Court Opinion

ID: 9962745
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:21.315099+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.695101
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

   IVETTE LEBRÓN                                  Certiorari
ECHEVARRÍA, FRANCES                               procedente del
 LEBRÓN ECHEVARRÍA                                Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
         Recurridas                               Sala Superior de
                                                  Guayama
              V.                KLCE202400132
                                                  Caso Núm.:
   LYDIA E. GONZÁLEZ                              GM2023CV00817
       QUIÑONES
                                                  Sobre:
        Peticionaria                              Desahucio
                                                  en Precario

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

      El 31 de enero de 2024, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, la señora Lydia E. González Quiñones (en adelante,

señora González Quiñones o parte peticionaria), mediante Petición

de Certiorari. Por medio de esta, nos solicita que revisemos la

Resolución emitida y notificada el 22 de enero de 2024, por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama.           En

virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar el

Escrito en Cumplimiento de Orden sobre Solicitud de Desestimación

al Amparo de la Regla 10.2 presentado por la parte peticionaria, el

19 de enero de 2024.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de certiorari, y se revoca el dictamen recurrido.

                                    I

      Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe se

remontan a una Demanda sobre desahucio en precario, instada por

el señor David Colón Berríos (en adelante, señor Colón Berríos) en

contra de la parte peticionaria. Cabe señalar que, en la Demanda,

Número Identificador
SEN2024 ________________
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el señor Colón Berríos se presenta en calidad de “mandatario verbal”

de la señora Ivette Lebrón Echevarría y la señora Frances Lebrón

Echevarría (en adelante y en conjunto, parte recurrida), y bajo ese

supuesto instó la misma, además, la acompañó con una Declaración

Jurada donde aseguraba ser “[e]l representante legal, apoderado y/o

mandatario verbal” de estas. Conforme se desprende de las

alegaciones de la Demanda, la parte recurrida sostuvo que, eran las

únicas y universales herederas del señor David Tomás Lebrón

Santiago (en adelante, señor Lebrón Santiago) y que, conforme a

ello, este último dejó para beneficio de sus herederas, una residencia

ubicada en el Barrio Machete, Calle A #3, en el Municipio de

Guayama, Puerto Rico.       A estos efectos, expresó que la parte

recurrida es dueña en pleno dominio y titular de dicha propiedad.

La parte recurrida alegó que, la señora González Quiñones se

encontraba ocupando la aludida propiedad ilegalmente y de manera

precaria sin pagar cánones de renta. Es por lo que, solicitó al foro

a quo que ordenara el desalojo de la parte peticionaria.

      La parte peticionaria presentó la Moción de Desestimación. En

esencia, alegó que, había estado casada con el señor Lebrón

Santiago desde el 24 de mayo de 1995 hasta el 8 de mayo de 2018

cuando se divorciaron. Sostuvo que, luego de dos meses de vivir

separada del señor Lebrón Santiago posterior al divorcio, se reanudó

la “relación marital” hasta el momento en que el señor Lebrón

Santiago falleció el 23 de junio de 2023. Indicó que, durante ese

periodo se mantuvieron viviendo en la casa objeto de la controversia

de epígrafe. Acotó que, la comunidad de bienes gananciales entre

estos no había sido liquidada y que, posteriormente, tanto la parte

peticionaria como el señor Lebrón Santiago continuaron aportando

al restablecimiento de la propiedad en cuestión.            La parte

peticionaria, adujo, además que, debido a que existía una

comunidad de bienes y a que continuó habitando la propiedad
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después del divorcio hasta el fallecimiento del señor Lebrón

Santiago, ostentaba un título. Aseguró que, era poseedora con justo

título de la propiedad en controversia y que, por ello, no procedía el

desahucio.

          Posteriormente, la parte recurrida presentó la Contestación a

Moción de Desestimación.        Por medio de esta sostuvo que, no

procedía la moción de desestimación presentada por la parte

peticionaria.      Acotó que, la parte peticionaria no demostró la

existencia de una comunidad de bienes entre esta y el señor Lebrón

Santiago. Asimismo, adujo que, la señora González Quiñones no

ostentaba título “tan bueno o mejor” que el de la parte recurrida, ni

había presentado prueba que sostuviese sus alegaciones de justo

título.

          Subsiguientemente, la parte peticionaria presentó la Moción

de Desestimación por Falta de Legitimación Activa. A través de su

moción, la parte peticionaria arguyó que, el señor Colón Berríos –

quien había presentado la Demanda en calidad de “mandatario

verbal” – carecía de legitimación activa para demandar en la

controversia de epígrafe. Lo anterior, debido a que, este no tenía

interés propietario en la residencia objeto del litigio, y al haber

limitado su alegada autoridad en un mandato verbal, contrario a las

disposiciones del Art. 329 del Código Civil de Puerto Rico.

Finalmente, expresó que, procedía la desestimación de la Demanda

por falta de justiciabilidad en la medida que, había ausencia de

legitimación activa del señor Colón Berríos.

          Por otro lado, la parte peticionaria presentó la Réplica a

Contestación a Moción de Desestimación. Alegó que, la postura de la

parte recurrida era errada y que, era por la participación de la

señora González Quiñones y su aportación durante la comunidad

ganancial y de la comunidad de bienes que, la acción de desahucio

debía desestimarse. Igualmente, añadió que, el hecho de que la
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parte peticionaria y el señor Lebrón Santiago no hubiesen dividido

su comunidad ganancial, no anulaba la existencia de los créditos y

participación que poseía la señora González Quiñones en la

inversión económica que aportó durante el matrimonio, así como

durante la relación de pareja que sostuvieron posterior al divorcio.

De igual manera, reiteró que procedía la desestimación de la

Demanda.

      Así las cosas, la parte recurrida presentó la Contestaci[ó]n a

Moción Desestimación por Falta de Legitimaci[ó]n Activa. Por medio

de esta argumentó que, el señor Colón Berríos comparecía como

representante o apoderado de la señora Ivette Lebrón Echevarría y

de la señora Frances Lebrón Echevarría mediante el mandato verbal

otorgado por parte de estas. Arguyó que, la legitimación activa en la

causa de acción recaía en la señora Ivette Lebrón Echevarría y de la

señora Frances Lebrón Echevarría, puesto que, el señor Colón

Berríos era un apoderado o un mandatario verbal de estas. Por lo

anterior, solicitaron al foro primario que declarara No Ha Lugar la

Moción de Desestimación por Falta de Legitimación Activa.

      El 14 de diciembre de 2023, la primera instancia judicial

emitió una Resolución donde dispuso lo siguiente:

      A la Moción de Desestimación presentada por la parte
      demandada, NO HA LUGAR. Si la parte demandada
      desea presentar una moción de desestimación al
      amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, debe
      aceptar los hechos según son alegados en la Demanda.
      Por otro lado, si la parte demandada interesa presentar
      prueba alegadamente incontrovertible que no fue
      alegada en la Demanda debe presentar una moción de
      sentencia sumaria y cumplir con los requisitos que
      establece    la     jurisprudencia. La     moción    de
      desestimación presentada el 30 de octubre de 2023 no
      cumple con ninguna de ellas.

      Además, señaló la Conferencia con Antelación a Juicio para el

1ro de febrero de 2024.

      Por su parte, la señora González Quiñones presentó el Escrito

en Cumplimiento de Orden sobre Solicitud de Desestimación al
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Amparo de la Regla 10.2, donde, entre otras cosas, reiteró que

procedía la desestimación de la Demanda por falta de legitimación

activa.    Asimismo, expresó que la Resolución emitida el 14 de

diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, nada

disponía acerca de la moción de desestimación por falta de

legitimación activa.

      El 22 de enero de 2024, la primera instancia judicial emitió la

Resolución cuya revisión nos atiene. En virtud de esta declaró No

Ha Lugar el Escrito en Cumplimiento de Orden sobre Solicitud de

Desestimación al Amparo de la Regla 10.2. El foro a quo razonó que,

la aludida moción no cumplía con los requisitos jurisprudenciales y

de las Reglas de Procedimiento Civil.

      En desacuerdo, la parte peticionaria presentó el Escrito en

Solicitud de Reconsideración Reiterando Solicitud de Desestimación

al Amparo de la Regla 10.2.        La parte peticionaria adujo que,

contrario a la Regla 36 de Procedimiento Civil, la Regla 10.2 no

establecía requisitos de forma y redacción, y más aún, tratándose

de un asunto de falta de jurisdicción sobre la materia. Sin embargo,

la aludida solicitud fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución

emitida el 29 de enero de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia.

      Inconforme con la determinación, el 31 de enero de 2024, la

señora González Quiñones acudió ante este foro revisor mediante

Certiorari, y esgrimió los siguientes señalamientos de error:

      A.    Erró el Honorable Tribunal al declarar Sin Lugar la
            moción de desestimación por falta de legitimación
            activa y no evaluar su jurisdicción cuando se trata
            de un mandatario verbal promoviendo el pleito.

      B.    Erró el Honorable Tribunal al declarar Sin Lugar la
            solicitud de desestimación cuando por la confusión
            de     derechos    procedía    por    la   doctrina
            jurisprudencial y sin que el caso esté maduro para
            atenderse el reclamo de desahucio.

      Junto a su recurso, la peticionaria presentó el Escrito en

Auxilio de Jurisdicción. Por medio de este, nos solicitó la paralización
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de los procedimientos pendientes ante el tribunal de instancia.

Evaluados los aludidos escritos, emitimos Resolución el 31 de enero

de 2024, en la cual se dispuso:

      Examinado el recurso de Certiorari, así como el Escrito
      en Auxilio de Jurisdicción presentado por la parte
      peticionaria el 31 de enero de 2024 a las 2:00 de la
      tarde, este Tribunal dispone:

      Conforme surge de la moción intitulada Acreditación de
      Notificación presentada por la parte peticionaria el 31 de
      enero de 2024, la notificación de la petición de
      Certiorari, así como el Escrito en Auxilio de Jurisdicción
      se llevó a cabo mediante correo certificado con acuse de
      recibo el 31 de enero de 2024. Dicha moción en auxilio
      de jurisdicción no cumple con la Regla 79 (E) del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap.
      XXII-B, que requiere que dicho escrito se notifique
      simultáneamente a la otra parte con su presentación.

      La propia Regla 79 (E) establece que la notificación
      simultánea se entenderá realizada mediante la
      utilización de la “notificación personal, por teléfono o
      correo electrónico, de forma que las partes advengan en
      conocimiento de la solicitud de orden y del recurso
      inmediatamente a su presentación”.

      No obstante lo anterior, en virtud de la Regla 79, incisos
      (A) y (C) del Reglamento de este Tribunal, que nos
      faculta para emitir cualquier orden provisional,
      decretamos motu proprio la paralización de los
      procedimientos en el caso al que se refiere el recurso de
      epígrafe.

      La parte recurrida dispone hasta el lunes 12 de febrero
      de 2024, a las 12 del mediodía, para exponer su
      posición en torno al recurso. Transcurrido el término
      aquí dispuesto el recurso se tendrá por perfeccionado
      para su adjudicación final.

      En cumplimiento con lo ordenado, el 12 de febrero de 2024,

compareció la parte recurrida mediante Escrito en Cumplimiento de

Resolución y Fijando Posición en Torno al Certiorari Solicitado.

      Perfeccionado    el   recurso,   y   con   el   beneficio    de   la

comparecencia de las partes, resolvemos.

                                  II

A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape
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et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no
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constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

B. Moción de Desestimación

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2, faculta a la parte contra la cual se presente una alegación

en su contra a presentar una moción de desestimación, por los

fundamentos siguientes: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 2)

falta de jurisdicción sobre la persona; 3) insuficiencia del

emplazamiento;      4)   insuficiencia    del   diligenciamiento      del

emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio, y 6)         dejar de acumular una parte

indispensable. Costas Elena y Otros v. Magic Sports y Otros, 2024

TSPR 13, 213 DPR ___ (2024); Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.

Yabucoa et al, 210 DRP 384 (2022); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189

DPR 1033, 1049 (2013).        La precitada regla permite a la parte

demandada presentar una moción de desestimación debidamente

fundamentada previo a contestar la demanda instada en su contra.

Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020); Casillas

Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240 (2022).

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que, al momento de considerar una moción de desestimación, los

tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma

más favorable a la parte demandante. Cobra Acquisitions, LLC v.

Mun. Yabucoa et al, supra, pág. 396; Casillas Carrasquillo v. ELA,
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supra, pág. 247; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra,

pág. 49; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, 206 DPR 261, 267 (2021);

Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1049. Es por lo que, para que

proceda una moción de desestimación, “tiene que demostrarse de

forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiere probar en

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más

liberalmente a su favor”. Cobra Acquisitions, LLC v. Mun. Yabucoa et

al, supra, pág. 396; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra, pág. 247;

Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, supra, págs. 267-268; Rivera

Sanfeliz, et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra, pág. 49; Ortiz Matías et

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); López García v.

López García, 199 DPR 50, 69-70 (2018).

C. Jurisdicción

      Nuestro Tribunal Supremo, ha definido la jurisdicción como

el poder que ostentan los tribunales para considerar y decidir los

casos y las controversias que sean presentados a su atención.

Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89 (2020), Torres Alvarado v Madera

Atiles, 202 DPR 495 (2019); SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182

DPR 675, 682 (2011). Es normativa reiterada que, los tribunales

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo

que, los asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben

ser atendidos con prontitud. Báez Figueroa v. Adm. Corrección, 209

DPR 288, 298 (2022); Torres Alvarado v Madera Atiles, supra, pág.

500; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856

(2009).   La ausencia de jurisdicción puede ser levantada motu

proprio, ya que, esta incide de forma directa sobre el poder del

tribunal para adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group v

Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Torres Alvarado v Madera Atiles,

supra, pág. 500; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268

(2018); Suffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005).
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       Por consiguiente, un tribunal no tiene discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, si carece de jurisdicción, deberá así

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos,

pues la falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada.

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 104 (2015); AFI v.

Carrión Marrero y otros, 209 DPR 1 (2022); Mun. De San Sebastián

v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 600 (2014); Suffront v. AAA, supra,

pág. 674; Cobra Acquisitions LLC v. Mun. Yabucoa, supra, págs. 394-

395.

D. Justiciabilidad

       Como es sabido, los tribunales revisores solo podremos

resolver los casos que sean justiciables. Hernández, Santa v. Srio.

de Hacienda, 208 DPR 727 (2022); Bhatia Gautier v. Gobernador,

199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180

DPR 920 (2011). La doctrina de la justiciabilidad de las causas

gobierna el ejercicio de la función revisora de los tribunales, fijando

la jurisdicción de estos. Dicha doctrina nace del principio elemental

de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias

genuinas surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real

en obtener un remedio judicial que haya de afectar sus relaciones

jurídicas. Esto es, para el ejercicio válido del poder judicial se

requiere la existencia de un caso o controversia real. Smyth, Puig v.

Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007); Hernández, Santa v. Srio. de

Hacienda, supra, pág. 738; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra,

pág. 68.    Según lo dispuesto por nuestro Máximo Foro, una

controversia no es justiciable cuando: (1) se procura resolver una

cuestión política; (2) una de las partes carece de legitimación activa;

(3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la

controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener

una opinión consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que no
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está maduro. Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803 (2021);

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 68-69.

E. Legitimación Activa

      La legitimación activa ha sido definida como “la capacidad que

se le requiere a la parte promovente de una acción para comparecer

como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos

procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante” Íd.

pág. 69; Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 394 (2019);

Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 739. A través de

esta doctrina el demandante procura demostrarle al tribunal que su

interés en el pleito es “de tal índole que, con toda probabilidad,

habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de

traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”.

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360

(2002); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982);

Ramos, Méndez v. García García, supra, pág. 394.

      Para establecer legitimación activa, el promovente deberá

mostrar lo siguiente: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2)

que tal daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético;

(3) la existencia de una relación causal razonable entre el daño

alegado y la acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge al

palio de la Constitución o de alguna ley. Sánchez et al. v. Srio. de

Justicia et al., supra, pág. 371; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra,

pág. 69; Ramos, Méndez v. García García, supra, págs. 394-395;

Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 739.

F. El poder

      Nuestro Código Civil define el poder como “[l]a facultad por la

que una persona legitimada para otorgar un determinado negocio

jurídico autoriza a otra para que actúe en su nombre, y le imputa al

poderdante los efectos jurídicos del negocio jurídico que realice”.

Art. 326 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6281.
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Cualquier persona capaz podrá otorgar, por medio de la concesión

de un poder, su representación para que otra actúe en su nombre.

Art. 327 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6282. Según

el Código Civil, no hay ningún requisito de forma dispuesto para el

poder, no obstante, el otorgado deberá constar en un instrumento

público para realizar un acto que deba extenderse en instrumento

público.     Así, deberá constar en documento auténtico: “(a) los

poderes para comparecer ante los tribunales, salvo los que se

otorguen en favor de abogados autorizados a ejercer la

profesión; (b) los poderes para administrar bienes; y (c) todos

aquellos que afecten los derechos de un tercero”. Art. 329 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6284. (Énfasis suplido). El poder

podrá ser general o especial, es general cuando comprende toda una

categoría de negocios del poderdante, y especial cuando abarca a

uno o varios negocios determinados. Art. 331 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 6286.

       Según el artículo 334 del Código Civil de Puerto Rico, la

representación voluntaria se extingue:

       (a)   por las causas de extinción comunes a los demás
             negocios jurídicos;

       (b)   por la revocación del poder. El poderdante puede
             compeler al apoderado a devolver el documento en
             que consta el poder;

       (c)   por la renuncia del apoderado;

       (d)   por la muerte o la incapacidad sobreviniente del
             poderdante o del apoderado; o por la disolución de
             la persona jurídica; sin perjuicio de lo dispuesto en
             este Código respecto del poder duradero; y

       (e)   por la declaración de la insolvencia del poderdante
             o del apoderado.1

       De igual forma, el apoderado podrá renunciar a ejercer la

representación, dando aviso al poderdante, sin embargo, seguirá

obligado a representarlo hasta que el poderdante esté en

1 31 LPRA sec. 6289.
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condiciones de reemplazarlo o de actuar por sí mismo, salvo

impedimento grave o justa causa. Art. 337 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 6292.

      Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a aplicarla.

                                  III

      En la controversia que nos ocupa, la parte peticionaria nos

plantea, en esencia, que, el foro primario incidió al declarar No Ha

Lugar la moción de desestimación por falta de legitimación activa y

al no evaluar su jurisdicción cuando se trata de un mandatario

verbal promoviendo el pleito. Adelantamos que, le asiste la razón.

Veamos.

      Según reseñáramos, el señor Colón Berríos instó una

Demanda en contra de la parte peticionaria en calidad de

“mandatario verbal” de las señoras Ivette Lebrón Echevarría y

Frances Lebrón Echevarría. Junto a la Demanda, el señor Colón

Berríos presentó una Declaración Jurada donde aseguraba ser “[e]l

representante legal, apoderado y/o mandatario verbal” de la parte

recurrida. Posteriormente, la parte peticionaria presentó la Moción

de Desestimación por Falta de Legitimación Activa, donde sostuvo

que, procedía la desestimación de la Demanda, en la medida en que

el señor Colón Berríos carecía de legitimación activa para demandar

en el caso de epígrafe.      Puesto que, este no ostentaba interés

propietario en la residencia objeto del litigio, y al haber limitado su

alegada autoridad en un mandato verbal, contrario a las

disposiciones del Art. 329 del Código Civil de Puerto Rico, supra.

      Luego    de   varias   incidencias   procesales,   innecesarias

pormenorizar, la señora González Quiñones presentó el Escrito en

Cumplimiento de Orden sobre Solicitud de Desestimación al Amparo

de la Regla 10.2 donde, entre otras cosas, reiteró que procedía la

desestimación de la Demanda por falta de legitimación activa.
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Subsiguientemente, el foro primario emitió la Resolución cuya

revisión nos atiene, en virtud de la cual declaró No Ha Lugar el

Escrito en Cumplimiento de Orden sobre Solicitud de Desestimación

al Amparo de la Regla 10.2, por esta no cumplir con los requisitos

jurisprudenciales y de las Reglas de Procedimiento Civil.

       De    acuerdo     al   derecho     reseñado,      la   Regla    10.2    de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, supra, faculta a la parte

contra la cual se presente una alegación en su contra a presentar

una moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la

materia. La jurisdicción ha sido definida como el poder que ostentan

los tribunales para considerar y decidir los casos y las controversias

que sean presentados a su atención2. Los tribunales debemos ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, es por lo que, los

asuntos relativos a la jurisdicción son privilegiados y deben ser

atendidos con prontitud3. Por consiguiente, un tribunal no tiene

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, si carece de

jurisdicción, deberá así declararlo y desestimar la reclamación sin

entrar en sus méritos, pues la falta de jurisdicción no es susceptible

de ser subsanada4.

       Por otro lado, los tribunales solo podremos resolver los casos

que sean justiciables5.        La doctrina de la justiciabilidad de las

causas gobierna el ejercicio de la función revisora de los tribunales,

fijando la jurisdicción de estos. Una controversia no es justiciable

cuando una de las partes carece de legitimación activa6.                       La

legitimación activa es definida como “la capacidad que se le requiere

2 Beltrán Cintrón v. ELA, supra, pág. 101; Torres Alvarado v Madera Atiles, supra,

págs. 499-500; SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682.
3 Báez Figueroa v. Adm. Corrección, supra, pág. 298; Torres Alvarado v Madera

Atiles, supra, pág. 500; González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856.
4 Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107; AFI v. Carrión

Marrero y otros, supra. pág. 5; Mun. De San Sebastián v. QMC Telecom, supra,
pág. 600; Suffront v. AAA, supra, pág. 674; Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.
Yabucoa et al., supra, págs. 394-395.
5 Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 738; Bhatia Gautier v.

Gobernador, supra, pág. 68.
6 Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 815; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra,

págs. 68-69.
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a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante

ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta

forma,    obtener    una    sentencia     vinculante”7.     Para    establecer

legitimación activa, el promovente deberá mostrar lo siguiente: (1)

que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que tal daño es real,

inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) la existencia de

una relación causal razonable entre el daño alegado y la acción

ejercitada, y (4) que la causa de acción surge al palio de la

Constitución o de alguna ley8.

       A pesar de que el señor Colón Berríos alegaba ser el

“mandatario verbal” de las señoras Lebrón Echevarría, este no

acreditó tal hecho. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los

poderes para comparecer ante los tribunales, salvo los que se

otorguen en favor de abogados autorizados a ejercer la profesión,

deberán constar en documento auténtico. El señor Colón Berríos,

aparte de una declaración jurada suscrita por el mismo, no presentó

ningún documento que acreditara ser el representante de la parte

recurrida, ni tampoco demostró ser un abogado autorizado para

ejercer la profesión.      En vista de que el señor Colón Berríos no

cumplió con la precitada disposición y no logró demostrar que

ostentaba legitimación activa, este se encontraba imposibilitado de

instar la Demanda. Consecuentemente, procedía la desestimación

de la misma, sin que el foro de primera instancia atendiera la

controversia en sus méritos.

       Resuelto lo anterior, se torna innecesario discutir el segundo

señalamiento de error esbozado por la parte peticionaria.

7 Íd. pág. 69; Ramos, Méndez v. García García, supra, pág. 394; Hernández, Santa

v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 739.
8 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra, pág. 371; Bhatia Gautier v.

Gobernador, supra, pág. 69; Ramos, Méndez v. García García, supra, págs. 394-
395; Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 739.
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                                IV

     Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari,

se revoca el dictamen recurrido y se desestima la demanda.

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones