Court Opinion

ID: 9952287
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:37:15.122423+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:35.525483
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

  JUAN PABLO MATURANA                                Apelación
          SOLIS                                      procedente del
         Apelante                                    Tribunal de
                                                     Primera Instancia,
                v.                                   Sala de Bayamón
                                   KLAN202301151
CLARO PUERTO RICO, INC.                              Caso Número:
        Apelado                                      BY2021CV02390

                                                     Sobre: Despido
                                                     injustificado (Ley
                                                     Núm. 80) y Otros
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos Juan Pablo Maturana Solis (Sr.

Maturana Solis o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia1

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI o foro

primario), emitida y notificada el 12 y 14 de diciembre de 2023,

respectivamente. En su dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la

Solicitud de Sentencia Sumaria2 que instó Puerto Rico Telephone

Company Inc. h/n/c Claro (Claro) y desestimó con perjuicio la

totalidad de las reclamaciones que instó en su contra el Sr.

Maturana Solis.

       Por   los     fundamentos   que   exponemos    a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado. Veamos.

                                    I.

       El 23 de junio de 2021, el Sr. Maturana Solis instó la Querella3

de epígrafe en contra de Claro sobre despido injustificado,

represalias y discrimen por razón de raza y origen nacional. Arguyó

1 Apéndice, págs. 1-55.
2 Apéndice, págs. 87-147.
3 Apéndice, págs. 56-60.

Número Identificador

SEN2024________
KLAN202301151                                                                  2

que fue objeto de represalias producto de una querella interna sobre

discrimen y hostigamiento presentada previamente en el año 2019

ante la División de Asuntos Laborales y Administración de Recursos

Humanos. El Sr. Maturana Solis reclamó los daños derivados de la

represalia valorados en $150,000.00. Además, reclamó $21,249.99

por concepto de mesada y solicitó ser restituido en su empleo bajo

las mismas condiciones existentes previo a su despido. Por último,

imploró el pago de las costas, gastos, intereses y honorarios de

abogado.

       En respuesta, Claro acreditó su alegación responsiva.4 En

ella, negó la mayoría de las alegaciones en su contra. En particular,

negó haber discriminado en contra del Sr. Maturana Solis y expuso

que el despido se debió a su negligencia en el desempeño de sus

deberes. Lo antes, por incurrir en un patrón de conducta impropia

o desordenada, en violación a las normas de la empresa y en

detrimento del buen y normal funcionamiento de la empresa. Añadió

que, el Sr. Maturana Solis mintió y faltó el respeto a empleados y

clientes de Claro. Además, atribuyó el despido a la insubordinación

del Sr. Maturana Solis, quien obtuvo varias evaluaciones bajo

promedio. Argumentó que, los daños y perjuicios reclamados

requieren de un descubrimiento de prueba incompatible con un

procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961

(Ley Núm. 2), 32 LPRA secs. 3118 et seq.

       Finalizado el descubrimiento de prueba, Claro presentó un

petitorio sumario, en el cual, propuso 184 hechos materiales sobre

los cuales presuntamente no existe controversia. 5 A los efectos de

4 Apéndice, págs. 61-74.
5 Apéndice, págs. 87-147. Junto a su solicitud, Claro incluyó los siguientes
documentos: Exhibit 1-Deposición dirigida a Juan Pablo Maturana Solís del 5 de
octubre de 2021. A la deposición anejaron los siguientes documentos: Exhibit 1-
Certificación de antecedentes penales; Exhibit 2-Resumé de Juan Maturna Solis;
Exhibit 3-Carta de Alvacom del 14 de octubre de 2016; Exhibit 4-Solicitud de
empleo; Exhibit 5-Carta de bienvenida del 19 de diciembre de 2016; Exhibit 6-
Información personal del empleado; Exhibit 7-Carta términos oferta de empleo del
29 de noviembre de 2016; Exhibit 8-Autorización, consentimiento y relevo; Exhibit
9-Autorización prueba de dopaje; Exhibit 10-Non-compete and nondisclosure
agreement; Exhibit 11-Declaración de no conflicto; Exhibit 12-Políticas,
KLAN202301151                                                                   3

demostrar que el despido del Sr. Maturana Solis estuvo justificado,

Claro detalló las conductas desordenadas y constitutivas de

violaciones al Reglamento de Disciplina, a saber: incidentes con

clientes,     acercamientos         inapropiados         hacia      empleadas,

incumplimientos con su obligación de abrir las puertas de Claro a

la hora programada; entre otras.

       Con respecto a la causa de acción por represalias, Claro

expuso que el Sr. Maturana Solis no pudo establecer prima facie su

reclamación.       Primeramente,         debido      a     que     no      existe

contemporaneidad entre la actividad protegida y la acción adversa

que sufrió. En segundo lugar, al fallar en demostrar que existe un

nexo causal entre la conducta protegida y la acción disciplinaria que

impugna.

       En cuanto al presunto discrimen, Claro alegó que el Sr.

Maturana Solis no cumplió con dos de los cuatro requisitos que

dispone la Ley Núm. 4-2017, Ley de Transformación y Flexibilidad

procedimientos y prácticas; Exhibit 13-Acuse de recibo PC-045; Exhibit 14-Acuse
de recibo PC-046; Exhibit 15-Acuse de recibo PC-047; Exhibit 16-Acuse de recibo
PC-049; Exhibit 17-Listado de documentos entregados; Exhibit 18-Acuse de
recibo Guía de la Seguridad; Exhibit 19-Acuse de recibo NSA; Exhibit 20-
Certificación Ley 90; Exhibit 21-Acuse de recibo PC-013-A; Exhibit 22-Acuse de
Recibo Acuerdo del Puesto; Exhibit 23-Convenio de Adhesión del 19 de diciembre
de 2016; Exhibit 24-Acuse de recibo Normas de Conducta; Exhibit 25-Normas
Generales de Conducta; Exhibit 26-Acuse recibo Reglamento de Disciplina;
Exhibit 27-Reglamento de Disciplina del 1 abril de 2006; Exhibit 28-Acuse de
recibo del Reglamento de Disciplina; Exhibit 29-Reglamento de Disciplina del 1
de octubre de 2019; Exhibit 30-Acuse de recibo del Código de Conducta
Empresarial; Exhibit 31-Código de Conducta Empresarial; Exhibit 32-Acuse de
recibo Práctica RH-025-A; Exhibit 33-Práctica RH-025-A del 13 de enero de 2011;
Exhibit 34-Acuse de recibo Práctica RH-025-A; Exhibit 35-Práctica RH-025-A del
23 de agosto de 2018; Exhibit 36-Acuse de recibo RH-947; Exhibit 37-Acuse de
recibo GE-030-A; Exhibit 38-Certificación de No Competetividad; Exhibit 39-
Circular instrucciones a todo personal; Exhibit 40-Práctica P-CL-090-A del 15 de
agosto de 2012; Exhibit 41-Violación al Reglamento Disciplina; Exhibit 42-
Exhortación, Faltas 20 y 25 del 19 de marzo de 2018; Exhibit 43-Exhortación,
Faltas 20 y 28 del 19 de abril de 2018; Exhibit 44-Minuta del 25 de abril de 2019;
Exhibit 45-Correo electrónico de Ninoshka Vélez; Exhibit 46-Suspensión del 24
de junio de 2019; Exhibit 47-Minuta del 29 de julio de 2019; Exhibit 48-Correos
electrónicos del 31 de julio de 2019; Exhibit 49-Suspensión del 5 de agosto de
2019; Exhibit 50-Carta de despido del 17 de junio de 2021; Exhibit 51-Correo
electrónico del 23 de julio de 2019; Exhibit 52-Queja de discrimen y
hostigamiento; Exhibit 53-Relato de Juan Maturana; Exhibit 54-Informe de
querella de discrimen; Exhibit 55-Carta de Fredy Martínez del 20 de enero de
2020; Exhibit 56-Email de Jemssy Méndez del 2 de agosto de 2019; Exhibit 57-
Certificación; y Exhibit 58-Practica RH-610-a del 15 de enero de 2018. Exhibit 2-
Declaración jurada suscrita por Leishla Rivera Quiñones. Exhibit 3-Declaración
jurada suscrita por Manuel Vázquez Vázquez. Exhibit 4-Declaración jurada
suscrita por Aisha O. Matos Sánchez. Exhibit 5-Declaración jurada suscrita por
Vivian Ramos Ramos; Exhibit 6-Contestación a interrogatorios y Producción de
documentos suscrita por la parte demandada.
KLAN202301151                                                        4

Laboral, 29 LPRA secs. 122 et seq, a saber: demostrar que está

cualificado para su puesto y que otra persona de otro grupo

protegido resultó beneficiada. Por todo lo anterior, solicitó la

desestimación de la demanda instada en su contra.

       En reacción, el 31 de enero de 2022, el foro primario emitió

una Orden mediante la cual dejó sin efecto la Vista de Conferencia

con Antelación al Juicio y concedió treinta días al apelante para

replicar el petitorio sumario. Previo al vencimiento del referido

término, el 2 de marzo de 2022, el apelante solicitó una prórroga de

veinte días para instar su oposición. El TPI accedió a lo solicitado,

extendiendo así el término para oponerse hasta el 23 de marzo de

2022. Expirado el plazo concedido sin que el Sr. Maturana Solis

presentara su oposición, Claro solicitó al foro primario que dé por

sometida su Solicitud de Sentencia Sumaria sin oposición.

       Así las cosas, el 25 de abril de 2022, el Sr. Maturana Solis

instó su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria6 en donde se

excusó por haber instado tardíamente su oposición al petitorio

sumario. Expuso que, la demora es atribuible a los presuntos

problemas técnicos que el abogado suscribiente tuvo en su oficina,

a consecuencia de las constantes interrupciones con el servicio

eléctrico. Añadió que, lo anterior afectó sus computadoras y cuadros

telefónicos durante semanas y distorsionó la oportuna preparación

de los escritos y servicios de sus clientes.

       En respuesta, y bajo el fundamento de que el Sr. Maturana

Solis no justificó adecuadamente su incumplimiento con el término

concedido para presentar su oposición, Claro solicitó que se elimine

del récord el referido escrito, que se dé por sometido sin oposición el

petitorio sumario y que desestime sumariamente la causa de

epígrafe.7

6 Apéndice, págs. 154-173.
7 Apéndice, págs. 174-178.
KLAN202301151                                                       5

       En su Réplica,8 el Sr. Maturana Solis expuso haber justificado

la dilación en la presentación de la oposición. Invocó la Regla 68.2

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2, a los

fines de que el TPI acepte su escrito en consideración a la justa

causa esbozada.

       Evaluado lo anterior, el foro primario notificó una Resolución,

el 29 de abril de 2022, mediante la cual dio por sometida la solicitud

de sentencia sumaria sin oposición. Al cabo de un año y ocho meses,

el 14 de diciembre de 2023, el foro primario notificó la Sentencia

impugnada en la cual declaró Ha Lugar el petitorio sumario, por

entender que no existen hechos esenciales en controversia. Resolvió

que Claro demostró inequívocamente que el despido del apelante

estuvo justificado debido a su actitud, conducta y pobre desempeño,

a lo largo de su empleo, en severo detrimento del buen y normal

funcionamiento de la empresa.9 Añadió que, el Sr. Maturana Solis

no estableció prima facie su reclamación de represalias debido a que

no demostró que las razones que dio Claro para justificar el despido

fueron un mero pretexto. Sobre el presunto discrimen, el TPI

dictaminó que, no existe prueba de actos discriminatorios en contra

del Sr. Maturana Solis. Cónsono con lo anterior, desestimó con

perjuicio todas las reclamaciones objeto de la querella de epígrafe.

       Inconforme, el Sr. Maturana Solis insta el recurso de

apelación de epígrafe en el cual señala lo siguiente:

       [e]l TPI abusó de su discreción y erró como cuestión de
       Derecho al emitir sentencia sumaria un año y ocho
       meses después de haber dado por sometida la misma
       sin el beneficio de la correspondiente oposición de la
       parte querellante habiendo mediado causa justificada
       para ello acorde con [la] R. 68.2 de las de Procedimiento
       Civil y cuando de otra parte inclusive concedió a la
       querellada Claro dos meses y diez días adicionales al
       término concedido por la R. 36 de las de Procedimiento
       Civil para someter su solicitud de sentencia sumaria.

8 Apéndice, págs. 179-180.
9 Apéndice, pág. 40.
KLAN202301151                                                        6

      En reacción, el 9 de enero de 2024, Claro instó su Alegato en

Oposición a Apelación. Con el beneficio de las posturas de ambas

partes, procedemos a resolver.

                                  II.

   A. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no existe controversia real y

sustancial de un hecho material que requiera ventilarse en un juicio

plenario, por lo cual solo resta aplicar el derecho. Birriel Colón v.

Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance

Company, 2023 TSPR 120, resuelto el 3 de octubre de 2023; Oriental

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto

de 2023. Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o

aquella parte que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1 y 36.2.

      Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un

remedio justo, rápido y económico. Serrano Picón v. Multinational

Life Insurance Company, 2023 TSPR 118, resuelto el 29 de

septiembre de 2023.

      Como se sabe, procede dictar sentencia sumaria si se

desprende de las alegaciones, deposiciones, declaraciones juradas,

contestaciones a interrogatorios, admisiones ofrecidas, entre otros,

que no existe controversia real sustancial sobre un hecho esencial y
KLAN202301151                                                      7

pertinente, y siempre que el derecho aplicable así lo justifique.

González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, 2023

TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023.

      De manera que, en aras de prevalecer, la parte promovente

debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los elementos

indispensables de su causa de acción. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964 (2022). Por ello, y en lo pertinente al

caso ante nos, una parte demandada puede solicitar sentencia

sumaria ante la insuficiencia de prueba sobre todos los elementos

indispensable de su causa de acción. Íd. El promovente de la referida

solicitud debe demostrar que: 1) la vista es innecesaria; 2) el

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar algún

hecho esencial, y 3) como cuestión de derecho procede la

desestimación de la reclamación. Ramos Pérez v. Univisión 178 DPR

200, 217-218 (2010); Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135

DPR 716 (1994). Para ello, es indispensable que se le haya brindado

al promovido amplia oportunidad para realizar un descubrimiento

de prueba adecuado. Íd.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el
KLAN202301151                                                         8

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental

Bank v. Caballero García, supra. Véase, además, la Regla 36.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.

      Nótese que, si el promovente de la moción incumple con estos

requisitos, “el tribunal no estará obligado a considerar su pedido”.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

Además, el promovente de una solicitud de sentencia sumaria ha de

acompañar     su    petitorio   con   prueba     de   la   cual   surja

preponderantemente la ausencia de controversias sobre los hechos

medulares del caso. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos

(Econo Rial, Inc.) e Integrand Assurance Company, supra.

      Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en

derecho. Íd. A esos efectos, deberá sustentar con evidencia

sustancial los hechos materiales que entiende están en disputa.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo Rial, Inc.) e

Integrand Assurance Company, supra.

      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

el promovido debe detallar aquellos hechos propuestos que pretende

controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales adicionales

que alega no están en disputa y que impiden que se dicte sentencia

sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Claro

está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer referencia a

la prueba específica que sostiene su posición, según exigido por la
KLAN202301151                                                       9

antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En otras

palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar evidencia

sustancial que apoye los hechos materiales que alega están en

disputa. Íd.

      Cabe puntualizar que, a tenor de la normativa aplicable, si la

parte promovida opta por no oponerse al petitorio sumario,

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, supra, se arriesga a

que el TPI dicte sentencia en su contra, si procede en derecho.

Véase, Regla 36.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra;

León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Entiéndase que, el mero hecho

de que la parte promovida no presente una oposición o, de

presentarla, no cumple con las formalidades de la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, ello no obliga al juzgador de los

hechos a automáticamente disponer del asunto por la vía sumaria.

Lo antes está sujeto a la sana discreción del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además,

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin      embargo,   la   sentencia   sumaria   generalmente   no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o
KLAN202301151                                                     10

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra. Además,

existen casos que no se deben resolver mediante sentencia sumaria

porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos mediante

declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et als. v. Walgreens,

155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es apropiado resolver

por la vía sumaria “casos complejos o casos que involucren

cuestiones de interés público”. Íd.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. Sobre

el particular, nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra,
      pág. 679.

      Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente
KLAN202301151                                                       11

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80,

resuelto el 26 de junio de 2023.

   B. Regla 68.2 de Procedimiento Civil

      La Regla 68.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra,

faculta al tribunal para, discrecionalmente y acreditada la justa

causa, prorrogar o reducir los términos establecidos en las Reglas

de Procedimiento Civil. A esos efectos dispone:

      Cuando por estas reglas, por una notificación dada en
      virtud de sus disposiciones o por una orden del tribunal
      se requiera o permita la realización de un acto en o
      dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por
      justa causa, en cualquier momento y en el ejercicio de
      su discreción: (1) ordenar, previa moción o notificación,
      o sin ellas, que se prorrogue o acorte el término si así se
      solicita antes de expirar el término originalmente
      prescrito o según prorrogado por orden anterior, o
      (2) permitir, en virtud de moción presentada después de
      haber expirado el plazo especificado, que el acto se
      realice si la omisión se debió a justa causa, pero no
      podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las
      disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4,
      49.2 y 52.2, salvo lo dispuesto en éstas bajo las
      condiciones en ellas prescritas. (Énfasis nuestro.)
      Véase, además, VS PR, LLC v. Drift-Wind, 207 DPR 253,
      263-264 (2021).

                                   III.

      En el recurso ante nos, el apelante solicita que dejemos sin

efecto la Sentencia que dictó sumariamente el TPI en la cual

desestimó con perjuicio todas las causas de acción objeto de la

demanda de epígrafe. Lo antes, luego de haber dado por sometido el

petitorio sumario sin oposición. Según el apelante, el foro primario

abusó de su discreción al no considerar justa causa las razones que

ofreció para excusar la dilación en la presentación de la Oposición a

Solicitud de Sentencia Sumaria, conforme lo autoriza la Regla 68.2

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Además, cuestiona la

premura del TPI en dar por sometido el petitorio sumario a pesar de

haber concedido a Claro un término mayor al que provee la Regla

36 de Procedimiento Civil, supra, para presentar su moción de
KLAN202301151                                                                   12

sentencia     sumaria.10       Por    último,     señala     que    existe     una

contradicción entre el interés del foro primario de salvaguardar el

carácter sumario del caso de marras para luego demorar un año y

ocho meses en emitir su sentencia.

         En cumplimiento con el deber que nos impone lo resuelto por

el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, nos corresponde revisar de novo la Solicitud de Sentencia

Sumaria que instó Claro, junto a los anejos que la acompañan. Lo

anterior, a los fines de evaluar si el TPI actuó correctamente al

adjudicar la causa por la vía sumaria y conforme a Derecho.

Veamos.

         En su petitorio sumario, Claro detalló las actuaciones que

dieron lugar al despido del apelante. Primeramente, el incidente

entre el Sr. Maturana Solis y la clienta Vivian Ramos cuando esta

última acudió a la tienda de Plaza Centro para devolver un equipo y

cambiar un “modem” y el apelante cuestionó su integridad y la trató

como “pilla”.11 En segundo lugar, el suceso en el cual el apelante, en

tono molesto, llamó la atención a una empleada frente a la clienta

Kathy Schmitz por entregarle un turno cercano a la hora de cierre

del local, sin consultarle. Tercero, incurrir en acercamientos

inapropiados hacia empleadas temporeras. Además, incumplir su

obligación de abrir las puertas de Claro a la hora programada, entre

otras.

         Sobre la causa de acción por represalias, Claro expuso que no

existe contemporaneidad entre la actividad protegida (la querella

10 En su recurso, el apelante discute que el TPI proveyó a Claro dos (2) meses y

diez (10) días adicionales al término que provee la Regla 36 de Procedimiento Civil,
supra, para presentar una moción dispositiva, sin obrar de igual manera hacia el
Sr. Maturana Solis. Al indagar sobre este asunto clarificamos que, el foro
primario, a solicitud de Claro, concedió una prórroga de treinta (30) días para
finalizar el descubrimiento de prueba, con el efecto de que también se postergó,
por igual término, la fecha límite para presentar la moción de sentencia sumaria.
Previo a expirar el plazo para instar el petitorio sumario, Claro solicitó y el foro
primario le concedió siete (7) días adicionales. Lo antes es distinguible de lo
ocurrido con el apelante en la medida en que Claro solicitó dos prórrogas y
cumplió con los términos correspondientes.
11 Apéndice, pág. 110.
KLAN202301151                                                         13

interna instada en 2019) y la acción adversa (el despido en 2021).

Añadió que el apelante no demostró que existe un nexo causal entre

la actividad protegida y la acción adversa, por lo cual, a su entender

no estableció prima facie dicha reclamación.

      Con relación al presunto discrimen, Claro señaló que el Sr.

Maturana Solis no demostró estar cualificado para su puesto,

tampoco que resultó beneficiada de su despido una persona que

pertenece a otro grupo protegido, elementos esenciales para

configurar una causa de acción por discrimen, según la Ley Núm.

4-2017, supra.

      Puntualizamos que, para oponerse al petitorio sumario, la

Regla 36.3(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, concede al

apelante veinte (20) días, contados a partir del 28 de enero de 2022,

fecha en que Claro notificó la solicitud de sentencia sumaria. No

obstante lo anterior, el 31 de enero de 2022, el TPI concedió al

apelante treinta (30) días para instar su oposición. Entiéndase que,

el foro primario confirió al apelante un plazo mayor al que proveen

las Reglas de Procedimiento Civil para oponerse. Previo a vencer el

referido plazo, el Sr. Maturana Solis solicitó una prórroga de veinte

(20) días, a lo cual el foro primario accedió, con el efecto de extender

el término para el apelante oponerse hasta el 23 de marzo de 2022.

      Surge del tracto procesal que, el 24 de marzo de 2022, vencida

la prórroga correspondiente, Claro solicitó al foro primario que dé

por sometida su Solicitud de Sentencia Sumaria sin oposición. Sin

embargo, no es hasta el 25 de abril de 2022, es decir, treinta y tres

(33) días con posterioridad al vencimiento de la prórroga concedida,

que el Sr. Maturana Solis instó su Oposición. En ella, el apelante

presentó como justa causa lo siguiente:

      […] durante las pasadas semanas diversos problemas
      técnicos en nuestras computadoras e inclusive cuadro
      telefónico a consecuencia de los constantes problemas
      con el servicio eléctrico, lo cual honestamente dislocó la
      adecuada y oportuna preparación de nuestros escritos
      y servicio a nuestros clientes.
KLAN202301151                                                       14

       Como cuestión de hecho a consecuencia de ello en los
       pasados días finalmente se hizo en nuestra oficina la
       conversión a utilización de placas solares, por lo cual el
       asunto ha sido resuelto.

       Cabe reiterar que, la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, supra,

a la cual hace referencia el apelante en su recurso, faculta al

tribunal a prorrogar los términos de cumplimiento estricto

establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil, a su discreción y

acreditada la justa causa. Enfatizamos que, lo antes, está

supeditado a que la prórroga sea solicitada previo al vencimiento del

término aplicable o, después de expirado, si acredita la justa causa.

Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016). El

Tribunal Supremo definió la justa causa como “explicaciones

concretas y particulares, -debidamente evidenciadas en el escrito-”.

Íd. Allí también nuestro más Alto Foro aclaró que las vaguedades,

las excusas superfluas, los planteamientos estereotipados y las

justificaciones genéricas desprovistas de los detalles para la dilación

no constituyen justa causa.

       Ante este cuadro, el 29 de abril de 2022, el foro primario

emitió una Resolución12 mediante la cual dio por sometida la moción

de sentencia sumaria de Claro sin oposición. En su dictamen, el TPI

hizo constar lo siguiente:

        [e]l escrito presentado por la parte demandante se
       presentó un mes tarde. Aun cuando en las mociones
       presentadas informó alguna situación de compromiso
       profesional y en su oficina, entendemos que el tiempo
       transcurrido es excesivo. Pudiéramos entender con esa
       justificación la demora de unos pocos días, pero el
       escrito ha sido presentado tardíamente.

       El Tribunal evaluará si procede la moción de sentencia
       sumaria de la demandada. Se ordena la continuación
       de los procedimientos.13

       Conforme a la normativa aplicable, para invocar la prórroga

que autoriza la Regla 68.2 de las Reglas de Procedimiento Civil,

12 Apéndice, pág. 181.
13 Apéndice, pág. 181.
KLAN202301151                                                                    15

supra, el apelante debe acreditar la justa causa para su demora.

Según previamente reseñado, el apelante intentó justificar su atraso

con las complicaciones de la cual fue objeto la oficina de su

representación legal derivadas de las interrupciones del servicio

eléctrico. Coincidimos con el foro primario en que, lo antes, no

justifica una demora de treinta y tres días en presentar la

correspondiente Oposición al petitorio sumario. Al incumplir con las

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, el

apelante se arriesgó a que el TPI dictara sentencia sumaria en su

contra, si procede en Derecho. Véase, Regla 36.3(c) de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra; León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

       Luego de un estudio sosegado de la totalidad del expediente

concluimos que, las determinaciones de hechos que propuso Claro

en su petitorio están sustentadas por la prueba documental

admisible presentada junto a su solicitud. En ausencia de una

oportuna     oposición     que    levante     controversias     sobre        hechos

medulares y debido a que Claro demostró que no existe controversia

sobre hechos esenciales que impida resolver sumariamente este

asunto, procede el remedio solicitado.

       De nuestro análisis cuidadoso del recurso, con particular

atención a los criterios aplicables al revisar determinaciones del foro

primario, y en cumplimiento con la Regla 36, supra, y su

jurisprudencia      interpretativa,      resolvemos      que,    la    Sentencia

impugnada procede en Derecho. A tenor de la Regla 36.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, supra, el TPI está facultado a dar por

sometida para la consideración del tribunal una moción de

sentencia sumaria para la cual la parte promovida no presentó su

contestación.14 Valga aclarar que, la citada Regla no requiere que,

14 En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone:

[…]Si la parte contraria no presenta la contestación a la sentencia sumaria en el
término provisto en esta regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria
queda sometida para la consideración del tribunal.
KLAN202301151                                                                 16

previo a dar por sometido el petitorio sumario, el TPI venga obligado

a imponer una sanción o apercibir a la parte contraria de que su

inacción puede dar lugar a que se dé por sometido sin el beneficio

de su oposición.

       Por último, en atención a lo planteado por el apelante, y en

virtud de lo resuelto por el Tribunal Supremo en In re Pagani

Padró, 181 DPR 517, 529 (2011)15, la demora del TPI de un año y

ocho meses en emitir el dictamen impugnado, luego de haber dado

por sometido -sin oposición- el petitorio sumario, atenta en contra

del deber ineludible de los tribunales de velar porque los procesos

se ventilen de forma justa, rápida y económica. Lo antes, más aún,

en consideración al carácter sumario de un procedimiento bajo la

Ley Núm. 2, supra. Sin embargo, lo antes por sí solo, resulta

insuficiente para derrotar la eficacia y legitimidad del dictamen

apelado. El error señalado no se cometió.

                                       IV.

       Por los fundamentos discutidos, confirmamos la Sentencia

apelada.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

15 Citando a Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 844, 846 (1976) y

Bco. Des Eco. v. AMC Surgery 157 DPR 150, 157 (2002).