Court Opinion

ID: 9916082
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:59.800384+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.417213
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

   NICOLE MARTÍNEX                              Apelación
      CARRILLO en                               procedente del
  representación del os                         Tribunal de Primera
  mejores intereses del                         Instancia, Sala
      menor DNVM                                Superior de San
                                                Juan
         Apelantes
                               KLAN202300829 Caso Núm.:
             v.                              SJ2022RF01349

  EDWIN LUIS VEGA                               Sobre: CUSTODIA
COLÓN, MAYRA COLÓN
    RODRIGUEZ

         Apelada
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos, Nicole Martínez Carrillo (Martínez

Carrillo) en representación del interés del menor DNVM y nos

solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia emitida y

notificada el 19 de julio de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. Mediante dicho

dictamen, el TPI desestimó la Demanda que presentó Martínez

Carrillo por falta de jurisdicción.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

modificamos la Sentencia apelada y así modificada, se confirma.

                                 I.

      El 18 de octubre de 2022, Martínez Carrillo presentó una

Demanda en contra de Edwin Luis Vega Colón (Vega Colón) y Mayra

Colón Rodríguez (Colón Rodríguez) sobre custodia. En apretada

síntesis, adujo que mantuvo una relación de convivencia con Vega

Colón y como producto de esa relación, procrearon al menor DNVM.

Planteó que luego del alumbramiento sufrió de una depresión post

parto; por lo cual, no tuvo otra alternativa que dejar al menor bajo

Número Identificador
SEN2023__________________
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el cuidado de Vega Colón. Expresó que luego de haberse recuperado,

Vega Colón le cedió la custodia completa del menor. Destacó que

cuando comenzó la pandemia del COVID-19, el menor comenzó a

estudiar a distancia; sin embargo, por contar con dificultades con el

internet, el menor DNVM no pudo dominar las destrezas y fracasó

el primer grado. Agregó que al advenir en conocimiento de que el

próximo año académico sería remoto, tomó la decisión de permitir

que su hijo se trasladara al estado de Texas junto a Vega Colón.

       Asimismo, afirmó que realizó este acuerdo con Colón

Rodríguez, abuela paterna del menor. Resaltó que el compromiso

exacto fue que el menor pasaría el año académico 2021-2022 en

Texas y tan pronto culminaran las clases regresaría inmediatamente

a Puerto Rico. Acentuó que una vez el menor llegó a Texas perdió

comunicación con él. Así pues, aseveró que una vez culminó el año

académico,       el   menor      tampoco       regresó     a    Puerto         Rico.

Consecuentemente, solicitó la custodia monoparental del menor

DNVM y que este fuera regresado a Puerto Rico.

       Así las cosas, el 13 de febrero de 2023, Vega Colón presentó

una Contestación a la Demanda. El 14 de febrero de 2023, Vega

Colón presentó una Contestación a la Demanda y Reconvención. A

grandes rasgos, negó las alegaciones de la Demanda.1 Expuso que

está mejor capacitado que Martínez Carrillo para proveerle el mejor

bienestar a su hijo. Indicó que mientras el menor estuvo con

Martínez Carrillo sufrió de mala nutrición, riesgos a su seguridad

corporal y exposición a drogas. Arguyó que no secuestró al menor,

sino que ambas partes acordaron que él tendría la custodia de

DNVM en Texas. Así pues, solicitó la custodia del menor y, además,

que el caso fuera referido a la Unidad Social del Tribunal para que

se rindiera el informe correspondiente.

1 En la alegación #29, Vega Colón se sometió a la jurisdicción del Tribunal.
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      El 26 de junio de 2023, las partes presentaron un Informe

Preliminar   entre    Abogados      y   Abogadas    Segunda Enmienda.

Consecuentemente, ese mismo día, se llevó a cabo una Vista en la

cual el TPI determinó, entre otras cosas, que la ley del caso es la

Resolución emitida el 16 de marzo de 2023, en la cual se dispuso

que en el caso atendido en la Sala de Investigaciones del Tribunal

de Carolina no se adjudicó la custodia del menor, por lo que no se

puede considerar un decreto de custodia para propósitos del

Parental Kidnapping Prevention Act. Además, según surge de la

Minuta las partes expusieron sus planteamientos en cuanto a si el

Tribunal tenía jurisdicción o no sobre el menor.

      Luego de varios trámites procesales, el 19 de agosto de 2023,

el TPI emitió una Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda

que presentó Martínez Carrillo por falta de jurisdicción. El foro de

instancia razonó que en el caso de autos no existe un decreto de

custodia emitido por un tribunal competente. Determinó, además,

que al momento en que se presentó la Demanda, el 18 de octubre de

2022, el menor llevaba catorce (14) meses con presencia física en el

estado de Texas, según los hechos estipulados por las partes.

Sostuvo que, Texas ha sido el lugar donde el menor a asistido a la

escuela,     recibe    asistencia       médica,    tiene   amistades   y

consecuentemente, donde se ha desenvuelto en su vida. Así pues,

concluyó que el estado de Texas es el que está en mejor posición

para determinar lo que es más beneficioso para el menor.

      El 2 de agosto de 2023, Martínez Carrillo presentó una

Reconsideración. Oportunamente, el 18 de agosto de 2023, Vega

Colón presentó una Moción Fijando Posición en [sic] Relación a

Moción de Reconsideración, Informativa y en Cumplimiento de Orden.

Así, el 21 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución, notificada

el 23 de agosto de 2023, mediante la cual declaró No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración.
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      Insatisfecho con esa determinación, el 19 de septiembre de

2023, la parte apelante acudió ante nos mediante un recurso de

apelación y señaló la comisión del siguiente error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que
      no cuenta con la jurisdicción para entender en esta
      controversia y basar su decisión en el Parental
      Kidnapping Prevention Act (“PKPA”), 28 U.S.C. sec.
      1738 A. En este caso, la ley federal no aplica porque
      no existe un decreto previo de custodia. Ante estas
      circunstancias es de empleo las disposiciones de la
      legislación de Puerto Rico y la doctrina desarrollada
      por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      Examinado el recurso de apelación, el 26 septiembre de 2023,

este Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término de

veinte (20) días a la parte apelada para que presentara su posición

al recurso. Transcurrido el término concedido sin la oposición de la

parte apelada, se da por perfeccionado el recurso y procedemos a

resolver.

                              II.

   A. Jurisdicción

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para considerar y decidir casos o controversias con efecto

vinculante para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco,

2023 TSPR 8, 211 DPR ___ (2023). Así pues, la falta de jurisdicción

de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental

Bank, 204 DPR 374 (2020).

      Así, los tribunales no tenemos discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109

DPR 839, 842 (1980). Pues, la ausencia de jurisdicción puede

conllevar la nulidad de los dictámenes emitidos. Allied Mgmt. Group,

Inc. v. Oriental Bank, supra. En efecto, la falta de jurisdicción no

puede ser subsanada, ni podemos arrogarnos la jurisdicción que no

tenemos. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).

Incluso, aunque las partes no lo planteen, estamos obligados a velar

por nuestra jurisdicción. Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601
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(1997). Por lo cual, es norma reiterada que las cuestiones

jurisdiccionales son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.

   B. Custodia

       La patria potestad se define como el conjunto de deberes y

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los

bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la

mayoría de edad u obtienen su emancipación. Artículo 589 del

Código Civil (32 LPRA sec. 7241).2 A su vez, la custodia es un

componente de la patria potestad porque impone a los padres el

deber primario de tener a sus hijos no emancipados bajo su

compañía. Jusino González v. Norat Santiago, 2023 TSPR 47, 211

DPR ___ (2023). Véase, además, Ex parte Torres Ojeda, 118 DPR 469,

476 (1987). Es decir, la custodia es la tenencia o control físico que

tiene un progenitor sobre los hijos. Ex parte Torres Ojeda, supra,

pág. 477.

       Según establece nuestro ordenamiento jurídico, ante una

determinación sobre custodia, los tribunales están llamados a

utilizar como criterio rector el bienestar y los mejores intereses del

menor. Jusino González v. Norat Santiago, supra; Muñoz Sánchez v.

Báez De Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). Ahora bien, la decisión

del tribunal relativa a la custodia de un menor es una a la que se

debe llegar luego de realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso

de todas las circunstancias presentes en el caso ante su

consideración, teniendo como único y principal objetivo el bienestar

de los menores. Jusino González v. Norat Santiago, supra.

       Según ha establecido nuestro máximo Foro, aun cuando el

derecho de un progenitor de tener consigo a sus hijos es de superior

jerarquía, este tiene que ceder ante la facultad de parens patriae del

Estado de salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Peña v.

2 Cualquier mención subsiguiente al Código Civil de Puerto Rico se entenderá que

es a su edición de 2020, aplicable a los hechos del presente caso.
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Peña, 164 DPR 949 (2005). La función de parens patriae del Estado,

delegada en los tribunales, se ejerce precisamente determinando a

quien le corresponde la custodia del menor en su resguardo. Íd. Así

pues, cualquier conflicto que perciba el tribunal entre intereses

ajenos y el mejor interés de un menor deberá resolverse a favor del

menor. Íd. En fin, un tribunal enfrentado a un litigio en el que se

dilucida la custodia, la patria potestad o las relaciones paterno-

filiales, no puede actuar livianamente.

   C. Parental Kidnapping Prevention Act

      El Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), 28 USCA sec.

1738 A (a), es un estatuto federal que procura facilitar la ejecución

de los decretos judiciales estatales relacionados a custodia y

derechos de visita, así como prevenir la competencia y el conflicto

interjurisdiccional. Colón Vega v. Díaz Lebrón, 2023 TSPR 27, 211

DPR ___ (2023). Véase, además, Cancel Rivera v. González Ruiz, 200

DPR 319 (2018). Consecuentemente, los tribunales de los estados

están obligados a dar entera fe y crédito a los dictámenes de custodia

que emiten sus equivalentes. Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra. Así

pues, como regla general no pueden modificar un dictamen de

custodia que emitió otro estado de forma compatible con la ley. Íd.

Véase, además, Collazo Dragoni v. Noceda González, 198 DPR 476

(2017). Para determinar si un dictamen de custodia es compatible

con la ley, se debe examinar: (1) si el tribunal que lo emitió tenía

jurisdicción bajo las leyes de su estado; y, (2) si se cumplió con una

de varias bases jurisdiccionales. Collazo Dragoni v. Noceda

González, supra.

      De otro lado, se ha establecido que el estado de residencia del

menor es aquel en el que residió “por seis meses consecutivos antes

de la fecha en que comenzaron los procedimientos de custodia”.

Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra. Véase, además, 28 USCA sec.

1738 A (b) (4). Además, la ley enfatiza que antes de que se haga una
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determinación de custodia, se debe proveer a los padres una

notificación razonable y la oportunidad de ser escuchados. 28 USCA

sec. 1738 A (e). Ahora, si bien los preceptos de la PKPA pueden ser

ilustrativos, debe quedar claro que sus disposiciones aplican ante

un conflicto jurisdiccional en el que se solicita la modificación del

decreto de custodia que emitió otro estado. Colón Vega v. Díaz

Lebrón, supra; Collazo Dragoni v. Noceda González, supra. Así, el

PKPA prevalece sobre cualquier legislación estatal debido a que

ocupa el campo respecto a los decretos de custodia interestatales.

Cancel Rivera v. González Ruiz, supra.

      Nuestro máximo Foro ha establecido que, los tribunales de

Puerto Rico poseen jurisdicción para atender los casos de custodia

en cualquiera de las siguientes situaciones: (1) cuando se posee

jurisdicción in personam sobre todos los litigantes o aun sobre una

sola de las partes; (2) cuando el menor está domiciliado en Puerto

Rico; (3) cuando el menor está físicamente presente o tiene su

residencia habitual en Puerto Rico; y, (4) cuando el menor es

ciudadano o nacional de Puerto Rico. Collazo Dragoni v. Noceda

González, supra, citando a Marrero Reyes v. García Ramírez, 105

DPR 90 (1976). Así pues, a pesar de que una sentencia de custodia

es válida si se cumplen los requisitos jurisdiccionales, el PKPA

impone una preferencia por el estado de residencia del menor para

que la sentencia goce de entera fe y crédito en los demás estados.

Ortega v. Morales, 131 DPR 783 (1992).

                             III.

      Como indicamos, la apelante sostuvo que incidió el TPI al

concluir que no cuenta con la jurisdicción para entender en esta

controversia y basar su decisión en el PKPA. Arguyó que, en este

caso, la ley federal no aplica porque no existe un decreto previo de

custodia; por lo cual, ante estas circunstancias es de empleo las

disposiciones de la legislación de Puerto Rico y la doctrina

desarrollada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Concluyó que,
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el TPI debió guiar su juicio en consideración a las Reglas de

Procedimiento Civil de Puerto Rico, el Código Civil de Puerto Rico de

2020 y la doctrina interpretativa.

      En el caso ante nuestra consideración, el foro recurrido emitió

una Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda que presentó

Martínez Carrillo por falta de jurisdicción. Así, el foro de instancia

determinó que en el caso de autos no existe un decreto de custodia

emitido   por   un    tribunal   competente.     Sostuvo    que   esta

determinación es la ley del caso y vinculante para la continuación

del pleito. Asimismo, razonó que la Demanda se presentó el 18 de

octubre de 2022 y para esa fecha, el menor llevaba catorce (14)

meses con presencia física en el estado de Texas, según los hechos

expresamente estipulados por las partes. Consecuentemente, el TPI

determinó que Texas ha sido el lugar donde el menor ha asistido a

la escuela, recibe asistencia médica, ha hecho sus amistades y

donde se ha desenvuelto su vida. Por lo cual, determinó que es el

Tribunal competente del estado de Texas el que está en mejor

posición para determinar lo que es más beneficioso para el menor.

      Según el derecho que antecede, la custodia es la tenencia o

control físico que tiene un progenitor sobre los hijos. Ex parte Torres

Ojeda, supra. Cónsono con lo anterior, el PKPA se creó para facilitar

la ejecución de los decretos judiciales estatales relacionados a

custodia y derechos de visita, así como prevenir la competencia y el

conflicto interjurisdiccional. Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra. Así

pues, los tribunales de los estados están obligados a dar entera fe y

crédito a los dictámenes de custodia que emiten sus equivalentes.

Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra.

      De una lectura minuciosa del expediente ante nos, podemos

constatar que en el momento en que se presentó la Demanda de

epígrafe no existía un decreto previo de custodia. Por lo cual,

ciertamente, en el caso de marras no era de aplicación el PKPA;
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pues, tal y como ha resuelto nuestro máximo Foro si bien los

preceptos de la PKPA pueden ser ilustrativos, debe quedar claro que

sus disposiciones aplican ante un conflicto jurisdiccional en el que

se solicita la modificación del decreto de custodia que emitió otro

estado. Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra; Collazo Dragoni v. Noceda

González, supra. Ese no es el caso ante nos.

      No obstante, lo anterior, según surge de la Sentencia y del

recurso de apelación que presentó la parte apelante, el 26 de junio

de 2023, las partes presentaron un Informe Preliminar entre

Abogados y Abogadas Segunda Enmienda mediante el cual

estipularon varios hechos, entre estos:

      1. El menor Deiwin Vega Martínez nació el 5 de febrero de
          2014 en Puerto Rico. Actualmente cuenta con 9 años de
          edad.
      2. El Padre del menor reside en el estado de Texas, EEUU.
      3. El menor compartía con el padre los veranos y se
          hospedaba en el estado de Texas, EEUU.
      4. Allá para el 2017, luego del paso del Huracán María,
          Puerto Rico se encontraba no [sic] energía eléctrica. La
          madre en beneficio de su hijo para que este no sufriera
          las condiciones de Puerto Rico decidió trasladarse
          temporeramente al estado de Texas, EEUU. Allí
          permanecieron por espacio aproximado de 8 meses.
      5. El menor en el 2018-2019 cursó estudios en Head Star
          en Puerto Rico.
      6. El menor en el año académico 2019-2020 cursó estudios
          de Kinder en la Escuela [sic] Puerto Rico.
      7. El menor en el año académico 2020-2021 cursó estudios
          de Primer Grado en la Escuela Pascasio P. Sancerrit en
          Carolina, Puerto Rico.
      8. El menor fracasó el primer grado.
      9. La abuela paterna Mayra Colón Rodríguez fue la persona
          contacto y seleccionada para trasladar al menor al estado
          de Texas.
      10. El menor cursó el Primer Grado correspondiente al año
          académico 2021-2022 [sic] Delmas F. Morton Elementary
          School en 401 E Grand Prairie RD, Grand Praire, Texas.
          EEUU, 75051, Phone: 972-262-6785; Fax: 972-343-
          6099.
      11. El menor en el año académico 2022-2023 cursó estudios
          de segundo grado en Delmas F. Morton Elementary
          School en 401 E Grand Prairie RD, Grand Praire, Texas.
          EEUU, 75051, Phone: 972-262-6785; Fax: 972-343-6099
          seleccionada para trasladar al menor al estado de Texas.

      Así, nos resulta claro que el menor DNVM se ha encontrado

físicamente fuera de la jurisdicción de Puerto Rico desde que

comenzó el año académico 2020-2021. Por lo tanto, tomando en

consideración que el estado de residencia del menor es aquel en el
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que residió “por seis meses consecutivos antes de la fecha en que

comenzaron los procedimientos de custodia”. Colón Vega v. Díaz

Lebrón, supra, es forzoso concluir que el foro más conveniente para

dilucidar los asuntos relativos a la custodia del menor DNVM es en

el estado de Texas.

      No podemos perder de perspectiva que, los tribunales de

Puerto Rico poseen jurisdicción para atender los casos de custodia

en cualquiera de las siguientes situaciones: (1) cuando se posee

jurisdicción in personam sobre todos los litigantes o aun sobre una

sola de las partes; (2) cuando el menor está domiciliado en Puerto

Rico; (3) cuando el menor está físicamente presente o tiene su

residencia habitual en Puerto Rico; y, (4) cuando el menor es

ciudadano o nacional de Puerto Rico. Collazo Dragoni v. Noceda

González, supra; Marrero Reyes v. García Ramírez, supra.

      En el caso ante nos, el menor no está domiciliado en Puerto

Rico, no está físicamente presente ni tiene residencia habitual en

nuestra jurisdicción. Por lo tanto, aun cuando el Tribunal posee

jurisdicción in personam sobre todos los litigantes o aun sobre una

sola de las partes, no podemos pasar por desapercibido que el foro

más conveniente es aquel donde el menor ha asistido a la escuela,

recibe asistencia médica, ha hecho sus amistades y donde se ha

desenvuelto su vida por más de catorce (14) meses.

      En fin, tomando en consideración que los tribunales no

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay, y

velando por el bienestar y los mejores intereses del menor DNVM,

concluimos que procedía la desestimación de la Demanda por falta

de jurisdicción. Véase, Martínez v. Junta de Planificación, supra;

Jusino González v. Norat Santiago, supra.

                             IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, modificamos la Sentencia apelada y así

modificada, se confirma.
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     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones