Court Opinion

ID: 9962804
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:59.328665+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.944804
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL (I)

    JOSÉ IGNACIO                                      CERTIORARI
   BLANCO ANEIROS                                     procedente del
                                                      Tribunal de Primera
        Recurrido                KLCE202400256        Instancia, Sala
                                                      Superior de
             v.                                       San Juan

 NINA CHOCK RIVERA,                                   Civil núm.:
     ART-DRAFT                                        SJ2022CV06779
   AUTHORITY, INC.                                    (802)

       Peticionarios                                  Sobre: Ley de
                                                      Corporaciones

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el
juez Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

      Comparece ante este tribunal apelativo la Sra. Nina Chock

Rivera (la señora Chock Rivera o la peticionaria) mediante el recurso

de certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos la Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI), el 29 de enero de 2024, notificada al día siguiente.

Mediante     este    dictamen,     el    foro    primario,     entre   otras

determinaciones,       declaró   No     Ha    Lugar   a   la   Solicitud   de

Reconsideración presentada por la peticionaria.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe ante la falta de jurisdicción.

                                         I.

      En el caso de autos, el 28 de julio de 2022, el Sr. José Ignacio

Blanco Aneiros (el señor Blanco Aneiros o el recurrido) instó una

demanda sobre designación de síndico y disolución de corporación

al tenor de los Artículos 9.05 y 9.03 de la Ley General de

Número Identificador
RES2024_________________________
KLCE202400256                                                               2

Corporaciones (2009).1 Art-Draft contestó la demanda aceptando

todas    las     alegaciones    e   indicó    que   ante    las   diferencias

irreconciliables entre las partes se imposibilita la continuación de

las operaciones. Por su parte, la peticionaria instó una Solicitud de

Desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento

Civil. El 30 de enero de 2023, notificada ese mismo día, el tribunal

primario       dictó   una     Sentencia     desestimando    la   demanda.

Inconforme, el señor Blanco Aneiros acudió ante este tribunal

apelativo mediante el recurso de apelación KLAN202300350. El 27

de junio de 2023 esta Curia dictó la Sentencia revocando el dictamen

apelado y ordenando la continuación de los procedimientos. El 31

de agosto de 2023 se remitió el Mandato.

        El 18 de octubre siguiente, el recurrido presentó una Moción

Informativa sobre Disolución de la Corporación en la cual anejó el

Certificado de Disolución de Art- Draft Authority, Inc., expedido por

el Departamento de Estado el 29 de septiembre de 2023.2 Ese mismo

día, notificada al día siguiente, el TPI dictó la siguiente Orden:3

           Enterado. Se toma conocimiento de la Certificación del
           Departamento de Estado que indica que ART-DRAFT
           AUTHORITY INC., registry number 88091, radicó un
           Certificado de Disolución Corporativa con fecha de
           efectividad del 29 de septiembre de 2023.

        Así las cosas, la vista sobre Conferencia Inicial se llevó a cabo

el 13 de diciembre de 2023 mediante videoconferencia. El 28 de

diciembre siguiente, la peticionaria presentó una moción intitulada

Solicitud de Reconsideración en la cual señaló que durante la

referida vista el foro recurrido realizó varias determinaciones, entre

ellas, validó la disolución de Art- Draft Authority, Inc. El señor

Blanco Aneiros presentó su oposición aduciendo que “como bien

determinó el Tribunal, (i) este es un procedimiento expedito para la

1 Advertimos que un extracto del trámite procesal aquí consignado se encuentra

detallado en el recurso KLAN202300350.
2 Véase, Expediente Electrónico Entrada Núm. 52.
3 Íd., Entrada Núm. 53.
KLCE202400256                                                           3

disolución de una corporación que no admite reclamaciones

adicionales; […].”4

       El 29 de enero de 2024, notificada al día siguiente, el TPI dictó

la   Resolución      recurrida     declarando     No   Ha   Lugar   a   la

reconsideración, entre otros asuntos. En lo aquí pertinente, expresó

lo siguiente:

          Asimismo, se declara No Ha Lugar la solicitud de
          reconsideración sobre que el único asunto pendiente de
          adjudicación del plan de liquidación y distribución
          luego que se informara sobre la disolución de la
          corporación el 29 de septiembre de 2023. Según
          expresamos en la vista, la realidad jurídica de la
          Corporación es que está disuelta según fue acreditado
          al Tribunal. A la fecha de la vista, la parte demandada
          no había presentado ninguna objeción, impugnación o
          expresión alguna sobre la disolución de la Corporación.
          Ante ello, el Tribunal expresó que era impertinente
          cualquier descubrimiento relacionado a la buena fe de
          la petición de disolución y se limitó el descubrimiento
          de prueba al inventario, el plan de distribución y la
          valoración de las acciones de la corporación.
          […][Énfasis en el original, subrayado nuestro]

       Aún inconforme, la peticionaria acude ante este tribunal

apelativo, mediante el recurso de epígrafe, imputándole al tribunal

de primera instancia haber incurrido en los siguientes errores:

          ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
          PERMITIR A LA SRA. CHOCK IMPUGNAR LA
          DISOLUCIÓN UNILATERAL DE ART-DRAFT, INC., Y
          ADJUDICAR EN LOS MÉRITOS, QUE EL SEÑOR JOSÉ
          I. BLANCO ANEIROS ES EL ÚNICO ACCIONISTA DE LA
          CORPORACIÓN. ELLO, A BASE DE ALEGACIONES,
          EXCLUSIVAMENTE.

          ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
          INTERPRETAR LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE
          TRIBUNAL (KLAN202300350) Y DISPONER DE LAS
          DEFENSAS AFIRMATIVAS DE FRAUDE Y QUE LA
          DISOLUCIÓN NO ES BONA FIDE.

          ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
          LIMITAR AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA E
          IMPEDIR QUE LA SEÑORA NINA CHOCK REALICE
          UNA AUDITORIA FORENSE DE ART-DRAFT, INC.
          PARA ADECUADAMENTE VALORAR SUS ACCIONES.

       Examinado el expediente a la luz del derecho vigente y al tenor

de la determinación arribada, resolvemos sin la comparecencia del

4 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 229.
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Procurador General. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. R. 7(B)(5).

                                 II.

Jurisdicción, Asunto de Umbral

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción. Cordero et al. v. ARPe et al, 187 DPR 445

(2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). Las cuestiones relativas

a la jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas con

preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356,

364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Una

vez un tribunal entiende que no tiene jurisdicción solo tiene

autoridad para así declararlo y, por consiguiente, desestimar el

recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355

(2003).

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. ASG v. Mun.

San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. Gobernador,

130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar cuidadosamente

por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla donde no existe.

Vázquez v. ARPe, supra. Es por ello que, como celosos guardianes

de nuestro poder de intervención apelativa, si carecemos de

jurisdicción para atender los méritos de un recurso, nuestro deber

es así declararlo y sin más, proceder a desestimar. García v.

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR (2007); Carattini v. Collazo

Systems Analysis, Inc., supra.

      Por su parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa
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propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v.

Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314 (1997).

                                  III.

      Analizado    el   recurso   ante   nuestra   consideración    nos

corresponde, en primera instancia, atender el asunto relativo a la

jurisdicción debido a que debe ser resuelto con preferencia a

cualquiera otra cuestión. Ello, aun cuando ninguna de las partes lo

haya argumentado o solicitado.

      De la Resolución recurrida surge que el TPI atendió la Solicitud

de Reconsideración instada por la señora Chock Rivera, así como la

correspondiente oposición. De la lectura del petitorio surge que esta

solicitó al foro revisado reconsiderar varias determinaciones que este

hizo durante la audiencia celebrada el 13 de diciembre.

      De entrada, precisa advertir que obtuvimos del Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) la Minuta

de la vista sobre Conferencia Inicial llevada a cabo el 13 de diciembre

de 2023 y transcrita el 15 posterior. Ello, debido a que la peticionaria

no la incluyó como parte del apéndice del recurso. Del análisis de

este documento nos percatamos que la misma no está firmada por

la Hon. Glorianne Lotti Rodríguez ni consta en SUMAC que se haya

notificado. Sobre esto último, tampoco consta en la Minuta que el

TPI haya ordenado que se notificara, aun cuando en la misma se

incluyen órdenes emitidas por la jueza en corte abierta.

      Asimismo, de la lectura de lo allí informado no aparece

transcrita la supuesta determinación que la señora Chock Rivera

solicitó al foro a quo reconsiderar - que a la vez es uno de los errores
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planteados en el recurso-, en cuanto a que concluyó que la petición

de disolución realizada por el demandante, al amparo del Artículo

9.05 (c) de la Ley de Corporaciones de 2009 y la defensa afirmativa

de la peticionaria sobre el aspecto de bona fide de la solicitud de la

disolución, se tornó académica.

      Por tanto, y a tenor de lo antes expresado, resulta forzoso

concluir     que    estamos    impedidos     de    asumir    jurisdicción.

Recordemos que en Sánchez et als v. Hosp. Dr. Pila et als 158 DPR

255, 262 (2002) el Tribunal Supremo decretó y citamos:

           Resolvemos pues, que una notificación verbal en corte
           abierta de una determinación interlocutoria del
           Tribunal de Primera Instancia en un caso civil no
           constituye la notificación que se requiere para activar
           el plazo dispuesto por ley para interponer una moción
           de reconsideración o un recurso de certiorari ante el
           Tribunal de Circuito. La notificación que activa estos
           términos tiene que constar por escrito y dicho escrito
           tiene que ser notificado a las partes.

      Asimismo, en dicho caso el más alto foro reiteró que, acorde

con la Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del Tribunal

de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4

LPRA Ap. II-B R. 32(b), la minuta será el registro oficial de las

incidencias más importantes ocurridas durante la vista judicial en

el salón de sesiones y en cámara. De igual manera, dictó que,

conforme con dicha regla, la minuta no será notificada a las partes

o a sus abogados, salvo que incluya una Resolución u Orden emitida

por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo caso será firmada

por el juez o la jueza y notificada a las partes. Sánchez et als v.

Hosp. Dr. Pila et als, supra, a la pág. 261.

      Por su parte, y más recientemente, en Pueblo v. Ríos Nieves

209 DPR 264, 280-281 (2022), la alta curia expresó y por su

pertinencia mencionamos:

           “.... la Regla 32(b) del Reglamento para la
           Administración del TPI, supra, establece que las
           minutas deberán notificarse a las partes o sus
           abogados cuando incluyan una resolución u orden
           emitida por el juez en corte abierta. A su vez,
           requiere la firma del juez o jueza que la dictó. Por lo
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          tanto, esta regla le impone un requisito de forma
          al juez que emitió la determinación en corte abierta
          para que, con su firma, le imprima validez y certeza a
          esa decisión recogida mediante la minuta. Es decir,
          para que la orden o resolución acogida dentro de
          una minuta tenga legitimidad y eficacia es
          indispensable que esté firmada por el juez o la
          jueza que emitió el dictamen interlocutorio. No
          podemos perder de perspectiva que tanto la facultad
          revisora del Tribunal de Apelaciones como la de esta
          Curia se fundamenta en determinaciones emitidas y
          suscritas por los jueces que las dictaminan y no en la
          interpretación o apreciación de otros funcionarios del
          tribunal. De permitir lo contrario, el foro revisor estaría
          evaluando un documento –en este caso la minuta-sin
          la certeza que el dictamen recurrido fue el que en efecto
          dictó el juez o jueza que atendió los procedimientos. Es
          decir, la minuta que no esté certificada por el juez que
          dictó la orden o resolución, no puede contar con la
          deferencia y la presunción de corrección de los foros
          revisores. Ello, debido a que es la firma del juez que
          impartió la decisión, la que precisamente le imprime
          legitimidad y eficacia a la decisión. Además, garantiza
          que la determinación fue ponderada por el juzgador de
          los hechos, quien, a su vez, fue la persona que valoró y
          tuvo ante sí la prueba sometida por las partes. [Énfasis
          y subrayado en el original]

       En virtud de la jurisprudencia antes citada, este tribunal

revisor está impedido de atender el recurso en los méritos al carecer

de jurisdicción. Por ello, para que podamos tener jurisdicción sobre

la presente controversia, la minuta en cuestión tiene que recoger la

determinación emitida en corte abierta que se pretenda revisar5,

debe estar firmada por la jueza que dictó la resolución y ser

notificada a las partes o sus abogados. Hasta que estos requisitos

de forma no se hayan corregido no empezará a transcurrir el término

para recurrir en revisión ante este foro apelativo.

       En fin, procede desestimar el auto de certiorari por ser uno

prematuro. Un recurso prematuro es aquel que se presenta en la

secretaría de un tribunal apelativo antes de que este adquiera

jurisdicción. Al igual que un recurso tardío, el recurso prematuro

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al

tribunal al cual se recurre. Ello es así puesto que su presentación

5
  Como norma general, lo esencial para que el Tribunal de Apelaciones pueda
revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia es que se acompañe copia
del documento que recoge la decisión. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, a la pág. 275,
citando a Pueblo v. Rodríguez, 167 DPR 318, 324 (2006), y Pueblo v. Pacheco
Armand, 150 DPR 53, 58 (2000).
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carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese

momento o instante en el tiempo, “punctum temporis”, aún no ha

nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).

        Por otro lado, aun cuando determinemos que tenemos ante

nuestra consideración un dictamen revisable, de igual manera

procedía la desestimación del presente recurso. Del trámite procesal

antes consignado, surge que el 18 de octubre de 2023, notificada al

día siguiente, el TPI tomó conocimiento judicial de la Certificación

de Disolución emitida por el Departamento de Estado. Por lo que la

impugnación de esta determinación, según planteada en el primer

error del recurso, resulta ser tardía. Además, respecto a los

restantes errores, precisa señalar que estos están relacionados con

el descubrimiento de prueba, asunto que no está comprendido

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la

Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.

52.1.

                                  IV.

        Por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar el

recurso de certiorari ante la falta de jurisdicción.

        Notifíquese.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

        El Juez Sánchez Ramos disiente de la determinación

jurisdiccional, pues se solicita la revisión de la Resolución de 29 de

enero de 2024, la cual está firmada por la jueza del Tribunal de

Primera Instancia (“TPI”) y la cual se notificó a las partes el día

siguiente. No tiene pertinencia que esta Resolución se haya emitido

en conexión con una moción de reconsideración de un dictamen

emitido en corte abierta y el cual se recoge en una minuta no firmada

por el TPI. Ello porque, en esencia, lo que se nos solicita es revisar
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el contenido de la Resolución del 29 de enero de 2024, la cual consta

en un escrito firmado por el TPI y notificado a las partes. Todos los

errores señalados van dirigidos a, y se pueden conectar con, el

contenido de dicha Resolución. Si un dictamen del TPI consta por

escrito y está firmado por el (o la) juez(a), el mismo no deja de ser

revisable porque, anteriormente, el mismo dictamen conste en una

minuta no firmada por el TPI. Tampoco tiene pertinencia que no se

haya solicitado revisión del dictamen del TPI tomando conocimiento

judicial de un trámite en el Departamento de Estado, pues una de

las controversias que presenta la peticionaria surgió posteriormente,

y se relaciona con las consecuencias de dicho trámite administrativo

en términos del caso de referencia, no con la existencia del

mismo. Examinado lo planteado por la peticionaria al amparo de la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil y de la Regla 40 del

Reglamento de este Tribunal, hubiese denegado la expedición del

auto solicitado.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones