Court Opinion

ID: 9394828
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:17.275184+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.495742
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                       PANEL X

        JOSÉ ANTONIO                                    Certiorari
     TORRES PÉREZ T/C/C                                 Procedente del Tribunal
        JOSÉ ANTONIO                                    de Primera Instancia,
        TORRES; JOSÉ A.                                 Sala de UTUADO
       TORRES; MEREVIC                  KLCE202300232
      TORRES CAMACHO                                    Caso Núm.:
                                                        UT2022CV00435
             Peticionaria
                                                        Sobre:
                   v.                                   Desahucio

        ATILANO PADUA
            PLAZA

              Recurrida

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza
Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                        RESOLUCIÓN

           En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

           Mediante Petición de certiorari instada ante este Tribunal de

Apelaciones el 9 de marzo del año en curso, comparecieron el señor José

Antonio Torres Pérez (t/c/c José Antonio Torres; José A. Torres) y Merevic

Torres Camacho. Nos solicitaron que revisemos la Resolución y Orden

expedida el 22 de febrero de 2023 y notificada el 28, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (en adelante, TPI o foro

primario).

           Evaluados los argumentos del peticionario, así como el derecho

aplicable, denegamos la expedición del recurso solicitado.

                                                 I.

           El Sr. José Antonio Torres Pérez y Merevic Torres Camacho (en

adelante, parte demandante o parte peticionaria) presentaron la demanda

el 9 de octubre de 2022 que inició un proceso sumario de desahucio.1 La

1   Anejo 2 de la parte peticionaria, págs. 6 – 9.

Número Identificador

RES2023 _________________
KLCE202300232                                                            2

parte peticionaria alegó ser co-dueños, administradores y/o encargados del

inmueble. Añadió, que Atilano Padua Plaza (en adelante, Padua Plaza o

demandado – recurrido) ocupaba de manera ilegal determinados

inmuebles. La demanda fue enmendada el 11 de enero de 2023.2

        Luego de varios trámites procesales, el señor Padua Plaza contestó

la demanda.3 Presentó alegaciones responsivas, defensas afirmativas y le

solicitó al TPI que convirtiera el procedimiento en uno de carácter

ordinario.

        Surge del expediente, que la parte peticionaria presentó como

prueba el contrato de arrendamiento pactado entre la Sra. Carmen María

Camacho González (en adelante, Camacho González) y el señor Padua

Plaza.4 En dicho contrato la señora Camacho González compareció en

calidad de arrendadora y dueña del inmueble. El aludido contrato tiene

fecha del 17 de noviembre de 2008, y según la parte peticionaria el término

del mismo venció. Ante esto, alegó que el recurrido retiene la propiedad de

manera ilegal. Añadió, que el recurrido al inmueble se le está dando un uso

de carácter comercial.

        Así, pues, el señor Padua Plaza indicó que realizó de buena fe

mejoras útiles permanentes al inmueble, por lo que, tiene derecho a retener

la propiedad hasta que el verdadero dueño le compense el valor de las

mejoras. Alegó, que hubo una extensión al contrato de manera verbal, y que

ha consignado los cánones de arrendamientos. Adujo, que no hay certeza

de quien o quienes son los verdaderos titulares del inmueble, ya que la

señora Camacho González falleció el 7 de enero de 2014.5

        Ante los planteamientos esbozados, el foro de instancia concluyó,

que se debe brindar la oportunidad de realizar descubrimiento de prueba,

2 Anejo 6 de la parte peticionaria, págs. 29 – 33.
3 Anejo 3 de la parte peticionaria, págs. 10 – 16.
4 Anejo 4 de la parte peticionaria, págs. 19 – 20.
5 Anejo 5 de la parte peticionaria, pág. 28.
KLCE202300232                                                                3

para aclarar todas las interrogantes, por lo que, el proceso sumario quedó

derrotado. El TPI dictó Resolución y Ordenó la conversión del procedimiento

a uno ordinario.6

           Inconforme, el 9 de marzo de 2023, la parte peticionaria acudió ante

este Tribunal de Apelaciones mediante un Recurso de Certiorari, alegando

los siguientes errores:

           Erró el Tribunal de Instancia al dictar Resolución y Orden que
           convirtiera motu proprio el procedimiento de desahucio
           sumario a uno ordinario. Esta Resolución y Orden fue expedida
           el 22 de febrero de 2023 y notificada el pasado 28 de febrero
           de 2023.
           Erró el Tribunal de Instancia al determinar que el
           demandante no ha demostrado ser el dueño del inmueble y
           por las meras aseveraciones generales, vagas y sin prueba de
           la demandada de la certeza de la titularidad, convertir el
           procedimiento a uno ordinario.

           Atendido el recurso, el 14 de marzo de 2023 emitimos una Resolución

mediante la cual concedimos a la parte recurrida 10 días para presentar su

posición, haciendo la salvedad que, de no comparecer en el término

concedido, dispondríamos del recurso sin el beneficio de su comparecencia.

Transcurrido el término, sin la comparecencia de la parte recurrida,

disponemos del recurso epígrafe.

                                                II.

                                                -A-

           El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Id. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

6   Anejo 1 de la parte peticionaria, págs. 1 – 5.
KLCE202300232                                                               4

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Sin embargo, el ejercicio de la discreción concedida “no

implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma,

haciendo abstracción del resto del derecho.” Id.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra.

       Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

       (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de
       hechos o peritos esenciales;

       (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

       (3) en casos de anotaciones de rebeldía;

       (4) en casos de relaciones de familia;

       (5) en casos revestidos de interés público; o

       (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

       McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

       El examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a considerar al evaluar

si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
KLCE202300232                                                                 5

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el
      análisis del problema;

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
      en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.;

      (D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a
      la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
      alegatos más elaborados;

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración;

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio;

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Así, los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La delimitación que imponen estas

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et

al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.

                                      -B-

      El desahucio es el mecanismo que tiene el dueño o dueña de un

inmueble para “recuperar la posesión de hecho de una propiedad,

mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista que la

detenta sin pagar canon o merced alguna.” Cooperativa v. Colón Lebrón,

203 DPR 812 (2020) al citar a Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 247

(1956). Se trata de “uno de los procedimientos más utilizados en nuestro

país para reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión y el

disfrute de un inmueble”. Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984

(2017), al mencionar a Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR

226, 234–235 (1992).

      Con respecto al procedimiento de desahucio, el mismo está

reglamentado por los Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil,
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32 LPRA secs. 2821-2838. Dicho cuerpo que responde al interés del Estado

en atender expeditamente la reclamación del dueño de un inmueble, al que

le han interrumpido los derechos a poseer y disfrutar su propiedad.

       El Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que “[t]ienen

acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, sus

apoderados, los usufructuarios o cualquiera otro que tenga derecho a

disfrutarla y sus causahabientes”. 32 LPRA sec. 2821. Por su parte, el Art.

621 dispone que esta acción sumaria puede interponerse contra cualquier

“[p]ersona que detente la posesión material o disfrute precariamente, sin

pagar canon o merced alguna. 32 LPRA sec. 2822.

       Tratándose de un procedimiento sumario, se busca conseguir, de la

forma más rápida y económicamente posible, la reivindicación del derecho

a   poseer       y   disfrutar   un   inmueble,     reduciendo     al     mínimo

constitucionalmente      permisible   el   elenco   de garantías        procesales

disponibles a la parte demandada. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR

5, 9 – 10 (2016); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra 234.

       El procedimiento sumario de desahucio persigue únicamente la

recuperación de la posesión de hecho del inmueble, por lo que el único

pronunciamiento en la sentencia de desahucio es si procede o no ordenar el

desalojo. Fernández & Hno. v. Pérez, supra 248. De ahí que el tratamiento

de los demás derechos y cuestiones colaterales correspondan a la acción

ordinaria. Id.

       Tampoco procede dilucidar conflictos de título sobre el bien

inmueble mediante el procedimiento sumario de desahucio. C.R.U.V. v.

Román, 100 DPR 318, 321 (1971). Existe un conflicto de título cuando una

parte demandada en desahucio “produce prueba suficiente que tienda a

demostrar que tiene algún derecho a ocupar un inmueble y que tiene un

título tan bueno o mejor que el del demandante […]”. Id., pág. 322.
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       La decisión de convertir el trámite sumario del procedimiento de

desahucio a uno ordinario descansa en la discreción del juez o jueza del

Tribunal de Primera Instancia. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz,

supra, pág. 241. Similarmente, “dentro del marco procesal sumario de la Ley

de Desahucio, el sano discernimiento judicial será la guía para prorrogar

términos, posponer señalamientos y permitir enmiendas a las alegaciones”.

Id.

                                     III.

       Conforme previamente enunciamos, en los señalamientos de

errores, la parte peticionaria aduce que incidió el foro recurrido al ordenar

motu proprio que el pleito sumario de desahucio de autos se tramitara por la

vía ordinaria. Señaló, además, que el TPI erró al determinar que la parte

recurrida no demostró ser el dueño del inmueble basado en las meras

alegaciones de la parte recurrida, y por ello, convirtió el procedimiento en

uno ordinario.

       Específicamente, señala que fue equivocada la determinación

judicial emitida, ya que la parte recurrida no pone en controversia la

autoridad y titularidad de la parte peticionaria. Sostiene, que por la prueba

sometida y las admisiones de la parte recurrida no habría que celebrar vista

ni menos aun convertir el proceso sumario de desahucio en uno ordinario.

       Ahora, tal cual indicamos, el auto de certiorari es un vehículo

procesal discrecional que se encuentra delimitada a las instancias y

excepciones que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, contiene.

Además de lo consignado en la citada norma, a manera de excepción,

podemos expedir el auto discrecional del certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales;

en asuntos sobre privilegios evidenciarios; en casos de anotación de

rebeldía, de relaciones de familia o revestidos de interés público; o cuando

esperar a una apelación constituya un fracaso a la justicia. Al examinar la
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expedición del auto discrecional del certiorari, la Regla 40 de nuestro

Reglamento establece los indicadores que debemos considerar al evaluar si

debemos o no expedir el recurso de certiorari.

       Evaluada la Resolución recurrida, así como el recurso instado por el

peticionario, no encontramos ninguna de las instancias contempladas por

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos permita expedir el auto

solicitado. Tampoco tenemos presente ante nos algunos de los criterios que

la Regla 40 que este Tribunal establece.

       Considerando la normativa arriba expuesta, no encontramos que en

la situación de hechos la determinación recurrida sea contraria a derecho,

que el foro primario haya incurrido en abuso de discreción o que esté

presente cualquier otro de los criterios enunciados en la Regla 40 de nuestro

Reglamento de manera que nos sintamos compelidos a interferir con lo

resuelto en el caso.

                                       IV.

       Por todo lo antes consignado, denegamos expedir el auto de

certiorari solicitado por la parte peticionaria.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones