Court Opinion

ID: 9952381
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:57.138146+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:06.139297
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

CARLOS M. RODRÍGUEZ                               Certiorari
RIVERA, ET. AL.                                   procedente del
                                                  Tribunal de
        Peticionarios                             Primera Instancia,
                                                  Sala de Superior
                                    KLCE202400160 de Arecibo
               v.

                                                   Caso Núm.
IVÁN N. RIVERA ORTIZ                               CPE2011-0371

           Recurrido
                                                   Sobre:
                                                   Acción de Deslinde

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                              R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

                                         I.

       El 8 de febrero de 2024, la parte peticionaria de epígrafe

presentó una Petición de certiorari en la que solicitó que revoquemos

una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI o foro primario) el 10 de

enero de 2024, notificada y archivada en autos ese mismo día.1

Mediante el dictamen, el TPI denegó una solicitud de la parte

peticionaria para la contratación de un nuevo perito agrimensor en

la acción de deslinde que promueve contra el señor Iván N. Rivera

Ortiz (señor Rivera Ortiz o recurrido).

       Al mismo tiempo, radicó una Moción urgente en solicitud de

auxilio a la jurisdicción y en solicitud de paralización de

procedimientos en la que informó que el caso tenía señalado juicio

en su fondo para los días 22 al 25 de abril de 2024 y, por

1 Véase Apéndice de la Petición de certiorari.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400160                                                                 2

consiguiente, solicitó que paralizáramos los procedimientos ante el

foro primario.

       Como cuestión de umbral, la Regla 7 (B) (5) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), nos

confiere la facultad para prescindir de escritos en cualquier caso

ante nuestra consideración, con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho. Al amparo de ello, dadas las particularidades

de este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte

recurrida.

       En adelante, pormenorizamos los hechos procesales más

relevantes a la petición de Certiorari.

                                      II.

       El caso de marras tuvo su génesis el 29 de diciembre del 2011

cuando la parte peticionaria radicó una Demanda sobre acción de

deslinde en contra del recurrido. Desde ese entonces, el pleito ha

tenido una vasta y accidentada historia procesal, cuyo trámite

resulta innecesario pormenorizar en esta ocasión.

       Resulta menester resaltar que, el 19 de julio de 2017, el TPI

emitió una Sentencia en la que declaró No Ha Lugar la Demanda por

entender que la acción de deslinde era innecesaria. Inconforme, la

parte peticionaria apeló la decisión. Al recurso se le asignó el

alfanumérico KLAN201701224.

       Posteriormente, el 22 de junio de 2020, un panel hermano de

este tribunal emitió una Sentencia en la que revocó al TPI y le ordenó

llevar a cabo la acción de deslinde.2

       Devuelto el caso al foro primario, el 13 de julio de 2021, se

celebró una vista sobre el estado de los procedimientos.3 En esa

2 Véase la Sentencia del 22 de junio de 2020 en el KLAN201701224.
3 Este dato, así como el subsiguiente recuento, se desprenden de la Resolución y

Orden recurrida.
KLCE202400160                                                         3

vista, entre otras cosas, la parte peticionaria indicó que su perito era

el agrimensor William R. Torres Ramírez (señor Torres Ramírez).

      El 28 de octubre de 2021, se celebró otra vista sobre el estado

de los procedimientos. En esa ocasión, la parte peticionaria reiteró

que utilizaría al señor Torres Ramírez como perito. El foro primario

concedió hasta el 3 de marzo de 2022 para culminar el

descubrimiento de prueba y señaló fecha para llevar a cabo la

Conferencia con Antelación a Juicio.

      El 26 de abril de 2022, se celebró la conferencia con

antelación a juicio y, en lo pertinente, la parte peticionaria informó

el Informe Pericial del señor Torres Ramírez no estaba disponible.

Por ello, el TPI le concedió a la parte peticionaria sesenta (60) días

para rendir el informe de su perito. Además, ambas partes

expresaron que no estaban listos para la vista y, por ello, el foro

primario señaló una segunda vista de conferencia con antelación a

juicio el 24 de agosto de 2022.

      Según consigna el TPI en su Resolución y Orden, el 28 de julio

de 2022, el señor Rivera Ortiz informó al foro primario que la parte

peticionaria incumplió con la orden de presentar el Informe Pericial.

En consecuencia, el TPI le impuso una sanción económica a la

representación de legal de la parte peticionaria y le concedió un

término de veinte (20) días para cumplir, sujeto a que no se

permitiera la presentación del perito ante su incumplimiento. Sin

embargo, dicha orden no se notificó a la parte peticionaria.

      El 24 de agosto de 2022, se celebró una segunda vista de

Conferencia Con Antelación a Juicio en la que se realizó un recuento

del prolongado tracto procesal del caso. El TPI reiteró que, conforme

a su orden del 8 de agosto de 2022, la parte peticionaria tenía hasta

el 28 de agosto de 2022 para presentar el Informe Pericial y advirtió

que un incumplimiento con esa orden provocaría la exclusión del

perito. En vista de lo anterior, extendió el descubrimiento de prueba
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al 16 de diciembre de 2022 y recalendarizó, por tercera ocasión, la

conferencia con antelación a juicio para el 25 de enero de 2023.

       El 25 de enero de 2023, la representación legal de la parte

peticionaria informó que uno de los demandantes había fallecido y

solicitó la sustitución de la parte fenecida. Luego de conceder un

término para la sustitución y de que se completara la misma, el TPI

señaló la vista para el 15 de agosto de 2023.

       Empero, ante el fallecimiento de otro demandante, el TPI

concedió término adicional para su sustitución. Completada la

misma, el foro primario señaló la vista de conferencia con antelación

a juicio para el 9 de enero de 2024. Esto es, un año y cuatro meses

después de que se le concedió un término final a la parte

peticionaria para entregar el Informe Pericial del señor Torres

Ramírez.

       El 9 de enero de 2024, se celebró, por cuarta ocasión, la

conferencia con antelación a juicio. En esta ocasión, la parte

peticionaria informó que no tenía comunicación con el señor Torres

Ramírez, quien estaba incapacitado y cuya licencia estaba

cancelada. En consecuencia, solicitó que se le permitiera contratar

un nuevo perito. Ello, suscitó la oportuna objeción del recurrido.

       El 10 de enero de 2024, el TPI emitió la Resolución y Orden

recurrida en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte

peticionaria de contratar un nuevo perito.4 Consideró el foro

primario que le          brindó a la parte       peticionaria suficientes

oportunidades para entregar el Informe Pericial sin que lo hiciera.

Más aún, puntualizó que la parte peticionaria no cumplió con las

órdenes del TPI, ni realizó la mensura interesada y, por ello, fue

sancionada económicamente y apercibida de las consecuencias de

su incumplimiento.

4 Véase Apéndice de la Petición de certiorari.
KLCE202400160                                                                  5

       El 8 de febrero de 2024, la parte peticionaria presentó Petición

de epígrafe en la que solicitó que revoquemos la Resolución y Orden

y le imputó al foro primario la comisión del siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar “No Ha
       Lugar” la solicitud para la contratación de un nuevo perito
       agrimensor.

Para apoyar su señalamiento, la parte peticionaria argumentó que

la denegatoria de contratar un nuevo perito le dejaba sin evidencia

para probar su caso. También, adujo que el TPI no consideró que los

problemas con el señor Torres Ramírez fueron anunciados en las

vistas celebradas y en algunas mociones radicadas.5 De igual

manera, planteó que el señor Torres Ramírez acudió a la vista del

24 de agosto de 2022 e informó que necesitaba más tiempo para

preparar el Informe Pericial. Además, alegó que existe un documento

de una página, preparado por el señor Torres Ramírez, en el que se

expresó la opinión profesional del perito sobre el camino en

controversia. No obstantes, según sus propias expresiones, se

desconoce el paradero de ese documento. Por último, resumió sus

gestiones para localizar al señor Torres Ramírez de la siguiente

forma:

       La parte demandante estuvo activamente tratando de
       localizar al perito William Torres y no daba con su
       paradero. La parte demandante se personó al lugar
       donde estaba ubicada la oficina del perito la cual se
       encontraba cerrada. De igual manera, fue al complejo
       de vivienda de éste y le informaron que ya no residía en
       el lugar. En diciembre de 2023, la parte demandante se
       encontró en el pueblo de Ciales con un antiguo
       empleado del perito quien le informó que alegadamente
       [sic] este había sido diagnosticado con "Alzheimer" y la
       familia se había hecho a cargo de su persona.

       También, radicó una Moción urgente en solicitud de auxilio a

la jurisdicción y en solicitud de paralización de procedimientos en la

que solicitó que paralizáramos los procedimientos ante el foro

primario.

5 Es de notar que en el Apéndice constan algunas mociones presentadas por la

parte peticionaria inadecuadamente identificadas. Aun           considerando   su
contenido, el mismo no altera la disposición de este recurso.
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                                       III.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite       a   un   tribunal     de    mayor      jerarquía      revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,6

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank

v. ZAF Corporation, et als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla

delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para

atender un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de

dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun.

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703 (2019). Nuestro rol

al atender recursos de certiorari descansa en la premisa de que es el

foro de instancia quien está en mejor posición para resolver

controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y en la cautela

6 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
       a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
       (Énfasis nuestro).
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que debemos ejercer para no interrumpir injustificadamente el

curso corriente de los pleitos que se ventilan ante ese foro. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.7

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

7 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
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724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                 IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la petición de

certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no atisbamos motivo o error alguno que amerite                nuestra

intervención con el manejo del caso que ha establecido el TPI. La
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determinación del foro primario es esencialmente correcta en

derecho. La parte peticionaria tuvo suficiente tiempo y amplias

oportunidades para cumplir con las órdenes del foro primario y no

cumplió. Pese a las reiteradas advertencias del foro primario,

incumplió obstinadamente.

                                  V.

      Por las razones expuestas, se deniega la expedición del auto

de certiorari. Así dispuesto, la Moción en auxilio del Tribunal se torna

académica y no requiere nuestra adjudicación.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones