Court Opinion

ID: 9408098
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:17:05.822074+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.720485
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

     EL PUEBLO DE                             CERTIORARI
     PUERTO RICO                              procedente del
                                              Tribunal de Primera
          Recurrido                           Instancia, Sala
                                KLCE202300523 Superior de
             Vs.                              Mayagüez

   JOSÉ C. ÁLVAREZ                                 Caso Núm.
       PORTO                                       I SCR201401115 Y
                                                   OTROS
        Peticionario
                                                   SOBRE: LEY DE
                                                   ARMAS
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                                      I.

      El 10 de mayo de 2023, el Sr. José C. Álvarez Porto (señor

Álvarez o peticionario) compareció ante nos, por derecho propio, y

mediante un recurso de certiorari nos solicitó la corrección de una

Sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, R.185 que presuntamente emitió el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI) el 6 de febrero de 2017.

Específicamente, argumentó lo siguiente: (1) que la sentencia fue

impuesta en violación de la constitución o las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y las leyes de Estados Unidos; (2) que el

Tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha Sentencia; (3) que

la Sentencia impuesta excedía la pena prescrita por ley; y, por último

(4) que la Sentencia estaba sujeta a ataque colateral por cualquier

motivo.    Además,     alegó    que   tuvo   una   representación   legal

inadecuada. Por último, cuestionó la constitucionalidad de la Ley de

Armas de Puerto Rico e invocó sus derechos bajo la Decimocuarta

Enmienda a la Constitución Federal.

Número Identificador
RES2023 _____________________
KLCE202300523                                                        2

      Cabe precisar que el señor Álvarez no presentó el dictamen

recurrido como parte del apéndice de su recurso de certorari. Sin

embargo, el 17 de mayo de 2023, emitimos una Resolución

ordenándole a la Secretaría del TPI a que nos remitiera los autos

originales   de   los   casos   ISCR201401115,      ISCR201401116,

ISCR20140117, ISCR201401118 y ISCR201401119 para estar en

mejor posición de atender los reclamos del peticionario. De los autos

originales surge que el 1 de marzo de 2021, el señor Álvarez presentó

una Moción en Solicitud de Corrección de Sentencia […] en la cual

levantó los mismos reclamos que en el recurso de epígrafe. Evaluada

la solicitud, el 30 de marzo de 2021, el TPI emitió una Resolución y

Orden que se notificó el 8 de abril de 2021 declarando No Ha Lugar

la solicitud del señor Álvarez. Particularmente resolvió lo siguiente:

      A la solicitud conforme a la Regla             192.1   de
      Procedimiento Criminal, no ha lugar.

      El convicto no ha presentado argumentos para derrotar
      la presunción de una razonable asistencia legal. El
      Artículo 5.04 de la Ley de Armas no ha sido declarado
      inconstitucional. Las sentencias fueron dictadas
      conforme a derecho.

      En cuanto a la evaluación de la prueba en el juicio, el
      acusado no compareció al mismo. No tiene
      conocimiento de los procesos allí ocurridos, pues optó
      por no comparecer.

      De igual forma, de los autos originales se desprende que

posteriormente, el 24 de febrero de 2023, el peticionario presentó

otra Moción sobre Corrección de la Sentencia bajo la Regla 185 y en

esta expuso los mismos planteamientos que en la Moción en Solicitud

de Corrección de Sentencia […] del 1 de marzo de 2021 y del recurso

de epígrafe. Así pues, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió el dictamen

recurrido intitulado Resolución y Orden que fue notificado el 5 de

mayo de 2023. En este, declaró No Ha Lugar la solicitud del convicto.

Inconforme con esta determinación, el 3 de mayo de 2023, el

peticionario presentó el recurso de epígrafe ante el Departamento de
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Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurso lo recibimos el 10 de

mayo de 2023.

      Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores.   Regla (7)(B)(5)   del         Reglamento   del   Tribunal   de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7.

                                      II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

             El tribunal tomará en consideración los
         siguientes criterios al determinar la expedición de
         un auto de certiorari o de una orden de mostrar
         causa:
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          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
          el caso es la más propicia para su consideración.

          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
          XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  III.

      Luego de evaluar el recurso de epígrafe, a la luz de la totalidad

del expediente, y a los criterios que emanan de la Regla 40 de

nuestro Reglamento, supra, no surge que el foro primario actuara

con parcialidad, que incurriera en abuso de discreción o que

emitiera un dictamen contrario a derecho. Consecuentemente,

determinamos denegar el recurso de epígrafe.
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                                   IV.

      Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos el

recurso de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones