Court Opinion

ID: 9952295
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:38:00.597918+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:36.654456
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

SUCESIÓN DE JORGE                                 APELACIÓN
EDUARDO GONZÁLEZ                                  procedente del
RODRÍGUEZ, et als. y                              Tribunal de
CORPORACIÓN                                       Primera Instancia,
AGRÍCOLA AMOROS                                   Sala Superior de
                              KLAN202300718       Guayama
Apelados

           v.                                     Civil Núm.:
                                                  G AC2017-0010
JOSÉ MIGUEL
RODRÍGUEZ RIVERA                                  Sobre:
                                                  Deslinde y
Apelante                                          Reivindicación

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

      Comparece ante nos el señor José Miguel Rodríguez Rivera

(señor Rodríguez Rivera o apelante) y solicita la revisión de la

Sentencia Sumaria emitida el 13 de julio de 2023, notificada el 14 de

julio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Guayama. Por virtud del dictamen apelado, el foro a quo declaró

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la

Sucesión de José Eduardo González Rodríguez y la Corporación

Agrícola Amorós (Sucesión González Rodríguez o apelados), ordenó

el deslinde y la reducción de cabida de la Finca 15,072.

      Oportunamente, la Sucesión González Rodríguez presentó su

alegato en oposición, con cuyo beneficio resolvemos confirmar el

dictamen apelado.

                                  I.

      El 24 de enero de 2017, la Sucesión González Rodríguez y la

Corporación Agrícola Amorós presentaron una Demanda en la cual

alegaron ser titulares del predio ubicado en la Calle Sansón D-37,

Número Identificador
SEN2024 __________________
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Urb. El Vigía, Guayama, PR 00785, solicitaron el deslinde por haber

una confusión de linderos, y la reivindicación del terreno.1 Además,

solicitaron la devolución de los terrenos ocupados según el deslinde

realizado por el agrimensor Carmelo Sierra, y el pago de $25,000.00

en concepto de honorarios de abogados. El predio constituye la finca

13,922, denominada El Salitral, el cual colinda por el norte con la

finca 15,072 la cual es propiedad del señor Rodríguez Rivera.

       El 28 de marzo de 2017, el señor Rodríguez Rivera presentó

su Contestación a Demanda en la cual negó las alegaciones

contenidas en la demanda e incluyó una reconvención. Mediante la

presentación de la reconvención, arguyó que era titular en pleno

dominio de la totalidad del inmueble en virtud de prescripción

adquisitiva o usucapión. Particularmente, alegó que conforme

surgía de la Escritura Número 3 de Compraventa y Constitución de

Hipoteca (Escritura Núm. 3) del 27 de marzo de 2014, el inmueble

en cuestión fue adquirido por éste, de sus padres, el señor Enrique

Rodríguez Narváez y la señora Myrna Iris Rivera Ortiz, quienes a su

vez adquirieron la titularidad sobre dicho predio conforme la

Escritura Número 76 de Cancelación y Pagaré Hipotecario y

Compraventa (Escritura Núm. 76) del 22 de diciembre de 2023.

Enfatizó que sus padres y el titular original del mismo a título de

usucapión, el señor Homero Droz, habían ostentado la posesión del

1 Surge de la Escritura Número 3 de Compraventa y Constitución de Hipoteca del

día 27 de marzo de 2014, que la descripción registral del terreno es la siguiente:

       RÚSTICA: Parcela marcada con el número dos de la Manzana
       número dos de la Manzana número uno en el plano de parcelación
       de la Comunidad Rural Puerto Jobos del término de Guayama,
       Puerto Rico, con una cabida superficial de mil ciento ochenta y
       nueve punto treinta y tres metros cuadrados.

       En lindes por el Norte, con la Calle A, en una distancia de cuarenta
       y cuatro punto cero ocho metros. Por el Sur, con terrenos del
       Bosque Forestal del Departamento de Recursos Humanos. Por el
       Este, con la parcela número tres en una distancia de treinta y ocho
       punto cincuenta y cuatro metros. Por el Oeste, con la parcela
       número uno-A en una distancia de dieciocho punto setenta y siete
       metros.

       Contiene una casa de dos plantas construida en bloques de
       cemento y hormigón armado, propia para vivienda.
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bien desde el año 1960 ininterrumpidamente, en concepto de

dueños y concurriendo en ello la buena fe, de forma pública y

pacíficamente a título de dueño durante esos años. Finalmente,

asegura que se le ha perturbado su posesión, enviándole cartas y

entrando en su propiedad de forma ilegal y sin autorización.

       En respuesta, el 10 de abril de 2017, la Sucesión González

Rodríguez presentó su contestación a la reconvención. Mediante su

comparecencia, negaron que el señor Rodríguez Rivera adquirió la

propiedad invadida mediante prescripción adquisitiva, pues este no

había presentado evidencia documental suficiente para probar sus

alegaciones.

       Luego de varios trámites procesales, el 22 de febrero de 2022,

las partes presentaron un Informe de Conferencia Preliminar Entre

Abogados. El 7 de marzo de 2022, se celebró la Conferencia con

Antelación al Juicio, en la cual se determinó que el juicio se

celebraría desde el 27 al 30 de junio de 2022.2

       El 1 de junio de 2022, la Sucesión González Rodríguez

presentó Moción de Sentencia Sumaria. Sostuvieron que a pesar del

tiempo transcurrido y de un dilatado y extenso descubrimiento de

prueba, el señor Rodríguez Rivera no logró aportar prueba alguna,

fuera de lo que comprende su testimonio, que sustentara las

alegaciones de adquisición del predio ocupado mediante usucapión

en ambas modalidades. Además, aseguraron que el señor Rodríguez

Rivera no tenía como probar que tuvo la posesión contínua del

predio invadido por 30 años. Adujo que, procedía se dictara

sentencia sumaria a su favor, pues no habían hechos sustanciales

y materiales en controversia.

       A tales efectos, el TPI emitió una Resolución en la cual dejó sin

efecto el señalamiento del Juicio en su fondo y concedió al señor

2 El TPI mediante Orden, pautó la fecha de la Conferencia con Antelación al Juicio

para el 7 de marzo de 2022, mediante videoconferencia.
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Rodríguez Rivera un término para exponer su posición sobre la

sentencia sumaria presentada por la Sucesión González Rodríguez.

      El 18 de agosto de 2022, el señor Rodríguez Rivera presentó

su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria en la cual alegó que la

moción de sentencia sumaria radicada por la Sucesión González

Rodríguez es una tardía, pues no cumplió con la Regla 36.1 de las

de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.1. Asimismo, arguyó

que existiendo controversias fácticas relacionadas a la titularidad

del terreno, sus colindancias y la prescripción adquisitiva, no podía

disponerse del caso por la vía sumaria.

      Luego de evaluar las comparecencias de las partes, el 13 de

julio de 2023, el TPI emitió Sentencia Sumaria, en la cual, entre otras

cosas, declaró Ha Lugar la mocion de sentencia sumaria presentada

por la Sucesión González Rodríguez y ordenó el desline de los 3,652

metros cuadrados de la Finca 15,072 y estableció que los mismos

pertenecen a la Finca 13,992 (El Salitre) perteneciente a la sucesión.

Además, ordenó la reducción de la cabida de la finca del señor

Rodríguez Rivera de los 1,189.33 metros cuadrados descritos en la

Escritura Núm. 3. Cónsono con lo anterior, el TPI formuló las

siguientes determinaciones de hechos de las cuales no existe

controversia, que, por la pertinencia de las mismas, se transcriben

a continuación:

      1. El señor Enrique Rodríguez Narváez y de su esposa,
         la señora Myrna Iris Rivera Ortiz, adquirieron la
         finca 15,072, del señor Homero Droz Pérez y
         Jeanette Bristol Ramos, mediante la Escritura Núm.
         76 de 22 de diciembre de 2003.
            RÚSTICA: Parcela marcada con el número
            dos de la manzana número uno en el plano
            de parcelación de la comunidad rural
            Puerto Jobos del barrio Jobos del término
            municipal de Guayama con una cabida
            superficial de mil ciento ochenta y nueve
            punto treinta y tres metros cuadrados.
            En lindes por el Norte con la calle A, con
            una distancia de cuarenta y cuatro punto
            cero ocho metros. Por el Sur con terrenos
            del Bosque Forestal del Departamento de
            Recursos Naturales. Por el Este con parcela
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          número tres con una distancia de treinta y
          ocho punto cincuenta y cuatro metros. Por
          el Oeste con parcela número uno A con una
          distancia de dieciocho punto sesenta y siete
          metros.
    2. El predio de terreno en controversia y cuya extensión
       es de 3,652.0857 metros cuadrados, colinda por el
       sur con la finca 15,072, y no aparece incluido como
       parte de esta.
    3. La Escritura Núm. 76, no establece hecho alguno de
       traspaso sobre el predio de terreno en controversia y
       cuya extensión es de 3,652.0857 metros cuadrados,
       en exceso de los 1,189.33 metros cuadrados que
       constituyen la finca 15,072.
    4. El señor José Miguel Rodríguez Rivera, adquirió de
       su padre, el señor Enrique Rodríguez Narváez y de
       su madre, la señora Myrna Iris Rivera Ortiz, la finca
       número 15,072, mediante la Escritura Núm. 3, de
       Compraventa y Constitución de Hipoteca del día 27
       de marzo de 2014, otorgada ante el Notario Público
       Arnaldo Sánchez Recio.
    5. Surge de la escritura Núm. 3, que la descripción del
       inmueble adquirido por el Demandado es la
       siguiente:
       En lindes por el Norte con la calle A, con una
       distancia de cuarenta y cuatro punto cero ocho
       metros. Por el Sur con terrenos del Bosque Forestal
       del Departamento de Recursos Naturales. Por el Este
       con parcela número tres con una distancia de treinta
       y ocho punto cincuenta y cuatro metros. Por el Oeste
       con parcela número uno A con una distancia de
       dieciocho punto sesenta y siete metros.
    6. El Notario Público Arnaldo Sánchez Recio, le
       advirtió al Demandado y a los vendedores,
       otorgantes de la Escritura Núm. 3, sobre la
       conveniencia de llevar a cabo un estudio registral
       del inmueble, pero estos aceptaron continuar con la
       compraventa sin haberse efectuado el mismo. Así se
       desprende del contenido del párrafo ONCE de la
       Escritura Núm. 3, veamos.
          ONCE: Los comparecientes entienden,
          reconocen y aceptan que no se ha realizado
          un estudio registral; expresa que conoce la
          situación registral actual de la propiedad, y
          que acepta otorgar la presente escritura sin
          que se haya realizado un estudio de título.
          Advertí a los comparecientes, y así lo
          reconocen      y    entienden,     sobre     la
          conveniencia de acreditar el estado
          registral de las cargas mediante la
          expedición de una certificación del Registro
          de la Propiedad, o de comprobarlo
          directamente examinando los libros del
          mismo. De igual forma, reconocen los
          comparecientes que la realización de un
          estudio registral no cierra las puertas del
          Registro de la Propiedad y que pueden
          existir cargas o títulos presentados o
          inscritos con posterioridad al presente
          instrumento, por muy reciente que sea la
          certificación o el estudio registral realizado.
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      7. La Escritura Núm. 3, no establece hecho alguno de
         traspaso sobre el predio de terreno en controversia y
         cuya extensión es de 3,652.0857 metros cuadrados,
         en exceso de los 1,189.33 metros cuadrados que
         constituyen la finca 15,072.
      8. El Demandado tiene un título válido sobre el
         inmueble identificado como finca 15,072.
      9. El Demandado no tiene un título válido sobre el
         predio de terreno en controversia y el cual excede
         la cabida de la finca 15,072 por 3,652.0857
         metros cuadrados.
      10. El Demandado comenzó a residir en la propiedad
         desde el año 2007, mientras la propiedad
         continuaba siendo propiedad de sus padres. Esto fue
         aceptado por el propio Demandado durante su
         deposición del 5 de febrero de 2018.
      11. La Escritura Núm.3, establece que la propiedad
         adquirida por el Demandado colinda por el sur con
         terrenos del Bosque Forestal del Departamento de
         Recursos Naturales. Esto es un error.
      12. El terreno colindante por el sur de la propiedad
         adquirida por el Demandado es parte de la finca
         13,992, denominada El Salitral. Así lo dejó saber el
         Departamento de Recursos Naturales mediante
         Moción Informativa del 13 de agosto de 2019.
      13. Mediante carta del 14 de agosto de 2019, el
         Departamento       de    Recursos     Naturales     y
         Ambientales, informó no tener objeción en
         cuanto a la presente demanda, entre otras cosas,
         debido a que el Demandante había provisto un
         título válido sobre el terreno en controversia.
      14. Desde que el Demandado comenzó a residir en el
         inmueble, finca 15,072, mientras esta seguía siendo
         propiedad de sus padres, hasta que adquirió la
         misma mediante compraventa, habían transcurrido
         aproximadamente tres años.
      15. Desde que el Demandado adquirió la finca
         15,072, mediante compraventa, hasta la radicación
         de la presente Demanda, habían transcurrido
         aproximadamente dos años y diez meses.

         (Énfasis nuestro).

      Inconforme con la determinación del TPI, el 14 de agosto de

2023, el señor Rodríguez Rivera acudió ante esta Curia y alegó que

el foro primario cometió el siguiente error:

      El TPI abusó de su discreción y erró como cuestión de
      Derecho al emitir sentencia sumaria sin llevar a cabo la
      inspección ocular previamente [ordenada] y soslayando
      la existencia de varias controversias sobre los hechos
      medulares del caso adecuadamente replicadas por el
      demandado apelante Rodríguez en su escrito en
      oposición al escrito en solicitud de sentencia sumaria
      radicado por la parte demandante apelada.

      El 18 de agosto de 2023, emitimos Resolución, a los fines de

conceder 20 días a la parte apelada para fijar su posición sobre el
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recurso. El 26 de septiembre de 2023, la Sucesión González

Rodriguez presentó su Alegato en Oposición a Recurso de Apelación.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                  II.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap.

V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo

que puede prescindirse del juicio plenario. Serrano Picón v.

Multinational Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el

29 de septiembre de 2023; Oriental Bank v. Caballero García, 2023

TSPR 103, resuelto el 23 de agosto de 2023; Ferrer et. al. v. PRTC,

209 DPR 574, 580-581 (2022); González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200, 213-214 (2010). Los tribunales pueden dictar sentencia

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la

totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González v. M.

Cuebas, 193 DPR 100 (2015). La sentencia sumaria procederá si las

alegaciones,   deposiciones,   contestaciones   a   interrogatorios   y

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como

cuestión de derecho, procede hacerlo. González Meléndez v.

Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el

24 de julio de 2023.

      El promovente debe presentar una moción fundamentada en

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA
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Ap. V, R. 36.1; Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, resuelto el 7 de

marzo de 2023. La controversia sobre los hechos esenciales que

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214,

seguido en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

        Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

dispone que se deben cumplir unos requisitos de forma los cuales

deben satisfacerse al momento de presentar una solicitud de

sentencia sumaria. Estos requisitos son: (1) una exposición breve de

las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la

sentencia sumaria, (4) una relación concisa, organizada y en

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se

encuentre en el expediente del Tribunal; (5) las razones por las

cuales se debe dictar sentencia, argumentando el derecho aplicable,

y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

        Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar

dicha     moción    a   través   de    declaraciones   juradas    u   otra

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales

que están en disputa. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20

(2020).     El     hecho    de    no     oponerse      a     la   solicitud

de sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda
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si existe una controversia legítima sobre un hecho material. Sin

embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones

generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5,

estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus

alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil, dispone que de

no producirse por parte del opositor una exposición de hechos

materiales bajo juramento, deberá dictarse sentencia sumaria en su

contra. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5; Ramos Pérez v. Univisión, supra,

págs. 215-216. (Citas omitidas.)

      La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, establece que, si no se

dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el

remedio solicitado o se deniega la moción de sentencia sumaria, y

por tanto, es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el

Tribunal en su dictamen determine los hechos esenciales sobre los

cuales no haya controversia sustancial y aquellos que sí se

encuentran genuinamente en controversia. 32 LPRA Ap. V, R.36.4

      Cónsono con lo anterior, nuestro estado de derecho le impone

y exige al TPI, exponer los hechos materiales y esenciales que están

en controversia, así como los que no lo están, independientemente

de cómo resuelvan una solicitud de sentencia sumaria. Meléndez

González v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud

de sentencia sumaria,    el   juzgador   deberá:   (1)   analizar   los

documentos      que     acompañan        la    moción      solicitando

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma

alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136

DPR 881, 913-914 (1994).

      Por último, en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el

Tribunal Supremo estableció el estándar de revisión que debe
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utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello,

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119.

                                 III.

      En su único señalamiento de error, el señor Rodríguez Rivera

aduce que el TPI abusó de su discreción al emitir la Sentencia

Sumaria apelada sin llevar a cabo una inspección ocular, y al ignorar

que existía controversia sobre los hechos medulares del caso. Según

el señor Rodríguez Rivera, aún existe controversia en cuanto a la

titularidad del terreno en controversia, el cual solo puede dilucidarse

en un juicio plenario, a través de la presentación de prueba. Enfatiza

que, de haberse llevado a cabo el juicio en su fondo, éste podría

haber establecido cada uno de los elementos requeridos para

adquirir la titularidad del predio mediante prescripción adquisitiva.

      Por su parte, la Sucesión González Rodríguez alega que el

señor Rodríguez Rivera ha provocado dilaciones en el proceso para

poder operar un negocio de aparcamiento de lanchas y reparación

de motores náuticos, sin contar con algún permiso que le autorice a

ello. Además, aduce que de la mensura realizada por el agrimensor

Sierra, surge claramente que el predio invadido, localizado en la
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colindancia sur de la finca 15,072, la cual es propiedad del señor

Rodríguez Rivera, tiene una mensura de 3,652.0857 metros

cuadrados y que el referido predio es parte de la finca 13,992, El

Salitral, la cual es propiedad de la Sucesión. A su vez, alega que el

apelante no ha logrado presentar prueba en el foro primario que

contravenga la mensura realizada por el agrimensor Sierra.

       Surge del expediente que la Sucesión González Rodríguez

solicitó el deslinde, la reivindicación y la devolución de un predio de

terreno de 3,652.0857 metros cuadrados, el cual colinda por el norte

con la finca 15,072 (propiedad del apelante) y por el sur con el Mar

Caribe. La solicitud se acompañó de un plano de mensura realizado

por un agrimensor, en el cual se delimitó el área de cada una de las

fincas.

       Durante el proceso, surgió una confusión en cuanto a la

porción del terreno que está en controversia, pues el señor

Rodríguez Rivera alegaba que pertenecía al Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Sin embargo, el DRNA

compareció al pleito mediante Moción Informativa en donde aseguró

que no era dueño del predio invadido el cual localizaba al sur de la

Finca 15,072, la cual pertenece al señor Rodríguez Rivera.

       Surge también del expediente, que el TPI nombró al

agrimensor Rafael Díaz Ramos, quien realizó dos informes en los

cuales concluyó que el predio objeto de controversia (el terreno con

una cabida de 3,652.0857) es propiedad de la Sucesión González

Rodríguez y que el señor Rodríguez Rivera lo había invadido.3

       De la prueba documental presentada en el TPI, la Escritura

Núm. 76 de Cancelación de Pagaré Hipotecario y Compraventa

(Escritura Núm. 76), suscrita el 22 de diciembre de 2003, describe

la propiedad que fue adquirida por el Sr. Enrique Rodríguez Narváez

3 Las fechas de los informes son: 10 de diciembre de 2018 y 28 de mayo de 2019.

Véase Exhibit F de la Apelación, págs. 76-113.
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y la Sra. Myrna Iris Rivera Ortiz, por parte del Sr. Homero Droz Pérez

y la Sra. Jeanette Bristol Ramos. La misma dispone lo siguiente:

      “RÚSTICA: Parcela marcada con el número dos de la
      manzana número uno en el plano de parcelación de la
      comunidad rural Puerto Jobos del barrio Jobos del
      término municipal de Guayama con una cabida
      superficial de mil ciento ochenta y nueve punto
      treinta y tres metros cuadrados.”

      (Énfasis nuestro).

      Asimismo, la Escritura Núm. 3 sobre Compraventa y

Constitución de Hipoteca, suscrita el 27 de marzo de 2014, también

describe la propiedad que fue adquirida por el señor Rodríguez

Rivera, por parte del Sr. Enrique Rodríguez Narváez y la Sra. Myrna

Iris Rivera Ortiz. El primer renglón de la escritura describe la finca

de la siguiente manera:

      “RÚSTICA: Parcela marcada con el número dos de la
      Manzana número uno en el plano de parcelación de la
      Comunidad Rural Puerto Jobos del Barrio Jobos del
      término municipal de Guayama, Puerto Rico, con una
      cabida superficial de Mil Ciento Ochenta y Nueve
      Punto Treinta y Tres Metros Cuadrados.”

      (Énfasis nuestro).

      El señor Rodríguez Rivera aduce que en las referidas

escrituras se sustenta su justo título sobre el bien en controversia.

Sin embargo, no le asiste la razón. Las escrituras que el señor

Rodríguez Rivera presentó como evidencia, solo validan que la

posesión que éste ostenta es sobre los 1,189.33 metros cuadrados

de su finca, la cual se describe en las referidas escrituras. En

ninguna sección o cláusula de la escritura se hace mención de la

titularidad de la porción de terreno en controversia a favor del señor

Rodríguez Rivera, que consta de los 3,652.0857 metros cuadrados

en exceso de la cabida que constituye la finca 15,072.

      En cuanto a la alegación del señor Rodríguez Rivera de que

adquirió el terreno por prescripción adquisitiva tampoco le asiste la

razón. Como ya expuesto anteriormente, para establecer que se ha

adquirido   la   posesión   mediante   prescripción   adquisitiva   es
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necesario cumplir con unos requisitos que expone nuestro

ordenamiento jurídico. Los requisitos son:

       En este caso, el señor Rodríguez Rivera debía demostrar que

poseyó el terreno en controversia por treinta años, de manera

ininterrumpida, pacifica y en concepto de dueño para poder alegar

que es poseedor y poder alegar la titularidad del mismo. Sin

embargo, surge del expediente que éste adquirió la posesión del

terreno el 27 de marzo de 2014, y a la fecha de la presentación de la

Demanda, éste no cumplía con uno de los requisitos esenciales para

poder levantar la alegación de su titularidad por prescripción

adquisitiva. Además, sus padres adquirieron la propiedad para el 22

de diciembre de 2003, por lo que aun considerando la fecha en que

estos adquirieron la propiedad, no se cumple con el término

requerido de treinta años para poder adquirir la posesión por

prescripción adquisitiva.

       Establecido lo anterior, debemos recalcar que los tribunales

apelativos no intervendrán con las determinaciones del foro apelado

a menos que la parte que las cuestione demuestre que medió pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En el caso ante nuestra

consideración no atisbamos error en la determinación del TPI. El

foro primario examinó la Demanda, los escritos en oposición, así

como la sentencia sumaria presentada por la Sucesión González

Rodríguez y la documentación sometida como parte del proceso y

determinó que el señor Rodríguez Rivera no posee suficiente

evidencia para demostrar que ostenta la titularidad sobre la porción

del terreno en controversia, por medio de la prescripción

adquisitiva.4

4 Adviértase que lo resuelto por esta Curia, no implica que hayamos determinado

que el terreno en controversia forma parte o no y/o que invade la zona marítimo
terrestre, pues dicha controversia no se encuentra ante nos.
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      Por lo tanto, somos del criterio que el foro primario no erró, ni

abusó de su discreción en su determinación, ni en el manejo del

caso, por lo que procede confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

                                 IV.

      En virtud de todo lo anteriormente expresado, confirmamos la

Sentencia Sumaria emitida por el TPI.

      Lo acordó este Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones