Court Opinion

ID: 9374153
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:43.430981+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.326279
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

   YAMIL CESAREO                        Revisión
      ROSADO                            Administrativa
                                        procedente del
       Recurrente                       Departamento
                                        Corrección y
            v.            KLRA202300020 Rehabilitación

 DEPARTAMENTO DE                            Caso Núm.:
   CORRECCIÓN Y                             PP-74-22
  REHABILITACIÓN
                                            Sobre:
       Recurrido                            Remedio
                                            Administrativo

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2023.

      Alexander Pérez Vega (“peticionario” o “Cesáreo Rosado”)

comparece por derecho propio, como indigente, en escrito

presentado el 12 de enero de 2023, el cual fue acogido en la

Secretaría del Tribunal como una Revisión Administrativa.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación,

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.

                                I.

      Manifiesta el recurrente que se encuentra en la Institución

Bayamón 501, cumpliendo una sentencia que le impuso el

Tribunal de Bayamón.     Alega que presentó una solicitud de

reconsideración en el año 2022 porque le incluyeron dos años de

más en el expediente criminal del Departamento de Corrección.

Indicó que para los años 1994 y 1993 se le había impuesto unas

penas de 7 años y 10 años para un tiempo total de 17 años. Indicó

que cumplió dos años demás, los que solicita que se los acrediten

Número Identificador

SEN2023_________
KLRA202300020                                                      2

a la sentencia que actualmente cumple. Requirió, además, que le

abonen el tiempo que cumplió en probatoria en el pasado. Adujo

que su sentencia fue ilegal y reclamó indemnización por cada día

en que estuvo recluido en la institución penal.

      Junto a su escrito incluyó los siguientes documentos: una

acusación en el caso criminal DCA200460114 por infracción al

Artículo 5.05 de la Ley de Armas, emitida el 12 de febrero de

2004; la Resolución emitida por el Comité de Clasificación y

Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación el

12 de junio de 2014 y una Solicitud de Reconsideración PP-74-22,

firmada por el señor Cesáreo Rosado, el 20 de marzo de 2022

sometida ante la División de Remedios Administrativos del

Departamento de Corrección y Rehabilitación.          Mediante esta

última, solicitó que se le acreditaran los dos años. No surge del

expediente, ni de las alegaciones del señor Cesáreo Rosado, la

respuesta de la División de Remedios Administrativos sobre este

asunto.

      Tras evaluar el recurso presentado, para lograr el más

eficiente despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores

escritos no jurisdiccionales, a tenor con la Regla 7(B) (5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

                                II.

                                    A.

      Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos

relacionados con ésta son privilegiados y deben atenderse con

prioridad. Torres   Alvarado   v.    Madera   Atiles, 202   DPR   495

(2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).

Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las

partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, dicho
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foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional

como parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., supra; Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103

(2015). De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos

de la controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra.

                                 B.

       Nuestra función como foro apelativo está limitada por la Ley

201-2003 conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico que dispone en el Art. 4.006 (c) que el

Tribunal de Apelaciones tendrá competencia, “[m]ediante recurso

de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o

agencias administrativas.” (Énfasis nuestro). 24 LPRA sec.

24y.

       Cónsono a ello, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece lo siguiente:

       Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de
       todos los recursos instados ante el Tribunal de
       Apelaciones para la revisión de las decisiones,
       reglamentos, órdenes,          resoluciones          y
       providencias finales dictadas por organismos o
       agencias administrativas o por sus funcionarios(as),
       ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa,
       conforme lo dispuesto en ley. (énfasis nuestro)

       A su vez, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, establece que el escrito inicial de revisión deberá ser

presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30)

días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia
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de la notificación de la orden o resolución final del organismo o

agencia. […].4 LPRA, XXII-B, R. 57.

      De otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, 3 LPRA secs. 9601 et. seq. [en adelante, “LPAU”],

rige los procedimientos reglamentarios y adjudicativos realizados

por   las   agencias   administrativas.   Pérez   López   v.   Depto.

Corrección, 208 DPR 656 (2022). En particular, la sección 4.2 de

LPAU dispone como sigue:

      Una parte adversamente afectada por una orden
      o resolución final de una agencia y que haya
      agotado todos los remedios provistos por la agencia o
      por    el    organismo      administrativo     apelativo
      correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la
      fecha del archivo en autos de la copia de la notificación
      de la orden o resolución final de la agencia o a partir
      de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección
      3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la
      revisión judicial haya sido interrumpido mediante la
      presentación     oportuna    de    una     moción      de
      reconsideración.

     Una orden o resolución interlocutoria de una agencia,
     incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se
     desarrollen por etapas, no serán revisables
     directamente. […]
3 LPRA sec. 9672

      Vemos que para que una orden o resolución administrativa

sea judicialmente revisable, al momento de presentar el recurso

deben estar presentes los elementos siguientes: (1) que la

resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria; y

(2) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado

los remedios provistos por la agencia. Pérez López v. Depto.

Corrección, supra; Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168

DPR 527, 543 (2006).

      Así pues, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, junto

a otras reglas y leyes, regula el trámite y perfeccionamiento de
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los recursos apelativos. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al.,

188 DPR 98 (2013). Entre los requisitos para perfeccionar el

recurso apelativo se encuentran la presentación oportuna del

recurso en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, lo que incide

en la jurisdicción del tribunal. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et

al., supra.

      A su vez, para disponer de los recursos de revisión

administrativa ante nuestra consideración, la Regla 59 (E) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece la forma

en que se presentarán los escritos ante este foro. El escrito de

revisión deberá contener como parte del apéndice copia literal

de: las alegaciones de las partes ante la agencia; la orden,

resolución o providencia administrativa objeto del recurso de

revisión que se solicita; toda moción, resolución u orden necesaria

para acreditar la interrupción y reanudación del término para

presentar el recurso de revisión; toda resolución u orden, y toda

moción o escrito de cualquiera de las partes que forme parte del

expediente original administrativo, en los cuales se discuta

expresamente cualquier asunto planteado en el recurso de

revisión, o que sean relevantes a ésta; cualquier otro documento

que forme parte del expediente original en la agencia y que pueda

ser útil al Tribunal de Apelaciones en la resolución de la

controversia. Regla 59 (E)(1), incisos a, c, d, e, f.

      Nuestro sistema judicial es adversativo y rogado, el cual

descansa sobre la premisa de que las partes son los mejores

guardianes de sus derechos e intereses. Bco. Bilbao v. González

Zayas, 155 DPR 589, 594 (2001); SLG Llorens v. Srio. De

Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000).         El incumplimiento con las

disposiciones reglamentarias sobre los recursos presentados en el

Tribunal de Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo
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v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v.

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). El Tribunal Supremo ha resuelto

que el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio,

por sí solo, no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas

procesales. Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714

(2003). En consecuencia, procede la desestimación de un recurso

por incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya provocado

un "impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda

atender    el    caso     en    los    méritos". Pueblo    v.    Rivera

Toro, supra, citando a Román Velázquez v. Román Hernández,

158 DPR 163, 167-168 (2002).

                                    III.

      De acuerdo con la mencionada normativa, hemos revisado

detenidamente el escrito de Cesáreo Rosado en el que expresa

que en el expediente penal del Departamento de Corrección le

aplicaron dos años de más a su sentencia.            No obstante, del

escrito del señor Cesáreo Rosado no surge que este acuda ante

nuestro foro para cuestionar una determinación final de la

agencia sobre referido asunto. El documento más reciente que el

peticionario    incluyó   en   el   apéndice   es   una   Solicitud   de

Reconsideración ante la División de Remedios Administrativos

firmada el 20 de marzo de 2022. De ese momento a la fecha del

presente recurso ha transcurrido más de diez meses.                   El

peticionario no nos informó en su recurso el desenlace de referida

moción de reconsideración.          Tampoco incluyó la determinación

final de la agencia sobre ese procedimiento, de forma tal que nos

permita examinar si el recurso se presentó a tiempo en nuestro

foro y así precisar nuestra jurisdicción.

      De manera que, el peticionario no hizo referencia, ni

acompañó documento administrativo alguno, susceptible de ser
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revisado por nosotros, lo que nos impide evaluar su recurso.

Sabido es que somos un foro revisor, y si no existe ni se nos

provee un dictamen anterior final sobre el asunto que aquí se nos

presenta, no tenemos facultad para atender la petición.       Como

foro apelativo nuestra jurisdicción, mediante recurso de revisión

judicial, está limitada a revisar determinaciones finales de las

agencias.   Al carecer el recurso ante nuestra consideración un

dictamen revisable, elemento esencial para revisión, tenemos el

deber de declararnos sin jurisdicción y desestimar el recurso.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expresados, se desestima el

recurso de epígrafe.

      Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario,

en la institución donde este se encuentre.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones