Court Opinion

ID: 9952409
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:49:58.845118+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:11.040409
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL1

PVE DEVELOPMENT, CORP.                            Certiorari
                                                  procedente del
        Peticionarios                             Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                                                  Sala de Superior
               v.                   KLCE202400138 de San Juan

AUTORIDAD DE EDIFICIOS                                     Caso Núm.
PÚBLICOS, AUTORIDAD PARA EL                                SJ2020CV06077
FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
                                                           Sobre:
         Recurridos                                        Cobro de Dinero -
                                                           Ordinario

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio, y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

                              R E SO L U C I Ó N

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2024.

                                         I.

       El 2 de febrero de 2024, PVE Development Corp. (PVE o parte

peticionaria) presentó una petición de certiorari en la que solicitó que

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 9 de enero de 2024,

notificada y archivada en autos el 10 de enero de 2024.2 Mediante

el dictamen, el TPI permitió la enmienda de las alegaciones de la

Autoridad de Edificios Públicos (AEP o parte recurrida) tras haberse

concluido el descubrimiento de prueba.

       Ese mismo día, la parte peticionaria radicó una Moción en

auxilio del Tribunal en la que solicitó que ordenáramos la

paralización     de    los   procedimientos        ante    el   TPI   hasta   que

resolviéramos la controversia.

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2021-086.
2 Apéndice de la petición de Certiorari, Anejo 1, págs. 1-2.

Número Identificador
RES2024________________
KLCE202400138                                                                 2

       Como cuestión de umbral, debemos mencionar que la Regla 7

(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7 (B)(5), le confiere a este foro la facultad para prescindir de

escritos, en cualquier caso ante su consideración, con el propósito

de   lograr     su   más     justo   y    eficiente    despacho.     Dadas   las

particularidades de este caso, prescindimos de la comparecencia de

la parte recurrida.

       En     adelante,      pormenorizamos           los   hechos   procesales

relevantes a la petición de Certiorari.

                                         II.

       El caso de marras tuvo su génesis el 12 de noviembre de 2020

cuando PVE presentó una Demanda de cobro de dinero contra la

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la

AEP.3 En la reclamación, la parte peticionaria solicitó al TPI que le

ordenara a la AFI y a la AEP a pagar $482,864.44, más intereses y

honorarios de abogado.

       Después de varios trámites procesales, los cuales incluyeron

la contestación a la Demanda y una transacción entre la parte

peticionaria y la AFI, el 29 de septiembre de 2023, el TPI celebró la

Conferencia con Antelación a Juicio. Concluida la misma, ese mismo

día, el TPI emitió una Minuta en la que redujo a escrito varias

órdenes dadas en corte abierta, a saber, determinó permitir la

enmienda a las alegaciones de la AEP, aprobó el Informe de

conferencia con antelación a juicio y señaló dos fechas para el juicio

en su fondo.4 Ahora bien, la Minuta no estuvo firmada por la jueza

que presidió los procedimientos.

       Inconforme con la determinación de permitir la enmienda de

las alegaciones de la parte recurrida, el 30 de octubre de 2023, PVE

3 Íd., Anejo 2, págs. 3-5.
4Entrada Núm. 85 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
KLCE202400138                                                            3

radicó una petición de certiorari en la que solicitó que se revocara la

orden. Al recurso se le asignó el alfanumérico KLCE202301199.

        El 31 de octubre de 2023, emitimos una Sentencia en la que

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. A nuestro juicio,

no ostentábamos jurisdicción para revisar la determinación del TPI,

toda vez que la Minuta en la que estaba contenida no tenía la firma

de la Jueza que presidió la vista.

        Continuados los procesos, el 9 de enero de 2024, el TPI emitió

la Resolución recurrida en la que redujo a escrito la orden dada en

corte abierta el 29 de septiembre de 2023 respecto a la enmienda de

las alegaciones de la AEP.5 En específico, consignó lo siguiente: “[s]e

permitirá la enmienda a las alegaciones de la parte demandada, toda

vez que hubo oportunidad de llevar a cabo descubrimiento de

prueba, analizar planteamientos y las defensas de ambas partes”.6

        En desacuerdo, PVE presentó la petición de epígrafe y le

imputó al TPI la comisión del siguiente error:

             ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
        PERMITIR LAS ENMIENDAS A LAS ALEGACIONES
        DURANTE LA CONFERENCIA CON ANTELACIÓN AL JUICIO
        Y POSTERIOR A ÉSTA, AUN CUANDO LA DEMANDADA,
        AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS (AEP) NUNCA
        ENMENDÓ SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, NUNCA
        ALEGÓ EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y LUEGO DE
        HABER ACEPTADO LA OBRA.

        Ese mismo día, la parte peticionaria radicó una Moción en

auxilio del Tribunal en la que solicitó que ordenáramos la

paralización de los procedimientos. El juicio en su fondo esta

pautado para el 22 y 23 de abril de 2024.

                                      III.

        El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite          a   un   tribunal   de   mayor   jerarquía   revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

5 Íd., Anejo 1, págs. 1-2.
6 Íd., pág. 2.
KLCE202400138                                                                  4

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

       La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,7 establece las instancias en las

que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de certiorari

sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et als., 202

DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance jurisdiccional del

Tribunal de Apelaciones para atender un recurso de certiorari que

trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de

Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR

703 (2019). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en

la premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y

en   la   cautela     que    debemos       ejercer    para     no    interrumpir

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

97 (2008).

7 Esta Regla dispone que:

       [….]
               El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
       recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
       por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
       esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
       anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
       que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
       estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión.

               Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
       por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
       recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
       a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
       (Énfasis nuestro).
KLCE202400138                                                                  5

       Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de

expedición de un auto de certiorari.8

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

8 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
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conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                   IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la petición de

certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no atisbamos motivo o error alguno que amerite                  nuestra

intervención. No intervendremos con el manejo del caso que ha

establecido   el   TPI.   La   determinación   del   foro   primario   es

esencialmente correcta en derecho.
KLCE202400138                                                       7

                                 V.

      Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del

auto de certiorari. Así resuelto, la Moción en auxilio del Tribunal se

torna académica y no requiere nuestra adjudicación.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones