Court Opinion

ID: 9916051
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:17:48.498974+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:43.788073
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

 COLEGIO DE PERITOS                               Apelación
  ELECTRICISTAS DE                                Procedente del Tribunal de
     PUERTO RICO,                                 Primera Instancia,
  representado por su                             Sala de SAN JUAN
  Presidenta Frances T.         KLAN202300905
    Berríos Meléndez                              Caso Núm.:
                                                  SJ2023CV00662
          Apelante
                                                  Sobre:
              v.                                  Cobro de Dinero

 FUNDADOR ROSARIO
   CORTÉS Y OTROS

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

       Comparece el Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico,

representado por su presidenta, Frances T. Berríos Meléndez (en adelante

el Colegio o la parte apelante), mediante un recurso de Apelación presentado

el 12 de octubre de 2023. En este, nos solicitan la revocación de la Sentencia

emitida y notificada el 6 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan (en adelante TPI o foro primario). Mediante el

aludido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria

presentada por Fundador Rosario Cortés y otros (en adelante Rosario

Cortés o los apelados). En consecuencia, desestimó la causa de acción y le

ordenó al Colegio y a su representación legal, a que, de forma solidaria,

pagaran la suma de $10,000.00 en concepto de honorarios de abogados en

favor de la parte demandada de epígrafe.

       Evaluado el expediente ante nuestra consideración, por los

fundamentos que a continuación expondremos, confirmamos la Sentencia

apelada. Veamos.

Número Identificador

SEN2023 _________________
KLAN202300905                                                                     2

                                            -I-

        El caso de epígrafe inició, el 25 de enero de 2023, con una Demanda

instada por el Colegio sobre cobro de dinero contra Fundador Rosario

Cortés, Orlando Colón Negrón y Noel Ramírez Rivera (en adelante, los

apelados). 1 En síntesis, el Colegio solicitó que el TPI tomara conocimiento

judicial sobre el caso Fundador Rosario Cortés y otros v. Colegio de Peritos

Electricistas, Civil SJ2022CV04800 (en adelante caso civil SJ2022CV04800) y

adujo que la misma fue frívola y temeraria, causándole gastos innecesarios

en representación legal. Por ello, el Colegio sostuvo que su Junta de

Gobierno, en uso de su facultad disciplinaria, decidió requerir el reembolso

de $3,800.00 contra los apelados a modo de sanción y, en ausencia de pago,

solicitó al TPI que les ordenara: (1) el pago requerido de $3,8000.00; (2) el

pago de $1,500.00 por honorarios de abogados y (3) el pago sobre las costas

y gastos legales incurridos en la causa de acción de cobro de dinero.

        Consecuentemente, los apelados presentaron el 8 de marzo de 2023

una Solicitud de Sentencia Sumaria mediante la cual alegaron que el TPI

carecía de jurisdicción para atender un asunto final y firme, adjudicado en

el caso civil SJ2022CV04800.2 Así las cosas, el Colegio presentó su Escrito en

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria3 en el

cual argumentó lo siguiente: (1) que su solicitud es relacionada a los gastos

legales incurridos en el caso civil SJ2022CV04800; (2) que no solicitó las

costas del caso civil SJ2022CV04800 y (3) que tampoco solicitó la imposición

de honorarios de abogados por el caso SJ2022CV04800. Además, el Colegio

afirmó lo que sigue:

        Antes de concluir, el Colegio interesa exponer y rebatir una
        afirmación de los codemandados. Indican en la página 10, párrafo
        3, que “el 2 de agosto de 2022 el TPI en ese caso resolvió que la parte
        ganadora había sido los demandantes del caso civil
        SJ2022CV04800”. No aportan ninguna prueba de esa afirmación.
        Sabemos por qué. Porque no es cierta. Véase SUMAC, entradas 49
        y 50 de 2 de agosto de 2022. Allí no se resuelve ni se dice que los

1 Apéndice del apelante, Anejo 1, págs. 1 – 11.
2 Apéndice del apelante, Anejo 2, págs. 12 – 39.
3 Apéndice del apelante, Anejo 4, págs. 41 – 51.
KLAN202300905                                                                     3

         demandantes (aquí demandados) fueron la parte ganadora. Porque
         en las referidas entradas de Sumac el Tribunal les concedió término
         para que presentaran un memorando de costas (si[n] indicar si lo
         iba a aprobar o no), infieren que ganaron el caso. Se les olvida decir
         que, una vez sometido el memorando de costas el Tribunal lo
         declaró No Ha Lugar. Esto se señala para ser consecuentes con la
         verdad, porque al fin y al cabo el hecho de que hubieran ganado o
         no, el hecho de que les hubieran concedido las costas o no, no son
         hechos operativos en este caso, porque aquí no se trata de recobrar
         aquellas costas nunca concedidas a ninguna de las dos partes. Los
         demandados de este caso no fueron la parte ganadora del caso
         SJ2022CV04800. El ganador fue el Colegio. 4

         Oportunamente, los apelados presentaron una Réplica a “Escrito en

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria” donde

argumentaron que: (1) la reclamación del Colegio es un ataque colateral de

una determinación final y firme; (2) la reclamación del Colegio sobre gastos

legales, en su carácter de agencia, es inconstitucional; y (3) la demanda

sobre cobro de dinero es un subterfugio por el mero hecho de haber sido

demandado en caso anterior.5 Además, los apelados recurrieron al récord

judicial para sostener que el pasado pleito fue resuelto a su favor; que el

dictamen emitido en el mismo claramente ordenó la entrega de la auditoría

forense solicitada y que el pago de las costas solicitadas a favor del Colegio

era improcedente.6

         Evaluadas las posiciones de las partes, el TPI emitió una Sentencia en

la cual resolvió Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria.7 Específicamente,

el foro primario determinó como a continuación transcribimos:

         En este caso no existe controversia alguna de que la parte que
         prevaleció en Fundador Rosario Cortés y Otros vs Colegio de
         Peritos Electricistas de Puerto Rico, por Conducto de Su
         Presidenta, Frances T. Berríos Meléndez, SJ2022CV04800 fueron
         los aquí demandados, es decir, Fundador Rosario Cortés, Orlando
         Colón Negrón y Noel Ramírez Rivera. Así lo dictaminó el Tribunal
         en ese caso. De igual forma, a la solicitud de honorarios de
         abogados por temeridad y al memorando de costas del Colegio en
         el pleito civil SJ2022CV04800 fueron declaradas con No Ha Lugar.
         El Colegio pudo acudir en revisión judicial al Tribunal de
         Apelaciones y no lo hizo, por lo que ese dictamen advino final y
         firme. Esta determinación es concluyente en este pleito, dado que
         de los anejos de la Demanda surgen de que se cobraron $3,800 son
         los “gastos legales en honorarios de abogado” como consecuencia

4 Id., pág. 47.
5 Apéndice del apelante, Anejo 5, págs. 52 – 62.
6 Id., págs. 60 - 61.
7 Apéndice del apelante, Anejo 17, págs. 93 – 107.
KLAN202300905                                                                    4

         del caso SJ2022CV04800. Por tal razón, la Demanda del Colegio
         carece de méritos y es desestimada.

         Por el otro lado, los demandados solicitaron honorarios de abogado
         “por la conducta de la parte demandante de pretender inducir a
         error al Tribunal con información con una relación de hechos que
         se aleja de la verdad y que así consta del expediente judicial que es
         público”. Hemos examinado detenidamente las mociones de las
         partes en este caso y en el pleito civil SJ2022CV04800 y
         determinamos que lo manifestado en este caso es sancionable por
         ser frívolo y temerario. […]

         […]

         En este caso, se alegó afirmativamente por escrito, a pesar de que el
         abogado era el mismo en ambos pleitos, que el Colegio ganó en el
         pleito SJ2022CV04800. De igual forma, presentó una demanda
         frívola y temeraria porque intentó recobrar honorarios de abogado
         cuya determinación es final y firme y conocida por las partes y su
         abogado.

         […]

         Por tal razón, se le impone la cantidad de $10,000.00 en concepto de
         honorarios de abogados como consecuencia de la conducta
         temeraria por parte del Colegio y de su representante legal,
         pagadera solidariamente por el Colegio [y] su abogado, al presentar
         una demanda frívola y por intentar inducir a error a este Tribunal
         al manifestar que el Colegio fue la parte que prevaleció en el pleito
         civil SJ2022CV04800 a pesar de esa expresión no es verdadera y era
         conocida por todas las partes y sus abogados en este caso.8

         El 8 de septiembre de 2023, los apelados presentaron un Memorando

de Costas donde reclamaron $180.00 por dos sellos de arancel de la primera

comparecencia, es decir, $90.00 cada uno.9 En desacuerdo, el Colegio

presentó su Oposición a Memorando de Costas donde argumentó que era una

reclamación prematura debido a que la determinación del TPI no era final

y firme hasta tanto este Honorable Tribunal de Apelaciones se expresara al

respecto.10 Así las cosas, el TPI dictó una Resolución en la que aprobó el

Memorando de Costas solicitado por los apelados. 11

         Por otra parte, el 20 de septiembre de 2023, se presentó una Solicitud

de Reconsideración y de Determinación de Hechos Adicionales por parte del

Colegio en la cual se adujo que: (1) la desestimación no se hizo conforme la

política judicial sobre desestimación de casos; (2) las circunstancias del caso

8 Id., págs. 106 - 107.
9
  Apéndice del apelante, Anejo 18, págs. 108 – 110.
10
   Apéndice del apelante, Anejo 20, págs. 112 – 114.
11
   Apéndice del apelante, Anejo 22, págs. 116 – 117.
KLAN202300905                                                                5

no ameritaba la determinación de temeridad ni la imposición de honorarios

de abogados; (3) la cuantía de honorarios de abogado impuesta es

improcedente, irrazonable y excesiva; y (4) la sentencia emitida por el TPI

se trata de un proyecto de sentencia firmado sin el debido escrutinio

judicial.12 Habiéndosele concedido término para replicar tal escrito, el 22

de septiembre, los apelados se opusieron a esta moción. Ese mismo día, el

TPI emitió una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Reconsideración y de Determinación de Hechos Adicionales que presentó el

Colegio.

        Inconforme con ello, el Colegio presentó ante este Tribunal de

Apelaciones el recurso de epígrafe en el que señala que el TPI cometió erró

al: desestimar el caso mediante sentencia sumaria, determinar que el

Colegio y su abogado incurrieron en temeridad e imponerles honorarios de

abogado, abusar de su discreción al fijar una cuantía irrazonable y excesiva

de $10,000 en concepto de honorarios de abogado, imponer solidariamente

al Colegio y su abogado el pago de honorarios; y conceder las costas a los

apelados.

        Atendido el recurso, el 17 de octubre del año en curso, emitimos

Resolución mediante la que le ordenamos a los apelados a someter su

posición en cuanto al recurso en el término allí concedido. En

cumplimiento, el 3 de noviembre de este año los apelados presentaron su

Oposición a apelación. Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

                                           -II-

                                           -A-

        El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, permite resolver los

asuntos de aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

12 Apéndice del apelante, Anejo 23, págs. 118 – 134.
KLAN202300905                                                                6

hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de un

juicio. Cruz Velez v. CEE y otros, 206 DPR 694 (2021), al citar a Mejías et al.

v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012) y otros. Así pues, conforme la

discutida regla, procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones y admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y

cualquier otra evidencia presentada se acredita la inexistencia de una

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá,

también, justificarse por el derecho aplicable. Id., mencionando a Bobé et al.

v. UBS Financial Services, 198 DPR 6 (2017) y demás.

       Por otro lado, la parte que se oponga a la moción de sentencia

sumaria, deberá así hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su

notificación, cumpliendo con los requisitos de ley. Así pues, deberá efectuar

una exposición breve de las alegaciones, los asuntos litigiosos o en

controversia. También, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados

por la parte promovente que entiende están en controversia y para cada

uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación. Véase,

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b); Cruz Vélez

v. CEE y otros; supra; y SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. Meléndez González et al. v.

M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015) Esto es así, ya que cualquier duda no

es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene

que ser una que permita concluir la existencia de una controversia real y

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. E.L.A.,

178 DPR 914, 932 (2010). No obstante, el no presentarse oposición a una

moción de sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del

promovente de esta ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del

promovente, según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est.

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).
KLAN202300905                                                                7

       Así, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria un

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de los documentos sometidos

ante su consideración surge que no existe controversia real sustancial en

cuanto a ningún hecho material y solo restaría por resolver una

controversia estricta de derecho. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V R 36.3(e). Por el contrario, no procederá una moción de

sentencia sumaria cuando (1) existan hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan con

la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4)

como cuestión de derecho, no proceda. Cruz Velez v. CEE y otros; supra.

       En cuanto a la revisión judicial de una determinación sobre sentencia

sumaria, es meritorio señalar que los foros apelativos nos encontramos en

la misma posición que el foro primario. Por ello, debemos regirnos por la

Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de esta. No obstante,

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no

presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos materiales

en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de instancia luego

de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118.

                                      -B-

       La Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, es uno

de los mecanismos disponibles para los tribunales para viabilizar la

imposición de sanciones. Pagán Rodríguez v. Pres. Cáms. Legs., 206 DPR

277 (2021). En particular, la mencionada regla dispone lo siguiente:

       La firma del abogado o abogada, o de la parte equivale a certificar
       que está hábil y disponible para cumplir con los señalamientos y
       las órdenes del tribunal, que ha leído el escrito y que, de acuerdo
       con su mejor conocimiento, información y creencia, formada luego
       de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en
       los hechos y respaldado por el derecho vigente, y que no se ha
       presentado con el propósito de causar una injusticia, dilación u
       opresión o de aumentar el costo del litigio.
KLAN202300905                                                                    8

       Si un escrito se firma en violación de esta regla el tribunal, a moción
       de parte o a iniciativa propia, impondrá a la persona quien lo
       firmó, a la parte representada o a ambas, cualquier sanción
       conforme lo dispuesto en la Regla 9.3, o podrá incluir una orden
       para pagar a la otra parte o partes una suma razonable en concepto
       de gastos con motivo de la presentación del escrito, incluso una
       cantidad razonable para honorarios de abogado o abogada.

       Si se determina que un escrito se ha presentado con información
       falsa, simulada, difamatoria o indecorosa, o se utiliza lenguaje
       ofensivo o soez, el tribunal impondrá cualquier sanción conforme
       lo dispuesto en la Regla 9.3. (Énfasis nuestro).

       Nótese que la citada regla “[i]mpone a quien firme el deber

afirmativo de realizar una investigación razonable sobre los hechos y el

derecho aplicable antes de presentar el escrito” Pagán Rodríguez v. Pres.

Cáms. Legs., supra. La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

9.3, establece por su parte lo siguiente:

       El Tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la
       conducta de los abogados y abogadas que postulan ante sí, podrá,
       a iniciativa propia o a solicitud de parte, imponer sanciones
       económicas o de otra naturaleza o descalificar a un abogado o
       abogada que incurra en conducta que constituya un obstáculo para
       la sana administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el
       Tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as)
       abogados(as).

                                        -C-

       De otra parte, la concesión de costas a la parte cuyo favor se resuelva

un pleito serán otorgadas conforme regula la Regla 44.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 44.1. En nuestro acervo jurídico, las costas son “los

gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o

procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima

que una parte litigante debe reembolsar a otra”.                 Regla 44.1(a) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(a). Dicho de otra forma, las

reglas forenses civiles contemplan como costas aquellos gastos necesarios,

incurridos y razonables.

       La imposición de costas tiene una función reparadora. Su objetivo

es resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y razonables en los que

se vio obligada a incurrir como consecuencia de la acción judicial. Maderas

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 924 (2012). Así, pues, no son
KLAN202300905                                                                  9

costas todos los gastos que ocasiona el procedimiento judicial, sino que se

limita a aquellas expensas que el foro juzgador considere necesarias y

razonables. Íd. Pág. 925. Como no todos los gastos son resarcibles, el

concepto de costas es uno de carácter restrictivo. De hecho, las costas no

son sinónimo de gastos procesales. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Publicaciones JTS, San Juan, PR, 2011,

Toma IV, pág. 1272. Empero, cabe señalar que una vez solicitados conforme

requiere la Regla 44.1, su imposición es mandatorio.

       En lo específico, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 44.1, dispone:

       (a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a cuyo favor se
       resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión,
       excepto en aquellos casos en que se disponga lo contrario por ley o
       por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los
       gastos en que se incurra necesariamente en la tramitación de un
       pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su
       discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra.

       (b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de costas
       presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, dentro del
       término de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de
       copia de la notificación de la sentencia, una relación o
       memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos
       necesarios en que se incurrió durante la tramitación del pleito o
       procedimiento. El memorándum de costas se presentará bajo
       juramento de parte o mediante una certificación del abogado o de
       la abogada, y consignará que, según el entender de la parte
       reclamante o de su abogado o abogada, las partidas de gastos
       incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran necesarios
       para la tramitación del pleito o procedimiento. Si no hubiese
       impugnación, el tribunal aprobará el memorándum de costas y
       podrá eliminar cualquier partida que considere improcedente,
       luego de conceder a la parte solicitante la oportunidad de
       justificarlas. Cualquier parte que no esté conforme con las costas
       reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte, dentro del
       término de diez (10) días contados a partir de aquel en que se le
       notifique el memorándum de costas. El tribunal, luego de
       considerar la posición de las partes, resolverá la impugnación. La
       resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada por
       el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De
       haberse instado un recurso contra la sentencia, la revisión de la
       resolución sobre costas deberá consolidarse con dicho recurso.

       (c) En etapa apelativa. La parte a cuyo favor un tribunal apelativo
       dicte sentencia presentará en la sala del Tribunal de Primera
       Instancia que decidió el caso inicialmente y notificará a la parte
       contraria, dentro del término jurisdiccional de diez (10) días
       contados a partir de la devolución del mandato y conforme a los
       criterios establecidos en el inciso (b) anterior, una relación o
       memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos
       necesarios en que se haya incurrido para la tramitación del recurso
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      en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, según
      corresponda. El memorándum de costas se presentará bajo
      juramento de parte o mediante certificación del abogado o de la
      abogada, y su impugnación se formulará y resolverá en la misma
      forma prescrita en la Regla 44.1(b). La resolución que emita el
      Tribunal de Primera Instancia podrá revisarse según se dispone en
      el inciso (b). La resolución que emita el Tribunal de Apelaciones
      podrá revisarse mediante certiorari ante el Tribunal Supremo.
      Cuando se revoque la sentencia del Tribunal de Primera Instancia,
      la parte a cuyo favor se dicte la sentencia presentará un
      memorándum de costas en conformidad con el procedimiento y el
      término establecido en este inciso e incluirá los gastos y
      desembolsos en que se haya incurrido tanto en el Tribunal de
      Apelaciones como en el Tribunal Supremo.

      (d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su abogado
      o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal
      deberá imponerle en su sentencia al o a la responsable el pago de
      una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal
      entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre
      Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o dependencias
      haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
      imponerle en su sentencia una suma por concepto de honorarios de
      abogado, excepto en los casos en que esté expresamente exento por
      ley del pago de honorarios de abogado.

      La antes citada regla, tiene como propósito “establecer una

penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos,

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos,

trabajo e inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010) y casos allí citados. (Énfasis suplido)

      Ahora bien, el concepto de temeridad es uno amplio que ha sido

descrito como un comportamiento que incide en los procesos judiciales y

afecta, tanto el buen funcionamiento de los tribunales como la

administración de la justicia. Id., citando a Meléndez Vega v. El Vocero de

PR, 189 DPR 123, 129 (2013). Este precepto, también ha sido definido como

“una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen

funcionamiento y administración de la justicia. También sujeta al litigante

inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios

y a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con el

gravamen a veces exorbitante para su peculio. Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987), citando a H. Sánchez, Rebelde Sin
KLAN202300905                                                                 11

Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982). O sea, se entiende que un litigante

actúa con temeridad o frivolidad cuando:

        “por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una
       actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,
       innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e
       inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport
       Bonding, supra.

       Igualmente, existe temeridad si el demandado contesta una

demanda      y      niega   su   responsabilidad   total,   aunque   la   acepte

posteriormente; si se defiende injustificadamente de la acción; si la parte

demandada en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada y esa es

la única razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante y

no admite francamente su responsabilidad limitando la controversia a la

fijación de la cuantía a ser concedida; si se arriesga a litigar un caso del que

se desprendía prima facie la negligencia. Negar un hecho que le consta es

cierto al que hace alegación, también constituye temeridad. P.R. Oil v.

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005), citando a Fernández v. San Juan Cement

Co., Inc., supra.

       La determinación de si se ha incurrido o no en temeridad es una

tarea que recae en la discreción sana del tribunal sentenciador y solo se

intervendrá con ella en casos en los que se desprenda el abuso de tal

facultad. S.L.G. Flores– Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).

                                       -III-

       La parte apelante señala en su recurso que el foro primario incidió al

declarar Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y, en consecuencia,

desestimar su Demanda e imponerle honorarios de abogados. Los apelados,

por el contrario, al defender la decisión apelada negaron la aplicación de

todo lo concerniente a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 10.2, citado por el Colegio. En contrario, sostuvieron que la

desestimación decretada respondió a la resolución sumaria de las

controversias reguladas por la Regla 36 del mismo cuerpo reglamentario.
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De igual manera, los apelados señalan que los argumentos levantados por

el Colegio desvirtúan la realidad del caso con el fin de inducirnos a error en

la apreciación de los acontecimientos del caso civil SJ2022CV04800.

       Antes de atender los planteamientos sometidos por el Colegio, así

como los apelados, debemos examinar si la moción de sentencia sumaria

interpuesta por estos últimos, así como la oposición instada por el Colegio,

cumplió con los requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra. Realizado tal examen, concluimos que, en

efecto, la parte apelada dio cumplimiento a los requisitos de forma

establecidos por nuestras reglas. Alcanzamos tal conclusión al advertir que,

en su solicitud de sentencia sumaria, dicha parte incluyó una relación

concisa y enumerada de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los

que alega no existe controversia sustancial. Similar conclusión alcanzamos

sobre la oposición del apelante. Si bien encontramos que no cumplió con

todos los requisitos específicos de forma del aludido estatuto, el contenido

de su escrito permitía que el TPI a su discreción considerara sus

argumentos. Esto así, debido a que en su escrito el Colegio hizo referencia

a las alegaciones de los apelados y a aquella prueba documental que

sostiene su alegación.

       Dicho lo anterior, como consignamos, debemos ahora examinar si en

la causa de epígrafe existe una controversia de hechos que impida la

resolución del pleito. De ser así, debemos señalar qué hechos encontramos

están en controversia. De lo contrario, nos corresponde revisar de novo, si el

foro de instancia aplicó correctamente la norma jurídica pertinente a la

controversia. Hemos cumplido con nuestra encomienda y, tras estudiar la

Solicitud de Sentencia Sumaria sometida por los apelados, la oposición que a

esta instara el Colegio, así como el resto de los documentos contenidos en

el Apéndice del recurso, resolvemos que en el presente caso no existen

hechos materiales o sustanciales en controversia.
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          Así mismo, en consideración al derecho aplicable consignado antes,

resolvemos que la norma jurídica fue correctamente aplicada por el foro

primario, por lo que encontramos que- contrario a lo argüido por el

Colegio- la determinación de temeridad e imposición de honorarios de

abogados por la cuantía de $10,000.00 establecida en la Sentencia dictada en

el caso fue una correcta.

          El Colegio, a los fines de demostrar que la determinación de

temeridad fue una irrazonable, al discutir su segundo y tercer señalamiento

de error arguye que no ofreció información falsa ni simulada sobre haber

ganado el caso civil SJ2022CV04800, sino que ofreció su propia

interpretación. Así, explica que manifestó ser la parte ganadora porque no

tuvo que entregar documentos con información confidencial sobre el

Colegio, meramente dar acceso a los apelados para inspeccionar los

mismos.

          Al evaluar el expediente en autos, no encontramos que lo afirmado

por el apelante se sostenga frente al expediente judicial. Si bien es cierto que

el Colegio únicamente tuvo que permitir la inspección de documentos

confidenciales, no es menos cierto que ese hecho no le convierte en la parte

prevaleciente del caso civil SJ2022CV04800. Al contrario, el expediente

judicial de dicho caso es claro en cuanto a que los apelados fueron la parte

prevaleciente en este. Particularmente, la Orden que se dictó en dicho caso

con fecha del 1 de agosto de 2022.13 En esta, al atender el memorando de

Costas que el Colegio sometiera, el TPI resolvió: “No Ha Lugar. La parte a

cuyo favor se resolvió el pleito fue la demandante. Nuestra Sentencia,

muy claramente le ordenó la entrega de la auditoría forense solicitada. No

procede el pago de las costas solicitadas a favor del Colegio de Peritos

Electricistas de Puerto Rico.” (Énfasis nuestro).

13
     Entrada 47 de SUMAC, caso civil SJ2022CV04800.
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      Ante este claro hecho, no podemos más que concluir que las

alegaciones levantadas por el Colegio perseguían inducir a error al foro

primario, como acertadamente concluyó en el pleito de epígrafe al dictar la

sentencia apelada. Al final de cuentas, el lenguaje transcrito en el párrafo

anterior respalda que la información de quién resultó prevalecer en el caso

civil SJ2022CV04800 era conocida por todas las partes y sus representantes

legales. No solo porque eran las mismas partes en distintos pleitos, sino

puesto que los representantes legales de estas fueron y son los mismos en

ambos casos.

      En cuanto al cuarto error, el Colegio arguye que bajo la Regla 44.1

(d) de Procedimiento Civil, supra, no aplica el concepto de solidaridad de la

obligación sobre imposición de honorarios de abogados. Es decir, que la

regla aplica de forma disyuntiva entre la parte o el abogado y no de forma

conjunta entre ambos, por lo que la determinación de solidaridad sobre los

honorarios de abogado por temeridad es un error de derecho que justifica

la revocación del dictamen apelado. Tales argumentos no nos mueven a

intervenir con la sentencia apelada.

      Una lectura de la sentencia apelada nos permite notar que la

imposición de honorarios de abogado por temeridad decretada en el pleito

de epígrafe descansó en varios fundamentos en derecho. Así, observamos

que el foro primario no meramente utilizó sus facultades inherentes bajo la

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra, sino que también utilizó las

Reglas 9.1 y 9.3 de Procedimiento Civil, supra, como vehículos facultativos

para la imposición de sanciones.

      Como cuestión umbral, debemos apuntar que la autoridad de los

tribunales para imponer sanciones emana de la facultad inherente de este

bajo el conjunto de Reglas de Procedimiento Civil. Estas, son claras en

cuanto a qué conducta podrá conllevar la imposición de sanciones. Como

arriba consignamos, los hechos claros del presente caso denotan que tanto
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el Colegio, como su representante legal incurrieron en la conducta

temeraria reseñada en la Sentencia. Asimismo, y como puede entenderse del

propio lenguaje de las Reglas 9.1 y 9.3, en aquellos casos en los que se

incurra en la conducta que estas señalan, el tribunal podrá imponer

sanciones a la parte, su abogado o a ambos. Por ello, no encontramos que

la determinación del TPI constituya un abuso de discreción de modo que

nuestra intervención se justifique.

       Por último, la parte apelante señala que el foro primario incidió al

conceder las costas a favor de los apelados. Argumenta que tal

determinación del TPI fue prematura por estar el caso en una etapa

apelativa y, por lo tanto, no existir una parte prevaleciente. Entiende, el

Colegio que lo que correspondía era esperar la determinación de este

Honorable Tribunal de Apelaciones y luego decretar la procedencia de las

costas. No tiene razón.

       En el caso de marras, habiéndose desestimado la Demanda incoada,

los apelados tenían derecho a reclamar las costas del litigio. Sin embargo,

su concesión no procede automáticamente, teniéndose que reclamar

conforme a los requerimientos dispuestos en la Regla 44.1 (b) de

Procedimiento Civil, supra. Como hemos señalado, esta regla dispone de

forma diáfana la necesidad de presentar un memorando de costas ante el

TPI dentro del término en ella consignado. Surge del propio expediente

que los apelados cumplieron con dicho requisito. El apelante no nos ha

colocado en posición de revocar al foro primario.

       En resumen, las alegaciones del apelante en esta etapa apelativa no

nos mueven a intervenir con las determinaciones del foro primario. En

atención a lo expresado, concluimos que no se cometieron los errores

señalados.
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                                   -IV-

      Por los fundamentos antes enunciados, confirmamos en su totalidad

la Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan el 6 de septiembre de 2023.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones