Court Opinion

ID: 9941503
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:41:36.937582+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.025782
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

    MILTON FELIPE RIVERA                                     APELACIÓN
         RODRÍGUEZ                                           procedente del
                                                             Tribunal de Primera
              Apelado                                        Instancia, Sala
                                                             Superior de Mayagüez
                                       KLAN202300847
                  v.                                         Caso número:
                                                             MZ2023CV00253

 YARI RODRÍGUEZ BENÍTEZ                                      Sobre:
                                                             Desahucio, Cobro de
              Apelante                                       Dinero (Procedimiento
                                                             Sumario)

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2024.

       Comparece la parte apelante, Yari Rodríguez Benítez, y nos solicita

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Mayagüez, el 24 de agosto de 2023, notificada el día

siguiente. Mediante dicho dictamen, el foro primario ordenó a la parte

apelante a satisfacer la cantidad de $1,200.00 por concepto de cánones de

arrendamiento adeudados y $1,000.00 en concepto de honorarios de

abogado por temeridad a favor de la parte apelada, Milton F. Rivera

Rodríguez.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se modifica el

dictamen apelado y, así modificado, se confirma.

                                           I

       El 15 de febrero de 2023, Milton F. Rivera Rodríguez (Rivera

Rodríguez o apelado) incoó una Demanda sobre desahucio1 y cobro de

1 Cabe destacar que, el 21 de abril de 2023, Milton F. Rivera Rodríguez presentó una

Moción Informativa y en Solicitud de Desistimiento, en la cual indicó que Yari Rodríguez
Benítez había desalojado la residencia en cuestión, por lo que desistía de la causa de
acción de desahucio. Atendido el asunto, el 24 de abril de 2023, el Tribunal de Primera
Instancia emitió y notificó una Sentencia Parcial, mediante la cual acogió la mencionada
solicitud y decretó el archivo, con perjuicio, de la demanda únicamente en cuanto a la
acción de desahucio. Véase, Apéndice del recurso, págs. 29-30.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLAN202300847                                                              2

dinero, al amparo del procedimiento sumario dispuesto en el Código de

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, 32 LPRA sec. 2821 et seq.,

en contra de Yari Rodríguez Benítez (Rodríguez Benítez o apelante).2 En

síntesis, indicó que, durante el mes de abril de 2020, junto a su esposa,

llegó a un acuerdo de arrendamiento con Rodríguez Benítez para arrendar

una propiedad de este, sita en el municipio de Mayagüez, por un canon de

$400.00 mensuales. Alegó que, aunque produjo un contrato escrito, nunca

se firmó, por lo que las partes establecieron verbalmente las pautas de

arrendamiento donde se acordó lo siguiente: (a) La suma de cuatrocientos

dólares como canon mensual de arrendamiento sin el pago de una fianza;

(b) Los pagos de utilidades mensuales serían por cuenta de Rodríguez

Benítez; (c) El mantenimiento y limpieza del patio sería por cargo de

Rodríguez Benítez, ya que iba a utilizar el terreno para un proyecto agrícola

que tenía en proceso; (d) La residencia sería utilizada como vivienda

principal de Rodríguez Benítez y la finca o terreno para fines agrícolas,

según manifestado por esta y aceptado por Rivera Rodríguez.

        Rivera Rodríguez arguyó en su Demanda que Rodríguez Benítez

nunca se hizo cargo del mantenimiento y limpieza del terreno de la referida

propiedad, como acordado. Sostuvo que, en el año 2021, Rodríguez

Benítez solicitó el reemplazo de varios bienes muebles que se encontraban

en la residencia en cuestión, debido a que estos no servían por la presencia

de polilla. Asimismo, señaló que Rodríguez Benítez había reclamado que

se le estaban dañando sus cosas porque el techo del inmueble filtraba, pero

que el hermano de ella podía hacer el trabajo de sellado del techo e indicó

lo que necesitaba para dicha labor. Según adujo, accedió a lo anterior y

compró el sellador de techo solicitado. Sin embargo, planteó que Rodríguez

Benítez le proveyó unos recibos a manuscrito y reclamó el pago de

$3,170.00 por concepto de la mano de obra de lo antes acordado y de los

materiales de otros asuntos no acordados. Informó que había llegado a un

acuerdo con Rodríguez Benítez, el cual consistía en que, comenzando en

2 Apéndice del recurso, págs. 4-6.
KLAN202300847                                                               3

octubre de 2021, en vez de pagar $400.00 mensuales por cánones de

arrendamiento, pagaría $200.00 mensuales; la diferencia en cantidad sería

para cubrir la deuda de este con Rodríguez Benítez.

        En la Demanda, Rivera Rodríguez alegó que, en el mes de agosto

de 2022, Rodríguez Benítez había reclamado la pérdida de sus

pertenencias por una filtración en el techo de la propiedad. Sobre ese

particular, argumentó que contrató a un ente externo para revisar el techo,

quien le indicó que Rodríguez Benítez nunca realizó el sellado acordado.

Arguyó que, a raíz del sellado de techo eventualmente realizado por el ente

externo, Rodríguez Benítez comenzó a reclamar que se le había violado su

privacidad y dejó de pagar los $200.00 mensuales por cánones de

arrendamiento acordados. Planteó que, a pesar de que Rodríguez Benítez

no estaba residiendo en la propiedad, la cual se encontraba deshabitada,

en deterioro y bajo su control, esta tenía mascotas en la residencia. En vista

de lo anterior, reclamó las cantidades adeudadas –vencidas, líquidas y

exigibles–, desde septiembre de 2022 hasta que se dictara sentencia, por

la suma de $400.00 mensuales, más los intereses legales postsentencia,

al igual que el pago de las costas y los honorarios de abogado por

$1,000.00. Asimismo, solicitó que se declarara con lugar la demanda de

epígrafe y se ordenara el lanzamiento de Rodríguez Benítez, así como de

cualquier persona que, en nombre de esta, ocupara la propiedad en

cuestión.

        Por su parte, el 21 de abril de 2023, Rodríguez Benítez presentó su

alegación responsiva.3 En esencia, negó la mayoría de las alegaciones en

su contra. Sostuvo que, contrario a lo alegado por Rivera Rodríguez, existía

un contrato por escrito, el cual fue suscrito el 20 de abril de 2020, que pagó

una fianza de $400.00 adicional al primer mes de renta y que cumplió

esencialmente con la responsabilidad del mantenimiento del patio de la

propiedad. En cuanto al sellado del techo, arguyó que no se proveyeron la

totalidad de los materiales y que, por razones de salud, su hermano no

3 Apéndice del recurso, págs. 7-12.
KLAN202300847                                                            4

pudo realizar la labor, lo cual había sido informado a Rivera Rodríguez.

Negó haber reclamado los gastos realizados por esta en la propiedad.

Sobre ese particular, planteó que Rivera Rodríguez incumplió su promesa

verbal de venderle la propiedad en controversia, por lo que habían llegado

a un acuerdo de crédito por la suma de $200.00 mensuales, aplicados al

canon de arrendamiento por un periodo de dieciocho (18) meses, hasta el

saldo de las mejoras, para un total de $3,600.00. Admitió que había dejado

de pagar los $200.00 acordados, ello con el propósito de consumir su

crédito más rápido. Argumentó, además, que Rivera Rodríguez le

adeudaba el pago de $100.00 mensuales por el mantenimiento del patio

alrededor de la residencia, $55.76 por los tratamientos mensuales contra

polilla y comején, y $161.67 por el tratamiento inicial.

        Luego de varias incidencias procesales, el 21 de agosto de 2023,

las partes sometieron el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio

(Informe),4 mediante el cual estipularon los siguientes hechos:

        1. Don Milton F. Rivera Rodríguez, tiene como [a]poderada
           a su hija Iris Rivera Colón[,] según es acreditado mediante
           Escritura N[ú]mero Cuarenta y Seis (46) otorgada el 19 de
           octubre de 2021 ante la [n]otaria María Herminia Cotto
           Nieves.
        2. Don Milton F. Rivera Rodríguez y su esposa Doña Luz
           Celenia Colón Cintrón son los dueños de la propiedad
           dada en arrendamiento a la parte demandada, Yari
           Rodríguez Benítez[.]
        3. Don Milton F. Rivera Rodríguez, su esposa Doña Luz
           Celenia Colón Cintrón y la joven Yari Rodríguez Benítez
           otorgaron un contrato de arrendamiento con la joven Yari
           Rodríguez Benítez[,] dando en arrendamiento la
           propiedad antes descrita por el término de un año[,]
           comenzando el 20 de abril de 2020 por la cantidad de
           $400.00 mensuales. Al término de dicho año, continuó de
           mes a mes.
        4. El 8 de octubre de 2021, Iris Rivera Colón y Don Milton
           Rivera acordaron en documento a manuscrito recibir el
           pago de $200.00 mensuales por año y medio y acreditar
           la diferencia de $200.00 al alegado total pagado por la
           parte demandada en gastos para la residencia. El mismo
           comenzaría el 21 de septiembre de 2021 aunque fue
           suscrito el 8 de octubre de 2021.
        5. El 20 de abril de 2023 la parte demandada, Yari Rodríguez
           Benítez, entregó las llaves de la propiedad arrendada a
           los demandantes.
        6. Se estipula el pago de los gabinetes de cocina que no son
           parte de lo reclamado por la demandada.5

4 Apéndice del recurso, págs. 13-28.
5 Íd., págs. 18-19.
KLAN202300847                                                             5

        En lo aquí atinente, en el referido Informe, Rodríguez Benítez

identificó la siguiente prueba documental que pretendía presentar en el

juicio en su fondo:

        1. Identificación (a) Contrato
        2. Identificación (b) Nota firmada sobre acuerdo de rebaja de
            canon por gastos
        3. Identificación (c) c-1 a c-2 Evidencia de gastos
        4. Identificación (d) Evidencia [de] gastos en materiales
        5. Identificación (e) Evidencia [de] gastos de materiales y
            mano de obra
        6. Identificación (f) Evidencia de gastos de materiales y
            mano de obra
        7. Identificación (g) Evidencia de pago de limpieza
        8. Identificación (h) h-a a h-n Evidencia [de] pago de
            fumigación
        9. Identificación (i) Recibo de compra de gabinete y espejo
            para baño principal
        10. Identificación (j) Gastos de materiales de plomería
        11. Identificación (k) Gastos de cablería eléctrica
        12. Identificación (l) Gastos de materiales eléctricos
        13. Identificación (m) Sellado de techo
        14. Identificación (n) Pintura de baños
        15. Identificación (o-o-a) [sic] Gastos [de] materiales [para]
            reparaciones [de] baños, electricidad y pintura
        16. Identificación (p) Compra de gabinete de baño grande
        17. Identificación (q) Materiales para reparaciones
        18. Identificación (r) 45 fotos de la r-1 a la r-45
        c. [sic] Recibos de pagos de fumigación por comején y polilla.6

        Celebrado el juicio en su fondo y evaluadas las posturas de las

partes en cuanto al cobro de dinero, el 24 de agosto de 2023, notificada al

día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos

ocupa.7 Desglosó las siguientes determinaciones de hecho:

        1. La parte demandante reconoció que le adeudaba la
           cantidad de $3,600 a la demandada por concepto de
           arreglos realizados a la propiedad hasta el 1 de
           septiembre de 2021.
        2. Para pagar esa deuda, el canon de arrendamiento de la
           demandada[,] que eran $400.00 mensuales[,] sería
           reducido a $200.00 desde el mes de septiembre de 2021
           y por el término de 18 meses.
        3. En septiembre de 2022, habiendo transcurrido doce (12)
           meses desde el acuerdo, la demandada determinó
           unilateralmente dejar de pagar la renta para acelerar el
           pago de lo que le debía la parte demandante.
        4. Por tanto, la deuda qued[ó] saldada para el mes de
           noviembre de 2022.
        5. La demandada había pagado $400 por concepto de fianza
           para arrendar la propiedad.

6 Apéndice del recurso, págs. 22-23.
7 Íd., págs. 32-36.
KLAN202300847                                                              6

      6. El Tribunal determinó atribuir ese mes de fianza a la renta
         del mes de diciembre de 2021, que era pagada el 21 de
         diciembre.
      7. La demandada quedó debiendo el pago de los meses de
         enero 21, febrero 21 y marzo 21. O sea, 3 meses de renta
         para un total de $1,200.00[.]
      Surge del referido dictamen que, al inicio del juicio, el foro primario

advirtió que, ante el volumen de la prueba anunciada, quería que las partes

explicaran sus teorías. Luego de escuchar la teoría de Rodríguez Benítez,

expresó que no atendería reconvención alguna por ser un caso de carácter

sumario el cual no lo contemplaba. Sin embargo, aclaró que nada privaba

a Rodríguez Benítez de instar un pleito separado para reclamar el cobro de

dinero que entendiera que Rivera Rodríguez le debía por alegados arreglos

y gastos realizados en la propiedad en cuestión. Además, ordenó que el

caso se limitara a establecer la deuda, si alguna, relacionada a los cánones

de arrendamiento.

      El foro a quo señaló que el Artículo 627 del Código de Enjuiciamiento

Civil de Puerto Rico de 1933, 32 LPRA sec. 2829, permitía, a modo de

excepción y por solicitud de parte interesada, acumular una reclamación en

cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en

que se basaba la reclamación de desahucio, dentro del mismo

procedimiento judicial; es decir, al cobro de lo adeudado por concepto de

cánones dejados de pagar. Abundó que, en ese contexto, la reclamación

se tenía que limitar o restringir al cobro de lo adeudado, sin que la parte

demandada pudiera invocar el incumplimiento del contrato como

justificación para no haber pagado los cánones correspondientes u otras

reclamaciones accesorias. Por tanto, concluyó que la acumulación

permisible de causas de acción accesorias estaba limitada al cobro de

dinero de lo estrictamente adeudado por concepto de cánones de

arrendamiento. En virtud de ello, ordenó a Rodríguez Benítez a satisfacer

la cantidad de $1,200.00 por concepto de cánones de arrendamiento

adeudados a Rivera Rodríguez. Además, encontró incursa en temeridad a

Rodríguez Benítez y, por tanto, le impuso el pago de $1,000.00 en concepto

de honorarios de abogado a favor de Rivera Rodríguez.
KLAN202300847                                                              7

       Inconforme, el 22 de septiembre de 2023, la parte apelante acudió

ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló los siguientes

errores:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
       permitirle a la demandada presentar la prueba anunciada.

       Erró el Honorable Tribunal al determinar que la demandada
       quedó debiendo tres (3) meses de renta que suman
       $1,200.00 dólares.

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar
       que la demandada incurrió en temeridad.

       Evaluado lo anterior, ordenamos a la parte apelada presentar su

alegato en oposición conforme a la Regla 22 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. Asimismo, luego de dar por

estipulada la transcripción de la prueba oral, otorgamos al apelado un

término adicional para presentar su alegato suplementario. Ha transcurrido

mayor término a lo concedido sin que la parte apelada haya acreditado

escrito alguno ante esta Curia, por lo que, según advertido, procedemos a

resolver sin el beneficio de su comparecencia.

                                     II

                                     A

       El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria

cuyo objetivo principal es recuperar la posesión material de una propiedad

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista

que la detente. 32 LPRA sec. 2822; Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR

733 (1987); C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318 (1971). El procedimiento

sumario de desahucio procura de la manera más rápida posible, la

reivindicación de determinados derechos de la persona arrendadora, tales

como recuperar la posesión material del bien arrendado, reduciendo al

mínimo constitucionalmente permisible las garantías procesales. Tal

proceder sumario ha permitido limitar y acortar ciertos términos y prescindir

de ciertos trámites comunes al proceso ordinario, sin que ello conlleve

suprimir o menoscabar la oportunidad de la persona arrendataria de ejercer

con efectividad sus defensas durante el litigio. Turabo Ltd. Partnership v.
KLAN202300847                                                               8

Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 241-245 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín,

supra, págs. 749-750. El desahucio no es una de las formas de terminar el

arrendamiento, sino un medio de recobrar judicialmente la cosa inmueble

arrendada, cuando aquél se acaba por la concurrencia de ciertas causas

extintivas. Esta acción tiene un carácter resolutorio del contrato. Mora Dev.

Corp. v. Sandín, supra.

       El Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 establece

las normas vigentes sobre la acción de desahucio y establece el

procedimiento a cumplir en su trámite ante los tribunales. 32 LPRA sec.

2821 et seq. En su Artículo 620, el citado estatuto dispone que toda persona

dueña de finca, sus apoderados, los usufructuarios y cualquier otra persona

que tenga derecho a disfrutar la propiedad y sus causahabientes tendrán a

su haber el procedimiento de desahucio. 32 LPRA sec. 2821. Asimismo, el

Artículo 627 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933,

32 LPRA sec. 2829, permite, a modo de excepción y únicamente a solicitud

de parte interesada, acumular una reclamación en cobro de dinero,

fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que se basa la

reclamación de desahucio, dentro del procedimiento judicial sobre

desahucio. La acción acumulable no se refiere a aquellas en las que se

invoque como defensa un conflicto de título, la defensa de vicios ocultos en

la propiedad como justificación para no proceder al pago pactado, o una

reconvención por daños. En estas últimas circunstancias se requerirá un

juicio plenario o, dicho de otra manera, el juicio declarativo correspondiente

en el curso ordinario de los procedimientos judiciales. Cabe destacar que

la acción acumulable tiene que estar íntimamente atada o relacionada a la

acción de desahucio. Es decir, al cobro de lo adeudado por concepto de

cánones dejados de pagar.

       Cónsono con lo anterior, la reclamación se tiene que limitar o

restringir al cobro de lo adeudado, sin que la parte demandada pueda

invocar el incumplimiento del contrato como justificación para no haber

pagado los cánones correspondientes u otras reclamaciones accesorias.
KLAN202300847                                                             9

Dada la naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio, una vez de

trabada una controversia sobre otras consideraciones relativas al cobro de

dinero, el tribunal viene obligado a reivindicar la posesión del inmueble

mediante el lanzamiento o expulsión de la persona arrendataria o precarista

que detenta la posesión del bien sin pagar merced alguna, y ordenar el

cobro de dinero de los cánones adeudados y otros reclamos accesorios

mediante el cauce ordinario. En otras palabras, la acumulación permisible

de causas de acción accesorias está limitada al cobro de dinero de lo

estrictamente adeudado por concepto de cánones de arrendamiento.

Véase, Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 (1956).

                                     B

      En una acción de cobro de dinero, la parte demandante únicamente

puede reclamar, por vía judicial, aquellas deudas que sean vencidas,

líquidas y exigibles. RMCA v. Mayol Bianchi, 208 DPR 100, 108 (2021).

Respecto a ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que:

      El vocablo “líquida” en relación con una cuenta, en lenguaje
      corriente significa el saldo “o residuo de cuantía cierta que
      resulta de la comparación del cargo con la data”. Y la voz
      “exigible” refiriéndose a una obligación, significa que puede
      demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez,
      70 DPR 958, 966 (1950).
      En ese sentido, la deuda es “líquida” cuando la cuantía de dinero

debida es “cierta” y “determinada”. Ramos y otros v. Colón y otros, 153

DPR 534, 546 (2001), citando a M.A. Del Arco Torres y M. Pons González,

Diccionario de Derecho Civil, Navarra, Ed. Aranzadi, 1984, T. II, pág. 168 y

a Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). Por otro lado, la

deuda es “exigible” cuando la obligación no está sujeta a una causa de

nulidad y puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez,

supra. Sobre ese particular, nuestro Tribunal Supremo determinó en RMCA

v. Mayol Bianchi, supra, págs. 108-109, lo siguiente:

      La deuda es líquida por ser cierta y determinada, y es exigible
      porque puede demandarse su cumplimiento. Así que, “al
      alegarse que la cuenta es ‘líquida y exigible’ se están
      exponiendo hechos, a saber: que el residuo de la cuantía ha
      sido aceptado como correcto por el deudor y que está
      vencido”. (Citas omitidas).
KLAN202300847                                                            10

      Por otro lado, la parte que exige el cumplimiento de una obligación

es a quien le corresponde probar su existencia. Admor. F.S.E. v. Almacén

Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000); H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119

DPR 129, 134 (1987). Lo anterior es cónsono con la Regla 110 de

Evidencia de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, pues el peso

de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida en caso de no

presentarse prueba alguna.

                                     C

      Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, según

enmendadas, 32 LPRA Ap. VI (Reglas de Evidencia), rigen la forma y el

proceso mediante el cual se admite la prueba ante los tribunales. Previo a

la admisión de evidencia, se requiere que la misma sea autenticada o

identificada. En cuanto a ello, la Regla 901 de Evidencia establece que este

requisito “se satisface con la presentación de evidencia suficiente para

sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que la

persona proponente sostiene”. 32 LPRA Ap. VI, R. 901.

      En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas 104, 105 y 106 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104-106, regulan el procedimiento a seguir

ante la admisión o exclusión errónea de evidencia y el efecto que tiene la

comisión de tales errores sobre un dictamen. En particular, la Regla 104(a)

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104(a), establece que “[l]a parte

perjudicada por la admisión errónea de evidencia debe presentar una

objeción oportuna, específica y correcta o una moción para que se elimine

del récord evidencia erróneamente admitida cuando el fundamento para

objetar surge con posterioridad”.

      Cónsono con lo anterior, la Regla 105(a) de Evidencia, 32 LPRA

Ap. VI, R. 105(a), indica que, como norma general, no se dejará sin efecto

una determinación de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se

revocará por ello sentencia o decisión alguna, a menos que: (1) La parte

perjudicada con la admisión o exclusión de evidencia hubiere satisfecho los

requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos en la
KLAN202300847                                                            11

Regla; y (2) El tribunal que considera el señalamiento estime que la

evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sustancial en la

sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita.

      Así pues, para determinar si procede revocar un dictamen por la

admisión o exclusión errónea de evidencia, debe precisarse si dicha prueba

pudo haber tenido un efecto determinante en la mente del juzgador de los

hechos o si, independientemente del resto de la prueba presentada en

juicio, de no haberse admitido o excluido esa evidencia, el resultado del

caso probablemente hubiera sido distinto. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR

729, 745-746 (1991). Es decir, es preciso llevar a cabo un “un cálculo algo

especulativo, en términos de cuál es la probabilidad de que, de no haberse

cometido el error, el resultado hubiera sido distinto”. Izagas Santos v.

Family Drug Center, 182 DPR 463, 483-484 (2011), citando a E.L. Chiesa

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, San Juan, Pubs.

J.T.S., 2009, pág. 88. Lo contrario se consideraría un error benigno que no

conllevaría revocar la determinación. Íd.

      No obstante, la Regla 106 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 106,

establece que un tribunal apelativo podrá considerar un señalamiento de

error sobre admisión o exclusión errónea de evidencia, aun cuando no se

haya cumplido con la Regla 104 de Evidencia, supra. A esos efectos, la

precitada Regla 106 del referido cuerpo reglamentario establece que esto

se permitirá, a modo de excepción, cuando:

      (A) El error fue craso ya que no cabe duda de que fue
      cometido;

      (B) [E]l error fue perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o
      sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se
      solicita, y

      (C) [E]l no corregirlo resulte en un fracaso de la justicia.

                                      D

      Sabido es que este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente, como

foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

Es por ello que, nuestra encomienda principal es examinar cómo los

tribunales inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada
KLAN202300847                                                               12

caso. Íd. Cónsono con lo anterior, el desempeño de nuestra función

revisora se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia desarrolle

un expediente completo que incluya los hechos que haya determinado

ciertos a partir de la prueba que se le presentó. Íd. Es decir, nuestra función

de aplicar y pautar el Derecho requiere saber cuáles son los hechos, tarea

que corresponde, primeramente, al foro de instancia. Íd. Como foro

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio

oral   de   los   testigos,   no   dirimimos   credibilidad   y no   hacemos

determinaciones de hechos. Íd. Esa es la función de los tribunales de

primera instancia. Íd.

       Por el contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones

escritas, estamos en la misma posición que el Tribunal de Primera

Instancia. Ortiz et al. v. S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así, “el

Tribunal Apelativo tendrá la facultad para adoptar su propio criterio en la

apreciación y evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla,

aunque resulte técnicamente correcta”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 219 (2021), citando a González Hernández v. González

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Asimismo, es norma básica que las

conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por el foro

apelativo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. Ahora bien,

como norma general, los tribunales apelativos aceptan como correctas las

determinaciones de hechos de los tribunales inferiores, así como su

apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la

prueba presentada en la sala. Íd., pág. 771.

       En nuestro ordenamiento jurídico no se favorece la intervención de

los foros apelativos para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación

de credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal

de Primera Instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. Sucesión José Emanuel Mena Pamias y otros v. Jiménez

Meléndez y otros, 2023 TSPR 108, resuelto el 5 de septiembre de 2023;
KLAN202300847                                                              13

Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850 (2022); Santiago Ortiz v. Real

Legacy et al., supra. Ello, debido a que el foro de instancia está en mejor

posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta importante tarea

judicial. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.

       En consideración a la norma de corrección que cobija a las

determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando

una parte peticionaria señala errores dirigidos a cuestionar la apreciación o

suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que

esta ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro

primario. Ello se logra utilizando alguno de los mecanismos de recopilación

de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de la prueba, (2) exposición

estipulada o (3) exposición narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR

35, 211 DPR __ (2023). Los tribunales de mayor jerarquía no pueden

cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro primario.

Íd.

                                     E
       La concesión de honorarios de abogado o abogada está regulada

por la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.

44.1(d). La misma autoriza al tribunal a imponer honorarios de abogado o

abogada cuando una parte o su representación legal procede con

temeridad o frivolidad. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR

163, 192 (2022); SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138, 145

(2022). En específico, el referido inciso de la citada regla reza como sigue:

       En caso [de] que cualquier parte o su abogado o abogada
       haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
       imponerle en su sentencia al [o a la] responsable el pago de
       una suma por concepto de honorarios de abogado [o
       abogada] que el tribunal entienda correspondan a tal
       conducta. En caso [de] que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades
       haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
       imponerle en su sentencia una suma por concepto de
       honorarios de abogado [o abogada], excepto en los casos en
       que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios
       de abogado [o abogada].
KLAN202300847                                                                14

       La temeridad se define como aquella conducta que hace necesario

un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga

que la otra parte incurra en gestiones evitables. Pérez Rodríguez v. López

Rodríguez et al., supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al.,

supra, pág. 148; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504

(2010). Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta sobre el

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración de

la justicia”. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001), citando a

Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990). Asimismo, dicho Foro ha

definido el concepto temeridad como la actuación terca, obstinada,

contumaz y sin fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes

de un pleito. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 240 (2013).

Por otro lado, la frivolidad se define como “[a]quello que no tiene razón de

ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna”. Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round

Hill, 149 DPR 91, 100 (1999), citando a I. Rivera García, Diccionario de

Términos Jurídicos, 2da ed., New Hampshire, Equity Publishing Corp.,

1985, pág. 108. Solo lo claramente irrazonable o inmeritorio debe dar paso

a una determinación de frivolidad por un tribunal apelativo. Íd.

       El propósito de la imposición de honorarios de abogado o abogada

en casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia

en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente,    a    asumir    las   molestias,   gastos,     trabajo   e

inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179

DPR 503, 520 (2010), citando a Fernández v. San Juan Cement Co., Inc.,

118 DPR 713, 718 (1987); Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al.,

supra, pág. 193; SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, págs. 148-

149.
KLAN202300847                                                             15

      Además, la imposición de honorarios de abogado o abogada, tiene

como objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para compensar

los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la otra parte.

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 718-719. Nuestro

Foro de última instancia ha dispuesto que, la facultad de imponer

honorarios de abogado o abogada, es la mejor arma que ostentan los

tribunales para gestionar de forma eficaz los procedimientos judiciales y el

tiempo de la administración de la justicia, así como para proteger a las

personas litigantes de la dilación y los gastos innecesarios. SLG González-

Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 149.

      La determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y no será variada

en apelación a menos que se demuestre que este ha abusado de su

discreción. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., supra, pág. 193;

SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág. 150. Tampoco será

variada la partida concedida, a menos que resulte ser excesiva, exigua o

constituya un abuso de discreción. Íd.

      A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.

                                     III

      Como primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene que

el Tribunal de Primera Instancia erró al no permitirle presentar la prueba

anunciada. Específicamente, arguye que, al archivarse la acción de

desahucio, la acción restante sobre cobro de dinero convirtió el caso en

uno ordinario, por lo que tenía derecho de presentar la prueba anunciada

en la vista. En su segundo señalamiento de error, plantea que el foro

primario incidió al determinar que esta adeuda $1,200.00 por tres (3) meses

de arrendamiento. En esencia, alega que había anunciado prueba

conducente a establecer que tenía a su favor un crédito por haber

mantenido la propiedad en cuestión en condiciones salubres. Sobre ese
KLAN202300847                                                              16

particular, aduce que incurrió en una inversión de $1,355.43 por el

tratamiento contra comején, reparaciones a la cisterna de agua potable y

plomería del inmueble objeto de la acción de epígrafe. Por estar los errores

relacionados entre sí, los discutiremos conjuntamente.

          Conforme esbozáramos previamente, como norma general, los

tribunales apelativos aceptamos como correctas las determinaciones de

hechos de los tribunales inferiores, así como su apreciación sobre la

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en

la sala. Los foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la

prueba de los foros primarios, salvo que exista pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Es decir, el foro primario merece deferencia ante

planteamientos de error sobre admisibilidad de la prueba presentada y la

apreciación que le confirió. En el caso de autos, evaluamos tanto la prueba

documental ante nos, como la transcripción de la prueba oral y entendemos

correctas las determinaciones de hechos desglosadas por el foro a quo. En

ese sentido, nuestra intervención se ciñe a atender cuestiones puramente

normativas a la luz de la prueba contenida en el expediente apelativo y la

referida transcripción que atendemos.

          De una revisión de la prueba documental, así como de la

transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio en su fondo, colegimos

que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto. Surge expresamente de la transcripción de

la prueba oral que, desde el inicio de la vista, la Juzgadora de los hechos

pautó los parámetros del desfile de prueba y las partes no tuvieron objeción

al respecto.8 Específicamente, el foro de origen dejó claro que la prueba a

dirimirse estaría limitada a lo pertinente al cobro de los cánones de

arrendamiento, objeto de la acción de epígrafe. La Juzgadora explicó que

ello no impediría que la parte apelante, de entenderlo necesario, incoara

una acción independiente sobre cobro de dinero de las cantidades que,

según alegó, el apelado le debía por unas presuntas mejoras realizadas

8
    Véase, Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 44-45.
KLAN202300847                                                                 17

por esta a la propiedad en cuestión. De hecho, surge de la referida

transcripción, que la apelante entendió lo anterior y estuvo de acuerdo.9

Asimismo, se desprende de la transcripción de la prueba oral que la

Juzgadora, en conjunto con las partes –quienes en sala estipularon las

cantidades adeudadas por la apelante por concepto de cánones de

arrendamiento y una cantidad adeudada por el apelado por unos arreglos

que esta había realizado a la propiedad–, realizó el cómputo de la cifra final

adeudada por la parte apelante. Al establecer la suma final adeudada por

la apelante, esta, nuevamente, estuvo conforme con la determinación y así

se expresó en el juicio.10 De la mencionada transcripción no surge objeción

por parte de la apelante o su representación legal, ni oferta de prueba

alguna, que nos mueva a resolver que los primeros dos errores señalados

en el presente recurso se cometieron. Por consiguiente, el proceder del foro

primario merece deferencia pues, según antes detallado, salvo que exista

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los foros revisores no

debemos intervenir con la apreciación de la prueba del foro de origen. En

conclusión, los primeros dos errores no se cometieron.

        Ahora bien, como tercer señalamiento de error, la parte apelante

alega que el foro a quo erró al determinar que esta incurrió en temeridad.

Plantea que no hay prueba alguna en el expediente que sostenga dicha

determinación. Además, sostiene que tal determinación constituye un

abuso de discreción, toda vez que siempre actuó con responsabilidad, de

forma prudente, con apego a la verdad y fue facilitadora de los

procedimientos judiciales.

        Examinado con detenimiento el recurso ante nos, así como la

totalidad del expediente y la transcripción de la prueba oral, a nuestro juicio,

el foro primario incidió en resolver que la parte apelante incurrió en

temeridad. Nos explicamos.

9 Véase, TPO, págs. 91-92.
10 Íd., págs. 108-109.
KLAN202300847                                                              18

      Tal como reseñáramos, la imposición de honorarios de abogados y

abogadas recae en la sana discreción del tribunal sentenciador. No

obstante, los tribunales apelativos solo pueden intervenir cuando se

demuestre que el foro de origen abusó de su discreción. En el caso de

autos, no surge actuación alguna de parte de la apelante que ameritara la

imposición de temeridad, pues el expediente no refleja actuación terca,

obstinada, contumaz y sin fundamentos por la mencionada parte durante

todo el procedimiento judicial. Luego de un análisis sosegado de la totalidad

del expediente y a la luz del derecho antes expuesto, resolvemos que no

procedía la imposición de temeridad a la parte apelante. Por consiguiente,

el tercer error se cometió. En consecuencia, modificamos el dictamen

apelado a los únicos efectos de eliminar la referida imposición de

temeridad. Así modificada, al evaluar concienzuda y ponderadamente los

eventos procesales al palio de la normativa jurídica antes esbozada,

confirmamos la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

                                     IV

      Por los fundamentos que anteceden, modificamos el dictamen

apelado a los únicos efectos de eliminar la imposición de temeridad a Yari

Rodríguez Benítez. Así modificada, confirmamos la Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

      El Juez Bermúdez Torres confirmaría en su totalidad el dictamen

recurrido, por entender que no se ha superado el estándar de abuso de

discreción al revisar determinaciones discrecionales para revocar la

determinación de temeridad. En tal sentido, disiente de esa parte de la

Sentencia.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones