Court Opinion

ID: 9962837
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:20.011864+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.656969
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

   VECTOR BUILDERS                                    REVISIÓN DE DECISIÓN
     GROUP CORP.                                      ADMINISTRATIVA
      RECURRENTE(S)                                   procedente de la
                              KLRA202300003           Oficina de Gerencia
                                                      de Permisos
            V.

                                                      Caso Núm.
  DEPARTAMENTO DE                                     2022-466126-PCT-
 RECURSOS NATURALES                                   010796
   Y AMBIENTALES
       RECURRIDA(S)

                                                      Sobre:
 OFICINA DE GERENCIA
                                                      Mitigación de
     DE PERMISOS
    AGENCIA RECURRIDA
                                                      Emergencia

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente.

                           SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 4 de marzo de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, VECTOR

BUILDERS GROUP CORP. (VECTOR BUILDERS) mediante Revisión

Judicial instada el 4 de enero de 2023. En su recurso, nos interpela

para que revisemos la Resolución de Denegatoria dictada el 22 de

noviembre de 2022 por la OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

(OGPE).1 Mediante dicha Resolución de Denegatoria se declinó la

Solicitud de Permiso Formal para Extracción de Materiales de la

Corteza Terrestre Número 2022-466126-PCT-010796 amparándose

en la Regla 3.5.2 del Reglamento Conjunto 2020.2

1 El aludido dictamen administrativo fue notificado el 22 de noviembre de 2022.

Véase Apéndice de Revisión Judicial, págs. 49- 52.
2 Cabe resaltar que nuestro Tribunal Supremo declaró nulo el Reglamento

Conjunto 2019 y el Reglamento Conjunto 2020. Empero, determinó que tal
determinación de nulidad tiene un efecto prospectivo. Es decir, la nulidad
alcanzará solamente a los permisos que se otorguen después de ese proceder. De
esa manera, todo permiso autorizado y expedido al amparo de los citados
reglamentos, previo a la emisión de esa decisión, deberá aceptarse como valido
por toda la ciudadanía y agencias concernientes. Véase Martínez Fernández et al.
v. OGP et al., 2023 TSPR 75, 212 DPR ___.

Número Identificador:
SEN2024__________
KLRA202300003                                           Página 2 de 14

         Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                      –I–

         El 10 de noviembre de 2020, VECTOR BUILDERS adquirió un

predio de terreno ubicado en el Barrio Sabana en el Municipio de

Vega Alta, Puerto Rico. La descripción rústica del predio consiste en

lindes por el Norte, Sur y Este con la finca principal de la cual se

segrega perteneciente a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATP);

y por el Oeste, con la carretera estatal número 690 y con un predio

dedicado a uso público.3 Dicho bien inmueble consta inscrito al folio

127 del tomo 23 de Vega Alta, finca 1042, Sección III del Registro de

la Propiedad de Bayamón.4

         Tiempo después, el 21 de septiembre de 2021, el señor Miguel

A. Navas Flores, director de la Oficina Municipal para el Manejo de

Emergencias del Municipio de Vega Alta, expidió una Certificación

en la cual hizo constar que observó un derrumbe en la ladera del

monte que colinda con el terreno.

         En consecuencia, el 26 de noviembre de 2021, el señor José

Laureano, Oficial III del Bosque Vega, emitió un Informe del Oficial

de Bosque en el cual detalló la labor de estabilización de la montaña

por el deslizamiento que existió en el referido terreno.5 El 21 de

diciembre de 2021, el ingeniero civil Iván D. Hernández González

elaboró un Reporte sobre Inspección de Estado de Taludes y Terreno

del bien inmueble.6 En su Reporte, puntualizó que la montaña se

encontraba fracturada en múltiples áreas lo que provoca múltiples

deslizamientos de roca y material de manera constante en el lado

sur del predio de terreno.

         El 18 de mayo de 2022, el señor Carlos Martínez, consultor

ambiental, formuló una Certificación de Volumen de Material de

3 Véase Apéndice de Revisión Judicial, págs. 1- 15.
4 Íd..
5 Íd., pág. 17.
6 Íd., págs. 18- 22.
KLRA202300003                                                     Página 3 de 14

Corteza Terrestre en el cual aseveró que del mogote que ubica en el

predio del terreno se habían desprendido unos 2,513 metros

cuadrados de los cuales 392,028.00 metros cúbicos se encontraban

inestables.7 Además, recomendó procurar con carácter de urgencia

la autorización para efectuar los cortes de terreno en aras de lograr

estabilizar los taludes, los cuales representan una amenaza para la

salud y la seguridad.8

        Luego, el señor Carlos Martínez, consultor ambiental, redactó

un Memorial Explicativo Mitigación de Emergencia de una Parte de un

Mogote Inestable por Paso del Huracán Fiona mediante el cual aclaró

que con el paso del temporal se agravó la situación peligrosa

existente en el mogote inestable que ubica en el terreno.9 El 18 de

agosto de 2022, el señor Carlos Martínez, consultor ambiental,

remitió un Endoso de Emergencia para la Estabilización de una Parte

del Mogote Inestable al Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales (DRNA).10

        El 19 de octubre de 2022, el señor Navas Flores, director de

la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del Municipio

de Vega Alta, suscribió Certificación en la cual expresó que ante el

paso del huracán Fiona en septiembre de 2022, el derrumbe se

agravó incluso afectando las maquinarias allí guardadas.11

        Más tarde, el 14 de noviembre de 2022, la OGPe tramitó una

Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica.12

Ese mismo día, el señor Rafael Mojica Pérez trascribió un Plan de

Restauración cuya certificación expresó: “la actividad de mitigación

de emergencia propuesta, no menoscaba la salud, la seguridad, el

7 Véase Apéndice de Revisión Judicial, pág. 23.
8 Íd.
9 Íd., págs. 24- 27. El 19 de octubre de 2022, el señor Miguel A. Navas Flores,

director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del Municipio de
Vega Alta, redactó una Certificación. Véase Apéndice de la Revisión Judicial, pág.
39.
10 Íd., págs. 28- 37.
11 Íd., pág. 39.
12 Íd., págs. 41- 43.
KLRA202300003                                              Página 4 de 14

orden o el interés público del sector.13 Incluyó un Plano de Mensura

y Perfiles de Terreno. El susodicho Plan de Restauración del proyecto

desglosó: (1) realizar cortes en los taludes de la montaña de manera

que se estabilicen y se minimicen los desprendimientos de terreno;

(2) se requiere preparar y hacer cortes a los taludes reduciendo la

inclinación y llevando la pendiente a un máximo de un 33% desde

el pie de la montaña; y (3) hacer reparaciones creando terrazas

donde sea posible a una altura de cada siete (7) metros. Las terrazas

deberán tener una profundidad de no menos de 2 metros.14

        El 16 de noviembre de 2022, VECTOR BUILDERS incoó la

solicitud número 2022-466126-PCT-010796 para el Tipo de Trámite

de Permiso Formal de Extracción de los Materiales de la Corteza

Terrestre (para extraer unos 392.028 metros cúbicos diarios de roca

caliza). El 22 de noviembre de 2022, la OGPe pronunció la

Resolución de Denegatoria recurrida. En la aludida Resolución de

Denegatoria, la OGPe realizó las siguientes determinaciones de

hechos:

        1. El 16 de noviembre de 2022, Vector Builders Group,
           Inc., (en adelante el Peticionario) radicó ante la
           Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) la Solicitud
           2022–466126-PCT-010796 para el Tipo de Trámite
           de Permiso Formal de Extracción de los Materiales
           de la Corteza Terrestre para extraer 392,028 metros
           cúbicos diarios de Roca Caliza.
        2. La acción propuesta en el permiso ubica en el Bo.
           Sabana, con acceso a través de la Carr. PR-690 del
           Municipio de Vega Baja. La clasificación del suelo es
           Conservación de Recursos (CR) y una clasificación
           de Suelo Rústico Especialmente protegido Agrícola
           (SREP–A) y Ecológico (SREP–E). Se identifica como
           un Área de Prioridad de Conservación y parte del
           área se encuentra dentro de la delimitación de la
           Reserva Natural Bosque Estatal de Vega.
        3. La determinación de cumplimiento ambiental para la
           acción propuesta fue aprobada mediante el
           mecanismo de exclusión categórica a través del caso
           núm. (2022-466126–DEC–115472. Bajo dicho
           trámite se reclamó y se determinó como aplicable a
           la acción propuesta, la acción enlistada en el inciso
           el número 5: “Acciones remediativas dirigidas hacia
           la protección del ambiente, de conservación de
           recursos, planes de mitigación, limpiezas y

13 Véase Apéndice de la Revisión Judicial, págs. 44- 46.
14 Íd., pág. 44.
KLRA202300003                                          Página 5 de 14

        disposición de materiales contaminantes, reparación
        de emergencias en infraestructuras existentes, entre
        otros” de la Orden Administrativa OA–2021–02 del
        DRNA.
     4. En el expediente digital obra un memorial
        explicativo, evidencia de cumplimiento ambiental a
        través de la exclusión categórica 2022–466126–DEC
        –115472, fotos del predio, Reporte sobre Inspección
        de Estado de taludes y terreno realizado por el Ing.
        Iván Hernández, Lic. #14265, Certificación [de] la
        finca Municipal de Manejo de Emergencias de Vega
        Baja, carta explicativa emitida para el Departamento
        de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Plan
        de Restauración, Certificación del porciento de área
        a perturbarse, carta del Oficial de Manejo del Bosque
        Vega (sin firmar), certificado de no deuda bajo las
        disposiciones de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de
        1968, según enmendada, Ley para Reglamentar la
        Extracción de Arena, Grava y Piedra, plano de
        mensura con perfiles del área propuesta preparado
        por el Ing. Rafal Mojica, Lic. #9808 y sus
        credenciales.
     5. En el memorial explicativo presentado se indicó lo
        siguiente: “El pasado 14 de mayo de 2022
        inspeccionamos y mensuramos el área inestable del
        mogote compuesto de roca cálcica y arcilla con unos
        taludes que varían desde 60 grados a 80 grados con
        respecto a la horizontal. Este se localiza en la PR–
        690 en el Bo. Sabana en Vega Alta. El mogote tiene
        un área de 1,119,222.465 metros cuadrados (Anejo
        1) y el área del desprendimiento e inestable del
        mogote es de 2,513 metros cuadrados (Anejo 2) con
        una compactación de material de corteza de cuatro
        (4). Por ende, el volumen total de material de corteza
        terrestre inestable es de 392,028.00 metros cúbicos
        que es un 0.22% del mogote. Luego del paso del
        Huracán Fiona la situación en la parte del mogote
        inestable se agravó más. Se desprendieron más
        rocas de la cima del mogote y la tierra del mogote
        inestable se desprendió causando daño al equipo
        pesado que se encuentra en el lugar almacenado,
        cubriéndolo y enterrándolo en el predio. Por esta
        razón solicitamos un permiso formal para mitigar
        con carácter de emergencia a las agencias
        gubernamentales correspondientes la autorización
        para poder hacer los cortes del terreno para crear
        terrazas de 1:4 y estabilizar los taludes que son una
        amenaza a la salud y seguridad”.
     6. La Certificación del director de la Oficina Municipal
        Manejo de Emergencias, Miguel A. Navas Flores,
        fechada del 19 de octubre de 2022, establece que a
        consecuencia del paso del Huracán Fiona se
        ocasionó un derrumbe existente donde se agravó
        afectando maquinaria que había en el lugar.
        También indica que para evitar que el derrumbe
        continúe, recomienda se autorice un Permiso de
        Emergencia [o] los endosos pertinentes por parte
        [del] Departamento de Recursos Naturales y
        Ambientales (DRNA) y OGPe.
     7. Como parte de las herramientas de trabajo utilizadas
        para la evaluación del caso, se utilizó el Sistema de
        Información Geográfica de la Junta de Planificación
KLRA202300003                                              Página 6 de 14

          (MIPR). El sistema cuenta con las capas de
          información donde se delimita el Área de
          Planificación Especial–Restringida del Carso (APE–
          RC), su Zona de Amortiguamiento y Área de
          Planificación Especial–Zona Cársica (APE–ZC).
       8. De la información provista por el peticionario en
          relación con el área propuesta, con número de
          catastro 333-000–002–10; se determinó que la
          misma ubica dentro del Área de Planificación
          Especial–Restringida del Carso (APE–RC) y su Zona
          de Amortiguamiento.

       En desacuerdo, el 5 de diciembre de 2022, VECTOR BUILDERS

presentó una Moción de Reconsideración.15 Este petitorio no fue

acogido por la OGPe.

       Aún insatisfecho, el 4 de enero de 2023, VECTOR BUILDERS

acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante escrito intitulado

Revisión Judicial. En la misma, señala el(los) siguiente(s) error(es):

          Erró la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) al
          aplicar el Reglamento Conjunto 2020, Reglamento; el
          cual fue declarado nulo por el Tribunal por incumplir
          con la Ley de Procedimientos Administrativos
          Uniforme al momento de su aprobación.

          Erró la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) al no
          utilizar el artículo 9 del Reglamento 6916 del 17 de
          diciembre de 2004, titulado Reglamento para Regir la
          Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los
          Componentes de la Corteza Terrestre según
          enmendado por el Reglamento Número 8191 del 4 de
          mayo de 2012.

       El 17 de enero de 2023, dictaminamos Resolución en la cual,

entre otras cosas, concedimos un plazo de treinta (30) días para

presentar su(s) alegato(s) en oposición al recurso al DRNA.

Consecuentemente, el 17 de febrero de 2023, DRNA presentó

Comparecencia Especial.

       El 7 de marzo de 2023, intimamos Resolución en la cual se

concedió el plazo perentorio de treinta (30) días para presentar

alegato(s) en oposición al recurso a la OGPe. Así, el 14 de marzo de

15 Véase Apéndice de la Revisión Judicial, págs. 53- 64.
KLRA202300003                                                Página 7 de 14

2023, la OGPE presentó su Oposición a Recurso de Revisión.

      Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

                                  – II –

                                  –A–

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno

de Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de reglas mínimas para

gobernar los procesos de adjudicación y reglamentación en la

administración pública.16 Su sección 4.1 instituye la revisión judicial

por este Tribunal de Apelaciones de las determinaciones finales de

las agencias.17

      La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción

de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus

funciones conforme a la ley.18 El criterio rector al momento de pasar

juicio sobre una decisión de un foro administrativo es la

razonabilidad de la actuación de la agencia.19 Nuestra evaluación de

la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a determinar

si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus

acciones constituyen un abuso de discreción.20

      No obstante, las decisiones de los organismos administrativos

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección,

por lo que, sus conclusiones e interpretaciones merecen gran

consideración y respeto.21 Por ello, al ejecutar nuestra función

revisora, este Tribunal está obligado a considerar la especialización

y experiencia de la agencia, distinguiendo entre cuestiones de

16 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3

LPRA § 9601-9713; SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).
17 3 LPRA § 9671.
18 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004).
19 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).
20 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
21 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008).
KLRA202300003                                                      Página 8 de 14

interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son

especialistas— y cuestiones propias de la discreción o pericia

administrativa.22

       Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro

ha instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a

derecho.23 Particularmente, concretó las normas básicas sobre el

alcance de la revisión judicial al expresar:

       [L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una
       agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
       determinación administrativa no está basada en evidencia
       sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
       interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
       encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
       actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
       fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no
       se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
       exista más de una interpretación razonable de los hechos
       procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida.

       El    alcance     de    la    revisión    de    las    determinaciones

administrativas se ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio

concedido por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones

de hecho de la agencia están basadas en evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo, y (3) si las conclusiones de

derecho fueron las correctas.24

       En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán

sostenidas por los tribunales si están respaldadas por evidencia

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en

su totalidad.25 Evidencia sustancial es aquella relevante que una

mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener una

conclusión.26 Debido a la presunción de regularidad y corrección

22 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
23 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).
24 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79

(2022).
25 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).
26 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
KLRA202300003                                                        Página 9 de 14

que cobija a las decisiones de las agencias administrativas, quien

alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar prueba

suficiente para derrotar dicha presunción.27 Para ello “tiene que

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que

tuvo ante su consideración”.28 A esto se le conoce como la norma de

la evidencia sustancial, con la cual se persigue evitar sustituir el

criterio del organismo administrativo en materia especializada por

el criterio del tribunal revisor.29 Por lo tanto, aun cuando exista más

de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe dar

deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio por el de esta.30

         Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son

revisables en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio

alguno.31 Aun así, debemos dar deferencia a las interpretaciones que

los organismos administrativos hacen de las leyes y reglamentos que

administran. Es por ello que, ante casos dudosos, donde pueda

concebirse una interpretación distinta de estas leyes y reglamentos,

la determinación de la agencia merece deferencia sustancial.32

         En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene

en la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo,

procede su confirmación.33 Por el contrario, los tribunales revisores

podemos intervenir con la decisión recurrida cuando no está basada

en evidencia sustancial, o cuando la actuación es arbitraria,

irrazonable o ilegal, o cuando afecta derechos fundamentales.34

27 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).
28 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).
29 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
30 Íd.
31 Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004).
32 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).
33 García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 893.
34 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel

v. Cordero Badillo, supra.
KLRA202300003                                                Página 10 de 14

                                   –B–

      Con la aprobación de la Ley Para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico se precisó en nuestro ordenamiento legal y

administrativo los criterios que rigen el proceso de solicitud,

evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de

Puerto Rico.35 La precitada disposición tiene como objetivo la

transformación del sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de

modo que, resulte en uno más transparente, ágil, confiable y

eficiente.36

      De ordinario, incorpora una estructura para la evaluación y

otorgamiento de permisos conforme a las leyes y reglamentos

aplicables, cuyo objetivo es alcanzar un balance entre el desarrollo

económico, la protección de los recursos naturales y la protección

del derecho al disfrute de la propiedad.37 Igualmente, el mencionado

estatuto creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe),

organismo gubernamental adscrito a la Junta de Planificación,

entidad a la cual se le confirió jurisdicción para evaluar, conceder

y/o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al

desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico.38

                                   –C–

      En este caso, al momento de la evaluación de la consulta de

ubicación para la segregación ante OGPe, se encontraba vigente el

Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos

Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios

(Reglamento Conjunto 2020).39

      La Regla 3.5.2. del Reglamento Conjunto 2020 contiene los

criterios o factores que se podrán considerar al evaluar una solicitud

35 Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA § 9011. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947, 957

(2020); Laureano v. Mun. de Bayamón, 197 DPR 420, 433 (2017); Horizon v. Jta.
Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).
36 Exposición de Motivos, Ley Núm. 161-2009, supra.
37 Id.
38 23 LPRA § 9018. Véase, además Miranda Correa v. DDEC et al., 2023 TSPR 40;

211 DPR ___.
39 Reglamento Núm. 9233 de 2 de diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto de

2020).
KLRA202300003                                          Página 11 de 14

de permiso para extracción, excavación, remoción y dragado de los

componentes de la corteza terrestre. Específicamente, su inciso k

expresa: La actividad propuesta sea una extracción, excavación o

remoción de roca caliza con propósitos comerciales o de nivelación

de terrenos en una zona cárstica, según dispuesto en la Ley 292-

1999, conocida como la Ley para la Protección y Conservación de la

Fisiografía Cárstica de Puerto Rico (Ley 292-1999).

      Asimismo, la Regla 3.5.9 del Reglamento Conjunto 2020

instituye los criterios de aplicabilidad para obtener un permiso

formal para la extracción, excavación, remoción y dragado en caso

de que no cualifique para una exención, a saber:

      a. La actividad propuesta se realice en una finca privada
      o en cauces de cuerpos de agua sitos en terrenos
      privados o públicos;
      b. La actividad esté asociada a un aprovechamiento de
      los bienes de dominio público marítimo terrestre
      mediante una concesión;
      c. La actividad propuesta conlleve el movimiento de
      más de mil (1,000) metros cúbicos de arena o grava
      o más de cinco mil (5,000) metros cúbicos de
      cualquier otro material de la corteza terrestre;
      d. La actividad propuesta sea con fines comerciales o de
      lucro;
      e. La actividad propuesta conlleve la operación de una
      cantera;
      f. La actividad propuesta se lleve a cabo bajo el nivel
      freático en terrenos privados y que no sea incidental a
      una obra autorizada por la OGPe; y
      g. El material excedente generado por la actividad,
      cualquiera que sea su naturaleza, se destine para fines
      comerciales, excepto que sea tramitado bajo un Permiso
      Único Incidental Operacional. (énfasis nuestro).

                               – III –

      VECTOR BUILDERS punteó en su Revisión Judicial dos (2)

señalamientos de error. En primer lugar, cuestionó que OGPe se

equivocó al aplicar el Reglamento Conjunto 2020, por este haber sido

declarado nulo por un panel hermano de este Tribunal de

Apelaciones.

      Lo cierto es, que nuestro Tribunal Supremo resolvió que todo

permiso autorizado y expedido antes de 16 de junio de 2023 (fecha

en que finalmente se dilucidó la controversia sobre la nulidad de los
KLRA202300003                                                  Página 12 de 14

Reglamentos Conjuntos 2019 y 2020), es válido y no le alcanzará la

nulidad de los reglamentos. La nulidad en los permisos expedidos

tendrá un efecto prospectivo, por ende, incluirá a los permisos

otorgados después del referido dictamen.40

       Conforme al expediente, el 16 de noviembre de 2022, VECTOR

BUILDERS presentó ante la OGPe su Solicitud de Permiso Formal para

Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre Número 2022-

466126-PCT-010796. Ello para la extracción de los materiales de la

corteza terrestre de alrededor de 392,028 metros cúbicos. La OGPe

determinó denegar el permiso de excavación. Esencialmente,

fundamentó su proceder al amparo del Reglamento Conjunto 2020 y

concluyó que la propiedad está ubicada dentro del área de

planificación    especial–restringida       del   carso    y   es    zona      de

amortiguamiento. Para esa fecha, las determinaciones de hechos y

las conclusiones de derecho formuladas por la OGPe podían ser

evaluadas a la luz del Reglamento Conjunto 2020. Por consiguiente,

no erró la agencia al aplicar las disposiciones aplicables del citado

Reglamento.

       En segundo lugar, VECTOR BUILDINGS aludió que erró la OGPe

al no aplicar las disposiciones del Artículo 9 del Reglamento Núm.

6916 de 17 de diciembre de 2004, titulado Reglamento para Regir la

Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de

la Corteza Terrestre, según enmendado por el Reglamento Núm. 8191

de 4 de mayo de 2012. Este Reglamento tuvo el propósito de

enmendar el Reglamento Núm. 6916 para atemperarlo al Reglamento

Conjunto vigente. Las enmiendas delimitaron las solicitudes que

debían ser atendidas con carácter jurisdiccional por OGPe y las que

serían evaluadas y procesadas por el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA).

40 Véase Martínez Fernández et al. v. OGP et al., 2023 TSPR 75, 212 DPR ___.
KLRA202300003                                                   Página 13 de 14

       En específico el Artículo 9 del Reglamento Núm. 8191 instituyó

que los Permisos de Emergencias sobre movimiento de materiales

de la corteza terrestre requeridos para resolver una situación de

emergencia deberá solicitarse ante el DRNA.41 Por tanto, es al

amparo de este procedimiento especial del Reglamento Núm. 6919

41 Las Secciones 9.1, 9.2 y 9.3 del Reglamento Núm. 8191 disponen lo siguiente:

       Sección 9.1 – Aplicabilidad
       Toda actividad de movimiento de materiales de la corteza
       terrestre necesaria para atender y resolver una situaci6n de
       emergencia, urgencia o de interés público, que conlleve una
       coordinación interagencial y:
       1.      Que la actividad propuesta se lleve a cabo para
       resolver una situaci6n no previsible causada por desastres
       naturales, por fuerza mayor o por culpa o negligencia
       humana; y
       2.      Que la raz6n principal de la actividad no sea para fines
       comerciales. El material podrá venderse únicamente para
       sufragar los costos de la remediación. […]

       Sección 9.2 – Procedimiento
       Todo movimiento de la corteza terrestre requerido para resolver
       una situación de la naturaleza descrita deberá canalizarse a
       través de la Oficina de Manejo de Emergencias de este
       Departamento o por medio de los Coordinadores Regionales de
       dicha oficina, por constituir una situaci6n de riesgo o amenaza
       a la vida, a la propiedad o al ambiente, que requiere de una
       acci6n diligente e inmediata.
       El Secretario o su representante autorizado, deberá ser
       notificado a la mayor brevedad por el Director de la Oficina de
       Manejo de Emergencias del Departamento, quien le informará
       sobre la situación y los detalles de la misma. Evaluada la
       situación, el Secretario, o su representante autorizado, en
       coordinación con otros jefes de agenda o entidad pública,
       tomaran las medidas necesarias para atender la misma.
       Todo movimiento de materiales de la corteza terrestre debe
       ser el estrictamente necesario y conveniente efectuar en
       consideración a la salud, a la·seguridad, al orden o al interés
       público o para el manejo y protección de algún recurso
       natural.    Toda     actividad  remediativa      deberá    estar
       estrictamente      supervisada     por    la     entidad    con
       responsabilidad primaria, estando presente en el área de los
       hechos el funcionario enlace del Departamento designado
       para atender la situaci6n, quien supervisará el personal del
       Departamento que este laborando en el lugar.

       Sección 9.3 - Requisitos de Presentación
       Toda solicitud de Permiso de Emergencia, con la cantidad
       de copias requeridas, será presentada en la Oficina de
       Secretaria o en la Oficina Regional correspondiente deberá
       cumplir con lo siguiente:
       1.      Llenar en todas sus partes el formulario de solicitud para
       Permiso de Emergencia, debidamente firmado por el
       peticionario. Deberá acompañarse con un expediente que
       contenga     los    documentos      presentados,     debidamente
       identificados y con un índice de referencia.
       2.   Memorial explicativo donde se describa detalladamente la
       emergencia:
       […]
KLRA202300003                                           Página 14 de 14

enmendado que debió tramitarse la solicitud de emergencia y no

mediante una solicitud de permiso formal ante la OGPe.

      Tras un concienzudo análisis de la totalidad del expediente,

no hallamos indicador alguno que vislumbre que la OGPe hubiese

actuado de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus acciones

constituyen un abuso de discreción. Contrario a ello, notamos que

del expediente apelativo emana la existencia de suficientes

elementos que nos llevan a concluir que la decisión administrativa

está sustentada y/o avalada por evidencia sustancial.

      No subsiste razón alguna, de hecho, o de derecho, que nos

persuada a intervenir y variar la determinación recurrida. Además,

de la Revisión Judicial entablada tampoco se desprende alguna otra

prueba para rebatir la presunción de corrección que cobija el

dictamen administrativo. Cónsono con lo anterior, somos del criterio

de que la Resolución de Denegatoria decretada por la OGPe fue una

apropiada. Así pues, brindamos la deferencia al organismo

administrativo por su expertise; y nos abstenemos de intervenir

dado que su decisión es una racional

                               – IV –

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Resolución de Denegatoria dictaminada el 22 de noviembre de 2022

por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones