Court Opinion

ID: 9952333
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:42:15.813744+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:53.219696
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

   LEOMAR ESTRADA CRUZ                                              Revisión
    Y/O NORMA I. CRUZ                                               Judicial
         RIVERA                                                     procedente del
                                                                    Departamento
           Recurrido                     KLRA202400004              de Asuntos del
                                                                    Consumidor

                 V.                                                 Caso Núm.:
                                                                    SAN-2019-
                                                                    0004587
   HÉCTOR SIERRA H/N/C
  BAYAMÓN AUTO COMPUTER                                             Sobre:
                                                                    Relevo de
          Recurrente                                                Resolución

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez
 y la Jueza Prats Palerm

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2024.

         Comparece         el    señor       Héctor       Sierra      Manzano,          en

 adelante      el     señor       Sierra     o     el    recurrente,            mediante

 Recurso       de     Revisión,        en     el    que       nos    solicita          que

 dejemos sin efecto la Resolución del Departamento de

 Asuntos       del        Consumidor,         en        adelante          DACo    o     el

 recurrido, en el caso SAN-2019-004587, dictada el 26

 de diciembre de 2019. Mediante la misma, la agencia

 ordenó al recurrente devolverle la suma de dinero que

 había    recibido          del    señor         Leomar       Estrada          Cruz,    en

 adelante el señor Estrada, más una indemnización en

 daños y los intereses correspondientes.

         Por        los         fundamentos             que     expondremos              a

 continuación, se confirma la resolución recurrida.

                                          -I-

         Surge      de     la    copia       certificada            del    expediente

 administrativo            que    el     6    de    diciembre             de    2019    se

Número Identificador

SEN2024_________________
KLRA202400004                                                                                2

celebró      la     vista          administrativa             en         el        caso     de

epígrafe.1

      En     dicha       ocasión,            compareció          el      querellante,

señor      Estrada,          y    el    señor         José    Torrón            Martínez,

Inspector del DACo. El señor Sierra no compareció. Al

respecto, la jueza administrativa hizo la siguiente

expresión:        “En    el       expediente          administrativo                no    hay

correspondencia              devuelta        por      el     sistema          de     correo

postal, por lo que se presume una debida notificación

a ambas partes”.2

      Así    las        cosas,         el    foro      recurrido           formuló         28

determinaciones de hecho y concluyó que el recurrente

“incurrió     en        prácticas            y    anuncios       engañosos”.3               En

consecuencia,           le       ordenó      pagar     al     señor        Estrada          la

cantidad de $5,422.22.4 Esta Resolución se notificó el

27 de diciembre de 2019, a la dirección de récord del

DACo, supra.

      Luego       de     varios        trámites,           que      es     innecesario

relatar para adjudicar la presente controversia, el 29

de diciembre de 2023, el señor Sierra presentó ante el

DACo una Solicitud de Relevo de Sentencia.5 Alegó, en

síntesis, que el DACo carece de jurisdicción porque no

fue     notificado                 adecuadamente               de          la         vista

administrativa y como no es un taller de reparación de

vehículos      de        motor,         no       le    aplica         la       Ley        para

Reglamentar         el       Negocio             de   Reparación              de     Bienes

Muebles, en adelante Ley Núm. 272-2000.

1 SAN-2019-0004587.
2 Id.
3 Id.
4 Id.
5 Id.
KLRA202400004                                                                  3

          En dicho contexto procesal, DACo declaró no ha

lugar       la    Solicitud         de   Relevo   por    Sentencia.6        Ello,

previo a consignar que “había evaluado detenidamente”

los expedientes de la Querella SAN-2019-0004587 y de

la Petición para Hacer Cumplir Orden, SJ2022CV08934.7

          Inconforme          con    dicha   determinación,        el       señor

Sierra presentó un Recurso de Revisión en el que alega

que       el     foro    recurrido       incurrió       en   los   siguientes

errores:

          ERRÓ EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE DACO AL
          ATENDER UNA QUERELLA SIN JURISDICCIÓN AL AMPARO
          DE LA LEY PARA REGLAMENTAR EL NEGOCIO DE
          REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES LEY NÚM. 272 DE 31
          DE AGOSTO DE 2000, CUANDO EL NEGOCIO DEL
          RECURRENTE, BAYAMÓN AUTO COMPUTER ES UNA TIENDA
          DE VENTA DE COMPUTADORAS DE AUTOMÓVILES, (PIEZAS
          DE AUTOS) NO ES UN TALLER DE MECÁNICA, NO OFRECE
          EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR.
          LA RESOLUCIÓN QUE SE SOLICITA RELEVO FUE EMITIDA
          POR   LCDA.   MARIROSA   ORTIZ   MALDONADO,   JUEZA
          ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA EN UNA ADJUDICACION
          FINAL EN EL CASO SAN-2019-004587; Y EN SU INCISO
          (2)   DE   LAS   DETERMINACIONES   DE   HECHOS   ES
          INCORRECTO AFIRMAR QUE LA PARTE QUERELLADA,
          HÉCTOR SIERRA H/N/C BAYAMÓN AUTO COMPUTER ES UN
          COMERCIO QUE SE DEDICA A LAS REPARACIONES
          MECÁNICAS DE VEHÍCULOS DE MOTOR.

          ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR EN
          ADELANTE   (DACO)   AL  EMITIR   UNA   RESOLUCIÓN
          ADJUDICATIVA EN LA QUERELLA PRESENTADA CONTRA
          BAYAMÓN AUTO COMPUTER (QUE NO ES UN TALLER DE
          MECÁNICA) Y LA PARTE QUERELLADA, HÉCTOR SIERRA
          MANZANO QUIEN NUNCA RECIBIÓ POR CORREO ORDINARIO
          ENTRE LOS AÑOS DEL 2019 AL 2022, NOTIFICACIÓN DEL
          PROCEDIMIENTO, NI CITACIONES, NI LA NOTIFICACIÓN
          DE LA RESOLUCIÓN DEL CASO SAN-2019-004587, PORQUE
          FUERON ENVIADAS A UNA DIRECCIÓN POSTAL QUE YA NO
          LE PERTENECÍA AL RECURRENTE DESDE EL 2018.

          El recurrido no presentó su escrito en oposición

al recurso de revisión, por lo cual el recurso está

perfeccionado y listo para adjudicación.

          Luego de revisar las copias certificadas de los

expedientes             SAN    2019-0004587,      SJ2022CV08934         y     los

6   Id.
7   Id.
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escritos    de      las    partes,        estamos     en     posición    de

resolver.

                                   -II-

                                    A.

       La    revisión        judicial          de     las      decisiones

administrativas tiene como fin primordial delimitar la

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.8 A

esos    efectos,     la    revisión       judicial      comprende       tres

aspectos,     a     saber:    1)     la       concesión      del   remedio

apropiado; 2) la revisión de las determinaciones de

hecho conforme al criterio de evidencia sustancial; y

3) la revisión completa y absoluta de las conclusiones

de derecho del organismo administrativo.9 Además, el

tribunal debe determinar si la agencia, en el caso

particular,       actuó    arbitraria          o    ilegalmente,    o    de

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un

abuso de discreción.10

       Ahora bien, es una norma firmemente establecida

que las decisiones de los organismos administrativos

gozan de deferencia por los tribunales y se presumen

correctas.11 Por ello, al revisar las determinaciones

de las agencias administrativas los tribunales tienen

gran    deferencia    en     virtud      de    la   experiencia     en   la

materia y pericia de estos organismos.12 No obstante,

la     deferencia     judicial       cede      ante    las     siguientes

8 Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018); Unlimited v. Mun. de
Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas Ferrer v. ARPe, 172
DPR 254, 264 (2007).
9 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012);

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007).
10 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera
Concepción v. ARPe, 152 DPR 116, 122 (2000).
11 Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566

(2009); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589 (2005).
12 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Misión Ind. v. JCA,

145 DPR 908, 929 (1998).
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circunstancias, a saber: cuando la decisión no está

basada en evidencia sustancial; cuando el organismo

administrativo        ha      errado    en      la        aplicación      o

interpretación de las leyes o reglamentos; cuando ha

mediado     una      actuación     arbitraria,            irrazonable     o

ilegal; o cuando la actuación administrativa lesiona

derechos constitucionales fundamentales.13

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante

TSPR, ha establecido que las determinaciones de hechos

de las decisiones de las agencias serán sostenidas por

el tribunal si se basan en evidencia sustancial que

obra en el expediente administrativo considerado en su

totalidad.14 Evidencia sustancial es aquella evidencia

pertinente que “una mente razonable pueda aceptar como

adecuada para sostener una conclusión”.15 Este estándar

de revisión requiere que la evidencia sea considerada

en su totalidad, esto es, tanto la que sostenga la

decisión administrativa como la que menoscabe el peso

que la agencia le haya conferido.16 Ello implica que de

existir    un     conflicto    razonable      en     la    prueba,     debe

respetarse la apreciación realizada por la agencia.17

Esta      revisión        contra   el       expediente           se    basa

exclusivamente       en    evidencia    y    materias       oficialmente

admitidas,      en   los    asuntos     sobre      los     que    se   tomó

13 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; PCME v. JCA, 166 DPR 599, 617
(2005).
14 OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027 (2020); Asoc. Vec.

H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Véase, Sec.
4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico, en adelante LPAU, Ley Núm. 30-2017 (3
LPRA sec. 9675).
15 Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra.
16 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425, 437

(1997).
17 Otero v. Toyota, supra; Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74

DPR 670, 687 (1953).
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conocimiento oficial y en todo lo que surgió en la

vista administrativa.18

       En cuanto a las conclusiones de derecho, estas

pueden     ser    revisadas       en     todos   sus    aspectos.19      Sin

embargo, esto no implica que los tribunales gocen de

libertad         absoluta        para     descartarlas.20         Por     el

contrario, al revisar las conclusiones de derecho de

una agencia administrativa, los tribunales tienen que

examinar la totalidad del expediente y determinar si

la    interpretación        es    un     ejercicio     razonable    de    la

discreción        administrativa           basado      en    la    pericia

particular, en consideraciones de política pública o

en    la   apreciación       de     la     prueba.21    Rebasado        dicho

umbral,     solo    procede       sustituir      el    criterio     de    la

agencia por el del tribunal revisor cuando no exista

una      base     racional        para      explicar        la    decisión

administrativa.22

       En síntesis,

       Al revisar las interpretaciones y conclusiones
       administrativas, el tribunal debe hacer una
       evaluación independiente sobre la aplicación del
       derecho a los hechos que la agencia estimó
       pertinentes.     Confrontado con un resultado
       distinto del obtenido por la agencia, el tribunal
       debe determinar si la divergencia responde un
       ejercicio    razonable     de    la    discreción
       administrativa fundamentado, por ejemplo, en una
       pericia particular, consideraciones de política
       pública, o la apreciación de la prueba que tuvo
       ante su consideración.        El tribunal podrá
       sustituir el criterio de la agencia por el propio
       sólo cuando no pueda hallar una base racional
       para explicar la decisión administrativa.23

18 Com. de Seguros v. AEELA, 171 DPR 514, 525 (2007).
19 Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581, 591 (2020);
Otero v. Toyota, supra, pág. 729. Véase, además, Super Asphalt v.
Autoridad para el Financiamiento, 206 DPR 803, 820 (2021).
20 Id.
21 Otero v. Toyota, supra, pág. 729; Misión Ind. PR v. JP., 146

DPR 64, 134–135 (1998).
22 Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra, pág. 591.
23 Misión Ind. PR v. JP, supra. (Énfasis suplido)
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                                    B.

      La   Regla    49.2     de    Procedimiento     Civil    es   “el

mecanismo que tiene disponible una parte que interese

solicitar    al    foro    de     instancia    “el   relevo   de   los

efectos de una sentencia cuando esté presente alguno

de los fundamentos allí expuestos”.24 Este mecanismo

tiene un rol dual; por una parte, adelanta el interés

de   resolver     los     casos    en    sus   méritos,   haciéndose

justicia sustancial, y por otra, les otorga finalidad

a los pleitos.25

      La referida regla dispone:

      Mediante una moción y bajo aquellas condiciones
      que sean justas, el tribunal podrá relevar a una
      parte o a su representante legal de una
      sentencia, orden o procedimiento por las razones
      siguientes:

      a.   error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
           excusable;

      b.   descubrimiento de evidencia esencial que, a
           pesar de una debida diligencia, no pudo
           haber   sido   descubierta a   tiempo  para
           solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la
           Regla 48 de este apéndice;

      c.   fraude (incluso el que hasta ahora se ha
           denominado “intrínseco” y el también llamado
           “extrínseco”), falsa representación u otra
           conducta impropia de una parte adversa;

      d.   nulidad de la sentencia;

      e.   la sentencia ha sido satisfecha, renunciada
           o se ha cumplido con ella, o la sentencia
           anterior en que se fundaba ha sido revocada
           o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
           equitativo que la sentencia continúe en
           vigor, o

      f.   cualquier otra razón que justifique la
           concesión de un remedio contra los efectos
           de una sentencia.

           Las disposiciones de esta regla no serán
           aplicables a las sentencias dictadas en
           pleitos de divorcio, a menos que la moción
           se funde en los incisos (c) o (d) de esta
           regla. La moción se presentará dentro de un

24 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); García Colón
v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); De Jesús Viñas v.
González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR
616, 624 (2004).
25 Id.
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          término razonable, pero en ningún caso
          después de transcurridos seis (6) meses de
          haberse registrado la sentencia u orden o
          haberse llevado a cabo el procedimiento. Una
          moción bajo esta regla no afectará la
          finalidad de una sentencia, ni suspenderá
          sus efectos.26

     Bajo   estos   mismos     criterios    que    gobiernan    el

relevo de sentencia, “los foros administrativos pueden

relevar a una parte de una decisión adversa”.27 Así lo

estableció el TSPR en el contexto de un pleito con la

Comisión Industrial. En lo aquí pertinente, concluyó

que “[a]parte de las facultades que le conceden la ley

y el reglamento, la Comisión tiene, al igual que todos

los organismos administrativos, el poder inherente de

revisar sus decisiones. Para ello las partes tienen

disponible el mecanismo equivalente al establecido en

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.”28

     Finalmente,    aunque     la    solicitud    de   relevo   de

sentencia se debe interpretar de forma liberal a favor

del promovente, no puede utilizarse para “abrir todo

asunto previamente adjudicado”, ni en sustitución de

los recursos de revisión y reconsideración.29

                             -III-

     En síntesis, el recurrente reitera los argumentos

previamente   esbozados   en    su   Solicitud    de   Relevo   de

Sentencia, a saber, que el DACo carece de jurisdicción

porque, en la medida en que el señor Sierra no opera

un taller de mecánica, no le aplica la Ley Núm. 272-

2000, y porque      la notificación      de la vista no fue

adecuada.

26 Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
27 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho
Procesal Civil, 6.a ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico,
Inc., 2017, pág. 463.
28 Romero Santiago v. FSE, 125 DPR 596, 600 (1990).
29 Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 DPR 79, 87 (2000).
KLRA202400004                                                                     9

        La decisión recurrida está basada en información

que obra en el expediente administrativo. Veamos.

        De la revisión del expediente de referencia surge

que ninguna de las notificaciones enviadas por DACo

fue     devuelta       por    el    United       States       Postal    Service.

Además, la dirección del recurrente, en la Querella

número SAN-2019-0004587, lee: Urb. Lomas Verdes, Ave.

Lomas Verdes N-14, Bayamón, Puerto Rico 00956. Esta

misma dirección se incluye en uno de los recibos de

Bayamón      Auto      Computer,        negocio        que    opera    el   señor

Sierra y que utilizó DACo como dirección de record.30 A

esta      dirección         se     envió        toda    la    correspondencia

dirigida        al    recurrente        durante        el    presente    trámite

administrativo, que como vemos, no fue devuelta. Del

mismo      modo,      del    expediente          SJ2022CV08934         surge      el

certificado de incorporación de Bayamón Auto Computer,

Inc.,      el    cual       contiene       la    misma       dirección      postal

indicada en la Querella.

        Conviene destacar que el TPI, luego de celebrar

una     vista        evidenciaria       en       la    que    declararon         dos

funcionarios de DACo, encargados de diligenciar varias

órdenes      emitidas        en    el   proceso        de    ejecución      de   la

resolución impugnada, formuló la siguiente conclusión:

        [N]o hay controversia en que DACO notificó la
        Resolución para la Querella SAN-2019-0004587, la
        cual no fue cumplida por el señor Sierra. Dicha
        Resolución fue notificada a la dirección provista
        como válida y correcta al consumidor… se trata de
        la misma persona y el mismo negocio visitado por
        los funcionarios del DACo… Lo cierto es que el
        Sr. Sierra no puede impugnar los procedimientos
        administrativos conforme a la información errónea
        suplida por ese al consumidor. Énfasis suplido.

        Así pues, del expediente se desprende que el DACo

notificó toda correspondencia generada por el trámite

30   SAN-2019-0004587.
KLRA202400004                                                              10

administrativo        de     epígrafe     a   la     dirección    postal

provista    por   el       señor   Sierra     al    querellante      y   que

consideró el órgano administrativo como dirección de

record.    En    cambio,      el   recurrente       no    presentó       otra

prueba que existiera en el expediente administrativo

que menoscabara el valor probatorio de aquella en la

que DACo fundamentó su resolución. Por consiguiente,

es forzoso concluir que el recurrente no derrotó la

presunción de validez de la Resolución recurrida.

                                   -IV-

     Por        los        fundamentos        que        expondremos       a

continuación, se confirma la resolución recurrida.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones