Court Opinion

ID: 9896808
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:20:57.224957+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.359965
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

  RAFAEL A. MELÉNDEZ                                Recurso de
        RIVERA                                      Certiorari
                                                    procedente del
         Recurrido                                  Tribunal de
                                                    Primera Instancia,
                                                    Sala Superior de
                                                    San Juan
              V.                 KLCE202301062
                                                    Caso Núm.:
                                                    SJ2023CV00325

     ESTADO LIBRE                                   Sobre:
  ASOCIADO DE PUERTO                                Daños y Perjuicios
     RICO Y OTROS

        Peticionarios
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

      Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por

conducto de la Oficina del Procurador General (en adelante, el

Estado o parte peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos

solicita que revoquemos una Resolución y Orden emitida el 13 de

julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan (en adelante, TPI o foro primario). Mediante la aludida

Resolución, el TPI declaró NO HA LUGAR la una Moción Solicitando

la Desestimación de la Demanda al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil presentada por el Estado. El foro primario

también ordenó a los demandados contestar la demanda que el

Señor Rafael A. Meléndez Rivera (parte demandante) presentó, so

pena de rebeldía.

      Por   los    fundamentos    que   exponemos    a   continuación,

denegamos expedir el recurso solicitado.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301062                                                         2

                                        -I-

       El 17 de enero del 2023, la parte demandante presentó una

demanda en contra del Estado; el Negociado de la Policía de Puerto

Rico y la Teniente Marylin Vargas Reguero. En esta, solicita

compensación monetaria por alegados patrones de discrimen

político luego de cesar sus funciones como jefe de escolta de un ex

gobernador de Puerto Rico.1 El 9 de mayo de 2023 el Estado,

representado por la Oficina del Procurador General, presentó ante

el TPI una Moción Solicitando la Desestimación de la Demanda en

su contra al amparo de lo dispuesto en la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil. En dicha moción, el Estado alegó que la

demanda debía ser desestimada debido a que: 1) el foro primario

carecía de jurisdicción sobre la materia; 2) la demanda fue notificada

al Estado de forma tardía; 3) las alegaciones de la demanda eran

insuficientes y 4) la demanda estaba prescrita.2

       Así las cosas, el TPI emitió la Resolución y Orden.3 En síntesis,

el TPI concluyó que si bien la Comisión Apelativa del Servicio Público

(en adelante, CASP) de ordinario tiene jurisdicción exclusiva para

dilucidar controversias referentes al principio de mérito, la Ley

Orgánica de dicha dependencia establece que se podrá acudir al foro

judicial a solicitar daños y perjuicios cuando los mismos no hayan

sido solicitados ante el ente administrativo. También concluyó que,

considerando las alegaciones presentadas en la demanda, los

alegados daños se clasifican como continuos, por lo que determinó

que la reclamación no estaba prescrita. Sobre este aspecto añadió

que si una vez culminado el descubrimiento de prueba, se establecía

que los daños eran sucesivos y no continuos la parte demandada

podría presentar nuevamente su planteamiento sobre prescripción.

1 Véase anejo V (demanda original).
2 Véase anejo VI (moción de desestimación).
3 Véase la página 10 del anejo III (Resolución y Orden del TPI).
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Por los mismos fundamentos sostuvo que la notificación de la

intención de demandar fue efectuada dentro del término dispuesto

para ello.

