Court Opinion

ID: 9962761
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:49:45.439135+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:32.646136
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL X

       MARIETTE IRIZARRY                            CERTIORARI
          MARTÍNEZ                                  procedente del Tribunal
     DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                     de Primera Instancia, Sala
                                      KLCE202301421 Superior de SAN JUAN

                 V.                                          Civil Núm.:
                                                             SJ2022CV11001 (804)

      RESTAURANTE EL VIEJO                                   Sobre:
    ALMACÉN; ALFREDO JUNCOS;                                 Daños y Perjuicios
       ASEGURADORA XYZ                                       (Ley de Represalia en el
    DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                             Empleo; Hostigamiento
                                                             Sexual)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente.

                                  RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 13 de marzo de 2024.

        Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Restaurante El

Viejo Almacén y Otros (RESTAURANTE) y el señor Alfredo Juncos (señor

JUNCOS) mediante recurso de Certiorari incoado el 14 de diciembre de 2023.

En su escrito, nos solicita(n) que revisemos la Resolución decretada el 29 de

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI).1 Mediante esta decisión, el foro primario denegó la Moción Para

Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci presentada el 1 de

noviembre de 2023 por el RESTAURANTE y el señor JUNCOS.

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

                                            -I-

        El 20 de diciembre de 2022, la señora MARIETTE IRIZARRY MARTÍNEZ

(señora IRIZARRY MARTÍNEZ) instó Demanda reclamando hostigamiento

1
 Este dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 30 de noviembre de 2023. Véase
Apéndice del Certiorari, págs. 49-51.

Número Identificador: RES2024________________
KLCE202301421                                                                Página 2 de 11

sexual al amparo de la Ley Núm. 17 de 1988, según enmendada, y represalias

(únicamente contra el RESTAURANTE) bajo la Ley Núm. 115 de 1991, según

enmendada.2 La señora IRIZARRY MARTÍNEZ manifestó que comenzó a

trabajar como empleada por tiempo indeterminado el 26 de octubre de 2022

en el RESTAURANTE EL VIEJO ALMACÉN. Arguyó, además, que el 7 de

noviembre de 2022, fue despedida durante el período probatorio. Expuso que

el 29 de octubre de 2022, observó a varios compañeros de trabajo ingiriendo

bebidas alcohólicas y el señor JUNCOS, quien era el cocinero jefe (chef), se le

acercó bruscamente y le agarró por la boca acercando su cara muy cerca de

sus labios. Continuó exponiendo que al día siguiente llamó al señor ADRIÁN

ROMERO (señor ROMERO) y no asistió al trabajo. Además, se reunió con el

señor ROMERO y le informó de la conducta impropia del señor JUNCOS. Ante

esa situación, el 1 de noviembre de 2022, la señora IRIZARRY MARTÍNEZ

comenzó a laborar en el RESTAURANTE LA PICCOLINO bajo la supervisión de

los cocineros jefes (chefs) Marcelo e Irma.

        En consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el RESTAURANTE presentó su

Contestación a Demanda.3 En lo pertinente, negó la mayoría de las

alegaciones de la señora IRIZARRY MARTÍNEZ. Argumentó que la señora

IRIZARRY MARTÍNEZ no fue objeto de trato ilegal, discriminatorio, humillante

o en represalia en el empleo. Aseguró que el despido fue por no cumplir con

su trabajo, por su falta de conocimiento y su pobre rendimiento en sus

labores. A su vez, el señor JUNCOS presentó un escrito titulado Contestación

del Codemandado, Sr. Alfredo Juncos a la Demandada [sic].4 En síntesis, el

señor JUNCOS señaló que no incurrió en conducta de naturaleza sexual que

resultara ofensiva a una persona prudente y razonable.

2
  Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo, 29 LPRA § 155; Ley de Represalias
Contra el Empleado por Ofrecer Testimonio, 29 LPRA § 194. Véase Apéndice del Certiorari,
págs. 1- 8.
3
  Íd., págs. 9- 16.
4
  Íd., págs. 17- 24.
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        Como parte del descubrimiento de prueba, la señora IRIZARRY

MARTÍNEZ anunció al doctor Gastón Ricci Gómez como su testigo pericial. El

doctor Gastón Ricci Gómez, quien es natural de Uruguay, efectuó un examen

médico sobre el estado mental de la señora IRIZARRY MARTÍNEZ. Dicha

evaluación fue realizada mediante videoconferencia desde Uruguay.

        Ante ello, el 1 de noviembre de 2023, el RESTAURANTE y el señor JUNCOS

presentaron Moción para Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci.5

Su petición se fundamentó en que la evaluación del doctor Gastón Ricci

Gómez implicó un análisis médico, lo cual requiere – para su admisibilidad –

la licencia para ejercer la profesión en Puerto Rico, por lo que, incumple con

la Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. Posteriormente, el 21 de

noviembre de 2023, la señora Irizarry Martínez presentó su Oposición a

Moción In Limine de la Parte Demandada.6 Arguyó que de ninguna manera el

doctor Gastón Ricci Gómez está ejerciendo la medicina en Puerto Rico, pues

no la está tratando, ni recetando, ni diagnosticando. Aseguró, que se trata de

una función pericial independiente e imparcial, sobre un supuesto concreto.

Consecuentemente, el 29 de noviembre de 2023, el tribunal primario emitió

la Resolución impugnada expresando:7

        El hecho de que dicho perito no tenga licencia para ejercer en
        Puerto Rico no es óbice de por sí para descartarlo (…) la
        evaluación que realizó el Doctor Ricci fue una para observar y
        analizar el estado mental de la querellante y rendir su informe,
        no es para “diagnosticar una condición médica, ni tratar al
        paciente”. Por tanto, le daremos el valor probatorio que nos
        merezca.

        Inconformes con ese proceder judicial, el 14 de diciembre de 2023, el

RESTAURANTE y el señor JUNCOS incoaron ante este Tribunal de Apelaciones

un Certiorari. En el mismo, señala(n) el(los) siguiente(s) error(es):

            Erró el TPI al no conceder nuestra Moción Para Excluir
            Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci.

5
  Véase Apéndice del Certiorari, págs. 26- 39.
6
  Íd., págs. 40- 43.
7
  Íd., pág. 51.
KLCE202301421                                                                Página 4 de 11

              Erró el TPI al permitir el testimonio del Doctor Ricci
              sobre un examen médico de estado mental sin estar
              autorizado en ley para ello.

              Erró el TPI al adjudicar que la Regla 32.1 de las Reglas de
              Procedimiento Civil no requiere que el profesional que
              realiza un examen médico de estado mental.

        El 20 de diciembre de 2023, intimamos Resolución en la cual

concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la cual no

debamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen impugnado. Así

las cosas, el 27 de diciembre de 2023, la señora IRIZARRY MARTÍNEZ presentó

su Moción en Cumplimiento de Orden. Posteriormente, el 31 de enero de 2024,

la señora IRIZARRY MARTÍNEZ presentó su Alegato en Oposición a Recurso de

Certiorari.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s)

controversia(s) planteada(s).

                                          - II -

                                          -A-

        El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas

por una corte de inferior instancia judicial.8 Por ello, la determinación de

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la

discreción judicial.9

        De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.10

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de

8
   Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres
González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,
206 DPR 391, 403 (2021).
9
   Íd.
10
    Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
KLCE202301421                                                                  Página 5 de 11

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto

del derecho”.11

        Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.12 La mencionada Regla

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo”.13 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este

auto discrecional cuando:14

        (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
        de hechos o peritos esenciales;
        (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
        (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
        (4) en casos de relaciones de familia;
        (5) en casos revestidos de interés público; o
        (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
        constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 15

        Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.16

        Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en

el vacío o en ausencia de otros parámetros.17 Para ello, la Regla 40 de nuestro

11
   Íd.
12
   32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
13
   Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
14
   IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012). (énfasis nuestro).
15
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare
v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).
16
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
17
   McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.
KLCE202301421                                                                 Página 6 de 11

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no

expedir un recurso de certiorari. A saber:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia
        de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
        análisis del problema;
        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en
        la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia;
        (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la
        luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
        alegatos más elaborados;
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más
        propicia para su consideración;
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan
        un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en
        la solución final del litigio; y
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un
        fracaso de la justicia.18

        Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva,

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el

ejercicio de nuestra jurisdicción.19 En otras palabras, los anteriores criterios

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se

encuentra el caso.20 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”21

        Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.22 Esto es, “que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

18
   4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v.
Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
19
   García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
20
   Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., supra, pág. 712.
21
   Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO
Construction Inc., supra.
22
   García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
KLCE202301421                                                      Página 7 de 11

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.23

                                            -B-

        La Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 prescribe que en

todo pleito en el que el estado mental o físico de una parte esté en

controversia, “la sala ante la cual esté pendiente el pleito podrá ordenarle

que se someta a un examen físico o mental por un(a) profesional

autorizado(a) por ley para efectuarlo […]”.24 De igual manera, la propia

Regla 32.1, dispone que cuando una parte formule alegaciones sobre su estado

físico o mental, “se entenderá que ha renunciado a su derecho a la intimidad

sobre aquellos expedientes médicos o psicológicos relacionados con la

controversia”.25 El mencionado procedimiento inicia mediante moción,

aseverando la necesidad de practicar, para los fines del pleito, el examen

médico o mental de la parte contraria; se alegará que el estado físico y mental

de esa parte esta en controversia y además, se nombrará al profesional

autorizado por ley para efectuarlo.26

        Asimismo, debemos señalar que el ejercicio de discreción en materia

de descubrimiento de prueba no es revisable por los tribunales apelativos a

menos que se demuestre que el tribunal primario: (1) actuó movido por

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo.27

                                            -C-

        El perito “es una persona que, a través de la educación o experiencia,

ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una materia de manera

23
   Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
24
   (énfasis nuestro).
25
   32 LPRA Ap. V R. 32.1.
26
   Íd.
27
   Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).
KLCE202301421                                                                     Página 8 de 11

que puede formar una opinión que sirva de ayuda al juzgador”.28 Este experto

ha sido considerado como “‘la persona entendida, el individuo competente,

idóneo, por tener unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer

una adecuada capacidad’”.29

        Es decir, la función del perito en un litigio es auxiliar al tribunal.30

Cónsono con esa función, la Regla 709, inciso (a), de las de Evidencia, permite

al tribunal nombrar, motu proprio o a solicitud de parte, una o más personas

como peritas. Antes de nombrarlo, el tribunal debe concederles a las partes

la oportunidad de fijar sus posturas en cuanto a la necesidad de peritos,

sugerir candidatos y aceptar la persona como perita.31 La citada Regla 709,

permite al tribunal de instancia nombrar a cualquier persona como perita, ya

sea por estipulación de las partes o por su selección.32

        Empero, independientemente de que el perito haya sido nombrado

por el tribunal, la aludida Regla 709 impone a la persona nombrada como

perita el deber de notificar sus hallazgos a las partes.33 También, la persona

perita estará sujeta a ser depuesta por cualquiera de las partes y podrá ser

citada como testigo por el tribunal o por las partes.34 Ahora bien, ello no

limita a las partes a presentar el testimonio de algún perito(a) de su

elección.35

        A su vez, nuestro Derecho Probatorio rige lo concerniente a la

admisibilidad, la calificación, y el valor probatorio que ha de otorgar el

juzgador al testimonio de un perito.36 La admisibilidad de un testimonio

pericial será determinada por el tribunal primario a tenor con lo dispuesto en

28
    S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010), citando a Black´s Law
Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, pág. 619. Véase, además, la Regla 703 de las
de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 703.
29
    SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 338, citando a San Lorenzo Trad., Inc. v.
Hernández, 114 DPR 704, 709 (1983).
30
   Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 32 (1999) (Sentencia). Véase, además, la Regla 702 de
las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702.
31
   Íd.
32
   Íd.
33
   Rentas Nieves v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 426-427 (2018).
34
   Regla 709 (a) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 709 (a).
35
   Regla 709 (d) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 709 (d).
36
   Véase, E. Rivera García, El Valor del Testimonio Pericial en los Procedimientos Judiciales, 47
Rev. Jur. U. Inter. PR 87, 96 (2013).
KLCE202301421                                                            Página 9 de 11

la Regla 403 de las de Evidencia.37 El foro de primera instancia deberá resolver

si el testigo está calificado como perito o las partes podrían estipular su

calificación.38 “[A]l momento de que el tribunal determine si un testigo

cualifica como perito y, por ende, si es admisible su testimonio pericial, lo

que se requiere es que posea un conocimiento científico, técnico o

especializado que sea de ayuda a la juzgadora o al juzgador para poder

entender la prueba o determinar un hecho en controversia”.39

        Una vez ello ocurra, el juzgador, guiado por los factores esbozados en

la Regla 702, le concederá el valor probatorio que le merezca el testimonio

pericial.40 Estos factores son:

        (a) si el testimonio está basado en hechos o información suficiente;
        (b) si el testimonio es el producto de principios y métodos confiables;
        (c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera
        confiable a los hechos del caso;
        (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado
        generalmente en la comunidad científica;
        (e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y
        (f) la parcialidad de la persona testigo.41

        Nuestro ordenamiento jurídico permite a las partes presentar prueba

para impugnar o sostener la credibilidad del perito y, en consecuencia, incidir

sobre el valor probatorio de su testimonio.42 El tribunal no está obligado a

aceptar las conclusiones de un perito.43

                                          - III -

        Por estar íntimamente relacionados, discutiremos de forma conjunta

los señalamientos de error aducidos por el RESTAURANTE y el señor JUNCOS.

Los tres (3) errores van dirigidos a impugnar la denegatoria de la Moción para

Excluir Testimonio Pericial del Doctor Gastón Ricci. Esencialmente,

RESTAURANTE y el señor JUNCOS exponen que no cuestionan las

cualificaciones ni los estudios del doctor Ricci Gómez, sino que su argumento

37
   32 LPRA Ap. VI, R. 403.
38
   32 LPRA Ap. VI, R. 703.
39
   S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 344.
40
   Íd., pág. 343.
41
   32 LPRA Ap. VI, R. 702.
42
   32 LPRA Ap. VI, R. 703.
43
   S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 346.
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va dirigido a que este no está emitiendo una opinión pericial en sí, sino que

hizo una entrevista clínica psiquiátrica por videoconferencia desde Uruguay.

Añadieron que, la circunstancia en la cual el doctor Ricci Gómez emitió su

opinión profesional se aleja de lo establecido en la Regla 32.1 de las de

Procedimiento Civil de 2009 a los fines de la realización de un examen

médico. Aseguraron que, para administrar un examen psiquiátrico, el doctor

Ricci Gómez tiene que poseer la licencia para ejercer la medicina en Puerto

Rico.

        Por su parte, la señora IRIZARRY MARTÍNEZ manifestó que la

controversia es una de derecho probatorio y no de una interpretación de la

Regla 32.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 en lo relativo a exámenes

médicos. Fundamentó, además, que el doctor Ricci Gómez observó y analizó

el estado mental de la señora IRIZARRY MARTÍNEZ únicamente para facilitar la

información científica al tribunal. Incluso, añadió que, el doctor Ricci Gómez

se valió en gran medida del Manual Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales (DSM- V) para formular su opinión al tribunal.

        Ahora bien, como expusimos anteriormente, este Tribunal de

Apelaciones no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales

de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

ha mediado prejuicio, parcialidad, error craso y manifiesto o se equivocó en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de Derecho

sustantivo, y nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio

sustancial.

        Tras justipreciar el recurso de Certiorari del RESTAURANTE y el señor

JUNCOS, es forzoso deducir que no concurren todos los criterios que

justificarían el ejercicio de nuestra facultad para revisar esta determinación

judicial.

        Este Tribunal colige que el RESTAURANTE y el señor JUNCOS no han

presentado fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto de
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certiorari, conforme a los criterios que guían nuestra discreción para ejercer

nuestra facultad revisora en este tipo de recurso. Por tanto, procede denegar

la expedición del presente recurso. Ello pues, resulta evidente que la

determinación emitida por el tribunal primario en cuanto a permitir el

testimonio      del   doctor   Ricci   Gómez    como   perito   es    razonable,

sustancialmente correcto y no vislumbramos error alguno que precise

nuestra intervención.

       Precisamos que nada impide que las partes puedan recurrir

nuevamente, de entenderlo necesario, una vez el foro primario adjudique, en

sus méritos, la totalidad de las controversias. Esto otras palabras, la

denegatoria a la expedición del auto de certiorari no prejuzga este caso.

                                       - IV -

       Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición del

auto de Certiorari instado el 14 de diciembre de 2023 por el Restaurante El

Viejo Almacén y Otros y el señor Alfredo Juncos, ello a tenor con la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones