Court Opinion

ID: 9408087
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:15:56.484499+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.582388
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

    ZULMA GONZÁLEZ                            CERTIORARI
       SANTIAGO                               Procedente del
                                              Tribunal de Primera
         Recurrida                            Instancia, Sala
                                              Superior de San
              v.                KLCE202300603 Juan

CORPORACIÓN PARA EL                               Civil Núm.:
    DESARROLLO                                    SJ2018CV01790
   EMPRESARIAL Y                                  (504)
CULTURAL DE LA ISLETA
    DE SAN JUAN                                   Sobre: Despido
                                                  Injustificado (Ley
          Recurrido                               80-1976) y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Comparece ante nos la Corporación para el Desarrollo

Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (“CODEVISA”) y el

señor Rafael Oller (“Sr. Oller”), (en conjunto, “los Peticionarios”)

mediante Petición de Certiorari presentada el 26 de mayo de 2023.

Nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida el 2 de mayo de

2023, notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Superior de San Juan (“foro primario” o “foro a

quo”). Por virtud de esta, el foro primario declaró No Ha Lugar la

solicitud de desestimación presentada por la parte Peticionaria.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS

la expedición del auto de certiorari.

                                    I.

      Los hechos que originan la presente reclamación surgen

cuando el 3 de abril de 2018, la señora Zulma González Santiago

(“Sra. González Santiago” o “Recurrida”), incoó una Querella sobre

Número Identificador

SEN(RES)2023____________
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despido       injustificado     al    amparo   del   procedimiento   sumario

dispuesto en la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada,

32 LPRA sec. 3118 et seq.1 Mediante esta, alegó que trabajó en

CODEVISA desde marzo de 2006 hasta que fue despedida el 14 de

diciembre de 2017. Sostuvo que varios empleados de la Corporación

le expresaron su malestar por las condiciones de empleo. Esboza,

además, que producto de ello, el Sr. Oller hizo expresiones falsas

ante la Junta de Directores de CODAVISA y de los comerciantes del

Viejo San Juan en torno a que ésta incitaba a los empleados a

“ejercer sus derechos contra CODEVISA ante el Departamento del

Trabajo”. Señaló que en el mes de diciembre de 2017 le comunicaron

que se había iniciado una investigación en su contra y la

suspendieron de empleo. Así las cosas, el 14 de diciembre de 2017,

recibió comunicación de su patrono notificándole su despido.

          Por tales razones, arguyó que su despido fue injustificado y

nulo, toda vez que no se realizó conforme al Manual de Empleados

de la compañía. Sostuvo, además, que las actuaciones negligentes

del Sr. Oller le ocasionaron daños emocionales que se estiman en

una cantidad de $20,000.00. También, solicitó el pago de la mesada

y una cuantía de $1,800.00 por concepto de salarios y beneficios

dejados de percibir.

          Posteriormente, el 31 de mayo de 2018, la Sra. González

Santiago enmendó la querella a los fines de incluir una segunda

causa de acción de daños y perjuicios contra el Sr. Oller en su

carácter individual, puesto que las acciones de este último dieron

lugar a su despido.

          Tras varios tramites procesales, el 26 de octubre de 2018, los

Peticionarios presentaron Solicitud de Sentencia Sumaria.2 Por

1   Apéndice certiorari, págs. 2-4.
2   Íd., págs. 13-22.
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virtud de esta, solicitaron la desestimación de la reclamación de

despido injustificado presentada al amparo de la Ley sobre Despidos

Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec.

185a et seq. (“Ley Núm. 80”), toda vez que entendían que dicho

estatuto no les era de aplicación. En particular, expresaron que

CODEVISA era una corporación municipal y la definición de patrono

de la Ley Núm. 80, supra, expresamente excluye a las corporaciones

municipales. Expusieron, además, que procedía la desestimación de

la causa de acción de daños y perjuicios contra el Sr. Oller puesto

que el único remedio que permite la Ley Núm. 80, supra, es la

mesada.

          Así las cosas, el 7 de mayo de 2020, el foro a quo emitió y

notificó Resolución en la que formuló las siguientes determinaciones

de hechos:3

          1. La parte querellante, Zulma González Santiago
             trabajó para CODEVISA desde marzo de 2006 hasta
             el 17 de diciembre de 2017.
          2. Que la querellante ocupó varios puestos siendo el
             último oficial administrativa y de contabilidad por el
             cual recibía una compensación.
          3. CODEVISA es la Corporación para el Desarrollo
             Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan. Ésta
             se ubica en la Calle Tanca 201, Viejo San Juan.
          4. CODEVISA se dedica a crear movimiento económico
             en el municipio de San Juan y a proveer apoyo a los
             pequeños comerciantes. CODEVISA es una
             corporación especial del Municipio de San Juan.
          5. CODEVISA recibe fondos federales que le otorga el
             Municipio de San Juan, además de recibir otros
             fondos ordinarios que, de igual forma, el Municipio
             le asigna para poder ejecutar el trabajo. Dicha
             asignación de fondos varía según la economía y los
             años fiscales. CODEVISA podía recibir hasta
             $90,000.00 en fondos ordinarios y $250,000.00 en
             fondos federales. Para obtener dichos fondos,
             CODEVISA presenta una propuesta anual al
             Municipio de San Juan.
          6. Los fondos que recibe CODEVISA se utilizan para
             cubrir gastos de nómina, cubrir los gastos de
             “overtime”, entre otras cosas.

3   Íd., págs. 23-26.
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         7. Los fondos que le asigna el Municipio de San Juan a
            CODEVISA componen el 90% del presupuesto anual
            de CODEVISA.
         8. La fuente principal de dinero de CODEVISA es el
            Municipio de San Juan.
         9. El restante 10% del presupuesto de CODEVISA
            proviene del alquiler de espacios a restaurantes para
            café al aire libre. Dicho dinero se utiliza para pagar
            la renta y los gastos de oficina.
        10. El salario de los choferes lo paga CODEVISA
            utilizando los fondos federales que recibe del
            Municipio de San Juan.
        11. CODEVISA adoptó un manual de empleados en el
            que estableció un procedimiento para disciplinar a sus
            empleados.

         En esencia, el foro primario determinó que no existía

controversia de que CODEVISA era una corporación municipal, por

lo que no le aplican las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra.

Como corolario de ello, desestimó la causa de acción al amparo de

dicha Ley. No obstante, concluyó que existía controversia de hechos

sobre si CODEVISA incumplió o no el procedimiento disciplinario

establecido en su Manual para Empleados, al momento de despedir

a la Recurrida. Por lo que, declaró No Ha Lugar la solicitud de

sentencia sumaria.

         Posteriormente, el 25 de enero de 2023, se celebró la

Conferencia con Antelación al Juicio.4 Según surge de la Minuta, la

parte Peticionaria estableció que la Recurrida no contaba con

evidencia admisible en juicio para probar la causa de acción que

estaba pendiente de dilucidarse. En específico, alegó que la

Recurrida no contaba con un testigo que autenticara el Manual de

Empleados, única prueba en su contra. En oposición, la Recurrida

señaló que su testimonio sería suficiente para probar sus

alegaciones. Evaluados los planteamientos de cada parte, el foro

primario señaló la vista de juicio en su fondo para celebrarse los

días 6 y 7 de junio de 2023.

4   Véase Minuta en el Apéndice certiorari, págs. 50-51.
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          En vista de ello, el 15 de febrero de 2023, los Peticionarios

presentaron Moción Contra la Prueba y Solicitud de Desestimación.5

Mediante esta, esgrimieron que por virtud de la Regla 39.2 (c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.39.2 (c), procedía la

desestimación de la reclamación. Señalaron que en el Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio la Recurrida anunció como

parte de su prueba el Manual de Empleados, sin embargo, carecía

de testigos que pudieran autenticar dicho documento. Añadieron

que la Recurrida no podía autenticar dicha prueba puesto que esta

“no estuvo envuelta en la redacción del manual, nunca ocupó un

puesto donde el conocimiento del manual fuera su responsabilidad,

no alega conocimiento especializado alguno del manual, no cuenta

con capacidad de recordar un manual que no le aplica desde el

2017, no puede testificar sin incurrir en parcialidad o interés y

tampoco puede producir el manual en su formato completo u

original”. Por tales razones, solicitaron la desestimación de la

reclamación.

          En respuesta, el 21 de marzo de 2023, la Sra. González

Santiago presentó Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición

a Solicitud de Desestimación.6 Por virtud de esta, argumentó que las

alegaciones de los Peticionarios eran insuficientes en derecho para

decretar la desestimación del caso. Sostuvo que tiene capacidad

para autenticar el Manual de Empleados pues conoce el mismo y

realizaba labores de administración de los recursos humanos de

CODEVISA. A su vez, esgrimió que el mecanismo utilizado por los

Peticionarios           para   la   desestimación   de   la   reclamación   era

prematuro, toda vez que el foro primario no había tenido la

oportunidad de aquilatar la prueba.

5   Íd., págs. 52-62.
6   Íd., págs. 63-70.
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      Evaluados los argumentos de cada parte, el 2 de mayo de

2023, notificada al próximo día, el foro a quo emitió Resolución

recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por los Peticionarios.

      Inconformes, el 26 de mayo de 2023, los Peticionarios

acudieron ante esta Curia y le imputaron al foro primario la

comisión del siguiente error:

      Erró el TPI al denegar la solicitud de desestimación
      presentada por los demandados-peticionarios al
      amparo de la Regla 39.2 (C) de las Reglas de
      Procedimiento Civil de Puerto Rico, habiendo ausencia
      de prueba admisible y careciendo la demandante de
      una reclamación que justifique la concesión de un
      remedio.

      Acompañaron su recurso de certiorari con una Moción Urgente

en Auxilio de Jurisdicción, en la que solicitaron la paralización de los

procedimientos ante el foro primario, la cual declaramos No Ha

Lugar.

                                  II.
                            A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril

de 2023; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos
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de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, supra; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201

DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se

deben tomar en consideración al evaluar si procede expedir un auto

de certiorari. Estos criterios son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
      (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa no causan un fraccionamiento indebido del
            pleito y una dilación indeseable en la solución final
            del litigio.
      (G)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
            causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO
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Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

              B. Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil

        La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, regula la

desestimación de una reclamación por insuficiencia de prueba,

disponiendo lo siguiente:

        (c) Después que la parte demandante haya terminado
        la presentación de su prueba, la parte demandada, sin
        renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que
        la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la
        desestimación fundándose en que bajo los hechos
        hasta ese momento probados y la ley, la parte
        demandante no tiene derecho a la concesión de
        remedio alguno. El tribunal podrá entonces
        determinar los hechos y dictar sentencia contra la parte
        demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta
        que toda la prueba haya sido presentada. A menos que
        el tribunal lo disponga de otro modo en su orden de
        desestimación, una desestimación bajo esta Regla 39.2
        y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya
        dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido
        acumular una parte indispensable, tienen el efecto de
        una adjudicación en los méritos. (Énfasis nuestro).

        La presentación de una moción al amparo de la Regla 39.2 (c)

de Procedimiento Civil, supra, conocida como una moción contra la

prueba o non-suit, faculta al tribunal a que, luego de la

presentación de la prueba por la demandante, pueda aquilatar la

misma y formular su apreciación de los hechos, según la

credibilidad que le haya merecido. Rivera Figueroa v. The Fuller

Brush. Co., 180 DPR 894, 916 (2011). “[L]e corresponde al tribunal

determinar si la prueba presentada por la parte demandante es

suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de su

particular causa de acción.” Íd. En caso de que el tribunal le

albergue duda, deberá requerirle al demandado que presente su

caso.

        Una desestimación bajo la Regla 39.2 (c) de Procedimiento

Civil, supra, se da en contra de la prueba, por lo que la decisión del
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tribunal dependerá de su apreciación de la prueba presentada. Se

trata de una decisión que descansa en la sana discreción del

tribunal. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). No

obstante, dada la gravedad de una desestimación de la causa de

acción, los tribunales deben ser cuidadosos al atender una moción

al amparo de dicha regla, pues conlleva el final de la reclamación de

un demandante y de su día en corte. Íd. Aunque se ha reconocido

en   nuestro   ordenamiento    que      los   tribunales   apelativos   no

intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por los foros

de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, ello no significa que exista inmunidad frente a la función

revisora. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., supra, citando a

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996); Monillor v. Soc. de

Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995).

                                 III.

      Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos

presentados por la parte Peticionaria, resolvemos que no se han

producido las circunstancias que exijan nuestra intervención en

esta etapa de los procedimientos. Aun cuando la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, faculta a este foro apelativo a intervenir

en la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es

la solicitud de desestimación, al amparo de los criterios que guían

nuestra   discreción   no   intervendremos       en   la   determinación

recurrida. En el presente caso, el foro primario emitió una

determinación discrecional y en ausencia de abuso de discreción,

este foro no debe intervenir con las determinaciones del foro

primario. La parte Peticionaria no ha demostrado que el foro de

instancia se excedió en el ejercicio de su discreción, ni que erró en

la interpretación del derecho. Tampoco constató que el abstenernos

de interferir en la determinación recurrida constituiría un fracaso
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irremediable de la justicia en esta etapa de los procesos, procede

que se deniegue el recurso de certiorari de epígrafe.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición

del auto de certiorari. A su vez, declaramos No Ha Lugar la Moción

Urgente en Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte

Peticionaria.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones