Court Opinion

ID: 9952298
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:38:21.525396+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:53.293803
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

        SOMED LLC                                      CERTIORARI
                                                       procedente del
        Peticionaria                                   Tribunal de Primera
                                                       Instancia
                                 KLCE202400173         Fajardo
              V.
                                                       Caso Núm:
                                                       RG2023CV00165
   HIRAM GUADALUPE
        PÉREZ                                          Sobre:
                                                       Desahucio en Precario
         Recurrido
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Santiago Calderón.1

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

       El 9 de febrero de 2024, Somed LLC (Somed o peticionaria)

compareció ante nos mediante una Petición de Certiorari y solicitó la

revisión de una Resolución que se dictó el 9 de enero de 2024 y se

notificó el 10 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Fajardo (TPI). Mediante al aludido dictamen, el TPI

declaró No Ha Lugar a la solicitud de desacato y honorarios por

temeridad.

       Por   los   fundamentos       que       expondremos   a   continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                        I.

       El 24 de marzo de 2023, Somed presentó una Demanda sobre

desahucio sumario en contra del señor Guadalupe.2 En esta, solicitó el

desalojo de este último de una propiedad ubicada en el municipio de

Río Grande de la cual alegó que le pertenecía en pleno dominio. Sostuvo

que el recurrido pernoctaba en dicha residencia sin su consentimiento

o un contrato de arrendamiento.

1 Se designó a la Jueza Santiago Calderón en sustitución de la Jueza Martínez

Cordero conforme a la OATA-2024-023.
2 Véase, págs. 1-5 del apéndice del recurso.

Número Identificador
RES2024 _____________________
KLCE202400173                                                          2

       Luego de varios trámites procesales que no son pertinentes

discutir, el 15 de noviembre de 2023, el TPI dictó una Sentencia la cual

notificó el 17 de noviembre de 2023.3 En esta, tomando en

consideración las determinaciones de hechos que realizó, la prueba

documental y testifical debidamente juramentada que presentaron las

partes y conforme al derecho aplicable, declaró Ha Lugar la solicitud

de desahucio que presentó Somed. Además, le indicó a la parte

peticionaria que podría solicitar el lanzamiento cuando transcurriera el

término dispuesto en ley para ello. Finalmente, le impuso una fianza

en apelación por diez mil ($10,000.00) dólares a la parte recurrida.

       Así las cosas, el 19 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción Solicitando Lanzamiento.4 Indicó que habían

transcurrido veinte (20) días desde que la referida Sentencia había

advenido final y firme y el señor Guadalupe todavía no había desalojado

la propiedad. Por otro lado, informó que tres (3) días después de que se

dictó Sentencia en contra del recurrido, este último suscribió un

contrato de arrendamiento con un tercero con el propósito de evadir la

Sentencia en su contra. Por las razones antes expuestas, solicitó el

lanzamiento del recurrido y/o cualquier otra persona que estuviese

poseyendo la propiedad.

       En respuesta, el señor Guadalupe presentó una Moción en Torno

Solicitud de Lanzamiento.5 En primer lugar, alegó que había desalojado

la propiedad objeto de controversia y, en consecuencia, cualquier

solicitud de lanzamiento era inoficiosa y académica. En cuanto al

contrato de arrendamiento al que se refirió la parte peticionaria,

planteó que dicho contrato fue suscrito por la propia parte peticionaria

a través de su vicepresidente y en virtud y bajo los términos de una

Resolución Corporativa que se emitió el 13 de agosto de 2020 que ya se

había presentado en evidencia ante el TPI. Afirmó que dicha Resolución

les otorgaba autoridad a sus oficiales para tomar ese tipo de acciones.

3 Íd., págs. 341-347.
4 Íd., págs. 371-373.
5 Íd., págs. 377-379.
KLCE202400173                                                         3

Así pues, argumentó que la parte peticionaria no podía pretender

solicitar el desahucio de una tercera persona que no formaba parte del

presente pleito y que ostentaba la posesión pacífica y legal de la

propiedad, en virtud de un contrato de arrendamiento que la propia

entidad otorgó.

       Evaluadas las posturas de ambas partes, el 19 de diciembre de

2023, el TPI dictó una Resolución que se notificó el 21 de diciembre de

2023.6 Mediate dicho dictamen, resolvió que no procedía la solicitud de

lanzamiento toda vez que la parte recurrida había informado que ya no

ocupaba la propiedad. Además, puntualizó que, en cuanto a los otros

asuntos planteados, no tenía nada que disponer ya que había emitido

Sentencia en contra del recurrido y, por lo tanto, no quedaba ninguno

otro asunto pendiente por atender.

       Posteriormente, el 28 de diciembre de 2023, Somed presentó una

Solicitud Urgente de Vista de Desacato y Remedios Adicionales.7 Insistió

que el recurrido con la deliberada intención de desobedecer la

Sentencia que se dictó en su contra, ilícitamente y sin autoridad para

ello, suscribió un contrato de arrendamiento cediéndole la posesión del

inmueble objeto de esta controversia a un tercero. Sin embargo, de

igual forma, afirmó que el señor Guadalupe continuaba ocupando la

propiedad por lo que el contrato era más bien un “ardid”. Por estas

razones, le solicitó al TPI a que declarara incurso en desacato al

recurrido por no cumplir con la Sentencia del 17 de noviembre de 2023,

que señalara una vista con carácter de urgencia para atender este

asunto y que le impusiera honorarios por temeridad al recurrido.

       Por su parte, el 29 de diciembre de 2023, el recurrido presentó

una Oposición a Solicitudes de Vista de Desacato […].8 Adujo que no

procedía la solicitud de desacato ya que había desalojado la propiedad

y, por lo tanto, no había desobedecido ninguna orden del Tribunal.

Además, argumentó que la solicitud de la peticionaria únicamente

6 Íd., pág. 381.
7 Íd., págs. 382-396.
8 Íd., págs. 418-422.
KLCE202400173                                                        4

descansaba en su desacuerdo con la acción que tomó Somed por

conducto de su vicepresidente, a saber, el recurrido, mediante la

Resolución Corporativa que presuntamente le brindaba la autorización

para arrendarle la propiedad a un tercero. Esbozó que ello nada tenía

que ver con la controversia de desahucio del presente caso ya que la

posesión de la propiedad como cuestión de derecho no estaba en sus

manos. Por último, sostuvo que, por los fundamentos antes expuestos,

tampoco procedía conceder honorarios de abogado por temeridad.

       Considerando los planteamientos de ambas partes, el 9 de enero

de 2024, el TPI emitió una Resolución que fue notificada el 10 de enero

de 2024 en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desacato y

honorarios por temeridad.9 Cabe precisar que, el 22 de enero de 2024,

la parte peticionaria compareció ante este panel mediante una Petición

de Certiorari en el caso núm. KLCE202400086 impugnando el

dictamen que el TPI dictó el 19 de diciembre de 2023 declarando No Ha

Lugar su solicitud de lanzamiento. Atendido el recurso, el 8 de febrero

de 2024, emitimos una Resolución denegando el recurso de certiorari.

       Posteriormente, inconforme con el dictamen que el TPI dictó el 9

de enero de 2024, la parte peticionaria presentó el recurso de epígrafe

y formuló el siguiente señalamiento de error:

       Erró el TPI y actuó irrazonablemente al dictar la
       Resolución de 9 de enero de 2024, notificada el 10 e
       enero de 2024, y prohibir una vista de desacato
       cuando la orden de lanzamiento estaba expresamente
       dispuesta en la Sentencia y la parte recurrida todavía
       hoy en día desacata esta orden, ya que se encuentra
       en posesión de la propiedad.

       Atendido el recurso, el 13 de febrero de 2024, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 20 de febrero de

2024 para presentar su oposición al recurso. Oportunamente, la parte

recurrida presentó un Memorando en Oposición […] y negó que el TPI

cometiera el error que Somed le imputó. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el asunto ante

nuestra consideración. Veamos.

9 Íd., pág.425.
KLCE202400173                                                                5

                                     II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales apelativos

tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera discrecional.

Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder para decidir en

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de

acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo,

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien,

la aludida discreción que tiene este foro apelativo para atender un

certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para

actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del derecho,

pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio

de la discreción judicial esta inexorable e indefectiblemente atado al

concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1)

una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la

Regla 57 (Injunction) de las Reglas de Procedimiento Civil; (2) la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; (3) por excepción

de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales;   (b)   asuntos   relativos    a   privilegios   probatorios;   (c)

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      En otros términos, al determinar si procede expedir o denegar

un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto

postsentencia, debemos evaluar únicamente los criterios enmarcados
KLCE202400173                                                         6

en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Íd. La

aludida regla establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B,
      R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los tribunales

apelativos podremos intervenir con las determinaciones discrecionales

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009).

                                   III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad

discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 40 del

Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el expediente a la

luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra,

no identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir. Ello, ya

que no se presentan ninguna de las situaciones que allí se contemplan.
KLCE202400173                                                          7

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios o

postsentencia en los que el foro de primera instancia haya sido

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que

en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya

alguno de estos escenarios.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso de

epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones