Court Opinion

ID: 9952304
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:39:06.750145+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:37.986011
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

       EL PUEBLO DE                                      Certiorari
       PUERTO RICO                                       Procedente del Tribunal de
                                                         Primera Instancia,
          Recurrido                                      Sala de ARECIBO
                                  KLCE202301313
               v.                                        Caso Núm.:
                                                         C VI1998G0007 y otros
 GERARDO GONZÁLEZ
     COLLAZO                                             Sobre:
                                                         Asesinato en 1er grado y
         Peticionario                                    otros

       *****************                                 *******************

       EL PUEBLO DE                                      Caso Núm.:
       PUERTO RICO                                       C VI1998G0005 y otros

          Recurrido                                      Sobre:
                                                         Asesinato en 1er grado y
               v.                                        otros

    OSCAR MARTÍNEZ
      HERNÁNDEZ

         Peticionario

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

        El 27 de noviembre de 2023, Gerardo González Collazo y Oscar

Martínez Hernández (en adelante conjuntamente los peticionarios)

sometieron ante este Tribunal de Apelaciones una Petición de certiorari

mediante la que nos solicitan la revisión y revocación de la Resolución

emitida el 26 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo (en adelante, TPI o foro primario).1 Por medio de este

dictamen, tras celebrar la correspondiente vista evidenciaria, el TPI denegó

1 El aludido dictamen fue notificado el 27 de octubre de 2023.

Número Identificador

RES2024 _________________
KLCE202301313                                                                               2

las mociones que los peticionarios sometieron al amparo de la Regla 192.1

de Procedimiento Criminal y en solicitud de nuevo juicio.

        Evaluados los planteamientos de los peticionarios, así como aquellos

levantados por la Oficina del Procurador General, y con el beneficio de la

transcripción de la regrabación de la vista celebrada el 28 de junio de 1999,

así como de aquellas acontecidas el 27 de febrero y 19 de mayo de 2023, nos

disponemos a resolver.

                                              I

        El 9 de enero de 1998, el Ministerio Público presentó contra los

peticionarios respectivas acusaciones por los delitos de asesinato en primer

grado del entonces vigente Código Penal de 1974, así como otras por

violaciones a múltiples delitos graves codificados en ese entonces en la Ley

de Armas de 1951. Tras los trámites de rigor y habiéndose celebrado el

juicio ante Jurado, el 2 de julio de 1999 estos fueron declarados culpables.,

siendo sentenciados el día 15 del mismo mes y año.

        Así las cosas, en distintas fechas los peticionarios sometieron un

escrito al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, solicitud de

nuevo juicio y memorando de derecho. 2 Así, en sus escritos, ambos

peticionarios relataron que en medio del juicio celebrado en su contra, la

Jurado, Sra. Maribel Avilés (en adelante Jurado Avilés), notificó al TPI que

uno de ellos- Gerardo- se detuvo frente a su negocio OK Printing y miró en

varias ocasiones en dirección a OK Printing; que dicho acto la puso

sumamente nerviosa y temerosa y que lo sucedido le fue contado a otra de

las personas seleccionadas como jurado, la Sra. Blanca Malavé Peña.

Continuaron informando que ante esta situación se celebró en medio del

juicio una vista evidenciaria y que, durante la misma, la Jurado Avilés

manifestó que lo ocurrido no afectaría la decisión que estaba llamada a

2 Oscar Martínez Hernández sometió una Moción bajo la Regla 192.1 (a) y (d) de Procedimiento

Criminal y/o solicitud de nuevo juicio y memorando de derecho el 21 de agosto de 2020. Similar
escrito instó Gerardo González Collazo el 5 de febrero de 2021.
KLCE202301313                                                                    3

tomar en cuanto a la culpabilidad de los acusados. Asimismo, en sus

respectivas mociones los peticionarios informaron al foro primario que el 6

de diciembre de 2018, uno de los abogados que les representó durante el

proceso criminal se encontró con la Jurado Avilés y que durante la

conversación que sostuvieron esta indicó recordar el caso, así como los

eventos   particulares     que     condujeron      a    la   vista    evidenciaria.

Específicamente, señalaron que la Jurado Avilés, contrario a lo manifestado

en la audiencia evidenciaria celebrada, manifestó que la aparición de

Gerardo frente a su negocio se lo contó a todos sus compañeros. Los

peticionarios reclamaron que esta expresión demuestra que la Jurado

Avilés mintió durante la vista evidenciaria y que dicha mentira exigía la

celebración de un juicio imparcial en el que el jurado no hubiera sido

contaminado con prejuicios.

      El Ministerio Público se opuso a dichas peticiones. El TPI celebró

vista evidenciaria en cuanto al asunto los días 27 de febrero y 19 de mayo

de 2023. Luego de esto, el TPI dictó la Resolución que el recurso de epígrafe

impugna. En esta, concluyó que la prueba desfilada durante la vista

evidenciaria no demostró que el proceso deliberativo llevado a cabo por el

jurado durante el juicio celebrado en contra de los peticionarios se haya

afectado y, por consiguiente, era insuficiente en derecho para conceder el

remedio solicitado por estos, denegando así su petición.

      Particularmente, al explicar su decisión, el TPI consignó en la

resolución impugnada como a continuación transcribimos:

       De entrada, a nuestro entender, en su comparecencia los convictos
      parecen intuir que el mero hecho de que haya acontecido la
      conversación entre el Lcdo. Cerezo Torres y la jurado Maribel
      Avilés, unido a las particulares conclusiones que de ello estos
      arriban, sobre el proceso deliberativo llevado a cabo diecinueve (19)
      años antes, los hacen acreedores, sin más, del remedio solicitado.
      Según antes examinado, la presunción de regularidad e
      imparcialidad del jurado requiere la necesidad de prueba prima
      facie de prejuicio real y no implícito, para rebatir esta. Ante ello, la
      mera ocurrencia de una conversación de tipo causal acontecida
      luego de transcurrido un periodo sustancial de tiempo, y las
      conclusiones, sin más, que sobre ello realizan los convictos, nos
      parecen insuficientes para rebatir la presunción discutida.
KLCE202301313                                                                            4

         Así las cosas, el testimonio del Lcdo. Cerezo Torres sobre lo
         supuestamente relatado por la jurado Maribel Rodríguez Avilés
         diecinueve (19) años después de celebrado el juicio de los convictos
         sobre el incidente ocurrido el sábado 26 de junio de 1999, durante
         una conversación casual ocurrida en la Farmacia Walgreens en
         Arecibo, según narrada por este, no fue suficiente para sustituir el
         interrogatorio bajo juramento que brindó la jurado Maribel
         Rodríguez Avilés en la vista evidenciaria celebrada apenas dos (2)
         días luego del acontecimiento, donde, tal como se indicó, la
         memoria es más fresca y donde esta atestiguó que solo le comentó
         lo sucedido a la jurado Blanca Malavé Peña, así como que iba a
         juzgar con imparcialidad la causa solo a partir de la prueba
         presentada. A nuestro entender, el testimonio del Lcdo. Cerezo
         Torres en torno a las consecuencias de lo relatado por la jurado
         sobre el proceso deliberativo llevado a cabo diecinueve (19) años
         antes, parecer ser más sus propias y particulares impresiones y
         conclusiones lo cual sería cuando menos especulativos, más aún,
         cuando, como vimos, el mismo incidente, fue objeto de una vista
         evidenciaria y la conversación con el Lcdo. Cerezo fue una muy
         breve y casual.

         […]

         Por otra parte, el Lcdo. Cerezo Torres sostuvo que constituía
         información nueva, que no se tenía en ese entonces, el que la jurado
         haya obtenido protección, aun cuando indicó desconocer en qué
         momento fue que se le otorgó la misma. En cuanto a esto, lo cierto
         es, tal como señaló el Ministerio Público, los entonces acusados
         dejaron de comparecer a la continuación del juicio previo al proceso
         de deliberación resultando en su declaración de prófugos. De ahí
         que lo alegado nos resulte insuficiente para sostener, como se
         pretende, que se haya afectado el proceso deliberativo.

         En consideración a lo antes transcrito, el TPI resolvió denegar la

moción de relevo de sentencia y petición de nuevo juicio sometida por los

peticionarios. En desacuerdo con esta decisión, el 27 de noviembre de este

año, estos instaron el recurso de epígrafe3 y como único señalamiento de

error, le imputan al TPI haberse equivocado al:

         […] denegar la solicitud de los peticionarios para la anulación de las
         sentencias impuestas al erróneamente resolver que lo afirmado por
         la jurado Maribel Avilés al licenciado César Cerezo Torres en
         diciembre de 2018 de que le contó a todos los miembros del jurado
         el incidente del 26 de junio de 1998, contrario lo declarado en la vista
         evidenciaria del 28 de junio de 1999 a los efectos de que sólo lo había
         narrado a la jurado Blanca Malavé, no es tendente a demostrar que
         se afectó el proceso deliberativo llevado a cabo. No obstante, la vista
         evidenciaria del 28 de junio de 1999 se celebró precisamente para
         garantizar los derechos constitucionales inherentes al proceso penal,
         para auscultar y determinar si las dos jurados con conocimiento del
         incidente podían juzgar y emitir un veredicto libre de prejuicios e
         imparcial. Al haber tenido conocimiento todos los miembros del
         jurado del incidente y al no haberse empleado el mismo
         procedimiento con los restantes jurados se privó a los peticionarios

3 Ese mismo día sometieron también una Solicitud de autorización para someter transcripción

de la prueba.
KLCE202301313                                                                5

       de los derechos al debido proceso de ley, a un juicio justo y a ser
       juzgados por un jurado imparcial.

       Atendido el recurso, y habiéndose autorizado la transcripción de la

prueba, tras varios trámites pertinentes a su estipulación, el 18 de enero de

2024 la acogimos. También ese día, establecimos el término disponible para

que el peticionario sometiera alegato suplementario y el recurrido, su

posición. En esa fecha, el peticionario sometió Alegato suplementario.

Mientras, el Pueblo de Puerto Rico por conducto de la Oficina del

Procurador General compareció en Escrito en cumplimiento de orden el 29 de

enero de 2024. Con estas comparecencias, damos por sometido el asunto y

resolvemos.

                                       II

                                      -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Así, el examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en
KLCE202301313                                                                                6

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.4

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, 6ágs.. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

                                             -B-

        La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1,

permite a cualquier persona que se encuentre detenida impugnar la

sentencia condenatoria que extingue- aun cuando esta haya advenido final

y firme. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). Ello, se hace

mediante la presentación de una moción ante el Tribunal de Primera

Instancia que la dictó en la que se alegue el derecho a ser puesto en libertad

por cualquiera de los fundamentos siguientes:

        (1) La sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las
            leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y
            las leyes de Estados Unidos; o
        (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o
        (3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o
        (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.5

        El recurso dispuesto en la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,

supra, está disponible solamente cuando una sentencia adolece de un

defecto fundamental que inevitablemente es contrario al debido proceso de

ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). La referida Regla es

4
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
5 Véase inciso (a) de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.
KLCE202301313                                                                   7

una de naturaleza excepcional y le permite al convicto revisar la sentencia

en cualquier momento posterior, aun si la sentencia es final y firme. Regla

192.1, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); Pueblo

v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-824 (2007).

       La citada Regla, requiere además que se incluyan en la moción todos

los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el

contrario, se entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que se limita a planteamientos

de derecho y no puede utilizarse para revisar cuestiones de hecho. Pueblo

v. Pérez Adorno, supra, en la pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra, en la

pág. 824; Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990).

       Al amparo del procedimiento bajo la discutida regla, la cuestión que

ha de plantearse es si la sentencia impugnada está viciada por un error

fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo que

constituye un procedimiento criminal justo. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DOPR 352 (2020), al mencionar a Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946

(2014) y Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007).

       Asimismo, la Regla dispone que previo a la vista “el tribunal

proveerá asistencia de abogado al peticionario si no la tuviere”. Esta exige

además lo siguiente:

       [El tribunal] se asegurará de que el peticionario ha incluido todos
       los fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y
       admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá las cuestiones
       en controversia y formulará determinaciones de hecho y
       conclusiones de derecho con respecto a la misma. Si el Tribunal
       determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción […], o que
       ha habido tal violación a los derechos constitucionales del
       solicitante que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el
       tribunal la anulará y dejará sin efecto y ordenará que el peticionario
       sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá
       un nuevo juicio, según proceda. Regla 192.1, supra.

                                        III

       El recurso de autos trata sobre una determinación que atiende

asuntos post-sentencia por lo que el certiorari es el vehículo ideal para
KLCE202301313                                                                    8

recurrir en revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. Por medio

del mismo, los peticionarios aducen que el foro primario cometió grave

error al no conceder su solicitud de nuevo juicio, pues conforme

demostraron durante la vista evidenciaria celebrada, uno de los miembros

del jurado que le juzgó mintió bajo juramento durante ciertas incidencias

acaecidas durante el juicio. Para una mejor compresión, a continuación,

transcribimos el testimonio del Licenciado Cerezo Torres que recoge su

encuentro con la Jurado Avilés.

          […]           En el 6 de diciembre del 2018 yo estaba, en horas de
                        la tarde…

          Hon. Jueza:   Disculpe. ¿En qué fecha fue, testigo?

          Testigo:      Seis de diciembre del 2018.

          Hon. Jueza:   Ajá.

          Testigo:      En horas de la tarde, probablemente 5:30, a esa hora,
                        pues yo fui a la farmacia Walgreens, de aquí de la
                        Avenida San Luis, la que ubica detrás del Tribunal,
                        y entregué una receta de mi mamá para que me la
                        procesaran. Y luego de haberla entregado, me dirigí
                        a buscar algunos otros artículos a otra parte de la
                        farmacia y entregué la receta, la dejé procesando.
                        Entonces, salgo y allí está el pasillo 11, doblo en el
                        pasillo 11, e inmediatamente que doblo en esa
                        dirección para buscar los demás artículos
                        coincidimos, verdad, de manera casual la señora
                        Maribel Avilés Rodríguez y este, su servidor.

          […]

          Testigo:      Y le digo “¿Usted recuerda que fue jurado en un caso
                        mío?”. Y ella me dice “Hace mucho tiempo. Claro,
                        claro que recuerdo que fui jurado en un caso tuyo.
                        Lo recuerdo muy bien, unos muchachos de La
                        Perla”, me dijo. “Hace… me dice “Dos, ¿verdad?”.
                        “Yo… Imagínate, me dijo, “Imagínate, ellos de La
                        Perla fueron a comprar agua frente a mi oficina.”

                        Yo en ese momento, verdad, la estoy observando
                        como un gesto de incredulidad, cuando me está
                        diciendo que… como me dice “Imagínate, fueron a
                        comprar agua al frene de mi oficina unos muchachos
                        de La Perla”. Refiriéndose a que había puesto en
                        duda, verdad, Y me expresa, además, me dice
                        “¿Usted creyó eso?”. Y yo le dije “Claro que sí”. Me
                        dice “Ah, pues yo no”.

                        Me dice inmediatamente “Yo lo informé
                        inmediatamente al Tribunal. El juez me mandó a
                        buscar a su oficina y yo se lo informé a todos mis
                        compañeros”. Cuando me hizo esa expresión, pues
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                           yo en ese momento me sorprendí, verdad. Fue una
                           emoción encontrada porque eso no fue lo que doña
                           Maribel Avilés Rodríguez declaró bajo juramento en
                           el “voir dire” o en la vista evidenciaria que se
                           celebró. Me dijo “ustedes hicieron un trabajo
                           extraordinario, era una batería de abogados”. Y
                           luego me señala “A mi me dieron protección por
                           bastante tiempo”.

                           En ese momento se acerca una dama, a la que ella
                           me presenta… doña Maribel me presenta como su
                           cuñada, con mucha prisa. Y le dice “Vamos”, como
                           dándole urgencia, verdad. Y ella inmediatamente se
                           despide. Como… como que había expresado que su
                           señor esposo estaba con una condición delicada de
                           salud, me dice que es la cuñada y esa dinámica en
                           ese momento, pues yo lo único que le dije a doña
                           Maribel es “Tenemos que hablar”. Y ella me dijo
                           “Claro”. (Énfasis nuestro)

       Basados en la interacción antes transcrita, los peticionarios afirman

que las manifestaciones efectuadas por la Jurado Avilés al Licenciado

Cerezo Torres indiscutiblemente son contrarias a aquellas que hizo bajo

juramento en la vista del 28 de junio de 1999. Señalan pues, que esto

evidencia que esta jurado mintió en tal audiencia al ocultar que le había

informado a todos los miembros del jurado el evento en el que uno de los

acusados merodeó frente a su negocio.6 Reclaman pues, que esta mentira

impidió que se pudiera auscultar en ese momento la imparcialidad de los

restantes miembros del jurado, lo que vulneró su derecho a un debido

proceso de ley y un juicio justo e imparcial.

       Específicamente, en su argumentación niegan que lo manifestado

por la Jurado Avilés, según testificado por el Licenciado Cerezo Torres, no

demostrara que se afectó el proceso deliberativo llevado a cabo en su contra.

Esto así, porque una revisión de las manifestaciones hechas durante el juicio

versus aquellas hechas al abogado evidencian que la Jurado Avilés mintió.

Dicha mentira, argumentan, causó que el TPI examinara durante el juicio

solamente la imparcialidad de dos jurados y no la de la totalidad de quienes

emitieron el veredicto.

6 En dicha audiencia, a preguntas del Juez, la Jurado Avilés manifestó que solamente le

comunicó el incidente a la Jurado Blanca Malavé Peña. Véase página 120 del apéndice,
líneas 6-14.
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      Además de lo hasta aquí consignado, en su recurso los peticionarios

afirman que la prueba desfilada durante la vista para atender la moción

bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, no se trata de meras

inferencias ni argumentos especulativos. Por el contrario, sostienen que

mediante el testimonio no impugnado del Licenciado Cerezo Torres se

probó que todo el jurado conocía del incidente que requirió la vista

evidenciaria durante el juicio. Con tal fin, señalan que una moción bajo la

Regla 192.1 requiere una carga probatoria de preponderancia de prueba y

que esta fue cumplida. Por todo esto, aseveran que el TPI abusó de su

discreción al negar la celebración de un nuevo juicio, debiendo ceder la

deferencia que como norma general merecen las decisiones del foro

primario.

      El Ministerio Público, por su parte, discute que la prueba presentada

por los peticionarios a los fines de demostrar la procedencia de un nuevo

juicio es una débil. Específicamente, señalan que su petición descansa en lo

que alegadamente expresó una persona que fue miembro del jurado que ni

siquiera fue citada a testificar. Así, afirma que la solicitud del mecanismo

de nuevo juicio instada por los peticionarios descansa en generalizaciones

y especulaciones insuficientes en derecho para concederlo.

      A los fines de cumplir con nuestra función revisora analizamos los

planteamientos sometidos por las partes, escuchamos la regrabación de la

vista de Regla 192.1 incluida por los peticionarios como parte del apéndice

de su recurso y leímos la transcripción de tal audiencia, así como aquella

celebrada durante el juicio el 28 de junio de 1999. Así hecho, no

encontramos razones que nos muevan a modificar el dictamen recurrido,

por lo que resolvemos expedir el auto de certiorari solicitado por los

peticionarios y confirmar la determinación recurrida. Veamos.

      La garantía constitucional de ser juzgado por un Jurado forma parte

del debido proceso. Esto significa que los miembros del Jurado deben ser
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indiferentes, o sea, juzgar sin ánimo prevenido y que se presume que el

Jurado ha actuado de ese modo. Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507,

523 (1992) citando a Pueblo v. Padros García, 99 DPR 384,394 (1970).

(Énfasis nuestro). Como indicamos, es basándose en este precepto que los

peticionarios reclaman que el testimonio del Licenciado Cerezo Torres en

cuanto a lo que la Jurado Avilés le manifestó en su breve encuentro prueba

que esta mintió bajo juramento durante la breve audiencia celebrada el 28

de junio de 1999. También demandan que las expresiones hechas al

abogado por la Jurado Avilés siembran duda en cuanto a la imparcialidad

de todos los miembros del jurado al momento de juzgarles, por lo que debe

concederse un nuevo juicio.

      No obstante, aunque niegan la naturaleza especulativa que el foro

primario le atribuyó a las consecuencias que los acontecimientos del caso

tuvieron sobre el proceso deliberativo del jurado, lo cierto es que los

peticionarios no lograron en forma alguna rebatirla. Nuestro ordenamiento

es claro en cuanto a que el veredicto de un jurado no puede ser alterado por

razón de indebida presión o influencia a menos que haya prueba prima

facie de que ese extraño elemento pervirtió la decisión. Pueblo v. Figueroa

Rosa, 112 DPR 154 (1982).

      En el presente caso, el foro primario no recibió testimonio directo

de la Jurado Avilés tendente a establecer que mintió al tribunal al ser

entrevistada allá para el año 1999. Es ante este innegable hecho que

coincidimos con la decisión alcanzada por el foro primario en cuanto a que

el testimonio del Licenciado Cerezo Torres no constituye la prueba prima

facie que es exigida para dejar sin efecto el veredicto emitido contra los

peticionarios. Tal cual correctamente señaló el TPI, todos y cada uno de los

argumentos que presentan los peticionarios para obtener la celebración de

un nuevo juicio descansan en la interpretación que el abogado dio a las

manifestaciones hechas por un miembro del jurado en un breve encuentro
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años luego del juicio y las posibles consecuencias que este entiende tuvo

ello para con el resto. Por lo antes expresado, no vemos razón para revocar

la resolución recurrida.

       Los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer lo que

nadie más creería. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961). Nos resulta

increíble pensar que una persona que bajo juramento y dentro de las

formalidades de un proceso judicial declaró un hecho, muchos años

después admita- así sin razón o motivo- haber mentido. No tenemos, pues

la persona a la que se le imputa la mentira no fue citada a declarar, contexto

alguno sobre las expresiones efectuadas.

                                     IV

       Por los fundamentos que preceden, expedimos el auto solicitado y

confirmamos la Resolución emitida el 26 de octubre de 2023, por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones