Court Opinion

ID: 9962601
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:33:34.209196+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.405330
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VII

  HARRISON RAMÍREZ                               Apelación
JUSINO; ASOCIACIÓN DE                            procedente del
 PESCADORES UNIDOS                               Tribunal de Primera
 DE LA PARGUERA, INC.                            Instancia, Sala de
                                                 Mayagüez
         Apelante
                                                 Sobre:
             v.                                  Injunction,
                               KLAN202300911     Interdicto
  MUNICIPIO DE LAJAS;                            Preliminar y
    JAYSON MARTÍNEZ                              Permanente, Daños
   MALDONADO, EN SU                              y Perjuicios
 CARÁCTER PERSONAL Y                             Contractuales y
    COMO ALCALDE DE                              Extracontractuales,
 LAJAS; FULANA DE TAL                            Interferencia
    ESPOSA DE JAYSON                             Torticera
      MARTÍNEZ Y LA                              Contractual, Dolo
   SOCIEDAD LEGAL DE                             Contractual
  BIENES GANANCIALES
    COMPUESTA ENTRE                              Caso Número:
  AMBOS; COMPAÑÍA DE                             MZ2023CV00707
SEGUROS X, Y; RAMERTO
 HERNÁNDEZ Y FULANA
 DE TAL Y LA SOCIEDAD
        DE BIENES
       GANANCIALES
     COMPUESTA POR
      AMBOS; ANÍBAL
 SANTIAGO Y FULANA DE
TAL ESPOSA DE ANÍBAL Y
LA SOCIEDAD LEGAL DE
       GANANCIALES
     COMPUESTA POR
  AMBOS; MENGANO DE
   TAL, SUTANO DE TAL

          Apelada

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

      El apelante, señor Harrison Ramírez Jusino, comparece ante

nos para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 7 de agosto de 2023,

notificada el 9 de agosto de 2023. Mediante la misma, el foro

primario desestimó una demandada sobre injunction, interdicto

Número Identificador
SEN2024 ________________
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preliminar y permanente y daños y perjuicios contractuales y

extracontractuales, promovida en contra de, entre otros, el

Municipio de Lajas, su Alcalde, señor Jayson Martínez Maldonado y

los señores Ramberto Hernández y Aníbal Santiago.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

modifica la sentencia apelada, a los fines de dejar sin efecto la

desestimación emitida en cuanto a la causa de acción sobre daños

y perjuicios extracontractuales.

                                      I

       El 6 de mayo de 2023, el apelante presentó la demanda de

epígrafe. En la misma, alegó operar una pescadería y una cafetería

en La Villa Pesquera de La Parguera desde el año 2017, para lo cual,

sostuvo, contaba con un endoso del municipio de Lajas, con fecha

del 13 de enero de 2020. Conforme expuso, el 27 de abril de 2021,

el actual Alcalde del Municipio, el señor Jayson Martínez

Maldonado, avaló el endoso de referencia, permitiendo al apelante

continuar en la posesión, dominio y operación del establecimiento,

ello “sin fecha de terminación”.1

       En su demanda, los apelantes indicaron que, para el verano

del 2022, el Alcalde Martínez Maldonado hizo ciertos acercamientos

para que le cediera la operación de la cafetería, por conducto de una

tercera persona, y para que utilizara ilegalmente las conexiones de

agua y electricidad de la propiedad.         El apelante indicó haberse

negado a la referida propuesta, hecho que, según sostuvo, desató

un esquema de persecución política y maliciosa en su contra, la cual

consistió en la continua solicitud de desalojo del local, así como en

el envío de funcionarios del Municipio para investigar sus negocios.

En dicho contexto, arguyó que los apelados Hernández y Santiago,

en común acuerdo con el Alcalde Martínez Maldonado, dieron curso

1 Véase:   Apéndice, Anejo 3, Segunda Demanda Enmendada, pág. 23.
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a un patrón de amenazas en su contra y colocaron cadenas con

candados en el muelle donde desembarcaba su mercancía,

redundando ello en provocarle pérdidas económicas.

        En el pliego, el apelante indicó que, el 16 de febrero de 2023,

el   Alcalde      Martínez   Maldonado   suscribió   un   contrato   de

arrendamiento respecto a las facilidades de La Villa Pesquera, todo

sin considerarlo. Según sostuvo, el 19 de abril siguiente, recibió

una misiva suscrita por el Funcionario, requiriéndole el desalojo del

local en el que operaba su negocio, así como la entrega de las llaves

correspondientes. Sobre dicho particular, se reafirmó en su alegado

derecho de propiedad sobre el mismo y, a su vez, expresó que, desde

que “el municipio de Lajas y el Departamento de Agricultura le

cedieron […] La Villa Pesquera”2, el control, dominio, reparaciones y

todos los gastos de mantenimiento habían sido satisfechos con su

peculio.

        A tenor con todo lo expuesto, el apelante solicitó al tribunal

primario que, dada la restricción del ejercicio de su alegado derecho

de dominio sobre el lugar en controversia, emitiera una orden de

interdicto preliminar y permanente exigiendo a los apelados desistir

de interrumpir el acceso a su negocio en La Villa Pesquera, así como

de interferir con la operación de los mismos. De igual modo, solicitó

que se impusiera a los apelados el pago solidario de una

compensación por concepto de daños y perjuicios.

        Así las cosas, el 13 de junio de 2023, el Departamento de

Agricultura de Puerto Rico (Departamento de Agricultura), presentó

una Moción de Intervención. En esencia, alegó ser el propietario de

las facilidades de La Villa Pesquera, cuya administración cedió,

contractualmente, a favor del Municipio de Lajas. Bajo el argumento

de que la causa de autos disputaba el efectivo derecho del Municipio

2 Íd., pág. 24.
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de Lajas en cuanto a administrar el lugar en controversia, el referido

organismo expuso que su presencia en el pleito resultaba meritoria.

Así, al amparo de lo dispuesto en la Regla 21.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 2.1, solicitó al Tribunal de Primera Instancia

que se le permitiera intervenir. Mediante Orden de igual fecha, se

proveyó de conformidad con lo requerido.

         El 26 de junio de 2023, el Municipio apelado presentó una

Moción en Solicitud de Desestimación e Improcedencia del Injunction

y en Solicitud de Sentencia Declaratoria. Específicamente, planteó

que el apelante carecía de autorización legítima para operar La Villa

Pesquera, toda vez que, el endoso en el cual apoyó su alegado

derecho      de    propiedad,     no   cumplía   con   las   formalidades

contractuales requeridas por el Código Municipal de Puerto Rico,

Ley 107-2020, 21 LPRA sec. 7001, et seq. Por igual, el Municipio

apelado expresó que, si bien administraba La Villa Pesquera en

virtud     de     un   contrato   de   arrendamiento   suscrito   con   el

Departamento de Agricultura, no tenía autorización para ceder,

subarrendar o transferir a otra persona, natural o jurídica, el

manejo y uso del lugar. De este modo, y tras negar todas las

alegaciones del apelante, el Municipio apelado indicó que el apelante

carecía de remedio alguno en ley, por lo que solicitó la desestimación

de la demanda de epígrafe.

         Por su parte, en igual fecha, el Departamento de Agricultura

presentó una Moción de Desestimación. En la misma, reputó como

improcedente el injunction solicitado por el apelante, ello al indicar

que este disponía de otros remedios legales para hacer valer su

reclamo sobre incumplimiento contractual y daños. Del mismo

modo, indicó que el apelante no tenía contrato alguno que validara

la posesión que ostentaba sobre las facilidades pertinentes en La

Villa Pesquera, hecho que revelaba la ilegalidad de la misma. Al

respecto, expresó que el endoso municipal en virtud del cual el
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apelante apoyaba su alegado derecho de propiedad, incumplía con

los criterios exigidos para la contratación gubernamental, así como

con el contrato de arrendamiento por el cual cedió al Municipio

apelado la administración de La Villa Parguera. De esta forma, y

tras destacar que el apelante estaba disfrutando de la propiedad en

controversia, sin pagar canon alguno, solicitó que se desestimara el

pleito de autos y que se emitiera una sentencia declaratoria

ordenando el correspondiente desalojo y estableciendo su derecho

sobre La Villa Pesquera.

      Por su parte, también el 26 de junio de 2023, y mediante

moción a los efectos, los apelados Hernández y Santiago solicitaron

la desestimación de la causa de epígrafe. A tales fines, indicaron

que el apelante no justificó los criterios requeridos para su solicitud

de injunction, que no estableció su derecho a recibir remedio alguno

en ley y que no expuso hechos concretos sobre la conducta que se

alegó en su contra.

      El apelante no presentó sus argumentos en oposición a las

antedichas solicitudes de desestimación.

      Así las cosas, el 9 de agosto de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia notificó la Sentencia apelada. Mediante la misma, acogió

los argumentos de desestimación de referencia y resolvió que, en

efecto, el apelante carecía de causa de acción alguna a su favor. El

foro sentenciador dispuso que, de la faz de la demanda, no surgía

alegación alguna por parte del apelante en cuanto a que, por no

disponer de algún remedio adecuado en ley, se hacía meritoria la

concesión del injunction solicitado. Añadió que el apelante se ciñó a

aducir que las actuaciones de los apelados le produjeron daños

económicos, hecho que, a su juicio, lo eximía de cumplir con el

criterio de probar la ocurrencia de un daño real. A su vez, el tribunal

primario dispuso que, pese a que el apelante se reafirmó en que

ostentaba el derecho de propiedad respecto al lugar en disputa, este
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no presentó documento alguno que controvirtiera el hecho

indefectible de la inexistencia de un contrato alguno suscrito con el

Municipio apelado, o con el Departamento de Agricultura. A tenor

con ello, el Juzgador de hechos destacó que el endoso que en su día

se concedió al apelante, no cumplía con las formalidades

contractuales requeridas, por lo que ningún derecho derivó del

mismo.     Así,   el   Tribunal   de    Primera   Instancia     resolvió   la

improcedencia de los remedios solicitados por el apelante y, en

consecuencia, desestimó, en su totalidad, la demanda de epígrafe.

      Inconforme, y tras denegada una previa solicitud de

reconsideración, el 13 de octubre de 2023, el apelante compareció

ante nos mediante el presente recurso de apelación. En el mismo

plantea el siguiente señalamiento:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
      Mayagüez, al desestimar la demanda y declarar No Ha
      Lugar la reconsideración sin tomar en cuenta la
      existencia de hechos en controversia que ameritaban
      descubrimiento de prueba sin darle la oportunidad al
      demandante a tener su día en corte y a sabiendas que
      el demandado Jayson Martínez no contestó la demanda
      ni levantó defensas sobre hechos bien alegados.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a
expresarnos.

                                       II

                                       A

      El     recurso      extraordinario     de    injunction      es      un

mandamiento judicial en virtud del cual se requiere que se ordene a

una persona que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga,

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Art.

675, del Código de Enjuiciamiento Civil de PR, 32 LPRA sec. 3521.

El mismo fue adoptado del sistema de equidad inglés y se

utiliza, principalmente, en casos donde no hay otro remedio

adecuado en ley, todo con el fin de evitar la ocurrencia de un daño

inminente. Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 643 (2005).
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       Nuestro ordenamiento jurídico distingue tres modalidades

del recurso de injunction. a saber: el entredicho provisional, el

injunction preliminar y el injunction permanente. Next Step Medical

v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 485-486 (2014).             En lo

pertinente, el injunction preliminar es el remedio provisional emitido

en cualquier momento de un pleito, luego de la celebración de una

vista en la que las partes puedan presentar prueba en apoyo a su

argumento. Su fin medular es mantener sin alteración la situación

planteada, hasta tanto culmine el juicio en su fondo. La orden

injunction preliminar evita que la conducta del demandado convierta

en académica la sentencia o que ocasione daños mayores a quien lo

solicita   durante   la   pendencia   del   litigio. Mun.   Ponce   v.

Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994).

       La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, establece los criterios

que el tribunal debe considerar al evaluar la procedencia de un

injunction preliminar, a saber: (1) la naturaleza de los daños a los

que está expuesta la parte peticionaria de concederse o denegarse el

injunction; (2) la irreparabilidad o la existencia de un remedio

adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente

prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse

el   injunction; (5) el posible impacto sobre el interés público del

remedio que se solicita; y (6) la diligencia y la buena fe con que ha

actuado la parte peticionaria. 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; Asociación

Vec. V Caparra v. Asoc. Fom Educ., 173 DPR 304, 319-320 (2008).

       Por su parte, la norma dispone que los tribunales deben

emplear los siguientes criterios en la evaluación de la expedición de

un injunction permanente: 1) si el demandante ha prevalecido o

puede prevalecer en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante

posee algún remedio adecuado en ley o si el injunction es el único

del cual dispone para vindicar su derecho; (3) el interés público
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afectado y; (4) el balance de equidades entre todas las partes. Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Mun.

De Loíza v. Sucs. Suárez et al., 154 DPR 333, 367 (2001).

      Ahora bien, todos los requisitos antes expuestos, tanto los

promulgados por la jurisprudencia interpretativa vigente, como los

enumerados en las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no son

absolutos, sino directrices que emplea el tribunal al momento de

decidir si la evidencia ante sí presentada justifica la concesión de un

recurso de injunction. Next Step Medical Co. v. Bromedicon,

Inc., supra, pág. 487. Por tanto, dicha determinación es una

inherente a la sana discreción del tribunal, considerando, tanto los

intereses, como las necesidades de las partes involucradas en el

caso. Íd. El recurso de injunction debe expedirse con mesura y

únicamente ante una demostración clara e inequívoca de una

violación de un derecho. Íd. La determinación que al respecto en su

día emita el tribunal de hechos, no se revocará en apelación salvo

se demuestre que este transgredió los límites impuestos a sus

facultades adjudicativas. Íd.

                                  B

      De otro lado, nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el

interés de que todo litigante tenga su día en corte. Rivera et al. v.

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 121 (1992). El empleo de los

recursos adjudicativos en nuestra jurisdicción se fundamenta en la

política judicial que establece que los casos se ventilen en sus

méritos de forma rápida, justa y económica. Amaro González v. First

Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993). En consecuencia, la

desestimación de un pleito, previo a entrar a considerar los

argumentos que en el mismo se plantean, constituye el último

recurso al cual se debe acudir, luego de que otros mecanismos

resulten ser ineficaces en el orden de administrar la justicia. SLG
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Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005). En este contexto, la

posición doctrinaria en nuestro sistema de ley es salvaguardar,

como norma general, el derecho de las partes a su efectivo acceso a

los tribunales. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Creas Inc., 118 DPR 679,

686-687 (1987).

      Ahora bien, la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 10.2 (5), provee para que una parte solicite al foro

competente la desestimación de un pleito incoado en su contra, bajo

el fundamento de que la reclamación en controversia no justifica la

concesión de un remedio. Costas Elena y otros v. Magic Sport

Culinary, 2024 TSPR 1, 213 DPR ___ (2024). Esta defensa “no está

sujeta a la regla general sobre acumulación y renuncia de defensas”

establecida en el ordenamiento procesal, y “puede aducirse en

cualquier alegación responsiva, en una moción para que se dicte

sentencia por las alegaciones e, incluso, luego de comenzado el

juicio”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1067 (2020).

En atención a la política pública antes expuesta, para que el referido

mecanismo de desestimación proceda en derecho, presupone que se

den por correctos y bien alegados los hechos incluidos en la

demanda, así como que los mismos se expongan de forma clara y

concluyente, sin que de su faz se desprenda margen alguno a

dudas. Costas Elena y otros v. Magic Sport Culinary, supra; Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428 (2008); Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure Vessels PR v. Empire Gas

PR, 137 DPR 497, 504-505 (1994).

      De igual forma, el pliego de que trate deberá ser interpretado

con mayor liberalidad a favor de las alegaciones de la parte

demandante, por lo que, recayendo la carga probatoria en el

promovente de la moción de desestimación, este viene obligado a

demostrar que aquel no tiene derecho a remedio alguno al amparo
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de los hechos que puedan ser probados en apoyo a su

requerimiento. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414

(1998). En este supuesto, la función judicial estriba en determinar

si, aun resolviendo toda incertidumbre en beneficio de la parte

demandante, su demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, supra,

pág. 505.

      La desestimación de una demanda por razón de no exponer

una causa de acción que justifique un remedio constituye una

actuación excepcional. La norma exige que la misma se considere

en sus méritos, salvo quede plenamente evidenciado que el

reclamante carece de amparo legal a la luz de los hechos que

presenta. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz, supra, págs. 428-429;

Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 DPR 763, 771 (1983).

                                III

      En la presente causa, el apelante alega que el Tribunal de

Primera Instancia erró al desestimar su causa de acción, ello sin

considerar que sus alegaciones ameritaban un descubrimiento de

prueba que le permitiera ejercer su derecho a tener su día en corte.

En apoyo a su argumento, plantea que el foro primario incidió al no

considerar la naturaleza de los daños aducidos, así como al disponer

del asunto como si se tratara de una solicitud de sentencia sumaria,

y al fundamentarse en la ausencia de oposición respecto a las

desestimaciones solicitadas. Habiendo examinado el referido

señalamiento a la luz de la norma y de los hechos acontecidos,

resolvemos modificar la Sentencia apelada y, así, la misma se

confirma.

      Al entender sobre el expediente de autos, intimamos que el

pronunciamiento apelado, si bien es uno correcto en derecho, ello

en cuanto a la desestimación de la solicitud de injunction promovida

por el apelante, amerita ser modificado solo respecto a la
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desestimación de la causa de acción de daños y perjuicios.

Ciertamente, tal cual dispuso el Tribunal de Primera Instancia, en

el presente caso, no concurren los criterios legales y doctrinales

establecidos para el empleo del mecanismo excepcional del

injunction. A fin de prevalecer en dicho petitorio, el apelante no alegó

la inexistencia de remedio legal alterno al solicitado, de modo que

pudiera establecer ante el tribunal que habría de sufrir un daño

irreparable y sustancial de no proveerse conforme su solicitud. Por

tanto, en defecto de la concurrencia de dicho requisito, forzoso es

concluir que dicho reclamo era improcedente.

      Ahora bien, nuestro criterio difiere de lo resuelto por el

tribunal sentenciador en cuanto a los daños y perjuicios

extracontractuales reclamados en los términos aducidos por el

apelante. En principio, coincidimos con que, el apelante no alegó ni

demostró tener un contrato válido en el cual se constate su alegado

derecho de propiedad sobre las facilidades de La Villa Pesquera. Sin

embargo, aun cuando la potencial validez de su posesión sobre el

lugar en disputa no quedó sostenida, el apelante aludió a conductas

específicas atribuidas a los demandados que, conforme expuestas,

propenden a la posibilidad de que haya sufrido unos daños. En

específico, el apelante indicó haber sido víctima de amenazas,

entorpecimiento e interferencia ilegítimas en la operación de su

negocio y conspiración entre los apelados, todo con el fin de

ocasionarle pérdidas económicas. A nuestro juicio, las alegaciones

expuestas, eran suficientes a los fines de que el tribunal primario

proveyera para que se diera curso a las etapas pertinentes al pleito,

de modo que la causa de epígrafe fuera debidamente dilucidada en

corte. Además, resulta menester destacar que ninguna de las

mociones presentadas por los aquí apelados iban dirigidas a solicitar

la desestimación de las alegaciones sobre daños y perjuicios

extracontractuales esbozadas por el apelante. Siendo así, intimamos
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que la desestimación de la acción de daños y perjuicios no fue

correcta en derecho.

                                IV

      Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia

apelada, solo en cuanto a dejar sin efecto la desestimación de la

causa de acción sobre daños y perjuicios extracontractuales. Por lo

demás, la misma se sostiene.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones