Court Opinion

ID: 9962650
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:39.107873+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:22.115209
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

                                                      Certiorari
  ROBERTO GONZÁLEZ                                    Procedente del
    LAGO, por sí y en                                 Tribunal de Primera
   representación de la                               Instancia, Sala
  SOCIEDAD LEGAL DE                                   Superior de Mayagüez
     GANANCIALES
    COMPUESTA POR
  ROBERTO GONZÁLEZ
  LAGO Y MARÍA IRENE                          Sobre:
   PORTELA RAMÍREZ                            Ejecución de
                                              Hipoteca, Propiedad
         Recurridos                           Comercial,
                                KLCE202400162 Cancelación o
               V.                             Restitución de Pagaré
                                              Extraviado, Cobro de
    ROSA MAXIMINA                             Dinero-Ordinario
 VARGAS SALES por sí y
 en representación de la
  comunidad de bienes
   post-gananciales; la
     SUCESIÓN DEL                                     Caso Núm.:
  FINADO DAVID RELIS                                  MZ2021CV00959(307)
  ACEVEDO CABRERA,                                    MZ2023CV01674(307)
 compuesta por su viuda
    ROSA MAXIMINIA
    VARGAS SALES y
    ESTEBAN DAVID
   ACEVEDO VARGAS;
       MAYAGÜEZ
    CEMETERY, INC.

       Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos la señora Rosa Maximina Vargas Sales y

otros (en adelante, parte peticionaria) para que revoquemos la

Resolución notificada el 10 de enero de 2024 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante, TPI).1

Por   virtud    de     esta,   se   declaró   Ha Lugar       la   Solicitud de

Reconsideración interpuesta por el señor Roberto González Lago (en

1 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 408-410.

Número Identificador
RES2024 ________
KLCE202400162                                                       2

adelante, el recurrido o señor González Lago), dejando sin efectos

ordenes previas mediante las cuales se ordenó que el recurrido fuese

evaluado para determinar su capacidad o no para ser depuesto.

       Evaluado el recurso, resolvemos expedir el auto de certiorari y

revocar el dictamen recurrido. Veamos.

                                       -I-

       El señor González Lago, su entonces esposa María Irene

Portela Morales (QDEP) y la parte peticionaria suscribieron el 1 de

agosto de 2001 un Contrato de Compraventa de Acciones, Contrato

de Prenda y sobre Garantía (en adelante, el Contrato), en el cual, la

parte peticionaria obtuvo todas las acciones de corporación

Mayagüez Cemetery, Inc. (en adelante, Mayagüez Cemetery) por el

precio convenido de $3,900,000.00.

       Para asegurar el balance adeudado por la parte peticionaria,

se suscribió un Contrato de Garantía y un Pagaré Hipotecario por la

suma principal de $3,600,000.00 para garantizar el pago total y

completo de las obligaciones contraídas en el Contrato.

       Luego de 20 años de haberse otorgado el Contrato, surgió una

controversia en torno a los pagos efectuados por la parte peticionaria

al recurrido durante ese periodo de tiempo. Ante este cuadro, el

señor González Lago presentó una Demanda —MZ2021CV00959—

por cobro de dinero el 30 de junio de 2021.2 En síntesis, alegó que

la parte peticionaria incumplió con su obligación de pago, por lo

cual, la cuantía adeudada era líquida y exigible.

       La parte peticionaria contestó la demanda y entre sus

defensas afirmativas adujo que el Pagaré Hipotecario se le entregó

al recurrido y se desconocía su paradero.3 Arguyó, además, que el

Contrato entre las partes fue objeto de múltiples modificaciones;

2 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 1-23.
3 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 26-31.
KLCE202400162                                                               3
entre ellos, ajustes en los pagos de los plazos y moratorias en los

pagos, a instancias del señor González Lago.

       Luego de varios trámites procesales, la parte peticionaria se

proponía deponer al señor González Lago como parte del

descubrimiento de prueba. El 22 de noviembre de 2022 el

recurrido     presentó     una     Moción      Informativa   Urgente     sobre

Descubrimiento de Prueba y Poder Duradero.4 Alegó que durante una

reunión con sus representantes legales presentó dificultad para

concentrarse y analizar asuntos medulares sobre su causa de

acción. Específicamente, expresó que:

       6. El 22 de noviembre de 2022, y de cara a la toma de
       testimonio oral de nuestro cliente, la abogada que suscribe se
       reunió con el demandante Roberto González Lago para la
       correspondiente preparación.

       7. No obstante, a pesar de que el señor González Lago ha
       participado activamente en el descubrimiento de prueba
       escrito y consistentemente ha mostrado conocimiento sobre los
       hechos que dan lugar al presente pleito, en la referida reunión
       presentó dificultad para concentrarse y analizar asuntos
       medulares sobre su causa de acción.

       8. Específicamente, nos hemos percatado que su memoria
       remota, así como su habilidad para analizar documentos, no
       es la idónea, y ello fue comunicado a la representación legal
       de la parte demandada el 123 de noviembre de 2022.5

       Por ello, le solicitó al TPI que tomara conocimiento, entre

otros, que la deposición quedó cancelada. Junto con la moción se

incluyó un Poder Duradero que data del 28 de febrero de 2017,

donde el señor González Lago nombró tres apoderados, entre estos

al señor Luis Núñez Salgado y al señor Leonardo Portela Torres (en

adelante, los apoderados).6 Se adjuntó, además, una carta del Dr.

Arturo A. Ortiz Padua, neurólogo del señor González Lago,

explicando que el recurrido tiene un diagnóstico de Alzheimer e ictus

cerebral (stroke) desde el año 2017. Añadió el galeno que:

     El Sr. Leonardo Portela nos indica que el paciente confronta un
     proceso legal, y próximamente sería sometido a una extensa
     deposición. Sin embargo, debido a su proceso cognitivo,
     aunque no está en etapa severa, el paciente tiene problemas

4 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 112-116.
5 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, pág. 112.
6 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 119-126.
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     de atención, concentración, y memoria. Ciertamente una
     deposición requiere un rango de atención y memoria intacta, y
     someter al paciente a dicha deposición presentara problemas
     de concentración y fatiga mental. No recomendamos que el
     paciente sostenga dicho interrogatorio.

     El Sr. Leonardo Portela, sobrino del paciente, solicitó esta carta
     para propósitos informativos, accedió a divulgar la información
     médica detallada anteriormente, y a los términos a
     continuación. El recipiente de esta carta debe mantener la
     confidencialidad de esta información y no divulgarla a terceros
     sin el consentimiento expreso del Sr. Leonardo Portela, de
     acuerdo con la ley de privacidad HIPAA. Esta carta es para
     propósitos informativos solamente y no necesariamente
     consiste en una declaración de incapacidad ante un
     tribunal, bajo el juramento correspondiente y con un
     testimonio pericial detallado por quien suscribe esta
     carta. Si en un futuro una declaración por nuestra parte fuese
     eventualmente necesaria ante el tribunal, los arreglos
     correspondientes de honorarios por tal declaración deberán de
     hacerse con antelación a la vista en el tribunal a través de
     abogado.7

       Ante este cuadro, el recurrido sostuvo que sus condiciones

cognitivas se agravarían si lo deponían.

       El 27 de diciembre de 2022, la parte peticionaria presentó

una Moción en Cumplimiento de Orden de Réplica y Solicitando

Remedios,8 en la cual, solicitó al TPI que: se examinara el estado

mental del señor González Lago, se continuara —manera limitada—

con el descubrimiento de prueba y le ordenara a éste a cumplir con

una Resolución emitida por el Tribunal Municipal de Guaynabo en

el año 2019, en la cual se ordenó a la entonces representación legal

del recurrido a presentar una petición sobre declaración de

incapacidad ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior.9

Además, dicho foro municipal ordenó que se le rindieran informes

cada tres meses en cuanto al estado mental del señor González Lago.

       El 23 de enero de 2023, el TPI emitió una Resolución y Orden

mediante la cual ordenó la presentación de la petición de

incapacidad del recurrido en un término de 30 días y ordenó la

7 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, pág. 118.
8 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 146-154.
9 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 185-197.
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paralización de los procedimientos hasta que se determinara la

capacidad mental de este.10

        El 13 de febrero de 2023, el recurrido presentó una Solicitud

de Reconsideración.11 En ella, se expuso que el señor González Lago

había      presentado       mecanismos         efectivos      y   alternativas

fundamentadas en derecho para evitar la paralización de los

procedimientos. Arguyó que la referida Resolución a la cual la parte

peticionaria hacía alusión, iba dirigida a la representante legal que

en aquel entonces representaba al señor González Lago en un pleito

independiente y aislado al caso de epígrafe. Por otra parte, señaló

que la Sala Municipal —al emitir la orden en controversia— carecía

de jurisdicción para atender asuntos sobre la incapacidad de los

litigantes. Además, resaltó que el Poder Duradero atendía el asunto

de la posible incapacidad del recurrido con el nombramiento de los

apoderados. El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del recurrido.

        Inconforme, el 28 de marzo de 2023 el señor González Lago

acudió en certiorari ante este Panel —en el caso alfanumérico

KLCE202300475—. En esencia, adujo que el TPI incidió al paralizar

los procedimientos y al no permitir la utilización del Poder

Duradero.12

        Así, el 31 de mayo de 2023 emitimos una Resolución

denegando el auto de certiorari por considerar que, además de

cuestionarse la capacidad mental del señor González Lago, se

alegaron     ciertos    actos,    posiblemente       indicativos,    de   una

modificación de los términos del contrato, por lo que encontramos

que el TPI no incidió al ordenar el cumplimiento con el trámite de la

petición de incapacidad. Además, siendo la capacidad del señor

González Lago un aspecto cuya aclaración resultaba necesaria para

10 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 213-214.
11 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 219-230.
12Roberto González Lago, et al. v. Rosa Maximina Vargas Sales, et al.,
KLCE202300475.
KLCE202400162                                                                 6

la    adjudicación    de    la   demanda      en    sus   méritos,     tampoco

encontramos que la determinación del TPI —de paralizar los

procedimientos ante sí— hubiese constituido un error. En fin, esta

Curia no encontró prejuicio, parcialidad o error craso para intervenir

con la determinación del foro primario.

        El 25 de septiembre de 2023, el señor González Lago,

representado por sus apoderados (en conjunto, la parte recurrida),

presentó una segunda demanda —MZ2023CV01674— de cobro de

dinero por los mismos hechos y elevó ante la consideración del TPI

la existencia del Poder Duradero.

        Ante este cuadro, el 28 de septiembre de 2023 la parte

peticionaria presentó una Moción Solicitando Orden para que se

ordenara el cumplimiento de la orden expedida por el TPI y

confirmada por este foro apelativo en el KLCE202300475.

        Más tarde, la parte recurrida solicitó la consolidación de los

casos    MZ2021CV00959           y     MZ2023CV01674          porque    “ambas

demandas comparten la misma parte demandante —representada

por dos de sus apoderados—, los mismos hechos y la misma causa

de acción”.13

        El 2 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden.14 En apretada síntesis, alegó que

con     la   comparecencia        de    los    apoderados       en     el   caso

MZ2023CV01674, atendía la controversia en torno a la capacidad o

falta de ella del señor González Lago. La parte peticionaria se opuso

mediante Replica Urgente a Moción en Cumplimiento de Orden y

Solicitando se Ordene el Cumplimiento de la Orden de Manera

Perentoria.15

13 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 371-374.
14 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 375-377.
15 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 378-380.
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       Examinados los escritos, el 14 de noviembre de 2023,16 el

TPI emitió una Resolución y Orden. Mediante esta, ordenó la

consolidación de los casos MZ2021CV00959 y MZ2023CV01674. En

las misma fecha, el foro de instancia emitió y notificó una segunda

Resolución y Orden, donde ordenó a la parte recurrida a cumplir con

la orden emitida el 23 de enero de 2023, en un término de 30 días

perentorios. Se le apercibió que el incumplimiento de esta orden

conllevaría la desestimación del caso.17

       Insatisfecha, el 15 de diciembre de 2023 la parte recurrida

presentó    ante    el   TPI    una    Solicitud   de    Reconsideración. 18

Oportunamente, la parte peticionaria se opuso mediante Réplica

Moción de Reconsideración el 18 de diciembre de 2023.19

       Luego de examinar los escritos de ambas partes, el 10 de

enero de 2024 el TPI emitió una Resolución Reconsideración y

Orden, declarando Ha Lugar la solicitud de reconsideración de la

parte recurrida. Consecuentemente, el foro primario dejó sin efecto

la Resolución y Orden del 14 de noviembre de 2023, por entender

que el Poder Duradero había resuelto la controversia en torno a la

capacidad del señor González Lago.

       Inconforme, el 8 de febrero de 2024 la parte peticionaria

compareció ante nos mediante Petición de Certiorari e imputó la

comisión de los siguientes dos (2) errores:

       Primer Error: El TPI incurrió en error manifiesto
       reconsiderar y dejar sin efecto su determinación de
       ordenar que se cumpliera con su orden para el
       cumplimiento de la Resolución del Tribunal de
       Guaynabo, del propio Tribunal de Primera Instancia y el
       mandato del Tribunal de Apelaciones sobre la
       incapacidad del recurrido Roberto González.

16 Notificada el 30 de noviembre de 2023.
17 Recordemos que el 23 de enero de 2023, el TPI emitió una Resolución y Orden

mediante la cual ordenó la presentación de la petición de incapacidad del
recurrido en un término de 30 días y ordenó la paralización de los procedimientos
hasta que se determinara la capacidad mental de este. Véase, Apéndice de la Parte
Peticionaria, págs. 213-214.
18 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 392-402.
19 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, págs. 405-407.
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       Segundo error: El TPI incurrió en error manifiesto al
       dejar sin efecto su determinación de ordenar que se
       cumpliera con su orden para el cumplimiento de la
       Resolución del Tribunal de Guaynabo, del Propio
       Tribunal de Primera Instancia y el mandato del Tribunal
       de Apelaciones sobre la incapacidad del recurrido
       Roberto González, todo ello por existir un Poder Duradero
       que no atiende los reclamos de la peticionaria sobre la
       participación de este en el descubrimiento de prueba
       circunstancia esencial del descubrimiento de prueba
       según los asuntos planteados y reconocidos por el
       Tribunal de Apelaciones los cuales son finales.

       El 20 de febrero de 2024, la parte recurrida presentó su

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de

autos.

                                      -II-

                                      A.

       Sabido es que el auto de certiorari constituye “un vehículo

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior”.20 Por discreción

se entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es,

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.21 En ese sentido,

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las instancias en que

este foro habrá de atender y revisar mediante este recurso las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera

instancia, a saber:

       [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación

20 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).
21 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202400162                                                              9
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión.

       Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por
       el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia
       sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
       perjudiciales.22

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante este recurso, nuestros oficios

se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones. 23 Esta Regla 40 adquiere mayor

relevancia en situaciones en las que, de ordinario, no están

disponibles      otros    métodos      alternos     para   la   revisión   de

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.24

Por lo cual, debemos tomar en consideración los siguientes criterios

que dicha Regla 40 establece; a saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia.

                                        B.

       En cuanto a los mecanismos para llevar a cabo el

descubrimiento de prueba se ha establecido que deben realizarse de

forma amplia y liberal.25 Lo anterior tiene como propósito facilitar

22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
23 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40
24 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339.
25 Véase,Rivera y Otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Alvarado v.
Alemany; 157 DPR 672 (2002).
KLCE202400162                                                                 10

la tramitación de pleitos, evitando, al mismo tiempo, que se cometan

injusticias cuando las partes desconocen sobre situaciones

pertinentes a las controversias.26

         Como principio básico, “las partes tienen derecho a descubrir

toda la información relacionada con su caso, independientemente de

quién la posea.”27 Por tanto, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil

dispone lo siguiente:

         El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea
         limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con las
         disposiciones de estas reglas, será como sigue:

         (a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento sobre
         cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al
         asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a
         la reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la
         existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y
         localización de cualesquiera libros, información almacenada
         electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, y la
         identidad y dirección de personas que conozcan hechos
         pertinentes. No constituirá objeción el que la información
         solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una
         probabilidad razonable de que dicha información conduzca al
         descubrimiento de evidencia admisible.28

         Por otro lado, solo se han señalado dos limitaciones al

descubrimiento de prueba: (a) que la información objeto del

descubrimiento no sea privilegiada, y (b), que la misma sea

pertinente a la controversia.29 A tono con lo anterior, para que una

materia sea objeto de descubrimiento “basta con que exista una

posibilidad razonable de que tenga relación con el asunto en

controversia.”30

         Por su parte, se ha apuntalado la amplia discreción del TPI

“para proteger a las partes u a otras personas objeto del

descubrimiento de hostigamiento, perturbación u opresión, así como

de cualquier gasto o molestia indebida.”31 Lo anterior responde a la

obligación del foro primario “de garantizar una solución justa, rápida

26 Id.
27 Rivera y Otros v. Banco Popular, supra, pág. 152.
28 32 LPRA Ap. V, R. 23.1.
29 Véase, Rivera y Otros v. Banco Popular, supra, pág. 153; Alvarado v. Alemany,

supra, pág. 683; General Electric v. Concessionaries, Inc., supra, pág. 39.
30 General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 DPR 32, 41 (1986).
31 32 LPRA Ap. V, R. 23.2.
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y económica del caso, sin ventajas para ninguna de las partes.” 32

Por consiguiente, no se interfiere con el foro primario en el ejercicio

de sus facultades discrecionales “excepto en aquellas situaciones en

que se demuestre que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad,

(2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo.”33

       Ahora bien, de ocurrir alguna controversia en torno al

descubrimiento, la Regla 34.1 dispone que:

       Cuando surja una controversia en torno al descubrimiento de
       prueba, el tribunal sólo considerará las mociones que
       contengan una certificación de la parte promovente en la que
       indique al tribunal en forma particularizada que ha realizado
       esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe, para tratar
       de llegar a un acuerdo con el abogado de la parte adversa
       para resolver los asuntos que se plantean en la moción y que
       éstos han resultado infructuosos.34

                                        C.

       Nuestro ordenamiento procesal reconoce el examen físico y

mental como un mecanismo útil de descubrimiento de prueba.35 La

Regla 32 de Procedimiento Civil regula el examen físico y mental de

las personas que sean partes en el litigio. La misma dispone lo

siguiente:

       En un pleito en el cual el estado mental o físico, incluyendo el
       grupo sanguíneo o la estructura genética, de una parte o de
       una persona bajo su tutela, custodia o patria potestad esté en
       controversia, la sala ante la cual esté pendiente el pleito podrá
       ordenarle que se someta a un examen físico o mental por un o
       una profesional autorizado o autorizada por ley para
       efectuarlo o para que presente para examen a la persona que
       esté bajo su tutela, custodia o patria potestad. En los casos en
       que la parte formule alegaciones sobre su estado físico o
       mental, se entenderá que ha renunciado a su derecho a la
       intimidad sobre aquellos expedientes médicos o sicológicos
       relacionados con la controversia. La orden se podrá dictar a
       solicitud de parte, previa moción y notificación a la parte que
       haya de ser examinada y a todas las demás partes, y en ella
       se especificarán la fecha, la hora, el lugar, el modo, las
       condiciones y el alcance del examen, y el o la profesional, o
       los o las profesionales que habrán de hacerlo.36

32 Rivera y Otros v. Banco Popular, supra, en la pág. 154.
33 Id, pág. 155.
34 32 LPRA Ap. V, R. 34.1.
35 Otero v. Delbrey, 144 DPR 688, 699-700 (1998).
36 32 LPRA Ap. V, R. 32.1.
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         En esencia, esta Regla establece dos condiciones o límites

sustantivos para que los tribunales de instancia puedan ordenar un

examen físico o mental debidamente solicitado: (1) el examen debe

referirse a una parte del pleito, y (2), tiene que estar en controversia

el estado físico o mental de esa parte. 37 En cuanto a la segunda

condición, nuestro máximo foro ha expresado que las meras

alegaciones no bastan para que el tribunal ordene que una parte se

someta a un examen mental o físico. El promovente tiene que

demostrar que existe una controversia legítima sobre el estado físico

o mental de la persona cuyo examen de solicita, ofreciendo datos y

razonamientos que le permitan al foro a quo decidir si debe ordenar

el examen. 38 Con la obligación de demostrar que existe una

controversia legítima sobre el estado físico o mental de un parte, los

tribunales se aseguran de que el promovente no utilice el mecanismo

del examen físico o mental como un medio para hostigar a la otra

parte.

         Es menester resaltar que los tribunales no pueden ejercer de

forma ligera su facultad para ordenar un examen físico o mental.

Esto se debe a que la facultad de los tribunales es discrecional y solo

deber ejercerse después de sopesar los efectos de esta intromisión

personal. 39

                                  -III-

         Acude ante nos la parte peticionaria y nos plantea la comisión

de dos errores.

         En primer lugar, señala que el TPI erró al dejar sin efecto su

resolución, la resolución del TPI de Guaynabo y el mandato de esta

Curia (KLCE202300475) mediante los cuales se ordenó una

evaluación médica para determinar si el señor González Lago es o

37 Otero v. Delbrey, supra.
38 Id, pág. 701.
39 Id.
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no capaz de atender los asuntos relevantes a su causa de acción. En

segundo lugar, indica que el TPI erró al aceptar el Poder Duradero,

ya que este no resuelve la controversia en torno a la participación

del señor González Lago en el descubrimiento de prueba. Tiene

razón. Veamos.

       Tal y como resolvimos en la Resolución del 31 de mayo de

2023, en el caso núm. KLCE202300475, la naturaleza de las

alegaciones hace necesario que se dilucide la capacidad mental del

señor González Lago.

       Nótese además, que tanto el Poder Duradero como la carta del

Dr. Arturo A. Ortiz Padua, no concluyen que el recurrido sea una

persona mentalmente incapaz. El propio Dr. Arturo A. Ortiz Padua

expresó, que la carta “[…] es para propósitos informativos

solamente y no necesariamente consiste en una declaración de

incapacidad         ante      un     tribunal,       bajo   el   juramento

correspondiente y con un testimonio pericial detallado por

quien suscribe esta carta”.40

       Consideramos meritorio que el señor González Lago se someta

a una evaluación médica para determinar —de una vez y por todas—

si en efecto está incapacitado mentalmente para atender los asuntos

de su causa de acción. Confirmar la Resolución recurrida sería

limitar los mecanismos de descubrimiento de prueba de la parte

peticionaria sin tener claro, si el recurrido está mentalmente

incapacitado o no.

       No vemos razón alguna por la cual el recurrido no pueda o no

deba ser examinado. Sobre todo, cuando su propio neurólogo se

ofreció a brindar declaración ante el tribunal.

       Ha pasado demasiado tiempo y se le han brindado numerosas

oportunidades al señor González Lago para cumplir con lo ordenado

40 Véase, Apéndice de la Parte Peticionaria, pág. 118.
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por el TPI en la Resolución y Orden emitida el 23 de enero de 2023,

y sostenida por esta Curia, en la Resolución del 31 de mayo de

2023.

                                  -IV-

        Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de

certiorari solicitado y en consecuencia, revocamos la Resolución

recurrida. Se devuelve el caso al TPI para que continúe con los

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones