Court Opinion

ID: 9896811
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:21:20.377888+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.445804
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                                             PANEL III

                 FELIPE LANDRAU                               Certiorari
                 CABEZUDO ET AL                               procedente del
                                                              Tribunal de
                       Recurrida                              Primera Instancia,
                                                              Sala Superior de
                           V.                                 San Juan
                                            KLCE202300810
               AUTORIDAD DE LOS                               Caso Núm.:
              PUERTOS DE PUERTO                               K PE2017-1199
                 RICO Y OTROS                                 (908)

                       Peticionario                           Sobre:
                                                              IGUAL PAGA POR
                                                              IGUAL TRABAJO
            Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
            Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                           SENTENCIA

            En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

                   La peticionaria, Autoridad de los Puertos, solicita que revisemos

            la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a desestimar

            sumariamente la demanda porque la controversia es cosa juzgada.

                   Los hechos esenciales para comprender la determinación que hoy

            tomamos se incluyen a continuación.

                                                 I

                   Los empleados de la Autoridad de Puertos están agrupados en

            dos uniones distintas. Estas uniones son la hermandad de Empleados

            de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO o hermandad) y la Unión

            de Empleados de Muelles (UDED). La UDED no tiene auxiliares de

            agrimensores entre sus unionados. Los recurridos trabajan como

            auxiliares de agrimensores en la Autoridad y pertenecen a la

            Hermandad. Durante el año 1996, la Hermandad negoció con la

            Autoridad que los miembros de su matrícula en puestos con tareas

            similares a los unionados de la UDED tendrían paridad salarial. No

            obstante, los auxiliares de agrimensores no fueron incluidos en el

            acuerdo, porque la UDED no tiene unionados en ese puesto. Sin

Número Identificador

SEN2023________________
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embargo, ocasionó que empleados en otros puestos, con tareas menos

complejas, con menor preparación académica y a los que no se les exige

una licencia, tengan un ingreso mayor al que reciben los auxiliares de

agrimensura.

      La Hermandad negoció un nuevo convenio colectivo con la

Autoridad en el año 2012, en el cual el Artículo de Retribución y

Clasificación no sufrió ningún tipo de cambio y fue ratificado por la

matrícula de la unión.

      Durante el año 2013, la Hermandad pidió a la Autoridad que

reclasificara el puesto de auxiliar de agrimensores. La Autoridad lo

reclasificó en la Escala 8. La Hermandad pidió reconsideración, porque

los auxiliares de agrimensores debían estar en una escala más alta.

Según la Hermandad, los auxiliares de agrimensores debían estar en la

misma escala salarial que el resto de los puestos descritos como

auxiliares. La Autoridad denegó la reconsideración por tardía.

      La Hermandad acudió al proceso de arbitraje. El árbitro redujo la

controversia a determinar, si la Autoridad reasignó los puestos de

auxiliares de agrimensores conforme a los Artículos XII y XIII del

Convenio Colectivo. El árbitro concluyó que la Hermandad no demostró

que la Autoridad violó el convenio colectivo, ni incumplió con el

procedimiento para la reasignación de puestos. El 17 de octubre de

2016 ordenó el cierre con perjuicio y archivó el caso.

      El 27 de abril de 2017, los recurridos demandaron a la Autoridad

y a la Hermandad porque las escalas salariares negociadas en el

convenio colectivo violentaron el derecho de los auxiliares de

agrimensores a recibir igual paga por igual trabajo.

      La demanda incluyó las alegaciones siguientes. Los demandantes

trabajan en la Autoridad como Auxiliares de Agrimensores y pertenecen

a la Hermandad. La Autoridad y la Hermandad negociaron un convenio

que ubica a los auxiliares de agrimensores en una escala salarial

inferior a la de otros auxiliares. La negociación es injusta porque a los
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auxiliares de agrimensores se les exige una preparación académica

superior y realizan igual o más trabajo. Los auxiliares de otros puestos

tienen un salario de $1,888.25 o más mensuales, mientras que los

auxiliares de agrimensura solo reciben $1,200.00 mensuales.1 La

Hermandad incumplió con su deber de representación, porque negoció

convenios en los que se discrimina contra los auxiliares de

agrimensores. La Autoridad ha sido negligente, porque no ha revisado

ni aplicado el plan de retribución, de manera que corrija esa disparidad

salarial. La actuación de la Autoridad ha quebrantado el derecho

constitucional de los recurridos a recibir igual paga por igual trabajo.

Los demandantes tienen derecho a recibir el pago de los salarios

dejados de recibir por el tiempo de la disparidad y una indemnización

por daños y perjuicios.2

          La Autoridad solicitó la desestimación de la demanda porque la

controversia es cosa juzgada. La Hermandad hizo lo propio. Ambas

adujeron que la controversia fue adjudicada en el laudo de arbitraje

emitido por el Negociado de Arbitraje el 16 de octubre de 2016.

          El TPI realizó una vista argumentativa y concluyó que no

existente identidad entre las controversias del proceso de arbitraje y la

de este caso. Según el TPI, la controversia en el proceso de arbitraje se

circunscribió a los Artículos XII y XIII del Convenio Colectivo y a la

reasignación de puestos. No obstante, entendió que la controversia ante

su consideración era distinta, porque los demandantes cuestionaban

la      constitucionalidad   del   Artículo    XX   del   Convenio    Colectivo

relacionados a la compensación.

          El foro primario concluyó que la controversia tampoco era

arbitrable, porque el Artículo XLII del convenio limita el arbitraje a

reclamaciones       relacionadas      a   la    interpretación,      aplicación,

1 Página 844.
2 Íd.
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administración o alegada violación del convenio.3 Por otro lado, resolvió

que la reclamación no estaba prescrita, porque los daños alegados son

de   naturaleza   continua.   Según    el   TPI,   la   violación   persiste

ininterrumpidamente, cada vez que el patrono hace el pago.

       Al TPI le quedó claro que los demandantes tienen derecho a

cuestionar judicialmente las acciones discriminatorias incluidas en el

convenio colectivo. Fue enfático en que los obreros pueden cuestionar

un convenio colectivo, cuando la unión actuó de forma arbitraria,

discriminatoria o de mala fe. Además, advirtió que una demanda con

esas alegaciones no está sujeta al arbitraje. El TPI reconoció que no

existe justificación para la marcada diferencia salarial existente entre

los Auxiliares de Agrimensores y el resto de los auxiliares. El tribunal

hizo hincapié en que los deberes de los Auxiliares de Agrimensura son

de mayor responsabilidad y a que se les requiere mayor preparación

académica y una licencia. No obstante, descartó que la diferencia

salarial obedezca a la negociación de paridad salarial, porque ese

acuerdo fue en el año 1996 y venció en el año 2001. Además de que no

incluyó el Exhibit A, en el que se establece que los empleados de menor

jerarquía reciben un salario sustancialmente superior a otros de mayor

jerarquía. El TPI concluyó que esa disparidad violentó el propósito del

plan de clasificación del convenio, de agrupar verticalmente las clases

con características similares y de aplicarles la misma escala de salarial.

       El 31 de julio de 2018, el TPI se negó a desestimar sumariamente

la demanda porque está en controversia:

       (1) si la Autoridad veló por mantener actualizado el Plan de
           Clasificación de Puestos. Artículo XX, Sección 4.

       (2) si la unión incumplió su deber de representación,
           porque negoció un convenio con condiciones de trabajo
           inferiores para un grupo de empleados.

3 Página 738.
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       La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones en el

KLCE201801310 y este tribunal denegó la expedición del recurso.4

       Las partes presentaron el Informe de Conferencia con Antelación

al Juicio, en la que estipularon una gran cantidad de hechos.

       El 4 de noviembre de 2022, la peticionaria presentó otra solicitud

de sentencia sumaria. La Autoridad alegó nuevamente que la

controversia se resolvió en el laudo de arbitraje e invocó por segunda

ocasión las doctrinas de impedimento colateral y cosa juzgada.

       Por otro lado, la Autoridad adujo que los recurridos no pueden

cuestionar el convenio, porque fue negociado por su representante

sindical. Además, alegó que la causa de acción de los demandantes

prescribió, debido a que se presentó vencido el término de un año. El

patrono adujo que ese término comenzó a partir del último convenio

colectivo otorgado en el año 2012 y la demanda se presentó tardíamente

en el año 2017.

       Por último, adujo que los recurridos no podían reclamar igual

paga por igual trabajo, porque las tareas de los auxiliares de

agrimensura no son iguales a las de los otros auxiliares con los que

pretenden compararse.

       Los recurridos alegaron que la doctrina de cosa juzgada no

aplica, porque la controversia es distinta, debido a que aquí impugnan

las escalas del convenio colectivo porque son inconstitucionales.

Invocaron su derecho a cuestionar el convenio, debido a que la

Hermandad incumplió con su deber de justa representación. Los

recurridos      adujeron   que   la   Hermandad   negoció   unas   escalas

arbitrarias y discriminatorias para los Auxiliares de Agrimensores.

       Según los recurridos, la reclamación no está prescrita, porque

los daños que alegan son de naturaleza continua y el convenio tiene

una cláusula de renovación automática.

4 Página 800.
KLCE202300810                                                          6

       La parte recurrida argumentó que la reclamación de igual paga

por igual trabajo contra la Autoridad, procede en su modalidad de

aplicación equitativa de plan de clasificación y retribución, según lo

resuelto en Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315 (2013). Por último,

alegan que la Solicitud de Sentencia sumaria está basada en los

mismos argumentos que las mociones dispositivas que el tribunal ya

declaró NO HA LUGAR.

       El TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria, debido a la

existencia de hechos esenciales en controversia.

       No obstante, determinó que no existe controversia sobre los

hechos siguientes. La Autoridad y la Hermandad suscribieron los

convenios colectivos de los años 1993, 1996, 2000 y 2012 en los que

se establece que los puestos de la unidad apropiada representada por

la Hermandad se administrarán mediante el plan de clasificación. El

término puesto se define en el convenio como el conjunto de deberes y

responsabilidades      asignadas    o   delegadas   por   una   autoridad

competente que requiere el empleo de una persona durante su jornada

parcial o completa. El convenio define el término clase de puesto como

el grupo de puestos suficientemente similares en cuanto a sus deberes

y responsabilidades como para que se le pueda designar con el mismo

título descriptivo, requiere sustancialmente los mismos requisitos a los

aspirantes a ocupar los puestos asignados a la clase, administrar la

misma prueba o examen para el reclutamiento de candidatos y aplicar

la misma escala de salarios bajo las mismas normas.5

       Otros hechos que el TPI determinó probados son los siguientes.

El plan de clasificación agrupa los puestos en Grupos Operacionales

y/o escalas retributivas para asignar cada clase de puesto a una escala

salarial. A principios de octubre de 1996, la clase de Auxiliares de

Agrimensura estaba asignada al grupo ocupacional 6 y escala 6 de

5 Determinaciones de hecho 1 a 4.
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retribución. A esa fecha, la unidad apropiada era representada por la

Hermandad. A principio del 1996, la Hermandad y la Unión de

Empleados de Muelles representaban algunos trabajadores que

ostentaban puestos asignados a clasificaciones iguales o similares. El

15 de octubre de 1996, la Autoridad y la Hermandad estipularon un

aumento salarial adicional al incluido en el párrafo tercero A del

convenio. El aumento se concedió para lograr la paridad salarial entre

los empleados que realizan las mismas tareas en un plazo no menor de

5 años y a partir del 1 de octubre de 1996. La Hermandad era la

representante exclusiva de los Auxiliares de Agrimensura. La Unión de

empleados no tenía clasificaciones similares o iguales a la de los

Auxiliares   de   Agrimensura.        Por   esa   razón,   los   Auxiliares   de

Agrimensura fueron excluidos de ese aumento. Durante el año 2002,

los auxiliares de agrimensura fueron reasignados de la escala salarial

6 a la escala salarial 7, por orden de una sentencia del Tribunal de

Apelaciones.6

       La resolución recurrida también incluye hechos siguientes.

Landrau Correa comenzó a trabajar en la Autoridad en el año 2003

como Auxiliar de Agrimensura. El 14 de noviembre de 2005, el Director

Ejecutivo de la Autoridad suscribió un memorando informando que

alcanzó un acuerdo con la Unión para realizar un estudio de retribución

y clasificación. El 28 de enero de 2013, varios empleados en el puesto

de Auxiliar de Agrimensura solicitaron el formulario para ser evaluados

para la reclasificación. La Autoridad evaluó los formularios y ubicó a

los Auxiliares de Agrimensura en el grupo ocupacional 8, escala de

retribución 8. La Hermandad pidió a la Autoridad que reconsiderara y

reclasificara a los Auxiliares de Agrimensura en una escala mayor. La

Autoridad denegó la reconsideración, porque se presentó vencido el

término provisto en el convenio colectivo.7

6 Determinaciones de hecho 4 a 10.
7 Determinaciones de hecho 11 a 16.
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      Al TPI también le quedaron claro los hechos a continuación. La

Hermandad solicitó la designación de un árbitro conforme a los

acuerdos suscritos en el convenio colectivo. El 14 de marzo de 2014, el

Director de Recursos Humanos reconoció que se equivocó en la

reasignación de clases y, por consiguiente, en el aumento concedido.

El funcionario ordenó la corrección del aumento de $55.00 a $60.00

mensuales. El 17 de octubre de 2016, el Negociado de Arbitraje resolvió

que la reasignación de puesto de los demandantes cumplió con el

convenio.8

      Por último, constan en la resolución recurrida los hechos a

continuación. El puesto de Auxiliar de Agrimensura requiere un grado

asociado en Tecnología de Ingeniería Civil con concentración en

Agrimensura. A los demandantes se les exige una preparación

académica superior a otros puestos, pero realizan igual o más trabajo

que otros puestos. Los demandantes están en una escala de retribución

inferior a la de otros auxiliares que no requieren cursos universitarios

y se encuentran en una clasificación inferior.9

      No obstante, el TPI determinó que existía controversia sobre los

hechos siguientes:

      1. Las razones por las que los Auxiliares de Agrimensura
         a quienes se les requiere una preparación académica
         superior en comparación con otros puestos y realizan
         igual o más trabajo que otros puestos, se encuentran en
         una escala de retribución menor a la de otros auxiliares
         a los cuales no se les requiere cursos universitarios y se
         encuentran en una clasificación inferior.

      2. Si los títulos de puesto que llevan la designación de
         auxiliar tienen algún tipo de similitud o igualdad que les
         permita ser asignados a una misma clase de
         retribución.

      3. Los criterios utilizados por la APPR y la HEO para
         excluir a los empleados del puesto de Auxiliar de
         Agrimensora de la Estipulación que buscaba paridad
         salarial entre los empleados de la HEO y la UDEM.

8 Determinaciones de hecho 17 a19.
9 Determinación de Hecho 21.
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      4. Si el Convenio Colectivo y su cláusula de renovación
         diaria discrimina contra los empleados del puesto de
         Auxiliar de Agrimensora.

      El TPI no aplicó la doctrina de cosa juzgada, porque entre el laudo

de arbitraje y este caso no existe identidad de cosas, causas y de

litigantes. Tampoco aplicó el impedimento colateral por sentencia,

debido a que el laudo no adjudicó ninguno de los hechos esenciales de

este caso.

      Según el TPI, la controversia ante el árbitro se limitó a determinar

si la Autoridad incumplió con el procedimiento en la resignación de

puestos de los querellantes. El TPI no albergó duda de que el árbitro no

consideró ni atendió las alegaciones sobre la constitucionalidad de las

escalas de retribución. Además, de que el árbitro no tenía jurisdicción

para declarar inconstitucional una cláusula del convenio colectivo.

      El     foro   recurrido   determinó    que   la   doctrina   de    justa

representación no impide que los unionados impugnen un convenio

colectivo arbitrario. No obstante, al TPI no le quedó claro, si la

Hermandad incurrió en una negociación arbitraria como señalan los

recurridos, ya que no consta porque los auxiliares de agrimensores

fueron excluidos del aumento salarial negociado para lograr paridad

salarial. La controversia sobre la constitucionalidad de las escalas de

retribución obligó al TPI a denegar la moción de sentencia sumaria.

      Por último, el TPI resolvió que no era el momento para atender el

asunto de la prescripción, porque estaba íntimamente relacionado a la

reclamación de igual paga por igual trabajo. El foro primario concluyó

que para determinar la prescripción era necesario establecer si las

escalas salariares eran discriminatorias.

      La     peticionaria   presentó   una    moción    en   la    que   pidió

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración. El TPI

denegó la solicitud.

      Inconforme, la peticionaria presentó el recurso que nos ocupa en

el que alega que:
KLCE202300810                                                       10

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL NO RECONOCER EN SU RESOLUCIÓN
      HECHOS     MATERIALES   INCONTROVERTIDOS   O
      ACEPTADOS POR LA PARTE RECURRIDA, ALGUNOS DE
      ELLOS QUE TAMBIÉN HABÍAN SIDO SOSTENIDOS Y
      ESTABLECIDOS EN UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN
      2018 EN EL PRESENTE CASO.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL
      RECHAZAR DESESTIMAR LA DEMANDA Y NO APLICAR
      LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA O IMPEDIMENTO
      COLATERAL POR SENTENCIA.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO Y ABUSO
      DE SU DISCRECIÓN AL DEJAR EN SUSPENSO UNA
      DETERMINACIÓN SOBRE PRESCRIPCIÓN CUANDO
      EXISTE UN IMPEDIMENTO PARA EJERCER AUTORIDAD
      PARA ENTENDER EN EL PRESENTE CASO.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL
      DECLINAR RESOLVER SI LA PARTE RECURRIDA ESTABA
      IMPEDIDA DE IMPUGNAR O CUESTIONAR EL CONVENIO
      COLECTIVO.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL NO
      DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN, A PESAR DE QUE
      EL RECLAMO SOBRE IGUAL PAGA POR IGUAL TRABAJO
      RESULTA SER INMERITORIO, YA QUE LA PARTE
      RECURRIDA NO HA ESTABLECIDO QUE EL PUESTO DE
      AUXILIAR DE AGRIMENSOR LLEVA A CABO TAREAS Y
      FUNCIONES DE IGUAL NATURALEZA QUE LOS OTROS
      PUESTOS DE AUXILIARES CON QUIENES SE PRETENDE
      COMPARAR.

                                  II

                                  A.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento

Civil de 1933 (32 LPRA sec. 3491), hoy conocido como Ley de Recursos

Extraordinarios; Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v.

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de Leon Corp. v.

American International Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163,

174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710

(2019). Aunque la característica principal del recurso reside en el

carácter discrecional del mismo, tal determinación no es irrestricta,
KLCE202300810                                                          11

está sujeta a los criterios señalados en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil. Advertimos que esta regla ha sufrido modificaciones a través del

tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros

revisores en la expedición del recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      … para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre
      la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
      asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones
      de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en la
      cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que
      se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en
      la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap.
      V, R. 52.1.

      Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para guiar su discreción

al intervenir con la resolución u orden interlocutoria recurrida. La Regla

40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de
      una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.
KLCE202300810                                                           12

      D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

      Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir un recurso de

certiorari no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya revisión

se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Sino que

responde al ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por

el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008).

                                   B.

      La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y

económica para litigios de naturaleza civil en lo que no hay controversia

genuina sobre hechos materiales que componen la causa de acción.

Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda de PR, 2023 TSPR 80;

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019). La Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece que la

sentencia sumaria procede cuando las alegaciones, deposiciones y

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna

otra evidencia, acreditan que no existe una controversia real y

sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Íd., pág. 291.

      El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del

promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe

controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y

únicamente resta aplicar el derecho a los no controvertidos. González

Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023 TSPR 95; Acevedo

Arocho v. Departamento de Hacienda de PR, supra; Roldán Flores v. Soto
KLCE202300810                                                         13

Lambert, 199 DPR 664 (2018). La sentencia sumaria únicamente

procede cuando el derecho aplicable lo justifica. La Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra, dispone los requisitos con los que debe

cumplir una moción de sentencia sumaria. Oriental Bank v. Perapi et

al, 192 DPR 7, 25 (2014).

      La parte promovente de la moción de sentencia sumaria tiene que

desglosar los hechos sobre los que alega no existe controversia. Además

de especificar para cada uno la página o párrafo de la declaración

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. Roldán

Flores v. Soto Lambert, supra, pág. 676; Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200, 213 (2010). Mientras que, la parte que se opone a una moción

de sentencia sumaria tiene que demostrar que existe controversia en

cuanto a algún hecho material. Se considera un hecho material aquel

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable. Roldán Flores v. Soto Lambert, supra.

      Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia de

una moción de sentencia sumaria. La duda existente tiene que permitir

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos

relevantes   y   pertinentes.   Aunque   toda    inferencia   de   hechos

incontrovertidos debe hacerse a favor del oponente, dicha parte no

puede meramente cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones.

Los tribunales podemos concluir que existe una controversia real y

sustancial en cuanto a un hecho material, cuando el oponente presenta

prueba que podría inducir a un juzgador racional a resolver a su favor.

Oriental Bank v. Perapi et al, supra, pág. 26.

      La sentencia sumaria tampoco procede, si existen alegaciones

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y de los

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria surge

controversia sobre algún hecho material y esencial, o cuando como

cuestión de derecho no procede el remedio sumario. Oriental Bank v.

Perapi et al, supra, págs. 26, 27.
KLCE202300810                                                          14

      El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el Tribunal

de Primera Instancia al determinar si procede una sentencia sumaria.

No obstante, al revisar la determinación del Tribunal de Primera

Instancia, únicamente podrá considerar los documentos que se

presentaron ante ese foro. Las partes no podrán traer en apelación

evidencia que no fue presentada oportunamente ante el Tribunal de

Primera Instancia, ni esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos

nuevos. El tribunal apelativo únicamente puede determinar si existe o

no alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales y si

el derecho se aplicó correctamente. Sin embargo, no puede adjudicar

hechos materiales en disputa porque esa tarea es del foro de primera

instancia. Meléndez González v. M. Cuevas, 193 DPR 100, 114, 116

(2015).

                                   C.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la definición del

tratadista español Manresa de la doctrina de cosa juzgada. Según

Manresa, cosa juzgada es lo resuelto por fallo firme de un Juez o

Tribunal competente que lleva en si la firmeza de la irrevocabilidad. La

doctrina de cosa juzgada tiene los objetivos de poner fin a los litigios

adjudicados de forma definitiva por los tribunales, garantizar la

certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una

resolución judicial y evitar gastos adicionales al Estado y a los

litigantes. Esta doctrina es valiosa y necesaria para la sana

administración de la justicia. Por un lado, vela por el interés público de

finalizar los pleitos. Por el otro, evita que los ciudadanos se sometan a

las molestias de litigar dos veces una misma causa. Su aplicación no

es inflexible y automática. La doctrina de cosa juzgada no aplica o

derrota los fines de la justicia o consideraciones de orden público. La

presunción de cosa juzgada únicamente tendrá efecto cuando existe la

más perfecta identidad de las cosas, las causas, las personas de los

litigantes y la calidad en que lo fueron. Presidential v. Transcaribe, 186
KLCE202300810                                                              15

DPR 263, 273-274 (2012) Fonseca v. Hosp. Hima, 184 DPR 281, 294

(2012).

      La identidad de cosas ocurre cuando el segundo pleito se refiere

al mismo asunto que el primero. La cosa es el objeto o materia sobre la

cual se ejercita la acción. Su existencia se determina, si un juez está

expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho

nacido o naciente. La identidad de causas es el origen de las acciones

o excepciones planteadas y resueltas y el motivo que tuvo el

demandante para pedir. Al determinar si existe identidad de causas de

acción debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la

misma transacción o núcleo de hechos. Por último, la identidad de

personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron se extiende a

quienes intervienen en el proceso a nombre y en interés propio.

Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 274-276; A & P Gen.

Contractors v. Asoc. Cana, 110 DPR 753, 764-765 (1981).

      El   impedimento    colateral       por   sentencia    constituye   una

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Sin embargo, se distingue,

porque la identidad de causas no es necesaria. La razón de pedir que

se presente en una demanda no tiene que ser la misma que se presentó

en la demanda anterior. La doctrina de impedimento colateral surte

efectos cuando un hecho material para el pronunciamiento de una

sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final. Tal

determinación es concluyente en un segundo pleito, aunque envuelva

causas de acción distintas. Presidential v. Transcaribe, supra, págs.

276-277; PR Wine Prod. V. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152-153

(2008).

                                     D.

      La   negociación   colectiva    es    un    elemento    esencial    para

salvaguardar la paz industrial, garantizar los salarios adecuados y

promover las condiciones seguras para los trabajadores. Por eso

reconoce el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, a
KLCE202300810                                                         16

través de los representantes de su selección. El derecho a mejorar las

condiciones de empleo mediante la negociación colectiva es de rango

constitucional. Art II, Sec. 17, Const. PR, LPRA, Tomo 1; AAA v. UIA,

199 DPR 638, 647, 648 (2018). El Tribunal Supremo de Puerto Rico

explicó en JRT v. UTLG, 110 DPR 237, 243 (1980), que la doctrina de la

justa representación obliga a las uniones a servir de buena fe y sin

discrimen ni arbitrariedad a los intereses de sus miembros.

      El Art. II, Sec. 16 de la Constitución de Puerto Rico, Const. PR,

LPRA, Tomo 1, establece el derecho de todo trabajador a recibir igual

paga por igual trabajo. Nuestra jurisdicción reconoce la existencia de

una clara política pública en favor de que los trabajadores reciban un

tratamiento equitativo y justo en la fijación de sus sueldos y demás

formas de retribución. Dicha política pública está enmarcada en el

precepto constitucional que garantiza la igual paga por igual trabajo.

La extensión de los beneficios reconocidos a un empleado al amparo de

un plan de clasificación y retribución se extienden a todos los otros

empleados igualmente citados. Sin embargo, el principio constitucional

de igual paga por igual trabajo, no es óbice para otorgar salarios

distintos a personas en la misma escala salarial, siempre y cuando se

justifique a base de factores como: (1) los años de servicio, (2) la

demanda u oferta en el mercado de trabajo, (3) las habilidades y

destrezas necesarias para realizar el trabajo y (4) el grado de

complejidad de la tarea realizada entre otros factores. Rivera Padilla et

al v. OAT, 189 DPR 315, 355-357 (2013)

                                   E.

      El Art II Sec. 16 de la Constitución de Puerto Rico consagra el

derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo. Art II

Sec. 16, Const PR, LPRA, Tomo I; Rivera Padilla et al v. OAT, supra.

Nuestros constituyentes establecieron una clara política pública que

reconoce el derecho de los trabajadores del servicio público a recibir un

tratamiento equitativo y justo en la fijación de sus salarios y demás
KLCE202300810                                                           17

formas de retribución. Rivera Padilla et al v OAT, supra; Guzmán

Rosario v Depto. de Hacienda, 147 DPR 46, 52-53 (1998). El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha reconocido un alto interés público a la

legislación reguladora del empleo público y en especial a la que

reglamenta la retribución salarial. Íd. El principio de igual paga por

igual trabajo interesa evitar discrímenes de una parte e irritaciones de

la otra, cuando la compensación diferente carece de justificación frente

a la igualdad de la labor rendida. Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273

(1991) citando a Diario de Secciones de la Convención Constituyente,

Tomo 4, pág. 2574 (1961).

        La adopción del principio constitucional de igual paga por igual

trabajo, nació de la necesidad de hacer justicia a la mujer obrera a la

que frecuentemente se le pagaba menos que a los hombres, a pesar de

rendir la misma o mayor labor. Sin embargo, la justicia salarial a la

mujer trabajadora no es la única motivación que existe detrás de la

adopción de la garantía constitucional de igual paga por igual trabajo.

Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el derecho de igual paga por

igual    trabajo   también   puede   ser   invocado   en   reclamaciones

relacionadas con los planes de clasificación y retribución. El Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha sido preciso en reconocer que los principios

de equidad y justicia en la fijación de los salarios de los empleados

públicos     constituyen     una   aplicación   práctica    del   derecho

constitucional a recibir igual paga por igual trabajo. Rivera Padilla et al

v. OAT, supra, pág. 356.

        No obstante, la protección constitucional de igual paga por igual

trabajo no impide que dos personas que realicen una misma labor

tengan salarios distintos. Rivera Padilla et al v. OAT, supra, pág. 357;

Aulet Lebrón v. Depto. Servicios Sociales, 129 DPR 1 (1991). El principio

de igual paga por igual trabajo no es óbice para la otorgación de salarios

distintos a personas clasificadas en la misma escala salarial. Sin

embargo, tiene que existir una justificación objetiva que excuse la
KLCE202300810                                                          18

diferencia de compensación ante la igualdad de la labor rendida. Rivera

Padilla et al v. OAT, supra, pág. 357. No es el capricho o arbitrariedad

quien demarca los límites. Aulet Lebrón v. Depto. de Servicios Sociales,

supra, pág. 44. A modo de ejemplo, la diferencia puede fundarse en los

factores siguientes: los años de servicio prestado, la demanda u oferta

en el mercado de trabajo, las habilidades y destrezas necesarias para

realizar el trabajo y el grado de complejidad de la tarea realizada, entre

otros factores. Rivera Padilla et al v. OAT, supra, pág. 357; Aulet Lebrón

v. Departamento de Servicios Sociales, supra, pág. 44; Mercado Vega v

UPR, supra.

                                   F.

      El término prescriptivo de las acciones por daños y perjuicios

comienza desde que el agraviado tuvo o debió tener conocimiento del

daño sufrido y estuvo en posición de ejercer su causa de acción. El tipo

del daño reclamado es esencial para determinar cuando comienza a

transcurrir el término prescriptivo y en el momento en que finaliza.

Rivera Ruiz et al v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 416 (2016).

      En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido varios tipos

de daños, como los continuados y los sucesivos. Los daños continuados

son producidos por uno o más actos culposos negligentes que pueden

ser coetáneos o no. No obstante, se caracterizan por sus consecuencias

lesivas, ininterrumpidas, sostenidas, duraderas y sin interrupción,

unidas entre sí. El carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos,

convierte los daños continuos en previsibles. Los daños continuos

están compuestos de elementos de daños actuales que ya han

acontecido y de daños futuros que son previsibles y ciertos. El término

prescriptivo para presentar una reclamación comienza cuando ocurra

lo que sea posterior entre los últimos actos u omisiones o el resultado

definitivo. Rivera Ruiz et al v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 417, 426

(2016).
KLCE202300810                                                       19

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió expresamente en

JRT v AEE, 113 DPR 564, 566-567 (1982), que las reclamaciones de

aumento salarial contra un patrono por años de servicio son de carácter

continuo. A partir de esta decisión quedó claro que, cada vez que el

patrono paga el salario sin incluir el aumento por años de servicio,

surge nuevamente la causa de acción. Posteriormente, el tribunal

explicó en UGT v. Corp Difusión Pub., 168 DPR 654, 691 (2006), que

una violación de carácter continuo hace que el agravio surja o se

renueve periódicamente. La querella se puede presentar en cualquier

momento mientras la violación persista. Para establecer si la

reclamación es de naturaleza continua, no es determinante la

continuidad del agravio. El factor determinante es si, al momento de

presentar la querella, la violación persiste. La pregunta que debemos

hacernos es como podemos distinguir satisfactoriamente entre

violaciones que constituyen nuevos agravios y las que son meras

manifestaciones de la violación original. Únicamente las primeras

configuran una verdadera violación continua con su evidente efecto

interruptor.

      Tan reciente como en Acevedo Arocho vs Departamento de

Hacienda, 2023 TSPR 82, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió

que el término prescriptivo de las reclamaciones de salarios de los

empleados públicos es de tres años. El término se computa desde que

el empleado deja de trabajar o interrumpe sus servicios en un período

de tiempo sin implicación o cuando ocurre una novación del contrato

de empleo. Sin embargo, no cabe hablar de prescripción si el empleado

público se encontraba trabajando cuando presentó su reclamación.

                                  III

      La Regla 52.1, supra, nos autoriza a expedir este recurso, debido

a que la peticionaria solicita revisión de la denegatoria del TPI a una

moción de carácter dispositivo. La controversia amerita nuestra

intervención porque es de alto interés público. El derecho de los
KLCE202300810                                                              20

trabajadores a mejorar sus condiciones de salario, a través de la

negociación      colectiva,   incluyendo    su    salario,    es   de   rango

constitucional. Nuestra jurisdicción reconoce la existencia de una clara

política pública en favor de que los trabajadores reciban un tratamiento

equitativo y justo en la fijación de sus sueldos.

       La etapa en la que están los procedimientos es la más propicia

para evitar dilaciones innecesarias en un pleito que inició el 27 de abril

de 2017, hace ya más de 6 años y 4 meses. La peticionaria ha solicitado

en varias ocasiones la desestimación sumaria de la demanda. Incluso

ha acudido a este tribunal. Sin embargo, todas las veces en las que ha

solicitado el remedio sumario a su favor le ha sido negada.

       La controversia se circunscribe a determinar si el laudo de

arbitraje convierte en cosa juzgada el reclamo de la demandante o

constituye un impedimento colateral.

       La expedición del recurso es necesaria para que la peticionaria

entienda que las doctrinas invocadas no aplican, porque el laudo de

arbitraje no atendió ni resolvió la misma controversia de este caso.

Además, de que tampoco adjudicó un hecho esencial de la controversia

aquí planteada.

       Al árbitro le correspondió atender y resolver si la Autoridad

incumplió con el procedimiento para la reasignación de puestos

establecido en los Artículos XII y XIII del Convenio Colectivo. Aquí la

controversia     es   distinta,   porque   los   recurridos   cuestionan   la

constitucionalidad de las escalas de retribución y clasificación

establecidas en el Artículo XX del convenio.10

       Los demandantes alegan que la Hermandad falló a su deber de

representación. Sostienen que la Hermandad negoció un convenio que

discrimina contra los auxiliares de agrimensores, porque les ubica en

una escala salarial inferior a la de otros empleados con funciones de

10 Página 913 en adelante.
KLCE202300810                                                         21

menor relevancia y a los que no se les requiere preparación académica

ni una licencia. Los demandantes imputan negligencia a la Autoridad

por no corregir la disparidad salarial y quebrantar el derecho

constitucional de igual paga por igual trabajo.

      La doctrina de cosa juzgada y su modalidad de impedimento

colateral son inaplicables a este caso, porque el árbitro no tiene

autoridad para atender reclamaciones de índole constitucional. El

derecho de un trabajador unionado a impugnar las acciones arbitrarias

y discriminatorias de la unión que lo representa es incuestionable.

      Por otro lado, resolvemos que la demanda contra la Autoridad no

prescribió. Nuestra determinación no es incompatible con lo decidido

en el KLAN201900511. Allí aplicamos la norma establecida en JRT v

AEE, supra, de que las reclamaciones contra el patrono por salarios

dejados de percibir son de carácter continuo. Por consiguiente, la

reclamación puede ser presentada, mientras la supuesta violación

persista. La causa de acción de los demandantes surge nuevamente,

cada vez que la Autoridad le paga el salario con la alegada disparidad

salarial. La reclamación contra la Autoridad no está prescrita, debido a

que los daños alegados se configuran cada vez que los demandantes

cobran su salario. Además, en Acevedo Arocho v Departamento de

Hacienda, supra, se resolvió que la prescripción no aplica cuando el

empleado público presenta la demanda, mientras continua en el

empleo.

      Por último, la Autoridad alega que el TPI erró al no desestimar la

reclamación de igual paga por igual trabajo. La Autoridad aduce que

los recurridos no establecieron el elemento esencial de esa causa de

acción, porque no demostró que los otros puestos auxiliares realizan

tareas y funciones de igual naturaleza que los auxiliares de

agrimensura. El patrono argumenta que los puestos que los

demandantes alegan que son similares a los de auxiliares de

agrimensura tienen deberes, responsabilidades y requisitos distintos.
KLCE202300810                                                            22

Según la Autoridad, el que compartan el término auxiliar no significa

que tengan la misma clasificación ocupacional. La peticionaria sostiene

que la protección de igual paga por igual trabajo se activa únicamente

cuando el trabajador recibe un salario injusto, comparado con otros

que realizan funciones de igual naturaleza.

      La Autoridad invocó la facultad que le confiere la ley para

establecer el plan de clasificación y determinar los puestos que necesita

para realizar la misión de la agencia y cuáles son las funciones por

realizar y los requisitos que debe tener el incumbente en un puesto en

específico.

      El TPI determinó que no podía resolver sumariamente la

reclamación de igual paga por igual trabajo, porque primero tenía que

establecer    si   las   escalas   salariales   discriminaban   contra   los

demandantes.

      En el KLAN201900511 se concluyó que no existe una causa de

acción por violación al principio constitucional de igual paga por igual

trabajo, cuando el salario se acordó en un convenio colectivo y no se

planteó discrimen por sexo o cuando existe alguna de las razones en

las que se justifica la disparidad salarial.

      Sin embargo, hoy modificamos esa postura, debido a que los

recurridos cuestionan la disparidad salarial establecida en el plan de

clasificación y retribución que adoptó la Autoridad y el derecho de igual

paga por igual trabajo también puede ser invocado en ese tipo de

reclamaciones. No obstante, la controversia no puede ser adjudicada

sumariamente, debido a que los hechos esenciales no están claros. La

controversia amerita determinar si las clasificaciones y escalas son

discriminatorias.

      Al igual que el foro primario, concluimos que existe controversia

sobre las razones por las que los Auxiliares de Agrimensores reciben

un salario menor al de otros empleados que están en una clasificación

inferior y que realizan funciones iguales o menos complejas o
KLCE202300810                                                          23

importantes y a los que no se les requiere el mismo nivel de estudio, ni

tener una licencia para poder ejercer el trabajo. Igual controversia

existe sobre las razones por las que otros empleados en su misma

clasificación tienen un mayor salario. Estas controversias ameritan ser

dilucidadas en un juicio plenario.

                                     IV

      Por lo antes expuesto, se expide el recurso y se confirma la

resolución recurrida en la que el TPI se negó a desestimar

sumariamente la demanda.

      Examinadas y atendidas la Solicitud de auxilio de jurisdicción

presentada por la Autoridad de los Puertos el 24 de octubre de 2023,

así como la Oposición a petición de certiorari y moción en auxilio de

jurisdicción presentada por la recurrida el 26 de octubre de 2023, no ha

lugar a la solicitud de auxilio.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

      El Juez Rodríguez Flores disiente, con la siguiente expresión:

             Muy respetuosamente, entiendo que no procede una
      causa de acción al palio constitucional de igual paga por
      igual trabajo, contra la Autoridad de Los Puertos y mucho
      menos una causa de acción por daños y perjuicios. Por otro
      lado, estoy conteste con lo resuelto en Castro García y otros
      vs Autoridad de los Puertos, KLAN201900511, Sentencia
      del 28 de junio de 2019.

Notifíquese inmediatamente.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones