Court Opinion

ID: 9941491
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:31.570138+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.628936
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

                                                       CERTIORARI
   MUNICIPIO DE VEGA                                   procedente del
         BAJA                                          Tribunal de Primera
       Recurrido                                       Instancia Bayamón

              V.                 KLCE202301450         Núm. Caso:
                                                       D AC2017-0660

 ÁNGEL GINES MONTES                                    Sobre:
     Peticionario                                      Sentencia Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

       El 22 de diciembre de 2023, el señor Ángel Ginés Montes (señor

Ginés o peticionario) compareció ante nos mediante un Certiorari y

solicitó la revisión de una Resolución que se dictó el 15 de noviembre

de 2023 y se notificó el 22 de noviembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante el aludido

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a la Moción de Sentencia Sumaria

y la Moción Reiterando Sentencia Sumaria que presentó el señor Ginés.

       Por   los   fundamentos       que       expondremos   a   continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                        I.

       El 19 de octubre de 2017, el Municipio de Vega Baja (Municipio

o recurrido) presentó una Demanda sobre restitución de fondos

públicos obtenidos por fraude, sentencia declaratoria, y solicitud de

ejecución contra el señor Ginés, Jane Doe, y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, parte demandada).1

En primer lugar, alegó que el señor Ginés presentó el caso civil núm.

DAC2007-3886 sobre expropiación a la inversa en su contra. Señaló

que en esa Demanda el peticionario alegó que había sido privado de

1 Véase, págs. 1-7 del apéndice del recurso.

Número Identificador
RES2024 _____________________
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utilizar una propiedad ubicada en el municipio de Vega Baja la cual le

pertenecía en pleno dominio toda vez que la Junta de Planificación

había emitido una consulta de ubicación para el desarrollo de un

estacionamiento en dicha propiedad. Sostuvo que en ese caso se llegó

a una Estipulación por Transacción conforme a la Ley Núm. 81 de 30 de

agosto de 1991, según emendada, también conocida como la Ley de

Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4001 y el señor

Ginés aceptó traspasar la titularidad de la propiedad a favor del

Municipio por el precio de $500,000.00 de los cuales únicamente se le

entregaron $225,000.00. Indicó que el peticionario les había expresado

tanto a ellos como al Tribunal que la propiedad estaba libre de cargas

y gravámenes.

      Sin embargo, adujo que mientras se llevaba a cabo los trámites

del caso civil núm. DAC2007-3886, el señor Gines era la parte

demandada en el pleito civil núm. DCD2010-0422 que instó el Banco

Santander en su contra por cobro de dinero, ejecución de prenda y

ejecución de hipoteca sobre la propiedad objeto de expropiación del

pleito civil núm. DAC2007-3886. Planteó que no estaban conscientes

de dicho pleito porque el señor Gines nunca lo informó. Asimismo,

expresó que el 4 de mayo de 2010, el TPI dictó Sentencia en el caso civil

núm. DCD2010-0422 mediante la cual decretó ejecutar la hipoteca a

través de la venta en pública subasta de la propiedad ubicada en Vega

Baja. Indicó que, a través de la venta judicial, la propiedad antes

mencionada se le traspasó al Banco Santander el 19 de agosto de 2014.

      Por otra parte, afirmó que con la compensación económica que

recibió el señor Gines como parte del pleito civil núm. DAC2007-3886

y tras haberse ejecutado la propiedad objeto de expropiación en el caso

civil núm. DCD2010-0422, este último adquirió una nueva propiedad

con los fondos públicos obtenidos fraudulentamente del Municipio. De

igual forma alegó que, el 16 de septiembre de 2014, el señor Ginés

otorgó una escritura de Hogar Seguro sobre la aludida propiedad que

se inscribió en el Registro de la Propiedad. Argumentó que dichas
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                                                                      3

actuaciones fueron dolosas, intencionales y a sabiendas de que los

fondos públicos no le correspondían.

       Asimismo, manifestó que en el caso civil núm. DAC2007-3886 el

TPI emitió una Resolución el 8 de mayo de 2015 mediante la cual

resolvió que el peticionario obtuvo la cantidad de $225,000.00 de

manera dolosa y, por ende, debía restituirla al Municipio. Indicó que

posteriormente intentaron obtener una orden de ejecución contra el

señor Ginés para compeler el pago antes indicado, pero eventualmente,

a saber, el 7 de octubre de 2015, el TPI dictó una Sentencia mediante

la cual ordenó el desistimiento con perjuicio de la expropiación a la

inversa por académico y le advirtió al Municipio que cualquier acción

de cobro de dinero la tendría que presentar en un recurso aparte.

       Por las razones antes expuestas, le solicitó al Tribunal lo

siguiente: (1) que le ordenara al señor Ginés a restituirle de inmediato

la cantidad de $225,000.00 más el interés legal que le correspondiera

desde la fecha en que obtuvo la cantidad hasta que satisficiera el monto

adeudado; (2) que le ordenara al peticionario a pagar la suma de

$10,000.00 por concepto de honorarios de abogado; (3) que dictara una

orden y mandamiento de ejecución contra todos los inmuebles o

muebles del peticionario hasta satisfacer su deuda; (4) que declarara

nula e inoficiosa el acta de hogar seguro que suscribió el señor Ginés

sobre la propiedad en la que reside ya que presuntamente la adquirió

con posterioridad a obtener mediante dolo y fraude la suma de

$225,000.00 en fondos públicos provenientes del Municipio; y por

último, (5) que le ordenara al Registrador de la Propiedad a eliminar de

los registros de la finca cualquier alusión a dicho instrumento público.

       El 3 de mayo de 2018, el Municipio presentó su Contestación a

la Demanda.2 En esta, negó la mayoría de las alegaciones en su contra

por falta de información y/o creencia y presentó sus respectivas

defensas afirmativas. Posteriormente, el 1 de octubre de 2018, el TPI

2 Íd., págs. 25-28.
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dictó una Sentencia Parcial en la cual declaró Ha Lugar una Solicitud

de Sentencia Sumaria que presentó el Municipio.3 En consecuencia, le

ordenó al señor Ginés a restituirle de inmediato al Municipio la

cantidad de $225,000.00, más los intereses legales correspondientes y

ordenó el pago de $5,000.00 en concepto de honorarios de abogado por

temeridad. Además, dictó una orden y mandamiento de ejecución

contra todos los bienes muebles e inmuebles del peticionario hasta

satisfacer la totalidad de la deuda. Sin embargo, excluyó de dicha orden

y mandamiento la propiedad de adquirió el peticionario de la cual se

suscribió el Acta de Hogar Seguro. Así pues, resolvió que procedía

continuar los procedimientos únicamente en cuanto al asunto de la

solicitud de anulación del acta de hogar seguro por fraude.

       Posteriormente, el 3 de mayo de 2019, la parte demandada

presentó una Moción de Sentencia Sumaria y enumeró cinco (5) hechos

que, a su juicio, no estaban en controversia.4 Así pues, indicó que, ante

la inexistencia de hechos esenciales y pertinentes en el pleito lo que

restaba resolver era si los $225,000.00 que recibió en los años 2012 al

2013 por parte del Municipio en el caso de expropiación a la inversa se

utilizó para comprar su hogar principal y si, por ende, se debía anular

el Acta de Hogar Seguro que se otorgó para dicha residencia. A tales

efectos, planteó que la aludida propiedad se adquirió mucho antes de

haber recibido los $225,000.00 por lo que era imposible que se

configurara el fraude alegado y tampoco procedía anular el Acta de

Hogar Seguro que se otorgó. Además, sostuvo que la cantidad de

$225,000.00 se utilizó exclusivamente para sufragar los gastos de su

negocio. Por último, argumentó que no procedía ningún embargo,

sentencia, y/o ejecución por parte del Municipio de la deuda ya que

esta no estaba reconocida como una renuncia a la protección del hogar

principal al amparo de la Ley Núm. 195-2011, según enmendada,

3 Íd., págs. 131-158.
4 Íd., págs. 213-220.
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                                                                           5

mejor conocida como la Ley del Derecho a la Protección del Hogar

Principal y el Hogar Familiar, 31 LPRA sec. 1858 et seq. (Ley Núm. 195).

       En desacuerdo con la referida solicitud, el 28 de febrero de 2020,

la parte recurrida presentó su Oposición a Solicitud de Sentencia

Sumaria.5 En esencia, desglosó los hechos que entendía que estaban

en   controversia       y   los   que   no.   Específicamente,   indicó   que

independientemente de que la parte demandada hubiese adquirido la

propiedad que constituía su hogar principal con anterioridad a recibir

el dinero por parte del Municipio, era un hecho incontrovertido que

solicitó los beneficios de Hogar Seguro después de que conocía que el

recurrido había iniciado los procedimientos de ejecución de sentencia

para recuperar los $225,000.00. Añadió que la anotación de Hogar

Seguro con ánimo de defraudar al Municipio no podía surtir efectos

beneficiosos ni de protección para la persona que actuaba con dolo y

fraude. Así pues, manifestó que era necesario llevar a cabo un

descubrimiento de prueba sobre los extremos de la inscripción de la

propiedad en cuestión como Hogar Seguro. De este modo, le solicitó al

Tribunal que le permitiera llevar a cabo un descubrimiento de prueba

y que no desestimara sumariamente el intento del Municipio de

vindicar el interés público y recobrar un dinero que fue presuntamente

obtenido de forma dolosa y fraudulenta por el señor Ginés.

       Evaluadas las mociones que presentaron las partes, el 18 de

junio de 2020, el TPI dictó una Resolución.6 En primer lugar, formuló

las siguientes determinaciones de hechos: (1) que la propiedad objeto

de controversia se adquirió el 30 de julio de 2003 mediante la Escritura

Pública Núm. 452 ante el notario público Alberto Rosario López; (2) que

para las fechas del 27 de noviembre de 2012, el 16 de septiembre de

2013 y el 31 de octubre de 2013, el señor Gines recibió tres cheques de

la parte demandante. Dichos cheques no se utilizaron para la compra

de su hogar principal en el año 2003, y, por último; (3) que el 11 de

5 Íd., págs. 305-308.
6 Íd., págs. 312-331.
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septiembre de 2014, el señor Ginés otorgó el Acta de Hogar Seguro ante

el notario público Alexander Serrano Mercado bajo la Escritura Núm.

4. Luego sostuvo que los hechos en controversia eran los siguientes:

       1. Si el señor Ginés al suscribir el acta de hogar seguro e
          inscribir la propiedad en cuestión bajo los beneficios
          de la ley de hogar seguro lo hizo a sabiendas y con la
          intención de perfeccionar una acción fraudulenta en
          contra del Municipio y no pagar dinero público que los
          demandados le desembolsaron.

       2. Cuál es el balance actual del préstamo hipotecario que
          tenía el señor Ginés con el Banco Popular con respecto
          a la propiedad que inscribió como hogar seguro.
       Específicamente, en cuanto al primer hecho en controversia

antes expuesto el TPI expresó lo siguiente:

       Aunque se reconoce que el demandado no adquirió su
       hogar principal mediante los desembolsos realizados por
       el Municipio ya que la compraventa de la misma se realizó
       en el 2003 mientras que tales desembolsos del dinero
       público fueron en el 2012 y 2013; el hecho de que el
       demandado obtuvo el dinero desembolsado por el
       Municipio de manera fraudulenta y dolosa hace pertinente
       examinar, antes de tomar una determinación final en el
       presente caso, si el mero acto de otorgamiento de un acta
       de hogar seguro e inscribir la propiedad para gozar de los
       beneficios que otorga la Ley Núm. 195-2011 se hizo a
       sabiendas y con la intención de darle culminación al
       mencionado acto fraudulento e impedir que el Municipio
       recobrara el dinero desembolsado en caso de que se
       percataran del fraude y tomaran acciones legales.
       Tomando      en   consideración   que   todavía   existían   hechos

esenciales en controversia, el TPI resolvió que era necesario que se

continuara con el descubrimiento de prueba en torno al asunto de la

solicitud que presentó el peticionario sobre la anulación de acta de

hogar seguro por fraude y que este se atendiera mediante un juicio en

su fondo. Por los motivos antes expuestos, el TPI declaró No Ha Lugar

la moción de Sentencia Sumaria que presentó el señor Gines. La parte

demandada solicitó reconsideración de este dictamen, pero el TPI la

declaró No Ha Lugar.7 Aún en desacuerdo, el peticionario presentó un

recurso de Certiorari ante este Tribunal y un panel hermano dictó

7 Íd., págs.332-337 y pág. 350.
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                                                                       7

Sentencia el 30 de octubre de 2020 en el caso núm. KLCE202001001

desestimando el recurso por falta de jurisdicción por tardío.8

       Tras varios trámites procesales que no son pertinentes discutir,

el 17 de enero de 2023, el señor Gines presentó una Moción de

Sentencia Sumaria.9 En esta, enumeró ocho (8) hechos que, a su juicio,

no estaban en controversia. Puntualizó que, ante la inexistencia de

hechos esenciales y pertinentes en controversia, lo que le restaba al TPI

determinar era que el acta de hogar seguro que se otorgó el 11 de

septiembre de 2014, no era anulable pues según el peticionario, este

no era un contrato entre las partes del presente caso, sino un derecho

otorgado mediante la Ley Núm. 195, supra. Además, planteó que el TPI

debía resolver que no existía evidencia que demostrara que la intención

del demandado al momento de otorgar el Acta de Hogar Seguro era para

perfeccionar una acción fraudulenta en contra del Municipio.

Argumentó que su intención era únicamente beneficiarse de los

propósitos que contempla la propia exposición de motivos de la Ley

Núm. 195, supra. A ello le añadió que, el hecho de que surgió una

acreencia a favor del Municipio no debía menoscabar su derecho a

“tener certeza jurídica en cuanto a su hogar” más aun cuando se había

probado que los $225,000.00 no se habían utilizado para el pago de la

deuda que gravaba su hogar. Además, reafirmó que el Art. 5 de la Ley

Núm. 195, 31 LPRA sec. 1858b,        no comprendía una deuda a un

Municipio como excepción para un embargo, sentencia, y/o ejecución

como la que se persigue en el presente caso. Por último, manifestó que

dictar sentencia sumaria en cuanto al asunto solicitado no privaba al

recurrido de su derecho a ejecutar la sentencia ya que la podía hacer

efectiva mediante otros bienes y no en la propiedad que constituye su

hogar principal. A tales efectos, solicitó que declarara Ha Lugar su

Sentencia Sumaria.

8 Íd., págs. 352-357.
9 Íd., págs. 417-430.
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       En respuesta, el 8 de febrero de 2023, el Municipio presentó una

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria […].10 En síntesis, reiteró

los mismos argumentos que expuso en su oposición del 28 de febrero

de 2020. Es decir, se limitó a argumentar que independientemente de

que el señor Ginés adquiriera la propiedad que luego protegió con los

beneficios de la Ley de Hogar Seguro antes de recibir los $225,000.00,

lo hizo con el único propósito de defraudar al erario. Ello, ya que, según

ellos, el peticionario solicitó los beneficios del hogar seguro a sabiendas

de que el Municipio había iniciado los procedimientos de ejecución de

sentencia por los hechos en que le habían ejecutado la propiedad al

señor Ginés. Reiteraron que lo antes expuesto era un acto fraudulento

que no podía surtir efectos beneficiosos ni de protección para el

peticionario. Cabe destacar que, mediante este escrito, el Municipio no

estableció los hechos que consideraba que estaban en controversia y

que impedían que se dictara sentencia sumaria. Tampoco desglosó los

hechos que consideraba que no estaban en controversia. Sin embargo,

solicitó que no se dictara Sentencia Sumaria ya que dicho proceder le

daría protección al dolo y la obtención malintencionada de fondos

públicos.

       El 12 de abril de 2023, el señor Ginés presentó una Moción

Reiterando Sentencia Sumaria y el 15 de junio de 2023, el Municipio

presentó su Dúplica a “Moción Reiterando Sentencia Sumaria” […].11

Evaluadas las posiciones de ambas partes, el 15 de noviembre de 2023,

el TPI dictó una Resolución que se notificó el 22 de noviembre de 2023.12

En primer lugar, enumeró cuatro (4) determinaciones de hechos de las

cuales las primeras tres (3) eran las mismas de la Resolución que dictó

el 18 de junio de 2020. Como su cuarta determinación de hechos

añadió que no había controversia en que de acuerdo con el payoff

statement que emitió el Banco Popular de Puerto Rico para el 8 de

10 Íd., págs. 444-447.
11 Íd., págs. 454-459 y págs. 466-469.
12 Íd., págs. 480-503.
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marzo de 2023, el monto de la deuda hipotecaria es de $88,117.55. Sin

embargo, reiteró que aún existía controversia en si el señor Ginés

suscribió el acta de hogar seguro a favor de su hogar principal a

sabiendas y con la intención de perfeccionar una actuación fraudulenta

en contra del Municipio y no pagar el dinero que este último le

desembolsó. Asimismo, puntualizó que había controversia en torno a

si las actuaciones del señor Ginés relacionadas con el proceso de hogar

seguro fueron dolosas.

      Luego de exponer lo antes expuesto, indicó que luego de

estudiarse el expediente era evidente que la solicitud de Sentencia

Sumaria que presentó el peticionario en esencia contenía los mismos

argumentos que expuso en su solicitud de Sentencia Sumaria del 3 de

mayo de 2019. Por esta razón, expresó que dicha solicitud era un

intento por parte del peticionario para volver a relitigar los asuntos ya

planteados y que el Tribunal reconsidere ciertas cuestiones de las

cuales ya dispuso en su Resolución del 18 de junio de 2020. A tales

efectos, afirmó que se reiteraba en que dichos asuntos debían ser

atendidos en un juicio en su fondo. Sostuvo que del presente caso se

desprendían elementos subjetivos de credibilidad e intención sumado

a asuntos de propósitos mentales, así como también serias dudas sobre

los planteamientos esbozados por cada una de las partes que

dificultaban que el caso se pudiese resolver mediante la vía sumaria.

Por último, señaló que lo único que se aclaró desde la Resolución del

18 de junio de 2020 era el hecho en controversia relacionado al balance

actual del préstamo hipotecario que tenía el demandado con el Banco

Popular respecto a la propiedad inscrita como hogar seguro.

      Por otro lado, manifestó que ambas partes incumplieron con las

exigencias que contempla la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R.36 en cuanto a las solicitudes de Sentencia Sumaria. Tomando

en consideración lo antes mencionado en conjunto con el hecho de que

todavía existían asuntos en controversia, el TPI se reafirmó en su
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decisión de celebrar un juicio plenario mediante el cual las partes

tuviesen la oportunidad de presentar y evaluar la prueba documental

y testimonial pertinente para que se pueda llegar a una determinación

conforme a derecho. Consecuentemente, declaró No Ha Lugar a la

Sentencia Sumaria que presentó el señor Gines.

      Inconforme con este dictamen, el 22 de diciembre de 2023, el

peticionario presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes

señalamientos de error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al denegar la moción de Sentencia Sumaria
      presentada por el peticionario, al concluir que la
      misma, es un intento de relitigar unos asuntos ya
      planteados ante dicho foro mediante la Resolución de
      18 de junio de 2020 y que se reconsidere la misma.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al denegar la moción de Sentencia Sumaria
      presentada por el peticionario, y concluir que existe
      controversia si el peticionario, al suscribir el acta de
      hogar seguro e inscribir su propiedad bajo los
      beneficios de la Ley de Hogar Seguro, lo hizo a
      sabiendas y con la intención de perfeccionar una
      acción fraudulenta en contra del Municipio de Vega
      Baja.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al denegar la moción de Sentencia Sumaria
      presentada por el peticionario, y concluir que existe
      controversia si las actuaciones del peticionario, en
      torno a todo el proceso sobre el hogar seguro fueron
      dolosas.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Bayamón, al denegar la moción de Sentencia Sumaria
      presentada por el peticionario, y negarse a concluir
      que la escritura número 4 de hogar seguro, no es
      anulable pues no es un contrato entre las partes del
      presente caso, sino un derecho otorgado por virtud de
      la Ley Número 195 del 13 de septiembre de 2011,
      mejor conocida como la Ley del Derecho a la
      Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar y
      por la Constitución del Estado Libre Asociado de
      Puerto Rico, en la Sección 7 del Artículo 11.

      Atendido el recurso, el 9 de enero de 2024, emitimos una

Resolución mediante la cual le concedimos a la parte recurrida hasta el

12 de enero de 2024 para presentar su postura al recurso.

Oportunamente, el Municipio presentó un Memorando en Oposición a
KLCE202301450
                                                                              11

la Solicitud de Certiorari y negó que el TPI cometiera los errores que el

señor Ginés le imputó.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

procedemos a resolver. Veamos.

                                     II.

                                     -A-

       El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los tribunales apelativos

tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera discrecional.

Íd. Esta discreción se define como “el poder para decidir en una u otra

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar

a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción

que tiene este foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta.

Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar de una forma u otra,

con abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría abuso

de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción judicial

esta   inexorable     e   indefectiblemente    atado   al    concepto   de   la

razonabilidad”. Íd.

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1)

una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la

Regla 57 (Injunction) de las Reglas de Procedimiento Civil; (2) la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; (3) por excepción

de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales;   (b)   asuntos    relativos   a   privilegios   probatorios;    (c)

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que
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revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      En otros términos, al determinar si procede expedir o denegar

un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto

postsentencia, debemos evaluar únicamente los criterios enmarcados

en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Íd. La

aludida regla establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B,
      R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los tribunales

apelativos podremos intervenir con las determinaciones discrecionales

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009).

                                   -B-
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                                                                           13

      En esencia, el principio rector de las Reglas de Procedimiento

Civil es proveerles a las partes envueltas en un pleito legal, una

solución justa, rápida y económica en todo procedimiento. Regla 1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1. El mecanismo de sentencia

sumaria provisto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, hace

viable este objetivo en aquellos casos en que surja de forma clara que

no existen controversias materiales de hechos que requieren ventilarse

en un juicio plenario y el derecho así lo permita.

      Según Verá v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004) este Foro

Apelativo utilizará los mismos criterios que el Tribunal de Primera

Instancia al determinar si procede una sentencia sumaria. Sin

embargo,   el   Tribunal   Supremo    especifica     que,   al   revisar   la

determinación de primera instancia sólo podemos considerar los

documentos que se presentaron ante el TPI. Íd. Lo anterior, debido a

que “las partes no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o

affidávits que no fueron presentadas oportunamente en el foro de

primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos

nuevos por primera vez ante el foro apelativo”. Íd. Además, sólo

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma

correcta. Íd. Es decir, no podemos adjudicar los hechos materiales y

esenciales en disputa, ya que esta tarea le corresponde al Tribunal de

Primera Instancia. Íd.

      Por otro lado, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR

100, 118 (2015), el Tribunal Supremo estableció que al revisar una

determinación del foro primario en la que se concedió o denegó una

moción de sentencia sumaria debemos: (1) examinar de novo el

expediente; (2) revisar que la moción de sentencia sumaria y su

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, y con los discutidos en SLG Zapata-

Rivera v. J. Montalvo,189 DPR 414 (2013); (3) en el caso de una revisión

de una sentencia dictada sumariamente, debemos revisar si en
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realidad existen hechos materiales en controversia, y de haberlos,

exponer concretamente cuáles están en controversia y cuáles no; y (4)

de encontrar que los hechos materiales no están en controversia,

debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el derecho. Véase, además, Rivera Matos, et al. v. Triple-

S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020).

                                   III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad

discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 40 del

Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el expediente a la

luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra,

no identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir. Ello, ya

que no se presentan ninguna de las situaciones que allí se contemplan.

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios o

postsentencia en los que el foro de primera instancia haya sido

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que

en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya

alguno de estos escenarios.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso de

epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones