Court Opinion

ID: 9929422
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-02 16:19:32.904676+00
Date Added: 2024-06-11T10:07:14.181641
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:
                                                2024 TSPR 5

                                               213 DPR ___
 Norberto Colón Alvarado
 (TS-12,160)

Número del Caso:    AB-2021-0201

Fecha:    26 de enero de 2024

Abogados de la parte promovida:

     Lcdo. Juan E. Medina Quintana
     Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta
     Lcdo. Luis Manuel García Tous

Oficina del Procurador General:

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

     Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
     Subprocuradora General

     Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
     Procuradora General Auxiliar

Oficina de Inspección de Notarías:

     Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
     Director

Materia:     Conducta Profesional — Suspensión inmediata e
indefinida del ejercicio de la abogacía por infracción a los
Cánones 18, 35, y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del
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                EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
Norberto Colón Alvarado                          AB-2021-0201
TS-(12,160)

                                     PER CURIAM

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

       Nuevamente,          nos    vemos    obligados          a    ejercer        nuestra

facultad disciplinaria sobre un miembro de la abogacía por

incumplir con los postulados éticos que rigen la gestión

de   todos      los    miembros      de     la   profesión          legal.         En   esta

ocasión, intervenimos con el Lcdo. Norberto Colón Alvarado

(promovido), por infringir los Cánones 18, 35 y 38 del

Código     de     Ética          Profesional,      4      LPRA          Ap.    IX.      Como

detallaremos a continuación, las actuaciones que cimientan

la     presente        Opinión        Per       Curiam     surgen             de     varias

transacciones, indebidamente realizadas por el letrado de

epígrafe, al autorizar múltiples traspasos de titularidad

de vehículos de motor.

       Por entender que el licenciado Colón Alvarado faltó a

su   deber      hacia       la    verdad    y    empañó    la       dignidad         de   la

profesión al momento de autenticar varias firmas de manera

ilegítima, y certificar como veraces ciertos hechos que

eran     falsos       aun    con    conocimiento          de       su    falsedad,        lo

suspendemos de manera inmediata e indefinida del ejercicio

de la abogacía. Veamos.
AB-2021-0201                                                                    2

                                           I.

       Los    hechos      pertinentes           a   este    caso   se   encuentran

consignados en la Opinión Per Curiam que emitimos el 8 de

agosto de 2023 en donde suspendimos al licenciado Colón

Alvarado de su práctica notarial. Sin ánimos de reproducir

lo que allí expresamos, procedemos a hacer un recuento

sucinto del trasfondo procesal atinente.

       El letrado Colón Alvarado fue admitido al ejercicio

de la abogacía el pasado 21 de enero de 1998 y prestó

juramento como notario e1 11 de junio del mismo año.

       El 15 de diciembre de 2021, la exfiscal de la Unidad

de    Delitos    Económicos       del       Departamento       de    Justicia       de

Puerto       Rico,     Estelle        L.     Vilar     Santos       (promovente),

presentó      una    Queja       en        contra     del     licenciado    Colón

Alvarado. En ella, señaló múltiples irregularidades en la

función notarial del promovido, particularmente, en seis

(6)   traspasos      de    vehículos         que     fueron   legitimados     ante

este mediante las siguientes declaraciones juradas:

       (1)    Afidávit Número 21550, mediante el cual
              autorizó el traspaso del título de un
              vehículo marca Jeep del año 1971;
       (2)    Affidávit Número 26109, mediante el cual
              autorizó el traspaso del título de un
              vehículo marca Honda del año 2007.
       (3)    Afidávit Número 22148, mediante el cual
              autorizó el traspaso del título de un
              vehículo marca Suzuki del año 2001;
       (4)    Afidávit Número 23236, mediante el cual
              autorizó el traspaso del título de un
              vehículo marca Suzuki del año 2013;
AB-2021-0201                                                               3

     (5)      Afidávit Número 24281, mediante el cual
              autorizó el traspaso del título de un
              vehículo marca Nissan del año 2005; y
     (6)      Afidávit Número 24750, mediante el cual
              autorizó el traspaso del título de un
              vehículo marca Suzuki del año 2008.

     En esa línea, la exfiscal Vilar Santos adujo que el

promovido legitimó varios traspasos sin tener a las partes

firmantes       presentes,       que     legitimó       firmas       que       no

pertenecían      a    las    partes    declarantes      y     que,   además,

acreditó la firma de una persona a pesar de que la misma

se encontraba fallecida al momento de la declaración.

     Posteriormente, el 4 de abril de 2022, el licenciado

Colón Alvarado presentó su Contestación a la Queja. En

esencia,      negó   recordar    la    mayoría    de    los    hechos      allí

imputados.      Ahora    bien,   en     cuanto    al    Affidavit     número

26109,   el    letrado      aceptó    haber   actuado    erróneamente          al

acreditar la identificación de las partes aun cuando tenía

conocimiento         personal    de     que      una    de     las    partes

comparecientes ⎯la vendedora⎯ no era quien decía ser.

     Así las cosas, el asunto fue referido a la Oficina de

Inspección      de    Notarías       (ODIN)   y    a    la    Oficina      del

Procurador General de Puerto Rico para que cada ente nos

presentara su correspondiente informe. ODIN hizo lo propio

el 14 de abril de 2023 y el asunto fue atendido por este
AB-2021-0201                                                                             4

Tribunal,     eventualmente,               a   través          de   una    Opinión        Per

Curiam.1

      Por    su     parte,         el     Procurador           General     presentó          su

Informe el pasado 2 de octubre de 2023. En este, al igual

que en su momento lo hizo ODIN, concluyó que el licenciado

Colón Alvarado había dado fe sobre la comparecencia de

ciertas personas firmantes ante sí aun cuando, en efecto,

conocía     que     esa      representación              era    falsa.     La    anterior

conclusión     versó,            particularmente,             sobre      los   affidavits

número      21550       y        26109.      Asimismo,          coligió        que    puede

demostrar que el promovido, falsamente, dio fe de que los

comparecientes          de       los    affidavits         número        22148,      23236,

24281 y 24750, no firmaron en su presencia. Por todo lo

anterior, razonó que el promovido actuó en contravención a

los Artículos 2, 12, 56 y 57 de la Ley Notarial, las

Reglas 12,        29,       65    y 67       del    Reglamento Notarial              y    los

Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profesional.2

      Consecuentemente,                 le     otorgamos            un     término           al

promovido para que se expresara en cuanto al Informe del

Procurador.       En    cumplimiento               con   lo    ordenado,        el   27      de

noviembre de 2023 el licenciado Colón Alvarado presentó su

réplica al informe.

      Contando con el beneficio de ambas partes, pasamos a

resolver.

1 Véase, In re Colón Alvarado, 2023 TSPR 98, 212 DPR ___ (2023).
2 4 LPRA sec 2001 et seq.; 4 LPRA Ap. XXIV y 4 LPRA Ap. IX
respectivamente.
AB-2021-0201                                                          5

                                    II.

        Los   profesionales        del    Derecho   en   nuestra    isla,

independientemente de que se dediquen a la abogacía o la

notaría, están sujetos a cumplir con múltiples preceptos

éticos que rigen la profesión.

        El    Artículo    2   de     la    Ley   Notarial     de   Puerto

Rico, supra,       consagra    el    principio      de   la   fe   pública

notarial, y dispone que

             “El notario es el profesional del Derecho
        que ejerce una función pública, autorizado para
        dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los
        negocios jurídicos y demás actos y hechos
        extrajudiciales que ante él se realicen, sin
        perjuicio   de   lo   dispuesto  en   las   leyes
        especiales. Es su función recibir e interpretar
        la voluntad de las partes, dándole forma legal,
        redactar las escrituras y documentos notariales a
        tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La
        fe pública al notario es plena respecto a los
        hechos que, en el ejercicio de su función
        personalmente ejecute o compruebe y también
        respecto a la forma, lugar, día y hora del
        otorgamiento”.3

        En sintonía con lo anterior, hemos expresado que “la

función que ejerce el notario va más allá de fungir como

un autómata que legaliza las firmas, ya que posee el deber

de verificar que el instrumento público cumpla con todas

las formalidades de la ley, que es legal y verdadero, y

finalmente, que es una transacción legítima y válida”.4

        Por otra parte, el Artículo 56 de la Ley Notarial,

supra, establece lo siguiente:

3   4 LPRA sec. 2002.
4   In re Villalona Viera, 206 DPR 360, 379 (2021).
AB-2021-0201                                                             6

              Llámese   testimonio    o   declaración de
        autenticidad al documento mediante el cual un
        Notario a requerimiento de parte interesada, da
        testimonio de fe de un documento no matriz,
        además de la fecha del testimonio:
             (1) de la legitimación de las firmas que en
        él aparezcan, siempre que no se trate de los
        actos comprendidos en el Artículo 5 de esta Ley
        ni en los incisos 1 al 6 del Artículo 1232 del
        Código Civil vigente;
             (2) de haber tomado juramento por escrito;
             […]
             El Notario no asume responsabilidad alguna
        por el contenido del documento privado cuyas
        firmas legitime.

        Como consecuencia de lo anterior, los notarios y las

notarias no pueden dar fe notarial en un documento en el

cual la persona que pretende la otorgación no compareció

personalmente.5 Sobre este particular, hemos expresado que

             “[L]os   notarios   y   las    notarias   deben
        abstenerse de dar fe notarial de una declaración
        jurada si la persona que va a otorgar el
        documento   o   la   declaración    jurada   no   ha
        comparecido   personalmente”.    De   hacerlo,   ese
        funcionario “transgrede la fe pública notarial y
        perjudica la confianza depositada en el sistema
        de autenticidad documental”.6

        Asimismo, la Regla 67 del Reglamento Notarial, supra,

establece     de     manera     diáfana     que,   el   testimonio           de

legitimación       de   firma    acredita    el    hecho   de    que,        en

determinada fecha, se firmó un documento en presencia del

notario o de la notaria y que esa persona es quien dice

ser. También, establece que la legitimación de la firma

podrá    o   no    comprender    el   juramento. Además,        obliga       al
5 In re González Pérez, supra, pág. 647.
6 Íd., pág. 648, citando a In re Flores Martínez, 199 DPR 691, 702
(2018).
AB-2021-0201                                                                              7

notario o notaria a hacer constar, tanto en el testimonio

como    en        el        Registro      de    Testimonios,              que        conoce

personalmente           a     la     parte      firmante        o     que,           en       la

alternativa,           la    ha     identificado      mediante         los        métodos

supletorios que provee el Art. 17 de la Ley Notarial de

Puerto Rico, supra. Similar disposición contiene la Regla

29   del    Reglamento            Notarial,     supra.     De       esta    forma,            el

notario o la notaria garantiza la identidad de la persona

firmante y que el acto se realizó en su presencia.7

       En   ese    sentido,         la    acción     de   certificar            un    hecho

falso es una de las faltas más graves que puede cometer un

miembro      de    la        profesión     legal,     aun       cuando       no       medie

intención.        Este       tipo    de   infracción       podría      acarrear               la

suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la

abogacía y de la notaría.8 Esto es así pues autorizar una

declaración            jurada       sin    la      presencia         del        firmante

constituye        la        certificación       de    un     hecho          falso         que

transgrede la fe pública notarial y afecta la confianza

del sistema de autenticidad documental.

       De   hecho,          hemos   expresado      que     este      tipo       de    falta

quebranta los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional,           por    lo    que   podría     acarrear        la     suspensión

7 In re González Pérez, supra, pág. 647; In re Rafols Van Derdys, 211
DPR __ (2022). Véase, además, In re Villalona Viera, 206 DPR 360
(2021).
8 In re Rafols Van Derdys, supra.
AB-2021-0201                                                                                      8

inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y de

la notaría.9

       Respecto al Canon 18 del Código de Ética Profesional,

supra,       es    harto      conocido           que       éste       requiere          que       los

abogados          ejerzan        una        labor          idónea,         competente                  y

diligente.10        También,             exige       que       los    abogados,              en       el

desempeño de su función notarial, corroboren que aquellos

documentos que autorizan cumplen cabalmente con las normas

legales aplicables.11 Es por ello que, continuamente, hemos

concluido         que     infringir            las       disposiciones             de    la       Ley

Notarial y su reglamento, al no ejercer la profesión con

el    cuidado      y     la    prudencia          que         esta    requiere,              es   una

práctica indeseable que redunda en una violación del Canon

18, supra.12

       Por    su        parte,    el       Canon         35    del     Código           de    Ética

Profesional, supra, les impone a los abogados el deber de

conducirse         con        integridad,                sinceridad        y       honradez.13

Concretamente,            este       precepto            ético       obliga        a    que       los

notarios      se    ajusten          a    la     sinceridad           de   los         hechos         al

redactar      afidávits          u       otros       documentos.           Así,         pues,         el

togado que asevera que una parte compareció ante él sin

que    ello       sea    cierto          falta       a    la     verdad        y       socava         la

9 Íd. Véanse, además, In re González Pérez, supra; In re Villalona
Viera, supra, pág. 370.
10 In re Sánchez Pérez, 210 DPR 235 (2022); In re Rivera Pérez, 208 DPR

805.
11 In re Maldonado de Jesús, 208 DPR 601 (2022).
12 In re Villalona Viera, supra.
13 In re González Pérez, supra.
AB-2021-0201                                                                         9

integridad de la profesión.14 Tal como hemos reconocido, en

lo concerniente al ejercicio de la abogacía, este canon se

incumple    por    el    simple       hecho       de    faltar     a    la    verdad,

independientemente de las razones que lo motiven.15

      Asimismo,     el    abogado         que    certifica        un    hecho      falso

también infringe el deber de practicar la profesión de

forma honrosa y digna que impone el Canon 38, supra.16 No

olvidemos    que    este    principio            deontológico          instituye         el

cometido    de     evitar    hasta          la     apariencia          de    conducta

profesional impropia. De esta forma, el notario que no

desempeña    con       cautela    y       celo    la     función       pública       del

notariado fracasa en exaltar la profesión legal.17

                                       III.

      Los preceptos ético-legales que se le impone a la

práctica jurídica tienen como objetivo propiciar que los

abogados se desempeñen acorde a los más altos principios

de conducta para beneficio de la profesión, la ciudadanía

y las instituciones del país.

      En    lo     pertinente         a     este        caso,      surge        de       la

investigación      e    Informe       que   nos        presentó    el       Procurador

General,    que    el    licenciado         Colón       Alvarado       infringió         en

múltiples    ocasiones       preceptos             estatuidos          en     la     Ley

14 In re Crespo Pendás, 209 DPR 1036 (2022).
15 In re Lugo Quiñones, 206 DPR 1, 12 (2021).
16 In re Villalona Viera, supra.
17 Íd.
AB-2021-0201                                                                           10

Notarial,        el    Reglamento         Notarial      y   el    Código       de   Ética

Profesional.

      En primer lugar, la declaración jurada numero 21550

está relacionada con un traspaso de título de vehículo de

motor otorgado por Felipe Colón Rodríguez y Juan De Jesús

Colón,      a    quienes        el    letrado         identificó     mediante          sus

licencias        de     conducir.         El    licenciado        Colón        Almodóvar

realizó esta gestión el 29 de abril de 2016. Sin embargo,

el señor Colón Rodríguez había fallecido el 6 de marzo de

2011, es decir, cinco (5) años antes de que se otorgara la

declaración           jurada    para      el    traspaso      vehicular.         En    ese

sentido,        resulta        imposible        que    este      acudiera       ante    el

abogado y que lo pudiera identificar mediante una licencia

de conducir.

      Cabe destacar, además, que el señor De Jesús Colón le

declaró     bajo        juramento         al    Fiscal      Auxiliar       Miguel       R.

Alameda         Rodríguez       que       no    estuvo      presente       cuando       el

promovido lleno el documento de traspaso.

      Por       otra    parte,       en    lo   que    respecta      al    testimonio

26109,     surge       que     este       fue   suscrito      y    jurado       ante    el

promovido el 4 de enero del 2018 por los comparecientes

Ida   G.        Borrero        Espada      ⎯como       vendedora⎯          y    Mariano

Guillermo Santiago ⎯como comprador⎯. La señora Borrero

Espada era la titular de un automóvil, pero lo entregó via

“trade in” en un concesionario de vehículos en Ponce, el
AB-2021-0201                                                                           11

cual lo      vendió       a un tercero           y       fue este    tercero       quien

acudió donde el promovido para realizar el traspaso donde

aparecía la señora Borrero como parte.

      Ahora       bien,       no   existe    controversia           respecto       a    la

falta     crasa    incurrida         por    el   promovido         en     cuanto    este

asunto, pues la señora Borrero Espada no estuvo presente

al momento de firmar la declaración jurada y el licenciado

Colón Almodóvar así lo admitió. Es decir, aceptó que dio

fe de un hecho del cual conocía plenamente su falsedad. No

conteste con lo anterior, el promovido también dio fe de

tal   falsedad      al     incluirlo        en   el       Informe    Mensual       Sobre

Actividad Notarial. Claramente, esta gestión denotó una

falta clara hacia el deber que tenía el letrado para con

la verdad.

      No albergamos duda de que las acciones del licenciado

Colón Alvarado mancillaron la excelsa imagen sobre la cual

deben conducirse y desempeñarse en sus funciones todos los

miembros de la clase togada.

      A    la     luz    de    los    hechos         y    el    derecho    aplicable,

concluimos        que     las      actuaciones            del    licenciado        Colón

Alvarado fueron contrarias a lo dispuesto en los Cánones

18, 35 y 38 de Ética Profesional.

      Como      hemos     expresado         en   reiteradas         ocasiones,          al

momento de imponer la sanción disciplinaria a un abogado

que haya incurrido en conducta violatoria del Código de
AB-2021-0201                                                                      12

Ética        Profesional,       evaluamos,           entre     otras    cosas,     la

reputación           del   abogado       en     la     comunidad, su historial

previo y la aceptación y arrepentimiento sincero sobre la

falta.18 Sobre este último elemento, debemos destacar que

en la moción que el promovido presentó como reacción al

Informe        del     Procurador        General,       este     aceptó     que    su

conducta lesionó múltiples preceptos éticos relacionados

con     la     Ley    Notarial,    supra,       su     Reglamento       y   con   los

Cánones        de     Ética    Profesional,          supra.     Arguyó      que   sus

actuaciones no estuvieron instruidas a lucrarse, sino que

fue      un        “injustificable       descuido”.          Asimismo,       incluyó

múltiples declaraciones juradas que atestiguan su buena

reputación.

                                          IV.

        Tal como reconocimos en la Opinión Per Curiam que

emitimos contra este mismo licenciado en agosto del año

pasado, luego de reconocer el incumplimiento del abogado

promovido, señalamos que, tanto en el 2017 como en el

2018,         el     letrado    atravesó         por     diferentes         procesos

disciplinarios los cuales fueron archivados, no sin antes

haber     sido       apercibido     de    que    en     el     futuro    fuese    más

diligente y cuidadoso para con sus asuntos notariales. De

igual forma, destacamos que el promovido aceptó su falta

únicamente en cuanto a la consignación falsa relacionada

con el testimonio 26109.

18   In re Rivera Grau, 196 DPR 522, 539 (2016).
AB-2021-0201                                                                          13

       Así, pues, evaluado y ponderado el Derecho aplicable,

y    las   infracciones            incurridas       por     el    licenciado        Colón

Alvarado, decretamos su suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía.

       Como consecuencia, se le impone el deber de notificar

a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles.             Del     mismo        modo,    se     le     ordena      que

devuelva      a    sus     clientes       los      expedientes       de    los      casos

pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por

los    servicios         no       rendidos.      Se    le       impone    también      la

obligación de informar oportunamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

asuntos pendientes. Por último, tendrá la obligación de

acreditar     a     este      Tribunal      el     cumplimiento          con   lo   aquí

ordenado, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le notificó su suspensión, dentro del término de

30    días,   contado         a    partir     de      la   notificación        de    esta

Opinión Per         Curiam y          Sentencia.           No     hacerlo      pudiera

conllevar         que    no   se     le   reinstale         al    ejercicio      de    la

profesión legal de solicitarlo en el futuro.

       Se dictará Sentencia de conformidad.
          EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Norberto Colón Alvarado        AB-2021-0201
(TS-12,160)

                            SENTENCIA

  En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

       Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
  Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la
  presente Sentencia, decretamos la suspensión indefinida
  e   inmediata  del   ejercicio  de   la   abogacía  del
  Lcdo. Norberto Colón Alvarado.

        A la luz de lo anterior, le imponemos al letrado el
  deber de notificar a todos sus clientes de su
  inhabilidad de seguir representándolos, devolverles
  cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
  realizados e informar oportunamente de su suspensión
  indefinida a los foros judiciales y administrativos
  donde    tenga   asuntos  pendientes.   Deberá,   además,
  acreditar y certificarnos el cumplimiento de estos
  deberes incluyendo una lista de los clientes y los foros
  a quienes le haya notificado de su suspensión, dentro
  del término de treinta (30) días, a partir de la
  notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No
  hacerlo, pudiera conllevar que no se le reinstale al
  ejercicio de la profesión de solicitarlo en el futuro.

      Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
  Tribunal Supremo.

                           Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                          Secretario del Tribunal Supremo