Court Opinion

ID: 9896794
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:19:33.650868+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:23.916199
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

 ESTADO LIBRE ASOCIADO                           Certiorari
 DE PUERTO RICO, POR SÍ                          procedente del
  Y EN REPRESENTACIÓN                            Tribunal de
  DEL DEPARTAMENTO DE                            Primera
      CORRECCIÓN Y                 KLCE202301078 Instancia, Sala
     REHABILITACIÓN                              de Bayamón

        Peticionario                                   Caso Núm.:
                                                       BY2019CV05160

               v.                                      Sobre:
                                                       Incumplimiento de
                                                       Contrato de
        MAPFRE PRAICO                                  Seguros-
      INSURANCE COMPANY                                Incumplimiento
                                                       Aseguradoras
                                                       Huracanes
          Recurrido                                    Irma/María

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                                  RESOLUCIÓN

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

        Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

 por    sí    y     en       representación      del    Departamento        de

 Corrección y Rehabilitación, en adelante el ELA o el

 peticionario,           y      solicita        que     revoquemos         una

 determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala

 de    Bayamón,     en       adelante    TPI,    mediante   la    cual     se

 declaró No Ha Lugar una solicitud de aseguramiento de

 sentencia.

        Por       los        fundamentos        que      expondremos         a

 continuación,          se   deniega     la    expedición   del     auto   de

 Certiorari.

                                        -I-

        En lo aquí pertinente, el peticionario                      presentó

 una    Demanda     Enmendada       contra      su    aseguradora    MAPFRE

 PRAICO      Insurance        Company,    en    adelante    MAPFRE    o     la

Número Identificador

RES2023_________________
KLCE202301078                                                                 2

recurrida,      sobre       el   incumplimiento         de   la   póliza     de

seguro y la reclamación de daños relacionados al paso

del huracán María. En síntesis, incluyó las siguientes

tres causas de acción: (1) sentencia declaratoria, (2)

incumplimiento de contrato y (3) dolo en la ejecución

del contrato.1

      Oportunamente,             en     la     Contestación       a    Demanda

Enmendada     y      Reconvención,             la     recurrida       negó   el

incumplimiento de sus deberes suscritos en el contrato

de     seguro          y     alegó           falsas      representaciones,

sobreestimaciones           de        daños,     solicitudes      de     daños

preexistentes          o     inexistentes           y    ocultaciones        de

información por parte del ELA.2

      Luego       de        varios           trámites    procesales,         el

peticionario presentó una Moción Solicitando Medidas en

Aseguramiento de Sentencia en la que pide el remedio

provisional de embargo. Mediante la misma alude a la

evaluación      de     la   póliza       y     ajuste   realizado      por   la

Federal Emergency Management Agency, en adelante FEMA,

sobre la partida de $103,974,426.20 a ser cubierta por

MAPFRE.3

      A su vez, el recurrido presentó su Oposición a

Moción     Solicitando            Medidas        en     Aseguramiento        de

Sentencia4 en la que sostiene que el ELA incumplió con

el estándar aplicable de la Regla 56.1 Procedimiento

Civil5 e intenta probar la teoría de su caso fuera del

juicio en su fondo.

1
  Apéndice del peticionario, Anejo II, págs. 20-41.
2
  Id., Anejo III, págs. 42-101.
3
  Id., Anejo X, págs. 205-229.
4
  Id., Anejo XVI, págs. 1499-1518.
5
  32 LPRA Ap. V (2010).
KLCE202301078                                                                  3

         Por    otro   lado,      en     la     Réplica     a   Oposición          a

Solicitud de Medidas en Aseguramiento de Sentencia, el

peticionario reitera sus argumentos. Además, fundamenta

la necesidad de obtener un aseguramiento de sentencia

con una Certificación de la Oficina del Comisionado de

Seguros que refleja que el total de capital y sobrante

de MAPFRE asciende a $184,236,110.6

         Finalmente,        el        foro      recurrido       emitió         una

Resolución       denegando        de    plano    la    Moción    Solicitando

Medidas en Aseguramiento de Sentencia. En dicha ocasión

hizo constar lo siguiente: “No Ha Lugar a la solicitud

en aseguramiento de Sentencia de la parte demandante.” 7

         Inconforme, el ELA presentó un escrito intitulado

Certiorari en el que invoca la comisión del siguiente

error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar
         No Ha Lugar la solicitud sobre medidas en
         aseguramiento sin la previa celebración de una
         vista, en contravención a lo dispuesto en la Regla
         56.1   de  las   de   Procedimiento  Civil  y   su
         jurisprudencia.

         Luego de examinar los escritos de ambas partes y

los documentos que los acompañan, estamos en posición

de resolver.

                                       -II-

                                        A.

         Como    cuestión        de    umbral,        la   Regla        52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional           de        las     resoluciones           u        órdenes

interlocutorias         emitidas        por   el   Tribunal        de    Primera

Instancia en los siguientes términos:

6
    Id., Anejo XVIII, págs. 1521-1531.
7
    Id., Anejo XIX, págs. 1534.
KLCE202301078                                                           4
     El recurso de Certiorari para revisar resoluciones
     u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
     de Primera Instancia, solamente será expedido por
     el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
     una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
     este apéndice o de la denegatoria de una moción de
     carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
     a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
     Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
     interlocutorias dictadas por el Tribunal de
     Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
     sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
     peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a
     privilegios    evidenciarios,     anotaciones   de
     rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
     casos que revistan interés público o en cualquier
     otra situación en la cual esperar a la apelación
     constituiría   un  fracaso   irremediable   de  la
     justicia.[…].8

                                   B.

     Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio       determinar        si     procede           revisar    la

determinación interlocutoria recurrida.

     A    esos   efectos,     el   auto       de    Certiorari    es   el

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior.9 Distinto al

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía

tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari de

manera    discrecional,     por     tratarse        de   ordinario     de

asuntos      interlocutorios.           Sin        embargo,      nuestra

discreción       debe   ejercerse        de        manera     razonable,

procurando siempre lograr una solución justiciera.10

     Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de Certiorari. Sobre el particular dispone:

8  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
9  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
10  Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019);
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón
v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
KLCE202301078                                                        5

     El Tribunal tomará en consideración los siguientes
     criterios al determinar la expedición de un auto
     de Certiorari o de una orden de mostrar causa:

     A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
          son contrarios a derecho.

     B.   Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

     C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
          craso y manifiesto en la apreciación de la
          prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

     D.   Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los
          cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
          elaborados.

     E.   Si la etapa del procedimiento en que se
          presenta el caso es la más propicia para su
          consideración.

     F.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar causa no causan un fraccionamiento
          indebido del pleito y una dilación indeseable
          en la solución final del litigio.

     G.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar   causa evita  un  fracaso  de  la
          justicia.11

                                  C.

     Nuestro      ordenamiento         jurídico       faculta    a   un

tribunal,    a   solicitud    de       parte,     a   emitir    órdenes

provisionales antes o después de dictar sentencia con

el propósito de garantizar la efectividad de la misma.12

En múltiples situaciones, no utilizar este mecanismo

llevaría al [demandante] a obtener una sentencia que no

puede ejecutar o realizar.13 Para evitar este resultado,

el demandante podrá solicitar el remedio provisional

que entienda necesario para asegurar la ejecución de la

sentencia.14     No   obstante,    el     tribunal      tiene    amplia

11 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
12 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 487 (2019); Cacho
Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 12-13 (2016); Nieves Díaz
v. González Massas, 178 DPR 820, 839 (2010). Véase, además, J.A.
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. Tomo V,
Publicaciones JTS, 2011, pág. 1576; R. Hernández Colón, Derecho
Procesal Civil, 6ta ed., Lexis Nexis, 2017, pág. 186.
13 J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1576.
14 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, pág. 488; Nieves Díaz v.

González Massas, supra.
KLCE202301078                                                                   6

discreción       para    conceder        o     denegar           el     remedio

provisional solicitado.15

      Específicamente,         la    Regla     56.1       de    Procedimiento

Civil dispone en lo pertinente que “[e]l tribunal podrá

conceder […] una orden para hacer o desistir de hacer

cualesquiera        actos      específicos,           o        podrá    ordenar

cualquiera otra medida que estime apropiada según las

circunstancias del caso”.16 Esta orden se dicta con el

propósito de que la parte contra la cual se solicita el

aseguramiento haga o desista de hacer cualesquier actos

específicos que resulten necesarios requerir o prohibir

para que la sentencia sea efectiva en su día y pueda

hacerse justicia en el caso.17

      Ahora bien, la concesión de estas medidas requiere

que   el     foro   sentenciador,        en     el        ejercicio      de    su

discreción, considere los siguientes factores, a saber:

si el remedio es provisional; si tiene el propósito de

asegurar la efectividad de una sentencia; y si toma en

cuenta     los   intereses     de    todas     las        partes,      según   lo

requiere la justicia sustancial.18 Su determinación debe

estar dirigida a conceder la opción que mejor asegure

la    reclamación       del         acreedor     y         la     que     menos

inconvenientes ocasione al deudor.19

      Para       terminar,      la     Regla      56.2           de     las    de

Procedimiento Civil provee para que no se conceda un

remedio provisional sin notificar a la parte adversa y

sin   celebrar      vista.20    El     propósito          de    la     vista   de

remedio provisional es atender un incidente dentro de

15 Id.
16 Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.
17 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 193.
18 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra; Cacho Pérez v. Hatton

Gotay y otros, supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra.
19 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, pág. 489.
20 32 LPRA Ap. V, R. 56.2.
KLCE202301078                                                                        7

un pleito, conforme a los intereses de las partes y a

los     hechos        del       caso.      Al     celebrar        la    vista,       le

corresponde          al       tribunal     hacer       un    balance     entre      los

intereses del peticionario y el daño que una orden de

este tipo puede causarle a la parte que la sufre.21

                                           D.

        Reiteradamente,              el    Tribunal         Supremo     de      Puerto

Rico,      en        adelante        TSPR,        ha       enfatizado        que,     de

ordinario, se respetan las medidas procesales que los

jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción

para    dirigir           y   conducir     los        procedimientos         que    ante

ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de Primera

Instancia gozan de amplia discreción para gobernar esos

procedimientos.22              Además,      los        Tribunales       de     Primera

Instancia poseen amplia facultad para disponer de los

procedimientos ante su consideración de forma que se

pueda asegurar la más eficiente administración de la

justicia,        y    están      llamados         a    intervenir       activamente

para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que

se logre una solución justa, rápida y económica de los

casos.23

        Asimismo, el TSPR ha resuelto que “los Tribunales

Apelativos no debemos, con relación a determinaciones

interlocutorias               discrecionales            procesales,          sustituir

nuestro     criterio           por   el    ejercicio         de   discreción         del

Tribunal        de    Instancia,          salvo       cuando   dicho     foro       haya

incurrido            en       arbitrariedad            o     craso      abuso        de

21 Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 305, 313
(2008).
22 Lluch  v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Fine Art
Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974).
23 Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 (1996); Vellón v. Squibb Mfg.,

Inc., 117 DPR 838 (1986).
KLCE202301078                                                                        8

discreción.”24 Ello está predicado en la premisa de que

el     foro   apelativo           no   puede        pretender     administrar       ni

manejar el trámite regular de los casos ante el TPI. No

hay duda de que ese es el foro que mejor conoce las

interioridades del caso y quien está en mejor posición

para tomar las medidas que permitan el adecuado curso

del caso hacia su final disposición.

                                            -III-

        En síntesis, el peticionario alega que tiene una

reclamación           válida            contra           MAPFRE         con     altas

probabilidades             de      prevalecer            bajo     los    siguientes

supuestos: (1) la evaluación de la Póliza y el ajuste

realizado por FEMA refleja un aporte $103,974,426.20 a

ser cubiertos por MAPFRE para atender el impacto del

huracán María en las distintas propiedades aseguradas;

y (2) la Certificación de la Oficina del Comisionado de

Seguros       revela        que        el     activo       de     MAPFRE      es    de

$184,263,110,             menor    a    la        cantidad      que     entiende    es

acreedor. Por lo cual, sostiene que procede el remedio

provisional          de    embargo          por     la    evidente      incapacidad

económica de la recurrida para satisfacer su eventual

acreencia.

        En cambio, la recurrida afirma que la solidez y

capacidad de MAPFRE para cumplir con sus obligaciones

no      ha    sido        impugnada.          Además,        establece        que   el

peticionario: (1) pretende adelantar su teoría del caso

al solicitar el remedio provisional de embargo; y (2)

no estableció qué circunstancias podrían menoscabar o

arriesgar el cobro de la sentencia. Finalmente, alega

que nuestro ordenamiento no requiere la celebración de

24   Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).
KLCE202301078                                                                   9

una vista, salvo que sea con el fin de posiblemente

conceder, modificar y/o anular un remedio provisional.

Es    decir,       sostiene       que,     si    se    deniega    de    plano   el

remedio y no se afectan derechos del deudor, se hace

innecesaria la vista.

       Debido       a     que    se    recurre     de   una   resolución        que

deniega una solicitud de remedio al amparo de la Regla

56 de Procedimiento Civil, supra, tenemos facultad para

atender        el         recurso         discrecional        ante       nuestra

consideración.

       Sin embargo, luego de revisar los escritos de las

partes y los documentos que obran en autos, resolvemos

que    ni   el      remedio       ni     la     disposición      recurrida      son

contrarios a derecho. Regla 40 (A) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Además, la etapa en la

que se presenta el recurso no es la más propicia para

su    consideración.             Regla    40     (E)    del   Reglamento        del

Tribunal de Apelaciones, supra.

       Como si lo anterior fuera poco, no se configura

ninguna       de        las     circunstancias          que   justifican         la

expedición          del        auto     bajo     cualquier       otro    de     los

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

       Para      terminar,            debemos    destacar     que      está   ante

nuestra consideración una determinación del TPI sobre

el manejo del caso ante su atención, que a todas luces

es    razonable.           A     base     de     las    normas      previamente

expuestas, la misma merece la deferencia de este foro

apelativo.

                                          -IV-

       Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del auto de Certiorari.
KLCE202301078                                         10

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones