Court Opinion

ID: 9952406
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:49:33.242613+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:10.858993
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

     RUTH FEBRES
   MARTÍNEZ, OSCAR
   RODRÍGUEZ SOTO,                             Certiorari
  SOCIEDAD LEGAL DE                            procedente del
 GANANCIALES FEBRES-                           Tribunal de Primera
  RODRÍGUEZ Y OTROS              KLCE202301447 Instancia, Sala de
                                               Aguadilla
        Demandante
                                                       Caso núm.:
              v.                                       AG2023CV00391
                                                       (602)
PADUIL TORRES MÉNDEZ
       Y OTROS                                         Sobre: Daños

  Demandada -Recurridos

     MULTINATIONAL
  INSURANCE COMPANY

        Peticionaria
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el
juez Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria
Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó desestimar,

por la vía sumaria, una reclamación contra la aseguradora de un

condominio por los daños que había sufrido un apartamento por

causa de filtraciones de agua continuos. Por los fundamentos que

expresamos a continuación, en el ejercicio de nuestra discreción

denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.

                                     I.

      El Condominio Crash Boat Apartments está sujeto al Régimen

de Propiedad Horizontal. La Sra. Ruth Febres Martínez, el Sr. Oscar

Rodríguez    Soto   y     la   Sociedad   Legal   de    Gananciales   (los

Demandantes) son propietarios del apartamento 503 de dicho

condominio. En marzo de 2023, los Demandantes presentaron la

acción de referencia (la Demanda), contra el Sr. Paduil Torres

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202301447                                                        2

Méndez, la Sra. Anabelle Alemán Delgado y la Sociedad Legal de

Gananciales (los Demandados). Se alegó en la Demanda que, en

junio de 2020, el apartamento 503 del Condominio Crash Boat

Apartments (el Condominio) comenzó a sufrir problemas de

filtraciones de agua provenientes del apartamento 504 propiedad de

los Demandados.

      En julio de 2023, los Demandados presentaron una Demanda

contra Tercero para traer al pleito a la Asociación de Titulares del

Condominio    (la   Asociación)    y   a    su   compañía   aseguradora

Multinational Insurance Company (Multinational o la Aseguradora).

Arguyeron que existe una póliza de seguros entre Multinational y la

Asociación de Titulares del Condominio que cubre los daños

reclamados en la Demanda.

      En octubre de 2023, Multinational presentó una Moción de

Sentencia Sumaria (la Moción). Solicitó la desestimación de la causa

de acción en su contra ante la ausencia de una póliza de seguros

que cubra los alegados hechos.

      Los Demandados se opusieron mediante una Oposición a

Solicitud de Sentencia Sumaria.            Plantearon que, la Demanda

contenía alegaciones de daños continuos, parte de las cuales tienen

lugar durante la vigencia de la póliza de seguros suscrita por

Multinational. Por ende, todo evento acontecido luego del 13 de julio

de 2020, durante la vigencia de la póliza emitida por Multinational,

debe ser considerado un daño continuado y está cubierto por dicha

póliza.

      Multinational replicó.      Sostuvo que, la póliza de seguros

excluye los daños ocurridos con anterioridad a la vigencia de la

póliza, específicamente los daños continuos y aquellos conocidos por

el asegurado previo a la vigencia de la póliza.
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      El 9 de noviembre de 2023, el TPI notificó una Resolución,

mediante la cual denegó la Moción.       El TPI determinó que los

siguientes hechos no están en controversia:

      1. La parte demandante expresa en el mes de junio de
         2020 el apartamento 503 propiedad de los
         demandantes comenzó a sufrir constantes y
         continuas filtraciones de agua que comenzaron a
         salir por la roseta de la bombilla del techo de la
         cocina.

      2. La póliza de Multinational tiene vigencia de 13 de
         julio de 2020 a 13 de julio de 2021, Póliza 88-CP-
         000331384-0.

      3. Las filtraciones comenzaron en junio de 2020 y eran
         conocidas para cuando entró en vigor la póliza
         expedida.

      4. Cuando se alega se comenzó a sufrir las filtraciones,
         Multinational no había emitido póliza alguna a favor
         de Asociación del Condominio Crash Boat
         Apartments.

      Además, determinó que existían las siguientes controversias

que debían ser dirimidas en el descubrimiento de prueba:

       1. ¿Si procede la desestimación solicitada por
          Multinational por no existir póliza emitida al
          momento en que ocurren los alegados hechos?

       2. ¿Si los actos y daños son de carácter continuo y por
          lo tanto constituyen una ocurrencia cubierta bajo
          póliza 88-CP-000331384-0?

       3. ¿Si las alegaciones describen hechos que coloquen el
          daño dentro de la cubierta de la póliza?

      Evaluadas las posturas de ambas partes, el TPI concluyó que

la controversia no es susceptible de resolverse por la vía sumaria

porque existe controversia sobre si los alegados daños a la propiedad

son continuos y, por tanto, constituyen una ocurrencia cubierta

baja la vigencia de la póliza.

      El 24 de noviembre, Multinational presentó una moción de

reconsideración, la cual fue denegada mediante una Resolución

notificada el 27 de noviembre. Fundamentó su decisión en lo

siguiente:

      […] Tribunal resuelve No Ha Lugar, basado no en la
      fecha en [sic.] entró en vigencia la póliza, y si nos
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      referimos a daños continuos. Nos parece debe haber un
      descubrimiento de prueba para poder adjudicar una
      solicitud de desestimación […].

      El 22 de diciembre, la Aseguradora presentó el recurso que

nos ocupa, mediante el cual planteó la comisión de los siguientes

errores:

      1. Erró el Tribunal de Instancia en no desestimar la
         causa de acción contra Multinational Insurance
         Company a pesar de tener todos los elementos ante
         sí para poder hacerlo.

      2. Erró el Tribunal de Primera Instancia en incluir en
         su Resolución la siguiente controversia “Si los actos
         y daños son de carácter continuo y por lo tanto
         constituyen una ocurrencia cubierta bajo la Póliza
         88-CP-000331284-0”.

      Ordenamos a las partes recurridas mostrar causa por la cual

no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la decisión

recurrida.    El 16 de enero, los Demandados comparecieron;

plantearon    que   el   caso    no         es   susceptible    de   resolverse

sumariamente ya que existe una controversia entre las partes sobre

cuándo el asegurado tuvo conocimiento de los hechos alegados en

la Demanda. Además, reiteraron lo planteado al TPI en su oposición

a la sentencia sumaria.         Los Demandantes no comparecieron.

Resolvemos.

                                      II.

                                      A.

      El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v.

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).                         Véase, además,

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA

sec. 3491.

      Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los
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asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos

considerar. Éstos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
         a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
         derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causa un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
        B, R. 40.

Véase IG Builders et al., 185 DPR a las págs. 338-339.

      Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.       En otras

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención. De no ser así, procede que

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro

de Instancia. Íd.

                                  B.

      “[D]ebido a que la industria de los seguros está revestida del

más alto interés público, es reg[lament]ada extensamente por el

Estado”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 632 (2009).
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(Citas omitidas); véase, por ejemplo, 26 LPRA secs. 1-10377.      El

“negocio de seguros está investido de un alto interés público debido

al papel que juega en la protección de los riesgos que amenazan la

vida o el patrimonio de los ciudadanos”.     Rivera Matos, et al. v.

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1019 (2020); RJ Reynolds v. Vega

Otero, 197 DPR 699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón et

al., 188 DPR 564, 575 (2013).       Este alto interés surge “de la

extraordinaria importancia que juegan los seguros en la estabilidad

de nuestra sociedad”. RJ Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v.

SIMED, 176 DPR 372 (2009).

      Ahora bien, la relación entre un asegurado y su aseguradora

se rige por lo pactado en el contrato de seguro, el que constituye la

ley entre las partes. Lopez v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR

562, 568 (2003). El contrato de seguro es el pacto mediante el cual

“el asegurador se compromete, a cambio del pago de una prima, a

indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o un

reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento futuro

incierto previsto”. (Cita omitida). Maderas Tratadas v. Sun Alliance,

et al., 185 DPR 880, 896 (2012). La póliza es el documento escrito

en el que se hacen constar los términos del contrato de seguro. Íd.

Los contratos de seguros se interpretarán “a base del conjunto total

de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y

según se hayan ampliado, extendido, o modificado…”. Art. 11.250,

26 LPRA sec. 1125 (2008); Maderas Tratadas, supra. Como regla

general, los contratos de seguros se consideran contratos de

adhesión y se interpretan liberalmente a favor del asegurado con el

fin de que se sostenga la cubierta mediante una interpretación

razonable. López, 158 DPR a la pág. 568.

      Sin embargo, si los términos del contrato de seguros son

específicos y no dan margen a diferentes interpretaciones, se hará

valer la clara voluntad entre las partes. Echandi Otero v. Stewart
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Title, 174 DPR 355, 370 (2008).          Antes de que la indemnización

produzca efecto, debe cotejarse si existe alguna cláusula de

exclusión que disponga que el asegurador no responderá por

determinado evento. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21

(2007). Este tipo de cláusulas se interpretará restrictivamente a

favor de la persona asegurada.           Marín v. Internacional Ins. Co.,

137 DPR 356, 362 (1994).       No obstante, “si los términos de las

cláusulas de exclusión son claros y aplican a una situación

determinada, no podrá responsabilizarse a la aseguradora por

aquellos riesgos expresamente exceptuados”.                Rivera Matos,

204 DPR a la pág. 1021.

      Cabe señalar que, inicialmente, “corresponde al asegurado el

peso de establecer que su reclamación está comprendida dentro de

las disposiciones del contrato de seguro, mientras que es la

aseguradora   quien   tiene    que   evidenciar     que    aplica alguna

exclusión”. (Citas omitidas). Íd.

                                  III.

      Examinada la totalidad del expediente, y en el ejercicio de

nuestra discreción bajo la Regla 40, supra, declinamos intervenir

con la decisión recurrida. La determinación del TPI para denegar la

Moción se basó en que al momento existen controversias respecto a

la alegación de daños continuos y la cubierta de la póliza.           La

determinación es razonable y dicho foro no cometió error de derecho

alguno.     Tampoco    la     Aseguradora       demostró    que   nuestra

intervención sea necesaria para evitar algún fracaso de la justicia.

      Resaltamos, que la forma CG 00 01 04 13 de la póliza

expresamente dispone en la Sección I, inciso 3 que, si el asegurado

o algún empleado autorizado conocía, previo a entrar en vigor la

cubierta, que ocurrió el daño a la propiedad, entonces cualquier

continuación o cambio durante o después del período de la póliza se
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considerará como conocido con anterioridad a la vigencia de la

póliza.

      Sobre lo antedicho, existe controversia sobre si al momento de

contratar la póliza, se le había notificado a la Asociación de las

filtraciones de agua ocurridas en el apartamento 503. Tampoco se

ha demostrado con certeza si la póliza que expidió la Aseguradora

se podría activar o no por los daños continuados que se alegaron en

la Demanda. Puntualizamos, además, que en el presente caso la

Asociación no ha contestado la demanda contra tercero, por tanto,

aún se desconoce cuándo tuvo conocimiento de los hechos

expuestos en la reclamación.       En consecuencia, el TPI actuó

correctamente al negarse a desestimar la demanda en contra de la

Aseguradora para que las partes realicen el descubrimiento de

prueba que estimen pertinente.      Finalizado el descubrimiento de

prueba, el TPI estará en mejor posición para dirimir los

planteamientos de las partes. Por tanto, no intervendremos con la

decisión recurrida.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto

solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones