Court Opinion

ID: 9941490
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:27.844135+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.635251
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

                                               APELACIÓN
AIXA PASTOR                                    procedente del
CANALES                                        Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
Apelante                                       Superior de San Juan
           v.                KLAN202300934 Civil Núm.:
                                               SJ2022CV10670
Dr. CARLOS MELLADO
y OTROS                                        Sobre:
                                               Derecho Laboral,
Apelados                                       Discrimen, Represalia e
                                               Injunction Permanente

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

      La señora Aixa Pastor Canales (apelante) acude ante nos

mediante recurso de apelación y solicita que revoquemos la

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, (TPI) el 26 de septiembre de 2023. Mediante

la misma, el foro primario convirtió la moción de desestimación

presentada por la Administración de Servicios Médicos de Puerto

Rico (ASEM o parte apelada) en una solicitud de sentencia sumaria

y la declaró ha lugar. Así, el TPI dictó sentencia sumaria a favor de

la ASEM y desestimó la demanda de epígrafe.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                  I.

      Según surge del expediente, los hechos que originan la

presente causa se remontan a abril de 2022, cuando la ASEM le

notificó a la señora Pastor Canales, quien se desempeñaba como

técnico quirúrgico, el inicio de una acción disciplinaria en su contra

Número Identificador
SEN2024 __________________
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por incurrir en varias faltas de las Normas de Conducta y Medidas

Disciplinarias. Específicamente, por arrojar un resultado positivo de

sustancias controladas prohibidas a funcionarios y empleados en

puestos sensitivos, así como por rehusarse a participar del

programa de orientación, tratamiento y rehabilitación requerido por

el patrono.

      El 27 de abril de 2022 se celebró una vista ante el Oficial

Examinador, a la cual compareció la señora Pastor Canales

acompañada por la representante sindical de la Unión General de

Trabajadores a la cual pertenecía, la señora Zaida Cancel. También

estuvo presente la ASEM, representada por la licenciada Ivonne

Cruz Serrano, la directora asociada de relaciones laborales y la

funcionaria de enlace de la agencia.

      Del Informe del Oficial Examinador se desprende que la ASEM

presentó la siguiente prueba documental: Normas de Conducta y

Medidas Disciplinarias de la Administración de Servicios Médicos de

Puerto Rico; Reglamento del Programa de Pruebas para la Detección

de Sustancias Controladas en Funcionarios y Empleados dela

ASEM; hoja de descripción del puesto y cuestionario de clasificación

de la empleada Aixa Pastor Canales; Certificación de Documentos

entregados a empleados nuevos unionados firmado por la empleada;

Estipulación sobre la Política del Programa Permanente para la

Detección de Sustancias Controladas firmada por la empleada;

documento relacionado con la toma de muestras especiales

ponchada el 7 de abril de 2022; comunicación fechada 12 de abril

de 2022; notificación de recomendación de acción disciplinaria y

recomendación de medida disciplinaria. Además, la ASEM presentó

el testimonio de la funcionaria del Programa de Sustancias

Controladas.

      A raíz de lo anterior, el 10 de mayo de 2022, las partes

suscribieron una Estipulación de Transacción por Renuncia de
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Empleada. En este documento, convinieron transigir el pleito, sin

que ello implicara la aceptación alguna de incumplimiento de

reglamento alguno y/o negligencia por parte de la ASEM. Asimismo,

se esbozó que la transacción consistía en que la ASEM aceptaba la

renuncia irrevocable de la señora Pastor Canales al puesto que

ocupaba de técnico quirúrgico “por motivo de otro empleo”. Además,

la señora Pastor Canales aceptó y entendió que eran correctos los

cargos formulados en su contra y que fue advertida de que éstos

permanecerían en su expediente de empleado que obra en la oficina

de Recursos Humanos de la ASEM. En lo pertinente, el acuerdo

expuso lo siguiente:

      […]

 10. La empleada Aixa Pastor Canales y la unión (UGT)
     aceptan los acuerdos dispuestos en la presente
     estipulación, y, por consiguiente, renuncian a todas
     aquellas reclamaciones de naturaleza contractual,
     extracontractual, laboral, o de cualquier otra índole y
     que hayan sido alegadas por dicha parte contra la
     ASEM, sus empleados, agentes, supervisores,
     directores y contratistas. Del mismo modo, la
     empleada y la unión renuncian a cualquier causa de
     acción de naturaleza contractual, extracontractual,
     laboral o de cualquier otra índole, contra la ASEM,
     sus empleados, agentes, supervisores, directores y
     contratistas, que surjan como consecuencia de los
     hechos que dieron lugar al presente caso. (Énfasis
     nuestro).

 11. Una vez acordado y firmada la presente estipulación,
     y cumplido el compromiso de la Administración de
     Servicios Médicos de Puerto Rico, según las
     condiciones redactadas en la presente estipulación,
     la empleada y la unión desistirán con perjuicio de
     sus causas de acción de cualquier índole, sean estas
     pasadas, presentes y futuras que pudiera tener
     contra la ASEM. (Énfasis nuestro).

 12. La aceptación de la empleada del presente acuerdo se
     entenderá como una voluntaria, libre de coacción o
     represalias.

      […]

      Por entender que la aludida estipulación no era lesiva al

interés de la ASEM, ni al interés público, el Oficial Examinador

recomendó que se diera por concluido el procedimiento y se
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ordenara a las partes al estricto cumplimiento de sus términos y

condiciones. Posteriormente, el director ejecutivo de la ASEM, como

la autoridad nominadora, aprobó el mencionado informe.

       A pesar del antedicho acuerdo, el 12 de noviembre de 2022,

la señora Pastor Canales incoó una Demanda sobre discrimen,

represalias e injunction permanente, en contra de la ASEM. Alegó

que es paciente de cannabis medicinal con una licencia debidamente

expedida por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Añadió que

trabajó para la ASEM por 14 años y que, en el 2022, se le formularon

cargos por arrojar positivo a THC, un componente de cannabis, en

una prueba de drogas. Ante ello, la señora Pastor Canales arguyó

que, para evitar ser despedida, el patrono le sugirió dejar su

tratamiento médico, acogerse a un programa de orientación contra

consumo de drogas y someterse a un procedimiento antidrogas, a lo

cual se negó. Además, manifestó en su demanda que la ASEM le

informó que sería destituida, no sin antes ofrecerle renunciar a su

empleo si firmaba una estipulación.

       Asimismo, la señora Pastor Canales alegó que aceptó la

estipulación, pero no estuvo representada legalmente, ni antes, ni

durante su firma. Adujo que fue forzada a dicho acto y discriminada

por razón de salud. Entre otros remedios, solicitó el pago de la

indemnización del doble de los daños que demostrara, reinstalación

a su empleo y que se expidiera una orden de cese y desista contra

la ASEM de violar las leyes vigentes.1

       En atención a lo anterior, el 13 de abril de 2023, la ASEM

instó una Moción Solicitando la Desestimación de la Demanda al

Amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, en la cual

enumeró 12 hechos materiales sobre los cuales entendía que no

existía controversia y solicitó al tribunal que considerara su moción

1 Apéndice del recurso, págs. 27-36.
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como una de sentencia sumaria. Particularizó que procedía

desestimar    la   demanda      de   referencia   por    los   siguientes

fundamentos:

   A. La demandante está impedida por sus propios actos de
      presentar   una    reclamación     contraria a   las
      representaciones que incluyó en la estipulación
      transaccional que suscribió con la ASEM.

   B. Como Técnica Quirúrgica en el área de Servicios
      Quirúrgicos de la ASEM, la demandante ocupaba un
      puesto clasificado como “sensitivo” bajo la Ley Núm. 78
      de 14 de agosto de 1997 (Ley para Reglamentar las
      Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas
      en el Empleo en el Sector Público), 3 L.P.R.A. Sec. 2501
      (k) (Ley 78-1997), que la exponía ser destituida de su
      puesto si teniendo un resultado positivo a alguna
      sustancia controlada la demandante se rehusaba a
      participar en el programa de rehabilitación adoptado
      por la ASEM.

   C. La demandante no es acreedora a la protección de
      empleo dispuesta en la Ley Núm. 42 de 9 de julio de
      2017, según enmendada (Ley Medicinal), 24 L.P.R.A.
      Sec. 2626e-1, por cuanto al estar ocupando un puesto
      clasificado como “sensitivo” bajo la Ley 78-1997, el uso
      de una sustancia controlada, como lo es el Cannabis,
      interfiere con su desempeño y funciones esenciales de
      su trabajo.

   D. Toda vez que la protección de empleo que provee la Ley
      Medicinal está sujeta a la condición de que la utilización
      del Cannabis no interfiera con el desempeño y
      funciones esenciales del trabajo de la demandante, 24
      L.P.R.A. Sec. 2626e-1 ( C ), quien ocupaba un puesto
      clasificado por la Ley 78-1997 como “sensitivo” por
      participar directamente en la prestación de servicios
      médicos, la estipulación transaccional que suscribió la
      demandante con la ASEM no es nula pues no es
      contraria a la ley ni al orden público.2

      Por su parte, la señora Pastor Canales presentó su Oposición

a Moción de Desestimación de la Demanda. En su comparecencia,

admitió algunos hechos propuestos sobre los cuales la ASEM

entendía que no existía controversia y negó otros. A su vez,

argumentó que en el presente caso no concurrían los elementos

necesarios para la desestimación de la demanda, ni para que se

2 A la mencionada moción, la ASEM anejó: Notificación Recomendación Acción

Disciplinaria; Recomendación para Aplicación de Medida Disciplinaria;
Estipulación de Transacción por Renuncia de Empleada; Informe del Oficial
Examinador y Reglamento del Programa de Pruebas para la Detección de
Sustancias Contraladas en Funcionarios y Empleados de la Administración de
Servicios Médicos de Puerto Rico. Íd., págs. 37-82.
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dictara sentencia sumaria. En esencia, alegó que, de la prueba

sometida por la ASEM surgía claramente que la única razón para la

formulación de cargos, la estipulación y la terminación de empleo

fue el resultado positivo al uso de cannabis. En ese sentido, arguyó

que nunca se le imputó pobre desempeño en sus labores o poner en

riesgo la vida de algún paciente, como tampoco se hizo referencia a

que las funciones esenciales que ofrece su puesto fueron afectadas.

Por tanto, sostuvo que no existía fundamento alguno para concluir

que no estaba protegida por las disposiciones de la Ley Núm. 42-

2017. En conclusión, adujo que, si el TPI concedía la moción de

desestimación, se le despojaría de derechos adquiridos (como la

licencia para el uso del cannabis) y de su derecho a seleccionar el

tratamiento médico más beneficioso para su salud. Puntualizó que

procedía declarar nula e ineficaz la estipulación pactada con la

ASEM y continuar con los procedimientos.3

       Considerado todo lo anterior, el 26 de septiembre de 2023 el

TPI dictó la Sentencia aquí en cuestión. Según adelantado, el foro

juzgador convirtió la moción de desestimación presentada por la

ASEM en una solicitud de sentencia sumaria y la declaró ha lugar.

Consecuentemente, el TPI dictó sentencia sumaria a favor de la

ASEM y desestimó la demanda de epígrafe. En su análisis, el

Tribunal concluyó que la señora Pastor Canales no logró establecer

la existencia de una controversia real sustancial sobre ninguno de

los hechos propuestos como incontrovertidos por la ASEM. En

síntesis, el foro primario expresó que la controversia ante su

consideración se reducía a la determinación del derecho aplicable a

la reclamación de la señora Pastor Canales, en materia de

transacción judicial. Así, expuso que, por ser una cuestión de

3 Apéndice del recurso, págs. 166-314.
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derechos, ésta era susceptible de ser adjudicada al amparo de la

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36

       El TPI coligió que, contrario a la interpretación de la señora

Pastor Canales, en la estipulación transaccional suscrita con la

ASEM existían concesiones recíprocas. Específicamente, sostuvo

que la señora Pastor Canales aceptó que, a cambio de su renuncia,

no sería destituida de su empleo. Asimismo, estableció que, como

parte del acuerdo transaccional, ésta aceptó los cargos formulados

en su contra y renunció a todas las reclamaciones de naturaleza

contractual, extracontractual, laboral o de cualquier otra índole que

surgieran como consecuencia de los hechos que dieron lugar al

procedimiento disciplinario.

       Con un enfoque en la doctrina de los actos propios y el

principio de la libertad de contratación, el foro a quo concluyó que

la señora Pastor Canales estaba impedida de impugnar la

Estipulación de Transacción por Renuncia de Empleada que suscribió

como consecuencia de la acción disciplinaria iniciada en su contra.

Hizo hincapié en que dicho documento tenía el efecto de cosa

juzgada. El tribunal sentenciador también indicó que la estipulación

atañida no adolecía de falta de causa, no era el resultado de fraude

o dolo, no era contraria a la ley o el orden público, como tampoco se

alegó que en el proceso de firmar el acuerdo medió error, dolo,

violencia o intimidación. Por último, el foro primario expresó que la

señora Pastor Canales renunció libre, voluntaria e informadamente

a presentar las causas de acción que acumuló en la demanda de

epígrafe.4

       Insatisfecha, la señora Pastor Canales acude ante nos y alega

que el TPI cometió los siguientes errores:

       PRIMERO - Erró el Tribunal al no considerar las
       alegaciones no controvertidas de la Demanda y al hacer
       determinaciones de hecho contrarias a las mismas.

4 Id., págs. 106-118.
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      SEGUNDO - Erró el Tribunal al concluir que la
      Estipulación Transaccional es válida y obligatoria sin
      estar presentes los requisitos esenciales para su validez
      y sin contar con la aprobación del Secretario del
      Trabajo.

      TERCERO - Erró el Tribunal al concluir que la Apelante
      ocupaba un puesto "sensitivo", ausente evidencia
      alguna a tales efectos.

      El 14 de noviembre de 2023, la ASEM compareció mediante

Moción Solicitando Desestimación de la Apelación y Alegato de la

Apelada Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. Con el

beneficio de la comparecencia de todas las partes, procedemos a

resolver.

                                  II.

                                  A.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap.

V, R. 36; Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto

el 23 de agosto de 2023. El propósito principal de este mecanismo

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. Adorno

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022); Rivera Matos et al. v.

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); González Santiago v.

Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González et

al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). Los tribunales pueden

dictar sentencia sumaria respecto a una parte de una reclamación

o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra. La sentencia sumaria procederá

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como
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cuestión de derecho, procede hacerlo. Véase, S.L.G. Zapata Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213-214 (2010).

        El promovente debe presentar una moción fundamentada en

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1; Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328, 341-

342 (2020). La controversia sobre los hechos esenciales que genera

el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir,

tiene que ser de tal naturaleza que permita concluir que existe una

controversia   real    y   sustancial   sobre   hechos   relevantes   y

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214;

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.

        Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar

dicha    moción    a   través   de   declaraciones   juradas   u   otra

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales

que están en disputa que demuestren que existe una controversia

real que debe ser dilucidada en un juicio. Si no lo hace se dictará en

su contra la sentencia sumaria si procediere. Luan Invest. Corp. v.

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). Ahora, el hecho

de no oponerse a la solicitud de sentencia sumaria no implica

necesariamente que ésta proceda si existe una controversia legítima

sobre un hecho material. Sin embargo, el demandante no puede

descansar en las aseveraciones generales de su demanda, “sino que,

a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a ‘demostrar que [tiene]

prueba para sustanciar sus alegaciones'”. Ramos Pérez v. Univisión,

supra, pág. 215, citando a Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR

521, 525 (1983).
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      Nuestro estado de derecho les exige a los tribunales que,

independientemente de cómo resuelvan una moción de sentencia

sumaria, emitan una lista de los hechos que encontró que no están

en controversia en el pleito y los que sí lo están. Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 117. Al evaluar la solicitud

de sentencia sumaria,    el   juzgador   deberá:   (1)   analizar   los

documentos      que     acompañan        la    moción      solicitando

la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en oposición y

aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma

alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136

DPR 881, 913-914 (1994). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que, casos en los cuales existan elementos subjetivos, de

intención, propósitos mentales o negligencia o cuando el factor de

credibilidad sea esencial, no es apropiado dictar sentencia sumaria.

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión que debe

utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello,

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La labor de

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).

Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera
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Instancia      aplicó    correctamente       el    derecho      a     la

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

119. Véase, además, Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, resuelto el 26 de

junio de 2023.

                                  B.

        En Puerto Rico existe el principio de la libertad de

contratación. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173

(2011). El contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual dos (2)

o más partes expresan su consentimiento en la forma prevista por

la ley, para crear, regular, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec.

9751.

        El contrato queda perfeccionado desde que las partes

manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en

los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva. Existe

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación

cuando el oferente recibe la aceptación. Artículos 1237 y 1238 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 9971 y 9772.

        El objeto del negocio jurídico debe ser determinable. No

pueden ser objeto del negocio jurídico los hechos de realización

imposible, ilícitos, inmorales, contrarios al orden público, a las

buenas costumbres, o lesivos de derechos de terceros. Artículo 269

del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 6131. Existe

consentimiento por el concurso de la oferta y de la aceptación

cuando el oferente recibe la aceptación.

        No obstante, ante la inexistencia de alguno de los requisitos

antes mencionados, el contrato podrá ser nulo o anulable. El

causante del dolo, la violencia o la intimidación queda sujeto a la

indemnización de los daños y perjuicios resultantes. La prueba de
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la existencia del vicio y de su carácter incumbe a quien lo alega.

Artículo 285 y 286 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA

sec. 6191 y 6192.

       Es a partir del perfeccionamiento de un contrato, que las

partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente

pactado y a las consecuencias que se deriven de éste, ello conforme

a la buena fe, al uso y a la ley. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 19

(2005). Cuando un contrato es legal, válido y carente de vicios del

consentimiento, constituye la ley entre las partes y debe cumplirse

a tenor de éste. Íd. La persona que de cualquier modo contraviene

el tenor de su obligación, debe indemnizar los daños y perjuicios

causados. Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9303.

       Debe tenerse presente que el principio de la autonomía

contractual no es irrestricto y está sujeto a la intervención de los

tribunales. Empero, esas intervenciones deben proceder con

sensatez y cautela, solamente cuando una de las prestaciones

resulte excesiva, abusiva y una desproporción intolerable en las

prestaciones. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, págs. 181-

182.

                                 III.

       En esencia, la apelante intenta establecer que existe

controversia sobre las determinaciones de hechos establecidas por

el TPI. En su primer señalamiento de error, esboza que el TPI no

podía dictar sentencia al palio de la Regla 36 de Procedimiento Civil,

supra. Razona que los documentos sometidos por la parte apelada

en su moción de desestimación no constituían hechos adjudicados,

ni eran copias certificadas. Sostiene que tampoco se sometió

declaración jurada en torno a los hechos que la parte apelada

propuso que estaban incontrovertidos. Ante ello, entiende que estos

eran inadmisibles para propósitos de la consideración de la moción
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de desestimación al amparo de la Regla 10.2 inciso 5, ni para

sentencia sumaria bajo la Regla 36.

      En su segundo señalamiento, la apelante expone que la

estipulación en cuestión es nula e ilegal por no contar con la

aprobación del Secretario del Trabajo e ir en contra del orden público

y de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En particular,

alega que la Ley Núm. 42-2017, conocida como la Ley Medicinal, la

protege contra el discrimen por razón de ser paciente autorizada de

cannabis medicinal. Entiende que erró el TPI al no analizar e

interpretar dicha legislación en su sentencia.

      La apelante añade que el contrato de transacción que

impugna estuvo viciado de nulidad por varias razones, como, por

ejemplo, que en el consentimiento prestado por ésta medió dolo,

error (porque fue inducida a creer que violó el reglamento aplicable),

violencia e intimidación (porque tenía temor a que de su expediente

surgiera una destitución que le afectara su futuro o falsedad de

documentos). Puntualiza que firmó la estipulación a causa de que

la parte apelada le indicó que, de no hacerlo, sería destituida.

Además, que lo hizo sin contar con representación legal, por lo que

no fue una renuncia informada del contenido del contrato de

transacción.

      En su tercer señalamiento de error, la apelante esencialmente

argumenta que el TPI se equivocó al catalogar el puesto que ocupaba

de técnico quirúrgico como uno sensitivo, pues no se presentó

evidencia de que prestara servicios directos a pacientes.

      Por su parte, la parte apelada está de acuerdo con el

pronunciamiento apelado dictado sumariamente. Arguye que la

estipulación transaccional concernida contó con los requisitos de un

contrato válido y que no hay controversia en que la apelante

renunció a todas las reclamaciones de naturaleza contractual,

extracontractual, laboral o cualquier otra índole que se aleguen
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contra la ASEM que surgieran como consecuencia de los hechos que

dieron lugar al procedimiento disciplinario que se finiquitó con dicha

estipulación. Añade que no era necesaria la aprobación del

Secretario del Trabajo a dicho pacto por ser la ASEM una

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.

      Por último, la parte apelada sostiene que la apelante ocupaba

un puesto clasificado como sensitivo por la legislación aplicable que

la exponía a ser destituida del mismo si arrojaba un resultado

positivo a una sustancia controlada, como lo es el cannabis y se

rehusaba a participar en el programa de rehabilitación provisto por

la ASEM. Además, alega que la apelante no estaba protegida por la

Ley Núm. 42-2017 por que la protección provista por dicha ley está

sujeta a la condición de que la utilización del cannabis no interfiera

con el desempeño y funciones esenciales del trabajo. Por tanto,

puntualiza que la estipulación transaccional que suscribió la

apelante con la ASEM no es nula por no ser contraria a la ley, ni al

orden público.

      Como es sabido, este Foro está en la misma posición que el

TPI para revisar si procedía o no la concesión de la desestimación

sumaria. Al examinar la evidencia en el récord, esta nos reafirma

que no existe controversia acerca de la totalidad de los hechos

materiales del caso. A su vez, no hallamos en el expediente prueba

alguna que apoye las alegaciones de error que la apelante trae ante

nuestra consideración. Consiguientemente, no incidió el TPI al

dictar la Sentencia aquí apelada. Veamos.

      En síntesis, no existe duda acerca de que el acuerdo

transaccional suscrito por la apelante y la ASEM es válido y tiene el

efecto de cosa juzgada. Además, según dispuesto por el TPI,

colegimos que dicha estipulación transaccional no adolece de falta

de causa, no se probó que fue el resultado de fraude o dolo, ni es

contrario a la ley o el orden público. Sobre la alegación de que en el
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proceso de firmar el acuerdo hubo dolo, esta tampoco procede. La

apelante se limitó a mencionar en su demanda que fue “forzada” a

dicho acto sin ofrecer evidencia que sustente dicha alegación. En su

comparecencia ante nos, esgrime que firmó el contrato de

transacción por temor a que en su expediente quedara plasmada

una destitución que le afectara su futuro. Las antedichas razones

no son suficientes para derrotar la Sentencia apelada. Es claro que

la apelante renunció libre, voluntaria e informadamente a presentar

la demanda de referencia. Ello, por el estado de derecho que se creó

en su relación contractual con la ASEM al pactar la estipulación

transaccional.

      En consecuencia, luego de examinar la moción sobre

desestimación, acogida por el TPI como una de sentencia sumaria,

su oposición, así como la documentación anejada y la normativa

imperante, concluimos que no incidió ni abusó de su discreción el

TPI al conceder el remedio sumario de la desestimación solicitado

por la ASEM. Así, procede la confirmación de su dictamen.

                                 IV.

      En virtud de los precedentes fundamentos, confirmamos la

Sentencia del TPI.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones