Court Opinion

ID: 9394833
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:52.43068+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.435889
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL IV

    LUIS S. ROJAS RAMOS                                   REVISIÓN
      CHRISTIAN ROJAS                                     Administrativa
          RIVERAS                                         procedente del
                                                          Departamento de
         Parte Recurrida                                  Asuntos del
                                    KLRA202200542         Consumidor (DACO
                 v.                                       DACo)

     AUTO LARES CORP.                                     Querella núm.:
    UNIVERSAL INSURANCE                                   ARE-2019-0001914
           CORP.
                                                          Sobre:
        Parte Recurrente                                  Ley 5 de abril de
                                                          1973; Compra Venta
                                                          de Vehículo de
                                                          Motor
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico hoy, 28 de abril de 2023.

         Comparece Auto Lares Corp. (en adelante, Auto Lares o

recurrente) mediante Recurso de Revisión en el cual nos solicita que

revoquemos la Resolución dictada el 31 de agosto de 2022, notificada

el 1ro de septiembre de 2022, por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (en adelante, DACo).1 Mediante dicho dictamen, DACO

DACo declaró Con Lugar la querella presentada por el Sr. Luis S.

Rojas Ramos y el Sr. Christian Rojas Riveras (en adelante, los

recurridos); se ordenó el pago de ocho mil cuatrocientos dólares

($8,400.00) por concepto de la cancelación del contrato de

compraventa dentro del término de veinte (20) días desde el archivo

en autos de la Resolución; ordenó a Auto Lares a recoger el vehículo

en la residencia de los recurridos a su propio costo y a que se

realizara el traspaso del vehículo.

1   Véase, Exhibit I, Recurso de Revisión, págs. 13-19.
Número Identificador

SEN2023___________
KLRA202200542                                                                 2

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Resolución recurrida.

                                      -I-

       El 29 de marzo de 2019, el Sr. Christian Rojas Riveras y su

padre, el Sr. Luis S. Rojas Ramos, adquirieron un vehículo (marca

GMC Modelo P.K. 2010, número de serie 1GTESCDE7A8140640) del

concesionario Auto Lares Corp., el recurrente. Ese día, el vendedor

le expresó que la unidad estaba en buenas condiciones y que todo

estaba bien con la carrocería.2

       El millaje del vehículo al momento de la compraventa era de

ciento noventa y siete mil setecientos cincuenta y ocho (197,758)

millas.3 Por lo tanto, según la cantidad del millaje, el Reglamento de

Garantías de Vehículos de Motor (Reglamento Núm. 7159),

Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 20064, del Departamento

de Asuntos del Consumidor, dispone que no le aplica la garantía en

piezas y mano de obra, pues pasa de las cien mil millas (100,000).

A estos efectos, el Sr. Rojas Riveras y Auto Lares firmaron el acuerdo

de compraventa en donde se pactó el precio de ocho mil

cuatrocientos dólares ($8,400.00).

       El Sr. Rojas Riveras probó el vehículo, lo verificó y estuvo de

acuerdo con la compra del mismo sin garantía.5 Al próximo día, el

30 de marzo de 2019, recogieron el vehículo en Auto Lares y se lo

llevaron.

       El mismo día (30 de marzo de 2019), el Sr. Rojas Riveras

acudió a Arecibo Quick Lube para que le realizaran al vehículo un

cambio de aceite y filtro, en donde se percata, por medio del

mecánico que atendió el vehículo, que tiene un “liqueo” de aceite.6

2 Véase, Transcripción de la Vista Administrativa, pág. 121 líneas 7-12.
3 Véase, Exhibit III, Recurso de Revisión, pág. 20.
4 Artículo 26.2, Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento

7159.
5 Véase, Exhibit III, Recurso de Revisión, pág. 20.
6 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 73, líneas 14-25; pág. 92 líneas 10-

12-25; pág. 93 líneas 1-11; pág. 100 líneas 5-25; pág. 101 líneas 8-25.
KLRA20200542                                                                    3

Acude entonces a Auto Lares para informar sobre el “liqueo” de

aceite del vehículo al gerente del “dealer”. En el lugar, un empleado

le indicó que el gerente no se encontraba disponible.7

       El 9 de abril de 2019, al no obtener respuesta de Auto Lares

sobre el defecto, el Sr. Rojas Riveras acude a Garaje Junito para

solucionar el problema del “liqueo” que el vehículo sufría.8 Allí el Sr.

Ignacio Cosme Avilés (en adelante, el Sr. Cosme Avilés), le notifica

que el vehículo, al acelerarlo, tiene un ruido el cual le preocupaba.

Procedió a reponer la junta de cover de válvula, la junta del “crank”,

el retenedor de atrás del motor y cambio de aceite y filtro.9 Los

arreglos del vehículo tuvieron un costo final de $600.00.10 A su vez,

le indicó que el vehículo hacia un ruido fuerte al acelerarlo.11 El Sr.

Rojas Riveras procede a llevarse el vehículo para la casa de su padre,

el Sr. Rojas Ramos. Desde ese momento hasta el 2 de mayo de 2019

el Sr. Rojas Ramos continuó utilizando el vehículo para sus

gestiones diarias.

       Posteriormente, el 2 de mayo de 2019 el Sr. Rojas Riveras

acudió nuevamente a Garaje Junito en busca de una cotización del

arreglo del vehículo por el sonido que hacía cuando lo verificaron la

primera vez.12 En ese momento el Sr. Cosme Avilés le notificó al Sr.

Rojas Riveras que, para poderle ofrecer un costo específico del

arreglo del vehículo, tenía que desmontar primero el motor en su

totalidad y luego verificarlo para poder reparar el daño que pudiese

tener.13 El Sr. Rojas Riveras decidió no reparar el vehículo. Ese

mismo día, los recurridos presentaron una querella en DACo. En

síntesis, solicitaron la recisión del contrato por defectos de fábrica y

7 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 74, líneas 17-25.
8 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 83 líneas 11-18; pág. 84 líneas 7-14.
9 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 40, líneas 16-20; pág. 44 líneas 8-23.
10 Véase, Copia del Expediente Certificado por el Departamento de Asuntos del

Consumidor. Además, véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 46, líneas 17-21;
pág. 47 líneas 7-11; pág. 52 líneas 4-17.
11 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 110, líneas 9-13; pág. 111 líneas 18-

22.
12 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 85, líneas 23-25; pág. 86 líneas 1-3.
13 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 60, líneas 7-15.
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alegaron saneamiento por vicios ocultos e incumplimiento de

contrato.

          Como parte del proceso administrativo, el 18 de julio de 2019,

el DACo realizó la inspección de la unidad. El informe de inspección,

notificado el 16 de agosto de 2019, reflejó que la unidad estaba

desvielada y que tenía un sonido fuerte al prenderla y al calentar.14

Además, arrojó que el motor del vehículo había que cambiarlo

completamente por el siguiente costo estimado:

          Motor Usado: $1,500.00 Labor: $700.00 Total:
          $2,200.00
          Reparación de Motor: $1,000.00 Machine Shop:
          $1,400.00 Accesorios: $500.00 Total: $2,900.00.15

          Tras varios incidentes procesales, la parte recurrida solicitó el

20 de febrero de 2020 enmienda a la querella a los efectos de incluir

como parte indispensable a la fiadora, Universal Insurance

Company (en adelante, Universal). Además, solicitaron el pago de

los gastos incurridos en mecánicos tratando de arreglar el vehículo

desvielado.

          El 15 de octubre de 2020, los recurridos solicitaron al DACo

se le anotara la rebeldía a Auto Lares y a Universal por no haber

contestado la querella enmendada y que se dictara resolución

concediendo el remedio solicitado.

          Luego de varias extensiones de los términos, el 24 de agosto

de 2021, Auto Lares y Universal presentaron cada uno su

Contestación a Querella. Ese mismo día, Universal presentó su

Objeción a Informe de Inspección que se había realizado por el

inspector del DACo.

          Posteriormente, el 23 de septiembre de 2021, las partes

presentaron el Informe Conjunto de Conferencia Preliminar de

Abogados/as. Luego de varios trámites procesales, el 30 de agosto

14   Véase, Exhibit IV, Recurso de Revisión, pág. 21-24.
15   Íd.
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de 2022 se celebró la Vista Administrativa. En la vista en su fondo

presentaron sus testimonios el Inspector Edgar Cotto González

(Investigador de Querellas de Automóviles de DACo), el Sr. Ignacio

Cosme Avilés (Mecánico que revisó el automóvil), el Sr. Christian

Rojas Riveras (Recurrido) y el Sr. Waldemar Díaz Lamur (Gerente de

Auto Lares). El 31 de agosto de 2022, notificada el 1ro de septiembre

de 2022, el DACo emitió la Resolución recurrida. Mediante dicho

dictamen, emitió las siguientes determinaciones de hechos:

      1) Las partes querellantes se identifican en la presente
         querella como Luis S. Rojas Ramos y Christian Rojas
         Rivera, residentes de Arecibo, P.R. y con dirección
         postal, según surge del expediente administrativo,
         en PO BOX 903, Garróchales, P.R. 00652.

      2) La parte querellada se identifica en la presente
         querella como Auto Lares, Corp., un concesionario
         registrado y activo ante el Registro de Corporaciones
         y Entidades del Departamento de Estado del
         Gobierno de Puerto Rico desde el día 3 de junio de
         1994 con número de registro 86988 y agente
         residente Baltazar Rodríguez Cruz.

      3) La parte coquerellada se identifica en la presente
         querella como Universal Insurance Company, una
         aseguradora registrada y activa ante el Registro de
         Corporaciones y Entidades del Departamento de
         Estado del Gobierno de Puerto Rico desde el día 15
         de mayo de 1970 con número 49 y sin agente
         residente visible en dicho registro.

      4) El día 29 de marzo de 2019, las partes suscribieron
         un contrato de compraventa por un vehículo de
         motor marca GMC, modelo P.K. del año 2010, color
         azul con número de tablilla 1006708, número de
         serie 1GTESCDE7A8140640 y 197,758 millas
         recorridas por la cantidad de ocho mil cuatrocientos
         dólares ($8,400.00) sin garantías.

      5) Según el testimonio de las partes, la unidad fue
         inspeccionada     previo    a    la      compraventa
         encontrándola en condiciones y sin defectos; esto sin
         la pericia de un mecánico que lo certificara.

      6) Según el testimonio del Querellante, tras la compra
         de la unidad, advino en conocimiento que la misma
         tenía un liqueo de aceite suficiente como para
         entender que debía ser examinado por un mecánico,
         por lo cual reclamó al concesionario los defectos
         encontrados en la unidad, resultando su gestión en
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            una infructuosa, por lo que llevó la unidad al Garaje
            Junito en Arecibo.

         7) Según el testimonio de las partes y la evidencia
            presentada, el día 9 de abril de 2019, el Sr. Ignacio
            Cosme Avilés número de licencia 0004392 intervino
            en la unidad encontrando que la misma tenía un
            liqueo de aceite de motor por el cran y otras áreas
            del motor, cambiando la junta de cover de válvulas,
            junta del cran, retenedor de atrás del motor y aceite
            y filtro por la cantidad de seiscientos $600.00
            dólares.

         8) Según el testimonio del Querellante, la unidad
            continuó confrontando dificultades mecánicas y
            sosteniendo un sonido irregular al acelerarse por lo
            cual regresó al mecánico del Garaje Junito para una
            nueva evaluación.

         9) Según el testimonio de las partes y la evidencia
            presentada, el día 2 de mayo de 2019, el Sr. Ignacio
            Cosme Avilés número de licencia 0004392 intervino
            en la unidad encontrando que la misma podría tener
            problemas en los bearings del cigüeñal, pero que no
            podía dar precio de reparación hasta no abrir el
            motor, cosa a la cual se opuso el Querellante,
            radicando su querella ante el Departamento el
            mismo día.

         10) El Querellante solicita como remedio la recisión del
            contrato y la devolución de las contraprestaciones.

         A su vez, el DACo declaró Con Lugar la querella concediendo

la resolución del contrato de compraventa convenido entre las partes

el 29 de marzo de 2019; ordenó a Auto Lares y a Universal a hacerle

entrega al Sr. Rojas Ramos la cantidad de $8,400.00 por concepto

de cancelación del contrato de compraventa y ordenó el recogido del

vehículo.

         Inconforme, el 3 de octubre de 2022, Auto Lares acudió ante

nos mediante Recurso de Revisión, en el cual señala el siguiente

error:

         Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor, por
         medio del Honorable Juez, al resolver el presente caso
         utilizando la doctrina de saneamiento por vicios
         ocultos, cuando lo cierto es que el presente caso se trata
         de un vehículo sobre 100,000 millas, el cual no tenía
         garantía.
KLRA20200542                                                        7

      El 20 de diciembre de 2022, concedimos a la parte recurrida

hasta en o antes del 20 de diciembre de 2022 para presentar su

escrito en oposición ello en conformidad con dictamen decretado el

30 de noviembre de 2022. El 27 de diciembre de 2022, el Sr. Rojas

Ramos y el Sr. Rojas Riveras presentaron el Escrito de Oposición a

Recurso de Revisión de Resolución Administrativa del Departamento

de Asuntos del Consumidor (DACO).

      Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                 -II-

   A. Revisión judicial de determinaciones administrativas

      La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos,

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965

(2011); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.

II, 179 DPR 923, 940 (2010) y Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR

263, 279-280 (1999).

      Nuestro    Tribunal   Supremo     ha    establecido   que    las

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad.

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez

v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). La

evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente
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razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra;

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Dicho análisis requiere

que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la

que sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el

peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v.

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Por lo tanto, el tribunal

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no

pueda   hallar   una   base   racional   para   explicar   la   decisión

administrativa. Otero v. Toyota, supra, pág. 729.

      Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245 (2007).

      Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v.

Toyota, supra, pág. 728. En cambio, las conclusiones de derecho

son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto

Corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, al

realizar su función revisora, están compelidos a considerar la

especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes
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y reglamentos que administra. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med.

Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho

no conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A &

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

      Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012);

Federation des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

      B. Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor y el Reglamento 7159

      La Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada,

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor, 3 LPRA sec. 341, et seq., delegó en el DACo la

responsabilidad de vindicar e implementar los derechos del

consumidor. Para ello, “se estableció en la agencia una estructura

de adjudicación administrativa ‘con plenos poderes para adjudicar

las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los

remedios pertinentes conforme a derecho’”. Ortiz Rolón v. Soler Auto

Sales, Inc., et al., 202 DPR 689, 696 (2019); 3 LPRA sec. 341e(d).

(Énfasis nuestro).

      A su vez, la Ley Núm. 7 del 24 de septiembre de 1979, según

enmendada, Ley de Garantías de Vehículos de Motor (Ley de

Garantías de Vehículos de Motor), 10 LPRA sec. 2051, et seq., fue

promulgada con el fin de “garantizar la seguridad, salud y bienestar

de la comunidad evitando que vehículos de motor defectuosos, de

gran potencialidad de daño al conductor, ocupantes y otros,

transiten por las vías públicas”. Exposición de Motivos de la Ley de

Garantías de Vehículos de Motor.
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      Asimismo, para proteger a los consumidores de vehículos de

motor e imponerles a los fabricantes o manufactureros, y a los

distribuidores y vendedores, como eslabones en la cadena de

distribución, la responsabilidad y obligación de brindarle a los

consumidores el servicio de garantía de fábrica, independientemente

del lugar donde el consumidor haya adquirido dicho vehículo. Íd.

      En virtud de ello, el Secretario del DACo promulgó el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm.

7159 de 6 de julio de 2006 (Reglamento Núm. 7159)16. El propósito

de este Reglamento es proteger a los consumidores que invierten en

la adquisición de vehículos de motor, y procurar que estos sirvan

para los propósitos para los cuales fueron adquiridos, y que tengan

las condiciones mínimas necesarias para garantizar la protección de

la vida y propiedad17.

      En lo pertinente, la Regla 26.1 y 26.2 del Reglamento Núm.

7159, disponen lo siguiente:

      Regla 26.1: Se prohíbe vender un vehículo de motor
      usado sin garantía.

      Regla 26.2: Todo vendedor de vehículos de motor
      usados, concederá garantía, en piezas y mano de obra.
      Esta garantía será a base del millaje recorrido y según
      la siguiente escala:
             a) Hasta 36,000 millas – cuatro (4) meses o
                cuatro mil (4,000) millas, lo que ocurra
                primero.
             b) Más de 36,000 millas y hasta 50,000 millas –
                tres (3) meses o tres mil (3,000) millas, lo que
                ocurra primero.
             c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000
                millas – dos (2) meses o dos mil (2,000)
                millas, lo que ocurra primero.

             (Énfasis nuestro)

      Además, la Regla 37 del referido reglamento establece que

nada de lo dispuesto en él limita el derecho del consumidor a ejercer

16  Cabe señalar que algunas reglas del Reglamento Núm. 7159 fueron
enmendadas por el Reglamento Núm. 7920 de 3 de septiembre de 2010, por lo
cual de aplicar alguna regla enmendada por dicho reglamento así lo haremos
constar.
17 Regla 2 del Reglamento Núm. 7159.
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cualquier acción que le reconozcan las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por

evicción o vicios ocultos, y la acción redhibitoria que reconoce el

Código Civil para los contratos de compraventa. Polanco v. Cacique

Motors, 165 DPR 156, 165 (2005).

       En lo pertinente, el Artículo 1350 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 3801, dispone que, en el contrato de compraventa, el vendedor

está obligado a la entrega y al saneamiento de la cosa vendida.18 Por

su lado, el Artículo 1363 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3831,

dispone que, en virtud de la obligación de saneamiento, el vendedor

responderá al comprador: (1) de la posesión legal y pacífica de la

cosa vendida, y (2) de los vicios o defectos ocultos que tuviere esta.

       Para que proceda una acción de saneamiento por vicios

ocultos, se tienen que cumplir los siguientes requisitos: (1) que la

cosa adolezca de un vicio oculto, que no sea conocido por el

adquirente al momento de la compraventa; (2) que el vicio sea de tal

gravedad que haga la cosa impropia para el uso al que se destina o

disminuya notablemente su valor de manera que el comprador no

habría adquirido la cosa de haberlo conocido; (3) el defecto debe ser

preexistente a la venta; y, (4) la acción debe ejercitarse dentro del

plazo legal de seis meses contados desde la entrega de la cosa

vendida. Polanco v. Cacique Motors, supra.

       Además, en estos casos el Código Civil dispone que el

comprador puede optar entre: (1) la acción redhibitoria, que coloca

a las partes en la condición que se encontraban antes de la

compraventa, mediante la restitución de las prestaciones, o (2) la

reducción del precio en una cantidad proporcional, a juicio de

peritos. Polanco v. Cacique Motors, supra; 31 LPRA sec. 3843.

18Aludimos a las disposiciones del ya derogado Código Civil de 1930, a la luz de
que este estaba aún vigente al momento de los hechos que generaron esta
controversia. Ello, pues la Ley Núm. 55-2020 o Código Civil de Puerto Rico, entró
en vigor el 28 de noviembre de 2020.
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      Ahora bien, para que proceda una acción redhibitoria, los

vicios tienen que ser de tal naturaleza que la imperfección o defecto

haga imposible el uso del objeto, o que el uso se vea disminuido al

extremo de mermar considerablemente la utilidad o el valor de la

cosa para el propósito para el cual fue adquirida. Domínguez v.

Caguas Expressway Motors, supra, pág. 397.

      Asimismo, en cuanto al peso de la prueba sobre la existencia

de vicios ocultos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha opinado

que “el comprador de un vehículo de motor –sea éste nuevo o usado–

al reclamar por vicios ocultos, sólo estará obligado a demostrar que

el automóvil funcionaba normalmente al momento de la compra y

que el vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto, a pesar de

haber tenido la oportunidad de hacerlo”. Polanco v. Cacique Motors,

supra.

                                  -III-

      En el presente recurso, nos corresponde determinar si el

DACo incidió al decretar la recisión del contrato y la devolución del

dinero y concluir que se configuró la figura de vicios ocultos en el

vehículo objeto del caso. Analizados los hechos particulares de la

acción a la luz del derecho aplicable, concluimos que el DACo no

erró en su determinación final.

      En primer lugar, recalcamos que este Tribunal no puede

sustituir el juicio o el criterio del DACo por el suyo, a menos que el

ente administrativo haya actuado de manera arbitraria, ilegal,

irrazonable o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.

Por tanto, procederemos a discutir el error señalado por Auto Lares.

      En síntesis, Auto Lares aduce que el DACo erró al resolver el

caso utilizando la doctrina de saneamiento por vicios ocultos cuando

se trataba de un vehículo con más de 100,000 millas, el cual no

tenía garantía. Por lo tanto, debemos determinar si Auto Lares

vendió el vehículo con un desperfecto que causó se desvielara o si el
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Sr. Rojas Riveras y el Sr. Rojas Ramos causaron que el vehículo

sufriera los daños alegados. Veamos.

       Según el derecho expuesto, un consumidor podrá instar una

acción de saneamiento por vicios ocultos cuando, posterior a la

entrega del vehículo, se evidencian defectos de tal naturaleza que

haga imposible el uso del objeto, o que el uso haya sido

disminuido al extremo de mermar considerablemente la utilidad

o el valor de la cosa en cuanto al propósito para el cual fue

adquirida. De ser así, el comprador puede optar entre una acción

redhibitoria, en la que se restituyen las prestaciones, o la reducción

del precio en una cantidad proporcional.

       Según surge de la Transcripción de la Prueba Oral (en

adelante, TPO), de la Vista Administrativa llevada a cabo el 30 de

agosto de 2022, el 29 de marzo de 2019, el Sr. Rojas Riveras adquirió

un vehículo de motor usado en el concesionario Auto Lares Corp.19

Antes de llevarse el vehículo, tuvo la oportunidad de verificarlo y

estuvo de acuerdo en que el vehículo se encontraba en buenas

condiciones. Además, surge que el Sr. Rojas Riveras aceptó las

condiciones de la compra, es decir, que el vehículo por el millaje que

tenía no cualificaba para garantía.20 Finalmente, el Sr. Rojas Riveras

y su señor padre, se llevaron el vehículo del concesionario y el mismo

día lo llevaron a Arecibo Quick Lube para realizarle cambio de aceite

y filtro, pues acostumbraban a hacerlo luego de adquirir un vehículo

usado.21

       El Sr. Rojas Riveras, como parte de su testimonio, declaró que

cuando llevó el vehículo a Arecibo Quick Lube, al levantar la guagua

en un pino, se veía un “pequeño liqueo” y que ameritaba el arreglo

del mismo.22 Declaró también que el “liqueo” lo pudo ver cuando

19 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 70, líneas 7-11.
20 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 92, líneas 1-9.
21 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 73, líneas 14-18; pág. 71 líneas 1-9;

pág. 109 líneas 4-6.
22 Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 73, líneas 21-25.
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estaba en el pino pues se encontraba posterior a la posición del

vehículo, pero no pudo verlo desde abajo pues las reglas del lugar

no se lo permitían.23 Igualmente declaró que cuando le entregaron

el vehículo, verificó la varilla del aceite y en efecto, había una merma

de aceite por lo que tuvo que echarle aceite.24 Además, aseguró que

reclamó a Auto Lares el “liqueo” pero en ese momento lo atendió un

empleado que le notificó que el vehículo no tenía garantía y que el

“jefe” no se encontraba disponible.25

         Más tarde, el Sr. Rojas Riveras declaró que ocho (8) o diez (10)

días después de la compra del vehículo, acude a Garaje Junito para

que evaluaran el vehículo.26 El Sr. Cosme Avilés recibió el vehículo

debido a que el Sr. Rojas Riveras le notificó que tenía un “liqueo” de

aceite, por lo que procedió a verificarlo. Ahí, el Sr. Cosme Avilés le

indicó que el vehículo tenía un ruido fuerte al encenderlo y

acelerarlo.27 En esa visita al garaje, el Sr. Cosme Avilés revisó e

intervino con varias cosas del vehículo, entre ellas la transmisión, el

cigüeñal, la junta de válvula y la junta del “crank”.28 La factura por

los servicios realizados por el Sr. Cosme Avilés incluyeron la junta

del bloque, la junta de tapa de válvulas, la junta del “crank” y tuvo

un costo de $600.00.29

         A preguntas de la representación legal de los recurridos, el Sr.

Cosme Avilés declaró que los motores de los vehículos suenan

cuando prenden, pero no “pistonear” como lo hacía el vehículo que

el Sr. Rojas Riveras compró a Auto Lares. Además, mencionó que

no se podía concluir que el vehículo se dañó como resultado de

23   Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 92, líneas 13-22.
24   Véase, TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 101, líneas 1-25; pág. 102 líneas 1-
8.
25   Véase,   TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 74, líneas 14-25; pág. 75 líneas 1-5.
26   Véase,   TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 75, líneas 6-16.
27   Véase,   TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 40, líneas 16-25; pág. 41 línea 1.
28   Véase,   TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 44, líneas 16-25; pág. 41 línea 1.
29   Véase,   TPO del 30 de agosto de 2022, pág. 51, líneas 2-20, pág. 57 líneas 1-2.
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llevarse a su taller.30 Aseguró que de no arreglarse el carro en las

condiciones en las que estaba, se podía desvielar.31

         Por otro lado, el Sr. Cosme Avilés declaró que, al encender el

vehículo, sonaba fuerte y que eso significaba que el “bearing” estaba

“flojito”, y así lo notificó al Sr. Rojas Riveras y a su señor padre.32

         Luego, el Sr. Rojas Riveras procede a llevarse el vehículo del

Garaje Junito. Posteriormente, el 2 de mayo el Sr. Rojas Riveras

acude nuevamente a Garaje Junito donde el Sr. Cosme Avilés le

notificó que había que abrir el motor completamente para poder

verificarlo y cotizar el arreglo.33 Como consecuencia de esto, el Sr.

Rojas Riveras acude a DACo para presentar una querella en contra

de Auto Lares.

         A la luz de esto, el DACo ordenó la devolución de $8,400.00

por concepto de la cancelación del contrato y el recogido del

vehículo. Sobre la alegación de los vicios ocultos, el DACo concluyó

que se trataba de un caso de saneamiento por vicios ocultos, por ser

una situación en donde después de verificada la entrega de la cosa,

se observan los vicios ocultos que la hacen impropia para el uso

destinado o disminuyen de tal modo su utilidad que, de haberlos

conocido el comprador, no la hubiese adquirido o habría dado

menos precio por ella.

         Así pues, evaluado el expediente ante nos, concluimos, como

lo hizo el foro recurrido, que se trata de un caso de saneamiento por

vicios ocultos debido al desperfecto mecánico que tenía el vehículo.

Ello, pues los vicios del vehículo hacen imposible su uso y

disminuyen su valor de tal modo que, de haberlo conocido el

comprador, no la hubiese adquirido. Por lo tanto, se cumplen los

requisitos para poder levantar una causa de acción bajo la doctrina

30   Véase,   TPO   del   30   de   agosto   de   2022,   pág.   57,   líneas   17-25, pág. 58 línea 1-3.
31   Véase,   TPO   del   30   de   agosto   de   2022,   pág.   58,   líneas   4-20.
32   Véase,   TPO   del   30   de   agosto   de   2022,   pág.   66,   líneas   2-14.
33   Véase,   TPO   del   30   de   agosto   de   2022,   pág.   60,   líneas   10-21.
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de saneamiento por vicios ocultos. Veamos los requisitos para que

la referida acción prospere.

      El primer requisito es que la cosa adolezca de un vicio oculto,

que no sea conocido por el adquirente al momento de la

compraventa. Podemos concluir que, en este caso, al momento de la

compraventa, el vehículo que adquirió el Sr. Rojas Riveras adolecía

de un vicio oculto, el cual no conocía y así surge de la transcripción

de la prueba oral de la vista del 30 de agosto de 2022. El Sr. Rojas

Riveras tuvo la oportunidad de examinar el vehículo, verlo por

dentro, abrir el “cofre”, e incluso lo prendió y lo movió. En ese

momento, el vehículo se encontraba en condiciones para su entrega,

sin embargo, el mismo día que lo compraron, lo llevaron a hacerle

cambio de aceite y filtro, y se percataron de que el vehículo tenía un

“liqueo” de aceite, esto antes de que alguien lo interviniera.

      El segundo requisito es que el vicio sea de tal gravedad que

haga la cosa impropia para el uso al que se destina o disminuya

notablemente su valor de manera que el comprador no habría

adquirido la cosa de haberlo conocido. En cuanto a este requisito el

defecto del cual sufría el vehículo lo hacía impropio para el uso que

se destina, pues el carro debido a dicho desperfecto, se desvieló,

causando así que perdiera valor y no se pudiese utilizar para el uso

al que se destinaba.

      El tercer requisito es que el defecto debe ser preexistente a

la venta. Según surge de los testimonios de la Vista Administrativa

del 30 de agosto de 2022, se pudo determinar que dicho defecto, en

efecto, lo tenía con anterioridad al día de la venta. Aunque el

Inspector Cotto González testificó que no se podía precisar quién fue

el causante del defecto que tenía el vehículo, el Sr. Rojas Riveras y

el mecánico que verificó el vehículo, el Sr. Cosme Avilés, testificaron

que el vehículo sí tenía el “liqueo” antes de intervenirlo y que eso
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podía ser causa para que tuviese problemas posteriores al uso del

mismo, como surgió en este caso.

      Por último, el cuarto requisito es que la acción debe

ejercitarse dentro del plazo legal de seis meses contados desde la

entrega de la cosa vendida. En este caso, la reclamación se realizó

dentro del término dispuesto.

      Por lo tanto, al surgir prueba que demostró que el vehículo

adquirido por el Sr. Rojas Riveras y el Sr. Rojas Ramos, sufría de un

desperfecto mecánico con anterioridad a la compraventa del

automóvil con Auto Lares, concluimos que el DACo no erró en su

apreciación de la prueba, por lo que procede se confirme la

Resolución recurrida. Dicha determinación está fundamentada en la

prueba sustancial que forma parte del expediente administrativo.

Por otro lado, la parte recurrente no probó que el DACo actuara de

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera del marco de los

poderes que se le delegaron. Así las cosas, no se cometió el error

señalado.

                                -IV-

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones