Court Opinion

ID: 9962632
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:36:35.692078+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:13.560657
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

                                                  Apelación
  CARLOS MERCADER                                 procedente del
       PÉREZ                                      Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
          Apelado                                 Sala de Familia y
                                                  Menores de
              V.                KLAN202400071     Bayamón

 KRYSTAL LARACUENTE                               Caso Núm.:
       CORTÉS                                     GB2023RF00028

          Apelante                                Sobre:
                                                  Alimentos

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2024.

      El 19 de enero de 2024, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones la señora Krystal Laracuente Cortés (en adelante, parte

apelante o señora Laracuente Cortés), por medio de recurso de

Apelación. Mediante este, nos solicita que revisemos la Sentencia

emitida y notificada el 4 de diciembre de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. En virtud del aludido

dictamen, el foro a quo le impuso al señor Carlos Mercader Pérez (en

adelante, señor Mercader Pérez o parte apelada) el pago de

$1,847.50 mensuales en concepto de pensión alimenticia; así como,

pagar el 100% del gasto de los pañales, 100% de todos los gastos

médicos no cubiertos por el plan médico, el 100% de los gastos

extraordinarios requeridos mediante reembolso y proveer plan

médico a favor de la menor ALML.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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                                   I

      Los hechos que iniciaron la controversia de epígrafe se

remontan a una Solicitud de Fijación de Pensión, instada el 21 de

marzo de 2023, por la parte apelada, en contra de la parte apelante.

De acuerdo con la aludida solicitud, las partes son los progenitores

de la menor ALML, nacida en noviembre de 2022.             Según se

desprende de las alegaciones de la solicitud, desde el nacimiento de

la menor ALML,       el   señor   Mercader   Pérez,   ha contribuido

económicamente a los gastos de esta. En particular, ha realizado

una aportación de $2,167.00 mensuales, ha cubierto los gastos

relacionados con los pañales y con el plan médico de la menor ALML.

El señor Mercader Pérez le sometió una propuesta a la señora

Laracuente Cortés, que consistía en que este asumiría el pago

mensual de $2,720,00 de pensión alimenticia en beneficio de la

menor ALML, los gastos de los pañales y continuaría proveyendo el

plan médico MCS.      De acuerdo con la Solicitud de Fijación de

Pensión, el pago mensual propuesto consideraba todos los gastos de

la menor ALML, y sería cubierta dentro de los primeros diez (10) días

de cada mes mediante pago directo a la parte apelante. De igual

forma, la parte apelada expresó que, asumiría el pago anual de la

matrícula y del back to school de la menor ALML cuando fuese el

momento, al igual que asumiría cualquier gasto médico de

emergencia que no fuese cubierto por el plan médico provisto. Sin

embargo, en la medida en que no pudo lograrse ningún acuerdo

acerca de la propuesta, solicitó que, se refiriera el asunto ante la

consideración de una Examinadora de Pensiones Alimenticias (en

adelante EPA) para que fuese considerada o en su defecto, para que

se estableciera una pensión conforme a las Guías Mandatorias de

ASUME y/o bajo la asunción de capacidad económica de la parte

apelada.
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       El 23 de marzo de 2023, mediante Orden se refirió a la EPA

para evaluación y recomendación.              Además, fue emitida la

Notificaci[ó]n Citaci[ó]n para Vista, donde se les requirió a las partes

comparecer el 12 de abril de 2023 mediante videoconferencia ante

la EPA.

       En igual fecha, la EPA emitió el Acta de la Examinadora de

Pensiones     Alimenticias1.     Mediante   esta,   recomendó   que   se

mantuviese la vista de alimentos señalada por el foro a quo para el

12 de abril de 2023 y que se requiriera que ambas partes

presentaran ante el tribunal mediante moción, el Formulario de

Datos Personales, la Planilla de Información Personal y Económica

(PIPE) completados, evidencia de sus ingresos y de los gastos

reclamados de la menor, al menos cinco (5) días previos a la vista,

de no haberse presentado previamente. Además, les apercibió a las

partes que, toda evidencia a utilizarse en la vista de alimentos, debía

ser presentada mediante moción en el expediente digital, y que, toda

evidencia que no fuese compartida entre las partes antes del

señalamiento sería declarada inadmisible en la vista de alimentos.

       El 24 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Orden donde le ordenó a las partes comparecer a la vista

señalada para el 12 de abril de 2023.

       Posteriormente, la señora Laracuente Cortés presentó la

Contestación a Demanda. A través de esta, la parte apelante admitió

que, el señor Mercader Pérez había pagado a la niñera de la menor

ALML la cantidad de $2,167.00 por el cuido de esta, al igual que

había pagado pañales, “toallitas” y plan médico.          No obstante,

sostuvo que, la parte apelada no aportaba a los gastos del hogar, ni

otros gastos. Indicó no haber aceptado la oferta propuesta por la

parte apelada debido a que, según esta, la misma únicamente cubría

1 Notificada el 24 de marzo de 2023.
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el gasto de cuido en el hogar. Igualmente, aceptó que se estableciera

la pensión por medio de la EPA.

      Así las cosas, el 28 de marzo de 2023, la parte peticionaria

presentó la Moci[ó]n en Solicitud de Orden al Demandante. Solicitó

al foro primario que le ordenara a la parte apelada expresar si iba a

asumir capacidad económica o si se acogería al cálculo de las Guías

Mandatorias.

      Consecuentemente, el foro de primera instancia mediante

Orden emitida el 29 de marzo de 2023, le ordenó a la parte apelada

a exponerse sobre lo solicitado en el término de cinco (5) días.

      Por su parte, la parte apelada presentó la Moción de Réplica

en Oposición y en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Orden

para que la Demandada Someta las Evidencias de los Gastos de la

Menor y su PIPE Juramentada para Poder Determinar si Asume

Capacidad Económica.       Argumentó que, debido a que había

realizado una propuesta de pensión alimentaria mensual que fue

rechazada, ostentaba el derecho e interés en conocer las evidencias

de los gastos de la menor ALML. Lo anterior, con el propósito de

poder determinar si asumía capacidad económica o si por el

contrario, presentaba sus ingresos para que se estableciera la

pensión alimentaria en virtud de las Guías Mandatorias en beneficio

de la menor ALML. Reiteró que, continuaba pagando la cantidad de

$2,166.67 en concepto de pensión alimentaria para la menor ALML,

al igual que los pañales cada mes. Conforme a lo anterior, solicitó

al foro a quo que, le ordenara a la parte apelante el cumplimiento

estricto con la Orden de la EPA, para presentar su Planilla de

Información Personal y Económica (PIPE) juramentada con las

evidencias de todos los gastos de la menor ALML, con el fin de poder

estar en posición de informar si asumiría o no capacidad económica.
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      A tales efectos, el 30 de marzo de 2023, la primera instancia

judicial emitió una Orden, donde declaró Con Lugar la moción

presentada por la parte apelada.

      El 20 de abril de 2023, la señora Laracuente Cortés presentó

la Moción Uniendo PIPE y Documentos. Por su parte, el 2 de mayo

de 2023, el señor Mercader Pérez presentó la Moci[ó]n Anejando PIPE

y Anejos.

      Transcurridos   varios   eventos   procesales,   innecesarios

pormenorizar, el 22 de mayo de 2023, la EPA emitió el Informe de la

Examinadora de Pensiones Alimenticias donde recomendó que se

acogiera un acuerdo suscrito entre las partes y en su consecuencia

se estableciera que el padre no custodio, el señor Mercader Pérez,

proveyera una pensión alimentaria provisional de $2,700.00

mensuales, para beneficio de la menor ALML.

      Subsiguientemente, el foro de primera instancia emitió una

Resolución, por medio de la cual estableció la pensión alimentaria

provisional de $2,700.00 mensuales por parte de la parte apelada a

beneficio de la menor ALML. Además, se les ordenó a las partes a

compartir los gastos de la menor en las siguientes proporciones: el

señor Mercader Pérez, el sesenta por ciento (60%) y la señora

Laracuente Cortés, el cuarenta por ciento (40%) de todos los gastos

médicos que no fuesen cubiertos por el plan médico, así como los

gastos extraordinarios requeridos a base de reembolso.

      Luego de sendas mociones presentadas por las partes, el

señor Mercader Pérez presentó la Moción Informando Aceptación de

Capacidad para el Pago de la Pensi[ó]n Alimentaria de la Hija Menor

de Edad. Por medio de la anterior, aceptó la capacidad para el pago

de los gastos exclusivamente de la menor ALML que el Tribunal

determinase que fueran razonables. Esta fue declarada Ha Lugar

mediante Orden emitida el 15 de agosto de 2023 por el foro primario.
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       Acaecidas múltiples incidencias procesales, innecesarias

pormenorizar, el 4 de diciembre de 2023, la EPA, presentó su

Informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias, en la cual

realizó las siguientes Determinaciones de Hechos:

       1.    La Sra. Krystal Laracuente Cortés y el Sr. Carlos
             Mercader Pérez son los padres de la menor A.L.M.L.
             nacida el 1 de noviembre de 2022, cuenta con un
             (1) año y reside con su señora madre, la Sra.
             Krystal Laracuente Cortés.

       2.    La Sra. Krystal Laracuente Cortés es abogada en la
             Administración de Servicios Generales, además, es
             periodista y en ocasiones hace trabajos de
             producción. La señora Laracuente Cortés tiene
             una propiedad que está alquilada por $740.00. El
             ingreso neto mensual calculado en la vista
             celebrada el 22 de mayo de 2023 fue de $7,024.00.

       3.    La menor se beneficia de cubierta de plan médico
             privado provisto por el Sr. Carlos Mercader Pérez.

       4.    Además de la menor A.L.M.L. habida con el señor
             Mercader Pérez, la señora Laracuente Cortés tiene
             dos hijos mayores que están en tercer y cuarto
             grado.

       5.    Los gastos reportados en la PIPE de la Sra. Krystal
             Laracuente Cortés según juramentada el 20 de
             abril de 2024 son los siguientes:

                                                 Cantidad del gasto
                    Concepto del Gasto                mensual
              Vivienda                           $1,300.00 mensual
              Hipoteca                                 $665.00
              Cuota de mantenimiento                   $171.00
              Energía Eléctrica                   $369.00 mensual
              Celular                             $103.00 mensual
              Internet                             $60.00 mensual
              Alimentos en el hogar                    $500.00
              Alimentos fuera del hogar                $300.00
              Alimentos en el hogar                 $25.00 menor
              Compra de ropa                           $200.00
              Seguro médico                       $95.00 mensual2
              Deducibles                             $200 anual
              Medicinas                             $500.00 anual
              Seguro de automóvil                 $1,365.00 anual
              Otros                                     $39.00
              Cuido extendido                    $2,166.00 mensual
              Préstamo automóvil                  $679.00 mensual
              Mantenimiento                         $300.00 anual
              Estacionamiento                      $30.00 mensual
              Peaje                                $30.00 mensual
              Gasolina                            $280.00 mensual

       6.    Los gastos reportados en la PIPE de la Sra. Krystal
             Laracuente Cortés según juramentada el 22 de
             mayo de 2023 son los mismos que reportó en la

2 No se consideró debido a que el plan médico del cual se beneficia la menor es

provisto por el Sr. Carlos Mercader Pérez.
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             PIPE juramentada el 20 de abril de 2023 con
             excepción de lo siguiente: el gasto de hipoteca
             reportado subió de $665.00 a $840.00 y se
             añadieron los gastos de pañales y wipes por
             $125.00 mensual y productos de higiene por
             $25.00 mensual.

       7.    Los gastos reportados en la PIPE de la Sra. Krystal
             Laracuente Cortés según juramentada el 18 de
             agosto de 2023 son los siguientes:

                                                Cantidad del gasto
                   Concepto del Gasto                 mensual
              Vivienda                           $1,300.00 mensual
              Hipoteca                                 $840.00
              Cuota de mantenimiento                   $171.00
              Energía Eléctrica                   $369.00 mensual
              Celular                             $103.00 mensual
              Internet                             $65.00 mensual
              Alimentos en el hogar                   $1,000.00
              Alimentos fuera del hogar                $300.00
              Alimentos en el hogar                 $25.00 menor
              Compra de ropa                        500.00(menor)
              Seguro médico                       $95.00 mensual3
              Deducibles                             $200 anual
              Medicinas                             $500.00 anual
              Seguro de automóvil            $1,365.00 anual ó $114.00
              Otros                                     $39.00
              Cuido extendido                    $2,300.00 mensual
              Préstamo automóvil                  $679.00 mensual
              Mantenimiento                         $300.00 anual
              Estacionamiento                      $30.00 mensual
              Peaje                                $30.00 mensual
              Gasolina                            $350.00 mensual
              Pañales y wipes                     $145.00 mensual
              Productos de higiene mensual              $25.00
              Leche fórmula                       $138.00 mensual

       8.    En el hogar donde reside la menor con la Sra.
             Krystal Laracuente Cortés el gasto de vivienda es
             de $1,300.00 y residen allí cuatro (4) personas.

       9.    Los siguientes gastos fueron estipulados por las
             partes:

             •   $1,300.00 de vivienda y residen cuatro
                 personas en el hogar. A la menor le corresponde
                 la proporción de $325.00.

             •   $369.00 de energía eléctrica y a la menor le
                 corresponde la proporción de $92.25[.]

             •   $60.00 de agua y a la menor le corresponde la
                 proporción de $15.00[.]

             •   $25.00 para los productos de higiene[.]

             •   $300.00 que incluye aportación para la comida
                 y la leche de fórmula que consume la menor[.]

3 No se consideró debido a que el plan médico del cual se beneficia la menor es

provisto por el Sr. Carlos Mercader Pérez.
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     10. La Sra. Andrea Rivera trabaja en el hogar de la Sra.
         Krystal Laracuente Cortés de lunes a viernes de
         9:00 a.m. a 4:00 p.m.

     11. La Sra. Andrea Rivera (también se le llamó como
         Doña Mari durante la vista) trabaja en el hogar de
         la Sra. Krystal Laracuente Cortés desde el mes de
         noviembre de 2022 y en sus inicios fue el Sr. Carlos
         Mercader Pérez quien contrató los servicios de la
         Sra. Andrea Rivera a través de una persona
         llamada Cristina. Es decir, la contratación de la
         Sra. Andrea Rivera fue con la señora Cristina y los
         pagos eran a través de esa persona.

     12. El Sr. Carlos Mercader Pérez declaró que buscó
         ayuda, a través de la señora Cristina, y quien
         terminó trabajando en la casa de la señora
         Laracuente Cortés, fue la Sra. Andrea Rivera. Esto
         se debió a que la Sra. Krystal Laracuente Cortés,
         tuvo    una   situación    delicada    de   salud,
         aproximadamente dos semanas después del parto
         de la menor A.L.M.L. Durante ese proceso, la
         señora Laracuente Cortés estuvo en cama y debido
         a que el hogar donde reside tiene escaleras y ella
         no podía bajar y subir las mismas, la ayuda
         consistía en hacer comida para ella y los otros
         menores y limpieza en el hogar además de cuidar
         la menor. Los pagos de forma semanal ó de forma
         bi-semanal y se hacían a través del dispositivo de
         Venmo.

     13. La Sra. Krystal Laracuente Cortés no le retiene ni
         paga contribuciones sobre ingresos ni seguro social
         por las sumas que le paga a la Sra. Andrea Rivera.
         Tampoco paga suma alguna por concepto de bono
         de navidad, ni desempleo estatal o federal ni prima
         del fondo del seguro del Estado. Declaró que ella
         realiza el pago a la Sra. Andrea Rivera en los
         mismos términos y condiciones que cuando lo
         pagaba el Sr. Carlos Mercader Pérez.

     14. Declaró la señora Laracuente Cortés que al
         comenzar ella a realizar el pago para los servicios
         de la Sra. Andrea Rivera, se comunicó con la
         señora Cristina y le preguntó directamente sobre
         los términos del pago que hacía el Sr. Carlos
         Mercader Pérez, de forma que ella continuase
         haciendo los mismos de la misma manera. Sobre
         el particular, la señora Laracuente Cortés le
         preguntó a la señora Cristina si ella le realizaba
         algún descuento a la Sra. Andrea Rivera toda vez
         que ya no sería la persona intermediaria.

     15. La contratación y los pagos comenzaron a hacerse
         por parte de la Sra. Krystal Laracuente Cortés
         directamente a la Sra. Andrea Rivera a partir del
         mes de junio o julio del año 2023.

     16. En algún momento, las partes visitaron el cuido
         “Watch me Grow” como alternativa para matricular
         a la menor en el mismo en octubre 2022, además
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         visitó la señora Larac[u]ente Cortés el cuido
         “Semilla” y se orientó por teléfono con otro cuido
         llamado “Rainforest” (este último no lo visitó).

     17. Cuando lleva a cabo trabajos de producción, la
         señora Laracuente Cortés los realiza en diversos
         lugares pues depende del lugar donde se lleve a
         cabo la producción. En el último año, ha llevado a
         cabo labores en el Coliseo de Puerto Rico, en el área
         del Condado, en el Tribunal Federal y en distintos
         municipios.

     18. La señora Laracuente declaró que para prepararse
         para la producción de dichos eventos, no utilizó las
         facilidades de su hogar. Ahora bien, en el trabajo
         anterior en el cual estuvo hasta el mes de marzo de
         2023, sí utilizaba las facilidades de su hogar para
         prepararse para dichos trabajos.

     19. Surge de la demanda de alimentos presentada por
         el señor Mercader Pérez el 21 de marzo de 2023,
         que aportaba $2,167.00, para los pañales
         mediante una subscripción mensual por internet y
         además proveía el plan médico privado del cual se
         beneficia la menor.

     20. En la residencia donde vive la señora Laracuente
         Cortés hay escaleras. Los cuartos quedan arriba y
         abajo está la cocina, la sala y el resto del hogar.

     21. El día del alumbramiento la señora Laracuente
         Cortés tuvo complicaciones de salud. Unos días
         después del nacimiento de la menor la señora
         Laracuente Cortés tuvo una recaída y tuvo que
         permanecer unos días en el hospital. La madre de
         la señora Laracuente Cortés la asistió unos días,
         pero informó que no podía encargarse todo el
         tiempo de ella y por eso el señor Mercader busc[ó]
         ayuda de una tercera persona para asistirla.

     22. El señor Mercader Pérez buscó una persona que
         pudiese asistir a la señora Laracuente Cortés
         durante su proceso de recuperación, que la
         asistiese con las tareas del hogar y con la bebé.

     23. Durante el proceso de contratación, el señor
         Mercader Pérez indicó que la persona venía a
         ayudar a la señora Laracuente Cortés con la
         cocina, la limpieza del hogar, si tenía que bañarse
         o descansar, también cuidaría de la menor, pero
         sus funciones no era exclusivamente el cuido de
         ésta.

     24. El señor Mercader Pérez estuvo visitando el hogar
         de la señora Laracuente Cortés semanalmente,
         hasta finales de febrero del año 2023. Durante sus
         visitas, observó que la Sra. Andrea Rivera ayudaba
         a limpiar los cuartos de los otros dos menores y
         cocinaba en el hogar de la señora Laracuente
         Cortés. En una ocasión comió comida preparada
         por la Sra. Andrea Rivera.
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     25. Los dos hijos mayores de la señora Laracuente
         Cortés se fueron con el padre de éstos durante el
         periodo de acción de gracias en noviembre de 2022
         y regresaron a su casa unos días previo a la
         navidad.

     26. Las partes dialogaron para matricular a la menor
         en el cuido “Watch me grow” para el mes de febrero
         de 2023. Posteriormente, la señora Laracuente
         Cortés no quiso que la menor fuese matriculada en
         un cuido y prefirió que permaneciese en el hogar.

     27. La posición del señor Mercader Pérez es que la
         menor debía estar en un cuido para que socialice
         con otros niños.

     28. El costo de los pañales de la menor en el cual
         incurría el señor Mercader Pérez, para el mes de
         marzo de 2023 era de $35.00 a $40.00, pero
         declaró que varía dependiendo del tamaño del
         pañal. La última caja de pañales, gasto incurrido
         por el señor Mercader Pérez fue entregada en el
         hogar de la señora Laracuente Cortés el 11 de
         octubre de 2023 y el costo fue de $45.15.

     29. Los pañales de la menor fueron entregados en la
         casa de la señora Laracuente Cortés en las
         siguientes fechas: 18 de febrero, 28 de marzo, 5 de
         mayo y 5 de junio y 11 de octubre del año 2023. La
         última caja de pampers entregada el 11 de octubre
         de 2023 traía ochenta (80) pampers.

     30. La menor utiliza entre 7 a 8 pañales diarios para
         un total aproximado de 240 al mes o
         aproximadamente 3 cajas mensuales. El señor
         Mercader Pérez continuará supliendo el 100% del
         gasto de los pañales de la menor mediante la
         suscripción en Amazon y entrega en el hogar de la
         señora Laracuente Cortés.

     31. El viernes 18 de agosto de 2023 y el lunes 21 de
         agosto de 2023, en el horario de 9:00 a.m. a 4:00
         p.m. la hija menor de las partes estuvo en la casa
         con la Sra. Andrea Rivera.

     32. Tanto el 18 de agosto de 2023 como el 21 de agosto
         de 2023, se realizaron gestiones mediante un
         emplazador, para diligenciar la citación de la Sra.
         Andrea Rivera para la vista a celebrarse el 31 de
         octubre de 2023, en la casa de la señora
         Laracuente Cortés y no fue posible.

     33. Se realizó un tercer intento para diligenciar la
         citación dirigida a la Sra. Andrea Rivera el 23 de
         octubre de 2023 y tampoco fue posible.

     34. Los únicos recibos de pago o facturas presentadas
         para evidencias los gastos reportados en las PIPES
         de la señora Laracuente Cortés fueron los
         siguientes:
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         a. factura de Liberty sobre el servicio del teléfono
            móvil por $103.92 con fecha del 5 de agosto de
            2023

         b. un recibo de transferencia a cuenta de cheques
            con fecha de 7 de agosto de 2023 por $1,300.00

         c. un recibo de pago Popular [L]easing el cual
            indica que es por débito directo con fecha de 10
            de agosto de 2023 por $678.65

         d. una hoja de tres pagos

            i.     Millenia Park Home con fecha de 16 de
                   mayo de 2023 por $171.00

            ii.    Mastercard [B]anco [P]opular con fecha de
                   16 de mayo de 2023 por $30.00

            iii.   Popular [L]easing débito directo con fecha
                   de 10 de mayo de 2023 por $678.65

         e. una factura de Liberty con fecha de facturación
            de 14 de junio de 2023 por $68.34 sobre pago
            de internet.

         f. Factura de LUMA con fecha de 12 de agosto de
            2023 por $662.10

         g. Transferencia de pago por ATH móvil con fecha
            de 5 de agosto de 2023 a Lorimar Rodríguez por
            $30.00.

     A su vez, la EPA recomendó lo siguiente:

     Recomendamos se fije que el padre no custodio, Sr.
     Carlos Mercader Pérez proveerá una pensión
     alimenticia regular de $1,847.50 mensual, para
     beneficio de la menor A.L.M.L. habida entre las partes.
     Esta pensión se pagará en pagos directamente a la Sra.
     Krystal Laracuente Cortés mediante cheque, dentro de
     los primeros cinco (1-5) días de cada mes. La pensión
     alimenticia es efectiva al 31 de octubre del año 2023 y
     se enviará a la siguiente dirección postal: Cond. Prados
     del Monte 1407 Basilio Cátala Guaynabo P.R. 00971.
     Además, el Sr. Carlos Mercader Pérez continuará
     pagando el 100% del costo de los pañales de la menor
     mediante a subscripción mensual por internet,
     mientras exista el gasto. La Sra. Krystal Laracuente
     Cortés le informará si hay algún cambio en el tamaño
     de los pañales a ser utilizados por la menor, de manera
     que se compren correctamente y puedan ser
     aprovechados por la menor.

     Además, como parte de la pensión alimenticia regular,
     el señor Mercader Pérez asumirá el 100% de los gastos
     médicos que no cubra el plan médico y de los gastos
     extraordinarios requeridos a base de reembolso.
     Estos gastos extraordinarios requeridos son aquellos
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      que como su nombre lo indica son necesarios y así lo
      solicita ya sea un facultativo médico, una institución
      educativa o un proveedor de un servicio. Los gastos
      extraordinarios requeridos presuponen que ambos
      padres (con patria potestad compartida) consintieron
      que su hija/hijo participara o acudiera al facultativo,
      institución o proveedor de servicio. Si fuese mediante
      reembolso, la parte que incurra en el gasto tendrá diez
      (10) días contados a partir de la fecha del pago para
      enviarle a la otra parte la evidencia. La otra parte tendrá
      a su vez diez (10) días contados a partir del recibo de la
      evidencia para pagarle a la parte que incurrió en el costo
      el porciento que le corresponda de lo que refleje el/los
      recibos.

      La menor se beneficia de cubierta de plan médico
      privado provista por el Sr. Carlos Mercader Pérez.

      No existe deuda por el efecto retroactivo de la pensión
      alimenticia toda vez que la cuantía de la pensión
      alimenticia total resultó ser menor a la provisional y es
      efectiva a la fecha de la determinación.

      Por ser una pensión alimenticia a pagarse de forma
      directa, ambas partes deberán conservar el registro de
      los pagos realizados y recibidos.

      Conceda y fije una suma razonable por honorarios de
      abogado por la comparecencia a tres vistas.

      Instruya a ambas partes de su responsabilidad de
      informar al Tribunal de cualquier cambio de dirección,
      patrono o salario que tengan.

      Consecuentemente, en igual fecha, el Tribunal de Primera

Instancia emitió Sentencia en la cual acogió las recomendaciones de

la EPA y las hizo formar parte de esta, por lo que dictó lo siguiente:

      [……..]

      En consecuencia, se establece la pensión
      alimenticia regular que debe proveer el padre no
      custodio, Sr. Carlos Mercader Pérez, para beneficio
      de la menor A.L.M.[L]., en la suma de $1,847.50
      mensual efectiva al 31 de octubre de 2023 y a ser
      pagada directamente a la Sra. Krystal Laracuente
      Cortés, mediante cheque. El pago de la pensión
      alimenticia mediante cheque será enviada a la
      siguiente dirección postal: Cond. Prados del Monte
      1407 Basilio Cátala Guaynabo, P.R. 00971. Además,
      el Sr. Carlos Mercader Pérez continuará pagando el
      100% del costo de los pañales de la menor mediante
      la subscripción mensual por internet, mientras
      exista el gasto. La Sra. Krystal Laracuente Cortés le
      informará si hay algún cambio en el tamaño de los
      pañales a ser utilizados por la menor, de manera que
      se    compren     correctamente     y   puedan   ser
      aprovechados por la menor.
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     Se ordena al padre, Sr. Carlos Mercader Pérez cubrir
     el 100% de todos los gastos médicos que no cubra el
     plan médico a base de reembolso. La parte que
     incurra en el gasto tendrá diez (10) días a partir de
     haber incurrido en el mismo para presentarle
     evidencia a la otra parte y la otra parte a su vez,
     tendrá diez (10) días para reembolsar el por ciento
     que corresponda de los recibos o facturas.

     Se ordena al padre, Sr. Carlos Mercader Pérez cubrir
     el 100% de los gastos extraordinarios requeridos a
     base de reembolso. Estos gastos extraordinarios
     requeridos son aquellos que como su nombre lo indica
     son necesarios y así lo solicita ya sea un facultativo
     médico, una institución educativa o un proveedor de un
     servicio. Los gastos extraordinarios requeridos
     presuponen que ambos padres (con patria potestad
     compartida) consintieron que su hija/hijo participara o
     acudiera al facultativo, institución o proveedor de
     servicio. Si fuese mediante reembolso, la parte que
     incurra en el gasto tendrá diez (10) días contados a
     partir de la fecha del pago para enviarle a la otra parte
     la evidencia. La otra parte tendrá a su vez diez (10) días
     contados a partir del recibo de la evidencia para pagarle
     a la parte que incurrió en el costo el porciento que le
     corresponda de lo que refleje el/los recibos.

     Se ordena que la menor A.L.M.L. se beneficia del plan
     médico privado provisto por el Sr. Carlos Mercader
     Pérez.

     Se ordena que no existe deuda por el efecto retroactivo
     de la pensión alimenticia.

     Se apercibe a las partes sobre su deber continuo de
     informar al Tribunal, a la ASUME y a la otra parte
     cualquier cambio de dirección física, postal, de patrono,
     indicando en tal caso el nombre, dirección postal y
     número de teléfono del nuevo patrono. También deberá
     informar sobre la disponibilidad de póliza de seguro
     médico. Todo lo anterior tan pronto ello ocurra.

     Se conceden $500.00 de honorarios de abogado a favor
     de la Sra. Krystal Laracuente Cortés por las vistas
     celebradas a ser pagados por el Sr. Carlos Mercader
     Pérez en el término de 50 días.

     Se apercibe a las partes que cualquier cambio en las
     circunstancias de la persona custodia, de la persona no
     custodia y del o de la menor alimentista deberá ser
     notificada de inmediato mediante moción al Tribunal.
     Se les apercibe que de no cumplir con lo aquí ordenado
     es una violación a la ley y podrá conllevar la imposición
     de multas, penalidades, intereses, honorarios, gastos y
     costas y, además, desacato civil o criminal.

     Se les apercibe, además, de su derecho a solicitar
     modificación de la pensión alimenticia cada tres (3)
     años desde la fecha en que la orden fue establecida y en
     cualquier momento, fuera del ciclo de tres (3) años,
     cuando exista justa causa para así hacerlo, tal como
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      variaciones o cambios significativos o imprevistos en los
      ingresos, capacidad de generar ingresos, egresos,
      gastos o capital del alimentante o alimentista, o en los
      gastos, necesidades o circunstancias del menor, o
      cuando exista cualquier otra evidencia de cambio
      sustancial en circunstancias.

      De conformidad con la Orden Administrativa Núm.
      OAN-2003-03 del 26 de septiembre de 2003, la
      secretaria del Tribunal deberá notificar a las partes
      copia del informe de la Examinadora y de la
      correspondiente hoja de trabajo. Los cómputos están
      incluidos en el informe.

      Se le apercibe, además, al Sr. Carlos Mercader Pérez
      y la Sra. Krystal Laracuente Cortés que, si incumplen
      con cualquier pago correspondiente a la pensión
      alimenticia regular aquí fijada o con cualesquiera de las
      órdenes contenidas en esta Sentencia, el Tribunal podrá
      declararle incurso en desacato y ordenar su
      encarcelamiento.

      (Énfasis en el original)

      Inconforme con tal determinación, el 19 de diciembre de 2023

la parte apelante presentó Solicitud de Reconsideración. La misma

fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia

mediante Orden emitida el 20 de diciembre de 2023.

      Aún insatisfecha, la señora Laracuente Cortés acudió ante

este foro revisor mediante recurso de Apelación y realizó los

siguientes señalamientos de error:

      •   PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
          Primera Instancia al dictar Sentencia acogiendo las
          recomendaciones de la EPA con relación a no
          considerar el gasto de internet, de cuyo servicio se
          beneficia la menor, así como en distribuir el costo de
          niñera entre la totalidad del componente familiar
          cuando del testimonio del propio recurrido el servicio
          de niñera lo contrató él para dicho propósito
          exclusivamente.

      •   SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
          Primera Instancia al dictar Sentencia acogiendo las
          recomendaciones de la EPA, a pesar de que se trajo
          a su atención que ésta realizó determinaciones de
          hecho basadas en el testimonio del recurrido, las
          cuales son falsas y no pudieron ser impugnadas
          conforme a derecho al la EPA no haber permitido la
          presentación de prueba de refutación y/o
          impugnación.

      •   TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
          Primera Instancia al dictar Sentencia determinando
          que no existía retroactivo.
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      •   CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de
          Primera Instancia al dictar Sentencia mediando
          pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto al
          dejar sin efecto su orden previa en torno a que el
          pago de la pensión alimentaria se realizara a través
          de la Administración para el Sustento de Menores,
          tras los múltiples incumplimientos del recurrido con
          el pago de la pensión alimentaria, así como al
          imponer la cantidad nominal de $500.00 por
          concepto de honorarios de abogado, para lo cual
          concedió el término de 50 días cuando dicha partida
          se paga de forma inmediata.

      Mediante nuestra Resolución del 23 de enero de 2024, le

concedimos a la parte apelada hasta el martes 20 de febrero de 2024

para exponer su posición en torno al recurso. En cumplimiento con

lo ordenado, la parte apelada presentó Alegato en Oposición a

“Apelación”.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos

en posición de resolver el recurso ante nuestra consideración.

                                  II

A. Deferencia Judicial

      Según es sabido, las determinaciones de hechos y de

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de

gran deferencia por parte de los foros apelativos, puesto que, el

juzgador de instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical. Argüello v. Argüello, 155

DPR 62 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987);

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); SLG

Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 341, 356 (2009); Ortiz Ortiz v.

Medtronic, 209 DPR 759, 779 (2022).

      Sin embargo, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá

ser preterida en ciertas instancias.      Nuestro Máximo Foro ha

reiterado que, los tribunales apelativos “no debemos intervenir con

las determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo

que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Santiago Ortiz v.
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Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021); Rodríguez et al. v.

Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); SLG Rivera Carrasquillo v.

AAA, supra, pág. 356; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 778,

Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR 850, 864 (2022).

      No obstante, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha

abusado de su discreción no es una fácil. Empero, no tenemos duda

de   que   el   adecuado   ejercicio   de   discreción   judicial   está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Es

por lo que, nuestra más Alta Curia ha definido la discreción como

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307, 338 (2012). Así, la discreción se “nutr[e] de un juicio

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido

llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa

ni limitación alguna”. Ello “no significa poder para actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. (Citas

omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435.

B. Alimentos

      En nuestro ordenamiento jurídico, los casos sobre alimentos

de menores están revestidos del más alto interés público.            El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que la obligación

alimentaria tiene su fundamento en el derecho constitucional a la

vida y en la solidaridad familiar. Por tanto, nuestro más Alto Foro

ha resuelto que, en nuestra jurisdicción, los menores tienen un

derecho fundamental a recibir alimentos. Díaz Rodríguez v. García

Neris, 208 DPR 706 (2022); Umpierre Matos v. Juelle, Mejías, 203

DPR 254, 265 (2019); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180

DPR 623, 632 (2011). Más aún, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha reconocido que el derecho a reclamar alimentos constituye parte
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del derecho a la vida, protegido por la Constitución de Puerto Rico.

Artículo II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Torres Rodríguez v.

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738 (2009); Umpierre Matos v.

Juelle, Mejías, supra, pág. 566.

       En consonancia con lo anterior, el Art. 590 del Código Civil de

Puerto Rico establece que los progenitores tienen sobre el o la menor

sujeto a su patria potestad el deber de alimentarlo y proveerle lo

necesario para su desarrollo y formación integral. Art. 590 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 72424. El Código Civil

define alimentos como “todo lo que es indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia”. Art.

653 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 75315. Respecto

a cuando el alimentista es menor de edad, el referido artículo

expresa que, “los alimentos comprenden también su educación las

atenciones     de   previsión     acomodadas       a   los     usos   y   a   las

circunstancias de su entorno familiar y social y los gastos

extraordinarios para la atención de sus condiciones personales

especiales”.    31 LPRA sec. 7531.          Es por lo que, la pensión se

reducirá o aumentará en proporción a los recursos del primero y a

las necesidades del segundo. De acuerdo con este principio de

proporcionalidad, se tomarán en consideración los recursos del

alimentante y la posición social de la familia, así como el estilo de

vida que lleva el alimentante. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez,

supra, pág. 634.

       Nuestro ordenamiento jurídico dispone que, “el derecho a

recibir alimentos es personalísimo, imprescriptible, continuo e

indivisible. No puede ser objeto de transacción, renuncia, gravamen

o embargo. Tampoco puede compensarse la cantidad adeudada por

4 Antes Artículo 153 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 601.
5 Antes Art. 142 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 561.
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dicho concepto con la que el alimentista deba al alimentante”. Art.

657 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7535. Por otro

lado, nuestra más Alta Curia ha expresado que, la obligación de

proveer alimentos es personal de cada uno de los progenitores,

consecuentemente, debe ser satisfecha del propio peculio y de

manera proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor.

Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 718.

      Respecto a quien está legitimado para reclamar judicialmente

pensiones alimentarias, el Tribunal Supremo resolvió que mientras

los hijos sean menores de edad y no hayan sido emancipados, el

progenitor que tenga la patria potestad puede reclamar el pago de

pensiones a nombre de los hijos, siempre y cuando no estén

prescritas, pues el padre o madre tienen respecto de sus hijos no

emancipados el deber de representarlos en el ejercicio de todas las

acciones que puedan redundar en su provecho y la acción para

solicitar el pago de pensiones alimentarias es una de esas acciones.

Sin embargo, una vez termina la patria potestad por cualquiera de

las causas contempladas en la ley, esta facultad cesa y el alimentista

queda legitimado para reclamar judicialmente la pensión. Ríos v.

Vidal, 134 DPR 3 (1993).

      Tratándose de un derecho de tan alto interés público, el

Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente

para velar por su cumplimiento. Torres Rodríguez v. Carrasquillo

Nieves, supra, pág. 739; Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, págs.

717-718. Estas leyes son la Ley Orgánica de la Administración para

el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986,

según enmendada por la Ley 178–2003, 8 LPRA sec. 501 et seq. y

las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en
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Puerto Rico6, Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014,

según enmendado (Guías).

       La Ley para el Sustento de Menores le impuso carácter

compulsorio al descubrimiento de prueba sobre la situación

económica del alimentante en los casos relacionados con las

pensiones alimentarias, con el fin de poder fijar la cuantía que se ha

de pagar.     Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 109

(2019).   El Tribunal Supremo ha expresado que, la Ley para el

Sustento de Menores va dirigida a los progenitores que se niegan a

cumplir con su obligación de alimentar o si hay dudas sobre su

capacidad económica.        Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra,

pág. 109.      El propósito del referido estatuto es descubrir la

suficiencia económica del alimentante para así establecer la pensión

alimentaria. Íd.

       Para determinar la capacidad económica de cada alimentante,

es preciso tomar en cuenta todos los ingresos devengados por éste,

hasta los que no aparezcan informados en la Planilla de Información

Personal y Económica. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133

DPR 406 (1993). El tribunal de instancia no está limitado a

considerar sólo la evidencia testifical o documental sobre los

ingresos. "Puede, al fijar la cuantía de la pensión, considerar

aspectos tales como el estilo de vida que lleva el alimentante, su

capacidad para generar ingresos, la naturaleza y cantidad de las

propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión

y sus otras fuentes de ingreso." (Énfasis en el original). (Cita

omitida). Íd., págs. 72-73.

       La Ley para el Sustento de Menores ordenó que se prepararan

y adoptaran unas guías con el propósito de ayudar a determinar y

6 Cabe destacar que, el 15 de febrero de 2024 fueron aprobadas las nuevas Guías

Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, no
obstante, dado a que la controversia de epígrafe tomó lugar previo a su
aprobación, son aplicables las de 2014.
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modificar las pensiones alimentarias conforme al nivel económico de

cada progenitor y las necesidades del alimentista. Santiago,

Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 562–563, (2012). Las

Guías fueron adoptadas para fomentar la uniformidad del principio

de proporcionalidad respecto a la imposición de pensiones

alimentarias.   Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 719. Por

medio del proceso evaluativo de las Guías, se toma en consideración

el ingreso de ambos padres, debido a que, estos ostentan la

obligación legal de aportar para la manutención de sus hijos o hijas.

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 563. Lo anterior

se puede lograr, mediante el mecanismo de descubrimiento de

prueba amplio y compulsorio antes esbozado.       Díaz Rodríguez v.

García Neris, supra, pág. 719.

      Existen casos particulares donde no aplican las Guías para el

cómputo de pensiones alimentarias. En específico, el alimentante

no tiene el deber de descubrir prueba de su capacidad económica

cuando este acepta su capacidad para costear la totalidad de la

pensión alimentaria que supla las necesidades del menor.        Díaz

Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 719; Pesquera Fuentes v.

Colón Molina, supra, pág. 110.       En los casos en los que el

alimentante acepte voluntariamente la capacidad económica, solo

procede determinar la suma justa y razonable a ser impuesta como

pensión alimentaria conforme a las necesidades del alimentista.

Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 719; Pesquera Fuentes v.

Colón Molina, supra, págs. 110-111. Finalmente, en estos casos la

pensión alimentaria se fijará acorde a los preceptos dispuestos por

el Código Civil, y tomando en consideración la condición económica

y el estilo de vida del alimentante, atado a las necesidades del

alimentista, integrando en estas el estilo de vida al cual estaba

acostumbrado.    Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 720;

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 566.
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      Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso

ante nos.

                                    III

      En su primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene

que, el foro de primera instancia incidió al dictar Sentencia y acoger

las recomendaciones de la EPA con relación a no considerar el gasto

de internet a pesar de que, a su juicio, la menor se beneficiaba de

tal servicio.   Así como al distribuir el costo de niñera entre la

totalidad del componente familiar cuando del testimonio de la parte

apelada surgía que este contrató el servicio de niñera.

      Como segundo señalamiento de error, la parte apelante

arguye que, el foro primario erró al acoger las recomendaciones de

la EPA en la Sentencia, a pesar de haber traído a su atención que

esta realizó determinaciones de hechos basadas en el testimonio de

la parte apelada.    Las cuales entendía que son falsas y que no

pudieron ser impugnadas conforme a derecho debido a que la EPA

no   permitió   la   presentación    de   prueba   de   refutación   y/o

impugnación.

      Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, la parte

apelante expresa que, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó

al determinar mediante Sentencia que no existía retroactivo.

      Finalmente, en su cuarto y último señalamiento de error, la

parte apelante sostiene que, incidió la primera instancia judicial al

dictar Sentencia donde media pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto al dejar sin efecto su orden previa respecto a que el pago

de la pensión alimentaria se realizara a través de la Administración

para el Sustento de Menores debido a alegados múltiples

incumplimientos de la parte apelada con el pago de la pensión

alimentaria.    Además, al imponer una cantidad de quinientos

dólares ($500.00) en concepto de honorarios de abogado a pagarse
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en un término de cincuenta (50) días cuando, a su juicio, tal partida

se paga de forma inmediata.

       Como podemos ver, los señalamientos de error esbozados por

la parte apelante versan sobre la apreciación de la prueba.                 No

obstante, esta no presentó la Transcripción de la Prueba Oral o una

Exposición Narrativa conforme lo dispone el Reglamento de este

Tribunal. De acuerdo a lo anterior, la parte apelante no nos colocó

en posición de variar la decisión del foro apelado.

       Reafirmamos que, las determinaciones de hechos y de

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de

gran deferencia por parte de los foros apelativos, puesto que, el

juzgador de instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical.7 Tal deferencia podrá

ser preterida cuando medie pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto8.

       En la controversia de epígrafe, la parte apelante no logró

demostrar la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.      Por tanto, procede que se mantenga el dictamen

apelado.

                                         VI

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones

7 Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 779.
8 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Santiago Ortiz v. Real Legacy

et al., supra, pág. 219; Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 778.