Court Opinion

ID: 9941520
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:04.447331+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.305167
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                         Certiorari
                                                 procedente del
        Recurridos                               Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala de
             v.                                  Superior de
                                   KLCE202301483 Mayagüez
EDGARDO DICRISTINA
ACEVEDO
                                                  Caso Núm.
       Peticionario                               ISCR201401796

                                                  Sobre:
                                                  Art. 5.04 Portación y
                                                  Uso de Armas Sin
                                                  Licencia

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria
Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

                             R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

                                        I.

       El 29 de diciembre de 2023, el señor Edgardo Di Cristina

Acevedo (Di Cristina Acevedo o peticionario), quien se encuentra

privado de su libertad en la Institución Correccional Sabana Hoyos

728, presentó por derecho propio una Apelación en la que solicitó

que se revoque una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI o foro primario) el 11 de

diciembre de 2023, notificada el 13 de diciembre de 2023.1 En la

determinación, el TPI denegó una moción promovida por el

peticionario al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, R. 192.1.

       Como cuestión de umbral, la Regla 7 (B) (5) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), nos

1 Apéndice del recurso, Anejo 2.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202301483                                                          2

confiere la facultad para prescindir de escritos en cualquier caso

ante nuestra consideración, con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho. Al amparo de ello, dadas las particularidades

de este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte

recurrida.

      De lo que es posible colegir de su recurso, el señor Di Cristina

arguye que cuestionó las condenas que el TPI le impuso el 3 de

septiembre de 2015 tras declararse culpable por la comisión de dos

violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 2000,

según enmendada, 25 LPRA secs. 461 et seq. El peticionario hace

referencia a la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, R. 72, en

su inciso (7) – enmendada mediante la Ley Núm. 142 de 2013, y

plantea que su alegación preacordada no fue realizada con

conocimiento de dicha enmienda. La alegación preacordada fue

suscrita el 19 de agosto de 2015. Según aduce el peticionario, la

pena impuesta excede un límite establecido en la Regla 72 de

Procedimiento Criminal, supra, y, por lo tanto, es contraria a

derecho.     No    obstante,   no   argumenta    teoría     alguna   para

fundamentar dicha posición, la cual además va en contra del texto

de la referida Regla.

      Ahora bien, cabe destacar que, en su recurso, el peticionario

menciona una Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones en

el caso KLCE202201269 en la que se denegó la expedición del auto

de certiorari solicitado por este. A juicio del panel hermano, el señor

Di Cristina Acevedo no puso en posición al tribunal de evaluar su

petición, ni expuso argumentos que permitieran la evaluación

informada y objetiva de su reclamo. En esencia, concluyó que la

alegación preacordada no adolecía de defecto alguno y determinó no

intervenir   con    el   dictamen   recurrido   ante   la   ausencia   de

arbitrariedad o craso abuso de discreción. En esa ocasión, también

cuestionó las sentencias impuestas en estos delitos, así como otras
KLCE202301483                                                                   3

cinco violaciones al Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA

secs. 5001 et seq., y la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

                                          II.

                                          A.

       El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite     a    un    tribunal      de     mayor    jerarquía      revisar    las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.2

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

2 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
KLCE202301483                                                         4

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., supra;

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451,

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009);

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello,

ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al.

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                  B.

      La Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, regula las

alegaciones preacordadas y, en lo pertinente, dispone lo siguiente:
KLCE202301483                                                          5

               En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones
      preacordadas entre la defensa del imputado y el
      representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente
      procedimiento:
              […]
              (7) […]
              Toda alegación preacordada en una causa en la que
      se impute la venta, posesión, transporte, portación o uso
      ilegal de un arma de fuego, según establecido en los Artículos
      5.04 o 5.15 de la Ley 404-2000, según enmendada, conocida
      como la Ley de Armas de Puerto Rico, o sus versiones
      subsiguientes, deberá conllevar para el imputado o acusado
      una pena de reclusión de al menos dos (2) años, cuando la
      pena de reclusión estatuida para la conducta imputada bajo
      dichos Artículos sea mayor de dos (2) años. Cuando
      circunstancias extraordinarias relacionadas con el proceso
      judicial así lo requieran, el Secretario de Justicia tendrá la
      facultad para autorizar por escrito una alegación
      preacordada que incluya una pena de reclusión menor de
      dos (2) años. El Secretario de Justicia podrá delegar esta
      facultad en el Subsecretario de Justicia o en el Jefe de los
      Fiscales. (Subrayado nuestro).

                                   III.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente

del recurso, resolvemos que debemos abstenernos de ejercer nuestra

función revisora, en conformidad con los criterios esbozados en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. A

nuestro juicio no atisbamos motivo o error alguno que amerite

intervención. Por el contrario, tanto una lectura de la regla citada

por el peticionario como su escueta argumentación demuestran de

plano que su petición carece de mérito y, por consiguiente, que la

determinación del TPI es correcta en derecho. El inciso (7) de la

Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, no impide la condena

que le fue impuesta al peticionario por los delitos por los que se

declaró culpable mediante alegación preacordada. Además, la

enmienda que estableció el lenguaje de dicho inciso fue realizada

con antelación a la alegación preacordada que realizó el señor Di

Cristina Acevedo. A esto se añade que el peticionario tampoco

arguyó coherentemente cómo esta Regla le favorece o cómo impide

la condena que se le impuso. Por lo que no nos puso en condición

de poder evaluar su reclamo de forma informada y objetiva.
KLCE202301483                                                        6

                                 IV.

      Por   los   fundamentos    pormenorizados,    se   deniega     la

expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones