Court Opinion

ID: 9394860
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:40.802557+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.155417
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

                                               APELACIÓN
                                               procedente del
     CONSEJO DE                                Tribunal de Primera
    TITULARES DEL                              Instancia, Sala
   CONDOMINIO SAN                              Superior de San
   JORGE GARDENS                               Juan
                            KLAN202300337
         Apelada                               Civil núm.:
                                               SJ2019CV09574
            v.                                 (503)

 TRIPLE-S PROPIEDAD,                           Sobre:
      INC., et als                             Incumplimiento de
                                               Contrato;
         Apelante                              Cumplimiento
                                               Específico de
                                               Contrato de Seguros;
                                               Daños y Perjuicios;
                                               Mala Fe; Temeridad

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria,

dictó una sentencia parcial mediante la cual ordenó a una

aseguradora satisfacer inmediatamente a la parte asegurada la

cantidad que la propia aseguradora le comunicó que procedía en

conexión con unas pérdidas reclamadas a raíz del paso del huracán

María, quedando pendiente por adjudicar si proceden las cuantías

adicionales reclamadas por el asegurado.      Según se explica en

detalle a continuación, concluimos que actuó correctamente el TPI

porque, con el ajuste comunicado, se reconoció una deuda que

advino líquida e inmediatamente exigible por la parte asegurada.

                                  I.

      En septiembre de 2019, el Consejo de Titulares del

Condominio San Jorge Gardens (el “Condominio”) presentó la acción

de referencia, por incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300337                                                         2

(la “Demanda”), en contra de Triple-S Propiedad (la “Aseguradora”)

y otros. El Condominio alegó ser dueño de una póliza de seguros (la

“Póliza”) que protege un inmueble ubicado en San Juan (la

“Propiedad”).

         La Póliza se encontraba vigente a la fecha en que el huracán

María pasó por Puerto Rico.       Se alegó que, como resultado del

huracán, la Propiedad sufrió daños considerables, cubiertos por la

Póliza, y que el Condominio presentó una reclamación ante la

Aseguradora. El Condominio aseveró que la Aseguradora incumplió

con sus deberes y obligaciones bajo la Póliza, pues no ofreció una

compensación justa por los daños.              Además, adujo que la

Aseguradora incurrió en prácticas desleales y mala fe. Se reclamó

por los daños sufridos, cubiertos por la Póliza (aproximadamente

$1.8 millones), y por los daños previsibles sufridos por el

incumplimiento de la Aseguradora con los términos de la Póliza

($250,000).

         En enero de 2022, el Condominio presentó una Moción

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial … (la “Moción”). Sostuvo que,

como resultado de la reclamación presentada, la Aseguradora le

había enviado un Statement of Loss, según el cual la Propiedad

sufrió    daños    compensables    bajo   la   Póliza   ascendentes   a

$245,660.13. El Condominio planteó que las cuantías indicadas en

el Statement of Loss constituía un reconocimiento de una deuda

líquida, vencida y exigible. Por no existir controversia en cuanto a

dicha cuantía, el Condominio solicitó que se ordenara a la

Aseguradora a emitir el pago correspondiente de inmediato.

         La Aseguradora se opuso. Admitió que, en octubre de 2019,

le había presentado al Condominio “el ajuste de la reclamación …

juntamente con la oferta de pago.” No obstante, sostuvo que, en

estas circunstancias, el TPI estaba impedido de ordenar el pago de

la cuantía que la Aseguradora admitió debía al Condominio. Arguyó
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que no procedía lo solicitado porque la oferta no fue aceptada por el

Condominio, por lo cual no se consideraba como una deuda líquida,

y que en el caso aún existían varias controversias sobre los daños

sufridos por la Propiedad.

      El 6 de febrero de 2023, el TPI notificó una Sentencia Parcial

(la “Sentencia”); formuló las siguientes determinaciones de hechos

(notas al calce omitidas):

      […]
      5. Triple-S acusó recibo de la pérdida del Condominio
      San Jorge Gardens …
      6. Triple-S contrató los servicios de Benj. Acosta, Inc.,
      para realizar un ajuste de los daños sufridos por el
      Condominio San Jorge Gardens como consecuencia del
      paso del huracán María previo a la presentación de la
      Demanda.
      7. Benj. Acosta, Inc., preparó un documento titulado
      Statemento of Loss donde se ajustó la pérdida del
      Condominio San Jorge Gardens en la suma de
      $245,660.13.

      El TPI concluyó que la cantidad solicitada por el Condominio

constituía una deuda líquida porque “dicho ajuste representa los

daños cuantificados que no están en controversia”. Razonó que el

ajuste constituía un reconocimiento de deuda por la Aseguradora.

Por tanto, ordenó el pago inmediato de $245,660.13, pues la misma

es “líquida y exigible”.     El TPI aclaró que este pago parcial no

representa una renuncia del Condominio a continuar con el caso

sobre las cuantías adicionales que están en controversia y que no

debía entenderse que se habría configurado un pago en finiquito.

      El 21 de febrero, la Aseguradora solicitó la reconsideración de

la Sentencia, lo cual fue denegado por el TPI mediante una

Resolución notificada el 20 de marzo.

      Inconforme, el 18 de abril, la Aseguradora presentó el recurso

que nos ocupa. Arguye que no procedía el pago ordenado porque

todavía existen controversias sobre todas las partidas de la

reclamación. Niega que el monto del ajuste constituya una deuda
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líquida y exigible.   Señala que ni los términos de la Póliza ni la

legislación vigente le obligaba a pagar la cuantía que ella misma

reconoció procedía bajo los términos de la Póliza. Resalta que el

Condominio nunca aceptó el ajuste como uno final y que ni el Código

civil ni el Código de Seguros reconoce este tipo de resolución parcial

de una reclamación. Plantea que la Moción se presentó luego de

expirado el término reglamentario correspondiente y que la misma

no procedía porque la Moción no estaba dirigida a adjudicar de

forma final ninguna de las causas de acción del Condominio.

      De conformidad con lo autorizado por la Regla 7(B)(5) de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), resolvemos sin

trámite ulterior.

                                 II.

      “[D]ebido a que la industria de los seguros está revestida del

más alto interés público, es reg[lament]ada extensamente por el

Estado”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 632 (2009)

(citas omitidas); véase, por ejemplo, 26 LPRA secs. 1-10377.       El

“negocio de seguros está investido de un alto interés público debido

al papel que juega en la protección de los riesgos que amenazan la

vida o el patrimonio de los ciudadanos”. RJ Reynolds v. Vega Otero,

197 DPR 699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR

564, 575 (2013).      Este alto interés surge “de la extraordinaria

importancia que juegan los seguros en la estabilidad de nuestra

sociedad”. RJ Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176

DPR 372 (2009).

      El Código de Seguros reglamenta expresamente las “prácticas

comerciales en el negocio de seguros”. 27 LPRA sec. 2701-2736;

Carpets & Rugs, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR,

144 DPR 425, 442 (1997).       “Uno de los renglones mayormente

reg[lament]ado por el Código de Seguros de Puerto Rico” es el

relacionado con “las prácticas desleales y fraudes en el negocio de
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los seguros”, lo cual incluye lo relativo al “ajuste de reclamaciones”.

Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 632; Comisionado de Seguros v.

PRIA, 168 DPR 659 (2006); Artículos 27.010-27.270 del Código de

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 2701-2740. En efecto, en

conexión con el manejo de reclamaciones, el Código de Seguros

prohíbe un número de “actos o prácticas desleales”. 26 LPRA sec.

2716a.

       Por ejemplo, una aseguradora está obligada por ley a “notificar

una oferta razonable”. Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 634. La

investigación que precede la oferta tiene que ser “diligente”, y el

ajuste tiene que ser “equitativo y razonable”. Íd. Salvo que se realice

un pago total de lo reclamado, o que se deniegue totalmente la

misma de forma escrita y fundamentada, una reclamación no puede

ser considerada resuelta sin que medie una “oferta razonable”. Íd.

En otras palabras, las aseguradoras tienen la “obligación de llevar a

cabo un ajuste rápido, justo, equitativo y de buena fe”. Íd., a la pág.

635.

       Es por lo anterior que se considera que una oferta final de una

aseguradora no es equivalente a una oferta de transacción, o a una

postura de negociación, de las que pueden generarse en otros

contextos que no están sujetos a la intensa y específica

reglamentación del campo de los seguros.         Íd.   Entiéndase, una

aseguradora no puede “retractarse” de un ajuste, a diferencia de

lo que sucedería si se considerase dicho ajuste como una oferta

típica dirigida a transigir o finalizar una disputa en un campo

distinto al de seguros. Íd (énfasis suplido). Por ello, distinto a lo que

ocurre en otros ámbitos del comercio, “ante un reclamo judicial”,

una aseguradora no puede “den[egar] partidas que en su ajuste

inicial entendió procedentes”. Íd., a la pág. 636 (énfasis suplido).

       Por todo lo anterior, en Carpets & Rugs, supra, se resolvió que

una comunicación de una aseguradora, como oferta o ajuste final
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de una reclamación, era admisible en evidencia, pues no se trata de

una postura de “negociación conducente [a un posible] contrato de

transacción”. Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 638. Se razonó

que la carta de ajuste en el referido caso no se emitió

“voluntariamente en un proceso de negociación conducente al

contrato de transacción, sino como parte de [la] obligación [de la

aseguradora] al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico de

resolver de forma final una reclamación de un asegurado…”. Íd., a

la pág. 639.

      De forma similar, en Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican

Insurance Company, 2021 TSPR 73, 207 DPR ___ (2021), se señaló

que, cuando la aseguradora envía una oferta razonable al

asegurado, la misma constituye un estimado de los daños. Por ello,

dicha oferta razonable se considera “un reconocimiento de

deuda al menos en cuanto a las sumas ofrecidas como ajuste”.

Íd., a la pág. 16 citando Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 635

(énfasis suplido).   Por tanto, se indicó lo siguiente Íd. (citando

Carpets & Rugs, 175 DPR a la pág. 639 (énfasis en el original)):

      Nótese que “en dicho documento no existen
      concesiones del asegurador hacia su asegurado, pues
      se trata de un informe objetivo del asegurador en
      cuanto a la procedencia de la reclamación y la
      existencia de cubierta según la póliza.” Por ende, al
      emitir el informe de ajuste no hay una controversia
      bona fide entre asegurador y asegurado.

                                 III.

      De las anteriores normas, claramente establecidas por el

Tribunal Supremo, surge que el TPI actuó correctamente al acoger

la Moción y dictar la Sentencia. Veamos.

      Según admite la Aseguradora, esta le comunicó un ajuste al

Condominio en conexión con la reclamación de este.                 La

Aseguradora no puede retractarse del ajuste porque el mismo se

realizó como parte de su obligación de resolver la reclamación al

amparo del Código de Seguros de Puerto Rico. Carpets & Rugs,
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supra. No se trata de una oferta que puede ser retirada si la otra

parte no la acepta, como sucede en otros contextos en que se intenta

negociar un posible contrato de transacción. Carpets & Rugs, supra.

      Aquí, por el efecto de la reglamentación aplicable a las

aseguradoras, y según resuelto en Carpets & Rugs, supra, y

Feliciano Aguayo, supra, el ajuste constituye un informe objetivo

producto de la obligación de la Aseguradora de investigar

diligentemente la reclamación y realizar un ajuste razonable. De ahí

surge la obligación de la Aseguradora de respetar su propio ajuste y

desembolsar de inmediato dicha cuantía al Condominio.

      En efecto, el ajuste aquí constituye un reconocimiento de

una deuda.     Carpets & Rugs, supra; Feliciano Aguayo, supra.

Contrario a lo planteado por la Aseguradora, la condición de deuda

líquida y exigible no se afecta en lo absoluto por el hecho de que el

Condominio no haya aceptado dicho ajuste como equivalente a la

totalidad de su reclamación. Lo único pertinente, en este contexto,

es que la Aseguradora, luego de la correspondiente investigación, y

de conformidad con sus obligaciones estatutarias, reconoció que,

cuando menos, tenía la obligación, bajo los términos de la Póliza, de

satisfacerle al Condominio las cuantías reflejadas en el ajuste.

      A través del ajuste, la Aseguradora reconoció su obligación de

pagar una cuantía específica bajo la Póliza.     De tal manera, se

extinguió cualquier posible controversia entre las partes en cuanto

a dicha cuantía. Como se reconoció en Feliciano Aguayo, supra,

como los ajustes “no [son] producto de alguna diferencia en las

respectivas pretensiones de asegurador y asegurado (iliquidez de la

deuda), no cumple con … la existencia de una reclamación ilíquida

o sobre la cual exista una controversia bona fide.”

      De forma compatible con lo anterior, la Regla 47(7)(d) del

Reglamento del Código de Seguros dispone que cuando “no exista

controversia sobre uno o varios aspectos de la reclamación, se
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deberá hacer el pago correspondiente, independientemente de que

exista una controversia en cuanto a otros aspectos de la

reclamación, siempre que el mismo se pueda efectuar sin perjuicio

de ambas partes.”

       Tampoco la Aseguradora intenta plantear que exista alguna

duda sobre su propia evaluación del monto de daños que procedía

pagarse al Condominio bajo los términos de la Póliza. No puede, por

tanto, evadir su obligación de honrar inmediatamente lo que

reconoció, luego de realizar su propia investigación, era su deuda

con el Condominio bajo los términos de la Póliza.1

       Por otro lado, como señala la Aseguradora, lo adjudicado en

la Sentencia no dispone de la totalidad de la Demanda, pues el

Condominio sostiene que dicha parte le debe una cuantía mayor

bajo los términos de la Póliza, además de que reclama daños por el

alegado incumplimiento contractual de la Aseguradora. Es decir,

aún queda pendiente por determinar si la cuantía concedida cubre

la totalidad de los daños o sólo parte de estos, así como la

procedencia de los daños reclamados.

       No obstante, ello no impedía que, por la vía sumaria, el TPI

dispusiera en cuanto a la cuantía sobre la cual no hay controversia.

Ello porque esta causa de acción, al descansar sobre el

reconocimiento de una deuda por la Aseguradora, es distinguible y

separable de la causa de acción por incumplimiento contractual.

Por tanto, el TPI podía adjudicarla mediante una sentencia parcial y

final, pues así se dispone de lo que, en la práctica, constituye una

causa de acción distinta, pues tiene una razón de ser diferente y

distinguible de las que quedaron pendientes por adjudicarse.2

1 Tampoco tiene apoyo alguno en el récord la etiqueta de “preliminar” que ahora
le intenta colocar la Aseguradora al ajuste realizado en este caso.
2 Contrario a lo señalado por la Aseguradora, el TPI tenía discreción para

considerar la Moción, aun partiendo de la premisa de que la misma se hubiese
presentado luego del término reglamentario correspondiente.
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      En fin, no hay razón jurídica válida para que la Aseguradora

se rehúse a satisfacer inmediatamente el mínimo que ella misma ha

reconocido que la parte asegurada tiene derecho a recibir,

simplemente porque exista una disputa pendiente de resolución

sobre la procedencia de pagos adicionales. Al contrario, abstenerse

de realizar dicho pago, solo porque la parte asegurada reclama que

el mismo no es suficiente, es incompatible con el entramado

reglamentario del Código de Seguros y es una violación del deber de

la aseguradora de cumplir de buena fe con sus obligaciones

contractuales.

      Concluimos, así pues, que actuó correctamente el TPI al emitir

la   Sentencia   que   obliga   a     la   Aseguradora   a   satisfacer

inmediatamente las cuantías reconocidas en el ajuste que ella

misma realizó, por ser esta líquida y exigible. Este era el único curso

de acción compatible con el Código de Seguros y su reglamentación,

y con lo establecido en Carpets & Rugs, supra, y Feliciano Aguayo,

supra.

                                    IV.

      Por todo lo anteriormente expuesto, se confirma la sentencia

apelada.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Rivera Torres disiente con opinión

escrita.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

     CONSEJO DE                                APELACIÓN
    TITULARES DEL                              procedente del
   CONDOMINIO SAN                              Tribunal de Primera
   JORGE GARDENS                               Instancia, Sala
                            KLAN202300337      Superior de San
         Apelada                               Juan

            v.                                 Civil núm.:
                                               SJ2019CV09574
 TRIPLE-S PROPIEDAD,                           (503)
      INC., et als
                                               Sobre:
         Apelante                              Incumplimiento de
                                               Contrato;
                                               Cumplimiento
                                               Específico de
                                               Contrato de Seguros;
                                               Daños y Perjuicios;
                                               Mala Fe; Temeridad

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

                      VOTO DISIDENTE
             DEL JUEZ WALDEMAR RIVERA TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      Respetuosamente disiento de la mayoría del Panel debido a

que, según surge de los hechos del caso, Triple-S nunca ofreció al

Consejo de Titulares un pago parcial o adelanto ni mucho menos

existe una aceptación del Statement of Loss por el asegurado.

Elementos que se deben configurar para que aplique el Artículo

12.166 de la Ley núm. 243-2018, 27 LPRA sec. 2716f.

      A su vez, y al tenor de dicho precepto, no será procedente la

emisión de pago parcial alguno sobre aquellas partidas que estén en

controversia. Si el Consejo de Titulares cuando se le remitió el

Statament of Loss, allá para el 29 de octubre de 2019, no lo aceptó,

ello implica que aún todas las partidas y las cuantías allí

especificadas están en disputa. Por lo tanto, no puedo avalar el

proceder de la parte apelada que ahora en noviembre de 2022,

mediante el petitorio de resolución sumaria, pretenda hacernos

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300337                                                                  2

creer que dicho ajuste inicial constituye una suma líquida y exigible

porque es una cantidad de daños reconocidos voluntariamente por

Triple-S.

      Respecto a dicho argumento debo apuntar, además, que el

reconocimiento de la existencia de una deuda se concreta luego de

que la aseguradora realiza su investigación y ajuste final. Mientras

no se realice tal proceso, las cantidades estimadas carecen de

finalidad y certeza. Esto, máxime si el asegurado no está conforme

con el monto preliminar informado. Sobre este punto, debo señalar

que el caso ante nuestra consideración es distinguible a los hechos

acaecidos en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 (2009),

ya que en este la aseguradora le envió al reclamante una carta

informando “los estimados de daños a los que había llegado y las

cantidades    que    estaba    dispuesta     a    pagar”    y   este    “aceptó

parcialmente el ajuste realizado”. Lo que no ocurre en el casode

epígrafe,   debido   a   que    la   parte   apelada       nunca       hizo   un

reconocimiento parcial o total de la oferta.

      Asimismo, la legislación regente expone diáfanamente que la

suma ofrecida, luego del correspondiente ajuste de una reclamación,

constituye el reconocimiento de la deuda en cuanto a las partidas

reclamadas y cubiertas por la póliza. Por tanto, es forzoso concluir

que luego de realizado dicho proceso es que podemos hablar de una

cuantía exigible, en caso de ser aceptada por el asegurado. En

Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226 (1998), la más alta

Curia resolvió que una reclamación se entiende resuelta una vez la

empresa aseguradora notifica a su asegurado el ajuste final de la

reclamación que le fue presentada.

      Por su parte, el Código de Seguros establece que una

aseguradora    no    puede     retractarse       del   ajuste   realizado     en

cumplimiento de los deberes que le impone la legislación. Esto en

referencia al ajuste realizado, luego de la investigación y al proceso
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interno que lleva a cabo la aseguradora en las reclamaciones

presentadas. En este punto, precisa advertir que el informe en

cuestión constituyó un ajuste preliminar encomendado por la

apelante para rebatir la valoración sobre daños reclamada por la

parte apelada. Lo que no conlleva un pago automático sin más.

        De igual manera, y relacionado a lo antesdicho, no puedo

obviar que Triple-S, en su oposición a la petición de sentencia

sumaria, advirtió que en la demanda el Consejo de Titulares reclamó

daños por $1,840,817.39, pero en la reclamación judicial sometió

un informe donde se indicó que el valor de estos era $1,057,484.38.

Lo que a su entender, constituye una admisión de sobrevaloración

en su reclamación y un fraude a tenor con los términos y

condiciones de la póliza. En este sentido, resulta forozo concluir que

todas    las   partidas   reclamadas   están   siendo   cuestionadas.

Recordemos que en Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, el más

alto foro decretó que un asegurador no le es permisible retractarse

del ajuste que envía a su asegurado salvo fraude del reclamante.

        Por último, resulta menester señalar que en el presente caso

no ha concluido el descubrimiento de prueba. Por lo que, como parte

de ese proceso, no cabe duda de que las partes trabajan en la

corroboración de los daños reales y el valor razonable de estos. Es

decir, existe controversia en cuanto al monto que finalmente deberá

ser pagado por la aseguradora, de probarse la pérdida que se alega

y de estar cubierta por la póliza. A estos efectos, reitero que resulta

evidente que no estamos ante cantidades que puedan ser

consideradas como finales, líquidas y exigibles. Como bien expresó

la parte apelante en su escrito “El hecho de que continúa el litigio

sobre el grado, extensión, y alcance de los daños de dichas
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partidas [incluidas en el ajuste] en sí mismo hace que la deuda

no pueda ser líquida y exigible.”3

       Por lo cual, resultaría prematuro el compeler al pago de una

cantidad sobre la cual ambas partes mantienen una disputa, más

aún cuando la misma es susceptible de variación a medida que se

continúe con el descubrimiento de prueba entre las partes. Recalco

que es precisamente la discrepancia en cuanto a la cuantía a

pagar por la aseguradora, lo que provoca la controversia. Por ello,

entiendo que el foro primario incidió al ordenar el pago de la

cantidad estimada mediante el Statement of Loss, que no representa

una carta de oferta final de la aseguradora.4

       Por los fundamentos antes expuestos, revocaría la Sentencia

Parcial apelada.

                            WALDEMAR RIVERA TORRES
                             JUEZ DE APELACIONES

3Véase la Apelación Civil, a la pág. 18. Énfasis en el original.
4 Advierto que en la Sentencia Parcial apelada el TPI expresó que el Consejo de
Titulares no presentó la Carta de Ajuste.