Court Opinion

ID: 9962766
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:50:14.166163+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:33.174795
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL IX

    BANCO POPULAR DE                                     Certiorari
      PUERTO RICO                                        Procedente del
                                                         Tribunal de Primera
            Recurrido                                    Instancia, Sala
                                                         Superior de Fajardo
                 v.
                                   KLCE202301461
      JOSEPH PADILLA Y                                   Sobre: Ejecución de
    FAWN PADILLA; ambos                                  hipoteca
    por sí y como miembros
     de la SUCESIÓN DE
        LORENZA CRUZ                                     Caso Núm.:
       MORALES y otros                                   N3CI2011-0413

           Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                  SENTENCIA

          En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

          Comparecen ante nos, la Sra. Fawn Raquel Padilla Laureano

y    el    Sr.   Joseph     Thomas       Padilla   Laureano    (en    adelante,

“peticionarios”)       mediante   el     recurso   de   certiorari   para   que

revoquemos la Orden dictada el 26 de octubre de 2023,1 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (en

adelante, “TPI”), la cual resolvió que los cheques expedidos incluían

el pago de intereses. Oportunamente, los peticionarios solicitaron

reconsideración, sin embargo, dicha solicitud fue declarada No ha

lugar.

          Evaluado los hechos y el derecho aplicable, procedemos a

expedir el auto de certiorari y revocar la determinación recurrida.

1 Notificada el 30 de octubre de 2023.

Número Identificador
SEN2024 _______________
KLCE202301461                                                                   2

                                          -I-

        El 1 de julio de 2011, Banco Popular de Puerto Rico (en

adelante, “BPPR”) presentó una acción en cobro de dinero y

ejecución de hipoteca contra la Sra. Lorenza Cruz Morales (en

adelante, “señora Cruz Morales o causante”).2 Ante el fallecimiento

de la señora Cruz Morales, la referida acción fue enmendada para

acumular a los peticionarios como parte demandada por ser los

herederos de la causante.3

        Mediante Sentencia en Rebeldía, el TPI declaró Con Lugar la

acción instada, y condenó el pago solidario de $16,161.58 más

intereses, costas y honorarios de abogados.4

        Así, el 8 de enero de 2013 se celebró una subasta y la entidad

Inmobiliarias Nahiomy fue el licitador vencedor, quien ofreció y

consignó la suma de $63,200.00.5 BPPR retiró su acreencia

($22,350.93), y la cantidad restante –$40,849.07– fue depositada

en la unidad de cuentas del TPI.6

        El 1 de octubre de 2018, la Oficina de Administración de

Tribunales (en adelante, “OAT”) transfirió la suma de $40,849.07 al

Fondo 793 del área del Tesoro del Departamento de Hacienda.7

        Entonces, el 1 de agosto de 2023 los peticionarios radicaron

una “Solicitud de Intervención; Moción Solicitando Orden de Retiro de

Fondos”,8 para que se les entregara los fondos correspondientes y

los intereses acumulados.

2 Apéndice I de la Petición de Certiorari, págs. 1 – 4.
3 Apéndice II de la Petición de Certiorari, págs. 5 – 8.
4 Apéndice III de la Petición de Certiorari, págs. 9 – 12.
5 Apéndice IV de la Petición de Certiorari, pág. 13.
6 Id.
7  Según alegan los peticionarios, en agosto de 2018 la OAT advirtió que
transferiría al Departamento de Hacienda la suma de $40,849.07. Dicha acción,
es cónsona con lo dispuesto en la Ley Núm. 38 del 26 de mayo de 1954, según
enmendada, conocida como la Ley para Transferir al Tesoro Estatal los Saldos en
las Cuentas Bancarias de los Secretarios y Alguaciles de las Salas del Tribunal de
Primera Instancia, 4 LPRA sec. 363 et. seq.
8 Apéndice V de la Petición de Certiorari, págs. 14 – 24.
KLCE202301461                                                                      3
        Atendida la solicitud, el TPI emitió una Orden el 16 de agosto

de 2023,9 y determinó lo siguiente:

        [H]a lugar. Se ordena al Departamento de Hacienda devolver
        los fondos transferidos en el caso de epígrafe, es decir, la
        cantidad de $40,849.07 al Tribunal de Primera Instancia,
        Sala Superior de Fajardo.
                Una vez, los fondos sean transferidos por el
        Departamento de Hacienda, se ordena a la Unidad de
        Cuentas a expedir los siguientes cheques a favor de FAWN
        RAQUEL PADILLA por la cantidad de $16,339.64, JOSEPH
        THOMAS PADILLA por la cantidad de $16,339.63 y
        UNCLAIMED PROPERTY RECOVERY SERVICES, LLC por la
        cantidad de $8,169.80. La cuenta ha generado intereses por
        la cantidad de $900.88, el cual será divido en partes iguales
        para cada uno de los sucesores, es decir $450.44 a favor de
        FAWN RAQUEL PADILLA y $450.44 a favor de JOSEPH
        THOMAS PADILLA, conforme el subsidiario emitido el 2 de
        agosto de 2023, más cualesquiera intereses devengados en el
        futuro.
                Para el desembolso de los intereses generados y los
        futuros, la parte demandante deber presentar el formulario
        OAT 229 Información del (de la) Depositante o Beneficiario(a)
        de Fondos Bajo Custodia del Tribunal (fondos generados bajo
        la Ley 69 de 14 de agosto de 1991), que será incluido por la
        Secretaría al notificar la presente Orden, lo completen y
        presenten en la Secretaría de este Tribunal con una copia de
        identificación vigente expedida por el Gobierno de Puerto Rico
        o de los Estados Unidos, en el término de diez (10) días
        calendario. […].10

        A tono con la Orden antes dicha, el 19 de octubre de 2023

los peticionarios sometieron una “Moción Solicitando Liquidación de

Intereses al Amparo de la Ley 69 del 14 de agosto de 1991”.11

Plantearon no conocer cómo la OAT calculó los intereses incluidos,

mientras      los      fondos   estuvieron     bajo     el      depósito   del   TPI.

Argumentaron, que tampoco fueron notificados por la OAT sobre el

cargo que le cobraron por custodiar el dinero. Por lo cual, solicitaron

que se les proporcionara la información correspondiente, y una vista

evidenciaría.

        El 26 de octubre de 2023,12 el TPI determinó: “Nada que

proveer. Conforme a la orden del 16 de agosto de 2023 los cheques

expedidos          incluyen   el pago de intereses, no existe fondos

consignados conforme certificación del 20 de octubre de 2023”.13

9 Apéndice VI de la Petición de Certiorari, págs. 25 – 27.
10 Id., pág. 26.
11 Apéndice VII de la Petición de Certiorari, págs. 28 – 30.
12 Notificada el 30 de octubre de 2023.
13 Apéndice VIII de la Petición de Certiorari, págs. 31 – 32.
KLCE202301461                                                                4

       Inconformes, el 9 de noviembre de 2023 los peticionarios

presentaron una solicitud de reconsideración e impugnaron los

cargos cobrados a los beneficiarios.14 Dicha solicitud, fue declarada

No ha lugar el 21 de noviembre de 2023.15

       El 27 de diciembre de 2023, los peticionarios recurrieron

ante este Foro apelativo, mediante el recurso de certiorari y

señalaron los siguientes errores:

       Primer señalamiento de error: Erró y abusó de su discreción el
       TPI al denegar la solicitud de los beneficiarios de que se les
       entregara toda la evidencia utilizada para calcular los
       intereses devengados por sus fondos.

       Segundo señalamiento de error: Erró y abusó de su discreción
       el TPI al denegar la solicitud de los beneficiarios de que la OAT
       informara a cuanto ascendió el cargo que les cobró por retener
       su dinero y para que proveyera el documento que sirve de
       base legal para la imposición de un cargo de 15% de los
       intereses devengados.

       El 10 de enero de 2024 emitimos una Resolución, en la cual

se le concedió un término de diez (10) días a la parte recurrida para

mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari.

Transcurrido el plazo sin la comparecencia de los recurridos, damos

por sometido el asunto.

                                        -II-

                                        -A-

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior”.16 Por discreción se entiende el “tener poder para

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios

cursos de acción”.17

14 Apéndice IX de la Petición de Certiorari, págs. 33 – 36.
15  Notificada el 1 de diciembre de 2023. Véase, Apéndice X de la Petición de
Certiorari, págs. 37 – 39.
16 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019).; IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
17 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202301461                                                                 5
         Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,18 delimita

las instancias en que habremos de atender y revisar mediante

certiorari las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de

instancia, a saber:

         [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
         interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
         solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
         cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
         56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
         dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
         anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
         órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
         de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
         admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
         asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
         rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
         revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
         esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
         la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
         en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
         fundamentar su decisión. […].19

         Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera sabia

y prudente nuestra facultad discrecional —de entender o no en los

méritos— el asunto esbozado en el certiorari, nuestros oficios

encuentran criterios en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones:20

         El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
         determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
         orden de mostrar causa:
            (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
                 recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
                 contrarios a derecho.
            (B) Si la situación de hechos planteada es la más
                 indicada para el análisis del problema.
            (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
                 manifiesto en la apreciación de la prueba por el
                 Tribunal de Primera Instancia.
            (D) Si el asunto planteado exige consideración más
                 detenida a la luz de los autos originales, los cuales
                 deberán ser elevados, o de alegatos más
                 elaborados.
            (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
                 caso es la más propicia para su consideración.
            (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
                 causa no causan un fraccionamiento indebido del
                 pleito y una dilación indeseable en la solución final
                 del litigio.

18 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
19 Id.
20 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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           (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
               causa evita un fracaso de la justicia. 21

         Por lo que, al contar con la discreción judicial, este foro

intermedio se reserva el expedir o denegar el auto de certiorari.

Nuestro Alto Foro Judicial ha dispuesto que:

         [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
         de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
         hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
         prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
         o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
         sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
         perjuicio sustancial.22

         De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.23

                                       -B-

         Pertinente a la controversia que nos atañe, la Ley Núm. 69 de

14 de agosto de 1991, según enmendada y conocida como la Ley

para Regular los Depósitos de Fondos Públicos y para Proveer sobre

su Seguridad, autoriza a la Rama Judicial —ahora Poder Judicial—

a negociar con cualquier banco el pago de intereses que habrá de

recibir sobre sus depósitos provenientes de fondos públicos.24

Específicamente, la Sección 3.3 establece que:

                La Rama Judicial a través del Juez Presidente del
         Tribunal Supremo o del Director Administrativo de los
         Tribunales por delegación de éste podrá suscribir convenios
         con cualquier banco designado como depositario de fondos
         públicos para acordar los intereses que habrá de recibir por
         concepto de los fondos depositados en cuentas bancarias, los
         cuales podrán exceder el interés fijado en los contratos
         negociados a tenor con las Secciones 3.1 y 3.2 de esta ley y
         cualesquiera otras condiciones, servicios o prestaciones
         dirigidas al mejoramiento de los servicios que la Rama

21 Id.
22 Id.; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).;
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
23 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
24 Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, según enmendada conocida como la Ley

para Regular los Depósitos de Fondos Públicos y para Proveer sobre su Seguridad,
7 LPRA sec. 251 et. seq.
        Cabe destacar que el 28 de julio de 2011, la entonces Director
Administrativo de los Tribunales emitió la Carta Circular Núm. 23, Año Fiscal
2010 – 2011, para establecer las Normas para la Selección de las Instituciones
Bancarias que proveerán los Servicios Bancarios correspondiente a las Cuentas
donde se depositarán Fondos Pendientes o Bajo Custodia y Control del Tribunal
General de Justicia.
KLCE202301461                                                          7
       Judicial presta a la ciudadanía relacionados con el manejo de
       fondos. Dichos convenios garantizarán el que se ponga en
       riesgo la liquidez y solvencia de la Rama Judicial.25

       No obstante, en el siguiente párrafo de la citada Sección 3.3,

hace una distinción entre los fondos públicos y otros fondos

depositados en las cuentas bancarias; a saber:

              Cuando se trate de fondos públicos, el producto de
       dichos intereses podrá ser depositado por la Rama Judicial en
       cuentas especiales separadas en las instituciones bancaria
       de su selección que estén cobijadas por esta ley. En el caso
       de intereses sobre otros fondos que estén bajo su
       custodia, depositados en cualquier tipo de cuenta
       bancaria, la Rama Judicial mediante reglamento que
       adopte el Juez Presidente del Tribunal Supremo o el
       Director Administrativo de los Tribunales por
       delegación de éste, podrá determinar la porción
       razonable de esos intereses que podrá depositar en las
       cuentas especiales antes mencionadas, para cubrir los
       gastos y otras responsabilidades en que incurre dicha
       Rama por el servicio de recibo, contabilidad, control,
       custodia y entrega de estos depósitos y para aportar el
       financiamiento de sus proyectos especiales.26

       Nótese, que cuando sean fondos públicos, el producto de esos

intereses podrá ser depositado por la Rama Judicial en cuentas

especiales separadas en los bancos de su selección que estén

acogidas por esta ley. Ahora, sobre los intereses de otros fondos

bajo custodia de la Rama Judicial que estén depositados en

cualquier tipo de cuenta bancaria, la referida Sección 3.3 ordena

que —mediante reglamento que adopte el Juez Presidente del

Tribunal Supremo o el Director Administrativo de los Tribunales por

delegación de éste— podrá determinar la porción razonable de esos

intereses que podrá depositar en las cuentas especiales, para cubrir

los gastos y otras responsabilidades en que incurre la Rama

referente a estos depósitos.27

       Cabe mencionar que en dicha Sección 3.3, el Departamento

de Hacienda recibe los recursos que producen los depósitos aquí

considerados, a base del interés acordado de 1/20 del uno por ciento

25 7 LPRA sec. 253b.
26 Id. Énfasis nuestro.
27 Id. Énfasis nuestro.
KLCE202301461                                                                  8

(1%) anual en cuentas corrientes. Sin embargo, el exceso negociable

pasará a formar parte de la Rama Judicial.28

       Así, el 20 de diciembre de 1991 el Poder Judicial estableció el

REGLAMENTO            DE      LA      RAMA       JUDICIAL         PARA       LA

ADMINISTRACI[Ó]N DE FONDOS E INTERESES CONFORME A LA

LEY N[Ú]M. 69 DE 14 DE AGOSTO DE 1991,29 (en adelante,

“Reglamento de Manejo de Fondos e Intereses”).30

       El Artículo VII, inciso C del Reglamento de Manejo de Fondos

e Intereses, dispone lo siguiente en cuanto al interés de otros

fondos. En lo pertinente, expresa:

       1. La Rama retendrá una cantidad razonable de los intereses
       que devenguen los Otros Fondos que deposite, la cual no
       excederá la porción que de tiempo en tiempo se determine es
       atribuible a los gastos y otras responsabilidades en que
       incurra por el servicio de recibo, contabilidad, control, custodia
       y entrega de los fondos y para aportar al financiamiento de
       sus proyectos especiales. Esta porción podrá recobrarse al
       aplicar un determinado por ciento al interés devengado sobre
       los fondos o por otra fórmula que establezca el Director.

       2. El remanente de los intereses devengados por Otros Fondos
       se entregará a sus dueños una vez cese la custodia y manejo
       de la Rama, mediante el procedimiento que el Director
       establezca. Salvo orden judicial en contrario, los intereses se
       pagarán a favor de los dueños de los fondos depositados en
       la Rama.

       3. Se pagarán intereses sobre el dinero depositado en las
       cuentas de Otros Fondos hasta la fecha de la devolución de
       las mismos. Cualquier interés devengado, posterior a la fecha
       de dicha devolución, ingresará a la cuenta especial de
       intereses de la Rama.
                                 […]
       5. Los intereses devengados en la cuenta especial del
       Secretario donde se depositan aquellos fondos cuyo fin o el
       paradero del remitente o la persona a quien deben entregarse
       se desconocen, se depositarán en su totalidad en la cuenta
       especial de intereses para uso y a favor de la Rama. En
       aquellos casos en que se determine la entrega de dichos
       fondos, se sumará a la cantidad inicialmente depositada los

28  Id. Sobre este particular el Reglamento de la Rama Judicial para la
Administración de Fondos e Intereses conforme a la Ley Núm. 69 de agosto de 1991,
infra, añade en el Artículo VII que:
        A. Pago de Intereses a favor del Secretario de Hacienda
        La Rama velará porque se efectúe el pago al Secretario de Hacienda
        del interés de un veintavo (1/20) del uno por ciento (1%) anual sobre
        los fondos depositados en cuentas corrientes a tenor con la Sección
        3.3 la Ley.
29 Reglamento de la Rama Judicial para la Administración de Fondos e Intereses

conforme a la Ley Núm. 69 de agosto de 1991, Tribunal General de Justicia –
Oficina de Administración de Tribunales, 20 de diciembre de 1991.
30 El 14 de julio de 2009, la entonces Director Administrativo de los Tribunales

emitió la Carta Circular Núm. 3, Año Fiscal 2099 – 2010, para enmendar el
Artículo X sobre Auditorías.
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       intereses devengados a tenor con lo dispuesto en este
       Reglamento en cuanto a intereses sobre otros fondos.

       6. Los intereses devengados por los fondos correspondientes
       a saldos inactivos se computarán hasta la fecha en que se
       remitan al Secretario de Hacienda, luego de descontadas las
       porciones que correspondan a tenor con La Ley y
       reglamentación aplicable.31

       Sobre la revisión de los intereses, el Artículo VII, inciso D

del Reglamento de Manejo de Fondos e Intereses establece que: una

persona podrá solicitarle al             Director     Administrativo de los

Tribunales la revisión de los intereses recibidos mediante la solicitud

de una revisión escrita presentada durante el término de quince (15)

días calendarios a partir de la notificación del pago. Dicha solicitud

deberá expresar los fundamentos en que se basa, y será presentada

en la Secretaría de la sala del TPI donde se efectuó el depósito de los

fondos.32

       Finalmente, el 6 de abril de 2022 la OAT emitió la Carta

Circular Núm. 32 para el Año Fiscal 2021 – 2022, titulada Normas

y Procedimientos para el Pago De Intereses a los (las)

Beneficiarios(as) conforme a la Ley Núm. 69 De 14 de agosto

de 1991,33 (en adelante, “Normas y Procedimientos para el Pago de

Intereses”). Entre otros, tiene el propósito de optimizar el proceso de

pago de intereses correspondiente a los fondos de personas privadas

que son depositados en las cuentas de Fondo en Custodia por el

Tribunal (Secretaría y Alguacil).34

       Para ello, las Normas y Procedimientos para el Pago de

Intereses identifica a CUCANET Enterprise como el sistema de

contabilidad utilizado para el cómputo y el pago de los intereses

correspondiente a la Ley Núm. 69 – 1991.35 También, las referidas

31 Artículo VII del Reglamento de la Rama Judicial para la Administración de

Fondos e Intereses conforme a la Ley Núm. 69 de agosto de 1991, págs. 9 – 11.
32 Id., a la pág. 11.
33 Carta Circular Núm. 32 para el Año Fiscal 2021 – 2022, Poder Judicial de

Puerto Rico – Oficina de Administración de los Tribunales, Normas y
Procedimientos para el Pago de Intereses a los (las) Beneficiarios(as) Conforme a la
Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, 6 de abril de 2022.
34 Artículo IV al inciso (A), Normas y Procedimientos para el Pago de Intereses.
35 Artículo VI al inciso (B), Id.
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normas establecen que, si una persona no se encuentra conforme

con el pago de intereses objeto de una orden judicial, presentará su

reclamo ante el tribunal que dispuso la emisión del pago.36

                                     -III-

        En suma, la cantidad depositada de $40,849.07 devengó

intereses durante ese tiempo por $900.88. Los peticionarios indican

que el TPI incidió al denegarle la entrega de la evidencia utilizada

para calcular los intereses devengados de sus fondos y, al sostener

la negativa para que los funcionarios judiciales informaran a cuánto

ascendió el cargo que les cobró el Poder Judicial por retener su

dinero e imponer un cargo del 15% de los intereses devengados sin

documentación que sirviera como base legal.

        Conforme al Reglamento de Manejo de Fondos e Intereses, y,

las Normas y Procedimientos para el Pago de Intereses, antes

expuestos, si los beneficiarios no se encuentran conformes con la

cantidad de los intereses, podrán presentar un reclamo ante el TPI

que ordenó la emisión del pago. En ese sentido, los peticionarios

correctamente presentaron una reclamación —en este caso una

impugnación— por no estar conforme con los intereses pagados que

ordenó el TPI.

        Por lo tanto, ante el reclamo de los peticionarios, le

correspondía al foro recurrido solicitar al Director Administrativo de

los Tribunales la información referente a los intereses generados por

la cuantía custodiada, y utilizando dicha información, aclarar las

interrogantes sobre los intereses generados. Al no hacerlo, el TPI

contravino el derecho antes esbozado.

        En consecuencia, debemos expedir el auto de certiorari

solicitado y revocar la determinación recurrida. En ese sentido,

ordenamos al TPI a celebrar una vista evidenciaría en la cual se

36 Artículo VII al inciso (K), Id.
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desglose   y   transparente      cómo    la   cantidad   depositada   de

$40,849.07 generó durante ese tiempo $900.88 en intereses,

conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 69-1991, el Reglamento y

Normas antes citadas.

      Ello permitirá al TPI a emitir y notificar una resolución

transparente, de la cual surja la cuantía correspondiente a la suma

depositada, los intereses acumulados durante ese tiempo, gastos

incurridos por el Poder Judicial y el detalle de su cómputo a fin de

que se constate su corrección.

                                  -IV-

      Cónsono con lo anterior, procedemos a expedir el auto de

certiorari y revocar la determinación recurrida a los fines de ordenar

al TPI que celebre una vista evidenciaria conforme a esta

determinación.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones