Court Opinion

ID: 9952193
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:26:45.389718+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:11.136908
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL V

 LJUBINKA MARKOVIC                              Apelación
                                                procedente del
           Apelada                              Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
               v.                               Superior de San Juan
                                KLAN202400092
 JOHN J. MELDON Y                               Caso Núm.:
DIANA B. FITZGERALD                             SJ2021CV02878

          Apelantes                             Sobre:
                                                Desahucio, Cobro de
                                                Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

        Comparece John J. Meldon y Diana B. FitzGerald (en

adelante, apelantes) para solicitarnos la revisión de la Sentencia

Parcial emitida el 28 de diciembre de 2023, notificada el 2 de enero

de 2024.1 Mediante la Sentencia Parcial apelada, el foro primario

declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria presentada por

Ljubinka Markovic (en adelante apelada) y No Ha Lugar una

solicitud de sentencia sumaria presentada por los apelantes.

Además, dispuso que una vez adviniera final y firme la Sentencia

Parcial, procedería a calendarizar una vista para disponer sobre la

controversia de alegados daños sufridos por la parte apelada.

        Por los fundamentos que expondremos, se desestima el

recurso ante nos, por falta de jurisdicción.

                                        I

        El 12 de mayo de 2021, la apelada presentó una Demanda

sobre desahucio y cobro de dinero.2 En respuesta, los apelantes

presentaron una Contestación a Demanda y Reconvención.3

1 Apéndice del recurso, a las págs. 411-430.
2 Id., a las págs. 1-3.
3 Id., a las págs. 5-20.

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202400092                                                                2

       Conviene señalar que, mediante Orden, el foro primario

convirtió el pleito de desahucio en un ordinario y autorizó la

reconvención.4 Luego, la apelada presentó una Contestación a

Reconvención y Defensas Afirmativas.5

       Así las cosas, la apelada presentó una                     Solicitud de

Autorización para presentar Demanda Enmendada.6 En su escrito

solicitó que se le permitiera enmendar sus alegaciones para incluir

otras causas de acción que tenía contra la parte apelante. Junto a

la solicitud antes mencionada, acompañó como parte de los anejos,

una    Demanda        Enmendada.7        En       respuesta,    los   apelantes

presentaron su Contestación a Demanda Enmendada.8

       Acaecidos       varios      trámites        procesales     innecesarios

pormenorizar, tanto los apelantes como la apelada, presentaron una

solicitud sentencia de sumaria, las cuales fueron posteriormente

opuestas por la parte contraria. De ahí, el 28 de diciembre de 2023,

notificada el 2 de enero de 2024, el foro primario emitió la Sentencia

Parcial apelada.9 En su Sentencia Parcial, el TPI declaró Ha Lugar la

solicitud de sentencia sumaria presentada por la apelada y No Ha

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por los

apelantes. Conviene señalar que la solicitud de sentencia sumaria

presentada por la apelada estaba dirigida, en síntesis, a que se

ordenara el desahucio de los apelantes. El foro apelado dispuso,

además, que se calendarizaría la vista de daños alegados, una vez

la sentencia emitida adviniese final y firme.

       En desacuerdo, el 1 de febrero de 2024, los apelantes

comparecieron mediante un recurso de Apelación en el cual

esgrimieron la comisión de los siguientes dos (2) errores:

4 Véase anejo a la Moción en Cumplimiento de Orden presentada ante esta Curia

por la parte apelante el 23 de febrero de 2024.
5 Apéndice del recurso, a las págs. 98-121.
6 Id., a las págs. 122-123.
7 Id., a las págs. 124-136.
8 Id., a las págs. 173-182.
9 Id., a las págs. 411-430.
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       I. Erró el TPI al interpretar la redacción del derecho de
          la Opción de Compra incluido en el Contrato de
          Arrendamiento y en la Escritura de Opción de
          Compra concluyendo que la notificación de ejercicio
          del derecho tenía que hacerse noventa (90) días
          antes de culminar el arrendamiento.

       II. Erró el TPI al concluir que la notificación de ejercicio
           del derecho de opción no fue oportuna a pesar de que
           el Contrato de Arrendamiento se renovó por
           disposición de ley.

       Así las cosas, mediante Resolución emitida el 5 de febrero de

2024, este Tribunal ordenó a la parte apelante a exponer las razones

por las cuales el recurso no debía ser desestimado por prematuro,

conforme a ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5 (2016); es decir,

por la sentencia dictada por el foro primario no haber impuesto la

correspondiente fianza. En respuesta, el 9 de febrero de 2024, la

parte apelante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. Por

su parte, el 23 de febrero de 2024, la parte apelada presentó su

réplica.

       Considerados los escritos de las partes y el expediente ante

nuestra      consideración,      procederemos      a   exponer     el   derecho

aplicable.

                                        II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil,10

dispone que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro

de un término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.11 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

10 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
11 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
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judicial.12 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

         Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
         civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
         presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
         días contados desde el archivo en autos de una copia de
         la notificación de la sentencia.

         En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
         Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
         sus instrumentalidades que no fuere una corporación
         pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
         funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
         recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte
         en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia,
         presentando un escrito de apelación dentro del término
         jurisdiccional de sesenta días, contados desde el
         archivo en autos de una copia de la notificación de la
         sentencia dictada por el tribunal apelado. 13

         No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.14 En tal

caso, el curso del término para apelar comienza a partir del archivo

en autos copia de la notificación de la resolución que resuelve la

moción.15 Esto, a pesar de que se haya declarado la moción No Ha

Lugar.

         Es preciso destacar que en los procedimientos de desahucio

sumario aplica el término dispuesto por Art. 629 del Código de

Enjuiciamiento Civil,16 el cual establece que la apelación deberá

interponerse en el término de cinco (5) días, contados desde la fecha

de archivo en autos de la notificación de la sentencia, por las partes

perjudicadas por la misma. Sin embargo, si el procedimiento de

desahucio fuese ordinario, la reclamación estará sujeta a las reglas

de la litigación civil ordinaria, excluyéndose así la aplicación de la

legislación especial que reglamenta el desahucio sumario y sus

restringidos plazos y condiciones.17

12 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
14 32 LPRA Ap. V, R. 47.
15 Id.
16 32 LPRA § 2831, Art. 629.
17 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 10 (2016).
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    A. La fianza en apelación y la falta de jurisdicción

         La acción de desahucio es el medio que tiene el dueño o dueña

de un inmueble el cual se encuentra arrendado para recobrar

judicialmente la posesión de éste mediante la expulsión del

arrendatario que se mantiene en la propiedad sin el pagar canon

correspondiente.18 Este procedimiento está regulado por los Arts.

620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil.19 En lo pertinente, el

Art. 628 del referido estatuto establece que en los juicios de

desahucio, la parte contra la cual recaiga sentencia podrá apelar la

misma conforme a lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 2003.20

A esos efectos, no se admitirá al demandado el recurso de apelación

si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el tribunal para

responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al

demandante y de las costas de apelación.21

         Cónsono con lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico se

ha establecido que el deber de fijar fianza en la apelación en los

procedimientos de desahucio quedó establecido con la Ley 378-

2000, la cual enmendó el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil

para disponer que sea el Tribunal de Primera Instancia y no el

Tribunal de Apelaciones quien determine la cuantía.22 Esto, pues es

ante el foro de primera instancia que desfila la prueba necesaria

para evaluar de forma más completa y precisa el posible daño que

se busca cubrir.23

         Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado

que la prestación de una fianza es un requisito jurisdiccional en todo

tipo de pleito de desahucio, aun si no se funda en la falta de pago.24

No obstante, aquellos demandados que han sido reconocido por el

18 SLG Ortiz Mateo v. ELA, 211 DPR 772, 799 (2023).
19 32 LPRA § 2821-2838, Arts. 620-634.
20 32 LPRA § 2830, Art. 628.
21 32 LPRA § 2832, Art. 630.
22 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, 12.
23 Íd.
24 Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 413 (2009).
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tribunal como insolventes estarán exentos de cumplir con este

requisito.25 Por otro lado, si el tribunal omite fijar el monto de la

fianza en la sentencia, esto tendría el efecto de que dicho dictamen

no sería final dado a la falta de un elemento fundamental requerido

por ley y, por consiguiente, los términos para apelar no empezarían

a transcurrir hasta tanto se establezca la cuantía o se exima al

demandado de prestar la fianza.26

       Ahora bien, si el demandado que viene obligado a prestar la

fianza no lo hiciera, ni tampoco consignara los cánones adeudados

cuando el desahucio se funde en la falta de pago, el Tribunal de

Apelaciones no adquiere jurisdicción para atender el recurso de

apelación.27 En ese caso, el foro intermedio podrá desestimar el

recurso, a iniciativa propia, a tono con la Regla 83(C) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones,28 ya que carecería de jurisdicción.

                                      III

       En el presente recurso, como cuestión de umbral, le

corresponde a este Tribunal revisor auscultar su propia jurisdicción

para entender en el mismo. En el caso de autos el TPI dictó una

Sentencia Parcial mediante la cual, en lo pertinente, declaró Ha

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte

apelada. Es de ver que, aun cuando ni propia ni claramente surge

del dictamen apelado, al examinar la súplica contenida en la aludida

solicitud de sentencia sumaria, lo que se solicitó fue el [desahucio]

de los apelantes. Lo anterior, fue solicitado tal y como reza una de

las causas de acción de la Demanda instada en este caso, solicitud

que juzgamos, conforme a la Sentencia Parcial apelada, fue

concedida.

25 Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR 153, 158-159 (1990).
26 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, 15.
27 Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, 414.
28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C).
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       Sin embargo, aun con lo anterior, pudimos constatar que el

foro primario no fijó en su Sentencia Parcial, el monto de la fianza

en apelación ni tampoco dispuso eximir del pago de fianza. Sabido

es que en los casos de desahucio es necesario que el foro primario

fije una fianza, la cual es un elemento fundamental requerido por

ley para que dicho dictamen sea considerado final.29 Esta omisión

no nos lleva a otra conclusión que no sea que la Sentencia Parcial

no es susceptible de ser revisada por este Tribunal, al menos en

estos momentos, por falta de jurisdicción. Tras no haberse dispuesto

sobre la fianza en apelación ni haberse eximido del pago de la

misma, el término jurisdiccional para presentar un recurso de

apelación no ha comenzado a decursar. Puntualizamos que el Alto

Foro ha reiterado que la prestación de una fianza es un requisito

jurisdiccional en todo tipo de pleito de desahucio, aun si no se funda

en la falta de pago.30 Es por todo lo anterior, que el recurso instado

por los apelantes es uno prematuro. Lo anterior no limita a que una

vez quede superada la limitación aquí expresada, y mediante la

correspondiente enmienda a la sentencia y su notificación, la parte

que así lo interese pueda acudir en revisión judicial.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

de Apelación por falta de jurisdicción, debido a que fue presentado

de forma prematura.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

29 ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, 15.
30 Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra.