Court Opinion

ID: 9690466
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:13:52.770773+00
Date Added: 2024-06-11T09:03:04.647909
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IX

    JOSE D. SANTIAGO                                 APELACIÓN
         TORRES                                      procedente del
                                                     Tribunal de Primera
          Apelante                                   Instancia, Sala
                                                     Superior de Ponce
             v.                KLAN202300603
                                                     Caso Núm.:
    YAUCO HEALTHCARE                                 PO2019CV02484
      CORP. Y OTROS
                                                     Sobre:
          Apelados                                   Violación Derechos
                                                     Civiles

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el
Juez Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

       El señor José D. Santiago Torres, mediante recurso de

Apelación, que acogemos como certiorari1, manteniendo la

identificación alfanumérica que asignó la Secretaría, nos solicita

que revisemos una Orden emitida el 22 de junio de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce.                En esta el foro

primario refirió al señor Santiago Torres a la orden emitida el 1ro

de junio de 2023, al atender la Moción solicitando determinación

de si un desistimiento de un desistimiento y que el tribunal dio por

enterado, impidió que el presente caso se diera por terminado

incoada por el señor Santiago Torres.

       En la orden del 1ro de junio de 2023 el foro primario realizó

un recuento de todas las mociones que resolvió del señor Santiago

Torres.    En la orden le informó que existe una sentencia de

desistimiento sin perjuicio, la cual es final y firme, más le indicó

1
  Por tratarse de la revisión de una orden interlocutoria en etapa postsentencia,
se acogerá el recurso como una petición de certiorari. IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).             También se trata de una Orden
interlocutoria.
Número Identificador
SEN2023 _______
KLAN202300603                                                             2

que tomaba conocimiento de la presentación del caso ante la

consideración de otra sala.

        Por los fundamentos que exponemos a continuación

expedimos el recurso solicitado y confirmamos la orden contra la

que se recurre.

                                      I.

        Procedemos a reseñar los antecedentes según narrados en

el recurso que atendemos, así como de la información recopilada

de     la   búsqueda     en   el Sistema     Electrónico   de    Bibliotecas

Integradas (SEBI) y de los documentos unidos al expediente.

        El señor José D. Santiago Torres alega que se le aplicó la

Ley 408 (Ley de Salud Mental de Puerto Rico de 2 de octubre de

2000, 24 LPRA secs. 6152 et seq.), para llevarlo al Hospital de

Damas.          Indicó    que    en    ese     proceso     fue    inyectado

involuntariamente, sedado, abusado y sufrió laceraciones. Adujo

que, de ahí, fue transferido al Hospital Metropolitano y/o Yauco

Healthcare Corp. donde se le mantuvo luego de haber transcurrido

las primeras 24 horas de la Orden bajo la Ley 408.

        Tras ello, el señor Santiago Torres presentó cuatro

demandas en las que alegó unos daños ocasionados por la

hospitalización involuntaria. Las acciones fueron asignadas a las

causas       civil   Núm.       PO2018CV01870,           PO2019CV00626,

PO2019CV01417 y PO2019CV02484.                  Referidas causas fueron

consolidadas en el foro primario.2

        Luego de varios trámites procesales, a petición del señor

Santiago Torres, que solicitó el desistimiento y cierre de los casos,

el 9 de octubre de 2019 el foro de primera instancia dictó una

Sentencia Enmendada, a los fines de incluir el epígrafe del caso

2
    Recopilado del KLAN201901289 cons. KLAN201901401.
KLAN202300603                                                           3

PO2019CV02484, mediante la cual decretó “el desistimiento y

archivo de la causa de acción a favor de la parte demandada, Con

Perjuicio, sin especial imposición de costas, gastos ni honorarios

de abogado”.3

      En desacuerdo, el señor Santiago Torres acudió a este foro

intermedio en los recursos asignados a los alfanuméricos

KLAN201901289 y KLAN201901401. El Panel designado consolidó

los expedientes y el 18 de noviembre de 2021 dictó una sentencia

a los fines de modificar la Sentencia Enmendada apelada para que

el efecto del desistimiento sea sin perjuicio contra aquellas

partes que aun formaban parte del pleito.       El 11 de abril de 2022

el Tribunal de Apelaciones emitió el mandato.

      Entretanto, el 12 de enero de 2022, el señor Santiago Torres

instó ante el TPI una Moción solicitando desistir sin perjuicio

aplicando la sentencia del apelativo que revocó la sentencia con

perjuicio. Allí alegó que desiste una vez más del desistimiento

que envolvió la apelación en todos los casos consolidados. El 18

de enero de 2022 el foro primario le contestó “enterado”.4

      Tras ello, el 23 de enero de 2023 el señor Santiago Torres

presentó una Moción urgente solicitando decisiones [de] todos los

casos consolidados. En síntesis, alegó que el Tribunal Apelativo

revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y así lo

confirmó el Tribunal Supremo. Indicó que, como consecuencia de

ello, interesaba reversar el desistimiento y que su solicitud fue

ignorada. Sostuvo que es un envejeciente de 88 años, pero puede

comparecer a sala y exponer su caso pues fue abogado por más

de 40 años.

3
  Sentencia Enmendada, Documento 36 del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC), PO2019CV2484.
4
  Apéndice págs. 6-8.
KLAN202300603                                                                 4

        El 30 de enero de 2023 el señor Santiago Torres presentó

otra    Moción    solicitando     resoluciones     y   decisiones     asuntos

generales planteados.5          Allí solicitó la desconsolidación de los

casos.    Indicó que ante la revocación de la Sentencia a “sin

perjuicio”, presentó una moción desistiendo del desistimiento y el

Tribunal no ha actuado. Agregó que le privaron de su derecho a

comparecer por derecho propio.

        El 27 de marzo de 2023, notificada el siguiente día, el foro

primario emitió la siguiente determinación:

        Examinada la moción de la parte demandante de
        epígrafe y en el ejercicio de la flexibilidad y discreción
        permitida al tribunal, sin ventajas para ninguna de las
        partes, nos pronunciamos. Nuevamente exponemos
        que según surge del expediente mediante Sentencia
        emitida el 18 de noviembre de 2021 en los casos
        KLAN20191289 consolidado con el KLAN201901401 el
        Tribunal de Apelaciones decretó el desistimiento sin
        perjuicio del presente caso. A esos fines, se modificó
        la determinación tomada por el Tribunal de Primera
        Instancia el 9 de octubre de 2019 cuando se dictó
        Sentencia Enmendada a los fines de desestimar con
        perjuicio el presente caso. Véase y refiérase al
        Mandato fue remitido el 11 de abril de 2022. Por lo
        tanto, a esta fecha es final y firme la Sentencia
        emitida por el Tribunal de Apelaciones en la cual se
        desestimó sin perjuicio el caso.                Tomamos
        conocimiento de la presentación del caso conforme a
        derecho ante la consideración de otra sala.6

        Así las cosas, el 1ro de junio de 2023 el Tribunal emitió otra

orden     en   atención     a    una    Moción     Urgente      solicitud    de

reconsideración,7 en la cual dispuso lo siguiente:

                                    Orden

        En atención al asunto traído por la parte demandante,
        se instruye y se aclara en el presente caso se han
        emitido Orden en relación a lo solicitado. Véase Orden
        del 15 de febrero de 2023. El Tribunal dispuso: " Nada
        que disponer. El presente caso tiene sentencia final
        sin perjuicio. Inicie la causa conforme a derecho".

5
  Apéndice págs. 9-10.
6
  Apéndice pág. 5.
7
  El peticionario no incluyó copia en el apéndice de la referida moción de
reconsideración.
KLAN202300603                                                            5

         De igual manera nos expresamos mediante Orden del
         24 de marzo de 2023; "Según surge del expediente
         mediante Sentencia emitida el 18 de noviembre de
         2021 en los casos KLAN201901289 consolidado con el
         KLAN201901401 el Tribunal de Apelaciones decretó el
         desistimiento sin perjuicio del presente caso. A esos
         fines, se modificó la determinación tomada por el
         Tribunal de Primera Instancia el 9 de octubre de 2019
         cuando se dictó Sentencia Enmendada a los fines de
         desestimar con perjuicio el presente caso. El Mandato
         fue remitido el 11 de abril de 2022. Por lo tanto, a
         esta fecha es final y firme la Sentencia emitida por el
         Tribunal de Apelaciones en la cual se desestimó sin
         perjuicio el caso

         Note la parte demandante que esta Curia de igual
         manera emitió Orden el 4 de abril de 2023, nos
         volvimos a pronunciar;

         Nuevamente exponemos que según surge del
         expediente mediante Sentencia emitida el 18 de
         noviembre de 2021 en los casos KLAN201901289
         consolidado con el KLAN201901401 el Tribunal de
         Apelaciones decretó el desistimiento sin perjuicio del
         presente caso. A esos fines, se modificó la
         determinación tomada por el Tribunal de Primera
         Instancia el 9 de octubre de 2019 cuando se dictó
         Sentencia Enmendada a los fines de desestimar con
         perjuicio el presente caso. VEASE el Mandato fue
         remitido el 11 de abril de 2022. Por lo tanto, a esta
         fecha es final y firme la Sentencia emitida por el
         Tribunal de Apelaciones en la cual se desestimó sin
         perjuicio el caso. Tomamos conocimiento de la
         presentación del caso conforme a derecho ante la
         consideración de otra sala.

         Esta Curia ha atendido todas                  las    mociones
         presentadas por el demandante.

         Posteriormente, el 22 de junio de 2023 el foro primario

emitió otra orden para disponer de la Moción solicitando

determinación de si un desistimiento de un desistimiento y que el

tribunal dio por enterado, impidió que el presente caso se diera

por terminado.8 En esta orden, el foro revisado determinó

“Refiérase a Orden del 1 de junio de 2023.”

8
    Del apéndice del recurso no surge la antes referida moción.
KLAN202300603                                                    6

      En desacuerdo, el señor Santiago Torres instó por derecho

propio el recurso que revisamos. En este planteó que el foro de

instancia cometió en siguiente error:

      El Tribunal falta a la Constitución y al debido proceso
      de ley, interpretando que una Sentencia en Apelación
      que el demandante la acogió porque revocó una que
      le perjuicio, limita la acción del Tribunal a procesar,
      una moción que dio por recibida y ENTERADO,
      desistiendo del desistimiento, y ahora dice que, por
      ser ya final y firme, la moción recibida de desistir no
      tiene validez, que si la hubiere declarado NO HA
      LUGAR, SE HUBIERA ACTUADO DE OTRA FORMA
      DENTRO DE UN AÑO.

      Luego de examinar detenidamente el recurso ante nuestra

consideración, el 14 de julio de 2023, emitimos la siguiente orden:

      Se le ordena a la parte apelante Mostrar Causa de si
      existen razones válidas en derecho para no
      desestimar el recurso, pues en el mismo se pretende
      un reclamo de apelación contra una denominada
      Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de
      Ponce, que se limita a informar el resultado de una
      Sentencia de este Tribunal de Apelaciones, emitida y
      notificada el pasado año, que según indica el TPI, ya
      es final y firme. Esa Orden contra la que se apela no
      adjudica nada nuevo en el caso y de ello ser correcto,
      no estamos ante una controversia que se pueda
      adjudicar de forma distinta dentro de este caso. La
      parte apelante tiene que cumplir esta orden y mostrar
      causa según antes requerido, no más tarde del 21 de
      julio de 2023.

      Transcurrido dicho término, si dicha parte no cumple
      con lo aquí ordenado se desestimará el recurso. Si
      por el contrario, dentro de ese término compareciera
      dicha parte apelante y subsanara los errores de su
      recurso, la parte apelada deberá radicar su posición
      dentro del término de treinta (30) días, desde que se
      notifique   la   comparecencia     de    dicha  parte
      debidamente representada y en ese momento se
      entenderá perfeccionado el Recurso para su
      adjudicación final.

      El 19 de julio de 2023 el peticionario presentó una Solicitud

de Reconsideración a la orden del 14 de julio de 2023. Allí expresó

que la apelación se presentó como consecuencia de que el Tribunal

no adjudicó los planteamientos que se la han hecho.
KLAN202300603                                                                  7

       Examinado el recurso, prescindimos de la comparecencia de

la parte recurrida, a los fines de disponer la presente acción.9

                                      II.

                                       A.

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 46; McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce

de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

       Contrario al recurso de apelación, la expedición o no

del auto de certiorari solicitado descansa en la sana discreción del

foro apelativo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra;

Medina Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729

(2016). Así, la característica distintiva de este recurso se asienta

en la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra. En el ámbito judicial, la discreción del tribunal

revisor no debe abstraerse del resto del Derecho y, por lo tanto,

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para así llegar a una conclusión justiciera. Mun. Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

9
  En virtud de la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de
Puerto Rico el cual dispone que, “[e]l Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad
para prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o
procedimientos específicos en cualquier caso ante su consideración, con el
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho, y proveer el más amplio
acceso al tribunal, de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los
ciudadanos.”
KLAN202300603                                                     8

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más
      elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000).          Como es sabido, en

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España
KLAN202300603                                                           9

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR

909 (1986).       El adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Por ende, si

no     se   encuentra    presente   en    la   petición   ante   nuestra

consideración ninguno de los criterios antes transcritos y la

actuación del foro primario “no está desprovista de base razonable

ni perjudica derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien corresponde la

dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554,

572 (1959). De manera que, solo intervendremos con el ejercicio

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que

el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió

en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la

interpretación de       cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular, supra, pág. 154.

        Además de lo anterior, para ejercer nuestra función

revisora, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B gobierna el contenido de la solicitud

de Certiorari. La Regla 34(C) (1) del Reglamento, dispone que

todo    recurso    de Certiorari debe    contener   en    el   cuerpo   lo

siguiente:

              (a)-(c)…
              (d) Una relación fiel y concisa de los hechos
        procesales y materiales del caso.
              (e) Un señalamiento breve y conciso de los
        errores que a juicio de la parte peticionaria cometió el
        Tribunal de Primera Instancia.
              (f) Una discusión de los errores señalados,
        incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia
        aplicable.
              (g) […]
KLAN202300603                                                   10

      En armonía a lo anterior, sabido es que nuestro sistema

judicial es adversativo y rogado, el cual descansa sobre la premisa

de que las partes son los mejores guardianes de sus derechos e

intereses. Bco. Bilbao v. González Zayas, 155 DPR 589, 594

(2001); SLG Llorens v. Srio. De Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000). El

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre los

recursos presentados en el Tribunal de Apelaciones puede

conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137

(2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). El

Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho de que las partes

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica el

incumplimiento de éstas con las reglas procesales. Febles v.

Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003). Como es sabido,

para juzgar, hay que conocer; el derecho de apelación no es

automático, conlleva diligenciamiento y un perfeccionamiento

adecuado. Andino v. Topeka, 142 DPR 927, 933, 938 (1997). En

consecuencia, procede la desestimación de un recurso por

incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya provocado un

"impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda atender

el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera Toro, supra, citando

a Román Velázquez v. Román Hernández, 158 DPR 163, 167-168

(2002).

                                B.

      La Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

dispone, en su parte pertinente que:

      (a)   Una vez presentado el escrito de apelación, se
            suspenderán todos los procedimientos en
            los tribunales inferiores respecto a la
            sentencia o parte de ésta de la cual se
            apela, o las cuestiones comprendidas en ella,
            salvo orden en contrario expedida por iniciativa
            propia o a solicitud de parte por el tribunal de
            apelación. El Tribunal de Primera Instancia
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            podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier
            cuestión involucrada en él no comprendida en la
            apelación.
      Conforme lo anterior, con la mera presentación del escrito

de apelación se suspenden automáticamente ante el tribunal de

instancia todos los procedimientos que están relacionados con la

sentencia o con aquella parte de la cual se apela. Mun. Rincón v.

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989, 1002 (2015). Es decir, desde ese

momento el Tribunal de Primera Instancia pierde jurisdicción para

atender cualquiera de los asuntos sobre los cuales se está

apelando. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra.

                                 C.

      En síntesis, el mandato es el medio oficial que posee un

tribunal apelativo para comunicar a un tribunal inferior la

disposición de la sentencia objeto de revisión y para ordenarle el

cumplimiento de lo acordado. Mejías et al. V. Carrasquillo et al.,

185 DPR 288, 301 (2012), citando a Pueblo v. Tribunal de

Distrito, 97 DPR 241, 247 (1969). "El propósito principal del

mandato es lograr que el tribunal inferior actúe en forma

consistente con los pronunciamientos [del tribunal apelativo]." Íd.

      Una vez el mandato es remitido al tribunal inferior, este

readquiere jurisdicción sobre el caso, a los únicos fines de ejecutar

la sentencia, tal como fue emitida en apelación, y el tribunal

apelativo pierde la suya. Mejías et al. V. Carrasquillo et al., supra;

Pueblo v. Rivera, 75 DPR 432, 433 (1953).         El efecto de dicho

mandato alcanza aun aquellas cuestiones que, si bien no se

litigaron, pudieron haberlo sido y no lo fueron. Mejías et al. V.

Carrasquillo et al., supra; Pan American v. Tribunal Superior, 97

DPR 447, 451 (1969). Recibido el mandato, el tribunal inferior no

tiene autoridad para reabrir el caso, ni para reconsiderar o
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enmendar la sentencia o suspender su ejecución, a menos que en

las causas civiles se obtenga previamente permiso de este

Tribunal para dejar sin efecto la sentencia, según requerido por la

Regla 49.2 de Procedimiento Civil10. Pueblo v. Tribunal de Distrito,

supra. La aludida Regla 49.2 de Procedimiento Civil, atiende los

asuntos    relacionados      al    relevo     de   sentencia   por   errores,

inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, descubrimiento

de nueva prueba, fraude, nulidad de la sentencia, entre otros

       Establecido el marco doctrinal, pasemos a considerar el

recurso ante nos.

                                     III.

       El señor Santiago Torres acudió a este foro intermedio para

que revisemos una orden que emitió el foro primario el 23 de junio

de 2023, en la cual le refirió a una decisión previa del 1ro de junio

de 2023. En suma, aduce que el foro primario no adjudicó los

planteamientos que se le han hecho en distintas mociones a los

fines de desistir de su moción de desistimiento.

       De entrada, en el escueto escrito de tres páginas, el

peticionario menciona que el TPI incurrió en un error, no obstante,

no incluyó la discusión del error señalado ni las fuentes de derecho

que sustenta su reclamo.             Por consiguiente, su escrito no

constituye un recurso perfeccionado adecuadamente, a tenor con

las   exigencias     reglamentarias          aplicables. En    consecuencia,

estamos impedidos de              resolver    el recurso presentado         de

conformidad con las normas de Derecho que expusimos.

10
  Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable,
descubrimiento de nueva prueba, fraude, etc. Mediante una moción y bajo
aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a
su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por las
razones siguientes:
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        Aun así, e independientemente a lo anterior, al evaluar el

recurso procede denegarlo, pues no identificamos fundamentos

jurídicos que justifiquen nuestra intervención en este recurso.

        De los hechos que informa esta causa surge que el

peticionario presentó varias acciones sobre daños y perjuicios

presuntamente causados cuando se tramitó contra su persona una

orden de ingreso bajo la Ley 408, Ley de Salud Mental de Puerto

Rico.       Durante ese trámite, las causas fueron consolidadas.

Luego, el señor Santiago Torres solicitó el desistimiento y el 9 de

octubre de 2019 el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar

el desistimiento solicitado, pero lo hizo con perjuicio.

        En desacuerdo el señor Santiago Torres acudió a este foro

intermedio en las causas KLAN201901289 y KLAN201901401, las

que fueron consolidadas. El 18 de noviembre de 2021, un panel

de   este    Tribunal   dictó   una   sentencia   para   modificar   la

determinación del TPI a los fines de que el desistimiento sea sin

perjuicio. El mandato del Tribunal de Apelaciones fue emitido el

11 de abril de 2022, por lo que esa determinación advino final y

firme. Una sentencia es final y firme cuando todas las cuestiones

contenciosas entre los litigantes han sido dispuestas y no cabe

recurso de apelación alguno. Cruz Roche v. Colón y otros, 182

DPR 313, 323 (2011); Suárez Morales v. E.L.A., 162 DPR 43,

62 (2004).

        Aun cuando el foro apelativo dictó sentencia en noviembre

de 2021, el 12 de enero de 2022 el peticionario le solicitó al TPI

que revirtiera la desestimación del pleito. A esos fines, también

presentó otras mociones los días 23 de enero y 30 de enero de

2023.
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         El foro primario si atendió las mociones del peticionario.

Mediante Orden del 1ro de junio de 2023, el foro primario realizó

un recuento de todas las mociones resueltas en las cuales le

explicó al peticionario, en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones

decretó el desistimiento sin perjuicio del presente caso, cuyo

Mandato fue remitido el 11 de abril de 2022. Por lo tanto, la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en la cual se

desestimó la acción sin perjuicio es final y firme. También le

informó que tomaba conocimiento de la presentación del caso

conforme a derecho ante la consideración de otra sala. 11

         Así pues, el foro primario, al resolver las mociones del señor

Santiago Torres le aclaró a este que el caso tenía sentencia final

emitida por el foro apelativo la cual era final y firme.          Además, le

informó de la existencia de otro caso presentado.                        Esta

determinación         resulta    adecuada      y   no       amerita   nuestra

intervención.

         La norma general es que cuando un caso está en la etapa

apelativa, los procedimientos ante el TPI quedan paralizados.

Véase Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra.                        En su

consecuencia, el escrito que presentó el peticionario ante el TPI

mientras estaba en curso la apelación no podía ser resuelto en los

méritos por referido foro, pues la acción estaba pendiente en

Apelación.

          Ahora bien, una vez, el foro apelativo dictó la Sentencia, y

esta advino final y firme, el foro primario debe cumplir con la

determinación del Tribunal de Apelaciones.              Es decir, procedía

desestimar el caso sin perjuicio, tal como lo decretó el foro

apelativo. En tal escenario, el foro primario solo podía otorgarle

11
     Véase Orden del 2 de junio de 2023, apéndice pág. 3.
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obediencia y fiel cumplimiento al mandato de este Foro Apelativo.

Así lo hizo y se lo explicó al peticionario en la orden cuya revisión

se nos solicita y en otras previas.

      Ahora bien, como el desistimiento es sin perjuicio, si el

peticionario interesa, puede demandar nuevamente, si la acción

no ha prescrito.

      Conforme a los hechos detallados y al derecho esbozado en

esta Resolución, no encontramos justificación alguna para

intervenir con la Orden recurrida, por el contrario, procede

confirmar la misma.     El peticionario tampoco señaló prueba en

el expediente que tienda a demostrar que el TPI abusó de su

discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto, en

la Orden que revisamos.

                                IV.

      Por las razones antes expresadas, que hacemos formar

parte de esta Resolución, expedimos el auto de Certiorari y

confirmamos la Orden contra la que se recurre.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones