Court Opinion

ID: 9962747
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:31.380519+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.703119
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VII

BRANDON CRUZ GONZÁLEZ                            APELACIÓN
  Y FRENTE UNIDO PRO                             procedente del
 DEFENSA DEL VALLE DE                            Tribunal de
      LAJAS, INC.                                Primera Instancia,
                                                 Sala de Mayagüez
           Apelados
                        KLAN202301146 Sobre:
           v.                         Injunction por
                                      Obra de
  FERNANDO CABELLO                    Desarrollo de
MILLÁN, YAMILLET GARCÍA               Terreno sin
   MARRERO Y LA SLG                   Permiso; Estorbo
COMPUESTA POR AMBOS                   Público y Desvío
                                      Ilegal de Aguas de
        Apelantes                     Escorrentía

                                                 Caso Número:
                                                 MZ2023CV00758
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2024.

      Los apelantes, Fernando Cabello Millán, Yamillet García

Marrero y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta,

comparecen ante nos para que revoquemos la Sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 9 de

noviembre de 2023, notificada el 22 de noviembre del mismo año.

Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar una acción

civil sobre injunction, estorbo público y desvío ilegal de aguas

promovida por los aquí apelados, el señor Brandon Cruz González y

el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Inc.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                  I

      El 11 de mayo de 2023, los apelados presentaron la demanda

de injunction de epígrafe, al amparo de lo dispuesto en el Artículo

Número Identificador
SEN2024 ________________
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14.1 de Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico,

Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9024, así como una acción por estorbo

público bajo el Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 31

LPRA sec. 2761, y otra por alteración de aguas de escorrentías al

amparo del Artículo 802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8065. En

esencia, plantearon ser los titulares de una finca contigua a una

perteneciente a los aquí apelantes en el municipio de Lajas, en la

que estos estaban llevando a cabo una construcción contraria a las

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. De acuerdo con

las alegaciones de los apelados, el predio de los apelantes estaba

formalmente calificado como Agrícola en Reserva Uno (AR-1) y

clasificado como Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola

(SREP-A). A su vez, añadieron que el referido inmueble era un área

por donde discurrían aguas de drenaje de la Reserva Agrícola del

Valle de Lajas.        A tenor con ello, alegaron que los apelantes

efectuaron obras de deforestación y descortezamiento de terreno no

autorizadas.       Afirmaron, por igual, que estos rellenaron el solar,

afectando la elevación del predio, así como su colindancia y un canal

de agua sito frente a su inmueble.

       Los apelados indicaron que, dado a lo anterior, presentaron

una querella ante la Junta de Planificación y el Departamento de

Recursos Naturales. Expusieron que, el 11 de marzo de 2022, la

Junta de Planificación emitió un Informe de Investigación en el que

se hizo constar que los apelantes no tenían permiso para las obras

de descortezamiento y relleno de terreno. No obstante, sostuvieron

que,   pese    a    ello,   los   apelantes   continuaron   el   desarrollo

desautorizado del inmueble, elevando el terreno a causa de las

múltiples obras de relleno y ocasionando que su propiedad se

inundara en tiempos de lluvia. Al abundar, expresaron que, el 11

de octubre de 2022, la Junta de Planificación emitió una Notificación

de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, por la cual dispuso que, en
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efecto, los apelantes no solicitaron permiso para las obras que

estaban llevando a cabo, todo en violación al derogado Reglamento

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados

al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, Reglamento

Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto 2020)

y a la Ley 161-2009, supra. A tenor con ello, expusieron que el

referido organismo dictó una orden a los apelantes requiriéndole

mostrar causa por la cual no debería imponérsele una multa, una

orden de cese y desista, ni solicitar la intervención del tribunal para

gestionar la demolición o paralización de los trabajos. Según

indicaron, mediante Resolución Parcial del 1 de diciembre de 2022,

la Junta de Planificación ratificó su determinación, en cuanto a que

los   apelantes   no   tenían   los   correspondientes   permisos   de

construcción, por lo que les extendió un plazo de veinte (20) días

para obtenerlos, so pena de multarlos. No empece a ello, según

informado por los apelados, los apelantes continuaron el desarrollo

ilegal del terreno. Además, expresaron que estos gestionaron un

cambio en la calificación de su solar, el cual, tras considerarlo, la

Junta de Planificación denegó.

       A tenor con lo antes expuesto, los apelados solicitaron al

tribunal primario que proveyera el interdicto solicitado ordenando el

cese y desista de los trabajos en la finca en disputa, así como la

demolición de las obras ilegalmente construidas y la remoción del

relleno depositado. Igualmente, peticionaron que se declarara la

obra como un estorbo público. Del mismo modo, los apelados

requirieron que se declarara Ha Lugar la causa de acción al amparo

de lo dispuesto en el Código Civil, supra, sobre desvío ilegal de

drenaje de aguas. Los apelados también solicitaron al Tribunal de

Primera Instancia que declarara la temeridad de los apelantes por

no haber acatado las órdenes de la Junta de Planificación.
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       El 25 de mayo de 2023 los apelantes presentaron ante el

Tribunal de Primera Instancia una Moción en Solicitud de

Desestimación.   En lo pertinente, expusieron que, contrario a lo

alegado por los apelados, contaban con un permiso de construcción

expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el 13 de julio

de 2022, así como con el endoso del municipio de Lajas para el

desarrollo de su predio. De igual forma, expresaron que, dado a que

los apelados habían presentado una querella administrativa ante la

Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales,

era de aplicación al caso la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos, hecho que incidía sobre la jurisdicción del tribunal.

Así, sostuvieron que no procedía proveerse para el injunction, toda

vez que los apelados disponían de otros remedios legales para

encausar su reclamo. De este modo, solicitaron al Tribunal de

Primera Instancia la desestimación de la causa de epígrafe.

      El 26 de mayo de 2023, el foro sentenciador dio inicio a la

celebración de la vista de interdicto preliminar y permanente.

Conforme surge de la Minuta correspondiente, el Adjudicador

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida por los

apelantes. Como fundamento, expresó que el Artículo 14.1 de la Ley

161-2009, supra, permitía a los apelados valerse de una acción de

injunction, ello con independencia de que existiera un procedimiento

pendiente ante una agencia administrativa.

      La celebración de la vista continuó durante los días 5 de julio

de 2023 y el 11 de agosto de 2023. Se desprende de las respectivas

Minutas que el apelado Cruz González prestó su declaración y que

fue debidamente contrainterrogado por el representante legal de los

apelantes.   De igual forma, el apelante Cabello Millán ofreció en

evidencia su testimonio, ello a favor de sostener la legitimidad del

desarrollo de su inmueble. Durante la vista, las partes estipularon

cierta prueba documental e ilustrativa.
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       Sometido el caso para su final disposición, el 22 de noviembre

de 2023, el Tribunal de Primera Instancia notificó la Sentencia aquí

apelada. En la misma, expuso que toda la evidencia examinada

durante la vista estableció que, en efecto, los apelantes no contaban

con el permiso requerido para llevar a cabo el desarrollo de su

inmueble, tal cual alegado en la demanda. Al abundar, el foro

primario dispuso que el permiso que la OGPe expidió a favor de los

apelantes, únicamente proveía para el anclaje de un vagón en su

solar y no para llevar a cabo trabajos de relleno de corteza terrestre

ni de excavaciones. Enfatizó el hecho de que, al investigar la querella

administrativa radicada por los apelados, la Junta de Planificación

advirtió las construcciones y trabajos ilegales en el terreno de los

apelantes. Sostuvo que, como resultado, el organismo expresamente

determinó que los apelantes no obtuvieron los permisos requeridos

para legalizar las obras por las cuales se produjo su intervención y

que, a su vez, les denegó una solicitud sobre cambio de calificación

de la finca.

       El tribunal primario afirmó que la prueba demostró que, aun

lo anterior, los apelantes continuaron desarrollando el terreno en

disputa y construyendo en la propiedad, todo sin legitimación a los

efectos.   Específicamente, indicó que los testimonios ofrecidos en

evidencia durante la vista no solo establecieron que la OGPe, no les

concedió el permiso para descortezar y rellenar, sino que tampoco

les   expidió   permiso   alguno   para   validar   ciertas   obras   y

modificaciones de urbanización que estaban efectuando dentro del

predio.    Igualmente, el foro sentenciador expresó que estos no

contaban con permiso alguno que imprimiera legalidad al hecho de

colocar un segundo vagón en su propiedad.

       En virtud de todo lo antes expuesto, el Tribunal de Primera

Instancia determinó que, según los hechos probados, correspondía

concluir que los apelantes no contaban con los permisos de uso,
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construcción y de obras de infraestructura requeridos para validar

la obra que realizaban en el inmueble en controversia. Así, y tras

resolver que concurrían los criterios pertinentes al interdicto

estatutario solicitado por los apelados, dirigido, el mismo, a evitar

actividades ilegales, ordenó la inmediata paralización y demolición

de la obra en la finca de los apelantes, así como el retiro del relleno

de corteza terrestre añadido.     De igual modo, determinó que la

conducta procesal de los apelantes era una constitutiva de

temeridad, razón por la cual les impuso el pago de $4,000.00 por

concepto de honorarios de abogado.

      Inconformes, el 22 de diciembre de 2023, los apelantes

comparecieron ante nos, mediante el recurso de apelación que nos

ocupa. En el mismo exponen los siguientes señalamientos de error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia [al] declarar con
      lugar la demanda instada, ante una prueba insuficiente
      y en ausencia de prueba pericial necesaria para realizar
      ciertas determinaciones de hecho.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia [al] realizar ciertas
      determinaciones de hecho sin contar con la prueba
      necesaria para efectuar las mismas, ni haberse
      desfilado la misma en la vista de interdicto preliminar y
      permanente.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de
      discreción al imponer a los demandados el pago de
      honorarios por alegada temeridad.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al efectuar una
      determinación de alegada temeridad a los demandados-
      apelantes, carente de determinaciones de hecho y
      conclusiones de derecho en los que se basa dicha
      determinación.

      Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a

disponer del asunto.

                                   II

                                   A

      De ordinario, “la tarea de adjudicar credibilidad y determinar

lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición
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del juez o la jueza a la prueba presentada […]”. Gómez Márquez et

al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 792 (2020), citando a Dávila Nieves

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).          De ahí que las

determinaciones de credibilidad que realiza el tribunal primario

están revestidas de una presunción de corrección, razón por la cual,

en este aspecto, gozan de un amplio margen de deferencia por parte

del foro intermedio. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág.

777; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79-80 (2001); Blás v. Hosp.

Guadalupe, 146 DPR 267, 270 (1998). Asimismo, como norma, un

tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, por sus

propias apreciaciones, las determinaciones de hechos que realiza el

foro sentenciador, fundamentando su proceder en un examen del

expediente sometido a su escrutinio. Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR

717, 727 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433

(1999).

      De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos.

Gómez Márquez et al. v. El Oriental, supra, pág. 794-795; Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772; ELA v. PMC, 163 DPR

478, 490 (2004). En este contexto, el juzgador de hechos goza de

preeminencia al poder apreciar sus gestos, contradicciones,

manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que le permite

formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la

verdad. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004).

      Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de carácter

absoluto. Si bien el arbitrio del foro primario es respetable, sus

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a

los principios de legalidad y justicia. Méndez v. Morales, 142 DPR

26, 36 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR
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702, 712 (1990). Al amparo de ello, el ordenamiento jurídico vigente

dicta que el criterio de deferencia antes aludido cede, entre otras

instancias, cuando se determina que el juzgador de hechos incurrió

en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. BPPR v. Gómez

Alayón, 2023 TSPR 145 (2023), 213 DPR ____ (2023); Gómez

Márquez et al. v. El Oriental, supra, pág. 793; Citibank et al. v. ACBI

et al., 200 DPR 724, 736 (2018); Dávila Nieves v. Meléndez Marín,

supra, pág. 772; Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614,

623 (2002). Con relación a este aspecto, la doctrina reconoce que,

ante una alegación de pasión prejuicio o parcial, el foro intermedio

viene llamado a auscultar si, en efecto, el tribunal primario cumplió

con adjudicar la controversia de que trate de manera imparcial, todo

en la consecución de la misión de impartir justicia. Gómez Márquez

et al. v. El Oriental, supra, pág. 795; Dávila Nieves v. Meléndez Marín,

supra, pág. 775. Incurre en error manifiesto el tribunal de hechos,

cuando sus conclusiones “están en conflicto con el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”.

Íd. Así pues, el error atribuido al ejercicio del tribunal primario debe

establecer que, en la gestión de apreciar la prueba sometida ante sí,

este se distanció de la realidad fáctica o descansó “exclusivamente

en una parte de la prueba, mientras hubo otra […] que la

contradijera”. Íd.

      Ahora bien, en vista de que toda sentencia o determinación

judicial está protegida por una presunción de corrección y validez,

la parte que acude al auxilio del tribunal apelativo tiene el deber de

colocar a dicho foro en condiciones suficientes para que pueda

conceder el remedio solicitado. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 366

(2005); Santos Green v. Cruz, 100 DPR 9, 15 (1971). Por tanto, para

poder atender en los méritos los argumentos de su recurso, el

promovente del mismo no sólo debe discutir a cabalidad los

señalamientos alegados, sino, también, acompañarlo con la prueba
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necesaria para demostrar el error o el abuso de discreción

invocado. Santos Green v. Cruz, supra, pág. 15; De la Rosa v. Puerto

Rico Motors, 58 DPR 341, 347 (1941).

       Sobre ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto

que:

       […] cuando un peticionario señala errores dirigidos a
       cuestionar la apreciación de la o suficiencia de la
       prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que
       éste ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo
       ocurrido en el foro primario utilizando alguno de los
       mecanismos de recopilación de prueba oral, como lo
       son: (1) transcripción de la prueba; (2) exposición
       estipulada o; (3) exposición narrativa.

       Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654, 671, 673 (2023).

       En ausencia de alguno de los mecanismos de prueba antes

indicados, los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a

cabalidad la función revisora que les asiste. Pueblo v. Pérez Delgado,

supra, pág. 671. Así pues, si la parte apelante no coloca al tribunal

intermedio en la posición de ponderar y adjudicar los errores

señalados, procede la desestimación del recurso que atiende o la

confirmación del dictamen apelado. Bajo estas circunstancias y en

lo aquí pertinente, en ausencia de la transcripción de la prueba

testimonial, el tribunal intermedio solo revisará la comisión de un

error de derecho cuando éste claramente se desprenda del

expediente apelativo. Santos Green v. Cruz, supra, pág. 15.

                                 B

       Por su parte, la Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos

de Puerto Rico, Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, et seq, constituye

el marco legal y administrativo que rige los procesos de solicitud,

evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de

Puerto Rico. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228,

236 (2014).    Su objetivo es la transformación del sistema de

permisos en Puerto Rico, a fin de que resulte en uno más

transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos, Ley
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161-2009, supra. De igual modo, provee una estructura para la

evaluación y otorgamiento de permisos afín con las leyes y

reglamentos aplicables, a los efectos de establecer un equilibrio

entre el desarrollo económico, la protección de los recursos

naturales y la protección del derecho al disfrute de la propiedad. Íd.

      La Ley 161-2009, supra, creó la Oficina de Gerencia de

Permisos (OGPe), organismo adscrito a la Junta de Planificación,

que ostenta autoridad legal suficiente para evaluar, conceder y/o

denegar determinaciones finales y permisos relacionados al

desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9018. En

lo atinente a la controversia que aquí atendemos, el Artículo 14.1 de

la Ley 161-2009, supra, dispone como sigue:

      La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
      gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
      Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
      instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
      representación del interés público o una persona
      privada, natural o jurídica, que tenga un interés
      propietario o personal que podría verse adversamente
      afectado, podrá presentar una acción de injunction,
      mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra
      acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un
      permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho
      utilizando información incorrecta o falsa; (2) la
      paralización de una obra iniciada sin contar con las
      autorizaciones y permisos correspondientes, o
      incumpliendo con las disposiciones y condiciones del
      permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no
      autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que
      al momento de la presentación del recurso y al momento
      de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de
      construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque
      el mismo ha sido revocado.

      Indistintamente de haberse presentado una querella
      administrativa ante la Junta de Planificación, entidad
      gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
      Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
      instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando
      los mismos hechos, una parte adversamente afectada
      podrá presentar un recurso extraordinario en el
      Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose
      presentado el recurso extraordinario al amparo de esta
      sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción
      automáticamente sobre la querella y cualquier
      actuación que llevare a cabo con respecto a la misma
      será considerada ultra vires.

      […]
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       23 LPRA sec. 9024.

       La letra del Artículo 14.1, supra, provee un mecanismo

interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario que se

limita a la obtención de órdenes para provocar la paralización

inmediata, provisional o permanente de usos o actos contrarios a la

ley.   La   norma   reconoce   que   un   injunction   estatutario   es

independiente de un injunction tradicional, por lo que está exento de

las exigencias legales que le rigen. Next Step Medical v. Bromedicom

et al., 190 DPR 474, 486 (2014). El estado de derecho dispone que

los criterios para la ejecución del injunction tradicional son más

rigurosos que los aplicables al injunction estatutario.       Íd; CBS

Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 410 (2010). Ello

obedece a que, en esencia, el interdicto tradicional se adoptó del

sistema de equidad inglés para disponer de situaciones para cuya

atención no existe remedio adecuado en ley. Next Step Medical v.

Bromedicom et al.,supra, pág. 486.

       De otro lado, el injunction estatutario es producto de un

mandato legislativo expreso. ARPe v. Rivera, supra, pág. 444.        De

ahí que, distinto al caso del interdicto tradicional, su concesión

“requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio

judicial más acotado”. Next Step Medical v. Bromedicom et al., supra,

pág. 497.     Según la interpretación normativa, al momento de

presentarse una petición de injunction de esta naturaleza, “[no] se

requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la

determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de

la ley”. ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 444 (2003). A su vez, y en

referencia particular al interdicto estatutario contemplado en el

Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, la parte promovente del

mismo debe acreditar ante el foro competente que: 1) que existe una

ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que

la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o
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actividad en violación a esa ley o reglamento. ARPe v. Rivera, supra,

pág. 4451 ; J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da

ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1672.

                                        C

       Finalmente, la temeridad constituye aquel patrón de conducta

que lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio

cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales y

que afecta la sana administración de la justicia. Meléndez Vega v. El

Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); Blás v. Hosp. Guadalupe,

supra, pág. 335; Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556, 565 (1994); Elba

ABM v. UPR, 125 DPR 294, 328 (1990). Una parte ha incurrido en

temeridad     cuando      está    presente     alguna     de   las   siguientes

circunstancias: 1) contestar una demanda y negar responsabilidad

total; 2) defenderse injustificadamente de la acción en su contra; 3)

creer que la cantidad reclamada es exagerada y que tal sea el único

motivo por el cual se opone a las alegaciones del demandante,

pudiendo limitar la controversia a la fijación de la correspondiente

cuantía; 4) incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende

su responsabilidad y;            5) negar un hecho cuya veracidad

conste. Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, págs. 335-336; Fernández

v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 722 (1987).

       Una vez un tribunal con competencia determina que se ha

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de

honorarios de abogado. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR

760, 778 (2016). Al respecto, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue:

1 Aclaramos que los antedichos factores se establecieron en ARPe v. Rivera, supra,

ello en atención a la letra del Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Junta de
Planificación de Puerto Rico Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA sec.
72, estatuto derogado por la vigente Ley 161-2009, supra. No obstante, dicha
disposición, guarda cierta correspondencia con la letra del Artículo 14.1, supra,
por lo que empleamos la norma jurisprudencial resuelta para disponer de la causa
de epígrafe.
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      .        .      .       .      .       .       .       .

      (d) Honorarios de Abogado - En caso de que cualquier
      parte o su abogado o abogada haya procedido con
      temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
      su sentencia al responsable el pago de una suma por
      concepto de honorarios de abogado que el tribunal
      entienda correspondan a tal conducta. En caso que el
      Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios,
      agencias o instrumentalidades haya procedido con
      temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
      su sentencia una suma por concepto de honorarios de
      abogado, excepto en los casos en que esté expresamente
      exento por ley del pago de honorarios de abogado.

      El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal

la intención de establecer una penalidad a un litigante perdidoso

que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito. SLG González-Figueroa v. SLG et al.,

209 DPR 138, 148-149 (2022); Torres Montalvo v. Gobernador ELA,

supra, pág. 778, citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179

DPR 503, 520 (2010). De ahí que, como regla general, establecida

la concurrencia de tal conducta, la condena de honorarios resulta

ser imperativa. Así, el juzgador tendrá que adjudicar el monto

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello

mediante el ejercicio de su sano juicio. Por tanto, la determinación

que en su día emita, solo será objeto de revisión si ha mediado abuso

de discreción en el ejercicio de su ministerio. Colón Santos v. Coop.

Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); Blás v. Hosp. La

Guadalupe, supra, pág. 334; Fernández v. San Juan Cement Co.,

supra pág. 722. En dicho contexto, la doctrina vigente reconoce que

un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el juez: ignora

sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] le concede

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la
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determinación resulta irrazonable”. Citibank et al. v. ACBI et al.,

supra, pág. 736.

                                III

      En la presente causa, los apelantes aducen que el Tribunal de

Primera Instancia erró al declarar Ha Lugar la demanda de

injunction de epígrafe, ello, al haberse apoyado en prueba, a su

juicio, insuficiente. En particular, impugnan las determinaciones

de hecho dictadas por el foro primario, fundamentándose en que las

mismas no se sustentaron en prueba pericial ni en la evidencia

necesaria para establecer la procedencia del mecanismo interdictal

solicitado. A su vez, los apelantes afirman que el tribunal primario

incurrió en error al encontrarlos incursos en temeridad y, en

consecuencia, al imponerles el pago de una suma determinada por

concepto de honorarios de abogado. Habiendo examinado los

referidos señalamientos a la luz de los hechos establecidos y la

norma aplicable, confirmamos la Sentencia apelada.

      Los apelantes cuestionan ante esta Curia la apreciación que

de la prueba efectuó el tribunal sentenciador. Sin embargo, no

sometieron ante nos copia de la transcripción de los procedimientos

en la vista de injunction, de modo que no nos colocaran en posición

tal de poder entender sobre sus planteamientos. Por tanto, ante la

ausencia de la trascripción oral, nuestra intervención se ciñe a

atender cuestiones puramente normativas a la luz de la evidencia

expresamente contenida en el expediente apelativo que atendemos.

      Según se desprende del pronunciamiento apelado, las

actuaciones de los apelantes en su predio no estaban respaldadas

por ley. De la Sentencia que nos ocupa surge que la prueba

documental, ilustrativa y testifical admitida durante la vista de

interdicto, estableció que estos no contaban con los permisos

agenciales pertinentes para avalar el alcance e impacto de los

trabajos de construcción y desarrollo que estaban efectuando en su
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predio, requisito legal y reglamentario que legitima los términos del

desarrollo de los terrenos en nuestra jurisdicción. Particular

importancia reviste al contenido del Informe de Investigación

suscrito por la Junta de Planificación, ello en ocasión a la querella

incoada por los apelados. En el mismo se hizo constar la expresa

admisión de los apelantes en cuanto a que no contaban con la

permisología requerida para las actividades llevadas a cabo en su

predio, lo que, por sí mismo, derrota su contención.        En este

contexto particular, quedó demostrado que el único permiso del que

disponían los apelantes era uno expedido por la OGPe, ello a los

exclusivos fines de anclar un vagón en su predio. Sin embargo,

estos no gozaban del aval agencial pertinente para alterar la

topografía de suelo de su solar, por lo que las obras de

descortezamiento de terreno y relleno que llevaron a cabo, tal cual

resuelto, son ilegales. Por tanto, en ausencia de prueba en contrario

sobre el incumplimiento de los apelantes con las exigencias para

validar sus obras de construcción, más aún, cuando el inmueble

impactado es uno clasificado como protegido por ley, forzoso es

concluir que el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera

Instancia es correcto en derecho.

      De otra parte, respecto a la determinación de temeridad que

redundó en la imposición de honorarios de abogado a los apelantes,

resolvemos no imponer nuestro criterio sobre el empleado por la sala

sentenciadora. Tal cual dicta la norma, dicha facultad es una

inherente al ejercicio discrecional del adjudicador de hechos, ello a

la luz de la conducta procesal de las partes según establecida ante

sí. En el caso de autos, se demostró que los apelantes conocían sus

actuaciones al margen de la ley, así como que persistieron en las

mismas, aún cuando les fue advertida la ilegitimidad de su

conducta. De igual modo, surge que, en defensa de las alegaciones

en su contra, estos opusieron un permiso expedido por OGPe que
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no guardaba relación con los actos denunciados. Siendo así, no

podemos, sino coincidir, con la determinación de temeridad.

      En mérito de lo antes expuesto, sostenemos el dictamen

apelado en toda su extensión. Toda vez la naturaleza de los

señalamientos propuestos por los apelantes, se hacía meritoria la

presentación de la transcripción de los procedimientos para

colocarnos en posición suficiente de adjudicar las controversias

planteadas. Sin embargo, en defecto de ello, y en ausencia de un

error de derecho que invalide lo dispuesto por el foro a quo, procede

la confirmación de la Sentencia apelada.

                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.    La Juez Grana Martínez concurre sin

opinión escrita.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones