Court Opinion

ID: 9952306
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:39:23.73625+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:39.432256
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI
                                       REVISIÓN
                                       ADMINISTRATIVA
   ALEXIS CANDELARIA                   procedente de la Junta
     MONSERRATE                        de Libertad Bajo
                                       Palabra
      RECURRENTE
                         KLRA202400042
           V.

   JUNTA DE LIBERTAD                                  Sobre:
     BAJO PALABRA
                                                      Reconsideración
        RECURRIDO

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

       Comparece, Alexis Candelaria Monserrate (en lo sucesivo, “el

recurrente”), mediante el recurso de epígrafe. Ello, a los fines de solicitar

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la resolución emitida el

3 de noviembre de 2023, y notificada el 30 de noviembre de 2023, por la

Junta de Libertad Bajo Palabra, (en adelante, “Junta”). Mediante la

referida resolución, la Junta no concedió al recurrente el privilegio de

libertad bajo palabra.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el presente recurso de revisión judicial.

                                       I.

       Surge del expediente, que el recurrente se encuentra convicto en

la Institución Correccional de Bayamón 1072. En su recurso expuso, que

desde el 18 de mayo de 2020 la Junta comenzó a realizar trámites a los

fines de evaluar si se le concedía el privilegio de la libertad bajo palabra.

Así las cosas, sostuvo que luego de que la Oficial Examinadora redactara

un informe favorable a la concesión del referido privilegio, el 2 de

noviembre de 2023, emitió un informe enmendado. Alegó, que, en este

segundo informe, la Oficial Examinadora recomendó que no se le

Número Identificador
SEN2024 ________
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concediera la libertad bajo palabra. Así pues, el 30 de noviembre de 2023,

la Junta emitió la resolución que nos ocupa. Mediante esta, acogió las

recomendaciones del informe enmendado de la Oficial Examinadora. En

consecuencia, denegó al recurrente la concesión de la libertad bajo

palabra.

          Inconforme, el 26 de enero de 2024, el recurrente presentó un

escrito     de   revisión   judicial.   Mediante   este   formuló   el siguiente

señalamiento de error:

                 En el presente caso el Sr. Candelaria Monserrate, le
          suplica al Tribunal la reconsideración de la resolución que
          denegó la Junta [de] Libertad Bajo Palabra porque la
          determinación no se basa en la evidencia contenida en el
          expediente y es ajena a las normas que rigen el proceso. Un
          examen desapasionado y objetivo del expediente nos lleva a
          concluir que la Junta erró en la evaluación de la prueba ante
          sí. A base de la totalidad del expediente, así como de las
          condiciones de libertad bajo palabra recomendadas en el
          primer informe de la Oficial Examinadora, procedía la
          otorgación del privilegio.

                                           II.

A. Jurisdicción

          La jurisdicción es el poder o la autoridad de un tribunal para

considerar o decidir casos o controversias. Es por ello que, la falta de

jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo para

adjudicar una controversia. Allied Management Group, Inc. v. Oriental

Bank, 2020 TSPR 52; Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249

(2012); SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).

A tales efectos, si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660

(2014).

          Una de las circunstancias que priva a este Tribunal de jurisdicción

para atender en los méritos un recurso es el incumplimiento con las

disposiciones reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento

jurídico sobre la forma, el contenido, la presentación y la notificación de

los recursos, incluyendo lo dispuesto en nuestro Reglamento. Véase,
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Hernández Jiménez et al. v. AEE et. al., 194 DPR 378, 382-383

(2015). Es decir, el craso incumplimiento con estos requisitos impide que

el recurso se perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro

apelativo. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005); también, Srio del

Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113 DPR 204, 207-208 (1982). Además, el

hecho de que una parte comparezca por derecho propio no justifica el

incumplimiento con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714,

722 (2003).

       De conformidad con lo anterior, la Regla 83 (C) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones faculta a este foro para que a iniciativa propia

pueda desestimar un recurso por carecer de jurisdicción, entre otras

razones. 4LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (c).

B. Recurso de revisión judicial

       El Tribunal de Apelaciones es un tribunal intermedio cuyo propósito

es proveer a los ciudadanos de un foro apelativo para revisar, entre otras,

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas traídas

ante nuestra consideración mediante un recurso de revisión judicial. Art.

4.001-4.002, Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, 2003, Ley 201-2003, según enmendada. La revisión de las

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas ante este

Tribunal de Apelaciones se tramita de conformidad con la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAUG) Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et.

seq., y con nuestro Reglamento.

       En lo aquí pertinente, la sección 4.2 de la LPAUG establece lo

siguiente:

              Una parte adversamente afectada por una orden
       o resolución final de una agencia y que haya agotado todos
       los remedios provistos por la agencia o por el organismo
       administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
       una solicitud de revisión ante el Tribunal de
       Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días
       contados a partir de la fecha del archivo en autos de la
       copia de la notificación de la orden o resolución final de
       la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas
       en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para
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       solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante
       la presentación oportuna de una moción de reconsideración.
       (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9672.

       Según surge del precitado estatuto, la parte que interese presentar

un recurso de revisión judicial ante este Tribunal deberá instarlo en un

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se le

notificó la orden o resolución final. Según la Regla 57 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones dicho término es uno de carácter jurisdiccional. 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 57. Los términos jurisdiccionales son improrrogables

y como tal no están sujetos a interrupción o cumplimiento tardío. Rosario

Domínguez v. ELA et al., 198 DPR 197, 208 (2017); Cruz Parrilla v.

Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). Ello, quiere decir que una vez

transcurre dicho término, el tribunal pierde jurisdicción para atender el

asunto ante su consideración. Íd.

       De otra parte, nuestro ordenamiento jurídico, en aras de la justicia,

permite que una persona pueda litigar en forma pauperis, es decir por

razón de pobreza. Por medio de la solicitud de dicho privilegio, el litigante

podrá eximirse de “pagar los aranceles o derechos de presentación

requeridos por ley.” Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174 (2007).

Ahora bien, esta concesión no se da de manera automática. Las personas

que pretendan instar un recurso de revisión judicial en forma pauperis,

deberán cumplir con los requisitos dispuestos en la Regla 78 de este

Tribunal. La precitada Regla lee como sigue:

       Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez
       solicite litigar in forma pauperis, presentará ante el Tribunal
       de Apelaciones una declaración jurada, en la cual expondrá
       los hechos que demuestren su incapacidad para pagar los
       derechos y las costas o para prestar garantía por éstos, su
       convencimiento de que tiene derecho a un remedio y una
       exposición de los asuntos que se propone plantear en el
       recurso. Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin
       el pago de derecho y costas, o sin la prestación de fianza
       para ello. El Tribunal de Apelaciones podrá preparar
       formularios para facilitar la comparecencia efectiva de
       apelantes o recurrentes in forma pauperis. 4 LPRA Ap. XXII-
       B, R. 78.
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       Cabe destacar, que en ausencia de una petición para litigar en

forma pauperis, un litigante no perfecciona su recurso y procede

desestimarlo. Véase, Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, pág. 194.

                                     III.

       En el caso ante nuestra consideración, el recurrente instó un

recurso de revisión judicial, a los fines de que este Foro revise la

determinación notificada el 30 de noviembre de 2023 por la Junta. Sin

embargo, su recurso fue presentado en exceso del término de treinta (30)

días dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para presentar este tipo

de recursos. Según se desprende del expediente, el 26 de enero de 2024,

el recurso de revisión judicial fue presentado a este Tribunal. También

surge del referido expediente que el recurrente firmó su recurso el 11 de

enero de 2024. Empero, del ponche del “Centro de Detención Regional de

Bayamón” no se desprende la fecha en que el recurso fue entregado por

el recurrente a estos.

       Así pues, aun tomando en consideración la situación de

confinamiento del recurrente, y que su recurso fue entregado al aludido

Centro en la misma fecha del 11 de enero de 2024, ello no subsana el

incumplimiento con el término jurisdiccional de treinta (30) días. Cabe

señalar, que tampoco surge del expediente que el recurrente haya

presentado alguna solicitud de reconsideración oportuna, por medio de la

cual se haya interrumpido el referido término. Por tanto, bajo ningún

supuesto el recurso de epígrafe cumple con los requisitos jurisdiccionales

de presentación. Ello, toda vez que, tanto la fecha del 26 de enero de

2024, como la fecha del 11 de enero de 2024, representan

presentaciones a destiempo. Tal como fue esbozado, los términos

jurisdiccionales son improrrogables y no admiten un cumplimiento tardío.

Ante lo anterior, este Tribunal carece de autoridad para entrar en los

méritos de la revisión judicial presentada.

       De igual modo, señalamos que del referido recurso surge otra

deficiencia que nos impide ejercer nuestra facultad revisadora. A la luz de
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ello, no se desprende del expediente que el recurrente haya emitido el

pago requerido para la presentación del recurso o cumplido con los

requisitos atinentes para litigar en forma pauperis. Según fue expuesto, la

forma pauperis no se concede de manera automática, dado que, es un

privilegio que debe ser solicitado. Además, para que dicha solicitud sea

eficaz, el recurrente debe cumplir con los criterios dispuestos en la Regla

78 de este Tribunal. Así pues, al recurrente no demostrar que cumplió con

nuestros requisitos reglamentarios, procede también desestimar su

recurso por el presente incumplimiento. Ello, dado que, su recurso no se

perfeccionó adecuadamente.

                                       IV.

       Por los fundamentos expuestos, procedemos a desestimar el

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones