Court Opinion

ID: 9952257
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:34:14.360589+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:19.350730
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL

      NELSON JOSEPH                                          Apelación acogida
        ZAMBRANO                                             como Certiorari
                                                             procedente del
              Apelante                                       Tribunal de
                                                             Primera Instancia,
                 v.                                          Sala de Carolina
                                       KLAN202301013
OLGA L. MAYOR AGUIRRE                                        Caso Núm.:
                                                             CN2023RF00059
              Apelado
                                                             Sobre: Custodia
                                                             (Alimentos y Patria
                                                             Potestad)
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
Jueza Mateu Meléndez y el Juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                  RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

       Comparece         la    parte   peticionaria,    el    señor   Nelson   J.

Zambrano (señor Zambrano o peticionario), y nos solicita intervenir

para que dejemos sin efecto la Orden emitida y notificada el 12 de

octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (TPI). En el aludido dictamen, el TPI reiteró la

prevalencia de la determinación emitida el 8 de agosto de 2023 y

notificada el día 11 siguiente, por virtud de la cual ordenó que la

menor S.Z.M. continuara estudios en Robinson School, a costa del

peculio del peticionario.

       Anticipamos        la    denegación     del     auto    discrecional    de

Certiorari.

                                         I.

       La causa del título se inició el 12 de junio de 2023, ocasión

en que el señor Zambrano presentó ante el TPI una petición de

custodia de S.Z.M.2 La parte recurrida, la señora Olga Mayor

1 El Hon. José I. Campos Pérez sustituyó al Hon. Fernando J. Bonilla Ortiz, por

virtud de la Orden Administrativa TA-2023-212, emitida el 6 de diciembre de
2023.
2 Apéndice, págs. 4-5.

Número Identificador

RES2024 ______________
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Aguirre (señora Mayor Aguirre o recurrida), ha fungido como

persona custodia de la hija de ambos litigantes, quien al momento

de la acción civil había cumplido doce años. En lo que nos

compete, el señor Zambrano expresó en su pedimento que asumía

todos los gastos educativos de la menor, quien cursa estudios en

Robinson School.

       La señora Mayor Aguirre presentó su alegación responsiva.3

En lo que atañe al recurso, la recurrida aceptó que el peticionario

cubría los costos educativos de S.Z.M. No obstante, solicitó que el

caso se refiriera al examinador de pensiones alimentarias (EPA)

para fijar una pensión conforme a derecho.

       El TPI refirió el caso al EPA, Juan Corchado Cuevas. Por

igual, remitió la causa a la Unidad Social de Familia y Menores,

para que rindiera un informe sobre custodia y relaciones filiales.4

El EPA citó a las partes del epígrafe a una vista a celebrarse el

11 de octubre de 2023, mediante videoconferencia.5

       Así las cosas, el 7 de julio de 2023, la recurrida instó una

solicitud de remedio.6 En esencia, expuso que el señor Zambrano

manifestó que anularía la matrícula en Robinson School para el

siguiente año escolar, la cual aseguró que había sido satisfecha.

Sostuvo que no estaba conforme con dicha intención. Explicó que

la menor estudiaba en Robinson School desde que residía en

Puerto Rico,7 por lo que expresó que no existía razón para

exponerla     a   cambios      significativos    que     incidirían   sobre   la

estabilidad emocional de S.Z.M.

       En    su    réplica,8    el   señor      Zambrano      negó    que     su

determinación fuera arbitraria y abogó sobre su imposibilidad de

3 Apéndice, págs. 6-7.

4 Apéndice, págs. 10-11.

5 Apéndice, págs. 13-15.

6 Apéndice, págs. 8-9.

7 Surge del expediente que S.Z.M. llegó a Puerto Rico en 2022.

8 Apéndice, págs. 16-20, con anejos a las págs. 21-26.
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continuar asumiendo el “gran costo” de esa institución educativa

en particular. Afirmó que no contaba con la totalidad del dinero

que requería Robinson School por anticipado. Aseveró que había

solicitado información de otras instituciones educativas, sin contar

con la cooperación de la recurrida. En cuanto a las razones

dinerarias, en un escrito posterior,9 informó al TPI que enfrentaba

una solicitud de orden de protección en su contra. Explicó que las

instancias legales vinculadas a ese pleito habían impactado sus

finanzas.

          En respuesta,10 primero, la señora Mayor Aguirre insistió

que se oponía al cambio de colegio, porque el señor Zambrano no

había sustentado con evidencia su solicitud. Segundo, en otra

moción,11 apostilló que el gasto legal del peticionario no podía

afectar el mejor bienestar de S.Z.M. Destacó que el cambio

solicitado no se basaba en una merma de ingresos, sino en gastos

legales que no debían ir por encima de la educación de la menor.

          El TPI emitió varios pronunciamientos;12 sin embargo, el

atinente a las contenciones del recurso lo dictó el 8 de agosto de

2023, notificado el día 11 siguiente:13

          ATENDIDAS LAS POSICIONES DE LAS PARTES
          (DEMANDANTE SUMAC #30 Y DEMANDADA SUMAC
          #31) SE ORDENA QUE LA MENOR PERMANEZCA
          ESTUDIANDO EN EL COLEGIO ROBINSON SCHOOL
          Y EL DEMANDANTE PAGUE LOS COSTOS DE
          DICHO COLEGIO.

9    Apéndice, págs. 51-56.
10 Apéndice, págs. 46-47.

11 Apéndice, págs. 57-59.

12 El 10 de julio de 2023, el TPI ordenó a las partes a que acordaran una
institución escolar para la menor; así como que el peticionario no había
explicado por qué no podía asumir el costo del colegio. Apéndice, pág. 28; véase,
además, Apéndice, págs. 30-31; 32-33, con anejos a las págs. 33-45. Luego, el
19 de julio de 2023, el TPI acotó que de los documentos anejados por el
peticionario no se desprendían las razones para el cambio de institución
educativa. Apéndice, pág. 29. De hecho, el 3 de agosto de 2023, el TPI notificó
una Orden en la que expresó que el señor Zambrano no había demostrado la
necesidad del cambio a otra institución educativa. Tildó como genéricas sus
alegaciones de incapacidad para asumir el gasto de colegio. Apéndice, págs. 49-
50.
13 Apéndice, págs. 60-62.
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      ESTE TRIBUNAL RESUELVE SUMARIAMENTE ESTA
      CONTROVERSIA PORQUE SE LE HA[N] DADO VARIAS
      OPORTUNIDADES AL DEMANDANTE PARA QUE
      DEMUESTRE    FEHACIENTEMENTE     POR    QU[É]
      SUPUESTAMENTE     NO     PUEDE    CONTINUAR
      COSTEANDO LA EDUCACI[Ó]N DE SU HIJA EN EL
      REFERIDO COLEGIO Y AL D[Í]A DE HOY TAN S[Ó]LO
      HA ALEGADO QUE SE HA TENIDO QUE DEFENDER
      EN UN PROCESO AL AMPARO A LA LEY 54 Y ELLO
      HA CONLLEVADO UNA EROGACI[Ó]N DE FONDOS.

      ADEM[Á]S, ESTA CONTROVERSIA FUE TRA[Í]DA AL
      TRIBUNAL       DE    MANERA TARD[Í]A POR EL
      DEMANDANTE; ESTO FUE, CERCA DE LA PRIMERA
      SEMANA DE JULIO DE 2023. V[É]ASE SUMAC #9.
      (Énfasis en el original).

      El señor Zambrano peticionó la reconsideración de la Orden

el 28 de agosto de 2023 y anejó documentos con el fin de acreditar

su situación económica.14 Luego de solicitar la postura de la

recurrida,15 el 10 de octubre de 2023 el TPI notificó la siguiente

Orden:16

      EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (SUMAC #68) EL
      TRIBUNAL EMITI[Ó] LA SIGUIENTE ORDEN:

      PREVALECE LA ORDEN DEL 8 de agosto de 2023
      (SUMAC #35) MEDIANTE LA CUAL SE ORDEN[Ó] QUE
      LA MENOR PERMANEZCA ESTUDIANDO EN EL
      COLEGIO ROBINSON SCHOOL Y EL DEMANDANTE
      PAGUE LOS COSTOS DE DICHO COLEGIO.

      AHORA BIEN, LA ORDEN DEL 15 DE SEPTIEMBRE
      DE 2023 (SUMAC #68) TAMBI[É]N DISPUSO LO
      SIGUIENTE:

      EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 VENCE EL
      T[É]RMINO CONCEDIDO A LA DEMANDADA PARA
      QUE    SE   EXPRESE   EN   TORNO   A   LA
      RECONSIDERACI[Ó]N DE DICHA ORDEN, QUE FUE
      PRESENTADA POR EL DEMANDANTE.

      AL D[Í]A DE HOY, 10 DE OCTUBRE DE 2023, LA
      DEMANDADA NO SE HA OPUESTO A LA
      RECONSIDERACI[Ó]N DEL DEMANDANTE NI HA
      SOLICITADO PR[Ó]RROGA PARA HACERLO.

      POR TANTO, PARA EL PR[Ó]XIMO SEMESTRE QUE
      COMIENZA EN ENERO DE 2024, LAS PARTES
      ESCOGERÁN UNA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

14 Apéndice, págs. 63-66, con anejos a las págs. 67-100. Debemos mencionar
que los anejos que obran en el expediente fueron deliberadamente tachados de
forma parcial.
15 Apéndice, pág. 116.

16 Apéndice, págs. 118-120.
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       PARA LA MENOR. (Énfasis en el original suprimido y
       subrayado nuestro).

       De esta determinación, la señora Mayor Aguirre solicitó

reconsideración el 12 de octubre de 2023.17 Indicó que por

inadvertencia dio por resuelta la reconsideración del peticionario.

Aseveró también que el TPI debía tomar conocimiento de que el día

anterior, durante la vista ante el EPA, el señor Zambrano enunció

que estaba analizando si asumiría capacidad económica. A tales

efectos, intimó al TPI a dejar sin efecto la orden de 10 de octubre

de 2023, en cuanto a escoger una nueva institución educativa para

S.Z.M. para el semestre escolar a comenzar en enero de 2024.

       El TPI acogió el pedimento de la señora Mayor Aguirre y, el

12 de octubre de 2023, dictó la Orden aquí recurrida:18

       HA LUGAR. SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DEL
       10 DE OCTUBRE DE 2023 (SUMAC #79) QUE
       HAB[Í]A DECRETADO LO SIGUIENTE: PARA EL
       PR[Ó]XIMO SEMESTRE QUE COMIENZA EN ENERO
       DE 2024, LAS PARTES ESCOGER[Á]N UNA NUEVA
       INSTITUCI[Ó]N EDUCATIVA PARA LA MENOR.

       EN SU CONSECUENCIA, SE DECLARA NO HA LUGAR
       LA RECONSIDERACION […] PRESENTADA POR EL
       DEMANDANTE EL 28 de agosto de 2023 (SUMAC #42).
       PREVALECE EN TODA SU EXTENSI[Ó]N LA ORDEN
       DEL 8 de agosto de 2023 QUE DECRET[Ó] LO
       SIGUIENTE: SE ORDENA QUE LA MENOR
       PERMANEZCA ESTUDIANDO EN EL COLEGIO
       ROBINSON SCHOOL Y EL DEMANDANTE PAGUE
       LOS COSTOS DE DICHO COLEGIO (SUMAC #35).
       (Énfasis en el original).

       Inconforme, el señor Zambrano acudió ante este foro

intermedio, mediante un recurso de Apelación, el cual acogemos

como un recurso discrecional de Certiorari19 y esbozó los siguientes

señalamientos de error:

       Primer Error: Erró el TPI al acoger la solicitud de
       reconsideración de la apelada y emitir una
       determinación final disponiendo que la menor se
       mantenga matriculada en Robinson School, institución

17 Apéndice, págs. 121-122.

18 Apéndice, págs. 1-3.

19 Por economía procesal, conservamos la clasificación alfanumérica otorgada en

Secretaría.
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      educativa de alto costo, y que ubica en Condado,
      siendo Canóvanas el lugar de residencia de la menor.

      Segundo Error: Erró el TPI al determinar que la
      menor se mantenga matriculada en la institución
      educativa Robinson School sin que previamente
      celebrara una vista probatoria para emitir su
      dictamen.

      Tercer Error: Erró el TPI al privar al peticionario de su
      día en corte resolviendo un asunto que incide en el
      ejercicio de la patria potestad sin que se observara el
      debido proceso de ley.

      Mediante la Resolución dictada el 21 de noviembre de 2023,

concedimos a la parte recurrida el término reglamentario para que

presentara su alegato. Transcurrido el plazo dispuesto, la señora

Mayor      Aguirre   no   compareció.   Por   lo   tanto,   damos   por

perfeccionado el recurso y resolvemos sin el beneficio de su

postura.

                                  II.

El auto de Certiorari

      El auto de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones

judiciales de un foro inferior y corregir algún error cometido por

éste. 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG

Builders et al., v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). A diferencia de la apelación, el

foro revisor tiene la facultad para expedir o denegar el recurso

de Certiorari de manera discrecional. García v. Padró, supra. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido discreción como el

“poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger

entre uno o varios cursos de acción”. Id., que cita a Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Por ende, la discreción

es “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera…” Pueblo v. Sánchez

González, 90 DPR 197, 200 (1964), citado con aprobación en

García v. Padró, supra, págs. 334-335.
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      No obstante, el ejercicio de la discreción no equivale a hacer

abstracción del resto del Derecho, ya que ese proceder constituiría,

en sí mismo, un abuso de discreción. Negrón v. Srio. de Justicia,

154 DPR 79, 91 (2001). Por lo tanto, el examen al auto discrecional

que realizamos antes de decidir el curso a seguir no se da en el

vacío ni en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v.

AIG, supra, pág. 176. Ello así, porque “el adecuado ejercicio de la

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al

concepto de la razonabilidad”. García v. Padró, supra, pág. 335;

Pueblo v. Ortega Santiago, supra.

      Es sabido que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las cuales este foro

intermedio tiene autoridad para atender los recursos de Certiorari.

En su parte pertinente, la norma dispone que, como excepción, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia

cuando se recurran decisiones en casos de relaciones de familia.

Ahora, la norma procesal dispone expresamente que, al denegar la

expedición   de   un   recurso   de   Certiorari,   este   Tribunal   de

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.

      Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer

sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar

si expedimos o denegamos un recurso de Certiorari, nos guiamos

por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

Criterios para la expedición del auto de Certiorari, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. Así reza:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
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      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del
      pleito y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Claro está, es norma asentada que este tribunal intermedio

no interviene con las determinaciones emitidas por el foro primario

ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que se pruebe que dicho

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el

ejercicio de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”.

(Cursivas en el original). Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724,

736 (2018), que cita con aprobación a Ramos Milano v. Wal-Mart,

168 DPR 112, 121 (2006); Rivera y otros v. Banco Popular, 152

DPR 140, 155 (2000); Meléndez Vega v. Caribbean Int’l. News, 151

DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,

745 (1986). Véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187

DPR 750, 771 (2013).

Los alimentos a favor de los menores de edad

      En nuestro ordenamiento jurídico, los menores tienen un

derecho fundamental a recibir alimentos. Fonseca Zayas v.

Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011). Este derecho

emana de la cláusula constitucional del derecho a la vida

consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022), que

cita a De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157 (2016). Por
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lo anterior, los casos relacionados con los alimentos de los

menores están revestidos del más alto interés público y el norte a

seguir es su mejor bienestar. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra,

y los casos allí citados. Cónsono con lo anterior, el Artículo 653 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7531, que versa sobre la

obligación alimentaria, describe el concepto alimentos como sigue:

       Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable
       para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la
       recreación y la asistencia médica de una persona,
       según la posición social de su familia.

       Cuando el alimentista es menor de edad, los
       alimentos comprenden también su educación, las
       atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las
       circunstancias de su entorno familiar y social y los
       gastos extraordinarios para la atención de sus
       condiciones personales especiales. (Énfasis nuestro).

       Por su parte, la legislación especial estatuida en la Ley Núm.

5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, Ley Orgánica de

la Administración Para el Sustento De Menores, 8 LPRA sec. 501 et

seq., en su Artículo 2, define alimentos de la siguiente manera:20

       Es parte integral del derecho fundamental a la vida y a
       la subsistencia de la persona. Se refiere a todo lo que
       es indispensable para el sustento, habitación, vestido
       y asistencia médica según la posición social de la
       familia. También comprenden la educación e
       instrucción del alimentista menor de edad.
       Asimismo, se dispone que dicho término incluya los
       conceptos que de tiempo en tiempo sean establecidos o
       adoptados por las leyes federales y estatales que rigen
       sobre el particular. (Énfasis nuestro). 8 LPRA sec. 501
       (7).

                                      III.

       En síntesis, el señor Zambrano está en desacuerdo con la

alegada “determinación final” que le compele a sufragar los gastos

de educación de su hija menor de edad S.Z.M. en Robinson School,

20  El Artículo 5, inciso (7), del borrador de las Guías mandatorias para fijar y
modificar pensiones alimentarias en Puerto Rico define el término alimentos como
“[t]odo lo que es indispensable para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la
recreación y la asistencia médica del alimentista, según el ingreso familiar. Los
alimentos comprenden también la educación y las atenciones de previsión
acomodadas a los usos y a las circunstancias del entorno familiar y los gastos
extraordinarios para la atención de las condiciones personales especiales del
alimentista”.
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ubicado en San Juan, aun cuando la niña reside en Canóvanas.

Arguye que el TPI erró al no celebrar una vista evidenciaría previo

a su dictamen, lo que arguye incidió sobre su ejercicio de patria

potestad y lo privó del debido proceso de ley mediante su día en

corte. No nos persuade.

      Luego de una evaluación mesurada del expediente ante

nuestra consideración, ponderar la postura del peticionario y el

pronunciamiento judicial recurrido, estimamos que no debemos

intervenir en esta etapa de los procedimientos. En la causa

presente, permanece bajo el escrutinio judicial el proceso para

determinar la custodia de S.Z.M. y la fijación de la pensión

alimentaria ante el EPA. Por ende, el dictamen no puede

considerarse necesariamente como uno de naturaleza final como

aduce el peticionario. De hecho, es sabido que las determinaciones

de alimentos y de custodia de menores no constituyen cosa

juzgada. De ocurrir cambios en las circunstancias, a la luz de los

mejores intereses y el bienestar de los menores, dichas decisiones

están sujetas a revisión judicial en el Tribunal de Primera

Instancia. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76, 85-86

(2018); Figueroa v. del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998).

      Somos de criterio que el TPI, en aras del bienestar de la

menor, mantuvo inalterado el acuerdo previo de sus progenitores

de que la niña estudie en Robinson School a costa del señor

Zambrano, hasta tanto se resuelvan las contenciones pendientes.

Opinamos que dicha determinación no debe ser alterada. Claro

está, nuestra actual abstención no equivale a que estemos

prejuzgando la procedencia o no de la asunción de todos los costos

educativos   de   S.Z.M.   en   Robinson   School   por   parte   del

peticionario. En su día, una vez adjudicadas finalmente la petición

de custodia y la pensión alimentaria correspondiente, cualquiera
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de las partes, que esté en desacuerdo con la resolución del foro

primario, podrá acudir ante esta curia.

      En suma, concluimos que el dictamen del TPI no adolece de

abuso de discreción, prejuicio, parcialidad, error manifiesto ni es

contrario a derecho. Ciertamente, tampoco están presentes los

criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, por lo que no se amerita nuestra intervención

prematura.

                                IV.

      A la luz de lo antes expuesto, denegamos la expedición del

auto de Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones