Court Opinion

ID: 9374166
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:35.871516+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.170351
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL I

 MILAGROS LÓPEZ COTTO                            Apelación
                                                 Procedente del
          APELANTE
                                                 Tribunal de
                                                 Primera
                                                 Instancia, Sala
                                                 Superior de
                                                 Bayamón
             V.
                              KLAN202201000
                                                 Civil Núm.:
                                                 BY2022CV00899
                                                 Salón: 501
    BAYAMÓN MEDICAL
        CENTER                                   SOBRE:
                                                 Laboral, Despido
          APELADO                                Injustificado,
                                                 Represalias (Ley
                                                 115),
                                                 Discrimen (Ley
                                                 100)
                                                 Ley Núm. 44-1985
                                                 (Protección a
                                                 Impedidos)

Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente

                            SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

        Comparece ante nos la Sra. Milagros López Cotto

(señora     López    Cotto    o    Apelante)    y    solicita     que

revoquemos una Sentencia Sumaria emitida y notificada el

29 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).                Mediante

dicho    dictamen,     el   TPI   desestimó    con   perjuicio    una

Querella     sobre     despido    injustificado,      discrimen     y

represalias presentada por la señora López Cotto en

contra de Bayamón Medical Center (BMC o Apelado), por

entender que el despido de la Apelante fue conforme a

derecho.

        Por los fundamentos que exponemos a continuación,

desestimamos el presente recurso por incumplimiento con

Número Identificador
SEN2023_______________
KLAN202201000                                                    2

la   Regla   13(B)   del   Reglamento    de   este   Tribunal   de

Apelaciones, infra.

                               -I-

      El 1 de marzo de 2022, la señora               López Cotto

presentó una Querella1 en contra de BMC al amparo del

procedimiento sumario que dispone la Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, conocida como la Ley de Procedimiento

Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2).2 En su

reclamación, expuso:       (1) que    trabajó como enfermera

graduada para BMC desde el año 1987; (2) que debido a

una intervención quirúrgica en sus cervicales, recibió

los beneficios del Seguro de Incapacidad No Ocupacional

(SINOT) por el plazo de un año; y (3) que, el 4 de

febrero de 2022, tras agotar dicho beneficio, BMC se

negó a proveerle acomodo razonable para que pudiese

retomar sus labores y, en cambio, optó por despedirla.

      Por su parte, el 9 de marzo de 2022, BMC presentó

su Contestación a la Querella.3 En esencia, argumentó

que la señora López Cotto agotó su licencia médica bajo

SINOT    sin    haberse     recuperado     totalmente     de    su

incapacidad. Por lo cual, debido a que esta no podía

efectuar las tareas básicas de su puesto, procedió a

terminarle su empleo al amparo del Art. 2.16 de la Ley

1 Apéndice del Recurso, págs. 1-4. En su Querella, la señora López
Cotto imputó a BMC haber violentado los siguientes estatutos: Ley
Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley contra el
Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq; Ley Núm. 44 de 2
de julio de 1985, conocida como la Ley para Prohibir el Discrimen
Contra las Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o
Sensoriales, 1 LPRA sec. 501 et seq; Americans with Disabilities
Act, 42 USC sec. 1201 et seq; Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,
conocida como la Ley Sobre Despidos Injustificados, 29 LPRA sec.
185a et seq; Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como
la Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio, 29
LPRA sec. 194 et seq; y la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968,
conocida como la Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal, 29 LPRA
sec. 122o(e).
2 32 LPRA sec. 3118 et seq.
3 Apéndice del Recurso, págs. 5-26.
KLAN202201000                                                             3

Núm. 4 de 26 de enero de 2017, conocida como la Ley de

Transformación y Flexibilidad Laboral.4

        El    29   de   julio    de     2022,    tras   varios       eventos

procesales, y tras concluir el descubrimiento de prueba,

BMC presentó una Moción de Sentencia Sumaria.5 Expuso

que, a base de los hechos, de la prueba documental y del

derecho aplicable, procedía que se dictase sentencia a

su favor y se desestimara la reclamación instada en su

contra.

        El 9 de agosto de 2022, la señora López Cotto

presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria

y, además, presentó su propia petición solicitando que

se     dictara      sentencia         concediendo       su    reclamación

sumariamente.6

        Posteriormente,         luego    de     que   BMC    replicara    la

moción presentada por la señora López Cotto, el TPI

emitió       una   Sentencia     y    desestimó       con    perjuicio    la

Querella.7 En síntesis, el foro primario concluyó que el

despido se realizó conforme a derecho, por tener el

patrono una razón justificada.

        Inconforme      con     dicha     determinación,        el    9   de

diciembre de 2022, la Apelante compareció ante esta

Curia y expuso los siguientes señalamientos de error:

             Primer error: Erró el Honorable Tribunal
             de Instancia de Bayamón al resolver a base
             del Artículo 2.16 de la Ley Núm. 4 de 2017
             y no a base de la Ley 80 de 1976.

             Segundo error: Erró el Tribunal de Primera
             Instancia   de   Bayamón   al   no   hacer
             determinaciones de hechos en cuanto a la
             fecha de contratación de la querellante e
             ignorar todos los hechos alegados por la
             querellante en su oposición a la solicitud
             de sentencia sumaria y solicitud de

4   29 LPRA sec. 122o(e).
5   Apéndice del Recurso, págs. 27-382.
6   Id., págs. 383-723.
7   Id., págs. 750-771.
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         sentencia sumaria              parcial     sobre     hechos
         controvertidos.

         Tercer error: Erró el Tribunal de Primera
         Instancia   de   Bayamón  al   no   hacer
         determinaciones de por qué la Querellante
         no es una persona cualificada bajo la Ley
         ADA y Ley 44 de 1991.

      El 3 de enero de 2023, BMC compareció y presentó

una      Solicitud         de     Desestimación            por        Falta     de

Jurisdicción. En su escrito, argumentó que la señora

López Cotto incumplió con la Regla 16(E) de nuestro

Reglamento al notificarle                 por correo        electrónico un

recurso    con       un    apéndice      incompleto.8       En    particular,

dispuso que la apelación notificada a su persona el 9 de

diciembre       de    2022       contenía       solamente        copia    de    la

Querella      del         caso    de     autos      y     ciertas        páginas

correspondientes a la transcripción de una deposición

tomada    a   la     Apelante.9         Sin     embargo,    señaló        que   el

restante de documentación anejada al recurso original de

autos se había omitido en la notificación que se le fue

cursada por la Apelante. En vista de ello, nos solicitó

que      desestimáramos            la         apelación      ante        nuestra

consideración o, en la alternativa, que ordenáramos a la

señora     López      Cotto       a     que     notificara       un      apéndice

completo.

      El 11 de enero de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole un término de siete (7) días a la señora

López Cotto para que mostrara causa por la cual no

debíamos desestimar su petición.

      Conforme lo ordenado, el 17 de enero de 2023, la

Apelante presentó su oposición a la solicitud de BMC. En

8 4 LPRA Ap. XXII-B R. 16(E).
9  Tales documentos fueron notificados en cinco (5) correos
electrónicos enviados por la Apelante a BMC entre las 7:25pm y
8:38pm del 9 de diciembre de 2022. Véase, Declaración Jurada anejada
a la Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.
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síntesis,       argumentó          que:       (1)    aunque     omitió    incluir

varios documentos en el apéndice del recurso notificado

al Apelado, este último tenía acceso a los mismos por

ser parte del caso; (2) que el término de diez días para

apelar era muy corto para manejar un apéndice de sobre

800     páginas;       (3)        que    aunque       intentó    notificar      el

apéndice        completo          mediante          correo    electrónico,      el

sistema falló por razones que le eran desconocidas; y

(4) que al advenir en conocimiento de la situación,

subsanó los defectos notificando el apéndice completo al

Apelado.

                                        II.

        Las    normas        sobre       el     perfeccionamiento         de   los

recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente

y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los

comparecientes          o    sus        abogados.10     Particularmente,         el

requisito de notificación es imperativo, ya que es el

medio por el cual las partes obtienen conocimiento de

los recursos instados en su contra.11 La carencia de

notificación       a        una    de     las    partes      incide    sobre     la

jurisdicción de los tribunales, impidiendo que estos

puedan        atender       los    casos        en    sus    méritos     y,    como

consecuencia de ello, provocando la desestimación de los

recursos.12

        Sobre el particular, la Regla 13(B) del Reglamento

de este Tribunal establece que, en las apelaciones de

casos     civiles,          un     apelante          debe    cumplir     con    los

10 Pérez Soto v. Cantera Pérez, 188 DPR 98, 105 (2013), citando a
Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); García Ramis
v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122
(1998).
11 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).
12 Pérez Soto v. Cantera Pérez, supra, pág. 105.
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siguientes requerimientos relacionados a la notificación

de las partes involucradas en el caso:

        (B) Notificación a las partes
        (1) Cuándo se hará
        La parte apelante notificará el recurso
        apelativo y los Apéndices dentro del
        término dispuesto para la presentación del
        recurso, siendo éste un término de
        estricto cumplimiento.
        La parte apelante deberá certificar con su
        firma en el recurso, por sí o por conducto
        de su representación legal, la fecha en
        que se efectuó la notificación. Esta norma
        es aplicable a todos los recursos.
        (2) Cómo se hará
        La parte apelante notificará el recurso de
        apelación debidamente sellado con la fecha
        y hora de su presentación mediante correo
        certificado o servicio de entrega por
        empresa privada con acuse de recibo.
        Podrá, además, utilizar los siguientes
        métodos sujeto a lo dispuesto en estas
        reglas:    correo    ordinario,    entrega
        personal, telefax o correo electrónico,
        siempre que el documento notificado sea
        copia   fiel   y  exacta   del   documento
        original. (Énfasis nuestro). 13

      Como es posible observar, el término para notificar

el recurso a todas las partes es uno de cumplimiento

estricto. Para prorrogar un término de cumplimiento

estricto se requiere que se presente dicha solicitud por

los menos tres (3) días laborables antes de expirar el

plazo.14 De igual forma, se requiere que la parte que

haga tal petición, o que actúe fuera de término, presente

justa causa por la cual no pudo cumplir con el término

establecido.15 En ausencia de justa causa, los foros

judiciales      carecemos   de   discreción    para   eximir    su

cumplimiento.16     La   acreditación   de    justa   causa    debe

hacerse   con    explicaciones    concretas    y   particulares,

13 4 LPRA Ap. XXII-B R. 13(B).
14 4 LPRA Ap. XXII-B R. 72.
15 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, citando a Cruz Parilla v.

Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012).
16 Id., citando Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132.
KLAN202201000                                                      7

debidamente evidenciadas en el escrito.17 Por lo cual,

las   vaguedades        y   las     excusas    o     planteamientos

estereotipados son insuficientes.18

                                  -III-

       Tras      evaluar    la     solicitud    de    desestimación

presentada por BMC, la oposición de la señora López Cotto

a la misma y los acontecimientos procesales del presente

caso, entendemos procedente desestimar la apelación ante

nuestra consideración.19 Explicamos.

      Debido a que la Querella que da base al recurso de

autos fue presentada por medio del procedimiento sumario

para reclamaciones laborales que dispone la Ley Núm. 2,

la Apelante contaba con diez (10) días para presentar su

apelación ante este Tribunal.20 Al amparo de nuestro

Reglamento, dentro de ese mismo término, esta debía

notificar una copia fiel y exacta de su recurso y los

apéndices correspondientes           a    la parte contraria.      De

entender que, por razones justificadas, no podía cumplir

con dicho deber, la Apelante podía solicitar un plazo

adicional       para   satisfacer    su    obligación,    previo   a

vencerse el plazo original que tenía para notificar su

recurso a todas las partes.

      En este caso, aunque la señora López Cotto presentó

su apelación en el último día hábil que tenía para así

hacerlo, no cumplió con su deber de notificar su recurso

al Apelado conforme lo requiere nuestro Reglamento. Esto

pues, al notificar a BMC la apelación instada, omitió

incluir la mayoría de los documentos que fueron anejados

17 Id., citando a Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).
18 Id.
19  Aunque BMC fundamentó su solicitud de desestimación en el
incumplimiento de la Apelante con la Regla 16(E) de nuestro
Reglamento, supra, la disposición reglamentaria que aplica al
presente caso lo es la Regla 13(B), supra.
20 32 LPRA sec. 3127.
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en el recurso presentado ante este Tribunal. La Apelante

debió rectificar dicho error dentro del término de diez

(10) días que tenía para presentar su recurso. En la

alternativa,    de   necesitar     tiempo   adicional,   debió

solicitar una prórroga a tales efectos, tres (3) días

previo a que venciera el plazo original. No obstante,

esta optó por esperar a que BMC presentara su moción de

desestimación para intentar corregir la notificación

defectuosa de su recurso por medio de planteamientos

inmeritorios y a destiempo.

      Por lo cual, siendo la notificación adecuada y

oportuna indispensable para lograr el perfeccionamiento

los recursos apelativos, y habiéndose incumplido con

ello en este caso, entendemos que procede desestimar la

presente apelación.

                            -IV-

      Por las razones antes expuestas, desestimamos el

presente recurso por incumplimiento con la Regla 13(B)

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, supra.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

      El Juez Sánchez Ramos disiente con opinión escrita.

               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones
          ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL I

                                                 Apelación
                                                 Procedente del
                                                 Tribunal de
                                                 Primera Instancia,
    MILAGROS LÓPEZ                               Sala Superior de
        COTTO                                    Bayamón
                              KLAN202201000
         Apelante                                Civil Núm.:

             v.                                  BY2022CV00899
                                                 Salón: 501
   BAYAMÓN MEDICAL
       CENTER                                    SOBRE:

          Apelado                                Laboral, Despido
                                                 Injustificado,
                                                 Represalias (Ley
                                                 115),
                                                 Discrimen (Ley 100)
                                                 Ley Núm. 44-1985
                                                 (Protección a
                                                 Impedidos)

Panel integrado por su presidente el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

       OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS

      No procedía la desestimación de la apelación de referencia. El

defecto en la notificación del recurso por la parte apelante no priva

de jurisdicción a este Tribunal en estas circunstancias. Se trata, no

de una ausencia de notificación, la cual, en ausencia de justa causa,

requiere la desestimación del recurso, sino de un defecto que se

puede corregir (al enviarse el recurso por email, se omitieron algunos

de los documentos incluidos en el apéndice del mismo).

      Nuestra conclusión es la única compatible con el mandato

expreso de la Ley de la Judicatura, la cual nos requiere “reducir al

mínimo” los recursos desestimados por “defectos de forma o de

notificación”, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24w (énfasis

suplido); véanse, además, las Reglas 2 y 12.1 del Reglamento de este

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2 y R. 12.1. En efecto, el mandato

de dicha ley es proveer una “oportunidad razonable para la

Número Identificador
SEN2023_______________
KLAN202201000                                                      10

corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten

los derechos de las partes”. 4 LPRA sec. 24w (énfasis suplido).

      De conformidad con dicho mandato, cuando se configura un

defecto en la notificación (en este caso, por haberse omitido algunos

anejos), se debe permitir la corrección del defecto sin desestimarse

la apelación. Esta conclusión, además de ser fiel a lo dispuesto en

la Ley de la Judicatura, supra, y en nuestro Reglamento, supra,

adelanta el importante interés público en proveer un foro de

apelación para la parte adversamente afectada por una sentencia.

      Así pues, la ley nos obliga a proveer una oportunidad

razonable de corregir el problema a la parte que notifica

defectuosamente un recurso, siempre que no se afecten los derechos

de la otra parte. En este caso, contrario al claro mandato de la ley,

no se suplió dicha oportunidad a la apelante. Ello a pesar de que,

por razones obvias, la omisión de notificar la totalidad de los anejos

dentro del término de cumplimiento estricto no afectó de forma

alguna los derechos de la parte apelada. Adviértase que se trata de

los documentos del propio expediente del caso, los cuales deben

estar en posesión de la parte apelada (aparte de que están

disponibles de forma rápida y fácil a través de la plataforma de

SUMAC).

      Independientemente de lo anterior, hay otra razón por la cual

procedía denegar la moción de desestimación.        Al oponerse a la

misma, la parte apelante acreditó de forma suficiente que hubo justa

causa para la omisión de notificar los anejos. En efecto, dicha parte

consignó que, “por el volumen de documentos que surgen del

Apéndice (más de 800 páginas), por razones que desconocemos[,] los

correos electrónicos no enviaron la totalidad de los documentos a la

representación legal de la parte apelada”, ello a pesar de que el

recurso se envió en “seis (6) correos electrónicos distintos”. Estimo

que esta explicación, que vino respaldada por copia de los envíos de
KLAN202201000                                                      11

varios correos electrónicos (cada uno con varios attachments),

constituye justa causa para el defecto de notificación.

      Como bien señalaba el Juez Brau, “[a]plicar la sanción de la

desestimación a todo incumplimiento procesal implica conferirle

carácter jurisdiccional a requisitos que no lo tienen, lo que nos

parece contrario a la voluntad del Legislador.” Véase voto disidente

(J. Brau Ramírez), KLAN201500090, de 8 de mayo de 2015 (citas

omitidas).   De la misma forma, concurro con las siguientes

expresiones del referido magistrado, las cuales resultan aplicables y

pertinentes en este contexto:

      No todo incumplimiento con un requisito procesal da
      lugar a la desestimación de un recurso. Si así fuera,
      todos los requisitos procesales tendrían carácter
      jurisdiccional. S.L.G. v. Mun. de Guaynabo, 154 D.P.R.
      98, 109-111 (2001). Ello derrotaría el propósito del
      legislador de que se permita corregir defectos que no
      afecten los derechos de las partes. Véase voto disidente
      (J. Brau Ramírez), KLCE20140077, de 30 de junio de
      2014.

      Este Tribunal no ha seguido el mandato de la Asamblea
      Legislativa. …

      Cabe recordar que el Tribunal de Apelaciones se creó en
      1992, porque existía una insatisfacción generalizada
      por la creciente disposición de los casos mediante un
      “no ha lugar”, sin brindar una adecuada justificación de
      la decisión emitida a nivel apelativo. Véanse, Francisco
      Castro Amy, La inmoralidad del “No Ha Lugar”, 46 Rev.
      Col. Abo. P.R. 7 (1987); Miguel A. Velázquez Rivera, No
      Ha Lugar, 51 Rev. Jur. U.P.R. 453 (1982). El no ha
      lugar de antaño, que tanta insatisfacción ocasionaba
      entre nuestros abogados, hoy en día se ha transformado
      en una sentencia desestimatoria basada en defectos
      procesales.

      La postura anterior resulta fundamentalmente
      contraria a la moderna filosofía procesal que aborrece
      los formalismos. …

      Las normas procesales que se están aplicando en
      Puerto Rico nos apartan de la trayectoria que siguen los
      tribunales federales y los tribunales de apelaciones de
      los Estados Unidos …

      … No debemos incurrir en el vicio que el decano Roscoe
      Pound de Harvard denominó como “jurisprudencia
      mecánica.” Véase Voto disidente (J. Brau Ramírez),
      KLAN201500853, de 22 junio 2015 (citas omitidas).
KLAN202201000                                                    12

      Los tribunales tenemos el deber de re-pensar las normas

excesivamente formalistas y rígidas que permean el derecho

procesal apelativo en nuestra jurisdicción, muchas de las cuales son

producto de interpretaciones que son contrarias al mandato general,

y al espíritu, de la Ley de la Judicatura.

      Respetuosamente disentimos.

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

                            HON. ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS
                                JUEZ DE APELACIONES