Court Opinion

ID: 9890355
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:18:23.760374+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:29.154137
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

  CARMEN R. ROLDÁN ROSA                         Revisión
                                                Judicial
         Recurrida                              procedente del
                                                Departamento de
             V.                                 Asuntos del
                               KLRA202300173    Consumidor
  COOPERATIVA DE AHORRO
    Y CRÉDITO NUESTRA                           Caso Núm.:
      SEÑORA DE LA                              MAY-2021-0002659
   CANDELARIA (CANDEL
         COOP.)                 Consolidado     Sobre:
                                                Compra Venta de
        Recurrente                              Vehículos de
                                                Motor

  CARMEN R. ROLDÁN ROSA

         Recurrida             KLRA202300228

             V.

  COOPERATIVA DE AHORRO
    Y CRÉDITO NUESTRA
      SEÑORA DE LA
   CANDELARIA (CANDEL
         COOP.)

     MANATÍ AUTO LLC

        Recurrente

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, la juez Grana Martínez y el juez Rodríguez
 Flores

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                              SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

       Comparecen      la   Cooperativa   de   Ahorro   y   Crédito

 Nuestra Señora de la Candelaria, en adelante Candel

 Coop. y Manatí Auto LLC, en adelante Manatí Auto, en

 conjunto    los       recurrentes,   quienes     solicitan     que

 revoquemos una Resolución emitida por el Departamento

 de Asuntos del Consumidor, en adelante DACo. Mediante

 la misma, se declaró ha lugar una querella presentada

Número Identificador

RES2023_________________
KLRA202300173 Consolidado con                                                 2
KLRA202300228

por   la    señora      Carmen      Roldán       Rosa,    en     adelante   la

señora Roldán o la recurrida, y en consecuencia se

declaró la nulidad de un contrato de compraventa de un

vehículo     de    motor      entre   la      señora     Roldán     y   Candel

Coop.

      Dado      que    los    recursos      de    revisión       judicial    de

Candel      Coop.,       clasificado          alfanuméricamente           como

KLRA202300173,          y      de     Manatí           Auto,     clasificado

alfanuméricamente como KLRA202300228, plantean errores

en la misma resolución final administrativa, ordenamos

su consolidación. Orden Administrativa Núm. DJ-2019-

316, según enmendada.

      Por       los         fundamentos          que      expondremos        a

continuación, se confirma la Resolución recurrida.

                                      -I-

      Surge       de   la    copia    certificada          del    expediente

administrativo         que,    la     señora      Roldán       presentó     una

Querella contra Manatí Auto LLC y Candel Coop. ante

DACo.1 Mediante esta, solicitó que se le devolviera la

cantidad total de la compra del vehículo, ya que de

haber sabido antes de la compraventa que el automóvil

había sido chocado, no lo hubiera comprado.

      Luego de varios trámites procesales, DACo celebró

una     vista     administrativa         en      la    cual    formuló      las

siguientes determinaciones de hechos:

      1. El día 6 de noviembre de 2020 la querellante
         acudió a las facilidades de Manatí Auto para
         adquirir un automóvil.2

      2. De   su    testimonio  bajo    juramento   no
         controvertido se desprende que la atendieron
         empleados   vendedores de   Manatí   Auto,  y
         adquirió de las facilidades del dealer una

1  Apéndice de Candel Coop., págs. 7-9. Véase, además, Copia
certificada del expediente administrativo, Querella Número: May-
2021-0002659.
2 Transcripción de vista, pág. 9.
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KLRA202300228

         unidad vehicular marca Mitsubishi modelo
         Outlander usada del año 2017. Identificó a
         uno de los empleados como Luis Irizarry.3

      3. Surge de la orden de compra que el vehículo
         al momento de la compra tenía 49,297 millas.4

      4. De la orden de compra marcada como el exhibit
         II de Manatí Auto se desprende que se expresó
         que el concesionario era “Candel Coop”. La
         orden no tiene la firma de la querellante, y
         bajo juramento expresó que no se le había
         entregado esta.5

      5. Que además se desprende del recibo número
         319884 de 6 de noviembre de 2020 un pago de
         la querellante por la suma de $500 que
         expresa “…Pronto Depo-Mit-Out 2017…” y que el
         método de pago fue una "credit card".6

      6. Que bajo juramento la querellante expresó que
         el recibo lo expidió el dealer Manatí Auto.7

      7. Que el testimonio de la querellante es
         corroborado por el documento que se emite por
         la aplicación digital para procesar evidencia
         del pago con tarjetas. El mismo tiene impreso
         la suma de $500.00, y “Manatí Auto Bo. Coto
         Norte Carr. 2km Manatí PR 00674 787-944-1111
         DEBIT SALE”. Además, tiene como fecha de la
         transacción el 6 de noviembre de 2020.8

      8. Que Manatí Auto sometió como evidencia un
         documento marcado como exhibit I y que tiene
         como título “Relevo de Responsabilidad y
         Contrato   de   Venta   de  Auto   Reposeído.
         Compraventa”, con fecha de 21 de noviembre de
         2020.9

      9. Que   este    documento    tiene   como parte
         compradora   a    la   querellante,   y parte
         vendedora a la Cooperativa de Ahorro y
         Crédito Nuestra Señora de la Candelaria
         (Candel COOP)”. En su inciso segundo expone
         lo siguiente:

            La   adquisición  de   la   propiedad  y
            posesión del vehículo en referencia se
            perfeccionó mediante Contrato de Acuerdo
            de Entrega Voluntaria el 18 de junio de
            2020, en virtud de la imposibilidad de
            el (la) titular, Pedro J. Figueroa
            Centeno, de hacer los pagos mensuales
            por la compra del vehículo en cuestión.
            El (la) titular registral Pedro J.
            Figueroa Centeno, había adquirido el
            vehículo antes descrito a través de

3 Id., págs. 13-15.
4 Copia certificada del expediente administrativo, Orden de Compra
Repo.
5 Id.
6 Id.
7 Transcripción de vista, pág. 14.
8
  Id., págs. 35-36.
9  Copia certificada del expediente administrativo, Relevo de
Responsabilidad y Contrato de Venta Reposeído.
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           compra en Manatí Auto en Manatí, Puerto
           Rico y la institución que financió la
           compra y luego pagó el balance adeudado
           lo fue LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
           CREDITO    NUESTRA   SEÑORA    DE    LA
           CANDELARIA…10

     10. En el expediente hay una licencia de la
         unidad vehicular objeto en controversia con
         vigencia de "nov 2020 a octubre 2021" a
         nombre de "Pedro Javier Figueroa Centeno".11

     11. En su inciso tercero el documento          antes
         mencionado establece lo siguiente:

         Que en virtud del Contrato de Cesión y
         Traspaso   a    que   nos    hemos   referido
         anteriormente,    al   día     de  hoy,    la
         COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA
         SEÑORA DE LA CANDELARIA es la única y
         legítima    dueña    del    vehículo    antes
         identificado, sin     limitación de     clase
         alguna.12

     12. En su inciso octavo el documento dispone:

         Que el vehículo descrito anteriormente es
         vendido sin ningún tipo de garantía, lo que
         se conoce como una venta "AS IS". Significa
         que   el    comprador   releva    de   toda
         responsabilidad     al    vendedor,     por
         desperfectos mecánicos que pudiera tener.
         La única garantía que tendrá el vehículo
         será la que el fabricante pueda honrar de
         acuerdo con los términos y condiciones de
         la venta original del vehículo.13

     13. Que dicho documento está firmado por la
         querellante, y tiene un espacio para la firma
         de   “María   del   Carmen  Torres   Quiñones
         Supervisora de Financiamiento de Autos y
         Crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito
         Nuestra Señora de la Candelaria”, y no está
         firmado por esta.14

     14. Que surge del expediente un "Contrato de
         Ventas al Por Menor a Plazos" con fecha de 21
         de noviembre de 2020 en el cual aparece como
         vendedor “Candel COOP”, y la querellante como
         la compradora.15

     15. Que,   bajo    juramento,  y   testimonio   no
         contradicho, la querellante declaró que como
         a los tres meses de haber comprado la unidad
         vehicular   esta   comenzó   a  decolorarse  y
         despintarse. Indagó más y le informaron que
         la   guagua    fue   chocada   antes   de   la
         compraventa.16

10 Id.
11 Copia certificada del expediente administrativo, Permiso para
Vehículo de Motor o Arrastres.
12 Id., Relevo de Responsabilidad y Contrato de Venta Reposeído.
13 Id.
14 Id.
15 Id., Contrato de Ventas al por Menor a Plazos.
16 Transcripción de vista, pág. 16.
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     16. El 21 de noviembre de 2022 se hizo            la
         correspondiente    inspección     por         el
         investigador del DACO, y en la parte          de
         "Resultados de la Inspección" se concluyó     lo
         siguiente:

         La goma del bumper delantero esta despintado,
         espejo retrovisor y de la puerta del chofer
         roto. La unidad de mecánica no presenta
         defectos. El vehículo es reposeído por la
         Cooperativa y vendido "as is".
         Estimado:    Espejo retrovisor $175.00
                      Pintura de Bumper $290.00
                      Total: $465.00
         Prueba de carretera:
         Millaje antes de la inspección: 75,865
         Millaje luego de la inspección: No aplica...17

     17. Que la querellante se expresó bajo juramento
         que de saber que el auto fue chocado o
         impactado antes de la compraventa no lo
         hubiera adquirido.18

     18. Que el 2 de septiembre de 2021 la querellante
         le envió carta por correo certificado a
         Candel Coop. a los efectos de informarle que
         radicaría una querella ante el DACO para que
         se   abriera  una   investigación  porque  en
         noviembre de 2020 se le vendió una unidad
         vehicular sin habérsele informado que esta
         fue chocada antes de la compraventa.19

     19. Que con fecha de 4 de septiembre de 2021 la
         querellante fue a Manatí Auto a entregar una
         carta similar, pero empleados del dealer se
         rehusaron a recibirla.

     20. El testimonio de la parte querellante no fue
         controvertido con evidencia alguna, por lo
         cual se le adjudicó credibilidad absoluta.20

     21. Que la entidad financiera fue La Cooperativa
         de Ahorro y Crédito Nuestra Señora de la
         Candelaria hnc Candel Coop. 21

     Evaluada    la    prueba   testifical     y   documental

sometida, DACo concluyó que el carro fue chocado y

reparado antes de la compraventa, sin informar a la

compradora por escrito y verbalmente de tal hecho.22

17  Copia certificada del expediente administrativo, Informe de
Inspección de Vehículos de Motor.
18 Transcripción de vista, pág. 15.
19  Copia certificada del expediente administrativo, Carta con
fecha de 1 de septiembre de 2021 y sello de envío por correo
certificado con la siguiente numeración: 7020 3160 0001 5259
6050.
20 Transcripción de vista, págs. 1-58.
21  Copia certificada del expediente administrativo, Relevo de
Responsabilidad y Contrato de Venta Reposeído.
22 Apéndice de Manatí Auto, págs. 13-23.
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         A tenor de lo resuelto por el Tribunal Supremo en
         Berríos v. Zambrana Auto, Inc., 123 DPR 317, 328
         (1989), cuando se cede un contrato de venta
         condicional, el cesionario se subroga en los
         derechos del cedente y simultáneamente asume
         todas las obligaciones que éste tenga con el
         comprador al momento de la cesión. Sin embargo,
         el Tribunal Supremo aclaró que, tras la cesión
         del contrato a la entidad financiera, el vendedor
         no    queda  exento    de   responsabilidad   por
         actuaciones previas que perjudiquen tanto los
         intereses del comprador como de la cesionaria.
         Cuando se cede un contrato de venta condicional,
         se origina una responsabilidad solidaria entre el
         cedente (vendedor) y el cesionario (institución
         financiera). La solidaridad de la vendedora surge
         en virtud del contrato de compraventa mientras
         que la solidaridad de la entidad financiera
         proviene del Artículo 202 de la Ley Núm. 68 de 19
         de junio de 1964, según enmendada, 10 LPRA sec.
         742.23

         A la luz de las circunstancias bajo las que se

otorgó         el   contrato,     DACo   determinó      que    sus

disposiciones son contrarias a lo establecido en el

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor de 6 de

junio de 2006, en adelante Reglamento Núm. 5179.24

         En consecuencia, la agencia emitió una Resolución

en la cual declaró nulo el contrato de compraventa y

ordenó que Manatí Auto LLC y Candel Coop. reembolsaran

solidariamente la totalidad de los pagos               efectuados

por la señora Roldán, dentro del término de veinte

días, a partir de la notificación de la Resolución.25

Una      vez   realizado   el   reembolso,   la   recurrida   debía

entregar el vehículo a la parte querellada.26

         Inconforme, Candel Coop. presentó una Apelación,

que acogimos como un recurso de revisión judicial, en

el que alega que DACo cometió el siguiente error:

         ERRÓ DACO AL DECLARAR NULO EL CONTRATO DE
         COMPRAVENTA PRIVADO DE VEHÍCULO DE MOTOR DONDE LA
         PARTE   VENDEDORA  NO   ESTÁ   REGULADA  POR   EL
         REGLAMENTO DE GARANTÍAS DE VEHÍCULO DE MOTOR, POR

23 Id.
24 Id.
25 Id.
26 Id.
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     NO POSEER LICENCIA PARA LA VENTA DE VEHÍCULOS DE
     MOTOR.

     Posteriormente,           Manatí       Auto       presentó         una

solicitud      de   Revisión    de    Decisión     Administrativa         y

alegó la comisión de siguientes los errores:

     ERRÓ EL DACO EN APLICAR EL NUEVO CÓDIGO CIVIL A
     LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO.

     ERRÓ EL DACO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA ORAL
     Y   DOCUMENTAL   PRESENTADA  DURANTE   LA  VISTA
     ADMINISTRATIVA, Y AL EXPRESAR DETERMINACIONES DE
     HECHO Y CONCLUSIONES DE DERECHO QUE NO ESTÁN
     SUSTENTADAS EN EL RECORD ADMINISTRATIVO.

     ERRÓ EL DACO AL REALIZAR UNA DETERMINACIÓN SOBRE
     SOLIDARIDAD ENTRE LOS QUERELLADOS RECURRENTES AL
     CALIFICARLOS  COMO   “VENDEDOR”  E “INSTITUCIÓN
     FINANCIERA”.

     La recurrida no presentó su alegato en oposición

al recurso de revisión en el término establecido en el

Reglamento      del   Tribunal       de    Apelaciones.27        Por    tal

razón,    el    recurso   está      perfeccionado      y    listo      para

adjudicación.

     Luego de revisar los escritos de las partes, la

transcripción de la prueba oral y la copia certificada

del expediente administrativo, estamos en posición de

resolver.

                                    -II-

                                     A.

     La        revisión      judicial       de     las       decisiones

administrativas tiene como fin primordial delimitar la

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan

sus funciones conforme a la ley y de forma razonable.28

A esos efectos, la revisión judicial comprende tres

aspectos,      a    saber:     1)    la    concesión       del    remedio

27 Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
XXII-B, R. 57.
28 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018); Unlimited v. Mun.

de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. ARPe,
172 DPR 254, 264 (2007).
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apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial, y

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones

de derecho del organismo administrativo.29 Además, el

tribunal debe determinar si la agencia, en el caso

particular,       actuó      arbitraria        o   ilegalmente,           o    de

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un

abuso de discreción.30

      Por    lo     tanto,     quien    pretenda         probar        que    las

determinaciones         de     hechos     de       la     agencia       no     se

sostienen con lo que obra en el expediente, tiene que

demostrar que existe otra prueba en el expediente que

razonablemente         reduzca    o    menoscabe         el     peso    de    tal

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda

concienzudamente          concluir       que       la         evidencia       sea

sustancial.31

      Por    otro      lado,     la    intervención           judicial        debe

determinar        si    las      conclusiones           de      derecho       del

organismo administrativo son correctas.32 Ahora bien,

ello no significa que el tribunal revisor tiene una

facultad irrestricta para revisar las conclusiones de

derecho del ente administrativo. Al contrario,33 los

tribunales deben concederle gran peso y deferencia a

las         interpretaciones             que            los       organismos

administrativos realizan de las leyes y reglamentos

29 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012);
Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007).
30 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera
Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).
31  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, págs. 216-217;
Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512-513 (2011).
Véase, además, Oficina de Ética Gubernamental v. Martinez Giraud,
2022 TSPR 93, 210 DPR __ (2023).
32 Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997).
33 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187; Rivera
Concepción v. ARPe, supra, pág. 122 (2000).
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que    administran,       por     lo        que    no        pueden      descartar

libremente las conclusiones e interpretaciones de la

agencia,    sustituyendo         el     criterio             de   estas    por    el

propio. De este modo, si la interpretación de la ley o

reglamento         que        realiza             determinada              agencia

administrativa es razonable, aunque no sea la única

razonable,        los         tribunales               debemos          concederle

deferencia. Más aún, los tribunales podrán sustituir

el    criterio    de     la   agencia        por        el    suyo      únicamente

cuando no encuentren una base racional para explicar

la determinación administrativa.34

                                       B.

       En virtud de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de

1979, conocida como la Ley de garantías de vehículos

de motor35, el DACo adoptó el Reglamento de Garantías

de    Vehículos    de    Motor       del    6     de    junio      de     2006,   en

adelante     Reglamento         Núm.        7159.        Este        tiene     como

propósito    asegurarle         al     consumidor            que     adquiere     un

vehículo de motor que el mismo sirva los propósitos

para los que es adquirido y que, además, reúna las

condiciones       mínimas       necesarias             para       garantizar      la

protección de su vida y propiedad.36

       En lo aquí pertinente, la Regla 3 del Reglamento

Núm. 7159 establece que:

       Este Reglamento será aplicable a toda persona
       natural o jurídica que se dedique por sí misma, o
       por mediación de su representante o agente, o
       como agente o representante del fabricante, o
       como intermediario de otra persona, a la venta
       y/o servicio de vehículos de motor nuevos o
       usados en Puerto Rico.37

34 Empresas Ferrer v. ARPe, supra, pág. 266.
35 Art. 1 de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979 (10 LPRA
secs. 2051 et seq.).
36 Regla 2 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor del 6

de junio de 2006, Reglamento Núm. 7159.
37 Id, Regla 3.
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      Así pues, la Regla 5 (g) del Reglamento Núm. 7159

define “Distribuidor autorizado o concesionario” como

“[t]oda persona que se dedique a la distribución o

venta al detal de vehículos de motor por concesión y

autorización         o    acuerdo          con     el      fabricante     o     su

representante de fábrica en Puerto Rico”.38 A su vez,

la Regla 5 (w) define “vendedor” como “[t]oda entidad

o    persona       que    debidamente            autorizada      por    ley     se

dedique a la venta o permuta de vehículos de motor en

Puerto Rico”.39

      También,       la     Regla      6    del     mencionado        reglamento

dispone      que     este    no     se          aplicará    a    transacciones

privadas de compraventa de vehículos de motor y define

“transacción        privada”      como          “aquella     efectuada     fuera

del curso regular de los negocios, por personas que no

se dediquen al comercio o al negocio de compra y venta

de vehículos de motor”.40

      Finalmente, cabe destacar que de conformidad a la

Regla 26.1 del precitado cuerpo normativo "se prohíbe

vender un vehículo de motor sin garantía".41 Asimismo,

la   Regla     30.2       dispone      que        "todo     vendedor     de     un

vehículo de motor usado, el cual haya sido impactado y

reparado posteriormente, deberá indicarlo verbalmente

y notificarlo por escrito al consumidor antes de la

compraventa”.42

                                           C.

      Los contratos de ventas al por menor a plazos

están   regulados         por     la       Ley    de    Ventas    a    Plazos    y

38 Id, Regla 5 (g).
39 Id, Regla 5 (w).
40 Id, Regla 6.
41 Id, Regla 26.1.
42
   Id, Regla 30.2.
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Compañías       de       Financiamiento,           Ley      Núm.     68    de     19   de

junio     de    1964,           según    enmendada.           Esta      ley,     en     su

artículo        202,       establece         la    responsabilidad              de     las

partes     cuando          se    cede        un   contrato         de     este       tipo.

Específicamente dispone lo siguiente:

        4. Todo contrato de ventas al por menor a plazos
        deberá contener el siguiente aviso: “AVISO AL
        CESIONARIO” “EL CESIONARIO QUE RECIBA O ADQUIERA
        EL PRESENTE CONTRATO AL POR MENOR A PLAZOS O UN
        PAGARÉ RELACIONADO CON ÉSTE, QUEDARÁ SUJETO EN
        IGUALDAD DE CONDICIONES A CUALQUIER RECLAMACIÓN O
        DEFENSA QUE EL COMPRADOR PUEDA INTERPONER EN
        CONTRA DEL VENDEDOR. EL CESIONARIO DEL CONTRATO
        TENDRÁ DERECHO A PRESENTAR CONTRA EL VENDEDOR
        TODAS LAS RECLAMACIONES Y DEFENSAS QUE EL
        COMPRADOR PUEDA LEVANTAR CONTRA EL VENDEDOR DE
        LOS ARTÍCULOS O SERVICIOS”.43

        De lo anterior es forzoso concluir, que cuando

ocurre    una       cesión        de    un    contrato        de     compraventa         a

plazos,        se    crea       una     relación       tripartita          entre        el

comprador, el vendedor y la compañía financiera.44 De

modo,    que        la    finalidad          propia    de     la     cesión      es     la

transmisión de la titularidad del contrato de venta

condicional          del    cedente          al   cesionario.45           Sobre       este

particular,          el    Tribunal          Supremo     de    Puerto       Rico,       en

adelante TSPR, expresó lo siguiente:

        La cesión de contrato, según         la doctrina
        civilista, origina para el cedente un efecto
        liberatorio al deudor. De ello se deduce que, por
        una parte, el cedido ya no tiene frente al
        cedente derecho ni obligación alguna (salvo el
        pacto accidental de garantía por incumplimiento)
        y que, por otra parte, el cedido tiene frente al
        cesionario todos los derechos y obligaciones
        constitutivos de relación contractual. En cambio,
        la posición que nace para el cesionario viene
        determinada por el hecho de quedar convertido en
        parte del contrato que cede y, por lo mismo, en
        titular de los créditos y deudas que, nacidos de
        aquél, existen todavía.46

43 Art. 202 (4) de la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964 (10 LPRA
sec. 742).
44 Berríos v. Zambrana, 123 DPR 317, 328 (1989).
45 Id. pág. 329.
46 Id. pág. 320.
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       Sin       embargo,         a    diferencia        de    las       cesiones        en

general, en el caso de la cesión de un contrato de

venta al por menor a plazos, el vendedor cedente no

queda liberado, porque en virtud de la Ley de Ventas a

Plazos       y    Compañías            de   Financiamiento,               supra,          el

legislador            expresamente          dispuso           que    el        vendedor

retiene su responsabilidad frente al comprador.47

                                            D.

       Como regla general, los tribunales apelativos no

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con

la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el

juzgador         de    los       hechos     salvo        que     estén        presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.48

       Esta       doctrina            de    deferencia           judicial            a    la

apreciación de la prueba ha sido reiterada por el TSPR

en innumerables ocasiones. Su fundamento estriba en

que los jueces de instancia están en mejor posición

que los foros apelativos para aquilatar la evidencia

desfilada en los procedimientos ante sí, observando a

los    testigos         y     evaluando           la    credibilidad            de       sus

declaraciones.49

      Así    pues,       a        menos     que        existan      circunstancias

extraordinarias y que la apreciación de la prueba se

distancie         de        la        realidad         fáctica       o        ésta       sea

inherentemente           imposible          o      increíble,            el    tribunal

apelativo         deberá         abstenerse        de     intervenir           con       las

determinaciones              de       hechos,      la     apreciación            de      la

prueba y las adjudicaciones de credibilidad hechas por

47 Id, pág. 330.
48 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).
49 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010); Pueblo

v. Collado Justiniano, 140 DPR 107, 115 (1996) (Sentencia);
Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 10 (1984)(Sentencia).
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el juzgador de los hechos.50 En otras palabras, las

determinaciones             de     hechos       que       hace       el        foro      de

instancia      no       deben      descartarse            arbitrariamente                ni

sustituirse        por      el   criterio          del    foro       apelativo,           a

menos que de la prueba admitida surja que no existe

base suficiente que apoye tal determinación.51 La misma

premisa subsiste en cuanto a las decisiones de las

agencias      administrativas,                 “pues          estas           gozan      de

experiencia        y     conocimiento          especializado               sobre        los

asuntos     ante       su    consideración,              lo   cual        ampara        sus

dictámenes        con        una     presunción               de     legalidad            y

corrección        que       subsiste        mientras           no     se       produzca

suficiente prueba para derrotarla”.52

                                       -III-

       Candel Coop. afirma que, si bien le vendió el

vehículo de motor a la señora Roldán, el Reglamento

7159   no    le     aplica,        pues     se      trata      de        un    contrato

privado,     según          definido      en       la    Regla       6     del     mismo

Reglamento. En esencia, destaca que toma posesión de

los vehículos de motor que financia cuando el deudor

incumple     con       su    préstamo53        y    luego,          dispone        de    la

unidad      mediante         contratos         privados,           pues       no   posee

licencia de concesionario.54

       Por su parte, Manatí Auto arguye que no fue parte

de   los    dos     contratos        firmados           por    la        recurrida        y

Candel Coop.: (1) Relevo de Responsabilidad y Contrato

de Venta de Auto Reposeído y (2) Contrato de Ventas al

Por Menor a Plazos. Así mismo, declara que solo fungió

50 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).
51 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).
52 Oficina de Ética Gubernamental v. Martinez Giraud, supra.
53 Recurso de revisión administrativa de Candel Coop., pág. 3.
54 Id.
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como facilitador del contrato, cobrando el depósito y

ofreciendo            sus    facilidades         para     mantener     vehículos

reposeídos. Por esta razón, entiende que DACo erró en

la     apreciación            de     la     prueba,       al     no    tomar     en

consideración las partes firmantes en los                              contratos

otorgados.            También,       alega       que      la    señora    Roldán

adquirió el vehículo reposeído “as is”, “es decir que

asum[ió] cualquier riesgo al adquirir dicho vehículo”.

A    su    vez,       manifiesta      que       DACo    erró    al    aplicar    el

Reglamento Núm. 7159 porque, según dispone la Regla 6,

este      no     aplica       a    transacciones        privadas      fuera     del

curso de los negocios por personas que no se dedican

al comercio o al negocio de compraventa de vehículos

de motor.

          Añade, además, que bajo el Código Civil de 1930

no     procede         la    resolución          del    contrato      porque    el

vehículo se encuentra en buenas condiciones mecánicas.

A    su        vez,     enfatiza          que    el     caso     de    autos    es

distinguible            de    Berríos       v.     Tito    Zambrana,      supra,

porque el auto vendido no era nuevo; además, Candel

Coop. fungió como vendedora y entidad financiera; no

se probó que el vehículo fuera chocado; y no fue parte

de los contratos en controversia. En síntesis, bajo

estos           fundamentos,         rechaza           cualquier       tipo     de

responsabilidad.

          Luego de analizar la transcripción de la prueba

oral        y      la        copia        certificada          del    expediente

administrativo, somos de la opinión de que la decisión

impugnada es razonable, por lo cual no intervendremos

con la misma. Veamos.
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        Surge    de     un     análisis        integral        de     la     prueba

testifical y documental sometida, que la señora Roldán

visitó las facilidades de Manatí Auto; la atendieron

empleados       de     dicha    entidad        comercial;            que    pagó    a

dichos empleados la suma de $500.00 para adquirir el

automóvil usado; y que dicha entidad expidió el recibo

de      pago      correspondiente.              Bajo          los     parámetros

normativos previamente expuestos es razonable concluir

que Manatí Auto le vendió el vehículo en cuestión a la

recurrida.            Más    aun,     cuando    bajo      la        Regla    3    del

Reglamento Núm.             7159 es vendedor            cualquier persona,

que      como    Manatí       Auto     en     este       caso,       actúe       como

intermediario de otra, a saber, Candel Coop.

        Así mismo, no hay controversia de que Manatí Auto

le cedió el           contrato de venta a                Candel Coop.            Esta

cesión quedó probada por el Contrato de Ventas al por

Menor      a    Plazos,      entre     Candel        Coop.       y    la     señora

Roldán.55        Conforme        a      la      normativa            previamente

discutida,       se    originó       una     responsabilidad           solidaria

entre el vendedor-cedente, Manatí Auto y la cesionaria

Candel Coop., como entidad financiera. Por lo tanto, a

la luz del Art. 202 de la Ley de Ventas a Plazos y

Compañías        de     Financiamiento,            supra,        Candel      Coop.

asumió      todas     las     obligaciones         del    vendedor          con    la

compradora al momento de la cesión, sin desligarse el

vendedor, es decir, Manatí Auto, de sus obligaciones

para con la señora Roldán.

        Por     otra         parte,        según        las         disposiciones

reglamentarias aplicables al caso ante nos, así como

el     testimonio       incontrovertido            de    la     recurrida,         es

55   Apéndice de Candel Coop., págs. 5-6.
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correcta     en        derecho      la     determinación      de    DACo   al

declarar nulo el contrato de compraventa.                            Esto es

así, porque del testimonio no refutado de la señora

Roldán y de los documentos que obran en el expediente

se puede inferir razonablemente, que las recurrentes

no     cumplieron        con     el      requisito     reglamentario       de

informar a la parte compradora, de manera escrita y

verbal,    antes         de    la     compraventa,         sobre   cualquier

impacto reparado en el vehículo de motor usado.

       Ahora bien, establecida la cesión del contrato de

compraventa de Manatí Auto a Candel Coop., también es

correcta     en        derecho      la     determinación      de    DACo   de

ordenarles        al     cesionario        y     al   cedente      reembolsar

solidariamente, a la señora Roldán, el dinero pagado

para la adquisición del vehículo de motor.

       En fin, la resolución de DACo está basada en el

expediente administrativo y la interpretación de DACo

de la normativa judicial y reglamentaria aplicable, es

razonable.        En consecuencia, no hay fundamento alguno

para     intervenir           con     la        decisión     administrativa

recurrida.

                                         -IV-

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la

Resolución recurrida.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones