Court Opinion

ID: 9941421
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:34:15.624319+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.144557
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

   PERFECT INTEGRATED                         Revisión
     SOLUTIONS, INC.                          procedente de la
                                              Junta de
          Recurrente                          Subastas del
                                              Municipio
               v.               KLRA202300637 Autónomo de
                                              San Juan
 JUNTA DE SUBASTAS DEL
 MUNICIPIO AUTÓNOMO DE                             Subasta núm.:
   SAN JUAN; MUNICIPIO                             2024-010
 AUTÓNOMO DE SAN JUAN
                                                   Sobre:
           Recurridos                              Impugnación de
                                                   Adjudicación de
  ALL GREEN CLEANING &                             Subasta
    MAINTENANCE, LLC

   Proponente Seleccionado

   MASTER ROOFING, INC.;
    REYES CONTRACTOR
       GROUP, INC.

      Otros Proponentes
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el
Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

      Al adjudicar una subasta, el Municipio de San Juan (el

“Municipio”) no consideró la propuesta más económica que recibió.

Según se explica en detalle a continuación, concluimos que es

irrazonable y arbitrario lo actuado por el Municipio porque, de la

propuesta en cuestión, surge claramente, y sin margen de duda

alguno, la cantidad ofrecida por la parte recurrente.

                                 I.

      En agosto de 2023, la Junta de Subastas del Municipio (la

“Junta”) publicó un Aviso de Subasta que incluyó, entre otras, la

Subasta Núm. 2024-010 para la impermeabilización de techos en

el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. José López Antongiorgi,

Número Identificador
SEN2024________________
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ubicado en el área de Puerto Nuevo del Municipio (la “Subasta”).

Subsecuentemente, la Junta hizo disponible el pliego de la Subasta,

lo cual incluyó las instrucciones a los licitadores, formularios que

debían completar, las especificaciones técnicas del proyecto y las

certificaciones que debían presentar. La Junta luego notificó varios

apéndices (addendums) para informar modificaciones, aclarar

detalles y contestar preguntas de los licitadores.

         El 26 de septiembre, la Junta celebró el acto de apertura de

la Subasta con la participación de Perfect Integrated Solutions, Inc.

(la “Recurrente”), Master Roofing, Inc. (“Master”), All Green Cleaning

& Maintenance, LLC (“All Green” o la “Licitadora Agraciada”), y

Reyes Contractor Group, Inc. (“Reyes”).

         El 29 de noviembre, la Junta emitió una Notificación de

Acuerdo o Determinación Final (la “Decisión”) mediante la cual

adjudicó la buena pro de la Subasta a All Green, cuya propuesta

ascendió a $552,393.60.           En cuanto a la Recurrente, cuya

propuesta ascendía a $461,135.85, la Junta anunció que no había

“proced[ido] con la segunda parte de la evaluación, ni [con] el

análisis de costo” de la Recurrente porque dicha parte había

“incumpl[ido] con los requisitos mínimos de eligibilidad” por haber

“presenta[do] una cantidad en la tabla superior, Bid Proposal,

Sección 1.2, que no concuerda con la cantidad total, “fix lump sum”

de la Sección 1.1.1.”       En cuanto a la Licitadora Agraciada, el

Municipio reconoció que esta no tenía experiencia en “trabajos de

sellado de techo” y que sería la “primera vez [que] ofrec[ería] este

servicio”.

         Inconforme, el 11 de diciembre (lunes), la Recurrente presentó

el recurso que nos ocupa; planteó que la Junta cometió el siguiente

error:

         Erró la Junta al excluir a Perfect Integrated Solutions
         Inc. de la buena pro de esta subasta cuando este fue el
         licitador de menor costo, el licitador de más experiencia
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       que cumplió con todos los requisitos cuando su
       propuesta es la que beneficia el interés público.

       A finales de diciembre, el Municipio presentó su alegato.

Arguyó que la Recurrente no había incluido en su propuesta un

“precio exacto, ni completo ni determinado”. Sostuvo que la cuantía

incluida por la Recurrente en la Sección 1.1.1. de su propuesta

($461,135.85) era “inconsistente respecto a lo informado y

desglosado en otras partes de su oferta”. En cuanto a la falta de

experiencia de la Licitadora Agraciada en proveer los servicios objeto

de la Subasta, el Municipio planteó que dicha parte había

“acompañ[ado] una carta” de una tercera compañía en la que se

había “certifica[do]” que esta última era “un instalador autorizado”.

Resolvemos1.

                                        II.

       La subasta es uno de los vehículos procesales que tanto el

gobierno central como los municipios utilizan para la adquisición de

bienes y servicios. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR

525, 531 (2019).        El propósito primordial es proteger el erario

fomentando la libre y diáfana competencia entre el mayor número

de licitadores posibles.          Con ello, se pretende maximizar la

posibilidad de obtener el mejor contrato, mientras se protegen los

intereses y activos públicos.           La idea es que este mecanismo

aumenta la probabilidad de que se obtengan “los precios más

económicos” y de que se eviten “el favoritismo, la corrupción, el

dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido”. PR Eco

Park et al., supra.

       Las     subastas       que     celebran      los    municipios       están

reglamentadas por la Ley 107-2020 (“Ley 107”) y por el Reglamento

1 La Recurrente luego solicitó presentar una réplica al alegato del Municipio, a lo

cual el Municipio se opuso; luego, la Recurrente presentó lo que sería su réplica
y el Municipio solicitó su desglose. No es necesario adjudicar lo relacionado con
la pretendida réplica, pues hemos determinado, exclusivamente sobre la base del
recurso y el alegato en oposición, que procede la revocación de la determinación
recurrida.
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para la Administración Municipal Núm. 8873 de la Oficina del

Comisionado de Asuntos Municipales de 19 de diciembre de 2016

(el “Reglamento”)2. PR Eco Park et al., supra. De igual modo, las

agencias gubernamentales también tienen la facultad de aprobar un

reglamento para establecer el procedimiento y las guías que han de

seguir en sus propias subastas. CD Builders v. Mun. Las Piedras,

196 DPR 336, 346 (2016). A tales efectos, el 9 de marzo de 2011, el

Municipio promulgó el Reglamento de Subastas y Solicitud de

Propuestas del Municipio Autónomo de San Juan que fue compilado

en el Capítulo XXII del Código Administrativo del Municipio de

San Juan de junio de 2019.

      La Ley 107 establece los procedimientos a seguir para la

celebración y adjudicación de subastas municipales. Respecto a la

adjudicación de la subasta, el referido estatuto establece que,

“[c]uando se trate de compras, construcción o suministros de

servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable más

bajo”. Art. 2.040 de la Ley 107. La citada ley añade que:

      La Junta hará las adjudicaciones tomando en
      consideración que las propuestas sean conforme a las
      especificaciones, los términos de entrega, la habilidad
      del postor para realizar y cumplir con el contrato, la
      responsabilidad económica del licitador, su reputación
      e integridad comercial, la calidad del equipo, producto
      o servicio y cualesquiera otras condiciones que se hayan
      incluido en el pliego de subasta.

      La Junta podrá adjudicar a un postor que no sea
      necesariamente el más bajo o el más alto, según sea
      el caso, si con ello se beneficia el interés público.
      En este caso, la Junta deberá hacer constar por
      escrito las razones aludidas como beneficiosas al
      interés público que justifican tal adjudicación.
      (Énfasis suplido). Art. 2.040 (a) de la Ley 107-2020.

      El municipio podrá rechazar una licitación cuando considere

que el licitador carece de responsabilidad; este tenga una deuda con

2 La Ley 81-2017 eliminó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM) y transfirió algunas de sus funciones a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. No obstante, los reglamentos, memorandos circulares, circulares
informativas y otros documentos emitidos por la OCAM, y que reglamentan los
procedimientos administrativos y fiscales de los municipios, se mantienen en
vigor en lo que no sean contrarios a las disposiciones de la Ley 81-2017.
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el municipio o el gobierno central o federal; se determine que la

naturaleza o calidad de los suministros, materiales o equipo no se

ajustan a los requisitos indicados en el pliego de la subasta; los

precios cotizados se consideren como irrazonables; o cuando el

interés público se beneficie con ello. Art. 2.040 (b) de la Ley 107.

      Al respecto, el Reglamento establece que la adjudicación de la

subasta se hará a favor del licitador que esté respaldado por un

buen historial de capacidad y cumplimiento y que reúna los

siguientes requisitos:

      a. Que cumpla con los requisitos y condiciones de los
         pliegos de especificaciones;

      b. Que sea la más baja en precio o que, aunque no sea
         la más baja en precio, la calidad y/o garantías
         ofrecidas superan las demás ofertas o se justifique el
         beneficio de interés público de esa adjudicación.

         De adjudicarse a favor de un licitador que no haya
         ofrecido el costo más bajo, la Junta de Subastas
         deberá hacer constar por escrito las razones que
         justifican la adjudicación. Dicha justificación
         escrita deberá estar firmada por los miembros de
         la Junta de Subasta que la favorecieron y debe
         permanecer en el expediente para fines de
         auditoría futura. (Énfasis suplido). Cap. VIII, Parte
         II, Sec. 11 del Reglamento.

      El Reglamento también detalla el procedimiento a seguir al

adjudicarse la buena pro. Sobre ello, establece que la Junta tendrá

que determinar las ofertas susceptibles de ser consideradas para la

adjudicación. Cap. VIII, Parte II, Sec. 10 del Reglamento. Establece,

además, que, “[l]uego de hacer esa determinación preliminar, la

Junta procederá a verificar en las ofertas susceptibles de ser

evaluadas, cuáles han cumplido con las especificaciones y

condiciones solicitadas en la subasta”. Íd. Realizado lo anterior, “la

Junta evaluará en primer lugar, aquella [oferta] cuyo precio sea

el más bajo”. Íd. (Énfasis suplido).

      Por otro lado, el derecho de revisión judicial que poseen los

licitadores o participantes de estos procesos se encuentra de igual

manera reglamentado por dichos cuerpos normativos.                 En
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particular, la Ley 107 establece el derecho de revisión judicial de los

licitadores o participantes de estos procesos. Véase Art. 1.050 de la

Ley 107-2020; Puerto Rico Eco Park, Inc., 202 DPR a las

págs. 533-534. Al respecto, se dispone que este Tribunal “revisará,

el acuerdo final o adjudicación de la Junta de Subastas” y que el

recurso deberá presentarse “dentro del término jurisdiccional de

diez (10) días contados desde el depósito en el correo de la copia de

la notificación del acuerdo final o adjudicación”. Art. 1.050 de la

Ley 107.

      Con relación al contenido de la notificación de la adjudicación

de la subasta, el Artículo 1.050 de la Ley 107 dispone que la

notificación deberá incluir: (1) el derecho de la(s) parte(s) afectada(s)

de acudir ante el Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial;

(2) término para apelar la decisión; (3) la fecha de archivo en auto

de la copia de la notificación; y, (4) a partir de qué fecha comenzará

a transcurrir el término para recurrir en revisión. Además, la “Junta

de Subasta notificará a los licitadores no agraciados las razones por

las cuales no se le adjudicó la subasta”. Art. 2.040 de la Ley 107.

                                   III.

      Concluimos     que   el    Municipio,   de   forma   arbitraria   e

irrazonable, descartó considerar la propuesta de la Recurrente, la

cual era aproximadamente 20% más económica que la sometida por

la Licitadora Agraciada.        El error del Municipio se agrava al

considerar que la Licitadora Agraciada no tiene experiencia alguna

en proveer los servicios objeto de la Subasta.

      Contrario al “razonamiento” del Municipio, la propuesta de la

Recurrente no permite duda alguna con respecto a la cuantía

licitada: $461,135.85.      Esto surge en blanco y negro de la

Sección 1.1.1. de su propuesta. Contrario a la teoría del Municipio,

esta cantidad corresponde de forma exacta y perfecta con el desglose

de costos sometido por la Recurrente en la Sección 1.2 de la
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propuesta. Allí se incluyen dos tablas, la primera con tres cuantías

y un sub-total, y la segunda con cinco cuantías y otro sub-total. Al

sumar las ocho cuantías (o, lo mismo, al sumar los dos sub-totales),

se obtiene, precisamente, la cuantía global consignada en la

Sección 1.1.1. ($461,135.85).

      Así pues, contrario a lo inexplicablemente planteado por el

Municipio, la Recurrente sí ofreció un precio “exacto”, “completo” y

“determinado”.    Nada en el récord ni remotamente apoya la

conclusión en contrario del Municipio. Según arriba expuesto, el

precio consignado por la Recurrente en la Sección 1.1.1 de su

propuesta corresponde de forma exacta con la suma de las partidas

desglosadas en la Sección 1.2 de la Propuesta.

      Lo anterior, por sí solo, es suficiente para revocar la Decisión.

Pero hay más: fue la Licitadora Agraciada quien no cumplió con al

menos dos de los requisitos establecidos por el propio Municipio.

Primero, del récord surge de forma incontrovertida que la Licitadora

Agraciada   no    posee   experiencia      alguna   en   trabajos   de

impermeabilización de techos. Sin embargo, en las Instrucciones a

los Licitadores, el Municipio informó que todos los licitadores

debían, por lo menos, haber realizado dos (2) proyectos de tipo,

complejidad y alcance similar al de la Subasta.          Segundo, la

Licitadora Agraciada no firmó a manuscrito su propuesta, contrario

a lo que requiere el Artículo 22.47.10 del Capítulo V del Código

Administrativo del Municipio de San Juan.

      A pesar de dichos incumplimientos, el Municipio, en cuanto a

la Licitadora Agraciada, determinó que sería flexible; por ejemplo, en

cuanto a la firma, la Junta consignó que se trataba de “una

desviación menor [que] no amerita descalificación”. Ello en marcado

contraste con su arbitraria determinación de descalificar a la

Recurrente por supuestamente no haber dejado suficientemente

claro cuál era el costo de su propuesta.
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      En fin, el récord no contiene evidencia alguna que sustente la

Decisión y, al no haberse planteado por el Municipio razón alguna

para apartarse de la norma general en cuanto a favorecer al licitador

más económico, procedía la adjudicación de la buena pro de la

Subasta a la Recurrente.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, se revoca la decisión

recurrida y se ordena la adjudicación de la Subasta 2024-10 a la

parte recurrente, Perfect Integrated Solutions, Inc., quien sometió la

propuesta más económica.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Pagán Ocasio está conforme con la determinación de

dejar sin efecto la adjudicación de la subasta. No obstante, disiente

de la determinación de adjudicar la subasta a la parte recurrente,

basado    únicamente     en   que      sometió   la   propuesta   más

económica. Adviértase que, a tenor con la ley, su jurisprudencia

interpretativa y la reglamentación aplicable el criterio económico no

es el único criterio a evaluar al momento de adjudicar una subasta

para bienes y servicios públicos municipales. En su lugar, entiendo

que procede ordenar a la Junta de Subastas del Municipio de San

Juan que lleve a cabo nuevamente la subasta, conforme a las

normas de deferencia al ente adjudicador municipal y la discreción

que tiene para adjudicar las subastas a favor de la licitación que

estime que se ajusta mejor a las necesidades particulares del

municipio y al interés público en general.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones