Court Opinion

ID: 9952369
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:45:49.402295+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:23.823419
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

                                           Certiorari
       CONSEJO DE                          procedente del
      SEGURIDAD Y                          Tribunal de Primera
 RECREACIÓN VILLAMAR                       Instancia, Sala de
        ESTE, INC.           KLCE202400019 Carolina
  (C.O.N.S.E.R.V.E., INC.)
                                                Civil núm.:
      Parte Recurrida                           CA2022CV02132

              v.                                Sobre:
                                                COBRO DE
 RAFAEL CARRASQUILLO                            DINERO-
   MARTÍNEZ Y OTROS                             ORDINARIO

     Parte Peticionaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

      Comparece el señor Rafael Carrasquillo Martínez (en adelante,

Carrasquillo) y solicita que revoquemos la Resolución emitida y

notificada el 31 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala de Carolina. Mediante el referido dictamen, el

foro primario denegó el memorando de costas de Carrasquillo

porque aún no se ha dictado sentencia final que adjudique el pleito

en sus méritos.

      Examinada la solicitud de Carrasquillo, y tras un estudio

detenido del expediente de autos, resolvemos denegar la expedición

del auto de certiorari.

                                 I.

      El presente caso se originó el 1 de julio de 2022, cuando el

Consejo de Seguridad y Recreación de la Urbanización Villamar

Este, Inc. (en adelante, Consejo) presentó en contra de Carrasquillo

y otros codemandados una demanda de cobro de dinero por

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400019                                                         2

concepto de cuotas de mantenimiento del sistema de control de

acceso de la urbanización.

      En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

el 16 de mayo de 2023, el TPI ordenó a Carrasquillo - quien se

representa por derecho propio y es abogado admitido a ejercer la

profesión legal en Puerto Rico - presentar todo escrito y/o

documento relacionado con el caso a través del Sistema Unificado

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), bajo su nombre de

usuario y contraseña. En dicha orden, el tribunal expresamente le

prohibió a Carrasquillo radicar escritos de forma física en la

Secretaría del foro primario.

      No conteste con la anterior determinación interlocutoria,

Carrasquillo acudió en certiorari ante este foro apelativo intermedio.

Mediante Sentencia emitida el 30 de agosto de 2023, en el

KLCE202300749, este Tribunal de Apelaciones expidió el auto de

certiorari y revocó la orden emitida por el TPI. De tal forma, y a tenor

con las circunstancias esbozadas en dicha sentencia, se autorizó a

Carrasquillo a presentar cualquier escrito personalmente en la

Secretaría del TPI. También se ordenó que toda notificación,

resolución o sentencia y todo escrito del Consejo se siguiera

notificando por correo electrónico a la dirección de Carrasquillo

consignada en el expediente.

      Tras ese dictamen, Carrasquillo presentó ante el TPI un

memorando de costas al amparo de la Regla 44.1 (c) de

Procedimiento Civil. El Consejo se opuso al día siguiente.

      El 31 de octubre de 2023, dicho foro dictó la Resolución

recurrida mediante la cual denegó el memorando de costas de

Carrasquillo porque aún no se ha dictado una sentencia que

resuelva el caso en sus méritos.
KLCE202400019                                                       3

      La moción de reconsideración presentada por Carrasquillo el

14 de noviembre de 2023, fue declarada sin lugar mediante

resolución emitida y notificada por el TPI el 5 de diciembre de 2023.

      Inconforme, el 4 de enero de 2024, Carrasquillo incoó el

presente recurso de certiorari y apuntó los siguientes señalamientos

de error:

      Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
      emitir y/o dictar la Resolución, disponiendo “No Ha
      Lugar al Memorando de Costas, fundamentándose en lo
      que dejó sin efectos (sic) el Tribunal Apelativo fue una
      Resolución Interlocutoria y NO UNA SENTENCIA, cuya
      Resolución fue revisada mediante Certiorari, por lo que
      es improcedente la SOLICITUD de costas al amparo de
      la Regla 44.1 (c) de Procedimiento Civil.

      Segundo error: Cometió error el TPI, al mal interpretar
      (sic) la Regla 44.1 (c) que dispone que se ha de someter
      un Memorando de Costas ante el TPI por la parte
      prevaleciente, sobre los gastos incurridos en el caso por
      el cual dicho Foro Apelativo dictó Sentencia, a favor del
      Recurrente, para recuperar los costos y gastos
      incurridos necesariamente en el mismo.

      Tercer error: Incidió en grave error el TPI al no tomar en
      consideración el concepto REVISIÓN de la Regla 44.1 (a)
      [h]a ser aplicado al Memo de Costas en la etapa
      apelativa, según allí se expresa: “Las costas le serán
      concedidas a la parte a cuyo favor … o se dicte sentencia
      en apelación o revisión.”

      Cuarto error: Incidió en grave error el TPI al violarle al
      Codemandado Recurrente el debido proceso de ley y la
      igual protección de las leyes, al emitir una Resolución
      al día siguiente de sometida la Oposición y sin
      permitirle a éste el uso de la Regla 8.4 de las de
      Procedimiento Civil vigentes (32 LPRA Ap. V, R. 8.4), la
      que le garantiza a un litigante 20 días para exponer su
      réplica a la Moción en Oposición de la Parte
      Demandante sobre el Memo de Costas; impidiendo con
      ello la utilización de la Regla 8.4 y por ende, violando de
      esta manera el Artículo II Sección 7 de la Constitución
      de Puerto Rico, cuando ejerció irrazonablemente su
      poder, en detrimento del derecho que le asiste al
      Codemandado-Recurrente.

      Evaluados los planteamientos del peticionario, este Tribunal

está en posición de resolver.

                                  II.

                                  A.
KLCE202400019                                                                4

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal    de    mayor     jerarquía      revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.1

       Al ser un recurso extraordinario de carácter discrecional, este

solo se expedirá en aquellas instancias específicas que delimita la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil2. La citada Regla establece que el

recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una orden o

resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de

la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del foro

apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.3 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

       Si se determina que el recurso cumple con alguna de las

disposiciones de la Regla 52.1, debemos atender la solicitud a la luz

de los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento4.

Por tanto, al momento de valorar la actuación del foro inferior,

examinaremos lo siguiente:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

1 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
2 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
3 Íd.
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400019                                                                     5

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.5 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       Así pues, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial”.6

                                        B.

       La Regla 44.1 de Procedimiento Civil7, establece quiénes

tienen derecho a reclamar costas y el procedimiento a seguir para

reclamarlas:

       (a) Su concesión. - Las costas le serán concedidas a la
       parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte
       sentencia en apelación o revisión, excepto en

5 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
6 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además,        Cruz
Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
7 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
KLCE202400019                                                    6

     aquellos casos en que se disponga lo contrario por ley o
     por estas reglas. Las costas que podrá conceder el
     tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la
     tramitación de un pleito o procedimiento que la ley
     ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que
     una parte litigante debe reembolsar a otra.

     (b) Cómo se concederán. - La parte que reclame el pago
     de costas presentará al tribunal y notificará a la parte
     contraria, dentro del término de diez (10) días contados
     a partir del archivo en autos de copia de la notificación
     de la sentencia, una relación o memorándum de todas
     las partidas de gastos y desembolsos necesarios
     incurridos durante la tramitación del pleito o
     procedimiento. (…). Cualquier parte que no esté
     conforme con las costas reclamadas podrá impugnarlas
     en todo o en parte, dentro del término de diez (10) días
     contados a partir de aquel en que se le notifique el
     memorándum de costas. El tribunal, luego de
     considerar la posición de las partes, resolverá la
     impugnación. La resolución del Tribunal de Primera
     Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de
     Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De
     haberse instado un recurso contra la sentencia, la
     revisión de la resolución sobre costas deberá
     consolidarse con dicho recurso.

     (c) En etapa apelativa.- La parte a cuyo favor un
     tribunal apelativo dicte sentencia presentará en la
     sala del Tribunal de Primera Instancia que decidió el
     caso inicialmente y notificará a la parte contraria,
     dentro del término jurisdiccional de diez (10) días
     contados a partir de la devolución del mandato y
     conforme a los criterios establecidos en el inciso (b)
     anterior, una relación o memorándum de todas las
     partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos
     para la tramitación del recurso en el Tribunal de
     Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según
     corresponda. El memorándum de costas se presentará
     bajo juramento de parte o mediante certificación del
     abogado o abogada, y su impugnación se formulará y
     resolverá en la misma forma prescrita en la Regla
     44.1(b) de este apéndice. La resolución que emita el
     Tribunal de Primera Instancia podrá revisarse según se
     dispone en el inciso (b). La resolución que emita el
     Tribunal de Apelaciones podrá revisarse mediante
     certiorari ante el Tribunal Supremo.

     Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera
     Instancia, la parte a cuyo favor se dicte la sentencia,
     presentará un memorándum de costas de conformidad
     con el procedimiento y el término establecido en este
     inciso e incluirá los gastos y desembolsos incurridos
     tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el
     Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo.
     (Énfasis nuestro.)

     En términos similares, la Regla 85 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones indica que “[l]as costas se concederán a
KLCE202400019                                                                  7

favor de la parte que prevalezca, excepto en aquellos casos en que

se disponga lo contrario por ley”.8 (Énfasis nuestro).

       Sobre lo que constituye una sentencia, la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil expresa que dicho término “incluye cualquier

determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”. En

cuanto a una sentencia dictada por un tribunal de apelación, “se

refiere a la determinación final de ese tribunal en cuanto a la

apelación ante sí o en cuanto al recurso discrecional en el cual el

tribunal de apelación ha expedido el auto solicitado”.9

       Ahora bien, no todos los gastos del litigio son recobrables

como costas.10 Éstas tienen una función reparadora dirigida a

resarcir a la parte victoriosa, mediante el reembolso de aquellos

gastos necesarios y razonables en que incurrió para prevalecer en

su posición. Así, la norma procesal tiene dos propósitos a saber:

restituir lo que una parte perdió por hacer valer su derecho al ser

obligada a litigar, y penalizar la litigación inmeritoria temeraria o

viciosa.11

       Una vez son reclamadas, la imposición de costas a favor de la

parte victoriosa es mandatoria. No obstante, su concesión no es

automática, ya que tiene que presentarse oportunamente un

memorando de costas en el que se precisen los gastos incurridos.

Además, el tribunal tiene amplia discreción para evaluar la

razonabilidad y determinar la necesidad de los gastos detallados.12

                                  III.

8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85.
9 32 LPRA Ap. V., R. 42.1.
10 En PR Fast Ferries et al. v. AAPP, 2023 TSPR 121, 213 DPR ___ (2023), el
Tribunal Supremo ofrece un desglose de los gastos que son o no recobrables como
costas.
11 Rosario Domínguez et als. v. ELA, et al., 198 DPR 197, 211-212 (2017); Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 934 (2012).
12 Rosario Domínguez et als. v. ELA, et al., supra, pág. 212.
KLCE202400019                                                       8

      En su recurso, Carrasquillo aduce que, a tenor con la Regla

44.1 de Procedimiento Civil, supra, tiene derecho a reclamar costas

derivadas del trámite apelativo del recurso KLCE202300749. El TPI

se negó a concederlas porque aún no se ha dictado sentencia final

que adjudique el pleito en sus méritos.

      De entrada, destacamos que la denegatoria de una solicitud

de memorando de costas a la parte que resultó victoriosa en un

recurso de certiorari, no es un asunto que esté comprendido dentro

de las instancias en las que la Regla 52.1, supra, permite revisar un

asunto interlocutorio.

      Como indicamos en el apartado anterior, el ejercicio de las

facultades discrecionales del foro de primera instancia merece

nuestra deferencia. Evaluado el recurso y sus fundamentos, no

encontramos que al emitir su determinación el TPI hubiese incurrido

en un abuso de discreción o que este hubiera actuado con el

prejuicio o una situación en la cual esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Tampoco se

demostró que el tribunal se haya equivocado en la interpretación o

aplicación de una norma procesal y que, intervenir en esta etapa,

evitaría un perjuicio sustancial contra cualquiera de las partes.

Menos aún se trata de un asunto que revista un interés público.

      En resumen, no están presentes ninguno de los criterios que

justifique intervenir con el dictamen impugnado. Por tal razón, nos

abstenemos de intervenir con el dictamen recurrido.

                                 IV.

      Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del

auto de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.
KLCE202400019                                                  9

     La Jueza Grana Martínez concurre con voto escrito.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones
               Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

       CONSEJO DE                               Certiorari
      SEGURIDAD Y                               procedente del
 RECREACIÓN VILLAMAR                            Tribunal de Primera
        ESTE, INC.                              Instancia, Sala de
  (C.O.N.S.E.R.V.E., INC.)                      Carolina

      Parte Recurrida                           Civil núm.:
                             KLCE202400019
                                                CA2022CV02132
             v.
                                                Sobre:
 RAFAEL CARRASQUILLO                            COBRO DE
   MARTÍNEZ Y OTROS                             DINERO-
                                                ORDINARIO
     Parte Peticionaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

    VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ GRANA MARTÍNEZ

      Las costas no son sinónimo de gastos, es decir, no incluyen

todos los gastos incurridos en un litigio. Tienen una función

reparadora, dirigida a resarcir a la parte victoriosa los gastos

necesarios y razonables en que incurrió durante el litigio. J.T.P.

Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460

(1992); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 253 (1963).

Después de todo, el derecho de la parte vencedora “no debe quedar

menguado por los gastos en que tuvo que incurrir sin su culpa y por

culpa del adversario”. J.T.P. Development Corp. v. Majestic Realty

Corp., supra; Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253. Su

interpretación es restrictiva y se guía normalmente por el interés de

garantizar el mayor acceso a los tribunales. No proceden de oficio,

deben ser reclamadas, tanto en su alegación responsiva como

dentro del plazo y según los requisitos de la regla. J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2nda edición, U.S.A.,

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1266. Ha de quedar claro

que no todos los gastos del litigio son recobrables como costas. No

son recobrables como costas los honorarios de abogado, salvo que
KLCE202400019                                                                  2

una ley especial disponga para ello; los gastos ordinarios de oficina

(tales como, pero sin limitarse a sellos de correo postal, materiales

de oficina, servicios telefónicos y de mensajería, sin justificar su

necesidad para el caso, y compra de mobiliario); la transportación

de los abogados durante una inspección ocular, las transcripciones

de récords de vista, cuando se soliciten por ser convenientes, pero

no necesarias y; los servicios paralegales, entre otros. PR Fast

Ferries et al. v. AAPP, 2023 TPSR 121, 213 DPR ___ (2023). Algunos

gastos reconocidos como costas son; sellos de radicación de la

demanda, gastos de emplazamiento, sellos cancelados para efectuar

un embargo, transcripción de evidencia para presentar en

apelación1, fianza de embargo o de no residente, transportación de

testigos, alojamiento y comida de testigos, tomas de deposiciones,

gastos de copias fotostáticas2, gastos para obtener mapas y

fotografías para presentar en evidencia. R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, PR, Michie,

1997, pág. 284.

       En cuanto a su concesión, la Regla 44.1 de Procedimiento

Civil dispone:

      (a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte
          a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte
          sentencia en apelación o revisión, excepto en
          aquellos casos en que se disponga lo contrario por
          ley o por estas reglas. Las costas que podrá
          conceder el tribunal son los gastos en que se
          incurra necesariamente en la tramitación de un
          pleito o procedimiento que la ley ordena o que el
          tribunal, en su discreción, estima que una parte o
          litigante debe reembolsar a otro. (Énfasis nuestro).
          …
          32 LPRA Ap. V., R. 44.1 (a).

1 Sujeto a que sea necesaria para la tramitación del recurso, no meramente
conveniente.
2 Los gastos de fotocopias del escrito de apelación y sus respectivos legajos,

siempre y cuando se incurran en el cumplimiento de los requisitos de
presentación que impone el Tribunal de Apelaciones. Sánchez v. Sylvania Lighting,
167 DPR 247, 254 (2006). No obstante, si el gasto de fotocopias surge como
resultado del trámite ordinario de oficina, no es recobrable como costas. PR Fast
Ferries, LLC v. AAPP, supra.
KLCE202400019                                                                 3

De manera que una vez son reclamadas conforme dispone la Regla

44.1, supra, la imposición a favor de la parte victoriosa es

mandatoria. Rosario Domínguez et als. v. ELA, 198 DPR 197, 212

(2017). No obstante, su concesión no opera de forma automática, ya

que tiene que presentarse oportunamente un memorando de costas

en el que se precisen los gastos incurridos conforme los criterios

antes mencionados. El tribunal tiene amplia discreción para evaluar

la razonabilidad y determinar la necesidad de los gastos detallados.

Íd.

       Precisa   resaltar     que   el    Reglamento         del   Tribunal   de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, en su parte VIII, sobre las reglas

aplicables a todos los recursos incluye la Regla 85. Esta dispone en

su inciso (a) lo siguiente:

       (A) Las costas se concederán a favor de la parte que
           prevalezca, excepto en aquellos casos en que se
           disponga lo contrario por ley. …

       Es decir, el Reglamento de este Tribunal no distingue el tipo

de    recurso    si   certiorari,    apelación,        mandamus,       revisión

administrativa u otro, para la concesión de costas. Tampoco lo hace

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

2003 que nos faculta a imponer las mismas. 4 LPRA sec. 25.

       Además,    y   no    menos        importante,    la    Regla   42.1    de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone en lo pertinente que:

[e]l término “sentencia”, cuando es dictada por un tribunal de

apelación, se refiere a la determinación final de ese tribunal en

cuanto a la apelación ante sí o en cuanto al recurso discrecional en

el cual el tribunal de apelación ha expedido el auto solicitado.

       Detallado lo anterior, concurro con la decisión de la mayoría,

no es el momento adecuado para la revisión del asunto. La Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone taxativamente los

asuntos que podrán provocar nuestra revisión de una determinación

interlocutoria. No se favorece la revisión de asuntos interlocutorios
KLCE202400019                                                         4

por representar un inconveniente para el desenvolvimiento lógico y

funcional del proceso, pues se interrumpe la marcha ordenada del

proceso litigioso. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 730 (2016). Ciertamente no considero que la revisión de la

negativa del foro recurrido a conceder las costas a favor de la parte

victoriosa,   en   un   recurso   de   certiorari,   está   contemplado

expresamente en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

Tampoco lo considero un asunto que reviste interés público o una

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. La parte afectada con la denegatoria del

auto de certiorari, tiene a su favor el revisar el dictamen final,

cuando se resuelva la causa de acción por el foro primario. Negrón

v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); Bco. Popular de P.R. v.

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

                       Grace M. Grana Martínez
                   Jueza del Tribunal de Apelaciones