Court Opinion

ID: 9941527
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:42.554015+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.482473
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                   Certiorari,
 JOSE LUIS RODRIGUEZ                               procedente del
   RIVERA Y OTROS                                  Tribunal de
                                                   Primera Instancia,
        Recurridos                                 Sala Superior de
                               KLCE202400008       Bayamón
             v.
                                                   Caso Núm.:
    MAYRA ENID                                     BY2022CV02381
 RODRIGUEZ RIVERA Y
       OTROS                                       Sobre:
                                                   Reivindicación
       Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2024.

      Comparece ante nos la señora Mayra Enid Rodríguez Rivera,

Graciliano Rodríguez Colón por sí y en representación de la Sociedad

Legal de Bienes Gananciales compuesta por este y la señora Sara

Mercedes Rivera Roca, el señor Jorge Efraín Morales Avilés, su

esposa la señora Ana Rosa Rodríguez Rivera y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por estos, (en conjunto “los Peticionarios”),

mediante Petición de certiorari presentada el 3 de enero de 2024. Nos

solicitan que revisemos la Orden emitida el 19 de diciembre de 2023,

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante la

referida orden, el foro primario denegó mediante un No Ha Lugar la

Moción de la Reconsideración instada por los Peticionarios, la cual

pretendía la desestimación de la Moción Solicitando Sentencia

Sumaria presentada por la Sucesión de José Segundo Rodríguez

Colón compuesta por Carmen María Rodríguez, José Luis Rodríguez

y Orlando Rodríguez y la Sucesión del señor Heriberto Rodríguez

Número Identificador
RES2024_____________
KLCE202400008                                                        2

Rivera compuesta por Norma Otero Maldonado, Idalia Rodríguez

Otero, Marilis Rodríguez Otero y Idarmis Rodríguez Otero, (en

conjunto, “los Recurridos”).

       Junto con la presentación del recurso, el peticionario instó

una Moción en auxilio de jurisdicción, la cual declaramos No Ha

Lugar mediante la presente Resolución.

       Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                      I.

       El presente caso tiene su origen en una Demanda sobre

deslinde y daños y perjuicios instada por los Recurridos de epígrafe

contra los Peticionarios (DAC2010-0656). Mediante esta, los

Recurridos solicitaron, entre otras cosas, el deslinde de varias fincas

de su propiedad, por entender que los Peticionarios se encontraban

en posesión de una parte de sus terrenos. Luego de un largo trámite

procesal, las partes sostuvieron un acuerdo, y el 27 de octubre de

2015 el foro primario dictó Sentencia por Estipulación,1 en la que

estableció los linderos de las propiedades en controversia y

desestimó sin perjuicio la causa de acción de daños y perjuicios.

       Así las cosas, en el año 2016, los Recurridos acudieron ante

el foro primario y solicitaron una orden, so pena de desacato y/o

vista, a los fines de que el señor Graciliano Rodríguez Colón

desistiera de estorbar la construcción de una verja sobre los puntos

de colindancias establecidos en la Sentencia por Estipulación. Tras

varias incidencias procesales, el 10 de noviembre de 2021, el foro

primario emitió Resolución, en la que ordenó a los Peticionarios a

que removieran la verja existente, toda vez que estaba ubicada en la

propiedad de la parte Recurrida.

1 Apéndice certiorari, págs. 77-81.
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       En desacuerdo con dicha determinación, el señor Graciliano

Rodríguez Colón acudió ante este Tribunal de Apelaciones

(KLAN202101034), y un panel hermano dictó Sentencia el 22 de

marzo de 2022.2 Por virtud de la misma, este Tribunal de

Apelaciones revocó al foro primario y determinó que no procedía

ordenar la remoción de la verja para construir una nueva conforme

a los linderos demarcados en la Sentencia por Estipulación. Ello,

debido a que “[e]l único propósito de la Sentencia por Estipulación

que surgió de la acción de deslinde fue delimitar los predios del

terreno, mas no declarar derecho de propiedad alguno”.

       Posteriormente, el 10 de mayo de 2022, los Recurridos

instaron Demanda de reivindicación contra los Peticionarios.3 En

síntesis, alegaron que los Peticionarios poseen de manera temeraria

una parte del terreno de su propiedad. Señalaron que, de

conformidad con lo determinado en la Sentencia por Estipulación

emitida en el caso DAC2010-0656, no existe controversia de los

linderos de los terrenos de los Recurridos. Sostuvieron, además, que

los Peticionarios se encuentran en posesión de una parte de su

propiedad.

       Tras varios trámites procesales, el 17 de octubre de 2023, los

Recurridos presentaron Moción solicitando sentencia sumaria.4

Mediante esta, señalaron que no existe controversia sobre los

linderos de las fincas que le pertenecen, toda vez que estos fueron

establecidos mediante la Sentencia por Estipulación emitida el 27 de

octubre de 2015. Señalaron que procedía que se dictara sentencia

sumaria a su favor, puesto que los documentos incluidos

demostraban que existían 274.4612 metros cuadrados que le

pertenecen y están siendo ocupados por la parte Recurrida.

2 Íd, págs. 82-107.
3 Véase entrada número 1 del expediente electrónico en el caso BY2022CV02381

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”).
4 Apéndice certiorari, págs. 53-192.
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Añadieron que poseen justo título y que los Recurridos poseen

ilegalmente dicha porción de su terreno.

       En respuesta, el 27 de noviembre de 2023, los Peticionarios

presentaron su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.5 Mediante

esta, alegaron que la solicitud de sentencia sumaria presentada por

la parte Recurrida incumplía con los requisitos de forma dispuestos

en la Regla 36.3 (a) y (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.3 (a) y (c).

       Evaluados los argumentos presentados por las partes, el 29

de noviembre de 2023, el foro a quo emitió y notificó la Resolución6

recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la oposición a la solicitud

de sentencia sumaria presentada por los Peticionarios y estableció

lo siguiente: “Presente Oposición debidamente fundamentada y en

cumplimiento con la Regla 36 de las de Procedimiento Civil en 10 días

so pena de darla por sometida son oposición”.

       En desacuerdo, el 7 de diciembre de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha

Lugar mediante Resolución emitida el 19 de diciembre de 2023,

notificada al próximo día.

       Inconforme aún, el 3 de diciembre de 2023, los Peticionarios

acudieron ante esta Curia mediante Petición de certiorari, en la que

le imputaron al foro primario la comisión de los siguientes errores:

       Erró el TPI al acoger la moción solicitando sentencia sumaria
       de los recurridos aunque dicho escrito no cumple con los
       requisitos de forma establecidos en la Regla 36.3(A) de
       Procedimiento Civil de Puerto Rico ni lo resuelto por el
       Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en SLG Zapata-
       Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013) y su progenie.
       Erró el TPI al ordenar a los peticionarios a presentar una
       oposición a moción en solicitud de sentencia sumaria en un
       periodo de tiempo de quince (15) días perentorios sin haberle
       provisto a las partes una oportunidad razonable para llevar
       a cabo un descubrimiento de prueba adecuado.

5 Íd, págs. 48D-48G.
6 Íd, pág. 48B.
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      Acompañó su recurso con una Moción en auxilio de

jurisdicción, la cual declaramos No Ha Lugar mediante la presente

Resolución.

      De conformidad con la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento,

prescindiremos de la posición de la parte Recurrida, a los fines de

lograr su más justo y eficiente despacho del caso ante nuestra

consideración. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7(B)(5).

                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del
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recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

       No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023),

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

       (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
             a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
             derecho.
       (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.
       (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
             caso es la más propicia para su consideración.
       (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.
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                      B. Sentencia Sumaria

   La sentencia sumaria “es un mecanismo procesal cuyo propósito

principal es facilitar la solución justa, rápida y económica de los

litigios que no presentan controversias genuinas de hechos

materiales y, por lo tanto, no ameritan la celebración de un juicio a

fondo”. Nieves Diaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010);

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). La

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite que,

en un litigio, cualquiera de las partes le solicite al tribunal que se

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o

cualquier parte de la reclamación solicitada. Reglas 36.1 y 36.2 de

Procedimiento Civil, supra. No obstante, para que una sentencia

sumaria proceda, es necesario que de los documentos que la

acompañan, se demuestre que no existe una controversia real sobre

los hechos y solo reste aplicar el derecho. SLG Szendrey v. Consejo

de Titulares, 184 DPR 133, 138 (2011); Ramos Pérez v. Univisión de

Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 214 (2010).

   Para poder demostrar eficientemente la falta de controversia

sobre hechos esenciales, el promovente de la sentencia sumaria

debe: (1) exponer las alegaciones de las partes; y (2) desglosar en

párrafos debidamente enumerados los hechos sobre los cuáles, a su

entender, no hay controversia. Regla 36.3 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.3.

      Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que el tribunal

debe hacer un análisis ponderado a la hora de determinar si procede

o no la sentencia sumaria. El principio rector que debe guiar al juez

de instancia en la determinación sobre si procede o no la sentencia

sumaria es, “el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede

prestarse para privar a un litigante de su día en corte, principio

elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al.,

supra, págs. 327-328.
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      Al dictar Sentencia Sumaria el tribunal debe: (1) analizar los

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia

sumaria, los documentos incluidos con la moción en oposición, y

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194

(2000).

      No procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan

hechos materiales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas

en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no

proceda. Aunque el tribunal dicte Sentencia Sumaria de manera

discrecional, como regla general, no es aconsejable resolver

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de

interés público. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881,

913-914 (1994).

                                 III.

      Conforme el derecho aplicable, no encontramos razón por la

que debamos intervenir en el presente caso. No se configuran

ninguna de las instancias contempladas en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra. A la luz de los criterios establecidos en

la Regla 40 de este Tribunal, supra, que debemos evaluar, no

encontramos justificación para intervenir.

      Por lo tanto, la determinación recurrida constituye una

decisión dentro del claro ejercicio de discreción conferido al foro

primario y de su facultad de manejar los casos de la manera que

entiendan más adecuada, conforme las normas de derecho

aplicables y los hechos ante su consideración.
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        Además, concluimos que el foro a quo no actuó de forma

arbitraria o caprichosa, ni se equivocó en la interpretación o

aplicación de las normas procesales o de derecho al ejercer su poder

discrecional de tomar las medidas protectoras que entendió

necesarias, por lo que no se justifica nuestra intervención en este

caso.

                                    IV.

        Por   lo    fundamentos    antes   expuestos,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari y la moción en auxilio de

jurisdicción.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                     LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones