Court Opinion

ID: 9962796
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:13.027641+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.437945
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL II

        WANDA RAMÍREZ                                   APELACIÓN
          MONTALVO                                      procedente del
                                                        Tribunal de Primera
              Apelante                                  Instancia, Sala
                                                        Superior de Aguada
                                      KLAN202301071
                  v.                                    Caso número:
                                                        AU2021CV00303

 JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ                                 Sobre:
          ROSA                                          Liquidación de
                                                        Comunidad de
              Apelado                                   Bienes

Panel integrado por su presidente, el juez Bermúdez Torres, el juez
Adames Soto y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

        Comparece la parte apelante, Wanda Ramírez Montalvo, y nos

solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, el 23 de octubre de 2023,

notificada al día siguiente. Mediante dicho dictamen, el foro primario

determinó que las partes contrajeron matrimonio bajo el régimen de

separación de bienes.

        Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma el

dictamen apelado.

                                        I

        El 21 de junio de 2021, Wanda Ramírez Montalvo (Ramírez

Montalvo o apelante) incoó una Demanda sobre liquidación de comunidad

de bienes en contra de José E. Rodríguez Rosa (Rodríguez Rosa o

apelado).1 Indicó que, el 30 de junio de 1999, las partes contrajeron

matrimonio, el cual posteriormente fue disuelto mediante Sentencia de

divorcio el 21 de abril de 2021. Según adujo, previo a contraer nupcias, las

partes otorgaron una Escritura de Capitulaciones Matrimoniales. Alegó

1 Apéndice del recurso, págs. 1-3.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
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que, antes y durante el matrimonio, las partes adquirieron en comunidad

bienes muebles e inmuebles. En particular, planteó que, el 25 de junio de

1999, las partes adquirieron a título oneroso, en partes iguales y en

comunidad, un solar sito en Aguada, donde, de igual forma, construyeron

una residencia. Arguyó que las partes suscribieron un préstamo hipotecario

para la construcción del referido inmueble, el cual seguía gravado.

Especificó que dicho préstamo, así como los bienes muebles y gastos del

hogar, también habían sido costeados con el dinero y esfuerzo generado

por ambas partes. Señaló que Rodríguez Rosa tenía la posesión y el

disfrute exclusivo de la residencia en perjuicio de esta. Por ello, solicitó que

se impusiera a Rodríguez Rosa una renta de mercado y se colacionara el

pago que correspondiese a favor de esta. Por otro lado, solicitó que se

determinara el valor de los bienes sujetos a liquidación y la participación de

cada comunero. Asimismo, solicitó la liquidación de la comunidad, que se

dispusiese del inmueble en cuestión y que se liberara el crédito de esta de

la referida deuda hipotecaria.

        Por su parte, el 22 de octubre de 2021, Rodríguez Rosa presentó su

alegación responsiva.2 Sostuvo que las partes habían estipulado la total

separación de los bienes, previo a contraer matrimonio, por lo que no

existía la comunidad alegada por Ramírez Montalvo. Alegó ser el único que

había pagado por la adquisición de todos los bienes reclamados en la

acción de epígrafe y que Ramírez Montalvo no había aportado suma alguna

para la obtención de los bienes cuya participación reclamaba. En particular,

sostuvo que el pago del solar y la construcción de la residencia las realizó

con su dinero privativo y a través de un préstamo hipotecario, pero que

Ramírez Montalvo no había hecho ninguna aportación para la adquisición

de dichos inmuebles. Por ello, planteó que no existían bienes sujetos a

liquidación entre las partes. Particularizó que, previo al matrimonio, las

partes habían otorgado capitulaciones matrimoniales y, en estas,

excluyeron el régimen de sociedad legal de gananciales.

2 Apéndice del recurso, págs. 14-17.
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        Por otro lado, Rodríguez Rosa argumentó en su escrito que Ramírez

Montalvo estaba actuando en contra de sus propios actos, toda vez que

había juramentado una petición de divorcio por la causal de consentimiento

mutuo en la cual aceptó que no había adquirido bienes muebles o

inmuebles ni deudas. Arguyó que el foro primario había emitido una

Sentencia de divorcio por la causal solicitada, basado en el testimonio

juramentado de las partes sobre que no adquirieron bienes ni deudas

juntos; pero, oportunamente, estos solicitaron que se dejara sin efecto el

dictamen por haberse reconciliado. Indicó que, posteriormente, el 21 de

abril de 2021, el matrimonio se disolvió mediante Sentencia de divorcio por

la causal de ruptura irreparable, en la cual se determinó que el matrimonio

se había regido por una total separación de bienes y que, durante la

vigencia del mismo, no se adquirieron bienes ni deudas.

        El 29 de abril de 2022, se celebró la Conferencia Inicial.3 Surge de

la Minuta que la representación legal de Ramírez Montalvo manifestó que

las partes habían otorgado capitulaciones matrimoniales, pero que se

casaron luego de un tiempo. Asimismo, hizo señalamientos en cuanto a lo

que se pactó en dichas capitulaciones y lo que se podía deducir de una de

las cláusulas de esta. Por su parte, la representación legal de Rodríguez

Rosa expuso que existía una total separación de bienes, que la hipoteca

se encontraba a nombre de su representado y que dicho gravamen se le

debitaba de su cuenta bancaria.

        Posteriormente, el 18 de agosto de 2022, celebraron un Status

Conference.4 Se desprende de la Minuta que la representación legal de

Rodríguez Rosa indicó que las partes tuvieron una ruptura y luego hubo

una reconciliación, hasta que la relación finalizó en separación, pero que la

Escritura de Capitulaciones en controversia quedó vigente. Sobre ello, la

representación legal de Ramírez Montalvo ratificó la información provista y

sostuvo que dicha Escritura era válida y el pago de la hipoteca de la

3 Apéndice del recurso, pág. 22.
4 Íd., págs. 23-24.
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residencia conyugal fue parte de lo que Rodríguez Rosa había asumido,

por lo que entendía que este no podía reclamar créditos.

        Así las cosas, el 30 de noviembre de 2022, Ramírez Montalvo

solicitó enmendar la demanda.5 En lo pertinente, pretendía añadir las

siguientes alegaciones: (1) que, previo al matrimonio, las partes no

otorgaron capitulaciones matrimoniales, por lo que rigió la sociedad legal

de gananciales; (2) que, antes y durante el matrimonio, las partes

adquirieron bienes muebles e inmuebles, inicialmente en comunidad y

luego bajo el régimen de sociedad legal de gananciales; (3) que, antes y

durante el matrimonio, las partes incurrieron en deudas y obligaciones.

        Al día siguiente, se celebró una vista híbrida.6 Según surge de la

Minuta, la representación legal de Rodríguez Rosa expresó estar

sorprendida por la solicitud de enmienda a la demanda que se realizó en

esa etapa de los procedimientos. En respuesta, la representación legal de

Ramírez Montalvo informó que, luego de estudiar la situación, se percató

que en las capitulaciones se había pactado una fecha de matrimonio, pero

no se casaron en ella. Añadió que, conforme al Artículo 1278 del Código

Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3562, esas capitulaciones eran

nulas, por lo que procedía enmendar la demanda para que se aclarara que

el matrimonio no se rigió por dicha Escritura.

        Además, surge de la Minuta de dicha vista que, en oposición, la

representación legal de Rodríguez Rosa sostuvo que, aun cuando el

Código Civil disponía que las capitulaciones se suscribían previo al

matrimonio, no había jurisprudencia que estableciera que estas eran nulas

si el matrimonio no se celebraba en la fecha que se indicó. Sobre ello,

abundó que la fecha de matrimonio no era un requisito y que,

independientemente de que las partes no se casaron el día que se indicó

en las capitulaciones, estas nunca se dejaron sin efecto. Reiteró que era

sorpresivo que, luego de un proceso de descubrimiento de prueba, se

5 Apéndice del recurso, págs. 25-30.
6 Íd., págs. 31-32.
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solicitara una enmienda a la demanda cuando en el divorcio se indicó que

existían capitulaciones y que no había bienes que dividir, con excepción de

una residencia gravada por una hipoteca suscrita por su representado.

Arguyó que el argumento presentado por la otra parte para solicitar la

enmienda era uno frívolo, pues las partes habían contraído matrimonio, por

lo que la referida Escritura de Capitulaciones no era nula. En vista de ello,

el foro sentenciador concedió un término para que Rodríguez Rosa fijara

su posición en cuanto a la solicitud de enmienda a la demanda promovida

por Ramírez Montalvo.

        En atención a ello, el 12 de diciembre de 2022, Rodríguez Rosa

sometió una Moción en Cumplimiento de Orden.7 En esencia, reiteró los

argumentos vertidos en la vista híbrida y enfatizó que, el hecho de que las

partes se casaran en una fecha posterior a la incluida en las capitulaciones,

no las invalidaba. En cuanto a ese asunto, alegó que incluir la fecha

proyectada para casarse en las capitulaciones no era un requisito de la Ley

Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según

enmendada, 4 LPRA sec. 2001 et seq., ni de su Reglamento; pero que,

hacerlo constar, no invalidaba la Escritura. Arguyó que las capitulaciones

matrimoniales cobraban vigencia con el matrimonio de las partes. Por otro

lado, planteó que, en el Status Conference celebrado el 18 de agosto de

2022,    Ramírez      Montalvo     había   indicado   que   las   capitulaciones

matrimoniales eran válidas. Asimismo, argumentó que la postura de

Ramírez Montalvo era temeraria, toda vez que las partes originalmente

habían radicado una petición de divorcio por consentimiento mutuo donde

estipularon, bajo juramento, la existencia de las capitulaciones en cuestión.

Igualmente, adujo que surgía de las determinaciones de hechos esbozadas

en la Sentencia de divorcio por ruptura irreparable que las partes habían

otorgado capitulaciones matrimoniales bajo la Escritura Número 96 del 28

de diciembre de 1998 ante notario público, por lo que el matrimonio se rigió

7 Apéndice del recurso, págs. 33-36.
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por una total separación de bienes. En virtud de lo anterior, se opuso a la

solicitud de enmienda a la acción de epígrafe.

        Atendidos los planteamientos de las partes, el 21 de diciembre de

2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden, mediante la cual

autorizó la enmienda a la demanda solicitada por Ramírez Montalvo.8 Ante

ello, el 23 de enero de 2023, Rodríguez Rosa presentó una Contestación a

Demanda Enmendada.9

        Posteriormente, el 19 de abril de 2023, celebraron un Status

Conference.10 De la Minuta surge que la representación legal de Rodríguez

Rosa expresó que ameritaba la celebración de una vista evidenciaria para

determinar la existencia o no de las capitulaciones matrimoniales en

controversia. Asimismo, indicó que, en dicha vista, se debían evaluar las

argumentaciones de las partes por entender que se trataba de un

planteamiento de derecho. Por su parte, la representación legal de Ramírez

Montalvo no se opuso a la antedicha solicitud, pero señaló la necesidad de

evaluar lo que tenía para poder prepararse para la mencionada vista.

Entendido lo anterior, el foro de instancia señaló la vista evidenciaria

solicitada.

        El 24 de agosto de 2023, se celebró la vista evidenciaria, con el fin

de determinar si las partes habían contraído matrimonio con o sin

capitulaciones.11 En específico, según descrito en la Minuta, al foro

juzgador le correspondía determinar si las capitulaciones se mantuvieron

vigentes. La representación legal de Ramírez Montalvo aclaró que su

interrogatorio iba dirigido a la intención de las partes, ya que entendía que

la Escritura de Capitulaciones era clara y hablaba por sí misma. De otro

lado, Ramírez Montalvo testificó sobre el año en el que había contraído

matrimonio con Rodríguez Rosa y describió la situación que ocurrió con

relación a las capitulaciones matrimoniales antes de la fecha de la boda.

Igualmente, expuso que, luego de resolver dicha situación, contrajo

8 Apéndice del recurso, págs. 37-38.
9 Íd., págs. 40-43.
10 Íd., págs. 46, 49.
11 Íd., págs. 47-48, 50-51.
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matrimonio. Además, indicó los bienes que, según alegó, había adquirido

con Rodríguez Rosa mientras estuvieron casados y testificó sobre las

situaciones      que   llevaron    a    las   partes   al   divorcio.   Luego   del

contrainterrogatorio y redirecto de esta, la representación legal de

Rodríguez Rosa dio por sometido el asunto y sostuvo su postura de que

operaban las capitulaciones matrimoniales, las cuales estaban notarizadas.

Por su parte, la representación legal de Ramírez Montalvo argumentó que

las capitulaciones en cuestión no existían, toda vez que las partes nunca

hicieron constar la existencia de estas durante su matrimonio.

        Evaluadas las posturas de las partes, incluyendo los memorandos

de derecho presentados por estas,12 el 23 de octubre de 2023, notificada

al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia Parcial

que nos ocupa.13 En esta, desglosó las siguientes determinaciones de

hechos:

                Las partes otorgaron la [E]scritura Número 96 sobre
        Capitulaciones Matrimoniales el 28 de diciembre de 1998, de
        la cual surge que las partes libre y voluntariamente acordaron
        que el régimen económico de su futuro matrimonio y las
        condiciones relativas a la administración y disposición de sus
        bienes respectivos, presentes y futuros no se entendería
        contraído bajo el régimen de la sociedad legal de
        gananciales. Que cada uno respondería por separado de las
        deudas presentes y futuras que contraigan y que los bienes
        adquiridos durante la vigencia del matrimonio que fueran
        adquiridos mediante la aportación de dinero de ambos, se
        constituirán las partes en comuneros en la proporción y
        porciento aportado por cada una.

              Al momento de otorgar la [E]scritura de Capitulaciones
        Matrimoniales[,] la [apelante] trabajaba como maestra y el
        [apelado] como médico.

               Las partes contraen matrimonio el 30 de julio de
        1999[,] bajo el acuerdo del régimen de separación de bienes.

               El matrimonio de las partes quedó disuelto mediante
        Sentencia de divorcio dictada en el caso número
        AG2020RF00460, ante el Tribunal Superior de Aguadilla, por
        la causal de [r]uptura [i]rreparable.

                La demandante sostiene que dado que en la
        [E]scritura de Capitulaciones Matrimoniales, las partes
        hicieron constar que tenían proyectado casarse el 30 de
        diciembre de 1998 y que como no se casaron en la fecha
        proyectada, sino el 30 de julio de 1999, se casaron sin la

12 Apéndice del recurso, págs. 52-80.
13 Íd., págs. 81-90.
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     existencia de capitulaciones, bajo el régimen de sociedad de
     bienes gananciales.

             La demandante testificó durante la vista evidenciar[i]a,
     que[,] al no estar de acuerdo con las capitulaciones
     matrimoniales, al salir de la oficina del notario[,] terminó la
     relación de noviazgo con el demandado. Que unos días
     después de la ruptura del noviazgo, el demandado la llamó,
     que deseaba reanudar la relación, que se quería casar sin
     capitulaciones y que los bienes adquiridos durante el
     matrimonio serían para los dos. No nos mereció credibilidad
     el testimonio de la demandante.

            Lo cierto es que las partes no estipularon en su
     contrato pre matrimonial que, si no se casaban en la fecha
     proyectada, las capitulaciones quedarían sin efecto, ni
     modificaron ni dejaron sin efecto la misma, previo a contraer
     matrimonio.

            Incluso, siempre las partes reconocieron la existencia
     de la [E]scritura de Capitulaciones Matrimoniales. Veamos.

            Las partes utilizaron dicha [E]scritura cuando
     originalmente peticionaron el divorcio por la causal de
     consentimiento mutuo. Exhibit II.

            La Sentencia de divorcio emitida dispuso que las
     partes no adquirieron bienes muebles, inmuebles ni deudas
     vigente el matrimonio, pues se casaron con capitulaciones
     matrimoniales. Exhibit III.

           Posteriormente, las partes se reconciliaron, por lo que
     dejaron sin efecto el divorcio, por lo que se relevó la
     Sentencia dictada. Exhibit IV.

             El demandado radicó la demanda de divorcio por la
     causal de [r]uptura [i]rreparable y alegó que habían otorgado
     [una] [E]scritura de Capitulaciones Matrimoniales donde
     eligieron el régimen económico de total separación de bienes,
     por lo que no adquirieron bienes muebles ni inmuebles ni
     deudas. Exhibit V.

           La demandante contestó la demanda y aceptó que se
     habían casado con capitulaciones matrimoniales eligiendo el
     régimen económico de total separación de bienes. Exhibit VI.

            En la Sentencia de divorcio dictada se dispuso en la
     Determinación de Hechos número 3 que[,] al momento de
     contraer matrimonio[,] las partes habían otorgado
     capitulaciones matrimoniales bajo la [E]scritura [N]úmero 96
     del 28 de diciembre de 1998 ante el [n]otario [p]úblico, Lcdo.
     José R. Ramos Hernández, en Aguada, Puerto Rico, por lo
     que el matrimonio se rigió por una total separación de bienes.
     Además, determinó que[,] durante la vigencia del
     matrimonio[,] no se adquirieron bienes muebles ni inmuebles,
     así como tampoco se contrajeron deudas u obligaciones.
     Exhibit VII. Esta Sentencia[,] al presente[,] es final, firme e
     inapelable.

            La demandante siempre ha reconocido la existencia y
     validez de la [E]scritura de Capitulaciones Matrimoniales,
     pero actuando en contra de sus propios actos, 14 meses
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        después de haber sometid[o] la demanda de epígrafe,
        reconociendo su existencia, intenta persuadir a este Tribunal
        que las mismas son nulas. No nos persuade la demandante.

              No nos mereció credibilidad el testimonio de la
        demandante que[,] al otorgar la [E]scritura de Capitulaciones
        Matrimoniales[,] fue obligada por el demandado a
        comparecer a la oficina del notario público a otorgarlas.

               Tampoco nos mereció credibilidad el testimonio de la
        demandante a los efectos de que no se casó el 30 de
        diciembre de 1998, porque se dejó del demandado y que
        luego se reconciliaron y se casaron 6 meses después sin
        capitulaciones.

              En todos los procedimientos posteriores a la
        separación de las partes, ante el Tribunal Superior de
        Aguadilla y ante este Tribunal[,] la demandante siempre
        reconoció la validez de las mismas.

               La [E]scritura de Capitulaciones Matrimoniales
        otorgada por las partes cumple con todos los requisitos
        exigidos en el derogado Código Civil de 1930.

               En su consecuencia, sostenemos la existencia y
        validez de la [E]scritura [N]úmero 96 de Capitulaciones
        Matrimoniales otorgada por las partes el 28 de diciembre de
        1998, previo a contraer matrimonio.14

        El foro primario concluyó que la Escritura de Capitulaciones

Matrimoniales estaba vigente al momento de las partes casarse y que las

mismas no fueron modificadas ni dejadas sin efecto, previo a contraer

matrimonio. Por tanto, el foro a quo reconoció su validez. Particularmente,

luego de indicar que no le mereció credibilidad el testimonio de Ramírez

Montalvo durante la vista evidenciaria, determinó la existencia y validez de

la Escritura Núm. 96 sobre las Capitulaciones Matrimoniales. En su

consecuencia, razonó que las partes habían contraído matrimonio bajo el

régimen de separación de bienes.

        Inconforme, el 29 de noviembre de 2023, la parte apelante acudió

ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y señaló los siguientes

errores:

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la
        interpretación del contrato de capitulaciones soslayando la
        norma que establece que estas se interpretan de forma
        restrictiva y las normas de hermenéutica aplicables, a pesar
        de tener ante sí un contrato que contiene un lenguaje claro y
        libre de ambigüedad y al proceder en la sentencia a variar las
        disposiciones del mismo.

14 Apéndice del recurso, págs. 83-86.
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     Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la
     interpretación del contrato de capitulaciones, ignorando que
     por disposición de las partes la eficacia del contrato quedó
     supeditada al cumplimiento de su matrimonio en fecha cierta;
     que es una condición suspensiva que no se materializ[ó], y al
     resolver que las partes contrajeron matrimonio el 30 de julio
     de 1999 bajo el régimen de separación de bienes, en contra
     de lo pactado expresamente por las partes y en contra de la
     doctrina de inimutabilidad [sic] de las capitulaciones
     matrimoniales vigente para entonces.

     Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia e incumplió
     con las disposiciones del Art. 1233 del Código Civil, 31
     L.P.R.A. § 3471 y lo resuelto por el Tribunal Supremo en
     Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 D.P.R. 676 (2007),
     al entrar [a] divagar en la intención de los contratantes a base
     de actos anteriores, coetáneos y posteriores, cuando las
     disposiciones contractuales son claras y libres de toda
     ambigüedad, siendo la controversia una de estricto Derecho.

     Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver
     que la[s] capitulaciones eran eficaces porque las partes no
     cumplieron con lo siguiente: 1) incluir una cláusula que
     estableciera que si no contraían matrimonio las
     capitulaciones quedarían sin efecto; en la alternativa, 2) no
     cumplieron con la obligación de modificar las capitulaciones
     matrimoniales con el propósito de dejarlas sin efecto; todo
     ello obviando los términos contenidos en el propio contrato y
     en abstracción de las disposiciones de ley que regulan su
     eficacia.

     Cometió un abuso de discreción el Honorable Tribunal de
     Primera Instancia en la apreciación de la prueba testifical
     vertida por la Apelante, mostrando prejuicio y parcialidad,
     consistente en que procedió a descartar, caprichosamente,
     hechos específicos, determinados y no contradichos
     declarados por esta, sobre las circunstancias anteriores,
     coetáneas y posteriores al otorgamiento de la [E]scritura de
     [las] [C]apitulaciones [M]atrimoniales que dieron lugar a que
     la Apelante rompiera su relación y no contrajera matrimonio
     en la fecha pactada con el Apelado, sin que medie
     justificación en el r[é]cord que sostenga su determinación y
     apartándose de su obligación de evaluar la prueba
     objetivamente, con el propósito de arribar a un balance justo
     y racional, a base de la totalidad de la misma.

     Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la
     evaluación y suficiencia de la prueba y actuó con prejuicio y
     parcialidad al dictar una sentencia confiriendo un peso
     desmedido a prueba impertinente; a saber[,] la opinión previa
     vertida por las partes sobre sus capitulaciones; abdicando su
     responsabilidad de evaluar el contrato tal y como quedó
     redactado y en violación a la norma establecida por [el]
     Tribunal Supremo en los casos de Vilariño Martínez v.
     Registrador, 88 DPR 288 (1963)[,] y Guadalupe Solís v.
     González Durieux, 172 D.P.R. 676, 684 (2007), en el sentido
     de que “no son los otorgantes los llamados en casos de
     conflicto a interpretar las capitulaciones, pues esa facultad se
     halla reservada al criterio judicial cuando es requerido en
     forma para dar solución a intereses y derechos encontrados.”
KLAN202301071                                                                         11

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver
        que las partes “siempre reconocieron la existencia de la
        [E]scritura de Capitulaciones Matrimoniales”, cuando el
        testimonio y la evidencia documental de la Apelante,
        demuestra que ello no es correcto; además de que indujo a
        esta parte a error al resolver que la evidencia de la Apelante
        quedaría como identificación por no ser necesaria, pues la
        vista era únicamente para determinar la eficacia del contrato
        de capitulaciones, para luego dar peso únicamente a los
        eventos posteriores de divorcio entre las partes y fundar su
        sentencia exclusivamente en los mismos y no en el contrato
        y el derecho aplicable.

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y actuó con
        prejuicio y parcialidad al determinar que no le mereció
        credibilidad el testimonio de la demandante ni su testimonio
        de que fue obligada a otorgar la Escritura de Capitulaciones,
        toda vez que la Apelante no testificó tal cosa, por lo que no
        hay base en el r[é]cord que sostenga tal determinación.

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y actuó con
        prejuicio y parcialidad al aplicar la doctrina de los actos
        propios para justificar su sentencia y que “no le persuade” la
        posición o testimonio [de] la demandante en ausencia de
        prueba contradictoria, cuando dicha doctrina no es aplicable
        a los hechos de este caso.

        Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver
        que la validez y eficacia de las capitulaciones matrimoniales
        que no[s] ocupan se rigen “supletoriamente” por las reglas
        generales de los contratos[,] según el “Art. 502 del nuevo
        Código Civil del 2020 (antes Art. 1335 del Código Civil de
        1930)”; cuando dicho artículo era inexistente entonces, no es
        la ley aplicable y cuando el Art. 1335 citado, establece la
        naturaleza del precio del contrato de compraventa y la
        permuta.

        En cumplimiento con nuestra Resolución del 30 de noviembre de

2023, la parte apelada compareció mediante Alegato en Oposición al

Recurso de Apelación el 2 de enero de 2024.

        Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                           II

                                           A

        El Artículo 1267 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,15 31 LPRA

sec. 3551, dispone que los cónyuges pueden seleccionar el régimen

económico que entiendan procedente y conveniente mediante el contrato

15 El derecho aplicable en el caso de autos se remite al Código Civil de Puerto Rico de

1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. (derogado), toda vez que nos encontramos ante hechos
ocurridos con anterioridad a la aprobación y vigencia del Código Civil de Puerto Rico de
2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
KLAN202301071                                                             12

de capitulaciones. Una pareja puede optar por: (1) la separación de bienes,

pero con participación en las ganancias; (2) sociedad de gananciales; (3)

renunciar al régimen legal de gananciales; (4) total separación de bienes;

(5) elegir cualquier otro régimen que combine estas posibilidades, siempre

que sea acorde a la ley, la moral o las buenas costumbres. Maldonado v.

Cruz, 161 DPR 1, 17 (2004); Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 DPR

954, 964 (1995). A falta de un régimen determinado, los cónyuges se casan

bajo el régimen supletorio de la sociedad de gananciales. 31 LPRA sec.

3551.

        El contrato de capitulaciones permite regular lo siguiente: (1) los

derechos de los cónyuges sobre sus respectivos bienes; (2) los derechos

sobre las ganancias realizadas por ellos durante el matrimonio; (3) los

intereses de los hijos y de la familia; (4) los intereses de los terceros que

contratan con alguno de los cónyuges; y, (5) el interés económico y social

del matrimonio. Maldonado v. Cruz, supra, págs. 15-16; Domínguez

Maldonado v. E.L.A., supra, págs. 959-960.

        Así, pues, las capitulaciones matrimoniales constituyen contratos,

por lo que, en su preparación, rige el principio de libertad de contratación.

Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 DPR 676, 682-683 (2007). Este

principio reconoce la autonomía de los contratantes y permite que estos

estipulen toda clase de pactos, cláusulas y condiciones. Íd.; Art. 1207 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3372. Por ello, “[l]os

cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos, y

celebrar entre sí toda clase de acuerdos que no les estén expresamente

prohibidos”. Art. 1272 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA

sec. 3556. Estos acuerdos tendrán que cumplir con los requisitos formales

y sustantivos esenciales de las capitulaciones matrimoniales y del tipo de

contrato de que se trate para ser válidos. Íd. Además, “no podrán ser

contrarios a la ley, la moral o el orden público ni afectar derechos de

terceros”. Íd.
KLAN202301071                                                                          13

        Los cónyuges podrán estipular, modificar o sustituir el régimen

económico estipulado mediante capitulaciones matrimoniales en cualquier

momento antes de celebrado el matrimonio. Art. 1271 del Código Civil,

31 LPRA sec. 3555.16 Sin embargo, de tener la intención de alterar las

capitulaciones otorgadas, dichas alteraciones habrán de constar por

escritura pública, otorgada antes de la celebración del matrimonio. En

cuanto al primer supuesto –que las alteraciones deben realizarse mediante

escritura pública–, se ha reconocido “que se trata de un requisito de forma

ad solemnitatem del cual depende la existencia y validez misma de las

capitulaciones”. Maldonado v. Cruz, supra, pág. 18; J. Santos Briz, Derecho

Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. V, pág. 127.

Por tal razón, “las capitulaciones matrimoniales que no consten en escritura

pública carecerán de toda validez y eficacia pues, según se ha entendido,

estamos ante una condición para la existencia de la escritura y no ante un

mero requisito de forma”. Íd.; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al

Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, págs. 200-

201.

        En ocasiones, la escritura de capitulaciones matrimoniales requiere

un ejercicio de interpretación por ser un contrato entre las partes.

Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684. Cuando así se

requiere, “los tribunales deberán ejercer su facultad interpretativa conforme

a las normas de hermenéutica contractual dispuestas en el Código Civil”.

Íd. El Artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec.

3471, establece que, cuando los términos de un contrato son claros y no

dejan duda alguna sobre la intención de las partes, se utilizará el sentido

literal de sus cláusulas. Sobre la interpretación de los contratos, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha expresado que esta debe ser cónsona con el

16 La Ley Núm. 62-2018 enmendó los Artículos 1267, 1271, 1272 y 1273 del Código Civil

de Puerto Rico de 1930, a los fines de permitir la modificación de las capitulaciones
matrimoniales que contienen el régimen económico que rige la unión matrimonial. Es decir,
se dejó a un lado la doctrina de inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales para
permitir establecer, variar o modificar el régimen económico luego de haberse constituido
el matrimonio. No obstante, por encontramos ante hechos ocurridos con anterioridad a la
aprobación de dicho estatuto, este no es de aplicabilidad al caso de autos.
KLAN202301071                                                               14

principio de la buena fe y no puede llevar a resultados incorrectos, absurdos

e injustos. Íd., págs. 684-685.

                                       B

       Sabido es que este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente, como

foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

Es por ello que, nuestra encomienda principal es examinar cómo los

tribunales inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada

caso. Íd. Cónsono con lo anterior, el desempeño de nuestra función

revisora se fundamenta en que el Tribunal de Primera Instancia desarrolle

un expediente completo que incluya los hechos que haya determinado

ciertos a partir de la prueba que se le presentó. Íd. Es decir, nuestra función

de aplicar y pautar el Derecho requiere saber cuáles son los hechos, tarea

que corresponde, primeramente, al foro de instancia. Íd. Como foro

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio

oral   de   los   testigos,   no   dirimimos   credibilidad   y no   hacemos

determinaciones de hechos. Íd. Esa es la función de los tribunales de

primera instancia. Íd.

       Por el contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones

escritas, estamos en la misma posición que el Tribunal de Primera

Instancia. Ortiz et al. v. S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así, “el

Tribunal Apelativo tendrá la facultad para adoptar su propio criterio en la

apreciación y evaluación de la prueba pericial, y hasta para descartarla,

aunque resulte técnicamente correcta”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 219 (2021), citando a González Hernández v. González

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Asimismo, es norma básica que las

conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por el foro

apelativo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. Ahora bien,

como norma general, los tribunales apelativos aceptan como correctas las

determinaciones de hechos de los tribunales inferiores, así como su
KLAN202301071                                                               15

apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la

prueba presentada en la sala. Íd., pág. 771.

       En nuestro ordenamiento jurídico no se favorece la intervención de

los foros apelativos para revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación

de credibilidad o las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal

de Primera Instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. Sucn. Mena Pamias et al. v. Meléndez et al., 2023 TSPR 108,

212 DPR ___ (2023); Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850 (2022);

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Ello, debido a que el foro de

instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo

esta importante tarea judicial. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

771.

       En consideración a la norma de corrección que cobija a las

determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando

una parte peticionaria señala errores dirigidos a cuestionar la apreciación o

suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que

esta ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro

primario. Ello se logra utilizando alguno de los mecanismos de recopilación

de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de la prueba, (2) exposición

estipulada o (3) exposición narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR

654 (2023). Los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a

cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante alguno de

estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro primario. Íd.

       Sobre ese particular, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que las

disposiciones reglamentarias que gobiernan los recursos que se presentan

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente. Pueblo

v. Pérez Delgado, supra. Véase, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181

DPR 281 (2011). De esa manera, los abogados y las abogadas tienen la

obligación de cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y en los

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos. Íd. No

puede quedar al arbitrio de la representación legal decidir qué
KLAN202301071                                                                16

disposiciones reglamentarias aplican y cuándo. Íd. Por tanto, es tarea de la

parte peticionaria presentar al foro revisor la prueba oral bajo la que se

pretende impugnar las determinaciones del foro a quo. Íd.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                      III

       Como primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene que

el Tribunal de Primera Instancia erró en su interpretación del contrato de

capitulaciones matrimoniales y al variar las disposiciones de este. En

particular, alega que el foro primario soslayó las normas de hermenéutica

aplicables, así como la norma de interpretación restrictiva de los contratos,

a pesar de tener ante sí un contrato que contiene un lenguaje claro y libre

de ambigüedad. En su segundo señalamiento de error, plantea que el foro

juzgador incidió al: (1) ignorar que, por disposición de las partes, la eficacia

del contrato quedó supeditada al cumplimiento de su matrimonio en fecha

cierta; (2) ignorar que es una condición suspensiva que no se materializó;

(3) resolver que las partes contrajeron matrimonio el 30 de julio de 1999,

bajo el régimen de separación de bienes, en contra de lo pactado y la

doctrina de inmutabilidad. A su vez, como tercer señalamiento de error,

arguye que el foro a quo erró al entrar a divagar en la intención de los

contratantes a base de actos anteriores, coetáneos y posteriores, cuando

las disposiciones contractuales de las capitulaciones matrimoniales en

cuestión son claras y libres de toda ambigüedad, siendo la controversia una

de estricto Derecho. Ello, según aduce, en incumplimiento con las

disposiciones del Artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,

supra, y lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Guadalupe Solís v.

González Durieux, supra.

       En su cuarto señalamiento de error, la parte apelante indica que el

foro de origen incidió al resolver que las capitulaciones matrimoniales en

controversia eran eficaces, toda vez que las partes no incluyeron una

cláusula que estableciera que, si no contraían matrimonio en determinada
KLAN202301071                                                              17

fecha, las capitulaciones quedarían sin efecto; o que, en la alternativa, las

partes no cumplieron con la obligación de modificar las capitulaciones

matrimoniales con el propósito de dejarlas sin efecto. Como quinto error

señalado, argumenta que el tribunal de instancia erró al abusar de su

discreción en la apreciación de la prueba testifical vertida por Ramírez

Montalvo, mostrando prejuicio y parcialidad. En su sexto señalamiento de

error, aduce que el Tribunal de Primera Instancia incidió en la evaluación y

suficiencia de la prueba y actuó con prejuicio y parcialidad al dictar una

sentencia confiriendo un peso desmedido a prueba impertinente. Como

séptimo señalamiento de error, alega que el foro primario erró al resolver

que las partes siempre reconocieron la existencia de la Escritura de

Capitulaciones Matrimoniales, aun cuando el testimonio de Ramírez

Montalvo y la evidencia documental admitida demuestran que ello no es

correcto.

       Asimismo, en su octavo señalamiento de error, la parte apelante

sostiene que el foro a quo actuó con prejuicio y parcialidad al no merecerle

credibilidad a su testimonio de que fue obligada a otorgar la Escritura de

Capitulaciones, ya que no testificó tal cosa, por lo que no había base en el

expediente que sostuviera tal determinación. Como noveno error, señala

que el foro juzgador incidió al aplicar la doctrina de los actos propios para

justificar su Sentencia Parcial y al expresar que no le persuadió la posición

o testimonio de esta, en ausencia de prueba contradictoria, cuando dicha

doctrina no es aplicable a los hechos de este caso. En su décimo y último

señalamiento de error, sostiene que el foro de origen erró al resolver que

la validez y eficacia de las Capitulaciones Matrimoniales que nos ocupan

se rige supletoriamente por las reglas generales de los contratos, según el

Artículo 502 del Código Civil de Puerto Rico del 2020, 31 LPRA sec. 6935,

cuando dicho articulado era inexistente al momento de los hechos y es

inaplicable al caso de autos.

       Por estar relacionados entre sí, discutiremos los errores esbozados

conjuntamente.
KLAN202301071                                                              18

       Conforme detalláramos previamente, como norma general, los

tribunales apelativos aceptamos como correctas las determinaciones de

hechos de los tribunales inferiores, así como su apreciación sobre la

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en

la sala. Los foros apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la

prueba de los foros primarios, salvo que exista pasión, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Es decir, el foro primario merece deferencia ante

planteamientos de error sobre admisibilidad de la prueba presentada y la

apreciación que le confirió, especialmente ante la ausencia de una

transcripción de los procedimientos que nos ponga en posición de lo

contrario. En el caso de autos, la parte apelante no sometió copia de la

transcripción de la prueba oral vertida en la vista evidenciaria en cuestión,

por lo que, en su ausencia, se presumen correctas las determinaciones de

hechos desglosadas por el foro a quo en la Sentencia Parcial apelada. En

ese sentido, nuestra intervención se ciñe a atender cuestiones puramente

normativas a la luz de la prueba expresamente contenida en el expediente

apelativo que atendemos.

       Según el derecho esbozado, las capitulaciones matrimoniales

constituyen un contrato entre las partes, en el cual pueden pactar el

régimen económico que entiendan procedente y conveniente. En la

preparación del contrato de capitulaciones matrimoniales, rige el principio

de libertad de contratación. Este principio reconoce la autonomía de los

contratantes y permite que estos estipulen toda clase de pactos, cláusulas

y condiciones, siempre y cuando no sean contrarios a la ley, la moral o el

orden público, ni afecten los derechos de terceros. Por ser un contrato entre

las partes, en ocasiones, la escritura de capitulaciones matrimoniales

requiere un ejercicio de interpretación, en el que los tribunales deberán

ejercer su facultad interpretativa conforme a las normas de hermenéutica

contractual dispuestas en el Código Civil. En particular, cuando los términos

de un contrato son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de las

partes, se utilizará el sentido literal de sus cláusulas.
KLAN202301071                                                                            19

        Por otro lado, conforme a lo previamente discutido, los cónyuges

pueden modificar o sustituir el régimen económico estipulado mediante

capitulaciones matrimoniales en cualquier momento antes de celebrado el

matrimonio. No obstante, dichas alteraciones habrán de constar por

escritura pública, otorgada antes de la celebración del matrimonio. Ello, se

trata de un requisito de forma ad solemnitatem del cual depende la

existencia y validez de las capitulaciones. Es decir, para poder modificar

las capitulaciones matrimoniales, todas las alteraciones deben realizarse

mediante escritura pública, para que, de esa forma, surta su validez y

eficacia.

        Luego de examinar sosegadamente el expediente ante nos, se

desprende claramente que, previo a contraer matrimonio, el 28 de

diciembre de 1998, Ramírez Montalvo y Rodríguez Rosa otorgaron la

Escritura Núm. 96 sobre Capitulaciones Matrimoniales.17 En esta,

repudiaron la sociedad legal de gananciales y se acogieron al régimen

económico de total separación de bienes. En lo pertinente, la cláusula

primera de la referida escritura lee como siguiente:

        -----UNO: Ambos comparecientes convienen entre sí, de
        mutua conformidad, que su futuro matrimonio no se
        entenderá contraído bajo el régimen de la Sociedad Legal de
        Gananciales que impera en Puerto Rico.---------------------------
        -----DOS: En orden a la estipulación contenida en el apartado
        que antecede, ambas partes estipulan y convienen que[,]
        durante su proyectado matrimonio[,] cada uno de ellos
        responderá por separado de las deudas presentes y futuras
        que contraigan.------------------------------------------------------------
        -----TRES: Todos los salarios e ingresos por gestiones
        profesionales de cada cónyuge, pertenecerán de manera
        privativa a cada uno de [e]stos.---------------------------------------
        -----CUATRO: Todas las ganancias, beneficios, rentas, frutos,
        productos, intereses y dividendos de los bienes propios de
        cada cónyuge, pertenecerán de manera privativa a cada uno
        de [e]stos.-------------------------------------------------------------------
        -----Cinco: Es convenido por las partes renunciar a la
        Sociedad de Bienes Gananciales y estipulan que los bienes
        a adquirirse durante la vigencia del matrimonio que fueran
        adquiridos mediante la aportación de dinero de ambos, se
        constituirán las partes en comuneros en la proporción y
        porciento aportado por cada una.-------------------------------------
        -----SEIS: La determinación, liquidación y pago de cualquier
        contribución de ingresos que se imponga o corresponda
        pagar sobre las ganancias, beneficios, frutos, rentas,
        productos, interes[e]s y dividendos de cada cónyuge se regirá

17 Véase, Apéndice del recurso, págs. 8-13.
KLAN202301071                                                                             20

        por las disposiciones de ley que entonces estuviesen en
        vigor.-------------------------------------------------------------------------

        Asimismo, se desprende de la cláusula primera de la Escritura Núm.

96 sobre Capitulaciones Matrimoniales que “los comparecientes tienen

proyectado contraer matrimonio entre sí el treinta (30) de diciembre de mil

novecientos noventa y ocho (1998)”.18 No obstante, surge del expediente

de autos que Ramírez Montalvo y Rodríguez Rosa contrajeron matrimonio

el 30 de julio de 1999. Ahora bien, de una revisión minuciosa de las

referidas capitulaciones no se desprende que las partes condicionaran o

supeditaran la eficacia de estas a que el matrimonio se efectuara el 30 de

diciembre de 1998. De hecho, el lenguaje utilizado por las partes en la

referida escritura fue a modo de “proyección”19 y no de establecer un

término fatal que invalidara las capitulaciones de no contraer nupcias en tal

fecha cierta. Por otro lado, tampoco surge del expediente ante nos escritura

pública alguna mediante la cual las partes modificaran o dejaran sin efecto

las capitulaciones matrimoniales previo a contraer matrimonio el 30 de julio

de 1999. Por tanto, la Escritura Núm. 96 sobre Capitulaciones

Matrimoniales, mediante la cual las partes acordaron regir su matrimonio

por un régimen económico de total separación de bienes, estaba vigente al

momento de casarse y rigió durante el matrimonio hasta la disolución de

este.

        La parte apelante sostiene la inexistencia de las capitulaciones

matrimoniales durante la vigencia de su matrimonio, por entender que la

validez de estas estaba condicionada a contraer nupcias en la fecha

proyectada en dicha escritura. Sin embargo, al examinar sosegadamente

la prueba documental que obra en autos, colegimos que la propia parte

apelante, en varias ocasiones, ha aceptado la existencia y validez de la

escritura en cuestión. Veamos.

18 Véase, Apéndice del recurso, pág. 8.
19 Según la Real Academia Española, proyectar significa “[i]dear, trazar o proponer el plan

y los medios para la ejecución de algo”. Real Academia Española, Diccionario de la lengua
española, proyectar, https://dle.rae.es/proyectar (última visita, 6 de marzo de 2024).
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         Surge del expediente que, el 21 de abril de 2021, el Tribunal de

Primera Instancia disolvió el matrimonio de Ramírez Montalvo y Rodríguez

Rosa mediante Sentencia de divorcio por la causal de ruptura irreparable.20

Se desprende de la determinación de hechos número 3 de dicho dictamen

que, “[a]l momento de contraer matrimonio, las partes habían otorgado

Capitulaciones Matrimoniales bajo la [E]scritura [N]úmero 96 del 28 de

diciembre de 1998 […]; por lo que, el matrimonio se rigió por una total

separación de benes”.21 La mencionada sentencia advino final y firme, sin

que alguna de las partes apelara su contenido y disposición ante un foro

revisor.

         De igual forma, la propia apelante alegó en la Demanda que dio

inicio al presente pleito en junio de 2021 que, “[p]revio a contraer

matrimonio, las partes de epígrafe otorgaron una [E]scritura de

Capitulaciones Matrimoniales”.22 Asimismo, surge de la Minuta del Status

Conference celebrado el 18 de agosto de 2022, que la representación legal

de Ramírez Montalvo sostuvo que la Escritura de Capitulaciones

Matrimoniales en controversia era válida.23 No fue hasta el 30 de noviembre

de 2022 que Ramírez Montalvo solicitó enmendar la demanda para asumir

una postura contraria y alegar que, previo al matrimonio, las partes no

otorgaron capitulaciones matrimoniales, por lo que rigió la sociedad legal

de gananciales.24 Sin embargo, luego de un análisis exhaustivo del

expediente ante nos, colegimos que la Escritura Núm. 96 sobre

Capitulaciones Matrimoniales suscrita por las partes el 28 de diciembre de

1998 estaban vigentes al momento del matrimonio de Ramírez Montalvo y

Rodríguez Rosa, por lo que este se rige por lo allí acordado.

         Examinado con detenimiento el recurso ante nos, a nuestro juicio, el

foro primario no incidió en su proceder. En consecuencia, nos resulta

20 Véase, Apéndice del recurso, págs. 5-7.
21 Íd., pág. 5.
22 Íd., pág. 1.
23 Íd., págs. 23-24.
24 Íd., págs. 25-30.
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forzoso concluir que los errores imputados por la parte apelante no se

cometieron. Por lo tanto, confirmamos la Sentencia Parcial apelada.

                                     IV

      Por las razones que anteceden, confirmamos el dictamen apelado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones