Court Opinion

ID: 9928652
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:33:03.826256+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:37.341546
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

Elba Pesquera Sánchez                                 CERTIORARI
                                                      procedente del
      Peticionaria                                    Tribunal de Primera
                                                      Instancia de Arecibo,
                                                      Sala Superior de
            vs.                                       Hatillo
                              KLCE202301270
                                                      Civil Núm.:
Julián Valles Acosta                                  HA2020CV00192
                                                      (101)
       Recurrido
                                                      Sobre: Liquidación
                                                      de Comunidad de
                                                      Bienes

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, la Sra. Elba Pesquera

Sánchez     (en   adelante,   “Sra.        Pesquera   Sánchez”    o   “parte

peticionaria”) para solicitarnos que se revoque la Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Hatillo el 19 de octubre de 2023 y notificada el 20 de igual mes y

año. Mediante dicha “Resolución” se declara No Ha Lugar la

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

deniega la expedición del auto de Certiorari.

                                      I.

      El 5 de enero de 1984, la Sra. Pesquera Sánchez contrajo

matrimonio con el Sr. Julián Vallés Acosta (en adelante, “Sr. Valles

Acosta” o “parte recurrida”), bajo el régimen de Sociedad Legal de

Gananciales. Durante el matrimonio, las partes adquirieron varios

Número Identificador

RES2023 ___________
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bienes, incluyendo cuentas de banco. El 30 de octubre de 2000,

16 años más tarde, se divorciaron. Sin embargo, la Sentencia no

dispuso nada acerca de la liquidación de lo bienes gananciales.

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2020, la Sra. Pesquera

Sánchez radicó una demanda sobre liquidación de comunidad de

bienes gananciales en contra del recurrido. Alegó que, los bienes

se encuentran en total control del Sr. Valles Acosta.       Así pues,

solicitó la división de éstos. El 15 de noviembre de 2020, el Sr.

Valles Acosta mediante su Contestación a la Demanda reconoció la

existencia de la comunidad post ganancial, pero rechazó tener

control exclusivo sobre ella.

      Luego de varios trámites procesales, el 14 de junio de 2023,

la parte peticionaria presentó una moción de Sentencia Sumaria

Parcial, en donde indicó que el recurrido depositó los fondos del

patrimonio postganancial en cuentas de inversión para su

beneficio exclusivo.   Asimismo, adujo que, tiene derecho a un

crédito, al incremento en valor de las inversiones y a sus intereses.

Ese mismo día, el Sr. Valles Acosta radicó la Moción en Oposición

a Moción de Sentencia Sumaria Parcial, en la cual expresó que la

Moción de Sentencia Sumaria Parcial es una moción requiriendo

reabrir el descubrimiento de prueba, ya que la peticionaria solicitó

los estados emitidos por las firmas de inversiones e instituciones

bancarias y las aportaciones y depósitos efectuados a planes Keogh

o 401K que tenga con su patrono.

      Luego de evaluar la prueba presentada, el 19 de octubre de

2023, el Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución” en

la cual declaró No Ha Lugar a la Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial.

      Inconforme    con    lo   anteriormente   resuelto,   la   parte

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe,

en que señaló los siguientes errores:
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    Primero: Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar
    la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por
    la recurrente por haber sido presentada luego de haber
    concluido el descubrimiento de prueba cuando el propio
    TPI había ordenado a las partes a informar el
    descubrimiento      que    estaba     pendiente     para
    calendarizarlo.
    Segundo: Erró el TPI y abusó de su discreción, al
    ordenarle a la recurrente que informara al TPI el
    descubrimiento de prueba que quedaba pendiente para
    calendarizarlo y cuando la recurrente así lo informa, en
    cumplimiento con lo dispuesto por el TPI, el TPI deniega
    la Moción de Sentencia Sumaria Parcial que presentó
    luego de los treinta días siguientes a la fecha
    establecida por el TPI para concluir con el
    descubrimiento de prueba.
    Tercero: Erró el TPI y abusó de su discreción al
    ordenarle al recurrente entregarle evidencia documental
    a la recurrida, eximiendo a ésta de obtener dicha
    evidencia    a   través    de   los    mecanismos   de
    descubrimiento de prueba, y denegar la Moción de
    Sentencia Sumaria Parcial que presentó la recurrente
    basada en dicha evidencia documental por haber sido
    presentada a destiempo al haber sido presentada luego
    de haber concluido el descubrimiento de prueba cuando
    en ningún momento en este caso el TPI ha establecido
    fecha límite para que las partes concluyan el
    descubrimiento de prueba, tal y como lo requiere la
    Regla 36.1 de Procedimiento Civil.
    Cuarto: Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar
    la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por
    la recurrente sin hacer determinaciones de hechos
    esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
    controversia sustancial y aquellos que están realmente
    y de buena fe controvertidos, conforme lo ordena la
    Regla 36.4 de Procedimiento Civil.
    Quinto: Erró el TPI y abusó de su discreción al no dar
    por incontrovertidos los hechos propuestos de la Moción
    de Sentencia Sumaria que fueron admitidos por la parte
    recurrida en su oposición a dicha moción.
    Sexto: Erró el TPI y abusó de su discreción al ignorar
    que en su Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria
    Parcial de la recurrente el recurrido no controvirtió
    ninguno de los hechos propuestos como incontrovertidos
    por la recurrente como era su deber como opositora de
    una moción de sentencia sumaria. Por consiguiente, el
    recurrido no rebatió la presunción de que el origen del
    caudal de la comunidad de bienes que tiene con la
    demandante es ganancial.

    Séptimo: Erró el TPI y abusó de su discreción no
    adjudicar la única controversia de derecho objeto de la
    Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la
    recurrente al efecto de que le corresponde al recurrido el
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      peso de rebatir la presunción de ganancialidad que
      recae sobre el origen del caudal de la comunidad de
      bienes existente entre las partes cuando no hay
      controversia alguna de que el recurrido retiene el control
      exclusivo de bienes de la extinta sociedad legal de
      gananciales de las partes que se encuentran en estado
      de indivisión tales como las aportaciones al Plan de
      Compensación Diferida para el beneficio exclusivo del
      recurrido.
      Octavo: Erró el TPI y abuso de su discreción al no
      adjudicar el derecho de la recurrente sobre las
      aportaciones que hizo la extinta sociedad legal de
      gananciales de las partes al Plan de Compensación
      Diferida que tenía el recurrido con su patrono,
      planteamiento discutido por la recurrente en su Moción
      de Sentencia Sumaria Parcial que no fue controvertido
      por el recurrido.

                                  II.

                                  A.

      El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que posibilita a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior.     Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien el auto de

Certiorari es un vehículo procesal extraordinario de carácter

discrecional, al atender el recurso no debemos perder de vista las

demás áreas del derecho.     Mun. de Caguas v. JRO Construction,

supra. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, dispone que, como norma general, dicho recurso solo será

expedido por este Tribunal de Apelaciones en dos instancias, a

saber: (1) cuando se recurra de una resolución u orden bajo las

Reglas 56 y 57; o (2) cuando se recurra de la denegatoria de una

moción de carácter dispositivo.

      No obstante lo anterior, y a modo de excepción, este foro

apelativo   intermedio   podrá    revisar   órdenes   o   resoluciones

interlocutorias dictadas por el foro primario cuando se recurra de

lo siguiente: (1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de

hechos o peritos esenciales; (2) asuntos relativos a privilegios
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evidenciarios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de

relaciones de familia; y (5) en casos que revistan interés público o

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

      Así, a los fines de ejercer sabiamente nuestra facultad

discrecional en la consideración de los asuntos planteados

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que esta

segunda instancia judicial tomará en consideración los siguientes

criterios al determinar si procede o no la expedición de un auto de

Certiorari:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      Los tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y

discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los

asuntos judiciales.   In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).    Así, se

les ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente

para conducir los asuntos ante su consideración de la forma y

manera que su buen juicio les indique. Íd.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que,

como norma general, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá en
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el manejo del caso ante la consideración del Tribunal de Primera

Instancia. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Este Tribunal sólo intervendrá en el ejercicio de la discreción del

Foro Primario en aquellas situaciones en que se demuestre que

este último: (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un

craso abuso de discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Íd.

      Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha reiterado que “las decisiones discrecionales que toma el

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se

demuestre que ese foro abusó de su discreción”.         SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). A tales efectos,

el máximo foro judicial expresó que, los foros apelativos no deben

buscar administrar ni controlar el curso ordinario de los casos

ante el foro primario. Íd.

                                   III.

      Luego de analizar el recurso ante nos, a la luz del derecho

antes citado, y siguiendo los criterios para la expedición del auto

de Certiorari, determinamos que se cumple con la Regla 52.1 de

Procedimiento    Civil,   supra.     Sin   embargo,   los   requisitos

establecidos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no

están presente en este caso, por lo que no amerita nuestra

intervención. En consecuencia, denegamos la expedición del auto

de Certiorari.

      De conformidad con lo resuelto por el Tribunal de Primera

Instancia en su “Resolución” del 19 de octubre de 2023, el tracto

procesal del presente caso demuestra que la parte peticionaria

presentó la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, después de

haber transcurrido más de 30 días desde la finalización del

descubrimiento de prueba. En otras palabras, no cumplió con lo

establecido en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
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R. 36.1, la cual permite a la parte demandante solicitar que se

dicte sentencia sumaria después de transcurrir 20 días desde que

se emplaza a la parte demandada, pero no más tarde de los 30 días

siguientes a la fecha limite para concluir el descubrimiento de

prueba. Id. Así pues, se excedió del límite dispuesto por ley.

      Tras examinar la prueba documental que consta en el

expediente apelativo, no hallamos fundamento que justifique la

expedición del presente recurso. Evaluados los hechos particulares

de este caso, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no

abusó de su discreción. En vista de lo anterior, es claramente

evidente que el caso en cuestión no satisface ninguno de los

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, supra, que exigiría la expedición del auto de

certiorari para reemplazar el criterio del Tribunal de Primera

Instancia por el nuestro.        Como resultado, denegamos la

expedición del auto de Certiorari.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de esta sentencia, denegamos el recurso de Certiorari

solicitado por la Sra. Elba Pesquera Sánchez.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones