Court Opinion

ID: 9394854
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:09.308933+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.177309
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                     REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS
                                PANEL XI

                                                  Apelación
      EC WASTE LLC                                procedente del
                                                  Tribunal de
          Apelante                                Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
                                                  Caguas
              V.
                                KLAN202300225     Caso Núm.:
                                                  CG2022CV01311
    JLL PUERTO RICO
     REALTY GP, INC.                              Sobre:
        Y OTROS                                   Incumplimiento de
                                                  Contrato, Mala Fe
          Apelados                                Contractual &
                                                  Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      El 15 de marzo de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, EC WASTE, LLC (en adelante, parte apelante o ECW),

mediante recurso de Apelación. Por medio de este, nos solicita que

revisemos una sentencia Parcial emitida el 7 de febrero de 2023 y

notificada el 8 de febrero de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Caguas. En virtud del aludido dictamen,

el foro a quo desestimó sin perjuicio la demanda instada en contra

de JLL Puerto Rico Realty GP, Inc. (en adelante, JLL); Compañía

Desconocida, Aseguradoras A, B, y C.

      Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a

continuación, se revoca el dictamen apelado y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLAN202300225                                                                    2

                                        I

       El caso de epígrafe tuvo su génesis en una Demanda1 sobre

cobro de dinero ordinario e incumplimiento de contrato, incoada por

ECW en contra de B.H. 200 Avenue Rafael Cordero, LLC; en adelante

(B.H.); JLL Puerto Rico Realty GP, Inc.; Compañía Desconocida; y

Aseguradoras A, B y C en adelante (parte apelada), el 27 de abril

de 2022.     Ese mismo día, la Secretaría del foro primario expidió el

emplazamiento de JLL y el mismo fue diligenciado el 10 de agosto

de 2022. No obstante, la parte demandada no contestó la Demanda.

       Acaecidas varias incidencias procesales, el 7 de febrero de

2023, la primera instancia judicial emitió la Sentencia Parcial cuya

revisión nos ocupa. En virtud de esta, el foro primario desestimó

sin perjuicio la demanda instada en contra de JLL Puerto Rico Realty

GP, Inc., Compañía Desconocida, Aseguradoras A, B, y C.

       Inconforme con tal determinación, la parte apelante presentó

el 9 de febrero de 2023, Moción de Reconsideración y Solicitud de

Anotación de Rebeldía. El 10 de febrero de 2023, el Tribunal de

Primera Instancia, declaró No Ha Lugar la moción antes referida.

       Aun inconforme con el dictamen emitido, la parte apelante

acudió ante este foro revisor y le imputó al foro a quo haber cometido

los siguientes errores:

       A. Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando
          desestimó la reclamación en contra de JLL por no
          haber sido emplazada dentro del término
          reglamentario de 120 días no obstante habérsele
          acreditado al Tribunal que JLL si fue emplazada
          dentro de dicho término.

       B. Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando rehusó
          anotarle la rebeldía a JLL no obstante haber
          transcurrido más de 5 meses desde que JLL fue
          debidamente emplazada sin que ésta compareciera a
          defenderse.

1 En esencia, ECW alegó que JJL, canceló ilegalmente un contrato por medio del
cual la primera proveía servicios de recogido y disposición de desperdicios sólidos
en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Centro I, ubicado en el Municipio
de Caguas. Adujo que, la parte demandada incurrió en mala fe contractual, por
lo que, reclamó la suma de $18,500.00 por servicios prestados y no pagados.
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       En atención al recurso de Apelación que nos ocupa, el 17 de

marzo de 2023, emitimos Resolución, en la cual le ordenamos a la

parte apelante que nos acreditara en o antes del viernes 24 de

marzo de 2023, haber notificado copia del recurso de epígrafe a la

parte apelada, ello de conformidad con la Regla 13 (B) del

Reglamento de este Tribunal2 y al Tribunal de Primera Instancia,

conforme a lo dispuesto por la Regla 14 de las Reglas del Tribunal

de Apelaciones3. Le apercibimos a la parte apelante que, el

incumplimiento con lo dispuesto, daría lugar a la desestimación del

recurso.4

       Por otro lado, le concedimos término a la parte apelada hasta

el viernes 14 de abril de 2023, para exponer su posición en cuanto

al recurso de epígrafe, con el consabido apercibimiento de que,

transcurrido el término dispuesto, el recurso se entendería

perfeccionado para su adjudicación final. Empero, a pesar de haber

transcurrido el término concedido, la parte apelada no ha

comparecido ante este foro revisor, por lo cual, damos por

perfeccionado el recurso y procedemos a resolver el mismo sin el

beneficio de su comparecencia.

                                        II

A. Deferencia al Tribunal de Primera Instancia

       Como es sabido, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que

los   tribunales     apelativos      “no     debemos      intervenir     con    las

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo que

medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera,

165 DPR 1, 25 (2005); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579,

2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B).
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14.
4 El mismo día en que emitimos la referida Resolución, esto es, el 17 de marzo de

2023, compareció la parte apelante mediante Moción en Cumplimiento con la Regla
14 y nos acreditó haber notificado el recurso al foro primario y a la parte apelada.
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593 (1970). Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909

(2012).

      Ahora bien, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos

duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

      Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la discreción como

"una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307, 338 (2012). De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un

juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno,

sin tasa ni limitación alguna". De igual forma, "no significa poder

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

Derecho". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,

supra, pág. 435.

      Es correcto que los tribunales de instancia poseen el poder

inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva

su   jurisdicción,   pronunciamientos     y   órdenes.    El   efectivo

funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición

de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces de instancia

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo

y tramitación de los asuntos judiciales. Es por ello que a éstos se les

ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los

asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique.

(Citas omitidas). In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). Ahora

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que no

intervendrá con dicha facultad de los tribunales de instancia,

“excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito de
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evitar una flagrante injusticia”. Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR

282, 287 (1988).

B. Emplazamiento

      Como es sabido, el emplazamiento es el mecanismo procesal

que permite al Tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del

demandado, para que este quede obligado por el dictamen que, en

su día, emita el foro judicial. Cirino González v. Adm. Corrección, et

al., 190 DPR 14, 30 (2014); Martajeva v. Ferre Morris, 2022 TSPR

123 (2022); Rivera Torres v. Díaz López, 207 DPR 636, 646-647

(2021); Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 206 DPR 379, 384 (2021);

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Márquez

v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Dicho mecanismo procesal es

parte esencial del debido proceso de ley, pues su propósito principal

es notificar a la parte demandada que existe una acción judicial en

su contra. De esta manera, la parte puede comparecer en el

procedimiento, ser oído y presentar prueba a su favor. Martajeva v.

Ferre Morris, supra; Rivera Torres v. Díaz López, supra, pág. 647;

Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, supra, pág. 384; Banco Popular v.

S.L.G. Negrón, supra, pág. 863; Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004); Medina

v. Medina, 161 DPR 806 (2004).        Por lo tanto, su adulteración

constituye una flagrante violación al trato justo. Lucero v. San Juan

Star, 159 DPR 494, 507 (2003); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank,

133 DPR 15, 22 (1993). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 199

DPR 458, 467 (2017).

      Conforme a lo anterior, no es hasta que se diligencia el

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el

epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal.

Véanse: Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015);

Medina v. Medina, supra; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997).
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(Énfasis en el original). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als.,

supra, pág. 467.

      En     nuestro    ordenamiento      jurídico,   la      figura    del

emplazamiento está regulada por la Regla 4 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V. En particular, dicho precepto legal dispone

que una parte que interese demandar a otra deberá presentar el

formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda para

que   el   Secretario   o   Secretaria    del   Tribunal      lo   expida

inmediatamente. Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. Una vez expedido el emplazamiento, la parte que lo solicita

cuenta con 120 días para poder diligenciarlo. Lo anterior, a partir

del momento en que se presenta la demanda o de la fecha de

expedición   del   emplazamiento    por    edicto.    Regla    4.3(c)   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En caso de que transcurra el

referido término de 120 días y éste no se diligencie, el tribunal

deberá dictar sentencia en la que decrete su desestimación y archivo

sin perjuicio del caso ante su consideración. Id. Torres Zayas v.

Montano Gómez, et als., supra, págs. 467-468; Martajeva v. Ferre

Morris, supra.

      Nuestras Reglas de Procedimiento Civil establecen dos

maneras para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o

mediante edicto. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987

(2020). El emplazamiento personal es el método idóneo para adquirir

jurisdicción. Ahora bien, por excepción y en circunstancias

específicas, nuestras Reglas de Procedimiento Civil permiten que se

utilice el mecanismo del emplazamiento por edicto. Regla 4.6(a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a). Caribbean Orthopedics

v. Medshape et al, 207 DPR 994, 1005 (2021).

      Al respecto, nuestra última instancia judicial ha expresado

que los requisitos que dispone la regla de emplazamiento son de

estricto cumplimiento. Véanse: Rivera Torres v. Díaz López, supra,
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pág. 647; Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375

(2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901

(1998); Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). Ello, pues, “el

emplazamiento es un trámite medular para el cumplimiento con el

debido procedimiento de ley de un demandado y afecta directamente

la jurisdicción del tribunal”. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 579

(2002). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, pág. 468.

       Recordemos que las normas sobre el emplazamiento “son de

carácter impositivo, de las cuales no se puede dispensar. La razón

de esta rigurosidad es que el emplazamiento se mueve dentro del

campo del Derecho constitucional y más específicamente dentro del

derecho del demandado a ser oído y notificado de cualquier

reclamación en su contra”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis,

2017, pág. 257. Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, pág.

468.

       En ese sentido, es menester señalar que la falta de un correcto

emplazamiento a la parte contra la cual un Tribunal dicta sentencia,

“produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción

sobre el demandado […]”. Lonzo Llanos v. Banco de la Vivienda, 133

DPR 509, 512 (1993). Véase Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank,

supra, págs. 21-22; Rivera Torres v. Díaz López, supra, págs. 647-

648. Dicho de otro modo, “[t]oda sentencia dictada contra un

demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme a

derecho es inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de un caso de

nulidad radical por imperativo constitucional”. (Citas omitidas).

Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, págs. 468-469.

       Finalmente, no podemos pasar por alto que el derecho al

emplazamiento es renunciable. Tal renuncia puede suceder cuando

la parte demandada se somete voluntariamente a la jurisdicción del

tribunal. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 872-873. “La
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sumisión voluntaria suple la omisión del emplazamiento, ya que

tiene el efecto de que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la

persona. Una parte puede someterse al tribunal de forma explícita

o implícita. La sumisión voluntaria puede suceder cuando

comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la

constituya parte en el pleito”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,

supra, págs. 872-873.

      En cuanto a la sumisión voluntaria, el Alto Foro ha expresado

también que esto se “puede hacer al cumplir voluntariamente con

las órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, presentar documentos

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte

demandante en su contra”. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721

(2003).

C. La anotación de rebeldía

      La anotación de rebeldía se define como la posición procesal

en que se coloca la parte que ha dejado de cumplir un deber procesal

o de ejercitar su derecho de defenderse. Rodríguez v. Rivera, 155

DPR 838, 848 (2002).

      Es norma ampliamente conocida que nuestro ordenamiento

jurídico permite que el tribunal motu proprio o a solicitud de parte,

le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a contestar la

demanda o a defenderse según estipulan las reglas, o como sanción.

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). En

ambas circunstancias, el efecto de la anotación es que se dan por

ciertos los hechos que están correctamente alegados. Regla 45.1 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Banco Popular v.

Andino Solís, 192 DPR 172 (2015).

      La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual dispone lo

siguiente:
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      Cuando una parte contra la cual se solicite una
      sentencia que concede un remedio afirmativo haya
      dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra
      forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se
      pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el
      secretario anotará su rebeldía.

      El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá
      anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla
      34.2 (b)(3).

      Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por
      admitidas las aseveraciones de las alegaciones
      afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b).

      La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez
      de una sentencia dictada en rebeldía.

      Nuestro Tribunal Supremo ha destacado el principio general

de derecho de que el propósito del mecanismo de la rebeldía es

desalentar el uso de la dilación como estrategia de litigación. Sobre

este particular, el Alto Foro ha señalado que: “... es nota constitutiva

de la justicia el tiempo oportuno, por lo que una dilación en la

respuesta judicial puede ser una fuente de injusticia”. En otras

palabras, “justicia tardía equivale a la denegación de la justicia

misma”. La rebeldía “es la posición procesal en que se coloca la parte

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con

su deber procesal”. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR

580, 587 (2011).

      De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal civil son tres

los fundamentos por los cuales una parte puede ser declarada en

rebeldía. El primero y más común es simplemente por no

comparecer al proceso después de haber sido debidamente

emplazada. En este contexto el demandado que así actúa no

incumple con un deber pues tiene el derecho o facultad de no

comparecer si no desea hacerlo. Sin embargo, lo que el

ordenamiento no permite es que, ante el ejercicio de esa

facultad o derecho, el proceso se paralice. Es en ese momento

que entra en función el mecanismo procesal de la rebeldía, de

manera que la causa de acción continúe dilucidándose sin que
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necesariamente la parte demandada participe. Queda claro

entonces que, en virtud de este mecanismo procesal, el ejercicio

de la prerrogativa por parte de un demandado de actuar en

rebeldía no consigue dilatar el litigio en su contra y constituye

una renuncia a la realización de ciertos actos procesales, en

perjuicio de sus propios intereses. Rivera Figueroa v. Joe's

European Shop, supra, pág. 588.

        El segundo fundamento para que una parte pueda ser

declarada en rebeldía surge en el momento en que el demandado

no formula contestación o alegación responsiva alguna en el

término concedido por ley, habiendo comparecido mediante alguna

moción previa de donde no surja la intención clara de defenderse.5

Desde ese momento la parte demandante puede solicitar o el

tribunal motu proprio puede declarar a la parte en rebeldía.

        El tercer fundamento surge cuando una parte se niega a

descubrir su prueba después de haber sido requerido mediante los

métodos de descubrimiento de prueba, o simplemente cuando una

parte ha incumplido con alguna orden del tribunal. En esta

instancia y como medida de sanción, el demandante puede solicitar

o el tribunal motu proprio puede declarar a la parte que ha

incumplido en rebeldía. Id.

       De otra parte, aunque la rebeldía constituye un mecanismo

procesal discrecional para el foro de instancia, tal discreción no se

sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por ejemplo, la Regla

34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone que el

tribunal podrá dictar “todas aquellas ordenes que sean justas”

entre ellas, sentencias en rebeldía. De manera que, la anotación de

rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción

por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre debe

5Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure, Civil 2d., secs. 2682 y
2686.
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darse dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal

justicia equivaldría a un abuso de discreción.6

         Finalmente, en su penúltimo párrafo la Regla 45.1 de

Procedimiento Civil, supra, señala los efectos o consecuencias de la

anotación de rebeldía. Estos efectos se resumen en que se dan por

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la

alegación que se haya formulado contra el rebelde y se autoriza al

tribunal para que dicte sentencia7 si ésta procede como cuestión de

derecho.8

       Por último, es una norma firmemente establecida que el

tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del tribunal de

instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service

Station, 117 DPR 729, 745 (1986).

                                        III

       En su primer señalamiento de error, la parte apelante nos

plantea que, erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la

reclamación en contra de JLL, por no haber sido emplazada dentro

del término reglamentario de 120 días, a pesar de habérsele

6 Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966).
7 La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, advierte que la sentencia en rebeldía
dictada por el tribunal deberá cumplir con las disposiciones de la Regla 45.2(b)
de Procedimiento Civil, supra, en las circunstancias que así lo ameriten. Esto es:
no se dictará sentencia en rebeldía contra un(a) menor o una persona
incapacitada a menos que estén representados(as) por el padre, madre, tutor(a),
defensor(a) judicial u otro(a) representante que haya comparecido en el pleito. Si
para que el tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla se hace necesario
fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de los daños, o comprobar
la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación
de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias
y adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado o comisionada. Cuando
la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía haya comparecido en el
pleito, dicha parte será notificada del señalamiento de cualquier vista en rebeldía
que celebre.
8 Continental Insurance v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).
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acreditado al Tribunal que JLL fue emplazada dentro de dicho

término. Adelantamos que, le asiste la razón a la parte apelante.

      Conforme esbozado previamente, en nuestro ordenamiento

jurídico, la figura del emplazamiento está regulada por la Regla 4 de

las de Procedimiento Civil, supra.    En particular, dicho precepto

legal dispone que una parte que interese demandar a otra deberá

presentar el formulario de emplazamiento conjuntamente con la

demanda para que el Secretario o Secretaria del Tribunal lo expida

inmediatamente. Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil, supra. Una

vez expedido el emplazamiento, la parte que lo solicita cuenta

con 120 días para poder diligenciarlo. Lo anterior, a partir del

momento en que se presenta la demanda o de la fecha de

expedición del emplazamiento por edicto. Regla 4.3(c) de

Procedimiento Civil, supra. En caso de que transcurra el referido

término de 120 días y éste no se diligencie, el tribunal deberá dictar

sentencia en la que decrete su desestimación y archivo sin perjuicio

del caso ante su consideración. Id. Torres Zayas v. Montano Gómez,

et als., supra, págs. 467-468; Martajeva v. Ferre Morris, supra.

      Tal y como se desprende del tracto procesal del caso de

marras, la parte apelante instó su causa de acción ante el foro

primario el 27 de abril de 2022.     Ese mismo día, la Secretaría

del foro apelado expidió el emplazamiento de JLL, por lo que, el

término de 120 días que disponía la parte apelante para diligenciar

el emplazamiento de JLL, vencía el 26 de agosto de 2022. Surge

del expediente ante nuestra consideración que, el emplazamiento de

JLL fue diligenciado el 10 de agosto de 2022, esto es, 16 días

antes de que venciera término reglamentario de 120 días.

      Si bien es cierto que la parte apelante no presentó ante el foro

primario el emplazamiento tan pronto el mismo fue diligenciado, sí

acreditó el mismo mediante su Moción de Reconsideración y

Anotación de Rebeldía. Sin embargo, el foro a quo hizo caso omiso
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de tal incidencia procesal y se rehusó a reconsiderar su dictamen

desestimatorio.   Consecuentemente, concluimos que, en efecto,

incidió el foro a quo al desestimar la demanda sin perjuicio bajo el

fundamento de no haberse diligenciado el emplazamiento dentro del

término reglamentario.

      Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, nos

plantea la parte apelante que, erró el Tribunal de Primera Instancia

al rehusarse a anotarle la rebeldía a JLL, a pesar de haber

transcurrido más de 5 meses desde que dicha parte fue debidamente

emplazada, sin que compareciera a defenderse. Veamos.

      En torno a la anotación de rebeldía, la Regla 45.1 de

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:

      Cuando una parte contra la cual se solicite una
      sentencia que concede un remedio afirmativo haya
      dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra
      forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se
      pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el
      secretario anotará su rebeldía.

      El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá
      anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla
      34.2 (b)(3).

      Como señalamos previamente, la parte apelada JLL fue

debidamente emplazada el 10 de agosto de 2022. Sin embargo,

conforme surge del tracto procesal del caso, dicha parte no

contestó, a pesar de haber decursado el término reglamentario de

30 días del que disponía para así hacerlo.

      Tal cual esbozado previamente, [e]n este contexto, el

demandado que así actúa no incumple con un deber pues tiene

el derecho o facultad de no comparecer si no desea hacerlo.

Sin embargo, lo que el ordenamiento no permite es que, ante

el ejercicio de esa facultad o derecho, el proceso se paralice.

Es en ese momento que entra en función el mecanismo

procesal de la rebeldía, de manera que la causa de acción

continúe dilucidándose sin que necesariamente la parte
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demandada participe. Queda claro entonces que, en virtud de

este mecanismo procesal, el ejercicio de la prerrogativa por

parte de un demandado de actuar en rebeldía no consigue

dilatar el litigio en su contra y constituye una renuncia a la

realización de ciertos actos procesales, en perjuicio de sus

propios intereses. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra,

pág. 588.

       Colegimos que, ante el hecho irrefutable de que la parte

apelada no contestó dentro del término reglamentario, a pesar de

haber sido emplazada, al tenor del derecho procesal antes esbozado,

procedía que el foro apelado le anotara la rebeldía a la parte apelada

JLL y no lo hizo.        Consecuentemente, coincidimos con la parte

apelante en que incidió el foro a quo al así proceder.

       Como mencionamos, es una norma firmemente establecida

que el tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del

tribunal de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que

nuestra     intervención       en   esa     etapa    evitará    un    perjuicio

sustancial".9

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dictamen

apelado y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí

resuelto.

        Notifíquese.

9 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., supra, págs. 170, 181 (1992); Lluch
v. España Service Station, supra, págs. 729, 745 (1986).
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones