Court Opinion

ID: 9928537
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:15.287097+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:43.280730
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

 PAN AMERICAN GRAIN                              Apelación
        CO.                                      procedente del
                                                 Tribunal de
          Apelada                                Primera Instancia,
                                                 Sala Superior de
             v.               KLAN202300961      Mayagüez

     JOSÉ J. VARGAS                              Caso Núm.:
        COLLADO                                  BY2019CV04035

          Apelante                               Sobre: Cobro de
                                                 Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro

Ronda del Toro, Juez Ponente

                           SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

        Comparece el Sr. José J. Vargas Collado (Sr. Vargas Collado

o Apelante) y solicita que revoquemos una Sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).

Por virtud de esta, el TPI resolvió que el Apelante debía realizar el

pago adeudado por concepto de préstamos a Pan American Grain

Co. (PAG o Apelada)

        Por los fundamentos que exponemos, confirmamos la

Sentencia apelada.

                                   I.

        En el año 2007, el Sr. Vargas Collado incorporó El Roble

Consultant Group, Inc. (El Roble), una corporación con fines de

lucro dedicada, primordialmente, a la asesoría y consultoría

ambiental. En la actualidad, el Apelante funge como presidente de

dicha    corporación.   PAG   es    una   corporación   debidamente

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Número Identificador
SEN2023 ________
KLAN202300961                                                      2

Rico. El Presidente y Vicepresidente de PAG son el Sr. José

González Freyre y el Sr. Alberto Fernández, respectivamente.

      Según surge del expediente, para finales del año 2016 El

Roble ofrecía sus servicios de consultoría ambiental a PAG por la

cantidad de $2,000.00 mensuales, equivalentes a por lo menos

40 horas semanales. Durante este periodo, el Sr. Vargas Collado

se unió junto al Sr. González Freyre y al Sr. Fernández para crear

Biocann Caribbean LLC (Biocann), en una corporación de

responsabilidad   limitada   dedicada   al   negocio   del   cannabis

medicinal.

      El 16 de julio de 2019 PAG presentó una demanda sobre

cobro de dinero contra el Sr. Vargas Collado. La Apelada arguyó

en su demanda que entre los años 2016 y 2018 le prestó al

Apelante ciertas sumas de dinero ascendentes a $88,824.16.

Alegó, además, que se realizaron gestiones de cobro contra el Sr.

Vargas Collado, pero que estas resultaron infructuosas. El 20 de

enero de 2020, luego de varios trámites procesales, el Apelante

contestó la demanda. En esencia, negó las alegaciones contenidas

en la demanda y sostuvo que los pagos recibidos correspondían a

unos préstamos a favor de Biocann. En adición a esto, el Sr.

Vargas Collado presentó una reconvención contra PAG que,

eventualmente, el TPI desestimó el 27 de febrero de 2020.

      El 10 de julio de 2023, luego de culminar el descubrimiento

de prueba, PAG presentó una Moción de Sentencia Sumaria. En

esta, la Apelada sostuvo los mismos hechos y argumentos

esbozados en su demanda. Junto a la Moción de Sentencia

Sumaria PAG incluyó, entre otras, copia de correos electrónicos

enviados por el Sr. Vargas Collado al Vicepresidente de PAG

mediante los cuales envió solicitud de préstamo, documentos

identificados con la palabra “préstamo”, copia de la transcripción
KLAN202300961                                                    3
de la deposición del demandado en la que admite haber enviado

los documentos y haber sido la persona que generó los

documentos identificados con la palabra “préstamo” y copia de

cheques emitidos por PAG a favor del Apelante.

     El 25 de julio de 2023, el Sr. Vargas Collado presentó su

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Alegó que existía

controversia de hechos en torno a los desembolsos descritos en la

demanda. Además, reclama que estaban en controversia los

alegados motivos para la solicitud de los préstamos, pero no

expone un apoyo a ese reclamo de controversia de hechos. Junto

a su Oposición, el Apelante presentó copia de la transcripción de

las deposiciones del Sr. José González Freyre, el Sr. Alberto

Fernández, la Sra. Waleska Rodríguez y el propio Sr. Vargas

Collado. Además, presentó copia de algunas facturas y talonarios

de pago.

     Luego de evaluar las alegaciones de las partes y los

documentos provistos por estas, el TPI formuló las siguientes

determinaciones de hechos:

           1. Vargas prestaba sus servicios profesionales bajo
              El Roble Consultant Group.

           2. El Roble Consultant Group le daba servicios
              profesionales de consultoría a PAG.

           3. El Roble Consultant Group cobrara una cantidad
              de $2,000.00 mensuales por sus servicios
              profesionales a PAG.

           4. Vargas tenía una relación comercial con el Sr.
              Alberto Fernández y el Sr. José González Freyre,
              Vicepresidente    Ejecutivo     y   Presidente,
              respectivamente, de PAG.

           5. En el transcurso de la relación comercial entre,
              Vargas le comunicó al Sr. Fernández y al Sr.
              González Freyre que tenía necesidad de dinero
              para cubrir ciertas necesidades personales y
KLAN202300961                                             4

         preguntó si se le podía prestar dinero para
         cubrir dichas necesidades.

      6. El Sr. González Freyre y el Sr. Fernández, en
         representación de la parte demandante,
         acordaron que PAG le prestaría a Vargas el
         dinero que éste necesitaba para cubrir sus
         aludidas necesidades personales.

      7. El 1 de diciembre de 2016, Vargas le envió a
         Jeannette Torres Blanco un correo electrónico
         con un documento, preparado por él y dirigido
         a “Alberto Fernández, Executive Vicepresidente
         Pan American Grain Co.” Identificando como
         “PRESTAMO-01” por la cantidad de $3,000.00.

      8. Posteriormente, Vargas le envió al Sr.
         Fernández los documentos que se detallan a
         continuación, dirigidos a “Alberto Fernández,
         Executive Vicepresidente Pan American Grain
         Co.”:
          a. 19 de diciembre de 2016 – PRESTAMO-02 -
             $2,441.56
          b. 19 de diciembre de 2016 – PRESTAMO-03 -
             $1,118.53
          c. 10 de enero de 2017 – PRESTAMO-04 -
             $2,771.27
          d. 1 de febrero de 2017 – PRESTAMO-05 -
             $2,771.27
          e. 7 de febrero de 2017 – PRESTAMO-06 -
             $473.00
          f. 16 de febrero de 2017 – PRESTAMO-07 -
             $3,516.45
          g. 2 de marzo de 2017 – PRESTAMO-08 -
             $3,244.27
          h. 29 de marzo de 2017 – PRESTAMO-09 -
             $3,384.27
          i. 2 de mayo de 2017 – PRESTAMO-10 -
             $3,384.27
          j. 31 de mayo de 2017 – PRESTAMO-11 -
             $3,384.27
          k. 28 de junio de 2017 – PRESTAMO-12 -
             $3,384.27
          l. 29 de junio de 2017 – PRESTAMO-13 -
             $3,384.27
          m. 1 de julio de 2017 – PRESTAMO-14 -
             $3,384.27
          n. 25 de julio de 2017 – PRESTAMO-15 -
             $3,384.27
          o. 9 de agosto de 2017 – PRESTAMO-16 -
             $1,000.00
KLAN202300961                                                 5
           p. 27 de agosto de 2017 – PRESTAMO-17 -
              $3,384.27
           q. 1 de octubre de 2017 – PRESTAMO-18 -
              $3,384.27
           r. 31 de octubre de 2017 – PRESTAMO-19 –
              $3,384.27
           s. 30 de noviembre de 2017 – PRESTAMO-20
              - $3,384.27
           t. 21 de diciembre de 2017 – PRESTAMO-21
              -$3,384.27
           u. 1 de febrero de 2018 – PRESTAMO-22 -
              $3,384.27
           v. 28 de febrero de 2018 – PRESTAMO-23 -
              $3,384.27
           w. 2 de abril de 2018 – PRESTAMO-24 -
              $3,384.27
           x. 16 de abril de 2018 – PRESTAMO-25 -
              $5,919.11
           y. 27 de abril de 2018 – PRESTAMO-26 -
              $3,384.27
           z. 28 de mayo de 2018 – PRESTAMO-27 -
              $3,384.27
           aa. 29 de junio de 2018 – PRESTAMO-28 -
              $3,384.27

      9. Los documentos detallados llevaban como
         membrete el nombre de José J. Vargas Collado.

      10. La cantidad total de dinero desembolsados por
         PAG como consecuencia de las solicitudes de
         préstamos de Vargas a PAG asciende a
         $86,834.16.

      11. Todo el dinero solicitado por Vargas por medio
         de los documentos identificados como préstamos
         fue entregado por PAG a Vargas Collado.

      12. El 9 de noviembre de 2017, Vargas le envió al
         Sr. Alberto Fernández un correo electrónico
         mediante el cual, entre otras cosas, le solicitaba
         al Sr. Fernández una certificación de deuda que
         indicara cuánto él le debía a PAG y/o sus dueños
         o afiliados a esa fecha. Específicamente, la
         comunicación enviada leía “Aprovechamos la
         oportunidad para solicitarle una certificación de
         deuda mía (José J. Vargas). Entiéndase cuánto
         dinero a esta fecha yo le debo a Pan American
         Grain y/o sus dueños o afiliados.”

      13. El 7 de marzo de 2018, Vargas le envió al Sr.
         Alberto Fernández un correo electrónico
KLAN202300961                                                   6

           mediante el cual, entre otras cosas, le solicitaba
           al Sr. Fernández una certificación de la cantidad
           de dinero dada a José Vargas en Calidad de
           préstamo para su sustento; esto porque estaba
           buscando        alternativas      de      re-pago.
           Específicamente, la comunicación enviada leía
           “nos interesa saber, y solicitamos una
           certificación de la cantidad de dinero dada a José
           Vargas en calidad de préstamo para su sustento.
           Esto por que estaremos buscando alternativas de
           re-pago.”

        14. El 13 de marzo de 2018, PAG, a través de
           Jeannette Torres Blanco, le envió un reporte de
           contabilidad con el balance del préstamo a
           Vargas. El asunto o “subject” del correo leía
           “Balance de Préstamo”.

        15. El 14 de marzo de 2018, Vargas contestó el
           correo   electrónico    de   la Sra. Torres
           agradeciéndole la información.

        16. Con relación a la cantidad prestada, no se
           estableció una fecha cierta a partir de la cual
           Vargas Collado tenía que repagar la cantidad que
           se le prestó.

        17. El 14 de junio de 2019, PAG envió una carta de
           cobro a Vargas Collado requiriendo el pago de lo
           adeudado por él a PAG.

        18. Al día de hoy, Vargas Collado no ha pagado a
           PAG ninguna cantidad de las que le fueran
           otorgadas en calidad de préstamo.

     El TPI encontró probado las solicitudes de préstamos

ascendentes a $86,834.16, que PAG realizó los pagos, que PAG

emitió los cheques dirigidos al Sr. Vargas Collado y que el propio

Apelante endosó los cheques. Encontró probado el TPI, además,

mediante el testimonio del Sr. Vargas Collado que este recibió la

suma de $86,834.16, que PAG exigió el pago de la deuda y que el

Sr. Vargas Collado no pagó la misma. Señaló el TPI que, aun

cuando las partes no hubieren pactado una fecha cierta de repago,

nuestro ordenamiento jurídico dictaminaba que el repago era

exigible de inmediato.
KLAN202300961                                                   7
      A base de estas determinaciones de hecho y de derecho, el

TPI declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada

por PAG. Consecuentemente, se le ordenó al Sr. Vargas Collado el

pago de la suma adeudada y los intereses sobre la totalidad de la

Sentencia a la tasa establecida por la Oficina del Comisionado de

Seguros de Puerto Rico, ascendentes a 5.5% anual desde la fecha

en que se dictó sentencia que se finiquite la deuda. Además, le

impuso el pago de $5,000.00 a PAG por concepto de honorarios

de abogado.

      Inconforme, el Sr. Vargas Collado presentó el recurso de

apelación de autos, señalando como único error del TPI el:

      Emitir una sentencia sumaria existiendo innumerables
      controversias de hechos.

      Recibida la Apelación, el 1ro de noviembre de 2023,

notificado al siguiente día, le concedimos veinte (20) días a la

parte apelada para presentar su posición, más no compareció, por

lo que, damos por perfeccionado el recurso.

      Procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al

caso de autos.

                               II.

                               A.

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no

existe una controversia genuina en torno a los hechos materiales

que componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores

v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Rodríguez Méndez v.

Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). La Regla 36 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece los
KLAN202300961                                                    8

parámetros para solicitarle al tribunal que dicte sentencia

sumariamente.

       En lo pertinente, la Regla 36.1 establece que: “una parte

que solicite un remedio podrá, presentar una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación

solicitada.” 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. A esos fines, “un hecho

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Ramos Pérez

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Para que una controversia

de hecho sea “real, o sustancial o genuina debe ser de una calidad

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a

través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, Id., pág.

213.

       Por ser la sentencia sumaria un recurso de naturaleza

excepcional, la expedición de este mecanismo descansa en la sana

discreción judicial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR

414, 430-435 (2013). El TPI es el foro que tiene ante sí la

administración del caso, conoce sus particularidades y está en

mejor posición para encaminar el caso hacia su disposición final.

Por lo tanto, las determinaciones del foro primario merecen

extrema deferencia al momento de decidir ejercer o no nuestro

poder revisor. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

       Ahora bien, en cuanto a la evaluación por la vía sumaria, el

Tribunal Supremo ha destacado que no es recomendable utilizar

la   moción   de sentencia sumaria en     aquellos   casos   donde
KLAN202300961                                                               9
exista controversia sobre       elementos      subjetivos,    de intención,

propósitos mentales o negligencia; incluso, cuando el factor de

credibilidad es esencial y está en disputa. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010).

       El Tribunal Supremo estableció el estándar especifico que

debe utilizar esta Curia al revisar denegatorias o concesiones de

Mociones de Sentencia Sumaria. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 117. A esos efectos, el Tribunal dispuso:

        [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de
       novo el expediente y aplicar los criterios que la regla
       36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisdicción le
       exigen al foro primario; (2) revisar que tanto la
       Moción se Sentencia Sumaria como su oposición
       cumplan con los requisitos de forma codificados en la
       referida Regla 36; (3) revisar si en realidad existen
       hechos materiales en controversia y, de haberlos,
       cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de
       Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer
       concretamente cuáles hechos materiales encontró que
       están en controversia y cuáles están incontrovertidos,
       y (4) de encontrar que los hechos materiales
       realmente están incontrovertidos, debe proceder a
       revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia
       aplicó correctamente el Derecho a la controversia.
       Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 679; citando
       a Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs.
       118-119.

                                     B.

       Es norma establecida que en Puerto Rico rige el principio de

la libertad de contratación. Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR

462 (2007). La libertad de contratación permite que las partes

puedan establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la

moral o al orden público. Artículo 1207 del Código Civil1, 31 LPRA

sec. 3372. Entre las fuentes de las obligaciones en nuestro

ordenamiento jurídico se encuentran los contratos. Artículo 1042,

1
 El Código Civil de 1930 era el vigente al momento de los hechos que dan lugar
a la presente causa de acción. Actualmente no está vigente, fue derogado por
Ley 55-2020, Código Civil de Puerto Rico de 2020.
KLAN202300961                                                            10

31 LPRA sec. 2992. El Código Civil dispone que las obligaciones

que nacen de los contratos serán ley entre las partes, quienes

estarán obligadas a cumplir con éstos. Artículo 1044 Código Civil,

31 LPRA sec. 2994.

      Una vez las partes pactan, están obligadas a cumplir lo

pactado.   Los    contratos    se       perfeccionan      por    el   mero

consentimiento,    y   desde    entonces       obligan,     no    sólo   al

cumplimiento de los expresamente pactado, sino también a todas

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375. Por

otro lado, el Código Civil dispone que una de las causas para

extinguir las obligaciones lo es el pago o el cumplimiento. Artículo,

1110, 31 LPRA sec. 3151.

       En los contratos de préstamo, una parte denominada como

prestamista le entrega al prestatario alguna cosa no fungible para

que use de ella por cierto tiempo y devolver otra cosa de la misma

especie y calidad. Art. 1631, 31 LPRA sec. 4511. Una vez

consumado el contrato de préstamo, comienza la obligación del

prestatario de devolver en la fecha y lugar designado en el

contrato el dinero prestado. Art. 1124 y 1125, 31 LPRA secs. 3174

y 3174. Por otro lado, dispone el Código Civil que “la validez y el

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de

uno de los contratantes”. Art. 1208, 31 LPRA sec. 3373.

                                   C.

      La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III,

rige la imposición de los honorarios de abogado. En lo pertinente,

la regla establece lo siguiente:

      En caso que cualquier parte o su abogado haya
      procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal
      deberá imponerle en su sentencia al responsable, el
      pago de una suma por concepto de honorarios de
KLAN202300961                                                       11
      abogado que el tribunal entienda corresponda a tal
      conducta.

      Un tribunal deberá imponer una suma por los honorarios de

abogado a una parte que, por si o mediante su representación

legal, haya actuado con temeridad o frivolidad. Andamios de PR

v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 503, 519-520 (2010). Se

entiende que un litigante actúa con temeridad cuando “por su

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista    de   fundamentos,       obliga   a   la   otra   parte,

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito”. Andamios de PR v. Newport

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).

      De lo anterior se desprende que, cualquier conducta que

haga necesario un pleito que se pudo evitar, o gestiones evitables,

amerita la imposición de los honorarios. Andamios de PR v. JPH

Contractors, Corp., supra, pág. 520. La evaluación de si ha

mediado o no temeridad recae sore la discreción sana del tribunal

sentenciador y solo se intervendrá con ella en casos en que ese

foro haya abusado de tal facultad. SLG Flores-Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843, 866 (2008). Al tratarse de un asunto discrecional,

los tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de

esa discreción. PR Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). No

obstante, si se demuestra que hubo un craso abuso de discreción,

que el foro de sentenciador actuó con perjuicio o parcialidad, que

se equivocó en la interpretación o aplicación de las normas

procesales o de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta

sea excesiva, los tribunales apelativos deben intervenir con la

decisión del tribunal recurrido. Id.
KLAN202300961                                                       12

                                III.

      En el caso de autos, nos encontramos ante una Sentencia

emitida por el TPI en la que declaró Ha Lugar una solicitud de

sentencia sumaria presentada por la parte Apelada. Por ello, antes

de entrar en los méritos del presente recurso, es menester que

realicemos una revisión de novo de la solicitud de sentencia

sumaria presentada por PAG. Efectuado tal ejercicio, disponemos

que no existen hechos materiales en controversia y que las

determinaciones del TPI sobre los hechos no controvertidos son

correctas y procede confirmar la sentencia que el apelante nos ha

solicitado revisar.

      Sobre el aspecto de los honorarios por temeridad impuestos

por el TPI, también procede confirmarlos. No tenemos duda que

la forma de negar lo evidente y tratar de crear controversias

inexistentes constituyen los actos necesarios para determinar

temeridad. Como indicamos, la temeridad procede cuando “por su

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud

desprovista    de     fundamentos,     obliga   a   la   otra   parte,

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito”. Andamios de PR v. Newport

Bonding, supra. Ese lenguaje antes citado describe la actuación

del apelante en este caso.

      Los contratos de préstamos pactados entre las partes fueron

una mezcla de acuerdos verbales con documentos que no

permiten dudas sobre la realidad del préstamo. El TPI no se

enfrentó nunca a una controversia en torno a la credibilidad de las

partes. De los testimonios presentados en los documentos que

tuvo ante sí el tribunal, solo surge la realidad de los pactos habidos

entre las partes, la cantidad de los dineros prestados y también

que no se acordó entre las partes intereses sobre el préstamo y
KLAN202300961                                                     13
tampoco se pactó un término para el pago por el apelante del

contrato de préstamo acordado entre la apelada y el apelante.

Consideramos que los hechos determinados están ampliamente

sostenidos por la prueba documental que tuvo ante sí el TPI y por

ello confirmamos la Sentencia emitida por la vía sumaria.

                               IV.

     Por los fundamentos, antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones