Court Opinion

ID: 9962809
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:34.690955+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:36.462630
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL XI
                                       APELACIÓN
                                       procedente del Tribunal
   SANTOS RODRÍGUEZ                    de Primera Instancia
  CRESPO Y SU ESPOSA                   Sala de Guayama
     FRANCES MIRIAM
 CINTRÓN RODRÍGUEZ Y                   Caso Núm.
 LA SOCIEDAD LEGAL DE KLAN202400028 PA2019PV00096
    GANANCIALES POR
   ELLOS COMPUESTA                     Sala: 302

         APELADOS                                    Sobre:

               V.                                    COBRO DE DINERO Y
                                                     EJECUCIÓN DE
    FULANO DE TAL,                                   HIPOTECA POR LA
 OSVALDO GALIO NIDO Y                                VÍA ORDINARIA
   SU ESPOSA NAYDA
    IVETTE TIRADO
     HUERTAS Y LA
  SOCIEDAD LEGAL DE
   GANANCIALES POR
  ELLOS COMPUESTA

         APELANTES

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

       Comparecen Osvaldo Galio Nido (señor Galio Nido), su esposa

Nayda Ivette Tirado Huertas (señora Tirado Huertas) y la Sociedad Legal

de Gananciales compuesta por ambos, (en conjunto, los apelantes) y

solicitan la revocación de la Sentencia emitida el 7 de noviembre de 2023

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas (TPI o foro primario),

notificada el 9 de noviembre de 2023. Mediante la referida sentencia, el

foro primario declaró ha lugar las Demandas en cobro de dinero y ejecución

de hipoteca presentadas en contra de los apelantes por Santos Rodríguez

Crespo (señor Rodríguez Crespo), Frances Miriam Cintrón Rodríguez

(señora Cintrón Rodríguez) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos, (en conjunto, los apelados), en los casos consolidados, con

designación      alfanumérica   PA2019PV00094,        PA2019PV00095        y

Número Identificador
SEN2024 ________
KLAN202400028                                                              2

PA2019PV00096. Concluyó el TPI a base de la prueba oral desfilada, que

el señor Rodríguez Crespo no es prestamista, por lo que ninguna ley

especial le requería tener licencia para otorgar los préstamos garantizados

con los pagarés hipotecarios objeto de las demandas de cobro de dinero y

ejecución de hipoteca presentadas en contra de los apelantes.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos

la Sentencia apelada.

                                  I

      El tracto procesal del caso que nos ocupa inició el 30 de abril de

2019, fecha en que los apelados presentaron ante el foro primario

demandas de sustitución de pagarés extraviados en contra de los

apelantes en los casos consolidados, cuya designación alfanumérica es

PA2019PV00094, PA2019PV00095 y PA2019PV00096. El TPI permitió

enmendar las demandas para incluir como segunda causa de acción el

cobro de dinero y ejecución de hipoteca resultantes del incumplimiento de

pago de los pagarés garantizados. El 14 de mayo de 2021, el foro primario

emitió Sentencia Parcial en la que declaró Ha Lugar la cancelación de los

pagarés originales y su sustitución.

      En las demandas de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en los

casos consolidados, los apelados reclamaron el pago de los principales y

sus intereses anuales a partir del 4 de febrero de 2016, tras modificarse los

mismos al 6%.      Los apelados alegaron además, que los apelantes

suscribieron, por valor de recibido, los siguientes pagarés y las partes

demandantes son los tenedores por valor pagado y de buena fe,

poseedores de los pagarés para su cobro, y dueños de los préstamos

objeto de la Demanda, los cuales desglosan a continuación;

      A. Escritura de Hipoteca Número 17, del 25 de junio de 2001 por
      la cantidad de $160,000.00, al 10% de intereses anual,
      Vencimiento el 25 de julio de 2008. Pagos mensuales de
      intereses, sin abono al principal, de $1,333.33. Modificaciones:
      • A partir de 21 de noviembre de 2014, se modifica el interés
      anual del 10% al 8%, pagos mensuales de intereses, sin abono
      al principal de 1,066.66. • A partir de 4 de febrero de 2016, se
      modifica el interés anual del 8% al 6%, pagos mensuales de
      intereses, sin abono al principal de $800.00.
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      B. Hipoteca del 23 de noviembre de 2004, Escritura Número 50,
      por la cantidad de $240,000.00, al 10% de intereses anual,
      Vencimiento 25 de julio de 2008. Pagos mensuales de intereses,
      sin abono al principal, de $2,000.00. Modificaciones:

      • A partir de 21 de noviembre de 2014, se modifica el interés
      anual del 10% al 8%, pagos mensuales de intereses, sin abono
      al principal de $1,600.00.
      • A partir de 4 de febrero de 2016, se modifica el interés anual del
      8% al 6%, pagos mensuales de intereses, sin abono al principal
      de $1,200.00.

      C Hipoteca por la cantidad de $91,700.00, al 8% de intereses
      anual. Pagos mensuales de intereses, sin abono al principal, de
      $611.33, comenzando el 25 de diciembre de 2014.

      • A partir de 4 de febrero de 2016, se modifica el interés anual del
      8% al 6%, pagos mensuales de intereses, sin abono al principal
      de $458.50.

      La descripción registral de la propiedad que garantiza la obligación

de pago de los apelantes es la siguiente:

      ---URBANA: Parcela de terreno de exactamente cero punto
      cincuenta centésimas con setenta y seis milésimas de cuerda,
      equivalentes a mil novecientos noventa y cuatro punto ochenta y
      seis metros cuadrados (1994.86 m.c.), en colindancias por el
      NORTE con la Quebrada Mamey Chiquito que la divide con
      terrenos de Petra González, midiendo por el Este, ciento
      veintitrés (123) varas; por el SUR, la finca que se segrega,
      propiedad de Félix González Pérez, por donde mide veinticuatro
      (24) varas; por el ESTE, con carretera de Patillas a San Lorenzo,
      por donde mide dieciséis (16) varas; y por el OESTE, con
      terrenos del pueblo de Puerto Rico, por donde enclava escuela
      pública, por donde mide once (11) varas.-------------------------La
      propiedad está inscrita a favor de Osvaldo Galio Nido y Naida
      Ivette Tirado Huertas.---------------------------------------------------------
      ------------------------------------------Número de Catastro: 398-078-
      009-06-004.------------------------------------------------        ---Consta
      inscrita al folio 21 del tomo 71 de Patillas, Finca 3702, Registro
      de la Propiedad de Guayama.----------------------------------------------
      -----------------------------

      Tras varios incidentes procesales los apelados solicitaron al foro

primario que emitiera Sentencia Sumaria y declarara ha lugar las tres

demandas de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. En síntesis, estos

alegaron que de la prueba presentada se desprende la existencia de tres

préstamos hipotecarios y que la deuda es líquida, vencida y exigible.

      Por su parte, el 31 de enero de 2022, los apelantes presentaron ante

el TPI una réplica a la solicitud de sentencia sumaria de los apelados y

solicitaron al foro primario que concluyera sumariamente que el señor

Rodríguez Crespo se dedicaba al negocio de prestar dinero sin tener
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licencia de prestamista y que cobraba intereses usureros. Sobre esos

extremos argumentaron los apelantes que debido a que los préstamos se

originaron con intereses anuales usureros, sus pagos por intereses debían

ser considerados pagos al principal, por lo que existía una diferencia a su

favor de $164,822.49. Señalaron además, los apelantes que procedía la

aplicación de una penalidad por préstamo usurero, por lo que solo les

correspondía pagar al señor Rodríguez Crespo el 75% del principal y el

restante 25% al Estado Libre Asociado (ELA).

        Mediante Resolución emitida el 17 de marzo de 2022, el foro

primario decretó como usureros los Préstamos Hipotecarios, por los

montos de $160,000.00 y $240,000.00 y ordenó la celebración de la vista

evidenciaría para determinar la suma total de los pagos de intereses

ilegales realizados por la parte demandada a la parte demandante, los que

se descontaran al principal adeudado. En cuanto a estos dos préstamos

resolvió, además, aplicar la penalidad establecida en el Artículo 1652 del

Código Civil, pagando el 75% del principal al demandante y el 25% del

principal al ELA, por estos préstamos hipotecarios. Sin embargo, el TPI

declaró No Ha Lugar a la solicitud para que se decretara usurero el

préstamo por $91,700.00, así como la solicitud para que se decretara que

los apelantes adeudaban a los apelados la cantidad de $29,579.99 por

concepto de mensualidades anteriores no pagadas o satisfechas

        Finalmente, mediante la aludida Resolución de 17 de marzo de

2022, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud para que se declarara la

nulidad de los pagarés hipotecarios fundamentada en que el señor

Rodríguez Crespo debía ser catalogado como prestamista sin licencia

al momento de realizar los préstamos. Sobre estos extremos, el foro

primario determinó que existía controversia referente a si el señor

Rodríguez Crespo debía o no ser catalogado como prestamista. Para

dilucidar esa controversia el TPI señaló vista para el 30 de agosto de

2023.
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          Posteriormente, el 21 de abril de 2023, el TPI celebró vista en la que

delimitó la controversia del caso ante su consideración al aspecto exclusivo

de si se catalogaba o no al señor Rodríguez Crespo como prestamista al

momento de realizar los préstamos y las consecuencias de tal

determinación sobre la validez o invalidez de dichos préstamos. Destacó

además, el foro primario que una vez adjudicado dicho asunto evaluaría el

juicio plenario y que la Resolución emitida el 17 de marzo de 2022 no había

sido revisada por las partes.1

          El 30 de agosto de 2023 el TPI celebró el juicio en sus méritos y las

partes estipularon la siguiente prueba documental:

          Exhibit 1A al Exhibit 1F Recibos año 2001 (seis recibos) 2 folios
          (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden Anejando
          Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados, Entrada 75 en
          SUMAC en

          Exhibit 2A al Exhibit 2K Recibos año 2002 (once recibos) 3 folios
          (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden Anejando
          Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados, Entrada 75 en
          SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de marzo de2023)

          Exhibit 3A al Exhibit 3L Recibos año 2003 (doce recibos) 3 folios
          (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden Anejando
          Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados, Entrada 75 en
          SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de marzo de 2023)

          Exhibit 4A al Exhibit 4L Recibos año 2004 (doce recibos) 3 folios
          (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden Anejando
          Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados, Entrada 75 en
          SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de marzo de 2023)

          Exhibit 5A al Exhibit 5O Recibos año 2005 (quince recibos) 3
          folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
          Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
          Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
          marzo de 2023)

          Exhibit 6A al Exhibit 6T Recibos año 2006 (veinte recibos) 4 folios
          (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden Anejando
          Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados, Entrada 75 en
          SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de marzo de 2023)

          Exhibit 7A al Exhibit 7U Recibos año 2007 (veintiún recibos) 5
          folio (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
          Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
          Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
          marzo de 2023)

          Exhibit 8A al Exhibit 8S Recibos año 2008 (diecinueve recibos) 4
          folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden

1
    Véase Minuta de 21 de abril de 2023, Entrada Núm. 88 de SUMAC.
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      Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Exhibit 9A al Exhibit 9O Recibos año 2009 (quince recibos) 3
      folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
      Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Exhibit 10A al Exhibit 10U Recibos año 2010 (veintiún recibos) 5
      folios (presentados en Moción en Cumplimientos de Orden
      Anejando Digitalmente Totalidad Des Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Exhibit 11A al Exhibit 11Y Recibos año 2011 (veinticinco recibos)
      5 folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
      Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Exhibit 12A al Exhibit 12L Recibos año 2012 (doce recibos) 3
      folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
      Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Exhibit 13A al Exhibit 13K Recibos año 2013 (once recibos) 3
      folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
      Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Exhibit 14A Recibos año 2014 (un recibo) 1 folio (presentados en
      Moción en Cumplimiento de Orden Anejando Digitalmente
      Totalidad De Recibos Estipulados, Entrada 75 en SUMAC en el
      caso PA2019CV00095 del 30 de marzo de 2023)

      Exhibit 15A al Exhibit 15F Recibos año 2015 (seis recibos) 2
      folios (presentados en Moción en Cumplimiento de Orden
      Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

        Exhibit 16A al Exhibit 16Z Recibos año 2016 (veintiséis
      recibos) 7 folios (presentados en Moción en Cumplimiento de
      Orden Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

        Exhibit 17A al Exhibit 17S Recibos año 2017 (diecinueve
      recibos) 5 folios (presentados en Moción en Cumplimiento de
      Orden Anejando Digitalmente Totalidad De Recibos Estipulados,
      Entrada 75 en SUMAC en el caso PA2019CV00095 del 30 de
      marzo de 2023)

      Mediante Sentencia emitida 7 de noviembre de 2023, notificada el 9

de noviembre de ese año el foro primario declaró ha lugar las Demandas

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentadas en contra de los
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apelantes por el señor Rodríguez Crespo. Concluyó el TPI, que el señor

Rodríguez Crespo no es prestamista; que aunque ha prestado dinero ha

cambio de intereses, este no se ha dedicado al negocio de prestar dinero

por lo que ninguna ley especial le requería tener licencia de prestamista.

En dicha Sentencia el foro primario hizo las siguientes determinaciones de

hecho:

                     DETERMINACIONES DE HECHOS

1.La parte demandante prestó el total de $491,700.00 de principal en los tres
préstamos. Los prestamos son:

      I. El 25 de junio de 2001, mediante Hipoteca por la cantidad de
      $160,000.00, al 10% de intereses anual. Vencía el 25 de julio de 2008.
      Pagos mensuales de $1,333.33.

      II. El 23 de noviembre de 2004 mediante Hipoteca por la cantidad de
      $240,000.00, al 10% de intereses anual. Vencía el 25 de julio de 2008.
      Pagos mensuales de $2,000.00.

      III. Contrato de modificación de Hipoteca, en cuanto a variar el
      porciento de interés anual
      A partir de 21 de noviembre de 2014, se modifica el interés anual del
      10% al 8%.
      Se modifica las dos hipotecas:
      1. Por $160,000.00
      2. Por $240,000.00
      3. Pagaran intereses mensuales por la cantidad de $2,666.66,
      comenzando el 25 de diciembre del año 2014.

      IV. Hipoteca por la cantidad de $91,700.00, al 8% de intereses anual.
      Pagos mensuales de $611.33, comenzando el 25 de diciembre de
      2014.
      A. Total de intereses a pagar al 8% por las tres hipotecas a partir de 25
      de diciembre del año 2017, $3,277.99
      B. $2,666.66 + $611.33 = Total $3,277.99

      V. Contrato de modificación de Hipoteca en cuanto a variar el porciento
      de interés anual.
      A. A partir de 4 de febrero de 2016, se modifica el interés anual del 8%
      al 6%.
      B. Se modifica las tres Hipotecas:
      1. Por $160,000.00
      2. Por $240,000.00
      3. Por $91,700.00
      C. Pagaron intereses mensuales de $2,458.50, se desglosan a
      continuación:
      1. Hipoteca $160,000.00 x 6% = $9,600.00 dividido 12 = $800.00
      2. Hipoteca $240,000.00 x 6% = $14,400.00 dividido 12 = $1,200.00
      3. Hipoteca $91,700.00 x 6% = $5,502.00 dividido 12 = $458.50
                                                         TOTAL $2,458.50
KLAN202400028                                                                  8

2. Los acreedores, Santos Rodríguez Crespo, su esposa Frances Miriam
Cintrón Rodríguez y si sociedad legal de gananciales presentaron tres (3)
demandas para cobrar sus acreencias antes descritas, a saber:

       A. En la demanda PA2019CV00094 reclaman la Hipoteca $160,000.00
       a razón de un 6% de interés según se modificó mediante Contrato de
       modificación de Hipoteca en cuanto a variar el porciento de interés
       anual, a partir de 4 de febrero de 2016, donde se modifica el interés
       anual del 8% al 6%. Originalmente el interés de este préstamo era al
       10%.

       B. En la demanda PA2019CV00095 reclaman la Hipoteca $240,000.00
       a razón de un 6% de interés según se modificó mediante Contrato de
       modificación de Hipoteca en cuanto a variar el porciento de interés
       anual, a partir de 4 de febrero de 2016, donde se modifica el interés
       anual del 8% al 6%. Originalmente el interés de este préstamo era al
       10%.

       C. En la demanda PA2019CV00096 reclaman la Hipoteca $91,700.00
       a razón de un 6% de interés según se modificó mediante Contrato de
       modificación de Hipoteca en cuanto a variar el porciento de interés
       anual, a partir de 4 de febrero de 2016, donde se modifica el interés
       anual del 8% al 6%. Originalmente el interés de este préstamo era al
       8%.

3. Don Santos Rodríguez Crespo es comerciante y tuvo negocio de gas fluido
el cual rentó y recibe renta de casas de su propiedad de las cuales no recuerda
cuántas.

4. Este reside en una casa de su hija donde solo paga el mantenimiento del
seguro y de control de acceso.

5. Don Santos Rodríguez Crespo declaró, bajo juramento, que no es
prestamista, no se ha dedicado al negocio de prestar dinero y, que ha
prestado dinero a cambio de cobrar intereses los cuales ha reportado en las
planillas a través de su contable ante el Departamento de Hacienda de Puerto
Rico.

6. Con relación a los préstamos que ha hecho Don Santos, de tiempo en
tiempo, a preguntas del licenciado Bello Rivera, bajo juramento, el señor
Santos Rodríguez declaro que, los mismos se hicieron con el Lcdo. Carlos
Rodríguez, fallecido.

7. La fecha del primer préstamo a los demandados fue el 25 de junio de 2001
por la cantidad de $160,000.00 dólares.

8. Don Santos Rodríguez Crespo les ha prestado dinero a sus familiares.

9. Don Santos Rodríguez Crespo le ha hecho diferentes préstamos a otras
personas y corporaciones.

10. El señor Santos Rodríguez declara que, todos los préstamos eran con
garantía de hipoteca.

11. El Sr. Galio Nido acepto que recibió el importe de los tres préstamos y tenía
el capital en préstamo de $491,000.00 dólares en la totalidad de los préstamos.

12. El primer préstamo fue de $160,000.00 pactado al diez por ciento (10% de
interés). Ese préstamo se modificó al ocho por ciento (8%) de interés a partir
del 4 de febrero de 2016.
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13. El Sr. Galio Nido aceptó, además, haberle solicitado el préstamo a Don
Santos para comprar gasolina para su estación de gasolina y consolidar
deudas. Deudas que pagó y se benefició de ese dinero.

14. El Sr. Galio Nido aceptó que las cantidades que establecen los recibos
estipulados en evidencia concuerdan con la cantidad que se supone que
pagara de intereses mensualmente.

       Conforme a las anteriores determinaciones de hechos, el foro

primario concluyó que los tres préstamos con garantía hipotecaria

otorgados por el señor Rodríguez Crespo a los apelantes son válidos

y que ninguna ley especial le requería a este tener una licencia del CIF para

prestar dinero a los apelantes. Razonó el TPI que no significa que los

préstamos objeto de la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca

estén exentos de regulación sino que estos están regulados por el Código

de Civil.

       Así las cosas, el foro primario ordenó a los apelantes a pagar el 75%

del principal de los préstamos de $160,000.00 y $240,000.00 así como el

10% de esas cantidades para el pago de costas, gastos y honorarios de

abogados según pactados. Ordenó además que el veinticinco por ciento

(25%) restante fuera adjudicado y recobrado por el Estado Libre Asociado

De igual forma, resolvió el TPI que los apelantes deben pagar el 8% de

interés, a partir del 25 de junio de 2001, en el de $160,000.00 y en el de

$240,000.00 a partir del 23 de noviembre de 2004. En esos préstamos el

foro primario concluyó que a partir del 4 de febrero de 2016 los apelantes

deberán pagar el interés anual modificado del 8% al 6%. Finalmente, el

TPI dispuso que los apelantes deberán pagar además, el total del balance

de cancelación del préstamo de $91,700.00, el 8% de interés anual y a

partir de 4 de febrero de 2016, deberán pagar el interés anual modificado

del 8% al 6% y el 10% de esa cantidad para el pago de costas, gastos, y

honorarios de abogados según pactados. Por último, el foro primario

ordenó que los intereses cobrados en exceso de los préstamos de

$160,000.00 y $240,000.00 fueran acreditados a los intereses que

válidamente podía cobrar el acreedor y de sobrepasar esos intereses

dispuso el TPI que estos
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      se acreditarán al 75% que tiene derecho a cobrar el acreedor

principal. El foro primario ordenó igualmente a los apelantes pagar además,

los intereses acumulados desde que dejó de pagar los préstamos.

      En desacuerdo, los apelantes presentaron el recurso de epígrafe y

señalan la comisión de los siguientes errores por parte del foro primario:

             PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
             DE PRIMERA INSTANCIA AL NO CONCLUIR QUE EL
             DEMANDADO ES UN PRESTAMISTA QUE
             MANTIENE UNA VOLUMINOSA Y LONGEVA
             ACTIVIDAD COMERCIAL AL MARGEN DE LA LEY,
             SIN POSEER LICENCIA PARA TALES NEGOCIOS
             EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

             SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE
             TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
             DECLARAR     LOS     TRES     PRÉSTAMOS
             HIPOTECARIOS DE LOS QUE TRATA LA DEMANDA
             COMO NULOS, AL HABER SIDO GENERADOS SIN
             LICENCIA EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DE
             PUERTO RICO.

             TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL NO DECLARAR NULOS AB INICIO
             LOS PRIMEROS DOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
             EXPEDIDOS    POR   EL   DEMANDANTE     AL
             DEMANDADO POR HABERSE GENERADO DICHOS
             PRÉSTAMOS A UN INTERÉS ILEGAL (USURERO),
             INDEPENDIENTEMENTE     DE    QUE     ESOS
             INTERSESES        SE         ENMENDARAN
             POSTERIORMENTE.

             CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
             INSTANCIA AL VIOLENTAR CON SU SENTENCIA LA
             LEY DEL CASO SEGÚN ESTABLECIDA EN LA
             RESOLUCIÓN         PREVIA     ADJUDICANDO
             SENTENCIAS      SUMARIAS   DICTADA    MÁS
             TEMPRANO EN EL MISMO CASO POR OTRO JUEZ
             INSTRUCTOR,      EL   HONORABLE     HARRY
             RODRÍGUEZ GUEVARA.

             QUINTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
             DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA
             IGNORANDO     LA    EVIDENCIA  TESTIFICAL
             DESFILADA EN JUICIO, DEMOSTRANDO ASI
             PERJUICIO Y PARCIALIDAD.

             SEXTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
             DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA
             IGNORANDO    LA   EVIDENCIA  DOCUMENTAL
             ESTIPULADA PARA EL JUICIO.

             SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE
             TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL HABER
             DICTADO SENTENCIA EN CONTRA DEL APELANTE
             LUEGO     DE      HABERLE     SOLICITADO
KLAN202400028                                                           11

             FORMALMENTE, POR ESCRITO, UN PROYECTO DE
             SENTENCIA.

      En respuesta, el 9 de febrero de 2024, los apelados presentaron

Alegato en Oposición. En esencia, sostienen que el foro primario determinó

que el señor Rodríguez Crespo no es prestamista, a base de su testimonio,

al cual el TPI le adjudicó entera credibilidad. Razonan los apelados que

dicho hecho probado llevó al foro primario a concluir correctamente que

para otorgar los préstamos hipotecarios objeto de las reclamaciones, el

señor Rodríguez Crespo no tenía que obtener licencia de prestamista y que

los apelantes no probaron que este se dedicara o tuviera como negocio o

actividad principal, originar, financiar, refinanciar, cerrar, vender ni

administrar préstamos hipotecarios sobre bienes inmueble. De igual forma

sostiene que el foro primario concluyó correctamente que los contratos de

préstamo son válidos al amparo del Código Civil de 1930, vigente al

momento de contraerse las obligaciones; que el TPI resolvió conforme a la

prueba documental estipulada por las partes y que además, con respecto

a los intereses excesivos aplicó correctamente el Artículo 1652 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 4594, en cuanto a la forma de hacer efectiva

en un tribunal el importe del capital adeudado

                               A.

      La Ley Núm. 247 de 30 de diciembre de 2010, ( Ley Núm.247-2010),

mejor conocida como la Ley para Regular el Negocio de Préstamos

Hipotecarios de Puerto Rico, 7 L.P.R.A. § 3051 et seq., aplica a toda

persona que se dedique parcial o totalmente al negocio de concesión de

préstamos hipotecarios, al negocio de corretaje de préstamos hipotecarios,

o a la originación de préstamos hipotecarios para todos los fines. La Ley

Núm.247-2010 define el [n]egocio de concesión de préstamos hipotecarios

como uno: […] mediante el cual se otorgan uno o varios adelantos en

efectivo o su equivalente, hechos por un prestamista (comúnmente

conocido como acreedor hipotecario) evidenciado por una escritura de

constitución de hipoteca que grava debidamente uno o varios bienes
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inmuebles, donde se fijan las condiciones y la forma de pago o liquidación

del préstamo. 7 L.P.R.A. § 3051(w)

      La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) es

una entidad gubernamental que creó la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de

1985, conocida como la Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras Entre las leyes administradas y reglamentadas por la OCIF se

encuentra la Ley Núm. 247-2010, 7 LPRA sec.3051 et seq.,

      En lo pertinente, el Artículo 1.2 de la Ley Núm.247-2010 contiene las

siguientes definiciones aquí aplicables:

      Artículo 1.2.-Definiciones

      (m)“Familia Inmediata”: el cónyuge o la cónyuge, los hijos,
      hermanos, padres, abuelos o nietos. Incluirá, además, a los
      padrastros, hijastros, hermanastros y las relaciones adoptivas
      ……
      (s)“Institución hipotecaria”: toda persona natural o jurídica
      cuyo negocio o actividad principal es el de originar,
      financiar, refinanciar, cerrar, vender y administrar préstamos
      hipotecarios sobre bienes inmuebles; además, actuar o servir
      como intermediario ofreciendo sus servicios a compañías de
      seguros, bancos, fideicomisos, fondos de pensiones y a otros
      individuos o entidades de inversión privada o gubernamental que
      invierten parcial o totalmente sus activos en préstamos
      hipotecarios o en la concesión de éstos para financiar o
      refinanciar la adquisición de bienes inmuebles localizados en
      Puerto Rico.
      …..
      (u) Licencia: la autorización escrita expedida por el Comisionado
      o su representante, mediante la cual se autoriza a una persona
      a dedicarse al negocio de concesión de préstamos
      hipotecarios, al negocio de corretaje de préstamos hipotecarios,
      o al de originación de préstamos hipotecarios, de acuerdo con las
      disposiciones de esta Ley.
      ……
      (w) Negocio de concesión de préstamos hipotecarios.- El
      negocio mediante el cual se otorgan uno o varios adelantos en
      efectivo o su equivalente, hechos por un prestamista
      (comúnmente conocido como acreedor hipotecario) evidenciado
      por una escritura de constitución de hipoteca que grava
      debidamente uno o varios bienes inmuebles, donde se fijan las
      condiciones y la forma de pago o liquidación del préstamo.
      Incluye además, la administración de préstamos hipotecarios,
      según se define en el inciso (b) de esta sección.
       ….
      (dd) Persona: cualquier persona natural que se dedique a la
      originación de préstamos hipotecarios o cualquier persona
      natural o jurídica, incluyendo, pero sin limitarse a, individuos,
      sociedades, corporaciones, fideicomisos, o cualquier otra entidad
      jurídica dedicada a cualesquiera actividades relacionadas a la
      concesión o corretaje de préstamos hipotecarios.

      (ee) Préstamo Hipotecario: uno o varios adelantos en efectivo,
      o su equivalente, hechos por un prestamista (comúnmente
      conocido como acreedor hipotecario) evidenciado por una
      hipoteca, pagaré u otra evidencia de deuda acordada entre las
KLAN202400028                                                                   13

         partes, que grava debidamente uno o varios bienes inmuebles,
         donde se fijan las condiciones y la forma de pago o liquidación
         del préstamo.

         7 L.P.R.A. § 3051

         El Artículo 1.3 de la Ley 247-2010 dispone expresamente que el

estatuto aplicará “a toda persona que se dedique parcial o totalmente

al negocio de concesión de préstamos hipotecarios o a la originación

de estos, según definido en el Artículo 1.2 del Capítulo 1 de esta ley. 7

LPRA sec. 3051a (Énfasis suplido)

         En lo pertinente al requisito de licencia, el Artículo 2.1 de la Ley Núm.

247-2010 dispone lo siguiente:

                Ninguna persona o individuo, excepto aquellas excluídas en
                las secs.3053, 3054 y 3055 de este título, podrá dedicarse al
                negocio de concesión de préstamos hipotecarios, al negocio
                de corretaje de préstamos hipotecarios o a la originación de
                préstamos hipotecarios en Puerto Rico, sin antes obtener
                una licencia expedida bajo este capítulo por el
                Comisionado como se dispone más adelante. 7 LPRA sec.
                3052.

         De igual forma, la “Ley para Reglamentar el Negocio de

Intermediación Financiera” Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995, según

enmendada, 7 L.P.R.A. § 1071 et. seq., requiere también una licencia y

solo regula el negocio de intermediación financiera. que se define como

sigue:

         ”Dedicarse a ofrecer servicios o a actividades de planificación,
         consultoría o asesoramiento financiero, concesión de
         préstamos, o corredor de préstamos y financiamientos que no
         sean préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles
         residenciales, mediante contacto personal, telefónico o
         escrito, o mediante anuncios en periódicos, publicaciones,
         hojas sueltas, rótulos, cruza calles, guía telefónica, radio,
         televisión o a través de cualquier otro medio similar, o prestar
         dichos servicios a una persona que no sea su pariente dentro
         del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de
         afinidad, y que la prestación de dichos servicios requiera el
         pago de un cargo por servicio por parte de la persona para
         quien se gestiona, tramita, planifica, concede u obtiene el
         préstamo o financiamiento o de un tercero por acuerdo entre
         las partes” La exposición de motivos de la referida ley
         establece que a quien va dirigida la reglamentación, es, al
         intermediario entre el que presta y el que toma prestado.

         7 LPRA sec.1071 (j)

                                      B.
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        El Art. 1631 del Código Civil de 1930, 31 LPRA Sección 4511,

vigente al momento en que se otorgaron los préstamos en el caso que nos

ocupa, definía el contrato de préstamo como sigue:

        Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la
        otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto
        tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o
        dinero u otra cosa fungible, con condición devolver otro tanto
        de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva
        simplemente el nombre de préstamo.
        El comodato es esencialmente gratuito.
        El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de
        pagar interés.
        (Énfasis suplido)

        Una vez se consuma el contrato de préstamo, nace la obligación del

prestatario de devolver el dinero prestado en la fecha y lugar designado en

el contrato, incluyendo el pago de los intereses devengados. Véase, Arts.

1124 y 1125 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA secs. 3174

y 3175.

        De otra parte, cuando el contrato de préstamo incluye el pacto de

intereses, el Artículo 1452 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 4594

dispone que estos intereses no pueden exceder los límites establecidos en

el establecidos en el Artículo 1649 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec.

4591.

        Las normas dirigidas a evitar el cobro de intereses usureros o

excesivos, que sobrepasan las tasas máximas establecidas por ley, así

como también las sanciones económicas a imponerse a aquellos que

pretenden gestionar dicho cobro en los tribunales, se establecen en el

Artículo 1452 del Código Civil de 1930, que en lo pertinente dispone

expresamente lo siguiente:

        Excepto como queda autorizado por la sec. 4593 de este título,
        ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o
        indirectamente, dinero o mercancías, a un tipo de interés
        mayor por el préstamo o la prórroga del préstamo de algún
        dinero, que el tipo fijado por las secs. 4591 a 4599 de este
        título. Nada de lo contenido en estas secciones se interpretará
        en el sentido de prohibir la venta de efectos al contado a un
        precio más bajo que al crédito.

        Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se
        convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés
        mayor que el que se permite por las secs. 4591 a 4599 de este
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      título, podrá hacerse efectivo en un tribunal de Puerto Rico,
      sino por el importe del capital adeudado; y el tribunal
      deberá, además, disponer en la sentencia condenando al
      deudor al pago del capital que el acreedor recobre
      solamente de su deudor el setenta y cinco (75) por ciento
      de dicho capital y que el veinticinco (25) por ciento
      restante sea adjudicado y recobrado por el Estado Libre
      Asociado de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento
      de ejecución, del mismo modo que el demandante, y sin
      preferencia sobre el montante adjudicado a éste, para hacer
      efectivo el veinticinco (25) por ciento así adjudicado.
      Los derechos definidos en esta sección no son renunciables.

      31 LPRA sec. 4594.

      Por consiguiente, los intereses pactados de forma usurera no hacen

nula la obligación reclamada ni tampoco impiden su cobro por la vía judicial.

Ahora bien, solamente podrá hacerse efectivo el importe del capital

adeudado. Véase, J.E. Candal & Co. v. Rivera, 86 DPR 508, 517

(1962). Es decir que, en su sentencia, además de condenar al deudor al

pago del capital adeudado, el tribunal deberá disponer que el acreedor

recobre únicamente el setenta y cinco por ciento (75%) de dicho capital,

siendo el veinticinco por ciento (25%) restante adjudicado y recobrado por

el Estado Libre Asociado. Giráu v. González, 73 DPR 410, 414-415

(1952).

      En lo pertinente, en Perdomo v. Sucn. Matilde Cintrón, 114 DPR

126, 127 (1983) el Tribunal Supremo concluyó lo siguiente:

      “Resolvemos en este caso que el poseedor de unos pagarés
      hipotecarios en que se fijan intereses en exceso de los
      permitidos por legislación sobre usura, cuyos intereses no han
      sido pagados por el deudor, se libera de las penalidades
      dispuestas, por el Art. 1652 del código civil, 31 LPRA sec.
      4594, si al reclamar el pago de la deuda por vía judicial, limita
      su reclamación de intereses en la demanda al tipo de interés
      máximo que le sería dable recobrar bajo dicha legislación. La
      demanda así interpuesta constituye una renuncia efectiva al
      cobro de los intereses usurarios que le releva de penalidades
      en virtud del Art. del Código Civil, 31 LPRA sec. 4596

                                   C.

       Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece

la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos
KLAN202400028                                                             16

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic

Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 779 (2022). Al respecto, la

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que “[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar

la credibilidad de los testigos”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

       Es decir, un tribunal apelativo no tiene facultad de sustituir por sus

propias apreciaciones las determinaciones del foro de instancia. Serrano v.

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). La razón jurídica detrás de esta

normativa se fundamenta en la apreciación que hace el adjudicador de los

hechos de la prueba testifical, porque al ser una tarea llena de elementos

subjetivos, es él quien está en mejor posición para aquilatarla. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). El Tribunal de

Primera Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar el

testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Basándose en ello, adjudica la

credibilidad que le merecen los testimonios. Así, la declaración directa de

un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de hechos, es prueba

suficiente de cualquier hecho. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR

345, 357 (2009).

       A tenor con lo anterior, se le concede respeto a la adjudicación de

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos, dado que el

foro   apelativo    cuenta     solamente     con    “récords     mudos     e

inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).

       No obstante, la norma de deferencia judicial tiene límites y no

supone una inmunidad absoluta frente a la función de los tribunales

revisores. El Tribunal Supremo aclaró en Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, supra, por primera vez, qué constituye que un juez adjudique

con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su determinación sea un error

manifiesto. Allí se concluyó que un juzgador incurre en pasión, prejuicio o
KLAN202400028                                                                  17

parcialidad si actúa “movido por inclinaciones personales de tal intensidad

que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes

o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”. Íd., pág.

782.

       La facultad de los tribunales apelativos para sustituir el criterio de los

tribunales de instancia se reduce a aquellas circunstancias en las que, a la

luz de la prueba admitida, “no exista base suficiente que apoye su

determinación”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794

(2020). Como es conocido, las diferencias de criterio jurídico no cumplen

con el referido estándar de revisión. Íd.

       En lo referente a las apelaciones dirigidas a cuestionar la

apreciación de la prueba efectuada por el foro primario, La Regla 19 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en lo pertinente, establece lo

siguiente:

       (A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error
       relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la
       apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado,
       someterá una transcripción, una exposición estipulada o una
       exposición narrativa de la prueba.

       (B) La parte apelante deberá acreditar, dentro del término de
       diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el
       método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el
       que propicia la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el
       tribunal determinar el método que alcance esos propósitos. 4
       LPRA Ap. XXII-B, R. 19.

       Lo anterior responde a la norma de corrección que les cobija a las

determinaciones consignadas por el foro primario en su sentencia las

cuales dan base al principio de deferencia. En consecuencia, es imperativo

que quien impugne dichas determinaciones o caracterice de erróneas la

apreciación o suficiencia de la prueba, reproduzca la prueba que tuvo ante

sí el foro sentenciador mediante cualquiera de los métodos aceptados para

ello. En ese sentido, se debe cumplir de manera rigurosa los tramites

prescritos en las leyes y reglamentos que rigen el perfeccionamiento de los

recursos apelativos. Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR

585, 590, (2019);
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Soto Pino v. Uno Radio Grp., 189 DPR 90, (2013); Hernández Maldonado

v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 290 (2011). De no hacerlo, no se

coloca al foro revisor en posición de ejercer adecuada y responsablemente

su función revisora por lo que debe prevalecer la norma de deferencia y

presunción de corrección a las determinaciones del tribunal primario Morán

v. Martí, 165 DPR 356, (2005).

                                   D.

       Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que la práctica de los

tribunales de solicitar a las partes que sometan proyectos de sentencia no

es censurable per se. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982). Los

proyectos de sentencia son de utilidad para los magistrados, ya que les

auxilia cuando se encuentran sobrecargados de causas judiciales que

deben atender. Baez García v. Cooper Labs., Inc. 120 DPR 175 (1987).

Estos proyectos constituyen un elemento de ayuda para los jueces, les

sirven como punto de partida o documentos de trabajo en la elaboración de

la determinación que decidan emitir finalmente. Nieves Díaz v. González

Massas, 178 DPR 820,853 (2010).

       El Canon 9 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, dispone

expresamente que las juezas y los jueces “[e]n cualquier asunto sometido

a su consideración podrán, cuando a su juicio lo requieran los fines de la

justicia, solicitar proyectos e sentencias, resoluciones u órdenes, los cuales

se podrán utilizar como instrumento auxiliar.

Este Canon 9 no censura el uso de proyectos de sentencia, más bien

reafirma que estos son instrumentos auxiliares para los jueces y las juezas.

Ahora bien, el más Alto Foro ha reiterado que resulta práctica censurable

e impropia el ¨firmar a ciegas¨ los proyectos de sentencia, ya que estos no

pueden sustituir la labor de un juez de ¨desentrañar la verdad¨. Nieves Díaz

v. González, supra, págs. 853-54. Es preciso, pues que cuando se trata de

proyectos de sentencia los jueces se aseguren que las determinaciones de

hechos incluidas en las sentencias reflejen fielmente los procedimientos

que tuvieron lugar en el tribunal. Canon 9 de Ética Judicial, supra. Sabido
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es que, la función adjudicativa de los jueces es indelegable, por ello se

exige examinar de manera minuciosa y extensa los proyectos de sentencia,

ya que usualmente la parte que los promueve intenta ¨salir por la puerta

ancha¨ en el caso. Nieves Díaz v. González, supra, pág. 854.

                                  III

      En el primer y segundo señalamiento de error, los apelantes

sostienen que incidió el foro primario al no concluir que el señor Rodríguez

Crespo es un prestamista que mantiene una voluminosa y longeva

actividad comercial al margen de la ley sin poseer licencia para tales

negocios, expedida por el Gobierno de Puerto Rico y al no declarar nulos

los tres préstamos hipotecarios objeto de las demandas al haber sido

generados por un prestamista sin licencia        Los apelantes sostienen

además, en su quinto señalamiento de error que el TPI incurrió en

perjuicio y parcialidad al emitir sentencia sin considerar la prueba oral

desfilada en el juicio. Por estar estrechamente relacionados con la

apreciación de la prueba oral por parte del foro primario discutiremos estos

tres señalamientos de error conjuntamente.

      Como cuestión de umbral es preciso destacar que en el caso que

nos ocupa las partes estipularon abundante prueba documental y que el

foro primario celebró vista en la que delimitó la controversia del caso ante

su consideración al aspecto exclusivo de si se catalogaba o no al señor

Rodríguez Crespo como prestamista al momento de realizar los préstamos

y las consecuencias de tal determinación sobre la validez o invalidez de

dichos préstamos. Con esos fines, el foro primario celebró juicio es sus

méritos el 30 de agosto de 2023 y allí prestó testimonio el señor Rodríguez

Crespo. En lo pertinente al primer, tercer y quinto señalamiento de error de

los apelantes, enfatizamos que en la Sentencia apelada el foro primario

concluyó expresamente lo siguiente:

       Examinado el testimonio de Don Santos Rodríguez Crespo,
      la única prueba presentada por los demandados para
      establecer que este necesitaba tener licencia para prestar,
      a la luz de las leyes antes discutidas, forzoso es concluir
      que este no es el prestamista que regulan esas leyes. Del
      testimonio bajo juramento de Don Santos Rodríguez Crespo
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       no surge que este se dedicara y o tuviera como “negocio o
       actividad principal … el de originar, financiar, refinanciar,
       cerrar, vender y administrar préstamos hipotecarios sobre
       bienes inmuebles” De su testimonio, al cual damos entera
       credibilidad, lo que surge es que es un comerciante que
       tuvo negocio de gas fluido el cual actualmente rentó y
       recibe renta de casas de su propiedad. Su ingreso
       principal no proviene del negocio de prestamista. En
       adición, los préstamos que hiciera a su familia estarían
       excluidos de las disposiciones de esa ley. (7 L.P.R.A. §
       3051, inciso m)

       De lo anterior se desprende que las conclusiones de derecho en la

Sentencia apelada están basadas en la credibilidad que el foro primario dio

al testimonio del señor Rodríguez Crespo. De ahí que ante la ausencia de

prueba que demostrara que el señor Rodríguez Crespo fuera prestamista

el TPI concluyó correctamente a base de su testimonio que este no

necesitaba licencia alguna para otorgar los préstamos con garantía

hipotecaria a los apelantes ya que no se dedicaba al negocio de prestar

dinero y sostuvo la validez de dichos préstamos

       Los señalamientos de error primero, segundo y quinto de los

apelantes están estrechamente relacionados con la apreciación de la

prueba oral por parte del foro primario. Mediante estos, los apelantes

cuestionan la credibilidad que le mereció al TPI el testimonio del señor

Rodríguez Crespo, así como su valor probatorio para determinar que este

no se dedica al negocio de conceder préstamos y para concluir que el señor

Rodríguez Crespo no es prestamista por lo que ninguna ley le requería

poseer licencia para otorgar los contratos de préstamo con los apelantes .

       No obstante, a pesar de esbozar tres señalamientos de error en el

que se cuestiona la apreciación de la prueba oral por parte del foro primario

los apelantes se encuentran en abierto incumplimiento con la Regla 19 del

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, que dispone y requiere

reproducir la prueba testifical      mediante la presentación de una

transcripción, exposición estipulada o una exposición narrativa de la

prueba, cuando, como en el presente caso, lo que se impugna es la

apreciación de la prueba oral desfilada y aquilatada por el TPI y su

suficiencia para dictar la sentencia apelada. Regla 19 (A) del Reglamento
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del Tribunal de Apelaciones. En esencia, la Regla 19 inciso (B) requiere a

la parte apelante en estos casos, acreditar dentro de los diez (10) días

siguientes a la presentación de la apelación que método de reproducción

de la prueba oral utilizará. Ante dicho incumplimiento por parte de los

apelantes es forzoso concluir que estos no han colocado a este Tribunal de

Apelaciones en posición de atender los señalamientos de error primero,

segundo y quinto en los cuales los apelantes cuestionan la credibilidad

atribuida por el TPI al testimonio del señor Rodríguez Crespo, la cual surge

de las determinaciones de hecho de la Sentencia apelada, así como a su

valor probatorio para concluir finalmente que este no es prestamista, por lo

que no se le requería tener licencia para otorgar los contratos de préstamo.

Por consiguiente, sobre dichos señalamientos de error resolvemos

conforme a la norma de deferencia a la apreciación de la prueba oral por

parte del foro primario y a la credibilidad que le mereció al TPI el testimonio

del señor Rodríguez Crespo.

       Al carecer de una transcripción o algún otro método de reproducción

de la prueba oral que nos permita evaluar los testimonios desfilados ante

el TPI estamos impedidos de evaluar la apreciación de la prueba oral que

tuvo ante su consideración el foro primario. Esto tiene como efecto que

no podamos atender en los méritos los errores primero, segundo y

quinto de los apelantes toda vez que están basados cuestionamientos

pertinentes a la forma en que el TPI apreció la prueba oral desfilada.

Conforme con estos principios, concluímos que no incidió el foro primario

al concluir que el señor Rodríguez Crespo no es prestamista por lo que

ninguna ley le requería poseer licencia para otorgar los contratos de

préstamo con los apelantes. Por consiguiente, tampoco erró el TPI al

resolver que para adjudicar las demandas en cobro de dinero y ejecución

de hipoteca presentada por el señor Rodríguez Crespo en contra de los

apelantes, así como al cobro de los intereses, procedía acudir al Código

Civil de 1930, vigente al momento de constituirse las obligaciones

prestatarias.
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       En este caso existen tres contratos de préstamos válidos al amparo

del Artículo 1631 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 4511, toda vez

que están presentes todos los requisitos para su validez. El señor

Rodríguez Creso prestó el total de $491,700.00 de principal en los tres

préstamos y el señor Galio Nido, como deudor, aceptó que recibió el

importe de los tres préstamos y obtuvo el capital en préstamo de

$491,000.00 dólares en la totalidad de los préstamos.

       En su tercer señalamiento de error, los apelantes sostienen en

cuanto a la usura que incidió el TPI al no declarar nulos los préstamos que

fueron generados a un interés legal usurero. Reiteramos que surge de la

Resolución de 17 de marzo de 2022, que el Hon. Harry E. Rodríguez

Guevara decretó como Usureros los Préstamos Hipotecarios, por los

montos de $160,000.00 y $240,000.00 y en cuanto a estos se aplicó la

penalidad establecida en el Artículo 1652 del Código Civil, pagando el

75% del principal al señor Rodríguez Crespo y el 25% del principal al

ELA, por dichos préstamos hipotecarios.

       El hecho de que los intereses de un préstamo sean decretados

usureros no hacen nula la obligación reclamada ni tampoco impiden su

cobro por la vía judicial. Su única consecuencia es que solamente podrá el

acreedor hacer efectivo el importe del 75% capital adeudado, y los

intereses que no excedan el interés legal. Véase Art. 1649 del Código Civil

de 1930, (31 L.P.R.A. sec. 4591) J.E. Candal & Co. v. Rivera, 86 DPR 508,

517 (1962) En la Sentencia apelada, el foro primario ordenó el pago del

75% de la suma adeudada y de los intereses que no excedían el interés

legal, así como el pago del 25% del principal al ELA, por dichos

préstamos hipotecarios, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1652 del

Código Civil de 1930. Por todo lo anterior, a tenor con este mandato

estatutario del Artículo 1649 del Código Civil de 1930, supra, concluimos

que el foro primario no incurrió en el tercer error señalado por los apelantes.

       En su cuarto señalamiento de error los apelantes sostienen que

mediante la sentencia apelada el foro primario violentó la Ley del Caso
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según establecida en una Resolución previa del foro primario que adjudicó

las respectivas solicitudes de sentencia sumaria presentadas por las

partes.

      Precisamente, mediante Resolución emitida el 17 de marzo de 2022,

el foro primario decretó como usureros los Préstamos Hipotecarios, por los

montos de $160,000.00 y $240,000.00 y ordenó la celebración de la vista

evidenciaria para determinar la suma total de los pagos de intereses

ilegales realizados por la parte demandada a la parte demandante, los que

se descontarían al principal adeudado. En cuanto a estos dos préstamos

resolvió, además, que procedía aplicar la penalidad establecida en el

Artículo 1652 del Código Civil, pagando el 75% del principal al demandante

y el 25% del principal al ELA, por estos préstamos hipotecarios Igualmente,

mediante la aludida Resolución de 17 de marzo de 2022, el TPI declaró No

Ha Lugar la Solicitud para que se declarara la nulidad de los pagarés

hipotecarios fundamentada en que el señor Rodríguez Crespo debía ser

catalogado como prestamista sin licencia al momento de realizar los

préstamos. Sobre estos extremos, el foro primario determinó que existía

controversia referente a si el señor Rodríguez Crespo debía o no ser

catalogado como prestamista.

      Para dilucidar esa controversia el TPI señaló vista para el 30 de

agosto de 2023. Celebrada la vista, en la que declaró el señor Rodríguez

Crespo, el TPI concluyó a base de la credibilidad que le mereció su

testimonio que este no era prestamista, por lo que ninguna ley le requería

tener licencia, para otorgar los préstamos, los cuales declaró válidos

conforme a las disposiciones del Código Civil de 1930. Así las cosas,

concluimos que conforme al tracto procesal del caso nos ocupa el foro

primario tampoco incurrió en cuarto error señalado por los apelantes.

      En su sexto y séptimo señalamiento de error los apelantes sostienen

que en la Sentencia apelada el foro primario ignoró la evidencia documental

y que incidió al dictar sentencia en su contra luego de haberles solicitado

un proyecto de sentencia.
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      Es preciso destacar que la prueba documental en la que el foro

primario basó la Sentencia apelada fue estipulada por las partes, incluyó

los recibos de pago y así lo hizo constar el TPI en la Sentencia. La

controversia que tenía el foro primario ante su consideración en el caso de

epígrafe según fue delimitada anteriormente era si el señor Rodríguez

Cintrón era o no prestamista al momento de realizar los préstamos y las

consecuencias sobre la validez de éstos así como de los intereses

usureros. Ambos asuntos fueron resueltos por el TPI.

      Finalmente, la contención de los apelantes referente a que el foro

primario incidió al emitir sentencia en su contra luego de haberles solicitado

un proyecto de sentencia no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento

jurídico. Precisamente, cuando se trata de proyectos de sentencia los

jueces deben asegurarse de que las determinaciones de hechos incluidas

en las sentencias reflejen fielmente los procedimientos que tuvieron lugar

en el tribunal. Del Canon 9 de Ética Judicial, supra, se desprende que el

proyecto de sentencia es un instrumento auxiliar y que el hecho de que un

juez solicite a alguna parte un proyecto de sentencia no acarrea que este

será resuelto a favor de quien lo somete

      Con estos antecedentes, concluimos que el foro primario no incurrió

en lo errores señalados por los apelantes en el recurso de epígrafe

                                   IV

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuáles hacemos

formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones