Court Opinion

ID: 9913994
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-12-29 13:11:55.931724+00
Date Added: 2024-06-11T13:09:47.418114
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  St. James Security Services, LLC

               Recurrida                       Certiorari

                   v.                        2023 TSPR 149

   Autoridad de Energía Eléctrica;           213 DPR ___
       O’Neil Security Systems

             Peticionarios

Número del Caso:   CC-2022-0796

Fecha:   22 de diciembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

          Panel III

Abogado de la parte peticionaria:

          Lcdo. Juan R. González Galarza

Abogados de la parte recurrida:

          Lcdo. Carlos A. Steffans Guzmán
          Lcdo. Anthony A. Maceira Zayas

Materia:    Derecho Administrativo – Servicios de vigilancia y
protección que se exigen en las facilidades de la Autoridad de
Energía Eléctrica deben considerarse servicios profesionales para
efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services,
LLC

     Recurrida                              CC-2022-0796              Certiorari

         v.

Autoridad de Energía Eléctrica;
O´Neil Security Systems

    Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

                    En San Juan, Puerto Rico a 22 de diciembre de 2023.

                          En el presente caso nos corresponde determinar

                    si, debido a determinados requerimientos estatales y

                    federales,         ciertos     servicios     de     vigilancia      y

                    protección que se exigen en las facilidades de la

                    Autoridad     de    Energía    Eléctrica     deben    considerarse

                    servicios profesionales.

                          Adelantamos que, tras un ponderado y cuidadoso

                    análisis del expediente ante nuestra consideración,

                    así    como        de    las     disposiciones        legales      y

                    jurisprudenciales        aplicables,       hemos    llegado    a   la

                    conclusión de que los referidos servicios, en efecto,

                    son servicios profesionales y, como consecuencia de
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ello,    en   los   trámites    relacionados    con   los   mismos,    --

particularmente, lo relacionado a los procesos de subastas o

requerimiento de propuestas, y sus respectivas revisiones

administrativas y judiciales --, le es de aplicación lo

dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Gobierno de Puerto Rico, infra. Veamos.

                                    I.

        Allá para el 9 de noviembre de 2021, la Autoridad de

Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante, “AEE”) publicó

en   ciertos    boletines      el   Request   for   Proposal   (RFP)       o

requerimiento de propuestas número 00003252 (en adelante,

“RFP”). Esto tenía la intención de recibir propuestas para

servicios de vigilancia y seguridad en diversas instalaciones

pertenecientes a la referida corporación pública.

        Así las cosas, y luego de transcurrido el término para

que los interesados en ofertar aclararan sus dudas sobre el

alcance de los servicios solicitados, el 1 de diciembre de

2021 se llevó a cabo la apertura del RFP. En ese contexto,

comparecieron como licitadores diversas compañías que se

dedican a ofrecer los servicios de vigilancia y seguridad

requeridos, entre las cuales se encontraba St. James Security

Services, LLC (en adelante, “St. James Security”).

        Habiendo comparecido los licitadores interesados, el 8

de diciembre de 2021 el Comité Técnico Evaluador de la AEE

emitió el Informe [de] evaluación técnica [de los] servicios

de vigilancia y protección [en la] región norte - subasta

00003252 de rigor.        En éste, los miembros del mencionado
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Comité realizaron una primera evaluación de las propuestas

presentadas       y   proveyeron    su   recomendación   al   Comité   de

Subastas de la AEE.

        A esos efectos, en el Informe en cuestión se hizo

constar que los servicios a contratar eran requeridos en,

        la Región Norte [que] incluyen las Centrales Palo
        Seco, Cambalache y San Juan. La seguridad de estas
        instalaciones[,] por su naturaleza[,] es compleja
        y [además] ambas instalaciones están reguladas por
        el Código de Regulación Federal, Título 33. El
        cumplir con esta regulación requiere que la
        compañía de seguridad seleccionada asuma mayor
        responsabilidad al ofrecer sus servicios de
        vigilancia y protección. Además, requiere que el
        personal de seguridad seleccionado para ofrecer los
        servicios tenga mayor preparación, experiencia y
        capacidad de especialización en los estándares de
        seguridad establecidos en el Plan de Seguridad de
        la Facilidad (Facility Security Plan). El Oficial
        (Facility Security Officer) asignado a la central
        es responsable de la implementación y cumplimiento
        del plan de seguridad. La Guardia Costera evalúa el
        cumplimiento de esta regulación. Apéndice de la
        Petición de certiorari, pág. 3. (Énfasis nuestro).

        Así pues, y tras una evaluación integral de las diversas

propuestas, el Comité Técnico Evaluador de la AEE recomendó

a la compañía St. James Security para ofrecer los servicios

de vigilancia y seguridad antes reseñados. Hizo lo anterior,

aun cuando el precio cotizado por la referida compañía de

seguridad fue de un quince por ciento (15%) mayor al costo

estimado por la corporación pública, y mayor al propuesto

por otros tres licitadores.

        De otra parte, el 8 y 9 de diciembre de 2021 el Comité

de Subasta de la AEE se reunió para evaluar las propuestas

presentadas y el Informe del Comité Técnico Evaluador al que

hemos     hecho       referencia.   Tras    realizar     el   mencionado
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ejercicio, el Comité de Subasta de la AEE otorgó la buena

pro de la subasta para servicios de vigilancia y seguridad

al    postor    que   ofreció    los   servicios      al    menor    costo,

entiéndase,      Bridge   Security     Services,      Inc.,    no    siendo

escogida St. James Security.

       Determinado lo anterior, el 15 de diciembre de 2021 la

AEE notificó la adjudicación de la subasta para los servicios

de vigilancia y seguridad tanto al licitador agraciado, como

a    los   no   agraciados.     De   igual   forma,    en     la    referida

notificación se informó sobre el derecho que tenían las

partes para, de así entenderlo necesario, solicitar revisión

de la determinación tomada por la mencionada corporación

pública, haciendo alusión en ella a lo dispuesto en la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, infra, (en adelante, “LPAU”)

y al Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía

Eléctrica, Reglamento Núm. 8518 de 10 de septiembre de 2014,

en relación con los procesos de revisión administrativa y

revisión judicial. En específico, la referida notificación

expresaba que:

       Cualquier parte adversamente afectada por la
       presente decisión final podrá presentar una
       Moción de Reconsideración luego de cumplir con
       las disposiciones del Capítulo IV, Artículo C del
       Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía
       Eléctrica y las disposiciones aplicables de la
       Ley 38-2017 (conocida como Ley de Procedimiento
       Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
       Rico), incluyendo, pero no limitado a la Sección
       3.19   de   la   Ley  38-2017.   La   moción   de
       reconsideración debe ser presentada dentro del
       término de veinte (20) días calendario contados
       a partir del depósito en el correo federal o
       correo   electrónico   de  la   notificación   de
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      adjudicación de la subasta. La moción de
      reconsideración debe presentarse en la Secretaría
      de   Procedimientos   Adjudicativos,  8vo   piso,
      Edificio NEOS, parada 16 ½, Santurce, Puerto Rico
      o enviarse al PO Box 363928, San Juan, PR 00936-
      3928. Las razones de la reconsideración deberán
      estar claramente establecidas y también deberán
      contener una certificación de haberse enviado
      copia de la moción de reconsideración a los demás
      licitadores comparecientes en la subasta.

      La Autoridad de Energía Eléctrica considerará la
      Moción de Reconsideración dentro de los treinta
      (30) días de haberse presentado y podrá extender
      dicho término una sola vez, por un término
      adicional de quince (15) días calendario. Si se
      tomare alguna determinación en su moción de
      reconsideración,  el   término   para  solicitar
      revisión judicial empezará a contarse desde la
      fecha en que se depositó en el correo federal
      copia de la notificación de la decisión de la
      Autoridad de Energía Eléctrica resolviendo la
      moción de reconsideración. Si la Autoridad de
      Energía Eléctrica no toma alguna acción en
      relación con la Moción de Reconsideración dentro
      del término correspondiente según mencionado en
      la Ley 38-2017, se entenderá que ésta ha sido
      rechazada de plano y a partir de esa fecha
      comenzará a correr el tiempo para la revisión
      judicial.

      La parte adversamente afectada con relación a su
      reconsideración por una orden o resolución final
      de la Autoridad podrá presentar una solicitud de
      revisión judicial a tenor con la sección 4.2 de
      la Ley 38-2017 ante el Tribunal de Apelaciones
      dentro del término de veinte (20) días, contados
      a partir del archivo en autos de la copia de la
      notificación de la determinación final de la
      Autoridad o dentro del término aplicable de
      veinte (20) días calendario de haber transcurrido
      el plazo dispuesto en la Sección 3.19 de la Ley
      38-2017. La mera presentación de una solicitud de
      revisión al amparo de la Sección 4.2 de la Ley
      38-2017 no tendrá el efecto de paralizar la
      adjudicación de la subasta impugnada. (Énfasis
      nuestro). Apéndice de la Petición de certiorari,
      págs. 177-178.1

1 Cabe señalar, que la Ley Núm. 110-2022 enmendó la LPAU para así
uniformar el referido estatuto con la Ley Núm. 73-2019, infra,
disminuyendo los términos que tienen las partes afectadas para solicitar
reconsideración o revisión administrativa en los procesos de adjudicación
de subastas y solicitudes de propuestas.
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      A raíz de la referida notificación, el 23 de diciembre

de   2021   St.   James       Security    presentó    una    Solicitud    de

reconsideración        ante     la    Secretaría     de     Procedimientos

Adjudicativos de la AEE. En síntesis, -- y mediante el

proceso establecido en la LPAU, según le fue informado en la

notificación de adjudicación emitida el 15 de diciembre de

2021 --, la referida compañía de seguridad buscaba impugnar

la adjudicación de la subasta en cuestión.

      En el interín, y aún sin respuesta alguna por parte de

la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE a su

moción de reconsideración, el 4 de enero de 2022 St. James

Security presentó, de igual forma, una Solicitud de Revisión

ante la Junta Revisora de Subasta de la Administración de

Servicios Generales (en adelante, “Junta Revisora de la

ASG”). En esta ocasión, y por primera vez, la mencionada

empresa arguyó que la notificación del 15 de diciembre de

2021, -- en la cual la AEE informaba todo lo relacionado a

la adjudicación de la subasta para servicios de vigilancia y

seguridad --, fue una defectuosa e insuficiente, lo anterior,

en violación al debido proceso de ley de los licitadores que

comparecieron a la subasta. Esto, se debió a que, a su juicio,

la referida corporación pública no cumplió con lo exigido en

la Ley de la Administración de Servicios Generales para la

Centralización de las Compras en el Gobierno de Puerto Rico

de 2019, Ley Núm. 73-2019, infra, (en adelante, “Ley de

Compras     de    ASG”)       sobre      los   procesos      de     revisión

administrativa     y    revisión      judicial,      por    lo    que   dicha
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notificación fue nula y nunca surtió efecto, por tratarse de

servicios no profesionales.

      Regresando      a     lo     relacionado       al    proceso      de

reconsideración ante la AEE, -- y sesenta y dos (62) días

luego de presentar su moción de reconsideración ante la

referida corporación pública --, el 23 de febrero de 2022

St. James Security compareció ante el Tribunal de Apelaciones

mediante un Recurso de revisión de decisión administrativa.

En   síntesis,     ésta    realizó    argumentos     similares    a     los

presentados    ante   la   Junta     Revisora   de   la   ASG   sobre    la

deficiencia en la notificación realizada en la adjudicación

de la subasta, toda vez que para St. James Security se

incumplió con lo dispuesto en la Ley de Compras de ASG.

      Por su parte, el 23 de mayo de 2022 la AEE compareció

ante el foro apelativo intermedio mediante una Solicitud de

desestimación. En esencia, la referida corporación pública

arguyó que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción

para atender la revisión judicial presentada, toda vez que

St. James Security presentó su recurso fuera del término que

establece la LPAU para ello.2

2 En particular, la AEE arguyó que el 15 de diciembre de 2021 la referida
corporación pública adjudicó el RFP aquí en controversia en el cual St.
James Security no fue favorecida. Inconforme con dicha determinación, el
23 de diciembre de 2021, es decir, dentro del término de veinte (20)
días, según dispuesto en la Sección 3.19 de la LPAU, infra, St. James
Security presentó su recurso de revisión ante la Secretaría de
Procedimientos Adjudicativos de la AEE. Así las cosas, transcurrido el
término de treinta (30) días que tenía la AEE para considerar el recurso
de revisión administrativa presentado por St. James Security, -- sin que
ésta emitiera determinación alguna --, el 24 de enero de 2022 comenzó a
transcurrir el término de veinte (20) días que tenía la referida empresa
para acudir en revisión judicial al Tribunal de Apelaciones, según se
establecía en ese momento en la Sección 3.19 y la Sección 4.2 de la
LPAU, infra. El término antes señalado venció el 14 de febrero de 2022
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       En oposición, el 13 de junio de 2022 St. James Security

presentó una Moción en cumplimiento de orden, oposición a

solicitud de desestimación, moción para que se tenga por

sometida y sin oposición el recurso de revisión. En ésta,

argumentó que la AEE omitió en su petición de desestimación

la aplicabilidad al proceso de RFP aquí en controversia de

la Ley de Compras de ASG. Por lo que, a su entender, -- al

no ser de aplicación al presente caso lo contemplado en la

LPAU --, el recurso de revisión fue presentado dentro del

término jurisdiccional establecido en la Ley de Compras de

ASG,    entiéndase        un    término     de    veinte    (20)      días

jurisdiccionales pasados los treinta (30) días desde la

presentación    de   la    Solicitud   de    Revisión   ante la    Junta

Revisora de la ASG sin que ésta emitiera una determinación.

       Tras analizar los alegatos de ambas partes, el 21 de

julio de 2022 el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia

en la cual desestimó el recurso de revisión presentado por

St. James Security por falta de jurisdicción. Lo anterior

surge    al   foro   apelativo      intermedio      concluir    que     la

presentación del recurso fue prematura, pues la notificación

de   adjudicación    de    la   subasta     en   cuestión   adolecía   de

defectos relacionados a las disposiciones sobre revisión

administrativa y revisión judicial establecidas en la Ley de

y no fue hasta el 23 de febrero de 2022, -- diez (10) días luego de que
venciera el término --, que St. James Security presentó su recurso ante
el Tribunal de Apelaciones. Por lo anterior, la AEE solicitó la
desestimación del recurso de revisión judicial presentado por St. James
Security ante el foro apelativo intermedio por falta de jurisdicción.
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Compras    de    ASG.    Así    pues,   sentenció     que    los    términos

aplicables no habían comenzado a transcurrir.

     Insatisfecho         con     el    dictamen     del     Tribunal     de

Apelaciones,       y     tras     ser   denegada     la      solicitud    de

reconsideración por el mencionado foro apelativo, el 28 de

noviembre de 2022 compareció ante nos la AEE mediante una

Petición de certiorari. En síntesis, arguye que el foro

apelativo       intermedio      erró    al    determinar     que,    en   lo

relacionado a los procesos de revisión administrativa y

revisión judicial objetos del presente litigio, le es de

aplicación las disposiciones de la Ley de Compras de ASG y

no lo establecido en la LPAU y, en consecuencia, al no

considerar su planteamiento de falta de jurisdicción al

presentarse      el     recurso    de   revisión     fuera    del    término

contemplado en esta última disposición legal. Así pues, nos

solicita que revoquemos la determinación emitida por el

Tribunal de Apelaciones por no ser aplicable aquí el referido

estatuto de la ASG.

     En oposición, el 26 de mayo de 2023 compareció ante nos

St. James Security mediante su Alegato de la parte recurrida.

En esencia, arguye que la determinación del Tribunal de

Apelaciones fue una correcta en derecho.

     A juicio de la referida empresa, la notificación emitida

el 15 de diciembre de 2021 por parte de la AEE, -- con

relación    a    la    adjudicación     del    RFP   para    servicios    de

seguridad y vigilancia --, no cumplió con la Ley de Compras

de ASG, por lo que nunca surtió efecto. En específico, St.
CC-2022-0796                                                                       10

James Security argumenta, similar a como lo hizo ante la ASG,

que la referida Ley de Compras de ASG es aplicable a la AEE

debido a que los servicios solicitados por el RFP son no

profesionales y, aun cuando la AEE es una entidad exenta

según     establece     la     ley,    tiene       que       cumplir      con   los

procedimientos allí establecidos. Por tal razón, nos solicita

que     confirmemos     la     determinación           del     foro       apelativo

intermedio.

        Expedido   el   recurso       el    24    de   febrero       de    2023,    y

recibidos los alegatos de las partes, el 30 de mayo de 2023

notificamos a todas las partes con interés en el litigio que

el caso quedó sometido en los méritos.

        Trabada así la controversia, y con el beneficio de la

comparecencia      de   ambas    partes,         procedemos      a    exponer      la

normativa      que      gobierna       los        asuntos       ante        nuestra

consideración.

                                      II.

                                       A.

        Como es sabido, en nuestra jurisdicción, la contratación

gubernamental de todo tipo de servicios está revestida del

más alto interés público, pues persigue fomentar la inversión

adecuada, responsable y eficiente de los recursos del Estado.

SLG Ortiz-Mateo v. ELA, 2023 TSPR 43, 211 DPR __ (2023);

Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 820 (2021); ECA

Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez, 200 DPR 665, 672 (2018).

Con el fin de lograr lo antes mencionado, el gobierno utiliza

los   procedimientos      de    subasta      o    RFP    como    mecanismo         de
CC-2022-0796                                                               11

adquisición de bienes y servicios, para así proteger el

erario     y   garantizar      que     se    realicen       sus     funciones

administrativas responsablemente. Trans Ad de P.R. v. Junta

de Subastas, 174 DPR 56, 66 (2008); Marina v. Comisión, 170

DPR 847, 854 (2007). Véase, PR Eco Park et al. v. Mun. de

Yauco, 202 DPR 525, 531 (2019).

     En cuanto al proceso de RFP, hemos expresado que éste

“se destaca por ser un procedimiento informal y flexible que

permite al oferente negociar con el gobierno y enmendar o

revisar las ofertas antes de la adjudicación de un contrato

de adquisición de bienes y servicios”. PR Eco Park et al. v.

Mun. de Yauco, supra, págs. 531-532. Véase, R & B Power v.

E.L.A., 170 DPR 606, 621 (2007). Esto se debe a que se recurre

a este procedimiento cuando se trata de la adquisición de

bienes o servicios especializados que involucran asuntos

altamente técnicos y complejos, o cuando existen escasos

competidores cualificados. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de

Mayagüez, supra, pág. 674; CD Builders v. Mun. Las Piedras,

196 DPR 336, 345 (2016); R & B Power v. E.L.A., supra, págs.

621–622.

     Asimismo, este Tribunal ha sentenciado que las agencias

administrativas,       de    ordinario,      se     encuentran      en   mejor

posición que los tribunales para evaluar las propuestas o

licitaciones    ante    su    consideración,        de    acuerdo    con   los

parámetros     establecidos      por    la    ley     y   los     reglamentos

aplicables. CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra; Aut.

Carreteras v. CD Builders, Inc., 177 DPR 398, 408 (2009);
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A.E.E. v. Maxon, 163 DPR 434, 444 (2004). Lo anterior, se

debe a que, en el ejercicio de sus facultades, -- y por su

conocimiento experto --, a las agencias “se les reconoce

discreción     al    momento     de   considerar    las   licitaciones,

rechazar propuestas y adjudicar la subasta a favor de la

licitación que estime se ajusta mejor a las necesidades

particulares de la agencia y al interés público en general”.

CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra, pág. 349. Véase,

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771, 779

(2006).

     Como consecuencia de ello, los tribunales no debemos

intervenir con la adjudicación de una subasta o el rechazo

de una propuesta, salvo que la determinación administrativa

adolezca     de     un   abuso   de   discreción,    arbitrariedad    o

irracionabilidad. CD Builders v. Mun. Las Piedras, supra,

pág. 349; Aut. Carreteras v. CD Builders, Inc., supra, pág.

408; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra, págs. 783–

784. En ausencia de estos elementos, “ningún postor tiene

derecho a quejarse cuando otra proposición es elegida como

la más ventajosa. La cuestión debe decidirse a la luz del

interés público”. (Cita depurada). Caribbean Communications

v. Pol. De P.R., 176 DPR 978, 1006 (2009). Véase, Torres

Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 898 (2007);

Great Am. Indem. Co. v. Gobierno de la Capital, 59 DPR 911,

916 (1942).
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                                   B.

De otra parte, cabe destacar que “[e]l derecho a cuestionar

[cierta] adjudicación de una subasta mediante el proceso de

revisión judicial es parte del debido proceso de ley”.3 PVH

Motor v. ASG, supra, pág. 132. Véase, PR Eco Park et al. v.

Mun. de Yauco, supra. Por lo tanto, para poder ejercer su

derecho, es indispensable que las notificaciones que se

realicen      durante     estos      procesos      sean     efectuadas

correctamente a todas las partes. PVH Motor v. ASG, supra,

pág. 132; PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, supra; IM

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 35 (2000).

En específico, “se debe advertir del derecho de las partes a

procurar la revisión judicial; el término disponible para

hacerlo y la fecha del archivo en autos de una copia de la

notificación”. PVH Motor v. ASG, supra, pág. 132. Véase, IM

Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, supra.

3Como es sabido, el Artículo II, Sección 7, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe que cualquier persona sea privada
de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. LPRA, Tomo 1,
ed. 2023, pág. 305. Al examinar el alcance de la mencionada cláusula
constitucional, este Tribunal ha sentenciado que la doctrina del debido
proceso de ley tiene dos (2) acepciones: la sustantiva y la procesal.
PVH Motor v. ASG, 209 DPR 122, 130 (2022); Fuentes Bonilla v. ELA et
al., 200 DPR 364, 394 (2018); Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178
DPR 1, 35 (2010).

En específico, hemos establecido que la vertiente sustantiva del debido
proceso de ley busca proteger y salvaguardar los derechos fundamentales
de las personas, mientras que su vertiente procesal obliga al Estado a
garantizar que la interferencia en los intereses de libertad y propiedad
del individuo se haga mediante un proceso justo e imparcial. PVH Motor
v. ASG, supra; Fuentes Bonilla v. ELA et al., supra; Rivera Rodríguez &
Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887–888 (1993). Estas garantías
constitucionales se extienden, -- además de al ámbito judicial --, a los
procesos administrativos. PVH Motor v. ASG, supra; Fuentes Bonilla v.
ELA et al., supra; Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Báez
Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010).
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     A esos efectos, hemos sentenciado que una notificación

defectuosa de una determinación tomada por las agencias

administrativas priva de jurisdicción al foro revisor para

entender el asunto en disputa, lo que impide que comience a

transcurrir    el   término   para   recurrir   de   cualquier

determinación administrativa y, consecuentemente, violenta

el derecho al debido proceso de ley de la parte afectada.

PVH Motor v. ASG, supra, pág. 132; PR Eco Park et al. v. Mun.

de Yauco, supra, pág. 538; Toro Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 502 (2019).

                              C.

     Establecido lo anterior, es menester recordar aquí que

es la LPAU, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et seq.), el

cuerpo legal que “codifica las pautas mínimas que deben

garantizar las agencias administrativas cobijadas por ese

estatuto”. ACT v. PROSOL et als., 210 DPR 897, 907 (2022).

Véase, Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353, 358

(2016). Entre las agencias administrativas cobijadas por la

LPAU se encuentran las corporaciones públicas, como lo es la

AEE, una de las partes en el presente litigio. 3 LPRA sec.

9603.

     En lo pertinente al asunto que nos ocupa, es la Sección

3.19 de la LPAU, infra, la que establece todo lo relacionado

al procedimiento y término que tiene una parte, que ha sido

afectada en un proceso de adjudicación de subasta o RFP, para

solicitar la reconsideración o revisión administrativa de

dicho dictamen, de entenderlo necesario. La referida sección,
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según     vigente   al   momento   de   los   hechos   ante   nuestra

consideración, establecía que:

        Los procedimientos de adjudicación de subastas
        serán informales; su reglamentación y términos
        serán establecidos por las agencias, pero siempre
        en estricto cumplimiento con la legislación
        sustantiva que aplica a las compras del Gobierno
        de Puerto Rico y sin menoscabo de los derechos y
        obligaciones de los licitadores bajo la política
        pública y leyes vigentes en la jurisdicción de
        Puerto Rico. La parte adversamente afectada por
        una decisión podrá, dentro del término de veinte
        (20) días a partir del depósito en el correo
        federal o correo electrónico notificando la
        adjudicación de la subasta, presentar una moción
        de reconsideración ante la agencia. En la
        alternativa, podrá presentar una solicitud de
        revisión    ante  la   Junta    Revisora   de  la
        Administración   de   Servicios   Generales o  la
        entidad apelativa que corresponda en ley o
        reglamento, dentro del término de veinte (20)
        días calendario, a partir del depósito en el
        correo federal o correo electrónico notificando
        la adjudicación de la subasta. La agencia o la
        Junta Revisora deberá considerarla dentro de los
        treinta (30) días de haberse presentado. La Junta
        podrá extender dicho término una sola vez, por un
        término adicional de quince (15) días calendario.
        Si   se  tomare   alguna   determinación   en  su
        consideración, el término para instar el recurso
        de revisión judicial empezará a contarse desde la
        fecha en que se depositó en el correo federal o
        correo electrónico copia de la notificación de la
        decisión de la agencia, la entidad apelativa o la
        Junta Revisora resolviendo la moción. Si la
        agencia, la entidad apelativa o la Junta Revisora
        dejare de tomar alguna acción con relación a la
        moción   de   reconsideración   o   solicitud  de
        revisión, dentro del término correspondiente,
        según dispuesto en este capítulo, se entenderá
        que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir
        de esa fecha comenzará a correr el término para
        la revisión judicial. (Énfasis nuestro). 3 LPRA
        sec. 9659.4

4 Recalcamos que la Ley Núm. 110-2022 enmendó la LPAU con la intención
de uniformar ésta con la Ley Núm. 73-2019, infra, disminuyendo los
términos que tienen las partes afectadas por una determinación dentro
del proceso de subastas. Por tal razón, la LPAU vigente al momento de
los hechos era la enmendada por la Ley Núm. 150-2020.
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      Tras ese proceso de revisión administrativa, la Sección

4.2 de LPAU, infra, establece lo pertinente en cuanto al

derecho de las partes a solicitar revisión judicial, bien

sea luego de la correspondiente revisión administrativa, o

cuando la agencia dejare de tomar alguna acción en cuanto a

la antes mencionada revisión. En específico, la referida

sección establece que:

      En los casos de impugnación de subasta, la parte
      adversamente afectada por una orden o resolución
      final de la agencia, de la [J]unta Revisora de
      Subastas de la Administración de Servicios
      Generales, o de la entidad apelativa de subastas,
      según sea el caso, podrá presentar una solicitud
      de revisión ante el Tribunal de Apelaciones
      dentro de un término de veinte (20) días, contados
      a partir del archivo en autos de la copia de la
      notificación de la orden o resolución final de la
      agencia, la referida Junta Revisora de Subastas
      de la Administración de Servicios Generales o la
      entidad apelativa, o dentro del término aplicable
      de   veinte   (20)  días   calendario   de   haber
      transcurrido el plazo dispuesto por la Sección
      3.19 de esta Ley. La mera presentación de una
      solicitud de revisión al amparo de esta Sección
      no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación
      de la subasta impugnada. (Énfasis nuestro). 3
      LPRA sec. 9672.

      Como se puede apreciar, tanto en la Sección 3.19, como

en la Sección 4.2 de la LPAU, supra, se disponen los procesos

que   deberá   seguir    toda    parte   que   desee   solicitar

reconsideración de una determinación de adjudicación de un

RFP o requerimiento de propuestas. Ahora bien, las referidas

secciones también establecen que el mencionado proceso de

revisión    administrativa      deberá   realizarse    “ante   la

Administración de Servicios Generales o ante la entidad

gubernamental correspondiente”. 3 LPRA sec. 9659.
CC-2022-0796                                              17

     Dicho ello, nos corresponde, pues, determinar cuál es

el foro al que se debe acudir para la revisión de una

adjudicación de requerimiento de propuestas para servicios

de vigilancia y seguridad que hace la AEE, como la que es

objeto del presente litigio. Para esto, debemos en primera

instancia, examinar detenida y cuidadosamente los deberes y

las facultades de la ASG. Emprendemos dicha tarea.

                             D.

     Sabido es que la ASG es una entidad gubernamental creada

con el propósito de “implementar la política pública relativa

a la adquisición de bienes y servicios no profesionales del

Gobierno de Puerto Rico”. (Negrillas suplidas). Exposición

de Motivos, Ley de Compras de ASG, 3 LPRA secs. 9831 et seq.

     Sobre el alcance del referido estatuto, el Artículo 3

de la Ley de Compras de ASG, infra, establece que:

     Las disposiciones de esta Ley regirán los
     procesos de compras y subastas de bienes, obras
     y servicios no profesionales en todas las
     Entidades   Gubernamentales   y  las   Entidades
     Exentas.   La   Rama   Judicial,   la   Asamblea
     Legislativa, la Universidad de Puerto Rico y los
     municipios podrán, de forma voluntaria, adoptar
     los procesos de compras y subastas de bienes,
     obras y servicios aquí establecidos, a través de
     la Administración de Servicios Generales.

     Las Entidades Gubernamentales, según definidas en
     esta Ley, realizarán todas las compras y subastas
     de bienes, obras y servicios no profesionales a
     través   de   la  Administración   de   Servicios
     Generales, sin excepción alguna.

     En el caso de Entidades Exentas, según definidas
     en esta Ley, no estarán obligadas a realizar sus
     compras y subastas de bienes, obras y servicios
     no profesionales a través de la Administración de
     Servicios Generales, mientras se encuentre en
     vigencia el Plan Fiscal correspondiente, sin
     embargo, vendrán obligadas a adoptar los métodos
CC-2022-0796                                                   18

     de licitación y compras excepcionales y a seguir
     los procedimientos aquí establecidos al momento
     de realizar sus compras y subastas de bienes,
     obras y servicios no profesionales. Una vez
     culmine    la   vigencia    del   Plan    Fiscal
     correspondiente, si aplica, serán consideradas
     como Entidades Gubernamentales, según definidas
     en esta Ley, y vendrán obligadas a realizar sus
     compras a través de la Administración. 3 LPRA
     sec. 9831b.

     El Artículo 4 de la Ley de compras de ASG, supra, por

su parte, define servicios profesionales y no profesionales

de la siguiente manera:

     hh)   Servicios   no   profesionales:    Aquellos
     servicios que no son ofrecidos por una persona
     natural   o   jurídica   con    conocimientos   o
     habilidades especializadas a quien se le requiere
     poseer un título universitario o licencia que lo
     acredite como profesional especializado.

     ii) Servicios profesionales: Aquellos servicios
     que son ofrecidos por una persona natural o
     jurídica   con   conocimientos    o   habilidades
     especializadas a quien se le requiere poseer un
     título universitario o licencia que lo acredite
     como profesional especializado; o cuya prestación
     principal consiste en el producto de la labor
     intelectual, creativa o artística, o en el manejo
     de destrezas altamente técnicas o especializadas.
     (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9831c.

     Sobre este particular, cabe destacar que, en el pasado,

hemos señalado que “un servicio profesional conlleva una

vocación, llamado, ocupación o empleo que supone, además,

algún tipo de conocimiento, labor o destreza especializada”.

Viruet et al. v. SLG Casiano-Reyes, 194 DPR 271, 280 (2015).

Véase, Rivera Matos v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico,

204 DPR 1010, 1022 (2020). Además, hemos sentenciado que los

“servicios   profesionales   no   se   limita[n]   a   profesiones

tradicionales tales como abogados, médicos, arquitectos e

ingenieros”. Íd.
CC-2022-0796                                                               19

       Por último, y por considerarlo en extremo importante

para   la   correcta     disposición    de   las    controversias        ante

nuestra consideración, debemos definir qué se considera una

entidad exenta para fines de la Ley de Compras de ASG, supra.

En esa dirección, el Artículo 4 de la referida disposición

legal, en su inciso (o), establece que una entidad exenta,

para propósitos de esta ley es,

       [una] Entidad Gubernamental que no viene obligada
       a   realizar  sus   compras   a   través  de   la
       Administración, ya sea por razón de operar bajo
       lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por
       tratarse de entidades fiscalizadoras de la
       integridad del servicio público y la eficiencia
       gubernamental. Para propósitos de esta Ley, se
       considerarán entidades exentas las siguientes:
       […] Autoridad de Energía Eléctrica […].

       No obstante, las entidades exentas tienen que
       realizar sus procesos de licitación acogiendo los
       métodos de licitación establecidos en esta Ley.
       Además,   las  mismas   deben   acogerse  a   las
       categorías previamente licitadas y contratos
       otorgados por la Administración de Servicios
       Generales. (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9831c.

       Evaluada     la     normativa      antes      expuesta,         queda

patentemente claro que aquellas entidades exentas que deseen

adquirir    servicios     no   profesionales       deberán      acoger     los

métodos establecidos en la Ley de Compras de ASG. Por el

contrario,    la    referida     disposición   legal       no    le   es   de

aplicación a aquellas entidades exentas que vayan a adquirir

algún servicio profesional. En esta ocasión, la AEE requirió

servicios de vigilancia y seguridad particulares, debido a

las    exigencias      locales    y    federales     que     regulan       las

facilidades donde se brindarían los servicios en cuestión.
CC-2022-0796                                                              20

Veamos pues, si éstos se deben considerar como servicios

profesionales o no profesionales.

                                      E.

      Al tratar el tema de lo que se considera un servicio

profesional o no profesional, -- y ya más en los relacionado

a las controversias que nos ocupan --, debemos recordar aquí

que   la   Ley     para    Regular    las    Profesiones     de    Detectives

Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, Ley Núm.

108 de 29 de junio de 1965, 25 LPRA secs. 285 et seq. (en

adelante,    “Ley        para   Regular     la   Profesión    de   Detective

Privado”) es el estatuto que regula el campo de la profesión

de guardias de seguridad en la isla. Al analizar el porqué

de la aprobación de la mencionada pieza legislativa, hemos

sentenciado       que    ésta    “obedece al     interés     del Estado    de

regular toda actividad de carácter policial desempeñada por

entes privados, para garantizar así que sólo las personas

cualificadas puedan realizar esta labor”. Ranger Am. v.

Loomis Fargo, 171 DPR 670, 677 (2007) (Per Curiam). Véase,

Wackenhunt       Corp.    v.    Rodríguez    Aponte,   100   DPR 518,     524

(1972).

      En específico, el Artículo 4 de la Ley para Regular la

Profesión     de     Detective       Privado,     infra,     establece    los

requisitos para obtener la licencia como guardia de seguridad

privado. Entre estos requisitos se encuentran:

      (e) Haber aprobado un curso de adiestramiento de
      por lo menos cuatro (4) semanas ofrecido por la
      Academia de la Policía y cualquier agencia que
      vaya a utilizar sus servicios.
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     (f) Los guardias de seguridad deberán cumplir con
     seis (6) horas en adiestramientos de educación
     continua cada dos (2) años, al momento de renovar
     su licencia. Cuatro (4) de las horas antes
     requeridas de educación continua, deberán ser
     recibidas compulsoriamente en la Academia de la
     Policía o su entidad sucesora en cursos diseñados
     y ofrecidos por la mencionada agencia.

     (g) Los adiestramientos tendrán, sin limitarse,
     el siguiente contenido:

         (i) Las disposiciones de esta Ley.

         (ii) Las Reglas 11 y 12 de Procedimiento
         Criminal.

         (iii) Código Penal vigente.

         (iv) Ley 404-2000, conocida como “Ley de
         Armas de Puerto Rico”.

         (v) Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
         conocida como “Ley para la Prevención e
         Intervención     con    la     Violencia
         Doméstica”.

         (vi) Derechos civiles.

         (vii) Jurisprudencia sobre los        temas
         anteriores. 25 LPRA sec. 285c.

     Ahora bien, lo anterior, por sí solo, si bien establece

una serie de requerimientos para aquel o aquella que quiera

desempeñarse como guardia de seguridad privado, no convierte

en servicios profesionales este tipo de tarea. Conviene,

entonces, pasar juicio sobre aquellos requisitos adicionales

que, de conformidad con los estatutos estatales y federales

aplicables,    la   AEE   requirió   como   parte   del   RFP    o

requerimiento de propuestas objeto del presente litigio, a

saber:

     Poseer la Transportation Worker Identification
     Card (TWIC) vigente previo al comienzo de los
     servicios.
CC-2022-0796                                                           22

     Aprobar, previo al comienzo de los servicios, la
     evaluación que realiza el Oficial de Instalación
     designado.

     Conocimiento básico de español e inglés, tanto
     oral como escrito. La Autoridad se reserva el
     derecho de hacer pruebas de comunicación oral a
     los guardias de seguridad para comprobar el
     conocimiento de los dos idiomas.

     Demostrar eficiencia en la redacción de Informes
     tanto en español como en inglés. La Autoridad se
     reserva el derecho de administrar pruebas
     escritas para verificar el cumplimiento de este
     requisito.

     La   compañía   de    seguridad   proveerá   los
     adiestramientos necesarios y el FSO (Facility
     Security Officer) aprobará los mismos bajo el
     Código 105.210 (Facility Personnel with Security
     Duties). [33 CFR 105.210].5

     Presentar   evidencia   de  haber           tomado     los
     siguientes adiestramientos:

5 En particular, el Code of Federal Regulations, en su Título 33 sobre
Navigation and Navigable Waters, en la Sección 105.210 sobre Facility
personnel with security duties, establece lo siguiente:

    Facility personnel responsible for security duties must maintain
    a TWIC, and must have knowledge, through training or equivalent
    job experience, in the following, as appropriate:

     (a) Knowledge of current security threats and patterns;
     (b) Recognition and detection of dangerous substances and
         devices;
     (c) Recognition   of   characteristics    and   behavioral
         patterns of persons who are likely to threaten
         security;
     (d) Techniques used to circumvent security measures;
     (e) Crowd management and control techniques;
     (f) Security related communications;
     (g) Knowledge of emergency procedures and contingency
         plans;
     (h) Operation of security equipment and systems;
     (i) Testing, calibration, and maintenance of security
         equipment and systems;
     (j) Inspection, control, and monitoring techniques;
     (k) Relevant provisions of the Facility Security Plan
         (FSP);
     (l) Methods of physical screening of persons, personal
         effects, baggage, cargo, and vessel stores; and
     (m) The meaning and the consequential requirements of the
         different MARSEC Levels.
     (n) Familiar with all relevant aspects of the TWIC program
         and how to carry them out. (Énfasis nuestro). 105 CFR
         sec. 105.210.
CC-2022-0796                                                              23

         1. Uso y Manejo de Armas de Fuego - tendrá
            que presentar certificado anual de una
            armería    o   instructor    de    tiro
            certificado y además estar adscrito a
            un polígono.

         2. Amenaza o Hallazgos de Artefactos
            Explosivos - Reconocer y detectar
            sustancias y dispositivos peligrosos y
            reconocer comportamiento de personas
            que puedan representar amenaza a la
            seguridad. Deberá presentar certificado
            de la Policía de Puerto Rico.

         3. Registro de Vehículos y Personas -
            deberá presentar certificado de la
            Policía de Puerto Rico.

         4. Manejo y Técnicas de control de grupos.

         5. Uso de Radio de Comunicación.

         6. Procedimiento de Manejo de Emergencias
            y   Planes  de   Emergencia.   (Énfasis
            nuestro). Véase, Requisitos y criterios
            de evaluación de los guardias de
            seguridad asignados a instalaciones de
            la Autoridad de Energía Eléctrica,
            Apéndice del Alegato de la parte
            peticionaria, págs. 114-118.

      Como se puede apreciar, son considerables los requisitos

especializados que fueron exigidos por la AEE, -- además de

aquellos establecidos por el estatuto que regula la profesión

en   cuestión    --,    para      poder   brindar       los   servicios   de

vigilancia y seguridad requeridos en el RFP o requerimiento

de   propuesta    objeto     de    estudio.   Lo    anterior,      como   ya

mencionamos,     es    de   conformidad    con     lo    dispuesto   en   la

legislación y reglamentación estatal y federal aplicable.

      Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de la controversia ante nos.
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                                       III.

      En el presente caso, como mencionamos anteriormente, la

AEE señala que el Tribunal de Apelaciones erró al resolver

que   la   presentación         de    determinado            recurso      de   revisión

judicial asociado con la causa de epígrafe fue una prematura,

pues la notificación de adjudicación de la subasta en la que

se basa la misma adolecía de defectos por la falta de mención

a las disposiciones sobre revisión administrativa y revisión

judicial de la Ley de Compras de ASG, supra, por lo que los

términos aplicables no habían comenzado a transcurrir. Tiene

razón la AEE.

      Y es que, tras una detenida y cuidadosa lectura del

expediente ante nos, queda patentemente claro que el RFP

realizado    por    la    AEE    tenía       como          propósito      el   adquirir

servicios      de         vigilancia             y         seguridad           sumamente

especializados, con requisitos distintos a los que se pudiese

esperar de un guardia de seguridad ordinariamente. A modo de

ejemplo, entre esos requisitos se encuentran: el poseer el

Transportation Worker Identification Card (TWIC), -- con los

requerimientos federales que eso implica --; dominio de los

idiomas español e inglés, tanto oral como escrito; diversos

adiestramientos          especializados               en     la        vigilancia      de

facilidades como las aquí en cuestión; entre otras.

      Siendo    ello      así,       los     servicios            de    vigilancia      y

protección     a     adquirirse            por        la     AEE       son     servicios

profesionales       y,    por    lo    tanto,          de    conformidad         con   la

normativa    antes       expuesta,      no       le    son     de      aplicación      las
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disposiciones establecidas en la Ley de Compras de ASG. Por

el contrario, son de aplicación los lineamientos que se

establecen en la LPAU, particularmente aquellos relacionados

a los procesos de subastas o requerimientos de propuestas, y

sus   respectivas    revisiones     administrativas        y   judiciales.

Así, correctamente se recogió por la AEE en la notificación

de la adjudicación de la subasta aquí en controversia, por

lo que, -- en lo que respecta al presente litigio --, St.

James   Security    acudió     tardíamente     ante   el       Tribunal    de

Apelaciones     a   solicitar       la   revisión     judicial        de   la

determinación tomada por la referida agencia administrativa.

      Recordemos    que   en   el   presente   caso:    (1)      el   15   de

diciembre de 2021 la AEE adjudicó el RFP aquí en controversia

en el cual St. James Security no fue favorecida; (2) el 23

de diciembre de 2021, es decir, dentro del término de veinte

(20) días, según dispuesto en la Sección 3.19 de la LPAU,

supra, St. James Security presentó su recurso de revisión

ante la Secretaría de Procedimientos Adjudicativos de la AEE;

(3) transcurrido el término de treinta (30) días que tenía

la AEE para considerar el recurso de revisión administrativa

presentado por St. James Security, -- sin que ésta emitiera

determinación alguna --, el 24 de enero de 2022 comenzó a

transcurrir el término de veinte (20) días que tenía la

referida empresa para acudir en revisión judicial al Tribunal

de Apelaciones;6 (4) el término antes señalado venció el 14

6 Esto, según se establecía en ese momento en la Sección 3.19 de la LPAU,
supra, y la Sección 4.2 del referido estatuto, supra.
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de febrero de 2022, y (5) no fue hasta el 23 de febrero de

2022 -- diez (10) días luego de que venciera el término --

que St. James Security presentó su recurso ante el Tribunal

de Apelaciones. No queda duda alguna, pues, de que, en lo

relacionado a la causa de epígrafe, lo que correspondía era

desestimar el recurso de revisión judicial presentado por

St. James Security ante el foro apelativo intermedio por

falta de jurisdicción.

                                IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, la cual

desestimó el recurso de revisión judicial por entender que

éste   era   prematuro,   al   no   haber   comenzado   el   término

correspondiente por una notificación inadecuada.

       En consecuencia, se desestima la Petición de certiorari

por falta de jurisdicción, al ser presentado el recurso ante

el Tribunal de Apelaciones fuera de los términos provistos

en la LPAU, supra. Por lo tanto, se sostiene la adjudicación

realizada el 15 de diciembre de 2021 por la AEE.

       Se dictará Sentencia de conformidad.

                                            Ángel Colón Pérez
                                              Juez Asociado
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services,
LLC

     Recurrida                        CC-2022-0796       Certiorari

         v.

Autoridad de Energía Eléctrica;
O´Neil Security Systems

    Peticionarios

                                         SENTENCIA

                    En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

                         Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
                    antecede, la cual se hace formar parte de la presente
                    Sentencia, se modifica la Sentencia emitida por el
                    Tribunal de Apelaciones, la cual desestimó el recurso
                    de revisión judicial por entender que éste era
                    prematuro,   al   no  haber   comenzado   el   término
                    correspondiente por una notificación inadecuada.

                         En consecuencia, se desestima la Petición de
                    certiorari por falta de jurisdicción, al ser presentado
                    el recurso ante el Tribunal de Apelaciones fuera de los
                    términos provistos en la Ley de Procedimiento
                    Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,
                    Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et seq.). Por lo
                    tanto, se sostiene la adjudicación realizada el 15 de
                    diciembre de 2021 por la Autoridad de Energía Eléctrica
                    de Puerto Rico.

                         Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el
                    Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada
                    señora Pabón Charneco emitió Opinión Disidente a la
                    cual se une el Juez Asociado señor Rivera García. La
                    Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

                                        Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                                       Secretario del Tribunal Supremo
             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

St. James Security Services,
LLC

     Recurrida

          v.                          CC-2022-0796

Autoridad        de        Energía
Eléctrica;     O’Neil     Security
Systems

     Peticionarias

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera
García.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

     La   Opinión    que     hoy     se       emite    falla   en   disponer

adecuadamente de la controversia ante nuestra consideración.

La mera posesión de una tarjeta de identificación (cuya

expedición tan solo requiere aprobar un background check),

saber hablar y escribir español e inglés y completar ciertos

adiestramientos     relacionados          a    las    funciones     ejercidas

ordinariamente      por    un   guardia         de     seguridad,    no    son

cualificaciones suficientes para convertir los servicios

solicitados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o

peticionaria) en “servicios profesionales” para efectos de

la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de

la   Administración        de      Servicios          Generales     para    la
CC-2022-0796                                                        2

Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de

2019, 3 LPRA sec. 9831.

     Por lo cual, en este caso resulta forzoso concluir que

la Ley Núm. 73-2019, supra, es de aplicación al proceso de

adquisición celebrado por la AEE. En consecuencia, debimos

establecer que la corporación pública tenía el deber de

advertir a los licitadores de los remedios de revisión que

tenían disponibles al amparo de este estatuto, y no tan solo

aquellos dispuestos en la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme,

3 LPRA sec. 9601 et seq.1

     No   obstante,    habiéndose     arribado   a   una   conclusión

diametralmente distinta en la Opinión emitida, procedo a

disentir.

                                  I

     El 9 de noviembre de 2021, la AEE publicó el Request

for Proposal Núm. 00003252 (RFP), con el fin de recibir

propuestas de servicios de vigilancia y seguridad para las

Centrales de Palo Seco, Cambalache y San Juan, ubicadas en

la Región Norte de Puerto Rico. Luego de varios trámites, el

1 de diciembre de 2021, la corporación pública llevó a cabo

el acto de apertura, al cual comparecieron St. James Security

Services, Inc. (St. James Security o recurrida), Bridge

1 Resulta evidente que los licitadores tenían derecho a un proceso de
revisión administrativa ante la AEE al amparo de la Sección 3.9 de la
Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 9659, vigente al momento de los
hechos. Sin embargo, nos corresponde determinar si, en la alternativa,
podían recurrir en revisión ante la Junta Revisora de Subastas de la
Administración de Servicios Generales.
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Security   Services,   Inc.   (Bridge   Security),   entre   otras

entidades.

    El 8 de diciembre de 2021, el Comité Técnico Evaluador

de la AEE emitió un Informe [de] Evaluación Técnica [de los]

Servicios de Vigilancia y Protección [para la] Región Norte

– Subasta 00003252 recomendado adjudicar el RFP a St. James

Security. No obstante, el 15 de diciembre de 2021 el Comité

de Subastas de la AEE adjudicó la buena pro a la compañía

Bridge Security, por ser la postora más baja entre los

competidores.

    En la notificación cursada a los licitadores, el Comité

de Subastas de la AEE informó que estos podían solicitar

revisión del dictamen conforme a los procesos dispuestos por

la Ley Núm. 38-2017, supra, y el Reglamento de Subastas de

la Autoridad de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 8518 de

10 de septiembre de 2014. En particular, expresó que:

           Cualquier parte adversamente afectada por la
     presente decisión final podrá presentar una Moción
     de Reconsideración luego de cumplir con las
     disposiciones del Capítulo IV, Artículo C del
     Reglamento de Subastas de la Autoridad de Energía
     Eléctrica y las disposiciones aplicables de la Ley
     38-2017 (conocida como Ley de Procedimiento
     Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
     Rico), incluyendo, pero no limitado a la Sección
     3.19    de   la   Ley   38-2017.   La  moción   de
     reconsideración debe ser presentada dentro del
     término de veinte (20) días calendario contados a
     partir del depósito en el correo federal o correo
     electrónico de la notificación de adjudicación de
     la subasta.     La moción de reconsideración debe
     presentarse en la Secretaría de Procedimientos
     Adjudicativos, 8vo piso, Edificio NEOS, parada 16
     1/2, Santurce, Puerto Rico o enviarse al PO Box

     363928, San Juan, PR 00936-3928. Las razones de la
     reconsideración     deberán     estar   claramente
     establecidas y también deberán contener una
     certificación de haberse enviado copia de la
CC-2022-0796                                                         4

        moción de reconsideración a los demás licitadores
        comparecientes en la subasta.

             La Autoridad de Energía Eléctrica considerará
        la Moción de Reconsideración dentro de los treinta
        (30) días de haberse presentado y podrá extender
        dicho término una sola vez, por un término
        adicional de quince (15) días calendario. Si se
        tomare alguna determinación en su moción de
        reconsideración,    el  término    para   solicitar
        revisión judicial empezará a contarse desde la
        fecha en que se depositó en el correo federal copia
        de la notificación de la decisión de la Autoridad
        de Energía Eléctrica resolviendo la moción de
        reconsideración. Si la Autoridad de Energía
        Eléctrica no toma alguna acción en relación con la
        Moción de Reconsideración dentro del término
        correspondiente según mencionado en la Ley 38-
        2017, se entenderá que ésta ha sido rechazada de
        plano y a partir de esa fecha comenzará a correr
        el tiempo para la revisión judicial.

             La parte adversamente afectada con relación
        a su reconsideración por una orden o resolución
        final de la Autoridad, podrá presentar una
        solicitud de revisión judicial a tenor con la
        sección 4.2 de la Ley 38-2017 ante el Tribunal de
        Apelaciones dentro del término de veinte (20)
        días, contados a partir del archivo en autos de la
        copia de la notificación de la determinación final
        de la Autoridad o dentro del término aplicable de
        veinte (20) días calendario de haber transcurrido
        el plazo dispuesto en la Sección 3.19 de la Ley
        38-2017. La mera presentación de una solicitud de
        revisión al amparo de la Sección 4.2 de la Ley 38-
        2017 no tendrá el efecto de paralizar la
        adjudicación de la subasta impugnada. (Énfasis
        suplido).2

        Inconforme, el 23 de diciembre de 2021, St. James

Security presentó una Solicitud de Reconsideración ante la

Secretaría      de   Procedimientos     Adjudicativos   de   la   AEE.

Además, el 4 de enero de 2022, la recurrida presentó una

Solicitud de Revisión ante la Junta Revisora de Subastas de

la Administración de Servicios Generales reclamando que la

2   Apéndice del Certiorari, pág. 177-178.
CC-2022-0796                                                                   5

notificación   de    adjudicación          cursada     por   el    Comité     de

Subastas de la AEE era defectuosa por no advertirle de los

remedios de revisión que tenía disponible al amparo de la

Ley Núm. 73-2019, supra.

    Posteriormente, el 23 de febrero de 2022, St. James

Security   presentó        un    Recurso    de    Revisión    de    Decisión

Administrativa      ante    el    Tribunal       de   Apelaciones.       En   su

escrito, reiteró los argumentos planteados ante la Junta

Revisora de la Administración de Servicios Generales. Por su

parte, la AEE compareció ante el foro apelativo intermedio

mediante una Solicitud de Desestimación, alegando que St.

James Security había presentado su recurso fuera del término

dispuesto en la Ley Núm. 38-2017, supra.

    Así las cosas, y luego de evaluar los alegatos instados

por las partes, el 21 de julio de 2022 el Tribunal de

Apelaciones    notificó         una   Sentencia        mediante     la    cual

desestimó el recurso instado por St. James Security por

entender que el mismo era prematuro. En su dictamen, el foro

apelativo intermedio razonó que:

     [L]a notificación de la adjudicación de la
     subasta, adolece de defectos en su contenido, que
     requieren corrección y enmiendas ulteriores por
     parte de AEE. En particular hay que incluir en la
     notificación de la adjudicación de la Subasta, las
     disposiciones requeridas por la Ley Núm. 73-2019,
     según enmendada, supra, lo que no se hizo en la
     notificación de la adjudicación ante nuestra
     consideración. Ello, con el objetivo de garantizar
     el debido proceso de ley y una adecuada
     notificación a las partes.

     En fin, toda vez que, en efecto, la aludida
     Notificación adolece de las deficiencias de
     notificación antes señaladas, es forzoso concluir
     que los términos para acudir ante este foro
CC-2022-0796                                                            6

        revisor a solicitar su revisión no han comenzado
        a transcurrir. Por consiguiente, el recurso de
        revisión judicial de epígrafe resultó prematuro.3
        (Énfasis suplido).

        Luego   de   solicitar      infructuosamente   al   Tribunal   de

Apelaciones que reconsiderara su dictamen, la peticionaria

acude ante nos mediante recurso de Certiorari y expone los

señalamientos de error siguientes:

        1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR
           QUE A LA AUTORIDAD LE APLICA LA LEY NÚM. 73 -
           2019, A PESAR DE SER UNA ENTIDAD EXENTA.

        2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE
           LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA
           TIENE DEFICIENCIAS EN SU CONTENIDO PORQUE HAY
           QUE INCLUIR LAS DISPOSICIONES REQUERIDAS EN LA
           LEY NÚM. 73 - 2019, A PESAR DE LA AUTORIDAD SER
           UNA ENTIDAD EXENTA.

        3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO
           CONSIDERAR EL PLANTEAMIENTO DE FALTA DE
           JURISDICCIÓN POR HABERSE PRESENTADO EL RECURSO
           DE   REVISIÓN  JUDICIAL   FUERA  DEL   TÉRMINO
           DISPUESTO EN LEY.

        Por su parte, el 26 de mayo de 2023, St. James Security

presentó un Alegato en oposición al recurso de autos. En

este, sostuvo que la notificación cursada por el Comité de

Subastas      de   la   AEE   era   defectuosa,   al   no   incluir    las

advertencias de los procesos de revisión disponibles ante la

Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios

Generales. Considero que le asiste la razón. Veamos.

                                      II

                                      A.

        El Art. II, Sec. 7, de la Constitución de Puerto Rico

dispone que: “ninguna persona será privada de su libertad o

3   Apéndice del Certiorari, pág. 248.
CC-2022-0796                                                                 7

propiedad sin [un] debido proceso de ley […]”. Art. II, Sec.

7,   Const.      PR,   LPRA,     Tomo    1.    Las   Enmiendas    Quinta     y

Decimocuarta de la Constitución Federal consagran el mismo

derecho. Enmda. V & XIV, Const. EE.UU., LPRA, Tomo I. Debido

a ello, y en vista que las agencias administrativas ejercen

funciones adjudicativas que interfieren con los intereses de

libertad y propiedad de los individuos, las garantías del

debido proceso de ley son aplicables a sus procesos. PVH

Motor v. ASG, 209 DPR 122, 130-131 (2022); Báez Díaz v. ELA,

179 DPR 605, 623 (2010).

       En   su   concepción      abarcadora      y   procesal,    el    debido

proceso de ley requiere que las personas tengan derecho a un

proceso     justo      y   con     todas       las    garantías        de   ley

aplicables. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012),

citando a Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR

215, 220 (1995). En ese sentido, exige que, como mínimo, en

todo   proceso      adjudicativo        se    observen   las   salvaguardas

siguientes: (1) notificación adecuada del proceso; (2) un

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la

decisión se base en el expediente. PVH Motor v. ASG, supra,

pág. 131; Vázquez González v. Mun. San Juan, 178 DPR 636,

643 (2010). De igual forma, la Ley Núm. 38-2017, supra,

asegura garantías procesales similares.4

4 En particular, la Sección 3.1 de la Ley Núm. 38-2017, supra, establece
que en todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se
salvaguardarán los derechos siguientes: (A) derecho a notificación
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       Con    respecto       al     requisito       de    notificación,       hemos

dispuesto que este no constituye una mera formalidad. Ello

pues,        una      notificación             inadecuada      puede     provocar

consecuencias         adversas      a     la    sana     administración       de   la

justicia. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR

720, 736-737 (2010); Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR

165,    178        (2005). A      contrario        sensu,     una    notificación

efectiva brinda a las partes la oportunidad de advenir en

conocimiento real de la decisión tomada en su contra y les

concede la oportunidad de determinar si ejercen o no los

remedios disponibles en ley. Picorelli López v. Depto. de

Hacienda, supra, pág. 737.

       Al    igual     que     en   las    determinaciones          judiciales     y

administrativas, la correcta y oportuna notificación de la

adjudicación de una subasta es un requisito sine qua non de

un   sistema        cuasi-judicial         ordenado       y   su    omisión   puede

conllevar consecuencias graves. PR Eco Park et al. v. Mun.

de Yauco, 202 DPR 525, 538 (2019); IM Winner, Inc. v. Mun.

de Guayanilla, 151 DPR 30, 37 (2000). Debido a esto, una

notificación         defectuosa         priva     de     jurisdicción    al    foro

revisor para entender sobre el asunto impugnado y el recurso

que se presente a tales efectos es prematuro. PR Eco Park et

al. v. Mun. de Yauco, supra, pág. 538.

oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte;
(B) derecho a presentar evidencia; (C) derecho a una adjudicación
imparcial y (D) derecho a que la decisión sea basada en el expediente.
3 LPRA sec. 9641.
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                                       B.

     La Ley Núm. 73-2019, supra, fue aprobada con el fin de

centralizar     los      procesos   de      compras   gubernamentales       de

bienes, obras y servicios, en aras de lograr mayores ahorros

fiscales    y   transparencia          en   la   gestión       gubernamental.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73-2019, supra; PVH

Motor v. ASG, supra, pág. 132. Cónsono con ello, se delegó

a   la      Administración          de      Servicios          Generales   la

responsabilidad de implementar dicha política pública y de

coordinar y dirigir el proceso de adquisición de bienes y

servicios y la contratación de servicios del Gobierno de

Puerto Rico. Íd.

     Las disposiciones de la Ley Núm. 73-2019, supra, aplican

a los procesos de compras y subastas de bienes, obras y

servicios no profesionales en las Entidades Gubernamentales

y Entidades Exentas. Art. 3 de la Ley Núm. 73-2019, supra,

3 LPRA sec. 9831b. Para efectos de este estatuto, una Entidad

Exenta es una “Entidad Gubernamental que no viene obligada

a realizar sus compras a través de la [ASG] […]”. Art. 4 de

la Ley Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA sec. 9831c. No obstante,

las Entidades Exentas tienen que adoptar los métodos de

licitación      y     compras       excepcionales          y     seguir    los

procedimientos establecidos por la Ley Núm. 73-2019, supra,

al momento de realizar sus compras y subastas de bienes,

obras y servicios no profesionales. Íd. La AEE es una de las

entidades    que    la    Ley   Núm.     73-2019,     supra,     expresamente

incluye dentro de esta clasificación. Íd.
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      Por su parte, el Art. 4 de la Ley Núm. 73-2019, supra,

define los conceptos de “servicio profesional” y “servicio

no profesional”. El mismo dispone al respecto que:

      hh) Servicios no profesionales: Aquellos servicios
      que no son ofrecidos por una persona natural o
      jurídica   con    conocimientos    o   habilidades
      especializadas a quien se le requiere poseer un
      título universitario o licencia que lo acredite
      como profesional especializado.
      ii) Servicios profesionales: Aquellos servicios
      que son ofrecidos por una persona natural o
      jurídica   con    conocimientos    o   habilidades
      especializadas a quien se le requiere poseer un
      título universitario o licencia que lo acredite
      como profesional especializado; o cuya prestación
      principal consiste en el producto de la labor
      intelectual, creativa o artística, o en el manejo
      de destrezas altamente técnicas o especializadas.
      3 LPRA sec. 9831c. (Énfasis suplido).

      Además, en Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204

DPR   1010,   1022   (2020),   al   interpretar   el   concepto   de

“servicio profesional” en el contexto de una cláusula de

exclusión contenida en una póliza de seguros, añadimos que:

      en ausencia de una definición del término
      “servicios profesionales” como parte de una
      cláusula de exclusión, utilizaremos su acepción
      legal. En este contexto, puntualizamos que “un
      servicio profesional conlleva una vocación,
      llamado, ocupación o empleo que supone, además,
      algún tipo de conocimiento, labor o destreza
      especializada”. La conducta profesional se destaca
      porque    demanda     el   uso    de    habilidades
      “predominantemente intelectuales o mentales, no
      físicas o manuales”. Asimismo, requiere “el uso de
      discernimiento,    según    criterios    inculcados
      mediante estudios o a base de algún conocimiento
      especializado”.      Consiguientemente,     “quedan
      excluidas    las    actividades    que    envuelven
      simplemente    tareas     físicas,    manuales    o
      clericales”. “Por último, es importante señalar
      que la exclusión de servicios profesionales no se
      limita a profesiones tradicionales tales como
      abogados, médicos, arquitectos e ingenieros”.
      (Citas omitidas) (Énfasis suplido).
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                           C.

       El Capítulo VIII de la Ley Núm. 73-2019, supra, rige

todo lo concerniente a los procesos de revisión ante la Junta

Revisora de Subastas. En lo pertinente al caso de autos, el

Art. 64 establece que:

       La parte adversamente afectada por una decisión de
       la Administración, de la Junta de Subastas y/o de
       cualquier Junta de Subastas de Entidad Exenta
       podrá, dentro del término de veinte (20) días a
       partir del depósito en el correo federal o correo
       electrónico notificando la adjudicación de la
       subasta, presentar una solicitud de revisión ante
       la Junta Revisora de la Administración de
       Servicios Generales. Presentada la revisión
       administrativa, la Administración y/o la Junta de
       Subastas correspondiente elevará a la Junta
       Revisora copia certificada del expediente del
       caso, dentro de los tres (3) días naturales
       siguientes a la radicación del recurso. 3 LPRA
       sec. 9838a (Énfasis y subrayado suplido).

       Además, el Art. 66 de la Ley Núm. 73-2019, supra, añade

que:

       La Junta Revisora deberá considerar la revisión
       administrativa, dentro de los treinta (30) días de
       haberse presentado. La Junta Revisora podrá
       extender dicho término una sola vez, por un
       término adicional de quince (15) días calendario.

                                […]

       Si   se  tomare   alguna   determinación  en   su
       consideración, el término para instar el recurso
       de revisión judicial empezará a contarse desde la
       fecha en que se depositó en el correo federal o
       correo electrónico copia de la notificación de la
       decisión de la Junta Revisora resolviendo la
       moción.

       Si la Administración o la Junta Revisora dejare de
       tomar alguna acción con relación a la solicitud de
       revisión dentro del término correspondiente, según
       dispuesto en esta Ley, se entenderá que ésta ha
       sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha
       comenzará a correr el término para la revisión
       judicial. 3 LPRA sec. 9838c.
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      Cabe destacar que, en cualquier escenario dispuesto en

el inciso anterior, el Tribunal de Apelaciones es el foro

con   jurisdicción       para     revisar     estas     determinaciones

administrativas por medio del proceso de revisión judicial

contemplado en la Ley Núm. 38-2017, supra. Art. 68 de la Ley

Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA sec. 9838e.5

                                   III

      En su escrito ante nos, la AEE alega que el Tribunal de

Apelaciones erró al concluir que el recurso de revisión

judicial presentado por St. James Security era prematuro por

no incluir en la notificación de adjudicación del RFP los

términos de revisión administrativa y judicial que dispone

la Ley Núm. 73-2019, supra. A su entender, tal advertencia

era innecesaria debido a que los servicios de vigilancia y

seguridad subastados están, presuntamente, excluidos de las

disposiciones    de   esta      ley,   por   tratarse    de    “servicios

profesionales”.    Así    pues,    considera    que     el    Tribunal   de

Apelaciones carecía de jurisdicción para atender el recurso

de revisión judicial instado por St. James, por haberse

incumplido los términos que dispone la Ley Núm. 38-2017,

supra, para presentar el mismo.

      Por su parte, la Opinión emitida por este Tribunal

coincide con dicha postura. Añade que, si bien los servicios

provistos por un guardia de seguridad licenciado no son, de

5 El Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y
Servicios No Profesionales de la ASG, Reglamento Núm. 9230 de 18 de
noviembre de 2019 recoge estos procesos de revisión administrativa y
judicial.
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ordinario, “servicios profesionales” para efectos de la Ley

Núm. 73-2019, supra,6 las cualificaciones añadidas por la

AEE al RFP sí tienen el efecto de incluirlos bajo esta

categoría. Discrepo de dicha apreciación.

     Un examen del RFP publicado por la AEE refleja que la

entidad    buscaba    contratar     servicios       de    seguridad   y

vigilancia para ciertas Centrales de Generación reguladas

por las disposiciones federales contenidas en el Título 33

del Code of Federal Regulations. Debido a ello, el personal

de seguridad a contratarse tenía que satisfacer una variedad

de requisitos, incluyendo:

6 Con respecto a los requisitos para obtener una licencia de guardia de
seguridad privado, el Artículo 4 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de
1965, según enmendada, conocida como Ley para Regular las Profesiones
de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, 25 LPRA
sec. 285c, dispone, en lo pertinente, que se deberá cumplir con lo
siguiente:
        (e) Haber aprobado un curso de adiestramiento de por lo
        menos cuatro (4) semanas ofrecido por la Academia de la
        Policía y cualquier agencia que vaya a utilizar sus
        servicios.
        (f) Los guardias de seguridad deberán cumplir con seis
        (6) horas en adiestramientos de educación continua cada
        dos (2) años, al momento de renovar su licencia. Cuatro
        (4) de las horas antes requeridas de educación
        continua, deberán ser recibidas compulsoriamente en la
        Academia de la Policía o su entidad sucesora en cursos
        diseñados y ofrecidos por la mencionada agencia.
        (g) Los adiestramientos   tendrán,   sin   limitarse,   el
        siguiente contenido:
           (i) Las disposiciones de esta Ley.
           (ii) Las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Criminal.
           (iii) Código Penal vigente.
           (iv) Ley 404-2000, conocida como “Ley de Armas de
           Puerto Rico”.
           (v) Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida
           como “Ley para la Prevención e Intervención con la
           Violencia Doméstica”.
           (vi) Derechos civiles.
           (vii) Jurisprudencia sobre los temas anteriores.
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      Poseer la Transportation Worker Identification
      Card (TWIC) vigente previo al comienzo de los
      servicios.7
      Aprobar, previo al comienzo de los servicios, la
      evaluación que realiza el Oficial de Instalación
      designado.
      Conocimiento básico de español e inglés, tanto
      oral como escrito. La Autoridad se reserva el
      derecho de hacer pruebas de comunicación oral a
      los guardias de seguridad pare comprobar el
      conocimiento de los dos idiomas.
      Demostrar eficiencia en la redacción de Informes
      tanto en español como en inglés. La Autoridad se
      reserva el derecho de administrar pruebas escritas
      para verificar el cumplimiento de este requisito.
      La   compañía    de   seguridad    proveerá   los
      adiestramientos necesarios y el FSO (Facility
      Security Officer) aprobará lo mismos bajo el
      Código 105.210 (Facility Personnel with Secuirity
      Duties). [33 CFR 105.210].8

7 La Credencial de Identificación de Trabajador de Transporte (TWIC, por
sus siglas en inglés) es requerida por la Ley de Seguridad del Transporte
Marítimo para trabajadores que necesiten accesar áreas seguras en
instalaciones/buques marítimos, entre otros. Para expedirla, la
Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en
inglés) lleva a cabo una evaluación de amenaza de seguridad (background
check).                                                            Véase:
https://tsaenrollmentbyidemia.tsa.dhs.gov/programs/twic?lang=es (última
visita, 29 de noviembre de 2023).
8 El Título 33 del Code of Federal Regulations, que trata sobre
“Navigation and Navigable Waters”, dispone en su Sección 105.210 lo
siguiente:
        Facility personnel responsible for security duties must
        maintain a TWIC, and must have knowledge, through
        training or equivalent job experience, in the
        following, as appropriate:
        (a) Knowledge of current security threats and patterns;
        (b) Recognition and detection of dangerous substances
        and devices;
        (c) Recognition of characteristics and behavioral
        patterns of persons who are likely to threaten
        security;
        (d) Techniques used to circumvent security measures;
        (e) Crowd management and control techniques;
        (f) Security related communications;
        (g) Knowledge of emergency procedures and contingency
        plans;
        (h) Operation of security equipment and systems;
        (i) Testing, calibration, and maintenance of security
        equipment and systems;
        (j) Inspection, control, and monitoring techniques;
        (k) Relevant provisions of the Facility Security Plan
        (FSP);
        (l) Methods of physical screening of persons, personal
        effects, baggage, cargo, and vessel stores; and
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        Presentar evidencia de haber tomado los siguientes
        adiestramientos:

        1. Uso y Manejo de Armas de Fuego - tendrá que
        presentar certificado anual de una armería o
        instructor de tiro certificado y además estar
        adscrito a un polígono.

        2. Amenaza o Hallazgos de Artefactos Explosivos -
        Reconocer y detectar sustancias y dispositivos
        peligrosos y reconocer comportamiento de personas
        que puedan representar amenaza a la seguridad.
        Deberá presentar certificado de la Policía de
        Puerto Rico.

        3. Registro de Vehículos y Personas - deberá
        presentar certificado de la Policía de Puerto
        Rico.

        4. Manejo y Técnicas de control de grupos.

        5. Uso de Radio de Comunicación.

        6. Procedimiento de Manejo de Emergencias y Planes
        de Emergencia. (Énfasis suplido).9

        Contrario a lo dispuesto en la Opinión emitida por este

Tribunal, un análisis de estos requerimientos refleja que

los mismos no tienen el efecto de convertir los servicios

solicitados en unos altamente técnicos o especializados.

Ello pues, no estamos ante servicios ofrecidos por personas

con conocimientos o habilidades especializadas a quienes se

les requiera poseer un título universitario o licencia que

los acredite como tal o cuya prestación principal consista

en     el    producto   de   una   labor   intelectual,     creativa   o

artística, o por medio de destrezas altamente técnicas o

            (m) The meaning and the consequential requirements of
            the different MARSEC Levels.
            (n) Familiar with all relevant aspects of the TWIC
            program and how to carry them out. 33 C.F.R. sec.
            105.210.

9   Apéndice del Alegato de la parte peticionaria, págs. 114-118.
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especializadas. Art. 4 de la Ley Núm. 73-2019, supra, 3 LPRA

sec. 9831c.

        Por el contrario, las tareas en cuestión son unas

inherentemente físicas o manuales. Así se desprende del

Manual      para    el     guardia    de     seguridad    y    vigilancia     de

dependencias anejado al RFP, el cual contempla entre las

labores para estos servidores las siguientes: (1) requerir

a los empleados que presenten sus tarjetas de identificación

para poder entrar a los predios; (2) mantener un registro de

empleados       y       visitantes;    (3)     orientar       al   personal   y

visitantes sobre las áreas de estacionamiento; (4) comunicar

cualquier situación sospechosa que atente contra la vida o

el interés de la AEE; (5) coordinar toda visita con la

persona interesada y anotar en el registro la autorización,

entre otras tareas afines.10

        En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que

los servicios de seguridad y vigilancia procurados por la

AEE son “servicios no profesionales” para efectos de la Ley

Núm. 73-2019, supra, y que, por tanto, la entidad tenía la

obligación         de    cumplir     con   las   disposiciones        de    esta

legislación al procurar los mismos. En particular, la AEE

debió advertir a los licitadores de los procesos de revisión

administrativa y judicial que tenían a su haber al amparo

del citado estatuto, y no tan solo los dispuestos en la Ley

Núm. 38-2017, supra. Al no haberlo hecho, la notificación de

10   Apéndice del Certiorari, págs. 141-143.
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adjudicación cursada por la agencia fue una evidentemente

defectuosa. En consecuencia, el recurso de revisión instado

por St. James Security ante el Tribunal de Apelaciones fue

prematuro.

      La postura que hoy asume este Tribunal pudiese tener el

efecto indeseable de que otras Entidades Exentas añadan

requisitos inmeritorios a sus Requerimientos de Propuestas,

con el fin de intentar convertir los servicios solicitados

en “servicios profesionales” para efectos de la Ley Núm. 73-

2019,   supra,    y   así    evadir    el   cumplimiento     de   las

disposiciones    de   esta    importante     legislación.    Debemos

recordar que la Ley Núm. 73-2019, supra, fue creada con el

propósito de asegurar que los fondos del Gobierno de Puerto

Rico se utilicen de manera justa, imparcial, abierta y

transparente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 73-2019,

supra. Por lo cual, debemos ser sumamente cautelosos al

momento de evaluar si una entidad está exenta o no de cumplir

con   sus   disposiciones    al   momento   de   adquirir   bienes   y

servicios con fondos públicos. En este caso, considero que

fallamos en llevar a cabo dicha tarea.

                                  IV

      Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente

disiento de la Opinión emitida por esta Curia. En este caso,

procedía que se confirmara la decisión del Tribunal de

Apelaciones.

                                   Mildred G. Pabón Charneco
                                         Jueza Asociada