       El 25 de septiembre de 2023, el Estado presentó ante este

Tribunal de Apelaciones su recurso de certiorari. En resumen, el

Estado argumentó que, indistintamente de que los daños se reputen

sucesivos o continuos, es un hecho incuestionable que la

notificación de la posible demanda se realizó fuera del término

dispuesto en ley para ello.4 En su contención, el Estado sostuvo que

la naturaleza del daño resulta irrelevante al momento de determinar

cuando comienza a computarse el término de noventa días para

notificar al Secretario de Justicia sobre una posible demanda en

contra del Estado. Explica que este término comienza a transcurrir

cuando se tiene conocimiento del daño y quién lo causó. El Estado

enfatiza que, en cuanto al segundo incidente, con fecha de 16 de

agosto de 2022, la notificación de aviso de posible demanda al

Secretario de Justicia debía haberse gestionado no más tarde del 11

de noviembre de 2022. Sin embargo, la misma se diligenció el 5 de

enero de 2023, cuando habían transcurrido ciento treinta y dos días

desde que el recurrido advino en conocimiento del alegado daño y

quién lo ocasionó, sin que haya demostrado la existencia de justa

causa para la tardanza. También alegó que tampoco se emplazó al

Secretario de Justicia dentro del mencionado término. En la

alternativa, el Estado argumenta que los actos culposos imputados

a la Teniente Vargas Reguero por la parte recurrida tuvieron lugar

en fechas distintas, uno el 19 de febrero de 2021 (la supuesta

denegatoria a la solicitud de destaque)5 y, el 16 de agosto de 2022

(la supuesta orden de no estar en los predios de Fortaleza)6, entre

4 Véanse las páginas 15-17 del recurso de certiorari.
5 Véanse las páginas 16 y 17 del recurso de certiorari.
6 Pagina 17 del recurso de certiorari.
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las que transcurrió más de un año. En relación con esto, el Estado

arguye que dichos actos son una secuencia de daños individuales y

concretos que se producen en intervalos distintos de tiempo y por

esto se deben considerar de carácter sucesivo. Por lo tanto, alega

que, cada acto produjo un daño distinto que generó una causa de

acción separada para cada acto o incidente. Y por eso, la primera

causa de acción del 19 de febrero de 2021, esta prescrita y la

segunda, ocurrida el 16 de agosto de 2023 es inoficiosa por falta de

notificación al Secretario de Justicia.

                                  -II-

                                  -A-

      Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).         El certiorari es un recurso

extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206

DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020), IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Este Tribunal

tiene la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir

con el discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 97 (2008).

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, prescribe los criterios que

debemos tomar en consideración al momento de determinar si

expedimos o denegamos el auto solicitado:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
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      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

                                  -B-

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

permite la desestimación de una demanda cuando esta deja de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

Al momento de evaluar una moción bajo la Regla 10.2, supra, el

tribunal deberá tomar como ciertos todos los hechos bien alegados

en la demanda que hayan sido aseverados de manera clara y

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas, y deberá

interpretarlos conjuntamente, liberalmente y de la forma más

favorable para la parte demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008).

      Además, debe tenerse presente que una demanda solo tiene

que contener una relación sucinta y sencilla de la reclamación

demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio.

Véase la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. La

parte demandante no tiene que elaborar alegaciones minuciosas y

jurídicamente perfectas, sino bosquejar a grandes rasgos su

reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla de los

hechos. Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010).

Una moción de desestimación al amparo del inciso (5) de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil procederá si, luego de examinada, el TPI

determina que, a la luz de la situación más favorable al demandante
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y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es insuficiente para

constituir una reclamación válida. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo,

187 DPR 811, 821 (2013). En otras palabras, el promovente de la

moción de desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que

lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación

que justifique la concesión de un remedio. Rosario v. Toyota, 166

DPR 1, 7 (2005).

                                -C-

      La jurisdicción se define como el poder o autoridad que posee

un tribunal para considerar y decidir un caso o controversia. Cobra

Acquisitions LLC v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022).

Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que los

tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción y

en que no tenemos discreción para asumir jurisdicción en donde no

la hay. Es decir, la jurisdicción incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Grp., Inc. v.

Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020). Siendo ello así, les corresponde

a los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo., supra, en la pág. 883.

      Los foros judiciales de Puerto Rico son de jurisdicción general

y tienen autoridad para entender sobre cualquier causa de acción

que presente una controversia para su adjudicación a menos que

específicamente se le haya privado de su jurisdicción. Clases A, B y

C v. PRTC, 183 DPR 666 (2011). Ahora bien, una agencia

administrativa solo tiene los poderes otorgados expresamente por su

Ley habilitadora y aquellos que sean indispensables para cumplir

sus deberes, responsabilidades y la política pública que le inspira.

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 403 (2010). Por lo

tanto, los foros judiciales administrativos son de jurisdicción

limitada. En ciertas ocasiones existen controversias jurídicas que

involucran determinaciones administrativas de las agencias del
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Estado, donde una legislación o asuntos particulares del caso, priva

a los tribunales de jurisdicción o exigen su abstención. Clases A, B

y C v. PRTC, supra.

      La doctrina de jurisdicción primaria es una de las doctrinas

de autolimitación judicial de origen jurisprudencial que surgen bajo

controversias en el ámbito del Derecho Administrativo. En el ámbito

del Derecho Administrativo, cuando la Asamblea Legislativa delega

funciones gubernamentales a las agencias administrativas, puede

haber incertidumbre con respecto a qué foro, si el judicial o el

administrativo, tiene jurisdicción original para dilucidar una

controversia que surja con relación a la función delegada. Rodríguez

Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014). En esos casos, para

determinar qué foro tiene jurisdicción original se utiliza la doctrina

de jurisdicción primaria la cual exige que los tribunales emprendan

la tarea de examinar los alcances de la Ley habilitadora de una

agencia y determinar si el asunto cae estrictamente dentro de su

ámbito. Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407

(2012). Esta doctrina no tiene el efecto de privar de jurisdicción al

foro judicial, sino que dispone cuál foro, ya sea el judicial o el

administrativo, debe atender inicialmente la controversia. Beltrán

Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020).

      Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha distinguido dos

vertientes dentro de la jurisdicción primaria. La jurisdicción

primaria exclusiva o jurisdicción estatutaria es de aplicación cuando

una   Ley   le   confiere   jurisdicción   a   determinado   organismo

administrativo, en el cual establece que este será el único foro con

facultad para atender, inicialmente, determinada controversia.

Beltrán Cintrón v. ELA, supra. La misma, persigue suplir un

procedimiento ágil y sencillo, poco costoso, que atienda el asunto

sin el rigor procesal que generalmente ha caracterizado a los

tribunales tradicionales. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al.,
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supra. Quiere decir que, cuando la Ley le confiere jurisdicción

exclusiva al organismo administrativo, los tribunales quedan

excluidos de intervenir en primera instancia. Id. No obstante, la

jurisdicción primaria exclusiva no excluye la revisión judicial, sino

que la pospone hasta que el organismo administrativo emita su

decisión final”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657

(2009).

                                   -D-

      La Ley de Personal del Servicio Público, Ley Núm. 5 de 14 de

octubre de 1975, 3 LPRA ant. sec. 1301 et seq. (derogada), estableció

la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal

(JASAP). Ese estatuto fue derogado por la Ley para la Administración

de los Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184-

2004, 3 LPRA secs. 1461-1468p, la cual creó la Comisión Apelativa

del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH)

para sustituir a JASAP. A ese organismo apelativo (CASARH) se le

concedió jurisdicción apelativa en las reclamaciones de los

empleados públicos no organizados sindicalmente, las cuales se

relacionen al principio de mérito, entiéndase la clasificación de

puestos, reclutamiento y selección, ascensos, traslados y descensos,

adiestramiento, y retención. Con el Plan de Reorganización Núm. 2

de 2010, aprobado el 26 de julio de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, se

estableció la CASP, 35 3 LPRA sec. 1462. Este organismo posee

jurisdicción apelativa para atender asuntos obrero-patronales y del

principio de mérito. En lo pertinente, el Art. 12 del mencionado Plan

de Reorganización dispone lo siguiente: La Comisión tendrá

jurisdicción   exclusiva   sobre   las   apelaciones   surgidas   como

consecuencia de acciones o decisiones de los Administradores

Individuales y los municipios en los casos y por las personas que se

enumeran a continuación: (a) cuando un empleado, dentro del

Sistema de Administración de los Recursos Humanos, no cubierto
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por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada,

conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio

Público”, alegue que una acción o decisión le afecta o viola cualquier

derecho que se le conceda en virtud de las disposiciones de la Ley

Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, la Ley Núm.

81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como la

“Ley de Municipios Autónomos”, los reglamentos que se aprueben

para instrumentar dichas leyes, o de los reglamentos adoptados por

los Administradores Individuales para dar cumplimiento a la

legislación y normativa aplicable. Véase Torres Pagan et al. v. Mun.

de Ponce 191 DPR 583 (2014).

                                 -E-

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido y

distinguido diferentes tipos de daños. Entre ellos se encuentran los

daños continuos o continuados y los daños sucesivos. Sobre los

daños continuos el Tribunal Supremo los define como aquellos

producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables

al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas

ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas

entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca

por ser previsible el carácter continuado e ininterrumpido de sus

efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto

compuesto por elementos de daño actual y por tanto cierto”. Rivera

Ruiz, et al. v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 417-418 (2016). Estos

tipos de daños se distinguen por ser daños derivados de acto ilícito

como unidad y no como una pluralidad de daños particulares. Por

su naturaleza, el plazo prescriptivo para reclamar por daños de

naturaleza continua comienza a transcurrir cuando se verifique el

último de los actos o se produzca el resultado definitivo. Rivera Ruiz

v. Mun. de Ponce, supra; Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 197 DPR

656, 666-667 (2017).
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      Sobre los daños sucesivos, en Cacho González et al. v.

Santarrosa et al., 203 DPR 215, 222-223 (2019), nuestro Alto Foro

sostuvo que estos daños constituyen una secuencia de daños

individuales y concretos que se producen en intervalos finitos de

tiempo. Cada lesión a causa de un acto u omisión culposa o

negligente produce un daño distinto, que a su vez genera una causa

de acción independiente. Son daños ciertos que se van repitiendo,

sin que necesariamente sean idénticos, y que no son previsibles o

susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia razonable. En

este caso, el Tribunal Supremo aclara que, aunque tradicionalmente

se han referido a las doctrinas bajo estudio como daños continuos o

daños sucesivos, lo que en realidad es continuo o sucesivo en estos

escenarios es el acto u omisión que produce el daño y no,

necesariamente, la lesión sufrida. Id. Lo anterior permite poder

distinguir los hechos de cada caso y aplicar la doctrina

correspondiente.   Los   daños   continuados   tienen   tres   rasgos

distintivos: (1) nace de uno o varios actos culposos o negligentes

imputables al mismo actor; (2) los daños ocasionados se manifiestan

ininterrumpidamente, y (3) esos daños, en conjunto, conforman un

proceso perjudicial progresivo de carácter unitario. Velázquez Ortiz

v. Mun. Humacao, supra, en las págs. 665-666.

      En Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, supra, pág. 426, el Tribunal

Supremo estableció que, ante daños y perjuicios causados por

cualquier acto u omisión culposo o negligente de carácter

continuado, el término prescriptivo para incoar una acción para

solicitar resarcimiento comienza a transcurrir cuando se verifiquen

los últimos actos u omisiones o se produzca el resultado definitivo,

lo que sea posterior.

                                 -F-

      La prescripción es una figura que extingue un derecho debido

a que una parte no lo ejerce en un período determinado por ley.
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Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). A su

vez, es una institución de derecho sustantivo, y no procesal, que

extingue el derecho a ejercer determinada causa de acción.

Meléndez Lebrón v. Rodríguez Casiano, 203 DPR 885 (2020). Para

evitar el efecto que tiene la prescripción sobre el derecho para ejercer

una causa de acción, nuestro ordenamiento civil reconoce tres

formas de interrumpir el transcurso del término, a saber: por su

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el

deudo”. Una vez se interrumpe oportunamente, el término

prescriptivo comienza a transcurrir nuevamente. SLG García-Villega

v. ELA, 190 DPR 799, 816 (2014). Por tanto, conforme al Artículo

1197 del vigente Código Civil de 2020 31 LPRA sec. 5311 et seq,

salvo que se produzca la interrupción mediante alguna de las formas

indicadas, el término prescriptivo para una acción en daños y

perjuicios es de un (1) año.

      De otra parte, en virtud de la doctrina de inmunidad

soberana, en nuestra jurisdicción se requiere del consentimiento del

Estado para entablar procedimientos judiciales en su contra.

Defendini Collazo et al. v. ELA, 134 DPR 28 (1993). Para viabilizar lo

anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 104 de 29 de

junio de 1955, 32 LPRA § 3077, et seq., En lo pertinente, para

presentar la reclamación contra el ELA, la parte perjudicada deberá

acreditar lo siguiente:

      (a) presentar al Secretario de Justicia una notificación
          escrita haciendo constar, en forma clara y concisa,
          la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño
          sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y
          la dirección del reclamante, así como el sitio donde
          recibió tratamiento médico en primera instancia.

      (b) Dicha notificación se entregará al Secretario de
          Justicia remitiéndola por correo certificado, o por
          diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma
          fehaciente reconocida en derecho.
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      (c) La referida notificación escrita se presentará al
         Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) días
         siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo
         conocimiento de los daños que reclama. (Énfasis
         nuestro) Si el reclamante estuviere mental o físicamente
         imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del
         término prescrito, no quedará sujeto a la limitación
         anteriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la
         referida notificación dentro de los treinta (30) días
         siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.

      (d) […]

      (e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna
          contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
          por daños causados por la culpa o negligencia de
          aquél, si no se hubiese efectuado la notificación
          escrita en la forma y manera y dentro de los
          plazos prescritos en esta sección, a menos que no
          haya mediado justa causa para ello.           Esta
          disposición no será aplicable a los casos en que la
          responsabilidad del Estado esté cubierta por una
          póliza de seguro. (Énfasis nuestro)

      El requisito de notificación persigue el propósito de “poner

sobre aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de

acción por daños en su contra de modo que pueda activar sus

recursos de investigación prontamente.” Rosario Mercado v. ELA,

189 DPR 561 (2013); Rivera de Vincenti v. ELA, 108 DPR 64, 69

(1978). La norma persigue proveerle al Estado la oportunidad de

investigar lo reclamado en una fecha cercana a los hechos

imputados, para así permitir al Estado tomar medidas necesarias,

tramitar prontamente la reclamación y evitar daños futuros. El

término de 90 días es de cumplimiento estricto, por lo que no

alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional. Loperena

Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 359 (1977). Esta calificación, libera al

tribunal de un automatismo dictado por el calendario y salva su

fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según

lo ameriten las circunstancias. Id., en la pág. 360

                                  -III-

      Tal   y   como   concluyó    el     TPI,   conforme   al   Plan   de

Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público, los
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empleados públicos pueden recurrir al foro judicial para el reclamo

de daños y perjuicios cuando no los reclamen ante la CASP. Por lo

que no es correcto el planteamiento de que el foro primario carezca

de jurisdicción para el asunto.

      De otra parte, coincidimos con el foro primario en que el

trámite se encuentra en una etapa muy prematura para que se

pueda determinar si los alegados daños sufridos por el demandante

se clasifican como sucesivos o continuados. En gran medida, la

subsistencia de la reclamación realizada por el Señor Rafael A.

Meléndez Rivera depende de la clasificación que en su momento el

Tribunal les dé a los alegados daños si es que estos logran probarse

en el Tribunal. En este momento, de las alegaciones contenidas en

la demanda, el TPI entiende que se tratan de daños continuados.

Por tal razón, tanto la presentación de la demanda como la

notificación   al   Estado   no   fueron   presentadas   tardíamente.

Enfatizamos que, si el Estado considera que se tratan de daños

sucesivos o considera que la reclamación es tardía, deberá así

establecerlo a satisfacción del TPI en su día en juicio ordinario o

mediante los procesos de descubrimiento de prueba. Coincidimos

con el foro primario que al presente no estamos en posición de tomar

una decisión a esos efectos. En cuanto al planteamiento realizado

por el Estado, sobre la insuficiencia de las alegaciones basta señalar

que las Reglas de Procedimiento Civil establecen que las alegaciones

serán sucintas y sencillas. Es decir, estas deberán ser sostener que

ocurrieron unos hechos y que estos sean suficientes para obtener

un remedio.

       Como se deriva de lo que se expusiera previamente,

corresponde a las partes demostrar o derrotar que los hechos,

ocurrieron o no, o si estos se clasifican como daños continuos o

sucesivos. En este momento, es una etapa prematura para decidir

como clasificar los daños y, por tanto, desestimar la causa de acción.
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      Luego    de   examinar     el   expediente   y   los   argumentos

presentados por la parte peticionaria, no surge que el foro primario

haya actuado de forma prejuiciada o parcializada, ni que incurriera

en un craso abuso de discreción o que se equivocara en la aplicación

de la norma jurídica. La parte peticionaria tampoco logró

convencernos de que abstenernos de interferir con el dictamen del

TPI constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Por

consiguiente, denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                  -IV-

      Por los fundamentos expuestos previamente denegamos

expedir el auto de certiorari.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones