Court Opinion

ID: 9394853
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:16:04.992858+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.555415
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

                                               CERTIORARI
                                               procedente del
EL PUEBLO DE PUERTO                            Tribunal de
RICO                                           Primera
                                               Instancia, Sala
Recurrido                                      Superior de
                                 KLCE202300456 Bayamón
      v.

WILLIAM AVILÉS GONZÁLEZ
                                                    Criminal Núm.:
                                                    D VI2020G0006
Peticionario
                                                    y otros

                                                    Art. 93 Grado de
                                                    Asesinato 1er
                                                    grado, Inciso A
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos.

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

      Mediante un recurso de certiorari presentado el 26 de abril de

2023, comparece William Alexis Avilés González (peticionario) y

solicita que revisemos la Resolución notificada por el Tribunal de

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón, el 21 de abril de

2023. Mediante la decisión recurrida, el foro a quo declaró testigo no

disponible al Sr. Luis Enrique González Martínez (González

Martínez), coacusado en el caso de epígrafe. Consecuentemente,

admitió en evidencia la grabación del testimonio que vertió el

referido testigo de cargo en la vista preliminar, como excepción a la

regla general de exclusión de prueba de referencia al amparo de la

Regla 806(b)(1) de Evidencia, infra

      Junto a su recurso, Avilés González instó una moción en

auxilio de jurisdicción, la cual declaramos no ha lugar.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.

Número Identificador
RES2023 ______________
KLCE202300456                                         Página 2 de 10

                                   I

      Por hechos ocurridos en septiembre de 2019, el Ministerio

Público radicó cargos por Asesinato en Primer Grado, Tentativas de

Asesinato y violaciones a la Ley de Armas en contra de Avilés

González, Keishla Pérez Bigio, y González Martínez. El coacusado

González Martínez estipuló con el Ministerio Público un acuerdo de

cooperación y una alegación preacordada de culpabilidad bajo la

Regla 72(d) de Procedimiento Criminal. Además, el aludido

coacusado compareció, en calidad de testigo del Ministerio Público,

a la vista preliminar del caso de epígrafe, la cual se celebró el 9 y 10

de marzo de 2020. Durante la vista, la defensa de los coacusados

pudo contrainterrogar a González Martínez.

      Tras varios trámites relacionados con la representación legal

de González Martínez, la continuación del juicio en su fondo de

Avilés González y Pérez Bigio se calendarizó para el 17 de abril del

año en curso. Ese día, el testigo González Martínez manifestó, desde

antes de tomársele juramento, que no declararía. Respondió ciertas

preguntas introductorias hechas por el Ministerio Público, pero

luego expresó que no recordaba, no podía contestar o simplemente

que no iba a declarar. Ello, incluso cuando se le mostró su

declaración jurada y cuando se le presentaron varios exhibits. Ante

la negativa del testigo, el Ministerio Público requirió al tribunal que

le ordenara a este responder las preguntas formuladas. Sin

embargo, el foro primario no accedió a dicho petitorio, bajo el

fundamento de que del contenido del documento del cual surgían

las preguntas este podía autoincriminarse, pues González Martínez

no solo era testigo sino también acusado por los mismos hechos.

      Lo anterior provocó que el tribunal auscultara las razones de

la negativa de González Martínez en prestar su testimonio y en esa

encomienda le explicó sus derechos como acusado y como testigo.

Por entender que el testigo estaba claro en que no declararía en el
KLCE202300456                                             Página 3 de 10

juicio, el foro a quo determinó que este era un testigo no disponible.

El abogado de González Martínez no estuvo de acuerdo y manifestó

que el tribunal no podía comentar el silencio de su representado.1

En el contrainterrogatorio, el testigo se sostuvo en que no declararía.

En consecuencia, el Ministerio Público le solicitó al tribunal que

declarara a González Martínez como testigo no disponible y requirió

que se sustituyera su testimonio con el vertido por este durante la

vista preliminar. La defensa objetó dicha petición.

       El 18 de abril de 2023 se llevó a cabo una vista argumentativa.

El Ministerio Público sostuvo sus solicitudes amparándose en las

Reglas 806 (a)(l) y 806(b)(1) de Evidencia. A su vez, pidió que se

admitiera la declaración jurada prestada por González Martínez,

pues, en la vista preliminar, las representaciones legales de los

coacusados Avilés González y Pérez Bigio tuvieron oportunidad de

contrainterrogarlo sobre el contenido del documento. Esto último lo

solicitó al palio de la Regla 902(b)(4) de Evidencia. Se arguyó que lo

requerido por el Ministerio Público no procedía, toda vez que el

privilegio de no autoincriminarse nunca fue propiamente invocado.

       Por su parte, la defensa de Pérez Bigio expresó que el único

inciso que podría aplicar en la situación de autos era la que dispone

la Regla 806(a)(2) de Evidencia. El abogado de Avilés González

discutió que, si se permitía la sustitución del testimonio solicitada

por el Ministerio Público, se violentaría su derecho de confrontar a

González Martínez porque este último no estuvo sujeto a

contrainterrogatorio. El Ministerio Público insistió en que González

Martínez reclamó el privilegio a la no autoincriminación al momento

de negarse a responder las preguntas formuladas, lo cual tuvo el

efecto de que su testimonio no estuviera disponible.

1En un momento dado, el Lcdo. Carlos Beltrán Meléndez, abogado de Pérez Bigio,
expresó que González Martínez levantó su privilegio de no autoincriminación.
KLCE202300456                                                Página 4 de 10

       Llegado a este punto, el TPI dictó la Resolución que hoy

revisamos. Mediante esta determinó que en el presente caso

concurren los requisitos de la Regla 806 (a)(1) de Evidencia, infra,

que permiten que González Martínez sea declarado testigo no

disponible. En consecuencia, admitió el audio de la vista preliminar

como excepción a la regla general de exclusión de prueba de

referencia, al amparo de la Regla 806(b)(1) de Evidencia, infra. Sobre

el particular, expresó, en lo pertinente, lo siguiente:

       El señor González Martínez, conocía sus derechos, los
       entendía y conocía en qué consistía el convenio con el
       Estado, y así como en un momento dado decidió
       declarar en el inicio del proceso, también decidió
       negarse a hacerlo y manifestándolo repetidamente, para
       que sus contestaciones no fueran usadas en su contra.
       Al no cumplir con su parte del convenio de cooperación,
       González Martínez ya tenía claro que todo lo que él
       dijera le autoincriminaría y así lo dejó manifestado
       cuando le expresó al tribunal que el entendía, pero que
       no iba a declarar más.

       […] El tribunal en todo momento entendió que el
       Ministerio Público tenía que completar su interrogatorio
       directo, a pesar de que González Martínez respondiera
       en la negativa a las preguntas formuladas.

       De igual manera, el tribunal concluyó que la negativa de

González Martínez de responder las preguntas del Ministerio Público

se basó en el privilegio de la no autoincriminación que le cobija.

Puntualizó que no ordenó que el referido testigo respondiera las

preguntas para “no violentar el derecho que le acompañaba

mientras estuvo en la silla de los testigos.”. Estableció que el

testimonio ofrecido por González Martínez en la vista preliminar es

permisible bajo la Regla 806(b)(1) de Evidencia, infra. Ello, toda vez

que    el   mismo      fue    bajo    juramento       y   fue    ampliamente

contrainterrogado por los abogados de los coacusados Avilés

González y Pérez Bigio.2

2Con relación a la solicitud de que la declaración jurada prestada por González
Martínez, la cual le fuera entregada a los abogados de los coacusados Pérez Bigio
y Avilés González en la vista preliminar, fuera admitida en su totalidad como
prueba sustantiva, el TPI entendió que esta no procedía. Lo anterior, por no
constituir un documento que pueda autenticarse prima facie y la solicitud ser
KLCE202300456                                             Página 5 de 10

       En desacuerdo con la decisión del foro primario, Avilés

González se unió a la solicitud de reconsideración instada por Pérez

Bigio, pero esta fue denegada.3 Ante ello, comparece oportunamente

ante nosotros mediante recurso de certiorari y alega que el TPI

cometió el siguiente error:

       1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar
          TESTIGO NO DISPONIBLE al asesino confeso Luis
          González Martínez y permitir que bajo la Regla
          806(A)(1) de Evidencia, se admita el testimonio que
          prestó en la vista preliminar, cuando nunca levantó
          en el juicio, su derecho a no incriminarse, nunca lo
          levantó su representación legal, nunca se le
          apercibió que de no declarar podía ser [encontrado]
          incurso en desacato y que nunca fue confrontado
          con la grabación de su testimonio en vista
          preliminar. Todo ello en clara violación al derecho
          constitucional a la confrontación del imputado.

       A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia

de la Oficina del Procurador               General de Puerto Rico, en

representación del Pueblo de Puerto Rico.

                                      II

       La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho que

tienen todos los acusados de delito a confrontar los testigos que se

presenten en su contra durante cualquier proceso criminal. Enmda.

VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Por igual, la Constitución de

Puerto Rico reconoce un derecho similar al disponer que los

acusados tendrán derecho a “carearse con los testigos de cargo” en

procedimientos criminales. Art. II, Sec. 11, Const. de PR, LPRA,

Tomo 1, ed. 2008, pág. 34. En Pueblo v. Zeno Torres, Opinión del 16

de diciembre de 2022, 2022 TSPR 149, 211 DPR __(2022), el

contraria a lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Zeno Torres,
Opinión del 16 de diciembre de 2022, 2022 TSPR 149, 211 DPR __(2022).
3 Orden emitida y notificada el 24 de abril de 2023.
KLCE202300456                                               Página 6 de 10

Tribunal Supremo de Puerto Rico destacó que “el fundamento

principal para la exclusión de prueba de referencia es la falta de

oportunidad para contrainterrogar”.4

       Así, sabido es que la prueba de referencia es definida como

toda aquella declaración que no sea la que la persona declarante

hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la

verdad de lo aseverado. Como regla general, este tipo de evidencia

es inadmisible en los procesos judiciales. Reglas 801(c) y 804 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801(c) y 804. Su exclusión se debe a

la falta de oportunidad de la parte adversa en contrainterrogar al

declarante, los riesgos que ella representa en cuanto a la narración

del evento, percepción, recuerdo del acontecimiento y sinceridad del

declarante. Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 446 y 449 (1990)

(Sentencia, Opinión concurrente del Juez Negrón García); Pueblo v.

García Reyes, 113 DPR 843, 853 (1983). En otras palabras, es claro

que dicha prueba lesiona el derecho que tienen las partes a

confrontarse con la evidencia que se presente en su contra. P.N.P. v.

Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34-35 (1988).

       A pesar de lo anterior, la Regla 802 de Evidencia, 32 LPRA Ap.

VI, R. 802, expone que:

       [N]o se considerará prueba de referencia una
       declaración anterior si la persona declarante testifica en
       el juicio o vista sujeto a contrainterrogatorio en relación
       con la declaración anterior y ésta hubiera sido
       admisible de ser hecha por la persona declarante en el
       juicio o vista, y:

          (a) Es inconsistente con el testimonio prestado en el
              juicio o vista y fue dada bajo juramento y sujeta
              a perjurio;
          (b) es consistente con el testimonio prestado en el
              juicio o vista y se presenta con el propósito de
              refutar una alegación expresa o implícita contra
              la persona declarante sobre fabricación reciente,
              influencia o motivación indebida, o
          (c) identifica a una parte o a otra persona que
              participó en un delito o en otro suceso, se hizo en
              el momento en que el delito o suceso estaba fresco

4Citando a E.L., Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá,
Ed. Forum, 1992, Vol. 1, pág. 569.
KLCE202300456                                                  Página 7 de 10

                 en la memoria de la persona testigo y se ofrece
                 luego de que la persona testigo haya testificado
                 haber hecho la identificación y que ésta reflejaba
                 fielmente su opinión en aquel momento.5

         Ahora bien, como todo principio general, el mismo no es

absoluto. Existen excepciones a la regla de exclusión de prueba de

referencia, las cuales están reguladas por las Reglas 805 a la 809 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805-809. Claro está, si ninguna de las

circunstancias taxativamente enumeradas en los preceptos antes

citados se configura, el foro de instancia deberá descartar la

evidencia ofrecida.

         Entre las excepciones se encuentran las declaraciones

anteriores de un testigo no disponible. Véase, Regla 806 de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 806. En lo aquí pertinente, dicho

precepto establece:

         (a) Definición; no disponible como testigo. - Incluye
             situaciones en que la persona declarante:

             (1) Está exenta de testificar por una determinación
                 del tribunal por razón de un privilegio reconocido
                 en estas reglas en relación con el asunto u objeto
                 de su declaración;
             (2) insiste en no testificar en relación con el asunto
                 u objeto de su declaración a pesar de una orden
                 del tribunal para que lo haga;
             (3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u
                 objeto de su declaración;
             (4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está
                 imposibilitada de comparecer a testificar por
                 razón de enfermedad o impedimento mental o
                 físico, o
             (5) está ausente de la vista y quien propone la
                 declaración ha desplegado diligencia para
                 conseguir su comparecencia mediante citación
                 del tribunal.

                 No se entenderá que una persona declarante está
                 no disponible como testigo si ello ha sido
                 motivado por la gestión o conducta de quien
                 propone la declaración con el propósito de evitar
                 que la persona declarante comparezca o
                 testifique.

         (b) Cuando la persona declarante no está disponible
             como testigo, es admisible como excepción a la regla
             general de exclusión de prueba de referencia lo
             siguiente:

5   Véase, demás, Pueblo v. Santiago Colón, supra, a la pág. 449.
KLCE202300456                                        Página 8 de 10

         (1) Testimonio anterior. - Testimonio dado como
             testigo en otra vista del mismo u otro
             procedimiento, en una deposición tomada
             conforme a Derecho durante el mismo u otro
             procedimiento. Ello si la parte contra quien se
             ofrece ahora el testimonio - o un predecesor en
             interés si se trata de una acción o procedimiento
             civil - tuvo la oportunidad y motivo similar para
             desarrollar el testimonio en interrogatorio
             directo, contrainterrogatorio o en redirecto.

         […]

      Sobre el asunto de las declaraciones anteriores como prueba

sustantiva, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso en Pueblo v.

Zeno Torres, supra:

      Ahora bien, la Regla 802 (a) de las Reglas de Evidencia,
      supra, permite que se pueda traer prueba de
      declaraciones anteriores como prueba sustantiva,
      siempre que la declaración anterior fuera bajo
      juramento sujeto a perjurio, y sea inconsistente con el
      testimonio vertido en corte. Además, cabe señalar que
      una declaración anterior de un testigo será admitida
      como prueba sustantiva siempre y cuando pueda haber
      una confrontación con el declarante. En otras palabras,
      el testigo debe encontrarse presente al momento de
      ofrecerse en evidencia la declaración anterior en el
      tribunal sujeto a ser contrainterrogado en relación con
      la declaración anterior y en cuanto a sus declaraciones
      presentes. Así, pasamos a interpretar los requisitos
      presentados en la Regla 802(a) de las Reglas de
      Evidencia, supra.

                                  III

      En esencia, el peticionario aduce que el TPI cometió un abuso

de discreción al determinar que el testigo González Martínez era uno

no disponible. Añade que la juzgadora de los hechos no podía

reclamar el derecho a la no autoincriminación del testigo, ni inferirlo

de manera festinada, aun cuando, ni el testigo, ni su abogado lo

exigió. Alega que nunca se le advirtió al testigo sobre su obligación

de declarar, ni se le apercibió sobre el delito de desacato. Destaca

que González Martínez nunca explicó sus razones para no declarar

en el juicio. Particulariza que el aludido testigo es el único que

relaciona a los otros coacusados con los hechos del caso y en el

juicio -no en testimonios anteriores- no declaró nada en su contra,

ni estuvo sujeto a ser confrontado.
KLCE202300456                                       Página 9 de 10

      Un examen ponderado del expediente nos lleva a concluir que

no le asiste la razón al peticionario.

      Es un hecho claro que el testigo de cargo y coacusado

González Martínez se negó categóricamente a declarar durante el

juicio en su fondo del peticionario. Analizada la línea de preguntas

efectuada por el Ministerio Público resolvemos que este sentó las

bases para poder considerar a González Martínez como uno no

disponible una vez decidió no declarar. El testigo en cuestión fue

explícito al contestar todas las preguntas con que “no declararía” o

“no recordaba”.

      Enfrentado a esta situación, el tribunal de instancia ejerció

prudencia e intervino con González Martínez para explorar las

razones por las cuales este se negaba a ofrecer su testimonio. De

hecho, la Jueza le explicó los derechos que como acusado y testigo

le asistían. Este reconoció haber entendido y no tener duda sobre el

proceso. No obstante, a las múltiples preguntas que le realizó la

Jueza, González Martínez respondió: “no puedo contestar”, “no

recuerdo” y “no voy a seguir declarando”. Ello provocó que el

tribunal lo catalogara como un testigo no disponible.

      Así las cosas, somos del criterio que la determinación del foro

primario no es contraria a derecho, ni se cometió un abuso de

discreción al dictar la Resolución recurrida, por lo que no

intervendremos con esta. Del expediente se desprende que González

Martínez no está disponible por insistir en no testificar y expresar

que no puede recordar en relación con el asunto u objeto de su

declaración, al palio de la Regla 806(a)(2) y (3) de Evidencia, supra.

Su testimonio fue ofrecido en la vista preliminar, bajo juramento,

por un motivo idéntico a las causas del caso de epígrafe.

Particularmente, González Martínez estuvo sujeto a la intervención

de los letrados que representaban al peticionario y a la coacusada

Pérez Bigio, quienes tuvieron oportunidad de contrainterrogarlo.
KLCE202300456                                      Página 10 de 10

Precisamente, lo que exige nuestro ordenamiento jurídico es que el

declarante estuvo sujeto a la confrontación en otra vista del mismo

u otro procedimiento.

      En suma, concluimos que mediante la presentación en el

juicio en su fondo de la regrabación del testimonio anterior del

testigo no disponible González Martínez no se le violenta al

peticionario su derecho a la confrontación.

                                    IV

      Por   las   consideraciones    que   preceden,   denegamos    la

expedición del auto de certiorari. Se devuelve, por tanto, el caso de

epígrafe al TPI para que se continúe con los procedimientos cónsono

con lo aquí resuelto.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones