Court Opinion

ID: 9962759
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:49:36.174616+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.852867
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

   RUBEN MARTINEZ                                 REVISIÓN
       RIVERA                                     ADMINISTRATIVA
                                                  Procedente del
       Recurrente                                 Departamento de
                                                  Asuntos del
            v.                                    Consumidor

      CONSEJO DE             KLRA202300532        Caso Núm.: C-SAN-
   TITULARES COND                                 2022010588
     OCEAN POINT,
    representado por                              Sobre: Condominios
    MARIA PADILLA
    MAYRA ZAMORA

       Recurridos
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la
Jueza Aldebol Mora y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

      Comparece el recurrente, Rubén Martínez Rivera (“recurrente”

o “señor Martínez”) mediante recurso de revisión administrativa y

nos solicita la revisión de la Resolución emitida y notificada el 10 de

agosto de 2023 por el Departamento de Asuntos del Consumidor

(“recurridos” o “DACo”), con relación a la querella número C-SAN-

20220010588. Mediante esta, el DACo ordenó la desestimación de

la querella de epígrafe, por academicidad.

                                  I.

      Conforme surge del expediente de autos, el señor Martínez es

el titular del apartamento 3902 del Condominio Ocean Point, el cual

está sometido al régimen de Propiedad Horizontal.

      El 23 de noviembre de 2021, el señor Martínez presentó una

Querella ante el DACo en la que solicitó como remedio una orden de

Cese y Desista contra el Consejo de Titulares del Condominio Ocean

Point (“Consejo de Titulares”) para que se abstengan de ordenar la

demolición de una estructura en construcción que mantiene en la

Número Identificador
SEN2024____________
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terraza de su apartamento. Alegó, además, que el Consejo de

Titulares obvió la evidencia de que otros titulares habían realizado

construcciones similares. De otro lado, el señor Martínez solicitó

autorización para que su empleado continuara sus labores de

construcción y, a su vez, solicitó la convocación de una Asamblea

con la finalidad de dilucidar el tipo de construcción permitida.

      El 10 de junio de 2022, el Consejo de Titulares presentó su

Contestación a Querella mediante la cual negó que existieran otras

construcciones simulares en el Condominio Ocean Point.

      El 3 de julio de 2022, el Presidente de la Junta de Directores,

el señor Neftalí Soto, circuló una comunicación dirigida a toda la

comunidad del Condominio Ocean Point en la cual informó que se

estaba gestionando la celebración de una Asamblea Ordinaria y,

además, puntualizó que allí se discutiría si el señor Martínez podría

continuar con la realización de una obra sin permiso y fuera del

reglamento. De igual forma, en la comunicación se argumenta que

el señor Martínez entorpece y obstaculiza las decisiones tomadas

por las Asambleas Extraordinarias previas.

      Así las cosas, el 11 de agosto de 2022, la Junta de Directores

convocó la Asamblea del Consejo de Titulares a celebrarse el 27 de

agosto de 2022 y en la agenda se señaló en el inciso número siete

(7) el asunto sobre “Aprobación cambio de fachada y ampliación

terraza apto. 3903- Sr. Rubén Martínez”. Véase, anejo 2 del Apéndice

del Recurso de Revisión.

      Finalmente, el 27 de agosto de 2022, el Consejo de Titulares

se reunió en Asamblea Ordinaria, a la cual asistió el señor Martínez.

Consta en la Minuta de la referida Asamblea que se discutió el

asunto del señor Martínez y se decidió, mediante 35 votos a favor y

9 en contra, que tiene que modificar su estructura de acuerdo con

el plano aprobado.
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         Por otro lado, el 11 de noviembre de 2022, el Consejo de

Titulares radicó una Moción de Desestimación ante el DACo alegando

academicidad debido a que el señor Martínez no impugnó la

determinación de la Asamblea ni durante su celebración ni

posteriormente mediante enmienda a la Querella.

         En desacuerdo, el 29 de noviembre de 2022, el señor Martínez

presentó su Réplica a Moción de Desestimación y Solicitud de

Inspección Ocular donde argumentó que la asamblea ordinaria no

atendió los asuntos impuestos en la querella.

         Así, el 30 de enero de 2023, el señor Martínez presentó una

Moción sometiendo Prueba Documental donde anejó varias

fotografías de construcciones existentes en el Condominio Ocean

Point.

         El 1 de febrero de 2023, el DACo celebró la vista

administrativa por videoconferencia. Durante la vista, el señor

Martínez testificó e identificó las referidas fotografías. Por su parte,

el Consejo de Titulares, sin contrainterrogar al señor Martínez,

levantó un planteamiento de derecho en el cual reiteró sus

argumentos a través de la Moción de Desestimación presentada

previamente. Luego de varias argumentaciones de ambas partes, el

DACo ordenó la desestimación de la querella de epígrafe, por

academicidad.

         Oficialmente, el 10 de agosto de 2023, el DACo emitió y

notificó, en la misma fecha, la Resolución declarando Ha Lugar la

Moción de Desestimación presentada por el Consejo de Titulares.

         Inconforme, el 30 de agosto de 2023, el señor Martínez

presentó una Moción de Reconsideración la cual, sin respuesta de

DACo, se entiende que fue rechazada de plano.

         Aun inconforme, el 16 de octubre de 2023, el señor Martínez

acede ante nosotros mediante Recurso de Revisión Judicial.

Mediante este, adujo que el DACo cometió los siguientes errores:
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      1. Erró el Honorable Departamento De Asuntos del
         Consumidor al concluir la vista administrativa con
         solamente el testimonio del querellante, limitándole
         su derecho a contrainterrogar a los testigos de la
         parte querellada, en violación al debido proceso de
         ley.

      2. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del
         Consumidor al concluir que la reclamación hecha
         por el querellante ante la agencia resultaba
         académica al no impugnar una asamblea celebrada
         por el Consejo de Titulares con posterioridad a la
         reclamación.

      3. Erró el Honorable Departamento de Asuntos del
         Consumidor al no conformar las determinaciones de
         hecho con la evidencia presentada ante su
         consideración.

      Así las cosas, el 16 de octubre de 2023, el recurrente presentó

Moción sobre Prueba Testifical.

      A esos efectos, el 19 de octubre de 2023, emitimos una

Resolución concediendo términos a las partes para presentar sus

correspondientes Alegatos Suplementarios.

      En cumplimiento, el 9 de noviembre de 2023, el recurrente

presentó la Transcripción Literal de Vista Virtual Celebrada el 1 de

febrero de 2023.

      En consecuencia, el 11 diciembre de 2023, el recurrente

presentó su Alegato Suplementario.

      De igual forma, el 3 de enero de 2024, los recurridos

presentaron su Alegato en Oposición a la petición y al Alegato

Suplementario. Mediante el cual alegaron que la asamblea ordinaria

atendió todas las solicitudes de remedio que presentó el señor

Martínez ante el DACo y, por ende, de querer impugnar los acuerdos

y las determinaciones del Consejo de Titulares, le aplicaba el articulo

65(b) de la Ley Núm. 129-2020, conocida como la Ley de

Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA § 1921 et seq., (“Ley de

Condominios”).

      Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes

y la transcripción de la prueba testifical, damos estos por

perfeccionados y procedemos a resolver.
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                                    II.

A. La revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial

      La Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3

LPRA sec. 9671, dispone que las decisiones administrativas pueden

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta

disposición   es   delimitar   la    discreción   de   los   organismos

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones

conforme a la ley y de forma razonable. Andrea Hernández Feliciano

v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, resuelto el 20 de enero

de 2023. Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de

los organismos administrativos, los tribunales apelativos le

conceden gran consideración y deferencia, por la experiencia y el

conocimiento especializado que estos poseen. Íd.

      Por su parte, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

establece que los tribunales deben sostener las determinaciones de

hechos de las agencias si están basadas en "evidencia sustancial

que obra en el expediente administrativo". Como vemos, la norma

anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el Tribunal

Supremo ha resuelto con igual firmeza que, los tribunales no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro, 206 DPR 803 (2021); Graciani Rodríguez v.

Garaje Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).

      Por otro lado, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Superintendente, 201 DPR 26 (2018). Por ende, "los tribunales
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deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Íd. Lo anterior

responde a la vasta experiencia y al conocimiento especializado que

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados.

Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR 581 (2020).

      Por consiguiente, dada la presunción de corrección y

regularidad que reviste a las determinaciones de hecho elaboradas

por las agencias administrativas, éstas deben ser respetadas

mientras la parte que las impugna no produzca evidencia suficiente

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra. Al

revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que debe

guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, aunque

esta no tiene que ser la única o la más razonable. Andrea Hernández

Feliciano v. Municipio de Quebradillas, supra.

      Por lo tanto, si al momento de examinar un dictamen

administrativo se determina que: (1) la decisión administrativa no

está basada en evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la

aplicación de la ley; (3) el organismo administrativo actuó de manera

irrazonable, arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona

derechos constitucionales fundamentales, entonces la deferencia

hacia los procedimientos administrativos cede. Íd.

      Acorde con lo antes expuesto, la revisión judicial de los

dictámenes administrativos está limitada a determinar si hay

evidencia sustancial en el expediente para sostener la conclusión de

la agencia o si esta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd.

Por tanto, si una parte afectada por un dictamen administrativo

impugna las determinaciones de hecho, esta tiene la obligación de

derrotar, con suficiente evidencia, que la decisión del ente

administrativo no está justificada por una evaluación justa del peso

de la prueba que tuvo ante su consideración. Capó Cruz v. Junta de

Planificación, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).
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De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse por

el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la

presunción de corrección o legalidad. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR

98, 118 (2003).

B. Debido proceso de ley en procedimiento administrativo

      El debido proceso de ley es un derecho fundamental

reconocido tanto en nuestra Constitución como en la Constitución

Federal. Artículo II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. V y

XIV, Const. EE.UU. Dicha garantía opera en dos dimensiones

distintas, a saber, la sustantiva y la procesal. ELA et al. v. Molina

Figueroa, 186 DPR 461 (2012). El debido proceso de ley sustantivo

pretende proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las

personas al requerirle al Estado justificación al intervenir con los

mismos. Por otro lado, en su vertiente procesal el debido proceso de

ley busca garantizar que la interferencia con los intereses de libertad

o propiedad de las personas se lleve a cabo a través de un

procedimiento que sea imparcial y justo.

      Nuestra jurisprudencia ha establecido varios requisitos que

todo procedimiento adversativo debe cumplir para satisfacer las

exigencias mínimas del debido proceso de ley, a saber: que las partes

sean notificadas adecuadamente del proceso; que las partes tengan

la oportunidad de ser oídos; que el proceso se lleve a cabo ante un

juzgador    imparcial;   que    las   partes    tengan    derecho    a

contrainterrogar a los testigos y a examinar la evidencia presentada

en su contra; que la decisión se base en evidencia presentada y

admitida en juicio y que las partes tengan derecho a tener asistencia

de abogado. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005); Rivera

Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).
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      En el ámbito administrativo, el procedimiento exigido, además

de satisfacer las exigencias mínimas del debido proceso de ley,

requiere una decisión administrativa informada, con conocimiento

y comprensión de la evidencia, basada en el expediente y sustentada

con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Calderón

v. CFSE, 181 DPR 386, 399 (2011); Domínguez Castro et al. v. ELA I,

178 DPR 1, 47 (2010). Lo vital es que el proceso respete la dignidad

de los ciudadanos afectados contra la arbitrariedad administrativa,

de manera que la persona afectada pueda cuestionar las razones y

la legalidad de la acción. Picorelli v. Departamento de Hacienda, 179

DPR 720, 736 (2010).

      Además, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, en su sección 3.1, 3 LPRA sec. 9641 (en

adelante LPAU), dispone que en un procedimiento adjudicativo

formal ante una agencia las personas tienen garantizados los

siguientes derechos: (1) ser notificado oportunamente de los cargos

o querellas o reclamos en contra de una parte; (2) presentar

evidencia; (3) una adjudicación imparcial; y (4) que la decisión sea

basada en el expediente. Cónsono con lo anterior, la sección 3.13

(b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9653(b) establece que:

      “El funcionario que presida la vista dentro de un marzo de
      relativa informalidad ofrecerá a todas las partes la extensión
      necesaria para una divulgación completa de todos los hechos
      y cuestiones en discusión, la oportunidad de responder,
      presentar      evidencia     y     argumentar,        conducir
      contrainterrogatorio y someter evidencia en refutación,
      excepto según haya sido restringida o limitada por las
      estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista.”

      Asimismo, la Sección 3.18 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9658,

reitera que la base exclusiva para la acción de la agencia en un

procedimiento adjudicativo y en la revisión judicial es el expediente

administrativo.

C. Principio de justiciabilidad: Academicidad
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       El principio de la justiciabilidad recoge una serie de doctrinas

de autolimitación basadas en consideraciones prudenciales que

prohíben emitir decisiones en casos que realmente no existen o

dictar una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una

controversia. Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, 973 (2010); Com.

de la Mujer v. Srio. de Justicia, 108 DPR 715, 720 (1980); ELA v.

Aguayo, 89 DPR 552, 595 (1958). A tales efectos, el poder de revisión

judicial únicamente puede ejercerse en un asunto que presente un

caso o controversia, y no en aquellas circunstancias en que se

presente   una    disputa   abstracta,   cuya   solución   no   tendrá

consecuencias para las partes. ELA v. Aguayo, supra, págs. 558-59.

       En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando (i) se trata

de resolver una cuestión política; (ii) una de las partes carece de

legitimación activa para promover un pleito; (iii) después de

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico; (iv)

las partes pretenden obtener una opinión consultiva o, (v) cuando

se pretende promover un pleito que no está maduro. Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011); Crespo

v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003); ELA v. Aguayo, supra, pág.

584.

       Como se observa, una instancia en la que un caso no es

justiciable se suscita cuando la controversia se torna académica. Íd.

En esencia, se sostiene que un caso es académico cuando se intenta

obtener: (1) un fallo sobre una controversia disfrazada, que en

realidad no existe, (2) una determinación de un derecho, antes de

que haya sido reclamado y (3) una sentencia sobre un asunto que al

dictarse no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia

existente. Íd, San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 640, 652

(2008). Es decir, que una controversia puede convertirse en

académica cuando “su condición viva cesa por el transcurso del

tiempo. UPR v. Laborde Torres, 180 DPR 253, 280 (2010).
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      No obstante, nuestro más Alto Foro a reconocido excepciones

a la doctrina de academicidad, a saber: (1) una cuestión recurrente

o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos

ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de

permanencia; (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que

tienen vigencia y actualidad. Íd, pág. 281.

      Conforme a lo anterior, cuando un Tribunal atiende un

planteamiento de academicidad, nuestro ordenamiento le impone la

obligación de desestimar el recurso si de los hechos o del derecho

aplicable surge que las circunstancias han variado de tal forma, que

no existe una controversia vigente entre partes adversas que amerite

su intervención. Moreno Orama v. UPR, supra, pág. 973.

D. Ley de Condominios de Puerto Rico

      La Ley de Condominios, supra, tiene el propósito de viabilizar

la propiedad individual sobre un apartamiento, que forma parte de

un edificio o inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.

En virtud del Artículo 65 de la Ley de Condominios, supra, los

titulares pueden impugnar ante el DACO acuerdos, omisiones, o

actuaciones de la junta de directores, del administrador interino, del

presidente y del secretario, concernientes a la administración del

inmueble, cuando estos le sean perjudiciales al titular. 31 LPRA sec.

1923j. Además, el mencionado Artículo 65 dispone lo siguiente:

      Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del
      Administrador Interino, del Agente Administrador así como
      los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser
      impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:

            (a) Cuando sean contrarios a este capítulo, la
            escritura matriz y reglamento del condominio;

            (b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los
            intereses de la comunidad o a un titular;

            (c) cuando resulten gravemente perjudiciales para
            algún titular que no tenga obligación jurídica para
            soportarlo y no haya sido previsible al momento de la
            compra.
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      En el caso de los titulares sean dueños de apartamentos en
      condominios con al menos un apartamento de uso
      residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del
      Departamento de Asuntos del Consumidor, así como
      cualquier reclamación presentada en contra del agente
      administrador.

      Para todo tipo de impugnación se tendrán treinta (30)
      días contados a partir de la fecha en que se tomó dicho
      acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o
      dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
      que recibe la notificación del acuerdo, si el titular
      afectado no estuvo presente en el momento en que se
      llegó a tal acuerdo o determinación.

      En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos,
      acciones u omisiones de la Junta de Directores, del
      Administrador Interino, del Agente Administrador o del
      Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las
      disposiciones de este capítulo, de la escritura matriz o del
      reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años. El
      término se computará a partir de la fecha en que se tomó la
      acción, omisión o acuerdo si fue en la presencia del titular o
      a partir de la notificación de este si no fue en su presencia.
      El acuerdo tiene que haberse notificado conforme a las
      disposiciones de este capítulo.

      Artículo 65 de la Ley Núm. 129-2020, 31 LPRA sec. 1923j.
      (Énfasis nuestro).

      En Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407

(2012), nuestro Tribunal Supremo manifestó que el término para

impugnar una determinación al amparo del ahora Artículo 65 de la

Ley de Condominios dependerá de dos factores. El primero de dichos

factores es contra quién se dirige la acción y, el segundo, el

fundamento de la impugnación. Íd., pág. 422. En este sentido, si se

impugnan los acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de

Directores o el Consejo de Titulares alegándose que estos han

violado la Ley de Condominios, el Reglamento de la comunidad o la

escritura matriz, el término será de dos años, según dispone el ahora

Articulo 65(a). Íd., pág. 422. En cambio, si lo que se impugna son

los acuerdos y determinaciones del Consejo Titular porque a juicio

del titular estas son gravemente perjudiciales para él, el término

será de 30 días, según dispone el ahora Articulo 65(b). Íd., pág. 422.

E. Reglamento de Procedimientos Adjudicativo del DACo
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      La Ley Núm. 38-2017 conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según

enmendada, 3 LPRA sec. 9642 (en adelante LPAU), dispone en su

sección 3.2 que “[t]oda agencia deberá adoptar un reglamento para

regular sus procedimientos de adjudicación.

      A esos efectos, el Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de

2011, rige lo concerniente a los procedimientos adjudicativos que

sean traídos ante la consideración del DACo al amparo de las leyes

y reglamentos que administra. Dicha reglamentación establece en

su Regla 26 que:

   26. 1
       La resolución de la querella en sus méritos contendrá una
       relación de la determinación de hechos probados, la cual se
       ajustará y tendrá apoyo en el expediente del procedimiento,
       conclusiones de derecho, y dispondrá lo que en Derecho
       proceda para su ejecución mediante una orden e incluirá los
       apercibimientos para solicitar revisión judicial.”

   26. 2
       El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la
       vista podrá conceder a las partes un término no mayor de
       siete (7) días laborables después de concluir la misma, para
       la presentación de propuestas sobre determinaciones de
       hechos y conclusiones de derecho por escrito. Cuando las
       partes tengan los recursos disponibles podrán solicitar
       presentarlas por correo electrónico o digitalizado en el
       sistema operativo compatible con el utilizado por el
       Departamento.

                                  III.

       En el caso de autos, el recurrente imputó al DACo tres

señalamientos de error. Por no estar relacionados, los atenderemos

de manera individual. En síntesis, el recurrente en su primer

señalamiento de error argumenta que se le violó su debido proceso

de ley al no permitirle contrainterrogar a los testigos de los

recurridos. No tiene razón. Veamos.

      Es pertinente mencionar que en la vista administrativa

celebrada el 1 de febrero de 2023 por el DACo únicamente se desfiló

prueba por parte del recurrente. Específicamente, se presentó al
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señor Martínez como único testigo, quien declaró a su favor e

identificó todas las fotografías del expediente administrativo.

Durante la referida vista, los recurridos no presentaron prueba en

contra del señor Martínez, sino que optaron por levantar un

planteamiento de derecho. Tal planteamiento de derecho fue

atendido por el Juez Administrador del procedimiento, el cual

provocó la desestimación de la querella.

      Por lo tanto, el recurrente no se le privó de contrainterrogar ni

examinar la evidencia presentada en su contra, toda vez que esta no

fue presentada.

      Tras examinar la totalidad del expediente de autos y la

transcripción de la prueba testifical, resulta evidente que el DACo

salvaguardó el debido proceso de ley del recurrente. Puesto que este

recibió notificación adecuada del proceso, tuvo oportunidad de ser

oído y tener asistencia de abogado, a presentar prueba a su favor y

a recibir una decisión basada en el expediente. Ante esto, es forzoso

concluir que el DACo no incurrió en una violación al debido proceso

de ley contra el recurrente.

      Con relación al segundo señalamiento de error, el recurrente

argumenta, en síntesis, que erró el DACo al desestimar la querella

por alegada acadecimidad. No tiene razón. Veamos.

      Surge del expediente que el 23 de noviembre de 2021, el señor

Martínez presentó una querella ante el DACo solicitando, en lo aquí

pertinente, la convocación de una asamblea con la finalidad de

dilucidar el tipo de construcción permitida en el Condominio Ocean

Point. Por ello, el 27 de agosto de 2022, el Consejo de Titulares

celebró una Asamblea Ordinaria, a la cual asistió el señor Martínez.

Además, consta en la Minuta de la referida Asamblea que se discutió

y se decidió, mediante 35 votos a favor y 9 en contra, que el

recurrente debía modificar su estructura por no cumplir con el plano

del mencionado condominio.
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      En consecuencia, los recurridos presentaron una Moción de

Desestimación alegando academicidad debido a que el remedio

solicitado en la Querella por el señor Martínez fue atendido en la

Asamblea Ordinaria y, este no fue impugnado en ningún momento.

Estamos de acuerdo con el planteamiento de los recurridos.

      Según mencionamos en el derecho aplicable, el titular de un

apartamiento bajo el régimen de propiedad horizontal que esté

inconforme con algún acuerdo o determinaciones del Consejo de

Titulares, porque a su juicio son perjudiciales para él, tiene el

término de 30 días para impugnarlo. 31 LPRA sec. 1923j.

      Ante tal escenario, el recurrente tenía la opción de objetar o

impugnar el proceso de la Asamblea, en el cual tuvo el beneficio de

estar presente personalmente, o de presentar una enmienda a la

Querella, vigente en aquel momento, ante el DACo dentro de 30 días.

Sin embargo, en el expediente de autos no surge que el recurrente

haya impugnado los asuntos atendidos durante la celebración de la

referida Asamblea Ordinaria de ninguna manera.

      A tales efectos, concluimos que quedó resuelto el remedio

solicitado del recurrente. No existiendo alguna de las excepciones

contempladas en el derecho antes expuesto, el caso ante nos se

tornó académico.

      Por último, atendemos el tercer señalamiento de error. En

síntesis, el recurrente argumenta que la Resolución emitida por el

DACo no contiene una determinación de hechos detallada. No tiene

razón. Veamos.

      Tal cual expresamos en el ápice II, el Reglamento de

Procedimientos     Adjudicativos   del   DACo   requiere   que   las

resoluciones contengan: (1) determinaciones de hechos probados y

apoyados por el expediente, (2) conclusiones de derecho y (3)

apercibimiento para solicitar revisión judicial.       Nos resulta

importante hacer hincapié en que el mencionado reglamento no
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exige que las determinaciones de hechos sean detalladas, sino que

contengan todo aquello que en base al expediente fue probado

durante el procedimiento administrativo.

      Además,    recordemos    que,   en   el   ejercicio   de   nuestra

jurisdicción revisora, le damos deferencia a las determinaciones de

hechos que formulan los foros administrativos, siempre que

encuentran apoyo en el expediente administrativo, y satisfagan el

estándar de prueba aplicable, es decir, el de evidencia sustancial.

Igualmente, en materia de apreciación de la prueba, debemos

deferencia a las determinaciones que realizan dichos organismos.

Ello, pues gozan de una presunción de legalidad y corrección, que

se basa en la experiencia y pericia que se presume dichos

organismos poseen. Dicha presunción, de ordinario, prevalecerá, a

menos que la parte recurrente demuestre evidencia suficiente que

rebata dicha presunción.

      Así que, luego de evaluar la referida Resolución y consonó con

lo anterior, concluimos que esta contiene siete determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho y el apercibimiento sobre los

remedios judiciales disponibles. En cuanto a las determinaciones de

hechos redactados por el DACo, entendemos que fueron probados

tanto por el testimonio del recurrente y el expediente. Por lo tanto,

no se cometió el tercer señalamiento de error.

                                IV.

      Por todo lo anterior, se confirma la Resolución recurrida

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones