Court Opinion

ID: 9916068
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:01.567915+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.712678
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL II

 JESÚS AGUIAR OLIVO                                 Revisión
                                                    procedente del
        Recurrente                                  Departamento de
                                  KLRA202300535     Corrección y
             v.                                     Rehabilitación

  DEPARTAMENTO DE                                   Caso Núm.
    CORRECCIÓN Y                                    B-449-23
   REHABILITACIÓN
                                                    Sobre:
        Recurrido                                   Revisión
                                                    Administrativa

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

                                      I.

      El 14 de febrero de 2012, Jesús Aguiar Olivo fue sentenciado

a cumplir dos (2) términos concurrentes de noventa y nueve (99)

años por violaciones a los Artículos 93(B) y 106(B) del derogado

Código Penal de Puerto Rico del 2012 y un término consecutivo de

un (1) año y dos (2) días por cometer el delito codificado en el Artículo

5.05 de la derogada Ley de Armas de Puerto Rico del 2000. La

sentencia total impuesta fue de un total de ciento cinco (105) años

y siete (7) días.

      El 17 de marzo de 2023, recibida por la Agencia el 24 de marzo

de   2023,    Aguiar      Olivo    radicó   una   Solicitud   de   Remedio

Administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación

(DCR). Solicitó la aplicación de la Ley Núm. 85-2022, según

enmendada, la cual reduce el término mínimo para solicitar ser

evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

      En respuesta emitida el 7 de julio de 2023 por la División de

Remedios Administrativos, se le indicó que, tras aplicarse la Ley

Núm. 85-2022 a la liquidación de sentencia, bajo el cómputo

Número Identificador

SEN2023__________
KLRA202300535                                                                 2

máximo cualificaría para libertad bajo palabra el 27 de noviembre

de 2117 y bajo el cómputo mínimo sería el 11 de marzo de 2041.

Inconforme, el 31 de julio de 2023, Aguiar Olivo presentó Solicitud

de Reconsideración. Planteó que, según la Ley Núm. 85-2022, los

convictos por asesinato en primer grado podrían ser considerado por

la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir veinte y cinco (25) años

del término al que hayan sido sentenciados.

       Mediante Respuesta de Reconsideración al Miembro de la

Población Correccional de 31 de agosto de 2023, recibida por Aguiar

Olivo el 28 de septiembre de 2023, la División denegó la solicitud.

En ella, sin embargo, modificó la respuesta previamente emitida y

anejó un documento titulado, Carta Circular Núm. 2023-02 del 15 de

junio de 2023. Dicha misiva establecía el procedimiento a seguir

para el cumplimiento de la Ley Núm. 85-2022.

       Aun en desacuerdo con la determinación, Aguilar Olivo

presentó ante nos Solicitud de Revisión Administrativa.1 Señala:

       ERRÓ EL DCR POR MEDIO DE SU SECRETARIA AL
       ORDENAR LA SEPARACIÓN DE PENAS Y DAR POR
       COMPUTADAS LAS PENAS MENORES DE LAS
       SENTENCIAS IMPUESTAS CONSECUTIVAMENTE
       ESTO EN CONTRAVENCIÓN DE LO DISPUESTO EN
       LA LEY 85-2022 Y CONTRARIO A LA VOLUNTAD E
       INTENCIÓN LEGISLATIVA EN LA LEGISLACIÓN DE LA
       MISMA LEY 85-2022.
       El 31 de octubre de 2023, le concedimos al DCR, a través de

la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, plazo de diez (10)

días para expresarse con relación al recurso. El 10 de noviembre de

2023, a través del Procurador General, el DCR nos solicitó que

devolviéramos el caso a la Agencia para evaluarlo a la luz de la nueva

Carta Circular Núm. 2023-02 del 11 de octubre de 2023. Explicó que,

en la aludida Carta se decretaron nuevas instrucciones sobre la

aplicación de las disposiciones de la Ley Núm. 85-2022.

1 La misma fue recibida por la   Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 18 de
octubre de 2023.
KLRA202300535                                                                 3

                                       II.

                                       A.

       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Núm. 38-2017, según enmendada,2

establece nuestra facultad revisora sobre las decisiones emitidas por

los organismos administrativos. Esta revisión judicial tiene como

propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de que

desempeñen sus funciones conforme a la ley y de forma razonable.3

En esta dinámica, las decisiones administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección, por lo que las conclusiones e

interpretaciones de los organismos administrativos especializados,

merecen gran deferencia.4

       El estándar de revisión de una decisión administrativa se

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción.5 Al

desempeñar esta función revisora, estamos obligados a considerar

la especialización y experiencia de la agencia, diferenciando entre

las cuestiones de interpretación estatutaria, área de especialidad de

los tribunales, y las cuestiones propias de la discreción o pericia

administrativa.6

       En tal sentido, estamos facultados a determinar: (1) que el

remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) la revisión de

las determinaciones de hecho conforme al criterio de evidencia

sustancial revisión de las determinaciones de hecho conforme al

criterio de evidencia sustancial; y (3) determinar si las conclusiones

de derecho fueron correctas mediante su revisión completa y

2 3 LPRA § 9601 et seq.
3 Ifco Recycling v. De Desperdicios Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012).
4 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020); Torres Rivera v.

Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606, 626 (2016); Batista, Nobbe v. JTA. Directores,
185 DPR 206, 212 (2012); Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
5 Capó, 204 DPR, pág. 592; Torres, 196 DPR, pág. 626; Ifco Recycling, 184 DPR,

pág. 745, citando a Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007).
6 Ifco Recycling, 84 DPR, pág. 744; Maranello et al. v. OAT, 186 DPR 780, 792

(2012).
KLRA202300535                                                                4

absoluta.7 Sostendremos las determinaciones de hecho, en tanto y

en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la agencia

para sustentarla.8 En cuanto a las determinaciones de Derecho,

tenemos amplia facultad para desplegar nuestra función revisora,

pues, estamos en igualdad de condiciones para interpretar los

estatutos.9 Claro, ello no implica que podamos descartar libremente

las conclusiones e interpretaciones de la agencia,10 pues es norma

reiterada que a toda determinación administrativa le cobija una

presunción      de   regularidad    y    corrección.11   Esta    presunción,

apuntalada en el conocimiento especializado de la agencia, debe

respetarse mientras la parte que la impugne no produzca evidencia

suficiente para derrotarla.12

       Es decir, se presume que el organismo administrativo posee

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y

deferencia. Por ello, nuestra función revisora se circunscribe a

evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las

pautas trazadas por el legislador y el criterio de evidencia

sustancial.13

                                        B.

       La Ley Núm. 85-2022 fue aprobada con el fin de enmendar el

Artículo 308 del Código Penal14 y el Artículo 3 de la Ley Núm. 118

de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la Ley de

7 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, págs. 626-627; Pagán Santiago et

al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
8 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, pág. 627; Ifco Recycling, 184 DPR,

pág. 744.
9 3 LPRA § 9675.
10 Batista, 185 DPR pág. 217.
11 Capó, 204 DPR, pág. 591; Torres, 196 DPR, pág. 627; Batista, 185 DPR, pág.

217.; Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
12 Torres, 196 DPR, pág. 626; Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384,

393-394 (2012); Batista, 185 DPR pág. 215; Ifco Recycling, 184 DPR, pág. 744.
13 Batista, 185 DPR, pág. 216; Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821,

829 (2007); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); Pacheco v. Estancias, 160
DPR 409, 432 (2003).
14 33 LPRA § 5416.
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la Junta de Libertad Bajo Palabra (Ley Núm. 118-1974).15 Dicho

estatuto se aprobó con el propósito de “establecer una manera justa,

retributiva y rehabilitadora, que le permita a aquella persona

convicta por varios delitos el poder ser considerada para libertad

bajo palabra al cumplir con los términos de la sentencia más

onerosa relacionada directamente con alguno de los delitos por los

cuales fue encontrado culpable”.16 La Asamblea Legislativa señaló

que la sentencia más larga establecida en el Código Penal es de 99

de años.17 Ante esto, dependiendo de la naturaleza de los delitos

cometidos, en varias ocasiones las sentencias imponen sentencias

consecutivas que pueden acumularse a penas de cientos de años de

reclusión, en las que se convierten en sentencias de encarcelamiento

de por vida, sin darle la posibilidad a la persona convicta de libertad

bajo palabra.18

         En específico, la Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 enmendó

el Artículo 308 del Código Penal, y ahora establece lo siguiente:

         Toda persona convicta bajo las disposiciones de este
         Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra
         por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir el
         setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión
         impuesto. Este cómputo nunca excederá de quince (15)
         años cuando se trate de un adulto o de cinco (5) años
         cuando se trate de un menor sentenciado y procesado
         como adulto en delitos para los cuales al realizarse el
         cómputo jurisdiccional para cualificar ante la
         consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra este
         sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
         señalada en el tipo de cincuenta (50) años.
         En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en
         el tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser
         considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
         Libertad Bajo Palabra al cumplir quince (15) años de su
         sentencia o cinco (5) años si se trata de un menor de
         edad procesado y sentenciado como adulto.
         En caso de la persona convicta de asesinato en primer
         grado, un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99)
         años o reincidencia habitual la persona podrá ser
         considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
         Libertad Bajo Palabra, al cumplir veinticinco (25)
         años de su sentencia, o diez (10) años, si se trata de un
         menor de edad procesado y sentenciado como adulto.

15 4 LPRA § 1501, et seq.
16 Exposición de motivos de la Ley Núm. 85-2022.
17 Íd.
18 Íd.
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       Las personas convictas al amparo del inciso (c) del
       Artículo 93 estarán excluidas del privilegio de libertad
       bajo palabra.
       En aquellos procesos judiciales en que se encuentre
       al acusado culpable por más de un delito y se le
       imponga una sentencia a ser cumplida de manera
       consecutiva, la persona convicta tendrá derecho a
       cualificar para libertad bajo palabra al cumplir con
       el término concerniente a la pena mayor recibida
       por alguno de los delitos cometidos. Cuando más de
       uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena, la
       persona convicta cualificará para el beneficio de libertad
       bajo palabra con el mero hecho de haber cumplido con
       el término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo
       será de aplicabilidad, independientemente si la Ley en
       virtud de la cual resulta convicto, sea una Ley Penal
       Especial.19

       En cuanto a la enmienda que la Ley Núm. 85-2022 le realizó

a la Ley Núm. 118-1974, el Artículo 3 reza como sigue:

       [E]n aquellos procesos judiciales en que se encuentre al
       acusado culpable por más de un delito y se le imponga
       una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva,
       la persona convicta tendrá derecho a cualificar para
       libertad bajo palabra al cumplir con el término
       concerniente a la pena mayor recibida por alguno de los
       delitos cometidos. Cuando más de uno de los delitos
       cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta
       cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra con
       el mero hecho de haber cumplido con el término de una
       de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de
       aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de
       la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.
       […].20
       Por último, la Sección 4 de la Ley Núm. 85-2022 indica que

“[l]as disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí

establecido”.21

                                  C.

       El 15 de junio de 2023, la Secretaria Auxiliar de Programas y

Servicios del Departamento de Corrección y Rehabilitación, emitió

la Carta Circular Núm. 2023-02, con el fin de establecer el

procedimiento a seguir para el cumplimiento de la Ley Núm. 85 de

2022. La misiva indica lo siguiente:

19 33 LPRA § 5416.
20 4 LPRA §1503.
21 Énfasis nuestro.
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    Según dispone la mencionada Ley Núm. 85 y los
    numerosos adiestramientos impartidos, los empleados
    pertenecientes a la Sección de Récord deben estar
    llevando a cabo el siguiente procedimiento:
    1. Verificarán todos los expedientes criminales de toda
    la población correccional.
    2. Evaluarán el documento titulado “Hoja de
    Control sobre Liquidación de Sentencias”. De
    observar     más     de     un    término      computado,
    identificarán la sentencia base mayor.
    3. Tomarán en cuenta las sentencias de manera
    individual. Las sentencias que son consecutivas no
    deberán estar consolidadas en la nueva revisión. De
    estar consolidadas, el resultado conllevaría a identificar
    una pena mayor que no necesariamente sea la correcta
    para el cómputo final a los fines requeridos por la ley.
    4. Los nuevos cómputos se harán en una nueva
    “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”,
    la cual se identificará como una “Reliquidación”.
    5. En virtud de lo anterior, en la nueva “Hoja de
    Control     sobre      Liquidación      de      Sentencia”,
    identificarán la pena mayor y se observará el
    mínimo de esa sentencia. En el caso de que el mínimo
    sea mayor de 15 años, se atemperará a 15 años, salvo
    en los casos sentenciados por asesinato en primer
    grado, que el mínimo será de 25 años naturales.
    6. Computarán en primer orden la pena mayor con
    el mínima. Cuando el mínimo de la pena mayor sea
    menor de 15 años, no se efectuará cómputo
    adicional. Solo se pondrá en primer orden.
    7. Todo delito cumplido en su totalidad (máximo y
    mínimo) será eliminado de la Hoja de Liquidación de
    Sentencia.
    8. Adjudicarán las bonificaciones adicionales al nuevo
    cómputo en el máximo y en el mínimo, exceptuando los
    casos de asesinato en primer grado, que solo bonifican
    en el máximo.
    9. Si el delito de la pena mayor (primer orden) excluye
    las bonificaciones adicionales, no podrán ser
    acreditadas, aunque el confinado tenga tiempo
    adjudicado por concepto de trabajo y/o estudios.
    10. Computarán los demás términos de las sentencias
    consecutivas en el mismo orden de la hoja de
    liquidación anterior y no se computarán mínimos
    adicionales.
    11. Se considerará y documentará solamente un
    mínimo, el cual responderá a la pena mayor.
    12. Evidenciarán, además, en la nueva “Hoja de
    Control sobre Liquidación de Sentencias” lo siguiente:
    • Casos pendientes
    • Detainer
    • Warrant
    • Pena Especial
    13. Se identificará en el registro de control (libro del área
    socio penal) cada uno de los casos reliquidados.
    Además, se indicará la fecha del cumplimiento del
    mínimo, con el fin de tener de manera accesible la
    información.
    14. Se documentará en el expediente criminal todo el
    proceso aquí expresado, realizando las anotaciones
    correspondientes del ejercicio reliquidado en el orden de
KLRA202300535                                                      8

      los delitos que se adjudicaron, o que ya contenía sus
      mínimos cumplidos con anterioridad.
      15. Una vez el empleado de la Sección de Récord
      culmine el proceso descrito, referirá la nueva “Hoja de
      Control sobre Liquidación de Sentencias” a la Unidad
      de Servicios Sociopenales, para las acciones y los
      referidos correspondientes, según nuestras leyes y
      reglamentos.
      16. Todos los confinados serán orientados sobre este
      procedimiento.

      Posteriormente, el 11 de octubre de 2023, la Secretaria

Auxiliar de Programas y Servicios del Departamento de Corrección

y Rehabilitación, notificó Carta Circular Núm. 2023-02, con nuevas

directrices sobre la aplicación de la Ley Núm. 85-2022. En

específico, la nueva Carta dispone lo siguiente:

      Según dispone la mencionada Ley Núm. 85 y los
      numerosos adiestramientos impartidos, los empleados
      pertenecientes a la Sección de Récord deben estar
      llevando a cabo el siguiente procedimiento:
      1. Verificarán todos los expedientes criminales de toda
      la población correccional.
      2. Evaluarán el documento titulado “Hoja de Control
      sobre Liquidación de Sentencias”. De observar más de
      un término computado, identificarán la sentencia base
      mayor.
      3. Tomarán en cuenta las sentencias de manera
      individual. Las sentencias que son consecutivas no
      deberán estar consolidadas en la nueva revisión. De
      estar consolidadas, el resultado conllevaría a identificar
      una pena mayor que no necesariamente sea la correcta
      para el cómputo final a los fines requeridos por la ley.
      4. Los nuevos cómputos se harán en una nueva “Hoja
      de Control sobre Liquidación de Sentencia”, la cual se
      identificará como una “Reliquidación”.
      5. Si la pena mayor resultara ser de un hecho
      ocurrido estando en una alternativa de reclusión, el
      término en el que comenzará a cumplir el mínimo
      de esa pena mayor se computará a partir del
      cumplimiento del remanente de la pena revocada.
      6. En virtud de lo anterior, en la nueva “Hoja de Control
      sobre Liquidación de Sentencia”, identificarán la pena
      mayor y se observará el mínimo de esa sentencia. En el
      caso de que el mínimo sea mayor de 15 años, se
      atemperará a 15 años, salvo en los casos sentenciados
      por asesinato en primer grado, que el mínimo será de
      25 años naturales.
      7. Computarán en primer orden la pena mayor con el
      mínima. Cuando el mínimo de la pena mayor sea menor
      de 15 años, no se efectuará cómputo adicional. Solo se
      pondrá en primer orden.
      8. Adjudicarán las bonificaciones adicionales al nuevo
      cómputo en el máximo y en el mínimo, exceptuando los
      casos de asesinato en primer grado, que solo bonifican
      en el máximo.
KLRA202300535                                                     9

      9. Si el delito de la pena mayor (primer orden) excluye
      las bonificaciones adicionales, no podrán ser
      acreditadas, aunque el confinado tenga tiempo
      adjudicado por concepto de trabajo y/o estudios.
      10. Computarán los demás términos de las sentencias
      consecutivas en el mismo orden de la hoja de
      liquidación anterior y no se computarán mínimos
      adicionales.
      11. Se considerará y documentará solamente un
      mínimo, el cual responderá a la pena mayor.
      12. Los delitos cumplidos en su totalidad
      permanecerán en la nueva “Hoja de Control sobre
      Liquidación de Sentencias”. Por ejemplo, en los
      casos de asesinato en primer grado cometidos con
      armas, se computará en primer orden el asesinato
      en primer grado con el mínimo establecido,
      beneficiándolo del tiempo en reclusión preventiva.
      Luego, se incluirán y computarán los demás delitos
      de la sentencia, incluyendo los de armas.
      […].
                                 III.

      En atención a la publicación de nuevas directrices sobre la

aplicación de la Ley Núm. 85-2022, el DCR solicita que le

devolvamos el caso para su reevaluación. Nos parece correcta la

petición del DCR pues, en el momento que se preparó la Hoja de

Control de Liquidación de Sentencia que Aguiar Olivo impugna, tales

directrices no habían sido emitidas. Por ello, revocamos la

determinación recurrida y le devolvemos el caso al DCR, según fuera

solicitado.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución

recurrida y devolvemos el caso al Departamento de Corrección y

Rehabilitación para que se emita una nueva Hoja de Control sobre

Liquidación de Sentencias a la luz de la Carta Circular Núm. 2023-02

del 11 de octubre de 2023.

      Lo acordó y manda el Tribunal lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones