Court Opinion

ID: 9952421
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:21.153014+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:13.219717
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

    VÍCTOR DEL MORAL                                    CERTIORARI
                                                        Procedente
        Peticionario

                                                        Civil Núm.:
             v.                 KLCE202400007           CG2022CV03800
                                                        (705)
    JOSUÉ ROSA REYES,
     PRO WHEELS, INC.,                                  Sobre: Daños,
        D/B/A JOR                                       Incumplimiento de
    AUTOMOTIVE y otros                                  Contrato, Nulidad
                                                        de Contrato
       Recurrido
    Demandante contra
        Tercero

             v.

    ROBERTO EDUARDO
      ORTIZ CARPENA

        Recurrido
  Tercero Demandado
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, la Jueza
Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera1.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                             RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos el señor Víctor Del Moral (“Sr. Del Moral”

o “Peticionario”), mediante Certiorari presentado el 2 de enero de

2024. Nos solicita que revisemos una Orden emitida en corte abierta

el 30 de noviembre de 2023, notificada mediante Minuta el 4 de

diciembre del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas (“foro primario” o “foro a quo”). Mediante el

referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud

de reconsideración instada por la Peticionaria.

       Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

1  Mediante Orden Administrativa número OATA-2024-022 se modifica la
integración del panel, ya que el Hon. Carlos Candelaria Rosa se encuentra fuera
del Tribunal por causas justificadas.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLCE202400007                                                        2

                                    I.

       La presente controversia inició cuando el 11 de noviembre de

2022, el Sr. De Moral incoó una Demanda2 sobre daños y perjuicios,

dolo contractual y fraude contra Pro Wheels Inc. haciendo negocios

como Jr. Automotive (“Jr. Automotive”) y el señor Josué Rosa Reyes

(“Sr. Rosa Reyes” o “Recurrido”), en su carácter de propietario de Jr.

Automotive y presidente de Pro Wheels Inc. En síntesis, el

Peticionario alegó que el 18 de diciembre de 2021, acudió al

concesionario Jr. Automotive y suscribieron un contrato para la

compraventa de un vehículo de motor usado marca Ford modelo

F150. Sostuvo que antes de efectuarse la venta, le solicitó al

vendedor que le mostrara el historial del vehículo, para asegurarse

que el mismo se encontraba en condiciones óptimas. Indicó que el

vendedor le mostró un historial de un portal cibernético que

reflejaba que el vehículo estaba libre de accidentes y que el millaje

era de 43,658. Así fue establecido en el contrato de compraventa.

       Luego de efectuada la venta y emitido el pago correspondiente,

el Peticionario alegó que el vehículo comenzó a presentar varios

desperfectos mecánicos (“Check Engine”). Arguyó que tuvo que

contratar los servicios de un mecánico, el cual le indicó que

sospechaba que el millaje pudo haber sido alterado. Ante ello,

solicitó el historial y advino en conocimiento que, a la fecha de la

venta, el vehículo registraba un millaje sobre las 100,000 millas.

       Por lo antes expuesto, alegó que Jr. Automotive incurrió en

dolo grave puesto que adquirió el consentimiento para la

compraventa de mediante engaño y maquinaciones insidiosas.

Señaló que la alteración del odómetro del vehículo constituyó fraude

y, además, le ocasionó que incurriera en gastos no contemplados.

Por lo cual, solicitó que se condenara al concesionario Recurrido al

2 Apéndice certiorari, págs. 1-8.
KLCE202400007                                                         3

pago de $100,000 por los daños ocasionados, más $5,000 en

concepto de gastos y honorarios de abogado.

       Transcurridos varios trámites procesales, el 27 de diciembre

de 2022, Jr. Automotive presentó su Contestación [a la] demanda,3

en la que negó prácticamente todas las alegaciones que se le

imputaban. Arguyó que había adquirido el vehículo en controversia

dos (2) semanas antes de la compraventa con el Peticionario, del

señor Roberto E. Ortiz (“Sr. Ortiz Carpena” o “Tercero Demandado”).

Señaló que adquirió el vehículo con la misma información de millaje

que aparece en el Certificado de Título. Añadió que siempre ha

estado dispuesto a desistir del contrato y devolverle al

Peticionario todo el dinero pagado por el vehículo.

       Luego, el 11 de abril de 2023, se celebró la Conferencia Inicial.

Según surge de la Minuta,4 las partes coordinaron que las

deposiciones serían realizadas el 10 de mayo de 2023. Asimismo, se

estableció que las partes iniciarían conversaciones transaccionales,

en aras de no retrasar el descubrimiento de prueba. Así, quedó

pautada una vista procesal para el 8 de junio de 2023.

       Posteriormente, el 12 de junio de 2023, Jr. Automotive

presentó Demanda contra tercero.5 En esta, incluyó como tercero

demandado al Sr. Ortiz Carpena. Sostuvo que, el 11 de diciembre de

2021, adquirió del Sr. Ortiz Carpena el vehículo de motor en

controversia. Señaló que, al efectuarse la compraventa, el millaje

que tenía el vehículo de motor era de 43,658 y no es hasta que el Sr.

De Moral le remite una carta reclamando la alteración del odómetro

que adviene en conocimiento que el millaje era de 171,701. Añadió

que cuando le inquirió al Sr. Ortiz Carpena sobre las alegaciones del

Peticionario, éste solo informó que había gastado el dinero recibido

3 Íd, págs. 66-70.
4 Íd, págs. 82-83.
5 Íd, págs. 99-109.
KLCE202400007                                                                  4

por el vehículo. Por lo cual, alegó que el tercero demandado era el

responsable de los daños alegados por el Peticionario.

       Así las cosas, el 28 de agosto de 2023, se celebró una Vista

Procesal. Según la Minuta,6 el foro primario dispuso lo siguiente:

       •   Las partes acordaron que el 19 de septiembre de 2023, a
           las 10:00 a.m., se le tomara la deposición a Josué Rosa y
           a las 2:00 p.m. a Roberto Ortiz, ambas el mismo día y en
           la oficina del licenciado Santiago.
       •   […].
       •   Durante ese periodo, las partes deberán haber
           terminado los interrogatorios y la toma de
           deposiciones. (Énfasis nuestro).

       Transcurridos       varias   incidencias      procesales,     el   2   de

noviembre de 2023 se celebró Vista sobre Estado de los

Procedimientos.7 En la vista, la representación legal del Peticionario

alegó que aún no tenía contratado a un perito que contara con el

equipo requerido para llevar a cabo la inspección del vehículo. No

obstante, habían coordinado la inspección del vehículo con el

presidente del Colegio de Técnicos de Puerto Rico, el señor Gustavo

Vidal, para lo cual solicitó un término adicional. Por su parte, los

codemandados se opusieron a la solicitud de prórroga que el

descubrimiento de prueba había concluido.

       Surge, además, que el Peticionario informó las gestiones para

la contratación de un perito. No obstante, ese día presentaría el

Curriculum Vitae del Sr. Gustavo Vidal, solicitó un término de 45

días para que éste realizara las labores correspondientes. Los

codemandados replicaron que no se ha presentado el Curriculum

Vitae de perito alguno y que no había evidencia de contratación.

       Luego de evaluar los argumentos de las partes, el foro

primario dispuso lo siguiente:

       Se le impuso una sanción de $500 al Peticionario por el
       incumplimiento de las órdenes del tribunal, a favor de
       cada codemandado.8

6 Íd, págs. 131-132.
7 Íd, págs. 172-174.
8 Cabe destacar que antes de notificada la Minuta el 13 de noviembre de 2023, los

codemandados solicitaron al foro primario que le impusiera sanciones a la parte
KLCE202400007                                                                     5

       Se le concedió un término de quince (15) días al
       Peticionario para la presentación del informe pericial.
       Se le concedió un término de diez (10) días al
       Peticionario para que, entre otras cosas, proveyera la
       información sobre los peritos previamente consultados.
       Se le ordenó al Peticionario a que enviara ese día el
       nombre y Curriculum Vitae del alegado perito.

       En desacuerdo, el 17 de noviembre de 2023, el Peticionario

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración.9 Por virtud de esta,

solicitó que reconsiderara su determinación emitida el 2 de

noviembre de 2023, puesto que el expediente demuestra que en

ningún momento incumplió con las órdenes del tribunal. Sostuvo,

además, que el foro primario no había emitido orden alguna sobre

cuando culminaba el descubrimiento de prueba. A dicha solicitud

se opuso el Recurrido.10 Mediante Orden emitida y notificada el 28

de noviembre de 2023, el foro primario les informó a las partes que

atendería la solicitud de reconsideración y su oposición en la vista

del 30 de noviembre de 2023.11

       Así las cosas, el 30 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la

Vista Procesal. Conforme surge de la Minuta, el Peticionario informó

que el Sr. Vidal declinó de prestar sus servicios como perito, por lo

que renunció a presentar prueba pericial. No obstante, indicó que

solicitó un informe del vehículo directamente de la compañía Ford,

el cual indicaba que el millaje de la unidad sobrepasaba las 100,000

millas. En vista de ello, solicitó un término de cinco (5) días para

someter un proyecto de orden a la compañía Ford, el Departamento

de Hacienda y Centro del Servicios al Conductor (“CESCO”) para

obtener el historial del vehículo. A dicha solicitud se opusieron los

codemandados.

Peticionaria por incumplir con la notificación del Curriculum Vitae del perito en la
fecha ordenada por el foro primario. Además, alegaron que cuando el Peticionario
informó el Curriculum Vitae, fuera del término ordenado, les anunció que este era
un perito “consultado; no contratado”, lo cual reabriría indefinidamente el
descubrimiento de prueba. Véase Apéndice certiorari, págs. 155-168.
9 Íd, págs. 181-188.
10 Íd, págs. 190-223.
11 Íd, pág. 224.
KLCE202400007                                                        6

      Presentadas las alegaciones de todas las partes, el foro

primario expresó lo siguiente: “[c]uando un caso llega ante el

tribunal, tiene que estar maduro y el peso de la prueba lo tiene la

parte demandante”. A su vez, trajo a la atención el reiterado

incumplimiento del Peticionario con las órdenes emitidas. Por lo

cual, declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración

presentada por el Peticionario y determinó que no se permitirá la

presentación de prueba pericial a dicha parte. En adición, resolvió

que el descubrimiento de prueba había culminado. Así, le concedió

un término a las partes para que presentaran sus mociones

dispositivas,   de   entenderlo   necesario,   y   señaló   una   Vista

Argumentativa para el 15 de febrero de 2024.

      Inconforme aún, el 2 de enero de 2024, el Peticionario acudió

ante esta Curia mediante Certiorari, en el que le imputó al foro

primario la comisión de los siguientes errores:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, abusó
      de su discreción, además de cometer un error
      manifiesto en la interpretación del derecho a imponer
      sanciones a la parte demandante, bajo la premisa de
      incumplimientos reiterados a las ordenes del tribunal,
      careciendo las sanciones aplicadas a la parte
      demandante de justificación adecuada.
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y
      abusó de su discreción, además de cometer un error
      manifiesto, al no conceder el término solicitado por la
      parte demandante y que el descubrimiento de prueba
      había terminado no existiendo en autos una orden
      emitida por el Tribunal disponiendo la culminación del
      descubrimiento.
      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y
      abusó de su discreción, además de cometer error
      manifiesto, al no otorgar el término solicitado por la
      parte demandante para la presentación de un informe
      pericial fundamentado en la premisa de que el periodo
      de descubrimiento de prueba había concluido, cuando,
      de hecho, no existía durante todo el trámite judicial una
      orden de calendarización previa del tribunal que
      determinara y/o calendarizara el fin de dicho periodo.

      El 16 de enero de 2024, la parte Recurrida presentó

Memorando en oposición a expedición de recurso de certiorari.
KLCE202400007                                                         7

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

                                  II.
                             A. Certiorari

      “[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1,

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1)

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478,

486-487 (2019).

      No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del
KLCE202400007                                                           8

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar

si procede expedir un auto de certiorari. Véase, además, Banco

Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 213 DPR __ (2023);

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Estos criterios

son:

       (A)   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
             a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
             derecho.
       (B)   Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.
       (C)   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E)   Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
             caso es la más propicia para su consideración.
       (F)   Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución final
             del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1.

                            B. Manejo de Caso

   El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la

rápida disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces

de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo

I, 159 DPR 141, 150 (2003). Es por ello, que a éstos se les ha

reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos
KLCE202400007                                                          9

litigiosos   ante   su   consideración   y   para   aplicar   correctivos

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. Íd.

El Tribunal de Primera Instancia tiene el deber ineludible de

garantizar que los procedimientos se ventilen sin demora, con miras

a que se logre una justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 181

DPR 517, 529 (2011). Como regla general, los foros revisores no

intervendrán con el manejo del caso ante la consideración del TPI.

Siendo así, el Tribunal Supremo ha manifestado, que los tribunales

apelativos no deben intervenir con determinaciones emitidas por el

foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de

discreción, o que incurrió en error manifiesto. Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018). El ejercicio adecuado de la

discreción se relaciona de manera estrecha con el concepto de

razonabilidad. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

                                  III.

       Conforme el derecho aplicable, no encontramos razón por la

que debamos intervenir en el presente caso. No se configura ninguna

de las instancias contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, y a la luz de los criterios establecidos en la Regla 40 de

este Tribunal, supra, que debemos evaluar, no encontramos

justificación para intervenir.

       Por lo tanto, la determinación recurrida constituye una

decisión dentro del claro ejercicio de discreción conferido al foro

primario y de su facultad de manejar los casos de la manera que

entiendan más adecuada, conforme las normas de derecho

aplicables y los hechos ante su consideración.

       Además, concluimos que el foro a quo no actuó de forma

arbitraria o caprichosa, ni se equivocó en la interpretación o
KLCE202400007                                                       10

aplicación de las normas procesales o de derecho al ejercer su poder

discrecional de tomar las medidas protectoras que entendió

necesarias, por lo que no se justifica nuestra intervención en este

caso.

                                    IV.

        Por   lo    fundamentos    antes   expuestos,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones