Court Opinion

ID: 9890359
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:18:44.183192+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:29.791253
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

 VERÓNICA PÉREZ RIVERA                                    Certiorari acogida
   DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                             como Apelación
                                                          procedente del
                                                          Tribunal de Primera
               V.                                         Instancia, Sala
                                                          Superior de PONCE
                                  KLCE202300500
 MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
         PONCE                                            Caso Núm.
   DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                          J PE2011-0800
                                                          (602)

                                                          Sobre:
                                                          Laboral

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 27 de septiembre de 2023.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el MUNICIPIO

AUTÓNOMO DE PONCE (MUNICIPIO) mediante Certiorari instado el 4 de

mayo de 2023. En su recurso, nos solicita que revisemos la

Sentencia emitida el 20 de abril de 2022, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de Ponce.1 Mediante dicho dictamen,

el foro a quo dispuso: “[a] tenor con las disposiciones de la Regla

39.1 de las de Procedimiento Civil, se decreta el desistimiento y

archivo, sin perjuicio, de la causa de acción contra las partes

querelladas antes nombradas, sin especial imposición de costas,

gastos ni honorarios de abogado”.

       En consideración a que el MUNICIPIO interesa la revisión de

una Sentencia acogemos el recurso como una Apelación. Ante ello

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 26 de abril

de 2022. Véase Apéndice del Certiorari, págs. 459- 461.

Número Identificador:
SEN2023___________
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y en ánimo de una resolución justa, rápida y económica del caso,

conservaremos           la   identificación    alfanumérica     asignada   para

propósitos administrativos.

       Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                          I.

        En abril de 2010, la señora VERÓNICA PÉREZ RIVERA (señora

PÉREZ RIVERA) incoó una Solicitud de Apelación concerniente a un

traslado al Centro de Envejecientes de Perla del Sur; petición de

acomodo razonable; y actos discriminatorios sufridos ante la

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos

Humanos del Servicio Público (CASP).2

        Después de algún tiempo, el 9 de febrero de 2011, la señora

PÉREZ RIVERA entabló una segunda Solicitud de Apelación ante la

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos

Humanos del ELA de PR. En su Solicitud, suplicó la revocación de la

decisión sobre destitución tomada por el MUNICIPIO y su restitución

inmediata.

        Posteriormente, el 21 de noviembre de 2011, la señora PÉREZ

RIVERA encausó una Querella sobre represalias y violación al

Artículo 5 de la Ley de la Corporación de Fondo de Seguro del Estado

(CFSE).3 Ello bajo un procedimiento sumario ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.

        Así las cosas, el 5 de diciembre de 2011, el MUNICIPIO presentó

su Contestación a Querella en la cual negó todas las alegaciones y

conteniendo           sus    defensas   afirmativas.4   Entre    las   defensas

afirmativas, aseveró que la Querella no ameritaba la concesión de

un remedio. A su vez, indicó que se le brindó el debido proceso de

2 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 91- 93.
3 Íd., págs. 5- 10.
4 Íd., págs. 13- 30.
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ley en el proceso disciplinario a la señora PÉREZ RIVERA. Además,

arguyó la falta de jurisdicción por tratarse de medidas disciplinarias

al amparo de la Ley de Municipio Autónomos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.5

        El 23 de diciembre de 2011, el MUNICIPIO presentó una Moción

en Solicitud de Desestimación alegando la falta de jurisdicción del

tribunal.6 Más tarde, el 23 de enero de 2012, la señora PÉREZ RIVERA

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a Moción

en Solicitud de Desestimación Solicitud de Orden.7 El 30 de marzo de

2012, el tribunal primario decretó Sentencia en la cual concluyó que

no podía “asumir jurisdicción en asuntos que son de la jurisdicción

primaria exclusiva de C.A.S.P. por estar impedido por falta de

jurisdicción….La parte querellante deberá agotar todos los

procesos          administrativos,    esto       para   evitar   duplicidad   de

procedimientos. No obstante, aunque C.A.S.P. puede atender la

reclamación de daños de la parte querellante, la jurisdicción es

concurrente, por lo que procede ordenar la suspensión de los

procedimientos del presente caso y el archivo administrativo hasta

tanto culmine el proceso administrativo, conforme lo dispuesto en

Acevedo v. Municipio de Aguadilla…”.8

        Años después, el 29 de junio de 2015, la señora PÉREZ RIVERA

presentó una Solicitud de Reapertura de Caso.9 Ante esta situación,

el foro primario pautó una conferencia inicial; vista transaccional; y

conferencia con antelación al juicio.

        Así pues, el 5 de noviembre de 2015, el MUNICIPIO presentó su

Moción Urgente de Reconsideración reclamando nuevamente el cierre

administrativo del caso hasta que se culminarán los procedimientos

5 Íd., pág. 18.
6 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 31- 42.
7 Íd., págs. 43- 45.
8 Íd., págs. 50- 56.
9 Íd., págs. 57- 58.
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ante C.A.S.P..10 Ante ello, el 17 de noviembre de 2015, la señora

PÉREZ RIVERA presentó su Oposición Vehemente a Solicitud de

Reconsideración.11 El 9 de diciembre de 2015, el tribunal pronunció

Resolución en la cual declaró no ha lugar la solicitud de

reconsideración.12

        Luego de varios trámites procesales, habiendo culminado el

descubrimiento de prueba, el 26 de enero de 2017, la señora PÉREZ

RIVERA presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.13 El 28

de marzo de 2017, el MUNICIPIO presentó su Oposición a Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial.14

        Más adelante, el 19 de enero de 2022, el foro de instancia

intimó Resolución declarando no ha lugar la solicitud de sentencia

sumaria parcial y pautando audiencia sobre estado de los

procedimientos para el 28 de junio de 2022.15

        El 18 de abril de 2022, la señora PÉREZ RIVERA presentó una

Notificación de Desistimiento Voluntario.16 Por consiguiente, el 20 de

abril de 2022, se dictaminó la Sentencia apelada. El 29 de abril de

2022, el MUNICIPIO presentó una Moción de Reconsideración.17 Luego

de haber concedido un plazo a la señora PÉREZ RIVERA para exponer

su posición, el 26 de abril de 2023, el tribunal primario dictó

Resolución en la cual declaró no ha lugar la solicitud de

reconsideración.

        Inconforme, el 4 de mayo de 2023, el MUNICIPIO instó ante este

Tribunal de Apelaciones un Certiorari. En su escrito, señala el(los)

siguiente(s) error(es):

        Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su
        discreción al desestimar la presente causa de acción sin
        perjuicio en etapas tan adelantadas del pleito, cuando ya

10 Íd., págs. 59- 65.
11 Íd., págs. 66- 69.
12 Íd., págs. 72- 75.
13 Véase Apéndice del Certiorari, págs. 376- 381.
14 Íd., págs. 397- 427.
15 Íd., págs. 430- 457.
16 Íd., pág. 458.
17 Íd., págs. 462- 467.
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       las partes habían culminado el descubrimiento de prueba
       y el Municipio había presentado Moción de Sentencia
       Sumaria solicitando la desestimación del pleito.

       Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su
       discreción al desestimar la presente causa de acción sin
       perjuicio cuando la parte demandante no presentó razón
       alguna que justificara que el desistimiento fuere otorgado
       sin perjuicio.

       El 9 de mayo de 2023, expedimos Resolución en la cual, entre

otras cosas, concedimos un plazo perentorio de diez (10) días para

mostrar causa por la cual no debemos expedir el auto de certiorari y

revocar el dictamen impugnado. Al día de hoy, la señora PÉREZ

RIVERA no ha presentado contención alguna.

       Evaluado concienzudamente el expediente del caso, nos

encontramos en posición de adjudicar. Presentamos las normas de

derecho pertinentes a la(s) controversia(s) planteada(s).

                                      II.

                                     -A-

       La Regla 39.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 prescribe

lo pertinente a las distintas formas de desistimiento de una acción

ante el foro judicial.18 A estos efectos la mencionada Regla expone:

       (a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las
       disposiciones de la Regla 20.5, una parte demandante
       podrá desistir de un pleito sin una orden del tribunal:
       (1) Mediante la presentación de un aviso de desistimiento
       en cualquier fecha antes de la notificación por la parte
       adversa de la contestación o de una moción de sentencia
       sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero,
       o
       (2) Mediante la presentación de una estipulación de
       desistimiento firmada por todas las partes que hayan
       comparecido en el pleito. A menos que el aviso de
       desistimiento o la estipulación exponga lo contrario, el
       desistimiento será sin perjuicio, excepto que el aviso de
       desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación sobre
       los méritos cuando lo presente una parte demandante que
       haya desistido anteriormente en el Tribunal General de
       Justicia, o en algún tribunal federal o de cualquier estado
       de Estados Unidos de América, de otro pleito basado en o
       que incluya la misma reclamación.

18 32 LPRA, Ap. V. R. 39.1. Pagán Rodríguez v. Pres. Cáms. Legs., 206 DPR 277,

286 – 287 (2021). El desistimiento se refiere a una declaración de voluntad que
realiza una parte mediante la cual anuncia su deseo de abandonar la causa de
acción que interpuso en el proceso que se encuentra pendiente.
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       (b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en
       el inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte
       demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante
       una orden del tribunal y bajo los términos y las
       condiciones que éste estime procedentes. A menos que la
       orden especifique lo contrario, un desistimiento bajo este
       párrafo será sin perjuicio.

       Se desprende de la antes citada Regla que existe una clara

distinción de las formas en que se puede desistir de un pleito de

acuerdo al momento en que se presenta y lo acaecido en el

procedimiento. Así, bajo el inciso (a) de dicha Regla 39.1, se provee

para el desistimiento voluntario de la parte demandante mediante

la mera presentación del aviso de desistimiento. El derecho de esta

resulta tan absoluto que no es necesaria la presentación de una

moción, bastará con la presentación de un aviso por escrito para

hacer efectiva su intención de desistir de su causa de acción.19 No

obstante, bajo dicho inciso se requiere que se presente el aviso antes

de la presentación de la contestación a demanda o solicitud de

sentencia sumaria por la parte demandada. El Tribunal ordenará el

archivo y sobreseimiento de la acción sin discreción para obrar de

otra manera.20

       Asimismo, en su inciso (a) (2), la referida Regla 39.1, permite

un desistimiento por estipulación de todas las partes en el pleito.

Esto tiene lugar cuando ya han comparecido las partes demandadas

y la parte demandante decide desistir de su causa de acción. Bajo

este inciso, la parte demandante podrá desistir de su reclamación

solo bajo las condiciones que acuerde con las demás partes que han

comparecido al pleito.

       De otro lado, el inciso (b), dispone lo referente al desistimiento

con autorización del tribunal. El lenguaje de la Regla 39.1 (b),

sugiere que el derecho de la parte demandante al desistimiento no

19 Véase J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan,
Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, pág. 1139.
20 Véase Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, LexisNexis, 6ta edición

(2017), pág. 414; Tenorio Betancourt v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777 (2003).
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es absoluto, se trata de una disposición del caso sometida a la

discreción judicial bajo los términos y condiciones que el tribunal

estime convenientes.21 Ciertamente, este es el mecanismo a

utilizarse en aquellos casos en que la parte demandada contestó

la demanda, o presentó solicitud de sentencia sumaria y no se

ha podido obtener una estipulación de desistimiento por todas

las partes en el pleito.22

       Nuestro Máximo Foro en el caso Pramco CV6, LLC. v. Delgado

Cruz, tuvo la oportunidad de delinear los contornos de la antedicha

Regla 39.1.23 Al así hacerlo distinguió entre el desistimiento por la

parte demandante y aquel que es decretado por el tribunal. Así, el

desistimiento por la parte demandante es absoluto bajo el inciso (a)

(1) y condicionado a una estipulación de las partes bajo el inciso (a)

(2). El inciso (b) de la referida Regla 39.1, se activa en ocasión de

que no estén presentes las situaciones previstas por los incisos (a)

(1) y (a) (2); esto, es cuando las partes demandadas han contestado

la demanda o han presentado una moción de sentencia sumaria o

cuando no ha sido posible que las partes hayan logrado suscribir

una estipulación de desistimiento por escrito.24

       Por lo general, el desistimiento debe concederse sin

perjuicio, salvo que se demuestren daños, en cuyo caso se deben

balancear los intereses de las partes.25 Empero, el daño debe ser

algo más que la exposición a otra acción por los mismos hechos para

que se imponga la penalidad del desistimiento sea con perjuicio.26

Su propósito es prevenir que la parte demandada se vea afectado

injustamente por los desistimientos voluntarios de la parte

21 Hernández Colón, supra, pág. 415; Cuevas Segarra, supra, pág. 1147; Ramos

Báez v. Bossolo López, 143 DPR 567, 571 (1997).
22 (énfasis nuestro).
23 184 DPR 453 (2012).
24 Hernández Colón, supra., pág. 414.
25 Cuevas Segarra, supra., pág. 1148. (énfasis nuestro).
26 Íd.
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demandante en una etapa avanzada del procedimiento.27 Es

decir, mientras más adelantado esté el proceso, más difícil será

obtener el desistimiento sin perjuicio y sin penalidad.28

       En consecuencia, la predicha Regla 39.1 descansa en la sana

discreción del tribunal, quien, al examinar las posiciones de todas

las partes, decretará el desistimiento bajo aquellos términos y

condiciones que estime pertinentes.29 Así mismo, dentro de su

discreción podrá decretar que el desistimiento sea con o sin perjuicio

o condicionarlo al pago de gastos y honorarios de abogado.30

                                       -B-

       Por otro lado, los tribunales de instancia gozan de amplia

discreción     para     pautar    y   conducir      la   tramitación     de    los

procedimientos ante su consideración.31 El funcionamiento efectivo

de nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los

asuntos litigiosos requieren que los(las) jueces de instancia tengan

gran flexibilidad y discreción para trabajar con el diario manejo y

tramitación de los asuntos judiciales.32 Ello, presupone que los(las)

jueces de instancia tienen poder y autoridad suficiente para

conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar

correctivos      apropiados,       según      indique     su     buen      juicio,

discernimiento y su sana discreción.33

       El Tribunal Supremo, ha establecido que como regla general

este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo del

caso ante la consideración del tribunal de instancia.34 Ante ello,

solamente se intervendrá cuando hubiera prejuicio, parcialidad,

craso abuso de discreción o error en la aplicación de una norma

27 (énfasis nuestro).
28 Cuevas Segarra, supra., págs. 1144– 1145.
29 (énfasis nuestro).
30 Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y otros, supra, pág. 462.
31 In re: Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117,

141-142 (1996); Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 (1987).
32 In re: Collazo I, supra.
33 Íd.
34 (énfasis nuestro).
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procesal o de derecho sustantivo y nuestra intervención en esa etapa

evitaría un prejuicio sustancial.35 Asimismo, se ha decidido que “los

tribunales apelativos [no deben], con relación a determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir [su] criterio

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso

de discreción”.36

       Así, el principio general aludido reconoce que los tribunales

de instancia son quienes están en mejor posición para determinar

cuál debe ser el mejor manejo del caso ante su consideración. A

tenor con ello, los foros apelativos no deben intervenir con las

determinaciones de los tribunales sentenciadores que estén

enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen

pendientes.37 Ahora bien, excepcionalmente, tales actuaciones

serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas de un craso

abuso de discreción, o basadas en una determinación errónea que

a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los partes.38

       Por consiguiente, debemos tener presente que los(las) jueces

de instancia están facultados(as) de flexibilidad para lidiar con la

tramitación de los asuntos judiciales.39 Si su actuación se funda en

una base razonable que no resulta perjudicial a los derechos

sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio.40

                                       III.

       Por    estar    íntimamente       relacionados,      discutiremos       los

señalamientos de error en conjunto. En el caso de autos, el

35 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000); Lluch v España Service Sta.,

117 DPR 729 (1986).
36 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). (énfasis nuestro).
37 (énfasis nuestro).
38 Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999).
39 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999).
40 Meléndez Vega v. Caribbean Int’l. News, supra; Sierra v. Tribunal Superior, 81

DPR 554 (1959).
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MUNICIPIO señaló que el foro de instancia abusó de su discreción al

desestimar sin perjuicio esta causa de acción. Específicamente, el

MUNICIPIO planteó que la señora PÉREZ RIVERA pretendió desistir de

la presente reclamación luego de haber transcurrido diez (10) años

de estar litigando este pleito. Argumentó que el desistimiento se

presentó después de haber culminado el descubrimiento de prueba

y presentado una moción dispositiva solicitando la desestimación

con perjuicio. También, aseguró que no procede el desistimiento sin

perjuicio.

      Ahora bien, del expediente se desprende que el 12 de abril de

2022, la señora PÉREZ RIVERA presentó una Notificación de

Desistimiento Voluntario. Ello, luego de que el foro primario el 19 de

enero de 2022, declarara no ha lugar su Solicitud de Sentencia

Sumaria Parcial y pautó una conferencia sobre estado de los

procedimientos (Status Conference) para el 28 de junio de 2022. Tres

(3) meses después, la señora PÉREZ RIVERA decidió desistir

voluntaria y libremente del procedimiento.

      Por otro lado, el MUNICIPIO enumeró siete (7) razones por las

cuales entiende que procede desestimar el caso de autos con

perjuicio. A saber: (1) la reclamación judicial tuvo su inicio el 21 de

noviembre de 2011, es decir hace más de diez (10) años; (2) la

solicitud de desistimiento se presentó después de que las partes

culminaron el descubrimiento de prueba; (3) la solicitud de

desistimiento se presentó después de que el MUNICIPIO presentara

una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial; (4) algunas de las

controversias llegaron al Tribunal Supremo; (5) el MUNICIPIO ha

tenido que incurrir en una cantidad significativa de gastos y

honorarios de abogado para defenderse del presente litigio; (6) la

señora PÉREZ RIVERA no presentó razón alguna que justificara que

el desistimiento fuere sin perjuicio; y (7) el MUNICIPIO se allanó a que

la solicitud de desistimiento de la señora PÉREZ RIVERA fuera con
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perjuicio cuando dejó de acatar la Orden decretada por el foro de

instancia para que expusiera su posición sobre el asunto.

       Lo cierto es que la Regla 39.1 (a) de las de Procedimiento Civil

de 2009, dispone que la parte demandante podrá desistir de un

pleito sin orden del tribunal – mediante la presentación de un aviso

de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la

parte adversa de la contestación o de una moción solicitando

sentencia sumaria. En cualquier otro momento, deberá tener la

autorización del tribunal o mediante estipulación de las partes.

Además, expone que será sin perjuicio excepto que el aviso tenga

el efecto de una adjudicación sobre los méritos del auto.41 Por otro

lado, la propia Regla 39.1 (a), instaura cuando el desistimiento será

con perjuicio y a esos efectos, expresamente dispone que se

entenderá cuando haya una adjudicación en los méritos. Es decir,

cuando ya la parte haya desistido anteriormente en otro pleito

pasado o incluye la misma reclamación ante los tribunales.42

       Del mismo modo, el MUNICIPIO enfatizó que ha incurrido en

una cantidad significativa de gastos y honorarios de abogado.43 Sin

embargo, no incluyó en el apéndice del presente recurso evidencia

que sustente su reclamación.

       Finalmente, al justipreciar los argumentos del MUNICIPIO y la

totalidad del expediente, no hallamos que, al decidir la cuestión

planteada sobre el desistimiento, el foro a quo haya incurrido en

perjuicio, arbitrariedad o parcialidad. Por tanto, determinamos que

41 La doctora Ruth E. Ortega Vélez explicó en el Diccionario de Términos y Frases

de Derecho Puertorriqueño que un demandante tiene la opción de desistir
voluntariamente de la tramitación de su acción en cualquier fecha y sin perjuicio,
siempre y cuando observe la Regla 39.1. Véase, Ruth E. Ortega, Diccionario de
Términos y Frases de Derecho Puertorriqueño, Ediciones Situm, 2da Edición
(2019); pág. 102. Pramco CV6 v. Delado Cruz y otros, supra., págs. 459– 460.
42 Íd., pág. 461.
43 El tribunal tiene discreción judicial para terminar el litigio e imponer las

condiciones que estime pertinentes como lo es que el desistimiento sea con
perjuicio o la imposición del pago de costas y honorarios de abogado. Véase Pagán
Rodríguez v. Pres. Cáms. Legs., supra.
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no erró al desestimar, sin perjuicio, la Demanda entablada por la

señora PÉREZ RIVERA.

                                IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos

la Sentencia pronunciada el 20 de abril de 2022 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

      La Jueza Cintrón Cintrón concurre con la determinación sin

opinión escrita.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones