Court Opinion

ID: 9962679
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:41:34.151854+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.144654
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

     ONEIDA RODRÍGUEZ                               REVISIÓN
     CARABALLO Y OMAR                               ADMINISTRATIVA
    BRACERO RODRÍGUEZ                               procedente del
                                                    Departamento de
             Recurridos                             Asuntos del
                                      KLRA202400024 Consumidor (DACO)
                  v.
                                                        Caso número:
 FELCON AUTOMOTIVE, LLC                                 MAY-2020-0001938
    POPULAR AUTO, LLC
  FORD MOTOR COMPANY,                                   Sobre:
  INC., FORD DEL SUR, INC.                              Compraventa de
                                                        vehículos de motor
            Recurrentes

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

        Comparece ante nos, Felcon Automotive, Inc. h/n/c Mayagüez Ford

(recurrente), y solicita la revocación de una Resolución emitida por el

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el 14 de diciembre de

2023, notificada el 19 del mismo mes y año. Mediante el referido dictamen,

en lo pertinente, la agencia ordenó al recurrente a pagar $15,088.00, más

el interés legal prevaleciente, a Oneida Rodríguez Caraballo (Rodríguez

Caraballo) y a Omar Bracero Rodríguez (Bracero Rodríguez) (recurridos).

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso de revisión judicial por academicidad.

                                        I

        El 14 de diciembre de 2023, notificada el 19 del mismo mes y año,

el DACO emitió la Resolución que nos ocupa, mediante la cual ordenó al

recurrente a pagar $15,088.00, más el interés legal prevaleciente, a los

recurridos.1 Ello, en un pleito administrativo sobre la compraventa de

vehículo de motor, incoada por Bracero Rodríguez.

1 Apéndice del recurso, págs. 1-17.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLRA202400024                                                            2

      Inconforme con la referida determinación, el 18 de enero de 2024, la

parte recurrente compareció ante nos y señaló los siguientes errores:

          Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de
          la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una
          Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la
          devolución automática de 2 años de las mensualidades
          del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a
          $14,328.00[,] sin que se desfilase prueba de los daños
          sufridos, lucro cesante y tratándose de un caso de
          garantía[,] no así de vicios ocultos.

          Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de
          la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una
          Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la
          devolución automática de 2 años de las mensualidades
          del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a
          $14,328.00[,] sin que se desfilase prueba de que Omar
          Bracero fue quien emitió los pagos y no la titular registral
          de la unidad.

          Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de
          la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una
          Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la
          devolución automática de 2 años de las mensualidades
          del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a
          $14,328.00, sin considerar que el auto estuvo reparado
          desde mediados del 2022 y no fue hasta el mayo [sic] del
          2023 que el Querellante accedió a recogerlo.

          Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de
          la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una
          Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone la
          devolución automática de 2 años de las mensualidades
          del préstamo de financiamiento de auto, equivalente a
          $14,328.00, por “concepto de la morosidad en el
          incumplimiento del contrato de garantía”, sin acreditar el
          estimado hecho por el técnico de DACO de $6,500.00,
          cantidad que Mayagüez Ford asumió como costo en
          piezas y labor para la reparación de la unidad.

          Erró el DACO, Oficina Regional de Mayagüez, por voz de
          la Honorable Patricia M. Arroyo Salas, al emitir una
          Resolución en la que[,] entre otras cosas, impone el pago
          de $760.00 por daños que presentó la unidad mientras
          estaba bajo la custodia del concesionario, a pesar de que
          no se desfiló prueba sobre la causa de la ocurrencia de
          esos daños y máxime cuando la mayoría de estos son por
          “desmerecimiento de la pintura” y/o “pintura brotada”,
          ocasionado por el deterioro y transcurso natural del
          tiempo.

      El 16 de febrero de 2024, Bracero Rodríguez presentó ante nos una

moción, mediante la cual sostuvo que la Resolución recurrida no era final y

firme. Argumentó que, en dicho dictamen, no se adjudicaron todos los

remedios solicitados en la querella y en la vista administrativa. Además,

informó que, el 12 de febrero de 2024, había solicitado ante el DACO el
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relevo de dicha determinación, con el fin de que la agencia adjudicara la

totalidad de sus reclamos.

       Así las cosas, el 27 de febrero de 2024, el DACO instó ante esta

Curia una Moción Informativa de la Agencia Notificando Relevo de

Resolución y Solicitando se Devuelva el Caso al Foro Administrativo.

Señaló que, luego de analizar la solicitud de relevo promovida por Bracero

Rodríguez, dejó sin efecto la Resolución recurrida, conforme a la Regla

31.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO,

Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 2011. En vista de ello, solicitó la

devolución del caso al foro administrativo para la continuación de los

procedimientos.

       En respuesta, Ford del Sur, Inc. sometió una moción en oposición.

En síntesis, arguyó que el DACO erró al dejar sin efecto el dictamen

recurrido, toda vez que, además de ser improcedente, la agencia carecía

de jurisdicción para ello, ya que la determinación se encontraba ante la

consideración de este Foro.

       También en desacuerdo, Ford Motor Company, Inc. se opuso. En

esencia, alegó que el mencionado relevo es improcedente por las

siguientes razones: (1) al momento del relevo, el asunto se encontraba

como objeto de revisión ante este Tribunal de Apelaciones, por lo que el

DACO carecía de jurisdicción; (2) al momento de resolver el caso de

epígrafe, el DACO contaba con todas las alegaciones referentes a los

daños y a la cancelación del contrato; (3) Bracero Rodríguez optó por no

presentar una solicitud de reconsideración del dictamen recurrido dentro

del término aplicable. En virtud de lo anterior, solicitó que se declare la

nulidad del relevo de la Resolución recurrida y se declare No Ha Lugar la

Moción Informativa de la Agencia Notificando Relevo de Resolución y

Solicitando se Devuelva el Caso al Foro Administrativo presentada por el

DACO, por falta de jurisdicción de la agencia.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.
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                                      II

                                      A

       La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para considerar

y decidir casos y controversias. FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521 (2023);

MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 211 DPR 135 (2023); Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022). Es por ello que,

la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder

mismo para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020). Por tal razón, es norma reiterada que los

tribunales son celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber

ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros.

Pueblo v. Torres Medina, 211 DPR 950 (2023).

       De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias,

tales como: (1) que no sea susceptible de ser subsanada; (2) las partes no

puedan conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede

este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia

jurisdicción; (5) obliga a los tribunales apelativos a examinar la jurisdicción

del foro de donde procede el recurso; y (6) puede presentarse en cualquier

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

       En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no la hay.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264 (2022). A esos efectos, las cuestiones

de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Íd.; FCPR v. ELA et al., supra.

                                      B

       Sabido es que los tribunales solo pueden resolver casos que sean

justiciables. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011). El principio de
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la justiciabilidad gobierna el ejercicio de la función revisora de los

tribunales, fijando la jurisdicción de estos. Conforme a dicho principio, los

tribunales limitan su intervención a resolver controversias reales y definidas

que afectan las relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas.

Super Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803, 815 (2021); U.P.R. v. Laborde

Torres y otros I, 180 DPR 253, 279-280 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR

552, 583-584 (1958).

       La   doctrina   de   la   academicidad     constituye   una   de    las

manifestaciones de la justiciabilidad. Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

Una controversia es académica cuando los acontecimientos y cambios

fácticos tornan en ficticia su solución, de tal modo que un fallo del tribunal

no tendría efectos prácticos. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268,

283 (2010), citando a Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715,

724-725 (1980). Por tal razón, se debe evaluar los eventos anteriores,

próximos y futuros, a fines de determinar si la controversia entre las partes

sigue viva y subsiste con el tiempo. Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág.

816; Pres. del Senado, 148 DPR 737, 759 (1999). Cuando un tribunal

determine que un caso es académico, su deber es abstenerse de

considerar los méritos de ese caso, pues deja de ser justiciable y, en su

consecuencia, no es apto para la intervención judicial. Íd. Con esta

limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso

innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos

autoritativos de los tribunales que resulten superfluos. C.E.E. v. Depto. de

Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993).

       Ahora bien, la doctrina de academicidad admite excepciones que

operan cuando: (1) se plantea una cuestión recurrente que tienda a evadir

la revisión judicial; (2) la situación de hechos ha sido modificada por el

demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente; y (3) subsisten

consecuencias colaterales vigentes. Bhatia Gautier v. Gobernador, supra,

págs. 74-75; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 983 (2011).
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       Por otro lado, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, provee para solicitar la

desestimación de todo recurso que haya advenido académico, así como

para la desestimación motu proprio por esta Curia. En lo pertinente, la

referida regla establece lo siguiente:

       […]

       (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
       desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

          (1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de
              jurisdicción.
          (2) Que el recurso fue presentado fuera del término
              de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin
              que exista justa causa para ello.
          (3) Que no se ha presentado o proseguido con
              diligencia o de buena fe.
          (4) Que el recurso es frívolo y surge claramente
              que no se ha presentado controversia
              sustancial o que ha sido interpuesto para
              demorar los procedimientos.
          (5) Que el recurso se ha convertido en
              académico.
       (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
       desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
       discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en
       el inciso (B) de esta regla.

       […] (Énfasis nuestro).

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                         III

       Sabido es que los tribunales deben ser celosos guardianes de su

jurisdicción y que no poseen discreción para asumirla donde no la tienen.

Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020). Por

consiguiente, los asuntos relacionados a la jurisdicción de un tribunal son

privilegiados y deben atenderse con primicia. Íd. Por tratarse de un asunto

de índole jurisdiccional, procedemos a evaluar la aplicabilidad de la doctrina

de academicidad al caso de autos. Veamos.

       Conforme surge del expediente de autos, esta Curia carece de

autoridad para entender sobre los méritos de la cuestión que la parte

recurrente propone en sus señalamientos de error, toda vez que la misma
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no es de carácter justiciable. De los documentos sometidos ante nuestra

consideración, se desprende que la parte recurrente solicitó la revisión

judicial de la Resolución emitida por el DACO el 14 de diciembre de 2023.

Al revisar la Moción Informativa de la Agencia Notificando Relevo de

Resolución y Solicitando se Devuelva el Caso al Foro Administrativo,

tomamos conocimiento del Relevo de Resolución emitido por el DACO el

20 de febrero de 2024, mediante el cual dejó sin efecto el dictamen

recurrido y refirió el expediente del caso para una inspección del vehículo

de motor objeto de la querella de epígrafe. Es decir, entre los

comparecientes ya no existe una controversia real que amerite el ejercicio

de nuestras funciones judiciales. Por consiguiente, resulta forzoso resolver

que la controversia de autos se tornó académica, ello por no existir

intereses antagónicos entre las partes que ameriten la intervención de la

maquinaria judicial.

       A tenor con lo antes expuesto, en ausencia de disputa legítima entre

los aquí comparecientes, así como la inaplicabilidad de las excepciones a

la doctrina de academicidad, resulta improcedente emitir una expresión

sobre los errores señalados, toda vez que no ha de incidir sobre sus

derechos.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente

recurso de revisión judicial por academicidad.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones