Court Opinion

ID: 9962772
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:50:50.053052+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.436329
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL (I)

  WANDA RODRÍGUEZ                                APELACIÓN
      CASTRO                                     procedente del
                                                 Tribunal de Primera
         Apelada                                 Instancia, Sala
                               KLAN202300605     Superior de
             v.                                  Guaynabo

 LORNA IVONNE REYES                              Civil núm.:
      ROSARIO                                    GB2021CV00122

         Apelante                                Sobre: Daños y
                                                 Perjuicios

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2024.

      Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Lorna Ivonne

Reyes Rosario (señora Reyes Rosario o la apelante) mediante el

recurso de apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (el TPI), el 2 de mayo de 2023, archivada en

autos el 5 del mismo mes y año. Mediante este dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar a la demanda instada por la Sra. Wanda

Rodríguez Castro (señora Rodríguez Castro o la apelada) y condenó

a la apelante a pagar $22,400 por angustias mentales, más $2,000

en honorarios de abogado.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                     I.

      El 22 de febrero de 2021, la señora Rodríguez Castro instó la

presente demanda sobre daños y perjuicios en contra de la apelante.

Alegó que esta última instó un patrón de hostigamiento, amenazas

e imputaciones falsas que le afectaron su reputación, el negocio; así

Número Identificador
SEN2024___________________________
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como la tranquilidad. Esto, a raíz de la venta de un bizcocho que le

fue entregado a la apelante en perfectas condiciones, pero aún así

esta criticó en redes sociales “Facebook”, la forma en que lo recibió

y a su vez, exhortó a que nadie hiciera negocios con ella. Adujo,

además, que en una conversación telefónica que sostuvieron, la

señora Reyes Rosario le expresó que le iba a “joder” y a destruir el

negocio. Añadió que posterior a esa comunicación comenzó a recibir

llamadas de carácter intimidatorio e insultantes que le afectaron su

paz y tranquilidad. Estimó sus daños en $50,000. La señora Reyes

Rosario contestó la demanda negando los hechos esenciales.

       Luego de varios trámites procesales, el 23 de agosto de 2022,

se celebró el juicio en su fondo. Aquilatada la prueba testifical y

documental el TPI dictó la Sentencia apelada consignando las

siguientes Determinaciones de Hechos:1

          1. La demandante Wanda Giselle Rodríguez Castro,
             reside en el municipio de Guaynabo. Se dedica a la
             venta de bizcochos, “catering” y preparación de
             actividades. Opera desde un local ubicado en la
             avenida Esmeralda en Guaynabo de nombre
             “Waleska’s Cake”. Lleva siete (7) años en ese local y
             31 años de experiencia.
          2. El 28 de noviembre de 2020, la demandada, Lorna
             Ivonne Reyes Rosario le solicitó a la demandante la
             preparación de un bizcocho, entregando las
             especificaciones para ello. La demandante
             manifestó que haría todo lo posible por sacar el
             color solicitado lo que no se logró. La demandante
             preparó una orden por el bizcocho según solicitado
             por un valor de $217.43, incluyendo el impuesto de
             ventas y uso. La demandada entreg[ó] un depósito
             de $100.00 y posteriormente completó el pago de lo
             adeudado.
          3. El 5 de diciembre de 2020, una joven de nombre
             Stephanie recogió el bizcocho. La demandada no
             estaba presente durante la entrega. La demandante
             tom[ó] una foto antes de entregarlo. El bizcocho se
             encontraba en perfectas condiciones y de color
             similar al solicitado. Le indic[ó] a Stephanie la
             forma y manera que debía transportar el bizcocho
             para que no se afectara. La fotografía marcada como
             Exhibit 1 del demandado refleja las condiciones en
             las que fue entregado.
          4. Al lunes siguiente, un cliente de nombre José le
             informa a la demandante que en las redes sociales
             se están publicando informaciones negativas.
             Recibe fotos que salen en las redes y estas no
             reflejan las condiciones del bizcocho que se

1 Véase el Apéndice del Recurso, Apéndice 3. Énfasis nuestro.
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             entregó a Stephanie. José, quien trabajaba con
             Stephanie, indica que la llame. Véase Exhibit 2.
          5. Cualquier daño recibido por el bizcocho ocurrió
             luego de que la demandante entregara el mismo.
          6. En la conversación que la demandante sostiene con
             Stephanie, esta le solicita el reembolso. La
             demandante manifiesta que no procede un
             reembolso ya que los daños ocurrieron por el mal
             manejo del producto. Sin embargo, le manifiesta
             que le informe a Lorna, la demandada, que la llame.
          7. Luego de conversar con Stephanie, la demandante,
             mediante llamada telefónica, sostuvo una
             conversación con la demandada. La segunda
             amenazaba con realizar publicaciones en las redes,
             indicándole que “jodería” su negocio y que tenía
             gente para hacerle daño.
          8. Luego de esta conversación, comenzaron los
             ataques mediante llamadas telefónicas y en la
             red “WhatsApp”. Las llamadas eran constantes,
             incluyendo de madrugada, lo que llev[ó] a la
             demandante a presentar una querella a la Policía.
          9. La vida ordinaria de la [demandante] cambi[ó] por
             motivo de los ataques recibidos a su tranquilidad
             y reputación.
          10. Las llamadas sobre comentarios negativos
             alteraban sustancialmente su paz y tranquilidad. La
             vida de la parte demandante cambi[ó]
             dramáticamente, lo que provocó que tuviera que
             cambiar su horario. Sus ingresos disminuyeron
             sustancialmente, de $25,000.00 a $12,000.00 en
             un mes.
          11. La demandada no conoce el resultado ni si se
             realizó una investigación de naturaleza criminal.

       A su vez, el foro apelado razonó lo siguiente:2

          […]
              En el presente caso, nos mereció credibilidad el
          testimonio de la demandante. La parte demandada,
          en esencia, declaró que las condiciones del bizcocho no
          fueron las pactadas, testimonio que no nos mereció
          credibilidad. La persona que recogió el bizcocho fue
          la responsable de los daños causados a este.
              De la evidencia presentada este Tribunal puede
          concluir que las actuaciones de la demandada fueron
          la causa directa de las publicaciones y llamadas de
          las que fue objeto la parte demandante. Dichas
          publicaciones son claramente falsas y no albergamos
          duda alguna en cuanto quien es la persona
          responsable que inició la cadena de eventos que
          culminaron en las publicaciones y sin cuya acción
          estas no hubieren ocurrido. La demandada advirtió
          y amenazó a la demandante con tales publicaciones.
          Eventos que, según la prueba, comenzaron a ocurrir
          antes de que las partes sostuvieran su conversación
          telefónica. El Tribunal observó a la demandante
          visiblemente afectada por la forma en que ha
          cambiado su vida luego de las llamadas y
          publicaciones calumniosas. En cuanto a la pérdida de
          ingreso, entendemos que la prueba desfilada no fue
          suficiente para realizar una determinación favorable
          sobre el particular. […].

2 Íd. Énfasis nuestro.
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      Cónsono con lo anterior, y en cumplimiento con el mandato

jurisprudencial, el TPI valoró los daños utilizando como referencia

lo resuelto por esta Curia en Ponce Ramos v. Vélez, KLAN201400369,

ya que allí se trataba de una demanda por difamación utilizando la

red social “Facebook”. En este la compensación concedida fue

$20,000 y atemperada al valor presente, el foro apelado concedió en

compensación $22,400. Asimismo, el juzgador imputó temeridad a

la señora Reyes Rosario por entender que esta hizo “innecesario un

pleito que pudo evitarse …”.

      Inconforme, la apelante solicitó la reconsideración del

dictamen. El 14 de junio de 2023, el TPI declaró No Ha Lugar el

petitorio.3

      Aún insatisfecha, la señora reyes Rosario acude ante este foro

apelativo mediante el recurso de epígrafe imputándole al TPI haber

incurrido en los siguientes errores:

         EL    HONORABLE    TRIBUNAL  DE   INSTANCIA
         DETERMINÓ LA CUANTÍA DE $22,000.00 DÓLARES
         COMO COMPENSACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS A
         FAVOR DE LA DEMANDANTE-APELADA (APÉNDICE
         3). INDEPENDIENTEMENTE DE LA CREDIBILIDAD
         QUE LA HAYA DADO EL HONORABLE JUEZ
         SENTENCIADOR NO HUBO EVIDENCIA ALGUNA DE
         QUE SI HUBO ALGÚN DAÑO POR LOS MENSAJES Y
         REDES     SOCIALES   [ESTOS]  HAYAN    SIDO
         GENERAD[O]S U AUTORIZAD[O]S POR LA PARTE
         DEMANDADA-APELANTE. ES DECIR[,] QUE NO SE
         DEMOSTRÓ LA RELACIÓN CASUAL REQUERIDA EN
         NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.

         EL   HONORABLE   TRIBUNAL   DE  INSTANCIA
         DETERMINÓ   QUE   LA  PARTE   DEMANDADA-
         APELANTE HABÍA SIDO TEMERARIA Y EN SU
         CONSECUENCIA LE IMPONÍA EL PAGO DE
         HONORARIOS DE ABOGADO.

      El 21 de julio de 2023, emitimos una Resolución concediendo

término a las partes para la notificación y estipulación de la

Transcripción de la Prueba Oral (TPO). Además, determinamos los

plazos para presentar los alegatos suplementarios y el de oposición

de la parte apelada. Luego de varios trámites ante nuestra

3Véase, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),
Entrada Núm. 55.
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consideración, el 29 de noviembre de 2023 dimos por estipulada la

TPO.

         Asimismo, se le concedió una prórroga a la parte apelante,

hasta el 25 de enero de 2024, para presentar el alegato

suplementario. En esa fecha, se cumplió con lo ordenado, por lo

que nos damos por cumplidos. Posteriormente, y luego de concedida

la prórroga solicitada, el 8 de marzo de 2024 la parte apelada

presentó      el   alegato    en   oposición     por    lo   que   decretamos

perfeccionado el recurso. Destacamos que en el referido alegato la

parte apelada nos vuelve a solicitar la desestimación del recurso por

los mismos planteamientos que ya fueron declarados No Ha Lugar

en la Resolución del 21 de febrero de 2024.

         Analizados los escritos de las partes, el expediente apelativo y

la TOP; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a

resolver.

                                        II.

Daños y Perjuicios

         El Artículo 1815 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.

11720, establece que la responsabilidad extracontractual se

determina a base de la ley vigente en el momento en que ocurrió el

acto u omisión que dio lugar a dicha responsabilidad. En este

sentido, es importante apuntalar que los hechos que motivaron la

presente causa de acción surgieron el 5 de diciembre de 2020,

vigente este nuevo cuerpo legal.

         El Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico 2020, 31

LPRA sec. 10801, dispone que la persona que por culpa o

negligencia cause daño a otra, viene obligada a repararlo.4 Para que

prospere una reclamación por daños y perjuicios, al amparo del

referido precepto legal, se requiere la concurrencia de tres

4   Análogo al Artículo 1802 del derogado Código Civil de 1930.
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elementos, los cuales tienen que ser probados por la parte

demandante: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la

relación causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño

ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. Nieves Díaz v.

González Massas, 178 DPR 820 (2010).

      El acto culposo o negligente se define como la falta del debido

cuidado, según la figura de la persona de prudencia común y

ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150-151 (2006);

Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860 (1976).

Sobre la culpa, el más alto foro ha reiterado que consiste en no

anticipar las consecuencias racionales de un acto u omisión. López

v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006); Toro Aponte v. E.L.A., 142

DPR 464, 473 (1997). En cambio, la responsabilidad civil

extracontractual producida por omisiones negligentes surge cuando

el “[a]legado causante del daño quebranta un deber impuesto o

reconocido por ley.” Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803,

813 (2006).

      El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad

o en su patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica

y por el cual ha de responder otra persona. En nuestro

ordenamiento jurídico se reconoce la existencia de dos tipos de

daños: los especiales, conocidos como daños físicos, patrimoniales,

pecuniarios o económicos, y los generales, conocidos como daños

morales. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 845.

      Por último, en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido

reiterada en variadas ocasiones la doctrina de causalidad adecuada,

la cual establece que no es causa toda condición sin la cual no se

hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce

según la experiencia general. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207

DPR 965, 976-977 (2021). Este concepto de la causa postula,
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además, que la ocurrencia del daño que da base a la reclamación

era previsible dentro del curso normal de los acontecimientos. López

v. Porrata Doria, supra, a la pág. 152.

Libelo y Calumnia

      Nuestro ordenamiento reconoce la existencia de una causa de

acción por difamación. Para prevalecer, el demandante tendrá que

probar que: (1) la información es falsa, (2) en el caso de figuras

públicas, que se publicó con malicia real y en caso de figuras

privadas, que la publicación se hizo negligentemente y (3) que se

causaron daños reales. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415,

427 (1977). De este modo, nuestro ordenamiento jurídico le

reconoce al perjudicado el derecho a defender su nombre ante los

demás protegiendo las relaciones que sostiene con terceros; la

probabilidad de relaciones futuras; su imagen pública en general y

evitando una futura imagen pública negativa. Soc. de Gananciales

v. El Vocero de P.R., 135 DPR 122, 126-127 (1994).

      De otra parte, el más alto foro ha resuelto que, como parte de

su defensa, el demandado podrá probar de forma afirmativa que la

información publicada no es difamatoria, sino que es verdadera.

Además, podrá presentar prueba de que fue diligente al publicar la

información o que la publicación no causó daños al demandante.

Pérez v. El Vocero de P.R., 149 DPR 427, 446 (1999).

      Ahora bien, para que proceda una causa de acción por

difamación, en su modalidad de libelo, se requiere además que

exista un récord permanente de la expresión difamatoria en unión a

los otros elementos de la causa acción. Íd., a las págs. 328-329.

      Finalmente, la acción de difamación requiere la identificación

específica del demandante en la publicación. Es decir, aquel tiene

que   probar   que   las   manifestaciones   libelosas   se   referían

directamente a él. Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR
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690, 723 (2009); Soc. de Gananciales v. El Vocero de P.R., supra, a

la pág. 128; Rosado v. Fluor International, 81 DPR 608, 614 (1959).

La Regla 110 de las Reglas de Evidencia

      En los casos civiles, la decisión del juzgador “se hará mediante

la preponderancia de    la    prueba,   a   base   de   criterios   de

probabilidad.” Regla 110(F) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap.

VI, R. 110(F). Quien sostiene la afirmativa deberá probar su causa

de acción mediante la presentación de evidencia que sustente cada

una de sus alegaciones. Regla 110(A) de las Reglas de Evidencia,

supra. Sin embargo, el testimonio vertido por un solo testigo es

suficiente para satisfacer el grado de prueba requerido, si logra

convencer al juzgador. Regla 110(D) de las Reglas de Evidencia,

supra. Ello es así porque “[l]a preponderancia de la prueba no se

refiere naturalmente al número de testigos ni a la cantidad de

documentos. Denota la fuerza de convicción o de persuasión de la

evidencia en el ánimo del juzgador.” Carrión v. Tesorero de P.R., 79

DPR 371, 382 (1956).

      Según surge de la Regla 110(H) de las Reglas de Evidencia,

supra, cualquier hecho en controversia es susceptible de ser

demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia

indirecta o circunstancial. Asimismo, dicha regla define evidencia

directa como “… aquella que prueba el hecho en controversia sin

que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta,

demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia indirecta o

circunstancial es aquella que tiende a demostrar el hecho en

controversia probando otro distinto, del cual por sí o, en unión a

otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el

hecho en controversia.” Íd.

La temeridad

      La Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), establece que en un caso ante el Tribunal
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de Primera Instancia en que cualquier parte o su abogado haya

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle

en su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto

de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a

tal conducta.

      El Tribunal Supremo ha definido el concepto de temeridad

como aquella conducta que promueve un pleito que se pudo obviar,

lo prolonga innecesariamente, o que obliga a una parte a

involucrarse en trámites evitables. Dicho de otro modo, se entiende

que un litigante actúa con temeridad cuando por su terquedad,

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito. Maderas

Tratadas v. Sun Alliance, et al., 185 DPR 880, 925-926 (2012). Esta

penalidad tiene como propósito disuadir la litigación frívola; así

como fomentar las transacciones, a través de sanciones que

compensen a la parte victoriosa de los perjuicios económicos y las

molestias ocasionadas por la temeridad desplegada por otra parte

en el caso. Íd., a la pág. 926.

      La evaluación de si ha mediado o no temeridad, recae sobre

la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo se intervendrá

con ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.

Sin embargo, una vez fijada la existencia de temeridad, la imposición

del pago de honorarios de abogado es mandatoria. Íd. La cuantía se

mide en virtud de: (1) el grado de temeridad que ha existido; (2) la

naturaleza del procedimiento; (3) los esfuerzos y la actividad

profesional que haya tenido que desplegarse; y (4) la habilidad y

reputación de los abogados. Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers,

125 DPR 724, 738-739 (1990).
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La apreciación de la prueba y el estándar de revisión apelativa

      Es norma trillada que, en ausencia de error, prejuicio o

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que

el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia

la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com.

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).

                                  III.

      La apelante señaló que el foro de primera instancia incurrió

en dos (2) errores. En el primer error, precisó que no hubo evidencia

respecto a que los mensajes en las redes sociales y las llamadas

fueron originados por la apelante ni los daños que estos provocaron.

      Conforme surge del dictamen apelado, el TPI concedió entera

credibilidad al testimonio de la apelada. Por ende, aquilatado

dicho testimonio el foro apelado consideró como hechos probados

que: (a) la apelante acudió al negocio de la apelada para ordenar un

bizcocho para la boda de su hijo; (b) que la apelada se comprometió

a sacar el color solicitado (sage); (c) que el bizcocho fue recogido por

otra persona, una joven de nombre Stephanie; (d) el bizcocho se

encontraba en perfectas condiciones al momento de la entrega y de

color similar al solicitado; (e) las fotos que salen en la red social

(Facebook) no refleja la condición del bizcocho que se entregó a

Stephanie; (f) cualquier daño recibido por el bizcocho ocurrió luego

de que la demandante entregara el mismo; (g) la apelante amenazó
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a la apelada con realizar publicaciones en las redes, indicándole que

“jodería” su negocio y que tenía gente para hacerle daño; (h) luego

de esa conversación, comenzaron los ataques mediante llamadas,

telefónicas y en la red “WhatsApp”; (i) las llamadas eran constantes,

incluyendo de madrugada, lo que llevó a la señora Rodríguez Castro

a presentar una querella a la Policía; (j) la vida ordinaria de la

apelada cambió dramáticamente por los ataques recibidos a su

tranquilidad y reputación, lo que provocó que tuviera que cambiar

su horario; (k) las llamadas sobre comentarios negativos alteraban

sustancialmente su paz y tranquilidad. Los que, a nuestro juicio, no

fueron controvertidos por la apelante.

       A su vez, el foro primario consignó que observó a la apelada

visiblemente afectada por la forma en que ha cambiado su vida

luego de las llamadas y publicaciones calumniosas.

       Como señalamos, la señora Reyes Rosario argumentó, en el

recurso, que no existe prueba alguna de que las llamadas y

mensajes en las redes sociales fueron originadas por ella. Sin

embargo, durante el contrainterrogatorio esta admitió que “sus

amistades” le advirtieron de la situación que su mensaje había

generado.5 Asimismo, declaró que por esa razón lo removió y reiteró

que esto fue “por la cantidad de escritos” en contra del negocio de la

apelada.6 Incluso, puntualizamos que no existe controversia alguna

en cuanto al hecho de que el mensaje en la red social “Facebook”

fue publicado por ella.7 De hecho, así lo admite la propia apelante

durante el contrainterrogatorio.8

       Por otro lado, la señora Rodríguez Castro testificó que fue con

la apelante que sostuvo una conversación telefónica en la que “…,

no me deja hablar. Ella empieza con los insultos, con las amenazas,

5 Véase la TPO, a las págs. 64-65.
6 Véase la TPO, a la pág. 66, línea 18.
7 Véase la TPO, a la pág. 20, líneas 1-3, y el Exhibit 2 estipulado.
8 Véase la TPO, a la pág. 58, líneas 5-8.
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con que me va a hacer daño en las redes, que el negocio se me va a

caer.”9 Agregó que “Ella me dijo en palabras soeces que yo me iba a

joder en el negocio, que ella tenía su gente para hacerme daño. Y,

obviamente, después de esa conversación ahí es que vino el

bombardeo de las llamadas telefónicas mediante Face Time y en

WhatsApp.”10 En consecuencia, el foro apelado concedió entera

credibilidad al testimonio de la apelada e infirió que efectivamente

la apelante cumplió su amenaza.

       En nuestro ordenamiento evidenciario, la prueba indirecta o

circunstancial es aquella que tiende a demostrar el hecho en

controversia probando otro distinto, del cual por sí o, en unión a

otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el

hecho en controversia. Además, es harto conocido como norma

evidenciaria, que un solo testigo con conocimiento personal de la

materia objeto del litigio que le merezca credibilidad al tribunal es

suficiente para establecer cualquier hecho. Regla 110(D) de las de

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 110(D). Por tanto, los elementos de la

causa de acción aquí instada quedaron demostrados mediante el

testimonio de la señora Rodríguez Castro y las fotos admitidas en

evidencia. Es decir, se probó que la información publicada por la

apelante era falsa debido a que el bizcocho se encontraba en

perfectas condiciones al ser entregado y los daños se produjeron

durante su transporte; así como que la señora Reyes Rosario

comenzó una ola de amenazas que afectaron emocionalmente a la

apelada. Al respecto, en las determinaciones de hechos 9 y 10, el TPI

estableció que: “La vida ordinaria de la [demandante] cambi[ó] por

motivo de los ataques recibidos a su tranquilidad y reputación. Las

llamadas sobre comentarios negativos alteraban sustancialmente su

paz y tranquilidad. La vida de la parte demandante cambi[ó]

9 Véase la TPO a la pág. 18, línea 25 y pág. 19, líneas 1-3.
10 Véase la TPO a la pág. 19, líneas 11-14. Énfasis nuestro.
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dramáticamente, lo que provocó que tuviera que cambiar su

horario.” Sobre este particular, no podemos obviar que así surge del

testimonio de la apelada.11

       De otra parte, es meritorio destacar que conforme al

testimonio de la señora Rodríguez Castro fue la apelante quien

ordenó el bizcocho e indicó las especificaciones tales como el

tamaño, el color (sage) y que las flores fueran las llamadas

“suculentas”.12 Surge, además, que otra persona recogió el bizcocho

a eso de las 4 de la tarde. Enfatizamos que la apelante ni tan siquiera

pudo demostrar cuál era la alegada diferencia en cuanto al color.

Tampoco declaró que la flores fuesen otras.13 En su testimonio, esta

se limitó a decir que “estaba horrible”, pero admitió que se lo

comieron.14 Más aun, del mensaje publicado, y admitido en

evidencia, surge que alguien “arregl[ó]” el bizcocho.15

       No podemos ignorar que la apelada lleva 31 años en el negocio

de confección, decoración y venta de bizcochos. Asimismo,

destacamos que la señora Rodríguez Castro declaró que siempre que

entrega un bizcocho le toma fotos, y afirmó que el que se ve en la

fotografía, Exhibit 1, fue el que entregó y en ningún momento “nos

dijeron que estaba roto, que estaba dañado, ni nada, solamente el

color sage.”16 En la determinación de hechos núm. 3 el foro a quo

claramente formuló que “La demandante tom[ó] una foto antes de

entregarlo. El bizcocho se encontraba en perfectas condiciones y de

color similar al solicitado.” Sobre este punto, coincidimos con esta

expresión del TPI debido a que en la fotografía marcada como Exhibit

1 no observamos que el bizcocho presente algún deterioro visible en

su forma. Se hace importante advertir que la representación legal de

11 Véase la TPO, a las págs. 22-29.
12 Véase la TPO, a la pág. 7, líneas 1-20.
13 De hecho, se puede apreciar del Exhibit 2 que el bizcocho “arreglado” tiene unas

flores y un color distinto a los ordenado por la apelante.
14 Véase la TPO, a la pág. 55, línea 13 y pág. 57, líneas 16-18.
15 Véase el Exhibit 2.
16
   Véase la TPO, a la pág. 12, líneas 7-25
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la apelante, durante el contrainterrogatario de la señora Rodríguez

Reyes, no impugnó el antedicho testimonio. Solo pudo lograr que la

apelada aceptara que el color específico solicitado no se pudo lograr.

       De otro lado, apuntalamos que la señora Reyes Rosario

presentó, como prueba, únicamente su testimonio. Reconoció que el

día que se recogió el bizcocho no llamó a la apelada para informarle

que ese no era el color solicitado.17 Por lo que, falló en probar de

forma afirmativa que la información publicada era verdadera y

no difamatoria.

       En atención a todo lo antedicho, se hace importante enfatizar

que la credibilidad de la prueba presentada constituyó un factor

decisivo en las conclusiones de hechos determinadas por el foro a

quo. Más aun, la parte apelante no minó la credibilidad de lo

declarado por la señora Rodríguez Castro durante el juicio en su

fondo, ni pudo demostrar que los hechos determinados por el TPI

estuviesen huérfanos de apoyo en la evidencia presentada y

aquilata. Por tanto, ante la ausencia de error, perjuicio o

parcialidad, no procede nuestra intervención con la apreciación de

la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad efectuada por el

TPI. El Magistrado que presidió el juicio fue quien observó la manera

de declarar los testigos; así como pudo apreciar sus gestos, titubeos,

contradicciones y todo su comportamiento mientras testificaban.

Son estos factores los que formaron gradualmente en su conciencia

la convicción sobre la verdad de lo declarado.

       Por su parte, adelantamos que la apelante falló en impugnar

adecuadamante la cuantía de daños concedidos. Veamos el por qué.

       De entrada, se hace importante advertir que la señora Reyes

Rosario, en su recurso, no cuestionó la cuantía concedida a la

apelada ni el proceso de valoración que realizó el foro primario para

17 Véase la TPO, a la pág. 56, líneas 23-25.
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su determinación. Insistimos nuevamente en que, en este tipo de

caso, es el foro primario el que tuvo contacto directo con la prueba

testifical presentada y, por ende, el que estuvo en mejor posición de

emitir un juicio sobre la valorización de los daños.18 Este ejercicio

valorativo “… descansa, en parte, en elementos subjetivos y de

especulación que dependen -- en cierto grado -- del juzgador o la

juzgadora de los hechos, motivado por un sentido de justicia y de

conciencia humana.”19 Se trata de una tarea sumamente difícil,

ardua y angustiosa, ya que no existen fórmulas científicas que

provean un resultado exacto para indicar cómo se justiprecia el

dolor y el sufrimiento causado. Íd.

          Ahora bien, del testimonio de la apelada surge que las

llamadas eran “exageradas. Estuvieron más de, bueno, podría decir

un mes con llamadas constantes hasta de madrugada. Que eso fue

lo que me tuvo que dar el paso para hacer las querellas. No podía

apagar mi teléfono de noche porque mi mamá vivía sola y está bien

mala. Por eso es que no lo apagaba. Porque me decían, hasta los

mismos agentes me decían “apaga el teléfono”. No podía apagarlo.

Pero eran llamadas constantes.”20 Añadió que “… mi madre, una

persona mayor, tenía el sistema del botoncito y el teléfono que estaba

activado a ese botón era el mío.”21 También declaró que estaba

viviendo con miedo y que eso la llevó a abrir su negocio a las 9:00

de la mañana en vez de las 7:00, y cerrarlo a las 5:00 de la tarde en

vez de a las 7:00 de la noche.22 Asimismo, afirmó que las llamadas

se daban constantes en el día, de madrugada, más de quince (15)

llamadas, la frecuencia se mantuvo por un mes.23

18 Véase, Sucn. Mena Pamias et al. v. Meléndez et al, 2023 TSPR 108, a la pág.18.
19 Íd., a la pág. 12.
20 Véase la TPO, a la pág. 22, líneas 11-16.
21 Véase la TPO, a la pág. 32, líneas 19-20.
22 Véase la TPO, a la pág. 23, líneas 1-3.
23
     Véase la TPO, a las págs. 31-32.
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       En consecuencia, a nuestro entender quedaron demostrados

los sufrimientos y angustias mentales que vivió la apelada como

consecuencia del acto perpetrado por la apelante. Reiteramos que la

señora Rodríguez Castro tiene 31 años de experiencia en la

confección de bizcochos y nunca había tenido un incidente como

este.24

       En conclusión, el primer error no se cometió. Del análisis de

la TPO surge el acto negligente, la relación casual y los daños

provocados. Destacamos que, en cuanto al argumento de que no

hubo prueba de los daños al negocio, el foro apelado claramente

resolvió, y citamos: “En cuanto a la p[é]rdida de ingreso, entendemos

que la prueba desfilada no fue suficiente para realizar una

determinación favorable sobre el particular.”25

       Respecto al segundo error, la apelante señaló que es

improcedente la imposicion de los honorarios por temeridad dado

que esta no podía cruzarse de brazos, ya que estaba convencida de

que su actuación en forma alguna había causado un daño. Como

indicamos, la evaluación de si ha mediado o no temeridad, recae

sobre la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo se

intervendrá con ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal

facultad. En la Sentencia apelada surge que el TPI determinó la

temeridad por entender que la señora Reyes Rosario pudo evitar el

presente pleito. La temeridad se configura cuando una parte con su

conducta promueve un pleito que se pudo obviar o lo prolonga

innecesariamente.

       Luego de examinada la TPO, concluimos que el foro apelado

no abusó de su discreción al imponer la temeridad. Tampoco surgen

del recurso apelativo argumentos que nos convenzan de que el

raciocinio del TPI fuese incorrecto. Recalcamos que el foro primario

24 Véase la TPO, a la pág. 27, líneas 21-25, y pág. 28, líneas 10-20.
25 Véase el Apéndice del Recurso, Apéndice 3, a la pág. 5.
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resolvió que “Cualquier daño recibido por el bizcocho ocurrió luego

de que la demandante entregara el mismo”. Lo que encuentra apoyo

en la prueba presentada y no fue refutado por la apelante.

      En consecuencia, el segundo error no fue incurrido por el foro

primario.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones