Court Opinion

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Date Created: 2024-01-12 21:14:28.758691+00
Date Added: 2024-06-11T08:01:00.190369
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:

                                                 2024 TSPR 1

 Héctor R. Díaz Vanga                            213 DPR ___
 (TS-15,464)

Número del Caso:    AB-2022-0120

Fecha:    3 de enero de 2024

Oficina del Procurador General:

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

     Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
     Procuradora General Auxiliar

     Lcda. Melanie M. Mercado Méndez
     Procuradora General Auxiliar

Abogado del Promovido:

     Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía por su incumplimiento con los
requerimientos del Tribunal Supremo.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

                                      AB-2022-0120
Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

                             PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero de 2024.

     Nuevamente    ejercemos    nuestra    facultad   disciplinaria

contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento

con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las

oportunidades concedidas, nos vemos en la obligación de

imponer la más severa de las sanciones.

                                  I

     El Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga (licenciado Díaz Vanga)

fue admitido al ejercicio de la abogacía el 23 de agosto de

2005.1

     El 21 de junio de 2022, la Sra. Arelis Rivera Colón

presentó una queja contra el licenciado Díaz Vanga. Sostuvo

que este fue contratado para asistir y representar a su hijo

mayor de edad, el Sr. Danny Torres Rivera. No obstante,

indicó que el letrado no respondió a sus llamadas ni mensajes

1 El Lcdo. Héctor R. Díaz Vanga fue suspendido indefinidamente del
ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 2018 y reinstalado el 9
de mayo de 2019.
AB-2022-0120                                                                  2

y que tampoco devolvió los $3,500 dólares que le fueran

pagados a pesar de no rendir sus servicios.

       Por otro lado, el promovido compareció y puntualizó que

su cliente era el señor Torres Rivera, que fue con este con

quien    mantuvo        comunicación,       a    quien    brindó     consejo

profesional y realizó gestiones en su representación. Por

ello,    sostuvo    que     no   tenía   ninguna     obligación       de   dar

información a la señora Rivera Colón.

       Así las cosas, la Oficina del Procurador General emitió

un Informe el 16 de marzo de 2023. En este expresó que ante

la incomparecencia del señor Torres Rivera, no contaba con

prueba para rebatir lo alegado por el promovido con relación

a su representación ni para evaluar la cantidad retenida por

sus servicios.          No obstante, en vista de que el licenciado

Díaz    Vanga    valoró     su   gestión    profesional      en     $2,500    y

reconoció que estuvo dispuesto a devolver a su cliente $1,000

al    culminar     la    relación     profesional,       concluyó    que     el

promovido no podía retener los $1,000 y que se apartó de los

Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, por no devolver los honorarios pagados por servicios no

prestados.

       Así las cosas, mediante Resolución de 24 de marzo de

2023 le concedimos al licenciado Díaz Vanga un término de

veinte (20) días para expresarse sobre el Informe de la

Oficina del Procurador General, con el apercibimiento de que

transcurrido ese término, se entendería que se allanaba a

las     recomendaciones          en    él       presentadas.       Ante      la
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incomparecencia del licenciado Díaz Vanga, el 26 de mayo de

2023 le ordenamos a devolver a su cliente la cantidad de

$1,000 dólares que había indicado que le devolvería y a

acreditar     su    cumplimiento.              Le        indicamos    que     entonces

archivaríamos       la    queja         ante    nuestra          consideración.       No

obstante,    nuevamente          nos     vimos       obligados        a     emitir   una

Resolución el 20 de julio de 2023 concediéndole un término

de    diez   (10)    días        para    informar           sobre     las    gestiones

realizadas para devolver los honorarios no devengados a su

cliente.     Tras su incomparecencia, emitimos una Resolución

el 10 de octubre de 2023 otorgándole un término final e

improrrogable de diez (10) días para cumplir con nuestras

órdenes.      Además, se le apercibió que su incumplimiento

podría conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión

del    ejercicio     de     la    profesión.                Esta     resolución      fue

notificada personalmente al licenciado Díaz Vanga el 13 de

octubre de 2023, quien a la fecha no ha comparecido.

                                           II

       El Código de Ética Profesional constituye las normas

mínimas que fijan la conducta que la sociedad le exige a los

miembros     del    foro.    Preámbulo              de    los    Cánones     de   Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por lo tanto, incumplir con los

deberes que impone la ley y el ordenamiento ético acarrea

sanciones disciplinarias. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR

368 (2014).

       Específicamente,          el      Canon       9     del     Código    de   Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que todo abogado deberá
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observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice

por el mayor respeto. La naturaleza de la función de abogado

requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las

órdenes de este Tribunal, por lo que debe responder oportuna

y diligentemente a nuestros requerimientos, particularmente

cuando     se    trata     de   procedimientos        sobre      su    conducta

profesional. In re Carmona Rodríguez, 206 DPR 863 (2021); In

re Bello Rivera, 192 D.P.R. 812 (2015).

      Además, reiteradamente hemos señalado que desatender

las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la

autoridad de los tribunales, pues demuestra menosprecio

hacia nuestra autoridad e infringe las disposiciones del

Canon 9. In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 863 (2021).

      Asimismo, hemos advertido que procede la suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la profesión cuando

un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos

y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de

imponerle sanciones disciplinarias. In re Carmona Rodríguez,

supra; In re Alers Morales, 204 DPR 515 (2020).

                                         III

      Según     relatáramos,     el     licenciado        Díaz   Vanga    no   ha

cumplido con nuestros requerimientos. No hizo esto, a pesar

de   que   se    le    apercibiera      que    su   incumplimiento       podría

conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión del

ejercicio       de    la   profesión,    y     de   que    fuera      notificado

personalmente.         Sin embargo, el licenciado Díaz Vanga no ha

comparecido.
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     Durante el trámite disciplinario, el licenciado Díaz

Vanga reconoció que debía devolver $1,000 a su cliente.             No

obstante, se ha mostrado indiferente a nuestra orden de

devolver tal suma de dinero y acreditar su cumplimiento. Esa

conducta es incompatible con el ejercicio de la profesión.

     En   vista     de   su   desatención   con   nuestras   órdenes,

decretamos     su   suspensión     inmediata      e   indefinida   del

ejercicio de la abogacía. En consecuencia, se le impone el

deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad

para continuar representándolos y devolverles cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos en donde tenga casos pendientes. Asimismo,

deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término

de treinta (30) días a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar

que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal,

de solicitarlo en el futuro.

     Se dictará Sentencia de conformidad.
           EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

                              AB-2022-0120
Héctor R. Díaz Vanga

(TS-15,464)

                         SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de enero de 2024.

     Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede y en vista de su desatención con nuestras
órdenes, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del
ejercicio de la abogacía. En consecuencia, se le impone el
deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad
para continuar representándolos y devolverles cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos en donde tenga casos pendientes. Asimismo,
deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros
a quienes le notificó de su suspensión, dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar
que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal,
de solicitarlo en el futuro.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rivera García y el Juez Asociado señor Estrella Martinez no
intervinieron.

                           Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                          Secretario del Tribunal Supremo