Court Opinion

ID: 9962696
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:43:23.820906+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:40.485431
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

YADIEL OMAR FRANCO DÍAZ                            APELACIÓN
                                                   procedente del
            Apelante                               Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
                                                   Superior de
                v.                   KLAN202400008 Bayamón

                                                      Caso número:
  ESTADO LIBRE ASOCIADO                               BY2023CV01366
  DE PUERTO RICO, ET ALS
                                                      Sobre:
            Apelados                                  Impugnación de
                                                      Confiscación

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

       Comparece la parte peticionaria, Yadiel O. Franco Díaz, mediante el

recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 29 de

noviembre de 2023, notificada al día siguiente. Mediante el referido

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia

sumaria promovida por la parte peticionaria.

       Toda vez que el recurso de epígrafe versa sobre la revisión de una

resolución de naturaleza interlocutoria, acogemos el mismo como un

certiorari y conservamos el alfanumérico para propósitos administrativos.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega

la expedición del auto solicitado.

                                       I

       El 9 de marzo de 2023, Yadiel O. Franco Díaz (Franco Díaz o

peticionario) incoó una Demanda sobre impugnación de confiscación en

contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o recurrido), por

conducto del Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, el

Negociado de la Policía de Puerto Rico (Policía), por conducto del

 Número Identificador
 RES2024 _______________
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Comisionado de la Policía, y la Junta de Confiscaciones de Puerto Rico,

por conducto de su Directora Administrativa.1 Indicó que, el 23 de enero de

2023, un agente de la Policía le ocupó su vehículo marca Ford, modelo

Mustang, con tablilla IOC-511 del año 2015, registrado a su nombre en el

Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras

Públicas de Puerto Rico (DTOP). Señaló que dicha ocupación respondía a

presuntas violaciones al Artículo 5.06 de la Ley Núm. 22-2000, según

enmendada, conocida como la Ley de Vehículo y Tránsito de Puerto Rico,

9 LPRA sec. 5126 (Ley de Tránsito), según surgía de la carta de notificación

de confiscación, en la cual le informaron que la orden en cuestión fue

emitida el 6 de febrero de 2023. Alegó que tal intervención fue ilegal y

representaba un acto contrario a derecho, inconstitucional e injustificado.

Negó que la propiedad ocupada estuviera conectada con la comisión de

delito alguno. Sobre ese particular, sostuvo su inocencia de los delitos

imputados y planteó que aún no se habían dilucidado ni encontrado

culpable de los hechos de los cuales se le acusaba. En virtud de ello, por

la alegada ilegalidad de la confiscación, adujo que correspondía que la

Junta de Confiscaciones le devolviera el vehículo ocupado.

        Por su parte, el 28 de junio de 2023, el ELA presentó su alegación

responsiva, en la cual, en esencia, negó los planteamientos esbozados en

su contra.2 En lo pertinente, alegó que la confiscación realizada fue en el

ejercicio de un deber ministerial, hecho de buena fe, con la autoridad que

le confería la Ley Núm. 119-2011, según enmendada, conocida como la

Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, 34 LPRA sec. 1724 et seq. (Ley

de Confiscaciones). Señaló que se presumía la legalidad y corrección de

la confiscación independientemente de cualquier otro caso penal,

administrativo o cualquier otro procedimiento relacionado a los mismos

hechos. Sobre ello, abundó que la naturaleza de las confiscaciones era in

rem, independiente de cualquier otra acción de naturaleza penal,

1 Apéndice 1 del recurso, págs. 21-24.
2 Apéndice 2 del recurso, págs. 25-29.
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administrativa u otra. A su vez, indicó que Franco Díaz tenía el peso de la

prueba para derrotar la legalidad de la confiscación.

        Celebrada la vista de legitimación activa,3 el 19 de octubre de 2023,

Franco Díaz instó una Moción del Demandante para que se Dicte Sentencia

Sumaria.4 En síntesis, adujo que el proceso criminal celebrado en su contra

culminó mediante Sentencia del 5 de junio de 2023, con una determinación

de culpabilidad por la comisión del delito tipificado en el Artículo 5.07 de la

Ley de Tránsito, 9 LPRA sec. 5127, el cual no disponía sobre la ocupación

del vehículo. Especificó que había suscrito libre y voluntariamente un

acuerdo con el Ministerio Público de reclasificación del delito originalmente

imputado. Sostuvo que inicialmente se le había denunciado por un delito

bajo el Artículo 5.06 de la Ley de Tránsito, supra, que aparejaba la

confiscación, pero que este había sido reclasificado –con su alegación de

culpabilidad– a uno menos grave que no proveía para la acción de

confiscación. Sobre ese particular, arguyó que, si la propiedad confiscada

no tenía conexión con la comisión de un delito que por ley autorizara la

confiscación, no había razón para que el ELA la continuara ocupando.

Reiteró que era un hecho incontrovertible que el vehículo confiscado no se

había utilizado en la comisión del delito tipificado en el precitado Artículo

5.06, para los efectos de la presente acción de impugnación. Planteó que,

al no existir la comisión del referido delito, se perdió el fundamento legal

para efectuar la confiscación que solicitaba el ELA, por lo que procedía la

devolución del vehículo confiscado.

        En respuesta, el 17 de noviembre de 2023, el ELA se opuso.5 En

esencia, argumentó que Franco Díaz no había demostrado la existencia de

3  El 12 de septiembre de 2023, el foro primario determinó que Franco Díaz tenía
legitimación activa para continuar con la acción de epígrafe. Véase, Apéndice 3 del
recurso, págs. 30-31.
4 Apéndice 4 del recurso, págs. 32-42. Junto a su escrito, Franco Díaz presentó el siguiente

documento: copia de la Sentencia del Caso Criminal Núm. D MG2023M0027, con fecha
del 5 de junio de 2023. Véase, Apéndice 7 del recurso, pág. 58.
5 Apéndice 5 del recurso, págs. 43-51. El ELA acompañó su moción con los siguientes

documentos: (1) copia de la Sentencia del Caso Criminal Núm. D MG2023M0027, con
fecha del 5 de junio de 2023; (2) copia de la Orden de Confiscación del 6 de febrero de
2023, con firma de recibo y tasación del 8 de febrero de 2023; (3) copia de la Denuncia
del Caso Núm. 2023-07-199-00115, con fecha del 6 de febrero de 2023. Véase, Apéndice
7 y 8 del recurso, págs. 58-59. Véase, además, Anejos de la Entrada Núm. 23 del Caso
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una adjudicación expresa en el proceso penal instado en su contra por

violación al Artículo 5.06 de la Ley de Tránsito, supra, en la cual se haya

determinado que el vehículo cuya confiscación se impugnaba no fue

utilizado en la comisión de algún delito. Sostuvo que, a falta de dicha

determinación expresa, no procedía la aplicación de la doctrina de

impedimento colateral por sentencia. Por el contrario, alegó que

correspondía que Franco Díaz presentara prueba que derrotara la

presunción de legalidad de la confiscación, la cual se debía mantener

vigente conforme a nuestro ordenamiento jurídico. En virtud de ello, solicitó

que se declarara No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria instada por

Franco Díaz y se ordenara la continuación de los procedimientos.

       Evaluadas las posturas de las partes, el 29 de noviembre de 2023,

notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la

Resolución    que   nos   ocupa.6    En   esta,   desglosó   las   siguientes

determinaciones de hechos:

       1. El demandante Yadiel Omar Franco Díaz fue objeto de
          una intervención policial el 23 de enero del 2023 en
          Bayamón, Puerto Rico.

       2. A raíz de esta intervención por alegada infracción al
          Artículo 5.06 de la Ley Núm[.] 22-2000, conocida como la
          Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según
          enmendada, se le ocupó el automóvil Marca Ford, modelo
          Mustang, tablilla IOC-511, el cual es propiedad del
          demandante.

       3. El demandante fue notificado de la confiscación el 13 de
          febrero de 2023, dentro del término provisto por la Ley
          Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada.

       4. La Orden de Confiscación fue emitida el 6 de febrero de
          2023 y la Certificación de la Inspección de Vehículos de
          Motor y Equipo Pesado fue expedida el día 3 de febrero
          de 2023.

       5. El demandante Sr. Franco Díaz fue citado el 22 de febrero
          de 2023 para la celebración de la vista de determinación
          de causa al amparo de la Regla 6 de las de Procedimiento
          Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Luego de celebrada la
          vista y escuchada la prueba del Estado, el Honorable
          Tribunal determinó causa probable por infracción al
          Artículo 5.06 de la Ley [Núm.] 22-200, supra.

Núm. BY2023CV01366 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC).
6 Apéndice 6 del recurso, págs. 52-57.
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        6. El juicio en su fondo para el caso D MG2023M0027 se
           celebró el 5 de junio de 2023. En esa misma fecha[,] se le
           anunció al Honorable Tribunal que el Sr. Yadiel Omar
           Franco Díaz llegó a un preacuerdo con el Ministerio
           Público mediante el cual se declaró culpable de infringir el
           Artículo 5.07 de la Ley [Núm.] 22-2000, supra, siendo
           sentenciado al pago de una multa de mil dólares
           ($1,000.00).

        7. En el ámbito penal, el demandante no fue encontrado
           culpable por infringir el Artículo 5.06 de la Ley Núm[.] 22-
           2000.

        8. El demandante tiene legitimación activa para instar y
           continuar con la acción de autos.7
        En síntesis, el foro primario determinó que existía controversia sobre

si Franco Díaz había logrado rebatir la presunción de legalidad y corrección

de la confiscación en cuestión. Expresó que, contrario a lo propuesto por

Franco Díaz, la Sentencia del Caso Núm. D MG2023M0027 en nada aludía

a que el vehículo confiscado no se utilizó en la comisión del delito imputado.

Asimismo, concluyó que Franco Díaz no demostró la existencia de una

adjudicación expresa en el proceso penal instado en su contra por violación

a la Ley de Tránsito, supra, en la cual se haya determinado que el vehículo

cuya confiscación se impugnaba no fue utilizado en la comisión del delito.

Por ello, determinó que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley

de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724e, no aplicaba la doctrina de

impedimento colateral por sentencia propuesta por Franco Díaz en el caso

de autos. Por último, señaló que el Artículo 15 de la Ley de Confiscaciones,

34 LPRA sec. 1724l, expresamente establecía que la legalidad y corrección

de la confiscación se presumía, independientemente de cualquier otro caso

criminal relacionado a los mismos hechos, y que Franco Díaz tenía el peso

de la prueba para derrotar la legalidad de la confiscación. En vista de ello,

declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por

Franco Díaz.

        Inconforme con dicha determinación, el 2 de enero de 2024, la parte

peticionaria acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe y realizó el

siguiente señalamiento de error:

7 Apéndice 6 del recurso, págs. 52-53.
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       Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala [Superior] de
       Bayamón[,] al no resolver sumariamente, amparándose en la
       inaplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral por
       sentencia, según dispuesto por la Ley [Núm.] 119-2011 en
       evidente menoscabo a la primacía del derecho constitucional
       al disfrute de la propiedad y del debido proceso de ley.

       En cumplimiento con nuestra Resolución del 12 de enero de 2024,

la parte recurrida compareció mediante Alegato en Oposición el 12 de

febrero del mismo año.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                      II

                                      A

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un

tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de

Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
       de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión.

       [. . .]
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      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o

peritos   esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios   evidenciarios,

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas

excepciones.

      A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón

y otros, 2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Rivera et al.

v. Arcos Dorados et al., supra; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352,

372 (2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla

dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
      orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
      ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.
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       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante,

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario,

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

                                       B

       El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, es un vehículo para

asegurar la solución justa, rápida y económica de un caso. Serrano Picón

v. Multinational Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); Oriental

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, 212 DPR ___ (2023); González

Meléndez v. Mun. San Juan et al., 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023);

Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR 80, 212 DPR ___

(2023); Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). Dicho

mecanismo permite a los tribunales disponer, parcial o totalmente, de

litigios civiles en aquellas situaciones en las cuales no exista controversia
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material de hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho

así lo permita. Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964 (2022).

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

       Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR

20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el tribunal,

como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso judicial,

mientras simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo

procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico.

Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Como se sabe, en aras de

prevalecer en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su causa de

acción. Íd.

       Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa impone

unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al momento de

presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: (1) una exposición

breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en

controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia

sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados

de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se

establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones

por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho

aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3;

Oriental Bank v. Caballero García, supra, pág. 8; Pérez Vargas v. Office

Depot, 203 DPR 687 (2019). Si la parte promovente de la moción incumple
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con estos requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

       Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág.

43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar esta solicitud

viene obligado a enfrentar la moción de su adversario de forma tan

detallada y específica como lo ha hecho la parte promovente puesto que,

si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra,

si la misma procede en derecho. Íd.

       Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, la

parte promovida debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro

está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la

prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Íd. En otras palabras, la

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye

los hechos materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior, se puede

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las formalidades de la

Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

       Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos los

hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los hechos

y de los documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de hechos

prevalece la parte promovida. Íd., pág. 625. Además, al evaluar los méritos

de una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador o juzgadora debe actuar
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guiado por la prudencia y ser consciente, en todo momento, que su

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de su

“día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. León Torres

v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

       Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no procederá

cuando existan controversias sobre hechos esenciales materiales, o si la

controversia del caso está basada en elementos subjetivos como intención,

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Acevedo y otros v. Depto.

Hacienda y otros, supra; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra. Un

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Oriental Bank v. Caballero

García, supra, pág. 7; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Ahora bien,

el Foro de última instancia ha reiterado que cualquier duda no es suficiente

para derrotar una moción de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una

incertidumbre que permita concluir que existe una controversia real sobre

hechos relevantes y pertinentes. Íd. Además, existen casos que no se

deben resolver mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la

verdad de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd. No obstante, la sentencia

sumaria procederá si atiende cuestiones de derecho. Universal Ins. y otro

v. ELA y otros, supra.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios que

este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de revisar una

sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v.

M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre ese particular, nuestro más Alto

Foro señaló que:

       [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo el
       expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
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         Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro
         primario; (2) revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria
         como su oposición cumplan con los requisitos de forma
         codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en realidad
         existen hechos materiales en controversia y, de haberlos,
         cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento
         Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos
         materiales encontró que están en controversia y cuáles están
         incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos materiales
         realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar de
         novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
         Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al.,
         supra, pág. 679.

         Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición que

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. Birriel Colón v. Econo y otros, 2023 TSPR 120, 213

DPR ___ (2023); Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; González

Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra; González Santiago v. Baxter

Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019). Por ello, nuestra revisión es una de

novo y nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36

de Procedimiento Civil, supra, así como de su jurisprudencia interpretativa.

González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra. A tenor con la referida

normativa, dicha revisión se realizará de la manera más favorable hacia la

parte que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro de origen

y realizando todas las inferencias permisibles a su favor. Birriel Colón v.

Econo y otros, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118. De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario aplicó

correctamente el derecho. González Meléndez v. Mun. San Juan et al.,

supra.

         Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                        III

         En síntesis, la parte peticionaria sostiene que el Tribunal de Primera

Instancia incidió al no resolver sumariamente la acción de epígrafe.

Argumenta que al caso de autos le es aplicable la doctrina de impedimento

colateral por sentencia, conforme a lo dispuesto por la Ley de
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Confiscaciones, supra. De igual forma, plantea que el foro primario erró al

declarar No Ha Lugar su petitorio sumario, pues ello constituye un evidente

menoscabo a la primacía del derecho constitucional al disfrute de la

propiedad y del debido proceso de ley.

       Hemos evaluado el recurso de epígrafe conforme exige la normativa

antes expuesta con particular atención a los criterios que le corresponde

utilizar al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones

del foro de instancia, según Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.

Luego de un examen sosegado del expediente ante nos, colegimos que no

existe criterio jurídico que amerite nuestra intervención con lo resuelto por

el Tribunal de Primera Instancia. Al entender sobre el planteamiento que la

parte peticionaria propone ante este Foro, concluimos que la sala de origen

no incurrió en error de derecho ni en abuso de discreción al declarar No Ha

Lugar la solicitud de sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria,

ello a fin de que podamos soslayar la norma de abstención judicial que, en

dictámenes como el de autos, regula el ejercicio de nuestras funciones.

       Al evaluar de novo los documentos que nos ocupan, coincidimos con

que, al adjudicar el asunto, el Tribunal de Primera Instancia actuó de

conformidad con las normas que prevalecen en la materia que atendemos.

Ello, nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los

procedimientos, no resulta oportuna. Siendo así, y en ausencia de prueba

que nos permita resolver en contrario, denegamos expedir el auto de

certiorari que nos ocupa, al amparo de lo dispuesto en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del

recurso de certiorari solicitado.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones