Court Opinion

ID: 9890317
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:14:44.968736+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:11.677101
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

  FRANKLIN CREDIT                                 Apelación procedente
    MANAGEMENT                                    del Tribunal de Primera
 CORPORATION COMO                                 Instancia, Sala Superior
                                                  de Bayamón
AGENTE DE SERVICIO DE
 BOSCO IX OVERSEAS,
         LLC

        APELANTES             KLAN202300685       Caso Núm.:
                                                  BY2023CV00535
               V.

 SUCESIÓN DE ADOLFO
  ENRIQUE MORALES
    AFANADOR T/C/C
   ADOLFO MORALES
  AFANADOR Y OTROS
                                                  Sobre: Cobro de dinero-
                                                  Ordinario y otros
         APELADO
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

       Franklin Credit Management Corporation (apelante) comparece ante

este Tribunal de Apelaciones como agente de servicio de Bosco IX

Overseas, LLC. mediante el recurso de apelación de epígrafe en el que

solicita la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera

Instancia. Mediante el referido dictamen, el foro recurrido desestimó sin

perjuicio la demanda presentada por el apelante debido a que este no

presentó prueba sobre el diligenciamiento de los emplazamientos.

       Por los fundamentos a continuación, revocamos la Sentencia

recurrida y devolvemos el caso para la continuación de los procedimientos

de acuerdo con lo aquí dispuesto.

                                    I

       El 31 de enero de 2023, el apelante presentó una demanda en cobro

de dinero y ejecución de hipoteca contra Rosario Maestre Vargas y la

Sucesión de Adolfo Enrique Morales Afanador. Ese mismo día solicitó la

Número Identificador

SEN2023______________
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expedición de los emplazamientos correspondientes, entre estos el

emplazamiento por edicto a posibles herederos desconocidos. El 31 de

enero de 2023, la Secretaría del Tribunal expidió los emplazamientos

personales y el 6 de febrero de 2023 expidió los emplazamientos por edicto.

Así las cosas, el 27 de junio de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó

sentencia mediante la cual desestimó la demanda sin perjuicio al haber

transcurrido el término de 120 días desde la expedición de los

emplazamientos sin que se evidenciara su diligenciamiento.

        Disconforme, el apelante presentó una moción de reconsideración

mediante la cual sostuvo que la codemandada Rosario Maestre Vargas fue

emplazada e interpelada personalmente el 13 de abril de 2023 y se le

entregó copia de estos a Carlos Vázquez, director del hogar de ancianos

donde esta reside. Para demostrar el diligenciamiento anejó copia del

emplazamiento y la declaración jurada del emplazador.1 Por otro lado,

sostuvo que el 20 de febrero de 2023, los posibles herederos desconocidos

fueron emplazados mediante un edicto publicado en el periódico El Nuevo

Día. Para demostrar dicha publicación incluyó la declaración jurada suscrita

por un representante del diario.2 Además, sostuvo que los codemandados

desconocidos fueron notificados el 27 de febrero de 2023 al enviar copia

de la demanda y el emplazamiento a su última dirección conocida mediante

correo certificado con acuse de recibo. Demostró el cumplimiento de este

requerimiento al incluir copia de los acuses de recibo provistos por el

servicio postal.3 Por consiguiente, sostuvo que los emplazamientos fueron

diligenciados dentro del término dispuesto por las Reglas de Procedimiento

Civil y, entre otras cosas, solicitó que el Tribunal de Primera Instancia

dejara sin efecto la sentencia dictada.

        No obstante, el foro de instancia emitió una Resolución en la que

declaró no ha lugar la moción de reconsideración “por el tiempo

transcurrido desde el diligenciamiento del emplazamiento sin que éste se

1
  Apéndice del Recurso de Apelación, a las págs. 54-59.
2
  Id. a las págs. 61-62.
3
  Id. a las págs. 63-67.
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haya acreditado al Tribunal”.4 Ante este escenario, el apelante presentó

otra moción de reconsideración en la que argumentó que el Tribunal de

Primera Instancia cambió su razonamiento al determinar que la

desestimación no fue por no haber diligenciado el emplazamiento sino por

no haberlo acreditado. Sostuvo que conforme a las Reglas de

Procedimiento Civil la validez de un emplazamiento no se afecta por no

haber presentado prueba de su diligenciamiento. Además, enfatizó que la

desestimación de la demanda es improcedente debido a que no incumplió

orden alguna del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el foro de

instancia dictó una resolución en la cual rechazó la reconsideración.

            Inconforme, Franklin Credit Management Corp. presentó el recurso

de apelación ante nuestra consideración. Específicamente sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes errores:

            Primer Señalamiento de Error: Erró el Honorable Tribunal de
            Primera Instancia al desestimar la Demanda sin perjuicio
            alegando que no se evidenció su diligenciamiento en el
            término de 120 días en contravención a lo provisto en la Regla
            4.3(c) de Procedimiento Civil.

            Segundo Señalamiento de Error: Erró el Honorable Tribunal
            de Primera Instancia al denegar la solicitud de
            reconsideración presentada, y reafirmarse en la Sentencia
            desestimatoria, fundamentándose en el alegado tiempo
            transcurrido desde el diligenciamiento del emplazamiento sin
            que éste haya sido acreditado al Tribunal, en contravención a
            lo dispuesto en la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, que
            establece que la omisión de presentar prueba del
            diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez.

            El 11 de agosto de 2023 emitimos resolución en la cual concedimos

término a la parte apelada para presentar su alegato. Transcurrido dicho

término sin su comparecencia, nos encontramos en posición para adjudicar

el recurso de autos.

                                          II

            El emplazamiento es el mecanismo por el cual se notifica al

demandado sobre la existencia de una demanda presentada en su contra

y a través del cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona. Pérez

Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379, 384 (2021). Mediante esta

4
    Id. a la pág. 150.
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notificación se le llama al demandado a que ejerza su derecho a ser oído y

a defenderse. Id. Las Reglas de Procedimiento Civil establecen dos

maneras para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o mediante

edicto. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987 (2020). Sin

embargo, el método idóneo es el emplazamiento personal puesto que el

uso de edictos procede por excepción y en circunstancias específicas.

Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc.,

207 DPR 994, 1005 (2021).

       La parte demandante cuenta con el término improrrogable de ciento

veinte (120) días para diligenciar el emplazamiento personal. Bernier

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 649 (2018). La Regla 4.3(c)

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que “[t]ranscurrido dicho

término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá

dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio”. Dicho

término comienza a transcurrir desde que se expide el emplazamiento por

la secretaría del tribunal. Sin embargo, cuando se trata del emplazamiento

por edicto dicho término se prorroga tácitamente puesto que se trata de un

nuevo emplazamiento distinto al personal que se expide al inicio junto a la

presentación de la demanda. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, en la

pág. 994.

       Conforme a la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra, la persona

que diligencie un emplazamiento tiene el deber de presentar prueba al

Tribunal para demostrar que fue gestionado a tiempo. Cuando lo diligencie

una persona particular, deberá presentar una declaración jurada. Id. En

cambio, si fuera por edicto, se demostrará su publicación mediante

declaración jurada de un administrador o agente del periódico,

acompañado por una copia del edicto publicado y un escrito que certifique

que se depositó en el correo una copia del emplazamiento y la demanda.

Pertinente a este caso, esta disposición establece que “[l]a omisión de

presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su

validez”. Id.
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       Por otro lado, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, rige la

desestimación de acciones en las que la parte demandante “deja de cumplir

con estas reglas o con cualquier orden del tribunal”. No obstante, “la severa

sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las

alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, en primer término,

haya apercibido al abogado o abogada de la parte de la situación y se le

haya concedido la oportunidad para responder”. Id. Ante la falta de

respuesta    del   representante   legal,   procede    imponer    sanciones

directamente a este y se le notificará directamente a la parte. Id. Véase

Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 297 (2012). Es en esta ocasión, luego de

apercibir a la parte sobre las consecuencias del incumplimiento, que el

tribunal puede ordenar la desestimación o eliminación de las alegaciones.

Por consiguiente, la desestimación es improcedente como sanción ante el

primer incumplimiento a las reglas u órdenes del tribunal. Mun. de Arecibo

v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001). Nuestro ordenamiento jurídico

favorece enfáticamente que los casos se ventilen en sus méritos. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 591 (2011).

                                     III

       Nos corresponde determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró

al desestimar la acción del apelante ante su falta de acreditación conforme

a la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra. Según previamente discutido,

una parte demandante tiene ciento veinte (120) días para diligenciar el

emplazamiento. Dicho término comienza a transcurrir una vez la Secretaría

lo expide. Sin embargo, cuando se trata del diligenciamiento por edictos

dicho término comienza a transcurrir desde el inicio, debido a que

constituye    un    nuevo     emplazamiento       distinto   al    personal.

Independientemente del tipo de emplazamiento, la parte demandante tiene

el deber de informar al tribunal sobre su diligenciamiento oportuno, puesto

que se trata de un término improrrogable el cual una vez cumplido obliga a

la desestimación de la causa. Sin embargo, según reconoce expresamente
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la Regla 4.7, supra, la falta de notificación al tribunal no invalida el

diligenciamiento.

       En este caso, los emplazamientos personales fueron expedidos el

mismo día de la presentación de la demanda el 31 de enero de 2023.

Debido a que el apelante desconocía la identidad de los herederos de

Adolfo Enrique Morales Afanador le solicitó al tribunal que autorizara el

emplazamiento por edicto. Por consiguiente, el 6 de febrero de 2023 la

secretaría expidió el emplazamiento por edicto. Según surge del

expediente ante nuestra consideración los emplazamientos, personales y

por edicto, fueron diligenciados oportunamente dentro del término

improrrogable correspondiente.

       Específicamente, la codemandada Rosario Maestre Vargas fue

emplazada mediante el diligenciamiento personal el 13 de abril de 2023; a

setenta y dos (72) días de su expedición. Por otro lado, los codemandados

desconocidos fueron emplazados mediante la publicación de un edicto en

el diario El Nuevo Día el 20 de febrero de 2023; a catorce (14) días de su

expedición. Además, estos fueron notificados el 27 de febrero de 2023 al

enviarle copia de la demanda y el emplazamiento por edicto en

cumplimiento con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra.

       Contrario a lo determinado originalmente por el Tribunal de Primera

Instancia, los emplazamientos fueron diligenciados dentro del término de

ciento veinte (120) días dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. Sin

embargo, el apelante no presentó prueba al Tribunal sobre el

diligenciamiento de estos. El foro de instancia desestimó la causa, puesto

que a su entender había transcurrido el término por lo cual procedía la

desestimación sin perjuicio. Ante la moción de reconsideración, el Tribunal

de Primera Instancia dictó resolución mediante la que dispuso que procedía

la desestimación por el tiempo transcurrido sin haber acreditado el

diligenciamiento. Sin embargo, erró el foro de instancia al invalidar el

diligenciamiento oportuno de los emplazamientos por el mero hecho de la

omisión del apelante en notificar al tribunal.
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      Según antes esbozado, si bien procede la desestimación ante el

incumplimiento con las Reglas, esta sanción severa es improcedente

cuando se trata de un primer incumplimiento. Regla 39.2 de Procedimiento

Civil, supra. El Tribunal Supremo ha reconocido consecuentemente a los

efectos de que se favorece que los casos se ventilen en sus méritos. HRS

Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 DPR 689, 701 (2020).

Por lo cual, la desestimación como sanción prevalece exclusivamente en

situaciones extremas, las cuales no se encuentran presentes en el caso de

epígrafe. Lo cierto es que la parte apelante, tras el diligenciamiento no

efectuó trámite alguno hasta que el foro apelado desestimó su causa. Sin

embargo, del expediente no surge que el tribunal hubiese mediado orden

o apercibimiento alguno.

      Por tanto, resulta evidente que el Tribunal de Primera Instancia erró

al invalidar el emplazamiento oportunamente diligenciado contrario a la

Regla 4.7 de las Reglas de Procedimiento Civil. En consecuencia, procede

revocar la Sentencia apelada, por ser contraria a derecho.

                                    IV

      Por los fundamentos anteriores, revocamos la Sentencia emitida el

23 de junio de 2023, notificada el 27 de junio de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, mediante la cual desestimó

sin perjuicio la demanda del apelante. Devolvemos el caso para la

continuación de los procedimientos, cónsono con lo dispuesto.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones