Court Opinion

ID: 9941452
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:37:23.245307+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:41.457377
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

ENRIQUE REYES GONZÁLEZ,                            Certiorari
 RUBÉN TOLEDO COLÓN Y                              procedente del
 EDGAR CUEVAS GALARZA                              Tribunal de
                                                   Primera
       Parte Peticionaria                          Instancia, Sala
                                     KLCE202301471 Superior de
               v.                                  Utuado
  S/M EL FLAMBOYÁN, INC.                            Civil Núm.:
  REPRESENTADO POR SU                               UT2021CV00466
  PRESIDENTE LUIS RADAI
      ROMERO LÓPEZ                                  Sobre:
        Parte Recurrida                           Despido
                                                  injustificado; Ley
                                                  Núm. 80;
                                                  Discrimen por
                                                  edad; Daños y
                                                  Perjuicios
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      Comparecen los señores Enrique Reyes González, Rubén

Toledo Colón y Edgar Cuevas Galarza (parte peticionaria) y solicitan

que revoquemos la Resolución y Orden emitida el 8 de noviembre de

2023, y notificada el 9 de noviembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Utuado. Mediante el

referido dictamen, el foro primario adjudicó una controversia

relacionada con el descubrimiento de prueba del caso.

      La parte recurrida, S/M Flamboyán, Inc., no compareció en

oposición a la expedición del auto.

      Examinada la solicitud de la parte peticionaria, y tras un

estudio detenido del expediente de autos, resolvemos denegar la

expedición del auto de certiorari.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202301471                                                                 2

                                       I.

       El 9 de noviembre de 2021, la parte peticionaria incoó una

demanda sobre despido injustificado y discrimen por razón de edad

en contra de S/M El Flamboyán, Inc. (S/M El Flamboyán),

representada por su presidente Luis Radai Romero López. Según las

alegaciones, los demandantes de la parte peticionaria trabajaron

para S/M El Flamboyán hasta el 19 de mayo de 2020, fecha en que

fueron despedidos sin justa causa. Adujeron, además, que fueron

discriminados por razón de su edad, por ser personas mayores de

40 años, y haberse reclutado empleados de menor edad o

antigüedad. Por lo anterior, solicitaron las indemnizaciones

correspondientes, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 80

de 30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80) y la Ley

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada (Ley Núm.

100), así como los honorarios de abogado correspondientes.1

       S/M El Flamboyán presentó su contestación a la demanda el

23 de diciembre de 2021. En su defensa, arguyó que medió justa

causa para los despidos, ya que éstos ocurrieron por motivo de la

implementación de cambios en la reorganización de la empresa tras

la disminución prevaleciente o anticipada de volumen de ganancias

o   producción,     por    las   cuales     sufrió   pérdidas     económicas

sustanciales.

       El 25 de mayo de 2022, la parte peticionaria cursó a S/M El

Flamboyán un Primer Interrogatorio, Producción de Documentos y

Requerimientos de Admisiones.

       Posteriormente, el 30 de agosto de 2022, la parte peticionaria

presentó una Moción en Solicitud de Orden. En ésta, pormenorizó

que dicha parte aún no había contestado el interrogatorio y, en

1 La parte peticionaria señaló que, previo a radicar la demanda, presentó una
querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo, recibiendo
autorización para radicar esta acción judicial mediante notificación enviada por
correo el 23 de agosto de 2021.
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cuanto al requerimiento de admisiones, indicó que éste fue

contestado por el gerente general y administrador de S/M El

Flamboyán (Sr. Manuel A. Muñoz), y no por el presidente de la

corporación (Sr. Luis Radai Romero López), a quien fue dirigido. La

parte peticionaria solicitó al tribunal que dictara una orden dirigida

a S/M El Flamboyán para que ésta enmendara los requerimientos

de admisiones y contestara el interrogatorio, más la imposición de

sanciones por no contestar el descubrimiento de prueba cursado.

      En oposición a la moción en solicitud de orden, S/M El

Flamboyán adujo que el Sr. Manuel A. Muñoz era un empelado con

autoridad suficiente para representar a la empresa y precisar la

información objeto del requerimiento de admisiones. Respecto al

interrogatorio, S/M El Flamboyán solicitó término para contestarlo.

      El 21 de septiembre de 2022, notificada el 26 de septiembre

de 2022, el TPI dictó una Resolución en la que concedió un término

a S/M El Flamboyán para que tanto el requerimiento de admisiones

como el interrogatorio fueran contestados por el Sr. Luis Radai

Romero López.

      El 10 de noviembre de 2022, S/M El Flamboyán presentó las

Contestaciones de la Parte Demandada al Primer Pliego de

Interrogatorios de la Parte Demandante. En dicho documento, el Sr.

Luis Radai Romero López contestó algunas preguntas y objetó otras.

      No obstante, el 20 de marzo de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción en Solicitud de Orden e Imposición de

Sanciones. En ésta, reseñó los esfuerzos realizados con la parte

adversa y las dilaciones e incumplimiento de dicha parte para

descubrir la prueba requerida. Por ello, solicitó al tribunal que le

ordenara a S/M El Flamboyán descubrir la prueba y que, además,
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le impusiera sanciones a tenor con lo dispuesto en la Regla 34 (3) de

Procedimiento Civil2.

       Por su parte, en la Oposición a Moción en Solicitud de Orden e

Imposición de Sanciones, S/M         El   Flamboyán   afirmó   haber

contestado adecuadamente ciertas preguntas del interrogatorio y

objetado aquellas que consideró impertinentes, onerosas o que

requerían información concerniente a terceras personas ajenas al

litigio.

       Posteriormente, las partes presentaron mociones en dúplica y

réplica en apoyo a sus respectivas posiciones. Luego, y con el fin de

precisar las controversias planteadas en cuanto al descubrimiento,

el 29 de junio de 2023, el TPI dictó una orden requiriendo a las

partes presentar una moción conjunta en la que identificaran y

estipularan: (1) el número y transcripción de la pregunta del

interrogatorio objetada; (2) la transcripción fiel y exacta de la

contestación completa brindada por S/M El Flamboyán; (3) la

objeción de la parte peticionaria a la contestación brindada; (4) la

posición de S/M El Flamboyán frente a la objeción.

       Las partes presentaron la Moción conjunta en cumplimiento de

orden el 11 de agosto de 2023. Más tarde, el 9 de noviembre de 2023,

el TPI notificó la Resolución y Orden recurrida. En el detallado

pronunciamiento, el foro primario incluyó la transcripción de las

preguntas del interrogatorio objetadas, así como de las respectivas

contestaciones, objeciones y réplicas a tales objeciones. Tras

detallar el análisis realizado a cada interpelación, el TPI concluyó

que S/M El Flamboyán contestó la mayoría de las preguntas en

disputa de manera adecuadas. No obstante, calificó de insuficientes,

inadecuadas o evasivas las respuestas a las preguntas número 20,

2 32 LPRA Ap. V, R. .34 (3).
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36, 38, 40 y 58. Por tanto, ordenó a S/M El Flamboyán a contestar

de manera clara y específica las preguntas así enumeradas.

      Por otra parte, el TPI coligió que la parte peticionaria no había

logrado demostrar la pertinencia para que se descubrieran los

siguientes documentos, los cuales, a su vez, contienen información

confidencial de terceras personas ajenas a la controversia: (1)

número de seguro social patronal de S/M el Flamboyán; (2) número

que identifica y utiliza como patrono en el Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos y en el Departamento de Hacienda, (3) todos

los formularios W-2 de las personas empleadas que ha tenido S/M

el Flamboyán para los años 2020, 2021 y 2022, y (4) todos los

formularios 1040-PR que S/M el Flamboyán haya rendido ante el

Departamento de Hacienda para el periodo entre mayo del 2020 al

presente. Por tanto, resolvió que tales documentos estaban fuera del

alcance del descubrimiento de prueba.

      En resumen, el TPI ordenó a S/M El Flamboyán a contestar

las preguntas número 20, 36, 38, 40 y 58 del Primer Interrogatorio y

Producción de Documentos y Requerimiento de Admisiones que le fue

cursado el 25 de mayo de 2022, en un término de veinte (20) días,

contados a partir de la notificación del pronunciamiento. La

resolución advirtió que la negativa a contestar lo ordenado podría

conllevar un desacato contra la parte que incumpla.

      El 27 de noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó

una Moción de Reconsideración. Insistió que las respuestas a las

preguntas número 4, 6, 8, 9, 13, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51 y 52,

del primer interrogatorio no fueron adecuadas, por lo que solicitó al

tribunal que le ordenara a S/M El Flamboyán contestarlas

apropiadamente. Además, alegó que los documentos que quedaron

fuera del alcance de descubrimiento de prueba eran pertinentes

para demostrar que los despidos que dieron lugar a la reclamación

no obedecieron a la condición financiera de la empresa.
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         El 28 de noviembre de 2023, el TPI dictó y notificó la

Resolución que declaró no ha lugar la moción de reconsideración de

la parte peticionaria.

         Así las cosas, el 29 de noviembre de 2023, S/M El Flamboyán

presentó un escrito mediante el cual suplementó las contestaciones

ordenadas por el tribunal. En la Resolución dictada el 30 de

noviembre de 2023, el TPI se dio por enterado de las respuestas

notificadas.

         El 28 de diciembre de 2023, la parte peticionaria instó el

presente recurso de certiorari y apuntó el siguiente señalamiento de

error:

         Cometió error y abusó de su discreción el Honorable
         Tribunal de Primera Instancia al ordenar que la parte
         demandada no tenía que contestar los interrogatorios
         que se le remitieron el 25 de mayo de 2022 y haciendo
         el trámite del descubrimiento de prueba tortuoso en
         violación de las Reglas de Procedimiento Civil y su
         jurisprudencia interpretativa de liberalidad.

         En síntesis, reprodujo los planteamientos esbozados en la

moción de reconsideración.

                                      II.

                                      A.

         El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal     de   mayor      jerarquía      revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.3

         En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil4,

delimita las instancias en las que procede que este Tribunal de

Apelaciones expida el recurso de certiorari.5 La citada Regla

establece que el recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una

orden o resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56,

3 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
4 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
5 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202

DPR 478, 486 (2019).
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injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del

foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.6 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

        Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones7     instituye los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de

certiorari. Estos criterios son:

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
        a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
        derecho.

        B. Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        D. Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.

        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

6 Íd.
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.8 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       Es decir, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial”.9

                                        B.

       El descubrimiento de prueba permite a las partes descubrir,

obtener o perpetuar la prueba necesaria para sustentar sus

alegaciones en el acto del juicio. Además, está basado en el principio

básico de que antes del juicio, las partes tienen derecho a descubrir

toda información relacionada con su caso, independientemente

quién la posea. Las normas que regulan el procedimiento de

descubrimiento de prueba persiguen los siguientes propósitos: (1)

precisar los asuntos en controversia, (2) obtener evidencia para ser

utilizada en el juicio, evitando una sorpresa en esta etapa de los

procedimientos, (3) facilitar la búsqueda de la verdad y (4) perpetuar

evidencia. Su finalidad es permitir que las partes puedan prepararse

para el juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la

evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias del

caso. 10

8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
9 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además,        Cruz
Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
10 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, págs. 151-152.
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       Es norma reiterada que el descubrimiento de prueba debe ser

amplio      y   liberal.11   Únicamente       existen   dos      limitaciones   al

descubrimiento: (1) que lo que se pretende descubrir no sea materia

privilegiada, y (2) que sea pertinente al asunto en controversia.12

       No obstante, el Tribunal de Primera Instancia tiene entera

discreción para establecer las reglas que entienda necesarias para

llevar a cabo el descubrimiento de prueba.13 En ese ejercicio, puede

limitar el alcance y los mecanismos de descubrimiento de prueba

que habrán de utilizarse, siempre que con ello se adelante la

solución de controversias de forma rápida, justa y económica.14 Esta

política tiene el efecto de facilitar la tramitación de los pleitos y evitar

los inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen, cuando las

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos

que en realidad son objeto del litigio. Además, permite a las partes

precisar con exactitud los hechos en controversia, ya que en nuestro

ordenamiento procesal el propósito de la demanda es notificar a

grandes rasgos cuáles son las reclamaciones y defensas de las

partes.15

       Cónsono con lo anterior, y como parte de la discreción

concedida a los foros primarios en torno al descubrimiento de

prueba, éstos están facultados para dictar cualquier orden que

entienda justa o necesaria respecto a alguna parte que se negase a

descubrir lo solicitado u ordenado. 16

                                       III.

       La parte peticionaria aduce que el TPI abusó de su discreción

al resolver que S/M El Flamboyán solamente debía suplementar

algunas, y no todas, las preguntas del interrogatorio, y al dejar fuera

11 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019).
12 Íd., pág. 491; Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.
13 Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009).
14 Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 168 (2001).
15 Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 925-926 (2014).
16 Regla 34.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3.
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del alcance del descubrimiento los documentos especificados en la

resolución recurrida.

      A tenor con la norma jurídica esbozada, las controversias

relativas al manejo del descubrimiento de prueba no están

contempladas dentro de las instancias en las que, conforme a Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede que se expida el auto de

certiorari. Por tanto, no se justifica nuestra intervención, salvo que

se cumpla algunas de las circunstancias enumeradas en la Regla 40

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Como indicamos en el apartado anterior, los tribunales de

instancia tienen amplia discreción para regular el ámbito del

descubrimiento de prueba. Por ello, como foro apelativo, no debemos

de intervenir con tal ejercicio, salvo la presencia de un claro error,

prejuicio o abuso de discreción.

      En este caso, basta revisar el expediente ante nuestra

consideración para percatarse de que el foro de primera instancia

evaluó   punto   por    punto   los   planteamientos   en   torno   al

descubrimiento de prueba, acogió y denegó solicitudes de ambas

partes y, finalmente, ordenó a S/M El Flamboyán suplementar

alguna de las contestaciones al primer interrogatorio cursado por la

parte peticionaria.

      Así pues, realizado el análisis bajo la Regla del Reglamento de

este Tribunal, supra, no encontramos que, en su determinación, el

TPI haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya

actuado con el prejuicio o en fracaso de la justicia. Tampoco se

demostró que el tribunal se haya equivocado en la interpretación o

aplicación de una norma procesal y que, intervenir en esta etapa,

evitaría un perjuicio sustancial contra cualquiera de las partes.

      Por tanto, en ausencia de los criterios de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, o de alguno de los consignados en la
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Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos abstenemos de

intervenir con el dictamen recurrido.

                                 IV.

      Conforme a lo anteriormente expuesto, se deniega la

expedición del auto de certiorari.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones