Court Opinion

ID: 9952162
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:23:14.888138+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.601455
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

   CARMEN IRIS CRUZ                                  Certiorari
      FIGUEROA                                       procedente del
                                                     Tribunal de Primera
       Demandante                                    Instancia, Sala de San
                                                     Juan
             v.
                                  Caso Núm.
JUAN MARCOS JOAQUÍN KLCE202400197 K CU2018-0553
                                  (0708)
 Demandado-Recurrido
                                  Sobre:
   DIEGO RONALDO                  CUSTODIA
    JOAQUIN CRUZ

 Interventor-Peticionario

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       El 16 de febrero de 2024, el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz

instó por derecho propio el presente recurso de Certiorari y una

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Solicita que revoquemos la orden

emitida el 4 de enero de 2024, y notificada el 11 de enero de 2024,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Mediante el referido dictamen, el foro primario requirió al joven

Diego Ronaldo Joaquín Cruz presentar un pleito independiente

sobre alimentos entre parientes, debido a que, mediante otra orden

de igual fecha, relevó a su padre, Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo,

de la pensión alimentaria que pagaba a favor del joven, por éste

haber cumplido la mayoría de edad.1

1 La moción de reconsideración incoada por el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz

fue denegada mediante orden emitida el 11 de enero de 2024, y notificada el 19
de enero de 2024.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202400197                                                       2

      En auxilio de nuestra jurisdicción, el joven Diego Ronaldo

Joaquín Cruz requirió que ordenáramos la restitución del pago de la

pensión alimentaria a su favor hasta tanto resolviéramos el recurso

ante nos. Mediante Resolución emitida el 16 de febrero de 2024,

concedimos término al Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo para que

se expresara en cuanto a la moción en auxilio de jurisdicción. Éste

compareció el 26 de febrero de 2024, mediante Urgente Escrito en

Torno a Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción y el 27 de febrero

de 2024, presentó una Moción de Desestimación.

      Con la comparecencia de las partes, damos por perfeccionado

el recurso para su adjudicación.

      Examinado el recurso y escritos, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la orden recurrida. Se deja sin efecto la orden

del 4 de enero de 2024, que relevó al Sr. Juan Marcos Joaquín

Hidalgo del pago de la obligación alimentaria correspondiente a su

hijo Diego Ronaldo Joaquín Cruz, así como la otra orden de igual

fecha que requirió al joven presentar un pleito independiente sobre

alimentos entre parientes.

      Al tenor, declaramos con lugar la Moción en Auxilio de

Jurisdicción. Se restituye en un cincuenta por ciento la pensión

alimentaria provisional fijada al Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo

en beneficio del joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz para que, luego

del correspondiente trámite, se establezca la pensión alimentaria

que proceda, atendiendo la obligación dual alimentaria de ambos

progenitores.

                                   I.

      El 21 de diciembre de 2023, el Sr. Juan Marcos Joaquín

Hidalgo presentó una solicitud de relevo de la obligación de pago de

la pensión alimentaria correspondiente a su hijo Diego Ronaldo
KLCE202400197                                                            3

Joaquín Cruz. Alegó que el joven advino a la mayoría de edad el 20

de diciembre de 2023.

        El 29 de diciembre de 2023, el joven Diego Ronaldo Joaquín

Cruz presentó Oppisition to: Moción en solicitud de relevo de pensión

alimentaria. Adujo que aún necesita alimentos por su condición de

estudiante universitario a nivel subgraduado, con necesidades

especiales, que cursa estudios en línea y se encuentra bajo

tratamiento médico. Afirmó que reside con su madre, quien está

desempleada y no tiene la capacidad económica para asistirlo.

        El 4 de enero de 2024, el TPI relevó al Sr. Juan Marcos

Joaquín      Hidalgo     del      pago   de   la   obligación   alimentaria

correspondiente a Diego Ronaldo Joaquín Cruz. En igual fecha, y en

relación con la oposición del joven, el TPI dispuso que “[d]ebe

presentar un caso independiente de este sobre alimentos entre

parientes”.2 Así las cosas, el 8 de enero de 2024 el joven Diego

Ronaldo Joaquín Cruz presentó por derecho propio una solicitud de

alimento.3 Dicha solicitud fue aceptada y unida al caso original

Carmen Cruz Figueroa vs Juan Marcos Joaquín Hidalgo KCU2018-

0553.

        El 12 de enero de 2024, el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz

presentó Urgent Request for Reconsideration of Order. Arguyó que se

le violentó su derecho a un debido proceso de ley al relevar a su

padre de la obligación de pagar la pensión alimentaria sin concederle

la oportunidad de ser oído y presentar prueba a su favor.

        Mediante orden notificada el 19 de enero de 2024, el TPI

denegó la solicitud de reconsideración.

        Inconforme, el 16 de febrero de 2024, el joven Diego Ronaldo

Joaquín Cruz instó el presente recurso de certiorari y apuntó los

siguientes señalamientos de error:

2 Apéndice del recurso, pág. 1.
3 Se utilizó el formulario OAT 1425.
KLCE202400197                                                                4

       Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       relevar a JMJH del pago de pensión alimentaria a favor
       del compareciente sin permitirme expresarme al
       respecto, ni de solicitar alimentos entre parientes
       conforme al derecho que posee el compareciente según
       el ordenamiento jurídico vigente.

       Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
       resolver que el compareciente debía presentar solicitud
       de alimentos entre parientes en un pleito por separado
       en contra de lo resuelto por el Tribunal Supremo de
       Puerto Rico como parte del ordenamiento jurídico
       vigente.

       A su vez, en la Moción en Auxilio de Jurisdicción, el joven Diego

Ronaldo Joaquín Cruz requirió que ordenáramos la restitución del

pago de la pensión alimentaria a su favor hasta tanto resolviéramos

el recurso ante nos.

                                      II.

                                      A.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal    de    mayor     jerarquía       revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.4

       Al ser un recurso extraordinario de carácter discrecional, este

solo se expedirá en aquellas instancias específicas que delimita la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil5. La citada Regla establece que el

recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una orden o

resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de

la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del foro

apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

4 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202400197                                                         5

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.6 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

        Si se determina que el recurso cumple con alguna de las

disposiciones de la Regla 52.1, debemos atender la solicitud a la luz

de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento7.

Por tanto, al momento de valorar la actuación del foro inferior,

examinaremos lo siguiente:

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
        a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
        derecho.

        B. Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el
        Tribunal de Primera Instancia.

        D. Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.

        F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
        y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia.

        Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.8 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

6 Íd.
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
KLCE202400197                                                                     6

       Así pues, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial”.9

                                        B.

       En nuestra jurisdicción, los menores tienen un derecho

fundamental a recibir alimentos que emana de la cláusula

constitucional del derecho a la vida consagrado en la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico.10 Es por ello, que estos

casos están revestidos del más alto interés público, cuyo interés

principal es el bienestar del menor.11

       El Artículo 653 del Código Civil de Puerto Rico12 establece que

“[s]e entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia”.

Cuando el alimentista es menor de edad, también “comprenden

también su educación, las atenciones de previsión acomodadas a los

usos y a las circunstancias de su entorno familiar y social y los

gastos extraordinarios para la atención de sus condiciones

personales especiales”.

       Si el alimentista alcanza la mayoría de edad mientras cursa

ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, el

Artículo 655 del Código Civil de Puerto Rico13 dispone que “la

obligación de alimentarlo se extiende hasta que obtenga el grado o

9 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además,        Cruz
Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
10 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022).
11 Íd.; Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012).
12 Ley Núm. 55-2020. 31 LPRA sec. 7531.
13 Ley Núm. 55-2020. 31 LPRA sec. 7533.
KLCE202400197                                                           7

título académico o técnico correspondiente o hasta que alcance los

veinticinco (25) años de edad, lo que ocurra primero, a discreción

del juzgador y dependiendo las circunstancias particulares de cada

caso”.

         En Toro Sotomayor v. Colón Cruz14, el Tribunal Supremo

expresó que mientras los hijos son menores de edad y no se han

emancipado, por razón de matrimonio o por dictamen judicial, el

progenitor custodio con patria potestad está capacitado para

reclamar alimentos en beneficio de estos. Puntualizó que, una vez

cesa esa incapacidad por minoridad, los padres ya no pueden acudir

a los tribunales a representar los intereses de sus hijos. En tal caso,

el hijo ya mayor de edad se encuentra revestido de la capacidad

jurídica    necesaria    para   hacerlo.15   Ahora   bien,   consignó   el

mencionado foro que:

         [E]l hecho de que los hijos puedan comparecer a
         solicitar alimentos aun luego de alcanzar la mayoridad
         obedece a que la obligación de alimentarlos no cesa
         automáticamente porque estos hayan cumplido 21
         años. (…). En otras palabras, la emancipación por
         mayoría de edad no apareja ipso facto la pérdida del
         derecho a reclamar alimentos de los padres, pues
         siempre subsistirá la obligación que emana del Art. 143
         del Código Civil, supra, que atiende las necesidades
         alimentarias entre parientes. No obstante, ese tipo de
         obligación requiere que el hijo ya mayor de edad tenga
         la necesidad de esa pensión alimentaria, lo que se
         analiza según criterios distintos a los que se toman en
         cuenta cuando se adjudican los alimentos de un menor.
         (…). Por lo tanto, el hijo mayor de edad está obligado a
         probar las circunstancias que le hacen acreedor de los
         alimentos. (Citas omitidas).16

         En ese contexto, ya en Guadalupe Viera v. Morell17, el Tribunal

Supremo había expresado que la enumeración que provee el Código

Civil en cuanto a la definición de “alimentos” no debía entenderse

tan irrestricta, de modo que no le permitiera al hijo que había

iniciado un oficio o carrera durante su minoridad el derecho a exigir

14 176 DPR 528 (2009).
15 Íd., pág. 535.
16 Íd.
17 115 DPR 4 (1983).
KLCE202400197                                                       8

alimentos a sus padres para poder completarlos, aún después haber

llegado a la mayoridad.18

        Luego, en Key Nieves v. Oyola Nieves19, el Tribunal Supremo

reiteró que el deber legal de todo progenitor de proporcionar

alimentos a sus hijos para su educación no podía cesar meramente

por el hecho de que ese alimentista hubiese alcanzado la mayoría de

edad.20 Esbozó que, bajo circunstancias “normales”, es decir, sujeto

a los resultados, diligencia y continuidad observada en los estudios,

un hijo que comenzó durante su minoridad sus estudios de

bachillerato tiene derecho a exigir alimentos de sus padres para

obtener ese grado académico. En cuanto a la adjudicación de

alimentos para completar estudios de posgrado, resolvió que éstos

se adjudicarían de acuerdo con las circunstancias de cada caso.21

Por economía procesal, pronunció que este tipo de alimentos podía

reclamarse dentro del pleito original de divorcio entre los padres.22

        En cuanto al proceso aplicable en estos casos, el Tribunal

Supremo explicó en Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra,

que:

        Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del
        alimentante, si es que así lo desea, poner en
        conocimiento al tribunal de que sus hijos alimentistas
        están próximos a llegar a la mayoridad y su interés de
        que se le releve del pago de la pensión alimentaria. Es
        decir, la pensión otorgada a un menor de edad
        continuará en vigor — aunque advenga a la mayoría de
        edad — hasta que no se realice el trámite procesal
        descrito anteriormente. Esa moción se le deberá
        notificar al alimentista, de modo que este pueda
        comparecer dentro de ese mismo pleito — a nombre
        propio — y establecer que sus necesidades permanecen
        vigentes y que reúne los requisitos que le hacen
        acreedor de la pensión a pesar de que ya es mayor de
        edad. Entonces, solo restará que el tribunal, tomando
        en consideración las circunstancias particulares de
        cada caso, evalúe si procede relevar al padre
        alimentante de la obligación que se le había impuesto
        hasta ese momento. Es decir, una vez se ha puesto en
        conocimiento al tribunal de que un alimentista está

18 Íd., pág. 14.
19 116 DPR 261 (1985).
20 Íd., pág. 266.
21 Íd., pág. 267.
22 Íd., pág. 268.
KLCE202400197                                                                9

        próximo a llegar a la mayoridad, y este último, a su vez,
        ha informado que por su condición de estudiante aún
        necesita alimentos, el foro primario deberá calendarizar
        una vista evidenciaria para pasar juicio sobre los
        requerimientos de las partes. Por estas razones, será
        imperativo que el tribunal atienda con premura estos
        planteamientos para evitar un daño irreparable a
        cualquiera de las partes.23

        Respecto a la tramitación de este tipo de casos, la Orden

Administrativa Núm. 2017-493, Manejo de Casos de Divorcio,

Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de San Juan; Orden

Administrativa       Núm.     2015-429,       Manejo         de   Casos   sobre

Reclamaciones de Alimentos, Tribunal de Primera Instancia, Región

Judicial de San Juan, inciso 1.3, expresa que “[d]e advenir el

alimentista a la mayoría de edad y subsistir su derecho a alimentos

por razón de estudios, el alimentista deberá sustituir a la persona

custodia como demandante para continuar su reclamo de alimentos

dentro del mismo caso”. (Subrayado nuestro).

        Lo anterior siempre teniendo presente que la obligación de

alimentar es personal de cada uno de los progenitores por lo que

debe ser satisfecha del propio peculio y de forma proporcional a sus

recursos y a la necesidad del menor.24 El esquema conlleva hacer

un balance entre los intereses del menor y la capacidad económica

de los responsables de costear sus necesidades.25 La determinación

de la cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio del

juzgador, quien debe velar que ésta cumpla con el principio de

proporcionalidad.26

                                      III.

        La citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil faculta a este

tribunal para revisar, por excepción, órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurre de decisiones

23 Íd., pág. 576.
24 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202

DPR 93, 108 (2019).
25 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra.
26 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 561.
KLCE202400197                                                                  10

en casos de relaciones de familia. Tras un detenido examen del

expediente, concluimos que el joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz

presenta un planteamiento meritorio y propicio para dilucidarse en

esta etapa procesal. Por tanto, ejercemos nuestra discreción y, en

ánimo de evitar un fracaso de la justicia, expedimos el auto de

certiorari.

       En el presente caso, el TPI relevó al Sr. Juan Marcos Joaquín

Hidalgo del pago de la obligación alimentaria correspondiente a su

hijo, Diego Ronaldo Joaquín Cruz, por éste haber alcanzado la

mayoría de edad. Por el mismo fundamento de mayoridad, el TPI

determinó, además, que el joven debía presentar un pleito

independiente para solicitar alimentos entre parientes. Incidió.

       Conforme a la normativa jurídica esbozada, regida por el

principio de economía procesal, el reclamo de alimentos del joven

Diego Ronaldo Joaquín Cruz debe atenderse dentro del presente

pleito original que le fijó al recurrido el pago de la pensión

alimentaria. Consta en el apéndice del recurso la Solicitud de

Alimentos por Hijo(a) mayor de edad que el joven presentó el 8 de

enero de 2024, dentro de este pleito. Así también, del sistema de

Consulta de Casos del Poder Judicial surge un señalamiento de vista

para el 14 de marzo de 2024, ante el oficial examinador de pensiones

alimentarias. En dicha vista el tribunal deberá evaluar si el joven

Diego Ronaldo Joaquín Cruz tiene derecho a continuar recibiendo la

pensión alimentaria que reclama.

       Entretanto, se restituye en un cincuenta por ciento27 la

pensión alimentaria provisional28 fijada al Sr. Juan Marcos Joaquín

27 La obligación de alimentos a favor de Gustavo Armando Joaquín Cruz cesó el

8 de noviembre de 2020, mediante Sentencia Parcial emitida por la Hon. Aicza
Piñeiro Morales. Se toma conocimiento judicial que la solicitud de alimentos de
Gustavo Armando fue presentada y atendida en el mismo caso original KCU2018-
0553.
28 Resolución del 3 de abril de 2019, estableció la pensión alimentaria provisional

a favor de Gustavo Armando y Diego Ronaldo. Véase Índice del Apéndice del
recurso, págs. 20-21.
KLCE202400197                                                                  11

Hidalgo en beneficio del joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz para que,

luego del correspondiente trámite, se establezca la pensión

alimentaria que proceda, atendiendo la obligación dual alimentaria

de ambos progenitores.

                                      IV.

       Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari y revocamos la orden recurrida. Se deja sin efecto la orden

del 4 de enero de 2024, que relevó al Sr. Juan Marcos Joaquín

Hidalgo del pago de la obligación alimentaria correspondiente a su

hijo Diego Ronaldo Joaquín Cruz, así como la otra orden de igual

fecha que requirió al joven presentar un pleito independiente sobre

alimentos entre parientes.

       Al tenor, declaramos con lugar la Moción en Auxilio de

Jurisdicción.29

       Por tanto, se restituye en un cincuenta por ciento la pensión

alimentaria provisional establecida en la Resolución del 3 de abril de

2019 y fijada al Sr. Juan Marcos Joaquín Hidalgo30.                   La antes

mencionada pensión alimentaria provisional, será en beneficio

únicamente del joven Diego Ronaldo Joaquín Cruz para que, luego

del correspondiente trámite, se establezca la pensión alimentaria

final que proceda y la obligación dual alimentaria de ambos

progenitores31.

       Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos de manera consistente con lo

aquí expuesto.

       Por último, en atención a la Urgente Moción en Oposición a

Escrito en torno a Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción del

29 Esto dispone, a su vez, de la Urgente Moción en Oposición a Escrito en torno a

Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción del Demandado-Recurrido, presentada
por Diego Ronaldo Joaquín Cruz el 28 de febrero de 2024.
30 Índice del Apéndice del recurso, págs. 20-21.
31 Se toma conocimiento de la orden emitida el 12 de diciembre de 2023, donde

señaló una vista final de pensión alimentaria para el 14 de marzo de 2024 a las
9:30 AM. Índice del Apéndice del recurso, pág. 29.
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recurrido se declara no ha lugar a la Moción de Desestimación

presentada por el señor Joaquín Hidalgo el pasado 27 de febrero de

2024.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones