Court Opinion

ID: 9928481
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:19.11208+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:45.986580
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

     CARLOS D.                                    Apelación
 MARTÍNEZ VALENTÍN                                Procedente del Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
          Apelante                                Sala de MAYAGÜEZ
                                KLAN202300981
                                                  Caso Núm.:
              v.                                  SB2020CV00058

                                                  Sobre:
  CIC CONSTRUCTION                                Ley del Sistema de
      GROUP, LLC                                  Compensaciones por
                                                  Accidentes del Trabajo
          Apelado                                 (Reserva de Empleo Ley
                                                  Núm. 45); Procedimiento
                                                  Sumario bajo la Ley 2

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

       El 3 de noviembre de 2023, se recibió en este Tribunal de Apelaciones

la Apelación sometida por el Sr. Carlos D. Martínez Valentín (en adelante,

señor Martínez o apelante) con relación a la Sentencia emitida y notificada

el 13 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Mayagüez (en adelante, TPI o foro primario) en la causa de epígrafe.

Mediante la misma, el TPI concluyó que carecía de jurisdicción sobre la

materia en cuanto a la controversia de autos y procedió a desestimar la

causa de acción que el señor Martínez instó contra CIC Construction Group,

LLC (en adelante, CIC o parte apelada).

       Examinado el recurso del apelante y los argumentos allí expuestos,

así como la oposición que ante este instó la parte apelada, en virtud del

derecho aplicable que más adelante consignamos, confirmamos la

sentencia apelada. Veamos.

Número Identificador

SEN2023 _________________
KLAN202300981                                                                 2

                                        I

       Los hechos que ocasionan el recurso de epígrafe consignados en la

Sentencia que se apela son los siguientes:

       Allá para el 27 de junio de 2019, mientras el apelante se encontraba

en el estado de Carolina del Norte realizando trabajos de pintura para CIC,

este sufrió un espasmo y un calambre intenso en una de sus piernas. Este

fue llevado por personal de CIC a recibir atención médica. El 29 de junio de

ese año, el señor Martínez regresó a Puerto Rico, acudió a la sala de

emergencias de un hospital en San Germán y posteriormente procuró

tratamiento ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en

adelante, FSE) para sus dolencias.

       El señor Martínez fue atendido en varias ocasiones por el FSE. Sin

embargo, el 27 de febrero de 2020, el FSE notificó una Decisión del

Administrador    sobre:   compensabilidad    en   el   caso   20194843973.    La

determinación allí consignada, lee como a continuación transcribimos:

       “Esta Decisión se trata de Carlos Martínez Valentín, quien se
       desempeña como Pintor, para el patrono CIC Construction Group,
       LLC, en San Juan, Puerto Rico.

       La parte peticionaria se reportó a la Corporación del Fondo del
       Seguro del Estado el 29 de julio de 2019, alegando que mientras
       realizaba su trabajo sintió malestar en la pierna derecha y en el
       abdomen. Sintió, además, dolor en el lado derecho de los testículos.

       Fue evaluado por nuestros especialistas, quienes le diagnosticaron
       “Lumbar Disc Herniation with Radiculopathy” y Esguince de
       Cadera y Muslo Derecho, condiciones relacionadas con el accidente
       laboral reportado.

       De la investigación realizada por el Asegurador se desprende que
       la parte obrera fue contratada por CIC Construction Group, LLC.,
       el 12 de julio de 2018 para realizar trabajos de pintura o todo tipo
       de proyectos de construcción. Como parte de dichas tareas el
       peticionario formó parte de un grupo de empleados que fueron a
       realizar diferentes tareas a un proyecto en Carolina del Norte,
       EE.UU.

       Conforme a las disposiciones de la Ley de Compensaciones por
       Accidentes del Trabajo no se confiere un efecto extraterritorial
       para cubrir un accidente de trabajo ocurrido a un obrero mientras
       esté en funciones de su empleo fuera de los límites territoriales
       de Puerto Rico, por lo que carecemos de jurisdicción para atender
       esta reclamación.
KLAN202300981                                                                        3

        Vistos los hechos anteriores y toda la evidencia que obra en el
        expediente, resolvemos que el alegado accidente laboral ocurrió
        fuera de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de
        Puerto Rico, por lo que no tenemos jurisdicción para tender la
        presente reclamación.

        Por tanto, se ordena el cierre y archivo definitivo de este caso.”

        Así las cosas, el 6 de julio de 2020, el apelante instó una Querella al

amparo de los Artículos 14 y 18 de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935,

según enmendada, mejor conocida como la Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA Sec. 61, et seq. Su

reclamo, también descansó en el Artículo 1802 del Código Civil del 1930, 31

LPRA Sec. 5141.1 En su querella, reclamó que CIC incumplió con su

obligación de tener vigente una cubierta de seguro que cubra a sus

empleados de un accidente laboral. Así, estableció que la falta de tal seguro

constituyó una negligencia por parte de la parte apelada que ocasionó que

no   pudiera      recibir   el   tratamiento     adecuado      a   las   condiciones

diagnosticadas, incluyendo una operación programada por el FSE que fue

posteriormente cancelada. Por todo ello, alegó daños físicos ascendentes a

$150,000.00 y angustias y sufrimientos valorizados en una suma no menor

de $200,000.00.

        El 24 de septiembre de 2020, CIC sometió Contestación a la Querella en

la que negó según redactadas varias de las alegaciones y afirmativamente

explicó o brindó su versión de los hechos. Asimismo, reclamó ser un

patrono asegurado, tanto en Puerto Rico, como en Carolina del Norte. En

cuanto al alegado incidente laboral, CIC negó que se tratara de un accidente

de dicha naturaleza asegurando que se trataba de una situación producto

de una condición médica preexistente del apelante.

        Realizado el descubrimiento de prueba, el 21 de junio de 2023 el

apelante sometió una Moción solicitando que se dicte sentencia sumaria parcial

1 La Querella fue instada al amparo del procedimiento sumario instado por la Ley Núm. 2

del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA Sec. 3118.
KLAN202300981                                                                       4

en la que afirmó que, conforme los documentos que sometía en apoyo a su

escrito, no existía controversia en cuanto a los siguientes hechos:

       1. Para el 12 de julio de 2018 la querellada contrató al querellante
          como obrero para realizar trabajos de pintura en todo tipo de
          proyectos. Ver expediente tribunal, Querella. (I. Hechos), párrafo 1,
          Contestación a Querella y anejo 1 (contrato de trabajo).

       2. El 2019 Querellante fue trasladado de manera temporal al estado
          de Carolina del Norte, en Estados Unidos, para que realizara
          trabajos de pintura en la farmacéutica Novo Nordisk
          Pharmaceutical Industries, Inc. (en adelante “Novo Nordisk”). En
          específico, el Querellante trabajó en el estado de Carolina del Norte
          del 10 de marzo al 7 de abril del 2019 y del 3 al 29 de junio de 2019.
          Ver expediente del tribunal, Contestación a Querella (II. HECHOS)
          párrafo 2, última oración; anejo 2 (deposición Dr. Pérez Laguillo),
          p. 18, L. 2-6; pág. 43, L. 23-25.

       3. El querellante sufrió un accidente mientras hacía su trabajo el 27 de
          junio de 2019. Ver expediente del tribunal Querella (II. HECHOS),
          párrafo 3 y Contestación a Querella (II. HECHOS), párrafo 3, anejo
          (informe patronal de accidente); anejo 2 (deposición Dr. Pérez
          Laguillo), pág. 18, L. 2-6; anejo 3 (deposición Carlos Martínez), pág.
          47, L. 10-24; pág. 48, L. 1-17.

       4. El querellante el día 28 de junio de 2019 no se pudo levantar para
          acudir al trabajo como consecuencia del dolor intenso que sufría.
          Ver expediente del tribunal, Querella (II. HECHOS), párrafo 4, y
          anejo 3 (deposición querellante) pág. 37, L. 20-25, pág. 38, L 1-12.

       5. La querellada le gestionó un pasaje de regreso a Puerto Rico el 29
          de junio 2019. Ver expediente del tribunal, Querella (II. HECHOS),
          párrafo 4, y Contestación a Querella (II. HECHOS), párrafo 4,
          segunda oración; anejo 3 (deposición querellante), pág. 36, L. 18-20,
          pág. 39, L. 19-21.

       6. El querellante se atendió primero en la sala de emergencia de un
          hospital de San Germán, y luego acudió a la Corporación del Fondo
          del Seguro del Estado (FSE). Ver expediente del tribunal, Querella
          (II. HECHOS), párrafo 5, y Contestación a Querella (II. HECHOS),
          párrafo 5, segunda oración y anejo 6 (expediente FSE); anejo 3
          (deposición querellante), pág. 40, L. 1-23.

       7. El FSE lo evaluó por primera vez el 29 de julio de 2019 y se le
          diagnosticó esguince de Cadera y Muslo Derecho, condiciones
          relacionadas con el accidente del trabajo reportado. Expediente del
          tribunal, Querella (II. HECHOS), párrafo 6, Contestación a Querella
          (II. HECHOS), párrafo 6 y anejo 7 (expediente FSE); anejo 2, pág.
          41, L6-13, pág. 42, L. 4-18 (deposición Dr. Luis Pérez Laguillo); anejo
          3, (deposición querellante), pág. 47, L. 10-24; pág. 48, L. 1-17.

       8. Se le brindó tratamiento para sus condiciones y se determinó que
          era necesaria una operación la cual fue pautada para el 13 de
          febrero de 2020. Ver expediente del tribunal, Querella (II.
          HECHOS), párrafo 7, y Contestación a la Querella (II. HECHOS),
          párrafo 7 (admitido) y anejo 8 (expediente del FSE).

       9. El caso del querellante ante el FSE fue cerrado antes de su
          operación, por lo que no se realizó la intervención quirúrgica. De
          acuerdo con el FSE el accidente del trabajo había ocurrido fuera de
KLAN202300981                                                                      5

          Puerto Rico, por lo que no tenía jurisdicción y no existía cubierta de
          ningún seguro laboral. Ver anejo 9 (determinación cierre) y anejo
          10 (determinación patrono no asegurado).

       10. Dicha determinación el FSE se la notificó a la querellada y al
           querellante. El querellante la recibió mediante una notificación del
           FSE fechada el 28 febrero 2020, recibida el 9 de marzo de 2020. Ver
           anejo 9.

       11. El Lcdo. Dámaso Pérez Morales es el asesor legal de la Corporación
           del Fondo del Seguro del Estado (FSE). Anejo 4 (deposición Lcdo.
           Dámaso Pérez Morales), Pág. 4, L 12-18.

       12. Al momento del accidente la querellada no tenía un seguro con el
           FSE que cubriera el accidente laboral sufrido por el querellante, por
           lo que era un patrono no asegurado. Anejo 10; anejo 4, pág. 20, L 1-
           3 y 10-23 (deposición del Lcdo. Dámaso Pérez morales).

       En virtud de estos hechos, el apelante postuló que en el caso quedó

evidenciado que al momento en que sufrió el accidente del trabajo CIC no

tenía una póliza de seguro vigente emitida el FSE. Igual demostrado,

arguyó, quedó el que la falta de cubierta del FSE impidió que el apelante

fuera intervenido quirúrgicamente. Por ello, sostuvo que la procedencia de

su reclamo quedó evidenciado restando nada más que celebrarse la

correspondiente vista de daños. Así, suplicó que se resolviera

sumariamente a su favor la Querella y se celebrara la correspondiente

audiencia de daños.

       Al oponerse a la solicitud de sentencia sumaria del apelante, en

resumidas cuentas, CIC arguyó que el apelante no ha demostrado que

sufrió un accidente del trabajo compensable al amparo de la Ley Núm. 45;

que contrario a lo argüido por el señor Martínez, sí es un patrono asegurado

tanto en Puerto Rico, como en Carolina del Norte; y que el foro primario

carecía de jurisdicción, toda vez que el apelante no instó una apelación ante

la Comisión Industrial en cuanto al cierre de su caso. Además de todo ello,

aseveró que el TPI tampoco tenía jurisdicción, toda vez que, habiéndose

determinado que el accidente sufrido por el apelante no se trataba de uno

de aquellos protegidos por la Ley Núm. 45, la reclamación en daños y

perjuicios que puede instarse debió presentarse en el tribunal de la
KLAN202300981                                                                   6

jurisdicción donde ocurrió el incidente; o sea, los tribunales de Carolina del

Norte. Ante ello, negó la procedencia del reclamo instado por el apelante.

       Evaluados ambos escritos, el TPI dictó la sentencia objeto del recurso

que atendemos. Como indicamos, mediante esta concluyó carecer de

jurisdicción sobre la materia en cuanto a la Querella, desestimándola. En

desacuerdo con lo resuelto, el señor Martínez instó el recurso de apelación

de epígrafe en el que señaló la comisión de los siguientes errores:

       Primer Error: El TPI erró al declarar que no tenía jurisdicción sobre
       la materia, cuando la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según
       enmendada, (11 LPRA sec. 1 et seq.) les confiere autoridad a los
       tribunales para, en caso de patronos no asegurados, concederles a
       los empleados que han sufrido un accidente del trabajo los
       remedios en daños y perjuicios procedentes.

       Segundo Error: El TPI incidió en error al determinar que aplicaban
       los remedios dispuestos en los artículos 14 y 18 de la Ley Núm. 45
       de 18 de abril de 1935, según enmendada (11 LPRA secs. 17 y 21)-
       los que permiten al apelante reclamarle directamente al patrono-
       pero que tenía que hacerlo en el estado de Carolina del Norte en los
       Estados Unidos de Norteamérica y no en la jurisdicción de Puerto
       Rico.

       Tercer error: Erró el TPI al declarar sin lugar la moción de sentencia
       sumaria parcial interpuesta por el apelante-querellante, cuando la
       evidencia sometida demostró que la apelada-querellada era un
       patrono no asegurado, exceptuado de la inmunidad dispuesta en la
       Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 LPRA sec. 1 et seq.)

       Atendido el recurso, el 1 de noviembre de 2023, notificada el día 7,

emitimos Resolución mediante la cual le ordenamos a la parte apelada a

someter su posición en cuanto al recurso. En cumplimiento con ello, el 7 de

diciembre de 2023, CIC sometió Alegato de la parte apelada CIC Construction,

Group LLC. Ese día, el apelante sometió Moción informativa.

       Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos

a resolver.

                                         II

                                        -A-
KLAN202300981                                                                7

       El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, permite resolver los

asuntos de aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de un

juicio. Cruz Vélez v. CEE y otros, 206 DPR 694 (2021), al citar a Mejías et al.

v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012) y otros. Así pues, conforme la

discutida regla, procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones y admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y

cualquier otra evidencia presentada se acredita la inexistencia de una

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá,

también, justificarse por el derecho aplicable. Id., mencionando a Bobé et al.

v. UBS Financial Services, 198 DPR 6 (2017) y demás.

       Por otro lado, la parte que se oponga a la moción de sentencia

sumaria, deberá así hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su

notificación, cumpliendo con los requisitos de ley. Así pues, deberá efectuar

una exposición breve de las alegaciones, los asuntos litigiosos o en

controversia. También, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados

por la parte promovente que entiende están en controversia y para cada

uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación. Véase,

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b); Cruz Velez

v. CEE y otros; supra; y SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015) Esto es así, ya que cualquier duda no

es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene

que ser una que permita concluir la existencia de una controversia real y

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. ELA, 178

DPR 914, 932 (2010) No obstante, el no presentarse oposición a una moción

de sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del

promovente de esta ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del
KLAN202300981                                                              8

promovente, según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est.

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).

       Así, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria un

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de los documentos sometidos

ante su consideración surge que no existe controversia real sustancial en

cuanto a ningún hecho material y solo restaría por resolver una

controversia estricta de derecho. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V R 36.3(e). Por el contrario, no procederá una moción de

sentencia sumaria cuando (1) existan hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan con

la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4)

como cuestión de derecho, no proceda. Cruz Velez v. CEE y otros; supra.

       En cuanto a la revisión judicial de una determinación sobre sentencia

sumaria, es meritorio señalar que los foros apelativos nos encontramos en

la misma posición que el foro primario. Por ello, debemos regirnos por la

Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de esta. No obstante,

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no

presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos materiales

en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de instancia luego

de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118.

                                     -B-

       La Ley 45 del 18 de abril de 1935, mejor conocida como la Ley del

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada,

(Ley Núm. 45) es una legislación de carácter remedial de consagra ciertas

garantías y beneficios en favor del obrero que haya sufrido un accidente o

enfermedad ocupacional en el escenario del trabajo. Rivera v. Blanco Vélez

Stores, 155 DPR 460 (2001). Conforme establece en su Artículo 2, las
KLAN202300981                                                                9

disposiciones de la Ley Núm. 45 son aplicables a todo obrero y empleado

que sufra lesiones y se inutilice o que pierda la vida por accidentes ocurrido

mientras realiza funciones inherentes a su empleo y que ocurra en el curso

de este.2

        En lo concerniente a la controversia de autos, es importante destacar

que conforme el discutido estatuto indica, en aquellos casos en que ocurra

un accidente a un obrero o empleado que no estén sujetos a sus

disposiciones, la responsabilidad del patrono será igual a aquella que

tendría de no existir el estatuto. Ello, independientemente de cualquier

acción que el empleado u obrero pueda tener a su favor bajo las

disposiciones relativas a la responsabilidad extracontractual consignadas

en nuestro Código Civil. La acción judicial, según el Artículo 14 de la Ley

Núm. 45, se llevará a cabo ante la sala del Tribunal de Primera Instancia del

lugar donde ocurriere el accidente.3

                                       III

        Mediante el señalamiento y la discusión de sus dos señalamientos de

error, el señor Martínez, además de exponer el derecho que considera,

aplica a la controversia, argumenta que en el presente caso el foro primario

reconoció en su sentencia que ante el cierre de su caso en el FSE los Artículos

14 y 18 de la Ley Núm. 45 reconocen su causa de acción. Asimismo, sostiene

que la ley le reconoce al empleado una causa de acción independientemente

de dónde ocurrió el accidente, aseverando que su propósito es no dejar

desprotegido al empleado a pesar de que la ley no aplique y que es

precisamente ante su inaplicabilidad que el legislador quiso que no se

privara a un empleado de un remedio por acciones negligentes o culposas

de su patrono.

2 11 LPRA Sec. 2.
3 11 LPRA, secs. 17 y 21.
KLAN202300981                                                             10

        Por su parte, en la discusión de su tercer error, cuestiona el que el

foro primario no haya acogido los hechos 7 y 12 propuestos como

incontrovertidos en su moción de sentencia sumaria. Según el apelante,

estos hechos establecen que el FSE relacionó el accidente con el trabajo y

que CIC, al momento del accidente, era un patrono no asegurado conforme

la Ley Núm. 45, y por ende, quedaba establecida la existencia de una causa

de acción a su favor y contra CIC. Por último, niega que su reclamación esté

sujeta a agotar el procedimiento administrativo de apelación ante la

Comisión Industrial.

        CIC, por su parte, niega que la determinación final del FSE con

relación al caso del apelante fuera que era un patrono no asegurado. En

contrario, plantea que lo que resolvió el FSE es que carecía de jurisdicción

para atender la reclamación porque la ley bajo la cual opera no tiene efecto

extraterritorial. A continuación, CIC indica que, habiéndose determinado

esto, se trata de un caso o accidente no comprendido por la Ley Núm. 45,

reconociéndosele una causa de acción a favor del empleado contra su

patrono. Ahora, destaca que por disposición explícita de la Ley Núm. 45 en

su Artículo 14, la causa de acción deberá presentarse ante la sala del

Tribunal de Primera Instancia del lugar donde ocurriere el accidente.

Seguidamente, apunta y destaca que en el presente caso no hay controversia

alguna en cuanto a que el accidente ocurrió en Carolina del Norte,

jurisdicción en la que CIC al igual que en Puerto Rico, es patrono asegurado.

Dicho todo esto, CIC estableció que es más que claro que en el presente caso

estamos ante una demanda por daños y perjuicios sometida en virtud de la

Ley Núm. 45 ante una jurisdicción distinta al lugar que la propia ley señala.

Entiéndase, donde ocurrió el accidente. Por tanto, reclama la corrección de

la desestimación por falta de jurisdicción emitida por el TPI en el presente

caso.
KLAN202300981                                                                11

      Antes de atender los planteamientos que las partes han presentados

en contra y a favor de la determinación apelada, por tratarse esta de la

resolución de una moción de sentencia sumaria, debemos evaluar primero

si la solicitud de sentencia sumaria sometida en el caso por el señor

Martínez, así como la oposición que ante esta instó CIC, cumplió con los

requisitos de forma establecidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil,

supra. Así evaluado, concluimos que ambas mociones cumplen con el

ordenamiento jurídico relativo a la moción de sentencia sumaria.

      Por tanto, y siendo ello así, procedemos a evaluar los escritos

sometidos por las partes, así como la totalidad del legajo apelativo ante

nuestra consideración, de forma tal que sopesemos si existen controversias

sobre hechos medulares que impedían la resolución sumaria de la

controversia de autos. De existir hechos en controversia, deberemos señalar

cuáles son. De lo contrario, nos corresponderá revisar de novo si el foro de

instancia aplicó correctamente la norma jurídica pertinente a la

controversia.

      Tras perpetuar tal ejercicio, y luego de un minucioso examen de las

mociones sometidas por las partes y los documentos que acompañaron

estas, juzgamos que en el caso de marras efectivamente no hay controversia

alguna en cuanto a los diez hechos consignados por el TPI en su sentencia.

Es decir que, en virtud de tal documentación, se entiende probado que:

      1. CIC contrató al señor Martínez para realizar trabajos de pintura
         en todo tipo de proyectos.

      2.    Para el año 2019, CIC trasladó al señor Martínez al estado de
           Carolina del Norte, en Estados Unidos, para que realizara
           trabajos de pintura en la farmacéutica Novo Nordisk
           Pharmaceutical Industries, Inc.

      3.    El 27 de junio de 2019, mientras pintaba una puerta en la
           farmacéutica en Carolina del Norte, el señor Martínez sintió
           calambres y espasmo en una de sus piernas, por lo que se
           procuró asistencia médica.

      4.   El 29 de junio de 2019 el señor Martínez regresó a Puerto Rico.
KLAN202300981                                                                12

      5. A su regreso, el 30 de junio de 2019 el señor Martínez se atendió
         en la sala de emergencia del Hospital Metropolitano de San
         Germán.

      6. El 29 de julio de 2019, el señor Martínez acudió a la Corporación
         del FSE y completó la declaración voluntaria.

      7. El FSE evaluó al señor Martínez, le brindó tratamiento para sus
         condiciones y pautó una operación quirúrgica.

      8. Antes de que se realizara dicha operación, el 28 de febrero de
         2020 el FSE notificó al señor Martínez y a CIC una
         Determinación del Administrador Sobre: Compensabilidad en
         la que dispuso que: “[e]l alegado accidente laboral ocurrió fuera
         de los límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto
         Rico, por lo que no ternemos jurisdicción para atender la
         presente reclamación.”

      9. La Determinación del Administrador Sobre: Compensabilidad,
         notificada el 28 de febrero de 2020 incluyó la siguiente
         advertencia: “[l]a Ley de Sistema de Compensaciones por
         Accidentes del Trabajo, en el artículo 9 dispone que toda
         Decisión del Administrador podrá apelarse ante la Honorable
         Comisión Industrial dentro de los treinta (30) días después de
         notificada.”

      10. El 21 de julio de 2020, el señor Martínez acudió directamente
          ante este Foro mediante la demanda de epígrafe en contra de
          CIC.

      De la misma forma, estudiado el caso, en virtud del derecho

aplicable previamente consignado concluimos que la aplicación de la

norma jurídica a la controversia de autos fue una adecuada. Por

consiguiente, la desestimación decretada en el caso debe ser confirmada.

      El apelante sostiene lo contrario y, al discutir sus dos primeros

señalamientos de error argumenta que la Ley Núm. 45 reconoce la causa de

acción que instó contra CIC independientemente del lugar donde haya

ocurrido el accidente. Además, en la discusión de su tercer error cuestiona

el que el foro primario no haya acogido los hechos incontrovertidos 7 y 12

propuestos en su moción dispositiva y afirma que de estos surge que CIC

no era un patrono asegurado con el FSE para cubrir el accidente laboral, por

lo que su responsabilidad para con él era absoluta. Por razón de estos

argumentos, reclama que en el caso procedía la reclamación ante el tribunal

por los daños sufridos y que se concediera su solicitud de sentencia

sumaria. No tiene razón.
KLAN202300981                                                                13

        En primer lugar, los breves planteamientos levantados por el

apelante en sus dos primeros señalamientos de error son contrarios a lo que

el FSE resolvió al cerrar su caso. Al confrontar tales argumentos con el

lenguaje de la Decisión del Administrador sobre: compensabilidad que el fondo

emitiera el 27 de febrero de 2020,- según destacada en la exposición del

trámite procesal que arriba hicimos- es obvio que la causa de acción de

acción que la Ley Núm. 45 reconoce a los empleados tiene una limitación

territorial. Así lo resolvió el FSE cuando estableció que las disposiciones de

este estatuto no confieren efecto extraterritorial para cubrir un accidente de

trabajo ocurrido en funciones de empleo fuera de los límites territoriales de

Puerto Rico.

        Las claras expresiones consignadas por el FSE al declararse sin

jurisdicción para atender el reclamo del apelante refutan el argumento del

señor Martínez. Ciertamente, estas demuestran que la causa de acción que

la Ley Núm. 45 reconoce en favor de un empleado cuando no existe cubierta

bajo sus disposiciones, no tiene la extensión que sugiere el señor Martínez.

En contrario, es claro que esta causa de acción se reconoce,

independientemente del lugar donde ocurrió el accidente, siempre y

cuando el mismo ocurra dentro de las limitaciones territoriales de Puerto

Rico.

        En cuanto al error que el apelante le imputa al TPI al no acoger todos

los hechos que propuso, es meritorio señalar que sus argumentos no nos

mueven a resolver que el foro primario estaba obligado a acoger la totalidad

de los hechos incontrovertidos propuestos. Al fin y al cabo, contrario a lo

que el apelante alega y argumenta en uno de ellos, el FSE no ordenó el cierre

de su caso porque CIC era un patrono no asegurado. Ello puede apreciarse

fácilmente del texto de la Decisión del Administrador sobre: compensabilidad

que el FSE. De otra parte, el acoger el hecho incontrovertido 7 de la solicitud

de sentencia sumaria, en nada cambia el resultado. Al final de cuentas, la
KLAN202300981                                                                           14

ausencia de jurisdicción decretada por el TPI descansó en el mandato

expreso de la Ley Núm. 45 que establece que la reclamación que un

empleado tenga derecho a instar contra su patrono- cuando este no pueda

reclamar la inmunidad que el estatuto como norma general le reconoce-

deberá ser presentada en el tribunal de primera instancia del lugar donde

ocurrió el accidente. En el presente caso, el accidente sucedió en el estado

de Carolina del Norte. Habiéndose determinado por el FSE que las

disposiciones de la Ley Núm. 45 no eran extensivas al accidente laboral

sufrido por el apelante por razón de no haber sucedido en Puerto Rico, la

causa de acción que tal estatuto reconoce no le era de aplicación al apelante.4

        En virtud de todo lo antes consignado, resolvemos que en el presente

caso no existía controversia de hechos medulares que impidieran la

resolución sumaria del caso. De la misma manera, sostenemos la aplicación

del derecho efectuada por el foro primario y, por ello, confirmamos la

Sentencia apelada.

                                           -IV-

        Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Sentencia

emitida en el caso el 13 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

4 Debido a que el apelante no instó una apelación de lo resuelto por el FSE ante la Comisión

Industrial, la determinación de que la Ley Núm. 45 sólo aplica a accidentes laborales que
ocurran en Puerto Rico advino final y firme.