Court Opinion

ID: 9962805
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:54:07.156262+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:36.082876
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VIII

   MARLYN ARROYO                                 Apelación,
  HERNÁNDEZ, ET. AL.                             procedente del Tribunal
                                                 de Primera Instancia,
      Parte Apelada                              Sala Superior de Ponce

                              KLAN202400160

            v.

                                                 Caso Núm.:
                                                 J DP2014-0548
    COOPERATIVA
     YABUCOOP,
ALIANZA HIPOTECARIA,
     INC., ET. AL.

      Parte Apelante

    OM APRAISAL                                  Sobre:
PARTNERS PSC., ET. AL.                           Daños y Perjuicios

      Parte Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

      Compareció ante este Tribunal la parte apelante, Alianza

Hipotecaria Inc. (en adelante, “Alianza” o la “Apelante”), mediante recurso

de apelación presentado el 22 de febrero de 2024. Nos solicitó la

revocación de la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, el “TPI”), el 12 de

diciembre de 2023, notificada y archivada en autos al día siguiente. Dicho

dictamen fue objeto de una “Reconsideración” interpuesta por Alianza, la

cual fue declarada “No Ha Lugar” mediante Resolución emitida el 18 de

enero de 2024 y notificada el 23 del mismo mes y año.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, modificamos

la Sentencia Parcial apelada y así modificada, confirmamos la misma.

Número Identificador
SEN2024______________
KLAN202400160                                                              2

                                     I.

      El caso de autos se originó el 2 de diciembre de 2014, con la

presentación de una “Demanda” sobre daños y perjuicios por parte de la

Sra. Marlyn Arroyo Hernández (en adelante, la “señora Arroyo

Hernández”), el Sr. Carlos Augusto Martínez Aldebol (en adelante, el “señor

Martínez Aldebol”) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos (en conjunto, los “demandantes”) en contra de la Cooperativa

Yabucoop (en adelante, la “Cooperativa”), el Gobierno de Puerto Rico, a

través de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, “OGPe”), y

varios codemandados de nombres desconocidos. En síntesis, alegaron

que hubo una serie de vicios de construcción que ocasionaron la pérdida

de cierta propiedad localizada en el lote núm. 14 de la urbanización

Mansiones del Sur, la cual fue adquirida por éstos en el año 2001.

      Expusieron    que   esta   propiedad    fue   intercambiada    por   el

desarrollador por la ubicada en el lote núm. 12, convirtiendo esta última en

su residencia principal. A su vez, expresaron que no suscribieron ningún

contrato de permuta respecto a dichos bienes inmuebles. Además,

argumentaron que en el año 2003 solicitaron un refinanciamiento con la

Cooperativa, la cual envió agrimensores, tasadores e ingenieros bajo la

creencia equivocada de que la propiedad a ser financiada sería la ubicada

en el predio núm. 12. Afirmaron que con el pasar de los años, la propiedad

situada en el lote núm. 14 se convirtió en un estorbo público. Asimismo,

alegaron que no tenían conocimiento de que Banco Popular de Puerto Rico

(en adelante, “Banco Popular”) había ejecutado una hipoteca sobre el lote

núm. 12 y que fueron informados por una tercera persona que su casa sería

subastada por dicho banco. Por último, señalaron que lograron detener la

venta de la propiedad en pública subasta convenciendo a Banco Popular a

que les vendiera la propiedad pero que, a pesar de ello, la Cooperativa se

rehusó a asumir la responsabilidad por no haber realizado una inspección

adecuada del solar núm. 14.

      Oportunamente, el 2 de febrero de 2015, la Cooperativa presentó

“Contestación a Demanda” junto a una “Reconvención”. Expresó que el
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préstamo fue otorgado en el año 2008 y negó haber contratado

agrimensores e ingenieros para realizar el aludido refinanciamiento. A su

vez, manifestó que: (1) los Apelados completaron diversos documentos del

refinanciamiento en los que afirmaban que la propiedad a ser refinanciada

era la ubicada en Mansiones del Sur núm. 12; (2) el tasador y supervisor

firmaron un informe de tasación para la propiedad núm. 14; (3) los Apelados

permitieron al tasador a acceder a la propiedad núm. 12, a sabiendas de

que la propiedad sujeta al préstamo lo era la núm. 14; (4) los Apelados

autorizaron al ingeniero a elaborar un plano de situación de la propiedad

núm. 12 haciéndole creer que se trataba de la propiedad núm. 14; (5) los

Apelados nunca han sido titulares de la propiedad ubicada en el solar núm.

12 y que, (6) en el 2013 los Apelados reestructuraron la deuda mediante

cierta escritura de primera hipoteca. A la luz de estas alegaciones, la

Cooperativa activó la cláusula de aceleración contenida en el contrato de

préstamo, declarando así la deuda vencida y exigible.

       Posteriormente, el 30 de marzo de 2015, los demandantes

presentaron su “Contestación a Reconvención” mediante la cual negaron

las alegaciones expuestas en su contra. Asimismo, el 25 de junio de 2015,

solicitaron enmendar la “Demanda” para incluir como parte demandada al

desarrollador del proyecto, el Dr. José V. Hernández Hernández, a su

esposa, la Sra. Cristina Medina Ramos, y a la Sociedad Legal compuesta

por ambos. El TPI permitió esta enmienda el 30 de junio de 2015.

       Más adelante, el 30 de octubre de 2015, la Cooperativa radicó una

“Demanda Contra Terceros” mediante la cual incluyó como terceros

demandados a OM Aprisal Partners (en adelante, “OM”), Alianza, el Sr.

Rafael Rivera Pagán (en adelante, el “señor Rivera Pagán”), el Sr. Omar E.

Ortiz Maldonado (en adelante, el “Sr. Ortiz Maldonado”), Víctor Pagán &

Associates, el Ing. Víctor F. Pagán Cordero (en adelante, el “ Ing. Pagán

Cordero), el Lcdo. Luis Ángel Ortiz Carrasquillo (en adelante, el Lcdo. “Ortiz

Carrasquillo”) y al Lcdo. David E. Vera Umpierre (en adelante, Lcdo. Vera

Umpierre). En síntesis, alegó que: (1) le otorgó a los Apelados un préstamo

de refinanciamiento hipotecario por la suma de $528,990.00, saldando así
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un préstamo hipotecario a favor de Santander Mortgage Corporation y otro

de JM Investors Group; (2) suscribió con Alianza un acuerdo de

participación en el Programa de Mercadeo, Procesamiento y Cierre de

Préstamos Hipotecarios con Cooperativas, con el objetivo de ofrecer

préstamos hipotecarios a sus clientes, (3) el acuerdo disponía que Alianza

asumiría la defensa y relevaría a la Cooperativa de la responsabilidad legal

que se impusiera, como consecuencia de reclamaciones que se originaran

del referido programa y por las acciones u omisiones en las que incurriera

el personal que prestara los servicios; (4) en septiembre de 2013, los

Apelados le solicitaron el refinanciamiento de un préstamo hipotecario ya

existente; (5) utilizaron la tasación efectuada por OM y suscrita por los

tasadores, los señores Rivera Pagán y Ortiz Maldonado, y que, (6) como

parte del aludido refinanciamiento utilizó el “Plot Plan” realizado por Víctor

Pagán & Associates y suscrito por el Ing. Pagán Cordero.

       Además, indicó que el Lcdo. Ortiz Carrasquillo y el Lcdo. Vera

Umpierre fueron los notarios encargados de otorgar las escrituras en

controversia y que éstos no exhibieron la diligencia profesional requerida.

Por último, arguyó que, debido a la falta de competencia profesional en la

mensura y tasación de la propiedad, quedó desprovisto de una garantía

hipotecaria que respondiera por el incumplimiento contractual de los

Apelados y que, a su vez, Alianza no ha cumplido con su deber contractual

de relevar y responsabilizarse por las acciones u omisiones cometidas.

       Así las cosas, el 12 de enero de 2016, OM presentó su

“Contestación a Demanda Contra Tercero” mediante la cual negó las

alegaciones en su contra, argumentando que la información le fue provista

por Alianza y que fueron los Apelados quienes identificaron la propiedad.

Más adelante, el 21 de septiembre de 2016, el foro apelado autorizó que

se incluyeran como parte demandada a Alianza, OM, Municipio Autónomo

de Ponce, Banco Popular, Sr. Marcos A. Fuentes Rodríguez (en adelante,

el “señor Fuentes Rodríguez”) y al Ing. Ismael Caraballo Irizarry (en

adelante, el “señor Caraballo Irizarry”). Dado a que Alianza se subrogó en
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los derechos de la Cooperativa, el 12 de diciembre de 2016 presentó una

“Demanda Enmendada Contra Terceros”.

      Posteriormente, el TPI desestimó la causa de acción contra la

Cooperativa, Banco Popular, el señor Fuentes Rodríguez y el Ing.

Caraballo Irizarry, al amparo de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V. Asimismo, declaró “Ha Lugar” ciertas mociones de

desestimación presentadas por los Lcdos. Ortiz Carrasquillo y Vera

Umpierre. También aceptó los desistimientos, sin perjuicio, de las acciones

sobre daños y perjuicios dirigidas contra OGPe, OM, el señor Rivera Pagán

y el señor Ortiz Maldonado. Además, desestimó las alegaciones contra el

Dr. Hernández Hernández, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos.

      El 30 de agosto de 2023, OM presentó junto a los señores Ortiz

Maldonado y Rivera Pagán (en adelante, los “Apelados”) una “Moción de

Sentencia Sumaria fundamentada en la Prescripción de la Demanda

de Terceros presentada en contra de Rafael E. Rivera Pagán, Omar

Ortiz y OM Appraisal Partners, Inc.” (en adelante, “Moción de Sentencia

Sumaria”). Expusieron que el periodo que la Cooperativa y la Alianza tenían

para interponer la causa de acción en su contra comenzó a transcurrir el

30 de julio de 2008, fecha en que Alianza recibió su tasación. Así pues, al

haberse presentado la “Demanda contra Tercero” el 30 de octubre de

2015, la misma se encontraba prescrita. También hizo referencia a la

Sentencia emitida por un panel hermano de este Tribunal el 18 de abril de

2018, mediante la cual se desestimó la causa de acción contra los notarios

por prescripción.

      Por su parte, Alianza interpuso su “Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria” el 20 de octubre de 2023. A través de ésta, planteó

que la posición de los tasadores no puede ser igualada con la de los

notarios, ya que su reclamación contra los tasadores surge de una relación

contractual. En este contexto, manifestó que contrató los servicios de los

tasadores para obtener una opinión sobre el valor en el mercado de la
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residencia núm. 12 pero según el informe, la propiedad inspeccionada fue

la núm. 14.

      Tras varios trámites procesales, el 13 de noviembre de 2023, el foro

primario emitió una Resolución mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la

Moción de Sentencia Sumaria debido a que los terceros demandados no

invocaron en su “Contestación a la Demanda Contra Terceros” la

defensa afirmativa de prescripción, por lo que concluyó que renunciaron a

ella. Insatisfechos con esta determinación, el 30 de noviembre de 2023, los

Apelados presentaron una “Moción de Reconsideración de Resolución

Denegando Moción de Sentencia Sumaria” (en adelante, “Moción de

Reconsideración”).

      Finalmente, el 12 de diciembre de 2023, el TPI emitió Sentencia

Parcial mediante la cual mantuvo su determinación del 13 de noviembre de

2023, respecto a la renuncia de la defensa afirmativa de prescripción.

Reiteró que los Apelados no cumplieron con la Regla 6.3 de Procedimiento

Civil, infra, por no haber especificado las razones por las cuales afirmaban

la procedencia de la defensa. Además, expresó que la defensa debía ser

invocada de forma clara, expresa y específica. De igual manera, dispuso

que la referida Regla no concede al foro de instancia la facultad de instruir

a un demandado a cumplir con dicha Regla y que, por lo tanto, lo que

procedía era declarar la renuncia a la defensa afirmativa de prescripción.

No obstante, expresó que Alianza no podía interponer una acción de

nivelación en contra de los Apelados porque ésta era subsidiaria y

dependiente de la reclamación sobre daños y perjuicios de los

demandantes, pues estaba prescrita en contra de estos últimos. Así,

declaró “Con Lugar” en parte la Moción de Reconsideración, a los fines de

desestimar, con perjuicio, la “Demanda contra Terceros” interpuesta por

Alianza en contra de los Apelados.

      Inconforme con lo anteriormente resuelto, la Apelante acudió ante

este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los

siguientes errores:

      PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
      TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL INTERPRETAR Y
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       APLICAR DE FORMA RETROACTIVA LAS NORMATIVAS
       ESTABLECIDAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN LOS
       CASOS DE MALDONADO V SUAREZ Y FRAGUADA V
       HOSPITAL AUXILIO MUTUO A HECHOS ACAECIDOS
       PREVIO AL AÑO 2012.

       SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
       TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONSIDERAR
       LOS ARGUMENTOS DE MALDONADO V. SUAREZ Y
       FRAGUADA V HOSPITAL AUXILIO MUTUO A PESAR DE
       HABER DETERMINADO QUE LOS TASADORES
       RENUNCIARON A LA DEFENSA AFIRMATIVA DE
       PRESCRIPCIÓN.

       TERCER SEÑALAMIENTO DE [ERROR:] ERRÓ EL
       TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINA
       QUE LA CAUSA DE ACCIÓN ES UNA SOBRE
       RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y NO
       CONTRACTUAL.

       El 4 de marzo de 2024, los Apelados presentaron su alegato en

oposición al recurso.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

                                     II.

                                     A.

       “Nuestro   ordenamiento      procesal    no   establece       requisitos

complicados para la redacción de una demanda. Meramente se exige que

el escrito comprenda una relación sucinta y sencilla de los hechos

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un

remedio”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 40 (2020),

interpretando la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 6.1.

La Regla 6.2 (a) de Procedimiento Civil requiere que la parte contra quien

se solicite un remedio deba presentar su alegación responsiva en la que

admitirá o negará las aseveraciones en las que descansa la parte contraria

y a su vez, expondrá sus defensas, respaldándolas con una relación de los

hechos que demuestren su justificación. 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (a).

Asimismo, el inciso (b) de la referida Regla dispone lo siguiente:

       En caso de que la parte que presente una alegación
       responsiva incumpla total o parcialmente con los requisitos
       impuestos en el inciso (a) de esta regla, el tribunal, a
       iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá dictar una
       orden para requerirle que satisfaga las exigencias de
       dicho inciso. Íd. (énfasis suplido).
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       Es decir, frente al incumplimiento de una parte con las disposiciones

de esta Regla, lo procedente es que el Tribunal emita una orden motu

proprio o a solicitud de parte y le requiera a la parte demandada a cumplir

con los requisitos establecidos en el aludido inciso. Así pues, entre las

defensas que una parte puede alegar se encuentran las defensas

afirmativas. Éstas son aseveraciones “que hace el demandado con hechos

o argumentos, que de ser ciertos, derrotan el reclamo del demandante,

incluso si todas las alegaciones del demandante fueran aceptadas como

correctas”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1063

(2020). La defensas afirmativas abarcan materias de naturaleza sustantiva

y/o materias constitutivas de una excusa que justifica que la parte

demandada no deba responder a las reclamaciones en su contra.

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280 (2012).

       En consonancia con lo anterior, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil

regula lo concerniente a las defensas afirmativas. 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

En lo pertinente, establece lo siguiente:

       Al responder a una alegación, las siguientes defensas
       deberán expresarse afirmativamente:

                                   […]

              (q) prescripción adquisitiva o extintiva

                                   […]

       Conforme a la mencionada Regla, estas defensas deben plantearse

de manera clara, expresa y específica en las alegaciones. Íd. De lo

contrario, se considerarán renunciadas, a no ser que la parte advenga en

conocimiento de ellas durante el proceso de descubrimiento de prueba. Íd.

Dicho de otro modo, de conformidad con las expresiones del Tribunal

Supremo, “una característica importante de estas defensas es que se

entienden renunciadas si no se aducen al responder a una alegación,

es decir, en la alegación responsiva. Por lo tanto, un demandado que

no aduce una defensa afirmativa en la contestación a la demanda

renuncia a esta y no podrá plantearla en una etapa posterior del

proceso judicial”. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra, pág. 1064.

Ahora bien, tal cual citamos anteriormente, la aludida Regla provee para
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que un demandado invoque una defensa afirmativa que no planteó en la

contestación a la demanda, si los hechos en que se fundamentan se

conocen con posterioridad a su presentación y tras iniciado el

descubrimiento de prueba. Íd.

        En suma, resolvió el alto foro judicial que “las defensas afirmativas

—entre ellas, la prescripción extintiva— solamente se entienden

renunciadas si no se plantean en la primera alegación responsiva”. Íd.,

pág. 1070 (énfasis suplido). Lo anterior está cimentado en que nuestro

ordenamiento procesal promueve la presentación de defensas afirmativas

en etapas tempranas del pleito, toda vez que si prosperan acarrean el

potencial de disponer del pleito y evitar que las partes y el tribunal incurran

en los costos que supone la prolongación innecesaria del litigio. Íd., pág.

1071.

                                      B.

        En nuestro Código Civil, se identifican dos clases de actos

perjudiciales que resultan en responsabilidades distintas, a saber: la

contractual y la extracontractual. En ambas situaciones, la indemnización

de daños requiere la existencia de una conducta antijurídica causante de

los daños. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 721

(1992). La responsabilidad contractual emana del “quebrantamiento de un

deber que surge de un contrato expreso o implícito”. Rivera Sanfeliz et al.

v. Jta. Dir First Bank, 193 DPR 38, 56 (2015). Mediante las acciones ex

contractu, se reclaman los perjuicios surgidos por el incumplimiento de

obligaciones acordadas previamente. Íd.

        Para que la responsabilidad contractual surta efecto, no es suficiente

tener un contrato entre las partes, sino que se necesita “la realización de

un hecho dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo del

contenido negocial”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880,

909 (2012). Así pues, las acciones resultantes de contratos buscan

asegurar el cumplimiento de promesas acordadas a las que las partes

contratantes dieron su consentimiento. Santiago Nieves v. ACAA, 119 DPR

711, 716 (1987).
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        Por su parte, las acciones extracontractuales, conocidas como ex

delicto, buscan indemnizar los daños derivados de la transgresión del

principio básico de convivencia social, que implica no causar daños ni

perjuicios a los demás. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir First Bank, supra,

pág. 57. Esto es, la culpa extracontractual no se origina de la voluntad de

las partes, sino del incumplimiento de unas obligaciones impuestas por la

naturaleza o por la ley. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, pág.

721. La finalidad de esta acción es reparar los daños que surgen en el curso

de diversas actividades humanas, al margen de toda relación jurídica previa

entre el causante del daño y la víctima. Íd, pág. 720 (citando a R. de Ángel

Yagüez, La Responsabilidad Civil, Bilbao, Universidad de Deusto, 1988,

págs. 21–22). Es decir, a diferencia de la responsabilidad contractual, la

responsabilidad         extracontractual         surge      exclusivamente          como

consecuencia del daño, prescindiendo de cualquier relación jurídica previa

entre las partes involucradas. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir First Bank,

supra, pág. 57.

                                           C.1

        Con el propósito esencial de promover la estabilidad social y

económica de las relaciones bilaterales, nuestro ordenamiento jurídico ha

instituido, mediante el Código Civil, disposiciones legales que regulan la

figura de la prescripción y las formas de interrumpirla.

        El Artículo 1861 regula la figura de prescripción y dispone que “[l]as

acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 31 LPRA

sec. 5291 (derogado). A raíz de ello, nuestro máximo foro judicial ha

definido la prescripción como “una figura que extingue un derecho debido

a que una parte no lo ejerce en un período de tiempo determinado por ley”.

Rivera Ruiz v. Mun. De Ponce, 196 DPR 410, 415 (2016).

1 Advertimos que somos conscientes de que el Código Civil de 1930 fue derogado
mediante la aprobación de la Ley Núm. 55-2020, conocida como el “Código Civil de 2020”.
No obstante, esta última pieza legislativa en su Artículo 1812 establece lo siguiente: “Los
actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior y que son válidos
con arreglo a ella, surten todos sus efectos según la misma, con las limitaciones
establecidas en este Código”. 31 LPRA sec. 11717. Por tanto, para propósitos de la
adjudicación del caso, se utilizarán las disposiciones del Código Civil derogado.
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       En cuanto a la prescripción extintiva, el plazo o término provisto por

la ley para el ejercicio de un derecho o acción juega un rol esencial en

instrumentar el interés del estado en la solución rápida de las controversias.

Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 213 DPR ___ (2023); 2023

TSPR 120. Por esto, el plazo dispuesto está predicado en el objetivo de (1)

proteger al deudor de reclamaciones tan remotas que lo posicionen en un

estado de indefensión y (2) estimular el pronto reclamo de las obligaciones

legales y procurar, por tanto, la tranquilidad del obligado contra la

pendencia indefinida de una acción legal en su contra. Cintrón v. E.L.A.,

127 DPR 582, 588-589 (1990). La prescripción es una institución que se

fundamenta “en el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los

derechos” para con ello, evitar litigios de difícil adjudicación por su

antigüedad. Xerox Corp. v. Gómez Rodríguez y otros, 201 DPR 945, 952

(2019); Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 751 (1992). Así es

que “la prescripción extintiva está basada en una presunción ‘iuris tantum’

de abandono, que admite prueba en contra, la existencia de una voluntad

manifestada y probada, contraria a la prescripción, destruye aquella

presunción, quedando impedida su consumación”. Íd., pág. 752.

       Como indicamos previamente, nuestro ordenamiento trata de

manera distinta la responsabilidad contractual y la extracontractual. Una de

las diferencias más destacadas entre ambas radica en el plazo de

prescripción asignado a cada tipo de responsabilidad. Según el Código Civil

aplicable a los hechos del caso, la acción por incumplimiento de contrato

tiene un plazo de prescripción de quince (15) años, mientras que la acción

ex delicto prescribe al año. 31 LPRA sec. 5294 y 31 LPRA sec. 5298,

respectivamente. No obstante, cabe destacar que el plazo para ejercer las

acciones extracontractuales comienza a contar desde que el perjudicado

conoce que ha sufrido un daño y quién se lo causó. Ojeda v. El Vocero de

P.R., 137 DPR 315, 325 (1994). Esto es lo que en nuestra jurisdicción se

conoce como la teoría cognoscitiva del daño. Bajo esta teoría, basta que la

persona perjudicada conozca del daño sufrido y quién se lo ha causado

para que se active el término establecido en ley para ejercer la acción.
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García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147-148 (2008); Vera v.

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004).

                                     D.

       En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el derecho que

ostenta todo individuo para reclamar cualquier daño o perjuicio sufrido a

raíz de la consecución de actos culposos o negligentes de un tercero.

Hernández    Vélez    v.   Televicentro,   168   DPR    803,   812   (2006).

Específicamente, el Artículo 1802 del derogado Código Civil de Puerto Rico

dispone, en su parte pertinente, que “[e]l que por acción u omisión causa

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el

daño causado”. 31 LPRA sec. 5141. Es decir, la responsabilidad que

emana de dicho artículo requiere que concurran tres elementos, a saber:

(1) un acto culposo o negligente; (2) un daño; y (3) un nexo causal entre el

daño y la conducta generadora de éste. Sucn. Mena Pamias y otros v.

Jiménez Meléndez y otros, 212 DPR ___ (2023); 2023 TSPR 108; Rivera

v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005). De ahí que se establezca que

para determinar responsabilidad civil extracontractual por actos culposos o

negligentes se deba evaluar el factor previsibilidad y el riesgo inherente a

la luz de las circunstancias. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR

965, 976-977 (2021). Así pues, “[e]l deber de cuidado incluye tanto la

obligación de anticipar como la de evitar la ocurrencia de daños cuya

probabilidad es razonablemente previsible.” Elba A.B.M. v. U.P.R., 125

DPR 294, 309 (1990).

       Atinente a la controversia que tenemos ante nos, es menester que

expongamos la norma reconocida por nuestro Tribunal Supremo en los

casos de Fraguada v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012) y en

Maldonado Rivera v. Suárez, 195 DPR 182 (2016).

      En Fraguada, el Tribunal Supremo revocó la norma establecida en

Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 DPR 596 (1992), y su progenie y

adoptó en nuestra jurisdicción la figura de la solidaridad impropia, conocida

también como obligación in solidum, que ha sido adoptada en las

jurisdicciones de Francia y España. Allí, se concluyó que “el Art. 1974 del
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Código Civil no aplica a los casos de daños y perjuicios al amparo del Art.

1802 del Código Civil”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág.

389.

       En ese sentido, dispuso el alto foro que “el perjudicado podrá

recobrar de cada cocausante demandado la totalidad de la deuda que

proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin

embargo, deberá interrumpir la prescripción en relación con cada

cocausante por separado, dentro del término de un año establecido por el

Art. 1868 del Código Civil, supra, si interesa conservar su causa de acción

contra cada uno de ellos”. Íd. En otras palabras, expuso el Tribunal

Supremo que “la presentación oportuna de una demanda contra un

presunto cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto

de los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la solidaridad

no obra en la obligación in solidum”. Íd.

       En Maldonado, el Tribunal Supremo reiteró la normativa reconocida

en Fraguada y especificó que, aunque en dicho caso la controversia no

giraba en torno a una demanda contra tercero sino a una enmienda a la

demanda promovida por el demandante una vez había transcurrido el

término prescriptivo, la prescripción como efecto secundario aplicaba de

manera similar. Concluyó que “debido a que la reclamación sobre daños y

perjuicios es la causa de acción principal y la acción de nivelación es

subsidiaria y dependiente, si la primera no está disponible por motivo de

prescripción, la segunda se torna improcedente”. Maldonado Rivera v.

Suárez, supra, pág. 208. Es decir, “[a]l prescribir la reclamación sobre

daños y perjuicios a favor de un cocausante, éste queda liberado de tener

que responder, pues su responsabilidad deja de ser exigible”. Íd.

       El alto foro fue más allá y específicamente expuso que “los

cocausantes demandados tampoco pueden, mediante demanda contra

tercero, presentar en su contra una acción de nivelación contingente, pues

al extinguirse el derecho del perjudicado a exigir responsabilidad de ese

cocausante, cesa la obligación para los demás cocausantes de

responder por la parte de aquel en el daño”. Íd., pág. 209 (énfasis
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suplido). Por ello, el por ciento de responsabilidad de ese cocausante que

no fue demandado dentro del término prescriptivo con conocimiento del

demandante, se resta de la totalidad y el perjudicado será indemnizado por

el valor monetario de la diferencia que resulte. Íd., pág. 210.

      Respecto a la aplicabilidad de la aludida norma, nuestro Tribunal

Supremo indicó en Fraguada que su efecto será prospectivo. Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 393. Es decir, a partir del 13 de

agosto de 2012, es necesario incluir en la demanda a todos los

responsables del daño para poder interrumpir el término prescriptivo de un

año. Por otra parte, es fundamental señalar que las reglas de hermenéutica

que evitan que las normas afecten derechos ya adquiridos, aplican

únicamente a las disposiciones de carácter sustantivo. Clases A, B y C v.

PRTC, 183 DPR 666, 680 (2011). En cambio, y de manera análoga, se ha

resuelto que las disposiciones estatutarias procesales tienen efecto

retroactivo. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018).

Esto implica que las normas procesales pueden influir en eventos pasados,

mientras que las normas sustantivas se limitan a respetar los derechos ya

establecidos.

                                     E.

       El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a las

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica de

todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia

sumaria. A la luz de sus disposiciones, si de “las alegaciones,

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en

unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial

y pertinente, y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar la

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.3.

       En ese sentido, se considera un hecho material o esencial, “aquel

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho
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sustantivo aplicable”. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184

DPR 133, 167 (2011); Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455,

472 (2023). Cabe señalar que el juzgador no está limitado a los hechos o

documentos que se produzcan en la solicitud, sino que puede tomar en

consideración todos los documentos que obren en el expediente del

tribunal.

       Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los cuales el

tribunal tenga ante su consideración todos los hechos necesarios y

pertinentes para resolver la controversia y surja claramente que la parte

promovida por el recurso no prevalecerá. Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,

185 DPR 288, 299 (2012); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR

881, 911-912 (1994). Sin embargo, el tribunal no podrá dictar sentencia

sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos;

(2) haya alegaciones afirmativas en la Demanda que no han sido refutadas;

(3) surja de los propios documentos que acompañan la moción una

controversia real sobre algún hecho material; o (4) la moción no procede

como cuestión de derecho. SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares,

supra, pág. 168. Para prevalecer, el promovente de este recurso debe

presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o en

cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos materiales sobre la totalidad o parte de la

reclamación. Roldan Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018).

       Por su parte, la parte promovida por una moción de sentencia

sumaria debe demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho

material que sea constitutivo de la causa de acción del demandante.

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25-26 (2014). Así, la parte que

se opone a que se dicte sentencia sumaria en su contra debe controvertir

la prueba presentada y no cruzarse de brazos. ELA v. Cole, 164 DPR 608,

626 (2005). No puede descansar en meras afirmaciones contenidas en sus

alegaciones ni tomar una actitud pasiva, sino que está obligada a presentar

contradeclaraciones juradas y/o contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente. Roldán Flores v.
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M. Cuebas et al., supra, pág. 677; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200,

214-215 (2010).

       Adicionalmente, en León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 47

(2020), el Tribunal Supremo resolvió que ninguna de las partes en un pleito

puede enmendar sus alegaciones a través de la presentación de una

solicitud de sentencia sumaria o su oposición. Así que, según lo expresa el

propio tribunal, “la parte que se opone a una solicitud de sentencia sumaria

no puede traer en su oposición, de manera colateral, defensas o

reclamaciones nuevas ajenas a los hechos consignados en sus

alegaciones, según consten en el expediente del tribunal al momento en

que se sometió la moción dispositiva en cuestión”. Íd., pág. 54.

       Según las directrices pautadas por nuestro más alto foro, una vez se

presenta la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el tribunal

deberá: (1) analizar todos los documentos incluidos en ambas mociones y

aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si la parte

opositora controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones en la

demanda que no han sido refutadas en forma alguna por los documentos.

Abrams Rivera v. ELA, DTOP y otros, 178 DPR 914, 932 (2010).

       Al examinar la procedencia de una moción que solicita disponer de

un caso sumariamente, el tribunal no tiene que sopesar la evidencia y

determinar la veracidad de la materia, sino que su función estriba en

determinar la existencia o no de una controversia genuina, la cual amerite

ser dilucidada en un juicio plenario. JADM v. Centro Comercial Plaza

Carolina, 132 DPR 785, 802-803 (1983). Además de que “[t]oda inferencia

razonable que se realice a base de los hechos y documentos presentados,

en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más favorable al que

se opone a ésta”. ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005) (énfasis suplido).

       En el caso de revisar la determinación del TPI respecto a una

sentencia sumaria, este foro apelativo se encuentra en la misma posición

que el foro de instancia para evaluar su procedencia. Rivera Matos et al. v.

Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); Meléndez González et al. v. M.
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Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión que realice el foro apelativo

deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar los documentos

presentados en el foro apelado. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).

De modo que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Íd. En

adición a esta limitación, se ha aclarado que al foro apelativo le está vedado

adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea

le corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs.

334-335.

      En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro más Alto

Foro delimitó los pasos del proceso a seguir para la revisión de la sentencia

sumaria por parte de este foro revisor, el cual consiste de: (1) examinar de

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; (3) revisar si

en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos,

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.4, de exponer concretamente cuáles hechos materiales

encontró que están en controversia y cuáles son incontrovertibles; (4) y, de

encontrar que los hechos materiales realmente son incontrovertidos, debe

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119.

                                         III.

       En el presente caso, Alianza nos solicita que revoquemos la

Sentencia Parcial del TPI fundamentada en tres (3) aspectos, a saber: (1)

que el foro primario erró al aplicar la normativa adoptada en Fraguada de

forma retroactiva; (2) que el tribunal de instancia erró al considerar los

argumentos traídos ante su consideración a base de lo resuelto en

Maldonado, al tiempo en que se concluyó que los Apelados renunciaron a

invocar la defensa de prescripción; y (3) que el TPI erró al concluir que la
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causa de acción incoada por Alianza en contra de los Apelados era una

naturaleza contractual.

      Al adentrarnos a los planteamientos de derecho que la Apelante

esbozó en su recurso, notamos que ninguno va dirigido a cuestionar los

hechos que el TPI entendió que estaban incontrovertidos. Entiéndase, las

controversias que venimos compelidos a adjudicar están cimentadas en la

aplicación del derecho por parte del foro a quo.

      Por tanto, y según hemos adelantado, al momento de revisar una

determinación del foro de instancia respecto a una sentencia sumaria,

estamos llamados a realizar una revisión de novo y limitados únicamente a

adjudicar con los documentos presentados ante el foro de instancia. Sin

embargo, al no estar en controversia los hechos desglosados por el TPI en

la Resolución emitida el 13 de noviembre de 2023 que sirvieron de base

para las conclusiones consignadas en la Sentencia Parcial apelada,

acogemos los mismos como nuestros:

    1. El 12 de diciembre de 2014 Marlyn Arroyo, Carlos Martínez Aldebol
       y la Sociedad de Bienes Gananciales presentaron Demanda en
       contra de Cooperativa de Yabucoa "Yabucoop" y otras partes
       alegando que éstos fueron negligentes en el proceso del trámite
       hipotecario de su propiedad, localizada en el número 14, en la Urb.
       Mansión del Sur, en Ponce, Puerto Rico.
    2. Alianza Hipotecaria solicitó de OM Appraisal Partners, Inc., que
       hicieran la tasación de la propiedad número 12 de la Urb. Mansión
       del Sur, mediante referido enviado por fax el 17 de junio de 2008.
    3. OM Appraisal Partners es una corporación organizada bajo las
       leyes de Puerto Rico y su principal oficial es Omar Ortiz.
    4. OM Appraisal Partners refirió la tasación solicitada por Alianza
       Hipotecaria en el presente caso a su contratista independiente
       Rafael Rivera.
    5. Rafael E. Rivera Pagán, visitó la propiedad número 12 en la Urb.
       Mansión del Sur, tomó fotos y entrevistó al demandante Carlos
       Martínez Aldebol para realizar la tasación solicitada por Alianza
       Hipotecaria.
    6. Una vez concluida la inspección y la toma de fotografias de la
       propiedad referida por Alianza Hipotecaria a OM Appraisal
       Partners, Inc., ésta, bajo las firmas de Omar Ortiz y Rafael Rivera
       suscribieron una tasación indicando en el Informe que se trataba
       de la propiedad número 14 Mansión del Sur, en Ponce, Puerto
       Rico.
    7. OM Appraisal Partners, Inc., envió la tasación de la propiedad
       indicando que se trataba de la propiedad número 14 de la Urb.
       Mansión del Sur a Alianza Hipotecaria el 31 de julio de 2008.
    8. Los demandantes Marlyn Arroyo, Carlos Martinez Aldebol y la
       Sociedad de Bienes Gananciales no presentaron reclamación
       alguna en contra de Rafael Rivera, Omar Ortiz y OM Appraisal
       Partners, Inc., dentro del término de un año desde que éstos
       suscribieron la transacción.
    9. El 30 de octubre de 2015, Yabucoop presentó Demanda contra
       Tercero en contra de Rafael Rivera, Omar Ortiz, OM Appraisal
       Partners, entre otros, incluyendo a Alianza Hipotecaria, alegando
       que Ios tasadores incurrieron en incompetencia profesional en la
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      tasación de la propiedad número 12, referida para tasación por
      Alianza Hipotecaria.
  10. Al momento de presentarse la Demanda de Terceros por Yabucoop
      en contra de OM Appraisal Partners, Inc., Rafael Rivera y Omar
      Ortiz, habían transcurrido siete años desde la fecha en que se
      suscribió y entregó la tasación objeto de este litigio por Omar Ortiz,
      Rafael Rivera y OM Appraisal Partners, Inc. a Alianza Hipotecaria.
  11. Rafael Rivera, Omar Ortiz y OM Appraisal Partners, Inc., fueron
      emplazados como terceros demandados en el presente caso el 18
      de noviembre de 2015.
  12. Alianza Hipotecaria presentó Demanda Enmendada contra
      Terceros el 12 de diciembre de 2016 en contra de OM Aprisal
      Partners, Rafael Rivera Pagán, Omar E. Ortiz Maldonado, Luis
      Ángel Ortiz Carrasquillo y David E. Vera Umpierre. En lo aquí
      pertinente, Alianza Hipotecaria le imputa una culpa y negligencia a
      OM Aprisal Partners, Rafael Rivera Pagán, Omar E. Ortiz
      Maldonado en el trámite de Tasación del 31 de julio de 2018.
      Alianza Hipotecaria alega que solicitó al tasador Rivera Pagán de
      OM Apraisal realizar la tasación de la propiedad de los
      demandantes.
  13. Al momento de presentarse la Demanda de Terceros por Alianza
      Hipotecaria en contra de OM Appraisal Partners, Inc., Rafael Rivera
      y Omar Ortiz, habían transcurrido ocho años desde la fecha en que
      se suscribió y entregó la tasación objeto de este litigio por Omar
      Ortiz, Rafael Rivera y OM Appraisal Partners, Inc. a Alianza
      Hipotecaria.
  14. Los demandantes Marlyn Arroyo, Carlos Martínez Aldebol y la
      Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos no
      presentaron reclamación extrajudicial o judicial alguna en contra de
      Omar Ortiz, Rafael Rivera y OM Appraisal Partners, Inc., dentro de
      un año de suscrita la transacción.
 15. Con anterioridad a la presentación de la Demanda de Tercero por
      Yabucoop / Alianza Hipotecaria en contra de Omar Ortiz y Rafael
      Rivera y OM Appraisal Partners, Inc., Alianza Hipotecaria, la
      Cooperativa de Yabucoa "Yabucoop" nunca presentaron
      reclamación judicial o extrajudicial alguna en contra de Rafael
      Rivera, Omar Ortiz o OM Appraisal Partners, Inc., alegando
      negligencia en el proceso de tasación de la propiedad referida por
      Alianza Hipotecaria y objeto de este litigio.
 16. En la Demanda de Terceros presentada por Alianza Hipotecaria,
      Inc., en el presente caso, ésta incluyó como terceros demandados
      a Rafael Rivera, Omar Ortiz y OM Appraisal Partners, Inc., y al
      Notario que suscribió la escritura de Hipoteca en el presente caso
      Lcdo. David E. Vera Umpierre.
 17. El 18 de abril de 2018 se dictó Sentencia Parcial en este caso
      desestimando por prescripción la Demanda de Tercero que
      presentó Yabucoop / Alianza Hipotecaria en contra del Tercero
      Demandado Lodo. David E. Vera Umpierre.
 18. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia de Parcial del 18
      de abril de 2018 desestimando por prescripción la Demanda de
      Tercero de Alianza Hipotecaria, Inc., en contra del Notario Lcdo.
      David E. Vera Umpierre.
 19. Entre la Cooperativa de Yabucoa (Yabucoop) y Alianza Hipotecaria
      existía un Acuerdo de participación en programa de mercadeo,
      procesamiento y cierre de préstamos hipotecarios con
      cooperativas (Acuerdo).
  20. Como parte del Acuerdo, Alianza Hipotecaria se comprometía a
      tramitar y obtener los documentos y evidencia necesaria para llevar
      el caso a un cierre exitoso en el menor tiempo posible.
  21. Como parte del Acuerdo, Alianza Hipotecaria contrataría los
      proveedores de servicios cualificados y aceptados por el mercado
      secundario, la cooperativa y ésta.
  22. El 19 de marzo de 2015 Yabucoop, por conducto de su Presidente
      de la Junta de Directores, envió una comunicación a Alianza
      Hipotecaria que fue recibida por ésta el 24 de marzo de 2015
      requiriendo el cumplimiento del Acuerdo. Se consignó que junto a
      la comunicación se acompañó copia de la Demandada que dio
      origen al presente caso.
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       Establecido lo anterior, comenzaremos por discutir el tercer

señalamiento de error, ya que la disposición del mismo afecta el resultado

del restante de los errores planteados. Específicamente, Alianza arguye

que el TPI erró al determinar que la causa de acción es una sobre

responsabilidad extracontractual y no contractual. No nos convence su

postura. Nos explicamos.

       Surge del expediente ante nuestra consideración que el 26 de

octubre de 2000, los demandantes adquirieron mediante compraventa la

propiedad núm. 14 de la Urbanización Mansiones del Sur en Ponce, Puerto

Rico. Mientras habitaban la propiedad, se percataron de varias

complicaciones en la estructura. Al comunicarle esta situación al

desarrollador, éste les autorizó mudarse a la propiedad núm. 12 mientras

se solucionaban los problemas que afectaban la propiedad núm. 14. Así

las cosas, en el 2008 los demandantes decidieron obtener un préstamo

hipotecario con la Cooperativa. En este momento, la Cooperativa mantenía

un acuerdo con Alianza para que este último se encargara de los trámites

asociados al cierre de los préstamos hipotecarios. Así pues, el 17 de junio

de 2008, Alianza le solicitó a OM que realizara la tasación de la propiedad

núm. 12. Siguiendo las instrucciones de OM, el señor Rivera Pagán visitó

la residencia núm. 12, capturó imágenes y entrevistó a los demandantes.

El 31 de julio de 2008, OM envió el Informe de la tasación firmada por el

señor Rivera Pagán y el señor Ortiz Maldonado, el cual especificaba que la

propiedad tasada había sido la núm. 14, en lugar de la propiedad núm. 12.

A causa de estos acontecimientos, Alianza solicitó en su “Demanda Contra

Terceros Enmendada” que los Apelados le indemnizaran por los daños

y perjuicios que podrían surgir como consecuencia de una posible

declaración de nulidad del préstamo hipotecario.

       Como hemos adelantado, nuestro sistema legal le otorga un

tratamiento distinto a la responsabilidad contractual y a la extracontractual.

Las acciones ex contractu tienen como objetivo compensar los perjuicios

derivados del incumplimiento de acuerdos previos, mientras que las

acciones extracontractuales buscan reparar los daños que surgen en el
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curso de diversas actividades humanas a causa de acciones culposas o

negligentes. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir First Bank, supra, pág. 56.;

Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., supra, pág. 720. Así pues, la acción

por incumplimiento de contrato cuenta con un plazo de prescripción de

quince (15) años, a diferencia de las acciones extracontractuales que

prescriben al año. 31 LPRA sec. 5294 y 31 LPRA sec. 5298,

respectivamente.

        Tras    analizar    detenida       y   comprensivamente        la   “Demanda

Enmendada Contra Terceros” presentada por Alianza, somos de la

opinión que la causa de acción incoada por este último en contra de los

Apelados es una de naturaleza extracontractual. Adviértase que la

reclamación presentada por la Apelante surge como consecuencia de la

presunta culpa y negligencia de los Apelados al efectuar una tasación sobre

una propiedad incorrecta. Asimismo, Alianza específicamente reclamó lo

siguiente: “Del tribunal declarar la nulidad de[l] préstamo hipotecario según

solicita la parte demandante, a la compareciente le responde OM Aprisal

Partners PSC, Omar Mart[í]nez Maldonado y Rafael Rivera Pagán, por

todos los daños y perjuicios que sufra la compareciente a razón de dicha

nulidad”.2 Es, pues, evidente que la causa de acción presentada por

Alianza en contra de los Apelados era una de naturaleza extracontractual.

No se cometió el error señalado.

        Habiendo aclarado este asunto, nos dirigimos a analizar el primer

señalamiento de error. Alianza argumenta que el foro primario erró al

interpretar y aplicar, de forma retroactiva, la normativa establecida por el

Tribunal Supremo en los casos de Fraguada.3 Esta postura tampoco nos

resulta convincente. Veamos.

        Del expediente se desprenden las siguientes circunstancias, a

saber: (1) los Apelados realizaron la tasación en el año 2008; (2) los

demandantes interpusieron la “Demanda” el 2 de diciembre de 2014, en

2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 112.
3 Aclaramos que, a pesar de que en el señalamiento de error la Apelante alude al
precedente sentado en el caso de Maldonado, nada discute sobre su supuesta aplicación
retroactiva al caso que nos ocupa. Simplemente, se limita a discutir las razones por las
cuales entiende que el TPI erró al aplicar la normativa de Fraguada en el presente pleito.
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la cual no incluyeron reclamación alguna contra los Apelados y (3) el 30 de

octubre de 2015, la Cooperativa presentó su “Demanda Contra Tercero”.

      Primeramente, no albergamos duda de que la norma sentada en el

caso de Fraguada que establece que el término de prescripción debe ser

interrumpido para cada cocausante del daño fue efectiva y vinculante a

partir del 13 de agosto de 2012. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra, pág. 389.

      En otras palabras, desde esa fecha, se convirtió en un requisito sine

que non acumular a todos los presuntos cocausantes del daño en la

demanda para que se entienda interrumpido el término de prescripción de

un (1) año de las acciones extracontractuales y sea posible para el

demandante reclamar en contra de todos por los daños sufridos.

Específicamente, el Tribunal Supremo fue enfático al concluir que “la

presentación oportuna de una demanda contra un presunto

cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de

los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la

solidaridad no obra en la obligación in solidum”. Fraguada Bonilla v.

Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389. (énfasis suplido). Asimismo,

Maldonado reiteró la norma de Fraguada y aclaró que las reclamaciones

sobre acciones de nivelación son subsidiarias y dependientes a las

acciones de daños y perjuicios. Maldonado Rivera v. Suárez, supra, pág.

208. Por lo que, si la primera no está disponible por prescripción, la

segunda se vuelve improcedente. Íd.

      Como se percibe, Fraguada y su progenie regulan el aspecto

procesal de la acumulación de las partes en un litigio de naturaleza ex

delicto en que alegadamente existen varios cocausantes de los daños

alegados y como dicha acumulación opera para propósitos de la

interrupción del término prescriptivo en contra de todos esos cocausantes.

Por tanto, al ser un asunto procesal que impacta derechos sustantivos, no

podemos acoger la teoría de Alianza de que lo allí resuelto es inaplicable

al caso de epígrafe porque los daños reclamados ocurrieron con

anterioridad a dicho precedente judicial.
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      Nótese que la “Demanda” en este caso fue presentada en el año

2014, cuando ya el Tribunal Supremo había adoptado en nuestra

jurisdicción la norma de acumulación de cocausantes de un daño en

casos de naturaleza extracontractual para efectos de la interrupción

del plazo prescriptivo de la acción en contra de todos. Entiéndase, ya

para la fecha en que se inició el litigio que nos ocupa, los

demandantes sabían o debían conocer la norma procesal de

acumulación de partes que nuestro más alto foro acogió en Fraguada

para propósitos de la interrupción de la prescripción de la acción

contra varios cocausantes de un daño. Por tanto, es forzoso concluir que

el TPI no erró al aplicar la normativa de Fraguada al caso de autos, ya que

en el momento en que se presentó la “Demanda”, dicha jurisprudencia ya

estaba en vigor. Más aún cuando la norma allí establecida, si bien tiene un

efecto sobre el derecho sustantivo de la prescripción, no es sino una norma

procesal de acumulación de partes (cocausantes de un daño) en un pleito

de naturaleza extracontractual.

      Finalmente, la Apelante expone que el TPI erró al considerar los

argumentos de Fraguada y Maldonado, a pesar de haber determinado que

los tasadores renunciaron a la defensa afirmativa de prescripción.

      Antes de proceder a discutir los méritos de este señalamiento de

error, debemos dejar meridianamente claro que la Apelante en ningún

momento atacó u objetó en su recurso la conclusión a la que arribó el TPI,

a los efectos de que la “Demanda Enmendada Contra Terceros” está

irremediablemente prescrita. Simplemente se limitó a discutir el

contrasentido de la Sentencia Parcial, en tanto dio por renunciada la

defensa de prescripción, aunque desestimó la causa de acción incoada en

contra de los Apelados por prescripción al entender que no subsiste una

causa de acción por nivelación. Es decir, coincidimos con los Apelados a

los efectos de que la prescripción de la causa de acción de los

demandantes en contra de éstos es un asunto adjudicado por el TPI en la

Sentencia Parcial apelada y Alianza no refutó dicha conclusión en su

recurso.
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        No olvidemos que, en cuanto al contenido del escrito de las

apelaciones de casos civiles, la Regla 16 de nuestro Reglamento requiere

que del cuerpo del escrito se desprendan los señalamientos breves y

concisos de los errores que a juicio de la parte apelante cometió el Tribunal

de Primera Instancia y una discusión de los errores señalados, incluyendo

las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 4 LPRA Ap. XXII-B,

RR. 16(C) (E) y (F).

        Lo anterior, debido a que los errores no discutidos en un recurso se

entienden renunciados y no serán considerados por los tribunales

revisores. Pueblo v. Miró González, 133 DPR 839, 857 (1993). Así se ha

pautado jurisprudencialmente que:

        La exigencia de que el escrito de apelación contenga un
        señalamiento de error y una discusión del mismo no es un
        mero preciosismo inconsecuente. Es en la discusión del
        error donde se enmarca la actuación alegadamente
        errónea del foro primario cuya revocación se ha
        solicitado, a la luz de los hechos y del derecho aplicable.
        Es lo que se ha denominado “el corazón” de la apelación o “la
        artillería pesada”. No podemos olvidar que el derecho,
        particularmente el derecho o práctica apelativa, es
        rogado. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 369 (2005) (énfasis
        suplido).

        Así pues, es evidente que en materia de derecho apelativo las partes

no deben menospreciar la exigencia de que los señalamientos de error en

una apelación sean discutidos de manera apropiada, pues el resultado de

ello es que se deben entender por renunciados y limitando nuestra labor

revisora al no encontrarnos en posición de atender los reclamos

presentados por la parte.

        Establecido lo anterior, el expediente del caso ante nuestra

consideración refleja que los Apelados incluyeron en su “Contestación a

Demanda Contra Tercero Enmendada” la defensa afirmativa de

prescripción. En específico, indicaron lo siguiente:

                                        […]

        1. La demanda contra terceros enmendada así como la
           deuda original podrían estar parcial o totalmente
           prescrita y es improcedente en derecho.4

                                         […]

4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 115 (énfasis suplido).
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      Es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la parte responsable

de presentar una alegación responsiva debe reconocer o negar las

aseveraciones de la parte contraria, al mismo tiempo que exponer sus

defensas respaldándolas con una relación de hechos demostrativos. 32

LPRA Ap. V, R. 6.2 (a). El inciso (b) de la referida Regla nos detalla el

remedio disponible cuando una parte no incluye los hechos demostrativos

que respaldan su defensa. 32 LPRA Ap. V, R. 6.2 (b). Esto es, “el tribunal

a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá dictar una orden para

requerirle que satisfaga las exigencias de dicho inciso”. Íd. (énfasis

suplido). Por otra parte, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, nos

provee una lista de las defensas afirmativas que una parte puede añadir en

su alegación responsiva, incluyendo entre ellas la defensa de prescripción.

32 LPRA Ap. V, R. 6.3. Dicha Regla establece que las defensas deben ser

expresadas de manera clara, precisa y específica al contestar una

alegación, puesto que, de lo contrario, se considerarán renunciadas.

Íd. La defensa afirmativa de prescripción solo se entenderá

renunciada si no fue planteada en la primera alegación responsiva,

siendo este el único escenario en el cual se considerará renunciada.

Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra, pág. 1047.

      De una mera lectura de las citadas Reglas en unión con la

jurisprudencia interpretativa de las mismas, se desprende que cuando una

parte omite incorporar la relación de hechos que respalda la defensa

afirmativa de prescripción, lo que corresponde es que el Tribunal emita una

orden para que se enmiende o suplemente la contestación a la demanda

con referencia a los hechos en los que se fundamenta la defensa. Distinto

a lo dispuesto en la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, que dispone

que se entenderá renunciada una defensa afirmativa si la misma no se

expresa de manera clara, precisa y específica.

      Si bien es claro el paralelismo de ambas Reglas, pues regulan la

acumulación de defensas en la primera alegación responsiva, no es menos

cierto que su alcance y sus respectivos incumplimientos acarrean distintos

efectos. La Regla 6.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, requiere que las
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alegaciones y defensas que un demandado invoque en su contestación a

la demanda estén basadas en los hechos que los sustentan. Así pues, el

remedio que la Regla 6.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, provee en

casos de incumplimiento con ello lo es la enmienda a la alegación

responsiva y no la renuncia a la defensa afirmativa. La renuncia a una

defensa afirmativa, como lo es la prescripción, únicamente opera cuando

se deja de plantear en la alegación responsiva de forma clara,

inequívoca y específica. El análisis del lenguaje citado e incorporado a la

“Contestación a Demanda Contra Tercero Enmendada” pone de

manifiesto que los Apelados cumplieron con alegar la defensa afirmativa

de prescripción de forma clara, inequívoca y específica. Entiéndase, para

propósitos de los demandantes y de Alianza no debía existir duda alguna

de que los Apelados invocaron dicha defensa en su primera alegación

responsiva, pues se cumplió con los únicos requisitos que exige la Regla:

que se alegue de forma clara, inequívoca y específica. Por tanto, estamos

impedidos de validar la conclusión de que la misma se diera por

renunciada.

       Al examinar las expresiones del TPI en la Sentencia Parcial,

notamos que en la adjudicación de la controversia de la renuncia de la

defensa de prescripción se entremezclaron los aspectos regulados por la

Regla 6.2 (a) y (b) de Procedimiento Civil, supra, y los efectos de no invocar

una defensa afirmativa, conforme la Regla 6.3 de dicho cuerpo

reglamentario. Según lo intimado por Alianza ante el TPI y acogido por

dicho foro, se debía entender renunciada la defensa de prescripción por no

haber aludido a los hechos en lo que basaba la misma. La renuncia no es

el resultado que persiguen los incisos (a) y (b) de la Regla 6.2 de

Procedimiento Civil, supra. Dicho efecto ocurre sólo cuando la defensa

se deja de alegar en la alegación responsiva, a la luz de la Regla 6.3

de Procedimiento Civil, supra. Eso no fue lo que ocurrió en el presente

caso. Los Apelados sí alegaron la defensa de prescripción en tiempo; ahora

bien, si el argumento era que estaba mal alegada, lejos de entenderla

renunciada lo que correspondía era ordenar la enmienda a la alegación
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responsiva para que se hiciera alusión a los hechos en que se basaban los

Apelados para invocarla.

      Por todo lo antes expuesto, concluimos que el foro primario erró al

determinar que los Apelados renunciaron a la defensa afirmativa de

prescripción. La medida adecuada debió haber sido ordenar la enmienda

de la alegación correspondiente, sin embargo, dado a la conclusión de que

la acción en contra de los Apelados está prescrita, dicho remedio es

improcedente en derecho por haberse tornado académico.

                                    IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte integral del presente dictamen, modificamos la Sentencia Parcial a

los fines de establecer que la defensa afirmativa de prescripción no fue

renunciada y así modificada, se confirma la Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones