Court Opinion

ID: 9374123
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:23:29.396093+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.011589
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL II

     MÓNICA STAMPER ROSA,                                     CERTIORARI
                                                              procedente de Tribunal
           Peticionaria,                                      de Primera Instancia,
                                                              Sala Superior de
                    v.                                        Fajardo.
                                       KLCE202300082
       LUQUILLO HOTEL                                         Civil núm.:
     COMPANY, LLC; OFICINA                                    LU2022CV00052.
       DE GERENCIA DE
         PERMISOS,                                            Sobre:
                                                              injunction preliminar y
            Recurrida.                                        permanente.

 Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
 Romero García y la Juez Méndez Miró.

 Romero García, jueza ponente.

                                     RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

         La parte peticionaria, Mónica Stamper Rosa (señora Stamper Rosa)

 incoó el presente recurso discrecional el 26 de enero de 2023. La

 peticionaria adjuntó a su escrito varios documentos.

         Examinado el escrito de la peticionaria, así como los documentos

 anejados      al        mismo, prescindimos de la comparecencia de          la   parte

 recurrida1 y resolvemos.

         Así pues, evaluados los autos a la luz del derecho aplicable, y por

 los fundamentos que expondremos a continuación, desestimamos el

 recurso por falta de jurisdicción, toda vez que fue presentado tardíamente.

                                            I

         El 30 de marzo de 2022, la señora Stamper Rosa presentó una

 Demanda de interdicto provisional y permanente, en contra de Luquillo

 Hotel Company, LLC (LHC), y de la Oficina de Gerencia de Permisos

 (OGPe)2.

 1Ello, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que nos
 permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o
 procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el
 propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.
 7(B)(5).

 2Véase, Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), entrada 1,
 correspondiente al caso del título ante el Tribunal de Primera Instancia, LU2022CV00052.

Número identificador

RES2023__________________
KLCE202300082                                                                          2

           En síntesis, arguyó que el permiso de construcción obtenido por

LHC no había cumplido con el Reglamento Conjunto de Permisos para

Obras de Construcción y Uso de Terrenos, que entró en vigor el 2 de enero

de 2020. Por su parte, LHC arguyó que el permiso sí había sido obtenido

conforme a derecho.

           Luego de varias incidencias procesales, el 6 de julio de 2022, el foro

primario dictó una sentencia mediante la cual desestimó la demanda de

autos, pues carecía de jurisdicción3. Ello, a la luz de que la señora Stamper

Rosa no había demostrado ostentar legitimación activa, ni un interés

propietario o personal que fuera adversamente afectado por la

determinación de la agencia administrativa al emitir el permiso. Además,

concluyó que la peticionaria no había agotado todos los remedios

administrativos que tenía a su disposición ante las agencias pertinentes.

           Así las cosas, el 16 de noviembre de 2022, el foro primario emitió la

Orden de ejecución de sentencia4. Inconforme con la determinación, en esa

misma fecha, la señora Stamper Rosa presentó una Solicitud de relevo de

sentencia5.        En     síntesis,   alegó   que     LHC   no   había     presentado

oportunamente el memorando de costas y honorarios, por lo que procedía

el relevo de la sentencia y que se declarase sin lugar dicho memorando.

No obstante, esta solicitud fue declarada sin lugar el 17 de noviembre de

20226.

           No conteste, el 26 de enero de 2023, la señora Stamper Rosa incoó

el presente recurso7.

3   Véase, SUMAC, entrada 37.

4   Véase, apéndice del recurso, a las págs. 34-37.
5   Íd., a las págs. 38-43.

6   Íd., a las págs. 44-45.

7 Apuntamos que la señora Stamper Rosa no enumeró los errores que estima fueron
cometidos por el foro primario y, consecuentemente, su escrito carece de una discusión
de los errores que debió haber señalado. Esto, en claro incumplimiento con los requisitos
mínimos de forma exigidos en la Regla 34 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.
34.
KLCE202300082                                                              3

                                     II

                                     A

      La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción. También,

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Martínez v. Junta

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104

DPR 778, 782 (1976). De determinarse que no hay jurisdicción sobre un

recurso o sobre una controversia determinada, procede su desestimación.

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

      Una de las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es

cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, pues “[…] adolece del

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre […] puesto que su presentación carece de eficacia y no produce

ningún efecto jurídico […]”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83, 98 (2008). A su vez, este Tribunal no puede conservar el recurso con

el propósito de atenderlo y reactivarlo posteriormente. Rodríguez v.

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

      De determinarse que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre

una controversia determinada, procede su desestimación. González v.

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Por su parte, la

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar un recurso de apelación o

denegar un auto discrecional, a iniciativa propia, por los motivos

consignados en el inciso (B) de la Regla 83. En específico, la Regla 83 (B)

(1) provee para la desestimación de un pleito por falta de jurisdicción.

                                          B

      Distinto al recurso de apelación, el auto de certiorari es un recurso

procesal de carácter discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

183 DPR 580, 596 (2011). La jurisdicción y competencia de este Tribunal

para atender un recurso de certiorari está establecida en las disposiciones
KLCE202300082                                                             4

de la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, Ley de la Judicatura de 2003,

4 LPRA sec. 24(t) et seq.; las Reglas 52.1 y 52.2 de las de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y R. 52.2; las Reglas 193 y 194 de las de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193 y 194; y la Regla 32 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32.

       De otra parte, el Art. 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4

LPRA sec. 24y(b), establece que este Tribunal conocerá de cualquier

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia

mediante certiorari. A su vez, la Regla 52.2 (b) dispone, en parte, que los

recursos de certiorari ante nos para revisar órdenes o resoluciones finales

en recursos discrecionales, deberán ser presentados dentro del término de

30 días, contados desde la fecha de su notificación. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2

(b). También, dispone que el término es de cumplimiento estricto,

“prorrogable sólo cuando medien circunstancias especiales debidamente

sustentadas en la solicitud de certiorari”. Íd.

       Dicho término está recogido en la Regla 32 (D) Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, que dispone:

       El recurso de certiorari para revisar cualquier otra
       resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo
       de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se
       formalizará mediante la presentación de una solicitud
       dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del
       archivo en autos de copia de la notificación u orden
       recurrida. Este término es de cumplimiento estricto.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D). (Énfasis nuestro).

       Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el Tribunal

Supremo ha expresado que, “el foro apelativo no goza de discreción para

prorrogar tales términos automáticamente”. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc.,

150 DPR 560, 564 (2000). En su consecuencia, “tiene discreción para

extender un término de cumplimiento estricto ‘solo cuando la parte que lo

solicite demuestre justa causa para la tardanza’”. Íd. En ausencia de justa

causa, carecemos de discreción para prorrogar el término y acoger el

recurso ante nuestra consideración. Íd. Por otro lado, la acreditación de la

justa causa se cumple con explicaciones concretas y particulares,
KLCE202300082                                                                5

debidamente evidenciadas. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR, a la

pág. 565.

                                      III

       Examinado el recurso discrecional presentado por la señora

Stamper Rosa concluimos que carecemos de autoridad para entender en

los méritos de este, toda vez que fue presentado fuera del término para

ello. Veamos.

       De los autos ante nuestra consideración se desprende que, el 8 de

julio de 2022, notificada en esa misma fecha, el Tribunal de Primera

Instancia emitió la Sentencia en el caso civil del título. Inconforme, el 28 de

julio de 2022, la peticionaria presentó una solicitud de reconsideración. El

2 de agosto de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Resolución que declaró sin lugar la solicitud de reconsideración.

       Así las cosas, el 16 de noviembre de 2022, el foro primario emitió

el correspondiente Mandamiento de ejecución y embargo contra la

peticionaria. Inconforme, la señora Stamper Rosa presentó una Solicitud

de relevo de sentencia en esa misma fecha. No obstante, el 17 de

noviembre de 2022, el foro primario la declaró sin lugar; esta

determinación fue notificada en esa misma fecha. Sin embargo, no fue

hasta el 26 de enero de 2023, que la señora Stamper Rosa acudió ante

nos sin exponer la causa que justificara la presentación tardía de su

recurso.

       Como consecuencia, nos encontramos insubsanablemente privados

de autoridad para examinar los méritos del recurso, pues este fue incoado

fuera del término de cumplimiento estricto para ello y, a la luz del derecho

aplicable, procede su desestimación.

                                      III

       A la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso de certiorari

ante nuestra consideración por falta de jurisdicción, al este haber sido

presentado fuera del término de cumplimiento estricto de 30 días.
KLCE202300082                                                         6

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones