Court Opinion

ID: 9962828
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:56:24.194185+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.569019
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL I

   CARLOS E. VARGAS                                    Apelación procedente
      FIGUEROA                                         del Tribunal de
                                                       Primera Instancia Sala
          Apelante                                     de Superior de
                                                       Mayagüez
              V.                KLAN202400149
                                                       Caso Núm.:
                                                       MZ2023CV00062
   DAVID VILLANUEVA
        MATÍAS
                                                       Sobre:
          Apelado                                      Daños
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

       Comparece el Sr. Carlos E. Vargas Figueroa (en adelante el

señor Vargas Figueroa o el apelante) mediante el recurso de

apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos una Sentencia

dictada el 28 de diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez.1                Mediante la referida

determinación, el Foro Primario desestimó, sin perjuicio, la

demanda instada por el apelante por haber dejado transcurrir el

término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3, para diligenciar el emplazamiento a la

parte demandada.

       Conforme a lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), considerada

la naturaleza del asunto ante nuestra consideración, y en aras de

promover el más justo y eficiente despacho del asunto ante nos,

1 Notificada al día siguiente. Véase páginas 17-20 de los documentos que a modo

de apéndice fueron incluidos por el apelante junto a su solicitud. Entrada número
2 en el expediente electrónico (SUMAC).

Número Identificador
SEN2024________________
KLAN202400149                                                               2

prescindimos de la comparecencia del apelado. Se adelanta, por los

fundamentos que expondremos a continuación, la confirmación de

la Sentencia apelada.

                                         -I-

       El trámite del caso que nos ocupa es bastante sencillo. El 9

de diciembre de 2022 el apelante, quien se encuentra extinguiendo

una condena de cárcel bajo la custodia del Departamento de

Corrección y Rehabilitación, suscribió una demanda en contra de

quien fuera su representante legal, el Lcdo. David Villanueva Matías.

Dicha demanda fue recibida el 9 de enero de 2023 por la Secretaría

del TPI, y cargada al Sistema Unificado de Manejo y Administración

de Casos (SUMAC) el 20 de enero de 2023. Luego de casi un año de

inactividad en el caso, el 28 de diciembre de 2023 el TPI dictó la

Sentencia apelada por los fundamentos consignados previamente.

El 8 de enero de 2024, el apelante suscribió una Moción en

Reconsideración por Justa Causa en la que adujo que no había

recibido   orden    alguna     del   foro      primario   para   efectuar   el

emplazamiento del apelado.           También alegó que conforme a lo

dispuesto en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 39.2, no procedía la desestimación de la demanda sin que antes

se le apercibiera de la situación que ameritaba la desestimación y se

le concediera un término razonable para subsanarla.2 El mismo 8

de enero de 2024 el apelante suscribió una Moción en Solicitud de

Emplazamiento, en la que solicitó que el Tribunal le ordenase a la

Secretaría “diligenciar el o los emplazamientos necesarios en los

términos establecidos, y en las Reglas aplicables”.3 El 30 de enero

de 2024 el TPI declaró No Ha Lugar la Moción en Reconsideración Por

Justa Causa, así como la Moción en Solicitud de Emplazamiento.4 El

2 Cargada en SUMAC el 12 de enero de 2024, entrada número 3.
3 Cargada también en SUMAC el 12 de enero de 2024, entrada número 4.
4 Notificadas el 1 de febrero de 2024. Entradas número 5 y 6 en SUMAC.
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12 de febrero de 2024, recibida en el TPI el 16 de febrero, el apelante

presentó una Moción Informativa en Solicitud de Copia en la que

requirió al TPI que le proveyera “copia de lo ordenado el 15 de

diciembre de 2022 la cual fue sobre emplazamiento. Ya que el

peticionario nunca tuvo en sus manos esa orden”.5

                                         -II-

      El emplazamiento es el acto procesal mediante el cual se

comunica al demandado la acción presentada en su contra y se le

requiere comparecer al tribunal para formular la alegación que

proceda. Tiene como objetivo adquirir jurisdicción sobre la persona

del demandado y cumplir con el requisito del debido proceso de ley

de que a una parte se le notifique de todo proceso en su contra para

que tenga oportunidad de asistir al juicio, presentar prueba y ser

oído. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan: Lexisnexis, 2017, págs. 256-257.

       El     emplazamiento       está   regulado     por     una       serie   de

disposiciones de la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, R. 4, a las

que   hay     que   dar   estricto    cumplimiento      debido      a     que   el

emplazamiento       se    mueve      dentro     del   campo    del       Derecho

constitucional y más específicamente, dentro del derecho del

demandado a ser oído y notificado de cualquier reclamación en su

contra. Íd.

      En cuanto al término para diligenciar el emplazamiento, y las

consecuencias de no hacerlo en el plazo establecido, la Regla 4.3 (c)

de Procedimiento Civil, supra, dispone:

      El emplazamiento será diligenciado en el término de
      ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la
      demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento
      por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los
      emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda.
      Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el
      tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los

5 Entrada número 7 en SUMAC. Debemos consignar que en el expediente
electrónico no hay constancia de que se hubiera expedido una orden el 15 de
diciembre de 2022.
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      tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una
      vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna
      una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin
      que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal
      deberá dictar sentencia decretando la desestimación y
      archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y
      archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto
      tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.
      (énfasis suplido).

      Expresándose sobre la citada disposición reglamentaria, en

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), el

Tribunal Supremo estableció que una vez transcurridos los 120 días

sin diligenciar los emplazamientos, el Tribunal de Primera Instancia

está obligado a desestimar la demanda de forma automática, ello,

sin concesión de prórroga alguna. Sobre desde cuando comienza a

decursar el término de 120 días, el Tribunal expresó:

      Ahora bien, si la Secretaría del tribunal de instancia no
      expidiera los emplazamientos el mismo día en que se presentó
      la demanda junto a los formularios de emplazamiento, la
      Regla 4. 3 (c) de Procedimiento Civil, supra, establece que el
      tiempo que se haya demorado Secretaría será el mismo tiempo
      adicional que el tribunal otorgará para gestionar el
      diligenciamiento. Ello, una vez el demandante presente
      oportunamente una solicitud de prórroga.

      Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a decursar
      ese término, es requisito no solamente que se haya presentado
      la demanda y sometido el emplazamiento correspondiente
      sino, además, que el emplazamiento sea expedido por el
      tribunal”. Esto, unido a que la propia regla establece que el
      tiempo que se demore la Secretaría en expedir los
      emplazamientos será el mismo tiempo adicional que otorgarán
      los tribunales, nos lleva a concluir que no se trata de solicitar
      una prórroga como tal. Mas bien, se trata del deber de
      presentar una moción al tribunal solicitando la expedición de
      los emplazamientos. En consecuencia, una vez la Secretaría
      expide el emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir el
      término de 120 días. Por eso, no se trata en realidad de una
      prórroga debido a que en ninguna de estas circunstancias la
      parte contará con más de 120 días.

      Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse de
      brazos y dejar que transcurra un periodo irrazonable para
      presentar la moción. De lo contrario, se actuaría en
      contravención al principio rector de resolver las
      controversias de forma justa, rápida y económica. (citas
      omitidas; énfasis suplido).

      Por su parte en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982

(2020), el Tribunal Supremo resolvió que el término para emplazar

se restablece cuando el demandante inicialmente solicita emplazar
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personalmente, pero luego requiere la autorización del tribunal para

emplazar mediante edicto. Expresándose nuevamente sobre cuando

comienza el término para emplazar, el Tribunal Supremo estableció

que este “comienza a transcurrir únicamente en el momento que la

Secretaría del tribunal expide los emplazamientos, ya sea que tal

expedición ocurra motu proprio o ante una solicitud de la parte

demandante”. Íd. A su vez, en dicho caso el Alto Foro reiteró que:

      [L]a mal denominada prórroga estatuida en la Regla 4.3 (c),
      supra, es realmente una solicitud por parte del demandante
      para que la Secretaría expida los emplazamientos en los casos
      en que exista un retraso irrazonable en la expedición de éstos.
      Lo anterior, con el propósito de que el demandante advierta al
      tribunal de tal retraso y evidencie que no se cruzó de brazos.

      Así las cosas, en Pérez Quiles v. Santiago Calderón, 206 DPR

379 (2021) el Tribunal Supremo enfatizó que el término de 120 días

para diligenciar un emplazamiento comienza a transcurrir desde

que el tribunal lo expide. Sin embargo, y refiriéndose a lo antes

resuelto en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, y con relación a la

“prórroga” estatuida en la R. 4. 3 (c), supra, el Tribunal señaló tres

aspectos que consideró necesario recalcar. En primer lugar, allí

reiteró que esta expresión es realmente una solicitud para que la

Secretaría   expida   los   emplazamientos.    En   segundo    lugar,

condicionó el uso de la referida solicitud a “los casos en que exista

un retraso irrazonable”. Acorde a lo anterior y, en tercer lugar,

insistió que el propósito de la solicitud estriba en que, ante un

retraso irrazonable por parte de la Secretaría de tribunal de

instancia en la expedición de los emplazamientos, la parte

demandante evidenciara que no se cruzó de brazos.

      Tan reciente como el 7 de febrero de 2024 el Tribunal Supremo

anunció su Opinión en el caso Ross Valedón y otro v. Hospital Dr.

Susoni Health Community Services, Corp., y otros, 2024 TSPR 10,

213 DPR __ (2024). En lo pertinente, el Tribunal Supremo estableció

“sin ambages que ante un primer incumplimiento con el término de
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120 días para diligenciar los emplazamientos, los tribunales están

obligados a dictar prontamente una sentencia decretando la

desestimación y el archivo sin perjuicio de la reclamación judicial.”

                                       -III-

       El apelante nos solicita que revoquemos la Sentencia

mediante el cual el TPI desestimó, sin perjuicio, la demanda por él

presentada por haber dejado transcurrir el término de 120 días

dispuesto en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, para

diligenciar el emplazamiento a la parte demandada. Sin embargo,

considerada la totalidad del expediente no podemos conceder el

remedio solicitado, toda vez que conforme al tracto procesal y el

estado de derecho según fuera discutido en la sección que antecede

resulta forzoso concluir que el TPI actuó de acuerdo a lo dispuesto

en la referida Regla y su Jurisprudencia interpretativa. Conforme

se indicó, la demanda fue recibida el 9 de enero de 2023 por la

Secretaría del TPI, y cargada al Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC) el 20 de enero de 2023. No obra

en el expediente trámite o gestión alguna, por parte de la Secretaría,

así como del apelante hasta que, tras casi un año de inactividad en

el caso, el 28 de diciembre de 2023 el TPI dictó la Sentencia apelada.

No es hasta que el 8 de enero de 2024, cuando el apelante suscribió

su Moción en Reconsideración por Justa Causa en la que por primera

vez este aduce que no había recibido orden alguna del foro primario

para efectuar el emplazamiento del apelado.6 Cabe destacar que no

es hasta el 8 de enero de 2024, cerca de un año después de

presentada la demanda y luego de dictada la Sentencia, que el

apelante suscribió su Moción en Solicitud de Emplazamiento. Así las

6 También alegó que conforme a lo dispuesto en la Regla 39.2 de Procedimiento

Civil, supra, no procedía la desestimación de la demanda sin que antes se le
apercibiera de la situación que ameritaba la desestimación y se le concediera un
término razonable para subsanarla. Sin embargo, por los fundamentos que se
exponen en el texto de la Sentencia, en este caso no es de aplicación la Regla 39.2
sino el mandato claro e inequívoco de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil tal y
como esta ha sido interpretada por el Tribunal Supremo.
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cosas, aún si para efectos de argumentación acogiéramos el

planteamiento del apelante de que no recibió orden o notificación

alguna sobre el emplazamiento, en el caso que nos ocupa nos

encontramos con que éste claramente incumplió con su deber de no

cruzarse de brazos y dejó transcurrir un periodo irrazonable para

presentar su moción. Conforme a lo dispuesto en Bernier González

v. Rodríguez Becerra, supra, el demandante no puede cruzarse de

brazos ante una demora irrazonable de la Secretaría a la hora de

expedir los emplazamientos.

       Toda vez que la actuación del TPI es cónsona con lo antes

establecido, procede la confirmación de la Sentencia apelada.7

                                      -IV-

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

       Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

7 La desestimación sin perjuicio decretada por el TPI de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 4.3 evidentemente permite la presentación de una segunda
acción judicial por parte del apelante, en la que, como cuestión de umbral, deberá
procurar lograr diligenciar el emplazamiento del apelado dentro del término de
120 días.