Court Opinion

ID: 9928612
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:39.870264+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:31.883047
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL1

                                                Certiorari
    FREDDIE ORTIZ PÉREZ                         procedente del
                                                Tribunal de Primera
           Recurrido                            Instancia, Sala de
                                  KLCE202301327 San Juan
               v.
                                                        Civil núm.:
     FRANCHESKA VEGA                                    SJ2022RF01451
         SANTOS                                         (703)

         Peticionaria                                   Sobre: Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

       En un pleito de custodia, el Tribunal de Primera Instancia

(“TPI”) denegó ordenar que se realizara un informe social que

complementase el informe preparado en abril de este año. Según se

explica en detalle a continuación, hemos determinado no intervenir

con el dictamen recurrido, pues no se cometió un error de derecho

y, en las circunstancias de este caso, tampoco podemos concluir que

el TPI hubiese abusado de su discreción.

                                       I.

       El 7 de noviembre de 2022, el Sr. Freddie Ortiz Pérez (el

“Padre”) presentó la acción de referencia, sobre custodia (la

“Demanda”), en contra de la Sa. Francheska Vega Santos (la

“Madre”). Está en controversia la custodia de la hija menor de las

partes (L.O.V. o la “Menor”).

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202300548).

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301327                                                       2

      Al cabo de varios incidentes procesales, el 13 de abril de 2023,

la Sa. Linette Soto Román, trabajadora social de la Unidad Social,

presentó un Informe Social (el “Informe”). En síntesis, recomendó

conceder al Padre la custodia provisional de la Menor, así como

establecer un plan de relaciones maternofiliales mediante visitas

supervisadas todos los domingos en horario de 10:00 am a 3:00 pm.

El TPI le concedió un término a las partes para que expresaran las

razones para no acoger el referido Informe.

      El 2 de mayo, la Madre presentó una Moción Sobre

Impugnación de Informe Social; Anunciando Perito de Impugnación y

Solicitud de Orden a la Trabajadora Social para la Producción de

Documentos.     Informó su intención inequívoca de impugnar el

Informe y sus recomendaciones. Además, expuso las razones para

ello y anunció como su perito al Dr. Larry Emil Alicea.

Consecuentemente, solicitó que se autorizara al perito a revisar el

Informe y las evaluaciones realizadas.      Además, pidió que se le

concediera un término para presentar su informe pericial y se

candelarizara el procedimiento de impugnación del Informe.

      El   4   de   mayo,   el   TPI   acogió   provisionalmente   las

recomendaciones del Informe, mientras se atendía el proceso de

impugnación. Así pues, le concedió al Padre la custodia de la Menor

y estableció un plan de relaciones maternofiliales. Inconforme, la

Madre presentó un recurso de certiorari (KLCE202300548), como

resultado de lo cual revocamos el referido dictamen.

      Continuados los procedimientos ante el TPI, el 11 de julio, la

Madre presentó el informe de su perito. El TPI pautó la celebración

de la vista de impugnación del Informe Social para los días 8, 21 y

22 de septiembre, mediante videoconferencia.

      El 1 de septiembre, el representante legal de la Madre

presentó una Urgente Moción de Relevo de Representación Legal. El

5 de septiembre, el TPI concedió el relevo solicitado y le ordenó a la
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Madre anunciar nueva representación legal en un término de veinte

(20) días.

      El 8 de septiembre, el TPI celebró una vista de seguimiento.

Escuchadas las partes, se reseñaló la vista de impugnación del

Informe Social para el 26 de septiembre.

      El día antes del referido señalamiento (25 de septiembre), la

Madre, por derecho propio, instó una Urgente Moción en Solicitud de

Informe Complementario y en Solicitud de Prórroga. La Madre solicitó

un Informe Social Complementario para actualizar el Informe.

Arguyó que en el Informe la custodia paterna se recomendó solo

hasta que ella culminara el plan de servicios del Departamento de

la Familia. Afirmó que ya había culminado satisfactoriamente dicho

plan de servicios. Añadió que no había podido contratar servicios

legales debido a la proximidad de la fecha de la vista de

impugnación.     Así pues, solicitó que se realizara un informe

complementario y se le concediera una prórroga adicional de treinta

(30) días.

      El 26 de septiembre, el TPI emitió una Orden en la cual le

concedió     a la Madre   un término adicional para anunciar

representación legal. Además, señaló la vista de impugnación para

el 25 de octubre.

      El 23 de octubre, la Madre incoó una Moción Asumiendo

Representación Legal. Al día siguiente, presentó una Urgente Moción

Reiterando Solicitud de Informe Complementario.     Destacó varios

cambios en la información en la que se fundamentaba el Informe y

que la propia trabajadora social recomendó actualizarlo en un

término de seis (6) meses, término que ya había transcurrido.

      El 24 de octubre, el TPI emitió una Orden en la cual denegó la

solicitud de informe complementario (la “Orden”).      Mantuvo la

celebración de la vista para el 25 de octubre y sostuvo que, de
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determinarse en la vista que era necesario una reevaluación

social, así lo ordenaría.

       El 25 de octubre, la Madre interpuso una Solicitud de

Inhibición. En igual fecha, el TPI dejó sin efecto la celebración de la

vista de impugnación.

       En desacuerdo, el 27 de noviembre2, la Madre presentó el

recurso que nos ocupa; solicita revisemos la Orden y formula los

siguientes señalamientos de error:

       A. Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal
       de Primera Instancia, violentando el debido proceso de
       ley que le asiste a la peticionaria al denegar la
       confección del Informe Social Complementario a pesar
       de que el Informe Social Forense no cuenta con la
       información más completa, actual y necesaria ante los
       cambios medulares en las circunstancias de las partes,
       y de la menor.

       B. Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal
       de Primera Instancia al dictar Resolución denegando la
       actualización y/o Informe Complementario del Informe
       Social Forense a pesar de que la propia trabajadora
       social recomendó reevaluar el caso en 6 meses, y dicho
       término ya concluyó.

                                       II.

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

       La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para

ejercer nuestra discreción. La referida Regla dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de

mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

2 Primer día laborable luego del 22 de noviembre.
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      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–
      B, R. 40.

      Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se demuestre

abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005).

                                  III.

      Concluimos que no debemos intervenir con la Orden. Como

cuestión de derecho, el TPI no estaba obligado a ordenar que se

preparase un informe complementario únicamente porque hubiesen

transcurrido seis meses desde que se sometió el Informe. Por otra

parte, los cambios que la Madre indica han ocurrido pueden ser

objeto de prueba en la vista final y pueden ser considerados por el

TPI al determinar cuánto peso otorgar al Informe.

      Puesto de otra forma, será en la vista de impugnación que la

Madre podrá exponer las razones por las que estima que el Informe

debe ser rechazado, incluidas aquellas relacionadas con el

transcurso del tiempo y con cualquier cambio o desarrollo posterior

a la preparación del Informe.
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      De hecho, el TPI expresamente consignó que, dependiendo de

la prueba que se presente, se podría ordenar la preparación de un

informe complementario antes de emitir una decisión final.

      En fin, por no haberse cometido algún error de derecho ni

demostrado que el TPI hubiese de algún modo abusado de su

discreción, no se justifica nuestra intervención en esta etapa.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del auto de certiorari solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones