Court Opinion

ID: 9952346
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:35.129905+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.914490
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL III

     COOPERATIVA DE                             CERTIORARI
     AHORRO & CREDITO                           procedente del
     NAGUABEÑA                                  Tribunal de
                                                Primera Instancia
          Recurrido           KLCE202301435     Sala Superior de
                                                Humacao
              v.
                                                Civil Núm.:
     NOELIA JIMENEZ                             NG2022CV0022
     MOLINA
                                                Sobre:
        Peticionarios                           Cobro de Dinero
                                                Vía Ordinaria

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y
 la Jueza Prats Palerm.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                              SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico a 15 de febrero de 2024.

         Comparece ante este foro, la Sra. Noelia Jiménez

 Molina     (señora    Jiménez    o   “la   peticionaria”)    y   nos

 solicita que revisemos una Resolución emitida por el

 Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao,

 notificada el 17 de noviembre de 2023.               En virtud de

 esta, el foro primario declaró No Ha Lugar a la solicitud

 de nulidad de sentencia instada por la peticionaria.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

 expedimos el auto, y se REVOCA el dictamen recurrido.

                                   I.

         El 24 de febrero de 2022, la Cooperativa de Ahorro

 & Crédito Naguabeña (Cooperativa o “parte recurrida”)

 presentó una Demanda en cobro de dinero por la vía

 ordinaria contra la señora Jiménez, por concepto de una

 línea de crédito (NG2022CV00022).1            Ese mismo día, la

 parte recurrida presentó, otra Demanda por cobro de

 1   Demanda, anejo I, págs. 1-14 del apéndice del recurso.

Número Identificador
SEN2024 ______________
KLCE202301435                                                            2

dinero, pero por un préstamo personal (NG2022CV00021).

En lo pertinente al caso de autos, la parte recurrida

adujo que la peticionaria les adeudaba la cantidad de

$8,694.13      más    los     intereses    acumulados,         costas    y

honorarios de abogados.

      El 18 de marzo de 2022, la parte recurrida presentó

Moción Solicitando Permiso para Emplazar por Edicto.2

En   la   misma,     indicó    que   a    pesar    de    las   múltiples

gestiones realizadas para emplazar personalmente a la

peticionaria, las mismas resultaron infructuosas.                       Por

lo   tanto,    había    solicitado al       foro    primario     que    le

permitiera emplazarla mediante edicto.

      Así las cosas, el 25 de marzo de 2022, el foro

primario      expidió   el    emplazamiento        por   edicto.3        El

referido edicto fue dirigido a la señora Jiménez a la

siguiente dirección: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718-0971.

      El 5 de mayo de 2022, la Cooperativa presentó una

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Solicitud de

Sentencia Sumaria al amparo de la Regla 36.1 y 45.2.4

Solicitó que, le fuera anotada la rebeldía y dictara

sentencia en contra de la peticionaria por no comparecer

dentro del término provisto por ley.

      Ante la incomparecencia de la peticionaria, el 20

de mayo de 2022, el foro primario notificó una Sentencia

en rebeldía.5        Mediante el referido dictamen, condenó a

la señora Jiménez a satisfacer a la Cooperativa la suma

de $8,694.13 más los intereses acumulados hasta su total

2  Véase, Moción Solicitando Permiso para Emplazar por Edicto,
entrada núm. 8 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración
de Casos (SUMAC).
3 Véase, Emplazamiento por Edicto, entrada núm. 7 en SUMAC.
4 Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Solicitud de Sentencia

Sumaria al amparo de la Regla 36.1 y 45.2, anejo II, págs. 15-16
del apéndice del recurso.
5 Sentencia, anejo III, pág. 17 del apéndice del recurso.
KLCE202301435                                                      3

saldo, más costas y la suma de $1,845.95 por concepto de

costas y honorarios de abogado.

      El 17 de junio de 2022, fue expedida la Notificación

de Sentencia por Edicto, la cual fue notificada a la

alegada última dirección conocida de la señora Jiménez,

la cual era: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718.6

      El 22 de julio de 2022, la Cooperativa instó Moción

en Cumplimiento de Orden, mediante la cual certificó que

el 23 de junio de 2022 había sido publicado el edicto

sobre la Sentencia.7

      Posteriormente, el 4 de agosto de 2022, la parte

recurrida presentó Moción Solicitando Orden de Ejecución

de Sentencia.8     En esencia, expresó que la peticionaria

no había pagado el importe de Sentencia, por lo que,

solicitaban la ejecución de la misma.

      Así las cosas, al día siguiente el foro primario

emitió   una    Orden.9     Mediante    el    referido    dictamen,

declaró HA LUGAR la moción, y ordenó el embargo de bienes

muebles e inmuebles para satisfacer la Sentencia.

      Luego de varias incidencias procesales, el 21 de

agosto   de    2023,   la   Cooperativa      presentó    una   Moción

Solicitando Anotación de Sentencia en el Registro de la

Propiedad.10     En síntesis, solicitó que se ordenara al

Registrador de la Propiedad que anotara la Orden y

Mandamiento en cobro de dinero sobre una propiedad de la

peticionaria.     El 23 de agosto de 2023, el foro primario

notificó una Orden, declarando HA LUGAR dicha moción.11

6 Véase, Notificación de Sentencia por Edicto, entrada núm. 14 en
SUMAC.
7 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo IV, págs. 18-1 del apéndice

del recurso.
8 Moción Solicitando Orden de Ejecución de Sentencia, anejo V, págs.

22-25 del apéndice del recurso.
9 Orden, anejo VI, pág. 26 del apéndice del recurso.
10 Véase, Moción Solicitando Anotación de Sentencia en el Registro

de la Propiedad, entrada núm. 23 en SUMAC.
11 Véase, Orden, entrada núm. 24 en SUMAC.
KLCE202301435                                                       4

Así las cosas, el 30 de agosto de 2023, fue expedido el

Mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de

Humacao.12

      No    obstante,      el   26   de    octubre    de    2023,   la

peticionaria presentó Urgente Solicitud de Nulidad de

Sentencia Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.13

En esta, arguyó que procedía la nulidad de la sentencia

y    de    los    procedimientos       posteriores      a   ella    de

conformidad con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Alegó que, la parte recurrida había instado otro pleito

el mismo día que presentó la demanda de epígrafe, sin

embargo, sobre la presente controversia nunca le fue

informada.       Sostuvo que, desde el 22 de abril de 2022,

que la representación legal de la peticionaria en el

otro pleito compareció, les indicó la dirección de la

señora Jiménez.         Por lo tanto, alegó que la Cooperativa

cuando solicitó la anotación de rebeldía el 5 de mayo de

2022, ya tenían conocimiento que la peticionaria residía

hacía varios años en el estado de Florida. Por lo tanto,

expresó    que    las    actuaciones      de   la   parte   recurrida

constituyeron fraude o falsa representación al tribunal.

De otra parte, señaló que la Sentencia es nula por falta

de parte indispensable, ya que la señora Jiménez estuvo

casada al momento de la solicitud.

      Por su parte, el 15 de noviembre de 2023, la

Cooperativa presentó Oposición a Solicitud de Nulidad de

Sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.14

En esencia, arguyó que las mociones radicadas a la

12 Véase, Mandamiento, entrada núm. 28 en SUMAC.
13 Urgente Solicitud de Nulidad de Sentencia Bajo la Regla 49.2 de
Procedimiento Civil, anejo VII, págs. 27-29 del apéndice del
recurso.
14 Oposición a Solicitud de Nulidad de Sentencia bajo la Regla 49.2

de Procedimiento Civil, anejo IX, págs. 31-58 del apéndice del
recurso.
KLCE202301435                                                         5

peticionaria fueron notificadas a la dirección postal

conocida, puesto que, ningún abogado había asumido la

representación legal.        Además, destacó que la abogada de

la peticionaria en el otro pleito tenía conocimiento que

adeudaba      otra   cuenta,    refiriéndose     a     la    línea    de

crédito.      Finalmente, alegó que no procedía el relevo de

la sentencia por nulidad, puesto que, cumplieron con el

debido proceso de ley.

        Evaluadas ambas posturas, el foro primario declaró

No Ha Lugar la nulidad de la sentencia mediante una Orden

notificada el 17 de noviembre de 2023.15

        Inconforme, el 18 de diciembre de 2023, la señora

Jiménez presentó el recurso de epígrafe, adujo que el

foro     primario    cometió    el   siguiente   señalamiento         de

error:

           Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala
           de Humacao al declarar sin lugar la
           solicitud de nulidad de sentencia.

        Por su parte, el 27 de diciembre de 2023, la

Cooperativa presentó Moción Informativa y Solicitud de

Desestimación.          En   esencia,    alegó   que        procede   la

desestimación del recurso por incumplimiento con las

Reglas 32 (d) y 33 (b) del Reglamento de este Tribunal

de Apelaciones.

        El 3 de enero de 2024, la peticionaria presentó

Oposición a Solicitud de Desestimación.                  Mediante la

cual, sostuvo que el recurso fue notificado conforme

requiere la Regla 48 del Reglamento de este Tribunal.

        Así las cosas, el 24 de enero de 2024, emitimos una

Resolución, mediante la cual declaramos NO HA LUGAR a la

solicitud de desestimación instada por la Cooperativa.

15   Orden, anejo X, pág. 69 del apéndice del recurso.
KLCE202301435                                                        6

     El 6 de febrero de 2024, la parte recurrida presentó

su oposición al recurso de certiorari.             Mediante este,

rechazó    que     el   foro   primario      actuara      de    manera

arbitraria o discriminatoria.

     Con    el   beneficio     de    la   comparecencia    de    ambas

partes, procedemos a resolver el asunto ante nuestra

consideración.      Veamos.

                                II.

                                -A-

     En    lo    sustantivo,    el    certiorari   es   un     recurso

extraordinario discrecional expedido por un tribunal

superior a otro inferior, mediante el cual el primero

está facultado para enmendar errores cometidos por el

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de

acuerdo con las prescripciones de la ley.”                      Véase,

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 3491; Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, resuelto el 8 de mayo

de 2023; Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR

46, resuelto el 12 de abril de 2023; IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz

de León, 176 DPR 913, 917-918 (2008).           La expedición del

auto descansa en la sana discreción del tribunal. Medina

Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).

     Para todo tipo de recurso de certiorari, la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que este foro

debe tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de este recurso discrecional.            Estos son:

          (A) Si el remedio y la disposición de la
          decisión recurrida, a diferencia de sus
          fundamentos, son contrarios a derecho.
KLCE202301435                                          7

       (B) Si la situación de hechos planteada es
       la más indicada para el análisis del
       problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
       error craso y manifiesto en la apreciación
       de la prueba por el Tribunal de Primera
       Instancia.

       (D)   Si   el   asunto   planteado   exige
       consideración más detenida a la luz de los
       autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se
       presenta el caso es la más propicia para su
       consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden
       de    mostrar    causa   no    causan    un
       fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final
       del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden
       de mostrar causa evita un fracaso de la
       justicia.

     En lo pertinente a este caso, el certiorari también

es el recurso apropiado para solicitar la revisión de

determinaciones post sentencia.    IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra, pág. 339.   A esos efectos, el Tribunal

Supremo expresó que:

       Las   resoluciones   atinentes   a   asuntos
       postsentencia no se encuentran comprendidas
       entre     aquellas    determinaciones     de
       naturaleza interlocutoria categóricamente
       sujetas a escrutinio mediante el recurso de
       certiorari. De otra parte, por emitirse
       este tipo de decisión luego de dictada la
       sentencia, usualmente tampoco cualifica
       para el recurso de apelación provisto para
       dictámenes judiciales finales. Se corre el
       riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos
       nunca se vean sujetos a examen judicial
       simplemente porque ocurren en una etapa
       tardía en el proceso, tal como lo es la
       ejecución de sentencia. IG Builders et al.
       v. BBVAPR, supra.
                          -B-

     La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 49.2, es el vehículo procesal mediante el cual una

parte adversamente afectada por una sentencia puede

solicitar el relevo de esta.   Pérez Ríos y otros v. Luma
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Energy, LLC, 2023 TSPR 136, 213 DPR ___ (2023); SLG

Rivera-Perez v. SLG Díaz-Doe et al, 207 DPR 636, 656-

657 (2021); López García v. López García, 200 DPR 50, 59

(2018).      El propósito de la precitada regla es proveer

un   justo     balance       entre    dos    intereses       conflictivos.

Ellos son, el asegurar que los pleitos se resuelvan en

sus méritos, y, por otra parte, que las decisiones sean

conforme a los principios de la justicia.                     López García

v. López García, supra, pág. 60.

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil contempla una

serie de escenarios en los cuales el tribunal podrá

relevar a una parte de los efectos de una sentencia

dictada en su contra. Estos son:

          (a)    Error, inadvertencia,                  sorpresa    o
          negligencia excusable;

          (b) descubrimiento de evidencia esencial
          que, a pesar de una debida diligencia, no
          pudo haber sido descubierta a tiempo para
          solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la
          Regla 48;

          (c) fraude (incluso el que hasta ahora se
          ha denominado “intrínseco” y el también
          llamado "extrínseco"), falsa representación
          u otra conducta impropia de una parte
          adversa;

          (d) nulidad de la sentencia;

          (e) la sentencia ha sido satisfecha,
          renunciada o se ha cumplido con ella, o la
          sentencia anterior en que se fundaba ha sido
          revocada o de otro modo dejada sin efecto,
          o no sería equitativo que la sentencia
          continúe en vigor, o

          (f) cualquier otra razón que justifique la
          concesión de un remedio contra los efectos
          de   una  sentencia.      Regla  49.2   de
          Procedimiento Civil, supra.

      No será suficiente que esté presente uno de los

mencionados escenarios para que el tribunal deje sin

efecto    el      dictamen    notificado.          El   juzgador    deberá

evaluar      el    expediente        del    caso   en   su    totalidad   y
KLCE202301435                                                          9

determinar si bajo las circunstancias particulares del

asunto amerita que se deje sin efecto la sentencia.

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 817

(1986).      Asimismo,      el    tribunal    debe     considerar     los

siguientes criterios: (1) cualquier defensa válida que

pueda levantar la parte que se opone al relevo de

sentencia;    (2)     el    tiempo   que     transcurrió      entre   la

sentencia y la solicitud del relevo; (3) el perjuicio

que    sufriría     la   parte    opositora      si    se   concede   la

solicitud    del     peticionario;     y   (4)    el    perjuicio     que

sufriría la parte promovente de dejarle desprovista del

remedio solicitado.         Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816,

825 (1998).

       Es menester destacar que el mecanismo de relevo de

sentencia es una facultad discrecional del tribunal de

instancia y debe ser interpretado liberalmente.                 En caso

de duda, debe ser resuelta en favor de la parte que

solicita el remedio.         Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624-

625 (2004).        No obstante, cuando una sentencia es nula

ab initio, el juzgador no tendrá discreción para relevar

a una parte de los efectos de una sentencia.                Pérez Ríos

y otros v. Luma Energy, LLC, supra; Náter v. Ramos,

supra, pág. 625.

       Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin

jurisdicción o en violación del debido proceso de ley.

SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe, et al, supra, pág.

657.        Así,    pues,    la   parte    que   meritoriamente        ha

levantado la defensa de nulidad debe prevalecer en su

solicitud, independientemente de los méritos que pueda

tener la defensa o reclamación del perjudicado.                  Ello,

puesto que lo nulo no ha nacido a la vida jurídica.                    R.

Hernández    Colón,      Práctica    Jurídica     de    Puerto   Rico,
KLCE202301435                                                      10

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis,

2017, Sec. 4807, pág. 457.

       Por otra parte, cabe señalar que la regla dispone

un término fatal de seis (6) meses para la presentación

del relevo de sentencia.         Bco. Santander P.R. v. Fajardo

Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996).              Sin embargo, si

la solicitud del remedio se basa en que el emplazamiento

no se realizó conforme a derecho o que se cometió fraude

al tribunal, el promovente podrá presentar la referida

moción luego de transcurridos los seis (6) meses de

haberse dictado la sentencia.           Íd., págs. 243-244. R.

Hernández Colón, ob. cit., secs. 4810, págs. 458-459;

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Civil, 2da ed.,

San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. IV, págs. 1405 y 1413.

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el dictamen

que se emite en una acción en la cual el emplazamiento

fue defectuoso, es nulo de su faz, puesto que el tribunal

no puede adquirir jurisdicción sobre una persona que no

se   emplazó     correctamente.        Bco.   Santander   P.R.     v.

Fajardo Farms Corp., supra, pág. 244.              Asimismo, ante

una sentencia nula, no trascurren los términos, porque

la nulidad es insubsanable.          J.A. Montañez v. Policía de

Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000); Echevarría Vargas,

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012,

pág.    297.         Además,    el   Tribunal   Supremo       expresó

recientemente que una parte que evita emplazar a una

persona conforme a derecho comete fraude al tribunal.

Colón Vega v. Díaz Lebrón, 2023 TSPR 27, 211 DPR ___

(2023).

       A los fines de resolver este caso, aclaramos que la

Regla 49. 2, supra, dispone que “[e]sta regla no limita

el   poder     del   tribunal   para   [c]onocer    de   un    pleito
KLCE202301435                                                            11

independiente con el propósito de relevar a una parte de

una sentencia, una orden o un procedimiento.”                   A modo de

ejemplo,   acentuamos      que      en    Bco.     Santander     P.R.    v.

Fajardo Farms Corp., supra, se presentó una solicitud de

relevo de sentencia luego de aproximadamente tres (3)

años de haberse emitido el dictamen.                El tribunal afirmó

que, habiendo trascurrido más de seis (6) meses desde

que se dictó la sentencia, lo propio era presentar un

pleito independiente en el que se solicitara declarar

nula la sentencia.

                                   III.

     Como único señalamiento de error, la peticionaria

alega   que     incidió   el      foro    primario       al   denegar   la

solicitud de nulidad de sentencia.

        En el caso de autos, el 24 de febrero de 2022, la

Cooperativa presentó dos (2) demandas en cobro de dinero

contra la peticionaria, una por concepto de un préstamo

personal y la segunda, por una línea de crédito.                     En la

Demanda    -NH2022CV00022-,              objeto     de    la    presente

controversia, el 18 de marzo de 2022, la parte recurrida

solicitó permiso para emplazar por edicto a la señora

Jiménez, y el 25 de marzo de 2022, el foro primario

expidió el emplazamiento por edicto, siendo notificado

a la siguiente dirección: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718-

0971.

     Posteriormente,         el     5     de      mayo   de    2022,     la

Cooperativa presentó una moción solicitando le fuera

anotada    la     rebeldía     a     la     peticionaria,        y     como

consecuencia, el 20 de mayo de 2022, el foro primario

dictó Sentencia declarando ha lugar la demanda.                         Por

consiguiente, el 17 de junio de 2022, fue expedida la

Notificación de Sentencia por Edicto, y de igual forma,
KLCE202301435                                                             12

fue notificada a la última dirección conocida de la

señora Jiménez: PO BOX 971, NAGUABO, PR 00718.

        Luego de varias incidencias procesales, el 26 de

octubre de 2023, la peticionaria solicitó la nulidad de

la sentencia y de los procedimientos posteriores a ella,

debido a que, las actuaciones de la parte recurrida

constituyeron fraude o falsa representación al tribunal.

En la moción, la señora Jiménez expresó que, desde el 22

de abril de 2022, cuando compareció su representación

legal     en    el     otro     pleito,      la    Cooperativa         tenía

conocimiento de la nueva dirección de la peticionaria.

A su vez, que la sentencia era nula por falta de parte

indispensable, ya que la señora Jiménez estuvo casada al

momento de la solicitud de la línea de crédito objeto de

este caso.

        Por    su    parte,     la    Cooperativa      arguyó    que     las

mociones       radicadas        a     la    señora     Jiménez        fueron

notificadas a la dirección postal conocida, puesto que,

ningún abogado había asumido la representación legal en

dicho pleito.         A su vez, sostuvo que la abogada tenía

conocimiento la deuda.               Por lo tanto, plantearon que no

procedía       el    relevo     de     la   sentencia,       puesto    que,

cumplieron con el debido proceso de ley.

        Habiendo evaluado las posturas de ambas partes, el

foro primario denegó la moción de nulidad de sentencia.

Por    consiguiente,       la       peticionaria     nos   solicita      que

expidamos el presente auto de certiorari, para revocar

el dictamen recurrido.

        Conforme al derecho antes expuesto, la Regla 49.2

de    Procedimiento      Civil,        supra,   para   que    proceda     el

relevo de sentencia, “es necesario que el peticionario

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa
KLCE202301435                                                                  13

regla para tal relevo.”            García Colón et al. v. Sucn.

González,        supra,    pág.      540.              A     saber:      error,

inadvertencia,           sorpresa,        negligencia               excusable,

descubrimiento de evidencia esencial, fraude, nulidad de

la   sentencia,      que   la    sentencia        ha       sido    satisfecha,

renunciada o se ha cumplido con ella o cualquier otra

razón que justifique la concesión de un remedio. Además,

la   solicitud       de    relevo       de      sentencia          tiene      que

presentarse       dentro   de    seis     (6)     meses         desde   que    se

registró la notificación del dictamen.                     Reconocemos que,

si una sentencia es nula, no hay margen de discreción y

es obligatorio dejarla sin efecto.                          Íd., pág. 543.

Cónsono con lo anterior, se considera que una sentencia

es nula cuando al dictarla se quebrantó el debido proceso

de ley.     Íd.

      En    el     presente       caso,      la       Cooperativa          tenía

conocimiento       que     la    dirección        a        la     que   estaban

realizando las notificaciones de la Señora Jiménez no

era la última dirección conocida.                 Desde el 22 de abril

de 2022, en el caso NG2022CV00021, la abogada de la

señora Jiménez, asumió representación legal e informó la

dirección de la peticionaria.16                 Sin embargo, la parte

recurrida         optó     por     continuar               realizando         las

notificaciones a otra dirección.                       Por consiguiente,

dicha acción por parte de la Cooperativa es una violación

al debido proceso de ley que conlleva obligatoriamente

el relevo de la sentencia.

16Por este medio, tomamos conocimiento judicial respecto a que, en
el caso NG2022CV00021, el 22 de abril de 2022, la representación
legal de la señora Jiménez presentó una moción, mediante la cual
indicó que “[l]a parte demandada es residente de 733 Ave Tercera –
Apt. 104, Clermont, Fl. 34714.” Véase, civil núm. NG2022CV00021,
Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga,
entrada núm. 9 en SUMAC.
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      A tenor con ello, resolvemos que procede el relevo

de sentencia, toda vez que,       en este caso, el   foro

primario quebrantó el debido proceso de ley de la señora

Jiménez.    Así pues, procede declarar nula la Sentencia

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

                            IV.

     Por los fundamentos que anteceden, expedimos el

auto y REVOCAMOS el dictamen recurrido.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones