Court Opinion

ID: 9952422
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:25.658803+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.802018
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

   COOPERATIVA DE                               APELACIÓN se acoge
  AHORRO Y CRÉDITO                              como CERTIORARI
     DE CAGUAS                                  procedente del
                                                Tribunal de Primera
 Demandante-Recurrido                           Instancia, Sala de
                                                Bayamón
             v.

JAVIER JUAN ROSARIO             KLAN202300947   Caso Núm.
   RIVERA, NICOLE
MARRERO OTERO Y LA                              D CD2015-0857
 SOCIEDAD LEGAL DE                              (402)
    GANANCIALES

       Demandados                               SOBRE:

  ERIC MARTÍN PAGÁN                             EJECUCIÓN DE
     DÍAZ, VIRGEN                               HIPOTECA IN REM
   MILAGROS RAMOS
 ORTIZ Y LA SOCIEDAD
       LEGAL DE
     GANANCIALES

    Co-Demandados-
      Peticionarios
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

      Comparece la parte peticionaria, Eric Martín Pagán Díaz,

Virgen Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos, para solicitarnos que se revise y revoque la

“Sentencia” dictada el 21 de septiembre de 2023 y notificada el 26

de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón, en la cual declaró Ha Lugar a la Demanda

Enmendada presentada y a la ejecución de hipoteca in rem mediante

sentencia sumaria.

Número Identificador
SEN2024 _____________________
KLAN202300947                                                                     2

       Acogemos el recurso de epígrafe como una petición de

Certiorari por ser el recurso adecuado, como mostraremos adelante.1

Sin embargo, este mantendrá la misma identificación alfanumérica

correspondiente a una apelación.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

expide el auto de certiorari y se revoca la “Sentencia” recurrida. En

su consecuencia, se deniega la moción de sentencia sumaria. Se

devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos

                                         I

       El 7 de abril de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de

Caguas (en adelante, Caguas Coop) instó una Demanda por cobro

de dinero y ejecución de hipoteca en contra de Javier Rosario Rivera,

Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por   ambos      (conjuntamente         “Rosario-Marrero”).        En   apretada

síntesis, el 28 de junio de 2013, Caguas Coop les concedió a los

demandados        un    préstamo      hipotecario      con    el   propósito     de

refinanciar un préstamo hipotecario previo y, posteriormente, los

demandados incumplieron con su obligación, adeudando una

cantidad de $315,533.67, más intereses, costas, y honorarios de

abogado.

       Luego del emplazamiento y un breve trámite procesal, el 31

de agosto de 2015, los demandados presentaron una Solicitud de

Desestimación. Los demandados informaron que no eran los

actuales titulares del inmueble objeto de la acción civil y arguyeron,

entre otras cosas, que la Demanda debió desestimarse por falta de

partes indispensables. De la anejada escritura de compraventa

surgió que, el 3 de agosto de 2010, los demandados habían vendido

1 El término "sentencia" incluye cualquier determinación del Tribunal de Primera

Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse.
Solo debe quedar pendiente su ejecución. Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32
LPRA Ap. V, R. 42.1. Por otro lado, el término “resolución” incluye cualquier
dictamen que pone fin a un incidente dentro del proceso judicial. Id.
KLAN202300947                                                                   3

el inmueble a los compradores, Eric Martín Pagán Díaz y Virgen

Milagros Ramos Ortiz.

       El 9 de marzo de 2016, Caguas Coop se opuso a la solicitud

de desestimación y expresaron que los demandados pretendían

desligarse de su obligación contractual de forma temeraria, que

éstos actuaron de mala fe al ocultar el hecho de la compraventa en

el otorgamiento del préstamo de hipoteca, cuyo hecho vició el

consentimiento de la demandante, y que Caguas Coop cumplió con

su deber de diligencia al haber realizado un estudio de título de la

cual reveló que la compraventa no constaba inscrita en el Registro

de la Propiedad. Por último, señalaron que los actos de los

demandados eran de índole criminal y que podían responder bajo

los Artículos 202 y 212 del Código Penal2.

       El 19 de agosto de 2016, notificada el 31 de agosto de 2016,

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden declarando No

Ha Lugar a la desestimación del pleito. El foro primario razonó que

la venta de la propiedad por la parte demandada no lo liberaba de

responsabilidad debido a que éstos se obligaron con la parte

demandante. Así las cosas, el Foro de Instancia ordenó la enmienda

y emplazamiento de los nuevos codemandados, Eric Pagán Díaz,

Virgen Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales

compuesta por ambos (conjuntamente “Pagán-Ramos”).3

       Ante solicitud de parte, el 26 de septiembre de 2016,

notificada el 28 de septiembre de 2016, el Tribunal de Primera

Instancia dictó Sentencia de Paralización por Quiebra debido a que

los    demandados         Rosario-Marrero        se     sometieron       a    los

2 Arts. 202 y 212 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, según enmendada, 33

LPRA § 5272 y 5282.
3 Notamos que en la Orden del 19 de agosto el Tribunal de Primera Instancia indicó

que la controversia presentada fue resuelta por el Tribunal Supremo en cuanto a
que los nuevos titulares, bajo estas circunstancias, tendrían una acción en daños
en contra de “los que vendieron sin decirle que la casa garantizaba una deuda
hipotecaria”. A nuestro entender, el foro a quo no se percató que la compraventa
ocurrió previo a la otorgación de hipoteca.
KLAN202300947                                                                4

procedimientos de quiebra bajo el Capítulo 13 del Código de Quiebra

de los Estados Unidos4. El 7 de abril de 2017, el Tribunal de

Quiebras emitió un dictamen indicando que los demandados no

podían ser liberados de la deuda hipotecaria por la siguiente razón:

              […] The false and fraudulent misrepresentations
        made by the Defendants to COOP about their ownership
        interest in the real property was intended to, and did,
        deceive and cause injury to Plaintiff. COOP would not
        have refinanced the earlier 2006 loan if it had known
        that Defendants no longer owned the real property
        which secured the original loan. Therefore, pursuant to
        11 U.S.C. §523(a)(2)(A), the court determines that claim
        number 2-1 in the amount of $346,915.51 is
        nondischargeable as a matter of law.5

        En cumplimiento de la Orden emitida por el Tribunal de

Primera Instancia previo a la paralización del pleito, el 14 de octubre

de 2016, Caguas Coop presentó una Demanda Enmendada para

incluir como codemandados al matrimonio Pagán-Ramos. El 4 de

junio de 2018, notificada el 8 de junio de 2018, el foro primario

ordenó la reapertura del caso, autorizó la Demanda Enmendada y

expidió el debido emplazamiento mediante una segunda Orden

emitida el 21 de septiembre de 2018 y notificada el 9 de octubre de

2018.

        Emplazados los codemandados Pagán-Ramos, el 14 de

diciembre de 2018, éstos presentaron un Escrito en Cumplimiento en

la cual solicitaron la desestimación de la Demanda Enmendada o,

en la alternativa, que se declarara con lugar la reconvención

presentada en el mismo escrito, se dispusiera sobre el cumplimiento

específico de Caguas Coop de modificar la hipoteca y se concediera

una indemnización por los daños reclamados. En cambio, el 9 de

abril de 2019, Caguas Coop presentó una Moción en Cumplimiento

de Orden y en Oposición a Solicitud de Desestimación donde solicitó

que se declarara No Ha Lugar a la solicitud de desestimación y la

4 11 U.S.C.A. § 1301 et seq.
5 COOP A/C Caguas v. Rosario Rivera et al. (In re Rosario Rivera), Case No. 16-

06618 BKT, p. 4.
KLAN202300947                                                                  5

reconvención. Así las cosas, el 24 de abril de 2019 y notificada el 1

de mayo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Resolución y declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación,

sin hacer una determinación sobre la reconvención.

       Acaecidos diversos trámites procesales, el Tribunal de Primera

Instancia refirió a las partes múltiples veces al acto de mediación,

de conformidad con la Ley Núm. 184-20126. El proceso de mediación

culminó el 24 de febrero de 2022, con la última reunión entre las

partes en el Centro de Mediación de Conflictos. En esta, el Centro

de Mediación de Conflictos indicó que el proceso concluyó sin

acuerdo y que “el inmueble no constituía la vivienda principal del

deudor hipotecario o de su familia inmediata”.

       El 12 de abril de 2022, los codemandados Rosario-Marrero

presentaron una Moción sobre Demanda Contra Co-Partes. En

apretada síntesis, éstos le solicitaron al foro primario permiso para

presentar demanda en contra del matrimonio Pagán-Ramos por

incumplimiento de contrato debido a que, en la compraventa del

bien inmueble objeto del pleito, el matrimonio Pagán-Ramos se

había obligado a pagar la hipoteca más el mantenimiento de la

urbanización y a gestionar el traspaso de la hipoteca sobre el

inmueble a favor de Master Mortgage7 a su nombre, entre otras

cosas. Ante ello, reclamaron la resolución de la compraventa

incumplida, la devolución de la posesión del inmueble y de la

cuantía de $25,000.00, el pago debido a Caguas Coop por la

hipoteca y cuantías en concepto de daños y perjuicios.

6 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según
enmendada, 32 LPRA § 2881 et seq.
7 Según las alegaciones de varios de los escritos, la hipoteca inscrita sobre la

propiedad a favor de Master Mortgage fue luego cedida al demandante,
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas. No obstante, no se presentó evidencia
de la cesión, por lo que no estamos en posición para determinar o adjudicar sobre
ello.
KLAN202300947                                                      6

       El Foro de Instancia concedió varias prórrogas para que las

partes se expresaran en cuanto a la moción previa y no presentaron

oposición alguna. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó a Caguas Coop a que aclarara si el caso era in rem mediante

Orden emitida el 18 de agosto de 2022, notificada al día siguiente.

Así las cosas, el 26 de agosto de 2022, los demandados Pagán-

Ramos comparecieron mediante Escrito Informativo y esgrimieron

que la acción civil de autos no era in rem. Luego, el 8 de septiembre

de 2022, Caguas Coop presentó una Moción en Cumplimiento de

Orden en la cual aclaró que la demanda se presentó por la vía

ordinaria, pero que, al advenir en conocimiento de la compraventa,

sostuvo que se considerara la presente causa de acción como una

ejecución de hipoteca in rem. Asimismo, el 13 de septiembre de

2022, notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia

declaró No Ha Lugar a la Moción sobre Demanda Contra Co-Partes

por “[ser] este un caso de naturaleza ‘in rem’”.

       Pasado un número de trámites procesales impertinentes a la

controversia ante nos, el 9 de diciembre de 2022, Caguas Coop

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria en donde

solicitó que se declarara con lugar la demanda sumariamente y se

procediera con los procedimientos de ejecución de hipoteca in rem.

Así las cosas, los codemandados Rosario-Marrero presentaron una

moción de desestimación por desistimiento con perjuicio. En dicho

escrito se arguyó que, mediante la moción de sentencia sumaria y

documentos previos, los demandantes desistieron de la acción

personal en contra de los codemandados Rosario-Marrero al

sostener que se trata de una reclamación “in rem”. También

esgrimieron que la moción de sentencia sumaria no cumplía con los

requisitos esbozados en la Regla 36 de Procedimiento Civil8. Por otro

8 32 LPRA Ap. V, R. 36.
KLAN202300947                                                               7

lado, el 6 de febrero de 2023, los codemandados Pagán-Ramos

presentaron una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En

síntesis, alegaron incumplimiento con la Ley Núm. 184-20129 por

falta de buena fe de la parte demandante y argumentaron que la

sentencia sumaria no procedía por no cumplirse con los requisitos

de forma.

       El 16 de mayo de 2023, notificada el 26 de mayo de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la cual

señaló que la solicitud de sentencia sumaria no cumplía con las

formalidades de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil10 y le concedió

a la parte demandante un término de veinte (20) días para presentar

el escrito enmendado, so pena de renuncia. Simultáneamente, el

foro primario dictó Sentencia Parcial en Cuanto a Javier Juan Rosario

Rivera, Nicole Marrero Otero y su Sociedad de Gananciales,

desestimando con perjuicio la causa de acción en contra de los

codemandados Rosario-Marrero por tratarse de una ejecución de

hipoteca bajo la modalidad in rem.

       El 6 de julio de 2023, Caguas Coop presentó la solicitud de

sentencia sumaria enmendada y el Tribunal de Primera Instancia

ordenó a la parte demandada a replicar en un término de veinte (20)

días. Transcurrido dicho término sin que los demandados Pagán-

Ramos replicaran, el 21 de septiembre de 2023, notificada el 26 de

septiembre, el Foro de Instancia dictó “Sentencia” declarando Ha

Lugar a la demanda in rem y dispuso que la propiedad hipotecada

sea vendida en pública subasta. Particularmente, el foro primario

indicó que no existía controversia de hechos alguna en cuanto a que

la parte demandada venía obligada a pagar los plazos mensuales del

contrato de hipoteca y que ésta incumplió su obligación de pagar la

9 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según
enmendada, supra.
10 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
KLAN202300947                                                    8

misma. Además, el Tribunal de Primera Instancia hizo las siguientes

determinaciones de hechos:

    1. La parte demandante Cooperativa de Ahorro y Crédito
       de Caguas es una entidad cooperativista creada al
       amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico, la cual se dedica a la prestación de
       servicios financieros.

    2. Los co-demandados Javier Juan Rosario Rivera y
       Nicole Marrero Otero estaban casados entre sí al
       momento de constituir la hipoteca objeto de la
       presente causa de acción.

    3.    La Demanda en el caso de autos fue enmendada el
         14 de octubre de 2016 para incluir como
         codemandados a Eric Martín Pagán Díaz, Virgen
         Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de
         Gananciales compuesta por ambos como nuevos
         titulares de la propiedad inmueble objeto de la
         presente causa de acción, siendo emplazados
         personalmente el 22 de octubre de 2018.

    4. Las partes demandadas tienen capacidad jurídica
       para demandar y ser demandadas, son mayores de
       edad, no padecen de incapacidad mental o
       impedimento legal y no se encuentran sirviendo en
       las fuerzas armadas de los Estados Unidos de
       América.

    5. El 28 de junio de 2013, Caguas Coop les concedió a
       las partes co-demandadas, Javiera Juan Rosario
       Rivera y su esposa Nicole Marrero Otero, un préstamo
       hipotecario por la cantidad $302,800.00 más los
       intereses a razón de 6.5% anual sobre el balance
       adeudado.

    6. Las partes co-demandadas[,] Javier Juan Rosario
       Rivera y su esposa Nicole Marrero Otero[,]
       constituyeron una hipoteca mediante la escritura
       número 142, otorgada en Caguas, Puerto Rico, el 28
       de junio de 2013, ante la notaria Teresa Pacheco
       Camacho y un Pagaré por la suma y fecha
       anteriormente indicadas suscrito bajo afidávit
       número 7,255.

    7. El inmueble objeto de la presente ejecución ubica en:
       Urbanización Ciudad Jardín, 105 Calle Anturium,
       Toa Alta, Puerto Rico 00963.

    8. Las partes co-demandadas de epígrafe, Javier Juan
       Rosario Riverra, Nicole Marrero otero y la Sociedad
KLAN202300947                                                     9

        Legal de Gananciales compuesta por ambos, son los
        dueños registrales del inmueble gravado por el
        Contrato de Hipoteca que se pretende ejecutar. La
        descripción registral de la propiedad es la siguiente:

         URBANA: Solar marcado con el número ciento cinco
         (105) de la Urbanización Ciudad Jardín (La
         Providencia), localizada en los barrios Piñas de Toa
         Alta y Pájaros de Bayamón, Puerto Rico, con una
         cabida superficial de QUINIENTOS PUNTO CERO
         CERO METROS CUADRADOS (500.00 M.C.). En
         lindes por el Norte, en una distancia de veinte punto
         cero cero (20.00) metros, con los solares número
         ciento uno (101) y número ciento dos (102); por el
         Sur, en una distancia de veinte punto cero cero
         (20.00) metros, con la calle “B”; por el Este, en una
         distancia de veinticinco punto cero cero (25.00)
         metros, con el lote número ciento seis (106) y por el
         Oeste, en una distancia de veinticinco punto cero
         cero (25.00) metros, con el lote número ciento ocho
         (108).

         Enclava una casa de concreto diseñada para una
         familia.

         Consta inscrita al folio doscientos noventa y siete
         vuelto (297 vto.) del tomo trescientos treinta y cinco
         (335) de Toa Alta, finca número dieciséis mil
         seiscientos cuarenta y dos (16,642), Registro de la
         Propiedad de Bayamón, Sección Tercera.11

     10. Los demandados[,] Javier Juan Rosario Rivera,
         Nicole Marrero Otero, Eric Martín Pagán Díaz y
         Virgen Milagros Ramos Ortiz realizaron negocio
         jurídico entre sí, en el que otorgaron Escritura de
         Compraventa sobre la propiedad descrita en el
         expositivo que antecede, la cual nunca fue
         presentada al Registro de la Propiedad.

     11. Según la Escritura Número tres (3) otorgada ante la
         Notari[a] Yayma López Roldán el 3 de agosto de 2010,
         los demandados realizaron el negocio jurídico de
         Compraventa. No obstante, para el año 2013, los
         demandados, Javier Juan Rosario Rivera y Nicole
         Marrero Otero, realizaron una refinanciamiento de la
         deuda que pesaba sobre la misma a favor de Master
         Mortgage, quien a su vez había cedido dicho
         préstamo a la parte demandante.

     12. La parte demandada adeuda a la parte demandante
         las mensualidades vencidas desde el mes de

11 Hacemos constar que el Tribunal de Primera Instancia no hizo una
determinación enumerada con un nueve (9).
KLAN202300947                                                  10

       septiembre del 2014, y así sucesivamente todas las
       mensualidades vencidas cada día primero de todo
       subsiguiente mes.

    13. La parte demandante radicó la presente causa de
        acción el 7 de abril de 2015.

    14. La parte demandada, Javiera Juan Rosario Rivera,
        Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de
        Gananciales   compuesta    por   ambos      fueron
        emplazados personalmente el 28 de abril de 2015.

    15. La parte demandada Javier Juan Rosario Rivera,
        Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de
        Gananciales compuesta por ambos, iniciaron un
        procedimiento de Quiebra ante la Corte de Quiebras
        por lo cual la parte demandante presentó una
        Moción Solicitando la Paralización de los
        Procedimientos por Quiebra, siendo dictada la
        Sentencia de Paralización por Quiebra el 26 de
        septiembre de 2016 por ese Honorable Tribunal.

    16. La Demanda en el caso de autos fue enmendada el
        14 de octubre de 2016 para incluir como
        codemandados a Eric Martin Pagán Díaz, Virgen
        Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de
        Gananciales compuesta por ambos como nuevos
        titulares de la propiedad inmueble objeto de la
        presente causa de acción.

    17. Las partes co-demandadas fueron debidamente
        emplazadas, según surge de la presente moción y la
        prueba documental que se acompaña.

    18. El procedimiento instado ante la Corte de Quiebras
        por los demandados Javier Juan Rosario Rivera,
        Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de
        Gananciales compuesta por ambos fue desestimado,
        por lo cual la parte demandante presentó Moción
        Solicitando la Reapertura de Caso el 30 de mayo de
        2018. Se dictó Orden sobre Reapertura de caso el 4
        de junio de 2018 y notificada el 8 de junio de 2018.

    19. Los codemandados Eric Martín Pagán Díaz, Virgen
        Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de
        Gananciales   compuesta     por   ambos     fueron
        emplazados personalmente el 22 de octubre de 2018.

    20. Los codemandados Eric Martín Pagán Díaz, Virgen
        Milagros Ramos Ortiz y la Sociedad Legal de
        Gananciales compuesta por ambos presentaron su
        contestación a la demanda enmendada el 14 de
        febrero de 2019.
KLAN202300947                                                                    11

      21. Los codemandados Javier Juan Rosario Rivera,
          Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de
          Gananciales compuesta por ambos presentaron su
          contestación a la demanda enmendada el 25 de
          febrero de 2019.

      22. El caso fue referido al Centro de Mediación de
          Conflictos para el proceso de mediación compulsoria
          en los casos de ejecución de hipoteca, sin que se
          lograra un acuerdo que pudiera poner fin a la
          controversia.

      23. Así las cosas, se ordenó la continuación de los
          procedimientos judiciales, solicitando la parte
          demandante la conversión de su reclamación como
          una “In Rem” mediante Moción en Cumplimiento de
          Orden presentada el 8 de septiembre de 2022, siendo
          dicha solicitud declarada Ha Lugar por este
          Honorable Tribunal.

      24. Al momento de radicar la demanda, cantidad
          adeudada por la parte demandada ascendía a
          $315,533.67, la cual acumula un interés diario de
          $54.35.

      25. No obstante las gestiones de cobro realizadas por la
          parte demandante, la obligación evidenciada ha sido
          incumplida por la parte demandada siendo la misma
          líquida y exigible.

      26. Aunque todos los co-demandados12 comparecieron
          en diferentes etapas del procedimiento y presentaron
          sus correspondientes alegaciones responsivas,
          ninguno de ellos presentó evidencia alguna de pago.

      27. La demandante ejercita su derecho de declarar la
          totalidad de la deuda vencida, ascendente a la suma
          de $315,533.67 más intereses a razón del 6.5%
          anual hasta su total pago y la suma adicional de
          $30,280.00 por concepto de costas, gastos y
          honorarios de abogado pactados en la obligación que
          evidencia la deuda.

      28. La parte demandante solicitó que presente causa de
          acción sobre ejecución de hipoteca se convirtiera en
          una “In Rem”, por lo cual la demanda se dirige
          únicamente     contra   la   propiedad    inmueble
          hipotecada independientemente de quién la posee,

12 El Tribunal de Primera Instancia hizo aquí la siguiente nota al calce: “El 16 de

mayo de 2023 se dictó Sentencia Parcial desestimando con perjuicio la demanda
de EN CUANTO A JAVIER JUAN ROSARIO RIVERA, NICOLE MARRERO OTERO
Y SU SOCIEDAD DE GANANCIALES”.
KLAN202300947                                                                12

          respondiendo la propiedad misma a la parte
          demandante por el pago total de las sumas
          reclamadas en la presente demanda.

       Inconforme y prescindiendo sobre la presentación de una

reconsideración, el 25 de octubre de 2023, los demandados-

apelantes Pagán-Ramos presentaron el recurso de apelación,

acogida como auto de certiorari, ante nos con el siguiente

señalamiento de error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       DICTAR SENTENCIA SUMARIA DECLARANDO HA
       LUGAR LA DEMANDA IN REM; EN VIOLACIÓN Y
       MENOSCABO DE LA LEY 184-2012 Y DERECHOS DE
       LA PARTE APELANTE.

       El 13 de diciembre de 2023, este Tribunal de Apelaciones le

solicitó al Tribunal de Primera Instancia los autos originales del caso

en calidad de préstamo. Examinado el recurso en su totalidad y con

la comparecencia de ambas partes, procedemos a establecer el

derecho aplicable y resolver.

                                       II

A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones del tribunal recurrido.13 La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil14 establece los preceptos que regulan la

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.15 En

lo pertinente, la Regla 52.1, supra, dispone lo siguiente:

             El recurso de certiorari para revisar resoluciones
       u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
13 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v.
BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).
14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
15 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).
KLAN202300947                                                                13

        obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
        el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
        resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
        Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
        sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
        anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
        familia, en casos que revistan interés público o en
        cualquier otra situación en la cual esperar a la
        apelación constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
        certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
        tiene que fundamentar su decisión.

              Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
        expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser
        revisada en el recurso de apelación que se interponga
        contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50
        sobre los errores no perjudiciales.16

        La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión justiciera.

17   Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto de

certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.18

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones19 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de

certiorari.20 La referida regla dispone lo siguiente:

        El tribunal tomará en consideración los siguientes
        criterios al determinar la expedición de un auto de
        certiorari o de una orden de mostrar causa:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        (B) Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1
17 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.
18 Id.
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
20 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil
Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v.
BBVAPR, supra, págs. 338-339.
KLAN202300947                                                                 14

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

         Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y

solamente por razones de peso.21 Es por ello que los tribunales

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee

un remedio adecuado para corregir el error señalado.22 Nuestro

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1)

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.23

B. La Sentencia, Sentencia Parcial y Resolución

         La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil24 define

una sentencia como “cualquier determinación del Tribunal de

Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de

la cual pueda apelarse”. Asimismo, el Tribunal Supremo ha

establecido que “una sentencia es final o definitiva cuando resuelve

el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma

21 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).
22 Id.
23 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al., 210

DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
24 32 LPRA Ap. V, R. 42.1.
KLAN202300947                                                       15

tal que no queda pendiente nada más que la ejecución de

sentencia”.25

        No obstante, cuando un pleito contenga más de una

reclamación o figuren en él partes múltiples, el Tribunal podrá dictar

una sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o

partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya

expresamente que no existe razón para posponer que se dicte

sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del

pleito y siempre que se ordene expresamente que se registre la

sentencia.26

        En cambio, la Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil

define la resolución como “cualquier dictamen que pone fin a un

incidente dentro del proceso judicial”.27 En otras palabras, la

resolución es “aquella decisión en la cual se adjudica un incidente

respecto al procedimiento o a los derechos y obligaciones de algún

litigante o en cuanto a algún aspecto de la reclamación o

reclamaciones que se dilucidan en el proceso, bien sea antes o ya

sea después de dictarse la sentencia”.28

        Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, en

cuanto a la sentencia y resolución, ninguna de las dos constituye

un término genérico dentro del cual pueda entenderse comprendida

la otra debido a que existe una diferencia conceptual categórica

entre ellas.29 No es la designación lo que determina si el dictamen

es una resolución o una sentencia, pues, un dictamen judicial puede

titularse sentencia y ser realmente una resolución y viceversa.30 Por

ello, el Tribunal Supremo ha señalado que “si un tribunal dicta una

resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a todas las

25 García v. Padró, 165 DPR 324, 332 (2005).
26 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.
27 32 LPRA Ap. V, R. 42.1.
28 García v. Padró, supra.
29 Id., págs. 332-333.
30 Id., pág. 333.
KLAN202300947                                                                 16

controversias entre las partes, se constituye en una sentencia final

de la cual puede interponerse recurso de apelación”.31 De igual

modo, si un Tribunal dicta una sentencia parcial que no cumple

con los requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil32, la

sentencia no será apelable por no ser final y realmente

constituirá una resolución que sólo podrá ser revisada mediante

recurso de certiorari.33

C. Sentencia Sumaria

         La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que tiene

como propósito la solución, justa, rápida y económica de los litigios

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos

materiales y que, por lo tanto, no ameritan la celebración de un

juicio en su fondo.34 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil35 establece

que las partes podrán presentar una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación

solicitada.36 La sentencia sumaria es una excepción al juicio

mediante testimonios vivos frente al juzgador de los hechos.37 La

parte que solicita la sentencia sumaria tiene la responsabilidad de

demostrar de manera clara que el promovido no puede prevalecer

mediante ningún supuesto de hechos y que el tribunal cuenta con

la verdad sobre todos los hechos necesarios para resolver la

controversia ante su consideración.38

31 Id.
32 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.
33 García v. Padró, supra, págs. 333-334.
34 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., 208 DPR 964, 979 (2022).
35 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.
36 Id.
37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
38 Id., pág. 473.
KLAN202300947                                                                  17

       Por su parte, el Tribunal tiene discreción para conceder o no

la sentencia sumaria, ya que el mal uso de esta puede despojar a un

litigante de su día en corte, lo cual coartaría su debido proceso de

ley.39 Es por lo anterior, que no es aconsejable que se utilice el

mecanismo de sentencia sumaria cuando hay elementos subjetivos,

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor

de credibilidad sea esencial para dilucidar la controversia que deban

ser evaluados por el juzgador.40 No obstante, el Tribunal puede

utilizar el mecanismo de sentencia sumaria, aun cuando hay

elementos subjetivos, si la evidencia que será considerada en la

solicitud surge que no existe controversia en cuanto a los hechos

materiales.41 Ahora bien, antes de utilizar el mecanismo de

sentencia sumaria, el Tribunal debe evaluar lo siguiente:

       (1) analizará los documentos que acompañan la moción
       solicitando la sentencia sumaria y los documentos
       incluidos con la moción en oposición y aquellos que
       obren en el expediente del tribunal; (2) determinará si
       el oponente controvirtió algún hecho material o si hay
       alegaciones de la demanda que no han sido
       controvertidas o refutadas en forma alguna por los
       documentos.42

       En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia no podrá dictar

sentencia sumaria cuando: “(1) existan hechos materiales y

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la

demanda que no ha sido refutadas; (3) surja de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no

proceda.”43

        Ahora bien, si la otra parte desea derrotar una moción de

sentencia sumaria, deberá presentar declaraciones juradas y

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por

39 Roing Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990).
40 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 980.
41 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 442-443.
42 Management Administration Services, Corp v. ELA, 152 DPR 599, 611 (2000).
43 Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, 208 DPR 310, 335 (2021)
KLAN202300947                                                                18

el promovente.44 No obstante, el solo hecho de no presentar

evidencia que controvierta la presentada por el promovente, no

implica necesariamente que procede la sentencia sumaria.45 Los

jueces no están constreñidos por los hechos o documentos

evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria,

sino que tienen el deber de considerar todos los documentos en

autos, incluso aquella que no haya formado parte de la solicitud, sin

dirimir cuestiones de credibilidad.46

        En cuanto al estándar de revisión aplicable al Tribunal de

Apelaciones al momento de revisar la determinación del foro

primario de conceder o denegar la sentencia sumaria, el foro

intermedio apelativa solo puede:

               (1) considerar los documentos que se presentaron
        ante el foro primario —cual implica que, en apelación
        los litigantes no pueden añadir prueba que no fue
        presentada oportunamente ante el foro primario, ni
        esbozar nuevas teorías—, (2) determinar si existe o no
        alguna controversia genuina de hechos materiales y
        esenciales, y (3) determinar si el derecho se aplicó de
        forma correcta.47

        Por utilizar los mismos criterios de evaluación, los foros

apelativos se encuentran en la misma posición que el tribunal de

instancia.48 Ahora bien, el Tribunal Supremo estableció que el

estándar a seguir para revisar la denegatoria o concesión de una

moción de sentencia sumaria es el siguiente:

         (1) que el Tribunal de Apelaciones se encuentre en la
        misma posición del Tribunal de Primera Instancia al
        momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria, y
        que esta revisión sea de novo;

        (2) que el Tribunal de Apelaciones revise que tanto la
        moción de sentencia sumaria como su oposición
        cumplan con los requisitos de forma codificados en las
        Reglas de Procedimiento Civil;

        (3) que el Tribunal de Apelaciones revise si en realidad
        existen hechos materiales en controversia y si existen
        debe exponer concretamente cuáles hechos materiales

44 PFZ Props, Inc v Gen, Acc Ins. Co. 136 DPR 881, 912-913 (1994).
45 Id., pág. 913.
46 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).
47 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 981.
48 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 116 (2015).
KLAN202300947                                                                      19

       encontró que están en controversia y cuáles están
       incontrovertidos, y

       (4) si los hechos materiales realmente son
       incontrovertidos, el foro apelativo intermedio procederá
       entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera
       Instancia aplicó correctamente el Derecho en la
       controversia.49

D. Los requisitos de la hipoteca

       Según el antiguo Código Civil de Puerto Rico50, la hipoteca, al

igual que la prenda, es un derecho real de garantía que tiene como

requisitos esenciales los siguientes:

       1. Que se constituya para asegurar el cumplimiento de
       una obligación principal.

       2. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en
       propiedad al que la empeña o hipoteca.

       3. Que las personas que constituyan la prenda o
       hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o
       en caso de no tenerla, se hallen legalmente
       autorizadas al efecto.51 (Énfasis Nuestro).

       También, como requisito adicional, es de esencia que, vencida

la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que

consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor.52 En cuanto a

la hipoteca en particular, resulta indispensable que el documento

en que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad para

que la hipoteca quede válidamente constituida.53 Sin ello no nace el

derecho de garantía de la hipoteca.

       La derogada Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 197954 establecía

que una hipoteca voluntaria es aquella convenida entre partes o

impuesta por disposición del dueño del bien o derecho sobre que

49 Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc., supra, pág. 982.
50 Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 31 LPRA § 1

et seq.
51 Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado,

31 LPRA § 5001. Este artículo ha sido derogado por la Ley Núm. 55-2020, también
conocido como el Código Civil de Puerto Rico de 2020, según enmendado. No
obstante, debido a la fecha en la que ocurrieron los hechos, la ley aplicable al caso
de autos es la previamente citada.
52 Art. 1757 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado,

31 LPRA § 5002.
53 Art. 1774 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado,

31 LPRA § 5042.
54 Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de

1979, según enmendada, 30 LPRA § 2001 nota et seq.
KLAN202300947                                                                  20

la se constituye y únicamente podrá ser establecida por quienes

tengan la libre disposición de dicho bien o derecho o, en caso de

no tenerla, se hallen autorizado para ello con arreglo a las leyes.55

Éstas debían ser otorgadas por quienes tienen la facultad de

constituir hipotecas voluntarias, sea por sí mismo o por medio de

un apoderado.56 No obstante, la hipoteca otorgada por el que no

tenga derecho para ello será nula, aunque el otorgante adquiera

después dicho derecho.57

                                        III

       Como único error señalado, los peticionarios arguyeron que el

Tribunal de Primera Instancia incidió al dictar sentencia sumaria y

no considerar y verificar el cumplimiento con la Ley Núm. 184-

201258. Los peticionarios esgrimieron que la parte demandante-

recurrida no actuó de buena fe por no haberle dado curso a la

solicitud de los apelantes sobre refinanciamiento de la deuda

mediante préstamo. De la misma forma, los peticionarios alegaron

que la existencia o ausencia de la buena fe en el proceso de

mediación por Caguas Coop constituye un hecho material en

controversia que le impedía al Tribunal de Primera Instancia dictar

la sentencia sumaria. Empero, dicho planteamiento de error es

académico y no formará parte de nuestra discusión. Así pues, ante

un concienzudo estudio del expediente original en su totalidad y del

derecho aplicable, resulta forzoso concluir que la hipoteca objeto de

la demanda es nula. Veamos.

55 Art. 182 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de

8 de agosto de 1979, según enmendada, 30 LPRA § 2601. Esta ley fue derogada
por la Ley Núm. 210-2015, conocida como la Ley del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sin embargo, hacemos
referencia a la precitada ley debido a que la hipoteca se otorgó en el año 2013,
durante la vigencia de la ley derogada, haciendo ésta la ley aplicable al caso ante
nos.
56 Art. 183 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de

8 de agosto de 1979, según enmendada, 30 LPRA § 2602.
57 Id.
58 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según
enmendada, 32 LPRA § 2881 et seq.
KLAN202300947                                                                  21

       Revisitemos brevemente los hechos constitutivos del caso de

epígrafe. Según la escritura de compraventa del inmueble objeto de

la acción civil, el 3 de agosto de 2010, el matrimonio Rosario-

Marrero vendió el bien inmueble a los peticionarios Pagán-Ramos.

El inmueble estaba hipotecado a favor de Master Mortgage

Corporation. Como parte de las estipulaciones, los peticionarios se

obligaron a continuar pagando la hipoteca que gravaba el inmueble

con pagos mensuales y a gestionar el traspaso de dicha hipoteca a

su nombre en el término de dieciocho (18) meses.59 Sin embargo, la

escritura de compraventa no fue inscrita posteriormente en el

Registro de la Propiedad, por lo cual los titulares registrales eran

Javier Rosario Rivera, Nicole Marrero Otero y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos. En otras palabras, existía una

inexactitud en el Registro de la Propiedad, pues, los titulares eran,

y continúan siendo, los peticionarios, Eric Pagán Díaz y Virgen

Ramos Ortiz.

       Así las cosas, el 28 de junio de 2013, el matrimonio Rosario-

Marrero otorgó un préstamo hipotecario con Caguas Coop sobre el

mismo inmueble que le vendieron hacían tres (3) años a los

peticionarios con el propósito de refinanciar la hipoteca a favor de

Master Mortgage Corporation. Según los escritos de las partes, el

matrimonio      Rosario-Marrero        le   ocultó    a   Caguas     Coop     la

compraventa del inmueble e inexactitud del Registro de la Propiedad

al otorgar el nuevo préstamo hipotecario con Caguas Coop. Incluso,

anotamos que la Corte de Quiebras determinó expresamente que la

deuda reclamada en la Demanda Enmendada no era descargable

59 El 12 de abril de 2022, los demandados, Javier Rosario Rivera y Nicole Marrero

Otero, presentaron una Moción sobre Demanda Contra Co-Partes en la cual
solicitaron la autorización del Tribunal de Primera Instancia para demandar a
Eric Pagán Díaz y Virgen Ramos Ortiz por incumplimiento de contrato al no haber
hecho los pagos mensuales pactados y nunca gestionar el traspaso de la hipoteca.
No obstante, el Foro de Instancia declaró No Ha Lugar a la moción por entender
que éste era un caso de naturaleza in rem. Véase Orden del 13 de septiembre de
2022, notificada al día siguiente.
KLAN202300947                                                                 22

debido a que concluyó que la hipoteca que aseguraba la misma se

constituyó fraudulentamente.

       Considerando los hechos antes esbozados, es evidente que

el matrimonio Rosario-Marrero no tenía la libre disposición para

enajenar el bien inmueble objeto del préstamo hipotecario ni

eran los dueños del inmueble, pues, había vendido ésta a los

peticionarios tres (3) años previo a la otorgación del contrato

hipotecario. De los escritos ni del expediente original ante nos

surge tampoco que el matrimonio Rosario-Marrero estuviese

legalmente autorizado para ello. El Artículo 1756 del Código Civil

de 193060, ley aplicable al otorgarse la hipoteca, claramente

establecía que la libre disposición del bien o la debida autorización

legal al efecto, así como la titularidad del inmueble hipotecado eran

requisitos esenciales para que se constituya válidamente el derecho

real de garantía que es la hipoteca. Más aún, el Artículo 183 de Ley

Núm. 198 de 8 de agosto de 197961, también aplicable al otorgarse

la hipoteca, establecía que la hipoteca otorgada por aquel que no

tenga derecho para ello será nula, aunque el otorgante adquiera el

derecho posteriormente.

       Evidentemente, el préstamo hipotecario otorgado entre

Caguas Coop y el matrimonio Rosario-Marrero no cumple con los

requisitos esenciales establecidos por ley y, en su consecuencia, es

nula, primordialmente debido a que el matrimonio Rosario-Marrero

no tenía la libre disposición o derecho legítimo para haber otorgado

la hipoteca y porque no ostentaban la titularidad sobre el bien para

otorgarla.    Resolver    al   contrario    permitiría     la   premiación     y

convalidación de hipotecas cometidas mediante fraude, omisión o

60 Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado,

supra.
61 Art. 183 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de

8 de agosto de 1979, según enmendada, supra.
KLAN202300947                                                      23

por personas sin derecho para ello, cuyo efecto intentó evitar el

legislador mediante las referidas legislaciones.

       Por último, aclaramos que la “Sentencia” dictada por el

Tribunal de Primera Instancia realmente constituye una resolución.

Nos explicamos. Los codemandados Pagán-Ramos presentaron una

solicitud de desestimación y una reconvención el 14 de diciembre de

2018 mediante Escrito en Cumplimiento. Aunque el Tribunal de

Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud de

desestimación, nada dispuso sobre la reconvención, quedando esta

pendiente de adjudicación. La “Sentencia” recurrida no hace

ninguna de las expresiones requeridas por la Regla 42.3 de

Procedimiento Civil62, por lo que no puede considerarse tampoco

como una sentencia parcial que dispuso de forma final las

controversias acumuladas en la Demanda Enmendada. En vista de

lo anterior, quedan aún pendientes de adjudicación final las

controversias esgrimidas en la Demanda Enmendada y en la

reconvención. Ello es así, puesto que hemos concluido

expresamente que el foro de instancia erró al conceder la

solicitud de sentencia sumaria interpuesta por Caguas Coop ya

que la hipoteca que garantizaba la deuda original es nula, por

no haberla constituido los dueños del inmueble o quienes tenían

la libre disposición para subscribir dicho negocio jurídico.

       A base de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia deberá

evaluar y tomar las previsiones que entienda pertinentes.

                                 IV

       Por los fundamentos antes expresados, las cuales hacemos

formar parte de este dictamen, se expide el auto de certiorari y se

revoca la “Sentencia” recurrida dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón. En su consecuencia, se

62 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.
KLAN202300947                                                    24

deniega la moción de sentencia sumaria. Se devuelve al Tribunal de

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones