Court Opinion

ID: 9916099
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:21:23.056459+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:52.297069
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VIII

ELIEZER SANTANA BÁEZ                               Revisión Judicial,
                                                   procedente del
     Parte Recurrente                              Departamento de
                                                   Corrección y
                                                   Rehabilitación, División
                               KLRA202300541       de Remedios
             v.                                    Administrativos

                                                   Caso Núm.:
                                                   B-898-23
  DEPARTAMENTO DE
    CORRECCIÓN Y                                   Sobre:
   REHABILITACIÓN                                  Solicitud de
                                                   Reconsideración
      Parte Recurrida

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

       Compareció ante nos la parte recurrente, el Sr. Eliezer Santana Báez

(en adelante, el “señor Santana Báez” o el “Recurrente”), quien se encuentra

confinado en la Institución Bayamón 501 y acude por derecho propio, a

través del presente recurso de revisión judicial. Mediante el mismo, solicitó

la revocación de la determinación emitida por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto

Rico (en adelante, la “DCR” o “Recurrido”) el 17 de julio de 2023, notificada

el 18 de julio de 2023.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se devuelve

el caso ante la consideración de dicha dependencia gubernamental para

que emita una nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”,

conforme a las enmiendas adoptadas mediante la Carta Circular Núm.

2023-02 de 11 de octubre de 2023.

                                     I.

       El 26 de abril de 2004, el señor Santana Báez fue sentenciado a

cumplir una pena consecutiva de 119 años, tras haber sido hallado culpable

Número Identificador
SEN2023______________
KLRA202300541                                                               2

por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la derogada Ley

Núm. 404-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de

Puerto Rico”, 25 LPRA secs. 455 et seq. Luego de estar cumpliendo la pena

impuesta, fue aprobada, con aplicación retroactiva, la Ley Núm. 85-2022,

con el fin emendar el Artículo 308 de la Ley Núm. 146-2012, según

enmendada, mejor conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, 33

LPRA sec. 5416, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974,

según enmendada, mejor conocida como la “Ley de la Junta de Libertad

Bajo Palabra”, 4 LPRA sec. 1503, con el objetivo de establecer una manera

justa, retributiva y rehabilitadora que le permitiera a una persona convicta

por varios delitos poder ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir

con los términos de la sentencia más onerosa relacionada directamente con

alguno de los delitos por los cuales fue encontrado culpable. A raíz de lo

anterior, el señor Santana Báez presentó el 22 de mayo de 2023, recibida

el 25 del mismo mes y año, una “Solicitud de Remedio Administrativo”

núm. B-898-23. En ésta, solicitó que se atendiera su caso y se le aplicaran

las nuevas disposiciones de la Ley Núm. 85-2022, supra.

       El 17 de julio de 2023, la DCR emitió “Respuesta del Área

Concernida/ superintendente” en la que adjuntó “Hoja de Control sobre

Liquidación de Sentencia”. La misma reflejaba que se había eliminado la

pena correspondiente a la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, por haber

sido cumplida en el 2015. Como consecuencia, se comenzó a contar la pena

mínima de 25 años posterior a esa fecha, por lo que, según establece la

“Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia” notificada al señor

Santana Báez, cumpliría la pena mínima el 22 de diciembre de 2034.

       Insatisfecho con dicha determinación, el Recurrente presentó

“Solicitud de Reconsideración” el 24 de julio de 2023, recibida el 10 de

agosto de 2023 por el DCR. Argumentó que la aplicación de la Ley Núm.

85-2022 fue errónea, ya que se computó el mínimo de sentencia desde 2015

y no desde el 2004, fecha en la que fue sentenciado. Alegó que, si se

aplicara la ley correctamente, el mínimo de sentencia lo cumpliría en el año

2028 y no en el 2034 como establece la “Hoja de Control sobre
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Liquidación de Sentencia” que le fue notificada. En respuesta, el 12 de

septiembre de 2023, notificada el 29 del mismo mes y año, el DCR denegó

la “Solicitud de Reconsideración” y le informó al confinado que se había

aplicado la Ley Núm. 85-2022, conforme lo establecido en la Carta Circular

núm. 2023-02 suscrita por la Secretaria del DCR el 15 de junio de 2023.

      Aún inconforme, el 18 de octubre de 2023, el Recurrente presentó el

recurso de revisión judicial que nos ocupa. Mediante el mismo, le imputó al

foro recurrido haber cometido el siguiente error:

      Incidió en error extraordinario el DCR al obviar el alcance y
      particularidad de la ley 85-22, y no aplicarla de la forma
      correcta que dicta el espíritu y la exposición de motivos de la
      misma, al no aplicarla retroactivamente y usando siempre la
      pena más alta para computar el mínimo a cumplir ante la
      JLBP, sino que lo extienden a 30 años igual que sin aplicación
      de la ley.

      El 30 de octubre de 2023, emitimos Resolución mediante la cual le

concedimos al DCR, por conducto de la Oficina del Procurador General un

término para que presentara su alegato en oposición. Así el trámite, el 21

de noviembre de 2023, el DCR presentó “Escrito en Cumplimiento de

Orden” mediante el cual solicitó que se devolviera el caso a dicha

dependencia gubernamental para que se adjudicara la solicitud del

Recurrente, de conformidad con la Carta Circular Núm. 2023-02,

enmendada el 11 de octubre de 2023.

                                     II.

                                     A.

      La Ley Núm. 85-2022 tiene como propósito principal enmendar el

Artículo 308 del Código Penal de Puerto Rico, supra, y el Artículo 3 de la

Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, supra. La aludida pieza legislativa

dispone en su Exposición de Motivos que la misma se aprobó como “una

manera justa, retributiva y rehabilitadora, que le permita a aquella persona

convicta por varios delitos el poder ser considerada para libertad bajo

palabra al cumplir con los términos de la sentencia más onerosa relacionada

directamente con alguno de los delitos por los cuales fue encontrado

culpable”. Esto debido a que cuando se imponen sentencias consecutivas

que pueden llegar a acumular cientos años de años de cárcel, los reclusos
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se encuentran sometidos a cumplir una sentencia de por vida sin la

posibilidad de ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra.

      La Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 enmendó el Artículo 308 del

Código Penal, para que lea como sigue:

      Artículo 308. – Términos para cualificar para consideración
      de la Junta de Libertad bajo Palabra.

      Toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código
      podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta
      de Libertad Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por
      ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este cómputo
      nunca excederá de quince (15) años cuando se trate de un
      adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor
      sentenciado y procesado como adulto en delitos para los
      cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar
      ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra
      este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija
      señalada en el tipo de cincuenta (50) años.

      En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el
      tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser
      considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad
      Bajo Palabra al cumplir quince (15) años de su sentencia o
      cinco (5) años si se trata de un menor de edad procesado y
      sentenciado como adulto.

      En caso de la persona convicta de asesinato en primer
      grado, un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99)
      años o reincidencia habitual la persona podrá ser
      considerada para libertad bajo palabra por la Junta de
      Libertad Bajo Palabra, al cumplir veinticinco (25) años de
      su sentencia, o diez (10) años, si se trata de un menor de
      edad procesado y sentenciado como adulto. Las personas
      convictas al amparo del inciso (c) del Artículo 93 estarán
      excluidas del privilegio de libertad bajo palabra. (Énfasis
      suplido).

      En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al
      acusado culpable por más de un delito y se le imponga una
      sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la persona
      convicta tendrá derecho a cualificar para libertad bajo
      palabra al cumplir con el término concerniente a la pena
      mayor recibida por alguno de los delitos cometidos.
      Cuando más de uno de los delitos cometidos conlleve la
      misma pena, la persona convicta cualificará para el beneficio
      de libertad bajo palabra con el mero hecho de haber cumplido
      con el término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo
      será de aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud
      de la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial.
      Sección 1 de la Ley Núm. 85-2022 (énfasis suplido).

      Por otro lado, la Sección 2 enmendó el Artículo 3 la Ley Núm. 118-

1974, supra, estableciendo que en los procesos judiciales en que el acusado

sea encontrado culpable por más de un delito y se le imponga una sentencia

a ser cumplida consecutivamente, tendrá derecho a cualificar para libertad

bajo palabra al cumplir con el término concerniente de la pena mayor
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recibida por alguno de los delitos cometidos. Ahora bien, cuando más de

uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta

cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra por el mero hecho de

haber cumplido con el término de una de ellas. Esto independientemente se

trate de una ley penal especial.

        Por último, y en lo que respecta a la Sección 3 de la mencionada ley,

se dispone lo siguiente:

        Esta Ley aplicará de manera retroactiva, independientemente
        del Código Penal o Ley Penal Especial vigente al momento de
        los hechos delictivos, siempre y cuando resulte favorable para
        la persona condenada. Las cláusulas de prohibiciones
        absolutas de libertad bajo palabra en los delitos de leyes
        penales especiales no serán aplicables al caso de menores
        juzgados y sentenciados como adultos cuando contravengan
        lo aquí establecido. (Énfasis suplido).

                                   B.

        El 15 de junio de 2023, la Secretaría Auxiliar de Programas y

Servicios del DCR emitió la Carta Circular Núm. 2023-02 en la que informó

cuál sería el procedimiento a seguir para computar los términos para referir

a los confinados a la Junta de Libertad Bajo Palabra, de conformidad con la

Ley Núm. 85-2022. Allí se expuso que se evaluarían todos los expedientes

criminales de la población correccional con el fin de estudiar la “Hoja de

Control sobre Liquidación de Sentencia” e identificar si había más de un

término computado y determinar cuál es la sentencia base mayor. Además,

se expuso que se tomaría la sentencia de manera individual, por lo que las

que fueran consecutivas no debían ser consolidadas en la nueva revisión.

A razón de que, de estar consolidadas, el resultado conllevaría identificar

una pena mayor que no necesariamente sería la correcta para el cómputo

final a los fines requeridos por la ley. Siendo así, el DCR emitiría una nueva

“Hoja    de    Control     sobre   Liquidación    de   Sentencia”     titulada

“Reliquidación”. En esta hoja se identificarían la pena mayor y se observará

el mínimo de esa sentencia. Si el mínimo reflejado es mayor de 15 años,

éste se ajustará a lo que establece la nueva Ley. Excepto, si se trata de una

persona sentenciada por asesinato en primer grado, en el que el mínimo de

sentencia será de 25 años naturales.
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        Dicha carta además establece que todo delito cumplido en su

totalidad será eliminado de la Hoja de Control sobre Liquidación de

Sentencia. Los demás términos de la sentencia se computarán en el mismo

orden de la Hoja de Liquidación anterior y no se computarán mínimos

adicionales. Por lo que, se considerará y documentará solamente un

mínimo, el cual responderá a la pena mayor.1

        No obstante, el 11 de octubre de 2023, el DCR enmendó la Carta

Circular Núm. 2023-02 e instituyó un nuevo esquema para computar el

momento en que un confinado cumple el mínimo de sentencia de la pena

más larga para ser elegibles para el privilegio de libertad bajo palabra. En

específico, se estableció lo siguiente:

        12. Los delitos cumplidos en su totalidad permanecerán
        en la nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de
        Sentencia”. Por ejemplo, en los casos de asesinato en primer
        grado cometidos con armas, se computarán en primer
        orden el asesinato en primer grado con el mínimo
        establecido, beneficiándolo del tiempo en reclusión
        preventiva. Luego, se incluirán y computarán los demás
        delitos de la sentencia incluyendo los de armas.2

                                       III.

        En el caso de autos, el señor Santana Báez sostiene que la “Hoja de

Control sobre Liquidación de Sentencia” emitida el 18 de julio de 2023

no reflejaba correctamente la aplicación de la nueva Ley Núm. 85-2022. Es

por esto que, nos solicita que ordenemos al DCR a emitir una nueva Hoja

que contenga el cálculo, conforme lo establece al mencionado estatuto.

Veamos.

        Según se desprende del expediente, el Recurrente fue sentenciado

en el 2004 a cumplir una pena consecutiva de 119 años por los delitos de

asesinato en primer grado e infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico,

supra. Inicialmente, se comenzó a computar la pena relacionada con la Ley

de Armas de Puerto Rico, supra, que se extinguió para el 2015. A raíz de la

aprobación de la Ley Núm. 85-2022, el DCR emitió la Carta Circular Núm.

2023-02 el 15 de junio de 2023, en la que estableció cuál sería el

1 Véase, Carta Circular 2023-02 de 15 de junio de 2023, pág. 3, inciso 4.
2 Véase, Carta Circular Núm. 2023-02 del 11 de octubre de 2023, págs. 2-4 (énfasis

suplido).
KLRA202200541                                                                7

procedimiento a seguir para el cumplimiento de la nueva ley. Se desprende

de la aludida Carta que toda pena cumplida en su totalidad sería eliminada

de la “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”. Es por esto que,

cuando el DCR notificó al señor Santana Báez la “Hoja de Control sobre

Liquidación de Sentencia”, ésta no contenía la pena correspondiente a

Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y, además, se le comenzaba a contar

el mínimo de sentencia establecido por ley desde el 2015 y no desde el

2004.

        No obstante, el 11 de octubre de 2023 el DCR aprobó una enmienda

a la referida Carta Circular, en la que implementó un nuevo proceso de

computar los términos en los que todo miembro de la población correccional

será elegible para el privilegio de libertad bajo palabra. Se estableció que

las penas cumplidas en su totalidad permanecerán en la “Hoja de Control

Sobre Liquidación de Sentencia” y que en los casos de asesinato en

primer grado cometidos con armas se computará primeramente la pena

correspondiente al asesinato en primer grado con su mínimo establecido.

        Evaluado lo anterior, procede que devolvamos el caso al DCR para

que se emita una nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de

Sentencia”, de conformidad con la enmienda aprobada por el DCR el 11 de

octubre de 2023.

                                       IV.

        Por lo fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar parte

integral del presente dictamen, se devuelve el caso al DCR para que se

emita una nueva “Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia”,

conforme a las enmiendas adoptadas mediante la Carta Circular Núm.

2023-02 de 11 de octubre de 2023.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones