Court Opinion

ID: 9941493
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:40:44.769363+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:43.735846
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL V

MOB ENTERPRISES, LLC.                                   Apelación
                                                        procedente del
           Apelante                                     Tribunal de Primera
                                                        Instancia, Sala
               v.                                       Superior de San
                                                        Juan
  HONORABLE YANIRA
RAÍCES VEGA, Secretaria KLAN202301028
     de Educación;                    Caso Núm.:
 HONORABLE DOMINGO                    SJ2023CV08322
EMANUELLI HERNÁNDEZ,
  Secretario de Justicia
                                      Sobre:
        Apelados                      Mandamus

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2024.

       Comparece MOB Enterprise, LLC, mediante un recurso de

Apelación (en adelante, parte apelante o MOB), para solicitarnos la

revisión de la Sentencia emitida y notificada el 3 de octubre de 2023,

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en

adelante, TPI).1 Mediante la Sentencia apelada, el Tribunal a quo

declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la parte

apelada.

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

                                         I

       El 30 de agosto de 2023, la parte apelante presentó un recurso

sobre Mandamus, intitulado Demanda, contra la Honorable Yanira

Raíces Vega, Secretaria de Educación (en adelante, Secretaria de

Educación)      y   el   Honorable      Domingo       Emanuelli   Hernández,

Secretario de Justicia. Adujo, en síntesis, que producto de la

1 Apéndice I de la parte apelante, a las págs. 1-9.

Número Identificador

SEN2024______________
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celebración de la Subasta número 22-2841 (en adelante, Subasta),

le   fue   adjudicado      el   contrato    de    servicios   de   pintura   y

mantenimiento preventivo para las escuelas del Departamento de

Educación, ubicadas en las zonas 6 y 7 (Caguas y Humacao).

Arguyó que, conforme a la Ley 149 de 15 de julio de 1999, la parte

apelada tiene un deber ministerial de entregarle las aludidas

escuelas, así como una lista de las escuelas en las zonas 6 y 7 que

requieran los trabajos adjudicados mediante la subasta. Alegó que

le ha requerido a la parte apelada la entrega de las escuelas en

cuestión y esta se ha negado sin justificación alguna incumpliendo

su deber ministerial. Alegó, además, que de las escuelas que

entienden requieren los trabajos de mantenimiento y mejoras, solo

le han asignado tres (3), pero que, presuntamente, hay un mínimo

de treinta y dos (32), constituyendo el 55% de las escuelas ubicadas

en las zonas antes descritas.

       La parte apelante solicitó como remedio que el foro primario

expidiera el auto de Mandamus dirigido a la Secretaria de Educación

y se le ordenara asignar a la parte apelante las escuelas ubicadas

en las zonas 6 y 7 para realizar los trabajos de mejoras y

mantenimiento, conforme a la Subasta.

       De lo que sigue, el 20 de septiembre de 2023, la parte apelada

presentó una Moción de Desestimación.2 Adujo que, luego de evaluar

las alegaciones de la Demanda y estudiar el derecho aplicable,

consideraban que no existía un deber ministerial incumplido por la

parte apelada y que la parte apelante no tenía derecho a remedio

alguno. Arguyó que la acción presentada era patentemente frívola.

En su escrito, expresó que, allá para el 28 de abril de 2022, la Junta

de Subastas de la Administración de Servicios Generales del

Gobierno de Puerto Rico (en adelante, ASG) emitió una notificación

2 Apéndice 8 de la parte apelante, a las págs. 69-79.
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de adjudicación de Subasta bajo el número 22-2841, decretando

como licitadores agraciados a trece (13) licitadores que se dedican a

la     construcción,         reparación,           rehabilitación,   limpieza,

mantenimiento y pintura de locales, residencias, edificios y

estructuras. Arguyó que de esos trece (13) licitadores, doce (12) de

ellos, entre los que se encuentra la parte apelante, tienen

autorización para contratar con el Departamento de Educación para

las zonas 6 y 7. Lo anterior, y en lo que respecta a la parte apelante,

adujo que el Departamento de Educación y MOB suscribieron dos

(2) contratos para trabajos en dos escuelas y que los mismos se

realizaron. Lo anterior, le permite a MOB poder “participar en los

contratos que el Departamento decida en el momento que entienda

y haciendo uso de su plena y total discreción suscribir para los

trabajos necesarios”. (énfasis en el original) 3 Por último, esbozó que

MOB no tiene un derecho único a participar de los contratos que el

Departamento de Educación determine necesarios; sino que

comparte este derecho con los otros doce licitadores antes

expresados.

       Por lo anterior, la parte apelada razonó que el Departamento

de Educación no tiene una obligación con la parte apelante, hasta

tanto se suscriba algún otro contrato. En su escrito, la parte apelada

alegó que la parte apelante no estableció cuál era el deber ministerial

incumplido ni expuso la fuente o precepto legal del cual surge el

alegado deber ministerial incumplido. Por lo anterior, solicitó como

remedio la desestimación de la acción presentada.

       Por su parte, el 28 de septiembre de 2023, la parte apelante

presentó Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.4 Opuso

que, bajo los requisitos y condiciones establecidas en la licitación

3 Apéndice 8 de la parte apelante, a la pág. 71.
4 Apéndice 9 de la parte apelante, a las págs. 80-85. Véase el Sistema Unificado

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) a la entrada 16.
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objeto de este caso y por ser la parte apelante una corporación que

reúne los requisitos de “Women Owned Small Business”, la parte

apelada tiene la obligación de asignarle una cantidad mayor de

escuelas. En su escrito solicitó que se denegara la solicitud de

desestimación y que se concediera el remedio solicitado en la

Demanda.

       En respuesta, el 3 de octubre de 2023, el foro primario emitió

la Sentencia apelada.5 Allí, declaró Ha Lugar la solicitud de

desestimación presentada por la parte apelada exponiendo que no

existe una disposición legal que les obligue a asignarle escuelas

adicionales a MOB.

       En la Sentencia, la primera instancia judicial concluyó varias

cosas. Entre ellas, determinó que MOB falló al identificar la

disposición legal específica de donde surgía el alegado deber

ministerial que interesaba. Dispuso que el análisis y la conclusión a

la que llegó la parte apelante en cuanto al alegado deber ministerial

incumplido era incorrecto, y expresó que, la razón por la cual MOB

solicitó se expidiera un auto de Mandamus era para que se obligara

a la parte apelada a que se le asignara una cantidad adicional de

escuelas y entregarle una cierta lista de escuelas. Dado a lo anterior,

el foro primario concluyó que no existía tal deber, catalogado como

ministerial, que le impusiera la obligación a la parte apelada de

hacer lo que MOB solicitó.

       En lo relativo que MOB se trata de una corporación certificada

como “Women Owned Small Business”, el foro primario razonó que

luego de examinar la disposición federal 2 CFR § 200.321, no pudo

encontrar dónde estaba el alegado deber ministerial incumplido.

Añadió que MOB tuvo la oportunidad de participar del proceso ante

la Junta de Subastas de la ASG, fue una de las agraciadas, obtuvo

5 Apéndice I de la parte apelante, a las págs. 1-9.
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la correspondiente autorización para contratar con el Departamento

para las zonas 6 y 7 y suscribió contratos. Por tanto, el tribunal a

quo juzgó que se cumplió con la regulación federal. En virtud de lo

anterior, la primera instancia judicial resolvió que no existía un

deber ministerial incumplido.

       El 17 de octubre de 2023, la parte apelante presentó una

Moción Solicitando Reconsideración.6 En respuesta, el foro primario

emitió y notificó una Resolución el 18 de octubre de 2023, en la cual

denegó la referida solicitud.

       Inconforme con lo dispuesto por el foro primario, el 16 de

noviembre de 2023, la parte apelante presentó un recurso de

Apelación mediante el cual esgrimió la comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO
       EL RECURSO DE MANDAMUS POR ENTENDER QUE
       NO EXISTE UN DEBER MINISTERIAL DE LA
       SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ADJUDICARLE
       ESCUELAS ADICIONALES A MOB ENTERPRISE, LLC A
       PESAR DE SER UNA CORPORACIÓN CERTIFICADA
       COMO WOMEN OWNED SMALL BUSINESS QUE
       CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 129 DE
       2005[,] CONOCIDA COMO “LEY DE RESERVAS EN LAS
       COMPRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
       ASOCIADO DE PUERTO RICO Y SUS ENMIENDAS.

       El 27 de diciembre de 2023, compareció el Procurador General

mediante Alegato del Gobierno de Puerto Rico y Solicitud de

Desestimación. Por su parte, el 2 de enero de 2024, la parte apelante

presentó una Moción Sometiendo Documentos y Solicitud [de]

Autorización para Presentar los Mismos. Junto a la misma acompañó

el volante de notificación de la Sentencia apelada y de la Resolución

en reconsideración.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y luego

de haber estudiado la totalidad del expediente judicial ante nuestra

6 Apéndice 5 de la parte apelante, a las págs. 62-65. Véase SUMAC, a la entrada

17.
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consideración, así como el derecho aplicable, procederemos a

disponer del presente recurso.

                                       II

   A. Recurso de Apelación

       La Regla 52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil7, dispone

que los recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un

término jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos

de copia de la notificación de la sentencia recurrida. Como es

conocido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.8 La correcta notificación de una

sentencia es una característica imprescindible del debido proceso

judicial.9 Como corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del

Reglamento de este Tribunal establece que:

       Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos
       civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se
       presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta
       días contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia.

       En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de
       sus instrumentalidades que no fuere una corporación
       pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus
       funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el
       recurso de apelación se formalizará, por cualquier
       parte en el pleito que haya sido perjudicada por la
       sentencia, presentando un escrito de apelación
       dentro del término jurisdiccional de sesenta días,
       contados desde el archivo en autos de una copia de
       la notificación de la sentencia dictada por el
       tribunal apelado. 10 (Énfasis suplido).

       No obstante, el término para acudir en alzada puede quedar

interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de

reconsideración fundamentada.11 En tal caso, el curso del término

para apelar comienza a partir del archivo en autos copia de la

7 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).
8 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
9 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
11 32 LPRA Ap. V, R. 47.
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notificación de la resolución que resuelve la moción.12 Esto, a pesar

de que se haya declarado la moción No Ha Lugar.

    B. Mandamus

         El Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico define el auto

de mandamus como uno altamente privilegiado dictado por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, o por el Tribunal de Primera

Instancia, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, y dirigido a alguna

persona natural, a una corporación o a un tribunal judicial de

inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el

cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté

dentro de sus atribuciones o deberes.13 Así, el auto de mandamus

no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener

la facultad de poder cumplirlo.14

         De igual modo, el auto de mandamus sólo procede para exigir

el cumplimiento de un deber impuesto por la ley; es decir, un deber

calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite discreción en

su ejercicio, sino que es mandatorio e imperativo.15 El deber

ministerial que exige el mandamus debe emanar de un empleo,

cargo o función pública, por lo que el recurso procede contra todos

los funcionarios del ejecutivo.16 Es decir, “no se trata de una

directriz o una disposición que permite hacer algo, sino de un

mandato específico que la parte demandada no tiene opción para

desobedecer”.17 Ahora bien, si el acto en cuestión depende de la

discreción o juicio de un funcionario, tal deber se considera como

no ministerial.18

         Para que se logre expedir un auto de mandamus, es necesario

que exista la constancia de un deber claramente definido que deba

12 Id.
13 32 LPRA sec. 3421, Art. 649.
14 Id.
15 AMPR v. Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253, 263 (2010).
16 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994).
17 Carrasquillo Román v. Inst. Correccional, 204 DPR 699, 713 (2020).
18 Romero Lugo, v. Cruz Soto, 205 DPR 972, 985 (2020).
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ser ejecutado.19 Además, por tratase de un recurso altamente

privilegiado, su expedición no se invoca como cuestión de derecho,

sino que descansa en la sana discreción del tribunal.20 Sin embargo,

la procedencia del mandamus depende inexorablemente del carácter

del acto que se pretende compeler mediante dicho recurso.21 En tal

sentido, este recurso extraordinario “sólo procede para ordenar el

cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en

su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir

ese remedio”.22 Asimismo, la jurisprudencia ha discutido que para

que proceda un recurso de mandamus es necesario lo siguiente:

        que el peticionario le haya hecho un requerimiento
        previo al demandado para que éste cumpla con el deber
        que se le exige, debiendo alegarse en la petición, tanto
        el requerimiento como la negativa, o la omisión del
        funcionario en darle curso. Sólo se exime de este
        requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento
        hubiese sido inútil e infructuoso, pues hubiese sido
        denegado si se hubiera hecho; ó 2) cuando el deber que
        se pretende exigir es uno de carácter público; a
        diferencia de uno de naturaleza particular que afecta
        solamente el derecho del peticionario”.23

    C. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

        La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil regula la

presentación de defensas y objeciones a una reclamación judicial.24

La moción de desestimación al amparo de esta regla es una defensa

especial que formula el demandado en la que solicita que se

desestime la demanda presentada en su contra, aun sin necesidad

de formular una alegación previa.25

        La regla establece que:

        Toda defensa de hechos o de derecho contra una
        reclamación se expondrá en la alegación responsiva
        excepto que, a opción de la parte que alega, las
        siguientes defensas pueden hacerse mediante una
        moción debidamente fundamentada:

19 AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, a las págs. 263-264.
20 Id., a la pág. 266.
21 Acevedo Vila v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 455 (2006).
22 Id., a las págs. 454-455.
23 Noriega v. Hernández Colon, 135 DPR 406, 448-449 (1994).
24 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
25 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
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       (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
       (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
       (3) insuficiencia del emplazamiento;
       (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
       (5) dejar de exponer una reclamación que justifique
       la concesión de un remedio;
       (6) dejar de acumular una parte indispensable.26
       (Énfasis suplido)

       El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable

posible a la parte demandante para determinar si la misma es

suficiente para constituir una reclamación válida.27 No obstante,

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene

derecho a obtener algún remedio.28

       Por su parte, los tribunales deben evaluar el posible impacto

que éste pueda tener sobre los intereses públicos involucrados;

evitar una intromisión indebida en los procedimientos del poder

ejecutivo, y que el auto no se preste a confusión o perjuicio de los

derechos de terceros.29

   D. Ley Núm. 149-1999

       La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de toda

persona a una educación que propenda al pleno desarrollo de su

personalidad.30 La Ley Núm. 149 del 15 de julio de 1999, según

enmendada, Ley Orgánica del Departamento de Educación de

Puerto Rico, fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 85 de 29 de

marzo de 2018, según enmendada, Ley de Reforma Educativa de

Puerto Rico. Entre los propósitos de la Ley Núm. 149-1999 se

encuentra establecer un sistema de educación pública libre, sin

ninguna inclinación sectaria y gratuito en los niveles primario y

26 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
27 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v.

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
28 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016).
29
   AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., supra, a la pág. 268.
30 Art. II, Sec. 5, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
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secundario.31 Dicha Ley les confiere autonomía a las escuelas como

una garantía de estabilidad en la gestión educativa.32

       Esta legislación le otorgó una serie de facultades y

obligaciones al Secretario de Educación entre las cuales se destaca

el aprobar “los proyectos y planos de construcción de planteles

escolares y otras instalaciones del Sistema y [controlar] las obras de

construcción o mejoras de las mismas con empresas públicas o

privadas”     y   celebrar      “contratos    para     la   construcción      y

reacondicionamiento        de    planteles    escolares     y   edificios   del

Departamento”.33

   E. Legislación para fomentar la contratación de pequeñas
      empresas con el gobierno.

       El 7 de octubre de 2005 se aprobó la Ley de Reservas en las

Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.34 La

referida legislación, se fundamentó en el modelo utilizado por el

gobierno federal para compra de productos y servicios a ciertos

sectores productivos de la economía.35 En tal sentido, este estatuto

estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico

“asignar un veinte por ciento (20%) del total de la partida certificada

a compras de su presupuesto general para ser otorgado a

microempresas, pequeñas y medianas empresas, siempre que la

situación fiscal así lo permita o produzca ahorros al fisco”.36

Asimismo esta ley establece que:

       Las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico
       deberán adjudicar la mitad del antedicho veinte por
       ciento (20%) a mujeres empresarias propietarias de
       microempresas, pequeñas o medianas empresas, según
       definido en la presente Ley, siempre que dicha
       adjudicación sea beneficiosa al erario público, y que
       cumpla con los requisitos legales aplicables.37
31 Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de

15 de julio de 1999, según enmendada, 3 LPRA sec 143a nota, Art. 1.02 (a) (Ed.
2017).
32 Id.
33 Id., sec. 145u.
34 3 LPRA sec. 8641 et seq.
35 Véase la Exposición de motivos de Ley de Reservas en las Compras del Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 129-2005.
36 3 LPRA sec. 8641 nota.
37 Id.
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       Por otro lado, en el ámbito federal, existe el capítulo 2 del

Código de Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en inglés) en

su sección 200.321 el cual establece los lineamientos para contratar

con pequeños comerciantes y empresas dirigidas o pertenecientes a

mujeres. En ese sentido, la aludida disposición establece lo

siguiente:

           (a) The non-Federal entity must take all necessary
       affirmative steps to assure that minority businesses,
       women’s business enterprises, and labor surplus area
       firms are used when possible.
           (b) Affirmative steps must include:
           (1) Placing qualified small and minority businesses
       and women’s business enterprises on solicitation lists;
           (2) Assuring that small and minority businesses, and
       women’s business enterprises are solicited whenever
       they are potential sources;
           (3) Dividing total requirements, when economically
       feasible, into smaller tasks or quantities to permit
       maximum participation by small and minority
       businesses, and women’s business enterprises;
            (4) Establishing delivery schedules, where the
       requirement permits, which encourage participation by
       small and minority businesses, and women’s business
       enterprises;
           (5) Using the services and assistance, as appropriate,
       of such organizations as the Small Business
       Administration and the Minority Business Development
       Agency of the Department of Commerce; and
           (6) Requiring the prime contractor, if subcontracts
       are to be let, to take the affirmative steps listed in
       paragraphs (1) through (5) of this section.38

       De la misma manera, el Small Bussines Administration

también atienden el asunto de contratación de empresas dirigidas

por mujeres con entidades gubernamentales.39

                                  III

       Ante nuestra consideración se encuentra un recurso de

Apelación para revisar una Sentencia mediante la cual se desestimó

la causa de acción presentada por MOB. En su único señalamiento

de error, MOB nos invita a concluir que el foro primario incidió al

haber desestimado el recurso de mandamus. Así pues, señaló que

la primera instancia judicial erró al desestimar bajo la premisa de

38 2 CFR sec. 200.321.
39 Véase, 15 USC sec 637 (m).
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que no existe un deber ministerial de la Secretaria de Educación de

adjudicar escuelas adicionales a MOB a pesar de ser una

corporación certificada como Women Owned Small Business que

cumple con las disposiciones de la Ley 129-2005. Veamos.

         En primer lugar, es necesario examinar, si en efecto se

cumplió con los requisitos para expedir el recurso extraordinario de

mandamus.         Como    reseñáramos,       el   elemento     esencial   para

determinar la expedición de un mandamus es auscultar si la parte

demandada está incumpliendo con un deber ministerial.40 Para ello,

es necesario que la parte que solicita el mandamus, exponga el deber

cuyo cumplimiento se requiere mediante este recurso, el cual debe

estar dentro de las atribuciones o deberes que la ley le impone

al funcionario.41 Asimismo, es necesario que el derecho del

promovente y el deber del demandado deben surgir en forma

clara y patente.42 Una vez el foro judicial determine la existencia

del incumplimiento de un deber ministerial, es necesario examinar

el posible impacto que el auto pudiera ocasionar al interés público.43

         Conforme surge del expediente, en su Demanda, MOB aduce

que la Secretaria de Educación tiene la responsabilidad de cuidar y

mantener las instalaciones de las escuelas públicas de Puerto Rico.

De esta forma, la parte apelante plantea que dicha responsabilidad

emana de la Ley 49-1999, por lo cual representa un deber

ministerial. En ese sentido, MOB sostiene que para cumplir tal deber

ministerial es necesario que la Secretaria de Educación le entregue

escuelas adicionales para ser trabajadas y de igual manera le

entregue     un    listado   de    escuela    que       requieren   mejoras   y

mantenimiento.

40 AMPR v. Srio Educación, ELA, supra, a la pág. 263.
41 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982).
42 Id.
43 AMPR v. Srio Educación, ELA, supra, a las págs. 268-269.
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        Tal y como discutiéramos, un deber ministerial es un

“mandato específico que la parte demandada no tiene opción para

desobedecer”.44 No obstante, de una lectura de los estatutos a los

cuales la Demanda hace alusión, no hallamos ninguna disposición

que establezca una obligación a la parte apelada a tener que

entregar escuelas adicionales o entregarle una lista de escuelas a

esta compañía. La Ley 49-1999 versa sobre el mantenimiento de los

planteles escolares. Sin embargo, dicha responsabilidad no se

incumple con el hecho de no concederle escuelas adicionales a MOB.

De hecho, conforme surge del expediente, existen otras doce (12)

compañías que también están adscritas a las zonas en las cuales

MOB trabaja y dichas empresas realizan funciones similares a las

que ejecuta la parte apelante.

        De igual modo, la Ley de Reservas en las Compras del

Gobierno del Estado Libre Asociado, así como la regulación federal

contenida en el 2 CFR sec. 200.321 establecen una política, que

siempre que sea factible se contrate o colabore con pequeñas

empresas o empresas dirigidas o pertenecientes a mujeres. Nótese

que esto tampoco es un deber ministerial, ya que el lenguaje de

ambas legislaciones no le impone un mandato al Gobierno de

asignar escuelas adicionales para dar por cumplido el texto de

dichos estatutos.

        En fin, dado a la ausencia de un deber ministerial que se ha

incumplido, no procede la causa de acción incoada por MOB.

Recordemos que el auto de mandamus es un recurso altamente

privilegiado. La parte apelante no logró constatar un deber

claramente definido en la legislación a la cual hizo referencia. Por

tal motivo, la moción de desestimación presentada por la parte

apelada procedía toda vez que en este pleito MOB dejó de exponer

44 Id., a la pág. 263.
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una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Por ello,

a tono con el análisis que antecede, colegimos que el error formulado

por la parte apelante no se cometió y, en consecuencia, corresponde

confirmar la sentencia apelada.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones