Court Opinion

ID: 9952269
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:35:32.949121+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:43.626155
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL I

YAZMÍN MARGARITA CRESPO                        Certiorari, acogido
                                               como Apelación
          Apelados                             procedente del
                                               Tribunal de Primera
               v.                              Instancia, Sala de
                                 KLAN202400037 Superior de Caguas
FRANCISCO DE LA CRUZ
LÓPEZ
                                                  Caso Núm.
          Apelante                                EDI2015-0676

                                                  Sobre:
                                                  Divorcio

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                               S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

                                       I.

       El 8 de enero de 2024, el señor Francisco De La Cruz López

(señor De La Cruz López o apelante) presentó un escrito que tituló

Certiorari en el que solicitó que revoquemos una Resolución sobre

Pensión Alimentaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas (TPI o foro recurrido) el 23 de agosto de

2023, notificada y archivada en autos el 25 de agosto de 2023.1 En

el dictamen, el TPI acogió un Informe de Pensión Alimentaria2

rendido por la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) el 22

de agosto de 2023 y fijó la pensión alimentaria que el apelante

debería pagar a favor de un menor de 13 años, hijo de las partes. En

suma, ordenó al apelante pagar $1,154.75 mensuales directamente

a la señora Yazmín Margarita Crespo Claudio (señora Crespo

Claudio o apelada), madre custodia del menor. Además, resolvió que

1 Apéndice del recurso, Anejo V, págs. 9-10.
2 Íd., págs. 11-15.

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400037                                                        2

desde el 3 de marzo de 2021 al 31 de julio de 2023 el apelante debe

haber pagado $33,487.75 por concepto de pensión alimentaria

retroactiva, condicionado a que se acredite cualquier aportación que

haya realizado durante el referido intervalo de tiempo.

      El 11 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

resolvimos que el recurso adecuado era una apelación y no una

petición de Certiorari, toda vez que el señor De La Cruz López solicita

la revisión de un dictamen que modificó una pensión alimentaria, lo

cual constituye propiamente una sentencia de la cual se puede

apelar. Por tal razón, le ordenamos a la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones que asignara el alfanumérico correspondiente a una

apelación. En cumplimiento de esa orden, le fue asignado el número

KLAN202300037. En adición, le concedimos a la parte apelada

hasta el 7 de febrero de 2024 para presentar su alegato en oposición.

      El 7 de febrero de 2024, la señora Crespo Claudio presentó

una Oposición a apelación en la que solicitó que confirmemos la

Resolución sobre Pensión Alimentaria apelada.

      El 14 de febrero de 2024, la señora Crespo Claudio radicó una

Moción solicitando desestimación por incumplimiento en la que

solicitó que desestimáramos la apelación porque el señor De La Cruz

López le notificó el recurso el 9 de enero de 2024, expirado el término

que tenía para presentarlo ante esta Curia. Según arguyó, ese

actuar violentó la Regla 15 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 15.

      El 15 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la que

le concedimos al señor De La Cruz López hasta el 20 de febrero de

2024 para exponer su posición sobre la Moción solicitando

desestimación por incumplimiento.

      Transcurrido el término concedido al apelante para que se

expresara sobre la desestimación solicitada por la señora Crespo
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Claudio sin que lo hiciera, damos por perfeccionado el recurso. En

adelante, pormenorizamos los hechos atinentes a la apelación.

                                        II.

       El caso de marras tiene su génesis el 13 de julio de 2015

cuando la señora Crespo Claudio presentó una petición de divorcio

ante el TPI.3

       A partir de la Sentencia que declaró el divorcio entre las

partes, emitida por el TPI el 23 de julio de 2015, notificada y

archivada en autos el 25 de agosto de 2015, el trámite procesal

subsiguiente se concentró en asuntos de custodia, patria potestad y

alimentos.4

       El 3 de marzo de 2021, la señora Crespo Claudio radicó una

Moción solicitando orden y revisión de pensión alimentaria en la que

solicitó, entre otras cosas, que el caso fuera referido a la EPA para

dilucidar la pensión alimentaria necesaria para el sustento del

menor.5 Posteriormente, el asunto quedó referido a la EPA, la cual

señaló vista para el 1 de septiembre de 2021.

       El 1 de septiembre de 2021, la EPA celebró una vista sobre

revisión de pensión alimentaria, producto de la cual emitió un

Informe de Pensión Alimentaria ese mismo día, reducido a escrito el

7 de septiembre de 2021 y firmado el 15 de septiembre de 2021.6 En

ese informe, la EPA concluyó que correspondía la fijación de una

pensión alimentaria provisional de $399.00 mensuales. Recomendó,

también, que se le impusiera al apelante el pago del 50% de los

gastos escolares del menor, teniendo la madre cinco (5) días para

notificar el gasto y el padre cinco (5) días posteriores para efectuar

3 Este hecho, así como la mayoría de los incidentes procesales de este caso, surgen

de la página cibernética del Poder Judicial, no del recurso presentado por el
apelante, puesto que no incluyó referencia a ello en el escrito, ni documentación
que los acreditará en el Apéndice. https://www.poderjudicial.pr/index.php/consulta-
de-casos/. Tomamos conocimiento judicial de ello al amparo de la Regla 201 de
Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201.
4 Íd.
5 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo I, págs. 1-2.
6 Apéndice de la apelación, Anejo IV, págs. 6-7.
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el reembolso. Según consignó el escrito, la EPA contaba con la

Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) de la señora

Crespo Claudio, presentada por la apelada ese mismo día,7 pero no

con la del apelante.

        El 16 de septiembre de 2021, el TPI emitió una Resolución en

la que acogió el Informe de Pensión Alimentaria y ordenó al señor De

La Cruz López pagar $399 mensuales por concepto de pensión

alimentaria provisional.8 A su vez, señaló una vista de revisión de

pensión alimentaria a celebrarse el 29 de noviembre de 2021,

además, para examinar la cuantía de la deuda retroactiva que le

correspondía pagar al apelante. También, adoptó las demás

recomendaciones de la EPA en cuanto a los gastos escolares y le

concedió un término de cinco (5) días al apelante para presentar su

PIPE.

        El 1 de octubre de 2021, el señor De La Cruz López presentó

su PIPE.9

        El 22 de noviembre de 2021, la señora Crespo Claudio radicó

una Moción sometiendo evidencia adicional para vista de pensión

alimentaria en la que presentó varios documentos para acreditar su

ingreso.10 Entre ellos, incluyó una carta de la universidad en la que

cursa estudios doctorales con un desglose de las becas recibidas, su

planilla y una tabla resumiendo los gastos del menor.

        El 29 de noviembre de 2021, la EPA celebró una vista sobre

pensión alimentaria, cuyas incidencias quedaron recogidas en un

Acta de vista, emitida el 29 de noviembre de 2021, reducida a escrito

el 31 de enero de 2022 y firmada el 2 de febrero de 2022.11 En la

vista, se discutieron asuntos del descubrimiento de prueba.

Además, la EPA recomendó la imposición de honorarios de abogado

7 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo II, págs. 3-9.
8 Apéndice de la apelación, Anejo IV, págs. 4-8.
9 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo IV, págs. 11-15.
10 Íd., Anejo V, págs. 16-19.
11 Íd., Anejo VI, págs. 22-23.
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a favor de la parte alimentista y la calendarización de una vista de

revisión de pensión alimentaria el 16 de febrero de 2022.

        El 3 de febrero de 2022, el TPI emitió una Resolución en la que

acogió las recomendaciones de la EPA y, por consiguiente, fijó los

honorarios y señaló la vista, según sugirió la EPA.12

        El 11 de febrero de 2022, ambas partes presentaron una

Moción solicitando reseñalamiento de vista en la que solicitaron que

el TPI recalendarizara la vista del 16 de febrero de 2022 a una fecha

posterior.13

        El 16 de febrero de 2022, la EPA llevó a cabo la vista de

revisión de pensión alimentaria, pero contó únicamente con la

comparecencia de la señora Crespo Claudio. Las incidencias de esta

quedaron recogidas en un Acta emitida el 16 de febrero de 2022,

reducida a escrito y firmada el 24 de marzo de 2022.14 La EPA

recalendarizó       la      vista   de   revisión   de   pensión   alimentaria,

pautándola para el 18 de mayo de 2022.

        El 5 de abril de 2022, la señora Crespo Claudio radicó una

Moción solicitando que no se tomen becas como ingresos en la que

expresó que, a partir de ese año, no contaría con los ingresos que

había recibido de la universidad durante los tres años anteriores.15

Según alegó, no debían considerarse como ingreso los fondos

provenientes de estipendios regulares, de verano y suplementario,

ni una beca, debido a que la apelada no podía contar con ella como

sustento. En consecuencia, solicitó a la EPA que excluyera esas

partidas del cálculo de su ingreso.

        El 9 de mayo de 2022, el señor De La Cruz López presentó una

Réplica a moción de 5 de abril de 2022 en la que alegó que el ingreso

real de la apelada era cercano a $70,000, la suma de las cifras

12 Íd., Anejo VI, pág. 21
13 Íd., Anejo VII, pág. 24.
14 Íd., Anejo VIII, págs. 26.
15 Apéndice de la apelación, Anejo IX, págs. 26-27.
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reportadas en un talonario emitido por la universidad y un

estipendio de renta.16 Al igual, adujo que se debían tomar en cuenta

los balances de tres cuentas de banco de la apelada.

       El 17 de mayo de 2022, la señora Crespo Claudio radicó una

Moción incluyendo documentación sobre ingresos de peticionaria y

gastos del menor en la que sometió una certificación, emitida por la

universidad, que detallaba las becas aprobadas para la apelada

durante el año en curso.17 También, incluyó documentos sobre los

gastos de deportes y campamento de verano del menor.

       El 13 de julio de 2022, la señora Crespo Claudio presentó una

Moción sometiendo evidencia de pago de contrato de arrendamiento

en la que sometió el contrato de arrendamiento de su residencia

para que se tomara en consideración                    al fijar la   pensión

alimentaria.18

       El 10 de agosto de 2022, la apelada radicó su segunda PIPE.19

       El 17 de agosto de 2022, la EPA celebró una vista sobre

revisión de pensión alimentaria final en la que comparecieron las

partes, representadas por sus abogados.20

       El 23 de agosto de 2022, la señora Crespo Claudio presentó

una Moción en cumplimiento de acuerdos durante vista de pensión

alimentaria en la que solicitó al TPI que tomara en cuenta como

ingreso del señor De La Cruz López unos $750 que recibía

mensualmente por concepto de canon de arrendamiento de una

propiedad residencial.21 A esos efectos, solicitó la inspección de

ciertos estados de cuenta del apelante.

       El 26 de agosto de 2022, el señor De La Cruz López radicó una

Réplica a moción en cumplimiento de acuerdos durante vista de

16 Íd., Anejo X, págs. 30-31.
17 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo IX, págs. 27-30.
18 Íd., Anejo X, págs. 31-32.
19 Apéndice de la apelación, Anejo XI, pág. 32-36.
20 Íd., Anejo V, pág. 11
21 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo XI, págs. 45-46.
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pensión alimentaria en la que se opuso a la revisión de sus estados

de cuenta bancarios, pero aceptó la cifra recibida como canon de

arrendamiento.22

       El 29 de agosto de 2022, la señora Crespo Claudio presentó

una Oposición a réplica del promovido sobre ingresos en la que

solicitó que se tomaran en cuenta ciertos créditos de las cuentas

bancarias del apelante cuando no estuviera disponible otra

evidencia del canon de arrendamiento.23

       El 30 de agosto de 2022, el señor De La Cruz López radicó una

Dúplica a Oposición a Réplica del promovido sobre ingresos en la que

reiteró que la petición de la apelada redundaría en una duplicación

errónea en el conteo de los ingresos por renta.24

       El 1 de septiembre de 2022, el TPI emitió una Orden en la que

refirió las anteriores mociones a la EPA.25

       El 25 de abril de 2023, el TPI llevó a cabo una vista cuyas

incidencias quedaron recogidas en una Minuta.26 Entre varios

asuntos, el foro primario le ordenó a la EPA emitir el informe final

sobre pensión alimentaria y señaló una vista de seguimiento para el

8 de diciembre de 2023.

       El 14 de junio de 2023, la señora Crespo Claudio presentó

una Moción solicitando resolución sobre pensión alimentaria en la

que solicitó que el TPI ordenara a la EPA emitir su informe.27 Según

alegó, habían transcurrido casi 10 meses desde la vista de pensión

alimentaria, durante los cuales el apelante estaba pagando la

pensión alimentaria provisional, una cantidad menor a la que le

correspondía según la información vertida en la vista. Planteó que

22 Íd., Anejo XII, págs. 47-49.
23 Íd., Anejo XIII, págs. 50-51.
24 Íd., Anejo XIV, págs. 52-53.
25 Íd., Anejo XV, págs. 56.
26 Íd., Anejo XVI, págs. 59-62.
27 Íd., Anejo XVII, págs. 63-64.
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esa situación representaba un menoscabo de su capacidad

económica.

       El 20 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden en la que le

ordenó a la EPA someter su informe en un término de diez (10)

días.28

       El 4 de agosto de 2023, la señora Crespo Claudio presentó

una Urgente moción solicitando resolución sobre pensión alimentaria

final en la que reiteró su petición ante el incumplimiento de la EPA

con el término concedido por el TPI para presentar su informe.29

       El 9 de agosto de 2023, el TPI emitió una Orden en la que

ordenó a la EPA a presentar su informe en un término perentorio de

diez (10) días.30

       Un año después de la última vista de pensión alimentaria,

el 22 de agosto de 2023, la EPA emitió un Informe de Pensión

Alimentaria en el que recomendó que se ordenara al apelante a pagar

una pensión alimentaria de $1,154.75 mensuales, a razón de

$577.00 quincenales.31 En adición, incluyó que, del 3 de marzo de

2021 al 31 de julio de 2023, el apelante debió pagar $33,487.75 por

concepto de pensión alimentaria retroactiva, cantidad que estaría

sujeta al crédito de cualquier aportación que haya hecho durante

ese periodo de tiempo.

       Según el informe, la EPA imputó el ingreso mensual de la

señora Crespo Claudio en $3,321.33 y el del señor De La Cruz López

en $3,021.

       Para calcular el ingreso de la apelada, quien es estudiante a

nivel doctoral en Estados Unidos y recibe ciertos fondos para

sufragar sus estudios, consignó que utilizó los siguientes datos:

       1. La apelada recibirá $28,000 el año en que redacte su
          tesis.

28 Íd., Anejo XVIII, pág. 65.
29 Íd., Anejo XX, págs. 67-68.
30 Íd., Anejo XXI, pág. 69.
31 Apéndice de la apelación, Anejo V, págs. 11-15.
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      2. Al momento, recibe $6,000 depositados el segundo
         semestre por concepto de la Beca Leeman; $30,000,
         divididos en dos semestres, por concepto de la Beca
         Sheldon; y una Beca Winkler, cuya cantidad fluctúa por
         año, pero que ha recibido todos los años de estudio. Las
         becas Leeman y Sheldon son para investigación en varios
         países, pudiéndose utilizar únicamente para estadía,
         pasajes aéreos, libros, plan médico internacional,
         fotocopias y traslados. Por ello, para usar los fondos, la
         apelada está obligada a justificar la utilización, realizar
         informe de gastos y registrarlos en varias plataformas.
      3. Respecto a la Beca Winkler, la apelada debe tener “buen
         standing”, estar soltera y presentar un presupuesto de
         sus gastos y los del menor. En el 2019, recibió $20,000;
         en el 2020, $23,550; en el 2021, $26,200; y en el 2022,
         $29,000.
      4. La apelada recibió durante el 2021 un estipendio por
         desempeñarse como asistente de profesor en dos pagos
         que totalizan $13,606, lo cual representa $1,133.83
         mensuales.
      5. Además, la apelada posee: una cuenta de ahorro para la
         educación universitaria del menor; una cuenta de cheque
         en la que recibe las becas y el estipendio por concepto de
         su trabajo como asistente de profesor; y otra cuenta de
         ahorro. Sobre esta última, la EPA no recibió detalles y,
         por ello, no estuvo en posición de determinar su balance.
      6. Basado en estos hechos, para establecer el ingreso de la
         apelada, consideró el promedio mensual recibido por
         concepto de la Beca Wrinkler, $2,187.50 y el promedio
         mensual recibido por concepto del estipendio, $1,133.83.
         La suma de estas cantidades es $3,321.33, el ingreso de
         la señora Crespo Claudio.

      Entretanto, para calcular el ingreso del apelante, quien es

arquitecto y se desempeña como coordinador de proyectos, la EPA

consideró los siguientes datos:

      a. El apelante recibe un salario mensual de $2,249.
      b. El apelante recibió un salario mensual de $2,293 en un
         empleo anterior, el cual ostentó de febrero de 2020 a
         octubre de 2021.
      c. El apelante recibió $750 por concepto del arrendamiento
         de una residencia de su propiedad.
      d. El apelante recibe con frecuencia depósitos de
         aproximadamente $150, los cuales utiliza para
         diligencias que requiere su madre.
      e. Basado en estos hechos, para establecer el ingreso del
         apelante, utilizó el promedio mensual de ingresos
         generados en los dos empleos, $2,271; y el canon de
         arrendamiento mensual, $750. La suma de estas
         cantidades es $3,021, el ingreso del señor De La Cruz
         López.

      En cuanto a los gastos de cada uno, la EPA tomó en cuenta

que: (a) la universidad de la apelada cubre los costos de matrícula;

(b) la apelada paga el plan médico dental; (c) con la Beca Winkler, la

apelada sufraga los costos de vivienda, los cuales ascienden a
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$2,388 mensuales; y (d) el apelante alegó que paga $500 de renta,

pero la EPA no le otorgó credibilidad a su testimonio.

       El 23 de agosto de 2023, el TPI emitió la Resolución sobre

Pensión Alimentaria apelada en la que acogió el Informe de Pensión

Alimentaria emitido por la EPA y fijó en $1,154.75 el pago mensual

de pensión alimentaria que deberá pagar el señor De La Cruz López

directamente a la señora Crespo Claudio.32 También, resolvió que

desde el 3 de marzo de 2021 al 31 de julio de 2023 el apelante debe

haber pagado $33,487.75 por concepto de pensión alimentaria

retroactiva, condicionado a que se acredite cualquier aportación que

el apelante haya realizado durante dicho término.

       El 9 de septiembre de 2023, el señor De La Cruz López radicó

una Moción de reconsideración de resolución sobre pensión

alimentaria en la que solicitó al TPI que reconsiderara su dictamen.33

Basó su petición en que la EPA cometió varios errores de hecho y de

derecho      en    el    Informe     de    Pensión     Alimentaria    emitido.

Específicamente, adujo que la EPA calculó erróneamente el ingreso

de la apelada.

       El 29 de septiembre de 2023, la señora Crespo Claudio

presentó una Oposición a solicitud de reconsideración en la que

solicitó que se declarara Sin Lugar la solicitud de reconsideración.34

       El 4 de octubre de 2023, el señor De La Cruz López radicó una

Réplica a Oposición de reconsideración.35

       El 17 de octubre de 2023, el TPI refirió las mociones a la

EPA.36

32 Notificada y archivada el 25 de agosto de 2023. Íd., págs. 9-10.
33 Íd., Anejo VI, págs. 17-22.
34 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo XXIII, págs. 71-90.
35 Apéndice de la apelación, Anejo VIII, págs. 24-25
36 Apéndice de la Oposición a Apelación, Anejo XXIV, pág. 92.
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       El 10 de noviembre de 2023, la EPA emitió un Informe sobre

referido a la EPA en la que recomendó declarar No Ha Lugar la

reconsideración.37

       El 4 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en la

que adoptó la recomendación de la EPA y declaró No Ha Lugar la

reconsideración promovida por el apelante.38

       Inconforme, el señor De La Cruz López radicó el recurso de

epígrafe y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

       PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia
       al establecer una pensión alimentaria violando el
       derecho al debido proceso de ley del peticionario, al
       tardarse la EPA, injustificadamente, más de un año en
       emitir un informe y recomendación, creando una
       situación de atrasos que ponen en riesgo los recursos y
       la libertad misma del peticionario.

       SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera
       Instancia al establecer una pensión alimentaria sin
       tomar en consideración todos los ingresos atribuibles a
       la promovida.

En esencia, planteó que: (1) la dilación de más de un año de la EPA

en emitir el Informe de Pensión Alimentaria fue injustificada y laceró

los derechos fundamentales del apelante; y (2) la pensión fijada no

era razonable. A su entender, existía una discrepancia injustificada

entre el ingreso que la EPA consideró al establecer la pensión

provisional y el ingreso que estimó para calcular la pensión final.

Esto se debió, según arguyó, a que la EPA: (1) no tomó en

consideración la totalidad del expediente, ni revisó la grabación de

la vista; (2) excluyó erróneamente la Beca Winkler, la Beca Sheldon

y otras sin razón en derecho para ello, bajo la única premisa de que

no se habían concedido, cuando se probó que la apelada las recibió

y no las excluyó de su PIPE; y (3) no recibió evidencia de que la

apelada devolvió los fondos. Por último, alegó que resultaban

sospechosos los balances de tres de las cuentas bancarias de la

37 Apéndice de la apelación, Anejo II, pág. 2.
38 Notificada y archivada en autos el 7 de diciembre de 2023. Íd., Anejo I, pág. 1.
KLAN202400037                                                     12

señora Crespo Claudio y que, de todas formas, debían ser

considerados en el cálculo de su ingreso.

      El 7 de febrero de 2024, la señora Crespo Claudio presentó

una Oposición a apelación en la que, en suma, argumentó que la

EPA y el TPI no incurrieron en error, prejuicio, parcialidad o pasión

al evaluar la evidencia desfilada y, en consecuencia, solicitó que

confirmemos la Resolución sobre Pensión Alimentaria apelada. Su

posición es, principalmente, que la pensión alimentaria final

recomendada por la EPA y aceptada por el TPI fue el producto de la

implantación correcta de la ley, las guías y la jurisprudencia, de

acuerdo con la prueba presentada.

      Más específicamente, la apelada dedicó su escrito a refutar los

planteamientos del señor De La Cruz López. Respecto a la alegación

de que la dilación actuó en perjuicio del apelante, esbozó la apelada

fue la única parte que presentó mociones en solicitud de órdenes a

la EPA para que emitiera su informe final. En contraste, adujo que,

durante ese tiempo, el apelante se quedó de brazos cruzados y no

argumentó violación alguna al debido proceso de ley. Según expuso,

en el presente recurso no especificó qué derechos se vieron

afectados. También, alegó que el propio apelante provocó parte del

retraso en la conclusión del caso. A esto, añadió que, en todo caso,

fue la apelada la que vio afectados sus derechos, toda vez que esperó

por más de un año la fijación de la pensión alimentaria final,

asumiendo una carga mayor de la que correspondía, así como

mayores gastos de representación legal.

      Además, respecto a la discrepancia entre los ingresos

calculados por la EPA para la pensión provisional y los evaluados

para la pensión final, adujo que la diferencia se debió a que la EPA

calculó correctamente los ingresos actualizados de la apelada.

Planteó que, durante el proceso, radicó seis documentos que

demostraban los cambios a los que estuvo sujeto su ingreso debido
KLAN202400037                                                      13

a sus estudios. Más aún, arguyó que la EPA, dentro de su discreción,

diferenció los fondos recibidos por concepto de la Beca Winkler y el

estipendio, los cuales consideró ingresos, de aquellos percibidos

bajo las Becas Leeman y Sheldon, los cuales consideró reembolso de

gastos, rechazando incluirlos como ingresos. Es su contención que

la EPA llegó a estas conclusiones tras examinar la prueba

documental y escuchar la prueba testifical desfilada. Ante ello,

esbozó que el señor De La Cruz López no presentó la grabación de

la vista, tampoco sometió la transcripción de la prueba oral (TPO) ni

ofreció evidencia suficiente para variar la apreciación de la prueba

realizada por el foro primario.

      Por último, defendió las conclusiones del TPI en cuanto a las

tres cuentas bancarias que posee. En primer lugar, expresó que la

cuenta con un balance de $110,000 (Cuenta A) corresponde a una

herencia, lo cual reconoce el propio apelante, y argumentó que, por

ese carácter, la jurisprudencia requiere que dicha cifra no se impute

como ingreso. En segundo lugar, alegó que la cuenta con balance de

$57,000 (Cuenta B) es una cuenta de retiro 401(k), cuyos fondos

fueron acumulados mientras trabajaba por ocho años en Estados

Unidos y cuya utilización está limitada, sujeto a penalidades. Según

arguyó, el foro primario tenía discreción para considerar si esos

bienes eran ingresos y, en el ejercicio de ese poder, concluyó que no

lo eran. En tercer lugar, adujo que la cuenta con balance de $13,000

(Cuenta C) es una cuenta de ahorro para la educación universitaria

del menor o por una emergencia y, por ello, arguyó que no estaría

en el interés óptimo del menor que esos fondos fueran agotados para

su sustento inmediato con el único propósito de disminuir la

aportación del padre.

      El 14 de febrero de 2024, la apelada radicó una Moción

solicitando desestimación por incumplimiento en la que solicitó la

desestimación de la apelación porque el mismo se le notificó después
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de transcurrido el término dispuesto para la presentación del

recurso, en incumplimiento de la Regla 15 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra.

         El 15 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la que

le concedimos al señor De La Cruz López hasta el 20 de febrero de

2024 para exponer su posición sobre la desestimación solicitada.

Empero, dicho término transcurrió sin la comparecencia del

apelante.

                                   III.

                                    A.

         En Puerto Rico, los menores tienen un derecho fundamental

a recibir alimentos, el cual emana de la cláusula constitucional del

derecho a la vida consagrada en el Art. II, Sección 7 de nuestra

Constitución. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Díaz

Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022); De León

Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016); Fonseca

Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011). Por esa

razón, los casos de alimentos están revestidos del más alto interés

público. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra. Estatutariamente,

se reconoce el derecho a recibir alimentos como un derecho

personalísimo, imprescriptible, continuo, indivisible y que no está

sujeto      a   transacción,    renuncia,    gravamen,    embargo     o

compensación. Art. 657 del Código Civil de Puerto Rico de 2020

(Código Civil), 31 LPRA sec. 7535.

         Nuestro Código Civil consigna la obligación de los progenitores

de alimentar a los hijos sujetos a su patria potestad. Véase el Art.

590 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7242. Este es un deber que se ha

reconocido como inherente a la paternidad. De León Ramos v.

Navarro Acevedo, supra.

         Cabe destacar varios de los preceptos principales que estatuye

nuestro Código Civil sobre la pensión alimentaria. En primer lugar,
KLAN202400037                                                        15

se define como alimentos todo lo “[…] indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia”. Art.

653 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7531. Ahora bien, cuando el

alimentista es menor de edad, los alimentos incluyen su educación,

las atenciones de previsión según los usos y circunstancias de su

entorno familiar y social, y los gastos extraordinarios para la

atención de sus condiciones especiales. Íd.

      En segundo lugar, en el caso específico de los progenitores, se

establece que ambos responden solidariamente por los alimentos de

sus hijos y, en caso de que uno incumpla su obligación, el otro puede

iniciar la acción de cobro a nombre del alimentista. Art. 661 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 7544. Si la obligación recae en dos

personas, el pago debe repartirse entre ellas en cantidad

proporcional a sus respectivos caudales. Art. 663 del Código Civil,

31 LPRA sec. 7546. Empero, en el caso particular de los menores de

edad, la cuantía adeudada se fijará siguiendo los criterios

dispuestos en la ley especial complementaria. Art. 666 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 7562. A esos efectos, la Ley Orgánica de la

Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de

diciembre de 1986, según enmendada, (Ley Núm. 5-1986) 8 LPRA

secs. 501 et seq, regula el procedimiento y los criterios para fijar la

cuantía de obligación alimentaria de los progenitores. Más adelante,

pormenorizaremos las disposiciones más relevantes de dicho

estatuto.

      En tercer lugar, el Código Civil establece, respecto a la

modificación de la obligación alimentaria, que la cuantía de los

alimentos se aumentará o reducirá proporcionalmente según

fluctúen las necesidades del alimentista y los recursos del

alimentante. Art. 671 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7567. Si se trata

de un menor de edad, entonces la modificación corresponde
KLAN202400037                                                          16

únicamente cuando median cambios sustanciales que alteran

significativamente las necesidades del alimentista y los recursos del

alimentante. Íd.

                                   B.

      De lo anterior se puede colegir que la determinación sobre la

cuantía de alimentos se guía por un principio de proporcionalidad

entre los recursos del alimentante y las necesidades del que los

recibe. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016

(2010). Así pues, “[c]omo parte del proceso evaluativo, es necesario

determinar tanto la capacidad económica del padre o la madre no

custodio, como la del padre o de la madre custodio, toda vez que

ambos están obligados a prestar alimentos de forma proporcional a

sus recursos”. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág.

171, citando a su vez Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra,

pág. 1018.

      En aras de regular la obligación alimentaria, como se

mencionó anteriormente, se promulgó la Ley Núm. 5-1986, supra,

la ley especial complementaria que dispone los criterios para la

fijación de las pensiones alimentarias. Entre sus disposiciones, el

Art. 2 de la Ley Núm. 5-1986, supra sec. 501, establece las

siguientes definiciones, destacadas por su pertinencia:

      […]
      10. Cuenta — Todo tipo de cuentas de bancos o instituciones
      financieras, reguladas por el Comisionado de Instituciones
      Financieras de Puerto Rico y por las leyes federales que rigen
      sobre la materia, incluyendo cheques, depósitos, ahorros,
      fondos mutuos, pensiones, acciones, bonos, certificados de
      depósitos, reserva de créditos, líneas de crédito, tarjeta de
      crédito o débito y similares.
      […]
      16. Error de hecho — Significa, en el contexto de una revisión
      de una orden del Administrador ante el Juez Administrativo,
      un error en la determinación de la cantidad del pago
      corriente o atrasado de la obligación de proveer alimentos, o
      en la identidad del sujeto que ha sido identificado legalmente
      como alimentante.
      […]
      19. Ingreso neto — Aquellos ingresos disponibles al
      alimentante, luego de las deducciones por concepto de
      contribuciones sobre ingresos, seguro social y otras
      requeridas por ley. Se tomarán en consideración, además, a
      los efectos de la determinación del ingreso neto, las
KLAN202400037                                                          17

      deducciones por concepto de planes de retiro, asociaciones,
      uniones y federaciones voluntarias, así como los descuentos
      o pagos por concepto de primas de pólizas de seguros de vida,
      contra accidentes o de servicios de salud cuando el
      alimentista sea beneficiario de éstos. La determinación final
      se hará según toda la prueba disponible, incluyendo
      estimados, estudios y proyecciones de ingresos, gastos, estilo
      de vida y cualquier otra prueba pertinente.
      20. Ingresos — Comprende cualquier ganancia, beneficio,
      rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o
      compensación por servicios personales, incluyendo la
      retribución recibida por servicios prestados como
      funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto
      Rico; del Gobierno de Estados Unidos de América, el Distrito
      de Columbia; las Islas Vírgenes de Estados Unidos de
      América; o cualquier territorio o posesión sujeta a la
      jurisdicción de Estados Unidos de América, según lo
      permitan las leyes y reglamentos federales aplicables.
      Además, de cualquier estado de Estados Unidos de América,
      o de cualquier subdivisión política de los mismos, o de
      cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las
      mencionadas entidades en cualquiera que sea la forma en
      que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias,
      negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad,
      bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso
      del interés en tal propiedad. Asimismo, contempla los
      derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios de
      sociedad, valores o la operación de cualquier negocio
      explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias,
      beneficios,   rendimientos,     fondos,    emolumentos       o
      compensación derivados de cualquier procedencia,
      incluyendo compensaciones como contratista independiente,
      compensaciones por desempleo, compensaciones por
      incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro
      pago que reciba un alimentante de cualquier persona natural
      o jurídica.
      […]

A su vez, el Art. 3 de la Ley Núm. 5-1986, supra sec. 502, establece

que las disposiciones de dicho estatuto deberán interpretarse

liberalmente a favor de los mejores intereses del menor.

      Por otra parte, el Art. 13 de la Ley Núm. 5-1986, supra sec.

512, establece el procedimiento judicial mediante el que se fijarán

las pensiones, sujeto a que los casos sean evaluados por los EPA.

El EPA “[…] hará determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho y recomendará remedios a un juez del Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior, en cualquier procedimiento referente a

pensiones […]”. Íd. Entre las facultades del EPA se encuentran

tomar juramentos, dirigir y permitir el descubrimiento de prueba,

recibir testimonios y cualquier otra evidencia para establecer un

récord del caso. Íd. Así, recibida y evaluada la evidencia, tiene la
KLAN202400037                                                        18

autoridad para “[…] rendir un informe al tribunal que contenga las

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y sus

recomendaciones relacionadas a fijar, modificar y hacer efectivas

las órdenes de pensión alimenticia [sic] y establecer la filiación”. Íd.

De lo anterior se desprende que, para fines de fijar la fianza, el EPA

evalúa la prueba y toda evidencia pertinente a los ingresos y gastos

de los alimentantes y las necesidades del menor. En base a estas,

tiene discreción para formular determinaciones de hechos y

conclusiones de derecho sobre las que basará su recomendación de

pensión alimentaria al TPI, en conformidad con la legislación y

reglamentación aplicable.

      En estos procedimientos judiciales, “el descubrimiento de

prueba sobre la situación económica del alimentante y alimentista

será compulsorio”. Art. 16 de la Ley Núm. 5-1986, supra sec. 515.

Asimismo, también es compulsoria la presentación de copia

certificada de la planilla de contribución sobre ingresos y

certificación patronal del sueldo o salario, si lo solicita cualquiera

de las partes. Íd. A estos fines, se contempla la preparación de un

formulario que sirva de guía sobre la “información mínima

requerida sobre la situación económica de las partes, las

necesidades del alimentista y la capacidad de pago del alimentante”.

Íd. A este formulario se le conoce como la PIPE y debe ser

completado y juramentado con toda la información requerida,

radicarse en la secretaría del TPI y notificarse a la otra parte con

antelación a la vista de pensión alimentaria. Íd.; véase la nota al

calce 1 en Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406,

407 (1993).

      Por último, la Ley Núm. 5-1986, supra, le ordenó al

Administrador de la Administración para el Sustento de Menores

(ASUME) preparar guías mandatorias para determinar y modificar

las pensiones alimentarias para menores de edad, las cuales
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deberán estar basadas en los ingresos, ganancias y otra evidencia

que refleje la capacidad de pago tanto de la persona custodia como

la no custodia. Art. 19 de la Ley Núm. 5-1986, supra sec. 518. En

cuanto a la determinación de los recursos económicos de los

obligados a alimentar, se dispone que se tomará en consideración:

(1) su ingreso neto ordinario; (2) su capital o patrimonio total; (3) su

historial laboral; (4) evidencia fehaciente de búsqueda de empleo; (5)

escolaridad; (6) destrezas; (7) edad; y (8) salud. Íd. En la misma vena,

pronosticando que utilizar guías mandatorias podría resultar en

situaciones injustas o inadecuadas, el Artículo 19 de la Ley Núm. 5-

1986, supra, también facultó a ASUME y al TPI a determinar la

pensión tomando en consideración:

      1. Los recursos económicos de los padres y del menor;
      2. la salud física y emocional del menor, y sus necesidades y
      aptitudes educacionales o vocacionales;
      3. el nivel de vida que hubiera disfrutado el menor si la
      familia hubiera permanecido intacta;
      4. las consecuencias contributivas para las partes, cuando
      ello sea práctico y pertinente; y
      5. las contribuciones no monetarias de cada padre al cuidado
      y bienestar del menor. Íd.

Al utilizarse este método alterno, los recursos económicos se

calcularán tomando en cuenta el ingreso neto ordinario y el capital

o patrimonio total del alimentante. Fonseca Zayas v. Rodríguez

Meléndez, supra, pág. 638.

      En cumplimiento del mandato de la Ley Núm. 5-1986, supra,

ASUME promulgó las Guías Mandatorias para Computar las

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico (Guías Mandatorias),

Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014. Entre sus

disposiciones, el Art. 7 de las Guías Mandatorias define siete tipos

de ingresos, a saber:

      […]
      16. Ingresos: Comprenden cualquier ganancia monetaria,
      beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales
      o compensación por servicios personales, incluyendo la
      retribución recibida por servicios prestados como
      funcionario o funcionaria o empleado o empleada del Estado
      Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados
      Unidos de América, del Distrito de Columbia, de las Islas
KLAN202400037                                                            20

      Vírgenes de los Estados Unidos de América, o de cualquier
      territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados
      Unidos de América según lo permitan las leyes y reglamentos
      federales aplicables, de cualquier estado de la Unión de los
      Estados Unidos de América, o de cualquier agencia o
      instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas
      entidades o país extranjero en cualquiera que sea la forma
      en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias,
      negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad,
      bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso
      del interés en tal propiedad; también los derivados de
      intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad o
      corporación, valores o la operación de cualquier negocio
      explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias,
      beneficios,    rendimientos,      fondos,    emolumentos       o
      compensación derivados de cualquier procedencia,
      compensaciones        corno      contratista     independiente,
      compensaciones por desempleo, compensaciones por
      incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro
      pago que reciba una persona de cualquier persona natural o
      jurídica.
      17. Ingreso bruto: Se refiere a la totalidad de los ingresos con
      los que cuentan la persona custodia y la persona no custodia
      con anterioridad a descontarse las deducciones mandatorias
      y las deducciones aceptadas.
      18. Ingreso imputado: Ingreso que el juzgador o la juzgadora
      le atribuye a la persona custodia o a la persona no custodia
      que se tomará en consideración al momento de determinar
      la pensión alimentaria para beneficio de un o una menor de
      edad.
      19. Ingreso neto: Aquellos ingresos disponibles al
      aumentante, luego de las deducciones por concepto de
      contribuciones sobre ingreso, seguro social y otras
      requeridas mandatoriamente por ley. Se tomarán en
      consideración, además, a los efectos de la determinación del
      ingreso neto, las deducciones por concepto de planes de
      retiro, asociaciones, uniones y federaciones voluntarias, así
      como los descuentos o pagos por concepto de primas de
      pólizas de seguros de vida, contra accidentes o de servicios
      de salud cuando el o la alimentista sea beneficiario o
      beneficiaria de estos. La determinación final se hará según
      toda la prueba disponible, incluyendo estimados, estudios y
      proyecciones de ingresos, gastos, estilo de vida y cualquier
      otra prueba pertinente.
      20. Ingreso neto combinado: Es la suma del ingreso neto
      mensual de la persona custodia y el de la persona no
      custodia y, cuando ello aplique, el ingreso neto mensual de
      sus respectivos cónyuges.
      21. Ingreso no recurrente: Ingreso que cualquiera de las
      personas recibe una vez sin la expectativa de volver a
      recibirlo.
      22. Ingreso periódico no frecuente: Ingreso que cualquiera de
      las personas recibe o recibirá periódicamente, pero con una
      frecuencia que excede los treinta y seis (36) meses.
      […] Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, Art.
      7, págs. 6-8.

      Por un lado, el inciso (e) del Artículo 9 de las Guías

Mandatorias prescribe que, cuando las personas reciban ingresos

no recurrentes, el juzgador los tomará en consideración para el año

en el que la persona los recibió. Reglamento Núm. 8529 de 30 de

octubre de 2014, Art. 9, págs. 14-15. En estos casos, el juzgador
KLAN202400037                                                           21

deberá computar una pensión alimentaria para el año en que se

considerarán los ingresos no recurrentes y otra pensión a partir del

momento en el que los ingresos de la persona no incluirán el ingreso

no recurrente. Íd.

      Por el otro, el Art. 10 establece que se podrá imputar ingresos

a la persona custodia o no custodia cuando existan indicios de que

su ingreso es mayor al informado, cuando trabaje a tiempo parcial,

reciba un ingreso mensual bruto menor al salario mínimo federal, o

esté desempleada. Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de

2014, Art. 10, pág. 15. A su vez, el Art. 12 de las Guías Mandatorias

dispone, respecto a la cantidad de ingreso que se imputará en cada

caso, lo siguiente:

      (4) En los casos en los que la persona custodia o la persona
      no custodia se encuentre estudiando a nivel universitario, el
      juzgador o la juzgadora tomará en consideración lo que
      resulte mayor entre el ingreso mensual que la persona
      obtenga de cualquier trabajo u oficio al cual se dedique
      conforme con las disposiciones federales o estatales sobre
      salario para dicho trabajo u oficio o el salario mínimo federal
      prevaleciente en Puerto Rico a base de no menos de treinta
      (30) horas semanales. El juzgador o juzgadora deberá tomar
      en consideración los siguientes factores al momento de
      determinar si procede aplicar esta regla y no la regla general
      en cuanto a la imputación de ingresos: (a) si la persona
      custodia o no custodia es aún menor de edad, (b) si la
      persona ya cuenta con un grado académico o título
      profesional, (c) si la persona ha decidido reducir su carga de
      trabajo para obtener determinado grado académico; (d) la
      carga académica que de conformidad con el programa de
      clase la persona custodia o la persona no custodia tiene
      como estudiante; (e) si la persona puede estudiar durante un
      horario nocturno; (f) la prueba que demuestre que la persona
      no puede acceder a un trabajo a tiempo completo por la carga
      académica con la que debe cumplir; (g) la prueba en cuanto
      a que la persona ha realizado la búsqueda de empleo
      pertinente para poder acceder a un trabajo a tiempo
      completo y cumplir con su responsabilidad como estudiante,
      y (h) el término que le resta para obtener el grado o título.
      Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, Art. 12,
      págs. 19-20.

      Ahora bien, en los casos que no aplique la imputación, para

obtener el ingreso neto mensual – base para la fijación de la pensión

alimentaria – el Art. 13 de las Guías Mandatorias faculta el cómputo

del ingreso neto mensual, el cual se obtiene restando las

deducciones mandatorias y las aceptadas al ingreso bruto anual;
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ese resultado se divide entre los doce (12) meses del año. Reglamento

Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, Art. 13, pág. 20. En cuanto a

deducciones por concepto de plan de retiro, el referido artículo obliga

a los Examinadores a contemplar si el alimentista es beneficiario del

mismo, tomando en cuenta los siguientes factores para determinar

la cantidad a deducir: (1) la fecha en que las parte solicitó la pensión

alimentaria; (2) la fecha en que la persona ingresó en el plan de

retiro; (3) las cantidades que la parte aportaba; (4) quiénes han sido

o son beneficiarios del plan; y (5) la fecha desde la cual el alimentista

es beneficiario. Íd.

      Por último, para determinar la proporción que le corresponde

a cada una de las partes, el Artículo 16 de las Guías Mandatorias

requiere que se divida el ingreso neto mensual de cada una por el

ingreso neto mensual combinado de ambas partes. Reglamento

Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, Art. 16, pág. 24. El resultado

porcentual será la proporción en la que cada parte deberá responder

por los alimentos en beneficio del menor. Íd.

                                   C.

      En los pasados años, nuestro Tribunal Supremo ha tenido la

oportunidad de resolver si ciertas partidas, bienes o fondos

constituyen ingreso al amparo de la Ley Núm. 5-1986, supra, y las

Guías Mandatorias. En Llorens Becerra v. Mora Monteserín,

supra, examinó si la capitalización producto del refinanciamiento de

un préstamo con garantía hipotecaria constituía ingreso y concluyó

que no. En Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, evaluó

si los bienes que un alimentante adquiere por herencia deben

considerarse como ingreso y resolvió que no. En Serrano

Maldonado v. Molina Figueroa, 201 DPR 685 (2019), analizó si

una pensión por incapacidad de un veterano debía entenderse como

ingreso y determinó que sí, estimando que su inclusión no

contravenía legislación federal alguna. En Franco Resto v. Rivera
KLAN202400037                                                      23

Aponte, 187 DPR 137 (2012), interpretó que el dinero recibido como

premio de la Lotería Tradicional de Puerto Rico y el pago por dieta y

millaje recibido por el alimentante de parte de su patrono

constituían ingresos.

      Para llegar a las anteriores conclusiones, nuestro más alto

foro ha delineado diversas pautas a seguir al momento de evaluar

qué constituye ingreso al amparo de la Ley Núm. 5-1986, supra, y

las Guías Mandatorias. Entre ellas que, aunque el concepto ingreso

es abarcador y requiere una interpretación amplia a favor del

derecho de recibir alimentos, las “inclusiones al amparo de este

concepto deben, a su vez, representar ganancias, beneficios,

rendimiento o frutos con los que realmente cuente el alimentante,

de forma tal que se establezca una pensión justa y razonable”.

(Énfasis nuestro). Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra,

pág. 1025. Asimismo, la inclusión de ciertas partidas deberá

responder al principio de proporcionalidad. Íd., pág. 1025. También,

algunas circunstancias – e. g. las obligaciones prestatarias del

alimentante – pueden ser factores al fijar una pensión si son

indicativas de que el ingreso o la capacidad económica del obligado

son superiores a lo informado. Íd., pág. 1026. Por último, la

jurisprudencia también es clara en que la designación de una

cuantía como parte de los ingresos de los obligados no implica que

no sea posible demostrar lo contrario. Franco Resto v. Rivera

Aponte, supra, pág. 157. Este es el caso de cantidades recibidas por

concepto de reembolso de gastos relacionados con el empleo que le

corresponden al patrono. Íd. En esas instancias, no deberá

catalogarse como ingreso que enriquece al alimentante. Íd.

                                 D.

      Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir

con las determinaciones de hechos de los tribunales de primera

instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el
KLAN202400037                                                     24

valor probatorio conferido a la prueba presentada en sala. González

Rivera v. Robles      Laracuente, 203 DPR 645, 665 (2019)

(Resolución), Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado

señor Feliberti Cintrón; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR

750, 770-771 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177

DPR 345, 356 (2009). Ello, salvo que se demuestre que el Tribunal

de Primera Instancia incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto. Íd. Esta norma de deferencia judicial está apoyada

en que la tarea de apreciación de la prueba testifical está llena de

elementos subjetivos y es el foro de primera instancia quien está en

mejor posición para aquilatarla. González Rivera v. Robles

Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967,

986-987 (2010); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

771; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). Los foros apelativos

solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”. González Rivera

v. Robles Laracuente, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280,

291 (2001) citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR

721, 728 (1984). Por lo cual, las decisiones del tribunal de primera

instancia están revestidas de una presunción de corrección. López

García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v.

González Rodríguez, 149 DPR 859 (1999).

      A tenor con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 42.2, dispone que “[l]as determinaciones de hechos

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que

sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la

credibilidad de las personas testigos”. Sólo podremos intervenir con

estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

prueba. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR

746 (2011). Por tal razón, se ha establecido que, en ausencia de
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prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, de

ordinario, el pronunciamiento del tribunal de primera instancia será

sostenido en toda su extensión por el tribunal intermedio. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).

        Al respecto, “[u]n tribunal puede incurrir en abuso de

discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho

material; cuando el juez le concede demasiado peso a un hecho

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del

caso,    hace   un    análisis   liviano   y la    determinación     resulta

irrazonable.” Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018);

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). Por otra

parte, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR

834, 859 (2018), resolvió que:

        […] un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si
        actúa “movido por inclinaciones personales de tal intensidad
        que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto
        a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento,
        sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de
        que se someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez
        Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).
               Por otro lado, enunciamos que se consideran
        claramente erróneas las conclusiones del foro revisado “si de
        un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal
        queda convencido de que se cometió un error, […] [porque]
        las conclusiones están en conflicto con el balance más
        racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia
        recibida”. Íd., pág. 772, al citar a Abudo Servera v. A.T.P.R.,
        105 DPR 728, 731 (1977).
               Es decir, consideramos que se incurre en un error
        manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia
        de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o
        increíble”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002).
               Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe
        nuestra facultad para sustituir el criterio del foro primario a
        escenarios en que de la prueba admitida no exista base
        suficiente que apoye tal determinación. Íd.

        Ahora bien, la alegación de una parte de que el foro primario

cometió error no debe hacerse ligeramente. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, supra, pág. 775. Así pues, la parte que “señale

que el juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente […].” Íd. Es decir,
KLAN202400037                                                      26

quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es,

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).

                                 E.

      Tanto la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de

los Estados Unidos protegen a toda persona de ser privada de su

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7,

Const. ELA, LPRA, Tomo I; Enmiendas V y XIV, Const. EE. UU.,

LPRA, Tomo I. Entre los principios fundamentales del debido

proceso de ley, la jurisprudencia federal ha incluido los siguientes

requisitos: (1) notificación adecuada del proceso; (2) un proceso ante

un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en su

contra; (5) tener asistencia de abogado; y (6) que la decisión se base

en el récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR

881, 889 (1993).

                                 IV.

      El caso de marras nos presenta la encomienda de determinar

si procede una pensión alimentaria concedida en base a un informe

emitido por la EPA, un año después de celebrada la vista de pensión

alimentaria. También, debemos resolver si, al conceder la pensión

alimentaria, se computó correctamente el ingreso de la apelada, toda

vez que algunas partidas fueron consideradas y otras, descartadas.

      En la Resolución sobre Pensión Alimentaria apelada, el TPI

acogió el Informe de Pensión Alimentaria emitido por la EPA e impuso

la pensión alimentaria recomendada. En el Informe de Pensión

Alimentaria, la EPA detalló pormenorizadamente las bases que

utilizó para calcular el ingreso mensual de cada una de las partes.
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En cuanto a la apelada, sumó las cantidades percibidas por

concepto de estipendio y la Beca Winkler, utilizando un promedio de

los años anteriores. Específicamente, sobre esta beca, expresó:

       […] Recibe la beca Winkler, esta beca tiene como requisitos
       que la persona tenga buen "standing" y debe estar soltera.
       Para solicitarla tiene que presentar un “Budget[”] de los
       gastos de ella y del menor. La cantidad varía, pero la ha
       recibido todos los años. El primer año (2019) recibió
       $20,000; el segundo año (2020) recibió $23,550; el tercer año
       (2021), $26,200.00; el cuarto año (2022), $29,000. Con esta
       beca cubre el gasto de vivienda $2,388.00 mensuales.39

Ahora bien, excluyó del cómputo dos becas, la Leeman y la Sheldon,

en consideración de las características de cada una. Sobre estas, el

informe dispuso lo siguiente:

               Estas dos becas son para investigación en Chile,
       Argentina, Brazil y México. Únicamente puede utilizarse en
       estos países para cubrir estadía, pasajes aéreos y local,
       libros, plan médico internacional, fotocopias, traslados,
       museos, adapters. La Sra. Crespo tiene la obligación de
       justificar su uso y para ello debe registrar su uso en dos
       plataformas y presentar dos informes.
               El dinero que no se utilice con este propósito tiene que
       ser devuelto. La Sra. Crespo ya comenzó la investigación.
       […]40

Según surge claramente del expediente del caso, la señora Crespo

Claudio acreditó repetidamente el carácter de estas becas a lo largo

del trámite procesal del caso.41

       Por último, respecto a las cuentas bancarias de la apelada, la

EPA consignó lo siguiente:

       La Sra. Crespo tiene una cuenta para [la] educación
       universitaria del menor en la cual tiene ahorrado
       $14,000.00. Tiene una cuenta de cheque (corriente) en la que
       recibe becas y su estipendio cuando ejerce como asistente de
       profesor. En este momento tiene $18,000.00. En las
       preguntas dirigidas durante el contrainterrogatorio se
       mencionó una cuenta de ahorro abierta para depositar una
       herencia de su madre, $100.000.00. En relación a [e]sta
       última cuenta no se ofrecieron detalles adicionales y aunque
       hubiésemos podido considerar la figura de imputación no se
       nos puso en posición para ello.42

       En desacuerdo, el señor De La Cruz López arguyó que la

dilación de la EPA en emitir el Informe de Pensión Alimentaria fue

39 Íd., Anejo V, pág. 12.
40 Íd., págs. 11-12.
41 Véanse Apéndice de la Oposición a apelación, Anejo III, págs. 6, 10; Anejo V,

págs. 17-19; Anejo IX, pág. 28. Véase Apéndice de la apelación, Anejo XI, pág. 34.
42 Íd., pág. 12.
KLAN202400037                                                          28

injustificada, en detrimento de sus derechos fundamentales, y que

la pensión alimentaria fijada no era razonable porque existía una

discrepancia injustificada entre el ingreso de la apelada que la EPA

consideró al fijar la pensión provisional en 2021 y el ingreso que

estimó para calcular la pensión final.

      Entretanto,   en   defensa     de    la    Resolución   de   Pensión

Alimentaria, la señora Crespo Claudio argumentó que la EPA calculó

correctamente los ingresos de las partes, ejerciendo de forma

fundamentada su poder de discreción para diferenciar entre las

diversas partidas percibidas por la apelada. En esencia, planteó que

el expediente demuestra cómo su ingreso fluctuaría durante sus

estudios, el carácter de cada una de las becas y las características

de las tres cuentas bancarias que ostenta. A su entender, el señor

De La Cruz López no presentó evidencia para contradecir la

apreciación de la prueba desfilada. A la misma vez, esbozó que las

cuentas   no   debían    reputarse        como    ingreso,    puesto   que

correspondían a una herencia, una cuenta de ahorros para el retiro

y una cuenta de ahorros para la educación universitaria del menor

o para emergencias.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente,

en correcta práctica adjudicativa apelativa, resolvemos que el TPI no

incidió en los errores señalados. La Resolución sobre Pensión

Alimentaria apelada es correcta en derecho.

      Respecto al primer señalamiento de error, si bien el señor De

La Cruz López mencionó que sus derechos fundamentales se vieron

afectados, prescindió de argumentar sobre ello y precisar cómo le

afectó la demora. En esencia, no especificó qué daño le produjo la

dilación. Por el contrario, limitó su argumentación a expresar que

los derechos lacerados eran tan sencillos que no requerían abundar

sobre ellos. También, no alegó que las circunstancias contempladas

por la EPA hayan cambiado sustancialmente durante el periodo de
KLAN202400037                                                              29

tiempo en que se demoró la emisión del Informe de Pensión

Alimentaria. Tampoco consta en el expediente gestión alguna del

apelante para poner fin a la dilación, lo cual contrasta con los

repetidos esfuerzos de la señora Crespo Claudio. Más allá, resulta

palmario que se observaron los requisitos impuestos por el debido

proceso de ley, toda vez que las partes fueron notificadas del

procedimiento, tuvieron amplia oportunidad de ser oídas ante un

juez          imparcial,     presentaron      e    impugnaron       prueba,

contrainterrogaron testigos, estuvieron representados por abogados

y la determinación final se basó en el récord que obra en el

expediente.

            En todo caso, lo que surge del expediente es lo contrario.

Quien más se vio afectada por la dilación fue la señora Crespo

Claudio, puesto que asumió una proporción mayor de la carga

económica del sustento del menor de la correspondiente. Es decir,

producto de que el señor De La Cruz López estuvo sujeto por un año

a      la      pensión     alimentaria     provisional,   cuyo    pago    es

considerablemente bajo comparado con la realidad económica

desfilada ante la EPA en la vista para pensión alimentaria, la

apelada se vio forzada a sobrellevar una carga económica

desproporcionada.

            En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que el apelante

no nos puso en posición de evaluar el primer error señalado y, más

aún, que se respetaron todas las exigencias del debido proceso de

ley.

            Ahora bien, respecto al segundo planteamiento, el señor De

La Cruz López levantó una serie de señalamientos para impugnar el

cómputo que hizo la EPA del ingreso de la señora Crespo Claudio.

Primero, denunció que la EPA no consideró la totalidad del

expediente, ni revisó la grabación de la vista. Sin embargo, el

apelante no sometió transcripción alguna de la prueba testifical
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desfilada para sustentar sus imputaciones. Segundo, arguyó que la

EPA excluyó las becas Winkler, Sheldon y Leeman porque no se

habían concedido, pese a que quedó probado que luego las recibió.

No obstante, huelga destacar que, como se desprende del

expediente, la EPA incorporó la Beca Winkler en el cómputo y

fundamentó las razones por las que rechazó incluir las becas

Sheldon y Leeman. Tercero, esbozó que la EPA no recibió evidencia

de que la apelada devolvió los fondos ni los excluyó de su PIPE.

Empero, la devolución de los fondos no es una condición sine qua

non para rechazar la consideración de estos como ingreso. A su vez,

no surge del derecho aplicable que sea necesario que la señora

Crespo Claudio excluyera los fondos de su PIPE. Todo lo contrario,

hizo lo correcto en incluirlos y luego solicitar que se excluyeran de

la consideración de su ingreso para efectos de la pensión alimentaria

final.

         No resulta convincente el planteamiento general del señor De

La Cruz López sobre las becas que la EPA no consideró como

ingreso. Adviértase que para que las becas sean consideradas

ingresos deben representar ganancias, beneficios, rendimientos o

frutos con los que realmente cuente el alimentante. Lo contrario

provocaría establecer una pensión injusta e irrazonable, en violación

del principio de proporcionalidad que permea en la Ley Núm. 5-

1986, supra, las Guías Mandatorias y la jurisprudencia que las

interpreta. Por ello, si la partida en cuestión se asemeja al reembolso

de gastos relacionados con el empleo, entonces no debe catalogarse

como ingreso. Tal es el caso de las Becas Leeman y Sheldon. Según

surge del expediente, así como interpretaron la EPA y el TPI, los

fondos que recibe la apelada por vía de estas becas no son de su

libre disposición. Las becas únicamente pueden ser utilizadas para

ciertos gastos incurridos por la señora Crespo Claudio en Chile,

Argentina, Brazil y México en su investigación doctoral. Para
KLAN202400037                                                      31

conseguir su reembolso, la apelada debe registrar, acreditar y

justificar el uso de los fondos. Estas becas, a diferencia del

estipendio y la Beca Winkler, no representan ganancias o beneficios

con los que realmente cuenta la señora Crespo Claudio. Por el

contrario, se asemejan más al reembolso de gastos relacionados con

el empleo que le corresponden al patrono; en este caso, a la

universidad.

      Finalmente, el señor De La Cruz López argumentó que los

balances de tres cuentas bancarias de la apelada eran sospechosos

y debían ser considerados en el cálculo del ingreso de esta. Según la

Resolución sobre Pensión Alimentaria apelada, la señora Crespo

Claudio tenía tres cuentas de banco: una con fondos provenientes

de una herencia de su madre, la Cuenta A; una de ahorro para la

educación universitaria del menor, la Cuenta C; y una corriente en

la que recibe las becas y el estipendio. Según reclama el señor De

La Cruz, la apelada también poseía una cuenta de retiro 401(k), la

Cuenta B. Es su posición que los balances de la Cuenta A, la Cuenta

B y la Cuenta C debían imputársele al ingreso de la apelada. En

oposición, la señora Crespo Claudio arguye que no procedía la

imputación de ninguno de los balances. Es su contención que la

Cuenta A no constituye ingreso por tratarse de una herencia; que

considerar que el balance de la Cuenta C es ingreso o parte del

caudal de la apelada representaría una desventaja para el menor; y

que la EPA ejerció correctamente su discreción de no imputar los

fondos guardados en la Cuenta B, cuyo balance representa los

ahorros para el retiro que la apelada acumuló durante ocho (8) años

de trabajo.

      Ahora bien, no estamos ante uno de los casos en los que las

Guías Mandatorias exigen la imputación de ingresos. La EPA tuvo

ante sí todos los elementos para considerar los ingresos de ambas

partes y explicó su recomendación de forma fundamentada. Más
KLAN202400037                                                             32

aún, tomó en consideración los ingresos según es requerido por la

Ley Núm. 5-1986, supra, y las Guías Mandatorias, toda vez que

calculó   como    ingresos    las    ganancias    derivadas    de   sueldo,

estipendio, y los beneficios, la Beca Winkler, que percibió la señora

Crespo Claudio. Así, aún si hubiese tenido elementos suficientes

para considerar la Cuenta A, los fondos provenientes de dicha

cuenta bancaria debían ser descartados del cómputo por tratarse de

una herencia, conforme a Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez,

supra. Igualmente, resulta palmario que considerar la Cuenta C

como ingreso de la apelada sería adverso al interés óptimo del

menor, puesto que es una cuenta de ahorros para estudios

universitarios cuyo único beneficiario es el menor. Por último, la

EPA estimó correctamente que no procedía imputar el balance de la

Cuenta B como ingreso de la apelada. Visto de este modo, no

encontramos razón para intervenir con la deferencia que le debemos

al foro primario en esta instancia.

       Adviértase que el apelante no presentó una TPO, a pesar de

que hace referencia a los testimonios orales desfilados en la vista

ante la EPA.

       Las anteriores conclusiones evitan lesionar el principio de

proporcionalidad que permea en nuestra jurisdicción al fijar la

pensión alimentaria. Considerar las becas excluidas y las cuentas

bancarias en cuestión como ingresos con los que realmente cuenta

la señora Crespo Claudio provocaría la imposición de una pensión

alimentaria injusta, irrazonable y desproporcionada

       Por todo lo anterior, corresponde confirmar la Resolución

sobre Pensión Alimentaria apelada.43

43 La moción de desestimación incoada por la apelada se torna académica, ante

la determinación que hemos tomado.
KLAN202400037                                                       33

                                 V.

      Por   los   fundamentos   pormenorizados,    se   confirma    la

Resolución sobre Pensión Alimentaria apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones