Court Opinion

ID: 9962754
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:49:08.098027+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.966003
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

 JAVIER SIERRA RODRÍGUEZ                             REVISIÓN
                                                     JUDICIAL
              Recurrente                             Procedente del
                                                     Departamento
                    v.                               de Corrección y
                                       KLRA202400033 Rehabilitación
      DEPARTAMENTO DE
        CORRECCIÓN Y                                            Solicitud de
       REHABILITACIÓN                                           Reconsideración
                                                                Núm.:
                 Recurrido                                      PP-901-23

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                               SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

        Comparece ante nos, por derecho propio, el señor Javier

Sierra Rodríguez (“Sr. Sierra Rodríguez” o “Recurrente”), mediante

recurso de Revisión Judicial, recibido el 16 de enero de 2024. Nos

solicita que revisemos una Respuesta de Reconsideración al Miembro

de la Población Correccional emitida el 8 de diciembre de 2023,

notificada el 18 del mismo mes y año, por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(“DCR” o “agencia recurrida”). Por virtud de la misma, el DCR denegó

la solicitud de reconsideración instada por el Recurrente.

        Por       los    fundamentos        expuestos      a      continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.

                                       I.

        El 5 de octubre de 2023, el Recurrente presentó ante el DCR

una Solicitud de Remedio Administrativo.1 Mediante dicha solicitud,

el Recurrente alegó que el 8 de diciembre de 2022, se le había

entregado su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia,2 en la

1 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 4.
2 Íd, pág. 10.

Número Identificador

SEN(RES)2024____________
KLRA202400033                                                         2

que se computó de manera errónea el tiempo para cualificar para

los beneficios conferidos por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Señaló que no se le había tomado en consideración en el cómputo,

el periodo de un año y medio (1 ½) que estuvo confinado en “doble

status”. Por lo cual, solicitó que se corrigiera el error en su hoja de

liquidación de sentencia.

        Evaluada tal solicitud, el 31 de octubre de 2023, notificada el

15 de noviembre del mismo año, el DRC emitió Respuesta al

Miembro de la Población Correccional,3 en la que determinó que el

computó para la liquidación de sentencia del Recurrente fue

conforme al derecho vigente. En desacuerdo, el 28 de noviembre de

2023, el Recurrente instó Solicitud de Reconsideración,4 la cual fue

recibida por la agencia recurrida el 5 de diciembre de 2023. En dicho

documento, el Recurrente insistió en que el cómputo de su hoja de

liquidación estaba erróneo. Dicha solicitud fue denegada mediante

la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población

Correccional,5 emitida el 8 de diciembre de 2023, notificada el 18 del

mismo mes y año.

        Inconforme aún, el 8 de enero de 20214, recibida el 16 del

mismo mes y año, el Recurrente acudió ante esta Curia mediante

recurso de Revisión Judicial, en el que formuló el siguiente error:

        Erró la [D]ivisión de Remedios Administrativos al no
        acoger la solicitud de este recurrente debido a que el
        Remedio PP-901-23 esto debido a que conforme a
        derecho, se esta solicitando que se evalúe el expediente
        criminal y así, se adjudique el periodo de tiempo
        solicitado ya que este recurrente ha permanecido
        confinado extinguiendo la sentencia impuesta por el
        Tribunal por lo que al aplicar las leyes y estatutos no se
        puede dejar tiempo en el limbo cuando se ha
        permanecido en confinamiento.

        El 29 de enero de 2024, esta Curia emitió Resolución en la

que, entre otros asuntos, le concedió un término de treinta (30) días

3 Íd, págs. 8-9.
4 Íd, págs. 11-12.
5 Íd, pág. 13.
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para que el DCR expusiera su oposición al recurso. En cumplimiento

con lo ordenado, el 4 de marzo de 2024, el DCR, por conducto de la

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó un escrito

intitulado Escrito en Cumplimiento de Resolución. En síntesis, el DCR

alego que procedía la desestimación del caso, puesto que el

Recurrente no adhirió a su recurso los sellos de presentación, ni

solicitó litigar como indigente. En la alternativa, señaló que procedía

que se devolviera el caso a la agencia, puesto que la Hoja de Control

sobre Liquidación de Sentencia emitida al Recurrente no surge que

se haya tomado en cuenta las Cartas Circulares del DCR que fueron

aprobadas luego de la aprobación de la Ley Núm. 85 de 11 de

octubre de 2022.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante

nuestra consideración.

                                   II.
                           A. Jurisdicción

      En nuestro sistema de derecho, la jurisdicción consiste en el

poder y autoridad que tienen los tribunales para adjudicar casos o

controversias, siempre que estos sean justiciables. JMG Investment,

Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

200 DPR 254, 267 (2018). Es responsabilidad de los propios

tribunales cerciorarse sobre su jurisdicción, así como la jurisdicción

del foro donde procede el recurso, pues ella no puede adjudicarse ni

ser subsanada, aun con la anuencia de las partes del pleito. JMG

Investment, Inc. v. ELA, 203 DPR 708 (2019); Fuentes Bonilla v. ELA,

200 DPR 364 (2018).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que el

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la

revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84

(2013).   Siendo    ello   así,   las    disposiciones   que   rigen   el
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perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo deberán

cumplirse rigurosamente. De esta forma, el derecho a la revisión de

una determinación administrativa por el Tribunal Apelativo queda

sujeto al estricto cumplimiento del reglamento, las limitaciones

legales y su perfeccionamiento.

      A tono con lo anterior, la Regla 83(c) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, permite al propio

tribunal desestimar un recurso por carecer de jurisdicción.

                B. Litigación in forma pauperis

      Una de las condiciones que dispone nuestro ordenamiento

para el perfeccionamiento de cualquier recurso ante este Tribunal,

lo es el pago de los aranceles de presentación. Como requisito

umbral para invocar la jurisdicción de este foro apelativo, toda

persona que se disponga a apelar un dictamen de un foro inferior,

está obligado a pagar dichos aranceles y adherirlos a su recurso.

Sección 1 de la Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 del 11

de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1476, (“Ley de

Aranceles”). Véase, además, Silva Barreto v. Tejada Martel, 199 DPR

311 (2017). “De lo contrario, conforme dispone el Código de

Enjuiciamiento Civil, el documento se reputará nulo y se tendrá

por no presentado.” (Énfasis nuestro). Íd.; 32 LPRA sec. 1481. Así

pues, el pago de aranceles es una de las condiciones necesarias para

que se perfeccione cualquier recurso, siendo su propósito, cubrir los

gastos asociados a los trámites judiciales. M-Care Compounding et

al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 174 (2012). Véase, además,

Santana Báez v. Depto. Corrección, 202 DPR 233 (2019) (Resolución).

      A modo de excepción y en aras de fomentar el acceso a las

personas indigentes a los tribunales, se puede eximir del pago de los

aranceles a una persona insolvente o indigente para permitir que

litigue in forma pauperis. A esos fines, la Sección 6 de la Ley de

Aranceles, supra, dispone lo siguiente:
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      Cualquier persona de Puerto Rico que desee entablar
      una acción civil o recurso y no pudiere pagar los
      derechos establecidos por el Tribunal Supremo o los
      derechos de suspensión requeridos por esta Ley, podrá
      presentar al (a la) Secretario(a) del Tribunal una
      declaración jurada exponiendo su imposibilidad de
      pagar dichos derechos, junto con una copia de la
      demanda que se propone deducir. El(la) Secretario(a)
      someterá dicha declaración jurada y la referida
      demanda o recurso al(a la) Juez(a) del tribunal, según
      sea el caso, y si dicho(a) Juez(a) juzgare suficiente en
      derecho la demanda y estimare probada la incapacidad
      para satisfacer los derechos requeridos por esta Ley,
      permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el
      demandante tendrá derecho a todos los servicios de
      todos(as) los(as) funcionarios(as) del tribunal y a todos
      los mandamientos y providencias del mismo, como si
      los derechos hubiesen sido satisfechos. […]. Mas, en
      todo caso, el (la) Juez(a) podrá requerir cualquier
      información adicional que creyere necesaria cuando
      una persona solicita que se le releve del pago de costas.
      Los recursos a nivel apelativo o discrecionales que
      se presenten en el Tribunal de Apelaciones o en el
      Tribunal Supremo disfrutarán de la referida
      exención de conformidad al trámite dispuesto. […].
      (Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 1482.

      De conformidad con la aludida Sección, el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones establece un procedimiento para la

litigación in forma pauperis, a los fines cumplir con su objetivo de

“dar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales”,

“eliminando los obstáculos y barreras que impidan impartir justicia

apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. Artículo 4.002 de

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de

2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4

LPRA sec. 24w. A esos efectos, la Regla 78 de nuestro Reglamento,

dispone que:

      Cualquier parte en el procedimiento que por primera vez
      solicite litigar in forma pauperis, presentará ante el
      Tribunal de Apelaciones una declaración jurada, en
      la cual expondrá los hechos que demuestren su
      incapacidad para pagar los derechos y las costas o
      para prestar garantía por éstos, su convencimiento de
      que tiene derecho a un remedio y una exposición de los
      asuntos que se propone plantear en el recurso.
      Si la solicitud se concede, la parte podrá litigar sin el
      pago de derecho y costas, o sin la prestación de fianza
      para ello.
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      El Tribunal de Apelaciones podrá preparar formularios
      para facilitar la comparecencia efectiva de apelantes o
      recurrentes in forma pauperis. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 78

      En estos casos, le corresponde al solicitante acreditar, so pena

de perjurio, que carece de los medios económicos para litigar. Gran

Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 191 (2007). En ausencia

de una petición para litigar in forma pauperis, la omisión del

pago de aranceles acarreará la desestimación del recurso. Íd,

pág. 194.

                                 III.

      Antes de entrar en los méritos de los reclamos presentados

por la parte aquí Recurrente, este Foro tiene el deber ineludible de

auscultar   si   ostenta   jurisdicción   sobre    el   caso   ante   su

consideración. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, supra.

Efectuado tal ejercicio, notamos que esta Curia carece de

jurisdicción para atender el presente caso, por tal razón, nos

tenemos otra alternativa que desestimarlo.

      En el caso de autos, la parte Recurrente solicitó al DCR que

volviera a evaluar su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia,

puesto que había un error en el cálculo para recibir los beneficios

conferidos por la Junta de Libertad bajo Palabra. Luego de varios

trámites, el 8 de diciembre de 2023, notificada el 18 del mismo mes

y año, el DCR emitió la Respuesta de Reconsideración al Miembro de

la Población Correccional recurrida, en la que denegó la solicitud de

reconsideración.    Como      consecuencia,       se    confirmaba    la

determinación de la agencia recurrida, en la que había concluido

que el cómputo en la hoja de liquidación de sentencia fue conforme

a derecho. Inconforme con el proceder de la agencia, el 16 de enero

de 2024, recibimos el recurso de epígrafe instado por el Recurrente.

      Surge del expediente, que el Recurrente no adhirió los

correspondientes sellos de presentación, ni solicitó el formulario

para litigar in forma pauperis. En nuestro ordenamiento se ha
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permitido que cualquier persona que desee entablar un recurso y no

pudiere pagar los derechos de suspensión requeridos por Ley, podrá

presentar al (a la) Secretario(a) del Tribunal una declaración

jurada exponiendo su imposibilidad de pagar dichos derechos.

Véase Sección 6 de la Ley de Aranceles, supra. A esos fines, la Regla

78 de nuestro Reglamento, supra, establece que cualquier parte que

por primera vez solicite litigar in forma pauperis, deberá presentar

ante el Tribunal de Apelaciones una declaración jurada, en el que

exponga “los hechos que demuestren su incapacidad para pagar los

derechos y las costas o para prestar garantía por éstos”. La

ausencia de una petición para litigar in forma pauperis y la

omisión del pago de aranceles, acarreará la desestimación del

recurso. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra.

         En vista de que en nuestro ordenamiento jurídico no existe

estatuto o jurisprudencia que exima a los confinados de pagar

aranceles, la solicitud para litigar in forma pauperis debe estar

juramentada o suscrita so pena de perjurio, según lo requiere

expresamente la Ley. Sec. 6 de Ley de Aranceles, supra y Regla 78

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Ello se debe a

que el mero confinamiento, no implica automáticamente la

indigencia del litigante. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra; Regla

78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

         Ante la omisión del Recurrente de solicitar el permiso de esta

Curia para litigar in forma pauperis, el presente recurso no fue

debidamente perfeccionado y procede su desestimación. Advertimos

a   la    parte   Recurrente   que   la   presentación   del   formulario

juramentado sobre litigación in forma pauperis es requisito

indispensable para acudir ante esta Curia. Además, prevenimos al

Recurrente que el DCR ha reconocido que su hoja de liquidación de

sentencia no fue evaluada a la luz de las cartas circulares vigentes,

por lo que deberá acudir ante el organismo administrativo para
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solicitar el remedio correspondiente, y que pueda ser evaluado

según dispone la Ley y los reglamentos vigentes.

      Por lo anterior, procede la desestimación del recurso de

epígrafe, puesto que esta Curia de jurisdicción para atender el

mismo.

                                  IV.

      Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de

epígrafe por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones