Court Opinion

ID: 9952224
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:30:26.555217+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:35.514067
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

  WILLIAM LÓPEZ                                  Certiorari
  COLÓN, ET ALS.                                 y Apelación
                                                 procedentes del Tribunal
 Recurrido-Apelado                               de Primera Instancia,
                                                 Sala de Bayamón
           v.              KLCE202301153
                                                 Civil Núm.
 ANTONIO RIVERA            consolidado con       BY2022CV04519
 ORTEGA, ET ALS.
                      KLCE202301178 Sobre:
Peticionario-Apelante               Sentencia Declaratoria e
                                    Interdicto Preliminar y
                                    Permanente,
                                    Incumplimiento de
                                    Contrato, Culpa In
                                    Contrahendo,
                                    Daños y Perjuicios
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Romero García, la
Jueza Martínez Cordero y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

       Comparece el señor Antonio Rivera Ortega (señor Rivera

Ortega o peticionario y apelante), mediante un recurso de Certiorari

presentado el 18 de octubre de 2023 (KLCE202301153), y nos

solicita la revisión de una trilogía de órdenes del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, notificadas el 2, 10

y 13 de octubre de 2023, respectivamente. En la primera, el

Tribunal de Primera Instancia concedió al compareciente un

término final de diez días para que acreditara que suplementó las

contestaciones a un interrogatorio cursado por el señor William

López Colón (señor López Colón o recurrido y apelado), so pena de

anotarle la rebeldía y eliminar las alegaciones.2 En la segunda, el

foro impugnado declaró sin lugar, por tardía, la solicitud del señor

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Hon. Juan R. Hernández Sánchez,

por virtud de la Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de
2023.
2 Apéndice KLCE202301153, pág. 5. En la Orden emitida el 12 de octubre y

notificada al día siguiente, Apéndice KLCE202301153, pág. 4, en esencia, el TPI
se limita a reiterar el mandato judicial de 2 de octubre de 2023.

Número Identificador

SEN2024 _____________
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                       2

Rivera Ortega para enmendar su Reconvención.3 En la tercera, el

tribunal a quo no dio paso a cierta prueba pericial notificada y

anunciada por el peticionario, toda vez que fue presentada extinto

el término provisto para el descubrimiento de prueba.4

      Al día siguiente de instado el recurso discrecional, el señor

Rivera     Ortega   solicitó    nuestro   auxilio    para   paralizar      los

procedimientos ante el foro recurrido. Mediante la Resolución de 19

de octubre de 2019, declaramos sin lugar el pedimento.

      Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, el señor Rivera

Ortega solicitó, nuevamente, nuestra intervención mediante una

petición de Certiorari (KLCE202301178), aquí acogida como

Apelación,5 a los fines de revocar una Sentencia Parcial, emitida el

18 de octubre de 2023 y notificada al día siguiente.6 En el aludido

dictamen, el foro apelado anotó la rebeldía al señor Rivera Ortega,

eliminó sus alegaciones y desestimó sin perjuicio su Reconvención.

El peticionario y apelante también acompañó el recurso con otra

petición de paralización. Emitimos una Resolución el mismo día y

declaramos sin lugar la solicitud.

      La    parte   recurrida    y   apelada,    a su    vez,   solicitó    la

desestimación de la causa KLCE202301153 presentada el 18 de

octubre de 2023, al alegar la falta de notificación del auto

discrecional y su apéndice por correo electrónico, según surge de

la certificación de la parte peticionaria y apelante.7 No obstante,

reconoció que, el 20 de octubre de 2023, dentro del término de

cumplimiento escrito, recibió por correo certificado la petición de

3 Apéndice KLCE202301153, págs. 1-2.

4 Apéndice KLCE202301153, pág. 3.

5 Acogemos el recurso como una Apelación, pues se impugna una Sentencia
Parcial. Por economía procesal, conservamos la clasificación alfanumérica
otorgada en Secretaría.
6 Apéndice KLCE202301178, págs. 1-3.

7 Huelga mencionar que la parte peticionaria no tiene que incluir el apéndice

cuando notifica al Tribunal de Primera Instancia la presentación del recurso
ante este foro revisor. Véase, Regla 33 (A) del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                         3

Certiorari y su respectivo apéndice. Por consiguiente, estimamos

que no procede su pedimento desestimatorio.

       Asimismo, a instancia del señor López Colón, el 30 de

octubre de 2023, dictamos una Resolución y ordenamos la

consolidación de ambas causas, al amparo de la Regla 80.1 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B.

Veamos a continuación, el tracto procesal pertinente a las

controversias planteadas en los recursos consolidados.

                                       I.

       El presente caso se inició el 1 de septiembre de 2022,

ocasión en que el señor López Colón y Valex Di Corporation, entre

otros, instaron una Demanda Jurada sobre sentencia declaratoria,

interdicto preliminar y permanente, incumplimiento de contrato,

culpa in contrahendo, daños y perjuicios.8 En esencia, el señor

López Colón alegó que entabló negociaciones con el señor Rivera

Ortega y Empresas Rivera LLC para que se encargaran con

exclusividad de la distribución de los productos de la empresa

Maná’s Bakery Pan del Cielo (Maná’s Bakery), así como del servicio

al cliente, a cambio de un quince por ciento del total de las ventas

al por mayor. Indicó que le prestó un vehículo de motor al señor

Rivera Ortega para la entrega de productos, con el fin que éste se

hiciera cargo de los gastos relacionados, pero sostuvo que el

peticionario y apelante incumplió con lo pactado.

       El señor López Colón adujo que, el 1 de noviembre de 2021,

conversó con el señor Rivera Ortega para ceder las operaciones de

Maná’s Bakery, la cual se encontraba libre de deudas. Para ello, el

8 Apéndice KLCE202301153, págs. 98-113 o entrada 1. El texto de las páginas

está truncado, por lo que acudimos al expediente electrónico del caso en el
Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). La parte
demandante está compuesta por el señor López Colón, su cónyuge, Nancy Colón
Berríos, la sociedad legal de bienes gananciales que ambos conforman y Valex
Di Corporation. De otro lado, además del señor Rivera Ortega, la acción civil se
incoó contra Empresas Rivera, LLC y otros demandados con nombres
desconocidos.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                         4

peticionario y apelante debía pagar en o antes de 20 de noviembre

de 2021 un monto ascendente a $8,867 que no satisfizo en la

fecha acordada. El señor López Colón planteó que preparó un

borrador para la cesión antes aludida, pero ésta no pudo

perfeccionarse, ya que el señor Rivera Ortega no la suscribió, sin

ofrecer justificación alguna. Añadió que, si bien desistió de la

operación de distribución, el señor Rivera Ortega aún se encargaba

del servicio al cliente de Maná’s Bakery, pero ello sin autorización

ni la obtención de los permisos requeridos. Acotó, además, que el

señor Rivera Ortega ha pagado con cheques sin fondo, incluso a

los suplidores, y que tampoco ha cumplido con los cánones de

arrendamiento ni con el pago de la nómina. Afirmó que, sin

potestad para ello, el señor Rivera Ortega cambió el logotipo y los

rótulos de Maná’s Bakery.

       El señor López Colón denunció también que, el 25 de

septiembre de 2021, suscribió un contrato de arrendamiento de un

local del señor Rivera Ortega y sus familiares, para expandir sus

operaciones, pero alegó que la propiedad no era comercial, sino

residencial.9 Al desistir del acuerdo por dicha causa, tuvo que

pagar una penalidad por la cancelación. En fin, el señor López

Colón arguyó que los alegados incumplimientos del señor Rivera

Ortega han comprometido la estabilidad económica, el buen

nombre, reputación y la propia existencia de Maná’s Bakery. Entre

otros remedios interdictales,10 estimó una indemnización de

$350,000.

9 Véase, Apéndice KLCE202301153, págs. 41-49.

10 En cuanto a los remedios interdictales, cabe señalar que el 3 de noviembre de

2022, notificada el día 4, el foro sentenciador dictó una Sentencia Parcial,
mediante la cual tornó el caso al procedimiento ordinario y archivó la causa del
recurso extraordinario, por virtud de un Acuerdo Confidencial y Privilegiado de
Transacción allegado entre las partes litigantes. Entrada 49 SUMAC.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                      5

      El 5 de diciembre de 2022, el señor Rivera Ortega presentó

Contestación a la Demanda y Reconvención.11 En síntesis, negó la

mayoría de las alegaciones en su contra, las cuales catalogó de

falsedades. Aclaró que el señor López Colón operaba dos negocios

distintos en un mismo local, a saber, una fábrica de productos de

panadería que vendía al por mayor y una panadería con ventas al

detal. Indicó que el negocio jurídico entre los contendientes constó

de la distribución al por mayor de los productos de la fábrica y la

operación de la panadería, para lo cual el señor Rivera Ortega

arrendaría el edificio y su contenido, a razón de un canon de

$1,000 semanales. Sin embargo, aseguró que el señor López Colón

permaneció en el inmueble arrendado, en lugar de mudar la

fábrica a otro local, según lo previsto, por lo que aquél recibía

renta por un espacio que continuaba ocupando. Al respecto,

enunció que el local que el señor López Colón le arrendó el 25 de

septiembre de 2021 era comercial; y añadió que al recurrido y

apelado se le entregó un permiso de uso de 6 de agosto de 1986.

Explicó que el señor López Colón desistió del acuerdo por falta de

dinero.

      Con relación al acuerdo frustrado, señaló que el señor López

Colón se había negado a suscribir el contrato negociado, por lo que

se le había imposibilitado la obtención de permisos. Agregó

también que el señor López Colón se había beneficiado, ya que

tenía una conexión de electricidad ilegal, por lo que no pagaba la

utilidad, ni el gas, combustible y mantenimiento del generador de

emergencia. Por igual, minimizó las alegaciones de amenaza a la

estabilidad del negocio, las cuales tildó de exageraciones.

      En su Reconvención, el señor Rivera Ortega ofreció su

versión de los acercamientos entre las partes para que éste se

11 Apéndice KLCE202301153, págs. 114-127 o entrada 54. Igualmente, el texto

de las páginas está incompleto, por lo que acudimos al expediente electrónico
del caso en el SUMAC.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                   6

hiciera cargo de Maná’s Bakery. Afirmó que el señor López Colón le

representó que trasladaría a otro local las operaciones de la

fábrica, por lo que, el 29 de octubre de 2021, pactó el

arrendamiento por un término de cinco años, un canon semanal

de $1,000 y la obligación de adquirir los productos de la panadería

exclusivamente de la fábrica. Al permanecer en la misma

instalación arrendada, el señor Rivera Ortega alegó que el

recurrido y apelado infringió una condición fundacional del

contrato. Por igual, adujo que la presunta negativa del señor López

Colón para perfeccionar el contrato verbal a uno escrito, impidió

que el peticionario y apelante obtuviera los permisos y operaciones

bancarias a su nombre. A esos efectos, envió una comunicación al

señor    López   Colón   con   varias     exigencias.   Aseguró   que   la

contraoferta recibida resultó en una irrazonable y onerosa. Al

replicar, dijo que reiteró su disposición al diálogo, pero que dicho

esfuerzo resultó infructuoso. Por consiguiente, reclamó el pago de

$42,000 por gastos inherentes al local, así como una partida de

$365,000 por concepto de ganancias dejadas de devengar.

        El 13 de diciembre de 2022, el señor López Colón replicó.12

Imputó al señor Rivera Ortega haberse cruzado de brazos para que

el acuerdo no se hubiera suscrito. Si bien aceptó el recibo de la

comunicación antes referida, rechazó su contenido. Al negar

escuetamente las alegaciones en su contra, en general, se remitió a

las reclamaciones de su acción civil.

        Así trabadas las controversias, y en lo atinente a las

contenciones del peticionario y apelante, surgen del tracto procesal

las siguientes incidencias:

   -    El 1 de febrero de 2023, las partes presentaron el Informe
        para el manejo del caso.13 Del documento surge que el señor
        Rivera Ortega consultó al perito economista Pedro J.

12 SUMAC, entrada 59.

13 Apéndice KLCE202301153, págs. 63-72.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                           7

         Santiago Méndez, quien rindió un informe preliminar. El
         documento fue notificado al señor López Colón el 31 de
         enero de 2023.14
     -   En la Vista Inicial celebrada el 1 de marzo de 2023, la
         representación legal del señor Rivera Ortega indicó que el
         perito prepararía un informe final. Por su parte, la
         representación legal del señor López Colón se reservó el
         derecho de contratar prueba pericial para rebatir al experto.
         En esa ocasión, el foro primario ordenó a las partes a
         cumplir con los interrogatorios y las contestaciones.15
     -   El 10 de marzo de 2023, el señor López Colón envió al señor
         Rivera Ortega un Segundo pliego de interrogatorios y
         requerimiento de producción de documentos.16 El Primer
         pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de
         documentos había sido remitido el 26 de diciembre de
         2022.17
     -   El 5 de mayo de 2023, el señor López Colón informó al
         tribunal el incumplimiento del señor Rivera Ortega en
         contestar el Segundo pliego de interrogatorios y requerimiento
         de producción de documentos.18
     -   En respuesta, el 8 de mayo de 2023, el foro judicial notificó
         la sanción por $100 a la representación legal del señor
         Rivera Ortega, Lcda. Marta Ojeda Rodríguez, y concedió un
         nuevo término de diez días. La Orden se notificó
         directamente a la parte peticionaria y apelante.19
     -   El Segundo pliego de interrogatorios y requerimiento de
         producción de documentos fue contestado bajo juramento por
         el señor Rivera Ortega el 18 de mayo de 2023.20
     -   El 8 de junio de 2023, el señor López Colón objetó las
         contestaciones al Segundo pliego de interrogatorios y
         requerimiento de producción de documentos.21
     -   El 30 de junio de 2023, notificada el 5 de julio de 2023, el
         foro a quo ordenó al señor Rivera Ortega a suplementar las
         contestaciones en un término de veinte días y advirtió la
         imposición de sanciones por incumplimiento.22
     -   El 27 de julio de 2023, el señor López Colón informó el
         incumplimiento del señor Rivera Ortega y solicitó la
         imposición de sanciones, según lo advertido, la anotación de
         rebeldía, la eliminación de las alegaciones y la desestimación
         con perjuicio de la Reconvención.23

14 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 1; 2-8.

15 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 9-11.

16 Apéndice KLCE202301153, págs. 73-85.

17 Entrada 61, SUMAC.

18 Entrada 116, SUMAC.

19 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, pág. 13. La Orden se notificó a:
ANTONIO E. RIVERA ORTEGA H6 06 BOX 13494, COROZAL, PUERTO RICO,
00783 y a EMPRESAS RIVERA LLC H6 06 BOX 13494, COROZAL, PUERTO
RICO, 00783.
20 Apéndice KLCE202301153, págs. 86-90.

21 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 32-42, con anejos a las págs.

43-67.
22 Entrada 142, SUMAC.

23 Entrada 144, SUMAC. Reiteró la petición de 16 de agosto de 2023; véase,

Alegato de la parte recurrida, págs. 71-73.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                         8

   -   Con relación al previo pedimento, el 31 de julio de 2023,
       tribunal emitió una Orden, mediante la cual sancionó a la
       representación legal del señor Rivera Ortega por $200, so
       pena de anotar la rebeldía y eliminar las alegaciones. La
       notificación enmendada de 24 de agosto de 2023 se remitió a
       la dirección de la parte peticionaria y apelante, toda vez que,
       el 31 de julio de 2023, la Secretaría únicamente notificó a los
       respectivos representantes legales.24
   -   El 15 de agosto de 2023, la representación legal del señor
       Rivera Ortega presentó su renuncia.25 El tribunal intimado
       respondió que evaluaría la solicitud de renuncia cuando se
       suplementaran las contestaciones al Segundo pliego de
       interrogatorios y requerimiento de producción de documentos.
       Recordó, además, el apercibimiento de la anotación de
       rebeldía y la eliminación de las alegaciones y ordenó notificar
       el dictamen a la parte peticionaria y apelante.26
   -   El 16 de agosto de 2023, el foro primario notificó a los
       abogados de las partes una Orden para dar por culminado el
       procedimiento de descubrimiento de prueba, efectivo el 31 de
       agosto de 2023, con excepción de la deposición al señor
       Rivera Ortega.27
   -   El 5 de septiembre de 2023, el Lcdo. Héctor Santiago Rivera
       solicitó unirse a la representación legal.28 El 20 de
       septiembre de 2023, el foro de primera instancia relevó a la
       Lcda. Marta Ojeda Rodríguez y aceptó la representación
       solicitada.29
   -   El 14 de septiembre de 2023, el señor Rivera Ortega informó
       al tribunal que en la misma fecha envió al señor López Colón
       las contestaciones a las objeciones del Segundo pliego de
       interrogatorios    y   requerimiento     de   producción     de
       documentos.   30

   -   El 19 de septiembre de 2023, el señor López Colón ripostó
       que el documento remitido no cumplía con la Orden del
       tribunal a quo y enunció que la anotación de rebeldía y la
       eliminación de las alegaciones debían “permanecer”.31

24 Entrada 145, SUMAC.

25 Entrada 151, SUMAC.

26 Entrada 157, SUMAC. La Orden se notificó a: ANTONIO E. RIVERA ORTEGA

H6 06 BOX 13494, COROZAL, PUERTO RICO, 00783 y a EMPRESAS RIVERA
LLC H6 06 BOX 13494, COROZAL, PUERTO RICO, 00783.
27 Entrada 154, SUMAC; véase también la entrada 180, SUMAC. En esta última

Orden, el TPI reiteró la culminación del descubrimiento de prueba y expresó que
lo único que estaba pendiente era el suplemento a las contestaciones del
interrogatorio y la deposición del señor Rivera Ortega.
28 Apéndice KLCE202301153, pág. 50. A esa fecha, los procedimientos estaban

paralizados, toda vez que el foro primario había ordenado al señor López Colón a
prestar una fianza de no residente de $2,000; refiérase a la entrada 160,
SUMAC.
29 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 74-75.

30 Entradas 167, SUMAC.

31 Entrada 168, SUMAC.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                          9

     -   En la Orden de 19 de septiembre de 2023, notificada el día
         20, incluyendo al señor Rivera Ortega y a Empresas Rivera
         LLC,32 el tribunal primario expresó:
              .      .       .      .      .       .      .      .
            Note parte demandante que, al momento, no se
            han eliminado alegaciones ni anotado la rebeldía
            a la parte demandada. Sí se apercibió a la parte
            demandada sobre ello ante el incumplimiento
            con    la    orden   sobre    suplementar     las
            contestaciones a interrogatorio, la cual quedó en
            suspenso ante la imposición de fianza no
            residente y renuncia de representación legal.
            Se le ordena a la parte demandada suplementar
            las contestaciones a interrogatorio, según
            previamente ordenado, en término final de 10
            días, so pena de eliminar alegaciones y anotar la
            rebeldía.33 (Subrayado nuestro).
     -   El 30 de septiembre de 2023, el señor López Colón detalló
         sus contenciones a las contestaciones no responsivas y los
         documentos no suministrados; a saber: 3-6 y 8-13.34
     -   El foro judicial evaluó las objeciones y dictó una Orden el 2
         de octubre de 2023:
            Evaluada la moción de la parte demandante,
            concurrimos en que las contestaciones a
            interrogatorio suplementadas de la parte
            demandada no cumplen con la orden del
            tribunal. La parte demandada debe ser
            responsiva e indicar si tiene información o la
            documentación requerida. En la negativa, debe
            acreditar las gestiones razonables para obtener
            la información o la documentación y así debe
            afirmarlo bajo juramento.
            Tiene la parte demandada 10 días finales para
            acreditar que suplementó las contestaciones,
            según ordenado por el tribunal y señalado por la
            parte demandante en su escrito del 30 de
            septiembre de 2023, so pena de anotar la
            rebeldía y eliminar las alegaciones. Notifíquese
            a parte demandada.35 (Énfasis en el original y
            subrayado nuestro).36
     -   El 5 de octubre de 2023, a través del licenciado Santiago
         Rivera, el señor Rivera Ortega interpuso una moción para

32 La Orden se notificó a: ANTONIO E. RIVERA ORTEGA H6 06 BOX 13494,
COROZAL, PUERTO RICO, 00783 y a EMPRESAS RIVERA LLC H6 06 BOX
13494, COROZAL, PUERTO RICO, 00783.
33 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 74-75.

34 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 76-82, con anejo a las págs.

83-85.
35 La Orden se notificó a: ANTONIO E. RIVERA ORTEGA H6 06 BOX 13494,

COROZAL, PUERTO RICO, 00783 y a EMPRESAS RIVERA LLC H6 06 BOX
13494, COROZAL, PUERTO RICO, 00783.
36 Apéndice KLCE202301153, pág. 5.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                           10

         enmendar la Reconvención.37 Además, sometió con
         enmiendas el informe pericial preliminar del perito
         economista Pedro J. Santiago Méndez.38 Por igual, el 12 de
         octubre de 2023, argumentó a favor de la admisión del
         referido perito y, a su vez, anunció prueba pericial adicional,
         en referencia a un perito electricista y a un ingeniero
         electricista.39
     -   El señor López Colón se opuso a la enmienda de la
         Reconvención y a la admisión de un informe económico, por
         haber culminado el procedimiento de descubrimiento de
         prueba el 31 de agosto de 2023. Rechazó las imputaciones
         de no proveer documentos para justificar la tardanza y
         destacó que, de haber sido así, el señor Rivera Ortega pudo
         invocar la Regla 34 de Procedimiento Civil.40
     -   El 10 de octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia,
         entre otros pronunciamientos, declaró sin lugar la enmienda
         a la Reconvención por ser tardía.41
     -   El 11 de octubre de 2023, el señor Rivera Ortega se reafirmó
         en las contestaciones vertidas con relación a las objeciones
         del Segundo pliego de interrogatorios y requerimiento de
         producción de documentos.42 El foro de primera instancia no
         dio por cumplido su mandato y reiteró la Orden de 2 de
         octubre anterior.43
     -   El 12 de octubre de 2023, notificada el día 13, el tribunal
         notificó la Orden, por la cual no permitió la prueba pericial,
         al haber transcurrido el término del descubrimiento de
         prueba.44
     -   El 18 de octubre de 2023, archivada en autos al día
         siguiente, el foro de primera instancia dictó una Sentencia
         Parcial, por la cual anotó la rebeldía al señor Rivera Ortega,
         suprimió sus alegaciones y desestimó, sin perjuicio, su
         Reconvención.45

         Según expusimos, el foro recurrido notificó tres dictámenes

en los que dio un término final de diez días para que el señor

Rivera Ortega acreditara que suplementó las contestaciones al

Segundo pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de

37 Apéndice KLCE202301153, págs. 128-129; véase, Reconvención Enmendada
no aceptada, Apéndice KLCE202301153, págs. 130-132.
38 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, pág. 86, con anejos a las págs. 87-

94.
39 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 99-103, con anejos a las

págs. 104-115.
40 Apéndice KLCE202301153, págs. 54-62.

41 Apéndice KLCE202301153, págs. 1-2.

42 Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs. 95-98 y Apéndice

KLCE202301153, págs. 73-85 (anejo 1); 91-93 (anejo 3). El anejo 2 corresponde
a las contestaciones del Primer pliego de interrogatorios y requerimiento de
producción de documentos; entrada 194, SUMAC.
43 Apéndice KLCE202301153, pág. 4.

44 Apéndice KLCE202301153, pág. 3.

45 Apéndice KLCE202301178, págs. 1-3.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                     11

documentos y advirtió que el incumplimiento conllevaría la

anotación de rebeldía y la eliminación de las alegaciones; en otro,

declaró sin lugar, por tardía, las enmiendas a la Reconvención; y en

el último, no permitió la prueba pericial, ya que había culminado el

descubrimiento       de   prueba.        De   estos   pronunciamientos,   el

peticionario instó un recurso de Certiorari y expuso los siguientes

errores:

                            KLCE20230115346

       (A) ERRÓ EL TPI AL NO PERMITIR QUE RIVERA
       ORTEGA TENGA SU D[Í]A EN CORTE AL IMPONER
       UNA CAMISA DE FUERZA EN LA LITIGACIÓN CON
       LAS [Ó]RDENES DEL 10 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023.

       (B) ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN EN
       SU ORDEN EL 10 DE OCTUBRE DE 2023
       DECLARANDO NO HA LUGAR, LA SOLICITUD PARA
       ENMENDAR LA RECONVENCIÓN POR SER TARDÍA
       EN ESTA ETAPA DE LOS PROCEDIMIENTOS.

       (C) ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN EN
       SU ORDEN DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023, TRAS NO
       PERMITIR LA PRUEBA PERICIAL ECONÓMICA DE LA
       PARTE DEMANDADA DEBIDAMENTE ANUNCIADA EN
       EL INFORME PARA EL MANEJO DEL CASO
       ELABORADO ENTRE LAS PARTES Y RADICADO ANTE
       EL TPI EL 1 DE FEBRERO DE 2023. A LA FECHA DE
       REDACCIÓN DEL PRESENTE CERTIORARI NO SE HA
       CONFECCIONADO EL INFORME DE CONFERENCIA
       CON ANTELACIÓN AL JUICIO NI SE HA REALIZADO
       LA CORRESPONDIENTE VISTA DE CONFERENCIA.

       (D) ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN EN
       SU ORDEN DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023, TRAS NO
       PERMITIR LA PRUEBA PERICIAL DEL INGENIERO Y
       EL    PERITO   ELECTRICISTA    DE   LA   PARTE
       DEMANDADA,      ANUNCIADO     ANTES    DE   LA
       ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONFERENCIA
       CON ANTELACIÓN AL JUICIO.

       (E) ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN EN
       SU ORDEN DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023,
       DECLARANDO NO HA LUGAR LAS CONTESTACIONES
       SUPLEMENTADAS AL [SEGUNDO] PLIEGO DE
       INTERROGATORIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE
       2023.

       (F) ERRÓ EL TPI AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN
       DETERMINANDO      ARBITRARIAMENTE  QUE  EL
       PERIODO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
       FINALIZ[Ó] EL 31 DE AGOSTO DE 2023, CUANDO

46 Subrayado en el original suprimido.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                        12

         A[Ú]N NO SE HAB[Í]A REALIZADO LA VISTA DE
         CONFERENCIA CON ANTELACÓN AL J[U]ICIO.

         Luego, al justipreciar que el señor Rivera Ortega incumplió

con sus órdenes, el 19 de octubre de 2023, el tribunal primario

dictó una Sentencia Parcial, por virtud de la cual ejecutó lo

apercibido. En consecuencia, anotó la rebeldía del peticionario y

apelante, eliminó sus alegaciones y desestimó sin perjuicio la

Reconvención.      Insatisfecho,     el        señor   Rivera   Ortega   acudió

oportunamente ante nos y esbozó los siguientes señalamientos de

error:

                            KLCE20230117847

         (A) ERRÓ EL TPI EN FORMA MANIFIESTA AL
         AQUILATAR LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA
         DICTANDO SENTENCIA PARCIAL EL 18 DE OCTUBRE
         DE 2023, ELIMINANDO LAS ALEGACIONES DE LA
         PARTE RECURRENTE, ANOTÁNDOLE LA REBELDÍA Y
         LA DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO SIN PERJUICIO DE
         LA RECONVENCIÓN INSTADA.

         (B) ERRÓ EL TPI EN FORMA MANIFIESTA AL
         AQUILATAR LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA
         DICTANDO SENTENCIA PARCIAL EL 18 DE OCTUBRE
         DE 2023, ANOT[Á]NDOLE LA REBELD[Í]A AL
         RECURRENTE.

         (C) ERRÓ EL TPI EN FORMA MANIFIESTA AL
         AQUILATAR LA PRUEBA DE LA PARTE DEMANDADA
         DICTANDO SENTENCIA PARCIAL EL 18 DE OCTUBRE
         DE 2023, ORDENANDO LA DESESTIMACIÓN Y
         ARCHIVO SIN PERJUICIO DE LA RECONVENCIÓN
         INSTADA.

         La parte recurrida y apelada presentó sendos alegatos el 30

de octubre y el 3 de noviembre de 2023. Con el beneficio de ambas

comparecencias, resolvemos.

                                         II.

El auto de Certiorari

         El auto de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones

judiciales de un foro inferior y corregir algún error cometido por

éste. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG

47 Subrayado en el original suprimido.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                              13

Builders et al., v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). A diferencia de la apelación, el

foro revisor tiene la facultad para expedir o denegar el recurso de

Certiorari de manera discrecional. García v. Padró, supra. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido discreción como el

“poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger

entre uno o varios cursos de acción”. Id., que cita a Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Por ende, la discreción

es “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera…” Pueblo v. Sánchez

González, 90 DPR 197, 200 (1964), citado con aprobación en

García v. Padró, supra, págs. 334-335.

      El ejercicio de la discreción no equivale a hacer abstracción

del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría, en sí

mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154

DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional que

realizamos antes de decidir el curso a seguir no se da en el vacío ni

en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra,

pág. 176. Ello así, porque “el adecuado ejercicio de la discreción

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 335; Pueblo v. Ortega

Santiago, supra.

      Es sabido que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales este foro

intermedio tiene autoridad para atender los recursos de Certiorari.

En su parte pertinente, la norma dispone como sigue:

      .     .      .     .     .     .     .      .
      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                              14

      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia
      cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales,    asuntos       relativos   a    privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual
      esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de
      un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de
      Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.
      (Énfasis nuestro).
      .      .    .      .     .      .      .    .

      La regla procesal fija taxativamente los asuntos aptos para la

revisión interlocutoria mediante el recurso de Certiorari, así como

aquellas   materias   que,   por   excepción,    ameritan    nuestra

intervención adelantada, ya fuese por su naturaleza o por el efecto

producido a las partes. 800 Ponce de León v. AIG, supra, pág. 175.

      Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer

sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar

si expedimos o denegamos un recurso de Certiorari, nos guiamos

por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

Criterios para la expedición del auto de Certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. Así reza:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                 15

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Claro   está,   es   norma    asentada     que   este   tribunal

intermedio no interviene con las determinaciones emitidas por

el foro primario ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que

se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió

en craso abuso con el ejercicio de la discreción, o que incurrió en

error manifiesto”. (Cursivas en el original). Citibank et al. v. ACBI et

al., 200 DPR 724, 736 (2018), que cita con aprobación a Ramos

Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); Rivera y otros v.

Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v.

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

La Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil

      La Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1,

propende a una interpretación que facilite “el acceso a los

tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Ello

así, porque en nuestro ordenamiento jurídico se favorece la política

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Mercado

Figueroa v. Mun. San Juan, 192 DPR 279, 287-288 (2017); Rivera

et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992). Los

litigantes deben ser diligentes en el trámite de sus causas. Si bien

se favorece que la parte tenga su día en corte, ello no equivale a

que una parte tenga derecho a que el caso tenga vida eterna en los
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                             16

tribunales y mantenga a su contendiente en un estado de

incertidumbre. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217,

221-222 (2001).

      Con relación al presente caso, entre las consecuencias

reconocidas ante la negativa de obedecer órdenes judiciales,

vinculadas con el descubrimiento de prueba, se encuentran las

siguientes: (1) ordenar que se tengan por ciertas y probados para

efectos del pleito ciertas materias comprendidas en sus órdenes;

(2) impedir a la parte que incumpla que sostenga o se oponga a

determinadas      reclamaciones   o   defensas   y   prohibirle   la

presentación de cierta evidencia; (3) eliminar alegaciones o

parte de ellas o suspender los procedimientos posteriores o

desestimar el pleito o dictar sentencia en rebeldía contra el

incumplidor; (4) desacato al tribunal por la negativa de obedecer; e

(5) imponer sanciones económicas. Regla 34.3 de Proc. Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 34.3. Así, pues, “los foros judiciales tienen la

facultad de imponer sanciones drásticas, como la eliminación de

las alegaciones de una parte, cuando ésta incumpla con los

parámetros de un descubrimiento de prueba”. HRS Erase v. CMT,

205 DPR, 689, 700 (2020). Ahora, el Tribunal Supremo ha

expresado que la desestimación de un pleito debe ser el último

recurso y luego de un apercibimiento directo a la parte sobre

los incumplimientos de su representación legal. Id., págs. 700-

701; refiérase a Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494

(1982) y a Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823

(1962). De esta forma, se da conocimiento a la parte quien, de

ordinario, no está informada de los trámites judiciales rutinarios.

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 147 (2008); Mun. de Arecibo v.

Almac. Yakima, supra, pág. 223; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc.,

117 DPR 807, 814 (1986). Asimismo, se evita un uso desmesurado

del mecanismo procesal de la desestimación, el cual puede
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                                      17

“vulnerar el fin que persiguen los tribunales, que es impartir

justicia”. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714,

721 (2009). A esos efectos, la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 39.2, dispone como sigue:

       (a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas
       reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal
       a iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada
       podrá decretar la desestimación del pleito o de
       cualquier reclamación contra ésta o la eliminación
       de las alegaciones, según corresponda. Cuando se
       trate de un primer incumplimiento, la severa sanción
       de la desestimación de la demanda o la eliminación de
       las alegaciones tan sólo procederá después que el
       tribunal, en primer término, haya apercibido al
       abogado o abogada de la parte de la situación y se
       le haya concedido la oportunidad para responder.
       Si el abogado o abogada de la parte no responde a tal
       apercibimiento, el tribunal procederá a imponer
       sanciones al abogado o abogada de la parte y se
       notificará directamente a la parte sobre la situación.
       Luego de que la parte haya sido debidamente
       informada o apercibida de la situación y de las
       consecuencias que pueda tener el que la misma no sea
       corregida,     el   tribunal     podrá      ordenar  la
       desestimación del pleito o la eliminación de las
       alegaciones. El tribunal concederá a la parte un
       término de tiempo razonable para corregir la
       situación que en ningún caso será menor de treinta
       (30) días, a menos que las circunstancias del caso
       justifiquen que se reduzca el término. (Énfasis
       nuestro).

       Como puede apreciarse, la norma procesal establece las

consecuencias del incumplimiento de una parte con las órdenes

del   tribunal.   La   regla   sirve   para   acelerar   la   litigación   y

descongestionar los tribunales de forma que se descarten los

pleitos que retrasan el calendario judicial y provocan demoras

innecesarias. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, pág.

721. El ordenamiento precisa que, cuando se trata de un primer

incumplimiento, la sanción severa de la desestimación de la

demanda o la eliminación de las alegaciones sólo podrá decretarse

luego de observar un procedimiento progresivo. Esto es,

apercibir al representante legal de la parte sobre la situación y
KLCE202301153 cons. con KLCE202301178                               18

conceder una oportunidad para su respuesta. Si el abogado

desatiende el mandato judicial, entonces, el tribunal debe imponer

sanciones y notificar directamente a la parte las consecuencias

que podría acarrear el incumplimiento reiterado.

       Como mencionamos, únicamente procede el decreto de la

desestimación del pleito y la eliminación de las alegaciones,

siempre y cuando, se haya apercibido directamente a la parte

sobre la orden incumplida, la sanción y las consecuencias. La

Regla 39.2 (a), supra, estatuye también que el tribunal debe

conceder a la parte con interés un término razonable, no menor de

treinta días, para corregir la situación. De esta forma, antes de la

desestimación de la reclamación, se brinda a la parte la

oportunidad de tomar las salvaguardas necesarias para la defensa

de sus derechos. De incurrir en un nuevo incumplimiento, el

tribunal estará facultado para desestimar la causa de acción. En

fin, la desestimación del caso como sanción prevalece cuando

“otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de

administrar justicia”. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección,

supra, pág. 721; Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág.

222.

       Por supuesto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia

la dirección de los casos que tiene ante su consideración para la

más rápida disposición de los asuntos litigiosos. Por ello, el

desarrollo efectivo de los procedimientos requiere que los jueces y

las juezas tengan gran flexibilidad y discreción, así como poder y

autoridad suficiente, en la aplicación de las medidas correctivas

apropiadas,   según   “su   buen   juicio,   discernimiento   y   sana

discreción”. Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).

Decididamente, estas medidas correctivas cumplen el propósito de

disuadir a los contendientes que entorpecen o dilatan los procesos

como estrategia de litigación. Por ende, los foros apelativos sólo
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intervendremos con estas prerrogativas judiciales en los casos en

que se incurra en abuso de discreción, pasión, prejuicio,

arbitrariedad, error o cuando sea absolutamente necesario para

evitar un fracaso de la justicia. Id.; Continental Ins. Co. v. Isleta

Marina, 106 DPR 809, 815 (1978).

El descubrimiento de prueba

       En    nuestro      ordenamiento      jurídico,   el   alcance    del

descubrimiento es amplio y liberal. Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023);48 Cruz Flores

et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 496 (2022); McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021). Este

procedimiento     sirve   varios   fines;   entre   éstos:   delimita   las

controversias, facilita la consecución de evidencia, evitar las

sorpresas en el juicio y perpetúa la prueba. Rivera Gómez v. Arcos

Dorados Puerto Rico, Inc., supra, que cita a R. Hernández Colón,

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San

Juan, Ed. LexisNexis, 2017, págs. 333-334. En esencia, la Regla

23.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1,

provee para un descubrimiento sobre cualquier materia, no

privilegiada, y pertinente al asunto en controversia en el pleito

pendiente.

       Por igual, el Tribunal Supremo ha refrendado una amplia

discreción a los tribunales de primera instancia para regular el

ámbito del descubrimiento. Los foros primarios tienen la tarea de

equilibrar el interés de liberalidad y amplitud, junto a la garantía

de una solución justa, rápida y económica del caso, sin ventajas

para ninguna de las partes. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR

140, 153-154 (2000). Id., págs. 154-155; Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729, 742-743 (1986).

Las enmiendas a las alegaciones

48 Opinión de 8 de mayo de 2023.
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      Luego que el promovido ha presentado su alegación

responsiva, la parte promovente sólo puede enmendar sus

alegaciones para incluir cuestiones omitidas o para clarificar

reclamaciones con permiso del foro de primera instancia. La

autorización para enmendar las alegaciones al amparo de esta

regla debe concederse liberalmente. Colón Rivera v. Wyeth Pharm.,

184 DPR 184, 198 (2012). Consiguientemente, incluso en etapas

adelantadas de los procedimientos, los tribunales poseen amplia

discreción para permitir o no la enmienda a una alegación. Claro,

esta liberalidad no es infinita. Id. El juzgador debe ponderar la

concurrencia de los siguientes criterios con el fin de demarcar el

ámbito de su discreción: “(1) el impacto del tiempo trascurrido

previo a la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la

otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda solicitada”. Id., pág.

199. Entre éstos, el factor de mayor relevancia es el perjuicio

que puede causarse a la parte contraria. S.L.G. Font Bardón v.

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 335 (2010). El Tribunal Supremo

ha opinado que ocurre un perjuicio indebido cuando la enmienda:

“(1) cambia sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso,

convirtiendo la controversia inicial en tangencial, [u] (2) obliga a la

parte contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en

el litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba”. Colón

Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 204. Por lo tanto, los

tribunales primarios deben considerar el efecto que puede tener

en la economía judicial la solicitud de una enmienda a las

alegaciones. Id., pág. 203. A tales efectos, expresó el Tribunal

Supremo:

      [M]ientras más tiempo transcurra entre el momento
      cuando se pudo haber presentado la enmienda y el
      momento cuando efectivamente se presentó, más
      probable será concluir que hubo una dilación indebida
      lo cual, sumado al análisis de los demás factores
      reconocidos    en   nuestra   jurisprudencia,    debe
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          traducirse a que no se autorice la enmienda. Id., págs.
          203-204.

                                     III.

          En la petición de Certiorari KLCE202301153, el señor

Rivera Ortega impugna la trilogía de mandatos judiciales que, en

síntesis, ordenó suplementar las contestaciones al Segundo pliego

de interrogatorios y requerimiento de producción de documentos y

advirtió que su incumplimiento acarrearía la anotación de rebeldía

y eliminación de las alegaciones; denegó la prueba pericial, ya que

el descubrimiento de prueba había finalizado; y declaró sin lugar la

petición para enmendar la Reconvención, por tardía. Aduce que la

enmienda a la Reconvención no implica descubrimiento de prueba

adicional y que la información de los peritos en materia de

electricidad era de conocimiento de la parte recurrida y apelada.

          En cuanto a la Apelación KLCE202301178, el señor Rivera

Ortega se limita a argumentar que la actual representación legal

inició sus oficios en una “etapa avanzada del caso” y que el foro

apelado, así como el señor López Colón, han ignorado las

peticiones para una reunión entre las partes. Entonces, indica que

“no podrá trabajar con la camisa de fuerza impuesta” por el foro de

primera instancia. Basa su contención en que aún no se ha

celebrado la Conferencia con antelación al juicio.

          Como cuestión de umbral, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, autoriza a esta curia a intervenir cuando, como en

este caso, se recurre una decisión sobre la admisibilidad de

peritos. Del mismo modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones,

supra,      permite      nuestra   incursión      cuando   la    etapa    del

procedimiento es la más propicia para su consideración. Bajo ese

crisol,     discutimos     en   conjunto    las   contenciones    sobre    la

denegación a la admisión de prueba pericial y enmiendas a la

Reconvención.
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      Conforme se desprende del tracto procesal del caso, el 1 de

septiembre de 2022 se incoó la Demanda y el 5 de diciembre de

2022, el peticionario y apelante presentó su alegación responsiva y

reconvino. Entre sus alegaciones, adujo una supuesta pérdida de

ganancias, así como que el señor López Colón se había beneficiado

por una conexión eléctrica presuntamente ilegal. Ahora, en el

Informe para el manejo del caso, el peticionario y apelante

únicamente anunció prueba pericial de índole económica. El

escrito   preliminar   atinente   a    la   reclamación   dineraria   fue

notificado a la parte recurrida y apelada el 31 de enero de 2023.

Entonces, el 1 de marzo de 2023, el señor Rivera Ortega indicó que

el perito prepararía un informe final. En respuesta, el señor López

Colón se reservó el derecho de anunciar su propia prueba pericial.

No obstante, del expediente se desprende que, a pesar de que el

señor Rivera Ortega anunció un informe final, éste no fue

suministrado durante el procedimiento de descubrimiento de

prueba. Dicho proceso se extendió hasta el 31 de agosto de 2023,

conforme lo dispuso el 16 de agosto de 2023 el foro primario en el

marco de su discreción. Lo que sí incluyó el señor Rivera Ortega

fue un informe preliminar económico, similar al notificado

previamente, pero no el escrito final que había anticipado.

Entonces, en su escrito de 10 de octubre de 2023, la parte

peticionaria y apelante anunció otra prueba pericial técnica para

probar sus alegaciones acerca de la alegada toma eléctrica ilegal.

      Igualmente,      expirado       el    plazo   procedimiento     de

descubrimiento de prueba, y sin mediar justificación alguna para

la demora, la nueva representación legal del señor Rivera Ortega

pretendió que se acogiera una Reconvención reescrita en la que

reclamó daños emocionales ascendentes a $150,000. En cuanto a

los daños económicos que había estimado en $365,000; ahora

alegó no poder certificar una cantidad exacta porque el informe
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pericial no había podido concluirse. Arguyó que ello se debió a que

el señor López Colón se negó a suministrar unos documentos

solicitados. Es meritorio destacar que el señor Rivera Ortega no

señaló en los autos haber acudido al auxilio del tribunal al amparo

de las normas procesales civiles que proveen remedios ante las

controversias que puedan surgir durante el descubrimiento de

prueba.

      Según esbozamos, aun cuando el alcance del descubrimiento

de prueba es uno amplio y liberal, ello no significa que éste sea

infinito. Precisamente, entre las facultades de los foros primarios

se   encuentra      delimitar    y   concluir     el   procedimiento    de

descubrimiento de prueba, según las circunstancias particulares

de cada caso. De la misma forma, si bien se concibe de manera

liberal las enmiendas a las alegaciones, éstas no deben permitirse

si causan un perjuicio indebido a la parte contraria.

      En     este   caso,   la   inclusión   de   nuevas     reclamaciones

monetarias, la ausencia de la presentación oportuna de un informe

económico final y el anuncio de nuevos peritos tras haber

culminado el descubrimiento de prueba incidirían en retrasos

injustificados del pleito. La pretensión del señor Rivera Ortega,

además, obligaría a la otra parte a incurrir en gastos para

contratar sus propios peritos, tendría el efecto de reabrir el

descubrimiento de prueba e, incluso, podría modificar la estrategia

legal del recurrido y apelado. Nótese que habían transcurrido diez

meses entre la presentación de la Reconvención y la enmienda, aun

cuando el señor Rivera Ortega conocía sus contenciones, por lo

que pudo haber presentado las modificaciones mucho antes; y así

evitar una dilación indebida y perjudicial para la parte recurrida y

apelada.

      Así,    pues,   concluimos      que,   ante      las   circunstancias

particulares presentes en el caso, no abusó de su discreción el foro
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primario al no permitir la presentación tardía de la Reconvención

enmendada. Tampoco incidió el foro impugnado al no dar paso a la

prueba pericial anunciada en una etapa posterior a la expiración

del descubrimiento de prueba. Como se sabe, los tribunales

apelativos no debemos modificar las decisiones relacionadas al

descubrimiento de prueba y al manejo del caso emitidas por el foro

de primera instancia, a menos que medie prejuicio, pasión,

parcialidad o error manifiesto. Esta deferencia está cimentada en

que dicho foro está en mejor posición para tomar las medidas que

permitan el adecuado curso hacia su disposición final, de la forma

más justa, rápida y económica posible y en consecución a la

búsqueda de la verdad.

      De otro lado, con relación a la Sentencia Parcial, según

expusimos, las partes iniciaron el descubrimiento de prueba

durante el mes de diciembre de 2022. El señor López Colón envió

un Primer pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de

documentos; mientras que el señor Rivera Ortega notificó el

informe preliminar del perito economista.

      El 10 de marzo de 2023, el señor Rivera Ortega recibió un

Segundo pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de

documentos. Luego de ser compelido mediante sanciones a la

representación legal por parte del foro primario, el peticionario y

apelante contestó el mecanismo de prueba el 18 de mayo de 2023.

No obstante, el señor López Colón objetó las respuestas. El 5 de

julio de 2023, el tribunal notificó una Orden para que el señor

Rivera Ortega suplementara las respuestas y advirtió la imposición

de sanciones.

      Ante el incumplimiento de este mandato, el foro primario

sancionó nuevamente a la representación legal y apercibió

directamente a la parte peticionaria y apelante sobre la eliminación

de las alegaciones y la anotación de rebeldía. Con nueva
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representación legal, el 14 de septiembre de 2023, el señor Rivera

Ortega aseguró que suplementó el Segundo pliego de interrogatorios

y requerimiento de producción de documentos. Sin embargo, sus

contestaciones no fueron responsivas ni éste suministró los

documentos solicitados. Por consiguiente, el foro de primera

instancia le ordenó otra vez a suplementar las contestaciones y

reiteró que el incumplimiento conllevaría la eliminación de las

alegaciones y la anotación de rebeldía. La notificación de 20 de

septiembre de 2023 muestra el envío directo a la parte peticionaria

y apelante.

       Luego de evaluar las contestaciones provistas por el señor

Rivera Ortega, el tribunal a quo reafirmó su pronunciamiento el 2

de octubre de 2023, es decir, su orden y la advertencia de las

consecuencias si la misma se incumplía una vez más. Este

dictamen      también      fue   notificado     directamente       a   la   parte

peticionaria y apelante. En respuesta, el señor Rivera Ortega se

reafirmó en sus contestaciones. Consecuentemente, el foro apelado

ejecutó sus previos apercibimientos al eliminar las alegaciones del

peticionario y apelante, anotarle su rebeldía y desestimar, sin

perjuicio, la Reconvención instada.

       En la causa del epígrafe, conforme los reclamos de la parte

recurrida y apelada,49 el señor Rivera Ortega no fue responsivo al

suplementar sus contestaciones. Por ejemplo, éste se limitó a

consignar     los   números       de   teléfono    y   omitió     informar     las

direcciones de las personas que trabajaron en la panadería

durante los años 2021 y 2022; no produjo documentación capaz

de sustentar que contrató a esos empleados mediante acuerdos de

servicios profesionales y tampoco suplió los formularios exigidos

por el Departamento de Hacienda ni la póliza de la Corporación del

49 Según citado antes, refiérase, Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs.

76-82, con anejo a las págs. 83-85.
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Fondo del Seguro del Estado. El peticionario y apelante no

evidenció haber realizado las gestiones necesarias para obtener los

documentos solicitados y otros relacionados con las licencias

requeridas para el negocio de las panaderías, como la inoculación

de alimentos. Por igual, el señor Rivera Ortega se negó a

suministrar la información solicitada sobre las ventas e ingresos

recibidos como resultado de la operación de Maná’s Bakery, aun

cuando reclamó en su Reconvención el pago de las ganancias

dejadas de devengar.

         Contrario a lo alegado, el tracto del pleito muestra un

devenir procesal en el que se observaron rigurosamente las

medidas progresivas requeridas por nuestro ordenamiento jurídico.

Ciertamente, las ya reseñadas sanciones y múltiples notificaciones

y advertencias a la representación legal y directamente a la parte

peticionaria apelante resultaron infructuosas. Incluso, la nueva

representación legal, lejos de reparar las reiteradas inobservancias

a las órdenes judiciales, se reafirmó en un suplemento de

contestaciones, luego que el tribunal señalara expresamente que

no eran responsivas.50 Por consiguiente, es forzoso concluir que se

justificó la anotación de rebeldía, la eliminación de las alegaciones

y la desestimación, sin perjuicio, de la Reconvención.

         Es conocido que el foro de primera instancia es el encargado

de encaminar procesalmente los asuntos ante su consideración; y

es quien está mejor capacitado para manejar el caso ante sí. A

nuestro juicio y luego de evaluar los documentos atinentes,

coincidimos con el foro impugnado en que la parte peticionaria y

apelante no fue responsiva en las contestaciones del interrogatorio

ni proveyó la documentación solicitada por su contendiente. En

consecuencia,       procedía     la    ejecución     de    las    numerosas

50 Conforme lo aludido, véase, Apéndice del Alegato de la parte recurrida, págs.

95-98.
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advertencias, que apercibieron directamente al señor Rivera Ortega

sobre la anotación de rebeldía, la eliminación de las alegaciones,

así como de la desestimación, sin perjuicio, de la Reconvención.

Huelga mencionar que la eliminación de las alegaciones y la

anotación de rebeldía no sólo están contempladas entre las

sanciones a imponer por la desobediencia de órdenes judiciales,

relacionadas con el descubrimiento de prueba, sino que de los

autos se desprende su justificación. Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que la judicatura debe “hacer uso de los mecanismos

procesales disponibles para asegurar el control judicial desde una

etapa    temprana,   incluso   en   aquellos   casos   que   no   sean

categorizados como complejos”. Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra.

        En suma, somos del criterio que los dictámenes judiciales

que aquí se impugnan no son producto de un proceder arbitrario

por parte del foro primario, sino el resultado de las propias

acciones de la parte peticionaria y apelante, al dejar de cumplir las

órdenes judiciales y hacer abstracción de las etapas del pleito,

provocando retrasos innecesarios. Véase que, al tiempo de los

anuncios de prueba pericial y petición de enmienda a las

alegaciones, la nueva representación legal del señor Rivera Ortega

llevaba un mes relacionándose con el caso, durante el cual

postergó el cumplimiento de las órdenes del tribunal e, incluso, se

reiteró en unas contestaciones no responsivas. Por tanto, la parte

peticionaria y apelante debe asumir las consecuencias de su

conducta. Evaluado el tracto procesal del caso, resultaría injusto

permitir la prueba pericial anunciada y las enmiendas a la

Reconvención a favor de una parte que durante meses ha

permanecido incólume ante las sanciones impuestas por su propio

incumplimiento en el descubrimiento de prueba.
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      Justipreciamos que, al utilizar la sanción drástica de la

desestimación permitida por la Regla 39.2 (a) de Procedimiento

Civil, supra, el foro primario cumplió con el proceso escalonado

correspondiente. El tribunal apercibió a la representación legal del

señor Rivera Ortega y la sancionó en varias ocasiones para que

acatara sus órdenes. De igual modo, informó directamente a la

parte peticionaria y apelante sobre la situación y advirtió las

consecuencias de la falta de atención al mandato judicial.

Asimismo,    concedió   un    término    razonable    a   la   nueva

representación legal para que subsanara lo incumplido. Frustrados

los previos intentos, opinamos que el foro a quo estaba facultado

para imponer las medidas de eliminación de las alegaciones y la

anotación de rebeldía, así como decretar de forma justificada la

desestimación de la Reconvención.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

Certiorari KLCE202301153 y confirmamos las Órdenes recurridas.

En cuanto a la Sentencia Parcial, confirmamos el dictamen

apelado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones