Court Opinion

ID: 9952148
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:21:51.533689+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:07.900837
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

 JUNTA DE PLANIFICACIÓN                          Apelación procedente
    DE PUERTO RICO                               del Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
                                                 Superior de Humacao
           APELADO

                V.

     ELIZABETH GÓMEZ                       Caso Núm.:
  ACEVEDO Y RAUL ORTIZ                     CG2023CV02091
     DÁVILA, por sí y en
representación de la Sociedad
 Legal de Bienes Gananciales KLAN202301128
   h/n/c JK Business Group
                                           Sobre:
          APELADOS                         Injunction Estatutario,
                                           contemplado en la Ley
              V.                           Núm. 75 del 24 de junio
                                           de 1975, según
                                           enmendada, y las
    COLEGIO MI CUIDO Y                     disposiciones del
      EDUCACIÓN, INC.                      Artículo 14.1 de la Ley
                                           Núm. 161 del 1 de
INTERVENTORA-APELANTE                      diciembre de 2009,
                                           según enmendada

                                                  Querella:
                                                  2022-SRQ-012258
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

       Comparece la corporación Colegio Mi Cuido y Educación, Inc.

(Colegio Mi Cuido; apelante) mediante un recurso de apelación y nos

solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI-Humacao) el 10 de octubre de

2023 y notificada el 12 de octubre de 2023.

       Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a

continuación, confirmamos el dictamen apelado.

                                    I

       El 26 de junio de 2023, la Junta de Planificación de Puerto Rico

(Junta de Planificación; apelada) presentó una Demanda de Injunction

Número Identificador

SEN2024______________
KLAN202301128                                                                   2

Estatutario Preliminar y Permanente (Demanda)1 ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI-Caguas) contra Elizabeth

Gómez Acevedo, Raúl Ortiz Dávila y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (demandados; apelados; querellados).

       La Demanda se presentó por la Junta de Planificación, “al amparo

de la facultad que le confiere la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según

enmendada y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1

de   diciembre      de   2009,     según        enmendada,   titulado:   ‘Recursos

Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de

Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras’.”2

       Se alega en la Demanda que el Colegio Mi Cuido y Educación, Inc.

(Colegio Mi Cuido; interventora; apelante) presentó, el 8 de diciembre de

2022, una querella identificada con el número 2022-SRQ-012258 (querella)

y, atendida la querella, “la Junta de Planificación alcanzó las siguientes

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho”:

       a. Los Codemandados son dueños, oficiales, agentes,
          sirvientes, empleados, arrendadores, arrendatarios,
          cesionarios o causahabientes de la propiedad objeto de la
          Querella ubicada en la Carretera PR-198 (Calle José C.
          Barbosa) 237, Bo. Arenales, Las Piedras, P.R con número
          de catastro 253-100-137-19 (en adelante, la "Propiedad").

       b. El 3 de enero de 2023, personal de la Junta de
          Planificación realizó la inspección e investigación de la
          Propiedad, en la cual se confirmó las alegaciones de la
          querellada(sic). Como parte de esta intervención, el
          personal de la Junta de Planificación hizo los siguientes
          hallazgos:

               1. Construcción de muro en hormigón y bloques en el
                  patio posterior con medidas de 110'x4'x10'
                  aproximadas. Véase, Anejo 1.

       c. Como parte del trámite administrativo, personal de la
          Junta de Planificación verificó los sistemas de la Oficina
          de Gerencia de Permisos (en adelante "OGPe") y se
          corroboró que la Propiedad no cuenta con el Permiso de
          Uso para el comercio que opera.

       d. Luego de presentada la Querella y de llevar a cabo el
          trámite investigativo correspondiente, el 17 de abril de

1 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 64-69.
2 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 65.
KLAN202301128                                                             3

             2023, la Junta de Planificación le notificó al Demandado
             la primera "Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar
             Causa" (en adelante "Notificación de Hallazgos"),
             conteniendo las determinaciones de hechos y
             conclusiones de derecho alcanzadas, a las siguientes
             direcciones postales: P.O. Box 6138, Caguas, P.R.
             00726. Véase, Anejo 2.

       e. Mediante dicha Notificación de Hallazgos la Junta de
          Planificación, entre otras cosas, la cual no fue recibida
          devuelta en ningún momento, se le advirtió al Demandado
          que, en un término de veinte (20) días, tenía que mostrar
          causa Por la cual la Junta de Planificación no debía
          imponer una multa de $792.00 por las violaciones
          señaladas y le advirtió que, de no mostrar causa, la multa
          quedaría impuesta y se procedería a acudir al Tribunal de
          Primera Instancia, Sala Superior, a solicitar la demolición
          de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la
          multa.

       f.    El 1 de mayo de 2023 la parte demandada a través de su
             representación legal, el Lcdo. Juan Manuel Adorno Peña,
             presentó una titulada Moción Solicitando Reconsideración
             y Desestimación a Querella.

       g. Luego de examinada la moción y sus alegaciones la Junta
          en reunión del 10 de mayo de 2023, declaró No Ha Lugar
          la solicitud de reconsideración.

       h. No obstante, [a]l revisar el SBP no existe evidencia alguna
          de la querellada haya iniciado trámite de permiso alguno.3

       La Junta de Planificación expone en la Demanda que ha transcurrido

“un tiempo excesivamente prudente desde la inspección realizada”, antes

mencionada, y los querellados no han cumplido “con su deber del pago de

la multa impuesta por las violaciones encontradas”; añade que “luego de

advenir en conocimiento de la necesidad de los permisos solicitados para

legalizar dicho uso, no lo ha realizado y tampoco [han] pagado la multa

impuesta.”4 Además, se alega lo siguiente:

       […]

       13.Los codemandados tuvieron presente durante la
          intervención y se le dio la oportunidad de solicitar la
          reconsideración de la multa. Los codemandados tuvieron
          la oportunidad de solicitar la revisión de la Notificación de
          Hallazgos notificada por la Junta de Planificación en los
          foros pertinentes y cumplir con todos los términos de

3 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 65-67.
4 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 67.
KLAN202301128                                                             4

          revisión administrativos y judiciales disponibles, pero optó
          por no hacerlo.

      14.Al presente, la Junta de Planificación le ha concedido a los
         Codemandados todas las oportunidades disponibles y el
         mayor término reglamentario posible, según establecido
         en la Notificación de Hallazgos, y aún así, los
         Codemandados no han cumplido con lo ordenado ni ha
         presentado evidencia que demuestre que ha iniciado
         algún procedimiento para pagar la multa.

      15.En vista de los(sic) anterior, y ante el incumplimiento
         evidente de los Demandados con las leyes y
         reglamentación aplicable, la Junta de Planificación solicita
         respetuosamente de este Honorable Foro que declare
         CON LUGAR el presente recurso especial estatutario y,
         consecuentemente, emita un interdicto permanente
         dirigido al Demandados ordenándoles el cese y desista de
         la acción y la legalización sobre actividades sujetos a
         Permisos Generales.

      En fin, la Junta de Planificación solicita en su Demanda que se

declare ha lugar su solicitud de Injunction Estatutario Preliminar y

Permanente, y disponga lo siguiente:

      1. Emita un interdicto/orden permanente ordenándole al
         Demandado y/o a sus oficiales agentes, sirvientes,
         empleados, cesionarios o causahabientes que desistan
         de la actividad y legalicen el uso del generador de
         electricidad con los permisos pertinentes, sujeto a la
         revocación del Permiso de Uso del establecimiento
         comercial dentro de un término improrrogable de 30 días.

      2. Le ordene a al Demandado y/o a sus oficiales agentes,
         sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes que
         emitan el pago correspondiente de $792.00 por concepto
         de multa impuesta por la Junta de Planificación, más los
         intereses legales que correspondan.

      3. Le conceda a la Junta de Planificación una cantidad no
         menor de $2,500.00 por concepto de costas y honorarios
         de abogados a favor del Estado Libre Asociado de Puerto
         Rico.

      4. Le conceda a la Junta de Planificación cualquier otro
         remedio que en derecho proceda.

      Luego de presentada la Demanda, el día 10 de julio de 2023, Colegio

Mi Cuido sometió al TPI una Solicitud de Intervención al reclamar interés

en el caso, al ser vecino colindante de los demandados y contar con

legitimación activa al amparo de lo establecido en los Artículos 14.1 y 14.6

de la Ley Núm. 161-2009, supra. Por tanto, el tribunal ordenó a la Junta de
KLAN202301128                                                                  5

Planificación expresar su posición al respecto. En cumplimiento con lo

ordenado, la Junta de Planificación manifestó que no tenía objeción

alguna.5

       Así las cosas, el 14 de agosto de 2023, el TPI de Caguas señaló

vista del injunction preliminar para el 12 de septiembre de 2023, emitió las

citaciones correspondientes y notificó a todas las partes del pleito,

incluyendo a Colegio Mi Cuido.6 Una vez realizados algunos trámites

procesales, el día pautado para la vista compareció el co-demandado Raúl

Ortiz Dávila acompañado por su abogado y presentaron ante el tribunal una

Moción de Desestimación donde alegaron tres fundamentos para

sostenerla. En primer lugar, plantearon que el TPI de Caguas no había

adquirido jurisdicción sobre la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo

porque esta no había sido notificada correctamente. En segundo lugar, que

el TPI de Caguas tampoco contaba con la competencia para atender el

caso porque la controversia tenía como objeto un inmueble sito en el

Municipio de Las Piedras y, por tal motivo, correspondía un traslado. Por

último, alegaron que el caso tampoco se podía ventilar en el tribunal porque

aún quedaban asuntos pertinentes al caso que no habían adquirido

finalidad en el ámbito administrativo.

       Como resultado de lo anterior, la vista sobre injunction no se pudo

celebrar ese día 12 de septiembre de 2023 como se había pautado

inicialmente, y en atención a las alegaciones vertidas en la Moción de

Desestimación presentada, el TPI de Caguas concedió 20 días a la Junta

de Planificación y Colegio Mi Cuido respectivamente para la presentación

de una réplica.7

       El 22 de septiembre de 2023, la Junta de Planificación y los

demandados presentaron ante el TPI de Caguas el escrito titulado

Estipulaciones de Acuerdo Transaccional y Solicitud de Sentencia8 que

5 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 97-98.
6 Véase, entrada Núm. 13 del expediente digital del Caso Núm. CG2023CV02091 en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
7 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, pág. 138.
8
  Apéndice 25 del Recurso de Apelación, págs. 3 -6.
KLAN202301128                                                             6

expone las estipulaciones del acuerdo transaccional sometido al TPI como

sigue:

         1. En este caso, los codemandados realizaron la
            construcción de muro en hormigón y bloques paralelo a la
            estructura existente con medidas de 110 pies de largo x
            4.10 pies de alto aproximadas en una propiedad que ubica
            en la Carretera PR-198 (Calle José C. Barbosa) 237, So.
            Arenales, Las Piedras, P.R con número de catastro 253-
            100-137-19. Las partes han llegado a un acuerdo
            transaccional en el caso de epígrafe. Los acuerdos son
            los siguientes:

               A) Al evaluar el trámite administrativo de la querella
                  2022-SRQ-012258, nos hemos percatado de la
                  existencia de otra querella numerada 2022-SRQ-
                  102095 que atiende los mismos hallazgos y/o
                  violaciones que la querella correspondiente al caso
                  del epígrafe. Por consiguiente, ambas querellas
                  estarán siendo consolidadas, quedando activa la
                  querella 2022-SRQ-012258 que se atiende
                  mediante el presente acuerdo.

               B) La parte demandante toma conocimiento de que la
                  parte demandada tiene un caso cuyo epígrafe es
                  Colegio Mi Cuido Inc. y otros Vs. Raúl Ortiz Dávila
                  y otros Casos HU2022CV00091 en el que se
                  dilucida una controversia sobre la titularidad de una
                  porción de terreno que afectaría la obtención del
                  permiso de construcción a la violación señalada en
                  el caso del epígrafe.

               C) No obstante, el demandado se compromete a
                  realizar todos los trámites correspondientes a la
                  solicitud de los permisos de construcción y
                  completar los requisitos solicitados por la OGPe en
                  el tiempo determinado por la agencia, una vez
                  culmine el trámite del caso mencionado en el inciso
                  anterior. A partir de dicho momento el permiso
                  deberá iniciarse en un periodo de sesenta (60) días
                  aproximados, prorrogables con justa causa. En su
                  defecto, la parte demandada podrá decidir por
                  demoler la obra construida y eliminar la violación,
                  gestión que será a su costo, en un término de
                  sesenta (60) días prorrogables, a partir de la
                  sentencia relacionado en el inciso B.

               D) El demandado deberá mantener constante
                  comunicación con la parte demandante para
                  notificar y evidenciar su diligencia durante el
                  proceso de legalización en el término establecido
                  en el inciso(A), así como evidencia de los pagos
                  por concepto de multa.

               E) La parte demandada tendrá un periodo no mayor
                  de sesenta (60) días a partir del comienzo del
                  proceso de legalización para culminar y obtener el
                  permiso de uso y/o la tramitación de obra nueva.
                  En su defecto, obtener una certificación emitida por
                  la OGPe indicando que no requiere el permiso. No
                  se dará una prórroga, a menos que exista justa
KLAN202301128                                                             7

                   causa para ello. Entiéndase por justas(sic) causa,
                   circunstancias ajenas al control de la parte
                   demandada, incluyendo cualquier dilación de las
                   agencias administrativas. A los fines de evaluar la
                   prórroga para completar fehacientemente la
                   diligencia del trámite para lograr la otorgación de
                   permiso (salvo que obtenga la certificación de la
                   OGPe que acredite que no es necesario el
                   permiso) y que no es por su inacción o falta de
                   diligencia. Deben acreditar dicha solicitud con
                   evidencia del expediente de SBP.

               F) Debido a que los codemandados han mostrado
                  diligencia al iniciar la tramitación de los permisos,
                  han sido cooperadores, honestos en el proceso con
                  la Junta y han mostrado disposición en legalizar la
                  obra, la multa a pagar será reducida. Razón por la
                  cual, la totalidad a pagar de la multa será de
                  cuatrocientos setenta y cinco dólares con veinte
                  centavos ($475.20). La multa deberá saldarse en
                  un plan de pago de dos (2) plazos mensuales, cada
                  uno por la cuantía de doscientos treinta y siete
                  dólares con sesenta centavos ($237.60). Los
                  pagos serán vencederos el 20 de octubre de 2023
                  y 20 de noviembre de 2023, respectivamente. El
                  pago será efectuado en la Oficina de OGPe en San
                  Juan o la oficina regional más cercana, de acuerdo
                  con su mayor conveniencia. Para realizar el pago
                  deberá llevar impreso este acuerdo transaccional.
                  Además, deberá identificar el caso, la parte
                  demandada tiene que indicar que es referente al
                  caso Junta de Planificación y. Elizabeth Gómez
                  y otros, Número de Querella 2022-SRQ-012258.
                  En el caso de que el pago sea efectuado en giro
                  postal o cheque, este deberá realizarse a nombre
                  del Secretario de Hacienda.

               G) Una vez se obtenga el permiso y se pague la multa,
                  la parte demandante informará al Tribunal que se
                  cumplió con los acuerdos.

               H) La parte demandada está apercibida de que, el no
                  cumplir con estos acuerdos, conllevará el pago de
                  honorarios de abogado a la parte demandante por
                  la suma de $2,500.00, el cual como parte de este
                  acuerdo ha sido eliminado condicionalmente al
                  cumplimiento del acuerdo, y una multa adicional de
                  quinientos ($500.00) dólares.

               I) La parte demandada de forma libre y voluntaria
                  reitera los acuerdos aquí contraídos con la Junta
                  de Planificación de Puerto Rico.9
       Entretanto, el caso fue recomendado para traslado por el TPI de

Caguas mediante una orden titulada Recomendación de traslado dirigida a

la Jueza Administradora, emitida el 12 de septiembre de 2023 y notificada

9 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 3 – 6.
KLAN202301128                                                              8

el 6 de octubre de 2023.10 El caso fue finalmente trasladado al Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI de Humacao) el 6 de

octubre de 2023. El 10 de octubre de 2023 dicho tribunal emitió una

Sentencia, notificada el 12 de octubre de 2024 que dispuso lo siguiente:

       Las partes han sometido a la consideración del Tribunal un
       acuerdo      titulado   "Estipulaciones      de     Acuerdo
       Transaccional y Solicitud de Sentencia" el cual se une al
       original de esta Sentencia y se hace formar parte de ésta.

       El Tribunal imparte su aprobación a la transacción sometida
       por las partes de epígrafe y se dicta Sentencia conforme los
       términos en ella expresados, y sujeta a todas las partes al fiel
       y estricto cumplimiento de todos los compromisos,
       obligaciones y estipulaciones que entre sí y que ante el
       Tribunal han asumido. Se apercibe que el incumplimiento de
       las obligaciones acordadas dará lugar a las medidas y
       procedimientos también acordados para el caso de
       incumplimiento de lo pactado, más cualquier otra medida o
       sanción que el Tribunal pueda entender apropiada conforme
       el incumplimiento, sus circunstancias y el derecho aplicable.

       Esta Sentencia se dicta sin imposición de costas, gastos ni
       honorarios de abogados. La misma será final, firme e
       inapelable, por lo que se ordena el archivo con perjuicio del
       caso.

       REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

       En Humacao, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2023.

       f/MARIA JOSE DABASTOS ANGLADE
       JUEZA SUPERIOR11

       Consecuentemente, el Colegio Mi Cuido presentó una Petición de

Nulidad de Sentencia […], el 26 de octubre de 2023, por falta de

jurisdicción.12 En esta, Colegio Mi Cuido alegó que la Sentencia emitida

adolecía de parte indispensable refiriéndose a la co-demandada Elizabeth

Gómez Acevedo, por no haber sido emplazada correctamente, según lo

alegado por el co-demandado Raúl Ortiz Dávila en su Moción de

Desestimación. Por ende, adujo que el tribunal nunca adquirió jurisdicción

sobre su persona. Ese mismo día, 26 de octubre de 2023, el TPI de

Humacao ordenó a la Junta de Planificación y a la parte demandada a

presentar su posición al respecto dentro de un término de veinte (20) días.

       El 4 de noviembre de 2023 comparecieron los demandados

10 Apéndice del Recurso de Apelación, págs. 140-141.
11 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, pág. 2
12 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, págs. 7-21.
KLAN202301128                                                               9

mediante una moción titulada Moción clarificando el allanamiento a la

jurisdicción y competencia de Elizabeth Gómez y ratificación13 donde

señalaron que la co-demandada, Elizabeth Gómez Acevedo, se había

sometido voluntariamente a la jurisdicción del tribunal y que este hecho se

desprendía claramente del acuerdo transaccional que el TPI de Humacao

estipuló. Además, alegaron que la petición de Colegio Mi Cuido era

improcedente ya que esta no formaba parte del pleito pues el tribunal no lo

había declarado jurídicamente mediante alguna resolución. Luego de

presentadas las oposiciones de las respectivas partes, el TPI de Humacao

declaró No Ha Lugar la petición de nulidad el 16 de noviembre de 2023.14

       Inconforme, el 15 de diciembre de 2023, el Colegio Mi Cuido acude

ante este Tribunal mediante el presente recurso de apelación y nos señala

la comisión de los siguientes errores:

       1. Erró el TPI al emitir una sentencia con perjuicio
           disponiendo de la totalidad de la causa de acción donde
           no tenía jurisdicción para emitir el fallo ante la ausencia de
           parte indispensable tal y como expusiera el Lcdo. Adorno
           Peña en representación de Ortiz Dávila en su moción de
           desestimación.

       2. Erró el TPI al emitir una sentencia con perjuicio disponiendo
          de la totalidad de la causa de acción al acoger unos
          acuerdos transaccionales por parte de la JP [Junta de
          Planificación] en violación de su propia ley y sus
          reglamentos.

       3. Erró el TPI al emitir una sentencia con perjuicio disponiendo
          de la totalidad de la causa de acción donde el Lcdo. Adorno
          Peña se condujo de una manera poco ética y reprochable
          conforme exige la profesión de respeto al Honorable
          Tribunal y compañeros abogados al momento de litigar una
          causa.
       Luego de conceder una extensión de término solicitada por los

demandados, el 5 de febrero de 2024, emitimos una Resolución donde

concedimos a la Junta de Planificación y a los demandados hasta el 9 de

febrero de 2024 para la presentación de sus alegatos en oposición. Ambas

partes comparecieron dentro de la fecha establecida, por lo que, contando

con el beneficio de la comparecencia de estas, procedemos a resolver.

13 Apéndice 25 del Recurso de Apelación, págs. 23-24.
14 Apéndice 7 del Recurso de Apelación, págs. 47-48.
KLAN202301128                                                             10

                                     II

               A. Emplazamiento y sumisión voluntaria

      El emplazamiento es el mecanismo procesal más adecuado por el

cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre una persona, sin embargo, esta

no es la única manera. Esta también se puede realizar mediante la

“sumisión voluntaria” a la jurisdicción del tribunal y “consiste en que una

parte comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la

constituya parte en el pleito, sometiéndose así a la jurisdicción del

Tribunal”. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003), que cita a Qume

Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). Por tanto, se

ha reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que “la

comparecencia voluntaria de la parte demandada suple la omisión del

emplazamiento y esto es suficiente para que el tribunal adquiera

jurisdicción sobre la persona bajo las garantías del debido proceso de

ley.” Vázquez v. López, supra, que cita a Qume Caribe, Inc. v. Srio. de

Hacienda, supra.

      Esta sumisión puede hacerse de forma explícita o tácita. Peña v.

Warren, 162 DPR 764, 778 (2004); Shuler v. Shuler, 157 DPR 707 (2002);

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997). Ahora bien, para que la

comparecencia de un demandado confiera jurisdicción al tribunal sobre su

persona se requiere algo más que su presencia en corte, se requiere un

acto sustancial que la constituya parte en el pleito. Peña v. Warren, supra;

que cita a Qume Caribe, Inc. v. Srio. De Hacienda, supra, pág. 718 y a

Mercado v. Panthers Military Society, 125 DPR 98 (1990). Una parte puede

someterse voluntariamente a la jurisdicción del tribunal si cumple con

órdenes y presenta documentos pertinentes dirigidos a dilucidar la

reclamación incoada por la parte demandante en su contra. Vázquez v.

López, supra. No obstante, para que se cumpla con los requisitos de la

excepción a la falta de jurisdicción por sumisión voluntaria, la parte

indebidamente emplazada debe comparecer ante el Tribunal pendiente el
KLAN202301128                                                                    11

litigio a otros fines que no sean los de impugnar la falta de jurisdicción del

tribunal. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524–525 (2006).

       Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que hay sumisión cuando una

parte demandada comparece ante el tribunal a través de su abogado en un escrito

titulado contestación, cuando presenta reconvención aún sin contestar, cuando

contesta y presenta defensas afirmativas sin alegar ausencia o deficiencia del

emplazamiento, o cuando contesta y refuta una moción sobre relevo de sentencia.

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.; sin

alegar falta de jurisdicción sobre la persona. Méndez v. Sucesión Sella, 62 DPR

345 (1943); Sterzinger v. Ramírez, supra; Banco Santander v. Fajardo Farms, 41

DPR 237 (1996); Cuevas Segarra, José A., Tratado de Derecho Procesal Civil,

San Juan, Publicaciones J.T.S., Ed., Tomo I, (2000) pág. 138.

                 B. Sentencia por acuerdo transaccional

       Un contrato de transacción puede surgir a la vida jurídica tanto de

forma judicial, como extrajudicial. Claro está, siempre se requerirá que cada

uno los contratantes cumplan con una concesión. Sagardía De Jesús v.

Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 498 (2009); Neca Mortg. Corp. v. A & W

Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). Los elementos constitutivos de este

contrato son:

       a. la existencia de una controversia o relación jurídica
          incierta litigiosa;

       b. la intención de las partes de sustituir—mediante la
          transacción—, la incertidumbre sobre los elementos
          objetivos de la relación jurídica por otra "cierta e
          incontestable"; y

       c. concesiones recíprocas. Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux.
          Mutuo, supra.

       El Artículo 1497 del Código Civil de 2020, dispone que “[p]or el

contrato de transacción, mediante concesiones recíprocas, las partes

ponen fin a un litigio o a su incertidumbre sobre una relación jurídica.” 31

LPRA sec. 10641.

       La causa del contrato de transacción es la incertidumbre que le antecede

a su otorgamiento, pues “[l]as partes, al transigir, podrían encontrarse en un

estado de incertidumbre en torno a la razón jurídica que les asista y la ignorancia

objetiva del resultado del pleito o pleito futuro” y “[e]sa incertidumbre es lo que
KLAN202301128                                                                12

normalmente les mueve a transigir.” Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo,

supra.

         En cuanto a los requisitos básicos de consentimiento, objeto y causa

requeridos por nuestro ordenamiento a todo tipo de contrato, aplicables a los

acuerdos de transacción, se ha pautado lo siguiente:

         Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene
         que ser consensual; su objeto es la controversia entre las
         partes —la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no
         puede existir la transacción; y su causa consiste en la
         eliminación de la controversia mediante recíprocas
         concesiones, pues si bien tiene el propósito de desaparecer
         un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras
         contractuales que tienen la misma finalidad, en que ello se
         logra mediante renuncias mutuas. Neca Mortg. Corp. v. A &
         W Dev. S.E., supra, pág. 871.

         Si el Tribunal acoge un acuerdo transaccional a fines de dar por

terminado un litigio, lo acordado tendrá efecto de cosa juzgada entre las

partes. (Énfasis nuestro.) Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR

406, 410 (1993).

                                       III

         La parte apelante señala que el TPI erró al emitir una sentencia con

perjuicio que dispuso de la totalidad de la causa de acción, (1) sin tener

jurisdicción ante la ausencia de parte indispensable, (2) al acoger unos

acuerdos transaccionales por parte de Junta de Planificación en violación

de su propia ley y sus reglamentos; y, donde el Lcdo. Adorno Peña se

condujo de una manera poco ética y reprochable conforme exige la

profesión de respeto al Honorable Tribunal y compañeros abogados al

momento de litigar una causa. No tiene razón.

         Surge de los escritos de las partes que la Junta de Planificación

atendió la querella presentada por el Colegio Mi Cuido y procedió a

presentar la Demanda de Injunction Estatutario Preliminar y Permanente

donde se alega sobre el incumplimiento de los apelados en cuanto a lo

dispuesto en el Permiso de Uso del establecimiento comercial en su

propiedad, y solicita los remedios interdictales de rigor.

         Luego de los trámites judiciales de rigor, la Junta de Planificación y

los querellados, presentaron ante al TPI el escrito titulado Estipulaciones
KLAN202301128                                                              13

de Acuerdo Transaccional y Solicitud de Sentencia, suscrito por las

partes que tienen legitimación, pues los querellados están obligados a

cumplir con los requerimientos de su permiso de uso conforme a lo

regulado por la Junta de Planificación. El Tribunal de Primera Instancia,

dictó una Sentencia la cual aprobó la transacción sometida por los

querellados y la Junta, sujeta al fiel y estricto cumplimiento de todos los

compromisos,     obligaciones    y   estipulaciones   entre   sí,   con   los

apercibimientos de rigor sobre las consecuencias, si se incumplen las

obligaciones acordadas.

      La parte interventora y apelante, Colegio Mi Cuido, presentó una

Petición de Nulidad de Sentencia por falta de jurisdicción, con el

planteamiento de que la Sentencia emitida adolecía de parte indispensable

refiriéndose a la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo, por no haber

sido emplazada correctamente, según lo alegado por el co-demandado

Raúl Ortiz Dávila en su Moción de Desestimación. Sin embargo, surge del

expediente que la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo comparece

conjuntamente con el co-demandado Raúl Ortiz Dávila y ambos

conjuntamente con la Junta del Planificación, con sus respectivos

abogados    en    el   escrito   titulado   Estipulaciones    de    Acuerdo

Transaccional y Solicitud de Sentencia sometido ante el foro

sentenciador. Es decir, la co-demandada Elizabeth Gómez Acevedo se

sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, hecho que surge

claramente del acuerdo transaccional admitido y aprobado por el TPI de

Humacao. Por otro lado, Colegio Mi Cuido compareció como interventor

por su interés en torno a la querella que presentó, la cual fue atendida por

la Junta de Planificación al presentar la Demanda de Injunction Estatutario

Preliminar y Permanente. Finalmente, en cuanto al señalamiento sobre la

alegada conducta del Lcdo. Adorno Peña, somos del criterio que no se

cometió el error señalado.
KLAN202301128                                                            14

       Resolvemos que la Sentencia dictada culmina las gestiones

requeridas para atender los reclamos presentadas ante la Junta por la parte

interventora.

                                    IV

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones