Court Opinion

ID: 9554671
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:15:30.425538+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:08.455885
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL V

UNIVERSIDAD          DE   PUERTO                 Certiorari
RICO                                             procedente del
                                                 Tribunal de Primera
           Peticionario                          Instancia, Sala
                                                 Superior de San
                                   KLCE202300448 Juan
                v.
                                                    Caso Núm.:
                                                    SJ2022CV01275
SINDICATO DE TRABAJADORES
DE   LA   UNIVERSIDAD DE                            Sobre:
PUERTO RICO                                         Impugnación de
                                                    Laudo de Arbitraje
            Recurrido

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece ante nos la Universidad de Puerto Rico (UPR o

parte peticionaria) mediante recurso de Certiorari y solicita la

revisión de la Sentencia emitida el 20 de marzo de 2023, notificada

el 27 de marzo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

de San Juan (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el

TPI confirmó el Laudo de Arbitraje emitido el 22 de enero de 2022

por el árbitro designado por el Negociado de Conciliación y Arbitraje

(Negociado) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de

Puerto Rico (DTRH) y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar la

Petición de Revisión de Laudo presentada por la parte peticionaria.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la Sentencia

apelada.

                                      I.

       La controversia ante nuestra consideración tiene su origen el

16 de junio de 2021, cuando la UPR le informó al Sindicato de

Número Identificador
SEN2023__________
KLCE202300448                                                             2

Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (Sindicato o parte

recurrida), mediante una misiva, que, como parte del Plan Fiscal

requerido por la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Gobierno

le requirió a la UPR establecer un plan dirigido a incluir a todos los

empleados universitarios en el mismo plan médico a partir del 1 de

agosto de 20211.

       Seguidamente, el 17 de junio de 2021, el Sindicato contestó

la comunicación emitida por la UPR2. Adujo que el Plan Fiscal no

contempla requerimiento alguno que sustente la afirmación de que

la UPR y la Junta de Gobierno de la UPR no tienen facultad para

modificar ni eliminar unilateralmente disposición alguna del

Convenio Colectivo vigente entre el Sindicato y la UPR.

       No obstante, el 2 de julio de 2021, la Junta de Gobierno de la

UPR remitió una misiva en la que informó al Sindicato que, el 26 de

junio de 2021, se aprobó la Certificación No. 129 2020-2021

mediante la cual se estableció lo siguiente:

       Dejar sin efecto lo dispuesto en el Artículo 77, Incisos A y G,
       de la Certificación Núm. 54 (2014-2015), conocida como
       “Reglas y condiciones de trabajo suplementarias a la
       reglamentación vigente para el personal de mantenimiento,
       construcción y servicios agrícolas de la Universidad de Puerto
       Rico”, con respecto a los servicios médicos. Los empleados que
       pertenecen a la unidad apropiada que representa el Sindicato
       de Trabajadores, participarán del Plan Médico Único,
       auspiciado por la Universidad de Puerto Rico para todos sus
       empleados.

       Disponer que la presente Certificación será vigente a partir del
       1ro de julio de 2021. Desde esa fecha, deja sin efecto
       cualquier certificación, norma, disposición o determinación
       que sea contraria a la misma3.

       Posteriormente, el 6 de agosto de 2021, el Sindicato presentó

una Querella ante el Negociado del DTRH. Alegó que se produjo una

violación del Convenio Colectivo entre las partes y Ley Núm. 1 de 20

de enero de 1966, según enmendada, conocida como Ley de la

Universidad de Puerto Rico4, debido a que la Junta de Gobierno de

1 Véase apéndice del recurso de Certiorari, pág. 267.
2 Véase apéndice del recurso de Certiorari, pág. 268.
3 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 269-270.
4 18 LPRA sec. 601 nota, et seq.
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la UPR eliminó unilateralmente el Artículo 77 del Convenio sin

notificarle previamente y sin negociar con el Sindicato. Sostuvo que,

al eliminar el referido artículo, el patrono les impuso a los empleados

del Sindicato tener que acogerse al plan médico institucional.

       Así las cosas, el 29 de septiembre de 2021, se celebró la vista

de arbitraje a la que ambas partes comparecieron con sus

representantes legales. Luego de la vista, el Negociado le ordenó a

las partes que sometieran sus respectivos alegatos en apoyo a su

posición. El caso quedó sometido el 8 de noviembre de 2021.

       Consecuentemente, el 25 de enero de 2022, el árbitro,

Benjamín J. Marsh Kennerley (Árbitro), emitió el Laudo de Arbitraje5,

mediante el cual determinó lo siguiente:

       […] la Universidad violó el acuerdo entre las partes; al
       eliminar unilateralmente el Artículo 77 del Convenio
       Colectivo y al incluir a los empleados de mantenimiento,
       construcción y servicios agrícolas en mismo plan médico de
       todos los demás empleados de la Universidad6.

       Inconforme, el 24 de febrero de 2022, la parte peticionaria

acudió ante el TPI mediante una Petición de Revisión de Laudo7.

Alegó que el Sindicato es una agrupación bona fide y no una unión,

por lo que lo dispuesto en sus Reglas Suplementarias pueden

modificarse unilateralmente por la parte peticionaria. Así, solicitó la

revocación del Laudo dictado por el Árbitro el 25 de enero de 2022.

       El 26 de abril de 2022, la parte recurrida presentó su

Oposición a Solicitud de Revisión de Laudo de Arbitraje8. En esencia,

arguyó que los argumentos presentados por la UPR son totalmente

improcedentes y no se sostienen bajo ninguna teoría de hecho o

derecho.

       Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 20 de marzo

de 2023, notificada el 27 de marzo de 2023, el TPI emitió Sentencia9,

5 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 1-15.
6 Véase apéndice del recurso de Certiorari, pág. 14.
7 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 747-771.
8 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 772-787.
9 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 788-790.
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mediante la cual “concluye y resuelve que la determinación cumple

con las normas jurisprudenciales vigentes por lo que este tribunal

la considera correcta”. En consecuencia, el foro primario confirmó

el Laudo y declaró No Ha Lugar la solicitud de revisión.

      Insatisfecho aún, el 24 de abril de 2023, la UPR presentó el

recurso de epígrafe e imputó al TPI la comisión de los siguientes

errores:

      A. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TPI AL DETERMINAR QUE LOS
      ARGUMENTOS ESBOZADOS POR LA UNIVERSIDAD PARA IMPUGNAR
      EL LAUDO SE CIRCUNSCRIBEN A SU INCONFORMIDAD CON LA
      DECISIÓN QUE EMITIÓ EL ÁRBITRO EN VIRTUD DE LA PRUEBA
      DESFILADA Y LA APRECIACIÓN QUE DE ÉSTA REALIZÓ EL ÁRBITRO,
      CUANDO EL PLANTEAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ES QUE EL LAUDO
      NO ES CONFORME A DERECHO.

      B. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TPI AL CONCEDER DEFERENCIA A
      UN LAUDO QUE ES CLARAMENTE CONTRARIO A DERECHO.

      C. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TPI AL CONCEDER DEFERENCIA, SIN
      REALIZAR UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA, A UNAS DETERMINACIONES
      DE HECHO DEL ÁRBITRO QUE NO ENCUENTRA APOYO EN LA
      EVIDENCIA DESFILADA, LO CUAL ES ERROR DE DERECHO.

      D. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TPI AL CONCEDER DEFERENCIA, SIN
      REALIZAR UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA, A LA DETERMINACIÓN DEL
      ÁRBITRO QUE EL SINDICATO ES UNA UNIÓN, CONTRARIO A LA
      EVIDENCIA Y EL DERECHO APLICABLE.

      E. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TPI AL CONCEDER DEFERENCIA, SIN
      REALIZAR UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA, A LA CONCLUSIÓN DEL
      ÁRBITRO QUE LA UPR NO PUEDE MODIFICAR SU REGLAMENTACIÓN
      PARA CUMPLIR CON LA LEY Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE.

      F. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TPI AL CONCEDER DEFERENCIA, SIN
      REALIZAR UNA EVALUACIÓN MINUCIOSA, A LA DETERMINACIÓN DEL
      ÁRBITRO QUE LA UPR VIOLÓ LO QUE CATALOGÓ COMO UN
      “CONVENIO COLECTIVO”. YA QUE DE SER ASÍ Y SER ADEMÁS EL
      SINDICATO UNA UNIÓN, COMO ERRÓNEAMENTE CONCLUYÓ EL
      ÁRBITRO, COMPETE ENTONCES A LA JUNTA DE RELACIONES DE
      TRABAJO DE PUERTO RICO, BAJO SU JURISDICCIÓN EXCLUSIVA DE
      REMEDIAR PRÁCTICAS ILÍCITAS EN CASOS DE VIOLACIÓN A UN
      CONVENIO COLECTIVO, REMEDIAR LA PRÁCTICA ILÍCITA.

      El 12 de mayo de 2023, la parte recurrida compareció

mediante Oposición a que se expida el auto de certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.
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                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior10. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial11. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”12. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la   potestad     de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”13.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil14. La mencionada

Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales

de la Regla 56, injunctions de la Regla 5715 o de la denegatoria de

una moción de carácter dispositivo”16.

       Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:

       (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
           de hechos o peritos esenciales,

       (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,

       (3) en casos de anotaciones de rebeldía,

       (4) en casos de relaciones de familia,

10  Véase, Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___
(2023), 800 Ponce de León Corp. V. American International Insurance, 205 DPR 163
(2020), IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v.
Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-
92 (2001).
11 Íd.
12 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
13 Íd.
14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Scotiabank v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).
15 32 LPRA Ap. V, R. 56, R.57.
16 800 Ponce de León Corp. V. American International Insurance, supra.
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         (5) en casos revestidos de interés público o

         (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
             constituiría un fracaso irremediable de la justicia”17.

         Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional

en la consideración de los asuntos planteados mediante dicho

recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones18

dispone lo siguiente:

         El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
         al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
         orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
         Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

         El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción

o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal

o de derecho sustantivo19. Los criterios previamente transcritos

pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial20. La delimitación que imponen estas disposiciones

reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que causaría

17 Íd.
18 4 LPRA Ap. XXII-B.
19 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
20 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).
KLCE202300448                                                                  7

la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación”21.

                                      -B-

       En nuestro ordenamiento jurídico, los derechos de los

trabajadores a organizarse, a negociar y a llevar a cabo otras

actividades concertadas son de rango constitucional. La Sec. 17 de

la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico22, establece

que los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de

agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como

empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a

negociar colectivamente con sus patronos por mediación de

representantes de su propia y libre selección para promover su

bienestar. Además, con el propósito de asegurar estos derechos, la

Sec. 18 de la Carta de Derechos23, otorgó en sus relaciones directas

con sus propios patronos el derecho a la huelga, a establecer

piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.

       Por otra parte, la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según

enmendada, conocida como Ley de la Universidad de Puerto Rico

Ley24 (Ley Núm. 1), persigue el propósito de “reorganizar la

Universidad de Puerto Rico, reafirmar y robustecer su autonomía y

facilitar su continuo crecimiento”25. Asimismo, dispone que “[‘l]a

Universidad de Puerto Rico continuará siendo una corporación

pública”26.

       En cuanto a las garantías que se le reconocen al personal

universitario, el Artículo 15 de la Ley Núm. 1 dispone lo siguiente:

       […]

21Scotiabank    v. ZAF Corp., supra, págs. 486-487; Mun. Aut. De Caguas v. JRO
Construction, supra.
22 Art. II, Sec. 17, Const. PR, LPRA, Tomo 1; Universidad de Puerto Rico v. Unión

Bonafide de Oficiales de Seguridad de la Universidad de Puerto Rico, 206 DPR 140
(2021).
23 Art. II, Sec. 18, Const. PR, LPRA, Tomo I.
24 18 LPRA sec. 601 nota, et. seq.
25 18 LPRA sec. 601 nota.
26 Íd.
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       (2) Se garantiza la continuidad de todos los derechos
       adquiridos por todo el personal universitario en virtud de lo
       dispuesto en la legislación vigente a la fecha de aprobación
       de esta ley.

       (3) Se garantiza la continuidad de las obligaciones
       contractuales incurridas por el Rector de la Universidad o la
       administración universitaria actual con los trabajadores y
       empleados de la planta física en convenios colectivos
       voluntarios con las organizaciones de dichos trabajadores o
       empleados27.

       Por su parte, la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según

enmendada, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto

Rico28 (Ley Núm. 30-1945 o Ley de Relaciones del Trabajo), define

organización obrera como sigue:

       (10) Organización obrera. — Significa una organización de
       cualquier clase o cualquier agencia o comisión de
       representación de empleados o cualquier grupo de
       empleados actuando concertadamente o plan en el cual
       participen los empleados y que exista con el fin, en todo o en
       parte, de tratar con un patrono con respecto a quejas y
       agravios, disputas, salarios, tipos de paga, horas de trabajo
       y/o condiciones de empleo29.

       La Ley Núm. 168 de 29 de septiembre de 2014 enmendó la

Ley Núm. 130-1945. Particularmente, dicha enmienda incluyó un

cambio al inciso 11 del Art. 2 de la Ley Núm. 130-1945, el define

instrumentalidad corporativa como sigue:

       (11) Instrumentalidades corporativas.- Significa toda
       corporacion o instrumentalidad publica y sus subsidiarias, e
       incluirá también las empresas similares que se establezcan
       en el futuro y sus subsidiarias, y aquellas otras agencias del
       Gobierno que se dedican o pueden dedicarse en el futuro a
       negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un
       beneficio pecuniario30.

       Ante esta enmienda, la jurisprudencia más reciente ha

establecido que la UPR es un “patrono” sujeta por ello a la

jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico31.

                                      -C-

       Los convenios colectivos representan un contrato que tiene

fuerza de ley entre las partes que lo acuerdan y lo suscriben32. En

27 18 LPRA sec. 601, nota.
28 29 LPRA sec. 62, et. seq.
29 29 LPRA secc. 63.
30 29 LPRA sec. 64(11).
31 UPR v. Unión Oficiales UPR, 206 DPR 140, 150 (2021).
32 J.R.T. v. Junta Am. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).
KLCE202300448                                                                  9

éstos se recogen las normas que habrán de marcar las relaciones

entre patronos y empleados, por ello, sus términos y condiciones

obligan tanto al patrono como a la unión y a sus miembros33.

       Ahora bien, en cuanto a la interpretación de los convenios

colectivos nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la

doctrina de las prácticas pasadas. El Prof. Demetrio Fernández

define el término de prácticas pasadas como “un patrón de conducta

consistentemente observado en situaciones recurrentes que crea en

las partes el entendimiento de que esa es la conducta adecuada”34.

Más aun, reconoce que dicha práctica puede crear una condición de

empleo vinculante a pesar de no estar sostenida en el convenio

colectivo.

       De otra parte, para calificar una conducta como práctica

pasada se deben evaluar los siguientes factores: la claridad y

consistencia en el patrón de conducta, la repetición de la actividad,

la aceptabilidad de la conducta y el mutuo reconocimiento por las

partes35. En cuanto al modo de modificar tal práctica, el tratadista

Fernández nos indica que:

       La práctica establecida que resulta en una condición de
       empleo exigible, sin tener base en el convenio, no puede ser
       modificada o terminada unilateralmente durante la vigencia
       del contrato. Cualesquiera parte puede reproducir la práctica
       pasada, pero ello tiene que acontecer en el momento en que
       se negocia un nuevo convenio porque su existencia continua
       depende de la intención que se infiere de que permanezca
       vigente la condición existente ante la ausencia de objeción o
       reparo alguno36.

                                      -D-

       Las relaciones obrero-patronales, la negociación colectiva y

los procedimientos de arbitraje están vinculadas al desarrollo

económico, a la paz industrial y, por ende, a la consecución de los

33 J.R.T. v. Corp. de Crédito Agrícola, 124 DPR 846, 849 (1989); Rivera Adorno v.

Autoridad de Tierras, 83 DPR 258 (1961).
34 D. Fernández Quiñones, El Arbitraje Obrero-Patronal, 1ra ed., Legis Editores,

S.A., 2000, pág. 242.
35 Fernández Quiñones, Op cit, pág. 242.
36 Íd.
KLCE202300448                                                                10

intereses públicos37. El arbitraje está considerado como un método

alterno a la intervención judicial para la solución de conflictos38. En

Puerto Rico existe una vigorosa política pública a favor del arbitraje

obrero-patronal. Se entiende que el arbitraje es el medio menos

técnico, más flexible, menos oneroso y, por tanto, más apropiado

para la resolución de las controversias que emanan de la relación

laboral39. El arbitraje es un procedimiento de poderes delegados y

mediante el convenio colectivo se le confiere la autoridad al árbitro

para que evalúe y resuelva las controversias que allí se especifican40.

        Concerniente al proceso de arbitraje, el laudo representa la

determinación que toma el árbitro respecto a la controversia

laboral41. Se ha establecido que el laudo de arbitraje no es ni un

contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de

ambos42. El contenido del laudo de arbitraje incluye dos elementos

principales: 1) la parte sustantiva de derecho en la que se expone la

razón de la decisión y, 2) la parte dispositiva en la que se establece

el remedio a la disputa. La emisión del laudo termina la función

adjudicativa del árbitro43.

        Referente a la revisión judicial de los procesos de arbitraje,

nuestro más alto foro ha expresado que, aunque la intervención no

esté vedada, ante un convenio de arbitraje lo más prudente es la

abstención judicial44. Por ello, cuando se acuerda el uso del arbitraje

como mecanismo para ajustar las controversias, se crea un foro

sustituto a los tribunales de justicia, cuya interpretación merece

gran deferencia45.

37 COPR v. SPU, 181 DPR 281, 319 (2011).
38 Íd., pág. 362.
39 Martínez Rodríguez v. AE., 133 DPR 986 (1993).
40 A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va ed. Rev.,

Puerto Rico, Ed. Ramallo Printing Bros., 2005, pág. 393.
41 COPR v. SPU, supra, pág. 368.
42 Íd., pág. 328.
43 Íd., en las págs. 368-369.
44 UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133 (1994).
45 López v. Destilería Serrallés, 90 DPR 245 (1964); J.R.T. v. Junta Adm. Muelle

Mun. de Ponce, 122 DPR 318 (1988).
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         Es por esto, que la revisión de los laudos de arbitraje se

circunscribe a la determinación de: (1) la existencia de fraude, (2)

conducta impropia, (3) falta del debido proceso de ley, (4) violación

a la política pública, (5) falta de jurisdicción o, (6) que el laudo no

resuelve todos los asuntos en controversia. Las decisiones de los

tribunales de primera instancia, de las agencias administrativas y

los laudos arbitrales se reputarán persuasivas46. En tal supuesto, la

revisión judicial de los laudos de arbitraje es análoga a la revisión

judicial de las decisiones administrativas47. No obstante, el Tribunal

Supremo ha aclarado que la intervención judicial no se justifica por

una mera discrepancia de criterio con el árbitro ya que se destruiría

la esencia de los procesos de arbitraje48. Por lo tanto, es la norma

que los foros judiciales apelativos tendrán la autoridad para revisar

todas las cuestiones de derecho sustantivo resueltas por el árbitro

para poder determinar si son correctas49. Es decir, procede la

anulación solo si no se ha resuelto la controversia conforme a

derecho50.

                                    III.

         En su recurso, la parte peticionaria nos solicita la revisión de

la Sentencia51 emitida el 20 de marzo de 2023, notificada el 27 de

marzo de 2023, por el TPI mediante la cual confirmó el Laudo

emitido el 22 de enero de 2022 por el Árbitro designado por el

Negociado del DTRH y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar la

Solicitud de Revisión de Laudo de Arbitraje presentada por la parte

peticionaria.

46 Íd.
47 Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 DPR 808 (1998); Condado Plaza v. Asoc. Emp.
Casinos PR, 149 DPR 347 (1999); UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR
133 (1994).
48 UGT v. Centro Médico del Turabo, supra, pág. 929.
49 COPR v. SPU, supra, pág. 370.
50 Íd.
51 Véase apéndice del recurso de Certiorari, Sentencia a la págs. 788-790.
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       Tras examinar detenidamente la totalidad del expediente ante

nuestra consideración y haber analizado los argumentos de la parte

peticionaria, concluimos que procede confirmar la Sentencia

impugnada. Somos del criterio que ni el Árbitro ni el foro primario

abusaron de su discreción. Veamos.

       Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos

de forma conjunta los señalamientos de error presentados por la

parte peticionaria. En el caso de autos, el 20 de enero de 2015, las

partes    suscribieron      unas    Reglas y Condiciones de Trabajo

Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el Personal de

Mantenimiento, Construcción y Servicio Agrícola de la Universidad de

Puerto Rico52 (Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias). En

lo pertinente, el Artículo 77 de las referidas reglas disponía lo

siguiente:

       ARTÍCULO 77 SERVICIOS MÉDICOS

       A. La Universidad contribuirá con una aportación mensual
          hasta la cantidad de seiscientos cuarenta dólares con
          cuarenta y tres centavos ($640.43) por unidad familiar a
          los empleados regulares cubiertos por estas Reglas hacia
          el costo de una cubierta de servicios médicos a estos y a
          sus dependientes directos. El proveedor actual de estos
          servicios es MAPFRE. A partir del mes de mayo del
          segundo y tercer año de vigencia de estas Reglas, la
          Universidad contribuirá con una aportación igual a la que
          esta provea a los demás empleados de la institución.

           […]

       G. La Universidad autorizará a no más de dos (2) delegados
          o representantes del Sindicato por unidad institucional,
          por el periodo determinado por la Administración, para
          proveer orientación anual sobre el Plan Médico
          Auspiciado por el Sindicato al personal universitario en
          igualdad de condiciones con otros planes autorizados. El
          tiempo utilizado para este propósito será sin cargo a
          licencia alguna53.

       El 9 de marzo de 2021, surgieron comunicaciones con el

propósito de iniciar el proceso de diálogo de unas nuevas Reglas y

Condiciones de Trabajo Suplementarias54. En consecuencia, el 28

52 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 16-48.
53 Véase apéndice del recurso de Certiorari, pág. 46.
54 Véase apéndice del recurso de Certiorari, pág. 265.
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de junio de 2021, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó la

Certificación No. 129 2020-2021 mediante la cual dejó sin efecto los

incisos A y G de la Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias.

       Según surge del Laudo emitido por el árbitro designado por el

Negociado del DTRH:

       […]

        A tenor con esto, debemos concluir que al menos por los
       últimos 15 años la práctica entre las partes era que se
       acordaba una aportación máxima y la Unión es que
       negocia directamente con los proveedores médicos del
       plan de la cobertura. Que una vez, establecido quien
       proveería dicha cobertura la Universidad emitía los pagos
       correspondientes.
              Aunque dicho procedimiento no se encuentra
       establecido claramente en el lenguaje del Artículo 77; lo
       cierto es que el uso y costumbre entre las partes es el
       Sindicato es quien negocia con los proveedores de planes
       Médicos e informa a la Universidad cual es el proveedor
       escogido para que remita el pago.

       […]

              Aun cuando el argumento que levanta la Universidad
       en cuanto a que el lenguaje del Artículo 77 no establece
       claramente que el Sindicato negocia directamente el plan
       médico de sus miembros, es cierto. El hecho, es que por los
       últimos tres convenios la práctica y costumbre ha sido
       que la Unión es quien ha negociado directamente con el
       proveedor del plan y luego informa a la Universidad quien
       va a ser el proveedor para que se remita los pagos.

       […]55. (Énfasis nuestro).

       Apuntalamos que la UPR siguió una práctica distinta a la

estipulada en las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias

respecto a la negociación del proveedor del seguro médico. Según la

evidencia admitida ante el Árbitro, el uso y costumbre entre las

partes era que la parte peticionaria aceptaba la negociación de la

parte recurrida.

       En virtud de ello, no actuó contrario a derecho el TPI al

confirmar el Laudo de Arbitraje impugnado a base de la doctrina de

prácticas pasadas, ya que se configuraron los requisitos de dicha

doctrina. La UPR, al aceptar dicha práctica por un período

prolongado de tiempo, la adoptó tácitamente como parte de los

55 Véase apéndice del recurso de Certiorari, págs. 11-12.
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acuerdos entre estos. De esta forma, la aludida práctica se convirtió

en ley entre las partes. A tales efectos, advertimos que entre la UPR

y el Sindicato hubo una práctica consistente y repetitiva por

aproximadamente quince años y que ésta fue aceptada y reconocida

mutuamente por las partes. De tal manera, la UPR estaba impedida

de modificar unilateralmente la práctica aceptada entre las partes,

la cual se convirtió en el uso y costumbre por varios años.

      Es decir, la decisión tomada tanto por el Árbitro como por el

TPI no fue contraria a derecho ni fue tomada mediando prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba.

Tampoco la parte peticionaria constató que, el abstenernos de

interferir con el dictamen del TPI, constituiría un fracaso

irremediable de la justicia, de manera que estemos llamados a

ejercer nuestra función revisora. Por consiguiente, expedimos el

auto de certiorari y confirmamos la Sentencia apelada.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari y confirmamos la Sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Álvarez Esnard concurre sin

opinión escrita.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones