Court Opinion

ID: 9554718
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:20:55.594588+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:15.597031
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

     EL PUEBLO DE                                    Apelación
      PUERTO RICO                                    procedente del
                                                     Tribunal de Primera
         Apelado                                     Instancia, Sala
                                                     Superior de Bayamón
             v.
                                   Caso Núm.:
JAY O'NEILL GONZÁLEZ KLAN202200034 D VI2020G0016
      MERCADO                      D LA2020G0130, 131
                                   D DC2020G0002
       Apelante                    D FJ2020G0006

                                                     Sobre:
                                                     Art. 93-B C.P. (1er
                                                     grado), Art. 6.05 y 6.14
                                                     Ley 168, Art. 157 y
                                                     268 C.P.

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza
Mateu Meléndez y la Jueza Martínez Cordero1.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece el señor Jay O’Neill González Mercado (en

adelante, apelante), mediante un recurso de apelación, para

solicitarnos que se revoque la Sentencia dictada el 16 de diciembre

de 2021, notificada el 17 de diciembre de 2021, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante, TPI),

mediante la cual, luego de la celebración de un juicio por jurado, fue

encontrado culpable, de forma unánime, por todos los cargos

imputados y, se le sentenció a 129 años de cárcel.

                                        I

       Conforme surge de los autos originales, por hechos acaecidos

los días 17 y 27 de septiembre de 2020, el Ministerio Público

presentó acusaciones contra el apelante en las cuales se le imputó

1 Véase, Orden Administrativa OATA-2023-001 del 9 de enero de 2023, en la que

se asigna el presente recurso a la Hon. Beatriz M. Martínez Cordero en sustitución
de la Hon. Juan R. Hernández Sánchez.
Número Identificador

SEN2023______________
KLAN202200034                                                          2

la comisión de los siguientes delitos: (i) asesinato en primer grado2;

(ii) portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia3;

(iii) disparar o apuntar armas de fuego voluntariamente4; (iv)

declaración o alegación falsa sobre delito5; y (v) secuestro6.

       Luego     de       varios   incidentes   procesales   innecesarios

pormenorizar, se celebró el correspondiente juicio el 16 de diciembre

de 2020. Allí, un Jurado de forma unánime, halló al apelante

culpable por todos los delitos imputados.

       Finalmente, el foro primario dictó Sentencia y condenó al

apelante a 99 años de prisión por el Art. 93B, 25 años por el Art.

157, 3 años por el Art. 268; por los cuales cumpliría el término

máximo permitido de 99 años, en virtud del Art. 79B(1) del Código

Penal; 10 años de prisión por el Art. 6.05 de la Ley de Armas de

Puerto Rico, según enmendada, Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de

20197, (en adelante, Ley de Armas), duplicado en virtud del Art.

6.01, para un total de 20 años y, a 5 años por el Art. 6.14 de la Ley

de Armas, duplicado en virtud del mismo Art. 6.01, para un total de

10 años. Dispuso el TPI, que las penas se cumplirían de manera

consecutiva.8

       Inconforme, el 14 de enero de 2023, el apelante compareció

ante esta Curia esgrimiendo la comisión de dos (2) errores por el TPI,

a saber:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
       SUPERIOR DE BAYAMÓN AL NEGARSE A PROVEER
       LA INSTRUCCIÓN SOBRE LA FIGURA DEL
       COOPERADOR SEGÚN CONTENIDA EN LA SECCIÓN
       4.10 DEL PROYECTO DE INSTRUCCIONES A LOS
       JURADOS ANTE LA EVIDENCIA PRESENTADA EN
       SALA QUE AMERITABA LA MISMA.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
       SUPERIOR DE BAYAMÓN AL SENTENCIAR AL

2 33 LPRA § 5142, Art. 93(b).
3 25 LPRA § 466d, Art. 6.05.
4 25 LPRA § 466m, Art. 6.14(a).
5 33 LPRA § 5361, Art. 268.
6 33 LPRA § 5223, Art. 157.
7 25 LPRA § 461 et seq.
8 Véase Sentencia de los autos elevados.
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      APELANTE POR LOS DELITOS DESCRITOS ANTE LA
      AUSENCIA TOTAL DE PRUEBA EN CUANTO A LA
      IDENTIFICACIÓN DE ÉSTE EN LA PARTICIPACIÓN EN
      EL SECUESTRO LO QUE PREVIENE SU CONVICCIÓN
      POR   EL   ASESINATO    EN   SU   MODALIDAD
      ESTATUTARIA Y LOS DELITOS DE LA LEY DE ARMAS.

      Presentado el recurso de apelación, este tribunal intermedio,

mediante Resolución emitida el 19 de enero de 2022, concedió

término al apelante para que (i) tramitara una regrabación de los

procedimientos    judiciales   ante   el   TPI;   y   (ii)   presentara   la

transcripción de la prueba por estipulación. Superado el término

concedido sin que el apelante cumpliese con lo ordenado, esta Curia

emitió una Resolución el 16 de marzo de 2022. En ella, se concedió

término al representante legal del apelante para que mostrara causa

por la cual no se le debía imponer una severa sanción económica

debido al incumplimiento con la Resolución del 19 de enero de 2022.

      En respuesta, mediante Moción en Cumplimiento de Orden,

presentada por el apelante el 23 de marzo de 2022, informó y

acreditó, en lo pertinente, que el 28 de enero de 2022, había

presentado la solicitud de regrabación ante el TPI, pero adujo no

haber recibido la información sobre los honorarios ni la cantidad de

discos compactos necesarios, así como tampoco, la orden del foro

primario autorizando la misma. Sobre el particular, este tribunal

intermedio, mediante una Resolución emitida el 24 de marzo de

2022, concedió veinte (20) días al apelante para informar los

trámites realizados ante el TPI en torno a la solicitud de regrabación.

El apelante no cumplió con lo ordenado.

      De ahí, pasaron casi tres (3) meses. Entonces, el 14 de junio

de 2022, esta Curia emitió una Resolución en la cual hizo un

recuento procesal del caso de autos, desde el momento en que se

presentó. Determinó, tras la parte apelante incumplir con las

órdenes de este Tribunal, imponer una sanción económica de

$500.00 al representante legal del apelante, así como un término de
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treinta (30) días para que se presentara la transcripción estipulada.

Inconforme, el 22 de junio de 2022, el apelante presentó una Moción

sobre Reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución

emitida el 23 de junio de 2022. Destacamos que, en dicha Resolución

este Tribunal Intermedio, además de denegar la solicitud de

reconsideración, dispuso: “[e]sta apelación está presentada desde el

14 de enero de 2022 y los abogados tienen un deber de ser diligentes

en la atención de sus casos”. Así las cosas, el 5 de julio de 2022, el

apelante, mediante escrito intitulado Moción sobre Cumplimiento de

Orden, pagó la sanción impuesta. En respuesta, mediante

Resolución emitida el 6 de julio de 2022, este Tribunal dio por

cumplida la orden sobre imposición de sanciones económicas.

      El 20 de julio de 2022, el apelante presentó Moción sobre

Término Adicional para Presentar Transcripción Estipulada. En su

escrito, informó que el 19 de julio de 2022 fue la fecha en que recogió

la regrabación de los procedimientos y, solicitó un término de treinta

y cinco (35) días para presentar la transcripción estipulada.

Mediante Resolución emitida el 2 de agosto de 2022, se concedió el

término solicitado. De ahí, el 23 de septiembre de 2022, el apelante

presentó escrito intitulado Moción sobre Término Adicional para

Presentar Transcripción Estipulada. Solicitó un término adicional de

treinta (30) días -al previamente concedido- para completar la

transcripción de la vista y lograr la estipulación de la misma. En

respuesta, esta Curia, mediante Resolución emitida el 26 de

septiembre de 2022, concedió nuevamente el término solicitado. No

obstante, en esa ocasión, esta Curia también hizo referencia al

tracto procesal del caso desde que se presentó en enero de 2022, el

tiempo decursado sin que se hubiese presentado la transcripción

estipulada, la sanción económica impuesta y en ese momento, la

nueva solicitud de término adicional. En dicha Resolución se

apercibió que, de no presentarse la transcripción estipulada en el
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nuevo término concedido, se impondría una sanción económica de

$1,000.00 a la representación legal del apelante.

      Tras haber decursado casi tres (3) meses sin que se

presentara escrito alguno, incluyendo el que el apelante no acreditó

haber cumplido con la Resolución del 26 de septiembre de 2022, el

5 de diciembre de 2022, compareció el Pueblo de Puerto Rico,

representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico,

mediante escrito intitulado Solicitud de Extensión de Término para

Revisar Transcripción. Allí expuso que, el 8 de noviembre de 2022,

recibió un borrador de la transcripción de la prueba y que debido a

que la misma era voluminosa, requerían de un término de sesenta

(60) días para revisarla y notificar al apelante si se estipulaba. En

respuesta, mediante Resolución emitida el 7 de diciembre de 2022,

esta Curia concedió el término solicitado, determinando que sería

final e improrrogable.

      El 20 de enero de 2023, el Pueblo de Puerto Rico presentó

escrito intitulado Solicitud de Extensión de Término para Revisar

Transcripción. Allí, expuso que, al revisar la transcripción que le fue

notificada, faltaban dos (2) días de juicio, cuya regrabación no fue

entregada por el foro primario al Estado, ni al apelante. Expuso que

los días de juicio que faltaban eran el 29 de septiembre y el 6 de

octubre de 2021. Expresó, además, que en cuanto a los días de juicio

cuya transcripción fue entregada, la misma era correcta en cuanto

a todo lo sustancial. Sostuvo que mientras no se le entregara la

transcripción, el Pueblo estaba impedido de estipularla. Solicitó que

el apelante enviara la transcripción de los días que faltaban, una vez

el foro primario notificara las regrabaciones faltantes y que de ahí

se concediera término para revisar y determinar si se estipulaba la

misma.

      Mediante Resolución emitida el 25 de enero de 2023, esta

Curia concedió un término adicional hasta el 20 de febrero de 2023,
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para cumplir con la Resolución del 7 de diciembre de 2022. En

atención a la Resolución emitida el 1 de febrero de 2023, el Pueblo

de Puerto Rico presentó escrito intitulado Relevo de Resolución. Por

su parte, el 23 de febrero de 2023, el apelante presentó Réplica a

Solicitud de Relevo de Resolución. Precisa destacar que, como parte

del escrito presentado por el apelante, se incluyó un escrito

presentado ante el TPI por la Coordinadora de Grabación, en la cual,

en lo pertinente, surge que no existía audio en las fechas del 29 de

septiembre y 6 de octubre de 2021. Tomando en cuenta lo expuesto

por las partes, mediante Resolución emitida el 8 de marzo de 2023,

este Tribunal concedió treinta (30) días a la parte apelante para que

presentara un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral de

los días de juicio -de los cuales no existe grabación-. También se

determinó que, a partir de esa fecha, se activarían los términos

provistos en la Regla 76.1(A)(3) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones9.

       Superado el término concedido por este Tribunal sin que se

cumpliera con lo ordenado en la Resolución del 8 de marzo de 2023,

procedimos a emitir una Resolución el 25 de abril de 2023. En lo

pertinente, se concedió un término final de diez (10) días al apelante

para que presentara la exposición narrativa ordenada. Se advirtió

que, de no presentarse, se entendería que no presentaría la misma.

En dicha Resolución, se concedió, además, un término al Estado,

pero según veremos, posteriormente, específicamente en cuanto a

este término, el mismo se dejó sin efecto mediante Resolución del 9

de mayo de 2023, más, se dispuso que, de presentarse el proyecto

de exposición narrativa, la parte apelada tendría veinte (20) días

para revisar, objetar o estipular la misma.

9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.1(A)(3).
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       Finalmente, el 14 de junio de 2023, tras haber decursado el

término concedido al apelante mediante la Resolución del 25 de abril

de 2023, este tribunal intermedio concedió al apelante un término

final e improrrogable hasta el 26 de junio de 2023, para

presentar el proyecto de exposición narrativa. Advirtió, además, que,

de no presentarlo en el término concedido, se procedería a disponer

del recurso sin el beneficio de la exposición narrativa, ni de la parte

de la transcripción de la prueba que ya le había sido entregada al

Ministerio Público. Se le advirtió, además, que el caso podría ser

desestimado. Esta Curia ordenó la notificación de dicha Resolución

a todas las partes, incluyendo al Secretario del Departamento de

Corrección y Rehabilitación para que le hiciera entrega de la misma

al señor Jay O’Neill González.

       Sin embargo, habiendo transcurrido el término concedido, el

apelante no ha presentado el proyecto de exposición narrativa ni ha

comparecido para acreditar justa causa para su inobservancia. En

vista de ello, se da por perfeccionado el recurso y procedemos a

resolver.

                                      II

    A. Apelación Criminal

       El trámite procesal de un recurso de apelación criminal, desde

el Tribunal de Primera Instancia, pasando por este Tribunal

intermedio, y hasta el Tribunal Supremo, se rige por las Reglas 193

a   217     de   las    Reglas   de   Procedimiento   Criminal,   según

enmendadas.10 Asimismo, las Reglas 23 a 30.1 del Reglamento de

nuestro Tribunal11, rigen el trámite a seguir desde la presentación

del recurso de apelación criminal, hasta su perfeccionamiento. La

Regla 23 de nuestro Reglamento dispone que, un escrito de

apelación criminal contra una sentencia emitida por el tribunal de

10 34 LPRA Ap. II.
11 4 LPRA Ap. XXII-B.
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instancia tiene que ser presentado ante el Tribunal de Apelaciones

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, computados a

partir de la fecha en que se dictó la sentencia.12 Como es sabido, un

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es

insubsanable.13

        En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, cuando

se señala un error relacionado con la suficiencia de la prueba

testifical o con la apreciación errónea de la misma, la Regla 29 de

nuestro Reglamento dispone que la parte apelante deberá presentar

la porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera

Instancia que estime necesaria para resolver el recurso.14 La parte

apelante deberá radicar una moción dentro de los diez (10)

siguientes a la radicación del recurso, en la que acredite el método

de reproducción de la prueba que ha de utilizar y los motivos por los

cuales este es el más apropiado.15 Con respecto a la reproducción

de la prueba oral mediante transcripción, la Regla 29(C) dispone que

se hará conforme a la Regla 76 del mismo reglamento.16 Si se tratase

de exposición estipulada o exposición narrativa, se hará conforme a

las disposiciones de la Regla 76.1.17 Cabe destacar que la Regla 76

dispone de un término de treinta (30) días, contados a partir de la

entrega de la regrabación, para que la parte apelante presente la

transcripción de la prueba oral, salvo que esta Curia disponga otra

cosa.18

12 Id., R. 23.
13Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29.
15 Id., R. 29(B).
16 Id., R. 29(C).
17 Id.
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 76.
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   B. Instrucciones al Jurado

       Las instrucciones al jurado constituyen el mecanismo

procesal mediante el cual los miembros del jurado toman

conocimiento del derecho aplicable al caso.19 De ordinario, el jurado

está compuesto de personas que desconocen las normas jurídicas

vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.20 En razón de ello, el

magistrado que preside el proceso tiene un deber insoslayable de

instruir a los miembros del jurado sobre el derecho aplicable al caso,

así como de procurar que las instrucciones impartidas sean

correctas, precisas y lógicas.21 Ello asegura que el desenlace del

proceso adversativo esté guiado por el derecho y los hechos.22

       Las instrucciones al jurado deben incluir los elementos del

delito imputado y, si la prueba lo justifica, los elementos de los

delitos inferiores al imputado o de aquellos comprendidos dentro de

este.23 Cabe destacar que el tribunal debe hacer hincapié en que el

Ministerio Público tiene la obligación de establecer todos los

elementos del delito más allá de duda razonable.24

       A tenor, la Regla 137 de Procedimiento Criminal25 provee para

que tanto el Ministerio Público como la defensa soliciten, antes de

que el jurado se retire a deliberar, instrucciones especiales al foro

de instancia. En lo pertinente al caso de autos, la precitada regla

dispone lo siguiente:

       Ninguna de las partes podrá señalar como error
       cualquier porción de las instrucciones u omisión en
       las mismas a menos que planteare su objeción a ellas
       o solicitare instrucciones adicionales antes de
       retirarse el jurado a deliberar, exponiendo
       claramente los motivos de su impugnación, o de su
       solicitud. Se le proveerá oportunidad para formular
       éstas fuera de la presencia del jurado. El tribunal
19 Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292, 297 (2008), citando a E.L. Chiesa

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed.
Forum, 1992, Vol. II, pág. 330.
20 Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 297-298; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116

DPR 139, 150 (1965).
21 Id.
22 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 95 (2000).
23 Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592, 604-605 (2003).
24 Id.
25 34 LPRA Ap. II, R. 137.
KLAN202200034                                                     10

         procederá entonces a resolver la cuestión, haciendo
         constar su resolución en el expediente o trasmitiendo
         cualquier     instrucción adicional   que    estimare
         pertinente. (Énfasis nuestro).
                    26

         Surge con meridiana claridad que la Regla 137 de las de

Procedimiento Criminal27 impide que se alegue que hubo un error

en las instrucciones no objetadas ni solicitadas.28 Por tanto, la

defensa debe objetar oportunamente las instrucciones ante el foro

primario para que este pueda corregir cualquier error que cometa.29

         No obstante, en instancias en las que una apelación impugne

las instrucciones impartidas al jurado, las mismas se deben

considerar en conjunto para así determinar su corrección o

incorrección.30 A tales efectos, el Tribunal Supremo ha expresado

que “si las instrucciones que efectivamente transmitió el tribunal a

los señores del jurado, o aquellas que omitió transmitir, lesionan

derechos fundamentales del acusado, ello podría alegarse como

error en la etapa apelativa a pesar de no haberlas objetado

oportunamente.”31 Empero, un error al impartir las instrucciones al

jurado no acarrea la revocación automática de una sentencia.32 Para

revocar una sentencia de convicción será necesario que el error sea

perjudicial o que viole derechos fundamentales o sustanciales del

acusado.33

                                        III

         Según se desprende del recuento procesal, esta Curia le ha

concedido múltiples oportunidades al apelante para cumplir con las

disposiciones de la Reglas 29 y 76.1 de nuestro Reglamento34, que

requieren que la parte apelante someta una transcripción,

26 Id.
27 Id.
28 Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 DPR 369, 372 (1980).
29 Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, pág. 151.
30 Pueblo v. Doménech Meléndez, 98 DPR 64, 68 (1969).
31 Pueblo v. Ortiz Martínez, supra.
32 Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 DPR 730, 740 (1987).
33 Id.
34 Id., R. 29 y 76.1.
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exposición estipulada o exposición narrativa de la prueba oral

presentada ante el TPI. No obstante, a pesar de la amplia

oportunidad que se le ha conferido al apelante, este ha incumplido

con el requerimiento procesal y con varias de las órdenes emitidas

por este Tribunal en atención al asunto.

       La presentación de una transcripción o exposición narrativa

es requisito medular en aquellas circunstancias en las que se

impugne la apreciación de la prueba oral, como ocurre en este caso.

Sobre ello, nuestro Tribunal Supremo ha razonado que tal omisión

provoca que este foro intermedio se encuentre impedido de evaluar

los errores que se le imputan al foro apelado, puesto que la

intervención con dicha prueba tiene que estar basada en un análisis

independiente de la prueba desfilada, y no en los hechos que

exponen las partes.35 Así pues, la omisión de presentar la prueba

estipulada     en    casos     como      el   de   autos,      constituye   un

incumplimiento patente con las disposiciones de las Reglas 29 y

76.1 de nuestro Reglamento36, que no nos coloca en posición de

atender los méritos de la controversia que se nos presenta.

       Según hemos expuesto, en el recurso de Apelación se esgrimió

la alegada comisión de dos (2) errores por el foro primario.

Comenzando por el segundo señalamiento de error, el asunto ante

nos está directamente relacionado a la apreciación de la prueba

realizada por el foro de instancia, por lo que, para que esta Curia

pueda atender el asunto, era obligación del apelante presentar el

proyecto de exposición narrativa de la prueba oral de los días de

juicio de los cuales no existe grabación. Sin embargo, reiteramos

que el apelante no presentó la misma a pesar de las varias

oportunidades concedidas por este Tribunal. Conforme a lo

discutido en el párrafo que antecede, tal circunstancia no nos coloca

35 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).
36 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 29 y R. 76.1.
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en posición de revisar y evaluar la apreciación de la prueba realizada

por el TPI. Toda vez no estamos en posición de evaluar el segundo

error por falta la falta de presentación de la exposición narrativa,

nos abstenemos de alterar una convicción basada en evidencia que

fue presentada y evaluada por un jurado que unánimemente

encontró culpable al apelante. Reiteramos que, ante la ausencia de

la exposición narrativa, no estamos en posición de concluir que se

cometió el segundo error.

         En relación al primer señalamiento de error, de los autos del

surge que la defensa del apelante solicitó que se impartiera la

instrucción al jurado sobre la figura del cooperador.37 Sin embargo,

evaluada la solicitud, el tribunal a quo determinó que la misma no

se impartiría puesto que no se sostenía con la prueba presentada y

no había base en el récord sobre ello.38

         Recordemos que, conforme a la Regla 137 de Procedimiento

Criminal39, ninguna de las partes podrá señalar como error

cualquier porción de las instrucciones u omisión en las mismas a

menos que la misma haya sido objetada o solicitada, y que se haya

expuesto claramente los motivos de su impugnación, o de su

solicitud.40 Además, en caso de que se presente una apelación que

impugne las instrucciones al jurado, resulta imprescindible para

lograr la revocación de la convicción que el error que se señala sea

perjudicial o viole derechos fundamentes o sustanciales del

acusado.41

         Aunque surge de los autos originales que la defensa solicitó

que se impartiera la instrucción que se incluye en el primer

señalamiento de error, subrayamos nuevamente que la parte

apelante no presentó ante esta Curia la exposición narrativa, que

37 Minuta del 5 de octubre de 2021.
38 Minuta del 6 de octubre de 2021.
39 34 LPRA Ap. II, R. 137.
40 Id.
41 Id.
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nos colocaría en posición de determinar si la decisión del tribunal

de instancia fue perjudicial al apelante o violó algún derecho

fundamental o sustancial de este.42 Insistimos pues, no nos

encontramos en posición de entrar en los méritos del presente caso,

ante la falta de la exposición narrativa, pese a las oportunidades

concedidas por este Tribunal.

         Habida cuenta de todo lo anterior, nos abstenemos de alterar

una convicción basada en evidencia que fue presentada y evaluada

ante un jurado que unánimemente encontró culpable al apelante.

Por tanto, procede la confirmación de la Sentencia apelada.

                                    IV

         Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen

recurrido. Notifíquese a todas las partes incluyendo al Secretario del

Departamento de Corrección y Rehabilitación para que le haga

entrega de la presente Sentencia al señor Jay O'Neill González, toda

vez que desconocemos en cuál institución penal se encuentra.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

42 Id.