Court Opinion

ID: 9941475
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:39:20.961094+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.577846
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

                                                            CERTIORARI
ZAYDA LUZ ABADÍA                                            procedente del
ARROYO                                                      Tribunal de
                                                            Primera
Recurrida                                                   Instancia, Sala
                                              KLCE202301267 Superior de
                 v.                                         Bayamón
RUBÉN ANTONIO SOTO
GINÉS                                                                    Civil Núm.:
                                                                         BY2022RF01424
Peticionario
                                                                         Sobre:
                                                                         Alimentos
Panel integrado por su presidenta la Jueza Romero García, la Jueza
Martínez Cordero y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                       SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

                                              -I-

        Comparece ante nos el señor Rubén Antonio Soto Ginés (señor

Soto Ginés o el recurrente) y nos solicita revocar una Resolución

emitida el 11 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Bayamón (TPI).2 En virtud del referido dictamen, el

TPI determinó no acoger el planteamiento del señor Soto Ginés de

reducir la pensión de alimentos del menor procreado con la señora

Zayda Luz Abadía Arroyo (señora Abadía Arroyo o la recurrente).

        Por los fundamentos que esbozamos a continuación, expedimos

el auto de certiorari y confirmamos la determinación del TPI. Veamos

los hechos procesales y las normas jurídicas atinentes a este recurso.

1
  Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la
Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución del Hon.
Juan R. Hernández Sánchez.
2
  Apéndice de Certiorari, Anejo 1, págs. 1-6. Archivada y notificada en autos el 12 de octubre de
2023.

Número Identificador
RES2024 ______________
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                                     -II-

           La controversia ante nuestra consideración dimanó el 9 de

agosto de 2022, fecha en que la señora Abadía Arroyo instó una

Demanda por alimentos en contra del señor Soto Ginés.3 En esta, la

aquí recurrida arguyó que las partes contrajeron matrimonio el 25 de

agosto de 2001. Adujo que, durante la vigencia del matrimonio, las

partes procrearon un hijo que, al momento de presentar la Demanda,

tenía diecinueve (19) años de edad. No obstante, la unión matrimonial

se disolvió mediante divorcio por consentimiento mutuo en sede

notarial mediante la Escritura Núm. 7, otorgada el 21 de septiembre

de 2018 en San Juan, Puerto Rico, ante la notaria Janice Vanessa

Ortiz Valentín.4 Alegó que, por virtud del referido instrumento público,

las partes estipularon que el recurrente proveería la pensión

alimentaria al menor, por la cantidad de mil doscientos dólares

mensuales ($1,200.00), dividido en seiscientos dólares ($600.00)

quincenales. No obstante, esgrimió que, unilateralmente, el señor Soto

Ginés disminuyó la cantidad total de la pensión alimentaria del menor,

adeudando las siguientes cantidades:

             Septiembre de 2021         $553.09
             Octubre de 2021            $350.00
             Noviembre de 2021          $965.00
             Diciembre de 2021          $757.74
             Enero de 2022              $493.83
             Febrero de 2022            $797.33
             Marzo de 2022              $761.28
             Abril de 2022              $695.80
             Junio de 2022              $209.75
             Julio de 2022              $787.85

           Por cuanto, la señora Abadía Arroyo solicitó que se encontrase

incurso en desacato al señor Soto Ginés, entre otros remedios que

dispusiera el TPI.

           La recurrida acompañó la Demanda con una Estipulación y

acuerdos sobre divorcio por consentimiento mutuo, incorporada a la

3
    Íd., Anejo 3, págs. 29-52.
4
    Íd., Anejo 2, págs. 7-28.
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Escritura Núm. 7 sobre divorcio por consentimiento mutuo.5 En el

alusivo documento se estipuló lo siguiente:

         14. El padre, Soto Ginés, acuerda pagar una pensión
         alimentaria en beneficio de su hijo de $600.00 a ser
         pagados de manera quincenal (para un total de $1,200.00
         mensuales), directamente a la madre custodia, Abadía
         Arroyo. Soto Ginés tendrá cinco [5] días de gracia para
         entregar o depositar la pensión alimentaria antes
         mencionada. Esta pensión alimentaria contempla el pago
         de los gastos de educación, vivienda y médicos del menor.
         [...] Se le advierte a Soto Ginés de la necesidad de
         solicitar al Tribunal el dejar sin efecto la pensión
         alimentaria. Sin embargo, el menor podrá dialogar con
         los Comparecientes para establecer alguna pensión
         alimentaria de ser necesario.

         15. No obstante lo anterior, en cuanto a los gastos
         relacionados al regreso de escuela, tales como uniforme,
         libros, materiales y matrícula, los cuales se incurren una
         vez al año, los Comparecientes establecen que los mismos
         serán sufragados en partes iguales entre ellos. De igual
         manera, en relación a los gastos de graduación de
         Escuela Superior del menor; los costos de examen
         necesarios para la administración de la universidad,
         gastos de solicitudes a las universidades; gastos de
         entrevistas a las universidades y la correspondiente
         relocalización, en la eventualidad que sea una
         universidad fuera de Puerto Rico o fuera del área
         metropolitana de Puerto Rico [...] serán sufragados por
         los comparecientes en partes iguales.

         .        .            .   .     .      .     .      .     .

         18. Soto Ginés se compromete a ceder los derechos de
         estudios universitarios que tiene como veterano militar a
         su hijo [...] Los beneficios económicos que reciba el menor
         como parte de esta cesión serán considerados como una
         aportación económica del padre, en cualquier cómputo
         que se realice de pensión alimentaria a favor del menor.

         .        .            .   .     .      .     .      .     .

         22. Cualquier viaje de placer que realicen los
         comparecientes con el menor serán pagados por el
         compareciente que realice el viaje. Sin embargo,
         cualquier viaje relacionado a los estudios o educación
         del menor será costeado por los Comparecientes en
         partes iguales. Sobre lo anterior, los Comparecientes
         determinaran la autorización y participación del menor en
         dichos viajes.6 (Énfasis nuestro).

         Posteriormente, el 6 de octubre de 2022, el recurrente presentó

una Contestación a petición de alimentos.7 Adujo que la pensión

5
  Íd., Anejo 3, págs. 41-49.
6
  Íd., págs. 42-44.
7
  Íd., Anejo 5, págs. 57-61.
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estipulada de mil doscientos dólares ($1,200.00) mensuales estaba

condicionada hasta que el menor culminara la escuela superior. Esto,

debido a que los beneficios bajo el Programa Post 9/11 GI Bill que el

señor Soto Ginés cedió a su hijo, se computaría como parte de la

pensión alimentaria que le otorgaría al menor. Por ello, sostuvo que

tan pronto el menor ingresó a una universidad en Estados Unidos, el

dinero recibido como parte del Programa Post 9/11 GI Bill para el pago

de matrícula, materiales y hospedaje, representó un exceso en el pago

de la obligación alimentaria y se le debía acreditar como aportación

económica a la pensión alimentaria. A su vez, manifestó que el TPI

carecía de jurisdicción para imponer un desacato en su contra, debido

a que la pensión alimentaria no fue fijada mediante un procedimiento

judicial ni por la Administración para el Sustento de Menores

(ASUME).

           En respuesta a un requerimiento de información cursado por el

señor Soto Ginés, la señora Abadía Arroyo expresó que, para el primer

año universitario del menor, desembolsó diez mil novecientos dos

dólares ($10,902.00) en gastos universitarios y que, en el primer

semestre del segundo año universitario, pagó seis mil trescientos

noventa y cuatro dólares con ochenta y ocho centavos ($6,394.88).8

           El 7 de agosto de 2023, el TPI celebró una vista de desacato, en

la cual determinó que las partes sometieran sus planteamientos por

escrito para tomar una determinación. En cumplimiento con lo

anterior, el 28 de agosto de 2023, el señor Soto Ginés presentó una

moción en la que reiteró que en la estipulación del divorcio se

condicionó la modificación de la pensión alimentaria del menor, a

partir de su ingreso a la universidad, debido a que el recurrente

renunció al beneficio otorgado por la Administración de Veteranos

para el pago del setenta por ciento (70%) de sus estudios universitarios

8
    Íd., Anejo 26, pág. 117.
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con el objetivo de cederlo a su hijo y deducirlo de su obligación

alimentaria.9 Además, apuntó que el ordenamiento jurídico no provee

un remedio para ejecutar los acuerdos alcanzados en un trámite de

divorcio por sede notarial, por lo que el remedio adecuado era una

acción de ejecución ordinaria de una estipulación.

         En igual fecha, la señora Abadía Arroyo señaló que su

reclamación de desacato versó en la falta de pago de los alimentos,

ascendente a dieciséis mil novecientos cincuenta y cuatro dólares con

ocho centavos ($16,954.08), conforme se dispuso en la cláusula

catorce (14) de la estipulación.10 Indicó que la intención de las partes

en la cláusula relacionada con el beneficio provisto por la

Administración de Veteranos para los estudios universitarios del

menor era que se computara como parte de la aportación económica

del padre ante la eventualidad de una revisión de la pensión

alimentaria. Por otro lado, indicó que la cláusula en controversia era

inválida, dado que se pactaron alimentos en futuro, sin considerar los

gastos sustanciales que implican los estudios universitarios del menor

en los Estados Unidos.

         Así las cosas, el 11 de octubre de 2023, el TPI emitió una

Resolución.11 Mediante esta, el Foro Primario dictaminó no acoger el

planteamiento del señor Soto Ginés de reducir el beneficio de la

Administración de Veteranos a su obligación alimentaria, debido a que

dicho beneficio no considera otros gastos como el hospedaje, los

alimentos, los libros, la ropa y el entretenimiento del menor. Estableció

que las partes debían considerar revisar la pensión alimentaria dado

que los gastos resultaban mayores, conforme el pasar del tiempo y la

inflación, por lo que la estipulación no debía estimarse con carácter

final. Asimismo, decidió que el recurrente debía pagar la cantidad

9
  Íd., Anejo 33, págs. 127-134.
10
   Íd., Anejo 34, págs. 135-138.
11
   Íd., Anejo 1, págs. 1-6. Archivada y notificada en autos el 12 de octubre de 2023.
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adeudada hasta tanto se revisara la pensión alimentaria. Solventó que

las partes debían reunirse para examinar la cantidad adeudada. En

torno al desacato, el TPI se pronunció No Ha Lugar.

      No conforme con la determinación del TPI, el señor Soto Ginés

acudió ante esta Curia por virtud del presente recurso de certiorari y

le imputó al TPI la comisión del siguiente error:

      ERR[Ó] EL TPI AL ACOGER EN UNA DEMANDA DE
      “ALIMENTOS” INSTADA POR LA PARTE DEMANDANTE
      RECURRIDA, QUE NO TEN[Í]A RECLAMO DE
      ALIMENTOS ALGUNO, POR EL CONTRARIO[,] LA
      ACCI[Ó]N DE AUTOS INSTADA POR LA DEMANDANTE
      CONSTITUYE UN RECLAMO DE DESACATO SOBRE
      UNA PENSI[Ó]N QUE NO FUE FIJADA POR EL TRIBUNAL
      NI POR LA ASUME, SIN HABER DADO VALIDEZ AL
      DECRETO DE DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL Y SIN
      PERMITIR QUE EL DEMANDADO PETICIONARIO
      PRESENTE SU PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA
      IMPROCEDENCIA DE LOS RECLAMOS DE LA SRA.
      ABAD[Í]A.

      En esencia, el recurrente planteó que erró el TPI al establecer

que el beneficio del setenta por ciento (70%) del costo de los estudios

universitarios del menor no comprendía otros gastos como el

hospedaje, los alimentos, los libros, entre otros. Por ello, indicó que el

TPI debía celebrar una vista evidenciaria en la que las partes probaran

sus reclamos de existencia de una deuda por concepto de alimentos.

Nos solicitó que se revocásemos la Resolución recurrida y que

ordenásemos al TPI celebrar una vista evidenciaria para aquilatar la

prueba de los pagos efectuados por el señor Soto Ginés.

      Por su parte, el 29 de noviembre de 2023, la recurrida presentó

su oposición a la petición del auto de certiorari. Argumentó que la

determinación del TPI no Había sido contraria a derecho, no constituía

un abuso de discreción, no había mediado prejuicio, parcialidad o

error craso en la apreciación de la prueba, ni la expedición del recurso

evitaría un fracaso a la justicia.

      En vista del señalamiento de error, expondremos la normativa

jurídica concerniente a este recurso.
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                                    -III-

                                    -A-

      El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario y

discrecional que permite que un tribunal de mayor jerarquía revise

determinaciones de un tribunal inferior. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., 2023 TSPR 65, 212 DPR __ (2023); McNeil Healthcare,

LLC v. Mun. Las Piedras, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al.

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La característica

principal de este recurso es la discrecional que nos asiste para

autorizar la expedición y adjudicar la controversia en sus méritos.

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v.

Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). El máximo foro

judicial   definió   que   la   discrecionalidad   es   “una   forma   de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,

735 (2018); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).

Empero, nuestra discreción no es absoluta dado que no podemos

abstraernos del Derecho, debido a que constituiría abuso de

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      Por otro lado, nuestra discrecionalidad no opera en el

abstracto ni está ausente de otros parámetros. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., supra; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 176

(2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, supra. Pues, con el objetivo de que

podamos ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional, la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

R. 40, establece los criterios que debemos considerar al atender la

solicitud de expedición del auto de certiorari. En particular, dispone

lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
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      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. Íd.

      Por otro lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, regula las instancias en las que podemos revisar

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra; McNeil Healthcare, LLC v.

Mun. Las Piedras, supra, pág. 404; IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, págs. 336-338. A saber:

      Todo     procedimiento      de    apelación,    certiorari,
      certificación, y cualquier otro procedimiento para
      revisar sentencias y resoluciones se tramitará de
      acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas
      que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El
      recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
      Apelaciones cuando se recurra de una resolución u
      orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una
      moción de carácter dispositivo. No obstante, y por
      excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
      admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos      relativos   a    privilegios   evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de
      Procedimiento Civil, supra, R. 52.1.

      De no estar presentes los criterios antes esbozados,

corresponde abstenernos de expedir el auto de certiorari, de forma

que se continúe con los procedimientos en el tribunal de primera

instancia.
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      El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “[p]rocurar

el bienestar de los menores constituye un pilar fundamental de

nuestra sociedad y se ha reconocido como parte integral de la política

pública del Gobierno de Puerto Rico”. De León Ramos v. Navarro

Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016). En este sentido, los menores de

edad tienen un derecho fundamental a recibir alimentos como

corolario del derecho a la vida, consagrado en la Carta de Derechos de

la Constitución de Puerto Rico Íd.; Díaz Rodríguez v. García Neris, 208

DPR 706, 717 (2022). De este modo, los casos relacionados a alimentos

están revestidos del más alto interés público. Íd.; Rodríguez Rivera v.

De León Otaño, 191 DPR 700, 711 (2014); Argüello v. Argüello, 155 DPR

62, 70 (2001). Cuando están relacionados a los menores de edad, los

progenitores son quienes tienen la responsabilidad de satisfacer los

alimentos de sus hijos. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93,

103 (2019). Esto “tiene su génesis en el derecho natural, en los lazos

indisolubles de solidaridad humana y de profunda responsabilidad de

la persona por los hijos que trae al mundo, que son valores de la más

alta jerarquía ético-moral y que constituyen una piedra angular de

toda sociedad civilizada”. Argüello v. Argüello, supra, pág. 69.

      Cabe resaltar que “[e]l derecho a recibir alimentos es

personalísimo, imprescriptible, continuo e indivisible. No puede

ser objeto de transacción, renuncia, gravamen o embargo”. Art.

651 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7535. (Énfasis nuestro).

Además, el Art. 653 del Código Civil de Puerto Rico dispone que el

término alimentos comprende “todo lo que es indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia”. Íd. sec.

7531. Además, “[c]uando el alimentista es menor de edad, los

alimentos comprenden también su educación, las atenciones de

previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de su entorno
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familiar y social y los gastos extraordinarios para la atención de sus

condiciones personales especiales”. Íd. En torno a los gastos de

estudios comprendidos en los alimentos, nuestro ordenamiento

jurídico dispone que “[s]i el alimentista alcanza la mayoridad mientras

cursa ininterrumpidamente estudios profesionales o vocacionales, la

obligación de alimentarlo se extiende hasta que obtenga el grado o

título académico o técnico correspondiente o hasta que alcance los

veinticinco (25) años de edad, lo que ocurra primero, a discreción del

juzgador y dependiendo las circunstancias particulares del caso”. Íd.

sec. 7533. Es norma trillada que cuando un menor de edad inició sus

estudios profesionales o vocacionales, “tiene derecho a exigir que el

alimentante le provea los medios para terminarlo[s], aun después

de haber llegado a la mayoridad”. Argüello v. Argüello, supra, pág. 71;

Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266 (1985) (Énfasis

nuestro).

      La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 5 de

30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la Ley

orgánica de la Administración para el Sustento de Menores (Ley Núm.

5), 8 LPRA sec. 501 et seq. Por otro lado, existen unas Guías

mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico

(Guías mandatorias). La cuantía de la pensión alimentaria será fijada

conforme dispone la Ley Núm. 5 y las Guías mandatorias. Ahora bien,

dicha cuantía podrá reducirse o aumentarse de manera proporcional

a las necesidades del alimentista y los recursos del alimentante. Art.

671 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7567. No obstante, la determinación

de reducir la cuantía de alimentos no le corresponde unilateralmente

al alimentante ni puede realizarlo sin previa autorización judicial. Íd.

sec. 7568. Véase Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550,

561 (2012). Además, la reducción de la cuantía de la pensión

alimentaria tendrá aplicación prospectiva, desde el día en que se emitió
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el dictamen autorizando la reducción. Vázquez v. López, 160 DPR 714,

728 (2003).

      La Ley Núm. 5 establece que “[l]os pagos de pensión alimentaria

[...] en atraso por más de treinta (30) días constituyen un gravamen

por el monto de la deuda sobre todos los ingresos activos, bienes

muebles e inmuebles del alimentante”. 8 LPRA sec. 524. Dicho artículo

le provee al tribunal el mecanismo de ordenar el embargo de

cualesquiera fuentes del alimentante para asegurar la efectividad del

pago de la pensión alimentaria. Íd.

      Por otro lado, el Artículo 31 de la aludida Ley Núm. 5 plantea el

desacato civil o criminal “como uno de los mecanismos para compeler

al cumplimiento de las órdenes emitidas por el Tribunal, las emitidas

por el Administrador o el Juez Administrativo y para hacer efectiva

cualquier orden de pensión alimentaria para beneficio de un o una

menor de edad”. Íd. sec. 529. No obstante, este mecanismo debe ser

utilizado con prudencia y es el último utilizado por un tribunal.

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626-627 (1986).

                                 -C-

      En otro extremo, el Artículo 417 del Código Civil de Puerto Rico

establece que una de las causas de la disolución del matrimonio es el

divorcio. 31 LPRA sec. 6741. Por otra parte, la disolución del

matrimonio por divorcio se puede declarar mediante sentencia judicial

o escritura pública, es decir, divorcio en sede notarial. 31 LPRA sec.

6761. Esto, siempre y cuando el matrimonio no haya procreado hijos

incapaces. Exposición de Motivos, Ley Núm. 55-2020. El divorcio en

sede notarial se define como sigue:

      El   matrimonio     queda    disuelto   mediante   el
      consentimiento de los cónyuges expresado en escritura
      pública, cuando al momento de otorgar la escritura al
      menos uno de los cónyuges ha residido en Puerto Rico
      durante el año inmediatamente anterior. Cuando el
      matrimonio esté regido por la sociedad de gananciales
      y haya bienes o deudas comunes, los cónyuges
      suscribirán un acuerdo que contendrá el inventario,
      avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes y
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      deudas gananciales. Este acuerdo será protocolizado
      con la escritura de divorcio, sin que dicha
      protocolización tenga efectos de convertir el documento
      contentivo del acuerdo, en un instrumento público.
      Cuando los cónyuges tengan hijos menores de edad
      comunes a ambos, deben establecer los términos y
      condiciones sobre los siguientes aspectos: custodia,
      patria potestad, alimentos, relaciones filiales y
      hogar seguro, como parte de una estipulación que
      será preparada por los representantes legales de
      cada cónyuge. Dichos representantes legales harán
      constar a continuación de las firmas de los otorgantes
      en la estipulación, que su respectivo cliente fue
      debidamente informado de los derechos que le asisten,
      y que en caso de no estar conforme con atender en
      ese acto los asuntos relacionados con el o los
      menores, siempre podrán hacerlo ante un tribunal.
      Dicha estipulación se protocolizará con la escritura de
      divorcio. 31 LPRA sec. 6831 (Énfasis nuestro).

      En lo atinente a la imposición de alimentos mediante una

estipulación incorporada a la escritura sobre divorcio, un panel

hermano determinó que el Código Civil no atiende directamente la

forma en que se resolverá el incumplimiento con el pago de la pensión

alimentaria, pero las partes siempre tienen disponible solventar los

asuntos de los menores de edad por la vía ordinaria del Tribunal.

Véase, KLAN202200241.

                                  -IV-

      En este caso de epígrafe, el señor Soto Ginés expuso como único

señalamiento de error que resultaba improcedente que el TPI acogiera

la Demanda sobre alimentos presentada por la señora Abadía Arroyo,

quien había solicitado el remedio de desacato por el impago de una

pensión fijada mediante estipulación realizada por el divorcio en sede

notarial. Por otra parte, el recurrente adujo que el TPI había errado al

determinar que el beneficio de la Administración de Veteranos no

cubría   los   gastos   de   hospedaje,   alimentos,    libros,   ropa   y

entretenimiento del menor, por lo que debía celebrar una vista

evidenciaria para probar la existencia de una deuda por concepto de

alimentos.
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           De un cuidadoso análisis del expediente ante nuestra

consideración, concluimos que debemos expedir el auto de certiorari y

confirmar la determinación del TPI.

           Adviértase que, tal como determinó el TPI, las partes tienen

disponible el proceso de revisión de pensión alimentaria para examinar

la cuantía dispuesta en la estipulación realizada mediante el divorcio

por sede notarial. No obstante, el señor Soto Ginés tiene el deber de

pagar la cantidad adeudada por concepto de alimentos. Ninguna

estipulación entre los progenitores puede soslayar el derecho

fundamental del menor a recibir alimentos ni la responsabilidad ínsita

de sus progenitores de proveerlos. Véase, Díaz Rodríguez v. García

Neris, supra, pág. 717; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág.

103; Argüello v. Argüello, supra, pág. 69. A tenor con nuestro

ordenamiento jurídico y la propia Cláusula 14 de la estipulación, el

recurrido no podía modificar unilateralmente el pago de la cuantía de

mil doscientos dólares ($1,200.00) mensuales de su obligación

alimentaria por el mero hecho de que el menor recibió el beneficio de

la Administración de Veteranos. Palmariamente la Cláusula 14 de la

estipulación dispone: “Se le advierte a Soto Ginés de la necesidad

de       solicitar      al    Tribunal       el      dejar   sin   efecto   la   pensión

alimentaria”.12 Conforme dispone el Código Civil, el derecho a recibir

alimentos no está sujeto a transacción, 31 LPRA sec. 7535, ni puede

reducirse unilateralmente por el alimentante sin previa autorización

judicial. 31 LPRA sec. 7568.

           Al señor Soto Ginés le correspondía solicitar al TPI una revisión

de la pensión alimentaria para que el foro primario aquilatara si,

prospectivamente, procedía o no la modificación de la cuantía de la

pensión alimentaria. No podemos avalar que la modificación de la

12
     Apéndice de Certiorari, Anejo 3, págs. 41-49.
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pensión alimentaria en      la controversia de marras sea una

determinación unilateral del peticionario.

                                 -V-

      Por las razones antes expresadas, expedimos el auto de certiorari

y confirmamos la determinación del TPI.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones