Court Opinion

ID: 9952217
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:41.92803+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:56.529069
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 Panel II

EDITH     LINA     RODRÍGUEZ                Certiorari
CANDELARIO,    DAMARY     ENID              procedente del
RIVERA AVILÉS, JOSÉ RAÚL                    Tribunal de
ARROYO    VÁZQUEZ,      RAFAEL              Primera Instancia,
COLÓN   COLLAZO,      ROBERTO KLCE202301412 Sala de Ponce
CARABALLO            MARCUCCI,
ARACELIS LÓPEZ NIEVES, ÉRICA                Caso Núm.
GARCÍA BONILLA, ROSALI CRUZ                 PO2023CV01769
CRUZ,    YOLANDA       TOLEDO
SANTOS,   CATHERINE     COLÓN               Sobre:
ECHEVARRÍA, JACQUELINE RÍOS                 Despido
PEÑA,    HERNÁN        OLIVERA              Injustificado (Ley
GONZÁLEZ y OTROS                            Núm. 80),
          Recurridos                        Procedimiento
                                            Sumario bajo Ley
              v.                            Núm. 2

QUALITY HEALTH SERVICES OF
PUERTO    RICO,    INC. H/N/C
HOSPITAL SAN CRISTÓBAL
          Peticionarios

HOSPITAL      MENONITA      PONCE,
INC.
           Codemandada

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      Comparece Quality Health Services of Puerto Rico Inc., que hacía

negocios como Hospital San Cristóbal, (San Cristóbal o peticionario en

adelate), a través de recurso de certiorari, solicitando que revoquemos

tres Resoluciones emitidas por Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Ponce (TPI), el 21 de noviembre de 2023. En el contexto de

un pleito laboral, mediante tales resoluciones interlocutorias el foro

recurrido denegó las siguientes peticiones de San Cristóbal: (1) para

paralizar el descubrimiento de prueba; (2) para que se dejara sin efecto

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2024______________
KLCE202301412                                                                2

un aviso de toma de deposición, y; (3) para que fuera expedida una

Orden Protectora.

I. Resumen del tracto procesal

       El 14 de junio de 2023, las señoras Edith Lina Rodríguez

Candelario, Damary Enid Rivera Avilés, Aracelis López Nieves, Érica

García Bonilla, Rosali Cruz Cruz, Yolanda Toledo Santos, Catherine

Colón Echevarría, Jacqueline Ríos Peña y los señores José Raúl Arroyo

Vázquez, Rafael Colón Collazo, Roberto Caraballo Marcucci y Hernán

Olivera   González   (en   conjunto,   los    recurridos),   presentaron   una

Demanda por despido injustificado contra San Cristóbal, bajo el proceso

expedito previsto por la Ley 2-1961. Alegaron haber sido despedidos sin

justa causa por el peticionario, por lo cual solicitaron el pago de la

indemnización correspondiente, a tenor con la Ley Sobre Despidos

Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et

seq. (Ley Núm. 80). En específico, adujeron que el 30 de noviembre de

2022, San Cristóbal les notificó a los empleados del hospital que había

vendido la mayoría de los activos al Hospital Menonita de Ponce (el

Menonita). Aseveraron que, al momento de dicho despido, no existía un

convenio colectivo vigente entre las partes. Esgrimieron que, por los

términos de la transacción acontecida entre San Cristóbal y Menonita, el

asunto versaba sobre un traspaso de negocio en marcha, tornándose

este   último   en   patrono   sucesor,      correspondiéndole    asumir   las

obligaciones ante los recurridos. Finalmente, argumentaron que San

Cristóbal, ni Menonita, cumplieron con el Artículo 6 de la Ley Núm. 80,

que dispone que; en caso de que el nuevo adquiriente opte por no

continuar con los servicios de todos o algunos de los empleados y no

advenga en su consecuencia patrono de éstos el anterior patrono

responderá por la indemnización provista por esta ley el comprador deberá
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retener la cantidad correspondiente del precio de venta convenido respecto

al negocio.

      A los pocos días, el 19 de junio de 2023, los recurridos presentaron

una Moción solicitando cambio a procedimiento ordinario y expedición de

emplazamientos enmendados. Mediante Resolución de 22 de junio de

2023, el foro primario concedió dicha solicitud, convirtiendo el proceso

en uno ordinario.

      Luego, el 21 de agosto de 2023, Menonita presentó Contestación a

la Demanda. En esencia, adujo que nunca fue patrono de los recurridos,

por tanto, no se le podía atribuir su despido. En consonancia, sostuvo

que los recurridos carecían de una causa de acción en su contra, pues

no operaba la figura del patrono sucesor a este, al estos ser despedidos

en una fecha anterior a que Menonita se convirtiera en el dueño y tomara

posesión de los activos de San Cristóbal. Concluyó que cualquier

reclamación relacionada a la terminación de los empleos de los

recurridos, recaía exclusivamente en contra de San Cristóbal, por haber

sido el patrono de estos.

      Además, Menonita afirmó en su contestación a demanda, que los

recurridos eran empleados unionados representados por la Unidad

Laboral de Enfermeras(os) y Empleados de la Salud, (ULESS), mediante

Convenio Colectivo. A raíz de lo cual, arguyó que dicho Convenio

Colectivo había incorporado un procedimiento de quejas, agravios y

arbitraje para dilucidar cualquier tipo de controversias, incluyendo la

terminación del empleo, de manera que el TPI carecía de jurisdicción

para adjudicar la reclamación de los recurridos, pues correspondía

cumplir con los términos de lo acordado por las partes en el referido

Convenio. Por igual razón, esgrimió que la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec.

185n (e), resultaba inaplicable al caso, pues dicho estatuto expresamente
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excluye a los empleados cubiertos por un convenio colectivo de su

aplicación.

      Por su parte, el 24 de agosto de 2023, San Cristóbal presentó su

Contestación a Demanda. Tal y como lo hizo Menonita, aseveró que,

existiendo un Convenio Colectivo vigente entre las partes, la Ley Núm. 80

resultaba inaplicable. En la alternativa, afirmó que los recurridos fueron

despedidos por justa causa, tras el cierre permanente de las operaciones

del Hospital San Cristóbal, por lo que no les adeudaba cantidad alguna.

      Atendidos varios incidentes procesales, no pertinentes al asunto

ante nuestra atención, el 19 de octubre de 2023, San Cristóbal presentó

una Moción de Sentencia Sumaria. En su moción dispositiva, el

peticionario enumeró una serie de hechos, que juzgó incontrovertidos, e

incluyó la documentación que entendía los probaba. A partir de tales

hechos propuestos como incontrovertidos, adujo que no existían

controversias de hechos que impidieran la aplicación del derecho

correspondiente, y desestimación de la Demanda. En específico, toda la

enumeración de los hechos propuestos como incontrovertidos, y

posterior discusión del derecho correspondiente, se concentró en la

teoría legal sobre la vigencia del Convenio Colectivo al que estaban

adheridos los recurridos, y la consecuente inaplicabilidad a la demanda

de una causa de acción bajo Ley Núm. 80. Además, respecto a las

reclamaciones de las señoras Edith Lina Rodríguez Candelario, Aracelis

López Nieves, Rosalí Cruz Cruz y el señor Rafael Colón Collazo, sostuvo

que no correspondía ser atendidas por el TPI, pues el campo estaba

ocupado, en la medida que estos sometieron sus reclamaciones ante la

Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, alegando haber sido víctimas

de discrimen sindical por los mismos hechos alegados en la Demanda.

      El mismo día en que presentó la moción descrita en el párrafo que

precede, San Cristóbal también presentó Moción en solicitud de orden
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para paralizar el descubrimiento de prueba. Según se advierte en el título

de dicha moción, esta parte solicitó que el TPI ordenara la paralización

del descubrimiento de prueba, hasta que fuera atendida la Moción de

Sentencia Sumaria instada. Como fundamento para dicha solicitud, el

peticionario arguyó que, de ser declarada ha lugar la referida moción de

sentencia sumaria, dispondría del caso en su totalidad, lo cual haría

innecesario cualquier otro proceso ante el foro recurrido, evitando que

las partes incurrieran en gastos, tiempo y recursos innecesarios. Por

último, peticionó que, en caso de que el TPI denegara la Moción de

Sentencia Sumaria, le concediera un término razonable para contestar el

Requerimiento de Producción de Documentos cursado por los recurridos.

      Al día siguiente, el TPI emitió Orden, concediéndole un término de

10 días a los recurridos para replicar a la Moción en Solicitud de Orden

para paralizar el descubrimiento de prueba.

      Inmediatamente, los recurridos presentaron Moción en oposición a

paralización de descubrimiento de evidencia y solicitando término para

[sic] adicional para oponerse a la sentencia sumaria. Arguyeron que la

solicitud de paralización presentada era un intento por San Cristóbal

para ocultarles todas las acciones que se realizaron para firmar un nuevo

convenio colectivo. Adujeron, que los representantes legales de San

Cristóbal en esta causa de acción, Bufete Pizarro González, eran los

mismos abogados que se encontraban negociando un nuevo convenio

colectivo, una vez éste expiró. Afirmaron que San Cristóbal no se estaba

conduciendo de buena fe y actuaba contra sus propios actos, pues le

habían representado a los empleados que no existía un convenio

colectivo vigente, mientras que ahora afirman lo contrario. Que,

precisamente, la solicitud de descubrimiento de prueba tenía como

propósito obtener documentación sobre la vigencia o no del referido

convenio colectivo. Por tanto, le solicitó al foro a quo que le ordenara a
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San     Cristóbal   la   entrega   de   los    documentos      solicitados   en   el

descubrimiento de prueba.

        Más adelante, el 23 de octubre de 2023, Menonita presentó una

Moción uniéndose a moción de sentencia sumaria y a solicitud de

paralización de procedimientos sobre descubrimiento de prueba, que, por

su título, no precisa que aquí detallemos.

        Visto lo anterior, el TPI notificó Resolución, el 20 de octubre de

2023,    declarando      No   Ha   Lugar      la   solicitud   para   paralizar   el

descubrimiento de prueba y, ordenando que, en un término de 20 días,

se descubriera la prueba solicitada por los recurridos. Además, el foro

primario dispuso que una vez le fueran entregada la documentación

ordenada a los recurridos, estos tendrían un término de 20 días para

presentar contestación a la Moción de Sentencia Sumaria pendiente.

        Inconforme, el 6 de noviembre de 2023, San Cristóbal presentó

Moción de Reconsideración. En esta insistió que no existía razón para

continuar el descubrimiento de prueba, pues, al adjudicarse el derecho

correspondiente a la moción de sentencia sumaria pendiente, surgiría

que los recurridos no tienen causa de acción válida, careciendo de

jurisdicción el Tribunal sobre la materia para continuar los procesos. En

consecuencia, solicitó nuevamente que se paralizara el descubrimiento

de prueba, hasta que el foro recurrido resolviera la Moción de Sentencia

Sumaria o, en la alternativa, limitara dicho descubrimiento de prueba a

las controversias planteadas en la solicitud de sentencia sumaria.

        Ante ello, los recurridos presentaron Moción en oposición a

reconsideración para evitar un fracaso de la justicia.

        Mientras tanto, el 17 de noviembre de 2023, San Cristóbal

presentó una Solicitud de Orden Protectora. Obedeció esta Solicitud a que,

el 1 de noviembre de 2023, los recurridos le cursaron un aviso de toma

de deposición al licenciado José R. González Nogueras, abogado de
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San Cristóbal, como alegado portavoz del peticionario en la negociación

colectiva. Opuestos a la referida citación de deposición dirigida a su

abogado, los peticionarios sostuvieron ante el tribunal a quo que tal

citación resultaba opresiva, onerosa y contraria a derecho. Añadió

San Cristóbal, que el aviso de toma de deposición hacia su abogado no

estaba acompañado de fundamento alguno que justificara que fuera

necesario, ni los recurridos habían cumplido con el elemento de justa

causa que requiere nuestro ordenamiento jurídico para deponer a un

abogado de una parte. Elaboró acerca de que el licenciado José R.

González Nogueras no podía aportar prueba sobre ningún hecho

relevante para resolver la controversia medular del caso, toda vez que el

asunto trataba de una interpretación contractual. Sostuvo, que el aviso

de toma de deposición no es el mecanismo apropiado para citar a una

persona que no es parte del pleito, pues lo que procede en derecho en

tales circunstancias es cumplir con la Regla 40.2 de Procedimiento Civil,

30 LPRA Ap. V, R. 40.2

      Ese mismo día, el peticionario también presentó Moción para que

se deje sin efecto aviso de toma de deposición. En resumen, San Cristóbal

expuso que los recurridos le cursaron un correo electrónico con un aviso

de deposición dirigido a la señora Candie Rodríguez Ruiz, ex directora de

Recursos Humanos del peticionario. Esgrimieron que los recurridos no

cumplieron con el debido proceso de ley para requerirle a la señora

Candie Rodríguez Ruiz que compareciera a una deposición, dado que

correspondía que diligenciaran una citación que se ajustara a la Regla

40.2 de Procedimiento Civil, supra, y ello no fue el caso.

      En vista de lo anterior, el 21 de noviembre de 2023, el TPI emitió

las tres Resoluciones de las cuales recurre ante nosotros San Cristóbal,

como dijimos, declarando No Ha Lugar: (1) la Moción de Reconsideración;
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(2) la Moción para que se dicte orden protectora; y (3) la Moción para que

se deje sin efecto aviso de toma de deposición.

        En desacuerdo, San Cristóbal presentó el recurso de certiorari ante

nuestra consideración, señalando la comisión de los siguientes errores:

        Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
        Instancia al negarse a dejar sin efecto el Aviso de Toma de
        Deposición a la Sra. Candie Rodríguez Ruiz, quien no es
        parte en el presente pleito, en la medida en que ésta no fue
        citada de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil.

        Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
        Instancia al negarse a expedir una Orden Protectora a favor
        del Lcdo. José R. González Nogueras, abogado de récord de
        San Cristóbal, a quien se pretende deponer habiendo
        métodos menos onerosos para descubrir prueba y sin
        haberse demostrado, previa y adecuadamente, la existencia
        de justa causa para ello.

        Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
        Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de
        Reconsideración de San Cristóbal para paralizar el
        descubrimiento de prueba hasta tanto se resuelva la Moción
        de Sentencia Sumaria de la peticionaria-demandada, toda
        vez que dicha moción dispositiva contiene un planteamiento
        de falta de jurisdicción que debe ser atendido con
        preferencia.

        Por su parte, el 21 de diciembre de 2023, los recurridos

presentaron Oposición a Auto de Certiorari.

        Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a

exponer la normativa jurídica aplicable.

II. Exposición de Derecho

        A. Certiorari

        El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León

Corp.    v.   American   International   Insurance,   205   DPR   163,   174

(2020); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703, 710 (2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723,

728 (2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se

solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error

cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334
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(2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del

tribunal, y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición

y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO

Construction, supra, pág. 711. El concepto discreción implica la facultad

de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 338 (2012). Claro, la discreción judicial no es irrestricta y ha sido

definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Municipio Autónomo de

Caguas v. JRO Construction, supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52,

establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y

(f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría

un fracaso irremediable de la justicia.

      En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede
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evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 401 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra

jurisdicción. García v. Padró, supra.

          En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un

tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare

LLC, supra, pág. 730.

          B. Discreción judicial

          La discreción es el más poderoso instrumento reservado a los

jueces para hacer justicia. Rodríguez Ramos v. Pérez Santiago, 161 DPR

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725

(1981). En tal discreción es que se determina las intervenciones de este

Tribunal sobre determinaciones interlocutorias realizadas por el Tribunal

de Primera Instancia guiados, ante todo, por el principio rector de que

1   A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de
    sus fundamentos, son contrarios a derecho.
    B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del
    problema.
    C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la
    apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
    D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los
    autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más
    elaborados.
    E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia
    para su consideración.
    F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un
    fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución
    final del litigio.
    G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso
    de la justicia.
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nuestro tribunal no intervendrá con las determinaciones interlocutorias,

discrecionales y procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Citibank, N.A. v. Cordero

Badillo, 200 DPR 724, 736 (2018); Argüello v. Argüello, supra; Meléndez

v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).

      Abundando en lo anterior, el Tribunal Supremo ha subrayado que:

      [L]os tribunales de origen son los que están en mejor
      posición para determinar cómo se debe manejar un caso
      que esta ante su consideración. Las determinaciones que
      haga en el sano ejercicio de su discreción deben ser
      respetadas por los foros apelativos, a menos, claro está, que
      se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción,
      una determinación errónea que cause grave perjuicio a una
      de las partes, o la necesidad de un cambio de política
      pública procesal o sustantiva. Esta norma fortalece el
      principio de que serán los tribunales de origen los que
      manejen los casos que les son presentados. Rebollo López v.
      Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999). (Énfasis suplido).

      En concordancia, al Tribunal Supremo reconocerle al foro primario

amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los

procedimientos ante su consideración, los tribunales apelativos debemos

abstenernos de tratar de administrar o manejar la dirección regular de

sus casos. Partiendo de tales premisas, resulta clara la discreción que

cobija al TPI al momento de ordenar los asuntos concernientes al proceso

de descubrimiento de prueba, para lo cual hemos de mostrar gran

deferencia. Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; Mejías et al. v.

Carrasquillo   et   al.,   185   DPR   288,   306-307    (2012); García   v.

Asociación, 165 DPR 311, 320 (2005); Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR

117, 141-142 (1996).

      C. Descubrimiento de Prueba

      El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por las

partes para obtener hechos, título, documentos u otras cosas que están en

poder del demandado o que son de su exclusivo conocimiento y que son

necesarias […] para hacer valer sus derechos. McNeil Healthcare, LLC v.

Municipio de Las Piedras, 206 DPR 659, 672 (2021), citando a I. Rivera
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García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, Ed.

LexisNexis, 2000, pág. 70. Dicho mecanismo persigue cuatro (4) objetivos

fundamentales para el cabal desenvolvimiento del proceso judicial, a

saber: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia para

ser utilizada en el juicio; (3) facilitar la búsqueda de la verdad; y (4)

perpetuar evidencia. Rivera Gómez v. Acros Dorados Puerto Rico, Inc.,

2023 TSPR 65; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019);

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009). De esta forma,

se coloca al juzgador de los hechos en la mejor posición posible para

resolver justamente. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004) (Énfasis

nuestro).

      En nuestro ordenamiento jurídico, el descubrimiento de prueba

está regulado por la Regla 23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V. R. 23. Con relación al alcance del descubrimiento de prueba, este

cuerpo normativo dispone lo siguiente:

      Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier
      materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en
      controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la
      reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la
      existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y
      localización de cualesquiera libros, información almacenada
      electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, y la
      identidad y dirección de personas que conozcan hechos
      pertinentes. No constituirá objeción el que la información
      solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista
      una probabilidad razonable de que dicha información
      conduzca al descubrimiento de evidencia admisible. Íd.

      En consonancia, ha sido reiterado que el procedimiento para

descubrir prueba en la litigación civil está concebido como uno amplio y

liberal. Rivera   Gómez    v.   Acros    Dorados    Puerto    Rico,   Inc.,

supra; Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra; Berríos Falcón v. Torres

Merced, supra; E.L.A. v. Casta, supra, en pág. 13; García Negrón v.

Tribunal Superior, 104 DPR 727, 738 (1976). Ahora bien, lo anterior no

significa que el descubrimiento de prueba sea irrestricto o ilimitado. De

la regla transcrita se desprenden dos limitaciones al descubrimiento de
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prueba: (1) información privilegiada, y (2) pertinencia. Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, supra en la pág. 491. Así, una parte no

puede pretender descubrir evidencia privilegiada o impertinente bajo el

pretexto de la liberalidad del descubrimiento.

      En lo que concierne a la deposición como mecanismo de

descubrimiento de prueba, la Regla 27.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 27.1, no impone restricciones sobre las personas a las que se le

puede tomar testimonio. No obstante, nuestro Alto Foro ha establecido

ciertas condiciones cuando se trata del testimonio del abogado de la

parte contraria. En Ades v. Zalma, 115 DPR 514, 523 (1984), el Tribunal

Supremo indicó que reconocer de manera absoluta la prerrogativa de

llamar a deponer a un abogado litigante contrario, para que declare sobre

aspectos   del   caso   y   produzca   determinados   documentos,   puede

convertirse en un medio mortificante, abusivo y opresivo no sólo

hacia el abogado, sino hacia su representado. Asimismo, mencionó

que podría tener la consecuencia de que un número sustancial, si no todas

las preguntas formuladas, fueran apropiadamente objetadas bajo el

fundamento del privilegio abogado-cliente, trastocando así el curso

ordinario de la litigación normal y causaría dilaciones innecesarias.

(Énfasis provisto). Íd., en las págs. 523-524. Ante ello, el Tribunal

Supremo adoptó como regla reconocer cualificadamente el derecho a

tomar una deposición de un abogado de una parte, siempre que previa y

adecuadamente se establezca justa causa. Íd., en la pág. 524.

(Énfasis nuestro). Lo anterior, exige       un   estricto   y ponderado

escrutinio de los tribunales. (Énfasis provisto). Íd. De esta manera, el

foro judicial debe tratar de detectar si la información que se busca

descubrir a través del abogado es susceptible de ser obtenida de

otras personas o medios menos onerosos y complejos. (Énfasis

provisto). Íd. De existir otras fuentes de información accesibles y aptas,
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se debe prescindir de deponer al abogado. Íd. Si, por el contrario, se

establece satisfactoriamente justa causa, el abogado puede ser requerido

a deponer. Íd. Cabe resaltar que, el examen y descubrimiento se puede

extender a toda materia pertinente, no privilegiada y que no sea producto

de su trabajo. Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

       Según hemos indicado, San Cristóbal solicita la revisión de tres

determinaciones interlocutorias del TPI, en las que fueron denegadas las

siguientes     mociones      del    peticionario:     (1)   la    paralización      del

descubrimiento de prueba; (2) Moción para que se deje sin efecto aviso de

toma de deposición de la señora Candie Rodríguez Ruiz; y (3) la Orden

Protectora para que no se permita deponer al Lcdo. José R. González

Nogueras.2 A continuación, atenderemos en conjunto los primeros dos

asuntos enumerados, para luego disponer sobre el tercero.

                                           a.

       San Cristóbal le imputa error al TPI al permitir la toma de una

deposición a la señora Candie Rodríguez Ruiz, ex directora de Recursos

Humanos      del   peticionario,    sin    presuntamente         haber    sido   citada

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. Además, esta misma parte

aduce que el foro primario incidió al no ordenar la paralización del

descubrimiento de prueba, hasta tanto fuera resuelta la Moción de

Sentencia Sumaria presentada, pues esta contiene un planteamiento

jurisdiccional que, de ser acogido, dispondría de la totalidad del caso.

       Conforme      destacamos       en    la   exposición       de     derecho,   las

determinaciones del foro primario relacionadas a cómo se conduce el

descubrimiento de prueba se encuentran concebidas dentro de la amplia

2  Se permite acumular en un mismo recurso apelativo varias determinaciones
interlocutorias del foro primario, emitidas en un mismo caso, condicionado a que el
recurso se presente oportunamente en alzada. Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 DPR
311, 321 (2017). Por cuanto tales requerimientos se cumplen en el caso ante nuestra
consideración, es que hemos accedido a la revisión de tres resoluciones interlocutorias
mediante un solo recurso de certiorari.
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discreción que nuestro Tribunal Supremo le reconoce para conducir tales

trámites. Por ello, en ausencia de circunstancias especiales, como foro

intermedio debemos conceder deferencia hacia la manera en que los

foros primarios ordenan los trámites procesales ante su consideración,

absteniéndonos de intervenir, salvo que el recurso ordenado revele abuso

de discreción. Rebollo López v. Gil Bonar, supra.

      Al examinar estos dos señalamientos de error, juzgamos que no

ubican dentro de aquellas circunstancias que justificarían nuestra

intervención con las determinaciones discrecionales del TPI al conducir

los asuntos relativos al descubrimiento de prueba. Es decir, no

contemplamos o atribuimos abuso de discreción al TPI al disponer de

estos asuntos, que más bien responden al manejo del caso. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).

      En este sentido, no atisbamos el mínimo indicio de arbitrariedad

por parte del foro recurrido al permitir que continúe el descubrimiento de

prueba, con el cual se procura que los recurridos estén en verdadera

posición de oponerse a la moción de sentencia sumaria instada por los

peticionarios. Sobre lo mismo, a todas luces las materias que interesan

descubrir los recurridos refieren precisamente a la controversia central

planteada por los peticionarios en su moción de sentencia sumaria,

atinente   a   la   vigencia   o   no   del   convenio   colectivo.   Tampoco

intervendremos con el curso decisorio elegido por el foro recurrido en

términos de la autorización para proseguir con la deposición de la señora

Rodríguez Ruiz. Vista la posición que esta ocupaba en San Cristóbal, y

las presuntas aseveraciones contradictorias que se le imputan respecto a

la vigencia del convenio colectivo, (asunto que en modo alguno estamos

dirimiendo), no podemos llegar a la conclusión de que la determinación

recurrida al respecto exhiba el craso abuso de discreción que justificaría

nuestra intervención.
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                                        b.

      No obstante, sí estimamos que el foro primario debió intervenir con

la solicitud de los recurridos para deponer a la representación legal de

San Cristóbal. Como indicamos, San Cristóbal asevera que el TPI se

equivocó al negarse a expedir una orden protectora a favor del Lcdo. José

R. González Nogueras, su abogado en este pleito, a quién los recurridos

pretenden deponer. Afirma esto arguyendo, que existen métodos menos

onerosos para descubrir la prueba pretendida a través del abogado,

además de requerirse una determinación previa del Tribunal sobre la

existencia de justa causa para conceder dicha deposición. Tiene razón.

      Sin pretender reiterar sobre la jurisprudencia ya citada, aplicable a

este señalamiento, nuestro Tribunal Supremo adoptó como regla

reconocer cualificadamente el derecho a tomar una deposición de un

abogado de una parte, siempre que previa y adecuadamente se

establezca justa causa. Esto, exige un estricto y ponderado

escrutinio de los tribunales. (Énfasis provisto). Ades v. Zalma, supra.

Es decir, por virtud del clarísimo precedente establecido en la Opinión

citada, la petición para deponer a un abogado que funge como

representación legal de una de las partes, debe sopesarse por el foro

primario tomando en consideración los presupuestos particulares allí

identificados por nuestro Tribunal Supremo.

      Entonces, al examinar el expediente ante nuestra consideración,

resulta patente que, antes de autorizar la deposición del abogado de

San Cristóbal, el TPI no llevó a cabo el estricto y ponderado escrutinio que

requiere Ades v. Zalma, supra, para determinar si existe justa causa. Es

decir, no hay rastro indicativo de que el foro primario sopesara si, la

información que se busca descubrir a través del abogado es susceptible de

ser obtenida de otras personas o medios menos onerosos y complejos. Íd.

Tampoco vemos que el foro recurrido hubiese dirimido, si existen otras
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fuentes de información accesibles y aptas, que permitan prescindir de

deponer al abogado. Íd.

      Claro, lo que indicamos en el párrafo anterior no establece una

imposibilidad     categórica   de   que   el   referido   abogado   pueda   ser

eventualmente depuesto. Sin embargo, para el foro primario estar en

posición de autorizar a tomarle una deposición al Lcdo. José R. González

Nogueras, resulta necesario que los recurridos demuestren que se

cumplen los requerimientos específicamente definidos en Ades v. Zalma,

supra. Este ejercicio judicial aún no ha ocurrido, ergo, el TPI carecía de

la información básica para autorizar la deposición del abogado, e incidió

al así hacerlo.

      En consecuencia, si los recurridos aún interesaran deponer al

Lcdo. José R. González Nogueras, primero deberán demostrarle al TPI

que se cumplen con las condiciones delineadas en Ades v. Zalma, supra.

Claro, de ser este el caso, el foro primario tendría que concederle

oportunidad al peticionario para oponerse a tal solicitud.

      Modificamos la Orden del Tribunal en cuanto a la Orden

Protectora, y ordenamos que se realice una vista para dilucidar el asunto,

si en algún momento los recurridos se dispusieran a deponer al licenciado

José R. González Nogueras.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, denegamos expedir el auto de

certiorari en cuanto a las Resoluciones denegando la paralización del

descubrimiento de prueba y declarando No ha Lugar la Moción para que

se deje sin efecto aviso de toma de deposición.

      Sin embargo, decidimos expedir el auto de certiorari y modificamos

la Resolución que denegó la Orden Protectora para evitar deponer al

Lcdo. José R. González Nogueras. De conformidad con lo explicado, de

los recurridos aún interesar deponer a este abogado, tendrán que
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presentar la prueba pertinente ante el TPI para demostrar que acontecen

las circunstancias que lo justificarían, según estas fueron descritas en

Ades v. Zalma, supra, y aquí reproducimos.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones