Court Opinion

ID: 9374124
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:23:33.879499+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:44.990047
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

MILAGROS SANTIAGO                                    CERTIORARI
     ALVERIO                                         procedente del Tribunal
                                                     de Primera Instancia,
          Recurrida              KLCE202300102       Sala Superior de
                                                     Humacao
             v.
                                                     Caso núm.:
                                                     HU2021CV00227
  OSNET WIRELESS,
      CORP.                                          Sobre: Represalias en el
                                                     Empleo (Ley núm. 115
      Peticionaria                                   de 20 de diciembre
                                                     de 1991)

                                                     Discrimen por Origen
                                                     Nacional (Ley núm. 100
                                                     de 30 de junio de 1959)

                                                     Despido Injustificado
                                                     (Ley núm. 80 de 30 de
                                                     mayo de 1976)

                                                     Procedimiento Sumario
                                                     (Ley núm. 2 de 17 de
                                                     octubre de
                                                     1961)

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                 RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo Osnet Wireless Corp.

(en adelante la parte peticionaria) mediante el recurso de Certiorari

de epígrafe solicitando nuestra intervención, a los fines de que

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (el TPI), el 19 de enero

de 2023, debidamente notificado a las partes al día siguiente.

Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria.

      El presente recurso fue acompañado con una Moción de

Auxilio    de     Jurisdicción    solicitando   la   paralización   de   los

Número Identificador
RES2023_______________________
KLCE202300102                                                      2

procedimientos por estar pautado el comienzo del juicio en su fondo

para el 22 de febrero de 2023.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la

expedición del presente recurso de certiorari y declaramos No Ha

Lugar a la moción en auxilio de jurisdicción.

                                 I.

      El 9 de marzo de 2021, la Sra. Milagros Santiago Alverio (en

adelante la señora Santiago Alverio o la parte recurrida) presentó

una Querella por violaciones a distintas leyes laborales. Además, se

acogió al procedimiento especial de carácter sumario establecido en

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32

LPRA sec. 3118 et seq., (en adelante Ley núm. 2). En esencia, esta

alegó que trabajó para la parte peticionaria desde el 4 de marzo de

2013 hasta el 16 de marzo de 2020 y que su despido fue uno sin

justa causa.

      En lo aquí pertinente, la parte peticionaria presentó el 30 de

septiembre de 2022 una Moción de Sentencia Sumaria en la cual, en

apretada síntesis, señaló que el despido de la señora Santiago

Alverio fue parte de una reorganización bona fide que la empresa

realizó ante la pandemia de COVID-19 y para enfrentar los cambios

en las necesidades de sus operaciones. En la referida moción se

propuso cincuenta y seis (56) hechos, los cuales a su entender no

estaban en controversia. Asimismo, acompañó su solicitud con tres

(3) anejos.

      Luego de varias prórrogas, el 9 de enero de 2023 la parte

recurrida instó su oposición al petitorio sumario. En esencia, indicó

que existe controversia sobre la razón del despido y consignó cuatro

(4) hechos que a su entender no están en controversia. La referida

moción estuvo acompañada de cuatro (4) exhibits. El 11 de enero

siguiente presentó la enmienda a la oposición acompañada de

veinticinco (25) exhibits.
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      El 20 de enero de 2023 el TPI emitió el dictamen recurrido en

el cual declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria y

mantuvo el señalamiento del juicio en su fondo para los días 22 y

23 de febrero de 2023. Asimismo, en cumplimento con la Regla 36.4

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, esbozó los

hechos incontrovertidos; así como los que están en controversia.

      Inconforme con dicha decisión, la parte peticionaria acude

ante este foro intermedio mediante el recurso de certiorari de

epígrafe señalando que el TPI incurrió en los siguientes errores:

         ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL
         PERMITIR Y CONSIDERAR EN SU RESOLUCIÓN LA
         OPOSICIÓN QUE LA SRA. SANTIAGO ALVERIO
         PRESENTÓ A DESTIEMPO Y SIN JUSTA CAUSA.

         ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL
         EXCLUIR CUARENTA Y OCHO (48) HECHOS
         RELACIONADOS Y SUSTENTADOS POR OSNET AUN
         CUANDO ESTOS FUERON CONTROVERTIDOS DE
         CONFORMIDAD    CON   LA REGLA   36.3  DE
         PROCEDIMIENTO CIVIL.

         ERRÓ EL TPI AL NO APLICAR LOS HECHOS
         INCONTROVERTIDOS AL DERECHO Y DESESTIMAR
         LA QUERELLA.

      Examinado el recurso presentado, determinamos prescindir

del escrito en oposición. Regla 7 del Reglamento de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-A, R. 7)

      Así, analizados el recurso y el expediente apelativo; así como

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                  II.

      Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal

intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. En lo

aquí pertinente, esta dispone que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
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dispositivo. Sin embargo, aún cuando un asunto esté comprendido

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la

Regla 52.1, supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación,

este tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari.

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de

parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Precisa

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera. [Cita omitida].” SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.

[cita omitida].” Íd.

      A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,

enumera los criterios que debemos considerar al momento de

determinar si procede que expidamos el auto discrecional certiorari.

I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla establece lo

siguiente:

         El Tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.
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          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
          y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

      Estos criterios sirven de guía para poder determinar, de

manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el caso en la

etapa del procedimiento en que se encuentra el mismo. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por otro lado,

el ejercicio de las facultades del Tribunal de Primera Instancia

merece nuestra deferencia, por tanto, solo intervendremos con el

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias que se

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 523 (2006);

Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 154

(2000).

      No empece lo anterior, al tratarse el presente pleito de un

procedimiento especial, al amparo de la Ley núm. 2, se hace preciso

remitirnos a lo expuesto en dicha ley y la jurisprudencia

interpretativa. Este estatuto provee un procedimiento sumario para

las reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus

patronos, relacionados a salarios, beneficios y otros derechos

relativos al ámbito laboral. El alcance de dicha ley se ha extendido

a procesos judiciales relacionados con reclamaciones por: “(1)

cualesquiera derechos o beneficios laborales; (2) cualesquiera

sumas en concepto de compensación por trabajo o labor realizado;

(3) cualesquiera compensaciones en caso de que dicho obrero o

empleado hubiese sido despedido de su empleo sin justa causa, o

(4) cuando el Legislador lo haya dispuesto expresamente al aprobar
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otras leyes protectoras de los trabajadores.” Rivera v. Insular Wire

Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).

      En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza

sumaria de este procedimiento responde a la política pública de

“abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso

posible para el obrero.” Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147

DPR 483, 492 (1999). Por ello, en aras de preservar el carácter

sumario del procedimiento, el Tribunal Supremo ha interpretado

que las resoluciones interlocutorias que se emiten al amparo de la

Ley 2 no son revisables, excepto en las instancias siguientes: (1)

cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en

situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso por

completo; y (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una grave

injusticia. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171

(2001); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006);

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014) y Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 733 (2016). Las resoluciones

interlocutorias que cumplen con alguna de estas excepciones serán

revisables discrecionalmente mediante la presentación de un

recurso de certiorari.

      La razón de ser de esta norma general de abstención es evitar

dilaciones que normalmente las revisiones de determinaciones

interlocutorias conllevan, lo que precisamente derrotaría el fin

perseguido por el procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles

Shipping, Inc., supra, a la pág. 498.

                                    III.

      En síntesis, la parte peticionaria señaló que el foro recurrido

erró al no analizar los escritos de las partes conforme a los criterios

establecidos en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil y su

jurisprudencia    interpretativa.    Hemos   evaluado   la   resolución

recurrida, y si bien constituye un dictamen denegatorio de una
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moción dispositiva, analizada la misma bajo el crisol de la Regla 40

de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no intervenir.

      Como indicamos, en el contexto de un proceso sumario bajo

la Ley núm. 2, la regla general, con limitadas excepciones, es la no

revisión de dictámenes interlocutorios por este tribunal. Como

señalamos, esta norma general solamente admite excepción cuando

el TPI ha actuado sin jurisdicción o “en casos extremos en que la

revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso … en forma

definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar

una ‘grave injusticia’”. Íd. En este caso, no surge del expediente que

lo actuado por el TPI genere un “fracaso de la justicia”, de tal modo

que estemos ante una situación extrema, o grave injusticia, que

amerite nuestra intervención.

      En resumen, considerando los factores de la Regla 40, supra,

particularmente a la luz de la norma general de no revisión de

dictámenes interlocutorios en casos que se conducen sumariamente

bajo la Ley núm. 2, hemos concluido que debemos denegar el auto

solicitado. Destacamos que el presente caso tiene el juicio en su

fondo pautado para los días 22 y 23 de febrero del presente año lo

que implica, al tenor de la antedicha norma, que nuestra

intervención, en esta etapa, podría ocasionar una dilación

innecesaria e indeseable de los procedimientos.

      La Secretaría del Tribunal de Apelaciones procederá al

desglose de los apéndices de esta causa a la parte peticionaria para

su uso posterior, de así interesarlo.

                                 IV.

      Por   los   fundamentos    antes   expuestos,   denegamos     la

expedición del presente recurso de certiorari y declaramos No Ha

Lugar a la moción en auxilio de jurisdicción.

      Notifíquese inmediatamente.
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones