículo, el 17

de agosto de 2022, se radicaron cargos criminales contra el Sr.

Raymond De Jesús Rivera.8 A su vez, surge que, el 26 de agosto

de 2022, se emitió la orden de confiscación.

       Partiendo de la premisa de que el ELA podía valerse de la

excepción establecida en el último párrafo del Art. 13 de la Ley

Núm. 119-2011, supra, los agentes del orden público poseían un

término máximo de 90 días para culminar la investigación y emitir

la orden de confiscación, a computarse a partir de la ocupación del

vehículo. Acorde lo anterior, el término de 90 días comenzó a

transcurrir a partir del 12 de agosto de 2022, fecha en que el

ELA ocupó el vehículo de motor. Tomando por cierto el hecho

de que la investigación culminó el 17 de agosto de 2022,9 y

8 Sobre este aspecto, es importante enfatizar que el foro recurrido expresó que

“la investigación penal, si alguna, debió haber culminado el 17 de agosto de
2022, con la radicación de cargos criminales contra el Sr. Raymond De Jesús
Rivera”. Véase, “Sentencia” a la pág. 13; apéndice pág. 14.
9 Según lo determinó el tribunal de instancia. Véase, Íd.
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que la orden de confiscación se emitió el 26 de agosto de

2022, determinamos que el Estado cumplió con culminar su

investigación y emitir la orden de confiscación dentro del

aludido término de 90 días.

         Siendo ello así, el término jurisdiccional de 30 días que

posee el ELA para notificar la confiscación debe contarse a

partir del 26 de agosto de 2022, fecha en que se emitió la

orden de confiscación. Habiéndose notificado la confiscación

el 22 de septiembre de 2022, o sea, 27 días luego de emitida la

orden de confiscación, concluimos que la parte apelante

cumplió con el Art. 13 de la Ley Núm. 119-2011, supra. Por

ende, erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el

ELA ”incumplió con su deber de notificar oportunamente [al

apelado] sobre la confiscación del vehículo”.10

         Siendo esto así, y no existiendo controversia de que el ELA

notificó la confiscación el 22 de septiembre de 2022,11 resulta claro

que el Sr. Maldonado Rodríguez impugnó la confiscación fuera del

término que establece el Art. 15 de la Ley Núm. 119-2011, supra.

La prueba documental demuestra que la confiscación se le notificó

al apelado a la siguiente dirección: Urb. Río Canas, 2849 Calle

Amazona, Ponce, Puerto Rico, 00728, por correo certificado con

acuse de recibo.12        Esta es la misma dirección que el propio

apelado incluyó en su reclamación.13

         No obstante, dicha carta fue devuelta por el correo y recibida

devuelta el 17 de octubre de 2022, debido a que esta no fue

reclamada.14 Cuando esto ocurre, el propio Art. 15 de la Ley Núm.

119-2011, supra, provee que el término de 30 días para impugnar

la confiscación comenzará a computarse desde que la referida

10 Véase, “Sentencia” a la pág. 13; apéndice pág. 14.
11 Véase, apéndice págs. 32-34.
12 Íd.
13 Véase, “Demanda” pág. 1; apéndice pág. 19.
14 Véase, apéndice págs. 32-34.
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notificación sea recibida por el Departamento de Justicia. O sea,

que el término jurisdiccional de 30 días para impugnar la

confiscación comenzó a transcurrir el 17 de octubre de 2022.

Empero, el Sr. Maldonado Rodríguez presentó su “Demanda” de

impugnación el 24 de julio de 2023, ya vencido dicho término.

Por ende, su reclamación resulta tardía y, en consecuencia, el foro

primario carece de jurisdicción para atenderla.       Yumac Home v.

Empresas Massó, 194 DPR 96, 107 (2015).

      Finalmente, debemos aclarar que el Art. 15 de la Ley Núm.

119-2011, supra, no le exige al Estado a re-notificar la notificación

de la confiscación en aquellos casos en que esta sea devuelta. Por

el contrario, como ya expresamos, el precitado artículo señala que,

si esto ocurre, el término para impugnar la confiscación comenzará

a transcurrir, sin la necesidad de volver a notificarla.

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, revocamos la “Sentencia” recurrida,

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Ponce.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones