Court Opinion

ID: 9890322
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:15:15.430687+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:17.277817
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

   ECO SPECTRUM                                 APELACIÓN
TECHNOLOGIES CORP.                              procedente del
                                                Tribunal de Primera
  Demandante-Apelante                           Instancia, Sala
                                                Superior de Carolina
            Vs.
                                KLAN202300667   Civil Núm.
   CENTURY FROZEN
    FOODS, MARIO                                SJ2019CV02313
 CHALAS, FULANA DE
  TAL Y LA SOCIEDAD                             Sobre:
      DE BIENES
    GANANCIALES
   COMPUESTA POR                                Cobro de Dinero
        AMBOS
 Demandados-Apelados
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

      Comparece ante nos, ECO Spectrum Technologies COPR (en

adelante, “Eco Spectrum” o “Parte Apelante”), quien presenta

recurso de “Apelación Civil” en el que solicita la revocación de la

Sentencia Sumaria emitida, el 24 de mayo de 2023, notificada y

archivada el 25 de mayo de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Carolina. Mediante dicho dictamen, el

foro primario declaró “Ha Lugar” la Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por la parte apelada.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente y

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

procederemos a resolver por los fundamentos que expondremos a

continuación.

                                    I

      En el caso ante nos, la Parte Apelante radicó Demanda el 7 de

marzo de 2019, enmendándola el 11 de junio de 2019, luego de que

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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Century Frozen Foods (en adelante, Century Frozen o Parte Apelada)

solicitara una exposición más definida de las alegaciones. Dicha

Demanda se presentó en contra de Century Frozen, Mario Chalas,

Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos. Eco Spectrum alegó que, Century Frozen le adeudaba la

cantidad de $33,798.08 por una orden de hojas plásticas, realizada

el 1 de junio de 2017. La Parte Apelante sostuvo que Century Frozen

se negó a pagar por un aparente cambio en el precio inicialmente

pactado. Arguyó que el cambio se debió a una imposición de un

arbitrio de nueva creación a las importaciones de la República de

China, el cual no existía al momento del acuerdo. Siendo así, Eco

Spectrum sostiene que le corresponde a Century Frozen el pago por

el impuesto y, además, comprar la totalidad de la mercancía

ordenada a un precio distinto al originalmente acordado.

      El 7 de julio de 2019, Century Frozen presentó Moción de

Sentencia Sumaria en Solicitud de Desestimación. Arguyó que Eco

Spectrum no tenía derecho a la concesión de remedio alguno y que

no había controversia de hechos medulares que impidieran la

disposición sumaria del caso. Alegó que hubo un aumento del 25%

en los arbitrios por las importaciones de China y que el mismo es

responsabilidad de Eco Spectrum. Esto debido a que el impuesto no

existía al momento de realizar la orden. Según se desprende del

expediente, las partes pactaron la venta por un precio fijo, en el cual

no se incluyó que pudiera variar como consecuencia del aumento en

los arbitrios. Además, señaló como frívola la pretensión de incluir al

Sr. Chalas y la Sra. Pérez como codemandados porque el primero

actuó en todo momento como gerente general de Century Frozen y

no en su carácter personal. La Parte Apelada adjuntó evidencia

junto a su solicitud de Sentencia Sumaria para sostener los hechos

que planteó como incontrovertidos, entre los cuales estaba la orden

de compra, correos electrónicos sobre el retraso de la llegada de los
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productos y una declaración jurada. El 26 de julio de 2019, la Parte

Apelante solicitó prórroga de 20 días para oponerse a la Sentencia

Sumaria, pero no consta en el récord que hubiera presentado su

oposición dentro del término solicitado.

        El 22 de agosto de 2019, notificada el 26 de agosto de 2019,

el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución en la cual declaró

no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria, por el momento, y se le

ordenó a Century Frozen contestar la Demanda Enmendada en un

término de 20 días.

        Por su parte, el 15 de agosto de 2019, Eco Spectrum presentó

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, en la cual reiteró las

alegaciones de la Demanda Enmendada e incluyó una enumeración

de hechos incontrovertidos. Sin embargo, no sometió evidencia

admisible que sostuviera sus alegaciones, según requiere la Regla

36.3 de Procedimiento Civil.1 En la Resolución del 26 de agosto de

2019, notificada en la misma fecha, el Foro Primario declaró no ha

lugar a la Moción de Sentencia Sumaria, por incumplir con la Regla

36.3 de Procedimiento Civil2. La Parte Apelante no presentó

reconsideración de dicha determinación.

        El 23 de septiembre de 2019, Century Frozen contestó la

Demanda Enmendada y reconvino en contra de la Parte Apelante.

En esta, señaló que Eco Spectrum dilató injustificadamente por más

de un año la entrega de la mercancía ordenada y que, además,

aumentó el precio de manera unilateral por la imposición de

impuestos que no se habían acordado. Por otra parte, Century

Frozen alegó en la Reconvención mala fe contractual, dolo y

temeridad, por lo que reclamó el pago de no menos de $87,500 a

raíz de los daños ocasionados.

1 32 LPRA Ap. V. R. 36.3.
2 Id.
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      Luego de varios trámites procesales y de finalizado el

descubrimiento de prueba, el 4 de agosto de 2022, Century Frozen

presentó Segunda Moción de Sentencia Sumaria, no obstante, el

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio estaba calendarizado

para el 9 de agosto de 2022, por lo que el Tribunal de Primera

Instancia exhortó a las partes a presentar las mociones dispositivas

una vez el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio fuera

aceptado por el Tribunal.

      El 8 de marzo de 2023, el Foro Primario aceptó el Informe de

Conferencia con Antelación a Juicio junto con la evidencia

presentada por las partes. Además, reiteró que presentaran sus

mociones dispositivas tomando en consideración las estipulaciones

de hechos y los documentos sometidos en este.

      A tenor con lo anterior, el 27 de marzo de 2023, Century

Frozen presentó Tercera Moción de Sentencia Sumaria. En ésta

planteó que la controversia del caso era una de estricto derecho, la

cual se limitaba a determinar a cuál de las partes le corresponde el

pago de los árbitros de importación de la mercancía, los cuales eran

inexistentes al momento de realizar la orden y de los cuales no se

realizó ningún acuerdo. Por su parte, alegó que al no haberse

considerado como parte del acuerdo las fluctuaciones en el precio

por concepto de arbitrios, estos le corresponden asumirlos al

importador y no al comprador que pagó por la mercancía al precio

fijo pactado.

      En desacuerdo, el 5 de mayo de 2023, la parte apelante

presentó Oposición a Tercera Moción de Sentencia Sumaria. En

síntesis, alegó que Century Frozen aceptó haber hecho pagos

parciales y no haber recibido el restante de la mercancía, a razón de

la imposición de arbitrios adicionales.

      Luego de presentadas las posturas de ambas partes y

examinada la evidencia presentada, el Tribunal de Primera Instancia
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determinó que no existen controversias de hechos medulares, sino

de derecho. Por lo que, procedió a resolver conforme lo establece la

Regla 36 de Procedimiento Civil.3 Siendo así, el 24 de mayo de 2023,

notificada el 25 de mayo de 2023, el Foro de Instancia emitió

Sentencia Sumaria en la cual realizó las siguientes determinaciones

de hechos:

     1. Mediante la Orden 27328, de 16 de mayo de 2017,
        Century Frozen ordenó a Eco Spectrum hojas
        plásticas para la envoltura de sus productos,
        específicamente 200 unidades de hojas plásticas
        tamaño 8 X 9 a un precio por unidad de $69.92, y
        200 unidades de hojas plásticas tamaño 7.5 X 7.5 a
        un precio por unidad de $49.97.

     2. Ese mismo día, el 16 de mayo de 2017, Century
        Frozen, a través de su gerente general, Mario Chalas,
        firmó una Solicitud de Crédito que, en su segunda
        página incluye una parte titulada “Garantía Personal
        Limitada”.

     3. El 20 de julio de 2017, la supervisora de Compras y
        Cuentas a Pagar de Century Frozen, Omayra
        Carrasquillo, envió un correo electrónico a Eco
        Spectrum para indagar cuándo llegaría la mercancía,
        a lo que Eco Spectrum respondió que el embarque ya
        estaba terminado y debía llegar en unas cuatro
        semanas.

     4. Tres meses después, el 11 de octubre de 2017, Eco
        Spectrum hizo las entregas correspondientes a la
        Orden 27328, según consta en la Factura 3126.

     5. Century Frozen pagó la totalidad de la Orden 27328
        el 1 de diciembre de 2017 mediante el cheque 45095.

     6. El 17 de mayo de 2017, un día después de que
        Century Frozen hiciera la primera orden de compra,
        Eco Spectrum entregó a Century Frozen una
        cotización para 500 unidades adicionales de hojas
        plásticas tamaño 7.5 X 7.5 por el precio de $55.62
        por unidad, que totalizaban $27,810, y 500 unidades
        de hojas plásticas tamaño 8 X 9 por el precio de
        $75.82, que totalizaban $37,910.

     7. El 1 de junio de 2017, Century Frozen hizo a Eco
        Spectrum la Orden 27438 para comprar 500
        unidades de hojas plásticas tamaño 7.5 X 7.5 por el
        precio de $55.62 por unidad, que totalizaban

3 32 LPRA Ap. V, R. 36
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      $27,810; y 500 unidades de hojas plásticas tamaño
      8 X 9 por el precio de $75.82, que totalizaban
      $37,910.

   8. El 1 de marzo de 2018, la Sra. Carrasquillo envió un
      correo electrónico a Eco Spectrum indagando sobre
      el status de la orden que había hecho nueve meses
      antes, la Orden 27438 de 1 de junio de 2017, pues
      según hizo constar, había dado seguimiento en varias
      ocasiones, pero no había logrado respuesta.

   9. El 26 de abril de 2018, la Sra. Carrasquillo envió un
      nuevo correo electrónico a Eco Spectrum
      cuestionando si la Orden 27438 de Century Frozen
      se había cancelado, pues se había hecho nueve meses
      antes, y aún no se había entregado. Incluso, hizo
      constar que si la misma no había llegado, interesaban
      cancelarla.

   10. El 27 de abril de 2018, la Sra. Jeannie Calero, de Eco
       Spectrum, respondió al correo electrónico de la Sra.
       Carrasquillo con un correo electrónico en que expresó
       que “[l]a primera parte de la orden se le entregó en
       octubre. Luego de esto usted[es] nos indicaron que
       detuviéramos la producción en lo que arreglaban sus
       facilidades de la empresa que representa”.

   11. En ese mismo correo electrónico la Sra. Calero
       admitió que posteriormente Century Frozen “le
       informó a la ex empleada Jomaris Cruz [de Eco
       Spectrum] que podíamos continuar con la
       producción. Su orden está en tránsito y esperamos
       recibirla en tres semanas.      Como es de su
       conocimiento el acarreo de EEUU a PR ha tenido
       problemas y esto ha demorado la entrega del
       contenedor a las facilidades”.

   12. La Sra. Carrasquillo respondió al mensaje de la Sra.
       Calero el 30 de abril de 2018, indicándole que desde
       el mes de diciembre habían solicitado que se
       continuara con la producción, y que le había dado
       seguimiento en enero y febrero de 2018, y la
       respuesta siempre era que la mercancía estaba en
       tránsito. Como ya habían transcurrido cuatro meses
       desde el ´release´ a la Orden, la Sra. Carrasquillo
       solicitó que se le diera una fecha específica de
       entrega.

   13. El Sr. Alejndro [sic] Cofresí, Presidente de la
       demandante, reconoció que el proceso de producción
       de un producto como el que ordenó Century Frozen
       demora, aproximadamente, dos a tres meses desde
       su etapa de “set up” hasta la entrega.
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   14. Más de un año después de que Century Frozen
       hiciera la Orden 27438, y a pesar de que desde el 27
       de abril de 2018 se le aseguró que la mercancía ya
       estaba en tránsito y demoraría tres semanas, Eco
       Spectrum no comenzó las gestiones para el despacho
       de la mercancía relacionada a ésta hasta el 17 de julio
       de 2018.

   15. El Sr. Cofresí no pudo explicar por qué la mercancía
       demoró más de cuatro meses desde que se solicitó
       que se retomara la producción de la orden en
       diciembre de 2017, hasta que comenzaron los
       despachos en julio de 2018.

   16. El 21 de agosto de 2018, la Sra. Carrasquillo envió
       un nuevo correo electrónico a Eco Spectrum
       reiterando que la Orden 27438 se había hecho el 1 de
       junio de 2017, y que necesitaba información de
       cuándo recibirían el resto de la orden. Además,
       recalcó que el compromiso de Eco Spectrum había
       sido que siempre tendrían disponible inventario para
       cuando se le necesitara y, a pesar de los meses
       transcurridos, eso no se cumplió.

   17. El 10 de octubre de 2018, Eco Spectrum finalmente
       entregó a la planta de Century Frozen en Carolina 56
       cajas de hojas plásticas tamaño 7.5 X 7.5, que según
       la Factura 3655, pretendió cobrar a un precio de
       $66.92 en vez de al precio pactado de $55.62.

   18. El 10 de octubre de 2018, Eco Spectrum entregó a la
       planta de Century Frozen en Canóvanas 56 cajas de
       hojas plásticas tamaño 7.5 X 7.5, que según la
       Factura 3656, pretendió cobrar a un precio de
       $66.92, en vez de al precio pactado de $55.62.

   19. La Sra. Carrasquillo solicitó a Eco Spectrum que
       corrigiera las Facturas 3655 y 3656 para que
       reflejaran el precio pactado, que era de $56.62 por
       unidad de hojas plásticas 7.5 X 7.5, para un total de
       $3,114.72 por factura.

   20. El 10 de octubre de 2018, la Sra. Calero, de Eco
       Spectrum, respondió a la Sra. Carrasquillo, de
       Century Frozen, justificando el aumento en que
       “[d]esde julio de 2018, Donald Trump impuso un
       aumento de 25% en todo lo que se trae de China. Ese
       cargo lo impuso EEUU y PR no puede hacer nada
       sobre el particular. Esto fue algo súbito”.

   21. La Sra. Carrasquillo respondió que no se le había
       notificado el aumento en el precio del producto y que,
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      si se le hubiera informado oportunamente,
      hubiera cancelado el resto de la orden. (Énfasis
      Suplido)

   22. El presidente de Eco Spectrum, Alejandro Cofresí,
       respondió a la Sra. Carrasquillo reiterándole que el
       aumento en el precio del producto era por el arbitrio
       que impuso EEUU sobre las importaciones de ciertos
       productos de China, y que el resto de sus clientes
       habían aceptado el aumento en los costos.

   23. El Sr. Cofresí admitió que anteriormente, cuando se
       imponía un aumento en arbitrios de importación, el
       Gobierno federal lo anunciaba con aproximadamente
       seis meses de anticipación, lo que daba tiempo al
       importador a confirmar con sus clientes si deseaban
       la mercancía a pesar de que conllevaría un aumento
       en el precio, pero en esta ocasión fue de manera
       repentina.

   24. El Sr. Cofresí admitió que, por lo súbito del aumento
       en los arbitrios, no hubo tiempo para avisar a los
       clientes anticipadamente y confirmar si aun así
       deseaban la mercancía. “Porque como le indiqué,
       esto fue de sopetón, rápido […] Si aduana me hubiera
       dado seis meses, yo con tiempo le decía a mi cliente,
       […] ´Mira, ya le pusieron un aumento. Dentro de seis
       meses entra en efecto un 25 por ciento, así que pon
       el orden rápido […]´. Pero eso no fue lo que sucedió.”.

   25. Entonces, a falta de tiempo para indagar con los
       clientes si deseaban la mercancía, aunque conllevara
       un precio mayor distinto al pactado, Eco Spectrum y
       el Sr. Cofresí reclaman que podían imponer
       unilateralmente a su cliente la responsabilidad de
       pagar por el arbitrio, independientemente del precio
       pactado y que dicho arbitrio no fue ni anticipado
       oportunamente.

      “P. Y esa comunicación con Century Frozen para
          preguntarle si quiere o no [la mercancía], ¿Se
          dio?

      R. Es que eso no había que hacerlo, señora,
         licenciada. No es que si la quiere. Es que la
         tiene que querer porque es una orden
         presidencial. Se acabó. O sea, ahí no hubo
         términos, como le indico. Mi presunción en
         esto es que ahí no hubo términos.

                                    […]
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       R. Es que no era decir si o no. Esto no es si o no
           porque esto es sí o sí, porque es una orden
           presidencial.”

   26. Al mismo tiempo, el Sr. Cofresí reconoció que, si el
       importador no paga por el arbitrio, las consecuencias
       legales recaen sobre el importador, y no sobre el
       comprador del producto.

   27. El 6 de noviembre de 2018, la Sra. Calero escribió a
       la Sra. Carrasquillo señalándole que tenían
       inventario en exceso y que necesitaban que Century
       Frozen aceptara y pagara la mercancía que estaba en
       su almacén.

   28. La Sra. Carrasquillo respondió a la Sra. Calero que
       Century Frozen estaba dispuesto a aceptar y pagar
       por la mercancía ordenada que Eco Spectrum tenía
       almacenada, pero al precio originalmente pactado, y
       no al nuevo precio que Eco Spectrum pretendía
       vendérsela, pues Century Frozen podía adquirir ese
       mismo material de otros suplidore a un mejor precio.

   29. La Sra. Calero respondió a la Sra. Carrasquillo que
       estaban tratando de resolver la situación
       identificando a otros suplidores que no trajeran el
       producto de China, pero que necesitaban resolver el
       problema del producto que tenían en inventario.

   30. El 20 de noviembre de 2018, el Sr. Cofresí envió un
       correo electrónico a personal de Coca-Cola Puerto
       Rico Bottlers (“CC1”), solicitando que se le hiciera
       llegar a su presidente, el Sr. Alberto de la Cruz,
       alegando que Century Frozen estaba incumpliendo
       con su contrato al no aceptar las entregas de papel
       plástico 7.5 X 7.5 y 8 X 9, lo que le representaba un
       aumento en sus costos de operación por almacenaje.

   31. El 28 de noviembre de 2018 la Sra. Carrasquillo envió
       un correo electrónico a Eco Spectrum indagando cuál
       sería el precio de venta de las hojas plásticas 7.5 X
       7.5 y 8 X 9, a lo que la Sra. Calero respondió que sería
       $66.92 y $83.43, respectivamente.

   32. La Sra. Carrasquillo respondió a la Sra. Calero el 28
       de noviembre de 2018 que otros suplidores le ofrecían
       el producto por $61.60, por lo que no podría
       comprarles el producto que Eco Spectrum tenía en su
       almacén.

   33. Las últimas facturas entregadas fueron 3655 y 3656
       el 4 de octubre de 2018.
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    34. Century Frozen pagó a Eco Spectrum la cantidad de
        $3,114.72 por cada una de las Facturas 3655 y 3656.

    35. El 5 de diciembre de 2018, el presidente de Eco
        Spectrum, Alejandro Cofresí, envió una carta al
        gerente general de Century Frozen, Mario Chalas,
        informándole se pagó una cantidad menor que la
        facturada en las Facturas 3655 y 3656; que el nuevo
        precio respondía a la imposición de un arbitrio de
        25% a los productos importados de China, y que el
        resto de sus clientes habían aceptado asumir el
        aumento.

    Siendo así, el Foro de Instancia concluyó que, luego de evaluada

la posición de todas las partes, no existen controversias de hechos

medulares de los hechos esenciales del caso, mas bien, solo resta

resolver a quien le corresponde absorber el aumento en el arbitrio

de importación. Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia

entendió que ante el incumplimiento de Eco Spectrum en un

elemento sustancial del contrato como lo es el precio pactado,

Century Frozen no estaba obligado a cumplir con su parte del

contrato.   Además,       entendió   que   Century    Frozen   no   tiene

responsabilidad para con el arbitrio, esto debido a que el mismo no

fue parte del contrato inicial, ni se estableció una clausula de

aumento en caso de que se impusiera algún arbitrio adicional, por

lo que estos constituyen un gasto del negocio del cual la Parte

Apelada no tiene ninguna responsabilidad. En cuanto a las facturas

3655 y 3656, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que Eco

Spectrum aceptó los pagos que hizo Century Frozen, por lo que es

de aplicación la figura de pago en finiquito, siendo así, Century

Frozen no tiene ninguna deuda con Eco Spectrum.

      Ahora bien, el 8 de junio de 2023, Eco Spectrum presentó

Moción   en   Solicitud    de   Reconsideración   y   en   Solicitud   de

Determinaciones de Hechos y Derecho Adicionales. Arguyó que el

caso presentado no había sido uno frívolo, ya que la controversia

presentada era justiciable y que el Foro Instancia no había resuelto
KLAN202300667                                                     11

en cuanto a quién le correspondía pagar los arbitrios de

importaciones. Por su parte, el Foro de Instancia le proveyó un

término de 20 días a la parte apelada para que replicara. El 28 de

junio de 2023, Century Frozen presentó Oposición a Moción de

Reconsideración. Siendo así, el 29 de junio de 2023 el Foro primario

declaro no ha lugar la Moción de Reconsideración presentada por

Eco Spectrum.

      Insatisfecho con la determinación, Eco Spectrum recurrió

ante este foro apelativo y planteó la comisión de los siguientes

errores a saber:

      PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia
      al no resolver la controversia medular de derecho en el
      caso sobre si a las partes demandadas le correspondía
      pagar el impuesto presidencial.

       SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al aplicar la doctrina de non rite adimpleti
      contractus.

      TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al no determinar que la parte demandada
      tenía manos sucias, lo que ocasiona impedimento por
      actos propios.

      CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al no aplicar la doctrina de enriquecimiento
      injusto al caso de autos.

      QUINTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia
      al aplicar erróneamente el mecanismo de Sentencia
      Sumaria al existir controversia de hechos e incumplir
      con requisitos de forma de la solicitud.

      SEXTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia
      al determinar que el presente caso es un pleito frívolo,
      cuando es una controversia justiciable, e impuso el
      pago de $5,000.00 de honorarios de abogado.

      SEPTIMO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al declarar Ha Lugar la Solicitud de Sentencia
      Sumaria, sin haber tenido oportunidad de escuchar las
      partes y examinar la prueba.

      OCTAVO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
      Instancia al declarar No Ha Lugar la Solicitud de
      Reconsideración,     presentada     por la   parte
      demandante/apelante/compareciente a apenas un día
      de la presentación de la Oposición.
KLAN202300667                                                      12

                                      II

A. Sentencia Sumaria

        La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que tiene

como propósito la solución, justa, rápida y económica de los litigios

civiles que no contengan controversias de hechos materiales y, por

lo tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo. La

Regla 36.1 de Procedimiento Civil4 establece que las partes podrán

presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o

cualquier parte de la reclamación solicitada. La Sentencia Sumaria

es una excepción al juicio mediante testimonios vivos frente al

juzgador de los hechos.5 La parte que solicita la Sentencia Sumaria

tiene la responsabilidad de demostrar de manera clara que el

promovido no puede prevalecer mediante ningún supuesto de

hechos y que el tribunal cuenta con la verdad sobre todos los hechos

necesarios para resolver la controversia ante su consideración.6

        Por su parte, el Tribunal tiene discreción para conceder o no

la Sentencia Sumaria, ya que el mal uso de esta puede despojar a

un litigante de su día en corte, lo cual coartaría su debido proceso

de ley.7 Es por lo anterior, que no es aconsejable que se utilice el

mecanismo de Sentencia Sumaria cuando hay elementos subjetivos

que deban ser evaluados por el juzgador. No obstante, el Tribunal

puede utilizar el mecanismo de Sentencia Sumaria, aun cuando hay

elementos subjetivos, si la evidencia que será considerada en la

solicitud surge que no existe controversia en cuanto a los hechos

4 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
5 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
6 Id.
7 Roing Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990).
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materiales 8 Ahora bien, antes de utilizar el mecanismo de Sentencia

Sumaria, el Tribunal debe evaluar lo siguiente:

        (1) analizará los documentos que acompañan la moción
        solicitando la Sentencia Sumaria y los documentos
        incluidos con la moción en oposición y aquellos que
        obren en el expediente del tribunal, (2) determinará si
        el oponente controvirtió algún hecho materia o si hay
        alegaciones de la demanda que no han sido
        controvertidas o refutadas en forma alguna por los
        documentos.9

        Anteriormente discutimos que, el fin de la Sentencia Sumaria

es aligerar la tramitación del caso, permitiendo al Tribunal disponer

de un caso sin la celebración de una vista en sus méritos. Sin

embargo, al dictar Sentencia Sumaria no se puede poner en peligro

o lesionar los intereses de las partes. Es por eso que, si existen

dudas sobre la existencia de controversias de hechos estas deben

resolverse en contra de la parte que solicita la Sentencia Sumaria.

El Tribunal de Primera Instancia no podrá dictar Sentencia Sumaria

cuando “(1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos,

(2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no ha sido

refutadas, (3) surge de los propios documentos que se acompañan

con la moción una controversia real sobre hecho material y esencial

o (4) como cuestión de derecho no procede.”10

        Ahora bien, si la otra parte desea derrotar una moción de

Sentencia Sumaria, deberá presentar declaraciones juradas y

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por

el promovente.11 No obstante, el solo hecho de no presentar

evidencia que controvierta la presentada por el promovente, no

implica necesariamente que procede la Sentencia Sumaria. Los

jueces tienen el deber de evaluar toda la evidencia, incluso aquella

que no haya formado parte de la solicitud.12

8 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.
9 Management Administration Services, Corp v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000).
10 Id
11 PFZ Props, Inc v Gen, Acc Ins. Co. 136 DPR 881, 912 (1994).
12 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333(2004).
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         En cuanto al estándar aplicable al Tribunal de Apelaciones al

momento de revisar las determinaciones del foro primario de

conceder o denegar mociones de Sentencia Sumaria, se ha

establecido que debemos realizar una evaluación de novo de la

controversia.13 En ese análisis, estamos facultados a considerar los

documentos que se presentaron ante el foro primario, determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales, y

revisar si se aplicó el derecho de forma correcta.14

B. Contratos

         Para que un contrato sea válido este debe contener el

consentimiento de los contratantes, un objeto cierto y causa de la

obligación que se establezca.15 El consentimiento se manifiesta por

el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que

han de constituir el contrato.16 Los contratos se perfeccionan por el

mero consentimiento, y desde entonces obligan. Siendo así, una vez

perfeccionado dicho contrato, éste tiene fuerza de ley entre las

partes. En nuestra jurisdicción opera el principio de libertad de

contratación.17 El Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930

establece que, “[l]os contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”18 Por

tanto, los contratos serán obligatorio, cualquiera que sea la forma

que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las

condiciones esenciales para su validez. 19

13 Meléndez González et al. V. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).
14 Id.
15 Art. 1213, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3391. Debido a

que los hechos ocurrieron en 2017, hacemos constar que es de aplicación el
Código Civil de 1930, el cual fue derogado por el Código Civil de 2020.
16 Art. 1214 Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3401.
17 Art. 1044 de Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 2995.
18 Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3372.
19 Art. 1230, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3451.
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         Siendo así, el Art. 1053 del Código Civil de Puerto Rico de

193020, establece que en las obligaciones recíprocas ninguno de los

obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a

cumplir debidamente lo que le incumbe. El Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha adoptado mediante jurisprudencia, una excepción al

cumplimiento adecuando o parcial del contrato llamada non rite

adimpleti contractus. Esta excepción aplica en caso de que una de

las partes haya cumplido la prestación parcial o defectuosa sin

ajustarse de forma debida a lo que exige el vínculo obligatorio.21 “La

exceptio non rite adimpleti constractus es una defensa disponible el

demandado, oponible al demandante que pretende exigir el

cumplimiento de una obligación a pesar de que él ha cumplido

parcial o defectuosamente con su prestación.”22 En consecuencia,

una parte no puede exigir el cumplimiento de la obligación, mientras

la otra parte no haya cumplido con su prestación total y libre de

defectos. Ahora bien, esta excepción puede ser invocada por el

demandado en los casos en que “el demandante pretende exigir el

cumplimiento de una obligación a pesar de que él ha cumplido

parcial o defectuosamente con su prestación, y su efecto será que el

demandado no estará obligado a cumplir con su parte hasta tanto,

el demandante cumpla con la suya.”23

         Por otra parte, el Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico de

193024, dispone que cuando no hay ley aplicable al caso el Tribunal

tiene el deber de aun así resolver, mediante equidad. Es decir, que

tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios

generales del derecho, los usos y las costumbres aceptados y

establecidos. A raíz de este artículo, nuestro Tribunal Supremo ha

creado ciertas doctrinas con el propósito de impartir justicia en

20 Art. 1053, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 32 LPRA sec. 3017.
21 Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 21 (2005).
22 Id., pág. 22.
23 Id.
24 31 LPRA sec. 7.
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aquellas áreas en las que el derecho es silencioso, obscuro o

ineficiente.

       Como consecuencia de lo anterior, nace la doctrina de actos

propios, la cual busca proteger la buena fe que debe prevalecer en

las relaciones jurídicas, en el ejercicio de los derechos y el

cumplimiento de las obligaciones. Es por lo anterior, que el Tribunal

Supremo ha establecido que la conducta contradictoria no tiene

lugar en el campo del derecho por lo que, debe ser impedida25. En

base a lo anterior, se adoptaron tres (3) elementos, para la aplicación

de la doctrina de actos propios, estos son los siguientes:

           (a) una conducta determinada de un sujeto, (b)
          que haya engendrado una situación contraria a la
          realidad, es aparente y mediante tal apariencia,
          susceptible de influir en la conducta de los demás
          y (c) que sea base la confianza de otra parte que ha
          procedido de buena fe y que, por ello, haya
          otorgado de una manera que le causaría un
          perjuicio si su confianza quedara defraudada.26

       El Tribunal Supremo, expresó que, “[e]ste principio tiene

como paralelo en el Derecho inglés la doctrina de estoppel. El típico

efecto mínimo que debe reconocerse a los actos unilaterales es que

dejan fundado un estoppel. Este evita que el sujeto al que es

imputable el acto unilateral pueda actuar en contradicción con su

voluntad declarada.”27

       En nuestra jurisdicción se ha adoptado mediante equidad la

figura de enriquecimiento injusto. El tribunal Supremo establece

que, “[a]l igual que otras acciones basadas en los principios de

equidad, la reclamación por enriquecimiento injusto solo procederá

cuando no exista ley que provea para otra causa de acción.”28 Ahora

bien, para que constituya la doctrina de enriquecimiento injusto, es

necesario que se cumpla con cierto requisitos establecidos por el

25 Vivoni Farage v. Ortíz Carro, 179 DPR 990, 1111, (2010).
26 Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 878 (1976).
27 Id., pág. 878-879.
28 ELA v. Cole, 164 DPR 608, 633 (2005).
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Tribunal Supremo que son los siguientes: “(i) existencia de un

enriquecimiento; (ii) un correlativo empobrecimiento; (iii) una

conexión entre dicho empobrecimiento y enriquecimiento; (iv) falta

de una causa que justifique el enriquecimiento, y (v) inexistencia de

un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin

causa.”29 Es importante destacar que la doctrina de enriquecimiento

injusto no puede ser invocada por el gestor de mala fe, ni se aplicará

cuando resulte contraria a una clara política pública plasmada en

un estatuto de la constitución.30

C. Reconsideración

         La Regla 47 de Procedimiento Civil31, establece el proceso a

seguir para la presentación de una Reconsideración, como es bien

sabido, la parte adversamente afectada posee un término de 15 días,

a partir de la notificación de la sentencia, para presentar la

Reconsideración. Sin embargo, nada dice la regla en cuanto al

tiempo que tiene el Tribunal de Primera Instancia para resolver una

Moción de Reconsideración. Mas bien, el Foro de Instancia posee

discreción para resolver una Moción de Reconsideración.

D. Frivolidad y honorarios de abogados

         La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil nos dice que:

         (d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte
         o su abogado o abogada haya procedido con temeridad
         o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
         sentencia al o a la responsable el pago de una suma por
         concepto de honorarios de abogado que el tribunal
         entienda correspondan a tal conducta. En caso que el
         Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios,
         agencias o dependencias haya procedido con temeridad
         o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su
         sentencia una suma por concepto de honorarios de
         abogado, excepto en los casos en que esté expresamente
         exento por ley del pago de honorarios de abogado.32

29 Id.
30 Ortíz Andujar v. ELA, 122 DPR 817, 823 (1988).
31 32 LPRA Ap. V, R.47.
32 32 LPRA Ap. V, Regla 44.1(d).
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       El Tribunal Supremo ha determinado que no procede la

imposición de honorarios en todos los casos, únicamente en

aquellos que el tribunal entienda que la parte perdidosa o su

abogado actuaron con temeridad o frivolidad. Siendo así, es

necesario que, al momento de imponer honorarios, el tribunal evalúe

factores tales como la naturaleza del litigio, las cuestiones de

derecho envueltas en el mismo, la cuantía en controversia, el tiempo

invertido, los esfuerzos y actividad profesional que hayan tenido que

desplegarse y la habilidad y reputación de los abogados envueltos.

       Sin embargo, no existe temeridad o frivolidad cuando se trata

de un planteamiento complejo y novedoso, no resuelto en nuestra

jurisdicción. Ahora bien, el hecho de que el punto resulte nuevo no

constituye “carta blanca” para actuar en forma temeraria o frívola.

Ante una situación de hechos innegables o un estado de derecho

claro, el hecho de que se trate de un asunto nunca antes

considerado no constituye excusa para una acción frívola o

temeraria. Siendo así, procede la imposición de honorarios cuando

el pleito pudo haber sido evitado. 33 Sin embargo, es importante

destacar que la imposición de honorarios de abogado es una

discrecional del tribunal.34 Por todo lo cual, procedemos a discutir

los errores presentados.

                                      III

       Inicialmente discutiremos en conjunto el quinto y séptimo

error por estar íntimamente relacionados entre sí.

       En el caso presentado ante nos, la parte peticionaria alega que

erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar el mecanismo de

Sentencia Sumaria cuando existían alegadas controversias de

hechos pendientes y se había incumplido con los requisitos de forma

de la solicitud. Además, planteó que, el Foro de Instancia erró al

33 Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 737-739 (1990).
34 Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370, 373 (1990).
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declarar ha lugar la solicitud de Sentencia Sumaria sin haber

escuchado a las partes y sin examinar la prueba.

      Como antes discutimos, la Sentencia Sumaria tiene como

propósito brindar una solución justa, rápida y económica en los

pleitos     civiles   que   no   contengan   controversias   de   hechos

sustanciales sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo. La

parte promovente tendrá que presentar evidencia junto con la

moción que sustente sus alegaciones y demuestre que no existe una

controversia de hechos sustancial. Ahora bien, si la parte contraria

desea refutar la Moción de Sentencia Sumaria deberá demostrar con

evidencia, la existencia de controversias de hechos materiales en el

caso. Por su parte, el Tribunal Apelaciones tiene el deber de evaluar

de novo, por lo que debemos evaluar la evidencia presentada ante el

Tribunal de Primera Instancia y determinar si en efecto se cumplen

con los requisitos de la Sentencia Sumaria.

          En el presente caso, el Foro de Instancia exhortó a las partes

a presentar las mociones dispositivas luego de que el Tribunal

acogiera el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio. En dicho

informe, las partes realizaron varias estipulaciones de hechos y

sometieron un sinnúmero de evidencia. Luego de presentado,

Century Frozen solicitó al Tribunal que dispusiera del caso

sumariamente por entender que no existían controversias de hechos

materiales. Eco Spectrum se opuso, sin embargo, no demostró la

existencia de controversias de hechos. Siendo así, el Tribunal de

Primera Instancia determinó “Ha Lugar” la Solicitud de Sentencia

Sumaria presentada. A lo que entendemos que le asiste la razón.

Según se desprende del expediente en el caso ante nos, no existen

controversias de hechos sustanciales que amerite la celebración de

un juicio. Las alegaciones de Eco Spectrum se limitan a dirimir la

controversia en cuanto a la responsabilidad de pago del impuesto
KLAN202300667                                                       20

presidencial, lo que entendemos no es una controversia de hechos

materiales.

      En la solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Century

Frozen se adjuntaron varios documentos los cuales fueron

evaluados por este foro para determinar si procede o no disponer

sumariamente de este caso. Siendo así, evaluamos las órdenes de

compras realizadas por las partes y los comunicados que

compartieron las partes de los cuales no se desprende que exista

una controversia de hechos materiales. De hecho, surge de tal

evidencia que las partes otorgaron un contrato mediante las órdenes

realizadas, que la entrega a estas órdenes se retrasó por lo menos

un año y que la única controversia que resta por resolver es a cual

de las partes le corresponde asumir el pago del arbitrio impuesto al

producto una vez llegó a Puerto Rico. Siendo así, entendemos que el

Tribunal de Primera Instancia no erró al declarar con lugar la

solicitud de Sentencia Sumaria.

      A continuación, por estar íntimamente relacionados a la

materia de contratos discutiremos en conjunto los errores segundo,

tercero y cuarto.

      Eco Spectrum alegó que erró el Tribunal de Primera Instancia

al aplicar la doctrina de non rite adimpleti contractus y al determinar

que no procedía la doctrina de enriquecimiento injusto ni la de

impedimento por actos propios.

      En este caso, las partes realizaron una orden, en la cual se

solicitaba la entrega de un producto por un precio determinado. Si

bien es cierto, las partes no firmaron un contrato escrito y ambos

consintieron a la Orden realizada, por lo que, esta se convierte en el

contrato, ya que para que un contrato sea válido no es necesario que

se otorgue de una u otra forma, solo basta con que contenga

consentimiento, objeto y causa. Siendo así, habiendo las partes

perfeccionadas el contrato, estas quedaron obligadas a cumplir con
KLAN202300667                                                            21

lo pactado, sin importar la forma en la que fue realizado, según

dispone el Art. 1230.35

       Por otro lado, el Código Civil nos señala que cuando las

obligaciones son recíprocas las partes no incurrirán en mora, si la

otra incumple con lo pactado. Por su parte, el Tribunal Supremo

adoptó la excepción de non rite adimpleti contractus, la cual se da

cuando una parte cumple parcial o defectuosamente su

obligación.36(Énfasis Nuestro). Como consecuencia, la parte que

incumple no puede exigir el cumplimiento del contrato. De los

hechos planteados surge que las partes pactaron la entrega de un

producto por un precio determinado. Según lo esbozado en el

expediente,       Century      Frozen    realizó    varios    acercamientos

extrajudiciales con el propósito de conocer el “status” de su orden,

ya que llevaba varios meses de retraso, a lo que Eco Spectrum le

contestaba que ya estaba en camino. No obstante, el producto no

fue entregado hasta un año después, cuando se suponía que este

sería entregado en tres meses, aproximadamente.

       Siendo así, el 10 de octubre de 2018, se le hizo entrega parte

del pedido a Century Frozen, junto con dos facturas que

representaban un aumento en el valor del producto. Por lo que,

Century Frozen procede a enmendar las facturas con el precio

originalmente pactado y emite el pago. Eco Spectrum justificó el

aumento dado a que, en julio de 2018, el presidente Donald Trump

había autorizado, de formar inmediata, un impuesto del 25% a las

importaciones provenientes de la República de China. Sin embargo,

nunca se le notificó a Century Frozen del aumento, sino que, lo

enmendó unilateralmente.

       A tenor con lo anterior, Eco Spectrum fue el primero en

incumplir con lo pactado al demorar irrazonablemente la entrega del

35 Art. 1230, Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3451
36 Álvarez v. Rivera, supra.
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producto y luego al enmendar el precio originalmente pactado

unilateralmente.      Es    por   esto   que   entendemos   que   actuó

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al determinar

que procedía aplicar la excepción de non rite adimpleti

contractus, por lo que Eco Sprecturm está impedido de exigir

el cumplimiento de lo pactado.

       Ahora bien, en cuanto a los planteamientos de error sobre las

doctrinas de enriquecimiento injusto y actos propios, entendemos

son improcedentes ya que, las controversias planteadas en este caso

se encuentran totalmente reguladas por nuestro Código Civil. Por su

parte, el propósito de las doctrinas en equidad es regular áreas en

el derecho que son silenciosas u obscuras. Por lo que, no es correcto

aplicar dichas doctrinas, cuando nuestro ordenamiento jurídico

provee un remedio para ello.

       Procedemos a discutir el sexto error, en el cual la Parte

Apelante alega que actuó incorrectamente el Tribunal de Primera

Instancia al determinar que este caso era uno frívolo e imponer

$5,000.00 por concepto honorarios de abogados.

       La Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil señala que el Tribunal

deberá imponer honorarios de abogados en cualquier caso en el que

las partes actúen con temeridad o frivolidad. Ahora bien, no procede

la imposición de honorarios de abogados en todos los casos, por lo

que el Tribunal deberá evaluar factores como la naturaleza del

litigio, las cuestiones de derecho envueltas, la cuantía en

controversia, entre otras. Sin embargo, no existe frivolidad cuando

se trata de un planteamiento novedoso; es importante destacar que,

el ser considerado novedoso no constituye excusa para actuar de

manera frívola. En el caso Vega v. Luna Torres37, el Tribunal

37 Vega v. Luna Torres, supra.
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Supremo resolvió que la imposición de honorarios es una

determinación discrecional del Tribunal.

       Según lo discutido anteriormente, el Foro de Instancia tiene

discreción para otorgar honorarios de abogados, así como ordenar

una cuantía basada en su discreción. En la Sentencia Sumaria

emitida por el Tribunal de Primera Instancia se otorgaron honorarios

de abogados por considerar el caso uno frívolo. No obstante, el Foro

de Instancia no fundamentó su decisión. Como antes discutimos, la

imposición de honorarios de abogados no puede ser una automática

para la parte que prevalece, por lo que el Tribunal debe evaluar si

en realidad las partes actuaron de manera frívola. En el presente

caso, las partes radicaron una causa de acción justiciable y han sido

diligentes en su actuación. No surge del expediente que las partes

hayan dilatado los procesos. Por el contrario, desde un inicio

mostraron interés de disponer sumariamente del caso. Las

actuaciones de las partes, que se desprenden del expediente, no

muestran ningún grado de temeridad que amerite la imposición de

honorario de abogados. Por lo que entendemos que no procede la

determinación de frivolidad realizada por el Tribunal de Primera

Instancia.

        Por otro lado, como octavo error, la Parte Apelante plantea

que el Foro de Instancia no actuó correctamente al declarar no ha

lugar la Moción de Reconsideración presentada cuando solo había

trascurrido un día de la presentación. La Regla 47 de Procedimiento

Civil38, no impone un término al Tribunal de Primera Instancia para

disponer de una Moción de Reconsideración. De hecho, esta

determinación es una discrecional del Tribunal de Primera

Instancia. Por lo que, no erró el Foro de Instancia al declarar no ha

lugar la Moción de Reconsideración con apenas un día de radicada.

38 32 LPRA Ap III, supra.
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      Ahora bien, como primer error la Parte Apelante alega que el

Tribunal de Primera Instancia erró al no resolver la controversia

medular de derecho en el caso sobre a cuál de las partes le

corresponde pagar el impuesto presidencial. Sin embargo, en la

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, se

resuelve lo siguiente: “Esos arbitrios constituyen un costo de

negocio de Eco Spectrum por lo cual Century Frozen no es

responsable por no haber formado parte del contrato”. Por lo que,

entendemos que sí se hizo una determinación al respecto.

                                IV

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte de este dictamen, modificamos la “Sentencia Sumaria” apelada

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina, en cuanto a que revocamos la imposición de honorarios

por temeridad y así modificada se confirma.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones