Court Opinion

ID: 9928594
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:09.853629+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:17.182884
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

Ricardo Hernández                              CERTIORARI
Rossy                                          procedente del
                                               Tribunal de Primera
Demandante-Recurrido                           Instancia, Sala
                                               Superior de Bayamón
            vs.

Bridge Security                                Civil Núm.:
Services, Inc.;             KLCE202301384      BY2020CV03447
Universidad de Puerto                          (505)
Rico, compañías
Aseguradoras A, B, y C;
Personas X, Y y Z                              Sobre: Discrimen;
                                               Represalias; Salarios;
      Demandados                               Difamación; Daños y
                                               Perjuicios
Universidad de Puerto
Rico

      Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria Universidad de Puerto Rico

(en adelante “UPR” o “parte peticionaria”) para solicitarnos que se

revisen y dejen sin efecto dos dictámenes emitidos por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 17 de octubre

de 2023 y el 8 de noviembre de igual año, respectivamente.

Mediante dichos dictámenes, se declara No Ha Lugar a las

solicitudes para extender la fecha límite de descubrimiento de

prueba y el término para presentar una moción de sentencia

sumaria.

      Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

Número Identificador

SEN2023 ___________
KLCE202301384                                                     2

desestima el recurso mediante los fundamentos que expondremos

a continuación.

                                 I.

      La controversia ante nuestra consideración comenzó el 2 de

noviembre de 2020, cuando el Sr. Ricardo Hernández Rossy (en

adelante, “Sr. Hernández Rossy” o “parte recurrida”) presentó una

Demanda en contra de la UPR y Bridge Security Services (en

adelante, “Bridge”) sobre daños y perjuicios, discrimen, represalias

y salarios. En su demanda manifestó que, en junio de 2018,

comenzó a trabajar como guardia de seguridad de Bridge,

específicamente en la UPR, Recinto de Bayamón. Indicó que, su

supervisor le requirió que se removiera el color negro de sus uñas y

que el 11 de octubre de 2020, le ordenaron retirarse de su puesto

por no haberlo hecho.

      Posteriormente, Bridge le expresó que tenía tres opciones a

elegir: (1) trabajar en Pueblo de Isla Verde (2) trabajar en UPR

Bayamón si se quita el color de las uñas (3) o trabajar en UPR Río

Piedras si se hace la prueba del COVID-19. En su escrito,

manifestó que, accedió a removerse el esmalte de las uñas por su

necesidad de ganarse el sustento. Añadió que los actos de la parte

peticionaria le causaron daños y angustias mentales.

      Así las cosas, el 16 de noviembre de 2020, Bridge presentó

su Contestación a la Demanda. Alegó que, el Sr. Hernández Rossy

no es empleado regular de la UPR y que seguir el Código de

Vestimenta de la UPR, es una condición esencial para todos los

empleados de Bridge asignados a trabajar en dicha institución. El

7 de enero de 2021, UPR solicitó la desestimación del pleito y la

conversión de la controversia al trámite ordinario.    Esbozó que,

entre el Sr. Hernández Rossy y la UPR no existe una relación de

empleo, por lo que las reclamaciones laborales no pueden ser

sustentadas. El 1 de julio de 2022, el Foro Primario declaró Ha
KLCE202301384                                                               3

Lugar la solicitud de desestimación en cuanto a la causa de acción

de discrimen y ordenó la conversión del caso al procedimiento

ordinario para las restantes causas de acción. Posteriormente, el

16 de agosto de 2022, las partes presentaron su Informe del

Manejo del Caso.      En dicho informe, la UPR indicó que una vez

recibiera las contestaciones al interrogatorio, determinaría si

realizaría deposiciones.

        Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de

2023, la UPR presentó Moción para que se Convierta Conferencia

con Antelación al Juicio en Vista de Estado de los Procedimientos.

Al día siguiente, la parte recurrida presentó su oposición. El 17 de

octubre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha

Lugar    a   la   conversión        del   señalamiento.   Enunció    que,   el

descubrimiento de prueba debió haber concluido el 29 de

septiembre de 2023 y que no se solicitó oportunamente una

extensión de dicho término.               También expresó que, el Informe

Preliminar entre Abogados debe ser presentado en o antes del 20

de octubre de 2023.            El 24 de octubre de 2023, la parte

peticionaria solicitó Reconsideración, la cual fue declarada No Ha

Lugar.

        El 7 de noviembre de 2023, las partes presentaron el Informe

Preliminar entre Abogados. Al día siguiente, se celebró la Vista de

Conferencia con Antelación a Juicio. Surge de la Minuta que, el

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar a la solicitud

presentada por la UPR, para que se le conceda un término para

radicar una moción de sentencia sumaria.

        Inconforme    con      lo     anteriormente   resuelto,     la   parte

peticionaria acudió a este Tribunal mediante el recurso de epígrafe,

en el que señaló el siguiente error:

     Primero: Erró el TPI e incurrió en abuso de discreción al
     denegar la extensión del descubrimiento de prueba, al
KLCE202301384                                                                4

      no analizar la totalidad de las circunstancias, y fijarse
      solamente en el momento en que fue solicitada.

      Segundo: Erró el TPI e incurrió en abuso de discreción al
      denegar la presentación de Moción de Sentencia
      Sumaria, por haber transcurrido el término para
      presentar las mismas, sin indicar ni sopesar el hecho de
      que la presentación de la misma no interrumpiría el
      calendario del caso.

                                        II.

                                        A.

      La jurisdicción se refiere a la facultad que tiene un tribunal o

un foro administrativo para examinar y resolver una disputa o

caso específico. Pérez López y Otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882

(2013). La ausencia de jurisdicción conlleva las siguientes

consecuencias: (1) no se puede subsanar, (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede

este arrogársela, (3) conlleva la nulidad de los dictámenes, (4)

obliga a los tribunales a examinar su propia jurisdicción, (5) obliga

a los tribunales apelativos a revisar la jurisdicción del tribunal del

cual proviene el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier fase

del proceso, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855

(2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).

      Cónsono con lo anterior, nuestro Máximo Foro ha expresado

que   los    tribunales    deben       ser    vigilantes   defensores   de   su

jurisdicción    y   tienen      la     responsabilidad      intransferible   de

examinarla, incluso cuando no se haya planteado previamente.

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012); SLG Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Por lo tanto,

si tras examinar la cuestión, un tribunal determina que no tiene

competencia sobre un recurso, su única potestas es declararlo de

ese modo. Cordero et al. v. ARPe et al., supra, a la pág. 458. Esto

se debe, a que los tribunales no tienen la facultad discrecional de

asumir      jurisdicción   en        áreas    donde   no    les   corresponde.
KLCE202301384                                                      5

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).

Cuando este Tribunal no cuenta con jurisdicción, se debe

desestimar de inmediato el recurso de apelación según establecido

por las leyes y reglamentos para la adecuada tramitación de estos

recursos. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884

(2007).

      De igual manera, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, dispone lo siguiente:

      [..] (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
      desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

      (1) que el Tribunal de Apelaciones           carece    de
          jurisdicción […] (Énfasis Nuestro.)

                                 B.

      La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, establece que, el recurso de certiorari para revisar

resoluciones u órdenes interlocutorias del Foro Primario, se

formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro de

los 30 días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la

notificación de la resolución u orden recurrida. Por otra parte,

como regla general, para que el Tribunal de Apelaciones pueda

revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia debe

acompañar copia del documento que recoge la decisión y que dicho

documento esté firmado por el juez que emitió dicha decisión.

Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 275 (2022).

      Siguiendo esa línea, la Regla 32 (b) de las Reglas para

Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, regula lo concerniente a las ordenes o

resoluciones contenidas en minutas.      En lo que respecta, dicha

norma dispone lo que sigue:

      […] La minuta será el registro oficial de las incidencias
      más importantes ocurridas durante la vista judicial en
      el salón de sesiones y en cámara […]
KLCE202301384                                                           6

        […] La minuta no será notificada a las partes o a sus
        abogados, salvo que incluya una Resolución u
        Orden emitida por el juez o la jueza en corte
        abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la
        jueza y notificada a las partes. La Secretaria,
        custodia del expediente podrá expedir copia de la
        minuta previo la cancelación de los derechos
        arancelarios, según corresponda. (Énfasis y subrayado
        nuestro). […] (Énfasis Suplido.)

        Así pues, la precitada Regla exige que, si la minuta contiene

una resolución u orden emitida por el juez o jueza en corte abierta,

deberá ser firmada por el juez o jueza que emitió el dictamen.

Pueblo v. Ríos Nieves, supra, a la pág. 266. Al respecto, el Máximo

Foro ha manifestado que esta Regla le impone un requisito de

forma para que se le imprima validez y certeza a esa decisión. Id.,

a la pág. 267. Esto implica que, para que la orden o resolución

incluida en una minuta sea legitima y efectiva, es necesario que

este firmada. Id. Por consiguiente, la facultad revisora del Tribunal

de Apelaciones se sustenta en determinaciones emitidas y

suscritas por los jueces que las dictaminan, no en la interpretación

o apreciación de otros funcionarios del tribunal. Id., a la pág. 280.

De no ser así, el foro revisor estaría examinando un documento sin

la certeza de que el dictamen recurrido fue en efecto el dictado por

el juez o la jueza que presidió el caso. Id., a la pág. 281.

                                  III.

        En el presente caso, la parte peticionaria solicitó la

revocación de una determinación emitida en corte abierta la cual

fue recogida en una Minuta transcrita el 8 de noviembre de 2023.

La UPR alega que, el Tribunal de Primera Instancia erró al: (1)

denegar la extensión del descubrimiento de prueba, (2) no analizar

la totalidad de las circunstancias y (3) denegar la presentación de

moción de sentencia sumaria por haber transcurrido el término

para presentar las mismas, sin indicar ni sopesar el hecho de que

la presentación de ésta no interrumpía el calendario del caso.

Ahora    bien,   como   señalamos        anteriormente,   los   tribunales
KLCE202301384                                                       7

tenemos la indelegable responsabilidad de auscultar nuestra

propia jurisdicción, aun cuando dicho asunto no se haya

planteado. De esta manera, al analizar el expediente y la Minuta

en disputa, observamos que no contamos con jurisdicción para

atender el recurso debido a su presentación tardía. Veamos por

qué.

       Cónsono con el derecho antes discutido, las minutas que

contengan una resolución u orden emitida por un juez o jueza

deben estar firmadas por el juez o jueza que realizó dicha

determinación. Pueblo v. Ríos Nieves, supra, a la pág. 266.

Asimismo, la petición para solicitar un recurso de certiorari debe

ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha del

archivo en autos de copia de la resolución recurrida. Regla 32(D)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Así pues, un

recurso tardío priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883; Juliá et al. v.

Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).

       Surge del expediente de nuestro caso que, la Minuta de la

Vista de Conferencia con Antelación a Juicio fue emitida el 8 de

noviembre de 2023. Dicho documento no fue firmado por la jueza

que presidió la sala. Por otra parte, el recurso de certiorari

presentado ante nos, fue instado el 7 de diciembre de 2023. Dado

a que la Minuta no fue firmada, la Resolución acogida en dicho

escrito no tiene legitimidad ni eficacia.     Por consecuente, nos

vemos imposibilitados de considerar el recurso debido a la

ausencia de jurisdicción.

                                 IV.

       Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de esta Sentencia, desestimamos el recurso de Certiorari

solicitado por la Universidad de Puerto Rico por falta de

jurisdicción.
KLCE202301384                                                      8

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones