Court Opinion

ID: 9928510
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:45.616861+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:44.186830
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL III

                                                         Revisión de Decisión
      OCTAVIO SALAS                                      Administrativa
        CORDERO                                          procedente de la
                                                         Junta de Libertad
      Parte Recurrente                                   Bajo Palabra
                                   KLRA202300241
               v.                                        Caso Número:
                                                         146670
   JUNTA DE LIBERTAD
     BAJO PALABRA                                        Sobre:
                                                         No Concesión del
      Parte Recurrida                                    Privilegio de
                                                         Libertad Bajo
                                                         Palabra
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

                                 SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos el señor Octavio Salas Cordero

(recurrente o señor Salas Cordero), representado por la Sociedad

para Asistencia Legal (SAL), y nos solicita que revoquemos la

Resolución emitida y notificada el 25 de abril de 2023, por la Junta

de Libertad Bajo Palabra (Junta). Mediante el referido dictamen, la

Junta declaró No Ha Lugar la solicitud en reconsideración

presentada por el señor Salas Cordero, en la cual solicitaba le

concedieran el privilegio de libertad bajo palabra.

      Con     el    beneficio    de   la    comparecencia      de   la   Junta,

representados       por   el    Procurador     General    de    Puerto    Rico,

resolvemos.

                                       I.

      El recurrido actualmente se encuentra en la Institución

Correccional 501 de Bayamón, cumpliendo una sentencia de ciento

once (111) años por los delitos de asesinato en primer grado y

violación a la Ley de Armas. Inicialmente el señor Salas Cordero fue

clasificado a custodia máxima. Para el 13 de febrero de 2020, por

Número Identificador
SEN2023________________
KLRA202300241                                                               2

orden del Tribunal, fue reclasificado de manera no rutinaria a

custodia mediana. La Junta adquirió jurisdicción sobre su caso el 3

de septiembre de 2021. El 16 de febrero de 2023, fue reclasificado a

custodia mínima, por este haber cumplido con varios tratamientos

y talleres y por demostrar introspección, crecimiento personal y su

funcionamiento bajo medidas de mínima supervisión.1

       El 14 de diciembre de 2022, un técnico sociopenal sometió

ante la Junta un Informe Breve de Libertad Bajo Palabra, en el cual

surge que el recurrente proponía residir con su hermano, en

Georgia, Estados Unidos.2 El 16 de febrero de 2023, el Comité de

Clasificación y Tratamiento (Comité de Clasificación) realizó una

reclasificación de custodia al señor Salas Cordero de custodia

mediana a custodia mínima. Esto, pues según surge de los Acuerdos

del Comité de Clasificación y Tratamiento3, el señor Salas Cordero

“no ha incurrido en querellas ni informes negativos en los últimos

11 años”. Además, surge que “[l]a conducta actual refleja la

adaptación del confinado al encarcelamiento y que ha ganado

madurez y sentido de responsabilidad, aunque se benefició al

máximo de los programas de tratamientos que en las instituciones

se ofrecen tales como [Patrones] Adictivos (30/06/19), Terapias de

Control de Impulso (9/12/20), Aprendiendo a Vivir sin Violencia

(12/10/21), demuestra compromiso con reforzar y continuar con el

Plan Institucional que se le continúe asignando”.

       El 22 de febrero de 2023, se celebró una vista de

consideración para el disfrute del privilegio de libertad bajo palabra

a la cual el señor Salas Cordero compareció, representado por la

SAL. En la vista se atendieron alegaciones de índole constitucional,

ya que el representante legal de las víctimas arguyó que el

1 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 24-29.
2 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 18-22.
3 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, pág. 23.
KLRA202300241                                                               3

recurrente no había cumplido el mínimo de sentencia para celebrar

el proceso de libertad bajo palabra. Surge del expediente que el

tribunal confirmó, a través del personal del área de récord criminal

del DCR que el señor Salas Cordero sí cumplía con el mínimo de

sentencia para que la Junta pudiese considerar el caso.

       A tales efectos, la Junta emitió una Resolución el 14 de marzo

de 2023, notificada el 3 de abril de 2023, en la cual determinó no

conceder el privilegio de libertad bajo palabra al señor Salas

Cordero.4 En específico, la Junta dispuso lo siguiente:

              “[…] en el caso que nos ocupa, entendemos que el
       peticionario aún no es buen candidato para merecer el
       privilegio de libertad bajo palabra. El peticionario no
       presentó una oferta de empleo, planes de estudio ni un
       candidato amigo consejero para la corroboración del
       Negociado de Comunidad del DCR.”

       A su vez la Junta, formuló las siguientes determinaciones de

hechos:

       1. Surge del expediente que el peticionario no presentó
          una oferta de empleo, ni un candidato amigo y
          consejero para la corroboración del Negociado de
          Comunidad del DCR.
       2. Surge del expediente que el peticionario posee una
          residencia corroborada por el Programa de
          Reciprocidad del DCR.
       3. El peticionario posee una carta de aceptación para el
          estado de Georgia, USA emitida el 15 de diciembre
          de 2022.
       4. El peticionario se encuentra clasificado en custodia
          mínima desde el 16 de febrero de 2023.
       5. Surge del expediente que el peticionario completó
          trastornos adictivos el 30 de junio de 2019.
       6. El peticionario completó el Programa Aprendiendo a
          Vivir Sin Violencia el 12 de octubre de 2021.
       7. El peticionario completó las terapias de Control de
          Impulsos el 9 de diciembre de 2020.
       8. El peticionario posee la toma de muestra de ADN
          efectuada el 29 de mayo de 2012, conforme la Ley
          175-1998.
       9. Se tomó en consideración la opinión de las víctimas.
       10. Se tomó en consideración la naturaleza y
          circunstancias de los delitos, por los cuales cumple
          sentencia.

       En desacuerdo con la determinación de la Junta, el 10 de abril

de 2023, el señor Salas Cordero presentó una Moción de

4 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 38-41.
KLRA202300241                                                               4

Reconsideración.5 En síntesis, alegó que la determinación de la

Junta era errada y constituía un abuso de discreción, pues la

prueba que surgía del expediente demostraba que el señor Salas

Cordero cumplía con los criterios de elegibilidad al amparo del

estado de derecho vigente. Explicó que desde el 17 de enero de 2023,

fue enviada la oferta de empleo ofrecida al técnico sociopenal, el Sr.

William Guzmán Andino y que éste último envió copia a la Junta,

recibido el 24 de enero de 2023. Además, alegó que no hay

controversia en cuanto a que el Plan de Salida del señor Salas

Cordero es para Georgia, y que el mismo fue aceptado por dicho

estado luego de una investigación y evaluación por el programa de

reciprocidad que existe en virtud del pacto interestatal entre la

jurisdicción de Georgia y Puerto Rico.

         El 25 de abril de 2023, la Junta emitió una Resolución en la

que declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada

por el señor Salas Cordero.6

         Aun inconforme, el 25 de mayo de 2023, el señor Salas

Cordero acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante Petición

de Revisión Administrativa y apuntó el siguiente señalamiento de

error:

         Abusó de su discreción y actuó de forma ultra vires la
         Junta de Libertad Bajo Palabra al denegar el privilegio
         de libertad a prueba al alegadamente no poseer amigo
         consejero ni oferta de empleo cuando el peticionario fue
         aceptado en el programa interestatal que no requiere
         amigo consejero como tampoco la ley de la Junta y
         presentó oferta de empleo antes de la vista de concesión
         al denegar el [privilegio] sin estar fundamentada su
         determinación en evidencia sustancial en violación al
         debido proceso de ley.

         El 26 de junio de 2023, la Junta, representada por la Oficina

del Procurador General de Puerto Rico, presentó su Escrito en

Cumplimiento de Resolución. El 12 de julio de 2023, el recurrente

5 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 42-55.
6 Véase, Apéndice de la Petición de Revisión Administrativa, págs. 68-69.
KLRA202300241                                                                  5

presentó Moción Urgente en Solicitud de Remedio al Amparo del

Debido Proceso de Ley.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                       II.

                                      -A-

       Es doctrina reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial.7 Ello, en vista

al gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias

ostentan.8 Esta deferencia se debe a que son estos los que cuentan

con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los

asuntos que les son encomendados.9

       Así pues, la decisión de una agencia administrativa gozará de

una presunción de legalidad y corrección que será respetada,

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia

suficiente para rebatirla.10 El criterio rector para la revisión de este

tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación

de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye

un abuso de discreción.11

       A su vez, la revisión usualmente comprende las siguientes

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia

sustancial que obre en el expediente administrativo; y (3) si las

conclusiones de derecho son correctas.12

7 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021); Graciani
Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); OSC v. CODEPOLA, 202
DPR 842, 853 (2019).
8 OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185

DPR 341, 358 (2012).
9 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina,

185 DPR 800, 821 (2012); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829
(2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Otero v.
Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).
10 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).
11 Íd., pág. 216.
12 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., supra, págs. 839-840; Asoc. Fcias. v.

Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009).
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                                         B.

       La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada,

4 LPRA sec. 1501, et seq. creó la Junta de Libertad Bajo Palabra,

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Entre los

poderes conferidos a la Junta está el decretar la libertad bajo

palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las

instituciones penales de Puerto Rico. De igual forma, en el uso de

su discreción, la Junta tendrá facultad para revocar la libertad bajo

palabra a cualquier liberado que, por su conducta, revele no estar

aún preparado para beneficiarse plenamente del privilegio y el

tratamiento que implica la libertad bajo palabra.13

       De esta forma, este organismo tiene la autoridad de conceder

a cualquier persona recluida en una institución correccional de

Puerto Rico el privilegio de cumplir la última parte de su condena

en libertad bajo palabra.14 Al conceder el privilegio, la Junta puede

imponer las condiciones que estime necesarias.15 Así, el liberado

bajo palabra tiene una libertad cualificada.16

       Cónsono con lo anterior, la Ley Núm. 85-2022 enmendó el

Artículo 308 de la Ley Núm. 146-2012, conocida como el Código

Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5416, a los fines de disponer los

criterios para cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Surge de la Exposición de Motivos que su objetivo es “establecer una

manera justa, retributiva y rehabilitadora, que le permita a aquella

persona convicta por varios delitos el poder ser considerada para

libertad bajo palabra al cumplir con los términos de la sentencia

más onerosa relacionada directamente con alguno de los delitos por

los cuales fue encontrado culpable”.17

13 Artículo 3 (a) y (b), 4 LPRA sec. 1503.
14 Benítez Nieves v. ELA et al., 202 DPR 818 (2019).
15 Art. 3, Ley Núm. 118, supra, 4 LPRA sec. 1503.
16 Benítez Nieves v. ELA et al., supra; Maldonado Elías v. González Rivera, 118
DPR 260, 266 (1987).
17 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 85-2022.
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      Respecto a la enmienda al Artículo 308 del Código Penal,

supra, la Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 dispone lo siguiente:

      Toda persona convicta bajo las disposiciones de este
      Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra
      por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir el
      setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión
      impuesto. Este cómputo nunca excederá de quince (15)
      años cuando se trate de un adulto o de cinco (5) años
      cuando se trate de un menor sentenciado y procesado
      como adulto en delitos para los cuales al realizarse el
      cómputo jurisdiccional para cualificar ante la
      consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra este
      sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
      señalada en el tipo de cincuenta (50) años.

      […]

      En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al
      acusado culpable por más de un delito y se le imponga
      una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva,
      la persona convicta tendrá derecho a cualificar para
      libertad bajo palabra al cumplir con el término
      concerniente a la pena mayor recibida por alguno de los
      delitos cometidos. Cuando más de uno de los delitos
      cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta
      cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra con
      el mero hecho de haber cumplido con el término de una
      de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
      aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de
      la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.

      En cuanto a los criterios específicos que la Junta debe

considerar al momento de considerar el privilegio, el Artículo 3-D de

la Ley Núm. 118, establece los siguientes:

      (1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos por
      los cuales cumple sentencia.

      (2) Las veces que el confinado haya sido convicto y
      sentenciado.

      (3) Una relación de liquidación de la sentencia o
      sentencias que cumple el confinado.

      (4) La totalidad del expediente penal, social, y los
      informes médicos e informes por cualquier profesional
      de la salud mental, sobre el confinado.

      (5) El de ajuste institucional y del social y psicológico
      del confinado, preparado por la Administración de
      Corrección y el médico y psiquiátrico preparado por
      Salud Correccional del Departamento de Salud.

      (6) La edad del confinado.

      (7) El o los tratamientos para condiciones de salud que
      reciba el confinado.
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         (8) La opinión de la víctima.

         (9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o
         estudio y trabajo del confinado.

         (10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la
         actitud de dicha comunidad, de serle concedida la
         libertad bajo palabra.

         (11) Cualquier otra consideración meritoria que la
         Junta haya dispuesto mediante reglamento.

         La Junta tendrá la discreción para considerar los
         mencionados criterios según estime conveniente y
         emitirá resolución escrita con determinaciones de
         hechos y conclusiones de derecho. (Énfasis nuestro).

         En relación a los hechos de este caso, el Artículo 3-B de la Ley

Núm. 118 establece los derechos de las víctimas del delito al

momento de la consideración de la concesión o modificación del

privilegio de libertad bajo palabra. Estos incluyen los siguientes:

         (a) Recibir un trato digno, compasivo y respetuoso por
             parte de todos los miembros de la Junta y los
             empleados de dicha entidad. Comparecer y ser
             escuchado, ya sea oralmente o por escrito a su
             discreción, para presentar ante los miembros de la
             Junta o del panel correspondiente de la Junta su
             opinión sobre:
                1. El proceso de rehabilitación y la determinación
                   que en su momento deba tomarse con relación
                   al beneficio del privilegio, y/o
                2. el impacto económico, emocional o físico
                   que ha causado la comisión del delito sobre
                   la víctima y su familia.
         (b) Estar presente como observador en la vista.
         (c) Mediante solicitud al efecto, testificar en la vista en
             ausencia del liberado o confinado. (Énfasis nuestro).

            […]

         Además, el legislador hizo constar en el Artículo 5 de la Ley

Núm. 118, supra, que la Junta tiene la autoridad de promulgar las

reglas     y reglamentos que        crea   convenientes   para   el    mejor

cumplimiento de las disposiciones de ese artículo.18 En virtud de

ello, el 18 de noviembre de 2020, la agencia aprobó el Reglamento

Núm. 9232, mejor conocido como Reglamento de la Junta de

Libertad Bajo Palabra (Reglamento Núm. 9232).

18 Benítez Nieves v. ELA et al., supra.
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      En lo pertinente, el Artículo X, Sección 10.1 del Reglamento

Núm. 9232, establece los Criterios para Elegibilidad, a saber:

      A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso
         a caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste
         que presente el peticionario durante el término que
         ha estado en reclusión.
      B. Al evaluar los casos, la Junta tomará en
         consideración los siguientes criterios con relación al
         peticionario:
            1. Historial delictivo
                     a. La totalidad del expediente penal.
                     b. Los        antecedentes     penales.    Se
                        entenderá por antecedentes penales las
                        veces que un peticionario haya sido
                        convicto y sentenciado.
                     c. No se tomarán en consideración
                        aquellos delitos en los cuales hayan
                        transcurrido tres (3) años desde que el
                        peticionario cumplió la sentencia.
                     d. Naturaleza y circunstancias del
                        delito, por el cual cumple sentencia,
                        incluyendo el grado de fuerza o violencia
                        utilizado en la comisión del delito.
                     e. Si cumplió con el pago de la pena
                        especial para el Fondo de Compensación
                        y Servicios a las víctimas y Testigos de
                        delito, dispuesta en el Artículo 48 (i) del
                        Código Penal de 2012, en los casos que
                        aplique.
                     f. Si existe una orden de detención
                        ("detainer") emitida por cualquier estado
                        de los Estados Unidos, el tribunal
                        federal, el gobierno federal y/o del
                        Servicio       de     Inmigración         y
                        Naturalización.
                          i. El sólo hecho de que exista una
                               orden de detención ("detainer")
                               contra un peticionario no será
                               fundamento para denegar la
                               libertad bajo palabra siempre y
                               cuando el peticionario cumpla
                               con todos los demás criterios.
            2. Una relación de liquidación de la(s)
                sentencia(s) que cumple el peticionario.
            3. La clasificación de custodia, el tiempo que
                lleva en dicha clasificación y si hubo cambio
                de clasificación y las razones para ello.
                     a. La Junta no concederá libertad bajo
                        palabra cuando el peticionario se
                        encuentre en custodia máxima.
            4. La edad del peticionario.
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         5. La opinión de la víctima.
                 a. La opinión de la víctima constituye
                   un factor a ser considerado por la Junta,
                   pero la determinación sobre el grado de
                   rehabilitación de un peticionario y si
                   está      capacitado    para     continuar
                   cumpliendo su sentencia en la libre
                   comunidad es prerrogativa de la Junta.
         6. El historial social
                 a. Se tomará en consideración la
                   totalidad del expediente social.
                 b.      Si anteriormente ha estado en
                   libertad bajo palabra, libertad a prueba
                   o cualquier otro programa de desvío.
                      i.    Cumplimiento        y      ajustes
                           Institucionales
                     ii. Si se le revocó la libertad bajo
                           palabra, libertad a prueba o
                           cualquier otro programa de
                           desvío.
                    iii. No se tomará en consideración
                           una      revocación      si    han
                           transcurrido tres (3) años desde la
                           fecha en que se revocó la libertad
                           bajo palabra, libertad a prueba o
                           cualquier otro programa de
                           desvío.
                 c. El historial de ajuste institucional y
                   el historial social preparado por el
                   Departamento        de     Corrección     y
                   Rehabilitación.
                 d. Si se le han impuesto medidas
                   disciplinarias, disponiéndose que no se
                   tomarán en consideración aquellas
                   medidas disciplinarias en las cuales ha
                   transcurrido un (1) año desde la fecha
                   en que se impuso dicha medida
                   disciplinaria.
                 e. El historial de trabajo y/o estudio
                   realizado en la institución.
                 f. En los casos contemplados en el
                   Artículo VII, Sección 7.4 de este
                   Reglamento, el peticionario debe haber
                   observado buena conducta en la
                   institución por un lapso razonable de
                   tiempo que no será menor de un (1) año
                   natural, ininterrumpido, a la fecha de
                   cumplir con las condiciones para el
                   privilegio.
         7. Si cuenta con un plan de salida estructurado
            y viable en las áreas de oferta de empleo y/o
            estudio, residencia y amigo consejero.
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                     a. El plan de salida podrá ser en Puerto
                       Rico, en cualquier estado de los Estados
                       Unidos o en cualquier otro país que
                       tenga un tratado de reciprocidad con
                       Estados Unidos.
                     b. Cuando el plan de salida propuesto
                       sea fuera de la jurisdicción del Gobierno
                       de Puerto Rico:
                         i. El      peticionario    proveerá    la
                              dirección física del lugar donde
                              propone residir, de concederle la
                              libertad bajo palabra, el nombre y
                              número de teléfono, correo
                              electrónico de la persona con la
                              cual residirá y su relación con el
                              peticionario.
                        ii. […]
                     c. […]
                     d. Oferta de empleo y/o estudio.
                         i. Todo peticionario deberá proveer
                              una oferta de empleo o, en la
                              alternativa, un plan de estudios
                              adiestramiento       vocacional    o
                              estudio y trabajo.
                        ii. La oferta de empleo se presentará
                              mediante carta suscrita por la
                              persona que extiende la oferta de
                              empleo al peticionario, incluyendo
                              la siguiente información:
                                  a. Nombre completo, dirección
                                     postal, física, electrónica y
                                     teléfono(s) de la persona
                                     que ofrece el empleo.
               […]

      En cuanto a la concesión o denegatoria del privilegio, la

Sección 12.3 (B) del Reglamento dispone que, “Cuando la Junta

deniegue la libertad bajo palabra, expresará individualmente en su

resolución las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho

que fundamentan dicha determinación, así como indicará la fecha

(mes y año) en que volverá a considerar el caso.”

      Aun cuando la decisión de conceder o denegar los beneficios

de libertad bajo palabra descansa en la entera discreción del Estado,

y no existe un derecho a obtener tales beneficios, el procedimiento
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para      su    concesión     debe    cumplir    con    ciertas   salvaguardas

procesales.19

          Por último, y en lo que respecta a la Sección 3 de la

mencionada Ley Núm. 85-2022, establece lo siguiente:

          Esta     Ley   aplicará    de    manera      retroactiva,
          independientemente del Código Penal o Ley Penal
          Especial vigente al momento de los hechos delictivos,
          siempre y cuando resulte favorable para la persona
          condenada. Las cláusulas de prohibiciones absolutas
          de libertad bajo palabra en los delitos de leyes penales
          especiales no serán aplicables al caso de menores
          juzgados y sentenciados como adultos cuando
          contravengan lo aquí establecido.

                                        III.

          En su señalamiento de error, el recurrente solicita, en

síntesis, que revoquemos la determinación de la Junta por no estar

sostenida en evidencia sustancial y que demuestre que no cumplió

con los requisitos requeridos por las leyes y los reglamentos. Alega

que la referida determinación es ilegal, irrazonable y que violenta los

parámetros establecidos en el Reglamento Núm. 9232 y su debido

proceso de ley. Además, arguye que la Junta actuó de manera ultra

vires al denegar el privilegio y sustentar su determinación en que

alegadamente el señor Salas Cordero no contaba con un amigo

consejero ni una oferta de empleo, ambos criterios necesarios para

la concesión del mismo.

          Por su lado, la Junta alega que el recurrente incumple con los

requisitos para beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra,

de acuerdo con el Reglamento Núm. 9232, al no cumplir con tener

un amigo consejero al momento de la vista de consideración y al

momento de la Resolución de Reconsideración. En específico, aducen

que, el no contar con un amigo consejero, hacía su salida en libertad

bajo palabra una inviable. Así las cosas, procedemos a resolver.

19
     Maldonado Elías v. González Rivera, supra, págs. 275-276.
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      Surge del expediente que en la Resolución emitida el 14 de

marzo de 2023, notificada el 20 de marzo de 2023, la Junta

determinó que el señor Salas Cordero no era un buen candidato

para el privilegio de libertad bajo palabra, pues no cumplió con los

requisitos de (1) oferta de empleo, (2) planes de estudios, y (3)

candidato a amigo consejero. Dentro de su discreción como agencia

administrativa, la Junta consideró los criterios necesarios para

determinar si concedía o no el privilegio. En este caso, y según la

prueba presentada ante la Junta, el señor Salas Cordero no era

merecedor de dicho privilegio, por no cumplir con los criterios

requeridos tanto por el Reglamento Núm. 9232 como por la Ley

Núm. 118, supra.

      De los hechos se desprende que el señor Salas Cordero

presentó una carta de aceptación para el estado de Georgia emitida

el 15 de diciembre de 2022. Como parte de sus alegaciones, el

recurrente arguye que, al haber obtenido la aceptación en el

programa de reciprocidad para cumplir su sentencia en el estado de

Georgia, y en la reglamentación de ese estado no se requiere un

amigo consejero, no es necesario que en este caso cumpliera con

dicho requisito. No le asiste la razón.

      Precisamente la ley en este caso requiere que el criterio de

amigo consejero sea cumplido, para que la Junta lo tome en

consideración al momento de otorgar o denegar el privilegio de

libertad bajo palabra. El mero hecho de haber presentado la

aceptación para cumplir su sentencia en el estado de Georgia no

implica que automáticamente aplica la ley vigente en dicho estado y

que el privilegio será concedido. Sino que la persona que solicita el

privilegio de libertad bajo palabra debe cumplir con los todos

requisitos de las leyes y reglamentos de nuestro ordenamiento

jurídico, para que la Junta llegue a una determinación; si cumple o

no con los criterios establecidos para ello. Además, la fecha de
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emisión de la aceptación al estado de Georgia está fechada al 15 de

diciembre de 2022, con vigencia de ciento veinte (120 días), por lo

que al momento de emitirse la Resolución en reconsideración el 25

de abril de 2023, se encontraba vencida.

       Enfatizamos que, según el Reglamento, el plan de salida

requiere contar con un amigo consejero que coopere con la Junta y

el Programa de Comunidad del Departamento de Corrección y

Rehabilitación.20 Además, el Reglamento dispone que la Junta debe

corroborar que el candidato a amigo consejero resida en el área

limítrofe al Programa de Comunidad con competencia y que tenga

contacto frecuente con el recurrente.21 Es preciso destacar que, la

aceptación del amigo consejero no es automática. La persona que

consiente a esta encomienda queda sujeta a investigación por parte

de la Administración de Corrección.

       El Programa de Reciprocidad del DCR comunicó a la Junta

que el 26 de mayo de 2023, que al recurrente le fue aprobada una

nueva carta de aceptación, la cual será considerada al evaluar el

caso nuevamente en marzo de 2024. En vista de lo anterior, la Junta

determinó correctamente que el recurrente no poseía, en el momento

del proceso de consideración del privilegio de libertad bajo palabra,

un amigo consejero para su plan de salida, por lo que no cumplió

con los criterios establecidos por ley.

       Por otro lado, la Junta tomó en consideración la opinión de

las víctimas del delito cometido por el señor Salas Cordero, de la

cual se desprende que no fue una positiva ni beneficiosa para el

recurrente, pues estos temen por su vida, de este ser liberado de su

sentencia. La Ley Núm. 118, en el Artículo 3-D (8) establece que uno

de los criterios a tomar en consideración es la opinión de la víctima.

20   Artículo   X,   Sección    10.1(B)(7)(f)(i),   Reglamento   de   la   Junta
de Libertad Bajo Palabra, supra.
21
     Artículo   X,   Sección     10.1(B)(7)(f),     Reglamento   de   la   Junta
de Libertad Bajo Palabra, supra.
KLRA202300241                                                       15

Asimismo, el Artículo X, Sección 10.1 Reglamento Núm. 9232,

dispone que entre los criterios de elegibilidad se encuentra la

opinión de la víctima. En lo pertinente, dispone que “la opinión de

la víctima constituye un factor a ser considerado por la Junta, pero

la determinación sobre el grado de rehabilitación de un peticionario

y si está capacitado para continuar cumpliendo su sentencia en la

libre comunidad es prerrogativa de la Junta”.

      El marco de revisión de este Tribunal se circunscribe a un

estándar de razonabilidad. En ese contexto, concluimos que la

determinación    recurrida   se   fundamentó     en   el   expediente

administrativo y constituyó una actuación razonable dentro de las

prerrogativas de la agencia administrativa. Por ello, la determinación

administrativa merece nuestra deferencia. Las determinaciones de

hechos de organismos y agencias tienen a su favor una presunción

de regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte

que las impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.

El señor Salas Cordero no demostró de manera indudable y

fehaciente que la Junta actuó de manera caprichosa, irrazonable,

ilegal o fuera del marco de los poderes delegados en ésta. Por todo

lo anteriormente expuesto, confirmamos la Resolución recurrida.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Resolución recurrida de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones