Court Opinion

ID: 9896807
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:20:52.530111+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.409506
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

JOSÉ ANTONIO PADILLA                              APELACIÓN
   OYOLA Y OTROS                                  procedente del
      Apelante                                    Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
             V.                 KLAN202300945     Superior de
                                                  Bayamón
 BRENDA MALDONADO
      PADILLA                                     Civil. Núm.
      Apelado                                     BY2023CV02898

                                                  Sobre:
                                                  Incumplimiento de
                                                  Contrato
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

      El 24 de octubre de 2023, el Sr. José Antonio Padilla Oyola, su

esposa, la Sra. María Isabel Padilla Martínez y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (apelantes o matrimonio Padilla)

comparecieron ante nos mediante Apelación y solicitaron la revisión de

una Sentencia que se dictó y notificó el 26 de septiembre de 2023 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI desestimó sin perjuicio la

Demanda que presentó la parte apelante por entender que el término

de ciento veinte (120) días que dispone la Regla 4.3 (c) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4.3 para emplazar a la parte demandada había

transcurrido.

      Por   los   fundamentos     que    expondremos   a   continuación,

revocamos el dictamen recurrido.

                                    I.

      El 24 de mayo de 2023, el matrimonio Padilla presentó una

Demanda sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y

perjuicios en contra de la Sra. Brenda Maldonado Padilla (señora

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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Maldonado o parte demandada).1 Al día siguiente, a saber, el 25 de

mayo de 2023, el TPI emitió una Orden sobre Emplazamientos mediante

la cual le concedió a la parte apelante un término de cinco (5) días para

someter los proyectos de emplazamiento para que procediera su

diligenciamiento una vez estos fuesen expedidos.2 Además, le advirtió

a la parte que, si no cumplía con lo anterior, no se recibirían los

emplazamientos y continuaría corriendo el término para emplazar. En

cumplimiento con esta orden, el 29 de mayo de 2023, el matrimonio

Padilla presentó un Escrito al Expediente Judicial Moción sobre

Expedición de Emplazamiento a la Parte Demandada. 3 En este, solicitó

que se expidiera el emplazamiento dirigido a la parte demandada y a

su vez, anejó el proyecto de emplazamiento que se sometió mediante el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Así

pues, el 1 de junio de 2023, el TPI emitió y notificó una Orden en la

cual ordenó que se expidiesen los emplazamientos.4 Ese mismo día, a

saber, el 1 de junio de 2023, Secretaría expidió el emplazamiento

sometido.5

        Posteriormente, el 26 de septiembre de 2023, el TPI emitió y

notificó una Sentencia y en esta, expresó que hasta la fecha antes

expuesta no obraba del expediente de autos evidencia que acreditara

que la parte demandada fue emplazada conforme a derecho.6 Expuso

que conforme a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, el

emplazamiento se tenía que diligenciar en el término de ciento veinte

(120) días a partir de la presentación de la Demanda. Así pues,

concluyó que en presente caso había transcurrido dicho término sin

que la parte apelante emplazara a la señora Maldonado conforme a

derecho. Consecuentemente, desestimó la Demanda sin perjuicio al

1 Véase, pags. 4-9 del apéndice del recurso.
2 Íd., págs. 11-12.
3 Íd., págs. 13-15.
4 Íd., pág. 16.
5 Íd., págs. 17-19.
6 Íd., págs. 2-3.
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amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.,

R.39.2.

        Inconforme con este dictamen, el 27 de septiembre de 2023, los

apelantes presentaron una Moción de Reconsideración de Sentencia de

Desestimación y de Permiso para Emplazamiento por Edicto. 7 En primer

lugar, indicaron que el término de ciento veinte (120) días que establece

la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, para emplazar a la parte

demandada vencía el 29 de septiembre de 2023 por lo que la Sentencia

antes mencionada se emitió cuatro (4) días antes de que venciera dicho

término. Sostuvo que el término antes expuesto comenzó a transcurrir

a partir del 1 de junio de 2023 cuando el emplazamiento fue expedido

por Secretaría.

         Por otra parte, en vista de que el término para emplazar no había

vencido aún, los apelantes le solicitaron al TPI a que autorizara

emplazar a la señora Maldonado por edicto y que se expidiera el referido

emplazamiento ya que el diligenciamiento por emplazamiento personal

fue infructuoso. Para sostener dicha alegación, anejó una declaración

jurada que preparó el emplazador acreditando las múltiples diligencias

realizadas para diligenciar el emplazamiento personal.8 Además,

incluyó el correspondiente proyecto de emplazamiento por edicto.9

        En respuesta, el 28 de septiembre de 2023, el TPI emitió y

notificó una Orden en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración.10 Expresó que el término para diligenciar los

emplazamientos comenzó a transcurrir desde que se radicó la

Demanda el 24 de mayo de 2023 y no se presentaron los

emplazamientos simultáneamente. Así pues, resolvió que la parte

apelante tenía hasta el 21 de septiembre para diligenciar los

emplazamientos o solicitar el emplazamiento por edicto. Ante ello, el 4

de octubre de 2023, el matrimonio Padilla presentó una segunda

7 Íd., págs. 20-22.
8 Íd., págs. 23-24.
9 Íd., pág. 25.
10 Íd., pág. 26.
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solicitud de reconsideración y permiso para emplazar por edicto.11

Asimismo, el 5 de octubre presentó una Segunda Moción de Permiso

para Emplazamiento por Edicto.12 A tales efectos, el 11 de octubre de

2023, el TPI emitió y notificó una Orden declarando No Ha Lugar a la

segunda solicitud de reconsideración y al permiso para emplazar por

edicto. Reiteró que el término de ciento veinte (120) días para emplazar

había comenzado a transcurrir desde que se radicó la Demanda. De

igual forma, indicó que la expedición de los emplazamientos fue

posterior ya que la parte apelante no los presentó simultáneamente con

la Demanda.

       Aún en desacuerdo, el 24 de octubre de 2023, el matrimonio

Padilla presentó el recurso de epígrafe y formuló los siguientes

señalamientos de error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       desestimar la demanda por no haber cumplido los
       demandantes con el término para emplazar contenido
       en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
       actuar en contra de sus propios actos al determinar
       que el emplazamiento personal no fue diligenciado
       dentro del término de 120 días por este haber
       comenzado a decursar el día de la presentación de la
       demanda y no desde el día en que Secretaría expidió el
       emplazamiento cuando de la propia orden impartida
       por el TPI surge que concedía a la parte demandante
       el término de cinco (5) días para presentar el proyecto
       de emplazamiento so pena de que continuara
       corriendo el término para emplazar.

       Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de lograr

el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B R. 7.

                                  II.

       El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se

le notifica al demandado sobre la existencia de una reclamación

incoada en su contra, para así garantizarle su derecho a ser oído y

11 Íd., págs. 27-31.
12 Íd., págs. 32-34.
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defenderse. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 480

(2019). Además, a través del emplazamiento los tribunales adquieren

jurisdicción sobre la persona del demandado, “de forma tal que este

quede obligado por el dictamen que finalmente se emita”. Íd.

        La Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4, establece

dos maneras de diligenciar el emplazamiento, a saber, de forma

personal o mediante edicto. Carribean Orthopedics Products of Puerto

Rico,   LLC   v.   Medshape,    Inc.,    207   DPR   994,   1005    (2021).

El emplazamiento personal      es   el   método   idóneo    para   adquirir

jurisdicción. Íd. No obstante, por excepción y en circunstancias

específicas, la referida regla permite que se emplace por edicto cuando

la persona a ser emplazada no puede ser ubicada pese a las diligencias

realizadas a tales efectos. Íd. Sobre este particular, la Regla 4.6 (a) de

Procedimiento Civil, supra, establece lo siguiente:

        (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de
            Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo
            ser localizada después de realizadas las diligencias
            pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si
            es una corporación extranjera sin agente residente, y
            así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante
            declaración jurada que exprese dichas diligencias, y
            aparezca también de dicha declaración, o de la
            demanda presentada, que existe una reclamación
            que justifica la concesión de algún remedio contra
            la persona que ha de ser emplazada, o que dicha
            persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal
            podrá dictar una orden para disponer que el
            emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá
            un diligenciamiento negativo como condición para
            dictar la orden que disponga que el emplazamiento se
            haga por edicto.

               La orden dispondrá que la publicación se haga una
           sola vez en un periódico de circulación general de la
           Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que
           dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación
           del edicto se le dirija a la parte demandada una copia
           del emplazamiento y de la demanda presentada, por
           correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra
           forma de servicio de entrega de correspondencia con
           acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no
           posea vínculo alguno con la parte demandante y no
           tenga interés en el pleito, al lugar de su última
           dirección física o postal conocida, a no ser que se
           justifique mediante una declaración jurada que a pesar
           de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos a
           encontrar una dirección física o postal de la parte
           demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible
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          localizar dirección alguna de la parte demandada, en
          cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta
          disposición.

      Ahora bien, cabe resaltar que para que un tribunal permita un

emplazamiento por edicto, tiene que haberse intentado efectuar

previamente un emplazamiento personal, y después de haberse

sometido una declaración jurada con las diligencias efectuadas.

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987-988 (2020). Sobre la

declaración jurada acreditativa de las diligencias para emplazar, se ha

resuelto que esta debe expresar hechos específicos y no meras

conclusiones o generalidades, expresando las personas con quienes se

investigó y su dirección. Íd. Además, se ha reconocido como buena

práctica, el inquirir de las autoridades de la comunidad, la policía, el

alcalde, entre otros. Íd.

       Demostrar que se han hecho todas esas diligencias es la única

forma en que puede establecerse satisfactoriamente ante el juez la

imposibilidad de notificar personalmente al demandado. Lanzó Llanos

v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 514 (1993). A tenor con lo

anterior, debido a que la declaración jurada que se presenta en apoyo

a la publicación de un edicto es parte integral del procedimiento de

emplazamiento por edicto, un tribunal no adquiere jurisdicción si es

insuficiente para inspirar el “convencimiento” judicial necesario. Reyes

v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 25 (1993).

      De otro parte, en cuanto al término para emplazar, la Regla 4.3(c)

de Procedimiento Civil, supra, establece lo siguiente:

      (c) El emplazamiento será diligenciado en el término de
      ciento veinte (120) días a partir de la presentación de
      la demanda o de la fecha de expedición del
      emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria
      deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se
      presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los
      expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo
      tiempo adicional que los tribunales otorgarán para
      diligenciar los emplazamientos una vez la parte
      demandante haya presentado de forma oportuna una
      solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que
      se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá
      dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin
      perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por
      incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el
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       efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis y
       subrayado nuestro).

       De la precitada regla, se desprende, entre otros asuntos, el

término que tiene el demandante para emplazar y el momento en que

empieza a transcurrir dicho término. Específicamente, dicha regla es

clara al establecer que la Secretaría del tribunal deberá expedir los

emplazamientos el mismo día en que se presente la demanda siempre

que el demandante entregue los formularios de emplazamiento ese

mismo día. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 648-

649 (2018). En estas instancias, el demandante tendrá un término

improrrogable de ciento       veinte (120) días       para diligenciar el

emplazamiento so pena de que se desestime automáticamente si no lo

hace dentro de dicho término. Íd., pág. 649.

       Sin embargo, el Tribunal Supremo resolvió que si la Secretaría

no expidiese el emplazamiento el mismo día en que se presentó la

demanda junto al emplazamiento, el tiempo que demore el tribunal en

expedir los emplazamientos será el tiempo que tendrá la parte

demandante para diligenciar su emplazamiento. Íd. Cabe resaltar que

en ninguna circunstancia la parte contará con más de ciento veinte

(120) días para diligenciar el emplazamiento. En fin, para que

comience a decursar el referido término de ciento veinte (120)

días, es requisito no solamente que se haya presentado la demanda

y sometido el emplazamiento correspondiente sino, además, que

el emplazamiento sea expedido por el tribunal. (Énfasis nuestro) Íd.,

pág. 650.

       Por último y en lo pertinente al caso ante nos, en el caso Sánchez

Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág.992, el Tribunal Supremo estableció

que cuando una parte demandante solicita emplazar por edicto dentro

del   término   de   ciento   veinte   (120)   días   para   diligenciar   el

emplazamiento personal, “el término para diligenciar el emplazamiento

por edicto se prorroga tácitamente, ya que se trata de un nuevo

emplazamiento, distinto al emplazamiento personal que se expide

automáticamente con la presentación de la demanda”. Es decir, el
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término de ciento veinte (120) días comienza a transcurrir nuevamente

cuando se autoriza y se expide el emplazamiento por edicto. Íd.

                                  III.

      En su recurso de Apelación, el matrimonio Padilla argumentó

que el TPI erró al desestimar la Demanda por razón de que estos no

habían emplazado a la parte demandada dentro de los ciento veinte

(120) días que dispone la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.

Específicamente sostuvo que el TPI erró al determinar que el término

de ciento veinte (120) días comenzaba a decursar el día de la

presentación de la demanda y             no desde que se expidió     el

emplazamiento. Le asiste la razón. Veamos.

      Discutiremos los señalamientos de error en conjunto por estar

íntimamente relacionados entre sí. Conforme al precitado derecho,

para que comience a transcurrir el término de ciento veinte (120) días

para diligenciar el emplazamiento, sea este un emplazamiento personal

o un emplazamiento por edicto, es requisito no solamente que se haya

presentado la demanda y sometido el emplazamiento correspondiente,

sino, además, que el emplazamiento sea expedido por el tribunal.

Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 650. Asimismo, la

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, claramente establece que el

emplazamiento será diligenciado en el término antes expuesto a partir

de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del

emplazamiento por edicto.

      En el caso de autos, el matrimonio Padilla presentó su Demanda

el 24 de mayo de 2023 y al día siguiente, el TPI emitió una Orden sobre

Emplazamiento, concediéndole a los apelantes un término de cinco (5)

días, a saber, hasta el 29 de mayo de 2023, para someter los proyectos

de emplazamiento “para que procediera su diligenciamiento una vez

estos fuesen expedidos”. Oportunamente, los apelantes presentaron un

proyecto de emplazamiento dirigido a la señora Maldonado y el 1 de

junio de 2023, Secretaría expidió el referido emplazamiento. Estamos

conscientes de que el matrimonio Padilla no presentó su proyecto de
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emplazamiento junto a su Demanda. Sin embargo, como mencionamos

anteriormente, el TPI le otorgó un término para presentar su proyecto

de emplazamiento y estos cumplieron con la referida orden. Así pues,

es forzoso concluir que el término de ciento veinte (120) días para

diligenciar el aludido emplazamiento comenzó a transcurrir el 1 de

junio de 2023, fecha en que Secretaría expidió el emplazamiento y no

desde el momento en que se presentó la Demanda. Por lo tanto, el

matrimonio Padilla tenía hasta el 29 de septiembre de 2023 para

diligenciar el emplazamiento.

      Dicho lo anterior, el TPI erró al emitir una Sentencia el 26 de

septiembre de 2023, desestimando la Demanda sin perjuicio por razón

de que la parte no había emplazado a la parte demandada dentro del

término de ciento veinte (120) días a pesar de que todavía le faltaban

cuatro (4) días a los apelantes para diligenciar el emplazamiento.

Además, no podemos concurrir con el TPI en que el término para

diligenciar el emplazamiento comenzó a transcurrir a partir de la

presentación de la Demanda como este foro expone en el dictamen

recurrido. Como concluimos anteriormente, el término de ciento veinte

(120) días comienza a decursar desde que se expide el emplazamiento

y no así desde que se presenta la Demanda. Consecuentemente, el TPI

cometió el primer y segundo señalamiento de error.

      Ahora bien, considerando lo antes resuelto, cabe precisar que, el

matrimonio Padilla presentó una solicitud para emplazar por edicto el

27 de septiembre de 2023, entiéndase, dentro del término de ciento

veinte (120) días para diligenciar el emplazamiento personal. Ello, ya

que no pudo emplazar a la parte demanda por emplazamiento personal.

En consecuencia, le ordenamos al TPI a atender dicha solicitud por

haberse hecho oportunamente. Si el TPI autoriza dicho emplazamiento,

el término para diligenciar el emplazamiento por edicto se prorroga

tácitamente, ya que se trata de un nuevo emplazamiento. Sánchez Ruiz

v. Higuera Pérez, supra, pág.992. Es decir, el término de ciento veinte

(120) días comenzará a transcurrir nuevamente si el TPI autoriza y si
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se expide el emplazamiento por edicto. Aclaramos que, con lo antes

mencionado no estamos prejuzgando en los méritos de si procede o no

autorizar el emplazamiento por edicto. Dicha determinación le

corresponde al foro apelado.

                                   IV.

      Por   los   fundamentos    que     expondremos   a   continuación,

revocamos el dictamen recurrido y le ordenamos al TPI a que proceda

conforme a lo aquí resulto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones