Court Opinion

ID: 9962685
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:16.89484+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:24.536197
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL III

ELOISA ORTIZ POCHE T/C/P                          Certiorari
  ELOISA ORTIZ CRESPO Y                           procedente del
 THOMAS ANTHONY CACHO                             Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala de
    Demandante-Recurrido                          Carolina
                                 KLCE202400238
               v.                                 Sobre:
                                                  Compraventa, Daños,
ANA LYDIA ROSA SILVA Y LA                         Enriquecimiento
   SOCIEDAD LEGAL DE                              Injusto, Impugnación
GANANCIALES COMPUESTA                             de Contrato, Mandato,
ENTRE ESTA Y SU ESPOSO,                           Nulidad de Contrato,
  PUERTO RICO NURSING                             Petición de Orden,
    HOMES INC., Y SUS                             Reposesión de Bienes
   ACCIONISTAS WILSON                             Muebles
   FRANCISCO QUIROGA
  PÉREZ, SU ESPOSA Y LA                           Caso Número:
   SOCIEDAD LEGAL DE                              CA2023CV01534
GANANCIALES COMPUESTA
 ENTRE AMBOS, CARIDAD
QUIROGA, SU ESPOSO Y LA
   SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE AMBOS, JANE DOE,
RICHARD DOE, JOHN DOE,
  CORPORACIÓN “A” Y “B”
       COMPAÑÍAS
 ASEGURADORAS “X”, “Y” y
           “Z”

   Demandado-Peticionaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortíz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece la parte demandada-peticionaria, Ana Lydia Rosa Silva

(en adelante, ¨peticionaria¨ o ¨Sra. Rosa Silva¨) mediante Certiorari y

solicita que revisemos la Resolución dictada el 26 de enero de 2024 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (en adelante, ¨TPI¨).

En el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de

reconsideración y sostuvo una determinación previa mediante la cual le

anotó la rebeldía a la peticionaria.

Número Identificador
SEN2024________________
KLCE202400238                                                        2

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide

el auto de certiorari y se Confirma el dictamen recurrido.

                                   II.

      El 12 de mayo de 2023, Eloisa Ortiz Poche, Thomas Anthony

Cacho y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en

adelante, ¨recurridos¨) presentaron una Demanda en contra de la Sra.

Rosa Silva, PR Nursing Homes Inc., Caridad Quiroga y Wilson Francisco

Quiroga Pérez (en conjunto, ¨codemandados¨).

      El 18 de julio de 2023, la peticionaria compareció mediante una

Moción Asumiendo Representación Legal, Solicitud de Imposición de

Fianza de No Residente y Solicitud de Prórroga. En lo aquí pertinente, la

Sra. Rosa Lydia solicitó una prórroga para presentar su alegación

responsiva. Ese mismo día, el TPI emitió una Orden en la cual le concedió

a la peticionaria una prórroga de veinte (20) días para presentar su

Contestación a la Demanda.

      Luego de varios trámites procesales, el 18 de octubre de 2023, el

TPI les concedió a los codemandados un término improrrogable de veinte

(20) días para contestar la demanda.

      El 27 de octubre de 2023, los recurridos solicitaron que se le

anotara la rebeldía a PR Nursing Homes, Caridad Quiroga y a Francisco

Quiroga Pérez.

      El 6 de diciembre de 2023, el TPI les anotó la rebeldía a los

codemandados, incluyendo a la Sra. Rosa Silva. El 7 de diciembre de

2023, la Sra. Rosa Silva solicitó reconsideración y, a su vez, que se

levantara la anotación de rebeldía. A esos efectos, la peticionaria señaló

lo siguiente:

      3. Al revisar [SUMAC], nos percatamos que por error y/o
      inadvertencia excusable del abogado suscribiente, no se
      había presentado la Contestación a la Demanda.

      […]
KLCE202400238                                                        3

      5. Ante lo anterior, solicitamos que este Honorable Tribunal
      reconsidere la Orden dictada; y[,] por ende, levante la
      anotación de la rebeldía de la señora Rosa. […]

      De igual manera, la peticionaria anejó la Contestación a la

Demanda a la referida solicitud de reconsideración.

      El 8 de diciembre de 2023, el TPI dictó una Orden en la cual

determinó, en lo pertinente:

      Se impone a la demandada Ana Lydia Rosa Silva una
      sanci[ó]n de $150.00 por presentar la demanda fuera del
      t[é]rmino establecido. La misma deber[á] ser consignada en
      10 d[í]as. Una vez transcurrid[o] el t[é]rmino antes
      mencionado, se evaluar[á] la solicitud de reconsideraci[ó]n.

      Así las cosas, el 13 de diciembre de 2023, la peticionaria consignó

el pago de la sanción impuesta.

      El 3 de enero de 2023, la parte demandante-recurrida presentó su

oposición a la reconsideración solicitada por la Sra. Rosa Silva. Los

recurridos   argumentaron      que   la   peticionaria   fue   emplazada

personalmente el 9 de junio de 2023 y que, a pesar de haber sido

concedida dos prórrogas, presentó su alegación responsiva el 7 de

diciembre, fuera de término, cuando la anejó a su moción de

reconsideración. De igual manera, añadieron que la Sra. Rosa Silva no

presentó justa causa para su dilación.

      El 26 de enero de 2024, el TPI dictó una Resolución y declaró No

Ha Lugar la solicitud de reconsideración de la Sra. Rosa Silva para que

se dejara sin efecto la anotación de rebeldía.

      Inconforme, el 26 de febrero de 2024, la Sra. Rosa Silva presentó

el recurso de Certiorari ante nuestra consideración y solicitó la revisión

de la Resolución del 26 de enero de 2024. La peticionaria realizó el

siguiente señalamiento de error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al anotarle la
      rebeldía a la codemandada, Ana Lydia Rosa Silva, sin que
      previamente se cumpliera con lo requerido en la Regla
      39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap III R.
      39.2

      Los recurridos no presentaron memorando en oposición a la

expedición del auto dentro del término reglamentario que dispone la
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Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B. Por consiguiente, resolvemos sin el beneficio de su comparecencia.

                                 II.

A. El certiorari

      El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario mediante el

cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error

cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. American

International Insurance, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); véase, además, Art. 670

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la

expedición del auto de certiorari descansa en la sana discreción del

tribunal revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012).

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v.

American International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera
      Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de
      Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden
      bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción
      de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
      dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
      revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por
      el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público
      o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
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      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari, en estos
      casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
      su decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

   Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos jurisdicción

sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación

en sus méritos es un asunto discrecional. No obstante, tal discreción no

opera en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

96 (2008). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

establece los criterios que este foro tomará en consideración para ejercer

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari,

a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
         manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
         a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      De   otra   parte,   este   Tribunal   solo   intervendrá   con       las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la discreción ha sido definida

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). La discreción se nutre de un

juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un

sentido llano de justicia. Íd. Por lo anterior, un adecuado ejercicio de

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto de
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razonabilidad. Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275

(2019); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Anotación de rebeldía

      Es obligación de toda parte contra la cual se presenta una

demanda de notificar su contestación dentro de treinta (30) días de

haber sido emplazado conforme a derecho. Regla 10.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10. No obstante, la precitada Regla también

establece que “[l]a notificación de una moción permitida por estas reglas

o bajo la Regla 36, altera los términos arriba prescritos […], a menos que

por orden del tribunal se fije un término distinto […]”. 32 LPRA Ap. V,

R. 10.1 (Énfasis nuestro).

      A pesar de ello, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que

procede la anotación de rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se

solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado

de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma, según se

dispone en estas reglas”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 45.1. Este remedio puede ser utilizado tanto en las instancias

mencionadas, como en aquellas en que una de las partes en el pleito no

ha cumplido con algún mandato del tribunal, que conlleva la obligación

del foro judicial a imponerle la rebeldía como sanción. Ocasio v. Kelly

Servs., 163 DPR 653, 670 (2005). A pesar de ello, la anotación de

rebeldía “como sanción por su incumplimiento con una orden del

tribunal siempre se debe dar dentro del marco de lo que es justo, y la

ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción”. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011).

      Se ha resuelto que la consecuencia jurídica de anotar la rebeldía

a una parte en un pleito será tener como aceptadas cada una de las

alegaciones bien formuladas que hubieran sido incluidas en la

demanda. Vélez v. Boy Scouts of America, 145 DPR 528, 534 (1998).

      Ahora bien, en el descargue de sus funciones, el Tribunal de

Primera Instancia está en la obligación de comprobar cualquier
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aseveración esgrimida mediante la aportación de prueba que demuestra

lo alegado. Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998). “[S]i un

tribunal necesita, para poder dictar sentencia en rebeldía, comprobar la

veracidad de cualquier alegación o hacer una investigación sobre

cualquier otro asunto, deberá celebrar las vistas que estime necesarias

y adecuadas.” Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671.

      En armonía con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

reiterado que en el ámbito de la adjudicación de un pleito en rebeldía los

foros judiciales no pueden actuar como meros autómatas. Íd., págs.

671-672. Es decir, “un trámite en rebeldía no garantiza per se, una

sentencia favorable al demandante; el demandado no admite hechos

incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de derecho”.

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). Nótese

que el objetivo de este mecanismo procesal no es conferirle una ventaja

al demandante para obtener una sentencia a su favor, sino que lo que

se persigue es estimular la tramitación ágil y efectiva de los pleitos ante

los tribunales. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971).

      Por este motivo, un tribunal, al momento de resolver una solicitud

de anotación de rebeldía, debe interpretar la Regla 45 de Procedimiento

Civil, supra, de forma liberal, lo que significa que debe siempre resolver

cualquier duda a favor de la parte que se opone a la concesión de la

rebeldía. Esto es cónsono con la política judicial que prefiere que los

casos se vean en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp.,

120 DPR 283, 293 (1988); Imp. Vilca, Inc v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR

679, 686 (1987).

      La Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone la facultad para

dejar sin efecto una anotación de rebeldía. 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. La

misma señala que “[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de

rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en

rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2.

Íd. Nuestro más Alto Foro ha reconocido que la parte que alegue causa
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justificada puede: (1) presentar evidencia de circunstancias que a juicio

del tribunal demuestren justa causa para la dilación, o (2) probar que

tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que

se puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso es

razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183

DPR 580, 593 (2011).

                                   III.

      En síntesis, la peticionaria alega que erró el TPI al sostener la

determinación en la cual le anotó la rebeldía. Conforme surge del tracto

procesal, la peticionaria fue emplazada personalmente y solicitó varias

prórrogas para contestar la demanda. Las prórrogas fueron concedidas

por el Tribunal. No obstante, la peticionaria no contestó la demanda

dentro del término y el foro recurrido le anotó la rebeldía.

      Un día después de que se le anotara la rebeldía, la peticionaria

presentó una moción de reconsideración en la cual anejó la Contestación

a la Demanda y solicitó que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía.

Consecuentemente, el TPI le impuso una sanción de $150 por haber

presentado su Contestación a la Demanda fuera de término. El día

después, la Sra. Rosa Silva consignó el pago de la sanción impuesta. No

obstante, el 26 de enero de 2023, el TPI emitió una Resolución y sostuvo

la anotación de rebeldía.

      La Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, supra, le concede al

Tribunal la facultad de dejar sin efecto una anotación de rebeldía

cuando la parte demuestre justa causa. No obstante, la determinación

del tribunal de anotar o levantar la rebeldía es una discrecional.

      Un examen del expediente refleja que la peticionaria fue

emplazada el 9 de junio de 2023. El 18 de julio de 2023, el TPI le

concedió una primera prórroga de veinte (20) días para presentar su

Contestación a la Demanda. A pesar de haber transcurrido el término y

sin que la peticionaria lo solicitara, el 18 de octubre de 2023, el TPI les
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concedió a todos los codemandados, incluyendo a la Sra. Rosa Silva, un

segundo término improrrogable de veinte (20) días. La rebeldía fue

anotada el 6 de diciembre de 2023.

      De ordinario, la Regla 10.1 de las de Procedimiento Civil solo les

concede a las partes un término de treinta (30) días para presentar su

alegación responsiva. Surge del expediente ante nuestra consideración

que la peticionaria tuvo un total de ciento ochenta y un (181) días para

presentar su Contestación a la Demanda, desde el 9 de junio de 2023

(cuando fue emplazada) hasta el 6 de diciembre de 2023 (cuando se le

anotó la rebeldía).

      A través de la moción de reconsideración, la peticionaria

únicamente adujo como justa causa para la dilación ¨error y/o

inadvertencia excusable del abogado suscribiente¨. Sin evidencia de

alguna circunstancia que justificara la dilación y otorgado un extenso

término para la presentación de la Contestación a la Demanda, el TPI

estuvo imposibilitado de justificar la tardanza. Por todo lo cual, el foro

de instancia no erró al sostener la anotación de la rebeldía.

      Por último, es norma firmemente establecida que los tribunales

apelativos no intervienen con el manejo de los casos por parte del

Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un

craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. SLG

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 338 (2021); SLG

Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015).
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                                   IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de certiorari

y se confirma el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al foro recurrido

para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones