Court Opinion

ID: 9941518
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:42:56.159141+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.266330
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

     JOSÉ LUIS GARCÍA                               Certiorari
     FIGUEROA Y OTROS                               procedente del
                                                    Tribunal de
             Recurrido                              Primera Instancia,
                                                    Sala de San Juan
                 v.
                                    KLCE202301317 Caso Número:
     CAJA GRANDE, LLC Y                           SJ2021CV07354
           OTROS
                                                    Sobre:
            Peticionario                            Incumplimiento de
                                                    contrato

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

       Comparece Caja Grande, LLC (peticionaria) y solicita la

revocación de una Resolución y Orden1 emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario) el 27 de

octubre de 2023.           En esta, el foro primario autorizó cuatro

enmiendas a la demanda, entre otras determinaciones sobre el

descubrimiento de prueba y manejo del caso. Junto a su petitorio

presentó una Moción en auxilio de jurisdicción para la paralización

de    los    procedimientos.         Tomando   en   consideración    los

planteamientos esbozados, así como la postura de la parte

peticionaria, ordenamos la paralización solicitada.

       Por    los     fundamentos    que   exponemos   a   continuación,

expedimos el auto de certiorari, modificamos el dictamen recurrido

y dejamos sin efecto la orden de paralización de los procedimientos.

Veamos.

                                      I.

1 Apéndice, págs. 1-2.

Número Identificador:

SEN2024________
KLCE202301317                                                                   2

       José Luis García Figueroa y Nicole Marie Maldonado Díaz

(recurridos) incoaron una Demanda2 el 8 de noviembre de 2021 por

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en contra de Caja

Grande, LLC. En síntesis, alegaron que, adquirieron de la

peticionaria dos contenedores en anticipación a la construcción de

su residencia y, como parte de un acuerdo contractual, solicitaron

su transporte hasta la finca donde habrían de ser colocados.

Adujeron que, la peticionaria inspeccionó el área y presuntamente

determinó que no era apta para colocar allí los contenedores.

Arguyeron      que,   Caja     Grande,     LLC    les   cobró     cargos    por

almacenamiento y dejó sin efecto el referido contrato. En su

consecuencia, imputaron a Caja Grande, LLC, el incumplimiento de

contrato, la pérdida económica, más daños y perjuicios por

angustias mentales y emocionales. Suplicaron al foro judicial el

resarcimiento de sus daños, más costas, gastos y honorarios de

abogado.

       En reacción, Caja Grande, LLC acreditó su alegación

responsiva e interpuso una reconvención.3 En esta, instó una acción

en cobro de dinero por concepto del costo de almacenar y custodiar

los   contenedores,      más     gastos     y    honorarios     de   abogado.

Oportunamente, los demandantes aquí recurridos, replicaron la

reconvención4 y el TPI autorizó el descubrimiento de prueba.

       Atinente al recurso ante nos, resaltamos que, el 17 de mayo

de 2022, las partes presentaron un Informe para el manejo de caso.5

En dicho informe se anunció en la Parte C, (inciso 2a sobre Prueba

Testifical, Personas Peritas de la parte demandante) el nombre del

CPA Jorge Rodríguez Suárez. Más adelante en el proceso y según

surge del expediente, el TPI celebró una vista de estatus en la cual

2 Apéndice, págs. 100-104.
3 Apéndice, págs. 105-108. Cabe señalar que, la contestación a la demanda que

instó la peticionaria fue objeto de enmienda. Véase, Apéndice, págs. 112-117.
4 Apéndice, págs. 118-120.
5 Apéndice, págs. 4-9.
KLCE202301317                                                          3

se   discutió    la   prueba   pericial   anunciada.6    Los   recurridos

informaron, mediante moción suplementaria7 instada el 13 de

octubre de 2022, que someterían un informe de prueba pericial del

CPA Rodríguez Suárez sobre pérdida económica.

        Así las cosas, se celebró otra vista sobre el estado de los

procedimientos el 10 de febrero de 2023, en la cual el TPI identificó

el 28 de febrero de 2023, como la fecha límite para finalizar el

descubrimiento de prueba. Además, señaló la fecha de la

Conferencia con antelación al juicio, la cual finalmente se celebró el

26 de junio de 2023. De la Minuta8 notificada en autos el 30 de

junio de 2023, se desprende que, durante la referida conferencia con

antelación al juicio, se discutió el Informe Enmendado9 presentado

el 12 de junio de 2023. En particular, la parte demandante reiteró

su súplica en torno a la utilización del perito anunciado en el Informe

de Manejo y el TPI pospuso su determinación sobre dicho particular

en aras de verificar el expediente. El TPI también autorizó la

presentación de un petitorio sumario en o antes del 15 de agosto de

2023.

        Ahora bien, de la minuta también surge que, el TPI analizó las

enmiendas a la demanda que anunciaron los recurridos en el

referido informe enmendado (correspondiente a la conferencia con

antelación al juicio),10 algunas de ellas fundamentadas en nuevas

causas de acción, a saber:

        1. Se enmienda la Demanda para corregir el número de serie
           del primer vagón, MSCU 5004704.
        2. Se enmienda la Demanda para incluir una causa de
           acción por la inversión de los demandantes en un total de
           $14,236.72.
        3. Se enmienda la Demanda para alegar una causa de
           acción de aumento en valor en el mercado de los
           contenedores de $5,560.00.
        4. Se enmienda la Demanda para alegar una causa de
           acción del Valor del trabajo del Sr. José Luis García en
           una suma de $13,233.90.

6 Apéndice, págs. 10-12.
7 Apéndice, págs. 13-14.
8 Apéndice, págs. 23-26.
9 Apéndice, págs. 27-55.
10 Apéndice, págs. 53-54.
KLCE202301317                                                                 4

       5. Se enmienda la Demanda para alegar una causa de
          acción del costo de financiamiento de $1,376.00.
       6. Se enmienda la Demanda para alegar una causa de
          acción el costo en exceso de renta por la cantidad de
          $7,700.00 acumulado e incrementa por $550.00 todos
          los meses.
       7. Se enmienda la Demanda para alegar una causa de
          acción de pérdida de crédito de $200.00 diarios por 365
          días [que] totaliza $73,000.00.

       Sobre lo antes, el TPI dictaminó lo siguiente:

               […] En torno a las enmiendas de la página 27 con
               excepción de corregir el número de serie del vagón, en
               cuanto a las demás causas de acción el tribunal coincide
               con la apreciación de la parte demandada. Se entiende
               que las mismas no proceden.
               […] Se hace constar que el tribunal únicamente puede
               evaluar los asuntos que se encuentran incluidos en la
               demanda.

       Inconforme con la determinación, el 10 de julio de 2023, los

demandantes recurridos solicitaron la reconsideración11 de la

Minuta notificada.12 Arguyeron que, las enmiendas a la demanda

solicitadas versan sobre daños que no se conocían ni existían al

momento de radicar la demanda. Entre otros señalamientos,

añadieron su postura en cuanto a la dilación en notificar el informe

pericial       sobre   pérdida    económica,     el   cual    presuntamente

anunciaron desde el inicio del litigio. A lo antes, el 31 de julio de

2023, la peticionaria se opuso13 por entender que, las enmiendas a

las alegaciones son tardías y que el informe pericial fue entregado

con posterioridad a la culminación del descubrimiento de prueba,

sin justa causa.

       Ahora bien, evaluado lo anterior, el 27 de octubre de 2023, el

TPI emitió en reconsideración la Resolución y Orden recurrida, en la

cual dispuso lo siguiente:

       En reconsideración se autorizan las enmiendas 1, 2, 3 y 6
       presentadas por el demandante en el informe de CAJ.

       De una evaluación del expediente surge lo siguiente:

           •    El informe para el manejo de caso establece que la
                parte demandante utilizará al CPA Jorge Rodríguez
                Suárez. (Sumac 26)

11 Apéndice, págs. 65-67.
12
   La minuta fue enmendada el 11 de julio de 2023 “a los fines de aclarar cierta
información que surge de los incisos 12, 13 y 17”. Apéndice, págs. 125-128.
13 Apéndice, págs. 62-64.
KLCE202301317                                                           5

           •   En la vista del 14 de septiembre de 2022 la parte
               demandante informa que utilizará perito economista.
               El tribunal estableció como fecha límite para el
               descubrimiento de prueba el 30 de noviembre de 2023.
               (Sumac 50)
           •   En la Moción Suplementaria Conjunta la parte
               demandante informa que presentará informe pericial
               30 días luego de finalizado [sic] las deposiciones.
           •   El 10 de diciembre de 2022, el 20 de diciembre de
               2022, el 13 de febrero de 2023 y el 22 de febrero de
               2023 las partes anunciaron nuevas fechas para las
               deposiciones. (Sumac 67, 75, 83 y 84)
           •   El 5 de mayo de 2023 el demandante le notificó al
               demandado el informe pericial. (Sumac 108)
           •   La CAJ se celebró el 30 de junio de 2023.

      Evaluado el tracto procesal del caso y el hecho de que el
      informe se le notificó al demandado más de 30 días antes de
      la vista de CAJ se autoriza la misma.
      Tienen las partes 3 días para informar nuevas fechas de
      juicio para el mes de enero de 2024.

      Poco después, el TPI emitió una orden en la cual señaló el

juicio para el 24 y 25 de enero de 2024. Inconforme, Caja Grande,

LLC, acude ante esta Curia y señala la comisión de los siguientes

errores:

      Erró el TPI al declarar que el Informe Inicial de Manejo del
      Caso establece que la parte peticionada y recurrida utilizará
      al perito CPA Jorge Rodríguez Suárez.

      Erró el TPI al resolver que, luego de evaluado el tracto
      procesal del caso y el hecho de que el Informe se le notificó a
      los peticionarios y recurrentes con más de 30 días de la vista
      de CAJ, se autoriza la misma. Sin tomar en consideración las
      objeciones oportunas y en tiempo de los recurrentes a la
      prueba pericial anunciada y lo resuelto en la minuta del 13
      de febrero de 2023.

      Erró el TPI al resolver que, en reconsideración se autorizan
      las enmiendas a la demanda, 2, 3 y 6 del Informe de CAJ,
      incoado el 12 de junio de 2023. A pesar de que estas
      enmiendas contienen nuevas causas de acciones que
      cambian sustancialmente las teorías, alegaciones y defensas
      de las partes de epígrafe en el presente caso. También, estas
      enmiendas están directamente relacionada con la prueba
      testimonial y el informe pericial del CPA, Rodríguez Suárez,
      objetado por los aquí recurrentes. Por último, la solicitud de
      enmienda a la demanda por los aquí recurridos fueron
      traídas tardíamente en el Informe de CAJ de 12 de junio de
      2023.

      Según adelantamos, ordenamos la paralización de los

procesos y concedimos un término a los recurridos para exponer

posición tomando en consideración que, no obra en autos la

demanda enmendada y la correspondiente alegación responsiva en

esta etapa de los procedimientos previo a la celebración del juicio.
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En cumplimiento con lo ordenado, los recurridos comparecieron

mediante un Alegato en oposición y mediante una Moción para

mostrar posición de la recurrida sobre la procedencia de las

enmiendas a la demanda y suplementando alegato en oposición.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                  II.

   A. Certiorari

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,
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podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable a la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR

145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.
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      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso

de discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros,

supra.

   B. Enmiendas a la Demanda

      La Regla 13.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 13.1, regula las enmiendas a las alegaciones. A esos

efectos, dispone que una parte puede enmendar sus alegaciones

bajo las siguientes circunstancias:

      [c]ualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en
      cualquier momento antes de habérsele notificado una
      alegación responsiva. Si su alegación es de las que no
      admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido
      señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla
      en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de
      haber notificado su alegación. En cualquier otro caso,
      las partes podrán enmendar su alegación únicamente
      con el permiso del tribunal o mediante el
      consentimiento por escrito de la parte contraria; el
      permiso se concederá liberalmente cuando la justicia
      así lo requiera. La solicitud de autorización para
      enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de
      la alegación enmendada en su totalidad. Una parte
      notificará su contestación a una alegación enmendada
      dentro del tiempo que le reste para contestar la
      alegación original o dentro de veinte (20) días de haberle
      sido notificada la alegación enmendada, cualquiera de
      estos plazos que sea más largo, a menos que el tribunal
      lo ordene de otro modo.

      Sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso

en Dist. Unidos de Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 117

(2016), que las enmiendas pueden ampliar las causas de acción de

la demanda original e incluso, pueden añadir una o más causas de

acción, las cuales se retrotraerán a la fecha de presentación de la
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demanda original, siempre y cuando surjan de la misma conducta,

acto, omisión o evento expuesto en la alegación original.

      En León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020), el

Tribunal Supremo dictaminó que las enmiendas a las alegaciones

deberán concederse liberalmente cuando la justicia lo requiera. De

igual manera, resolvió que, el mero transcurso del tiempo no es

suficiente para impedir la enmienda solicitada. Íd. En virtud de lo

anterior, el Tribunal Supremo expresó haber avalado enmiendas a

las alegaciones en procedimientos judiciales en etapas avanzadas.

Íd.

      Sobre este tema y citando al tratadista José A. Cuevas

Segarra, el Tribunal Supremo estableció que los cambios en la teoría

original y la adición de nuevas reclamaciones no debe ser un

obstáculo para denegar una solicitud de enmienda a las alegaciones,

salvo cuando hay incuria, mala fe o propósitos dilatorios que causan

perjuicio a otra parte. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. 2, pág. 594. Ello, en

virtud de la política pública de que las controversias se resuelvan en

los méritos y que todo litigante tenga su día en corte. León Torres v.

Rivera Lebrón, supra.

      Sin embargo, nuestro más Alto Foro destacó que, el Tribunal

de Primera Instancia habrá de tomar en consideración los siguientes

criterios previo a conceder solicitudes de enmiendas a las

alegaciones: (1) el momento en que se solicita; (2) el impacto que

tendría en la pronta adjudicación de la controversia; (3) la razón

atribuible a dicha demora; (4) el perjuicio que causaría a la otra

parte; y (5) los méritos intrínsecos de la defensa que tardíamente se

plantea. Íd. Sobre tales criterios, nuestro más Alto Foro aclaró que

el factor predominante ha de ser el perjuicio que dicha enmienda

puede causarle a la parte contraria. Íd.
KLCE202301317                                                         10

      Cónsono con lo anterior, y en lo pertinente al caso de marras,

la Regla 37.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 37.4, establece que los abogados de las partes habrán de reunirse

informalmente, al menos quince (15) días antes de la fecha pautada

para la celebración de la conferencia con antelación al juicio, con el

fin de preparar el Informe preliminar entre abogados y abogadas.

Según la Regla 37.4(l), supra, dicho informe deberá contener “[l]as

enmiendas a las alegaciones y los fundamentos por los cuales éstas

no se presentaron con anterioridad.”

   C. Manejo del caso ante el Tribunal de Primera Instancia

      El funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la

pronta disposición de los asuntos litigiosos hacen necesario que los

jueces de instancia ostenten gran flexibilidad y discreción para lidiar

diariamente con el manejo y la tramitación de los asuntos judiciales.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR

145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. Es por ello que, a éstos se

les ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los

asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. In

re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). El Tribunal de Primera

Instancia   tiene   el   deber   ineludible   de   garantizar   que   los

procedimientos se ventilen sin demora, con miras a que se logre una

justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 529

(2011).

      Como regla general, los foros revisores no intervendrán con el

manejo del caso ante la consideración del TPI. Citibank et al. v. ACBI

et al., 200 DPR 724, 736 (2018). Siendo así, el Tribunal Supremo ha

manifestado que los tribunales apelativos no deben intervenir con

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en
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craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto. Íd. El

ejercicio adecuado de la discreción se relaciona de manera estrecha

con el concepto de razonabilidad. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152

DPR 140, 155 (2000).

                                 III.

      En el presente recurso, la peticionaria en el primer y segundo

señalamiento de error impugna el dictamen del foro primario

mediante el cual autorizó la prueba pericial que anunciaron los

recurridos, presuntamente vencido el término de descubrimiento de

prueba. Discute que, al ejercer su discreción para autorizar la

prueba pericial, el TPI obvió que los recurridos no produjeron

oportunamente a la peticionaria la información requerida sobre el

particular; que los recurridos anunciaron en el Informe sobre

Conferencia Preliminar entre Abogados que presentarían prueba

testimonial y pericial, transcurridos tres meses de haber finalizado

el término que concedió el TPI para finalizar el descubrimiento de

prueba; que los recurridos presentaron el Informe sobre Conferencia

Preliminar entre Abogados sin la autorización de la peticionaria; y

que la peticionaria objetó durante la vista con antelación a juicio la

admisibilidad de la prueba pericial de los recurridos. Añade que, al

autorizar a los recurridos presentar nueva prueba, finalizado el

descubrimiento de prueba, atenta en contra de su debido proceso

de ley y la coloca en estado de indefensión.

      Con respecto a las enmiendas a la demanda propuestas por

los recurridos en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre

Abogados (números 2, 3 y 6), la peticionaria arguye como tercer

error que el foro primario actuó contrario a derecho al autorizarlas

y con ello ocasiona un perjuicio a la peticionaria.

      En respuesta al planteamiento sobre la prueba pericial, los

recurridos se oponen y aducen que, según el TPI expuso

expresamente, constató en el expediente digital que los recurridos
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notificaron a la peticionaria, desde el inicio del litigio, que utilizarían

prueba pericial. Arguyen además que, la peticionaria nunca anunció

su interés en deponer el perito anunciado por los recurridos, ni se

reservó el derecho a notificar prueba pericial. Añaden que, tampoco

la peticionaria obedeció el término de descubrimiento de prueba al

tomar y someter las transcripciones de las deposiciones de los

demandantes recurridos vencido el término de descubrimiento de

prueba, lo cual le impide beneficiarse de dicho argumento.

      Con relación a las enmiendas a las alegaciones que autorizó

el foro primario, los recurridos exponen que, son producto de la

evidencia obtenida durante el descubrimiento de prueba. Añaden

que, la única forma de realizar tales enmiendas es a través del

Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, por virtud de

la Regla 37.4 de Procedimiento Civil, supra.

      Luego de un estudio sosegado del expediente ante esta Curia

dictaminamos que, la determinación del foro primario de autorizar

a los recurridos presentar la prueba pericial no se aparta de los

parámetros razonables en el manejo del caso. Máxime, cuando dicha

prueba fue previamente anunciada y surge del dictamen impugnado

que el descubrimiento de prueba había sido extendido hasta el 30

de noviembre de 2023. Puntualizamos que, el foro primario también

goza de discreción para alterar su calendario, entre otros, con el fin

de permitir la presentación de nueva prueba, incluso en etapas

adelantadas de los procedimientos. Colón Rivera v. Wyeth Pharm,

184 DPR 184, 198 (2012), citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado

de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T.

II, pág. 592. Nada en el expediente ante esta Curia ni en la

Resolución y Orden recurrida sugiere que, el foro primario, en el

ejercicio de sus facultades, haya incurrido en error o en abuso de

discreción de forma tal que justifique que intervengamos con la sana
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discreción del foro primario al respecto. Sobre tales bases,

determinamos que el primer y segundo error no se cometieron.

      En cuanto a las enmiendas a las alegaciones, reiteramos que,

la Regla 37.4 de Procedimiento Civil, supra, provee para la inclusión

de tales enmiendas en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre

Abogados. Coetáneamente, la Regla 13.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, faculta al foro de instancia a autorizar

una enmienda a las alegaciones con posterioridad a que la parte

demandada haya notificado su alegación responsiva. Sobre este

tema, el Tribunal Supremo ha reiterado que, “[l]a autorización para

enmendar las alegaciones al amparo de esta regla [13.1] debe

concederse liberalmente”, incluso en etapas adelantadas de los

procedimientos, salvo que “exista un perjuicio manifiesto a la parte

contraria o un claro abuso de discreción al autorizar la enmienda”.

Colón Rivera v. Wyeth Pharm, supra, pág. 198.

      Puntualizamos que, en el presente caso, la peticionaria no

demostró haber sufrido perjuicio alguno producto de la autorización

de tales enmiendas. Ante este cuadro, y en ausencia de un perjuicio

manifiesto a la peticionaria resolvemos que, el foro primario actuó

correctamente al autorizar las enmiendas que propusieron los

recurridos en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre

Abogados. Ahora bien, a pesar de que el TPI no erró al permitir tales

enmiendas, y dado que no surge del expediente ante nuestra

consideración que los recurridos hayan instado una demanda

enmendada, decretamos que el foro primario incidió al no ordenarles

dar cumplimiento a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra de

forma fehaciente. De igual manera, el foro primario deberá facultar

a la peticionaria a replicar la demanda enmendada que en su día se

presente, en aras de salvaguardar su debido proceso de ley.

Ciertamente reconocemos que, lo antes podría incidir en el

calendario   judicial   previamente   establecido,   por   lo   que,   le
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corresponderá al foro primario revisar el referido calendario, dentro

de su sana discreción y buen manejo del caso, en atención a lo aquí

resuelto, así como las posibles controversias pendientes ante su

consideración.

      De conformidad, por entender que el foro primario incidió al

no ordenar el cumplimiento fehaciente de la Regla 13.1 de las Reglas

de Procedimiento Civil, supra y por encontrarnos en la etapa

procesal adecuada, procede expedir el auto de certiorari y modificar

el dictamen recurrido a los únicos fines de instruir al foro primario

que ordene el cumplimiento de la Regla 13.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, permitiendo así la presentación de una

demanda enmendada según autorizada, y la alegación responsiva,

en aras de garantizar un debido proceso de ley. Además, deberá fijar

el calendario judicial dentro de su sana discreción.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari, se modifica el dictamen recurrido y así modificado, se

confirma. Dejamos sin efecto la orden de paralización de los

procesos y devolvemos el caso ante el Tribunal de Primera Instancia

para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí

resuelto.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones