Court Opinion

ID: 9890366
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:21.873284+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:32.643275
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

      EL PUEBLO DE                                Certiorari
      PUERTO RICO                                 procedente del
                                                  Tribunal de
         Recurrido                                Primera Instancia,
                                                  Sala de Mayagüez
              v.
                                KLCE202301048 Por:
ALEXIS ALICEA TORRES                          Art. 131 C.P. y
                                              Otros
        Peticionario
                                                  Caso Número:
                                                  I1VP202300945 y
                                                  Otros

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, jueza ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      La parte peticionaria, Alexis Alicea Torres, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, el 12 de

septiembre de 2023, notificada el 13 del mismo mes y año. Mediante

la misma, el foro primario ordenó que el testimonio de la menor AAG

sea presentado a través del Sistema de Circuito Cerrado.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del auto solicitado y se declara No Ha Lugar la

Moción de Paralización y en Auxilio de Jurisdicción.

                                    I

      Por los hechos ocurridos entre los años 2020 al 2023, se le

radicaron cargos al peticionario, el 8 de agosto de 2023, por haber

infringido los Artículos 130, 131 y 283 del Código Penal de 2012, 33

LPRA secs. 5191, 5192 y 5376, y el Artículo 59 de la Ley para la

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, Ley Núm. 246-2011,

8 LPRA sec. 1174. Los mismos respectivamente tipifican los delitos

Número Identificador
RES2023 ________________
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de agresión sexual, incesto, amenaza y maltrato. Evaluada y

adjudicada la prueba, el juez encontró causa probable para arresto

por todos los delitos imputados.

          Tras varias incidencias, el 28 de agosto de 2023, el Ministerio

Público presentó una Moción Solicitando Vista de Necesidad y

Presentación de Testimonio Mediante el Sistema Televisivo de Circuito

Cerrado. En la misma, informó que la víctima era menor de edad e

hija del imputado. Además, sostuvo que existía la posibilidad de que

la menor, al testificar en presencia del imputado, “sufra un disturbio

emocional que le haría imposible comunicarse razonable y

efectivamente”1. Por ello, solicitó al Tribunal de Primera Instancia

que celebrara una vista de necesidad al amparo de la Regla 131.1

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 131.1.

          En respuesta, el 31 de agosto de 2023, el señor Alicea Torres

presentó una Moción en Oposición a Utilización de Sistema Televisivo

de Circuito Cerrado. En síntesis, expuso que los planteamientos del

Ministerio Público para solicitar que el testimonio de la menor se

presentara mediante circuito cerrado eran especulativos y no

estaban fundamentados con prueba pericial.2 En virtud de lo

anterior, peticionó que se declara sin lugar la solicitud promovida

por el Ministerio Público.

          Así las cosas, el 12 de septiembre de 2023, se celebró la

referida vista de necesidad. Ese mismo día, luego de escuchada la

prueba y tras entender sobre los respectivos argumentos de las

partes, el tribunal primario emitió la Resolución y Orden recurrida,

notificada el 13 de septiembre de 2023. Mediante la misma, además

de señalar la vista preliminar para el 28 de septiembre de 2023, a

las 9:00AM, ordenó que el testimonio de la menor AAG fuese

presentado a través del Sistema de Circuito Cerrado.

1
    Véase, Anejo II de la petición de certiorari, pág. 12 del Apéndice.
2 Véase, Anejo III de la petición de certiorari, pág. 16 del Apéndice.
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       Inconforme, el 22 de septiembre de 2023, el peticionario

compareció     ante        nos   mediante        el      presente     recurso

de certiorari. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2023, sometió

a nuestra consideración una Moción de Paralización y en Auxilio de

Jurisdicción. En su recurso propone el siguiente señalamiento:

      Erró el TPI al ordenar la presentación del testimonio
      mediante el Sistema Televisivo de Circuito Cerrado, a
      pesar de que el estado no demostró la presencia del
      imputado durante el testimonio de AAG probablemente
      le cause un serio disturbio emocional que no le permita
      comunicarse, en violación al debido proceso de ley y el
      derecho a la confrontación.

      En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 25 de

septiembre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico, representado por la

Oficina del Procurador General, compareció el 26 de septiembre de

2023, mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.

      Luego de evaluados los escritos de las partes y tras haber

escuchado la regrabación del procedimiento en controversia,

estamos en posición de disponer del presente asunto.

                                    II

      El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, Res. 8 de mayo de 2023, 2023 TSPR

65; Mcneil Healthcase v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659 (2021);

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Mediante la presentación de un

recurso   de certiorari,    se   pretende   la        revisión   de   asuntos

interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de instancia en

el transcurso y manejo del caso que atienden. Distinto al ejercicio

de sus funciones respecto a un recurso de apelación, el tribunal al

que se recurre mediante el vehículo procesal del recurso de certiorari

tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expedir el

auto solicitado o denegarlo. 800 Ponce de León v. AIG, supra; Rivera
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Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); Pueblo v. Díaz

de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334

(2005). No obstante, “[e]l examen que hace el tribunal apelativo,

previo a expedir un certiorari, no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros.” 800 Ponce de León v. AIG, supra; IG Builders et

al. v. BBVAPR, supra.

      La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra

facultad discrecional. Estos son:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

     Ahora    bien,     la   correcta   consecución   de   la   justicia

necesariamente conlleva reconocer a los juzgadores de los foros

primarios un amplio margen de deferencia respecto al ejercicio de

sus facultades adjudicativas dentro del proceso que dirigen. De

ordinario, el criterio judicial empleado en el manejo de un caso al

emitir pronunciamientos de carácter interlocutorio está revestido de

gran autoridad.    De ahí la premisa normativa que califica la
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tramitación de los asuntos en el tribunal primario como una

inherentemente discrecional del juez. Siendo así, y sin apartarse de

los preceptos pertinentes al funcionamiento del sistema judicial, el

adjudicador concernido está plenamente facultado para conducir el

proceso     que    atiende   conforme       le   dicte   su   buen    juicio   y

discernimiento, siempre al amparo del derecho aplicable. In re

Collazo I, 159 DPR 141 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117

(1987).    Cónsono con ello, sabido es que los tribunales apelativos

no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro

primario y sustituir el criterio utilizado por éste en el ejercicio de su

discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o parcialidad

incurrió     en    craso     abuso      de       discreción   o      en     error

manifiesto”. Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al juzgador.

Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004). Al precisar su alcance, el

estado de derecho lo define como la autoridad judicial para decidir

entre uno o varios cursos de acción, sin que ello signifique

abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et al.,

supra. Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado al

concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento judicial

empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et al v.

ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). En

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,     hace    un   análisis   liviano    y la    determinación        resulta

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra, pág. 736.
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                                  III

      Un examen de la presente causa mueve nuestro criterio a

resolver que no existe condición legal alguna que nos invite a

imponer el ejercicio de nuestras funciones sobre aquel efectuado por

el Tribunal de Primera Instancia. Luego de examinar el expediente

de autos, así como la regrabación de los procedimientos de la vista

en cuestión, colegimos que nada sugiere que, en el quehacer de su

gestión adjudicativa, el foro primario haya incurrido en error de

derecho o abuso de discreción, de modo tal que resulte meritoria

nuestra intervención en el asunto. A nuestro juicio, la determinación

recurrida obedece al sano empleo del criterio del Juzgador para

disponer del asunto sometido a su escrutinio, ello conforme a la ley

aplicable. Siendo así, por no estar presentes los criterios estatuidos

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

resolvemos no expedir el auto solicitado.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del recurso de certiorari solicitado. Por igual, se declara No Ha Lugar

la Moción de Paralización y en Auxilio de Jurisdicción.

      Notifíquese inmediatamente a todas las partes y al Honorable

Juez Héctor L. López Sánchez del Tribunal de Primera Instancia,

Sala de Mayagüez.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones