Court Opinion

ID: 9374172
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:27:01.782907+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:38.644000
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

                                              CERTIORARI
                                              procedente del
EL PUEBLO DE PUERTO                           Tribunal de
RICO                                          Primera
                                              Instancia, Sala
Peticionario                                  Superior de
                                KLCE202201240 Mayagüez
            v.
                                                   Caso Núm.:
BENJAMÍN SUÁREZ URBAN                              ISCR201700390-
                                                   392
Recurrido
                                                   Sobre:
                                                   A93/Grado de
                                                   Asesinato Primer
                                                   Grado

EL PUEBLO DE PUERTO
RICO                                               Caso Núm.:
                                                   ISCR201700385-
Peticionario                                       387

            v.                                     Sobre:
                                                   A93/Grado de
JUAN SEDA TROCHE                                   Asesinato Primer
                                                   Grado
Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

      Comparece ante este Tribunal la Oficina del Procurador

General de Puerto Rico, en representación del Pueblo de Puerto Rico

(parte peticionaria), y solicita que revoquemos los dos (2)

pronunciamientos que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI),

Sala Superior de Mayagüez, el 14 de septiembre de 2022, en los

casos de epígrafe. Por medio de los dictámenes recurridos, el foro a

quo declaró ha lugar las objeciones del testimonio de un testigo no

disponible en el nuevo juicio de Benjamín Suárez Urban y Juan Seda

Troche (recurridos).

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLCE202201240                                            Página 2 de 9

        Por las razones que expondremos a continuación, se expide el

auto de certiorari solicitado y se revocan las resoluciones

impugnadas.

                                    I.

        Por hechos acaecidos el 3 de febrero de 2017 se presentaron

tres (3) denuncias contra Suárez Urban y otras tres (3) contra Seda

Troche, por infracción a los Artículos 93 (Asesinato en Primer Grado)

y 190 (Robo Agravado) del Código Penal de 20121 y al Art. 5.05 de la

Ley Núm. 404-2000, según enmendada, mejor conocida como la Ley

de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas)2. Así las cosas, el Ministerio

Público presentó las correspondientes acusaciones. Celebrado el

juicio por Jurado, los recurridos fueron encontrados culpables en

todos los delitos imputados. Luego de varios trámites, y de

conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en Ramos v. Louisiana, 590 US ___ (2020), un Panel

Hermano de este Foro revocó la Sentencia dictada en los casos de

los recurridos y devolvió las causas al TPI para la celebración de un

nuevo juicio.3

        Así las cosas, el 21 de julio de 2022, el Ministerio Público instó

una Moción Solicitando Sustitución de Testimonio bajo la Regla 806

de Evidencia. En su comparecencia, expresó que advino en

conocimiento del fallecimiento del testigo Irnaldo Valle Franqui. Por

tanto, solicitó que se sustituyera el testimonio del señor Valle

Franqui con la declaración vertida durante la celebración del juicio

por jurado en el 2018, en el cual fue contrainterrogado por las

respectivas representaciones legales de los recurridos. La defensa se

opuso. El 8 de agosto de 2022, el Ministerio Público reiteró su

petición sobre sustitución del testimonio, mediante la presentación

1   33 LPRA sec. 5142 y 33 LPRA sec. 5260.
2   25 LPRA sec. 458d.
3   Véanse, KLAN201801316 y KLAN201900786.
KLCE202201240                                       Página 3 de 9

de la grabación del Tribunal del 8 de mayo de 2018. Añadió que

dicha grabación cumplía con todos los requisitos jurisprudenciales,

máxime cuando el proceso a llevarse a cabo es un juicio por jurado

contra las mismas partes. Expuso que el jurado que juzgaría a

ambos acusados tenía que escuchar lo declarado por el testigo de

su propia voz, de manera íntegra, sin ediciones, lo cual incluía

escuchar las objeciones y argumentaciones que se hicieron en

aquella ocasión. El Ministerio Público recalcó que esa era la única

forma en la que el Jurado estaría en la mejor posición para analizar

el testimonio y adjudicarle la credibilidad que entendiere, lo cual

resultaba beneficioso para todas las partes. Resaltó que el

testimonio del testigo no disponible fue uno corto, y que

escasamente se realizaron cuatro (4) objeciones, dos (2) por la

defensa y dos (2) por el Ministerio Público, lo que colocaba a las

partes en igual de condiciones. Por último, arguyó que las

argumentaciones se hicieron en el estrado, por lo que apenas se

podían escuchar las mismas.

      Los abogados de los acusados se opusieron a lo anterior.

Alegaron que, del testimonio vertido por el señor Valle Franqui,

surge que parte de este era prueba de referencia, y no fue objetado

en el juicio original por la representación legal anterior de los

acusados. Sostuvieron que la Regla 806 de Evidencia le otorgaba

discreción al Tribunal para que utilizara el mecanismo que

entendiera necesario para evitar que un jurado se pudiera

contaminar de elementos extrínsecos al testimonio directo.

      El 1 de septiembre de 2022 se celebró una vista con el

propósito de evaluar qué partes de la grabación del testimonio del

testigo no disponible, si alguna, no podían pasar al jurado. El TPI

interesaba concretizar que en efecto no había ninguna pregunta, ni

ninguna respuesta que hiciera alusión a los señores del jurado que

evaluaron el testimonio en el juicio celebrado.
KLCE202201240                                            Página 4 de 9

         Justipreciadas ambas posturas, el 14 de septiembre de 2022,

el TPI dictó las resoluciones bajo nuestra consideración.4 Mediante

estas, el foro primario determinó lo siguiente:

         …el Tribunal entiende que, tratándose de un juicio por
         jurado, donde se pretende sustituir testimonio, el
         jurado no puede advenir en conocimiento de que hubo
         un juicio anterior. De otra parte, a[u]n cuando en
         nuestra jurisdicción, el asunto no ha sido resuelto, el
         Tribunal entiende que se trata de un juicio de novo y
         que son permisibles las objeciones que procedan en
         derecho en el nuevo juicio. Así se ha resuelto en otras
         jurisdicciones, Pietre v. Colombia, 29 S.C. 303 (1988),
         Meekin v. Norfolk & S. Ry, 136 N.C. 1 (1904).

         El TPI autorizó el uso de la grabación en cuestión, no sin antes

hacer una lista de las ediciones de aquellas partes que no deberán

ser presentadas al jurado.

         En desacuerdo, el Ministerio Público solicitó reconsideración,

mediante la cual argumentó que la decisión del TPI favorecía

únicamente a la defensa y lo colocaba en total desventaja.5 Adujo

que si se le permitía a la defensa formular objeciones a un testimonio

que se presentará por grabación, el Ministerio Público no tendría

oportunidad de rehabilitar al testigo. Particularizó que el jurado que

juzgará a los acusados debía escuchar lo declarado por el testigo de

manera íntegra y así estará en la mejor posición para analizar el

testimonio y adjudicarle la credibilidad que entienda.

         El TPI, luego de celebrar una vista y ponderar los argumentos

traídos a su atención, denegó la petición de reconsideración del

Ministerio Público, mediante Resolución emitida el 12 de octubre de

2022.6 El foro primario concluyó que se trata de un nuevo juicio

ante jurado, donde hace un balance entre el derecho a la sustitución

de testimonio por la vía oral (por voz del testigo no disponible), las

garantías de un nuevo juicio, justo e imparcial para los acusados,

4   Apéndice del recurso, págs. 79-80, 81-82.
5   Íd., págs. 83-85, 86-88.
6   Íd., págs. 98, 100.
KLCE202201240                                        Página 5 de 9

salvaguardando los derechos constitucionales y las Reglas de

Evidencia de Puerto Rico.

      Inconformes con el desenlace de la solicitud presentada, el

Pueblo de Puerto Rico recurre ante nos en recurso de certiorari y

plantea que el Tribunal cometió los siguientes errores:

      El Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
      derecho al permitir que la defensa de los recurridos
      pudiera objetar parte del testimonio anterior del testigo
      Valle Franqui, quien falleció y no está disponible, a
      pesar de que en proceso anterior no levantaron esas
      objeciones.

      El Tribunal de Primera Instancia erró al eliminar del
      testimonio anterior del testigo no disponible, las partes
      que ahora objetaron los recurridos, a pesar de que en
      juicio anterior tuvieron la oportunidad de objetar y no
      lo hicieron.

      Con el beneficio de la comparecencia de los recurridos,

procedemos a resolver.

                                 II.

      Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como la de

Puerto Rico consagran el derecho de todo acusado a “carearse con

los testigos de cargo”. Pueblo v. Cruz Rosario, 204 DPR 1040 (2020).

La Cláusula de Confrontación recoge el principio fundamental de

que se ponga al acusado en posición de poder enfrentar a sus

acusadores. Íd., pág. 1048, citando a Pointer v. Texas, 380 US 400,

405 (1965). Este principio está vinculado con el debido proceso de

ley dado que los acusados deben tener la oportunidad para

defenderse de las acusaciones del Estado. Íd.

      El derecho a la confrontación tiene tres (3) vertientes

procesales: (1) derecho al careo o confrontación cara a cara con los

testigos adversos; (2) derecho a contrainterrogar, y (3) derecho a

excluir la prueba de referencia que intente presentar el Ministerio

Público. Pueblo v. Cruz Rosario, supra, citando a Pueblo v. Pérez

Santos, 195 DPR 262, 269–270 (2016). En lo concerniente al recurso

de autos, la tercera vertiente versa sobre declaraciones hechas fuera
KLCE202201240                                                   Página 6 de 9

del juicio que el Ministerio Público intenta presentar como evidencia

sustantiva contra un acusado. Por virtud de la Cláusula de

Confrontación se excluye cierta prueba de referencia que, de lo

contrario, sería admisible bajo las Reglas de Evidencia.

        La aludida Cláusula se activa ante dos tipos de declaraciones:

(1) las que se hacen en el Juicio y (2) las hechas fuera del Juicio y

que son de carácter testimonial.7 En cuanto a la primera, esta

garantiza al acusado que los testigos declaren frente a él y así tenga

la oportunidad de realizar un interrogatorio efectivo. Por el contrario,

en cuanto a las personas que no testifican en el Juicio y se presentan

sus declaraciones testimoniales como prueba de cargo, la Cláusula

de Confrontación le garantiza al acusado que estas serán excluidas

si no cumplen con: (1) la no disponibilidad del declarante para

testificar en el Juicio y (2) que previamente se hubiera tenido la

oportunidad de contrainterrogarlo con relación a las declaraciones

que se presentan como prueba. Pueblo v. Cruz Rosario, supra, pág.

1050.

        De otro lado, es sabido que la prueba de referencia es definida

como toda aquella declaración que no sea la que la persona

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para

probar la verdad de lo aseverado. Regla 801(c) de las de Evidencia,

32 LPRA Ap. VI, R. 801(c). Como regla general, este tipo de evidencia

es inadmisible en los procesos judiciales. Regla 804 de Evidencia,

32 LPRA Ap. VI, R. 804. Su exclusión se debe a la falta de

oportunidad de la parte adversa en contrainterrogar al declarante,

los riesgos que ella representa en cuanto a la narración del evento,

percepción, recuerdo del acontecimiento y sinceridad del declarante.

Pueblo v. Santiago Colón, 125 DPR 442, 446 y 449 (1990) (Sentencia,

7Una declaración “testimonial” es aquella que tiene como propósito primario crear
un sustituto extrajudicial de lo que sería un testimonio en corte. Pueblo v. Santos
Santos, 185 DPR 709, 723 (2012).
KLCE202201240                                          Página 7 de 9

Opinión concurrente del Juez Negrón García); Pueblo v. García

Reyes, 113 DPR 843, 853 (1983). En otras palabras, dicha prueba

lesiona el derecho que tienen las partes a confrontarse con la

evidencia que se presente en su contra. P.N.P. v. Rodríguez Estrada,

Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34-35 (1988). Cabe destacar que, si la parte

adversa tiene o ha tenido la oportunidad de contrainterrogar al

declarante, se disipan los inconvenientes que trae consigo la prueba

de referencia y la declaración realizada debe admitirse en evidencia.

Pueblo v. Santiago Colón, supra, pág. 449.

      Ahora bien, existen excepciones a la regla de exclusión de

prueba de referencia. Estas se codifican por las Reglas 805 a la 809

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805-809. Claro está, si ninguna de

las circunstancias taxativamente enumeradas en los preceptos

antes citados se configura, el foro de instancia deberá descartar la

evidencia ofrecida.

      En   lo   pertinente,   se   encuentra   la   excepción   de   las

declaraciones anteriores de un testigo no disponible. Véase, Regla

806 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 806. Dicho precepto establece:

      (a) Definición; no disponible como testigo.- Incluye
      situaciones en que la persona declarante:
      …
      (4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está
      imposibilitada de comparecer a testificar por razón de
      enfermedad o impedimento mental o físico, o
      …
             No se entenderá que una persona declarante está
      no disponible como testigo si ello ha sido motivado por
      la gestión o conducta de quien propone la declaración
      con el propósito de evitar que la persona declarante
      comparezca o testifique.

      (b) Cuando la persona declarante no está disponible
      como testigo, es admisible como excepción a la regla
      general de exclusión de prueba de referencia lo
      siguiente:

      (1) Testimonio anterior. - Testimonio dado como testigo
      en otra vista del mismo u otro procedimiento, en una
      deposición tomada conforme a Derecho durante el
      mismo u otro procedimiento. Ello si la parte contra
      quien se ofrece ahora el testimonio - o un predecesor en
      interés si se trata de una acción o procedimiento civil -
      tuvo la oportunidad y motivo similar para desarrollar el
KLCE202201240                                           Página 8 de 9

      testimonio       en         interrogatorio          directo,
      contrainterrogatorio o en redirecto.

      …

                                   III.

      En su recurso, la parte peticionaria alega que el TPI erró al

dictar los pronunciamientos objetados y solicita que, luego de

revocarlos, ordenemos al Tribunal eliminar de la declaración del

testigo no disponible únicamente las porciones en las que se hace

referencia al juicio anterior de los recurridos. En esencia, arguye

que, ni la Regla 806 (A)(4) y (B)(1), ni su jurisprudencia interpretativa

reconocen a las partes la facultad de presentar objeciones sobre un

testimonio anterior. Máxime, cuando se trata de un testigo no

disponible por razón de muerte que estuvo sujeto a los exámenes de

contrainterrogatorio    correspondientes     en    presencia    de   los

recurridos previamente. Además, sostiene que no procede la

eliminación de las partes en las cuales se hace referencia a los

exhibits del Ministerio Público, toda vez que cuenta con los testigos

que identificarán y autenticarán dicha prueba.

      Por otro lado, la posición de los recurridos es que este Foro

debe sostener la decisión del TPI, pues, a su juicio, esta no estuvo

basada en error manifiesto, ni abuso de discreción.

      Ponderadas ambas posturas, así como el expediente del caso,

colegimos que le asiste la razón a la parte peticionaria.

      Del récord surge que el señor Valle Franqui no está disponible

por razón de muerte. Su testimonio fue ofrecido en un juicio

anterior, bajo juramento, por un motivo idéntico a las causas de los

casos de epígrafe. Específicamente, el señor Valle Franqui estuvo

sujeto a la intervención de tres (3) letrados que representaban a los

recurridos, quienes efectuaron varios contrainterrogatorios. Así,

somos del criterio que, mediante la presentación de la regrabación
KLCE202201240                                         Página 9 de 9

del testimonio anterior del testigo no disponible, no se le quebranta

a los recurridos su derecho a la confrontación.

      Lo correcto es que se elimine de la declaración en controversia

toda referencia que haga alusión al juicio anterior de los recurridos.

Sin embargo, no procede permitir a la defensa presentar objeciones

a un testimonio de un testigo no disponible, ni mucho menos editar

y omitir partes de la regrabación que fueron objetadas.

      De otra parte, la alegación relacionada a la representación

legal anterior de los recurridos tampoco procede. El hecho de que el

derecho criminal no era el área de expertise de los abogados que

representaron a los recurridos en el primer juicio no implica que su

derecho a la confrontación fuera violentado. Es claro que en el juicio

anterior todos pudieron contrainterrogar al testigo que hoy no está

disponible.

      En vista de lo expuesto, erró el foro a quo al dictar las

resoluciones impugnadas.

                                 IV.

      Por las consideraciones que anteceden, expedimos el auto de

certiorari y revocamos los pronunciamientos recurridos. Se devuelve

el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos,

conforme lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones