Court Opinion

ID: 9941542
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:44:58.389075+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.755818
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

Gabriel J. Sicardó                                  REVISIÓN
Ocasio                                              ADMINISTRATIVA
                                                    procedente del
        Recurrente                                  Tribunal de Primera
                                                    Instancia, Sala de
             vs.                                    Bayamón

Partido Nuevo                  KLRA202400002
Progresista; Recurrido                              Civil Núm.:
Desconocido;                                        CT2023CV00172
Aseguradoras “X”, “Y”,
“Z”                                                 Sobre: Acción Civil
                                                    Revisión
        Recurridos                                  Judicial/Código
                                                    Electoral, Injunction,
Comisión Estatal de                                 Libelo Calumnia o
Elecciones                                          Difamación,
                                                    Sentencia
    Parte Con Interés                               Declaratoria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2024.

       Comparece ante nos, el señor Gabriel J. Sicardó Ocasio (Sr.

Sicardó Ocasio o recurrente), quien presenta recurso de revisión

administrativa en el que solicita la revocación de la “Sentencia”

emitida el 22 de diciembre de 2023,1 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante dicho dictamen, el

foro primario declaró Ha Lugar la “Moción de Desestimación”

presentada por el Partido Nuevo Progresista (PNP o recurrido), y

desestimó el recurso presentado por el recurrente.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

confirmamos        el   dictamen   mediante   los     fundamentos     que

expondremos a continuación.

1 Notificada en igual fecha.

Número Identificador

SEN2024 ___________
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                                          I.

       El 14 de diciembre de 2023, el Sr. Sicardó Ocasio presentó

un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, solicitando la

revisión de la determinación emitida el 4 de diciembre de 2023,2

por el Directorio del PNP. En esencia, el Directorio del PNP dejó

sin efecto la certificación emitida por el Comité de Evaluación de

Candidatos del PNP (en adelante, Comité), y descalificó al Sr.

Sicardó Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía

del Municipio de Cataño. En su escrito, el recurrente alegó que, el

Directorio del PNP actuó de forma ultra vires, arbitraria y

caprichosa.      Asimismo, arguyó que, se le violentó su debido

proceso de ley, toda vez que no se le notificó el escrito de apelación

presentado ante Directorio del PNP, y tampoco se le otorgó la

oportunidad de ser oído.

       Así las cosas, el 19 de diciembre de 2023, el PNP presentó

una “Moción de Desestimación”, y afirmó que la descalificación del

Sr. Sicardó Ocasio se hizo conforme a derecho y la ley aplicable.

Argumentó que, el procedimiento efectuado ante el Directorio del

PNP no fue uno ultra vires, sino que se hizo de conformidad con la

reglamentación aplicable. Sobre este particular, esgrimió que: (1)

el Comité hizo su recomendación, (2) el Directorio del PNP pasó

juicio sobre dicha recomendación y tomó una determinación, (3)

esta determinación fue notificada al recurrente, y (4) se le advirtió

sobre su derecho a revisión judicial.          Además, sostuvo que, la

determinación del Directorio del PNP no se basó en meras

especulaciones o conjeturas, sino que, para determinar la

viabilidad e idoneidad del candidato, se consideraron distintos

factores, entre ellos, las circunstancias detrás de su nombramiento

y confirmación como Vice-Alcalde del municipio de Cataño en la

víspera de la renuncia del anterior alcalde.       Finalmente, destacó

2 Notificada el 7 de diciembre de 2023.
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que se cumplieron las exigencias de un debido proceso, en vista de

que el proceso efectuado es una evaluación de candidatura, a la

cual el Sr. Sicardó Ocasio no posee un derecho absoluto.

       Ese mismo día, entiéndase, el 19 de diciembre de 2023, el

foro a quo celebró vista, y ambas partes argumentaron sus

respectivas posiciones con relación a la “Moción de Desestimación”

presentada por el PNP. Durante la audiencia, la parte recurrida

indicó que, el tribunal carecía de jurisdicción para atender el

asunto. Ante dicho planteamiento, se les concedió a ambas partes

oportunidad para presentar sus argumentos por escrito.

       A tenor con esto, el PNP presentó una “Moción de

Desestimación Suplementaria”, y solicitó la desestimación por falta

de jurisdicción porque, a pesar de que el recurso se presentó en

fecha hábil, no se le notificó dentro del término dispuesto para ello.

       Mediante escrito titulado “Oposición a Desestimación”, el Sr.

Sicardó Ocasio manifestó que, el tribunal posee jurisdicción para

atender el asunto, ya que el recurso de revisión judicial fue

presentado y notificado en término.

       Atendidas las posiciones de ambas partes, el 22 de diciembre

de 2023,3 el Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia”

mediante la cual declaró Ha Lugar la “Moción de Desestimación”

presentada por el PNP, y desestimó el recurso presentado por el

recurrente. Fundamentó su determinación en la ausencia de

reglamentación que exija la notificación de un escrito de apelación

presentado ante el Directorio del PNP.       A su vez, razonó que

tampoco existe reglamentación alguna que requiera la celebración

de una vista ante el Directorio del PNP. Adicionalmente, consideró

el hecho de que los argumentos esbozados en el escrito de

apelación fueron los mismos vertidos en la querella original, sobre

la cual el Sr. Sicardó Ocasio tuvo la oportunidad de expresarse y

3 Notificada en igual fecha.
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defenderse. Por último, consideró que, aunque el Comité hace una

recomendación,   es   el   Directorio   del PNP   quien   efectúa   la

determinación final sobre la cualificación del aspirante.    En ese

contexto, concluyó que no se violentó el debido proceso de ley del

recurrente.

      En su “Sentencia”, el foro primario hizo las siguientes

determinaciones de hecho, las cuales hacemos formar parte de

nuestro dictamen:

      1. El recurrente Gabriel J. Sicardó Ocasio es mayor de
      edad, soltero, abogado, elector debidamente inscrito,
      afiliado al Partido Nuevo Progresista y vecino de
      Cataño, Puerto Rico.

      2. El Partido Nuevo Progresista es un partido político
      principal, según lo determina el Código Electoral de
      Puerto Rico de 2020. Su sede se encuentra en Avenida
      Kennedy, San Juan, Puerto Rico.

      3. A las 10:20 a.m. del 20 de octubre de 2023, y dentro
      del término dispuesto para la radicación de
      candidaturas a puestos electivos para las Elecciones
      Generales de 2024, el recurrente presentó ante el PNP
      su candidatura agrupada para alcalde del Municipio de
      Cataño, junto a sus once (11) legisladores municipales.

      4. A menos de tres (3) horas del recurrente haber
      presentado sus documentos en la Oficina del
      Comisionado Electoral, el Sr. Luis Omar Aponte
      Rodríguez, quien ocupa un puesto de confianza en la
      alcaldía del Municipio de Cataño, presentó una querella
      ante el Comité Evaluador de Candidaturas del PNP
      impugnando la candidatura del recurrente.

      5. En apretada síntesis, los argumentos presentados
      por el Sr. Luis Omar Aponte Rodríguez para impugnar la
      candidatura del recurrente fueron los siguientes:

         a. Sus finanzas para los años 2014 al 2016
         reflejaban ingresos bajos y dispares cuando se
         comparaban con sus ingresos en otros años y
         que, pese a sus respuestas, la diferencia entre
         sus     ingresos   para     esos     años  creó
         cuestionamientos que no fueron atendidos
         satisfactoriamente para el Directorio.

         b. Como Director de Asuntos Legales del
         Municipio, recomendó la contratación de JR
         Asphalt     y    recomendó       las    cláusulas
         contractuales. Para el Directorio resultó en gran
         consternación que un contrato objeto de un
         procedimiento criminal en el foro federal haya
         sido recomendado por el señor Sicardó.
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       c. Cuando se desempeñaba como Director de la
       División Legal y Asuntos Públicos, el Municipio
       suscribió un contrato con Bou Maintenance
       Service Corp., Inc., a través del cual el exalcalde
       Delgado     Montalvo      recibía   servicios    de
       transportación en un carro de lujo marca
       Cadillac por $4,500.00 al mes. El Directorio
       consideró que lo anterior representó un gasto
       excesivo e innecesario que no adelantaba el
       bienestar del Municipio. Sin embargo, el señor
       Sicardó certificó que dicho contrato cumplía con
       todos los requerimientos de ley y la
       reglamentación aplicable. A su vez, el señor
       Sicardó intentó defender dicho contrato en los
       medios. Para el Directorio, sus acciones no
       reflejaron la sana administración pública a la
       que el PNP aspira para los candidatos que
       representan nuestra insignia en una papeleta.

       d. Para el Directorio generó gran reparo la forma
       en la que fue designado y confirmado como
       vicealcalde del Municipio con el objetivo
       específico de que se convirtiera en el sucesor
       inmediato del entonces alcalde. El exalcalde
       Delgado Montalvo presentó su renuncia luego de
       que la Legislatura confirmara su designación
       como vicealcalde. Aunque la posición de
       vicealcalde no estaba vacante, la persona que la
       ocupaba fue sustituida el día anterior de la
       renuncia del exalcalde, cuando había acordado
       declararse culpable y conocía la necesidad de
       renunciar para que el señor Sicardó pudiera ser
       designado al puesto. Luego de declararse
       culpable, y mientras se disculpó públicamente
       con el Municipio por sus acciones, el exalcalde
       expresó en su carta de renuncia su “inequívoco
       deseo e interés que sea el propio licenciado
       Gabriel J. Sicardó Ocasio quien dirija el futuro
       de nuestra administración municipal como
       Alcalde de Cataño en propiedad”. La carta fue
       leída y discutida en la reunión del Directorio,
       quienes determinaron que la forma en que se
       llevó a cabo el proceso de designación del señor
       Sicardó, del que él mismo fue partícipe, tampoco
       reflejó la sana administración pública al que el
       PNP aspira para sus aspirantes.

      6. Así las cosas, y siendo el único candidato, el 19
      de diciembre de 2021, Julio Alicea Vasallo
      juramentó como alcalde del Municipio.

      7. Sobre lo anterior, hubo incluso un procedimiento
      judicial a través del cual el señor Sicardó intentó
      impugnar la determinación del Directorio del PNP.
      En el mismo procedimiento, el señor Sicardó
      solicitó al Tribunal que se impusiera un desacato
      al PNP, así como que se declarara nula la
      determinación del Directorio. Dicha Solicitud fue
      declarada No Ha Lugar por el Honorable Tribunal.
      Véase,         procedimiento      civil     número
      SJ2021CV08188.
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      8. El 20 de octubre de 2023 el señor Sicardó
      presentó su candidatura a la alcaldía de Cataño
      para la contienda electoral del 2024. No obstante,
      ninguno de los hechos aludidos anteriormente se
      han modificado, por lo que este Comité debe
      someter una recomendación negativa sobre el
      señor Sicardó como candidato.

    6. El 24 de octubre de 2023, mediante correo
    electrónico, la Lcda. Luisa M. Colón, le notificó al
    recurrente la Resolución del Comité Evaluador sobre la
    existencia de una querella en su contra y le concedió el
    término de tres (3) días laborables para contestar dicha
    querella.

    7. En cumplimiento con el término concedido, el 27 de
    octubre de 2023, por correo electrónico, el recurrente
    presentó su contestación a la querella, debidamente
    juramentada, junto a varios documentos en apoyo a su
    escrito.

    8. En apretada síntesis, el recurrente presentó sus
    argumentos para cada uno de los fundamentos
    presentados por el querellante y alegó que la querella
    no contenía aseveraciones que requirieran la concesión
    de remedio alguno, sobre todo si se tomaba en cuenta
    que el escrito presentado estaba basado en meras
    especulaciones y conjeturas, lo cual estaba prohibido en
    los reglamentos del PNP.

    9. Cuatro (4) días más tarde, el 31 de octubre de 2023,
    el recurrente recibió un correo electrónico de la
    Secretaría del Partido Nuevo Progresista confirmando
    escuetamente el recibo de la contestación a la querella
    con un “Recibido. gracias”.

    10. Luego de una evaluación de los documentos
    presentados por el recurrente, en conjunto con la
    querella presentada en su contra, el 3 de noviembre de
    2023, el Comité Evaluador, por mayoría, no encontró
    mérito en la mencionada querella. Señaló, además, que
    la Lcda. Ana Quintero se había inhibido del proceso.

    11. Cerca del mediodía del 3 de noviembre de 2023, la
    parte recurrente recibió una llamada telefónica de la
    Sra.       Rosa      Vellón     Márquez,     Ayudante
    Ejecutiva/Directora de Radicaciones de la Oficina del
    Comisionado Electoral del PNP, para solicitarle una
    certificación actualizada de los estados de cuenta del
    Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a
    nombre de la aspirante a legisladora municipal,
    Damaris Ivette Miranda Maisonave.

    12. El 6 de noviembre de 2023, el recurrente le envió a
    la Sra. Rosa Vellón Márquez, a través de su correo
    electrónico, los estados de cuentas solicitados. Este
    mensaje fue respondido por la Sra. Vellón en esa misma
    fecha.
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    13. El 7 de noviembre de 2023, de conformidad con la
    Ley Núm. 58-2020, conocida como “El Código Electoral
    de Puerto Rico de 2020” (en adelante, el Código
    Electoral de 2020) y el Reglamento del PNP aprobado el
    20 de marzo de 2022, el Lcdo. Hiram J. Torres
    Montalvo, Secretario del PNP emitió una certificación
    determinando que el recurrente Gabriel J. Sicardó
    Ocasio, había cumplido con todos los requisitos
    establecidos en el Reglamento para la Radicación de
    Candidaturas y los Procesos de Primarias 2024 y el
    Reglamento de Evaluación de Aspirantes a Cargos
    Públicos por Elección, para aspirar como candidato a
    alcalde del Municipio de Cataño para el proceso
    primarista por el PNP a celebrarse en el mes de junio de
    2024.

    14. No conforme con la determinación del Comité
    Evaluador, el 13 de noviembre de 2023, el Sr. Luis
    Omar Aponte Rodríguez, presentó ante el Directorio del
    PNP el documento intitulado “Apelación Querella”, en
    las oficinas del PNP.

    15. El recurrente advino en conocimiento de la
    existencia de la apelación a través de los medios de
    comunicación.

    16. No obstante, y a pesar de no haber sido notificado
    de la existencia del documento “Apelación Querella”, el
    27 de noviembre de 2023, el recurrente, mediante carta
    notificada por correo electrónico, le solicitó al Presidente
    del PNP, Lcdo. Pedro R. Pierluisi Urrutia y al Directorio
    del PNP, la oportunidad de ser escuchado, de ser
    interrogado     y    de     presentar      las     defensas
    correspondientes. La solicitud del recurrente nunca fue
    contestada como recibida por funcionario alguno del
    partido.

    17. El lunes 4 de diciembre de 2023 el pleno del
    Directorio, en reunión celebrada en esa misma fecha,
    determinó revocar la determinación del Comité
    Evaluador que había certificado la candidatura
    agrupada del recurrente, descalificándolo como
    aspirante a alcalde por el Municipio de Cataño bajo la
    insignia del PNP junto a sus once (11) aspirantes a
    legisladores municipales. Pese a haber solicitado la
    oportunidad de ser escuchado y presentar evidencia a
    su favor, el recurrido no fue invitado a participar de la
    mencionada reunión del Directorio.

    18. En esa misma fecha, al filo de las 8:48 p.m., el
    recurrente se enteró por la prensa sobre la
    determinación del PNP de no cualificarlo como aspirante
    a alcalde del Municipio de Cataño.

    19. El 7 de diciembre de 2023, el PNP le notificó al
    recurrente, por correo electrónico, la carta de
    descalificación como candidato a alcalde del Municipio
    de Cataño. Con esta determinación se completaron los
    remedios disponibles al recurrente dentro del PNP.
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       Inconforme, el 22 de diciembre de 2023, el Sr. Sicardó

Ocasio     presentó     “Urgente     Reconsideración”,   y   reiteró   sus

argumentos en cuanto a que el Directorio del PNP actuó ultra vires

y le violentó su debido proceso de ley.

       Evaluada su petición, el 25 de diciembre de 2023,4 el foro

recurrido emitió “Resolución”, y declaró No Ha Lugar la “Urgente

Reconsideración” presentada por el recurrente.

       Aún insatisfecho, el Sr. Sicardó Ocasio recurre ante este foro

apelativo intermedio, y señala la comisión de los siguientes errores,

a saber:

   A. Erró y abusó de su discreción el Foro de Instancia al
      concluir en su Sentencia que a la parte recurrente no se
      le violó su debido proceso de Ley al no habérselo
      notificado el documento titulado “Apelación-Querella” ni
      habérsele dado la oportunidad de ser oído en cuanto a
      dicho documento y refutarlo.

   B. Erró y abusó de su discreción el Foro de Instancia al
      desestimar la demanda del caso de epígrafe pese a que
      los hechos de la misma dan cuenta que el directorio del
      PNP actuó de forma ultra vires, arbitraria y
      caprichosamente al descalificar a la parte recurrente
      como candidato a Alcalde de Cataño pese a que cumple
      con todos los requisitos para fungir como candidato y no
      hay investigación ni procedimiento civil, penal ni
      administrativo contra la parte recurrente.

                                       II.

                                      -A-

       La Constitución de Puerto Rico establece que ninguna

persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido

proceso de ley. Véase, Art. II, Sec. 7 Const. ELA, LPRA, Tomo 1;

Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. Esa protección

constitucional se manifiesta en dos vertientes distintas, a saber: (1)

vertiente sustantiva, y (2) vertiente procesal. Meléndez de León et

al. v. Keleher et al., 200 DPR 740, 759 (2018). En lo pertinente,

esta última “impone al Estado la obligación de garantizar que la

4 Notificada el 26 de diciembre de 2023.
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interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo

se haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo”.

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888

(1993).

      Por lo que, cuando el Estado atenta contra el interés

libertario o propietario de una persona, deberá resguardar las

garantías siguientes: (1) notificación adecuada del proceso; (2)

proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4)

derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que

la decisión se base en el expediente. Vázquez González v. Mun. de

San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010).

      De esta forma, el Estado cumple con garantizar el debido

proceso de ley en su modalidad procesal, y a su vez, asegura que

sus actuaciones sean justas e imparciales. Díaz Carrasquillo v.

García Padilla, 191 DPR 97, 111 (2014). Por lo anterior, nuestro

Alto Foro ha sido enfático en que, para poder privar a un individuo

de su libertad o propiedad, es necesario que se le otorgue la

oportunidad de ser oído antes de que se adjudique el derecho

involucrado, pues, de lo contrario, se laceraría el debido proceso.

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, a la pág. 889.

                                  -B-

      La Constitución de Puerto Rico reconoce varios derechos

fundamentales, entre     éstos,   los derechos    a   la libertad de

asociación y el derecho al voto. Véase, Art. II, Const. ELA, LPRA,

Tomo 1, ed. 1999, pág. 279. Ambos preceptos constitucionales

viabilizan el derecho de las personas a asociarse y organizarse, con

el propósito de formar y afiliarse a agrupaciones políticas, y

proponer candidatos en el proceso electoral.     P.N.P. v. De Castro

Font II, 172 DPR 883, 893 (2007).
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      No obstante su carácter fundamental, ninguno de estos

derechos es absoluto. Íd. a las págs. 893-894. La propia

Constitución delega en la Asamblea Legislativa la facultad para

legislar en asuntos de materia electoral, con el propósito de

aprobar aquella reglamentación que garantice un proceso electoral

justo, honesto y democrático.        McClintock v. Rivera Schatz, 171

DPR 584, 24 (2007).

      Por otro lado, y en armonía con el derecho a la libertad de

asociación, la ley permite exigir, como requisito para la afiliación a

un partido político, que los afiliados acepten y cumplan con los

reglamentos y el programa de gobierno. P.N.P. v. De Castro Font II,

supra, a la pág. 897. A tales efectos, la Ley Electoral permite al

partido establecer los límites que estime convenientes, con el

propósito de cualificar y decidir respecto a la idoneidad de un

aspirante. Véase, Art. Art. 7.2 del Código Electoral de 2020, infra.

      En ese sentido, un partido puede denegar una solicitud de

un aspirante a primarias cuando el solicitante haya incurrido

en manifestaciones o conductas incompatibles con los dogmas

de la agrupación política. P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la

pág. 899. En estos casos, la intervención judicial solo se dará en

situaciones excepcionales. Íd. Por ejemplo, se activa la autoridad

de los tribunales para intervenir cuando se haya quebrantado el

principio constitucional de no discriminación o de igual protección

de las leyes. Íd., a la pág. 900.

                                    -C-

      El Art. 7.2 de la Ley Núm. 58-2020, 16 LPRA sec. 4612,

mejor conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020

(en lo sucesivo, Código Electoral de 2020), enumera aquellos

requisitos legales con los cuales un aspirante debe cumplir para

ser calificado como candidato a un cargo público electivo. A su vez

dispone que “[l]os Partidos Políticos podrán reglamentar los
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requisitos internos para que sus afiliados puedan aspirar a un

cargo en su reorganización interna o aspirar en primarias a la

candidatura de un cargo público electivo”. Íd. (Énfasis nuestro).

Por consiguiente, toda persona que desee aspirar a una

candidatura para un cargo público electivo por un Partido

Político deberá, no tan solo cumplir con los requisitos en ley,

sino también “cumplir con los requisitos que establezca su

Partido Político”. Íd. (Énfasis suplido).

      Por otro lado, el Art. 7.6 del Código Electoral de 2020, 16

LPRA sec. 4616, reconoce la posibilidad de que un partido político

rechace la intención de aspiración primarista de una persona o su

candidatura a cargo público.       En términos literales, el precitado

artículo establece lo siguiente:

      (1) Un Partido Político podrá rechazar la intención de
      aspiración primarista de una persona o su candidatura
      a cargo público por las siguientes razones:

          (a) Que la persona no ha cumplido con los
          requisitos establecidos en esta Ley y/o los
          reglamentos de primarias aprobados por la
          Comisión o por el Partido Político
          concernido.

          (b) Que la persona ha violado cualquiera de las
          disposiciones de esta Ley, de la Ley 222- 2011,
          según enmendada, conocida como “Ley para la
          Fiscalización del Financiamiento de Campañas
          Políticas en Puerto Rico”, o de algún
          reglamento promulgado conforme a estas
          leyes o del Partido Político concernido, con
          especificación de la sección incumplida.

          (c) Que la persona no cumple con alguna
          disposición constitucional.

      No obstante, las mencionadas razones, ningún Partido
      Político podrá incorporar una disposición ex post facto a
      sus reglamentos para considerarla como la causal de
      este tipo de descalificación.

      (Énfasis provisto).

                                   -D-

      Finalmente, en virtud de la facultad extendida por la Ley

Electoral, respecto a la autoridad de los partidos políticos para
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enumerar los criterios pertinentes a los fines de que determinado

aspirante pueda cualificar para un cargo electivo bajo su insignia,

el PNP promulgó el Reglamento del Partido Nuevo Progresista (en

adelante, Reglamento del PNP).      En lo pertinente, el Art. 69 del

referido cuerpo reglamentario dispone que el Comité de Evaluación

de Candidatos es el organismo encargado de evaluar los méritos y

requisitos de los aspirantes a cargos públicos por elección.

        Este Comité posee “la facultad para evaluar y pasar juicio

sobre la idoneidad de cualquier aspirante o candidato en términos

de su conducta, historial y circunstancias. De tal modo que se

asegure que ninguna aspiración o candidatura resulte lesiva a

los mejores intereses del Partido y de Puerto Rico”. Íd. (Énfasis

nuestro). Ahora bien, la evaluación que hace el Comité

constituye una recomendación, por lo que el Directorio

siempre tomará la determinación final. Íd.

                                 III.

        Por estar estrechamente relacionados, discutiremos ambos

señalamientos de error de manera conjunta.

        En su escrito, el Sr. Sicardó Ocasio alega que se le violentó

su debido proceso de ley, toda vez que no se le otorgó oportunidad

de ser oído o presentar evidencia a su favor. Su contención es que,

los reglamentos aplicables “nada dispone[n] sobre las garantías

que el Partido debe proveerle al querellado cuando se presentan

quejas o querellas en su contra, luego de haber sido calificado por

el Comité Evaluador”.5 Por lo que, “ante la inexistencia de un

procedimiento en los reglamentos internos del PNP… lo mínimo

que debió garantizarle a la parte recurrente es la oportunidad de

ser escuchado y presentar sus defensas, argumentos y evidencia a

su favor”.6

5 Véase, apéndice pág. 10.
6 Íd.
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      En otras palabras, la postura del recurrente es que el

proceso ante el Directorio del PNP fue ultra vires, debido a que: (1)

no se le notificó el escrito de apelación presentado ante dicho

cuerpo, y (2) se le tenía que conceder derecho a ser oído y

defenderse. A su entender, la determinación del Directorio del PNP

fue una arbitraria y caprichosa, basada en meras especulaciones y

conjeturas. No le asiste la razón.

      De entrada, debemos hacer hincapié en que, conforme el

derecho discutido en el acápite anterior, el Estado tiene que

garantizar el debido proceso de ley en su modalidad procesal

cuando atenta contra algún interés libertario o propietario. Según

el recurrente, este posee, como elector bona fide y miembro del

PNP, un derecho a ser considerado como aspirante a cualquier

cargo electivo.   Sin embargo, tal y como ha expresado nuestro

Máximo Foro, “[n]o es absoluto ni existe [un] alegado derecho

fundamental a ser candidato a un puesto electivo”. García v.

Luciano, 115 DPR 628, 630 (1984). (Énfasis suplido).

      Esto es evidente cuando el propio Código Electoral dispone

que, para poder aspirar a un cargo público electivo, resulta

necesario que el aspirante esté calificado y, como tal, deberá

cumplir con los requisitos establecidos en ley y los reglamentos,

incluyendo los reglamentos del partido. Véase, Art. 7.6 del Código

Electoral de 2020, supra. La ley concede al elector un derecho

estatutario a que se le considere, no a que se le nomine como

aspirante. Véase, Art. 7.10 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA

sec. 4620; P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la pág. 896.

      En el caso de autos, el recurrente fue considerado y

evaluado por el Comité, el cual certificó su candidatura agrupada.

Posteriormente, el pleno del Directorio determinó revocar la

determinación del Comité, descalificándolo como aspirante a

alcalde por el Municipio de Cataño bajo la insignia del PNP. Este
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trámite demuestra que al Sr. Sicardó Ocasio no se le coartó su

derecho estatutario, pues, aunque no fue nominado al cargo

público al cual aspiró, sí fue considerado para el mismo.

      Un partido político está obligado a realizar primarias,

siempre y cuando haya más de un aspirante calificado. Véase, Art.

7.10 del Código Electoral de 2020, supra. O sea, cuando haya más

de “un elector afiliado que figure en el registro de miembros

afiliados al partido, que preste juramento en el que acepte ser

postulado como candidato y acatar el reglamento de su partido,

y que cumpla tanto con los requisitos constitucionales

aplicables al cargo como con los otros requisitos formales.”

P.N.P. v. De Castro Font II, supra, a la pág. 896. (Énfasis provisto).

      En el presente caso, el Directorio del PNP descalificó al Sr.

Sicardó Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía

del Municipio de Cataño. Los fundamentos para tal proceder

fueron los siguientes:

      a. Sus finanzas para los años 2014 al 2016
      reflejaban ingresos bajos y dispares cuando se
      comparaban con sus ingresos en otros años y que,
      pese a sus respuestas, la diferencia entre sus
      ingresos para esos años creó cuestionamientos
      que no fueron atendidos satisfactoriamente
      para el Directorio.

      b. Como Director de Asuntos Legales del Municipio,
      recomendó la contratación de JR Asphalt y
      recomendó las cláusulas contractuales. Para el
      Directorio resultó en gran consternación que
      un contrato objeto de un procedimiento
      criminal en el foro federal haya sido
      recomendado por el señor Sicardó.

      c. Cuando se desempeñaba como Director de la
      División Legal y Asuntos Públicos, el Municipio
      suscribió un contrato con Bou Maintenance Service
      Corp., Inc., a través del cual el exalcalde Delgado
      Montalvo recibía servicios de transportación en un
      carro de lujo marca Cadillac por $4,500.00 al mes.
      El Directorio consideró que lo anterior representó un
      gasto excesivo e innecesario que no adelantaba el
      bienestar del Municipio. Sin embargo, el señor
      Sicardó certificó que dicho contrato cumplía
      con todos los requerimientos de ley y la
      reglamentación aplicable. A su vez, el señor
      Sicardó intentó defender dicho contrato en los
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       medios. Para el Directorio, sus acciones no
       reflejaron la sana administración pública a la
       que el PNP aspira para los candidatos que
       representan nuestra insignia en una papeleta.

       d. Para el Directorio generó gran reparo la
       forma en la que fue designado y confirmado
       como vicealcalde del Municipio con el objetivo
       específico de que se convirtiera en el sucesor
       inmediato del entonces alcalde. El exalcalde
       Delgado Montalvo presentó su renuncia luego de
       que la Legislatura confirmara su designación como
       vicealcalde. Aunque la posición de vicealcalde no
       estaba vacante, la persona que la ocupaba fue
       sustituida el día anterior de la renuncia del
       exalcalde, cuando había acordado declararse
       culpable y conocía la necesidad de renunciar para
       que el señor Sicardó pudiera ser designado al
       puesto. Luego de declararse culpable, y mientras se
       disculpó públicamente con el Municipio por sus
       acciones, el exalcalde expresó en su carta de
       renuncia su “inequívoco deseo e interés que sea el
       propio licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio quien
       dirija el futuro de nuestra administración municipal
       como Alcalde de Cataño en propiedad”. La carta
       fue leída y discutida en la reunión del
       Directorio, quienes determinaron que la forma
       en que se llevó a cabo el proceso de
       designación del señor Sicardó, del que él
       mismo fue partícipe, tampoco reflejó la sana
       administración pública al que el PNP aspira
       para sus aspirantes.7

       (Énfasis nuestro).

       Como     ya    discutimos,     los    Partidos    Políticos    pueden

reglamentar los requisitos internos, para que sus afiliados puedan

aspirar a un cargo público electivo. Esto implica que, toda persona

que desee aspirar a una candidatura para un cargo público

electivo por un Partido Político tiene que cumplir, no tan solo con

los requisitos establecidos en la Ley Electoral, sino también con

los criterios que establezca su Partido Político a través de su

reglamento. Si el aspirante no cumple con los requisitos

establecidos en el Código Electoral y/o los reglamentos aprobados

por el Partido Político concernido, el Partido Político está facultado

en ley para rechazar su intención de aspiración primarista. El

7 Según aclaró el foro recurrido en su “Sentencia”, éstos fueron los argumentos

presentados por el Sr. Luis Omar Aponte Rodríguez para impugnar la
candidatura del Sr. Sicardó Ocasio. Dichos argumentos fueron los mismos
fundamentos adoptados por el Directorio del PNP. Véase, determinación de
hecho número 5; nota al calce número 3.
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Reglamento del PNP claramente dispone la necesidad de evaluar y

pasar juicio sobre la idoneidad de cualquier aspirante, con el

propósito principal de asegurar “que ninguna aspiración o

candidatura resulte lesiva a los mejores intereses del Partido y

de Puerto Rico”. Véase, Art. 69 del Reglamento del PNP. (Énfasis

suplido).

      En el caso de marras, el Directorio del PNP descalificó al Sr.

Sicardó Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía

del Municipio de Cataño, por entender que sus acciones no

reflejaron la sana administración pública a la que el PNP aspira.

En otras palabras, el Directorio del PNP determinó que, el

historial administrativo del recurrente y las circunstancias

que rodearon su confirmación como vicealcalde del Municipio

tienen un impacto negativo sobre el mensaje que el PNP

intenta transmitir como institución, lesionando los mejores

intereses del Partido.

      Es el Directorio quien tiene la función de actuar como el

“principal custodio y responsable de la disciplina en el Partido,

incluyendo la evaluación y la adjudicación de la lealtad,

compromiso y respeto de todos los miembros hacia la

Declaración de Propósitos, los Reglamentos, Resoluciones,

Acuerdos     y   compromisos    programáticos     que   se   hayan

adoptado”. Véase, Art. 33 del Reglamento del PNP. (Énfasis

provisto).

      De lo anterior, resulta evidente que el Directorio del PNP

estaba facultado en ley para rechazar la intención de aspiración

primarista del Sr. Sicardó Ocasio, toda vez que este último

incumplió con uno de criterios establecidos en el Reglamento del

PNP: que ninguna aspiración resulte lesiva a los mejores intereses

del Partido y de Puerto Rico.
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       Por otro lado, debemos resaltar que, a pesar de que el

Comité posee la facultad para evaluar y pasar juicio sobre la

idoneidad de cualquier aspirante o candidato, este proceso de

evaluación    solo    constituye    una   recomendación. Una vez

concluida la evaluación del aspirante, la recomendación del Comité

será   sometida      al   Directorio,   organismo   que   tomará   la

determinación final de cualificación. En otras palabras, el

Directorio no está obligado a acoger la recomendación del

Comité al momento de emitir su determinación final.

       Por tanto, aun cuando el Comité Evaluador no encontró

mérito en la querella presentada contra el recurrente, y el

Secretario del PNP emitió una certificación determinando que el

recurrente había cumplido con todos los requisitos para aspirar

como candidato a alcalde del Municipio de Cataño, el Directorio

del PNP no estaba impedido de descalificar al Sr. Sicardó

Ocasio como aspirante para la candidatura de la alcaldía del

Municipio de Cataño.

       Esto, de por sí, no violenta ningún derecho fundamental del

recurrente. Este último fue descalificado por incumplir con el

reglamento del partido concerniente, según lo permite el Art. 7.6

del Código Electoral de 2020, supra. Por ende, no podemos

catalogar la determinación del Directorio del PNP como una

arbitraria, caprichosa o desproporcionada.      Ante este cuadro, no

existe situación excepcional alguna que exija nuestra intervención

judicial con la sanción impuesta. Después de todo,

       Los partidos políticos son asociaciones de personas que
       creen en ciertos principios de gobierno, con el propósito
       de promover sus ideas políticas mediante la nominación
       de candidatos a puestos públicos; de controlar las
       estructuras gubernamentales con el propósito de
       formular y poner en vigor la política pública, según sus
       ideas y principios. Una de sus funciones básicas es
       escoger los candidatos comprometidos con esas ideas y
       principios que van a representar a los ciudadanos que
       las avalan con su voto. P.N.P. v. De Castro Font II,
       supra, a la pág. 946.
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      Aunque los partidos políticos están investidos de poderes

cuasigubernamentales, no es menos cierto que éstos ostentan

amplia discreción para formular e interpretar su reglamentación

interna y resolver sus disputas al amparo de la misma. La libertad

de asociarse necesariamente presupone la libertad de un Partido

para identificar, en base a sus ideas políticas, aquellas personas

que constituyen esa asociación. Limitar esto sería desvalorizar la

garantía constitucional a la libertad de asociación.

      Finalmente, debemos mencionar que el Sr. Sicardó Ocasio

está impedido de reclamar derecho propietario alguno sobre el

puesto electivo al cual aspira. Los cargos públicos son elegidos

por votación, y su tenencia no implica la propiedad del mismo.

Como si fuera poco, el Reglamento del PNP no provee para la

presentación de una “apelación” ante el Directorio del PNP, pues,

como ya indicamos, el Comité solo emite una recomendación. Es

el Directorio quien finalmente determina si certifica o no al

aspirante.

      Asimismo, coincidimos con el foro primario en que, a pesar

de que al recurrente no se le concedió oportunidad para ser oído

ante el Directorio del PNP, dicho cuerpo tuvo ante sí la “Querella”

presentada ante el Comité, y la contestación provista por el Sr.

Sicardó Ocasio. Tomando en cuenta que la “Apelación Querella”

contiene esencialmente los mismos argumentos vertidos en la

“Querella”, y que el recurrente tuvo la oportunidad de expresarse

en cuanto a esta, no encontramos violación alguna a su debido

proceso de ley. El procedimiento interno se efectuó según los

reglamentos que lo regulan, se le otorgó oportunidad para

impugnar la determinación, y se le apercibió sobre su derecho de

recurrir en revisión judicial. Véase, Art. 7.11 del Código Electoral

de 2020, 16 LPRA sec. 4621.
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      Siendo esto así, el Sr. Sicardó Ocasio no posee un reclamo

sustentado en hechos que justifiquen la concesión de un remedio

y,   consecuentemente,     estamos     compelidos   a   confirmar   la

“Sentencia” recurrida.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos

formar parte de este dictamen, se confirma la “Sentencia”

recurrida, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones