Court Opinion

ID: 9941484
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:04.172206+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.702306
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

     ROSA LYDIA VÉLEZ, y                                      CERTIORARI
           otros,                                             procedente del Tribunal
                                                              de Primera Instancia,
           Peticionaria,                                      Sala Superior de San
                                                              Juan.
                 v.                   KLCE202301404
                                                              Civil núm.:
     DEPARTAMENTO DE                                          K PE1980-1738.
     EDUCACIÓN, y otros,
                                                              Sobre:
            Recurrida.                                        injunction clásico.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                    RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

         La parte peticionaria Rosa Lydia Vélez, y otros (clase), nos solicita

 que revisemos la Sentencia parcial de archivo administrativo emitida el 29

 de septiembre de 2023, notificada el 2 de octubre de 2023. Esta fue

 enmendada a través de la Resolución de archivo administrativo del 1 de

 diciembre de 2023, notificada el 4 de diciembre de 20231. Mediante el

 referido dictamen, el foro primario ordenó el cierre administrativo de once

 (11) estipulaciones de la sentencia por estipulación emitida en este caso.

 Además, declaró sin lugar la solicitud de la clase para que se publicara la

 referida resolución vía edicto.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos

 la expedición del auto de certiorari.

                                            I

         En síntesis, la sentencia por estipulación objeto de la controversia

 del título surge como parte del pleito instado, hace más de 40 años, por

 Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación de Puerto Rico

 (DEPR) por no brindarle a su hija, quien nació con perlesía cerebral, los

 1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-24. El dictamen recurrido fue intitulado
 Sentencia parcial de archivo administrativo, sin embargo, a petición del DEPR se enmendó
 a los fines de intitularlo Resolución de archivo de estipulaciones.

Número identificador

RES2024__________________
KLCE202301404                                                               2

servicios educativos y otros relacionados que esta requería y a los cuales

tenía derecho en virtud de estatutos estatales y federales.

        En 1981 la demanda instada por la señora Vélez fue certificada

como un pleito de clase y, tras múltiples incidencias, el 14 de febrero de

2002, el foro primario dictó la sentencia por estipulación cuyo fin es

garantizar la educación del estudiantado registrado en el Programa de

Educación Especial. Con este norte, y en esa misma fecha, el tribunal

autorizó el inicio de un programa de monitoría, que obliga al DEPR a rendir

informes periódicos sobre el cumplimiento con las estipulaciones

relacionadas a la prestación de servicios a los miembros de la clase2.

        En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el 29 de septiembre de

2023, el Tribunal de Primera Instancia autorizó el archivo administrativo de

once (11) estipulaciones de la sentencia parcial del caso de autos; ello, a

petición del DEPR y según recomendado por la monitora Dra. Pilar

Bélendez Soltero3.

        Ante el referido dictamen, el 17 de octubre de 2023, la clase presentó

una moción de reconsideración4. En ella, planteó que el cierre de las

estipulaciones era prematuro y contrario al Plan de Monitoria Actualizado

del 14 de febrero de 2019 (PMA 2019). Además, solicitó al foro primario

que notificara a los miembros de la clase de conformidad con lo dispuesto

en la Regla 20.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Arguyó que

procedía que el Tribunal de Primera Instancia autorizara la publicación de

un edicto para viabilizar la notificación adecuada y fehaciente de la

entonces intitulada Sentencia parcial de archivo administrativo.

        Por su parte, el 30 de octubre de 2023, el DEPR presentó su

oposición a la solicitud de reconsideración5.

        En esa misma fecha, el DEPR también presentó una solicitud para

que el dictamen emitido el 29 de septiembre de 2023, fuera intitulado

2 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 45-94.

4 Íd., a las págs. 452-478.

5 Íd., a las págs. 479-489.
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Resolución6. Ello, por entender que mediante el referido dictamen no se

había adjudicado reclamación alguna en el caso, sino que se trataba de un

trámite interlocutorio.

        Así las cosas, el 9 de noviembre de 2023, el tribunal emitió una

resolución mediante la cual declaró sin lugar la moción de reconsideración

presentada por la clase y, a su vez, declaró con lugar la petición del DEPR

de enmendar el título del dictamen. En consecuencia, el 1 de diciembre de

2023, el foro primario emitió la resolución nunc pro tunc a esos fines, y así

le fue notificada a las partes litigantes el 5 de diciembre de 20237.

        Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia,

la clase peticionaria compareció ante nos y formuló los siguientes

señalamientos de error:

        Erró el TPI al denegar la publicación del Edicto y autorizar el
        cierre administrativo de once (11) estipulaciones al
        determinar que la parte demandante no planteó alguna
        cuestión sustancial que amerite la modificación de la
        Resolución de Archivo Administrativo Nunc Pro Tunc,
        originalmente denominada Sentencia Parcial y que queda a
        discreción del Tribunal atender como finalmente adjudicar el
        cumplimento del DE con lo estipulado.

        Erró el TPI al denegar la publicación de Edicto para divulgar
        la Sentencia Parcial en su origen, denominada ahora
        Resolución de Archivo Administrativo Nunc Pro Tunc,
        privando a los miembros de la clase demandante de ser
        informados del cierre efectivo de estipulaciones, privándoles,
        además, de tomar conocimiento a los fines de participar en el
        proceso ulterior de corroboración en contravención a las
        disposiciones de la Reglas 20.3 (b) y 72 de Procedimiento
        Civil y el alto interés público del pleito en el caso de marras.

(Subrayado y bastardillas en el original).

        Por su parte, el DEPR presentó su oposición a la expedición del

recurso el 4 de enero de 20248. Con el beneficio de la comparecencia de

las partes, resolvemos.

                                           II

        La Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, según enmendada,

dispone en su Art. 4.006(b) que nuestra competencia como Tribunal de

6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 490-496.

7 Íd., a las págs. 1-24.

8 Íd., a las págs. 479-489.
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Apelaciones se      extiende   a   revisar discrecionalmente      órdenes y

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec.

24y (b).

       Así, el auto de certiorari constituye el vehículo procesal

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda

corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Este recurso

procede para revisar errores de derecho en lo procesal y en lo sustantivo.

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Ahora bien, distinto

al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse

ordinariamente de asuntos interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia,

154 DPR 79, 91 (2001).

       Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra

intervención. Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari,

debemos tener presente su carácter discrecional, que debe ser ejercido

con cautela y solamente por razones de peso. Íd.; Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008).

       De otra parte, precisa señalar que la discreción para entender en el

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento

de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.
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       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

                                      III

       Mediante sus señalamientos, la parte peticionaria aduce que el foro

primario erró al autorizar el cierre administrativo de once (11) estipulaciones

y al denegar la publicación de dicha determinación mediante un edicto

costeado por el DEPR. En su escrito, arguye que el cierre de las

estipulaciones resulta prematuro y contrario al Plan de Monitoria

Actualizado del 14 de febrero de 2019 (PMA 2019). De igual forma, razona

que procedía la publicación del edicto, a costo del DEPR, con el fin de

informar a la clase de los efectos del archivo administrativo de las

estipulaciones; ello, de conformidad con la Regla 20.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

       Por su parte, el DEPR planteó que el Tribunal de Primera Instancia

no había errado al denegar la solicitud de notificación sobre el archivo de

las estipulaciones por medio de un edicto, pues dicha directriz no surgía de

las propias estipulaciones, ni del PMA 2019. Arguyó que el archivo de las

estipulaciones concernía exclusivamente a la Monitora, al Comisionado y

al tribunal. Planteó que había cumplido con la normativa y la jurisprudencia

aplicables, que justificaban el archivo de las estipulaciones, conforme al

PMA.

       Cónsono con los principios antes expuestos, para determinar si

debemos expedir el auto de certiorari solicitado, nos corresponde analizar

el asunto que se nos plantea a la luz de los criterios contenidos en la Regla

40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones.

       Realizado dicho análisis, no encontramos que, en su determinación,

el foro primario haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya

actuado con el prejuicio o la parcialidad que acarreé un fracaso de la

justicia. Además, concluimos que la parte peticionaria no logró demostrar

que el tribunal se hubiera equivocado en la interpretación o aplicación de
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una norma procesal y que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio

sustancial contra esta.

                                    IV

       A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición

del recurso de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones