Court Opinion

ID: 9896766
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:17:07.162524+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:06.235328
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                      REGIÓN JUDICIAL DE PONCE
                                 PANEL X

WASHINGTON FEDERAL                                Apelación
 CONSULTING GROUP,                                procedente del
       LLC                                        Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
          Apelados                                Sala Superior de
                                                  Ponce
              V.
                                KLAN202300733     Caso Núm.:
    MUNICIPIO DE                                  PO2022CV00994
     GUAYANILLA
REPRESENTADO POR EL                               Sobre:
  HON. RAÚL RIVERA                                Cobro de Dinero
 RODRÍGUEZ, ALCALDE

         Apelantes

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

      El 17 de agosto de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, el Municipio de Guayanilla, por conducto de su

representación legal (en adelante, parte apelante o Municipio), por

medio de recurso de Apelación. Mediante este, el Municipio nos

solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 14 de junio de 2023,

y notificada el 15 de junio de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce.         En virtud de la aludida

Sentencia, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción Solicitando

Sentencia Sumaria presentada por Washington Federal Consulting

Group, LLC (en adelante parte apelada o Washington Federal

Consulting Group), y condenó al Municipio a pagarle a esta, la suma

de quince mil cuatrocientos setenta y cinco dólares ($15,475.00),

más tres mil dólares ($3,000) por concepto de honorarios de

abogado.

Número Identificador
SEN2023 ________________
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      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

revoca la Sentencia apelada. Consecuentemente, se desestima la

Demanda incoada en contra del Municipio.

                                  I

      El recurso que nos ocupa tiene su génesis en una Demanda

sobre Cobro de Dinero, instada el 21 de abril de 2022, por

Washington Federal Consulting Group, en contra del Municipio de

Guayanilla, en la cual reclamó la suma de quince mil cuatrocientos

setenta y cinco dólares ($15,475.00), por concepto de alegados

servicios prestados en virtud del Contrato De Servicios Profesionales

número 2021-000099 suscrito el 1 de septiembre de 2020.

      El Municipio refutó lo alegado por la parte apelada mediante

la Contestación a Demanda, presentada el 5 de julio de 2022. Entre

sus defensas afirmativas, alegó que, la validez del contrato estaba

sujeta a la aplicación de las disposiciones del Artículo 6 de la Ley

Núm. 237-2004, infra, y conforme a estas, el contrato era nulo e

ineficaz.   Acotó, además, que los pagos por los servicios

profesionales ofrecidos al programa federal de la Federal Transit

Administration estaban sujetos a ciertos requerimientos, que la

parte apelada había incumplido, así como a la aprobación de las

facturas por parte de la agencia federal encargada del manejo de

dichos fondos federales.

      Subsiguientemente, el 3 de marzo de 2023, la parte apelada

interpuso ante el foro primario, Moción Solicitando Sentencia

Sumaria mediante la cual, solicitó que se condenara al Municipio a

pagarle la suma de quince mil cuatrocientos setenta y cinco dólares

($15,475.00), más honorarios de abogado.

      En respuesta a la referida moción dispositiva, el 28 de abril

de 2023, el Municipio presentó la Oposición a “Moción Solicitando

Sentencia Sumaria”. Arguyó que, la parte apelada no había cumplido

con los requisitos ni el formato, según las disposiciones de la Regla
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36 de Procedimiento Civil, infra. Sin renunciar a este planteamiento,

procedió a controvertir los hechos esbozados como incontrovertidos

por la parte apelada. En esencia, su contención se circunscribe a

dos planteamientos medulares: 1) que está en controversia la

vigencia del contrato y 2) la no disponibilidad de fondos al momento

de la contratación en cuestión. Arguyó que, de los Anejos 3A y 3B

de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria, no surgía la fecha exacta

de la vigencia del contrato, por lo que, no se perfeccionó un contrato

válido, en ausencia de un término específico del contrato. Añadió

que, la cláusula tercera del Anejo 5 de la aludida moción dispositiva,

establece una vigencia del contrato del 25 de mayo al 30 de junio de

2021, por lo que existía controversia en torno a la vigencia del

mismo. Por otro lado, acotó que, no existía evidencia de la

disponibilidad de fondos al momento de suscribirse el contrato

número 2021-000099.

      Atendidas las posturas de ambas partes, el foro primario dictó

la Sentencia, cuya revisión nos atiene, en la que, eminentemente,

adoptó   los   hechos   reseñados    por   la   parte   apelada   como

incontrovertidos.    Consecuentemente, condenó al Municipio a

pagarle a esta, la suma de quince mil cuatrocientos setenta y cinco

dólares ($15,475.00), más tres mil dólares ($3,000) por concepto de

honorarios de abogado.

      Inconforme con lo dictaminado, el 30 de junio de 2023, el

Municipio presentó Solicitud de Reconsideración de Sentencia, a la

cual, se opuso la parte apelada el 13 de julio de 2023. En igual fecha,

mediante Resolución notificada el 18 de julio de 2023, el foro a quo,

declaró No Ha Lugar la aludida Solicitud de Reconsideración de

Sentencia presentada por el Municipio.

      Aún en desacuerdo con lo resuelto por la primera instancia

judicial, el 17 de agosto de 2023, el Municipio compareció ante este

Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de Apelación que nos
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ocupa. En su recurso, la parte apelante esgrime el siguiente

señalamiento de error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
       Superior de Ponce, al declarar No Ha Lugar la Solicitud
       de Reconsideración de Sentencia (Apéndice a la pág.
       A144) presentada por la parte compareciente, e imponer
       al Municipio el pago de la suma de $15,475.00, aún
       estando ello en contravención con las disposiciones del
       Artículo 6 de la Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA sec. 8611
       et seq.

       El 21 de agosto de 2023, emitimos Resolución, mediante la

cual le ordenamos a la parte apelante que, en o antes del viernes 25

de agosto de 2023, nos acreditara haber notificado copia del recurso

de epígrafe a la parte apelada, ello, de conformidad con la Regla 13

(B) del Reglamento de este Tribunal1 y al Tribunal de Primera

Instancia, conforme a lo dispuesto por la Regla 14 de las Reglas del

Tribunal de Apelaciones2. Le apercibimos que, el incumplimiento

con lo ordenado daría lugar a la desestimación del recurso. De otra

parte, le concedimos a la parte apelada, hasta el lunes 18 de

septiembre de 2023, para que expusiera su posición en torno al

recurso de epígrafe, con el correspondiente apercibimiento de que,

transcurrido el término dispuesto, el recurso se tendría por

perfeccionado para su adjudicación final. En cumplimiento con lo

ordenado, la parte apelante presentó el 25 de agosto de 2023, la

Moción en Cumplimiento de Orden, mediante la cual, nos acreditó la

debida notificación del recurso.

       Por su parte, el 15 de septiembre de 2023, compareció ante

este foro revisor, la parte apelada mediante Contestación a la

Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

estamos     en    posición    de   resolver   el   recurso   ante   nuestra

consideración.

1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B).
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14.
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                                 II

A. Deferencia Judicial

      Según es sabido, las determinaciones de hechos y de

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de

gran deferencia por parte de los foros apelativos, puesto que, el

juzgador de instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical. Pueblo v. Hernández

Doble, 210 DPR 850, 864 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 219 (2021); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR

750, 770-771 (2013); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR

281, 289 (2011); Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 (2009). Bajo este

supuesto, los foros de primera instancia tienen la oportunidad de

oír, ver y apreciar el comportamiento de los testigos. Pueblo v.

Hernández Doble, supra; Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra,

pág. 219; Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 779 (2022);

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013).

      No obstante, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá

ser preterida en ciertas instancias. Nuestro Máximo Foro ha

reiterado que, los tribunales apelativos no debemos intervenir con

las determinaciones ni las adjudicaciones de los juzgadores de

primera instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto. Pueblo v. Hernández Doble, supra; Santiago Ortiz

v. Real Legacy et al., supra, pág. 219; Santiago Montañez v.

Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, supra, pág. 753; Rodríguez et al. v. Hospital et

al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); Rivera Figueroa v. Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra, pág. 356.

      Como sabemos, “[l]a tarea de determinar cuándo un tribunal

ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no

tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial
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está estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.”

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

Véase, además, Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020);

Umpierre Matos v. Juelle Abello, 203 DPR 254, 275 (2019), citando a

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Es por lo

que, nuestra más Alta Curia ha definido la discreción como “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera.” Rivera et al. v. Arcos Dorados et

al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023), Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra, citando a Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735

(2018); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729

(2016); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435, citando

a IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Pueblo v.

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). Así, la discreción se

“nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.” Citibank et

al. v. ACBI et al., supra, citando a SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra; Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Santa

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977). Ello “no

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho.” SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla,

144 DPR 651, 658 (1997); Hietel v. PRTC, supra, citando a Bco.

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra.

B. Contratación Gubernamental

      Es normativa reiterada que, las obligaciones nacen de la ley,

de los contratos y cuasicontratos, de los actos ilícitos, u omisiones

en que interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo
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para producirlas. Art. 1042 del Código Civil3, 31 LPRA ant. sec.

2992; NHIC et al. v. García Passalacqua et al., 206 DPR 105 (2021).

Los   contratos      se   perfeccionan      cuando      median      el   objeto,

consentimiento y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 3391. El contrato existe desde que una o varias personas

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 3371; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR 263

(2021). En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido el

principio de libertad de contratación, el cual permite a las partes

pactar los términos y condiciones que tengan por convenientes.

Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR 163 (2022);

Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015); Arthur

Young & Co. V. Vega III, 136 DPR 157 (1994).                No obstante, tal

libertad no es infinita, puesto que, encuentra su límite en el Art.

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. El referido artículo

dispone que, los términos y condiciones que las partes establezcan

serán válidas cuando no sean contrarias a la ley, la moral, ni al

orden público. 31 LPRA sec. 3372; Burgos López et al. v. Condado

Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 15

(2014). Una vez perfeccionado el contrato, lo acordado tiene fuerza

de ley entre las partes, “y desde entonces obligan, no solo al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las

consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena

fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

3375; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., supra; Burgos López et

al. v. Condado Plaza, supra, pág. 8. Los tribunales estamos

facultados para velar por el cumplimiento de los contratos, y no

3 El derecho aplicable en el caso de epígrafe se remite al Código Civil de Puerto

Rico de 1930, puesto que, los hechos que dan base a esta, dígase la suscripción
del contrato en controversia, tuvo su lugar antes de la aprobación del nuevo
Código Civil de Puerto Rico, Ley 55-2020, según enmendado.
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debemos relevar a una parte del cumplimiento de su obligación

contractual cuando tal contrato sea legal, válido y no contenga vicio

alguno. Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 627 (1997).

       Por su parte, [l]a Constitución de Puerto Rico establece que

“[so]lo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines

públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art.

VI, Sec. 9, Const. PR., LPRA, Tomo 1, ed.2016, pág. 444. En virtud

de este mandato constitucional, [nuestra Alta Curia ha] sido

consecuente al exigir el manejo ético y apropiado de los fondos

públicos. Vicar Builders v. ELA et al., 192 DPR 256 (2015); Rodríguez

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014); Jaap Corp. v. Depto.

Estado et al., 187 DPR 730 (2013). Ello, en miras de que “[l]a buena

administración de un gobierno es una virtud de democracia, y parte

de una buena administración implica llevar a cabo sus funciones

como comprador con eficacia, honestidad y corrección para proteger

los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa”.

Génesis Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 997 (2020).

       A esos fines, la Asamblea Legislativa ha desarrollado un

andamiaje de distintos estatutos que tienen como propósito

garantizar el control fiscal y regular la contratación gubernamental.

Vicar Builders v. ELA et al., supra, pág. 262. De igual modo, [nuestro

Tribunal Supremo] ha afinado los preceptos de una sana

administración pública mediante nuestra jurisprudencia. Jaap

Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 741. En consecuencia, la

facultad del Gobierno de Puerto Rico y de sus entidades para

contratar y comprometer fondos públicos está limitada por estas

normas.4

4 Id, págs. 997-998.
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       A la luz de lo anterior, la Alta Curia ha determinado que todo

contrato gubernamental debe cumplir con los requisitos siguientes:

(1) reducirse a escrito; (2) mantener un registro que establezca su

existencia; (3) remitir copia a la Oficina del Contralor de Puerto Rico,

y (4) acreditar que se realizó y otorgó quince días antes. ALCO Corp.

v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 537 (2011); Ocasio v. Alcalde Mun.

de    Maunabo,       121     DPR     37,    54     (1988).     Los    contratos

gubernamentales deben cumplir rigurosamente con cada una de

estas exigencias, “ya que sirven como mecanismo de cotejo para

perpetuar circunstancial y cronológicamente esos contratos y, así,

evitar pagos y reclamaciones fraudulentas”. Vicar Builders v. ELA et

al., supra, pág. 264.

       Respecto a la contratación gubernamental, el Estado está

obligado por imperativo constitucional a manejar los fondos

públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos. Jaap Corp.

v. Depto. Estado et al., supra, pág.739; CFS. v. Unión de Médicos,

170 DPR 443, 452 (2007).5

       Atinente a la controversia que nos ocupa, el Código Municipal

de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según

enmendada, 21 LPRA sec. 7001 et seq., establece en su Art. 2.014,

que todo contrato otorgado por un municipio tendrá que cumplir

con los siguientes requisitos:

       (a) que conste por escrito y esté suscrito por todas las
       partes;

       (b) que su vigencia sea prospectiva y que no incluya
       cláusulas de renovación automática ni tácita
       reconducción;

       (c) que contenga una cláusula en la cual se identifica
       la partida presupuestaria que sufragará el contrato;

       (d) que cumpla con las disposiciones de la Ley 237-
       2004, según enmendada, cuando se trate de [un]
       contrato de servicios profesionales;

5 Ramiro Rodríguez Ramos y otros, recurridos, v. ELA de PR y otros, peticionarios,

190 DPR 448(2014).
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       (e) cualquier otro requisito contemplado por ley.
       Además, todo contrato será registrado en la Oficina del
       Contralor de Puerto Rico, en cumplimiento con la Ley
       Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada.6
       (Énfasis nuestro).

       En particular, el Art. 2 de la Ley Núm. 237-2004, 3 LPRA sec.

8612, establece claramente que la contratación gubernamental de

servicios profesionales debe ser la excepción y que solo se utilizará

“cuando la entidad gubernamental no cuente [o] no pueda utilizar

los recursos internos a ser contratados, o cuando el expertise,

destreza o experiencia del contratista sea necesario para la

consecución de los fines para lo cual es contratado”. Este artículo

también exige que, al momento de contratar los servicios de un

contratista, el Estado tome en cuenta “la necesidad real de los

servicios a contratarse, la situación económica y el presupuesto de

la entidad gubernamental contratante”.7

       Además de establecer que la contratación gubernamental de

servicios profesionales debe ser excepcional, la Ley Núm. 237-2004,

supra, enumera en su Art. 3, una serie de requisitos, tanto de forma

como sustantivos, con los cuales debe cumplir todo contrato entre

el Estado y un contratista. 3 LPRA sec. 8613. En específico, este

Artículo requiere:

       (a) El otorgamiento de un contrato de servicios
           profesionales o consultivos entre un contratista y
           el Gobierno deberá ser prospectivo. Toda entidad
           gubernamental pagará únicamente por servicios
           rendidos.

       (b) Debe formalizarse por escrito e incluirse en el
           texto del mismo la disposición legal que faculta a
           la entidad gubernamental a otorgar contratos.
           (Énfasis suplido). Íd.

       El resto de los incisos de esta disposición legal detalla la

información que debe contener el contrato sobre el contratista, los

servicios que prestará, la vigencia del contrato, la cuantía máxima a

6 21 LPRA sec. 7173.
7 Íd, págs. 458-459.
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pagarse y la forma de pago. Íd. Más adelante, el Art. 5 de la misma

ley, 3 LPRA sec. 8615, requiere que se incluya en el contrato una

lista extensa de cláusulas mandatorias.

       Cabe mencionar que, con relación a órdenes de compra o

servicios realizados, la Ley Núm. 237-2004, supra, incorporó como

Art. 6, 3 LPRA sec. 8616, lo siguiente:

       Toda orden de compra o servicio realizad[o] después de
       la fecha de efectividad de esta Ley por cualquier
       agencia, departamento, corporación pública o
       instrumentalidad del Estado Libre Asociado (a) deberá
       ser prospectiva, (b) deberá identificar la partida
       presupuestaria de la cual se pagará dicha orden de
       compra o servicio y, (c) agencia, departamento,
       corporación pública o instrumentalidad deberá
       entregarle al suplidor (contratista) previo a la prestación
       de los servicios la orden de compra generada por su
       sistema de contabilidad, a los efectos de que los gastos
       incurridos bajo la orden de compra están incluidos en
       el presupuesto. Cualquier orden de compra o servicio
       que no cumpla con los requisitos aquí establecidos será
       nula e ineficaz. (Énfasis nuestro).

       Vemos, pues, que tanto la Ley Núm. 237-2004, supra, como

el   Código       Municipal,   supra,   establecen    que    todo    contrato

gubernamental de servicios profesionales o consultivos, categoría

que incluye la prestación de servicios legales, solo será válido si se

hace constar por escrito y tiene vigencia prospectiva. Sin lugar a

dudas, la legislación aplicable, prohíbe la contratación verbal y

retroactiva de servicios profesionales y consultivos.8 Es preciso

destacar que, para que el mismo sea válido y eficaz, además, deberá

identificar la partida presupuestaria de la cual se pagarán los

servicios rendidos.9 Por tanto, en ausencia de los requisitos antes

dispuestos, se entenderá que no se perfeccionó un contrato válido

entre las partes, por lo que será nulo e ineficaz.

       Nuestro       Alto   Foro   ha   señalado     que    “[l]as   distintas

disposiciones estatutarias [que] regul[an] la realización de obras y

contratación de servicios para el Estado y sus agencias e

8 Íd, pág. 459.
9 Véase 21 LPRA sec. 7173c; 3 LPRA sec. 8616b.
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instrumentalidades tienen por meta la protección de los intereses y

dineros del pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el

favoritismo y los riesgos del incumplimiento.” Ríos v. Municipio de

Isabela, 159 DPR 839 (2003), citando a Cancel v. Municipio de San

Juan, 101 DPR 296, 300 (1973).

C. Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin

que se requiera llegar a la etapa de juicio.          Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrad Assurance

Company, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); Segarra Rivera v.

Int’l Shipping et al., 208 DPR 964 (2022); Delgado Adorno v. Foot

Locker Retail, 208 DPR 622 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-

MAN et al., 208 DPR 310 (2021); Rosado Reyes v. Global Healthcare

Group, LCC., 205 DPR 796, 290 (2020), Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213 (2010). La sentencia sumaria está regida por la

Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, la

cual desglosa los requisitos específicos con los que debe cumplir

esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR

209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC.,

supra, pág. 290.

      Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la

controversia. Cuando se habla de hechos materiales, nos referimos

a aquellos que pueden determinar el resultado de la reclamación, de

conformidad con el derecho sustantivo aplicable.         Así pues, el

propósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y

económica solución de los casos que no presenten controversias

genuinas de hechos materiales. Alicea Pérez v. Seguros Múltiples,

210 DPR 71 (2022); Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág.

979; Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., supra, pág.
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290; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 334-335;

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 676 (2018);

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017). Procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones

juradas y alguna otra evidencia admisible, se acredita la inexistencia

de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho

esencial y material y, además, si procede en derecho. SLG

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 335; Segarra Rivera v.

Int’l Shipping et al., supra, pág. 980; Lugo Montalvo v. Sol Meliá

Vacation, supra, pág. 225; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189

DPR 414, 430 (2013).

      Cónsono con esto, en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100

DPR 259 (1971); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

      La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos,

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento
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admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200

DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra,

pág. 336.

      Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico expresó además en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág.

699, que el inciso (e) de la Regla 36.3 establece lo siguiente:

      La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
      las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
      interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
      declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
      demuestran que no hay controversia real sustancial en
      cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
      cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia
      sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal
      podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza
      interlocutoria para resolver cualquier controversia entre
      cualesquiera partes que sea separable de las
      controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse
      a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte
      contraria no presenta la contestación a la sentencia
      sumaria en el término provisto en esta regla, se
      entenderá que la moción de sentencia sumaria queda
      sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA
      Ap. V, R. 36.3(e).

      La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4)

como cuestión de derecho, no proceda. SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN, supra, pág. 335-336.

      Cónsono con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha

expresado que, el oponente debe controvertir la prueba presentada

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus

alegaciones. Ferrer et al. v. PRTC, 209 DPR 574 (2022); Ramos Pérez

v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras afirmaciones
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no bastan. Id. “Como regla general, para derrotar una solicitud de

sentencia    sumaria    la   parte    opositora    debe    presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v.

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677. Además, se le exige a la parte que

se oponga ciertas exigencias adicionales.    Primeramente, deberá

presentar una relación concisa y organizada de los hechos

esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en controversia,

citando específicamente los párrafos según fueron enumerados por

el promovente de la moción. Ferrer et al. v. PRTC, supra, pág. 582;

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 336. También,

deberá enumerar los hechos que no estén en controversia, con

indicación de los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u

otra prueba admisible donde se establezcan estos. Íd. En adición,

deberá esbozar las razones por las cuales no se debe dictar sentencia

sumaria, argumentando el derecho aplicable. Íd.

      Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,

se podrán considerar como admitidos y se dictará la Sentencia

Sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.,

supra, pág. 677.

      Respecto a la revisión de las sentencias sumarias, el Foro

Apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia. Ferrer et al. v. PRTC, supra, pág. 583; Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 679. Además, está obligado

a examinar de novo la totalidad de los documentos incluidos en el

expediente de la forma más favorable al promovido. Íd. Lo anterior

debido a que, solo procede dictar sentencia sumaria en los casos

claros y cualquier duda existente sobre los hechos materiales ha de
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resolverse en contra de la parte promovente. Ferrer et al. v. PRTC,

supra, pág. 583.

      Establecida la normativa jurídica que gobierna el presente

recurso,   procedemos     a   aplicarla   al   caso   ante   nuestra

consideración.

                                 III

      En su comparecencia ante este foro revisor, arguye el

Municipio que, incidió el foro apelado al declarar No Ha Lugar la

Solicitud de Reconsideración de Sentencia, presentada por la parte

compareciente, y al imponer al Municipio el pago de la suma de

quince mil cuatrocientos setenta y cinco dólares ($15,475.00), aun

estando ello en contravención con las disposiciones del Art. 6 de la

Ley Núm. 237-2004, supra. Evaluado el expediente de autos,

concluimos que le asiste la razón a la parte apelante. Veamos.

      Como cuestión de umbral, nos corresponde evaluar si las

partes cumplieron cabalmente con las disposiciones de la Regla 36

de Procedimiento Civil, supra.    Debemos determinar, pues, si la

parte apelada y promovente de la moción de sentencia sumaria,

incluyó: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes;

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción,

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los

cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible

en evidencia donde se establecen estos hechos, así como de

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre

en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el

remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez
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García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN, supra, pág. 336.

      Por otro lado, debemos examinar si el Municipio, presentó una

relación concisa y organizada de los hechos esenciales y pertinentes

que, a su juicio, están en controversia, citando específicamente los

párrafos según fueron enumerados por el promovente de la

moción. Ferrer et al. v. PRTC, supra, pág. 582; SLG Fernández-

Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 336. Además, si enumeró los hechos

que no están en controversia, con indicación de los párrafos o

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible donde

se establezcan estos. Íd. Por último, debemos determinar si, la

parte apelante esbozó las razones por las cuales no se debía dictar

sentencia sumaria, con la correspondiente argumentación del

derecho aplicable.

       En su moción de sentencia sumaria instada ante el foro

primario, la parte apelada esbozó los siguientes hechos que, a su

juicio, no están en controversia:

      1. El 9 de julio de 2020, el Municipio, publicó en el
      periódico, Primera Hora, una solicitud de propuestas
      para Servicios Profesionales para la Administración del
      Programa      Federal   de     la    “Federal   Transit
      Administration”. Véase Anejo 1.

      2. El 13 de julio de 2020, el demandante, presentó su
      propuesta al proceso de competencia anunciado en el
      aviso público (Edicto) publicado el 9 de julio de 2020.
      Véase Anejos 2A y 2B.

      3. Luego de la evaluación y correspondiente análisis de
      las propuestas recibida[s] por el Municipio, el 1 de
      septiembre de 2020, las partes de epígrafe suscribieron
      el contrato número 2021-000099 por la suma de
      $22,000.00, bajo la categoría de servicios profesionales,
      con una vigencia hasta el 30 de junio de 2021. El
      referido contrato fue debidamente registrado en la
      Oficina del Contralor de Puerto Rico el 17 de septiembre
      de 2020. Véase Anejos 3A y 3B. De conformidad con el
      contrato suscrito por las partes, el Municipio pagaría a
      la demandante la cantidad máxima de $2,000.00
      mensuales.

      4. En virtud del referido contrato y una vez certificada
      la partida (certificación de partida número 70-13-04-
      94.11) para el pago de los servicios contratados, la
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      demandante comenzó a ofrecer los servicios y a facturar
      según el contrato. Véase Anejo 4.

      5. El 6 de noviembre de 2020 se celebraron elecciones
      en Puerto Rico. En el caso particular del Municipio de
      Guayanilla, hubo un cambio de administración
      mediante la cual a partir de enero de 202[1] comenzó a
      administrar el municipio, su alcalde electo, Hon. Raúl
      Rivera Rodríguez, quien sustituyó a su predecesor, el
      Lic. Nelson Torres Yordán.

      6. A pesar del cambio de administración en el
      municipio, el demandante continuó ofreciendo servicios
      al municipio, según lo pactado en el contrato. Inclusive
      en mayo de 2021, las partes enmendaron (2021-
      000099A) el contrato a los efectos de aclarar la vigencia
      del contrato y la partida a utilizarse para el pago del
      mismo por los servicios rendidos. Véase Anejo 5.

      7. A pesar de que el demandante prestó los servicios
      para los que fue contratado, consiguió fondos al
      Municipio a través de distintos programas federales y
      presentó las facturas por los servicios realizados, el
      Municipio aún no ha pagado por los servicios rendidos.
      A esos efectos, la demandante present[ó] las que se
      desglosan a continuación, las cuales no han sido
      pagadas ni en todo ni parcialmente:

      Periodo de        Fecha Facturación          Cuantía
      Facturación                                  Facturada

      Sept 1-30, 2020       Sep 30, 2020            $2,000.00
      Oct 1-31, 2020         Oct. 31, 2020          $1,125.00
      Nov. 1-30, 2020        N/A                     N/A
      Dic. 1-31, 2020       Dic. 31, 2020           $ 350.00
      Jan 1-31, 2021        Jan 31, 2021            $2,000.00
      Feb 1-28, 2021        Feb, 28, 2021           $2,000.00
      Mar 1-31, 2021        Mar, 31, 2021           $2,000.00
      Apr 1-30, 2021        Apr 30, 2021            $2,000.00
      May 1-31, 2021        May 31, 2021            $2,000.00
      Jun 1-30, 2021        Jun 30, 2021            $2,000.00

      TOTAL ADEUDADO                              $15,475.00

      8. El demandante ha realizado múltiples gestiones de
      cobro con el demandado, Municipio de Guayanilla, para
      el pago de la deuda contraída por el Municipio y las
      mismas han sido infructuosas. Así las cosas, el
      Municipio adeuda al compareciente la cantidad de
      $15,475.00. La referida deuda es una que está vencida,
      es líquida y exigible.

      Como mencionamos anteriormente, el Municipio, por su

parte, instó ante el foro a quo, Oposición a “Moción Solicitando

Sentencia Sumaria”. Arguyó que, la parte apelada no había cumplido

con los requisitos ni el formato, según las disposiciones de la Regla

36 de Procedimiento Civil, infra. No obstante, y sin renunciar a este
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planteamiento, procedió a controvertir los hechos esbozados como

incontrovertidos por la parte apelada.

      En esencia, la contención del Municipio se circunscribió a dos

planteamientos medulares: 1) que está en controversia la vigencia

del contrato y 2) la no disponibilidad de fondos al momento de la

contratación en cuestión. El Municipio aduce que, de los Anejos 3A

y 3B de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria, no surgía la fecha

exacta de la vigencia del contrato, por lo que, no se perfeccionó un

contrato válido, en ausencia de un término específico del contrato.

Añadió que, la cláusula tercera del Anejo 5 de la aludida moción

dispositiva, establece una vigencia del contrato del 25 de mayo al 30

de junio de 2021, por lo que existía controversia en torno a la

vigencia del mismo. Por otro lado, adujo que, no existía evidencia de

la disponibilidad de fondos al momento de suscribirse el contrato

número 2021-000099.

      Colegimos que las partes cumplieron, en esencia, con las

disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Dicho lo

anterior, al adentrarnos en las controversias que nos corresponde

dirimir, vemos que estas son, eminentemente, controversias de

derecho.

      Según surge del tracto procesal, el 1 de septiembre de 2020,

las partes de epígrafe suscribieron un contrato de servicios

profesionales (2021-000099) por la suma de veintidós mil dólares

($22,000.00). En la SEGUNDA cláusula del referido contrato, se

establece que “[este] Plan de Trabajo se redactará según el Año

Fiscal Federal el cual comenzará el 1 de octubre de 2019 y terminará

el 30 de septiembre de 2020”. De igual manera, en su TERCERA

cláusula dispone que “[e]ste contrato entrará en vigor desde el 1 de

septiembre de 20 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2020”.

Establecido esto, notamos que, lo dispuesto en el aludido contrato

no solo plantea una controversia con relación a su vigencia, sino
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que, además, plantea que hay incertidumbre con relación a la

disponibilidad de fondos luego del 30 de septiembre de 2020, fecha

de cierre del año fiscal federal. Cabe destacar que, en el Contrato De

Servicios Profesionales no se identifican o especifican las partidas

presupuestarias, de las cuales ha de pagarse a la parte apelada por

los servicios rendidos.

      Conforme surge del expediente, el 3 de septiembre de 2020,

entiéndase, en una fecha posterior a la otorgación del contrato,

el Municipio expidió una Certificación en la que se señala que:

      “Los fondos a utilizarse para el pago del contrato #2021-
      000099[,] están disponibles por reembolso de gastos a
      través del Acuerdo Interagencial entre el Municipio de
      Guayanilla y la oficina de coordinación Federal de la
      Autoridad de Carreteras de Puerto Rico para el Proyecto
      PR-2019-031-00, el cual se utilizará según el mismo
      para gastos operacionales y administrativos del Sistema
      de Transportación del Municipio de Guayanilla por la
      cantidad de hasta $102,000.00.”

      De una revisión de la antes mencionada Certificación, no se

desprende que el Municipio hubiese identificado previo a la

otorgación del contrato en cuestión, una partida específica para

sufragar el pago de los servicios profesionales atinentes a la

contratación en cuestión. La Certificación antes reseñada, además

de haberse emitido en una fecha posterior a la otorgación del

contrato, tampoco dispone cuál es la partida en particular en la que

se establece la disponibilidad de fondos para el pago del aludido

contrato.

      Como bien se ha reseñado, la legislación aplicable en el caso

ante nos dispone que, toda contratación gubernamental de servicios

profesionales deberá cumplir, entre otros, con los siguientes

requisitos: (1) deberá ser prospectivo, (2) constar por escrito10, y (3)

deberá identificar la partida presupuestaria de la cual se pagarán

los servicios profesionales.11

10 Ley Núm. 237-2004, supra, 3 LPRA sec. 8613.
11 Ley Núm. 237-2004, supra, 3 LPRA sec. 8616.
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        De lo planteado anteriormente, notamos que, al suscribir el

contrato    de    servicios   profesionales,     las   partes      no   dieron

cumplimiento a los requisitos establecidos para la contratación

gubernamental. Pues, además de no incluir en el contrato la partida

presupuestaria para los servicios contratados –lo cual convierte el

contrato en uno nulo e ineficaz–, posteriormente, se intenta

justificar la partida presupuestaria con la referida Certificación que,

como ya mencionamos, no identifica o especifica las mismas. Ello,

en contravención con las disposiciones de la Ley Núm. 237-2004,

supra, así como también, con el Código Municipal, supra.12

        Por otro lado, el 25 de mayo de 2021, las partes

convenientemente,        intentaron      enmendar        o      subsanar   las

deficiencias, antes mencionadas mediante Addendum (2021-

000099A).        Empero, como explicaremos en adelante, dichas

enmiendas son contrarias a la ley y por ende, resultan ser

inoficiosas. Veamos.

        En la PRIMERA cláusula del aludido Addendum se establece

que: “[e]sta enmienda tiene como propósito de modificar el error

involuntario relacionado con el contrato original donde se estableció

que la vigencia era desde el 1 de septiembre del 20 hasta el 30 de

junio de 2020, donde debió decir 1 de septiembre del 2020 hasta el

30 de junio del 2021”; además, se “modifica la partida #70-13-04-

94.11    para    establecer    la   partida   correcta       #70-13-08-94.11

(G02019FTA)”.

        Sin embargo, es meritorio destacar que, de la Certificación que

obra en autos, no se desprende la disponibilidad de fondos en la

partida número 70-13-08-94.11 (GO2019FTA), asignados para el

pago de los servicios profesionales reclamados, con relación al

referido contrato y a la fecha de suscripción de estos.

12 Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 7173.
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       Con relación a la fecha de vigencia del contrato, nótese que,

el Addendum –de haber sido válido el contrato original– implica el

establecimiento       de   una     vigencia     retroactiva,     lo   cual     está

expresamente prohibido por ley. Como ya hemos esbozado, entre los

requisitos para la validez de un contrato gubernamental de servicios

profesionales, es menester que, el mismo conste por escrito y que

tenga vigencia prospectiva.13

       A nuestro juicio, al no haberse dado cumplimiento a las leyes

vigentes y aplicables para la contratación gubernamental, resulta

forzoso concluir que no se perfeccionó un contrato válido entre las

partes. En vista de ello, nos encontramos ante un contrato nulo,

pues     no    solo    omite     identificar    o    especificar      la    partida

presupuestaria, sino que, además, su Addendum establece una

vigencia retroactiva. En fin, por tratarse de un contrato nulo, el

mismo no era susceptible de ser subsanado mediante el aludido

Addendum. Por consiguiente, el mismo carece de eficacia y validez.

A esos efectos, el Addendum suscrito por las partes resulta

inoficioso.

       En resumen, si bien nuestra Alta Curia ha reconocido que las

decisiones del foro primario son merecedoras de deferencia judicial,

es sabido que la misma no es absoluta y puede ser preterida en

ciertas instancias. Concerniente al caso ante nos, es importante

reiterar que, en virtud del mandato constitucional en cuanto a la

disposición de fondos públicos, tenemos el deber de velar por el

manejo ético y apropiado de los mismos.14 A raíz de ello, nos atañe

revisar la determinación del foro primario, en la cual dictó sentencia

sumaria, a favor de la parte apelada.

13 Ley Núm. 237-2004, supra, 3 LPRA sec. 8613
14 Vicar Builders v. ELA et al., supra, pág. 262; Rodríguez Ramos et al. v. ELA et

al., supra, pág. 456; Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, pág. 739
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        Por tanto, luego de una ponderada revisión de novo de la

moción de sentencia sumaria, concluimos que, en el caso de marras

no se perfeccionó un contrato válido entre las partes conforme a la

Ley Núm. 237-2004, supra, sobre la contratación gubernamental de

servicios profesionales.15 Ante el incumplimiento con sus requisitos,

estamos ante un contrato nulo que carece de toda eficacia y validez.

Conforme a la normativa jurídica antes reseñada, incidió el foro

primario al dictar sentencia sumariamente a favor de la parte

apelada, así como al declarar No Ha Lugar, la Solicitud de

Reconsideración de Sentencia presentada por la parte demandada

apelante.

                                    IV

        Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia

apelada. Consecuentemente, se desestima la Demanda incoada por

Washington Federal Consulting Group, LLC, en contra del Municipio

de Guayanilla.

        Por último, disponemos que, a raíz de lo aquí resuelto, aunque

no se desprende del expediente ante nuestra consideración que el

Municipio haya realizado algún desembolso de fondos públicos a

favor de la parte apelada, en virtud del contrato en controversia, de

así haber ocurrido, la parte apelada deberá con urgencia, proceder

con la devolución de los mismos.

        Notifíquese.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones

15 Conforme, además, al Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.

7173.