Court Opinion

ID: 9941389
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:07.400461+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.879651
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

 RUTH MARÍN RIVERA                                Certiorari
      ROSARIO                                     Procedente del Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
        Peticionaria                              Sala de CAROLINA
                                KLCE202301407
              v.                                  Caso Núm.:
                                                  CA2021CV00621
    JABEL SANTIAGO
   RIVERA y JAHDIEL                               Sobre:
   SANTIAGO RIVERA                                División o Liquidación de la
                                                  Comunidad de Bienes
         Recurridos                               Hereditarios

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

       El 11 de diciembre de 2023, la Sra. Ruth Marín Rivera Rosario (en

adelante, señora Rivera Rosario o peticionaria) compareció ante este

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari en el que nos solicita

la revocación de la Orden emitida en el caso de epígrafe por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (en adelante, TPI o foro

primario) con fecha del 2 de octubre de 2023. Por virtud del referido

dictamen, el TPI denegó la Moción de Sentencia Sumaria que la peticionaria

sometió en el caso.

       Examinado detenidamente el expediente, y por las razones que más

adelante consignamos, resolvemos denegar la expedición del recurso.

Veamos.

                                        I

       La causa de epígrafe trata de una Demanda sobre división o

liquidación instada por la peticionaria. En esta, la señora Rivera Rosario

indicó que las partes en el caso constituyen la comunidad hereditaria de

Alfredo Santiago Morales, quien falleció el 12 de agosto de 2011. Según

Número Identificador

RES2024 _________________
KLCE202301407                                                                         2

señalado, Alfredo Santiago Morales otorgó Testamento Común Abierto en

el que designó a la peticionaria como su albacea. Además, se señaló que el

causante instituyó como herederos universales a sus dos hijos, Jabel y

Jahdiel- ambos de apellidos Santiago Rivera- en la parte que se denomina

la legítima larga y a la peticionaria como heredera universal del tercio de

libre disposición, en adición a lo dispuesto en la legislación vigente con

respecto a su usufructo viudal, entre otras cosas.1 Según la demanda, los

bienes del caudal hereditario son:

        A.        25% de una propiedad en la Urbanización Country Club
        B.        Acciones en Coopaca
        C.        50% de la propiedad ganancial localizada en Villas de Loiza.
        2

        Las bajas y deudas del caudal hereditario, según identificadas en la

Demanda son:

        A. Gastos Legales:

             a.   Factura al Lcdo. Ramón A. Pérez
             b.   Factura de Lcda. Michelle de la Cruz
             c.   Factura al Lcdo. Ramón A. Pérez
             d.   Enmienda a planilla de caudal relicto
             e.   Estudio de título
             f.   Solicitud de exención a Hacienda
             g.   Juramento de exoneración al CRIM
             h.   Escritura de compraventa

        B. 50% de reparaciones, mantenimiento y reparaciones necesarias
           para tasación

        C. 50% de pago de póliza de seguro de 2011, 2012, 2016, 2017, 2018,
           2019, 2020

        D. Gastos funerales

        E. Gastos previos del Lcdo. Juan A. González Green

        F. 50% pagos de hipoteca realizados por Ruth3

        Así las cosas, y en cuanto a la controversia ante nos, el 6 de mayo de

2022 la peticionaria presentó una Moción de Sentencia Sumaria en la que

adujo que no existía controversia en cuanto a diez (10) hechos. En síntesis,

1 Al contestar la demanda, los recurridos aceptaron la mayoría de los hechos sobre la

composición de la comunidad hereditaria. Aquellos que negaron, lo hicieron por no contar
con la información completa para corroborar la totalidad de las alegaciones.
2 Véase, páginas 2 y 3 del Apéndice.
3 Íd., págs. 3-5.
KLCE202301407                                                                   3

mediante estos, alegó que no existía controversia alguna en cuanto a que el

causante murió testado, que las partes eran los miembros de su comunidad

hereditaria y que los bienes del caudal hereditario eran los siguientes:

         A. 25% de una propiedad ubiucada en la Urbanización Country
            Club
         B. Acciones en Coopaca
         C. 50% de la propiedad ganancial localizada en Villas de Loíza
         D. 25% de rentas devengadas de la propiedad mediante contrato
            de arrendamiento del 16 de enero de 2018 al 15 de enero de
            2019 valorado en $7800. 4

         Las bajas y deudas del caudal hereditario, según la Moción de Sentencia

Sumaria son:

         A. Gastos Legales:

              a.   Factura al Lcdo. Ramón A. Pérez
              b.   Factura de Lcda. Michelle de la Cruz
              c.   Factura al Lcdo. Ramón A. Pérez
              d.   Enmienda a planilla de caudal relicto
              e.   Estudio de título
              f.   Solicitud de exención a Hacienda
              g.   Juramento de exoneración al CRIM
              h.   Escritura de compraventa

         B. 50% de reparaciones, mantenimiento y reparaciones necesarias
            para tasación

         C. 50% de pago de póliza de seguro de 2011, 2012, 2016, 2017, 2018,
            2019, 2020

         D. Gastos funerales

         E. Gastos previos del Lcdo. Juan A. González Green

         F. 50% pagos de hipoteca realizados por Ruth

         G. El 25% de las bajas consignadas en los incisos 14(a) al 14(l) del
            cuaderno particional de la Sucesión de Felicitas Morales
            Estrella, relacionada a la propiedad de Country Club.

         H. El 25% del pago de escritura de Compraventa consignada en
            el inciso 14(r) del cuaderno particional de la Sucesión de
            Felicitas Morales Estrella, relacionada a la propiedad de
            Country Club.

         I. El 50% de reparaciones, mantenimiento, recorte de patio,
            impermeabilización de techo y materiales de junio a
            noviembre de 2021.

         J. 50% de seguros múltiples y CFSE. 5 (Énfasis suplido)

4 Íd., pág. 20.
5 Íd., págs. 23 y 23.
KLCE202301407                                                               4

       Cabe destacar que, luego de haberse sometido la solicitud de

sentencia sumaria, pendiente de ser adjudicada, la representación legal de

los recurridos renunció a su representación legal. Habiéndosele concedido

términoa estos para que comparecieran mediante nuevo abogado o

abogada, y sin que así lo hubieran hecho, el 13 de octubre de 2022, el foro

primario dictó Orden en la que dio por sometido el escrito sin oposición.

Posteriormente, el 23 de octubre de 2023, emitió el dictamen recurrido y

denegó la Moción de Sentencia Sumaria de la peticionaria. Al así hacerlo,

resolvió como a continuación se transcribe:

       Tras haber examinado detalladamente la Moción de Sentencia
       Sumaria y la prueba documental en apoyo del remedio solicitado,
       este Tribunal deniega la consideración de la misma, ya que no se
       solicita como remedio la liquidación y adjudicación de las
       participaciones correspondientes a las propiedades del causante,
       remedio solicitado en la Demanda, sino una división a base de un
       avalúo de los bienes hereditarios y las cargas imputables al
       caudal que no toma en consideración la proporción del tercio
       libre que le corresponde a la parte demandante. Además, la parte
       demandante solicita que se declare el valor del 25% de la
       propiedad residencial ubicada en la Tercera Extensión de la
       Urbanización Country Club, cuando de la prueba sometida surge
       que esta propiedad se vendió el 11 de marzo de 2021, por la
       cantidad de $111,000 o $121,000, valor que no surge claramente de
       la Escritura Núm. 1 de 11 de marzo de 2021. Ante lo anterior, se
       señala Vista en Rebeldía el 30 de enero de 2024 a las 2:00 pm por
       videoconferencia. Cúmplase con la Orden de Manejo de Prueba.
       (Énfasis nuestro)

       Inconforme con esta determinación, el 7 de noviembre de 2023, la

peticionaria instó Moción de reconsideración en la que explicó la distribución

del caudal relicto conforme la documentación sometida en su moción

dispositiva, la cual distinguió no fue controvertida. En la alternativa,

solicitó que el foro primario emitiera una determinación de los hechos

esenciales y pertinentes sobre los que no había controversia, así como de

aquellos realmente y de buena fe controvertidos. Mediante Resolución del 9

de noviembre de 2023, el TPI denegó la reconsideración.

       En desacuerdo aún, la señora Rivera Rosario presentó el recurso de

epígrafe y a modo de señalamiento de errores, le imputó al foro primario el

equivocarse al denegar su moción de sentencia sumaria y al incumplir con
KLCE202301407                                                              5

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil por no emitir la determinación de los

hechos que no están en controversia y de los que sí se encuentran

controvertidos. Atendido el recurso, el 14 de diciembre de 2023 emitimos

Resolución en la que le ordenamos a los recurridos a comparecer. El término

para que así lo hicieran ha vencido, más no comparecieron. Por ello, damos

por sometido el asunto sin el beneficio de su comparecencia y procedemos

a resolver.

                                     -A-

       El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo

abstracción del resto del derecho.” Íd.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v.

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto
KLCE202301407                                                                                6

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

        El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en

ausencia de otros parámetros. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I,

supra, a la pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra. Para ello, la Regla 40

de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.6

Estos, pautan el ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional

judicial. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación.”

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, págs. 486-487; Mun. de Caguas v. JRO

Construction, supra.

                                          -B-

        El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, permite resolver los

asuntos de aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, no ameritan la celebración de un

juicio. Cruz Velez v. CEE, 206 DPR 694 (2021), al citar a Mejías Montalvo v.

6
  Estos son: si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus
fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; si el asunto
planteado exige una consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; si la etapa del procedimiento en que
se presenta el caso es la más propicia para su consideración; si la expedición del auto o de
la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
indeseable en la solución final del litigio; si la expedición del auto o de la orden de mostrar
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202301407                                                              7

Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288 (2012) y otros. Así pues, conforme la

discutida regla, procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones y admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y

cualquier otra evidencia presentada se acredita la inexistencia de una

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá,

también, justificarse por el derecho aplicable. Id., mencionando a Bobé v.

UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico, 198 DPR 6 (2017) y

demás.

       Por otro lado, la parte que se oponga a la moción de sentencia

sumaria, deberá así hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su

notificación, cumpliendo con los requisitos de ley. Así pues, deberá efectuar

una exposición breve de las alegaciones, los asuntos litigiosos o en

controversia. También, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados

por la parte promovente que entiende están en controversia y para cada

uno, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación. Véase,

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b); Cruz Velez

v. CEE; supra; y SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432

(2013). Las meras afirmaciones no bastan. Meléndez González v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 136 (2015). Esto es así, ya que cualquier duda no es suficiente

para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene que ser una

que permita concluir la existencia de una controversia real y sustancial

sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914,

932 (2010). No obstante, el no presentarse oposición a una moción de

sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del promovente

de esta ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del promovente,

según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos.,

144 DPR 563, 575 (1997).

       Así, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria un

tribunal podrá dictar sentencia sumaria si de los documentos sometidos
KLCE202301407                                                              8

ante su consideración surge que no existe controversia real sustancial en

cuanto a ningún hecho material y solo restaría por resolver una

controversia estricta de derecho. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V R 36.3(e). Por el contrario, no procederá una moción de

sentencia sumaria cuando (1) existan hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que no han

sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan con

la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4)

como cuestión de derecho, no proceda. Cruz Velez v. CEE; supra.

       En cuanto a la revisión judicial de una determinación sobre sentencia

sumaria, es meritorio señalar que los foros apelativos nos encontramos en

la misma posición que el foro primario. Por ello, debemos regirnos por la

Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de esta. No obstante,

no podemos tomar en consideración evidencia que las partes no

presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos materiales

en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de instancia luego

de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118.

                                       III

       Tal como se desprende del recuento procesal antes efectuado, en la

Resolución recurrida el TPI denegó una moción de sentencia sumaria

sometida por la señora Rivera Rosario. Es decir, la determinación cuya

revisión y revocación nos solicita la peticionaria trata de la denegación de

un escrito de carácter dispositivo. Por tanto, conforme la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, estamos en posición de acoger o no el recurso

discrecional del certiorari instado.

       Mediante la discusión conjunta de sus señalamientos de error, la

peticionaria, en síntesis, argumenta que no hay controversia que impida la

resolución sumaria del pleito ya que cada hecho incontrovertido que
KLCE202301407                                                                         9

propuso está sustentado con la documentación que incluyó a esos fines, a

resaltar que cada uno de tales hechos no fue controvertido ni opuesto por

los recurridos y a explicar que la incongruencia a la que alude el foro

primario en la orden recurrida trata de un error tipográfico.

           Previo a atender esto señalamientos, hemos cumplido con nuestro

deber y hemos evaluado en primer lugar si el escrito de moción de sentencia

sumaria sometido por la señora Rivera Rosario cumplió con los requisitos

de forma que nuestro ordenamiento jurídico establece para tal instrumento.

Concluimos que así lo hizo. Así determinado, nos dimos a la tarea de

evaluar los hechos incontrovertidos propuestos por la peticionaria, los

documentos que en apoyo a estos sometió, así como las expresiones del foro

primario, según contenidas en su Orden.

           Al ejercer tal función, no identificamos alguno de aquellos factores

enunciados en la Regla 40 de nuestro Reglamento que nos muevan a

expedir el auto discrecional del certiorari. No encontramos que la decisión

recurrida sea contraria a derecho, ni que en esta haya mediado prejuicio o

parcialidad por parte del TPI. Tampoco estimamos que la expedición del

auto evite el fracaso de la justicia.

           Aunque es cierto que, como menciona la peticionaria, su moción de

sentencia sumaria no fue opuesta por los recurridos, sabido es que ello no

implica la concesión automática de dicho escrito pues esta podrá dictarse,

“a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.”7 (Énfasis

suplido). Por otro lado, si bien en el presente caso, el TPI no emitió un

listado en el que enumerara los hechos que estimó estaban en controversia,

una lectura de la determinación recurrida permite apreciar que el TPI

denegó la petición: por encontrar que el remedio solicitado en la moción de

sentencia sumaria era uno distinto a aquel peticionado en la demanda8 que

7
    Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra.
8 Conforme señaló el foro primario, y pudimos constatar, en la Demanda, la señora Rivera

Rosario pidió como remedio, entre otras cosas, que se declare que las partes tienen
KLCE202301407                                                                           10

se basaba en un avalúo de bienes y cargas que no consideró las

proporciones que le corresponden a la peticionaria del tercio libre. Más

importante aún, porque de la prueba sometida en apoyo al valor

adjudicado de una de las propiedades del caudal no surgía claramente el

importe de esta.9 Es decir, los propios documentos sometidos por la

peticionaria en su moción contenían una discrepancia que levantó dudas en

cuanto a la corrección de las partidas que la peticionaria propuso le

correspondían. Ante este hecho, como ya adelantamos, no encontramos que

sea meritoria nuestra intervención, por lo que denegamos la expedición del

auto de certiorari solicitado.

                                            IV

        Por las razones antes consignadas, denegamos la expedición del auto

de certiorari solicitado por la Sra. Ruth Marín Rivera Rosario.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

participación en los bienes y deudas allí descritos y que, conforme a la ley, proceda con la
adjudicación de las participaciones correspondientes. Por su parte, en su Moción de
Sentencia Sumaria, esta solicita que se determine la participación hereditaria de los
recurridos en una cantidad específica. Notas también que, en su moción dispositiva, la
peticionaria incluye bienes y bajas o deudas adicionales que no fueron identificados
originalmente en la Demanda como parte del caudal.
9
  Específicamente, en la determinación recurrida el TPI señaló que de la Escritura Núm. 1
del 11 de marzo de 2021, no queda claro si la propiedad ubicada en la Tercera Extensión
de la Urbanización Country Club se vendió por la cantidad de $111,000.00 o $121,000.00.
La peticionaria se limitó a señalar que esto trata de un error tipográfico, lo que fue
insuficiente para convencer al TPI.