Court Opinion

ID: 9374146
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:11.419304+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.105541
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VII

                                                       Certiorari procedente
      El PUEBLO DE PUERTO                              del Tribunal de
              RICO                                     Primera Instancia,
                                                       Sala Superior de San
               Recurrido                               Juan

                    v.
                                        KLCE202300022 Caso Número:
     JOSÉ RAMÍREZ SUÁREZ                              K LE2022G0181

                                                       Sobre: Ley 54
              Peticionario                             Art. 3.1 Grave (1989)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                      RESOLUCIÓN

          En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

          Comparece ante nosotros el señor José Ramírez Suárez (Sr.

Ramírez; peticionario) mediante el presente recurso de certiorari y nos

solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 6 de diciembre de 2022.1

En el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una moción de

desestimación al amparo de la Regla 64 de las de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (Regla 64).

          Adelantamos que por los fundamentos que expondremos a

continuación denegamos expedir el auto de certiorari.

                                          I

          El 21 de enero de 2022 se presentó Denuncia contra el Sr.

Ramírez por hechos ocurridos el 20 de enero de 2022. En el pliego le fue

imputada la conducta tipificada como delito en el Artículo 3.1 de la Ley

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm.

54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 631, por los siguientes hechos:

          El referido imputado José Ramírez Suárez, allá en o para el
          día 20 de enero de 2022, a eso de las 9:10 PM aprox. en
          [San Juan], que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de
          Primera Instancia, Sala de Juan, ilegal, a propósito, con

1   Apéndice del recurso, Anejo 10.

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202300022                                                             2

        conocimiento y criminalmente empleó violencia física y
        psicológica contra la Sra. [IMLO], persona con quien
        sostenía una relación consensual, con quien no procreó
        hijos, consistente en que el aquí denunciado, la agredió con
        sus manos en el rostro (BOCA) por lo que la perjudicada se
        siente física [y] emoci[o]nalmente afectada con tal hecho
        contrario a la ley. (Tachado en el original, énfasis nuestro.)2

        Consecuentemente, se fijó la fecha para la Vista Preliminar, la cual

se llevó a cabo el 2 de febrero de 2022. Inicialmente, el TPI emitió

Resolución en la cual determinó la inexistencia de causa probable por el

delito imputado.3 No obstante, el 20 de abril de 2022, luego de celebrar la

Vista Preliminar el Alzada, el Tribunal de Primera Instancia emitió

Resolución en la cual resolvió que sí existía causa para creer que el Sr.

Ramírez cometió el delito contenido en el Artículo 3.1 de la Ley 54. Por lo

anterior, el 27 de abril de 2022, el Ministerio Publico radicó la

correspondiente acusación en el caso 20220126200291, en la cual imputó

al peticionario la siguiente conducta:

        Cometido en: San Juan, PR DESDE EL 2018 HASTA EL 20
        DE ENERO DE 2022, HORA 9:10 PM APROX.

        El referido imputado, José Ramírez Suárez, allá en o para el
        día 20 d enero de 2022, a eso de las 9:10 PM, aprox. en
        [San Juan], que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de
        Primera Instancia, Sala de San Juan, ilegal, a propósito, con
        conocimiento y criminalmente empleó violencia física y
        psicológica contra la SRA. [IMLO], persona con quien
        sostenía una relación consensual, con quien NO procreó
        hijos, consistente en que el aquí denunciado, la rozo con
        sus dedos en la boca, por lo que la perjudicada se siente
        física [y] emocionalmente afectada siendo esto parte de un
        patrón de conducta de maltrato cometido en su contra.
        HECHO CONTRARIO A LA LEY.

        Posteriormente, el 8 de agosto de 2022, el peticionario presentó

Moción solicitando desestimación al amparo de la Regla 64 de

Procedimiento Criminal y el debido proceso de ley.4 Este alegó que se

debía desestimar la acusación al amparo de los incisos (j) y (k) de la

Regla 64, ya que el Ministerio Público había realizado una acumulación

indebida de delitos. Por otro lado, el 19 de agosto de 2022, el Ministerio

Público se expresó en cuanto a la moción anterior. Primeramente, señaló

que no procedía desestimar la acusación, puesto que el peticionario

2 Apéndice del recurso, Anejo 1.
3 Apéndice del recurso, Anejo 2.
4 Apéndice del recurso, Anejo 4.
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radicó su moción de forma tardía, de acuerdo con lo establecido en las

Reglas 63 y 64 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 63 y 64.5

Además, el Ministerio Publico adujo que en la referida acusación se

imputó el mismo delito, en sus dos modalidades, lo cual resulta

permisible conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto

Rico.6 Luego de los trámites de rigor, el TPI emitió Resolución el 22 de

agosto de 2022, en la cual, declaró No Ha Lugar la desestimación.

Inconforme, el peticionario presentó dos mociones para solicitar

reconsideración, y requerir del foro primario “los fundamentos en derecho

para no desestimar”.7

        A base de la solicitud anterior, el TPI emitió la Resolución

recurrida en la que expuso los fundamentos concretos para no

desestimar la acusación. Luego de un análisis jurisprudencial, el Tribunal

razonó que “el Ministerio Público tiene discreción para imputar

cualquiera” de las dos modalidades que comprende el Artículo 3.1 de la

Ley 54.8 Añadió el TPI que, “en el presente caso, no existe acumulación

de más de un delito en un mismo pliego acusatorio, sino que el Ministerio

Publico presentó una acusación mediante la cual se imputan dos

modalidades del Art. 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica [entiéndase,]

maltrato físico y maltrato psicológico.”9

        Aún inconforme, el peticionario acude ante nosotros mediante el

5 En lo pertinente, la Regla 64 dispone que, “[u]na moción para desestimar basada en lo
provisto en esta regla deberá presentarse, excepto por causa debidamente justificada
y fundamentada, por lo menos veinte (20) días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la
Regla 63.” (Énfasis nuestro.) 34 LPRA Ap. II, R. 64. Por otro lado, la Regla 63 establece
lo siguiente: “Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se
imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa
u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se
deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de no
culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la
presentación de dicha moción dentro de un período no mayor de veinte (20) días
después del acto de lectura de la acusación en los casos en que deba celebrarse
dicho acto. Cuando se hubiere entregado personalmente al acusado una copia de la
acusación, el término para la presentación de esta moción será de no más de veinte (20)
días desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no hubiese contestado, el
término será de no más de veinte (20) días después de que se registre la alegación de
no culpable.” 34 LPRA Ap. II, R. 63.
6 Apéndice del recurso, Anejo 5.
7 Véase, Apéndice del recurso, Anejos 7 y 9.
8 Apéndice del recurso, Anejo 10, Resolución, en una cita a Pueblo v. Carballosa y

Balzac, 130 DPR 842, 856 (1992); Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428, 437 (2012); (El
Tribunal Supremo explicó que, “unos mismos hechos pueden producir tanto un daño
físico como un grave daño emocional en la víctima, y el Ministerio Público tiene
discreción para imputar ambas modalidades en la acusación.”)
9 Apéndice del recurso, Anejo 10.
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presente recurso de certiorari en el cual nos señala la comisión del

siguiente error:

          Primer error: El TPI erró al no desestimar el pliego
          acusatorio ante la indebida acumulación de delitos, y al
          permitirle al Ministerio Publico que impute violencia física,
          violencia psicológica y un alegado patrón de maltrato en una
          sola acusación.

          Por     su    parte,    compareció      el    Procurador      General,   en

representación del Pueblo de Puerto Rico para solicitar la desestimación

del presente recurso, por falta de jurisdicción. Específicamente, este nos

señala que el peticionario incumplió con las Reglas 33 (B) y 13 (B) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Lo anterior,

ya que el peticionario, en primer lugar notificó por correo electrónico y no

por correo certificado, conforme a la Regla 33 (B). En segundo lugar, que

no notificó correctamente a la Fiscal de Distrito, por haber escrito de

forma incorrecta la dirección. Adicional, que el escrito enviado no estaba

firmado, ni acompañó el apéndice del recurso en su notificación. Por

último, el Procurador nos señala que, por no haber realizado la

notificación de forma correcta, dentro del término para acudir en certiorari

a este Tribunal, procede desestimar el recurso por falta de jurisdicción,

en ausencia de justa causa.

          El 19 de enero de 2023 emitimos Resolución mediante la cual

concedimos al peticionario hasta el 27 de enero de 2023, para

expresarse y exponer las razones por las que no debemos desestimar su

recurso. En la fecha indicada, el peticionario compareció a través de

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual expresó su oposición. En

esencia, este nos señala que hubo un problema de notificación a la

Fiscal de Distrito por haber incurrido en un error en la redacción de la

dirección del correo electrónico. Además, este señaló, correctamente,

que las Reglas de este Tribunal permiten la notificación mediante correo

electrónico.10 Adicional, el peticionario confirmó que la copia enviada al

Procurador General no estaba firmada, ni tampoco se envió copia del

10   Véase, Regla 13 (B) (2) de nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13.
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apéndice como anejo en el correo electrónico. Sin embargo, el

peticionario arguye que lo anterior se debió a un error involuntario y

subsanable, de acuerdo con la Regla 69 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 69.

       Atendidas las posturas de las partes, se declara No Ha Lugar la

Solicitud de Desestimación radicada por la Oficina del Procurador

General, y con el beneficio de las posturas de las partes, procedemos a

resolver.

                                    II

                                    A

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917

(2009). Para determinar si procede la expedición de un auto de certiorari,

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R.40, dispone que debemos considerar lo siguiente:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Es decir, estamos obligados a evaluar “tanto la corrección de la

decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que es

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y
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no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), que

cita a Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). Asimismo, se ha

resuelto que los “tribunales apelativos no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

                                    B

      Es sabido que es un requisito indispensable que la parte que

solicita la intervención de un foro apelativo perfeccione su recurso, tanto

en su forma como en su contenido, de conformidad con la reglamentación

aplicable. En particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones

dispone palmariamente que la petición de certiorari incluirá un apéndice,

en el que se incluirá, tanto la decisión del Tribunal de Primera Instancia

cuya revisión se solicita, así como la notificación del archivo en autos de

copia de la notificación de la decisión, entre otros documentos de

importancia para ejercer nuestra función revisora. El Tribunal Supremo ha

afirmado que las disposiciones reglamentarias que regulan los recursos

que se presentan ante este tribunal revisor deben ser observadas con

rigor. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998) y la

jurisprudencia allí citada. En el derecho procesal apelativo no puede

quedar al arbitrio de las partes o sus abogados decidir qué disposiciones

reglamentarias acatan y cuándo. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR

84, 91 (2013), que cita a Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR

122, 125 (1975).

      No obstante, debemos tener presente que conforme la Regla 12.1

el tribunal, por causa debidamente justificada, deberá proveer una

oportunidad razonable a las partes para permitir la corrección de cualquier
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defecto en la notificación, siempre que con ello no afecten los derechos

de las partes.11

                                          C

       La Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 7, Const.

ELA, LPRA, Tomo 1, dispone que ninguna persona será privada de su

vida o su libertad sin un debido proceso de ley. A raíz de este derecho, el

Estado tiene el deber de notificar adecuadamente a los acusados de

delitos sobre las causas de acción en su contra. Pueblo v. Pérez, 183

DPR 1003, 1010 (2011). De tal modo, el derecho a la debida notificación

al acusado de los cargos presentados en su contra tiene rango

constitucional. En lo pertinente, nuestra Constitución dispone lo siguiente:

       En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del
       derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la
       naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de
       la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la
       comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener
       asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de
       inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, supra. (Énfasis
       nuestro).12

       Para viabilizar este mandato constitucional, existe la Regla 35 de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 35. En el apartado (c), dicha

Regla establece que cuando se imputa la comisión de un delito

específico, la acusación debe incluir una exposición de todos los hechos

constitutivos del mismo con suficiente grado de especificidad para que

una persona de inteligencia común las pueda entender. Por tanto, solo se

requiere que el Ministerio Público presente lo siguiente:

       Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del
       delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso […]
       Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en
       su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción
       de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la
       jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado
       legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente
       las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que
       tuvieren el mismo significado. En ningún caso será
       necesario el expresar en la acusación o denuncia
       presunciones legales ni materias de conocimiento judicial.
       32 LPRA Ap. II, R. 35 (c).

11 Véase, Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B,
R. 12.1
12 Véase, además, la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: (“In all

criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right… to be informed of the nature
and cause of the accusation”.) Emda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.
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      Al interpretar el precitado texto, nuestro Tribunal Supremo ha

reiterado que el Ministerio Público no tiene que emplear “ningún lenguaje

estereotipado, técnico o talismánico en su redacción[,] ni el uso estricto de

las palabras dispuestas en el estatuto”. Pueblo v. Montero Luciano, 169

DPR 360, 373 (2006). Es decir, al Ministerio Público solamente se le

exige que exponga en la acusación todos los hechos constitutivos del

delito imputado para que dicho documento pueda servir su propósito.

Entiéndase, que el acusado conozca “‘los hechos que se le imputan, de

suerte que pueda preparar su defensa conforme a ello’.” Pueblo v. Vélez

Rodríguez, 186 DPR 621, 629 (2012), que cita a Pueblo v. Montero

Luciano, supra.

                                     D

      De otra parte, una vez hay una determinación de causa probable

para acusar y se presenta la acusación, el acusado tiene el remedio

exclusivo de la desestimación según lo dispone la Regla 64 de

Procedimiento Criminal. Por su parte, la citada disposición legal establece

los fundamentos por los cuales una persona imputada de delito puede

solicitar la desestimación de una acusación o denuncia. En lo pertinente

al presente caso, la Regla 64 dispone lo siguiente:

      La moción para desestimar la acusación o denuncia, o
      cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o
      más de los siguientes fundamentos:

      [. . .]

      (j) Que uno o más de los cargos de la acusación o la
      denuncia imputan más de un delito.

      (k) Que existe una indebida acumulación de delitos.

      En una interpretación de la Regla 64 (j) de las de Procedimiento

Criminal, nuestro más alto foro determinó que “[c]uando todos los actos

imputados en un solo cargo constituyen un solo delito, no hay duplicidad y

no es de aplicación [esta Regla]”, la cual “sólo aplica cuando se imputa

más de un delito en un solo cargo.” Pueblo v. Carballosa y Balzac, supra.

En el mencionado caso, el Tribunal Supremo añadió que, tampoco existe
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duplicidad en la acusación, cuando en un solo cargo se imputen las dos

modalidades bajo las cuales puede cometerse el mismo delito. Id.

Asimismo, “[c]uando varios actos ejecutados por la misma persona no son

sino pasos sucesivos en el curso de un propósito criminal y que

constituyen en conjunto un solo delito, aunque cada uno de ellos

realizados aisladamente podrían constituir un delito, dichos actos todos

pueden ser imputados en un solo cargo.” Id., que cita a Pueblo v.

Echavary et al., 28 DPR 6, 10 (1920).

                                    E

      El Artículo 3.1 de la Ley 54 tipifica como delito de maltrato la

siguiente conducta:

      Toda persona que empleare fuerza física o violencia
      psicológica, intimidación o persecución en la persona de su
      cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o
      haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya
      sostenido una relación consensual, o la persona con quien
      haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo,
      estado civil, orientación sexual, identidad de género o
      estatus migratorio de cualquiera de las personas
      involucradas en la relación, para causarle daño físico a su
      persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos
      que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de
      otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en
      delito grave de cuarto grado en su mitad superior.

      El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de
      la pena de reclusión establecida. 8 LPRA sec. 631.

      Este delito se configura cuando están presentes los siguientes tres

elementos. A saber: (1) que se emplee fuerza física, violencia psicológica,

persecución o intimidación; (2) que dicha conducta se lleve a cabo contra

“la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita

o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido

una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o

hija”, y (3) que se haga para causarle algún daño físico (a la persona o

sus bienes, salvo los dispuestos por ley), o grave daño emocional. Pueblo

v. Ayala García, 186 DPR 196, 213 (2012).

      Según ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, el delito antes

descrito contiene dos modalidades. Entiéndase, maltrato físico, y maltrato

emocional. Pueblo v. Osvaldo Ríos, 156 DPR 428, 435 (2012). Referente
KLCE202300022                                                                      10

al maltrato físico, el Supremo ha concluido que, en dicha modalidad, no

se requiere demostrar un patrón reiterado de violencia para que se

configure el mismo. Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717, 731

(2001). Por otro lado, en la modalidad de violencia psicológica, la propia

Ley específica en su Artículo 1.3 que se trata de “un patrón de conducta

constante ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor

personal”, entre otros. (Énfasis nuestro.) 8 LPRA sec. 602.

                                             III

          En el presente caso, se recurre de una Resolución que declaró sin

lugar una solicitud de desestimación instada por el peticionario al amparo

de la Regla 64. En su recurso de certiorari, el peticionario señala que erró

el TPI al no desestimar el pliego acusatorio aun cuando el Ministerio

Público realizó una “indebida acumulación de delitos”, por imputar

“violencia física, violencia psicológica y un alegado patrón de maltrato en

una sola acusación.” El caso pendiente ante el foro recurrido –por la

comisión del delito tipificado en el artículo 3.1 de la Ley 54– está

señalado para juicio, los días 9 y 10 de febrero de 2022. En síntesis, al

peticionario se le acusa de un patrón de conducta de maltrato contra la

Sra. IMLO, por hechos ocurridos desde el 2018 hasta el 20 de enero de

2022, al rozar a la perjudicada con sus dedos en a boca.13

          Al evaluar una petición de certiorari en casos como el de autos,

nos corresponde analizar, si bajo la discreción concedida a este tribunal

revisor bajo la Regla 40, debemos o no expedir el auto de certiorari.

Evaluada la resolución recurrida, resolvemos que no se cumple ninguno

de los criterios anteriormente mencionados.

          Asimismo,      luego       de   analizar   el   expediente   ante   nuestra

consideración, somos del criterio que el peticionario no demostró que el

TPI haya incurrido en un abuso de discreción que amerite nuestra

intervención. Tampoco vemos error en la aplicación del Derecho. Según

lo antes expuesto, no es de aplicación los incisos (j) y (k) de la Regla 64

13   Apéndice del recuso, Anejo 8.
KLCE202300022                                                             11

por no haber una acumulación indebida de cargos, ya que se trata del

mismo delito, en sus dos modalidades, lo cual es permisible de acuerdo

con la jurisprudencia interpretativa. Pueblo v. Carballosa y Balzac, supra.

      Reiteramos que, los tribunales apelativos no debemos intervenir

con las determinaciones de los tribunales primarios, salvo que se

demuestre un claro abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o

parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra. Por lo cual,

ante la ausencia de estos criterios, las determinaciones realizadas por el

foro primario merecen deferencia de nuestra parte. Consecuentemente,

al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, y en el ejercicio de

nuestra discreción denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                    IV

      Por los fundamentos que anteceden, se declara No Ha Lugar la

solicitud de desestimación presentada por la Oficina del Procurador

General, y se deniega la expedición del auto de certiorari. Se devuelve el

caso al foro primario para la continuación de los procedimientos.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones