Court Opinion

ID: 9928489
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:59.691515+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:39.403234
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III

  BT (RECOVERY) CORP.                        Certiorari
                                             procedente del
        Recurrida                            Tribunal de
                                             Primera
                                             Instancia, Sala
            v.              KLCE202301394    Superior de
                                             Ponce

    TORRES CINTRON,                          Civil Núm.:
       WALDEMAR                              J CD2002-0307

      Peticionario                           Sobre:
                                             Cobro de dinero

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

     Comparece    el señor Waldemar Torres Cintrón, en

adelante el señor Torres o el peticionario, quien nos

solicita   que   revoquemos   la    Resolución   emitida   6   de

octubre de 2023 y notificada el día 11 de mismo mes y

año, en la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala

de Ponce, en adelante TPI, declaró no ha lugar a la

Moción en Oposición a Orden Autorizando Venta en Pública

Subasta.

     Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del recurso de certiorari.

                              -I-

     En el contexto de una demanda de cobro de dinero,

BT (Recovery) Corp. y anteriormente de Bank of Trust of

Puerto Rico, en adelante BT Corp., alegó que el señor

Torres le adeudaba unas sumas de dinero. El peticionario

Número Identificador

RES2023_________________
KLCE202301394                                                              2
aceptó adeudar las cantidades reclamadas y el TPI dictó

Sentencia a favor de la recurrida.1

        Transcurridos        varios    trámites     procesales,           que

resulta innecesario pormenorizar para la resolución de

la controversia ante nos, BT Corp. presentó una Moción

Solicitando Orden de Subasta,2 que el TPI declaró con

lugar3.

        Por su parte, el señor Torres presentó una Moción

en   Oposición     a   Orden     Autorizando       Venta     en    Pública

Subasta.4 En síntesis, alegó que en el pleito de epígrafe

no   se    configura    ninguna       de   las    excepciones       de    la

renunciabilidad        del    derecho      a    hogar     seguro,    según

dispone la Ley del Derecho a la Protección del Hogar

Principal y el Hogar Familiar, en adelante Ley Núm. 195-

2011. Además, adujo que la Cooperativa de Ahorro y

Crédito Agustín Burgos Rivera Villa Coop, en adelante

Villa     Coop,   es   parte    indispensable       porque        tiene    un

gravamen hipotecario sobre el bien objeto de la venta en

pública subasta. Del mismo modo, arguyó que el préstamo

con Villa Coop se utilizó para pagar el gravamen de

$23,833.33.

        Luego,    el    peticionario           presentó     una     Moción

Informativa, en la que reiteró la posición del escrito

anterior.5

        Posteriormente, la recurrida presentó una Oposición

a “Moción en Oposición a Orden Autorizando Venta en

Pública Subasta”.6 Destacó que en el pleito de epígrafe

no aplica la Ley Núm. 95-2011 porque la demanda se

1 Apéndice del peticionario, pág. 2.
2 Id., págs. 89-91.
3 Id., págs. 92-93.
4 Id., págs. 98-110.
5 Id., págs. 111-113.
6 Id., págs. 114-122.
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presentó    antes       de   que   entrara    en   vigor      dicho

ordenamiento. Finalmente, adujo que Villa Coop no es

parte indispensable porque tiene la protección que como

acreedor le confiere la inscripción registral.

      Con   el   beneficio    de   la   comparecencia   de    ambas

partes, el TPI declaró no ha lugar Moción en Oposición

a Orden Autorizando Venta en Pública Subasta del señor

Torres.7

      Inconforme, el peticionario presentó una Moción de

Reconsideración.8 Además de reiterar su posición, añadió

que la Ley Núm. 195-2011 debe interpretarse liberalmente

y que el recurrido incurrió en incuria porque, aunque

conocía la identidad de los inmuebles en controversia,

solicitó su ejecución 11 años y 1 mes más tarde.

      Nuevamente, el foro recurrido declaró no ha lugar

a la Moción de Reconsideración.9

      Aun   inconforme,      el    peticionario    presentó     una

Petición de Certiorari en la cual invoca la comisión de

los siguientes errores:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
      SALA SUPERIOR DE PONCE AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
      SOLICITUD   DE   RECONSIDERACIÓN  DE   LA   PARTE
      DEMANDADA-RECURRENTE, ESTO EN CUANTO A QUE ORDENÓ
      LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE UN INMUEBLE
      PROPIEDAD DEL DEMANDADO A PESAR DE QUE LA MISMA
      ESTÁ PROTEGIDA POR LA LEY 195-2011 SOBRE HOGAR
      SEGURO.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
      SALA SUPERIOR DE PONCE AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
      SOLICITUD   DE   RECONSIDERACIÓN  DE   LA   PARTE
      DEMANDADA-RECURRENTE, ESTO EN CUANTO A QUE ORDENÓ
      LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE UN INMUEBLE
      PROPIEDAD DEL DEMANDADO A PESAR DE QUE LA MISMA
      ESTÁ HIPOTECADA POR UN TERCERO Y ESTE NO HA SIDO
      NOTIFICADO, SIENDO UNA PARTE INDISPENSABLE.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
      SALA SUPERIOR DE PONCE AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
      SOLICITUD   DE   RECONSIDERACIÓN  DE   LA   PARTE
      DEMANDADA-RECURRENTE, ESTO EN CUANTO A QUE ORDENÓ
      LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE UN INMUEBLE

7 Id., pág. 123.
8 Id., págs. 124-136.
9 Id., págs. 137-138.
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       PROPIEDAD DEL DEMANDADO A PESAR DE QUE LOS
       DEMANDANTES CONOCÍAN LOS BIENES DE ESTE DESDE EL
       2006 Y NO PROCEDIERON CON LA EJECUCIÓN, EN UNA
       CLARA MUESTRA DE INCURIA DE SU PARTE Y PRETENDIENDO
       AHORA EJECUTAR UNA PROPIEDAD QUE EL DEMANDADO
       ADQUIRIÓ POSTERIORMENTE, LA CUAL ESTA [SIC.]
       HIPOTECADA POR UN TERCERO Y PROTEGIDA POR LA LEY
       195-2011 SOBRE HOGAR SEGURO.

       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
       SALA SUPERIOR DE PONCE AL DECLARAR NO HA LUGAR LA
       SOLICITUD   DE   RECONSIDERACIÓN   DE   LA   PARTE
       DEMANDADA-RECURRENTE, ESTO EN CUANTO A QUE ORDENÓ
       LA VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE UN INMUEBLE
       PROPIEDAD DEL DEMANDADO A PESAR DE QUE LA DEUDA ES
       UNA PERSONAL Y NO REAL.

       Conforme a la Regla 7(B) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la facultad

de    “prescindir         de   términos        no   jurisdiccionales,

escritos, notificaciones o procedimientos específicos en

cualquier caso ante su consideración, con el propósito

de    lograr   su   más    justo    y    eficiente    despacho”.10     En

consideración a lo anterior, eximimos a BT Corp. de

presentar el escrito en oposición.

       Revisado     el     escrito       del    peticionario      y   los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                   -II-

                                    A.

       El   auto    de    certiorari      es   el   vehículo     procesal

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido

por    un   tribunal      inferior.11     Distinto     al   recurso   de

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,       por    tratarse      de    ordinario    de   asuntos

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe

10 Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA
Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).
11 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
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ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.12

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

               El Tribunal tomará en consideración los
               siguientes   criterios  al   determinar   la
               expedición de un auto de certiorari o de una
               orden de mostrar causa:

               A.   Si el remedio y la disposición de la
                    decisión recurrida, a diferencia de sus
                    fundamentos, son contrarios a derecho.

               B.   Si la situación de hechos planteada es la
                    más   indicada  para   el  análisis   del
                    problema.

               C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
                    error craso y manifiesto en la apreciación
                    de la prueba por el Tribunal de Primera
                    Instancia.

               D.   Si el asunto planteado exige consideración
                    más detenida a la luz de los autos
                    originales,   los   cuales   deberán   ser
                    elevados, o de alegatos más elaborados.

               E.   Si la etapa del procedimiento en que se
                    presenta el caso es la más propicia para
                    su consideración.

               F.   Si la expedición del auto o de la orden
                    de   mostrar    causa   no    causan   un
                    fraccionamiento indebido del pleito y una
                    dilación indeseable en la solución final
                    del litigio.

               G.   Si la expedición del auto o de la orden
                    de mostrar causa evita un fracaso de la
                    justicia.13

                                   B.

      Por su importancia, la protección del concepto de

"hogar seguro" fue incorporada en nuestra Constitución

en la Sección 7 del Artículo II, la cual dispone que:

"[l]as    leyes     determinarán    un   mínimo   de   propiedad   y

12 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); Torres
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v.
Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
13 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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pertenencias no sujetas a embargos".14 La pérdida del

hogar familiar representa un duro golpe para cualquier

familia.    Dicha    pérdida   no    sólo    tiene   implicaciones

económicas, sino que tiene el potencial de afectar la

estabilidad emocional de todos los miembros del núcleo

familiar. Se trata, pues, de un asunto medular para la

estabilidad de la institución más básica de nuestra

sociedad y para cada puertorriqueño que con grandes

sacrificios ha adquirido una residencia.15

     Conforme a la Ley Núm. 195-2011, supra, el derecho

de hogar seguro es irrenunciable y cualquier pacto en

contrario se declarará nulo.16 No obstante, el derecho a

hogar seguro se entenderá renunciado en todos los casos

donde se obtenga una hipoteca, que grave la propiedad

protegida.17

     El     mencionado      estatuto,   también      dispone     que

comenzará      a    regir   inmediatamente      después    de    su

aprobación     y   la   protección    aquí    dispuesta   será   de

aplicación prospectiva. Los casos que estén presentados

en el Tribunal antes de la vigencia de esta Ley, cuando

les sea aplicable, le aplicará la protección de hogar

seguro, según lo dispuesto en la Ley Número 87 de 13 de

mayo de 1936, según enmendada.18

     Al respecto de la aplicabilidad de la Ley Núm. 195-

2011, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en

adelante TSPR, ha reiterado que “no aplica a casos

presentados previo a su vigencia. Ello incluye los casos

en que la ejecución de la sentencia se lleva a cabo luego

14 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
15 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 195-2011, Leyes de Puerto
Rico, 2.
16  Art. 4 de la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sec. 1858a).
17 Id.
18 Art. 17 de la Ley Núm. 195-2011 (31 LPRA sec. 1858 nota).
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de la promulgación del estatuto, si la demanda fue

presentada     con   anterioridad       a    que   este   entrara     en

vigor”.19

                                   C.

      Nuestro ordenamiento procesal civil considera que

una parte es indispensable cuando la controversia no

puede adjudicarse sin su presencia ya que sus derechos

se   verían    afectados.20    A    esos     efectos,     el   TSPR    ha

reiterado      que   la    omisión      de    incluir      una   parte

indispensable incide sobre el debido proceso de ley que

cobija al ausente.21 Al respecto, la Regla 16.1 de las

de Procedimiento Civil dispone:

              Las personas que tengan un interés común
              sin cuya presencia no pueda adjudicarse la
              controversia, se harán partes y se
              acumularán como demandantes o demandadas,
              según corresponda. Cuando una persona que
              deba   unirse   como   demandante   rehúse
              hacerlo, podrá unirse como demandada.22

      Ahora bien, a la hora de determinar si la presencia

de   una    parte    es   indispensable       para   adjudicar        una

controversia se debe considerar, si el tribunal podrá

hacer justicia y conceder un remedio final y completo

sin afectar los intereses del ausente.23 De este modo,

se busca proteger los intereses de aquél que no ha sido

traído al litigio y que, de dejarse fuera, no tendría

oportunidad alguna de defenderlos.

      El resultado de la ausencia de parte indispensable

es que el tribunal carece de jurisdicción para resolver

19 Money´s People, Inc. v. López Llanos, 202 DPR 889, 912 (2019).
20 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 479 (2019);
López García v. López García, 200 DPR 50, 63 (2018); Bonilla Ramos
v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012); Cepeda Torres v. García
Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).
21 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra; López García v. López

García, supra, págs. 63-64; Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra;
Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721, 732-733 (2005).
22 Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
23 López García v. López García, supra, pág. 65; Romero v. SLG Reyes,

supra, pág. 733.
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la controversia. Es por ello que, al incidir tal ausencia

en la jurisdicción del tribunal, debe desestimarse la

acción.24 Por tal razón, la falta de parte indispensable

es un argumento que puede traerse en cualquier etapa del

litigio, incluso la apelativa y el foro apelativo puede

levantar        dicho   planteamiento         sua   sponte,    ya    que   en

ausencia de parte indispensable, el tribunal carece de

jurisdicción.25

          Por   otro    lado,    la    acumulación      de     una    parte

indispensable dependerá de los hechos específicos del

caso y de un análisis juicioso sobre los derechos del

ausente y las consecuencias que no unirlo como parte

pueda ocasionarle.26 Para ello, se tomarán en cuenta

factores        tales   como:    tiempo,      lugar,   modo,    clase      de

derechos, alegaciones, prueba e intereses en conflicto,

formalidad y resultado.27

          En fin, nuestro ordenamiento jurídico evita que la

persona ausente en el pleito, cuyo interés pueda verse

afectado, pueda ser privado de su propiedad sin el debido

proceso de ley.28 Por ello, ante la falta de una parte

indispensable, el tribunal deberá desestimar la causa de

acción por carecer de autoridad para entender en el caso

y    la    sentencia     que    se    emita    en   ausencia    de    parte

indispensable,           es     nula.29        No    obstante,        dicha

desestimación no tendrá el efecto de una adjudicación en

los méritos ni, por ende, de cosa juzgada.30

24 Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222-223 (2007).
25 Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 733.
26 López García v. López García, supra, págs. 64-65; Unisys v.

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 858-859 (1991).
27 López García v. López García, supra; Sánchez v. Sánchez, 154 DPR

645, 677-679 (2001).
28 Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 733. Véase, además, Art. II,

Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.
29 Unisys v. Ramallo Brothers, supra, págs. 858-859.
30 Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 733.
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                                      -III-

       En    síntesis,          el        peticionario         solicita        que

revoquemos la          Resolución del foro sentenciador,                       que

autoriza la venta en pública subasta de los inmuebles en

controversia, y que declaremos improcedente la venta

judicial. Ello lo hace a base de los fundamentos que se

exponen a continuación.

       La    Ley        Núm.        195-2011          debe      interpretarse

liberalmente. Además, la opinión de                          Money’s People,

Inc., supra, es distinguible al caso de autos. Esto es

así,    porque      aquí       la    recurrida         reclama      una    deuda

personal, mientras que en la opinión en cuestión la deuda

reclamada era garantizada por una hipoteca sobre un bien

inmueble.        Como si lo anterior fuera poco, en el caso de

epígrafe     se        ejecuta       la     residencia        principal        del

peticionario.

       Por otro lado, el peticionario entiende que BT

Corp. incurrió en incuria, ya que no ejecutó la sentencia

en el momento en que había identificado los bienes de

aquel y, por el contrario, esperó más de 11 años para

hacerlo. Finalmente, el peticionario entiende que falta

parte indispensable, a saber:                    el acreedor hipotecario

que tiene un rango preferente al de la anotación de la

Demanda     de    la    recurrida.              Por   ello,    el   TPI    debió

ordenarle la notificación a ese acreedor preferente.

       Sin embargo, luego de revisar cuidadosamente el

escrito     del    peticionario            y    los   documentos        que    los

acompañan,        consideramos            que    ni   el      remedio     ni    la

disposición de la Resolución recurrida son contrarios a

derecho. Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.
KLCE202301394                                                  10
     Además, no existe ninguna otra circunstancia, al

amparo   de   la   Regla   40   de     nuestro   Reglamento,   que

justifique la expedición del auto.

                                -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del recurso de certiorari.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones