Court Opinion

ID: 9962622
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:35:31.567225+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:13.348973
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

EDWIN CRUZ QUIÑONES                          Certiorari acogido como
                                             Apelación,
      Parte Apelada                          procedente del Tribunal
                                             de Primera Instancia,
                                             Sala Superior de
                               KLCE202400203 Bayamón
             v.
                                                  Caso Núm.:
                                                  BY2022CV04401

 PONDEROSA STEAK &
SALAD / BMJ FOODS PR                              Sobre:
 INC., ASEGURADORA                                Despido Injustificado
       ABC Y XYZ                                  (Ley 80); Procedimiento
                                                  Sumario; Reclamaciones
      Parte Apelante                              Laborales (Ley 2 del 17
                                                  de octubre de 1961)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

      Compareció ante este Tribunal la parte apelante, BMJ Foods PR, Inc.

(en adelante, “BMJ” o “Apelante”), mediante un mal denominado recurso de

certiorari presentado el 16 de febrero de 2024. Nos solicitó la revocación de

la Sentencia en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (en adelante, el “TPI”), el 5 de febrero de 2024,

notificada y archivada en autos el día siguiente. A través del aludido

dictamen, el TPI declaró “Ha Lugar” la “Querella” presentada por la parte

apelada, Edwin Cruz Quiñones (en adelante, “Cruz” o “Apelado”), tras

conceder una solicitud de sentencia sumaria presentada por este último, y

condenó a BMJ al pago de $119,687.52 en concepto de mesada y el 25%

de honorarios de abogado.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la

Sentencia en Rebeldía.

Número Identificador
SEN2024______________
KLCE202400203                                                            2

                                          I.

       El caso de autos se originó el 29 de agosto de 2022, cuando el

Apelado presentó una “Querella” en contra de BMJ por despido

injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada, conocida como la “Ley Sobre Despidos Injustificados”, 29

LPRA secs. 185a et seq. Es menester destacar que Cruz se acogió al

trámite de reclamaciones laborales dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, 32 LPRA secs. 3118

et seq.

       Mediante la aludida “Querella”, el Apelado sostuvo que desde el 11

de marzo de 1986 inició un contrato de empleo regular y por término

indefinido con BMJ y que laboró ininterrumpidamente por espacio de 35

años, cuando fue despedido el 1 de septiembre de 2021. Alegó que las

causas en las que el Apelante fundamentó la terminación del empleo se

debieron a motivos económicos, dado a la situación causada por la

pandemia del COVID-19. Asimismo, planteó que al momento del despido

ostentaba la clasificación de empleo de gerente de área junto a los

siguientes empleados: (1) Miguel Navarro, (2) Margarita Rosa y (3) José

Quiñones.

       Cruz adujo que ostentaba mayor antigüedad que el resto de los

empleados de su misma clasificación de empleo. Específicamente, expresó

que tenía (5) años de mayor antigüedad que la gerente de área, Margarita

Rosa; mientras que, con respecto a los gerentes de área, Miguel Navarro y

José Quiñones, su antigüedad era de (6) y (8) años mayor, respectivamente.

Así pues, fundamentó su reclamación en que BMJ no observó la norma de

antigüedad dispuesta en la Ley Núm. 80, supra, por lo que su despido fue

injustificado, arbitrario y caprichoso.

       Habiéndose diligenciado el emplazamiento, el 13 de septiembre de

2022, BMJ presentó una solicitud de prórroga para presentar alegación

responsiva. Ese mismo día, Cruz presentó “Solicitud de Anotación de

Rebeldía y Oposición a la Solicitud de Prórroga”. Al día siguiente, el foro
KLCE202400203                                                                3

apelado emitió Orden mediante la cual denegó la solicitud de prórroga

interpuesta por el Apelante, dado a que el caso se estaba ventilando bajo el

procedimiento sumario laboral preceptuado en la Ley Núm. 2, supra, y dicha

moción no cumplía con las disposiciones del referido estatuto para

concederse la extensión del tiempo para presentar alegación responsiva.

       De igual manera, el mismo 14 de septiembre de 2022, el TPI emitió

una segunda Orden mediante la cual le anotó la rebeldía a BMJ, por haberse

expirado el plazo para contestar la “Querella”. A pesar de dicha

determinación, ese mismo día, el Apelante presentó “Contestación a

Querella” y “Moción de Reconsideración y Solicitando se Levante la

Rebeldía”. Expresó que reconocía las obligaciones impuestas por la Ley

Núm. 2, supra, no obstante, la tardanza en presentar la “Contestación a la

Querella” estuvo fuera de su control y que la misma no causaría perjuicio ni

se afectarían al Apelado, ya que la “Querella” no justificaba la concesión de

un remedio a favor de este último. Además, añadió que la adjudicación del

caso sin entrar en los méritos del mismo resultaría en un fracaso a la justicia.

       El 11 de octubre de 2022, Cruz presentó su oposición. Allí sostuvo

que las alegaciones contenidas en la “Querella” cumplían con establecer

una relación sucinta y sencilla de hechos demostrativos conducentes a la

concesión de un remedio a favor del Apelado. Adicionalmente, esgrimió que

las razones ofrecidas por BMJ para su tardanza en presentar alegación

responsiva dentro del término dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, no eran

suficientes en derecho. El 14 de octubre de 2022, el Apelante presentó

“Réplica a Moción en Oposición a la Solicitud de Reconsideración de

BMJ Foods PR y Oposición a que la eliminación de las alegaciones y

defensas afirmativas de la Querellada del expediente judicial del caso”.

       El 20 de octubre de 2022, el foro a quo remitió Resolución mediante

la cual mantuvo la anotación de la rebeldía en contra BMJ. Fundamentó su

determinación en que el Apelante tenía hasta el 12 de septiembre de 2022

para presentar alegación responsiva y no fue hasta el 13 de septiembre

de 2022 que presentó su solicitud de prórroga para alegar, sin haber

sido juramentada ni exponer los motivos para solicitar dicha prórroga,
KLCE202400203                                                              4

según lo requieren las Secciones 3 y 4 de la Ley Núm. 2, supra. 31 LPRA

secs. 3120 y 3121, respectivamente. Asimismo, le concedió al Apelado un

término de treinta (30) días para presentar el Informe de Conferencia con

Antelación al Juicio.

       Tras varios trámites procesales, el TPI permitió un breve

descubrimiento de prueba y se presentó el Informe de Conferencia con

Antelación al Juicio, según había sido ordenado por dicho foro previamente.

El 24 de mayo de 2023, Cruz presentó “Moción Informativa y Solicitud de

Breve Término para presentar Solicitud de Sentencia Sumaria”.

Mediante    la   aludida   comparecencia,    informó   haber   recibido   las

contestaciones de BMJ a cierto pliego de interrogatorio y requerimiento de

producción de documentos y solicitó un plazo para presentar una moción de

sentencia sumaria.

       Luego de que el foro primario le concediera al Apelado un término

para presentar moción dispositiva, el 20 de junio de 2023, Cruz presentó

“Moción de Sentencia Sumaria”. Planteó que, a tenor con los hechos

incontrovertidos desglosados en la referida moción y del derecho aplicable,

procedía que se concediera su solicitud y se dictara sentencia a su favor,

condenando a BMJ al pago de $119,687.52, en concepto de mesada más

honorarios de abogados a un 25%. El 4 de agosto de 2023, BMJ presentó

“Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la

Querellante y en Solicitud de Moción de Sentencia Sumaria a favor de

la Parte Querellada”. Arguyó que la “Querella” contenía alegaciones

insuficientes y que la “Moción de Sentencia Sumaria” no cumplía con suplir

las referidas deficiencias. Por el contrario, expresó que la misma apoyaba

una desestimación del caso de autos y una sentencia a favor del Apelante.

De igual manera, arguyó que la reclamación estaba prescrita. En vista de lo

anterior, sostuvo que la moción dispositiva era insuficiente en derecho y que

no procedía dictar sentencia sumariamente.

       El 5 de mayo de 2024, el TPI emitió Sentencia en Rebeldía en la que

expuso que no existía controversia en cuanto a que BMJ no retuvo con

preferencia en el empleo al Apelado, siendo éste el empleado de mayor
KLCE202400203                                                           5

antigüedad en el departamento y clasificación de empleo afectada por

razones económicas. Asimismo, concluyó que dicho departamento y

clasificación de empleo afectada por razones económicas no fue cerrado o

eliminado y el Apelante mantuvo a los otros empleados de menor

antigüedad, Miguel A. Navarro y Margarita Rosa Florán, ocupando la misma

clasificación de empleo que Cruz ostentaba al momento de la terminación y

continuaron trabajando en el mismo departamento afectado. Así pues,

entendió que el despido fue injustificado y enfatizó en que BMJ no presentó

alegación responsiva o una solicitud de prórroga juramentada dentro del

plazo que provee para ello la Ley Núm. 2, supra. Por tanto, declaró “Ha

Lugar” la “Querella” y condenó al Apelante al pago de $119,687.52, en

concepto de mesada, y al 25% en honorarios de abogado.

      Inconforme con dicha determinación, el 16 de febrero de 2024, BMJ

presentó el mal denominado auto de certiorari, que acogimos como un

recurso de apelación mediante Resolución de 21 de febrero de 2024.

Mediante el mismo, le imputó al foro de instancia la comisión de los

siguientes errores:

      PRIMER ERROR- ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL CONSIDERAR EL TR[Á]MITE DEL
      PRESENTE     CASO   COMO     UNO   ORDINARIO,
      PERMITIENDO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA TARD[Í]O,
      Y CONSIGUIENTE ENMIENDA A LAS ALEGACIONES POR
      ENTENDERSE QUE LA PARTE QUERELLANTE NO
      POD[Í]A PROBAR SU CAUSA DE ACCI[Ó]N POR SUS
      MERAS ALEGACIONES, Y LUEGO DISPONER DEL CASO
      DE UNA MANERA SUMARIA, EN CONTRAVENCI[Ó]N AL
      TR[Á]MITE PROCESAL DEL CASO.

      SEGUNDO ERROR- ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL PERMITIR SE ENMENDARÁN [SIC] LAS
      ALEGACIONES DE LA QUERELLA SIN UTILIZAR EL
      PROCEDIMIENTO CORRECTO QUE EXIGE NUESTRAS
      REGLAS DE PROCDIMIENTO [SIC] CIVIL (REGLA 13), SIN
      SOLICITAR   AUTORIZACI[Ó]N   JUDICIAL    Y     SIN
      PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE ENMIENDA A LA
      QUERELLA.

      TERCER ERROR - ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL ACOGER UNA MOCI[Ó]N DE SENTENCIA
      SUMARIA HABIENDO CONTROVERSIA DE HECHOS Y
      BASAR SU DETERMINACI[Ó]N EN LA SENTENCIA EN
      REBELDÍA EN HECHOS CONTROVERTIBLES QUE NO
      FUERON AVALADOS POR LA PRUEBA PRESNTADA [SIC]
      POR LA PARTE QUERELLANTE/APELADA.

      CUARTO ERROR - ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL EMITIR UNA SENTENCIA EN REBELD[Í]A
KLCE202400203                                                                  6

       EN UNA RECLAMACIÓN QUE BAJO LA LEY APLICABLE
       ESTABA PRESCRITA.

       El 25 de marzo de 2024, el Apelado presentó “Alegato en Oposición

de la Parte Recurrida”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                       II.

       La Ley Núm. 2, supra, instituye un procedimiento sumario de

adjudicación de pleitos laborales dirigido a la rápida consideración y

adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados contra sus patronos

relativos a salarios, beneficios y derechos laborales. Rivera v. Insular Wire

Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996). La naturaleza sumaria de este

proceso responde a la política pública de “abreviar el procedimiento de

forma que sea lo menos oneroso posible para el obrero”. Dávila, Rivera v.

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999).

       De conformidad con dicho principio, los tribunales venimos

compelidos a respetar lo siguiente: (1) los términos relativamente cortos

dispuestos en el estatuto para contestar la querella; (2) los criterios estrictos

para conceder una prórroga para contestar la querella; (3) el mecanismo

especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono, y (4) entre otras

particularidades provistas por la ley, las limitaciones en el uso de los

mecanismos de descubrimiento de prueba. Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., 174 DPR 921, 929 (2008).

       En virtud de su carácter sumario, la Ley Núm. 2, supra, dispone que

el patrono está obligado a presentar una contestación a la querella dentro

de unos términos más cortos que los provistos en pleitos ordinarios. Así

pues, la Sección 3 del estatuto establece que el patrono deberá presentar

su contestación por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a ser

emplazado, si se hiciere dentro del distrito judicial donde se promueve la

acción y en quince (15) días en los demás casos. 32 LPRA sec. 3120.

       De conformidad con lo anterior, la aludida Sección de la Ley Núm. 2,

supra, provee para que en los casos en que el patrono no presente su

contestación en el plazo correspondiente. A esos fines, se regula la forma
KLCE202400203                                                               7

en que el tribunal de instancia debe proceder, por lo que se delimita su

autoridad. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929. En particular,

la Sección 3 del estatuto, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

       El secretario del tribunal notificará a la parte querellada con
       copia de la querella, apercibiéndole que deberá radicar su
       contestación por escrito, con constancia de haber servido
       copia de la misma al abogado de la parte querellante o a ésta
       si hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez
       (10) días después de la notificación, si ésta se hiciere en el
       distrito judicial en que se promueve la acción, y dentro de
       quince (15) días en los demás casos, y apercibiéndole,
       además, que si así no lo hiciere, se dictará sentencia en
       su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más
       citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte querellada,
       la cual deberá notificarse al abogado de la parte
       querellante o a ésta si compareciere por derecho propio,
       en que se expongan bajo juramento los motivos que para
       ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de la faz
       de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el
       término para contestar. En ningún otro caso tendrá
       jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. 32
       LPRA sec. 3120 (énfasis suplido).

       Conforme lo ha resuelto el Tribunal Supremo, de las transcritas

disposiciones estatutarias se desprende “el deber inequívoco del tribunal de

darle un cumplimiento cabal al procedimiento dispuesto en la Ley Núm.

2, supra, ya que carece de jurisdicción para extender el término para

contestar una querella, a menos que se observen los criterios o las

normas procesales para la concesión de una prórroga”. Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 930 (énfasis suplido). Así pues, para que

proceda una prórroga dentro de un procedimiento sumario laboral, se

requiere que el patrono querellado cumpla con los siguientes criterios

adicionales en la formulación de dicha solicitud, a saber: (1) que se

juramente la moción; (2) que se especifiquen los motivos que justifican su

concesión, y (3) que la moción se notifique a la parte querellante. 32 LPRA

sec. 3120.

       En ningún otro caso, por mandato legislativo, tendrá jurisdicción

el tribunal para conceder esa prórroga. De hecho, aun si se cumple con los

criterios expuestos, el tribunal no está obligado a conceder la prórroga, ya

que esta determinación “dependerá de si la parte querellada demostró

mediante la propia moción la existencia de una causa justificada para la
KLCE202400203                                                              8

dilación”. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, págs. 930-931 (citas

omitidas).

       Alusivo a la aludida norma estatutaria, la Sección 4 de la Ley Núm.

2, supra, expone taxativamente que el incumplimiento con el término

dispuesto para presentar la contestación a la querella o, en la alternativa,

con los criterios para peticionar una prórroga, conlleva que el juez dicte

sentencia    contra      el   querellado, a   instancias   del   querellante,

concediendo el remedio solicitado. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 207 (2021). Además, la sentencia que esos efectos se dicte

será final y de la misma no podrá apelarse. 32 LPRA sec. 3121. “[L]a

consecuencia de que el querellado no conteste en el término prescrito sin

acogerse a la prórroga, o cuando no surjan del expediente las causas que

justifiquen la dilación, es la anotación de la rebeldía y la concesión del

remedio solicitado sin más citarle ni oírle”. Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., supra, pág. 935.

       No obstante, el hecho de que se haya anotado la rebeldía no es

garantía de que se tenga que dictar sentencia a favor del querellante. “Como

es sabido, al dictarse una sentencia en rebeldía las alegaciones

concluyentes, las conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma

generalizada no son suficientes para sostener una adjudicación a favor del

demandante o querellante.” Íd., pág. 937. Por tanto, luego de anotar la

rebeldía, el Tribunal de Primera Instancia podrá celebrar las vistas

evidenciarias que sean necesarias para que el querellante sustente las

alegaciones consignadas en la querella, aplicándose los mecanismos

provistos en las Reglas de Procedimiento Civil para casos que se ventilan

en rebeldía. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra, pág. 208.

                                      III.

       De entrada, procede que adjudiquemos un asunto de umbral

relacionado a los trámites posteriores acaecidos ante el foro apelado, luego

de que se le anotara la rebeldía a BMJ. Ello, puesto que dicho asunto es

uno que recae sobre la autoridad en ley del TPI en el manejo del caso

consistente con el estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción y, a
KLCE202400203                                                               9

su vez, afecta el desenlace de las controversias que venimos compelidos

a dirimir.

       Como primer señalamiento de error, BMJ sostiene –entre otras

cosas– que el TPI incidió al señalar una Conferencia con Antelación al

Juicio, a permitirle al Apelado iniciar un descubrimiento de prueba y,

posteriormente, presentar la “Moción de Sentencia Sumaria”, a pesar de

que le había anotado la rebeldía al Apelante, por este último no haber

presentado su contestación a la “Querella” dentro del término provisto en

la Ley Núm. 2, supra, ni haber solicitado la prórroga en cumplimiento con

los criterios desglosados en dicho estatuto. Específicamente, sostiene el

Apelante que el trámite procesal del caso ante el foro apelado demuestra,

sin lugar a dudas, que el mismo ha sido uno completamente atípico para

un caso en rebeldía ventilado bajo el procedimiento sumario laboral

regulado por la Ley Núm. 2, supra. Le asiste la razón.

       Primeramente, partimos nuestro análisis estableciendo que BMJ en

ningún momento cuestionó en su recurso la anotación de rebeldía que el

TPI le impuso mediante la Resolución de 20 de octubre de 2022. Esa es la

ley del presente caso.

       Ahora bien, y según hemos establecido en el acápite anterior, una

vez el foro a quo le anotó la rebeldía al Apelante para lo único que tenía

autoridad en ley era para lo siguiente: (1) dictar sentencia, a solicitud de

Cruz, en contra de BMJ sin más oírle ni escucharle, o (2) para celebrar las

vistas evidenciarias que sean necesarias para que el querellante sustente

las alegaciones consignadas en la “Querella”, aplicándose los mecanismos

provistos en las Reglas de Procedimiento Civil para casos que se ventilan

en rebeldía. Véanse, Sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec.

3121; Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra, pág. 208.

       A eso es a lo que se limita la jurisdicción del TPI cuando se le ha

anotado la rebeldía a la parte querellada en un pleito ventilado bajo el

procedimiento sumario estatuido en la Ley Núm. 2, supra. Ello es cónsono

con el espíritu del estatuto dirigido a la rápida consideración y adjudicación

de las reclamaciones de empleados contra sus patronos relativos a
KLCE202400203                                                             10

salarios, beneficios y derechos laborales. Rivera v. Insular Wire Products

Corp., supra, pág. 922. Así, se persigue abreviar el procedimiento de forma

que sea lo menos oneroso posible para el obrero.

       Por tanto, una vez se trabó la controversia sobre la procedencia de

la anotación de la rebeldía en el caso en contra del Apelante y de que el

foro a quo se reiterara en la misma por vía de la Resolución de 20 de

octubre de 2022, lo único procedente en derecho era celebrar las vistas en

rebeldía que entendiera necesarias para que Cruz sustentara sus

alegaciones, según lo consignó en la Orden dictada el 9 de marzo de 2023.

Hasta ahí se extendía su jurisdicción. Es, pues, evidente que la concesión

del plazo para que el Apelado efectuara un descubrimiento de prueba, el

señalamiento de una Conferencia con Antelación al Juicio y el término

concedido para que Cruz presentara la “Moción de Sentencia Sumaria”,

así como todos los trámites relacionados a dichos eventos procesales

fueron inconsistentes con lo dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, y su

jurisprudencia interpretativa.

       Reiteramos, posterior a la Resolución dictada el 20 de octubre de

2022, lo correcto en derecho era señalar, sin dilación alguna, las vistas en

rebeldía que fueran necesarias para permitirle al Apelado sustentar las

alegaciones consignadas en la “Querella”. Para ello era lo único que tenía

jurisdicción el TPI. Por tanto, procede la revocación del dictamen apelado

y la devolución del caso ante el foro de instancia para que proceda, de

conformidad con lo dispuesto en la presente Sentencia.

                                    IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, se revoca la Sentencia en Rebeldía

apelada y devolvemos el caso al TPI para que, sin dilación alguna, señale

las vistas en rebeldía que estime pertinentes, de manera que el Apelado

esté en posición de sustentar las alegaciones consignadas en la

“Querella”, aplicándose a las mismas los mecanismos provistos en las

Reglas de Procedimiento Civil para los casos que se ventilan en rebeldía y

según lo dispone la Ley Núm. 2, supra.
KLCE202400203                                                               11

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones