Court Opinion

ID: 9962663
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:53.49357+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.630046
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

    JOSÉ R. VELÁZQUEZ                                 Certiorari
          AYUSO                                       procedente del
        Peticionario                                  Tribunal de
                                                      Primera Instancia,
                 v.                                   Sala de Carolina
                                    KLCE202400029
                                                      Caso Número:
   GARAGE ISLA VERDE Y                                CA2022CV02237
         OTROS
        Recurrido
                                                      Sobre: Acción
                                                      Rescisoria y Otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

       Comparece ante esta Curia el Sr. José R. Velázquez Ayuso

(Velázquez Ayuso o peticionario) y solicita la revocación de una

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Carolina (TPI o foro primario) el 4 de octubre de 2023, notificada el

12 de octubre de 2023. En esta, el foro primario denegó una

solicitud de sentencia sumaria presentada por el peticionario.

       Por   los      fundamentos   que   exponemos    a   continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                     I.

       El 13 de julio de 2022, el peticionario incoó una demanda1 en

contra de Garage Isla Verde, LLC (Garage Isla Verde), Mercedes-Benz

Financial Services USA, LLC (Mercedes-Benz) y las Aseguradoras X,

Y, Z por daños y perjuicios, dolo y resolución de contrato. En la

demanda, alegó que el vehículo Mercedes-Benz GLC 350E, el cual

obtuvo bajo financiamiento el 12 de junio de 2021, adolecía de fallos

1 Apéndice, págs. 5-7.

Número Identificador:

RES2024________
KLCE202400029                                                                2

y desperfectos. Además, expuso que, el vehículo le fue ofrecido como

uno garantizado y que los alegados desperfectos no habían sido

corregidos por Garage Isla Verde. Enfatizó que, a pesar de estar

garantizado, el vehículo comenzó a presentar fallos luego de cuatro

meses de la compra, pues tenía la capota deforme, un golpe en la

transmisión al cambiar de eléctrico a gasolina y no frenaba bien.2

Por lo anterior, solicitó la resolución del contrato de compraventa

con Garage Isla Verde y la devolución de los pagos realizados a

Mercedes-Benz en concepto del financiamiento del auto.

       En reacción, Garage Isla Verde acreditó su alegación

responsiva el 13 de octubre de 2022 en la que negó las

reclamaciones de Velázquez Ayuso. Expuso que, el vehículo fue

vendido con un programa de garantía extendida expedida por

Assurant Services of Puerto Rico, Inc., con vigencia de 72 meses o

100,000 millas, lo que ocurriera primero.3 Explicó que, el

peticionario adquirió una garantía de protección de superficies

exteriores e interiores con DuPont Automotive Protection Package,

con una vigencia de 7 años, más lo que se pudiera extender, si algo,

por el manufacturero, Mercedes Benz USA, LLC. Además, informó

que según consta de las hojas de servicio se atendieron las quejas

del demandante conforme la garantía aplicable a la unidad y

cualquier otra expresión o reclamación del demandante sería un

asunto de prueba.

       Asimismo, Mercedes-Benz contestó la demanda el 17 de

octubre de 2022.4 En su comparecencia aceptó que, el peticionario

obtuvo un financiamiento bajo las condiciones y términos

establecidos en un documento intitulado “Retail Installment

2 La demanda fue enmendada el 2 de junio de 2023, a los efectos de reiterar las

alegaciones y añadir las razones que el peticionario tomó en cuenta al momento
de efectuar la compra del vehículo. Posteriormente, se presentó la alegación
responsiva a la demanda enmendada. Apéndice, págs. 17-23; 24-32.
3 Apéndice, págs. 8-12.
4 Apéndice, págs. 13-16.
KLCE202400029                                                                    3

Contract”. No obstante, negó haber participado en los actos de

servicio o reparación del vehículo de motor objeto de la controversia.

       Así las cosas, el 1 de agosto de 2023, el peticionario instó una

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria en la que propuso veinte

hechos incontrovertidos e incluyó varios documentos para sostener

su petitorio.5 En su comparecencia, el peticionario reiteró su

reclamo en daños por los presuntos actos culposos o negligentes de

Garage Isla Verde y Mercedes-Benz. Señaló que, ante la ausencia

de hechos en controversia, procedía adjudicar los remedios

solicitados por la vía sumaria.

       En respuesta, Garage Isla Verde presentó su Oposición a

Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte Demandante 6 el 21 de

agosto de 2023, en la que, aceptó dos de los veinte hechos

propuestos por el peticionario y objetó los demás. Por su parte, el 11

de septiembre de 2023, Mercedes-Benz acreditó ante el foro

recurrido su Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.7

Ambos demandados expusieron sus argumentos e identificaron

controversias medulares que impiden la adjudicación de la

reclamación por la vía sumaria.

       Evaluadas las comparecencias de las partes, el foro primario

emitió la Resolución recurrida en la que consignó un solo hecho

incontrovertido8 y determinó lo siguiente:

       En el presente caso no procede dictar sentencia
       sumaria ya que, de la prueba sometida y considerada

5 Apéndice, págs. 33-87. Junto a su petitorio incluyó los siguientes documentos:

Anejo 1 – Contrato de Compraventa; Anejo 2 – Contrato de Financiamiento; Anejo
3 – Anuncio de Mercadeo de Vehículo; Anejo 4 – Declaración Jurada del Sr. José
R. Velázquez Ayuso; Anejo 5 – Mercedes-Benz Certified Pre Owned Inspection and
Certification Report; Anejo 6 – Hojas de Trabajos a Vehículo (Invoices #486949/
#481731/#470445); Anejo 7 – Hoja de Manheim (Invoice #121480584); Anejo 8 –
Contestación de Garage Isla Verde, LLC A Primer y Segundo Pliego de
Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos; Anejo 9 – CarFax
Vehicle History Report; Anejo 10 – Hoja de Trabajo de Reparación (Invoice
#467042); y Anejo 11 – Hoja de Trabajo del dueño anterior del vehículo, el Sr.
Rolando Rojas (Invoice #451870).
6 Apéndice, págs. 88-106.
7 Apéndice, págs. 107-120.
8 Apéndice, págs. 1-4. En la página 2, el foro primario consignó el siguiente hecho

que no fue controvertido: 1. Que la parte demandante y Mercedes Financial
Services suscribieron un contrato de financiamiento de vehículo Mercedes-Benz
GLC 350E, Híbrido, VIN WDC0G5EB1JF441566.
KLCE202400029                                                         4

        por este Tribunal, se desprenden hechos esenciales y
        pertinentes que están de buena fe controvertidos. De la
        prueba documental sometida, este Tribunal encuentra
        controvertidos los hechos 3 al 20 propuestos por la
        parte demandante.

        En el caso de autos, existe controversia en cuanto a si
        Garaje [sic] Isla Verde LLC ofreció el vehículo como uno
        certificado garantizado, cómo el vehículo fue
        mercadeado por el vendedor, el alcance de los fallos y
        desperfectos del vehículo alegados en la demanda, y si
        estos fueron atendidos conforme la garantía, si procede
        la resolución del contrato de compraventa y el contrato
        de financiamiento, y la cuantía de la reclamación en
        daños y perjuicios, de proceder.

        Así, ante la existencia de hechos materiales en
        controversia; no estamos en posición, en estos
        momentos, de disponer de la acción incoada en la
        Demanda por la vía sumaria.

        Sobre tales bases, el TPI denegó el petitorio sumario y ordenó

la continuación de los procedimientos. El referido dictamen fue

objeto de reconsideración9 y, justipreciados los planteamientos de

ambas partes, el foro primario se negó a reconsiderar.10

        En desacuerdo aún, el peticionario acude ante esta Curia y

señala la comisión del siguiente error:

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y
        abusó de su discreción al declarar no ha lugar la
        solicitud de sentencia sumaria.

        El 17 de enero de 2024, Garage Isla Verde compareció

mediante Solicitud de Desestimación bajo la Regla 83 y Oposición a

la Expedición del auto de Certiorari. Por su parte, el 29 de enero de

2024,    Mercedes-Benz       presentó    Memorando   en   Oposición   a

Expedición de auto de Certiorari. En atención a la solicitud de

desestimación interpuesta por Garage Isla Verde, no ha lugar.

Superado lo anterior y con el beneficio de las posturas de las partes,

procedemos a resolver.

                                   II.

   A. Certiorari

9 Apéndice, págs. 121-124.
10 Apéndice, pág. 151.
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      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Es norma reiterada que,

una resolución u orden interlocutoria, contrario a una sentencia, es

revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de

certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y

otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable a la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,
KLCE202400029                                                       6

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR

145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso

de discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros,

supra.
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   B. Sentencia Sumaria

      El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así

lo permita. Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company,

2023 TSPR 118, resuelto el 29 de septiembre de 2023; Oriental Bank

v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto de

2023; González Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan y otros,

2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023; Acevedo Arocho y

otros v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR

80, resuelto el 26 de junio de 2023. Este mecanismo lo puede utilizar

la parte reclamante o aquella parte que se defiende de una

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

      Mediante la adjudicación de una causa por la vía sumaria, el

tribunal necesariamente tendrá que escudriñar las alegaciones de

la demanda o las defensas interpuestas para determinar si, en

efecto, los hechos ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v.

Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta

beneficioso tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito,

pues se agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se

provee a los litigantes un mecanismo procesal encaminado a

alcanzar un remedio justo, rápido y económico. Universal Ins. y otro

v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023). Como se sabe, procede dictar

sentencia sumaria si se desprende de las alegaciones, deposiciones,

declaraciones juradas, contestaciones a interrogatorios, admisiones

ofrecidas, entre otros, que no existe controversia real sustancial

sobre un hecho esencial y pertinente, y siempre que el derecho

aplicable así lo justifique. González Meléndez v. Municipio Autónomo

de San Juan y otros, supra. De manera que, en aras de prevalecer
KLCE202400029                                                         8

en una reclamación, la parte promovente debe presentar prueba

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su

causa de acción. Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra.

      Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber:

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa,

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el

tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

      Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en

derecho. Íd.
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      Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria,

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra.

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer

referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

      Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los

documentos presentados por el promovente. ELA v. Cole, 164 DPR

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además,

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

      Sin   embargo,   la   sentencia   sumaria   generalmente    no

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 208 DPR 964
KLCE202400029                                                     10

(2022). Además, existen casos que no se deben resolver mediante

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que

involucren cuestiones de interés público”. Íd.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia.

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018);

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119.

Nuestro más Alto Foro señaló que:

      [E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo
      el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de
      Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen
      al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de
      Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los
      requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;
      (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en
      controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
      la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
      exponer concretamente cuáles hechos materiales
      encontró que están en controversia y cuáles están
      incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos
      materiales realmente están incontrovertidos, debe
      proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera
      Instancia aplicó correctamente el Derecho a la
      controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra,
      pág. 679.

      Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa.

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario
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aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, supra.

                                   III.

      En esencia, el peticionario solicita que ejerzamos nuestra

función discrecional en aras de que ordenemos la expedición del

auto de certiorari y revocación de la Resolución recurrida, en la que,

el foro primario denegó su petitorio sumario. Señala que, el foro

primario erró al declarar no ha lugar la solicitud de sentencia

sumaria, pues los hechos no fueron controvertidos por Garage Isla

Verde ni Mercedes-Benz en sus respectivas oposiciones.

       En virtud de la normativa antes expuesta, esta Curia debe

revisar de novo el petitorio sumario que instó el peticionario, las

oposiciones de Mercedes-Benz y Garage Isla Verde, junto a sus

correspondientes    anejos.     Precisa      evaluar     si   ambas    partes

cumplieron los requisitos de forma que exige la Regla 36, supra, y si

existen   hechos   materiales    en       controversia    que   impiden    la

adjudicación del caso sumariamente.

      Luego de examinar cuidadosamente la Moción en Solicitud de

Sentencia Sumaria     concluimos          que,   el   peticionario    cumplió

sustancialmente con las exigencias y formalidades requeridas por la

Regla 36, supra. Este incluyó una relación enumerada de los hechos

esenciales sobre los cuales alega no existían controversias

sustanciales y estableció la correlación entre los 20 hechos

propuestos, con los documentos sometidos en apoyo a los mismos.

Además, señaló que, en el expediente judicial obraba la prueba

necesaria para establecer hechos medulares que a su vez sostienen

la rescisión tanto del contrato de compraventa con Garage Isla Verde

como del financiamiento con Mercedes-Benz. En síntesis, arguyó

que, los documentos y su declaración jurada resultaban suficientes

para establecer que: (1) el vehículo fue mercadeado por Garage Isla

Verde como uno “pre owned certificado”, (2) que el peticionario al
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creer que el vehículo era garantizado decidió comprar el mismo, (3)

que de no ser certificado no hubiese completado la compraventa con

el garaje, (4) que el vehículo comenzó a tener problemas cuatro

meses luego de la compra y (5) que a la fecha, Garage Isla Verde no

había arreglado el vehículo.

      En su oposición, Mercedes-Benz incluyó una relación concisa

y enumerada de los hechos esenciales sobre los cuales existe

controversia.    Aceptó solo el primer hecho incontrovertido e

identificó los hechos (2 al 20) como hechos en controversia. Señaló

que, el peticionario fundamenta su postura sobre el contenido del

“Retail Installment Contract”, para indicar erróneamente que,

suscribió un contrato de financiamiento con Mercedes-Benz. Sin

embargo, de la evidencia presentada surge que, el contrato fue

otorgado entre el vendedor (Garage Isla Verde) y el comprador, a

pesar de haber sido cedido a Mercedes-Benz con posterioridad.

Indicó que, de la prueba presentada por el peticionario, se

encontraban algunos documentos que no eran admisibles, pues se

trataba de unas capturas de pantalla y de páginas web no

autenticadas. Además, cuestionó el contenido de la declaración

jurada del peticionario por no estar cimentada en el conocimiento

personal del declarante. Basado en lo anterior, suplicó al TPI que

denegara el petitorio sumario, ante la insuficiencia de la prueba

presentada. Por último, subrayó que, en esta etapa de los

procedimientos se debería permitir a Mercedes-Benz realizar un

descubrimiento de prueba adecuado. De lo contrario, se violaría su

debido proceso de ley.

      Por su parte, Garage Isla Verde acreditó cumplimiento de las

exigencias de forma en su oposición a la moción de sentencia

sumaria incoada. Es de notar que, a pesar de no incluir

documentación adicional para apoyar su postura, hizo referencia a

varios documentos (Exhibits I, II, III, IV, VI, VII, VIII y XI) unidos por
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Velázquez Ayuso. Expuso que, el peticionario no ha presentado

algún informe pericial en apoyo a su interpretación de las hojas de

servicios generadas y los componentes sustituidos. Explicó que, el

proceso mental, bajo el cual el peticionario adquirió el vehículo era

un asunto de credibilidad que, en su día, le corresponde al foro

primario aquilatar. Además, arguyó que, no surge del contrato de

compraventa que la unidad fuera vendida como “certified pre

owned”. Por tanto, solo consideró como incontrovertidos dos hechos

presentados y objetó el resto. En su consecuencia, señaló que, las

múltiples controversias medulares existentes no permiten la

adjudicación de la reclamación por la vía sumaria.

      De la Resolución recurrida se desprende que, el TPI analizó lo

antes resumido, así como el expediente ante su consideración y

concluyó que los demandados lograron controvertir los hechos

propuestos y cuestionar la suficiencia de la prueba documental

presentada por el promovente de la petición sumaria.

      Tras realizar un examen de novo del petitorio sumario junto a

las correspondientes oposiciones, y en el ejercicio de nuestra

discreción al amparo de los criterios que establece la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que no

procede nuestra intervención sobre el dictamen interlocutorio

recurrido.   Coincidimos      con   el   TPI   en   que,   aún   persisten

controversias   sobre   los    hechos     medulares    que   impiden    la

adjudicación de la presente causa por la vía sumaria.        Al entender

sobre la totalidad del expediente y en particular, la declaración

jurada del peticionario colegimos que, varios de los hechos

propuestos por el peticionario se basan en su impresión y opinión

particularmente sobre la motivación de la compraventa y si el

vehículo fue previamente adquirido o no (“pre owned”), así como,

sobre los supuestos servicios realizados al vehículo.
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      Conforme a la normativa antes señalada, un dictamen por la

vía sumaria no procede cuando existen elementos mentales de

intención y asuntos de credibilidad pendientes ante el juzgador o

juzgadora de los hechos. A esos efectos, no identificamos que el foro

recurrido, se haya apartado de la normativa que guía el análisis de

un petitorio sumario al consignar en su pronunciamiento las

controversias medulares que impiden la adjudicación de este caso

por la vía sumaria. Añádase a ello que, de nuestro análisis del

recurso instado, colegimos que, el peticionario falló en demostrar

que el TPI haya actuado con pasión, prejuicio, parcialidad, o que

haya incurrido en craso abuso de discreción o en error manifiesto o

de derecho, al denegar su petitorio sumario. En su consecuencia, no

se reúnen los criterios necesarios a los fines de que ejerzamos

nuestra facultad revisora en esta etapa de los procedimientos.

Tampoco identificamos fundamento alguno que justifique la

expedición del auto de certiorari en aras de evitar un fracaso a la

justicia.

                                 IV.

      Por   los   fundamentos    antes   expuestos,   denegamos    la

expedición del recurso de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones