Court Opinion

ID: 9952219
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:53.750023+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:21.763491
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VII

  SOFÍA PÉREZ TOLEDO                              Apelación
                                                  procedente del
          Apelante                                Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala de
                                                  Arecibo (Camuy)
              v.                KLAN202301164
                                                  Sobre:
                                                  Acción
  JESSICA ALICEA RUIZ                             Reivindicatoria
        Y OTROS
                                                  Caso Número:
           Apelada                                AR2022CV00645
                                                  consolidado con
                                                  AR2022CV00647

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      La apelante, señora Sofía Pérez Toledo, comparece ante nos

para que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Camuy, el 30 de noviembre de 2023,

notificada a las partes el 5 de diciembre de 2023.        Mediante la

misma, el foro primario desestimó una demanda contra terceros por

esta promovida en contra del señor Miguel Ortiz Arocho, su señora

esposa y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta y

Universal Properties Real State, LLC (apelados). Lo anterior, dentro

de una acción civil sobre reivindicación y desahucio incoada en

contra de la señora Jessica Alicea Ruiz, su señor esposo, Salvador

Ruiz y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta

(demandados).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia Parcial apelada.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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                                  I

      El 13 de abril de 2022, la apelante presentó la acción de

reivindicación de epígrafe. En esencia, alegó ser la titular a pleno

dominio de un inmueble sito en el barrio Aibonito del municipio de

Hatillo, en el que enclava una propiedad residencial. Conforme

adujo, un mes antes, advino al conocimiento de que los demandados

estaban llevando a cabo actos de dominio en la misma.              En

específico, indicó que estaban utilizando la propiedad como su

residencia y que llevaban a cabo remodelaciones no autorizadas en

la misma, todo sin tener derecho a ello. Según expuso, tras efectuar

las gestiones correspondientes, los demandados le indicaron haber

adquirido la propiedad mediante pública subasta.

      La   apelante   adujo   haber   cursado   una   misiva   a   los

demandados informándole el carácter ilegal de la posesión que

detentaban y solicitándole el desalojo. No obstante, afirmó que estos

continuaron ocupando el inmueble, excluyéndola de su tenencia,

uso y disfrute, todo a pesar de conocer de su condición de dueña.

De este modo, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara

a los demandados la devolución del inmueble en controversia, así

como abstenerse de intervenir con sus derechos propietarios.

Igualmente, solicitó que les condenaran al pago de una suma

ascendente a $40,000.00, por concepto de daños y perjuicios, más

costas, gastos y honorarios de abogado.

      En igual fecha, la apelante presentó una acción independiente

de desahucio en contra del matrimonio demandado. En virtud de la

misma, y bajo iguales alegaciones que las antes expuestas, solicitó

que se proveyera para el inmediato desalojo de la propiedad, ello

mediante el correspondiente decreto de desahucio.

      Tras acontecidos múltiples trámites, el 8 de septiembre de

2022, los demandados presentaron su alegación responsiva, tanto

respecto a la acción de reivindicación, como a la de desahucio. En
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esencia, en ambos pliegos, afirmaron que adquirieron la propiedad

en disputa de buena fe, mientras estaba en estado de abandono,

luego de que fuera ejecutada por un banco, mediante escritura de

compraventa válida. Añadieron que asumieron la posesión legal del

inmueble el 25 de octubre de 2021, que efectuaron mejoras

sustanciales a la estructura mediante una inversión considerable y

que, la descripción registral provista por la apelante en su demanda,

no coincidía con aquella que se incluyó en su escritura de

compraventa. El 28 de octubre de 2022, el tribunal de origen

consolidó las acciones de reivindicación y desahucio.

      Así las cosas y en lo aquí atinente, el 22 de mayo de 2023, la

apelante presentó una Demanda contra Tercero en contra de los aquí

apelados. En la misma alegó que el apelado Ortiz Arocho, por sí y en

representación de la apelada Universal, ello en calidad de agente de

bienes raíces, puso en venta una propiedad distinta a la suya,

también sita en el barrio Aibonito del pueblo de Hatillo. Indicó que,

aunque este conocía la descripción física y registral de dicho

inmueble, mostró a los demandados uno totalmente distinto que

resultó ser el bien objeto de litigio. La apelante afirmó que dicho

error llevó a los demandados a asumir la posesión de su propiedad,

cuando la que realmente se encontraba en venta correspondía a otro

bien inmueble que los apelados promocionaron. Al amparo de ello,

sostuvo que los apelados fueron negligentes en su gestión, por lo

que solicitó el pago de una cantidad de $100,000.00 por concepto

de todos los daños derivados de su conducta.

      El 20 de julio de 2023, los apelados presentaron su

Contestación a la Demanda. En específico, negaron las alegaciones

en su contra, ello al sostener que nunca mostraron la propiedad en

disputa a los demandados. Sobre este particular, indicaron que fue

otra corredora de bienes raíces la que tuvo a su haber dicha gestión,
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por lo que no podía imputársele error alguno. Entre sus defensas

afirmativas, los apelados alegaron la prescripción de la acción.

      El 3 de octubre de 2023, los apelados presentaron una Moción

de   Desestimación    Basada    en    Prescripción.    En   principio,

argumentaron que la demanda contra terceros promovida en su

contra era improcedente en derecho, toda vez que, a tenor con el

ordenamiento procesal, dicho mecanismo está reservado para la

parte demandada en un pleito y no para el demandante. A tenor

con ello, sostuvieron que la demanda contra tercero en disputa era

un subterfugio de la apelante para evitar reconocer que, cualquier

reclamación en su contra estaba prescrita.

      Al abundar en sus planteamientos, los apelados afirmaron no

tener relación contractual con la apelante. Además, indicaron que

las actuaciones negligentes alegadas en la demanda estaban

relacionadas a los demandados, quienes, estando legitimados para

compelerlos al pleito mediante una demanda contra terceros, no

radicaron acción alguna en su contra. En cuanto a este particular,

añadieron que del expediente del caso surgía que, desde el 10 de

marzo de 2022, los demandados sabían que la propiedad en la que

habían invertido no era suya, toda vez que recibieron una misiva por

parte de la apelante, solicitándole el desalojo de su propiedad. En

cuanto a ello, los apelados por igual indicaron que, ese mismo día,

los demandados se comunicaron con la Notario a cargo de la

transacción para informarle la situación, hecho que validaba el

conocimiento aducido. Además, expresaron que, dado a que las

partes se adentraron en un proceso para identificar a las personas

y entidades relacionadas con la disputa, a dicha fecha, los

demandados conocían a todos los corredores de bienes raíces a

través de los cuales se produjo la adquisición en controversia, todo

sin que ejercieran acción legal alguna en su contra.
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      A tenor con lo anterior, los apelados se reafirmaron en que

siendo, la demanda contra terceros, un mecanismo a la disposición

exclusiva de los demandados, la apelante no disponía de remedio

alguno a su favor a intentar compelerlos al pleito mediante el mismo.

Por igual, sostuvieron que toda posible causa de acción en su contra

estaba prescrita, ello por haber transcurrido más de un año desde

que los demandados conocieron del daño en controversia y de su

causante, de este modo, solicitaron al Tribunal de Primera Instancia

que desestimara la demanda contra terceros en disputa.

      El 1 de noviembre de 2023, la apelante presentó su escrito en

Oposición a Moción de Desestimación Basada en Prescripción. En lo

pertinente, indicó que, contrario a los argumentos de los apelados,

la procedencia de la demanda contra terceros se fundamentaba en

lo dispuesto en la Regla 12.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 12.2. Por su parte, respecto a la defensa de prescripción, expuso

que, en su solicitud de desestimación, los apelados admitieron

haber tenido una relación contractual con los demandados

mediante la cual se obligaron frente a estos como corredores de

bienes raíces. Así, indicó que resultaba de aplicación el término de

cuatro (4) años estatuido en el ordenamiento civil vigente para

reclamar daños y perjuicios resultantes de un incumplimiento

contractual.

      El 5 de diciembre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia

notificó la Sentencia Parcial que nos ocupa. Mediante la misma,

dispuso que, dado a que, en el caso de autos, la relación contractual

aducida era entre los apelados y los demandados, el término de

cuatro (4) años de prescripción para la reclamación de daños por

algún incumplimiento, solo aprovechaba a tales partes, no así a la

apelante. De este modo, toda vez que entre esta y los apelantes no

existía obligación derivada de contrato alguno, concluyó que

resultaba de aplicación el término prescriptivo de un año para las
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reclamaciones extracontractuales según lo dispuesto en nuestro

ordenamiento jurídico. Al amparo de dicho raciocinio, expresó que,

para la fecha de la presentación de la demanda de epígrafe, a saber,

el 13 de abril de 2022, la apelante tenía conocimiento de que su

propiedad había sido vendida en pública subasta. Añadió, por igual,

que, durante el curso de los procedimientos, las partes dieron curso

a una etapa investigativa, todo a fin de determinar la identidad de

todas las personas involucradas en la transacción. A la luz de ello,

indicó que, el hecho de que la apelante desconociera el nombre

exacto de las personas o entidades concernidas no era impedimento

para que presentara la demanda correspondiente bajo uno ficticio

que, eventualmente, pudiera rectificar. A su vez, destacó que, en su

oposición a la desestimación peticionada por los apelados, esta

nunca negó haber presentado su causa de acción contra los

apelados fuera del término prescriptivo pertinente, ni haber

advenido al conocimiento de su identidad con posterioridad. Así

pues, resolvió que la causa de acción en contra de los apelados

estaba prescrita.

      De otra parte, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que,

con independencia de que la demanda contra los apelados estuviera

prescrita o no, el mecanismo dispuesto en la Regla 12.2 de

Procedimiento Civil, supra, no estaba disponible para la apelante.

Al abundar, expresó que, si bien dicha disposición faculta una parte

demandante para presentar una demanda contra tercero en

determinado pleito, ello solo procede en ocasión a que el

demandante haya sido reconvenido. Por tanto, dado a que dicha

condición no concurrió en la presente causa, la apelante estaba

impedida de compeler a los apelados al pleito mediante el

mecanismo en cuestión. Al amparo de todo lo antes expuesto, el

Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la desestimación

peticionada por los apelados.
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      Inconforme, el 29 de diciembre de 2023, la apelante

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación. En

el mismo formula los siguientes señalamientos:

      Erró el Tribunal Primera Instancia al resolver que,
      basado en la Regla 12.1 y 12.2 de Procedimiento Civil,
      el demandante no puede traer un tercero demandado
      en la misma forma y alegaciones que pudo hacer el
      demandado.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      declarar Ha Lugar la Moción de Desestimación basada
      en prescripción dado el hecho que existía una relación
      contractual entre el demandado y el tercero
      demandado, la cual el término prescriptivo es de cuatro
      (4) años o se computa el término desde que se conoció
      al causante del daño.

      Luego de examinar el expediente que nos ocupa, procedemos

a disponer del asunto en controversia.

                                 II

                                 A

      La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA A. V, R. 12.1,

regula el mecanismo procesal de la demanda contra tercero. La

misma dispone como sigue:

      La parte demandada podrá notificar, como demandante
      contra tercero, un emplazamiento y demanda a una
      persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda
      ser responsable a la parte demandada por la totalidad
      o parte de la reclamación de la parte demandante, o que
      sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el
      pleito.

      […]. 32 LPRA A. V, R. 12.1.

      La demanda contra tercero permite que controversias

surgidas de unos mismos hechos y relacionadas entre sí, se

diluciden dentro de un mismo pleito, todo con el fin de promover la

economía procesal, así como la pronta y eficaz resolución de las

controversias. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182

(2016), Camaleglo v. Dorado Winds, Inc., 118 DPR 20, 28

(1986). Esta herramienta no crea, extiende o limita derechos

sustantivos, sino que acelera su dilucidación. Colón Negrón et al. v.
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Mun. Bayamón y otros, 192 DPR 499, 514 (2015); Gen. Accid. Ins.

Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 534 (1999).

      Ahora bien, el solo hecho de tener en común un mismo

supuesto fáctico, no es suficiente para añadir a un pleito nuevas

controversias mediante una demanda contra tercero. Colón Negrón

et al. v. Mun. Bayamón y otros, supra, págs. 517-18; Gen. Accid. Ins.

Co. P.R. v. Ramos, supra. De ahí que el estado de derecho exige que

se satisfagan dos condiciones ulteriores: que la reclamación contra

el tercero sea contingente al resultado de la demanda original y que

exista una relación suficientemente estrecha entre la demanda

original y la demanda contra tercero. Colón Negrón et al. v. Mun. de

Bayamón, supra.

      Por su parte, la Regla 12.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA,

Ap. V, R. 12.2, contempla el escenario en el cual un demandante

puede hacer parte a un tercero en un pleito. A tales efectos reza:

      Cuando por cualquier parte en el pleito se presente
      contra la parte demandante una reclamación, esta
      podrá proceder en la misma forma que la parte
      demandada de acuerdo con la Regla 12.1 de este
      apéndice.

      32 LPRA, Ap. V, R. 12.2.

      A tenor con lo antes expuesto, para que un demandante

original pueda valerse del mecanismo procesal de la demanda contra

tercero, el criterio medular es que se haya convertido en parte

reconvenida en el pleito. Solo así podrá utilizar la demanda contra

tercero como herramienta en respuesta a la reconvención en su

contra.

                                 B

      Por su parte, la prescripción extintiva es un instituto propio

de derecho civil en materia sustantiva, que está intrínsecamente

atada al ejercicio del derecho que se pretende vindicar. SLG. Haedo-

López v. SLG Roldán-Rodríguez, 203 DPR 324, 336 (2019); Vera v.

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153
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DPR 137, 143 (2001). Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que

su aplicación es cónsona al principio de celeridad, por lo que

responde al ideal de un sistema de adjudicación expedito. Si bien la

prescripción pretende estimular el pronto ejercicio de las acciones,

evitando, de este modo, la incertidumbre en las relaciones jurídicas,

lo cierto es que, de igual forma, sirve para castigar la desidia del

titular de determinado derecho al no reclamar oportunamente su

vindicación. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043,

1068 (2020).

         “Al fijar un plazo determinado en el cual se deberá instar una

acción, se pone punto final a las situaciones de incertidumbre

jurídica y se evita que las personas estén sujetas de forma indefinida

a la contingencia de una reclamación. De lo contrario, un

demandado podría encontrarse en una situación de indefensión

como consecuencia del paso del tiempo y la desaparición de la

prueba”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra, pág. 1068. A

tenor con dicha premisa, y en lo aquí pertinente, en el caso

particular     de   las   reclamaciones   por   daños    y   perjuicios

extracontractuales, el Artículo 1204 (a) del Código Civil, 31 LPRA

sec. 9496, establece que las mismas prescriben por el transcurso de

un año, desde que la persona agraviada conoce del daño y de quién

se lo causó. Es pues, desde dicho momento, que puede ejercitar su

causa de acción.

         Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que se hace preciso

contar con todos los elementos necesarios para presentar la

correspondiente reclamación judicial, siempre que el interesado, de

buena fe y no por falta de diligencia atribuible a su persona,

desconozca que tiene derecho a hacerla valer. Allende Pérez v.

García, 150 DPR 892, 903-904 (2000). Así, el estado de derecho

vigente delimita las etapas en las que puede infligirse un daño como

sigue:
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      La primera la constituye el acto u omisión culposa o
      negligente.         La    segunda       surge      cuando
      subsiguientemente se produce una consecuencia lesiva
      o daño que causa menoscabo- ya sea físico, moral,
      económico, entre otros-en la persona que la sufre. Esta
      segunda etapa se conoce como la vertiente material u
      objetiva del daño, debido a que este existe en la realidad
      física, aunque el perjudicado no la conozca. La tercera
      surge con el conocimiento del perjudicado del
      menoscabo sufrido, debido a que este se manifiesta en
      alguna forma que permite que sea reconocido. Esta
      última etapa se denomina como la vertiente
      cognoscitiva del daño, ya que gira en torno al
      conocimiento que tiene la víctima del daño sufrido.

      Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635,
      644 (2016), citando a Ojeda v. El Vocero de P.R., 137
      DPR 315, 323 (1994).

                              III

      En la presente causa, la apelante alega que el Tribunal de

Primera Instancia erró al desestimar la causa de acción que

promovió en contra de los apelados, ello, a su juicio, en

contravención a lo dispuesto en la Regla 12.2 de Procedimiento Civil,

supra. De igual forma, aduce que el foro sentenciador incidió al

intimar que su reclamación en contra de los apelados estaba

prescrita, al aducir que, dada la existencia de un contrato entre

estos y los demandados, resultaba ser de aplicación el plazo

prescriptivo de cuatro años para las acciones por daños y perjuicios

derivados del incumplimiento contractual. Habiendo entendido

sobre los referidos señalamientos, a la luz de los hechos y de la

norma aplicable, confirmamos el dictamen apelado.

      Al entender sobre el expediente que nos ocupa, no podemos

sino coincidir con lo resuelto por la sala sentenciadora. A nuestro

juicio, la Sentencia Parcial que tuvimos a nuestro haber revisar,

obedece a una correcta interpretación del derecho pertinente a la

materia que atendemos.

      Tal cual resuelto, la reclamación promovida por la apelante en

contra de los apelados, en efecto, está prescrita. Contrario a lo que

pretende con sus argumentos, en forma alguna le resulta de
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provecho el plazo prescriptivo de cuatro años dispuesto para las

reclamaciones de daños contractuales, toda vez que es un tercero

ajeno a cualquier relación de naturaleza contractual habida entre

los demandados y los apelados. Así pues, está impedida de invocar

la aplicación de un término prescriptivo mayor al que dispone para

poder exigir a los apelados la vindicación judicial de cualquier

derecho que, frente a estos, crea tener.

      La demanda de autos se presentó el 13 de abril de 2022.

Surge que, previo a que se presentara la alegación responsiva de los

demandados, estos efectuaron una previa comparecencia, con fecha

del 15 de agosto de 2022, ello con relación a una solicitud de

anotación de rebeldía. En la misma, expresamente indicaron haber

adquirido la propiedad en controversia tras haber visto la

publicación de anuncio que identificaban la misma mediante

fotografías. Ciertamente, de tales expresiones se puede colegir que,

al menos desde dicha fecha, la apelante pudo advertir, la posible

intervención de terceros en el asunto, hecho que debió haberla

llevado a ejercer todas las previsiones procesales a su haber para

poder preservar cualquier tipo de causa de acción relacionada.

Ahora bien, una vez trabada la controversia entre la apelante y los

demandados, estos dieron curso a un proceso para poder identificar

a todas las partes con inherencia en la controversia de epígrafe.

Conforme resolvió el tribunal primario, nada impedía a la apelante

incluir, en la parte demandada, a un demandado con nombre

desconocido, todo para propósitos de efectuar la correspondiente

interrupción del término prescriptivo en curso. No obstante, no

actuó de conformidad. Además, precisa destacar que la apelante

nunca planteó el haber conocido la identidad del causante de los

daños que reclama con posterioridad a las instancias antes

expuestas. Su único argumento se ciñó a la aplicación del término

de cuatro años en controversia. Siendo así, y toda vez que le era de
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aplicación el plazo de prescripción de un año para las reclamaciones

por daños y perjuicios extracontractuales, su inacción dentro del

mismo, a los fines de compeler al pleito a los apelados, suprimió su

derecho a tales fines. Por tanto, transcurrido un año desde la

presentación de la demanda de autos, ninguna acción judicial puede

promover la apelante en contra de los apelados para reclamar los

daños alegadamente derivados del asunto en litigio.

      Finalmente, en cuanto al alegado error de derecho relativo a

la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la Regla 12.2 de

Procedimiento Civil, supra, diferimos de lo planteado por la apelante.

Conforme se resolvió, la letra de la referida disposición procesal

expresamente faculta a una parte demandante para valerse de una

demanda de tercero, en los mismos términos que puede hacerlo un

demandado, solo cuando, en su contra se haya presentado una

reconvención.      Por tanto, dado a que, en el caso de epígrafe, la

apelante no fue parte reconvenida por los demandados, no está

legitimada para utilizar el referido mecanismo. Así pues, su gestión,

en efecto, es una procesalmente ineficaz.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

Parcial apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones