Court Opinion

ID: 9890328
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:15:53.142476+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:44.028699
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL XI

                                                  Revisión Administrativa
   JOSÉ J. AGOSTO PÉREZ                               procedente del
                                                     Departamento de
             Recurrente                             Seguridad Pública,
                                                  Negociado de la Policía
                                    KLRA202300401     de Puerto Rico
                  v.
                                                       Caso Policía de PR.:
                                                       OS-2-AL-CSJ-2-199
    NEGOCIADO DE LA
 POLICÍA DE PUERTO RICO                                       Sobre:
                                                      Ocupación de Licencia y
             Recurrida                                        Armas

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

        Comparece José J. Agosto Pérez (señor Agosto Pérez o el

recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 24

de mayo de 2023, por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR

o agencia recurrida), notificada el 6 de junio del corriente año.

Mediante la referida Resolución, el NPPR concluyó que la ocupación

del arma de fuego y la licencia de armas del recurrente fue legal por lo

que debe sostenerse en virtud del Artículo 2.13 de la Ley de Armas de

2020, Ley Núm. 168-2019, y que el señor Agosto Pérez no presentó

evidencia sustancial para derrotar los señalamientos indicados.

        Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos

la determinación recurrida.

Número Identificador

SEN2023 _______________
KLRA202300401                                                                      2

       El 25 de abril de 2022, el Agente Víctor Torres Quiñones, Placa

3107, de la División de Arrestos Especiales del NPPR, suscribió

informe y cursó comunicación sobre entrega de licencia y arma de

fuego ocupada el 21 de abril de 2022, en una intervención realizada en

el caso SAIC-DEE-4-183, mientras se investigaba una orden de arresto

en contra de Pedro A. Ocasio. Surge del informe, que al momento de la

intervención el recurrente se encontraba presente, y se le ocupó una

pistola marca Glock Modelo 19x, Calibre 9 mm color negra con número

de serie BHXD481 y su Licencia de Armas núm. 148781. En el referido

informe el Agente Víctor Torres Quiñones solicitó que se realizara la

investigación correspondiente. 1

       Toda vez que no le fue devuelta la licencia de armas ni el arma

de fuego ocupada, el señor Agosto Pérez acudió al NPPR y el 26 de

mayo de 2022, presentó Solicitud de Vista Administrativa. Allí expuso,

que la Policía de Puerto Rico le ocupó su Licencia de Armas número

148781, expedida conforme a Ley de Armas, 404-2000, así como un

arma de fuego registrada a su nombre, y que no existe caso criminal en

su contra, ni procedimiento civil alguno, que justificara mantener la

ocupación, por lo que solicitó la celebración de una vista administrativa

para tramitar su devolución. El 17 de febrero de 2023, el NPPR cursó

Citación Oficial para la celebración de vista administrativa. En la vista

celebrada se presentó el Informe de Incidente preparado por el Agente

Víctor Torres Quiñones. Sin embargo, este no estuvo presente en la

vista, por lo que ni declaró ni no pudo ser contrainterrogado sobre el

contenido y alcance del referido informe.

1
 Véase páginas 4-5 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, presentado
por el Gobierno de Puerto Rico en representación del NPPR.
KLRA202300401                                                           3
      El 24 de mayo de 2023, NPPR emitió Resolución, en la que

sostuvo la ocupación del arma de fuego y la licencia de armas del

recurrente. Concluyó la agencia recurrida que los agentes del orden

público tenían motivos fundados para intervenir, para ocupar el arma y

la licencia y que el señor Agosto Pérez no presentó evidencia sustancial

para derrotar los señalamientos en su contra. Concluyó, además, el

NPPR que la ocupación del arma de fuego del recurrente y de su

licencia de armas fue legal y debe sostenerse en virtud de lo dispuesto

en el Artículo 2.13 de la Ley Núm. 168-2019 (Ley de Armas 2020).

Las determinaciones de hechos del NPPR solo incluyeron el contenido

del informe fechado 25 de abril de 2022 sin que el Agente Víctor Torres

Quiñones prestara testimonio sobre dicho contenido.

      El 23 de junio de 2023, el señor Agosto Pérez presentó Moción

en Solicitud de Reconsideración. En apretada síntesis, el recurrente

sostuvo que en el caso de epígrafe no hubo señalamiento o

determinación alguna de la Policía de Puerto Rico en su contra; que fue

él quien solicitó la vista administrativa para la devolución del arma y la

licencia, y que es el NPPR quien tiene el peso de la prueba. Argumentó,

además, que sobre estos extremos, es incorrecta la conclusión del NPPR

de que le correspondía al recurrente presentar evidencia sustancial ya

que no ha habido señalamiento o determinación alguna de la Policía de

Puerto Rico en su contra. Asimismo, el señor Agosto Pérez arguyó que

la ocupación de la licencia y el arma se realizó conforme a lo dispuesto

en el Artículo 2.13 de la Ley de Armas de 2020, Ley Núm. 168-2019,

el cual no autoriza la revocación o la no devolución de la licencia y las

armas, sino que dispone lo pertinente a ocupaciones temporeras. Razón

por la cual, esbozó el recurrente que, conforme a dicha disposición, si
KLRA202300401                                                           4

un tribunal no encuentra causa, procede ordenar la inmediata

devolución de la licencia armas ocupadas. Finalmente, el señor Agosto

Pérez expuso en la Moción en Solicitud de Reconsideración que en su

caso no hubo radicación de ningún cargo criminal; que tampoco se le

ocupó evidencia delictiva alguna en su persona ni en su propiedad; que

las revocaciones tienen que fundamentarse en elementos del Art. 2.09

de la Ley de Armas, los cuales no están presentes en su caso y que en

la Resolución recurrida el NPPR no aplica sus conclusiones derecho a

las determinaciones de hechos probados ante la agencia recurrida.

      La Moción en Solicitud de Reconsideración no fue considerada

por el NPPR, por lo que el 7 de agosto de 2023, el señor Agosto Pérez

presentó el recurso de epígrafe. En esencia, este señala que incidió la

agencia recurrida al emitir una Resolución que sostiene la ocupación de

la licencia de armas y el arma del recurrente, cuando no existe

justificación legal para ello, privándolo así de su derecho constitucional

a poseer y portar armas de fuego. Es la contención del recurrente que el

proceso administrativo llevado a cabo ante el NPPR para sostener la

ocupación del arma y de la licencia es inconstitucional. Sostiene,

además, el señor Agosto Pérez que la Resolución recurrida no incluye

determinaciones de hechos sobre lo acontecido en la vista, sino que se

limitó a reproducir el contenido del informe de ocupación del Agente

Víctor Torres, quien no estuvo en la vista, por lo que estas, así como las

conclusiones de derecho, incumplen con los parámetros establecidos en

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico.

      El Gobierno de Puerto Rico comparece ante nos en

representación del NPPR mediante Escrito en Cumplimiento de
KLRA202300401                                                         5
Resolución. En apretada síntesis, sostiene que la licencia de armas del

recurrente se expidió el 26 de marzo de 2018, bajo la Ley Núm. 404-

2000, la cual dispone un proceso específico para la revisión de la

ocupación de armas y su licencia, en el que el NPPR provee todas las

garantías del debido proceso de ley reconocidas en los procesos

adjudicativos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico y su reglamentación. Razona el NPPR que el

proceso se llevó de forma correcta y que estando justificada la

ocupación por parte del NPPR, procedía confirmar la Resolución

recurrida.

      Como cuestión de umbral, destacamos que uno de los propósitos

de la Ley Núm. 168-2019, Ley de Armas de Puerto Rico 2020, según

su Exposición de Motivos fue la creación de una legislación que

reconociera expresamente el derecho constitucional fundamental a

poseer y portar armas protegido por la Segunda Enmienda de la

Constitución Federal, según reconocido en Discrict of Columbia v.

Heller, 554 US 570 (2008) y McDonald v. City of Chicago, 561 US

3025 (2010). Como bien señala el recurrente, el Artículo 2.13 de la Ley

de Armas de 2020, Ley Núm. 168-2019, al amparo de la cual se ocupó

el arma y la licencia de armas del recurrente, no autoriza la revocación

o la no devolución de la licencia y las armas sino que dispone lo

pertinente a ocupaciones temporeras Sobre esos extremos y en lo

pertinente a las conclusiones de derecho del NPPR en la Resolución

recurrida, el Artículo 2.13 de la Ley 168- 2019, (Ley de Armas de

2020), 25 LPRA sec. 462l, ley vigente al amparo de la cual el NPPR

realizó la ocupación del arma y de la licencia del recurrente, dispone

expresamente lo siguiente:
KLRA202300401                                                          6

      Artículo 2.13.- Motivos Fundados para Facultar a los Agentes
      del Orden Público a Ocupar Armas sin Orden Judicial.

      Cualquier agente del orden público ocupará la licencia, arma de
      fuego y/o municiones, que posea un ciudadano, de forma
      temporera, cuando tuviese motivos fundados para entender que
      la persona con licencia de armas hizo o hará uso ilegal de las
      armas de fuego y municiones para causar daño a otras personas;
      por haber proferido amenazas de cometer un delito; o en
      cualquier otra situación de grave riesgo o peligro que justifique
      esta ocupación….
      …..Un agente del orden público estará facultado a ocupar el arma
      de fuego, licencia y municiones, de forma temporera, cuando se
      arreste al tenedor de la misma por la comisión de un delito grave
      o delito menos grave que implique violencia.
             El agente del orden público tendrá que consignar
      inmediatamente las armas de fuego y/o municiones ocupadas en
      un depósito de armas del Negociado de la Policía y notificar al
      Departamento de Justicia. Si el tribunal no encuentra causa por
      los delitos por los cuales fue arrestado la persona con licencia de
      armas, ordenará la devolución inmediata de lo ocupado.

      Conforme a dicha disposición, si un tribunal no encuentra causa,

procede ordenar la inmediata devolución de la licencia y de las armas

ocupadas. En el caso de epígrafe ni siquiera se le imputó delito al

recurrente, por lo que este presentó Petición administrativa de

devolución de armas y de su licencia de armas. Mediante la Resolución

recurrida el NPPR adjudicó que no corresponde la devolución del arma

y la licencia al recurrente, a base de un informe sobre la ocupación,

preparado por un agente del orden público que no estuvo presente en la

vista administrativa celebrada, sin articular la agencia recurrida una

determinación propia de hechos que esté vinculada con el derecho

aplicable al caso específico.

      La Sección 3.14 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico (LPAUG) establece que “[l]a orden o resolución [final] deberá

incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho si éstas no

se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la
KLRA202300401                                                         7
adjudicación, según sea el caso.”. […] . 3 LPRA sec. 9654. Ello tiene

como objetivo, entre otros, proporcionar a los tribunales la oportunidad

de revisar adecuadamente la decisión administrativa y fomentar que la

agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los

parámetros de su autoridad y discreción. Mun. San Juan v. Plaza las

Américas, 169 DPR 310, 322-323 (2006); Reyes Salcedo v. Policía de

P.R., 143 DPR 85, 94 (1997). La revisión judicial de una determinación

administrativa se circunscribe a determinar si: (1) el remedio concedido

por la agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hechos

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo, y (3) las conclusiones de derecho

fueron correctas. Sec. 4.5 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9675; Torres

Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626-627 (2016).

      El NPPR plantea que la devolución automática procede con la

absolución de los cargos y que le correspondía al recurrente presentar

evidencia sustancial para derrotar los señalamientos. Sin embargo, en

el caso de epígrafe el Gobierno ni siquiera imputó delito al recurrente,

por lo que hay ausencia de señalamientos en su contra que ameritaran

la presentación de prueba para derrotarlos. La obligación de presentar

evidencia sustancial para sostener la ocupación temporera del arma y la

licencia le correspondía al NPPR, quien denegó la solicitud de

devolución del arma y la licencia a base de un informe policiaco

suscrito por un agente que no compareció a la vista administrativa.

      Reiteramos, que la ocupación de la licencia y el arma del señor

Agosto Pérez se realizó conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.13 de

la Ley de Armas de 2020, Ley Núm. 168-2019, el cual no autoriza la

revocación o la no devolución de la licencia y las armas, sino que
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dispone lo pertinente a ocupaciones temporeras. En atención a ello, es

incorrecta la conclusión del NPPR de que le correspondía al recurrente

presentar evidencia sustancial ya que no ha habido señalamiento o

determinación alguna de la Policía de Puerto Rico en su contra. En su

caso no hubo radicación de ningún cargo criminal y tampoco se ocupó

evidencia delictiva en su persona ni en su propiedad. El NPPR invirtió

el peso de la prueba, al determinar que el recurrente no presentó

evidencia sustancial para derrotar los fundamentos de la ocupación de

la temporera del arma y la licencia. Finalmente, en la Resolución

recurrida el NPPR no aplica su conclusión de derecho a

determinaciones de hechos concretas sustentadas en prueba desfilada.

Sobre estos extremos dicha Resolución recurrida incumple los

parámetros que establecen las secciones 3.14 y 4.5 de la LPAUG.

      Con estos antecedentes, concluimos que el récord administrativo,

que constituye la base exclusiva para la acción de la agencia recurrida,

está huérfano de prueba para sostener su conclusión de derecho. Siendo

así, resulta obligatorio resolver que el NPPR abusó de su discreción al

denegar al recurrente su solicitud para la devolución del arma de fuego

y la licencia de armas ocupadas de forma temporera, al amparo del

Artículo 2.13 de la Ley Núm. 168-2019 25 LPRA sec. 462l, sin contar

con evidencia sustancial que apoyara tal determinación, en un caso

claro en el hay ausencia radicación de cargo criminal alguno en contra

del señor Agosto Pérez. En atención a ello, no encontramos una base

racional que fundamente la determinación administrativa que nos

ocupa. Incluso, de la propia Resolución se desprende que la agencia

recurrida en sus determinaciones de hechos se limitó a esbozar el

contenido del informe policíaco sobre la intervención, sin que el agente
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del orden público que lo preparó compareciera como testigo, por lo que

hay ausencia de prueba que justifique mantener la ocupación del arma

y la licencia del recurrente.

      Con estos antecedentes, concluimos que toda vez que al

recurrente en ningún momento se le imputó delito alguno, que no existe

caso criminal en su contra, ni procedimiento civil alguno, que

justificara mantener la ocupación, la Resolución recurrida es arbitraria

e irrazonable, no está sostenida en prueba alguna y es incorrecta en

derecho; por lo tanto, no merece nuestra deferencia. La deferencia hacia

una decisión de una agencia administrativa cede si no está basada en

evidencia sustancial, ha errado en la aplicación de la ley, o ha mediado

una actuación irrazonable o ilegal. OCS v. CODEPOLA., 202 DPR 842,

853 (2019); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822

(2012); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

      Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen recurrido.

Así, se ordena al NPPR la devolución inmediata del arma de fuego y la

licencia de armas, ocupada al recurrente al amparo del Artículo 2.13 de

la Ley Núm. 168-2019 25 LPRA sec. 462l, sujeto a la constatación de

que la referida licencia esté vigente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones