Court Opinion

ID: 9896804
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:20:34.994151+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:12.728086
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     Panel XI

    JOSÉ QUILES RETAMAR                                        Apelación
          Apelante                                             procedente del
                                                               Tribunal de
                                                               Primera Instancia
                   v.                                          Sala de San Juan
                                        KLAN202300612
                                                               Caso Núm.
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS                                        SJ2021CV00956
Y ALCANTARILLADOS y OTROS
         Apelados                                              Sobre:
                                                               Daños y
                                                               Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

       Comparece José Quiles Retamar (señor Quiles Retamar o parte

apelante), solicitando que revoquemos una Sentencia emitida el 10 de

mayo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan

(TPI). Luego de haberse celebrado el juicio en su fondo, el TPI declaró No

Ha Lugar la demanda sobre daños y perjuicios presentada por el señor

Quiles Retamar contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,

(AAA o parte apelada).

       Juzga el apelante que, a pesar del foro primario haber concluido

que la AAA fue la causante del daño alegado, incidió al interpretar la Ley

Núm. 79-2002, infra., concediéndole a la apelada una especie de

inmunidad no contemplada en dicho estatuto1. Además, cuestiona la

apreciación que el tribunal a quo dio a cierta prueba documental, relativa

a la fecha en que fue pavimentada el área alrededor del registro

perteneciente a la AAA, causante del daño.

1 Escrito de apelación, pág. 7.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
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        Examinados los asuntos ante nuestra consideración, entre los

cuales estuvo el Alegato de la parte apelada, determinamos confirmar la

Sentencia apelada.

I. Resumen del tracto procesal

        El 12 de febrero de 2021, se presentó una demanda por daños y

perjuicios contra la AAA2. En la demanda se adujo que, el 6 de abril de

2020, el señor Quiles Retamar estaba manejando su bicicleta por la calle

Bartolomé de las Casas, en Santurce. Aseveró que, mientras iba bajando

por la referida calle en la bicicleta, al ver que un vehículo se disponía a

pasarle, le cedió el paso, pasándole por encima a un registro de

alcantarilla propiedad de la AAA, que estaba a desnivel, creando un hoyo

en la carretera. Fue al pasar por dicha área que sufrió un aparatoso

accidente, al ser expulsado de la bicicleta, cayendo en el pavimento.

Como resultado de la caída sufrió una serie de daños, por lo cuales tuvo

que recibir tratamiento médico, (en la demanda se particularizaron los

daños y tratamientos recibidos). Atribuyéndole responsabilidad a la AAA

por los hechos narrados, solicitó al foro apelado que ordenara la

indemnización correspondiente.

        Siendo más específicos, en la demanda se afirmó que, el accidente

antes relatado se debió única y exclusivamente a la culpa y negligencia de

la parte demandada, al permitir que el registro no estuviera nivelado

con la vía de rodaje3.

        En respuesta, la AAA presentó Contestación a Demanda, en la que

admitió una de las alegaciones y negó el resto. Además enumeró una

serie de defensas afirmativas, de entre las cuales, cabe reproducir las

siguientes: que la AAA no es dueña ni tiene responsabilidad por la

reparación y el mantenimiento de la calle donde se alegó que ocurrió el

accidente; que tales responsabilidades podrían recaer en el Municipio de

2 Apéndice V del recurso de apelación, págs. 34-36.
3 Íd, pág. 35.
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San Juan, si se trata de una calle municipal o si éste ha suscrito algún

acuerdo con el ELA sobre el particular; que en este caso resultan de

aplicación las disposiciones de la Ley Núm. 79 de 9 de junio de 2002,

infra.; que en esta Ley la Rama Legislativa de Puerto Rico ordenó al

Departamento de Transportación y Obras Públicas que llevase a cabo el

levantamiento de registros y alcantarillas al nivel del rodaje, en donde

esta no tenga acuerdo con otra dependencia gubernamental para tales

fines; la AAA no autorizó o aprobó la repavimentación de la vía pública

donde ocurrió el accidente, ni fue la entidad pública que llevó a cabo la

misma4.

       Superados varios trámites procesales, y la culminación del periodo

de descubrimiento de la prueba, se aprobó el Informe preliminar entre

abogados, alcanzando las partes varias estipulaciones. Entre tales

estipulaciones, destacamos las siguientes; en el lugar donde la parte

demandante alega que había un desnivel u hoyo existe un registro

sanitario perteneciente a la AAA; la calle Bartolomé de las Casas, donde

ocurrió el accidente alegado por el demandante, pertenece y está bajo la

jurisdicción del Municipio Autónomo de San Juan 5.

       Así las cosas, el 5 de mayo de 2023, fue celebrado el juicio en su

fondo. La prueba consistió en diez documentos y el testimonio del

apelante. Los demás testigos anunciados fueron excusados por acuerdo

de las partes.

       Concluido el juicio, el 10 de mayo de 2023, el TPI emitió la

Sentencia cuya revocación nos solicita el apelante, declarando No Ha

Lugar la demanda presentada. Luego de enumerar treinta y dos hechos

que encontró probados, y exponer el derecho atinente a las causas por

daños y perjuicios, junto las disposiciones de la Ley 79-2002, infra,

pertinentes, el TPI concluyó que la causa próxima de la caída fue el

4 Apéndice VII el recurso de apelación, págs. 49-53.
5 Apéndice I del recurso de apelación, pág. 2 y 3.
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desnivel creado alrededor del registro perteneciente a la AAA como

consecuencia de la repavimentación de la carretera6. Además,

determinó que, por las características observadas en la fotografía del

lugar de los hechos, estaba convencido que la repavimentación de dicha

área no pudo haberse realizado, en un plazo mayor de 18 años. Por

tanto, y, aludiendo a la Ley Núm. 79-2002, infra, la AAA no tenía un

deber jurídico de actuar para corregir el desnivel creado en la

repavimentación alrededor de la alcantarilla, condición peligrosa

que constituyó la causa próxima de la caída y los daños sufridos.

       Insatisfecho,   el   señor   Quiles   Retamar   instó   Moción   Sobre

Reconsideración ante el TPI, que fue denegada.

       Es así como el señor Quiles Retamar acude ante nosotros,

mediante recurso de apelación, esgrimiendo dos señalamientos de error,

que transcribimos a continuación:

       Primer señalamiento de error: Erró el Tribunal de Primera
       Instancia en su interpretación de estatutos legislativos, lo
       que llevó a conceder inmunidad a la parte demandada-
       apelada, liberándola de responsabilidad.

       Segundo señalamiento de error: Erró el Tribunal de Primera
       Instancia al emitir una determinación sobre periodos de
       [tiempo] en específico en que se realizaron trabajos basados
       en una foto, aun existiendo evidencia en contrario, a los
       fines de poder aplicar la ley para conceder inmunidad a la
       AAA.

       En respuesta, el 14 de agosto de 2023, la AAA presentó Alegato de

la Parte Apelada, oponiéndose a los argumentos alzados por el señor

Quiles Retamar para solicitar la revocación de la Sentencia apelada. Con

el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en posición de

resolver.

6 Íd, pág. 12
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II. Exposición de Derecho

      A. Sobre la apreciación de la prueba por el Tribunal de
         Apelaciones

      La fase apelativa está caracterizada por la norma de deferencia

judicial que le corresponde mostrar a este foro intermedio examinar al

ejercicio sobre la apreciación de la prueba que efectúa el tribunal a quo.

Esta norma parte de la premisa de que es el foro primario el que está en

mejor posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos,

pues tuvo la oportunidad de escuchar y ver declarar los testigos. Rivera

Torres v. Díaz López, 207 DPR 636, 658 (2021); Sucn. Rosado v. Acevedo

Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177

DPR 345, 356 (2009); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004).

Después de todo, el “foro apelativo cuenta solamente con récords mudos

e inexpresivos”, de aquí el respeto a la adjudicación de credibilidad

realizada por el foro primario. Rivera Torres v. Díaz López, supra; SLG

Rivera Carrasquillo v. AAA, supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153

DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721,

728 (1984).

      A tenor con lo dicho, los foros apelativos no deben intervenir con la

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia,

a menos que se demuestre que medió pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto del foro primario. Rivera Torres v. Díaz López, supra;

Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra; Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, 187 DPR 750, 753-754 (2013); Rivera Menéndez v. Action Service,

185    DPR     431,    444     (2012); SLG     Rivera    Carrasquillo    v.

AAA, supra; Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).

      Tan solo podríamos intervenir con la apreciación de la prueba,

cuando de un examen detenido de la misma quedemos convencidos de

que el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios

importantes o que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de
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escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer P.R.,

Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83

DPR 573, 581 (1961).

       B. Los daños y perjuicios extracontractuales

       El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.

5141,7 dispone que la persona que por acción u omisión causa daño a

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño

causado. Por ello, para imponer responsabilidad civil al amparo del

mencionado artículo, es necesaria la concurrencia de los siguientes

requisitos: (1) realidad del daño sufrido; (2) un acto u omisión culposo o

negligente; y, (3) nexo causal entre el daño y la referida acción culposa o

negligente. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010);

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 161 (2006); Rivera v. S.L.G. Díaz,

265 DPR 408, 421 (2005).

       En el ámbito de las acciones extracontractuales, el concepto de

daños ha sido definido como aquel menoscabo material o moral que sufre

una persona, causado en contravención de una norma jurídica, y por el

cual ha de responder a otra. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág.

845; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009);

López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. De otro lado, se ha dispuesto que

la culpa o negligencia supone la falta del debido cuidado, que a su vez

consiste en no anticipar y prever probables consecuencias de un acto, o

de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en

las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág.

844; Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; López v. Porrata Doria, supra, citando a

Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997); Valle v. E.L.A., 157 DPR

1, 18 (2002).

7 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado por el Código Civil de Puerto Rico

de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines de la
presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por se la ley vigente y
aplicable a la controversia que nos ocupa.
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      Con respecto a la relación causal, se ha dicho que la misma

supone un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el

hecho antijurídico, por lo que es un componente vital en una reclamación

de daños y perjuicios. Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 844-

45; Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422.

      A la luz de lo anterior, para que en nuestro ordenamiento jurídico

prospere una causa de acción por daños y perjuicios, la parte

demandante debe demostrar la realidad del daño sufrido, la existencia de

un acto u omisión negligente y el elemento de causalidad. Cabe destacar

que el nexo causal entre el daño sufrido y el acto negligente no se debe

establecer a base de meras conjeturas o especulaciones. Rodríguez

Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 650 (1988); Sáez v. Municipio de

Ponce, 84 DPR 535 (1962).

      Por último, cabe recordar que el estándar de prueba que requieren

los casos de daños y perjuicios está previsto en la Regla 110 (F) de las

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV., R. 110 (F). Según lo dispuesto en

la Regla aludida, en los casos civiles, la decisión del juzgador se hará

mediante   la   preponderancia   de   prueba   a   base   de   criterios   de

probabilidad, a menos que exista disposición al contrario. (Énfasis

provisto). A lo que se debe añadir que, según las Reglas 110(a) y (b) de

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, Reglas 110(a) y (b), en lo pertinente, el peso

de la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no

presentarse evidencia, y la obligación de presentar primeramente recae

sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia.

      C. Ley para el levantamiento de registros y alcantarillas al
         nivel de rodaje

      La Ley Núm. 79-2002, según enmendada, conocida como la Ley

para el levantamiento de registros y alcantarillas al nivel del rodaje, 9

LPRA sec. 2201, reconoce en su Exposición de Motivos el problema con

las carreteras afectadas por registros y parrillas de alcantarillas que se
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encuentran por debajo del nivel de rodaje, situación que es provocada

por continuos trabajos de repavimentación que realizan agencias

estatales y municipales en las vías públicas del país. (Énfasis

provisto). Continúa indicando el mismo texto, que la práctica ha sido

la de repavimentar, sin tener en cuenta la acumulación de capas

de   asfalto   que, poco    a   poco,   van   dejando    los   registros   y

alcantarillas a niveles tan bajos que literalmente se pueden

catalogar de hoyos artificiales.

      La Ley Núm. 79-2002 fue posteriormente enmendada por la Ley

Núm. 149-2008, en cuya Exposición de Motivos el Legislador dejó

plasmado lo siguiente:

      Las agencias encargadas del mantenimiento de las vías de
      rodaje reconocen que el deterioro de las mismas se debe a
      las deficiencias de los trabajos de pavimentación y bacheo.
      Además, los trabajos de la Autoridad de Acueductos y
      Alcantarillados ("AAA") y una insuficiencia de presupuesto
      y mano de obra, también han sido señalados como las
      causas que abonan al problema. Como si lo anterior fuese
      poco, los conductores y transeúntes, también tiene que
      soportar que cuando se realizan los trabajos de
      repavimentación no se nivelan las alcantarillas al nivel
      del rodaje. Claro está, ello provoca accidentes, caídas y
      más daños a los vehículos. En vista de lo anterior, la
      Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de aprobar
      esta medida con el fin de requerirle a las agencias
      gubernamentales,        los   gobiernos   municipales    y
      contratistas la inclusión de una cláusula en todo
      contrato que disponga que toda tapa de registros o
      alcantarilla que se encuentre en una vía de tránsito a
      ser asfaltada sea elevada al nivel de rodaje. De esta
      manera, abonamos a la solución de un problema que
      asfixia al ciudadano.

      (Énfasis provisto).

      Por último, la Sección 2 de la Ley Núm. 149-2008 citada, dispone

como sigue:

      Toda agencia gubernamental, instrumentalidades
      públicas, los gobiernos municipales y contratistas
      verificarán que toda tapa de registro, alcantarilla, tapas de
      válvulas de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y
      otros elementos que forman parte de la infraestructura
      eléctrica, telefónica y de Cable TV que se encuentre en
      una vía de tránsito a ser asfaltada, sea elevada al nivel
      de rodaje.
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        Todo contrato suscrito por una agencia gubernamental,
        instrumentalidades públicas, los gobiernos municipales y
        contratistas deberá incluir una cláusula en que disponga
        que el contratista viene obligado a cumplir con las
        exigencias de esta Ley y que no se le desembolsará el diez
        (10) por ciento retenido de la obra hasta que se certifique
        su cumplimiento. 9 LPRA §2201. (Énfasis provisto).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

        Los dos señalamientos de error esgrimidos por la parte apelante

son susceptibles de discusión conjunta, y así obraremos.

        Adelantamos en la introducción que el apelante sostiene que el TPI

erró al determinar que, aunque la AAA fue la causante de los daños de la

parte    demandante-apelante,          incidió    al   interpretar     que       no   debía

responder, creando una especie de inmunidad que no está contemplada

en la ley (Ley Núm. 79-2002), ni surge de la intención legislativa8. Como

explicaremos, esta premisa no se ajusta a lo decidido por el foro apelado.

        Iniciamos por establecer que, contrario a lo afirmado por el

apelante, el TPI no determinó que la AAA fuera la causante del daño

alegado, sino que, citando a dicho foro, la causa próxima de la caída fue

el desnivel creado alrededor del registro propiedad de la AAA como

consecuencia de la repavimentación de la carretera9. (Énfasis y

subrayado      provistos).    Obsérvese      que,      en    la   afirmación      del    TPI

reproducida, la mención de la AAA fue al único efecto de que era el

propietario del referido registro, nada más. Tal determinación del foro

apelado revela, que: (1) había un desnivel alrededor del registro

propiedad de la AAA (donde ocurrió el accidente), y; (2) tal defecto fue

como consecuencia de la repavimentación de la carretera. Ello, en modo

alguno permite llegar a la conclusión de que la repavimentación que

causó el desnivel descrito fuera efectuada o llevada a cabo por la AAA

        De lo anterior se sigue que, si la causa del desnivel fue la

repavimentación       efectuada      alrededor      del     registro   de   la    AAA,    el

8 Recurso de apelación, pág. 7.
9 Apéndice I del recurso de apelación, pág. 12.
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promovente de la acción judicial tenía que haber desfilado prueba sobre

a cargo de quién estuvo la repavimentación que provocó la condición

peligrosa, pero el apelante no lo hizo. En este sentido, según la prueba

documental y testifical aquilatada por el foro primario, el apelante no

logró establecer que la repavimentación aludida estuviera a cargo de la

AAA, ni que esta fuera responsable de mantener el lugar nivelado, y de

aquí que concluyera que no era la responsable por los daños alegados en

la demanda. Como queda visto, el dictamen del tribunal a quo no

contiene, ni puede ser interpretado, como una concesión de inmunidad a

la AAA en el contexto discutido.

      Además, el razonamiento expuesto por el tribunal a quo en la

Sentencia apelada, se encuentra en perfecta armonía con el propósito y

articulado plasmado por el Legislador en la Ley Núm. 79-2002, supra.

Según subrayamos, en la Exposición de Motivos de la referida ley se

reconoció que los hoyos que provocan los desniveles en el asfalto

alrededor de los registros de la AAA, son un problema para el tránsito

vehicular en Puerto Rico. Sin embargo, el mismo Legislador identificó

como causa del problema, que la práctica ha sido la de repavimentar, sin

tener en cuenta la acumulación de capas de asfalto que, poco a poco, van

dejando los registros y alcantarillas a niveles tan bajos que literalmente se

pueden catalogar de hoyos artificiales. Es decir, el problema del desnivel

en el asfalto alrededor de los registros de la AAA no es atribuible a esta,

por el solo hecho de ser propietaria del registro, sino de las agencias

públicas, municipales o contratistas que repavimentan alrededor de

estos y causan el desnivel aludido, sin nivelarlo. A estos efectos con gran

claridad se dispuso que el fin de aprobar la Ley Núm. 79-2002, supra,

fue el de requerirle a las agencias gubernamentales, los gobiernos

municipales y contratistas la inclusión de una cláusula en todo

contrato que disponga que toda tapa de registros o alcantarilla que se
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encuentre en una vía de tránsito a ser asfaltada, sea elevada al nivel

de rodaje.

      Aunque reiteremos, por causa de lo hasta aquí explicado sobre la

Ley Núm. 79-2002, resulta evidente que el Legislador identificó a las

agencias públicas, municipios y contratistas que repavimentan alrededor

de un registro de la AAA, y añaden las capas de asfalto que causan

desniveles,   como    las   responsables   de   nivelarlas    para    evitar   las

condiciones peligrosas al tránsito vehicular. Por tanto, no recae en la

AAA nivelar el asfalto alrededor de sus registros, causados por la

repavimentación de otras agencias, municipios o contratistas, pues

de esto la Ley Núm. 79-2002 hace responsable a la entidad o persona

que repavimentó y causó el desnivel, sin luego nivelar.

      Lo anterior en modo, alguno supone la concesión de una

inmunidad hacia la AAA, contrario sugiere el apelante. Ello, en tanto

resulta   plausible   que    la   AAA   lleve   a   cabo     alguna   labor    de

repavimentación alrededor de uno de sus registros, que cause un

desnivel peligroso y, de no corregirlo, produzca daño a un vehículo, en

cuyo caso, sí cabría una causa de acción en su contra. Sin embargo, esa

no fue la situación fáctica en este caso, pues el apelante no logró no

demostrar que el desnivel en el asfalto respecto al registro fuera

atribuible a alguna acción de la AAA.

      Además,    aunque      en   las   determinaciones      de   hecho   quedó

constatado que la AAA no tiene un sistema de inspección o supervisión

en el área donde ocurre el accidente, ello, no aporta prueba alguna que

sirva para establecer que esta llevara a cabo alguna actividad alrededor

del registro donde ocurrieron los hechos, causante del desnivel en el

asfalto que provocó la caída del apelante. De nuevo, la Ley Núm. 79-

2002, supra, reconoce la responsabilidad de las agencias, municipios y

contratistas que asfaltan alrededor de los registros, y no lo nivelan,
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como causantes de los accidentes vehiculares. No hubo prueba de que el

registro de la AAA presentara alguna peligrosidad, pero sí la hubo sobre

el desnivel entre la carretera y el registro, siendo las capas de asfalto las

causantes del desnivel. Además, las partes estipularon que el Municipio

de San Juan tenía bajo su responsabilidad el mantenimiento de dicha

calle, pero no fue traído como parte demandada.

      Por último, no nos persuade el apelante cuando arguye que incidió

el foro apelado en su interpretación de una foto que mostraba el estado

en que se encontraba el registro, y el asfalto a su alrededor, al momento

de los hechos. Nos parece evidente que el dictamen del TPI no estuvo

basado solo en la interpretación que hizo de la foto aludida, sino en el

conjunto de la prueba testifical y documental que tuvo ante su

consideración, y de la cual no surgía la responsabilidad de la AAA

respecto al desnivel en el asfalto alrededor del registro. Sobre ello,

repetimos: el mantenimiento de la calle donde ocurrió el accidente recaía

en el Municipio de San Juan, hecho que fue estipulado; la Sra. Pizarro

Santiago, profesional de apoyo técnico de la AAA, inspeccionó el lugar

donde ocurrieron los hechos, y no detectó ninguna deficiencia en el

registro, pero observó varias capas de asfalto alrededor de este; el

señor Juan Cotto, supervisor del área de operaciones de la AAA para San

Juan tenía a su cargo para la fecha de los hechos la atención de

cualquier querella y reparar cualquier desperfecto, pero no había recibido

alguna querella respecto al referido registro, ni tampoco tenía

conocimiento de alguna obra o reparación realizada allí por la AAA

Estas determinaciones de hechos del TPI no han sido controvertidas en

manera alguna por el apelante ante nosotros, a pesar de que tienden a

demostrar que el registro no tenía desperfectos, y las condiciones del

asfalto alrededor del registro no eran responsabilidad de la AAA.
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       Además, el apelante sostiene que la foto aludida fue tomada

pasado un año de ocurrido el accidente. Sin embargo, en su Alegato ante

la AAA aseveró que el apelante había declarado en el juicio que las

condiciones existentes en el lugar de los hechos eran iguales a las

imágenes que surgían de las fotos. Visto que la parte apelante no incluyó

junto a su recurso de apelación alguno de los medios de reproducción de

la prueba testifical, nos vemos impedidos de sopesar si, en efecto, el

apelante manifestó que la foto reflejaba las condiciones del lugar tal

como a la fecha en que ocurrió el accidente. Los tribunales apelativos no

deben intervenir con la apreciación de la prueba oral, cuando no se tiene

forma de evaluar la evidencia presentada debido a que la parte

promovente no elevó una transcripción o una exposición narrativa de la

prueba. Graciani Rodríguez v. Garge Isla Verde, LLC, 202 DPR 117

(2019).

       Finalmente, el apelante arguye que la prueba documental admitida

como evidencia constató que no se habían realizado trabajos de

repavimentación o bacheo en la calle donde se encontraba el registro,

previo a que ocurriera el accidente. A partir de lo cual concluye, que la

para demandada-apelada no pudo demostrar que se realizaron trabajos

posteriores a la aprobación de la Ley Núm. 79-200210.

       Al así exponer, el apelante subvierte el peso de la prueba que

correspondía asumir a cada parte en el pleito, en tanto juzga que le

correspondía a AAA demostrar el hecho alegado. Según la Regla 110(a) y

(b) de Evidencia, supra, es en la parte promovente de la causa de acción

en quien reside el peso de probar el asunto en controversia. Por tanto,

correspondía al apelante probar que la AAA creó las condiciones de

peligrosidad que dieron lugar al desafortunado accidente en bicicleta

descrito, pero no logró ante el TPI, y tampoco apreciamos los supuestos

10 Recurso de apelación, pág. 13.
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que nos colocan en posición de intervenir con la apreciación de la prueba

hecha por el foro apelado11. A fin de cuentas, solo podríamos intervenir

con la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la

misma      quedáramos       convencidos      de    que    el   juzgador     descartó

injustificadamente elementos probatorios importantes o que fundamentó

su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente

improbables o increíbles. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826,

830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). Ninguna

de las tales acontece en este caso.

       En definitiva, sobre este punto, no tenemos elementos suficientes

para revertir la determinación del TPI en su juicio de probabilidad, de

que era probable que se hubiese repavimentado la carretera posterior al

año 2002, pero antes del 2011. De nuevo, para que en nuestro

ordenamiento jurídico prospere una causa de acción por daños y

perjuicios, se requiere establecer mediante preponderancia de la prueba,

la existencia de un acto u omisión negligente, objetivo que no logró

cumplirse en este caso.

IV. Parte dispositiva

       Por los fundamentos antes expuestos, se Confirma la Sentencia

apelada.

       Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La

jueza Lebrón Nieves concurre sin voto escrito.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones

11 No pasa inadvertido que la Certificación suscrita por el Supervisor del Subprograma
de repavimentación del Municipio de San Juan de vías, comprende el periodo entre el
14 de septiembre de 2011 y el 7 de diciembre de 2016, aunque refleja la inexistencia de
obras de reparación o bacheo, hay un periodo de posterior a la aprobación de la Ley
Núm. 79-2007, en el 2002 y anterior al 2011, que no fue incluido en la certificación, y
en el que pudo haberse asfaltado la carretera.