Court Opinion

ID: 9941467
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:41.654571+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.275816
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

    ANTONIO HUERTAS                  Apelación
 ANDÚJAR POR SÍ Y/O EN               Procedente del
  REPRESENTACIÓN DE                  Tribunal de
   BRUNILDA MERCADO                  Primera Instancia,
 SANTANA Y LA SOCIEDAD               Sala Superior de
 LEGAL DE GANANCIALES                Caguas
 COMPUESTA POR AMBOS
  Y ULISES A. HUERTAS
       MERCADO         KLAN202300915
                                     Caso Civil Núm.:
        Apelantes                    CG2020CV01433
                                     (Sala 804)
            v.

    DR. LUIS R. CANETI
 MIRABAL, SINDICATO DE
ASEGURADORAS PARA LA                            Sobre:
SUSCRIPCIÓN CONJUNTA
     DE SEGUROS DE
    RESPONSABILIDAD
 PROFESIONAL MÉDICO-                            Impericia Médica,
 HOSPITALARIO (SIMED),                          Daños y Perjuicios
     PLAN DE SALUD
MENONITA INC., SISTEMA
  DE SALUD MENONITA,
   HOSPITAL MENONITA
      CAGUAS INC.,
   ASEGURADORA XYZ,
   ASEGURADORA ABC,
CORPORACIÓN B Y C, SR.
FULANO DE TAL, ESPOSA
 DEL SR. FULANO DE TAL
Y LA SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES, COMPAÑÍA
       FEB, ET ALS

          Apelados

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      Comparece el Sr. Ulises A. Huertas Mercado y el Sr. Antonio

Huertas Andújar (en adelante, parte apelante) mediante un Recurso

de Apelación y nos solicitan la revisión de la Sentencia Parcial

dictada el 25 de agosto de 2023 y notificada el 28 de agosto de 2023

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en

Número Identificador

SEN 2024____________________
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adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la

Moción de Desestimación presentada por el Dr. Edwin López Robles

(en adelante, Dr. López Robles o parte apelada) el 28 de marzo de

2023 y, en consecuencia, se desestimó la demanda en cuanto a este

codemandado.

       Por los fundamentos que expondremos, se revoca la Sentencia

Parcial apelada.

                                       I

       El 14 de julio de 2020, el Sr. Ulises A. Huertas Mercado y el

Sr. Antonio Huertas Andújar, por sí y en representación de la Sra.

Brunilda Mercado Santana y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos, presentaron una Demanda sobre daños y

perjuicio por impericia médica en contra del Dr. Luis R. Canetti

Mirabal, el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta

de Seguro de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (en

adelante, SIMED), el Plan de Salud Menonita, Inc., el Sistema de

Salud Menonita, y el Hospital Menonita de Caguas, Inc. (en

adelante, Hospital Menonita de Caguas).1 Además, se incluyeron en

la demanda varias partes demandadas de nombres desconocidos

designadas con nombres ficticios. Entre estas, se incluyó al Dr.

Fulano De Tal, a la esposa del Dr. Fulano De Tal, y la Sociedad Legal

de Bienes Gananciales compuesta por ambos; y a la Dra. Fulana De

Tal, el esposo de la Dra. Fulana De Tal, y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos.2 En cuanto a estas partes, se

alegó lo siguiente:

       “[S]on una parte responsable con las demás partes
       codemandadas       de   ocasionarles    primaria  o
       solidariamente los daños alegados en esta demanda a
       la parte demandante. Se ha denominado un nombre
       ficticio por desconocerse su verdadero nombre y/o

1 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 59-68.
2Además, se incluyeron las partes desconocidas siguientes: Aseguradora XYZ,
Aseguradora ABC, Compañía A, Corporación B y C, Sr. Fulano De Tal, esposa del
Sr. Fulano De Tal, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por
ambos, y Compañía FEB.
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       existencia. Una vez se conozcan sus verdaderos
       nombres se hará la sustitución de rigor.”3

       En cuanto a la causa de acción, en la demanda se solicitó una

indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la alegada

falta de pericia profesional de las partes demandadas al brindarle

tratamiento médico a la Sra. Brunilda Mercado Santana en el

Hospital Menonita de Caguas. Según se alegó, el 12 de julio de 2019,

el Sr. Ulises A. Huertas Mercado y el Sr. Antonio Huertas Andújar

llevaron a la Sra. Brunilda Mercado Santana a la sala de

emergencias del Hospital Menonita de Caguas para que le revisaran

el pie izquierdo debido a que estaba hinchado y de color violeta.

       “3. Al llegar al Hospital Menonita, médicos del hospital
       y/o empleados de este atienden a la demandante. Estos
       le ordenan que se le realizara una placa al pie de la Sra.
       Mercado. Luego de que se realizara la misma, le
       informaron al Sr. Ulises que del resultado de las
       mismas no se reflejaba que tuviera alguna fractura. Por
       lo que se limitaron a recetarle antibióticos. Esto a pesar
       de que el Sr. Ulises le[s] informó a los médicos que la
       Sra. Mercado no tomaba medicamentos. Se le dio de
       alta a la Sra. Mercado.

       4. El 16 de julio de 2019 la Sra. Mercado empezó a
       quejarse de dolor en el pie izquierdo, no quería comer y
       no se levantaba de su cama. Por lo que los
       codemandantes llamaron a una ambulancia y de allí
       trasladaron a la Sra. Mercado nuevamente al Hospital
       Menonita de Caguas. Admiten a la demandante a las
       5:17 pm. El Dr. Luis R. Canetti le[s] informa a los
       demandantes que la Sra. Mercado tenía necrosis o
       gangrena y que había que amputarle el dedo del pie
       izquierdo.

       5. El 17 de julio de 2019 el Dr. Canetti decide que hay
       que hacerle una cirugía a la Sra. Mercado. Empezaron
       amputándole un dedo y luego de dos operaciones más
       le amputaron la parte frontal del pie izquierdo. Esto
       sometiéndola a anestesias generales que exacerban la
       condición de Alzheimer que padece la codemandante.
       La demandante estuvo recluida en el Hospital desde el
       16 de julio hasta el 13 de agosto de 2019.

       6. El Dr. Canetti no realizó los estudios
       correspondientes para identificar lo que le estaba
       ocurriendo a la demandante en su pie izquierdo. De
       haberlo hecho tales estudios, hubiese salvado su pie. El
       Dr. Canetti no informó a los familiares de las
       consecuencias de las operaciones incumpliendo de esta
       forma la doctrina del consentimiento informado. El Dr.

3 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 63.
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       Canetti no ofreció a la demandante un diagnóstico y
       tratamiento adecuado, alejándose de la mejor práctica
       de la medicina.

       7. El personal del Hospital codemandado no realizó los
       estudios correspondientes para identificar lo que le
       estaba ocurriendo a la demandante en su pie izquierdo.
       De haberlo hecho tales estudios, hubiese salvado su
       pie. El personal del Hospital codemandado no informó
       a los familiares de las consecuencias de las operaciones
       incumpliendo de esta forma la doctrina del
       consentimiento informado. El personal del Hospital
       codemandado no ofreció a la demandante un
       diagnóstico y tratamiento adecuado, alejándose de la
       mejor práctica de la medicina.

       8. El Hospital Menonita no realizó las evaluaciones
       correspondientes al Dr. Canetti para cerciorarse de que
       este cumplía con los requerimientos necesarios para
       brindar una atención médica adecuada ni que estuviera
       preparado para ejercer la profesión en el Hospital.

       […].”4

       Luego de varios trámites procesales,5 el 23 de enero de 2023,

se presentó una Demanda Enmendada con el fin de incluir como

parte demandada en el pleito al Dr. Edwin López Robles (en

adelante, Dr. López Robles), a su esposa, y a la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos.6 En cuanto al Dr. López Robles,

se alegó en la Demanda Enmendada lo siguiente:

       “7. El Dr. Edwin B. López Robles es un profesional de la
       salud. Según nuestro mejor entender éste es un
       profesional que tenía privilegios como médico en el
       codemandado, Hospital Menonita Caguas, Inc. y/o es
       empleado de dicha institución médica y/o es empleado
       de la institución que administra el Hospital
       codemandado. El Dr. López Robles tiene constituida
       una Sociedad de Gananciales compuesta con Fulana de
       Tal. Este atendió de forma inadecuada a la Sra.
       Brunilda Mercado en la sala de emergencias el día 13
       de julio de 2019. Conforme se discutirá en la presente
       demanda, el Dr. López atendió de forma inadecuada a
       la Sra. Mercado y se desvío de la mejor práctica de la
       profesión médica. El Dr. López le es responsable a la

4 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 64-66.
5 Entre estos trámites, se dieron por desistidas las reclamaciones contra el Dr.

Luis R. Canetti Mirabal, el Plan de Salud Menonita, Inc., y el SIMED, y se dictaron
varias sentencias parciales decretando su archivo con perjuicio. Véase, las
entradas núm. 22, 45, 47, 59 y 61 del expediente digital del Caso Núm.
CG2020CV01433 en el SUMAC.
6 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 47-56. El 28 de febrero de 2023, la

parte apelante presentó nuevamente una Demanda Enmendada con el fin de
incluir como parte demandada a Pediatric Professionals CSP, compañía que
manejaba la sala de emergencias del Hospital Menonita de Caguas. Véase, la
entrada núm. 81 del expediente digital del Caso Núm. CG2020CV01433 en el
SUMAC.
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       parte demandante por todos los daños sufridos, de
       manera solidaria, conjuntamente con todos los demás
       codemandados. Se ha denominado a la esposa del Dr.
       López como Fulana de Tal por desconocerse su
       verdadero nombre y/o existencia. Una vez se conozca
       su verdadero nombre se hará la sustitución de rigor.
       […].”7

       Además, en esta demanda enmendada se incluyeron las

alegaciones siguientes:

       “4. En la Sala de Emergencias del Hospital Menonita de
       Caguas, el Dr. Edwin B. López Robles, atendió a la Sra.
       Brunilda Mercado. Éste atendió a la Sra. Brunilda
       Mercado y conoció del estado en que se encontraba el
       dedo grande del pie izquierdo de la Sra. Mercado. Dicho
       dedo estaba cianótico, eritematoso, sensible y con
       secreciones fétidas.

       5. No obstante, ante las condiciones claramente críticas
       del estado del dedo del pie de la Sra. Mercado, el Dr.
       López Robles permitió el alta médica de ésta.”8

       El 28 de febrero de 2023, la parte apelante presentó una

segunda Demanda Enmendada con el fin de incluir como parte

demandada a Pediatric Professionalss CSP, compañía que manejaba

la sala de emergencias del Hospital Menonita de Caguas.9

       El 8 de marzo de 2023, el Hospital Menonita de Caguas

presentó Contestación a Demanda Enmendada.10

       Luego de varios otros trámites procesales, el 28 de marzo de

2023, el Dr. López Robles presentó una Moción de Desestimación.11

En síntesis, el Dr. López Robles solicitó la desestimación de la

demanda a su favor al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), alegando que la reclamación en su

contra estaba prescrita.

       El 5 de mayo de 2023, la parte apelante presentó su Oposición

a Moción de Desestimación.12 En esta, se opuso a la solicitud del Dr.

7 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 48-49.
8 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 53.
9  Véase, la entrada núm. 81 del expediente digital del Caso Núm.
CG2020CV01433 en el SUMAC.
10  Véase, la entrada núm. 87 del expediente digital del Caso Núm.
CG2020CV01433 en el SUMAC.
11 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 29-44.
12 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 20-28.
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López Robles alegando que el Hospital Menonita de Caguas

respondía vicariamente por las actuaciones negligentes del Dr.

López Robles; y que la interrupción de la prescripción en cuanto a

dicho hospital aprovechó por igual a este doctor, pues entre estas

partes existía una relación de solidaridad propia.

      Además,    la   parte     apelante   alegó   que     mediante    el

descubrimiento de prueba que advino en conocimiento de que la

compañía Pediatric Professionalss CSP manejaba la sala de

emergencias del Hospital Menonita de Caguas y no el propio

hospital; y de que el Dr. López Robles había sido uno de los

causantes del daño, razón por la cual estas partes no fueron

incluidas como partes demandadas en la demanda original.

      El 15 de mayo de 2023, Pediatric Professionalss CSP presentó

su Contestación a Demanda Enmendada.13

      El 10 de agosto de 2023, se celebró una Vista Argumentativa,

en la cual las partes tuvieron la oportunidad de argumentar a favor

de sus respectivas posiciones con respecto a la solicitud de

desestimación presentada por el Dr. López Robles.14

      Finalmente, el 25 de agosto de 2023, notificada el 28 de agosto

de 2023, el TPI dictó la Sentencia Parcial apelada, mediante la cual

declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Dr.

López Robles y, en consecuencia, se desestimó la demanda, con

perjuicio, en cuanto a este codemandado.15 En su dictamen, el TPI

concluyó   que   el   término    prescriptivo   para     presentar    una

reclamación contra el Dr. López Robles comenzó a transcurrir el 12

de julio de 2019, fecha en que este atendió a la Sra. Brunilda

Mercado Santana en la sala de emergencia del Hospital Menonita de

Caguas. Al respecto, dicho foro expresó, entre otras cosas, que:

13  Véase, la entrada núm. 107 del expediente digital del Caso Núm.
CG2020CV01433 en el SUMAC.
14 Véase, la entrada núm. 112 del expediente digital del Caso Núm.

CG2020CV01433 en el SUMAC.
15 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 10-19.
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         “[d]esde dicha fecha, los demandantes conocían el
         doctor que atendió a la señora Mercado y hasta
         obtuvieron una receta de varios medicamentos que éste
         le emitió”; “[d]esde dicho momento conocían que la
         cadena de eventos en el hospital que culminó con la
         amputación de parte del pie de la señora Mercado
         comenzó a partir de la primera visita; “[m]as aún, los
         demandantes obtuvieron copia de los récords médicos
         los cuales fueron examinados por su perito Dr. José R.
         Ortiz Feliciano”; y “no era creíble el planteamiento de
         los demandantes en cuanto a que fue el 16 de
         noviembre de 2022, cuando advinieron en conocimiento
         de la existencia del Dr. López en este panorama.”16

         El TPI concluyó, además, que, “[c]onforme a la norma

establecida en [Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365

(2012)], es norma claramente establecida que la presentación de la

demanda en contra del Hospital Menonita de Caguas y demás

codemandados no paralizó el término prescriptivo en contra del Dr.

López.”17 Finalmente, resolvió que el término para presentar una

acción contra el Dr. López Robles había prescrito.

         El 12 de septiembre de 2023, la parte apelante presentó una

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI

mediante la Orden emitida y notificada el 13 de septiembre de

2023.18

         En desacuerdo con la determinación del TPI, la parte apelante

acudió ante nos el 13 de octubre de 2023 mediante el presente

recurso de Apelación. En este, la parte apelante señala como único

error lo siguiente:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender
         que la acción legal contra el Dr. Edwin López estaba
         prescrita.

         El 14 de noviembre de 2023, el Dr. Edwin López Robles

presentó su Alegato de la Parte Apelada.

         Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

16 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 18.
17 Íd.
18 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 1-9.
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                                        II

                                       A.

       El Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 31 LPRA

sec. 5142,19 recoge el principio de responsabilidad vicaria por virtud

del   cual,    entre    otros    supuestos,      un    patrono     podría     ser

responsabilizado extracontractualmente por los actos negligentes

cometidos por alguno de sus empleados. En lo pertinente, el Artículo

1803 del Código Civil, supra, dispone lo siguiente:

       “La obligación que impone [el Artículo 1802 del Código
       Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141] es exigible, no sólo por
       los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
       personas de quienes se debe responder.

       […]

       Lo son igualmente los dueños o directores de un
       establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
       causados por sus dependientes en el servicio de los
       ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de
       sus funciones.

       […]

       La responsabilidad de que trata esta sección cesará
       cuando las personas en ella mencionadas prueben que
       emplearon toda la diligencia de un buen padre de
       familia para prevenir el daño.”

       El precitado artículo constituye una excepción especial al

principio de la responsabilidad personal por los actos propios y solo

puede aplicarse a los casos incluidos específicamente en el

mismo. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022).

De igual forma, establece una presunción legal de responsabilidad

de las personas citadas en él. En atención a las relaciones de

autoridad o superioridad que mantienen con los autores del daño

causado, la ley presume que le es imputable la causa de aquel por

su propia culpa o negligencia. Íd.

19 El “Código Civil de Puerto Rico” de 1930, fue derogado y sustituido por la Ley

Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico” de
2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. Los hechos que originan la presente controversia
tomaron lugar durante la vigencia del Código Civil de 1930, por lo cual esta es la
ley que aplica al caso.
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      La causa de acción establecida por Artículo 1803 del Código

Civil, supra, consiste fundamentalmente en la culpa in vigilando, in

instruendo o in eligiendo atribuible a las personas designadas

estatutariamente como responsables. Maderas Tratadas v. Sun

Alliance et al., 185 DPR 880, 907 (2012). Se establece, pues, una

presunción de culpa que puede consistir en una falta de vigilancia

(culpa in vigilando), en una falta de instrucción (culpa in instruendo)

o en una desacertada elección (culpa in eligiendo). Íd. Es decir, que,

de haber sido el patrono diligente en vigilar, instruir o escoger a sus

empleados, el daño no hubiese ocurrido. Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., supra. Para activar esta presunción de culpa del

patrono, un demandante debe establecer prima facie: (1) una

relación de dependencia entre el patrono y el empleado, (2) que el

empleado actuó en el desempeño de los ramos de su oficio con el

propósito de servir y proteger los intereses del patrono, y que (3) el

empleado tuvo culpa en el desempeño de esas funciones. Pérez et al.

v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 983 (2021). El patrono puede

liberarse de esta responsabilidad si demuestra que empleó toda la

diligencia de un buen padre de familia. Cruz Flores et al. v. Hosp.

Ryder et al., supra.

      En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, al

amparo del Artículo 1803 del Código Civil, supra, los hospitales

pueden ser responsables frente a un perjudicado por la falta de

pericia atribuible al personal del hospital en el ámbito de sus

funciones. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., supra; Márquez

Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397, 404-405 (1985).

      Se reconoce que las instituciones hospitalarias tienen el deber

de ejercer el cuidado y las medidas previsoras que una persona

razonablemente         prudente   desplegaría   ante    determinadas

situaciones, utilizando como criterio la buena práctica generalmente

reconocida por la profesión. Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al.,
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supra, pág. 487-488. Su responsabilidad no es absoluta, pues no

tienen la obligación de prever todo peligro imaginable. Íd. Se limita

a aquellos riesgos que con algún grado de probabilidad serían

anticipables para una persona prudente y razonable. Íd.

      Al momento de adjudicar responsabilidad vicaria a los

hospitales por los actos de los médicos que laboran en su

institución, es importante considerar la relación jurídica existente

entre estos. Íd.; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 288

(2012). El hospital responde vicariamente por los actos de aquellos

médicos que son sus empleados; por aquellos médicos, que, aunque

no forman parte de su fuerza laboral, son parte de la facultad o staff,

encontrándose disponibles para consultas de otros médicos; por los

médicos    pertenecientes     a   concesionarios     de   franquicias

exclusivas para prestar servicios en el hospital; y por aquellos

médicos que sin ser empleados gozan de privilegios en la institución.

Íd.; Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra; Núñez v. Cintrón, 115

DPR 598 (1984); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR

484, 515-16 (2009).

                                  B.

      La prescripción extintiva constituye una institución propia del

derecho civil en materia sustantiva, la cual está intrínsecamente

atada al ejercicio del derecho que se pretende vindicar. Campos v.

Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001); Olmo v. Young & Rubicam

of P.R., Inc., 110 DPR 740, 742 (1981). Es una forma de extinción de

un derecho, por la inercia de una parte en ejercer el mismo dentro

del término prescrito por ley. Maldonado Rivera v. Suárez y otros,

195 DPR 182 (2016); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra;

S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Loker, 182 DPR 824, 831 (2011). Esta

figura tiene como objetivo impedir la incertidumbre de las relaciones

jurídicas y sancionar la inacción del ejercicio de los derechos. Orraca
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López v. ELA, 192 DPR 31, 49 (2014); COSSEC et al. v. González

López et al., 179 DPR 793 (2010).

      Cónsono con lo anterior, el Artículo 1868 del Código Civil, 31

LPRA ant. sec. 5298, dispone que las acciones de daños y perjuicios

por culpa o negligencia a las que se refiere el Artículo 1802 del

Código Civil, supra, tienen un término de prescripción de un (1) año.

Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635, 644 (2016);

Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 415 (2015); Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, supra. El punto de partida de dicho término es la

fecha en que el agraviado conoció o debió haber conocido que sufrió

un daño, quién lo ocasionó, así como los elementos necesarios para

poder ejercitar su causa de acción. Toro Rivera v. ELA, supra;

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. En nuestro

ordenamiento jurídico esta doctrina se conoce como la teoría

cognoscitiva del daño. COSSEC et al. v. González López et al., supra;

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138 (2008); Vera v. Dr.

Bravo, 161 DPR 308 (2004).

      Una vez iniciado el término prescriptivo, corresponde a la

parte agraviada expresar su voluntad de conservar su derecho a ser

indemnizado. Nuestro ordenamiento reconoce tres maneras de

manifestar la voluntad de conservar un derecho y que interrumpen

efectivamente la prescripción extintiva, a saber: (1) el ejercicio de un

derecho ante un foro judicial; (2) la reclamación extrajudicial de

parte del titular de un derecho dirigida al deudor, y (3) el

reconocimiento de una deuda por parte del deudor. Artículo 1873

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Una vez se interrumpe

oportunamente la prescripción, el término prescriptivo comienza a

transcurrir nuevamente. SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR

799, 816 (2014).

      En materia de prescripción de la causa de acción bajo el

Artículo 1802 del Código Civil, supra, en Fraguada Bonilla v. Hosp.
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Aux. Mutuo, supra, se adoptó la figura de la solidaridad impropia (o

in solidum) cuando coincide más de un causante de un daño.

Conforme a esta figura, si el perjudicado interesa conservar su

causa de acción contra cada uno de los causantes del daño, deberá

interrumpir la prescripción en relación con cada uno por separado

y dentro del término prescriptivo de un (1) año establecido por el

Artículo 1868 del Código Civil, supra. Véase, además, Maldonado

Rivera v. Suárez y otros, supra.

      Cónsono,    y    en     lo    pertinente   al   caso     ante    nuestra

consideración, se ha resuelto que la solidaridad impropia, no se

extiende al régimen de responsabilidad presunta establecido en

el   Artículo   1803    del        Código   Civil,    supra.    Al    respecto,

recientemente en Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra, pág. 989-

890, se estableció que “la responsabilidad que surja entre el patrono

y el empleado es una solidaria, más en su vertiente propia”, por lo

que “los actos interruptivos del término prescriptivo realizados

contra el patrono o el empleado perjudican al otro por igual.”

                                      III

      En su Recurso de Apelación, la parte apelante señala que el

erró el TPI “al entender que la acción legal contra el Dr. Edwin López

estaba prescrita”. En síntesis, alega que el Hospital Menonita de

Caguas respondía vicariamente por las actuaciones negligentes del

Dr. López Robles; y que la interrupción de la prescripción en cuanto

a dicho hospital aprovechó por igual a este doctor, pues entre estas

partes existía una relación de solidaridad propia. Además, alega que

fue mediante el descubrimiento de prueba que advino en

conocimiento de que la compañía Pediatric Professionalss CSP

manejaba la sala de emergencias del Hospital Menonita de Caguas

y no el propio hospital; y de que el Dr. López Robles había sido uno

de los coausantes del daño, razón por la cual estas partes no fueron

incluidas como partes demandadas en la demanda original.
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      En oposición, el Dr. López Robles sostiene la corrección de la

determinación del dictamen apelado alegando que no era empleado

del Hospital Menonita ni de Pediatric Professionalss CSP, por lo que

no tiene méritos lo planteado por la parte apelante.

      Según reseñamos, en la Sentencia Parcial apelada, el TPI

resolvió que la reclamación contra el Dr. López Robles estaba

prescrita.   A   su   juicio,   la   parte   apelante debió   reclamarle

individualmente al doctor como alegado cocausante solidario dentro

del término prescriptivo de un año dispuesto en el Artículo 1868 de

nuestro Código Civil, supra. Sin embargo, la controversia ante su

consideración exigía —como parte integral del análisis—, considerar

la relación jurídica que existía entre el Hospital Menonita de Caguas

y el Dr. López Robles.

      Según expusimos, bajo el Artículo 1803 del Código Civil,

supra, el hospital responde vicariamente por los actos de aquellos

médicos que son sus empleados; por aquellos médicos, que, aunque

no forman parte de su fuerza laboral, son parte de la facultad o staff,

encontrándose disponibles para consultas de otros médicos; y por

los médicos pertenecientes a concesionarios de franquicias

exclusivas para prestar servicios en el hospital, como lo son los

proveedores de servicios de sala de emergencia. Cruz Flores et al.

v. Hosp. Ryder et al., supra, pág. 487-488.

      Según las alegaciones presentadas en la demanda, la Sra.

Brunilda Mercado Santana acudió directamente a la sala de

emergencias del Hospital Menonita de Caguas en busca de

asistencia médica y allí se le asignaron médicos que laboraban en

dicha institución para que la atendieran dentro de sus facilidades.

Entre estos, se le asignó al Dr. López Robles, quien pertenece a un

concesionario proveedor de servicios de sala de emergencia.

      Entendemos que existe una presunción de que el Hospital

Menonita de Caguas responde vicariamente por los alegados actos
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de mala práctica profesional del Dr. López Robles. Por consiguiente,

también rigen los efectos de la solidaridad propia. Es decir, la

interrupción de la prescripción aprovecha o perjudica por igual a

ambos.

      En    lo    pertinente   a   la   controversia   ante   nuestra

consideración, la interrupción del término prescriptivo en cuanto al

Hospital Menonita de Caguas perjudicó al Dr. López Robles por

igual, pues entre ambas partes existe una relación de solidaridad

propia. Por lo tanto, a nuestro juicio, el TPI erró al desestimar la

reclamación contra el Dr. López Robles por prescripción.

                                   IV

      Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia Parcial

apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones