Court Opinion

ID: 9941464
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:27.498478+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.860594
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL VII

      JAIME MOYA DIAZ                              Certiorari
                                                   procedente del
           Recurrido                               Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
               V.                                  Superior de Caguas

    ABIMAEL RODRÍGUEZ           KLCE202301379 Caso Núm.
     MARTÍNEZ Y OTROS                         CG2021cv01442
                                              (703)
          Peticionario
                                                   SOBRE:
                                                   ACCIDENTE DE
                                                   TRÁNSITO Y OTROS

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

Grana Martínez, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      El peticionario Abimael Rodríguez Martínez, (en adelante señor

Rodríguez Martínez o peticionario), solicita que revisemos una

resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia (en adelante,

TPI), Sala Superior de Caguas, denegó la solicitud de desestimación. A

pesar de habérsele solicitado la comparecencia ante este foro, el señor

Jaime Moya Díaz (en adelante señor Moya Díaz o recurrido) no

presentó recurso en oposición, por lo que resolvemos sin el beneficio

de su comparecencia.

                                  I.

      Los hechos esenciales para comprender la decisión que hoy

tomamos se detallan a continuación. El 18 de diciembre de 2019, a

eso de las 9:15am, la señora Alma Noemí Armenteros Pla (en

adelante, señora Armenteros Pla) se encontraba detenida por un

desperfecto de su vehículo en el área del paseo de la carretera PR-52 a

la altura del kilómetro 17.4. El señor Rodríguez Martínez transitaba

por dicha área y realizó un cambio indebido de carril, impactando a la
KLCE202301379                                                                     2

señora Armenteros Pla que resultó muerta a causa del impacto. El

peticionario enfrentó un proceso criminal en su contra por violentar el

Art. 5.07 (c) de la Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 5127, también

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. A estos

efectos, el señor Rodríguez Martínez se declaró culpable mediante una

alegación pre-acordada y la acusación fue reclasificada a modalidad

menos grave con una pena de tres años de probatoria.

       El señor Moya Díaz fue esposo de la señora Armenteros Pla.

Reclamó mediante acción civil, daños y perjuicios, sufridos a causa de

la muerte de su esposa, lucro cesante y gastos fúnebres. Según alega

el señor Moya Díaz, el 13 de octubre de 2020, el representante legal

del señor Rodríguez Martínez, el licenciado José A. Velázquez Grau, le

indicó a su representante legal y a él que tenían “intenciones de llegar

a un acuerdo extrajudicial para no tener que recurrir a los tribunales.

Que, si en alternativa iban a presentar acción en contra de estos, le

presentaran una carta extrajudicial”.1 Así las cosas, el 16 de

diciembre de 2020, antes de que se venciera el término prescriptivo, la

parte demandante-recurrida envió a la representación legal del

demandado una carta extrajudicial con el claro propósito de

interrumpir el término prescriptivo.

       Cabe destacar, que el representante legal del señor Rodríguez

Martínez es el mismo abogado que le representó durante el proceso

criminal en su contra.

       Según alega el peticionario, la demanda se presentó el 16 de

junio de 2021, seis (6) meses luego de la reclamación extrajudicial

enviada a su abogado.2 La parte demandada solicitó desestimación

por falta de jurisdicción arguyendo que el término prescriptivo se

había extinguido, toda vez que el término para reclamar acciones por

1  Véase Oposición a moción en solicitud de desestimación por falta de jurisdicción,
págs. 24 a 28 del apéndice del recurso.
2 Véase Demanda, págs. 1 a 4 del apéndice.
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daños y perjuicios es de un (1) año, y en este caso, había transcurrido

dicho término.

       Por su parte, el señor Moya Díaz se opuso a la desestimación.

Imputó al representante legal del peticionario falta de sinceridad y

honradez, pues sostuvo que había sido este mismo quien le había

pedido al demandante y a su representación legal que dirigieran la

reclamación extrajudicial a él mismo. Afirmó que, a base de dicha

representación, cumplió con enviar la carta según intimado. Incluso

aseveró que el representante legal del peticionario hizo acuse de

recibo de la carta e indicó que estaba en conversaciones con el

demandado y su familia para llegar a un acuerdo extrajudicial.3

Trabada la controversia, el foro primario declaró la solicitud de

desestimación sin lugar. Razonó que el término prescriptivo para

radicar la acción fue interrumpido, mediante la comunicación

extrajudicial enviada por el abogado del señor Moya Díaz al

representante legal del peticionario. Además, le impuso al peticionario

una sanción de $250 por concepto de honorarios de abogado por

presentar una solicitud de remedio improcedente.4

       Luego de haber solicitado la desestimación del caso y la

reconsideración de la moción de desestimación, la parte peticionaria

recurre inconforme ante este Tribunal. En esencia, argumentó:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia,
       cometió error manifiesto en derecho y abusó de
       discreción al reiterar su jurisdicción sobre la
       controversia de marras, a pesar del patente
       incumplimiento de la parte demandante con los
       términos    y   formalizades   exigidas    para     el
       perfeccionamiento de una reclamación extrajudicial.

                                        II.

                                        A.

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

3 Véase, Oposición a moción en solicitud de desestimación por falta de jurisdicción,
págs. 24 a 28 del apéndice.
4 Véase, Resolución, pág. 51 del apéndice.
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decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento

Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491; Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc.,

207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León Corp. v. American

International Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174

(2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710

(2019). Aunque la característica principal del recurso reside en el

carácter discrecional del mismo, tal determinación no es irrestricta,

está sujeta a los criterios señalados en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil. Advertimos que esta Regla ha sufrido modificaciones a través del

tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros

revisores en la expedición del recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      [p]ara revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar a
      la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
      que se interponga contra la sentencia sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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      Superado    el   análisis   al    amparo   de   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para guiar su discreción al intervenir con la resolución u orden

interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B R.40

                                       B.

      Los tribunales apelativos actuamos, esencialmente, como foros

revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales de

primera instancia aplican el derecho a los hechos particulares de cada

caso. Como norma general, debemos aceptar sus determinaciones de

hecho, la credibilidad adjudicada a los testigos y el valor probatorio

dado a la prueba desfilada. Esta norma es aplicable salvo que, en la

actuación del juzgador de los hechos, haya mediado pasión,

prejuicio o parcialidad o incurrido en un error manifiesto. No

obstante, las conclusiones de derecho de los foros de instancia son
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totalmente revisables por los foros apelativos. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). (Énfasis suplido).

       La discreción se define como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). Esta

discreción no es absoluta, ya que está inexorablemente ligada a

nociones de razonabilidad, según el contexto particular de la

situación en la cual es ejercida. Una determinación discrecional que

transgrede el marco de la razonabilidad constituye un abuso de

discreción. Pueblo v. Carrero Rolstand, 194 DPR 658, 667-668 (2016);

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004).

                                        C.

       El Art. 1802 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141,5

dispone que aquel que cause un daño a otro por culpa o negligencia,

deberá repararlo. Por otra parte, el Art. 1868 del Código Civil de 1930,

31 LPRA ant. sec. 5298, establece que las acciones de daños y

perjuicios por culpa o negligencia a las que se refiere el Art. 1802,

supra, cuentan con un término prescriptivo de un (1) año. Por lo

tanto, de no interrumpirse este plazo, la causa de acción para exigir la

referida responsabilidad civil prescribe al transcurrir un (1) año desde

que lo supo la persona agraviada. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308,

322 (2004), Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, 2023 TSPR

120, 213 DPR __, 2023.

       Como es conocido, la prescripción extintiva es una figura de

derecho sustantivo que extingue el derecho a ejercer cierta causa de

acción por la inacción de una parte durante un tiempo determinado.

Nevárez Agosto v. United Surety et al., 209 DPR 346, 356 (2022);

Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215, 228 (2019);

Fraguad Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012).

5 Se hace referencia a los artículos del Código Civil de Puerto Rico, 1930, 31 LPRA,

hoy, derogado ya que constituye la normativa aplicable a la fecha de los hechos que
generan esta controversia.
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El propósito de este precepto jurídico es castigar la inercia y estimular

el rápido ejercicio de las acciones. Id., pág. 373.

      Así pues, en nuestro ordenamiento jurídico, se parte de la idea

de que las reclamaciones válidas se ejercen oportunamente, por lo que

una persona no debe estar sujeta a la incertidumbre de una posible

reclamación de forma indefinida y en estado de indefensión como

consecuencia del paso del tiempo y la pérdida de la prueba.

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192-193 (2016). De

esta forma, se atiende la necesidad de que exista estabilidad y

seguridad tanto en las relaciones jurídicas como en el tráfico jurídico.

Cacho González et al. v. Santarrosa et al., supra, pág. 228; Maldonado

Rivera v. Suárez y otros, supra, pág. 192.

      No obstante, nos enfatiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico:

“[C]on relación al receptor del acto interruptivo, el reconocido

tratadista Luis Díez-Picazo comenta que “[como] regla general, los

actos de interrupción de la prescripción, emanados del sujeto activo

del derecho en prescripción, tienen como lógico destinatario al sujeto

pasivo de tal derecho”. L. Díez-Picazo y Ponce de León, La prescripción

extintiva: en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, pág. 149. Ahora

bien, “no es discutible que [los actos interruptivos] pueden

dirigirse a un representante legal o voluntario del mismo”. Íd. El

mencionado tratadista nos dice que, para precisar si una reclamación

frente a quien corresponda puede surtir efectos en cuanto a otras

personas a las que no vaya expresamente dirigida, se pueden evaluar

factores como: (1) la suficiencia del esfuerzo que el interruptor

debe realizar para determinar el sujeto pasivo de su pretensión, y

(2) si el acto de interrupción hubiera llegado o podido llegar

normalmente a ser conocido por los afectados. Íd., pág. 150.

También menciona que la buena fe constituye un criterio necesario

para valorar el acto de interrupción de la prescripción en sí
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mismo        y   su   potencial   eficacia   para   producir   el   efecto

interruptivo”. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos, supra.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el

término prescriptivo de las acciones puede ser interrumpido por: (1) el

ejercicio de la acción judicial correspondiente; (2) la reclamación

extrajudicial, y (3) el reconocimiento de la deuda por parte del

deudor. Art. 1873 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5303.

Véase, además, Nevárez Agosto v. United Surety et al., supra, pág.

357. En lo pertinente a la controversia del presente caso, “[l]os

propósitos principales de una reclamación extrajudicial son

‘interrumpir el transcurso del término prescriptivo de las

acciones; fomentar las transacciones extrajudiciales, y notificar,

a grandes rasgos, la naturaleza de la reclamación”’. (Negrilla

suplida). Cacho González et al. v. Santarrosa et al., supra, pág. 228

(citando a De León v. Caparra Center, 147 DPR 797, 803 (1999)).

Asimismo, para que una reclamación extrajudicial sea efectiva debe

cumplir con lo siguiente: (1) ser oportuna; (2) ser presentada por una

persona con legitimación; (3) el medio utilizado para hacer la

reclamación debe ser idóneo, y (4) existir identidad entre el derecho

reclamado y el afectado por la prescripción. Díaz Santiago v.

International Textiles, 195 DPR 862, 870 (2016), Birriel Colón, supra, a

la pág. 9.

      En fin, “la prescripción no es una figura rígida, sino que la

misma admite ajustes judiciales, según sea requerido por las

circunstancias particulares de los casos y la noción de lo que es justo”

Id., a la pág.9. “[E]l principio de la buena fe no da lugar a la

utilización del derecho a la defensa de prescripción cuando el

derecho surge de omisiones de la otra parte causadas, parcial

pero significativamente, por la propia conducta de la actora”.

Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 588 (1981). (Énfasis
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en el original). Consecuentemente, añade el Tribunal Supremo de

Puerto Rico:

       “También señalamos que la doctrina de los propios actos,
       así como la del abuso del derecho, impedían que la parte
       demandada invocara exitosamente la defensa de
       prescripción. Íd. Por ende, resolvimos que las
       reclamaciones extrajudiciales de la parte demandante
       durante el proceso de negociación con los ajustadores
       tuvieron el efecto de interrumpir el periodo prescriptivo de
       la causa de acción contra la empresa demandada”. Birriel
       Colón, supra, pág. 10

                                        III

       El peticionario plantea en su único error, que el TPI cometió

error manifiesto en derecho y abuso de discreción al reiterar su

jurisdicción sobre la controversia de marras, a pesar del patente

incumplimiento        de   la   parte   demandante   con   los   términos   y

formalizades exigidas para el perfeccionamiento de una reclamación

extrajudicial. Advierte, la parte peticionaria en su recurso, que es

esencialmente imposible que la interrupción fuera efectiva, toda vez

que él, según alega, no estaba contratado como representante legal

por el señor Rodríguez Martínez al momento en que recibió la oferta

de transacción extrajudicial por parte del representante legal del

señor Moya Díaz.6

       Por otro lado, el señor Moya Díaz acusa al peticionario de no

acudir al tribunal con las manos limpias, sino todo lo contrario.

Asevera que falta al deber de sinceridad y honradez que permea todo

deber de representación legal. Esto al representarle que, su abogado

para discutir cualquier reclamación extrajudicial era el licenciado

José A. Velázquez Grau e inducirle a enviarle una reclamación

extrajudicial y ahora este último, decir que no estaba contratado para

tal encomienda. Esto a pesar de ser el representante actual del

peticionario.

       La naturaleza de la controversia en este caso es una que

requiere examinar si se realizaron o no determinadas gestiones,

6 Recurso del peticionario, pág. 12.
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entonces, resulta evidente que se trata de un asunto de credibilidad.

Credibilidad que debe ser dirimida con el testimonio bajo juramento

de los representantes legales involucrados y las partes envueltas a la

luz de lo dictaminado por el Tribunal Supremo en E.L.A. v. P.M.C, 163

DPR 478, 489 (2004). Hay controversias que, por su naturaleza, el

factor credibilidad juega un papel decisivo para llegar a la verdad que

hacen necesario la celebración de una vista para oír y ver declarar a

los testigos, sopesar los argumentos de cada parte y, recibir cualquier

otra prueba adicional que se considere pertinente.

      A través de escritos y meras alegaciones es difícil que el foro

primario haya podido reunir ante sí toda la verdad de los hechos en

una controversia donde el factor credibilidad juega un papel esencial,

sino el decisivo, para llegar a la verdad. No podemos olvidar que

estamos     ante   una   controversia   subsidiaria   de   trascendental

importancia para la parte demandante, toda vez que de ella depende

el derecho de ésta a reclamar por la muerte de su esposa, producto de

actos negligentes y temerarios, ya aceptados por el peticionario. Si

bien ninguna compensación recompensa el dolor de perder un ser

querido, en cierta medida es una reivindicadora de un daño visceral.

      Por último, recordamos a los representantes legales de las

partes que el Cánon 10 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, les obliga

a desempeñarse en forma capaz y diligente, pero no significa que el

abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el

propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del

abogado no le permite que, en defensa de un cliente, viole las leyes del

país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas

del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en

cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la

informan.
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                                    IV

      Por los fundamentos de previamente expresados, se expide el

auto, se revoca y se le ordena al TPI que celebre una vista donde

pueda dirimir credibilidad mediante el testimonio de las partes y sus

abogados. Además, dejamos sin efecto la sanción impuesta, hasta

tanto el foro recurrido celebre la vista para dirimir credibilidad.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones