Court Opinion

ID: 9952158
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:22:53.578418+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:08.316374
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPCECIAL

                                                            APELACIÓN
                                                            procedente del
                                                            Tribunal de
EL PUEBLO DE PUERTO                                         Primera
RICO                                                        Instancia, Sala
                                                            Superior de
Apelados                                      KLAN202300779 Coamo
                 v.
                                                                        Criminal Núm.:
DANIEL ALBERTO                                                          B2TR202200112
MARTÍNEZ MARTÍNEZ
                                                                        Sobre:
Apelante                                                                Infr. Art. 7.02 Ley
                                                                        22-2000
                                                                        (Ley 22 de
                                                                        Vehículos y
                                                                        Tránsito de PR)
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Díaz Rivera y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

        Mediante Moción de Apelación presentada el 5 de septiembre

de 2023 comparece ante nos Daniel Alberto Martínez Martínez

(Martínez Martínez o Apelante). Nos solicita que revisemos la

Sentencia de 5 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Coamo (TPI).2 Por medio de la

Sentencia, el TPI le impuso lo siguiente a Martínez Martínez: una

multa de $2,400; sesenta (60) días de servicio comunitario; la

revocación indefinida de la licencia de conducir; la confiscación del

vehículo de motor que conducía al momento de ser intervenido; y,

cuatro (4) meses de cárcel mandatorios por ser reincidente de

conducir bajo estado de embriaguez por tercera vez.3 Esto por haber

1
   Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la
Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución de la Hon.
Alicia Álvarez Esnard.
2
  Apéndice de la Moción de Apelación, Anejo I. Archivada y notificada el 7 de septiembre de
2023.
3
  Íd.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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sido declarado culpable de violentar el art. 7.02 de la Ley de

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, (9 LPRA

sec. 5001 et seq.) (Ley de Tránsito).

         Por las razones que expresamos a continuación, confirmamos

la Sentencia de referencia.

                                                 I.

         El 15 de septiembre de 2022, el Apelante fue intervenido por

conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas

embriagantes.4 Luego de hacerle las advertencias de ley, el Apelante,

libre y voluntariamente, se sometió a un análisis de aliento realizado

por el Agente Melvin Alvarado Jiménez de la Policía de Puerto Rico.

Íd. Este arrojó un volumen de alcohol de la sangre de 0.164%, en

exceso al límite de 0.08% que establece la Ley de Tránsito. Durante

la vista, el TPI tomó conocimiento judicial de dos sentencias previas

por violaciones al art. 7.02 de la Ley de Tránsito, supra, en contra

del Apelante y sobre las objeciones de la defensa.5

         Ante preguntas de la Fiscal, el Agente Félix Arvelo Santiago,

quien intervino con el Apelante la noche de los sucesos, contestó

que interceptó al Apelante por este utilizar “luces de alta intensidad

en sitios alumbrados […]” y que la luz era “bastante fuerte que

molestaba […] al vehículo que estaba conduciendo en dirección

contraria”.6 Esto en violación al art. 14.05 (d) de la Ley de Tránsito,

supra, que dispone que:

         Queda prohibido en las vías públicas alumbradas el
         uso de luces de alta intensidad, incluyendo el uso de
         barras de luces LED (Light Emitting Diode) o HID (High
         Intensity Discharge). Esta prohibición no será aplicable
         a aquellos vehículos de motor cuyo manufacturero
         incluya las mencionadas luces como un aditamento de
         fábrica. Toda persona que viole las disposiciones de este
         inciso incurrirá en una falta administrativa y será
         sancionada con una multa de doscientos cincuenta
         (250) dólares. (Énfasis nuestro).

4
  Íd., Transcripción de la Vista celebrada el 6 de junio del 2023, pág. 5.
5
  Íd., págs. 12-18.
6
  Íd., pág. 25.
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         El Agente Arvelo Santiago testificó que luego de acercarse a la

ventana del Apelante, este expidió un “fuerte olor a alcohol”, lo cual

le dio motivo fundado para creer que estaba conduciendo bajo el

efecto de bebidas embriagantes.7 De forma libre y voluntaria, el

Apelante cooperó con los agentes Arvelo Santiago y Alvarado

Jiménez, y fue trasladado a la División de Patrullas y Carreteras de

Aibonito, donde el Agente Alvarado Jiménez le administró la prueba

de aliento con la máquina “Intoxilyzer 9000”.8 El resultado arrojó

0.164% de alcohol en el organismo.

         Luego de oír los testimonios de los agentes, analizar la prueba

testifical y tomar en consideración el testimonio estipulado del

químico, el TPI declaró al Apelante “culpable”.9 La representación

legal del Apelante solicitó reconsideración en sala, y el TPI se reiteró

en su determinación.10

         Inconforme, el Apelante radicó una Moción ante este Tribunal,

señalando los siguientes errores:

         PRIMERO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE
         COAMO,     CUANDO    DECLARÓ   CULPABLE   Y
         CONVICTO AL ACUSADO-APELANTE DEL DELITO
         IMPUTADO, A PESAR DE QUE LA PRUEBA DE
         CARGO NO ESTABLECIÓ SU CULPABILIDAD MÁS
         ALLÁ DE DUDA RAZONABLE Y FUNDADA EN
         VIOLACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL
         DEBIDO PROCESO DE LEY.
         SEGUNDO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE
         COAMO, AL NO ENTENDER QUE EL ARTÍCULO
         14.05 (D) DE LA LEY DE VEHÍCULOS Y TRÁNSITO
         ES [UNA] QUE ADOLECE DE VAGUEDAD POR SER
         DISCRIMINATORIO Y SELECTIVO EN CONTRA DE
         UNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN CON MENOS
         CAPACIDAD ECONÓMICA.
         TERCERO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE
         COAMO, AL TOMAR CONOCIMIENTO JUDICIAL DE
         NÚMEROS      DE    CASOS    PARA    IMPUTAR
         REINCIDENCIA, SIN EXAMINARSE EL EXPEDIENTE
         JUDICIAL Y CORROBORAR SI DICHAS SENTENCIAS
         NO HABÍAN SIDO APELADAS.

7
  Íd., pág. 26.
8
  Íd., págs. 32-33.
9
  Íd., pág. 110.
10
   Íd.
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      CUARTO: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE
      COAMO, AL DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE
      LA PENA DE RESTRICCIÓN DOMICILIARIA E
      IMPONERLE AL APELANTE UNA PENA DE
      RECLUSIÓN CARCELARIA.
      QUINTO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA DE PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE
      COAMO,   AL   ENTENDER    QUE   EL  HÁLITO
      ALCOHÓLICO ES POR SÍ SOLO UN MOTIVO
      FUNDADO SUFICIENTE PARA EXPONER A UNA
      PRUEBA ANTE EL [INTOXILYZER] 9000.

      Con   los   hechos     esbozados   y   los   errores   señalados,

procedemos a discutir el derecho aplicable.

                                  II.

                                  A.

      “[L]a sentencia que dicta un Juez de Primera Instancia es el

producto final de un activo y complejo proceso forense”. L. Rivera

Román, La apreciación de prueba en el Tribunal de Primera Instancia

y en el Tribunal de Apelaciones en Perspectivas en la práctica

apelativa, San Juan, Ediciones SITUM, 2018, pág. 101. Estas gozan

de una presunción de corrección y la parte que impugne una

determinación del Tribunal de Primera Instancia tiene el peso de la

prueba para refutarla. Íd.

      Esta deferencia merece mayor respeto cuando estamos ante

la revisión de un caso criminal. “En los casos criminales, la regla

general dispone que al evaluar el fallo o veredicto recaído, en la

medida en que los Jueces y Juezas de instancia y los jurados están

en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba presentada, su

apreciación merecerá gran deferencia […]”. L. Rivera Román, op. cit.,

pág. 106.

      Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que el juzgador de

los hechos en primera instancia está en especial ventaja al hacer

determinaciones de hechos y aquilatar la prueba testifical y las

adjudicaciones de credibilidad. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR

352, 373 (2020); Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-
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478 (2013); Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995).

“[C]omo norma general, los tribunales apelativos no intervenimos

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad y las

determinaciones de hechos que realiza ese foro”. Pueblo v. Rivera

Maldonado, supra, pág. 373.

      “Los tribunales revisores podremos sustituir el criterio que

utilizó el foro primario por el nuestro únicamente cuando existen

circunstancias extraordinarias en las que se pruebe que el foro

primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en

craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho”.

Íd. (Énfasis nuestro).

      Un tribunal actúa con pasión, prejuicio o parcialidad cuando

está “movido por inclinaciones personales de tal intensidad que

adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes

o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba

alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).

      Para determinar si un tribunal incurrió en craso abuso de

discreción, se deben considerar los siguientes criterios:

      (1) [E]l juez no toma en cuenta e ignora, sin fundamento
      para ello, un hecho material importante que no podía
      ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y
      fundamento alguno para ello, le concede gran peso y
      valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su
      decisión exclusivamente en él, o (3) a pesar de tomar en
      cuenta todos los hechos materiales e importantes y
      descartar los irrelevantes, el juez sopesa y los calibra
      livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567,
      589 (2015).

      “Por último, un juzgador incurre en error manifiesto que

justifica la intervención del tribunal apelativo cuando ‘la apreciación

de [la] prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente

imposible o increíble’”. Pueblo v. Rivera Maldonado, supra, pág. 374.

(citando a Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002)).
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      En el caso de autos, el Apelante nos ha solicitado revocar la

determinación del TPI por declararlo culpable, a pesar de que la

prueba de cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda

razonable y fundada en violación al derecho constitucional del

debido proceso de ley. No le asiste la razón.

      El TPI tuvo la oportunidad de evaluar toda la evidencia

presentada, incluyendo los testimonios de los agentes de la Policía

que intervinieron con el Apelante. Debemos conferirle a la juzgadora

de los hechos debida deferencia a la apreciación de los hechos y la

prueba por estar en posición idónea para llevar a cabo esa función.

McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). Es la juzgadora en

instancia que tuvo la oportunidad de ver a los testigos declarar,

escuchar sus testimonios vivos y evaluar sus demeanors. Sepúlveda

v. Depto. de Salud, 145 DPR 560 (1998).

      No vemos en el testimonio de los agentes o en el expediente

razón para concluir que el TPI actuó con pasión, prejuicio o

parcialidad. Tampoco hubo craso abuso de discreción o error

manifiesto o de derecho. Al contrario, la transcripción sostiene la

determinación hecha. El Tribunal Supremo ha resuelto que el

hecho de que un conductor expida olor a alcohol sumado a un

resultado positivo en cualquier prueba suministrada a esos

efectos es evidencia suficiente para establecer su estado de

embriaguez. Pueblo v. Eliza Colón, 95 DPR 670 (1968). Tanto el

testimonio del Agente Arvelo Santiago, como el resultado de la

prueba   realizada   por   el   Intoxilyzer   9000   sostienen   dicha

determinación.

                                  B.

      Nuestro ordenamiento jurídico no puede tolerar estatutos que

adolecen de vaguedad. Las cláusulas de debido proceso de ley exigen

que los estatutos sean claros y precisos. Pueblo v. Hernández Colón,
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118 DPR 891, 901 (1987). La necesidad de precisión es

indispensable en lo atinente a los estatutos penales.

      Primero, una ley penal que sufre del defecto de ser vaga
      o ambigua podría ser empleada para castigar al
      inocente, al no proveerle un aviso adecuado de cuál es
      la conducta que prohíbe. La ley penal debe proveer a
      toda persona de inteligencia promedio una guía
      adecuada que le aperciba de antemano que su conducta
      está prohibida. […] Segundo, una ley penal ambigua
      promueve su implantación de forma arbitraria y
      discriminatoria, pues delega impermisiblemente en los
      funcionarios del orden público la determinación del
      alcance de la legislación. […] Tercero, una ley ambigua
      puede cohibir el disfrute de las libertades protegidas por
      la Constitución. Íd., págs. 901-902.

      La vaguedad ocurre “cuando una determinada palabra o

expresión carece de parámetros y contenido preciso, de forma que

más de una alternativa sea posible a la misma vez”. Jorge M.

Farinacci   Fernós,   Hermenéutica    puertorriqueña:    Cánones     de

interpretación jurídica, Editorial InterJuris, San Juan, 2019, pág. 58.

Una ley adolece de vaguedad si: “(1) una persona de inteligencia

promedio no queda debidamente advertida del acto u omisión que el

estatuto pretende prohibir y penalizar; (2) se presta a la aplicación

arbitraria y discriminatoria, [e] (3) interfiere con el ejercicio de

derechos fundamentales garantizados por la Constitución”. Pueblo

v. APS Healthcare of P.R., 175 DPR 368, 378 (2009).

      Ahora bien, el hecho de que una ley penal esté sujeta a

interpretación no implica su invalidez. Boys and Girls Club v. Srio.

De Hacienda, 179 DPR 746, 755 (2010). “Así las cosas, la función de

los tribunales es interpretar y aplicar la ley penal, y no crearla ni

cambiarla”. Íd., pág. 756.

      El art. 14.05 (d) de la Ley de Tránsito, supra, dispone que:

            Queda prohibido en las vías públicas alumbradas
      el uso de luces de alta intensidad, incluyendo el uso de
      barras de luces LED (Light Emitting Diode) o HID (High
      Intensity Discharge). Esta prohibición no será aplicable
      a aquellos vehículos de motor cuyo manufacturero
      incluya las mencionadas luces como un aditamento de
      fábrica.
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      Este artículo no adolece de vaguedad. Una lectura sencilla del

estatuto comunica su intención: prevenir el uso de luces de alta

intensidad que hieran la vista o les causen desorientación a otros

conductores en las carreteras. El artículo usa como ejemplo las

barras de luces LED o HID, pero estos no son taxativos. Por lo tanto,

no se cometió el segundo error.

                                  C.

      La Regla 201 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, (32

LPRA Ap. VI, R. 201) dispone los aspectos pertinentes al

conocimiento judicial de hechos adjudicativos. El efecto de tomar

conocimiento judicial de un hecho es que el hecho “[e]s aceptado

como cierto sin necesidad de que la persona obligada presente

evidencia de su veracidad”. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180

DPR 253, 276–277 (2010). El inciso B de la R. 201 de Evidencia,

supra, dispone que:

      (B) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial
      solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté
      sujeto a controversia razonable porque:
            (1) es de conocimiento general dentro de la
      jurisdicción territorial del Tribunal, o
            (2) es susceptible de corroboración inmediata
      y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede
      ser razonablemente cuestionada. (Énfasis nuestro).

      “Uno de los casos más comunes de conocimiento bajo este

inciso es el de los archivos y documentos de la rama judicial”. R.

Emmanuelli     Jiménez,     Prontuario   de    derecho    probatorio

puertorriqueño, 4ta ed. rev., Ediciones SITUM, Inc., San Juan, 2015,

pág. 139. El Tribunal Supremo ha resuelto que se puede tomar

conocimiento judicial de una sentencia de condena y de las

sentencias anteriores del condenado para establecer que es un

delincuente habitual. Íd.; Archevali Schuck v. ELA, 110 DPR 767

(1981); Pueblo v. Feliciano Hernández, 113 DPR 371 (1972).

      En el caso de autos, el TPI actuó dentro de los márgenes de la

Regla 201 de Evidencia al tomar conocimiento judicial de las dos
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sentencias previas. Es el deber de la parte oponente demostrar

mediante prueba, que existe controversia sobre la veracidad del

hecho. En el caso ante nos, el Apelante no lo hizo. Por lo tanto, no

se cometió el tercer error.

                                 D.

      El art. 7.04 de la Ley de Tránsito, supra, dispone las

penalidades por violaciones a los arts. 7.01, 7.02 y 7.03 de la

misma. Esta dispone que:

      (a) Toda persona que viole lo dispuesto en los Artículos
      7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley incurrirá en delito menos
      grave. […]
      (b) Si el nivel o concentración de alcohol en la sangre
      es de ocho centésimas del uno por ciento (0.08%) o
      más; o dos centésimas del uno por ciento (0.02%) o más
      en casos de personas entre los dieciocho (18) y veinte
      (20) años de edad, inclusive, conductores de camiones,
      motocicletas, ómnibus escolares, vehículos pesados de
      servicio público y vehículos pesados de motor, o con
      alguna concentración de alcohol en la sangre en caso
      de menores de dieciocho (18) años de edad, y la
      persona fuere convicta de violar lo dispuesto en los
      Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley, será
      sancionada de la siguiente manera:
             […]
             (3) Por la tercera convicción y subsiguientes,
      con pena de multa no menor de dos mil (2,000) dólares
      ni mayor de cinco mil (5,000) dólares más cincuenta
      (50) dólares por cada centésima adicional sobre el límite
      de concentración de alcohol establecidas por ley y
      cárcel por un término no menor de sesenta (60) días
      ni mayor de seis (6) meses y pena de restitución, de
      ser aplicable. Además, como parte de la sentencia, el
      tribunal le ordenará prestar servicios comunitarios por
      un periodo no menor de sesenta (60) días y se le
      revocará el privilegio de la licencia de conducir de forma
      indefinida. Íd. (Énfasis nuestro).

      Cuando es la tercera vez que una persona es convicta al

amparo del art. 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley de Tránsito, el tribunal

no tiene discreción al momento de imponer la sentencia. La condena

de cárcel por un término no menor de sesenta (60) días ni mayor de

seis (6) meses es obligatoria, en adición a las otras penas

contempladas por el art. 7.04 (b) (3).

      El Estado logró demostrar que el Apelante había sido convicto

por conducir en estado de embriaguez dos veces anteriores. En
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consecuencia, el TPI no tenía discreción al imponer la sentencia de

cárcel. Solo tenía discreción sobre el tiempo de dicha sentencia. En

consecuencia, no se cometió el cuarto error.

                                 E.

      El hálito alcohólico no es suficiente para establecer que se ha

violado el art. 7.02 de la Ley de Tránsito. Pueblo v. Toro Rosas, 89

DPR 169, 175 (1963); Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 DPR 64, 67

(1963). “[H]emos rechazado la suficiencia del aliento alcohólico, por

sí solo, para establecer la inculpación”. Pueblo v. Toro Rosas, supra,

pág. 175. (Énfasis nuestro). Sin embargo, el hálito sí es suficiente

para causar duda razonable en la mente de un agente de la Policía

para someter a una persona a una prueba de embriaguez. Íd.

      En el caso de autos, contrario a los casos de Pueblo v. Toro

Rosas, Íd., y Pueblo v. Zalduondo Fontánez, supra, el hálito de

alcohol no es la única prueba que establece la culpa del Apelante.

El hálito de alcohol fue lo que motivó a los agentes de la Policía a

someter al Apelante a la prueba del Intoxilyzer 9000. En

consecuencia, no se cometió el quinto error.

                                 III.

      Por los fundamentos que preceden, confirmamos la Sentencia

del TPI.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones