Court Opinion

ID: 9952214
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:24.046145+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:20.504469
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

SERGIO ALBINO LOZADA                                Certiorari
    Y MARTA VEGA                                    procedente del
 FIGUEROA POR SÍ Y EN                               Tribunal de
REPRESENTACIÓN DE LA                                Primera Instancia,
  SOCIEDAD LEGAL DE                                 Sala Superior de
     GANANCIALES                                    Ponce
COMPUESTA POR ELLOS
                                KLCE202400025 Caso Núm.:
       Peticionarios                          PO2022CV03092

              V.                                    Sobre:
                                                    Cobro de Dinero
  NOEL LEÓN ROUMAIN

         Recurrido

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      El 8 de enero de 2024, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, el señor Sergio Albino Lozada (en adelante señor Albino

Lozada) y la señora Marta Vega Figueroa (en adelante, señora Vega

Figueroa) por sí y en representación de la Sociedad Legal de

Gananciales (en conjunto, parte peticionaria), por medio de

Certiorari. Mediante este, nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 27 de noviembre de 2023 y notificada el 7 de diciembre

de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Ponce. En virtud del aludido dictamen, el foro a quo determinó que

no procedía la resolución del contrato de transacción acogido

mediante la Sentencia emitida el 22 de junio de 2023.

      Por los fundamentos que adelante se esbozan, se expide el

certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLCE202400025                                                    2

                                 I

      Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe son los

que adelante se esbozan.      El 8 de noviembre de 2022 la parte

peticionaria presentó una Demanda sobre desahucio y cobro de

dinero en contra del señor Noel León Roumain (en adelante, parte

recurrida o señor León Roumain). De las alegaciones de la Demanda

se desprende que, la parte peticionaria es dueña en común

proindiviso de una propiedad ubicada en la Comunidad María

Antonia 386, calle 11, en el Municipio de Guánica, Puerto Rico. De

igual manera, surge que, el 16 de marzo de 2021, fue otorgado un

contrato de opción de compra entre la parte peticionaria y el señor

León Roumain, donde el objeto de este era la compra de la

mencionada propiedad por la cantidad de $50,000.00. De acuerdo

con la Demanda, el término para ejercer la opción vencía el 15 de

mayo de 2022. La parte peticionaria alegó que, para el 15 de

noviembre de 2021, el señor León Roumain había dejado de realizar

los pagos mensuales acordados de $5,000.00, lo que constituía un

incumplimiento con los términos pactados mediante el contrato de

opción y que, por ello, este quedó vencido. Añadió, además, que

conforme a la cláusula número ocho (8) del contrato de opción, la

parte recurrida se obligó a devolver la posesión de la propiedad

dentro de un término de diez (10) días contados a partir del

surgimiento de la causa del incumplimiento. Así como, que de no

entregar la propiedad dentro del término pactado, debía pagar

penalidades a razón de quinientos dólares ($500.00) diarios, hasta

la entrega de la propiedad.    La parte peticionaria adujo que, se

acordó mediante el contrato de opción que, si su resolución era

causada por la parte recurrida, esta perdería cualquier mejora que

hubiese realizado en la propiedad. A estos efectos, alegó que, el

término para que la parte recurrida entregara la propiedad había

vencido el 25 de noviembre de 2021, y que, habían transcurrido
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trescientos cuarenta y siete (347) días sin que hubiese entregado la

propiedad.       Como consecuencia,             adeudaba    la   cantidad   de

$173,500.00, respecto a la penalidad impuesta de quinientos

dólares ($500.00) diarios. Cónsono con lo anterior, le solicitó al foro

a quo que realizara una vista de desahucio, que le ordenara a la

parte recurrida desalojar la propiedad y la condenara al pago de las

sumas adeudadas, más gastos, costas, intereses y honorarios de

abogado.

       Acaecidas       varias     incidencias     procesales,    innecesarias

pormenorizar, el 12 de enero de 2023, el foro de primera instancia

emitió una Sentencia Parcial1 por estipulación de las partes, donde

desglosó los acuerdos a los que llegaron en la vista celebrada en

igual fecha, respecto a la causa de acción de desahucio:

       1.    La parte demandada hará una entrega voluntaria
             de la propiedad a la parte demandante. Por razón
             de seguridad de la estructura en controversia, se
             coordinó para el 17 de enero de 2023 la inspección
             y sustitución de un equipo de seguridad (gatos) que
             tiene la estructura la cual sufrió daños por los
             terremotos.

       2.    La representación legal de la parte demandante se
             comunicará con el señor León para coordinar la
             hora y confirmar la fecha de entrega o seleccionar
             otra fecha de ser necesario.

       El 20 de febrero de 2023, la parte recurrida presentó la

Contestación a la Demanda y Reconvención2.              Mientras que el 1ro

de marzo de 2023, la parte peticionaria presentó la Réplica a

Reconvención3.

       Luego      de     varios     trámites      procesales     innecesarios

pormenorizar, el 22 de junio de 2023, el Tribunal de Primera

Instancia emitió Sentencia4.         En virtud de esta, el foro primario

acogió y aprobó un acuerdo de transacción al que llegaron las partes

1 Véase entrada 14 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

(SUMAC), la Sentencia Parcial fue notificada el 20 de enero de 2023.
2 Véase entrada 23 de SUMAC.
3 Véase entrada 26 de SUMAC.
4 Notificada el 28 de junio de 2023.
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en la vista celebrada el 22 de junio de 2023. Dicho acuerdo consistía

en lo siguiente:

      1.   La parte demandada estará adquiriendo                la
           propiedad en controversia en el presente caso.

      2.   La parte demandada estará realizando dos pagos
           parciales: el primer pago por la cantidad de
           $10,000.00 lo realizará el 31 de julio de 2023 y el
           segundo pago por la cantidad de $25,000.00 lo
           realizará el 31 de agosto de 2023.

      3.   El demandado se compromete a sufragar todos los
           gastos notariales correspondientes a la otorgación
           de la Escritura de Compraventa y la inscripción en
           el Registro de la Propiedad.

      4.   Las partes se comprometen a otorgar la Escritura
           de Compraventa para el mes de septiembre de
           2023. Las partes extrajudicialmente coordinarán
           el día específico en cual se hará el otorgamiento de
           la Escritura.

      5.   El pago del CRIM posterior al 1 de julio de 2023
           será responsabilidad de la parte demandada.

      6.   Ante el incumplimiento del pago correspondiente
           por la parte demandada de cualquiera de los plazos
           pactados y de cualquier condición de la
           estipulación    la  parte   demandante      estará
           ejecutando la Sentencia.

      Así las cosas, el 24 de agosto de 2023, la parte peticionaria

presentó la Moción en Solicitud de Ejecución de Sentencia. Por medio

de esta, sostuvo que, la parte recurrida había incumplido con los

acuerdos recogidos en la Sentencia emitida el 22 de junio de 2023,

en vista de que no realizó los pagos del CRIM a partir del 1 de julio

de 2023, ni tampoco la totalidad del pago estipulado para el 31 de

julio de 2023. A tales efectos, le solicitó al foro primario que emitiera

la orden para la ejecución de sentencia por la cantidad de

$174,846.76, más $5,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

      Subsiguientemente, la parte recurrida presentó la Moción en

Oposición de Ejecución de Sentencia y Solicitando Prórroga Perentoria

para Realizar Pago Final. Mediante la aludida moción, el señor León

Roumain adujo que, el pago del CRIM no tenía una fecha límite

conforme a la Sentencia, y que esta solo indicaba cuando debía
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realizarse.   Indicó que, el pago se iba a realizar próximamente.

Añadió que, respecto al primer pago de $10,000.00, había realizado

dos pagos de $5,000.00 por transferencias ACH para la fecha del 31

de julio de 2023, sin embargo, sostuvo que, no tenía control sobre

la forma ni tiempo que tomaran las instituciones bancarias para

tramitar pagos.    Por otro lado, respecto al pago de $25,000.00

pactado a pagarse el 31 de agosto de 2023, solicitó una prórroga

perentoria hasta el 8 de septiembre de 2023.

      Posteriormente, la parte recurrida presentó la Moción

Informando Pago Total de la Sentencia por Acuerdo Transaccional de

la Propiedad.     El señor León Roumain sostuvo que, el 8 de

septiembre de 2023, había realizado el pago final por la cantidad de

$25,000.00 a la parte peticionaria. Indicó que, la cantidad total

pagada a la parte peticionaria fue de $55,000.00 por el valor del

inmueble ubicado en el Municipio de Guánica, que, la deuda del

CRIM sería pagada “en los próximos días”.

      El 16 de septiembre de 2023, la parte peticionaria presentó la

Moción en Oposición a “Moción en Oposición de Ejecución de

Sentencia y Solicitando Prórroga Perentoria para Realizar Pago Final”

y Sobre Otros Extremos. En la aludida moción, la parte peticionaria

argumentó que, no existía justificación alguna para que el señor

León Roumain no cumpliera con los acuerdos recogidos en la

Sentencia emitida el 22 de junio de 2023, y que, por ello, se oponía

a la solicitud de prórroga presentada por este. Asimismo, manifestó

que, el foro de primera instancia no contaba con discreción para

prorrogar los términos transaccionales acordados por las partes.

Finalmente, reiteró su solicitud de ejecución de sentencia por la

cantidad reclamada en la Demanda.

      El 25 de septiembre de 2023, la parte peticionaria presentó la

Moción en Cumplimiento de Orden. Según surge de esta, la parte

peticionaria arguyó que, no había recibido el pago final de
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$25,000.00 el día 8 de septiembre de 2023, según informado por la

parte recurrida. Acotó que, no fue hasta el día 20 de septiembre de

2023 que recibió un pago de $10,000.00 y no de $25,000.00.

Reiteró, además que, procedía la ejecución de la sentencia.

      El 27 de septiembre de 2023, la parte recurrida presentó la

Segunda Moción en Oposición de Ejecución de Sentencia[;] Moción

Informativa y de Rectificación de Pago de Acuerdo Transaccional.

Adujo que, el primer pago de $10,000.00 había sido recibido por la

parte peticionaria en el mes de agosto de 2023.      Por otro lado,

sostuvo que, el pago de $25,000.00 fue dividido en dos pagos, uno

de $10,000.00 y otro de $15,000.00.      Añadió que, los primeros

$10,000.00 del segundo pago habían sido recibidos por la parte

peticionaria el 20 de septiembre de 2023, mientras que los restantes

$15,000.00 fueron depositados el 26 de septiembre de 2023.

      El 2 de octubre de 2023, fue celebrada la Vista Especial, a la

cual comparecieron todas las partes. El foro de primera instancia

le ordenó a la parte peticionaria que presentara evidencia sobre los

pagos dentro de quince (15) días. Asimismo, le ordenó a la parte

recurrida replicar en el término de quince (15) días y presentar su

posición al respecto.

      Así las cosas, el 17 de octubre de 2023, la parte peticionaria

presentó la Moción en Cumplimiento de Orden y Sobre Otros

Extremos.   Entre otras cosas, sostuvo que la parte recurrida no

realizó el pago de $25,000.00 el día 31 de agosto de 2023 y que

debido a ello, incumplió con el contrato de transacción. Acotó que,

procedía la resolución del contrato de transacción, por el

incumplimiento por parte del señor León Roumain con sus

términos, y que se dictara sentencia por la cantidad de $174,846.76.

      Por su parte, el 27 de octubre de 2023, el señor León Roumain

presentó la Moción en Cumplimiento de Orden. Reiteró que, la parte
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peticionaria había recibido la totalidad del pago acordado conforme

a lo dispuesto en la Sentencia por estipulación.

      Finalmente, el foro a quo emitió la Resolución cuya revisión

nos atiene.   En virtud de esta, el Tribunal de Primera Instancia

determinó que, la parte recurrida “no dio cumplimiento con ninguno

de los pagos acordados en la Sentencia en el término convenido,

siendo parte del acuerdo de transacción la cantidad y la fecha de los

pagos.” Añadió que, la parte recurrida no tenía facultad para variar

la cantidad y fecha en que se realizarían los pagos. Sin embargo,

determinó que, conforme al contrato de transacción acogido

mediante la Sentencia, las partes habían pactado que, de existir

algún incumplimiento respecto a los pagos de cualquiera de los

plazos acordados, la parte peticionaria podía ejecutar la sentencia,

refiriéndose a los pagos pendientes. Pero que, no pactaron que de

incumplir con alguno de los plazos acordados, la parte recurrida

vendría obligada a satisfacer la suma de $174.846.76 reclamada en

la Demanda. A tales efectos, resolvió que, debido al incumplimiento

injustificado de la parte recurrida, esta debía satisfacer a la parte

peticionaria el pago del interés legal prevaleciente a la fecha en que

se dictó la Sentencia, por cada pago tardío realizado.         El foro

primario impuso el interés legal desde la fecha en que se debió

realizar el pago, es decir, desde el 31 de julio de 2023 para el primer

pago de $10,000.00 y el 31 de agosto de 2023 para el segundo pago

de $25,000.00 y hasta la fecha en que finalmente se efectuó. Lo

anterior, a razón de ocho por ciento (8%), según el interés legal

prevaleciente al 22 de junio de 2023. Además, le impuso al señor

León Roumain el pago de la suma de $5,000.00 en concepto de

costas, gastos y honorarios de abogado. De igual forma, les ordenó

a las partes a coordinar la firma de la escritura de compraventa, y

le impuso a la parte recurrida la responsabilidad de asumir los
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gastos notariales y de inscripción en el Registro de la Propiedad

conforme a la Sentencia.

      Inconforme con la determinación del foro a quo, la parte

peticionaria acudió ante este foro revisor mediante Certiorari, el 8 de

enero de 2024, y realizó los siguientes señalamientos de error:

      1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No
         Ha Lugar la Moción en Solicitud de Ejecución de
         Sentencia[.]

      2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no decretar
         la Resolución del Contrato de Transacción[.]

      3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a
         los peticionarios a otorgar la Escritura de
         Compraventa sobre la propiedad en controversia[.]

      Mediante Resolución emitida el 12 de enero de 2024, le

concedimos al recurrido hasta el 22 de enero de 2024, para que se

expresara en torno al recurso de Certiorari incoado. Le apercibimos

que, transcurrido el término dispuesto, el recurso se entendería

perfeccionado para su adjudicación final.

      En cumplimiento con lo ordenado, el 22 de enero de 2024, la

parte recurrida interpuso ante este foro apelativo Oposición a

Petición de Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración.

                                  II

A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos
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efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no
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ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

      El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v.

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular,

152 DPR 140, 155 (2000).

B. Teoría General de los Contratos

      Según es sabido, las obligaciones nacen de la ley, los

contratos, los cuasicontratos, los actos ilícitos, de los actos u

omisiones en las que interviene culpa o negligencia, y de cualquier

otro acto idóneo para producirlas, conforme el ordenamiento

jurídico. Art. 1063 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.

8984; Universal Ins. v. Popular Auto, 207 DPR 228, 238 (2021); NHIC

et al. v. García Passalacqua et al., 206 DPR 105 (2021). Nuestro

Código Civil define el contrato como aquel “negocio jurídico bilateral

por el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma

provista por ley, para crear, regular modificar o extinguir

obligaciones”. Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

sec. 9751; Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571,

581 (2000).      El contrato se perfecciona desde que las partes
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manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, es decir,

cuando median el objeto, consentimiento y causa. Art. 1237 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9771; Pérez Rodríguez v.

López Rodríguez et at., 210 DPR 163, 186 (2022). No obstante, lo

anterior no aplica en los casos en que sea requerido el cumplimiento

de una formalidad solemne o cuando se pacta una condición

suspensiva. Art. 1237 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec.

9771.

        En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido el

principio de libertad de contratación, este faculta a las partes a

contratar o no hacerlo con determinada persona, así como pactar

los términos y condiciones que tengan por conveniente. Art. 1232

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9753; Pérez Rodríguez

v. López Rodríguez et at., supra, pág. 187; Burgos López et al. v.

Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015); Arthur Young & Co. v. Vega

III, 136 DPR 157 (1994). Sin embargo, tal libertad no es infinita,

puesto que, las partes podrán acordar cualquier cláusula que no sea

contraria a la ley, a la moral o al orden público. Art. 1232 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9753; Burgos López et al. v.

Condado Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR

7, 15 (2014). Una vez se perfecciona el contrato, lo acordado en este

tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores y ante

terceros en la forma que dispone la ley. Art. 1233 del Código Civil

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9754. Finalmente, los tribunales

estamos facultados para velar por el cumplimiento de los contratos,

y no debemos relevar a una parte del cumplimiento de su obligación

contractual cuando tal contrato sea legal, válido y no contenga vicio

alguno. Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 627 (1997).

C. Contrato de Transacción

        En nuestra jurisdicción, la transacción es un contrato

mediante el cual a través de concesiones recíprocas, las partes dan
KLCE202400025                                                       12

fin a un litigio o a su incertidumbre sobre una relación jurídica. Art.

1497 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10641. Deberán

cumplirse   dos   (2) elementos    para que     un   acuerdo pueda

considerarse un contrato de transacción, a saber: la existencia de

una controversia entre dos o más personas y la necesidad de

concesiones recíprocas entre ellas. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev.

S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). Este tipo de contrato se interpreta

restrictivamente y produce los efectos de la cosa juzgada. Arts. 1499

y 1500 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 10643 y

10644.   Esto significa que, las partes tienen que considerar los

puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden

volver nuevamente sobre estos. Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc.,

121 DPR 503, 516 (1988). De acuerdo a nuestro ordenamiento

jurídico, la transacción deberá constar por escrito firmado por las

partes o en una resolución o una sentencia dictada por el tribunal,

no cumplir con esto la convierte en nula. Art. 1503 del Código Civil

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10647.

      Por otra parte, puede colegirse que existen dos clases de

contratos de transacción: judicial y extrajudicial. Neca Mortg. Corp.

v. A&W Dev. S.E., supra, pág. 870. En ese sentido, se configura

un contrato de transacción extrajudicial cuando antes de comenzar

un pleito las partes eliminan la controversia mediante un

acuerdo. Íd. También puede ocurrir que, aun estando pendiente un

litigio, las partes acuerden una transacción sin la intervención del

tribunal. En este último caso, bastará un mero aviso de

desistimiento. Íd. Por el contrario, si la controversia da lugar a un

pleito y, luego de este haber iniciado, las partes acuerdan eliminar

la disputa y solicitan incorporar el acuerdo al proceso judicial en

curso, estaremos ante un contrato de transacción judicial que tiene

efecto de culminar con el pleito. Íd., págs. 870-871. Negrón Vélez v.

ACT, 196 DPR 489, 504-505 (2016).
KLCE202400025                                                                 13

       De       igual      forma,       es     preciso      destacar        que

el contrato de transacción tiene los mismos requisitos que se

establecen en el Código Civil de Puerto Rico para la validez de los

contratos. Esto es, para que exista este tipo de contrato deben

concurrir los elementos siguientes: el consentimiento de las partes

sobre el objeto y la causa5. Estos requisitos se refieren a que el

acuerdo sea consensual; que exista como objeto una polémica

judicial o extrajudicial entre las partes que dé lugar a la transacción,

y su causa que consiste en eliminar la controversia mediante las

concesiones recíprocas. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. SE, supra,

pág. 871; Negrón Vélez v. ACT, supra, pág. 505.

       Por otro lado, respecto a la invalidez de una transacción, el

Código Civil dispone que, en adición a las causas que invalidan todo

acto jurídico, la transacción es inválida cuando:

       (a)   La situación que la genera no se corresponde con
             los hechos reales y el litigio o la incertidumbre no
             hubieran aparecido de haberse conocido la
             situación real;

       (b)   incluye títulos total o parcialmente inexistentes;

       (c)   incluye títulos sobre los cuales se ignora que existe
             otro mejor;

       (d) incluye aspectos sobre los cuales se ignora que ya
           están resueltos mediante sentencia firme; o

       (e)   la efectividad de una prestación es insegura.

       Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe procedemos a resolver.

                                        III

       En esencia, la parte peticionaria en el primer señalamiento de

error, sostiene que, el foro de primera instancia incidió al declarar

No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Ejecución de Sentencia.

5 Art. 1237 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 9771; Pérez Rodríguez

v. López Rodríguez et at., supra, pág. 186.
KLCE202400025                                                       14

      Como segundo señalamiento de error, la parte peticionaria

arguye que, el Tribunal de Primera Instancia erró al no decretar la

resolución del contrato de transacción.

      En su tercer señalamiento de error, la parte peticionaria

sostiene que el foro a quo incidió al ordenarle a otorgar la Escritura

de Compraventa sobre la propiedad en controversia.

      Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos

los señalamientos de error antes esbozados de forma conjunta.

Asimismo, adelantamos que, no le asiste la razón. Veamos.

      Según reseñáramos, el 22 de junio de 2023, la primera

instancia judicial emitió Sentencia, donde acogió y aprobó un

acuerdo de transacción al que llegaron las partes en la vista

celebrada en esa misma fecha.         Dicho acuerdo consistió en lo

siguiente:

      1.     La  parte demandada estará adquiriendo            la
             propiedad en controversia en el presente caso.

      2.     La parte demandada estará realizando dos pagos
             parciales: el primer pago por la cantidad de
             $10,000.00 lo realizará el 31 de julio de 2023 y el
             segundo pago por la cantidad de $25,000.00 lo
             realizará el 31 de agosto de 2023.

      3.     El demandado se compromete a sufragar todos los
             gastos notariales correspondientes a la otorgación
             de la Escritura de Compraventa y la inscripción en
             el Registro de la Propiedad.

      4.     Las partes se comprometen a otorgar la Escritura
             de Compraventa para el mes de septiembre de
             2023. Las partes extrajudicialmente coordinarán
             el día específico en cual se hará el otorgamiento de
             la Escritura.

      5.     El pago del CRIM posterior al 1 de julio de 2023
             será responsabilidad de la parte demandada.

      6.     Ante el incumplimiento del pago correspondiente
             por la parte demandada de cualquiera de los plazos
             pactados y de cualquier condición de la
             estipulación    la  parte   demandante      estará
             ejecutando la Sentencia.

      Posteriormente, la parte peticionaria presentó la Moción en

Solicitud de Ejecución de Sentencia. Por medio de esta, sostuvo que,
KLCE202400025                                                        15

la parte recurrida había incumplido con los acuerdos recogidos en

la Sentencia emitida el 22 de junio de 2023, en vista de que no realizó

los pagos del CRIM a partir del 1 de julio de 2023, ni tampoco la

totalidad del pago estipulado para el 31 de julio de 2023. A estos

efectos, le solicitó al foro primario que emitiera la orden para la

ejecución de sentencia por la cantidad de $174,846.76, más

$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

      En respuesta, el señor León Roumain presentó la Moción en

Oposición de Ejecución de Sentencia y Solicitando Prórroga Perentoria

para Realizar el Pago Final. Mediante esta, sostuvo que, en cuanto

al primer pago de $10,000.00, había realizado dos (2) pagos de

$5,000.00 por transferencias ACH para la fecha del 31 de julio de

2023, sin embargo, expresó que no tenía control sobre la forma ni

tiempo que tomaran las instituciones bancarias para tramitar

dichos pagos. Por otro lado, respecto al pago de $25,000.00 pactado

a pagarse el 31 de agosto de 2023, solicitó una prórroga perentoria

hasta el 8 de septiembre de 2023.

      Subsiguientemente, la parte recurrida presentó la Moción

Informando Pago Total de la Sentencia por Acuerdo Transaccional de

la Propiedad, por medio de la cual acotó haber realizado el pago final

por la cantidad de $25,000.00 a la parte peticionaria el 8 de

septiembre de 2023. Indicó, además, que, la cantidad total pagada

a la parte peticionaria fue de $55,000.00 por el valor del inmueble

ubicado en el municipio de Guánica.

      Más adelante, la parte peticionaria presentó la Moción en

Oposición a “Moción en Oposición de Ejecución de Sentencia y

Solicitando Prórroga Perentoria para Realizar Pago Final” y Sobre

Otros Extremos, donde entre otras cosas, reiteró su solicitud de

ejecución de sentencia por la cantidad reclamada en la Demanda.

De igual manera, la parte peticionaria presentó la Moción en
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Cumplimiento de Orden, en la cual acotó que no había recibido el

pago final de $25,000.00 el día 8 de septiembre de 2023.

      Mientras que, por su parte, el señor León Roumain presentó

la Segunda Moción en Oposición de Ejecución de Sentencia[;] Moción

Informativa y de Rectificación de Pago de Acuerdo Transaccional.

      Luego     de    varias    incidencias    procesales        innecesarias

pormenorizar,    la   parte     peticionaria   presentó     la    Moción    en

Cumplimiento de Orden y Sobre Otros Extremos. Conforme surge de

esta, la parte peticionaria adujo que el señor León Roumain no había

realizado el pago de $25,000.00 el día 31 de agosto de 2023, y que,

consecuentemente,       había     incumplido     con   el        contrato   de

transacción, por lo que procedía la resolución de este.

      Por su parte, el 27 de octubre de 2023, el señor León Roumain

presentó la Moción en Cumplimiento de Orden. Reiteró que, la parte

peticionaria había recibido la totalidad del pago acordado conforme

a lo dispuesto en la Sentencia por estipulación.

      Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la

Resolución cuya revisión nos ocupa. En virtud de esta, determinó lo

siguiente:

             [E]ste Tribunal concluye que la parte demandada
      no dio cumplimiento con ninguno de los pagos
      acordados en la Sentencia en el término convenido,
      siendo parte del acuerdo de transacción la cantidad y la
      fecha de los pagos. La parte demandada no tiene
      facultad de variar la cantidad y la fecha en que se
      realizarán los pagos. […]

            Posteriormente, las partes acordaron una
      transacción final. En consecuencia, al haberse dictado
      una    Sentencia     por   Estipulación,  las   partes
      perfeccionaron un contrato de transacción. Según
      dicha Sentencia por Estipulación, lo pactado por las
      partes fue que, de incumplir la parte demandada con el
      pago de cualquiera de los plazos acordados la parte
      demandante podrá ejecutar la sentencia; ello a todas
      luces se refiere a los pagos pendientes. Las partes no
      pactaron que, de haber un incumplimiento con alguno
      de los plazos acordados, la parte demandada, vendría
      obligada a satisfacer la suma de $174,846.76,
      reclamada en la Demanda.
KLCE202400025                                                          17

              No obstante, habiéndose dictado la Sentencia por
       Estipulación el 22 de junio de 2023, al amparo de la
       Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R.
       44.3 supra, ante el incumplimiento injustificado de la
       parte demandada, este Tribunal concluye que la parte
       demandada deberá satisfacer a la parte demandante el
       pago del interés legal prevaleciente a la fecha en que
       se dictó la Sentencia, por cada pago tardío realizado. El
       interés legal se impone desde la fecha en que se debió
       realizar el pago, entiéndase 31 de julio de 2023 para el
       primer pago de $10,000.00 y el 31 de agosto de 2023
       para el segundo pago de $25,000.00; y hasta la fecha
       en que finalmente se efectuó, ello a razón de 8.0% según
       el interés legal prevaleciente al 22 de junio de 2023,
       fecha en que se dictó la Sentencia por Estipulación.
       Además, se impone a la parte demandada el pago de la
       suma de $5,000.00 para costas, gastos y honorarios de
       abogados, según pactados entre las partes en la
       Cláusula 8 del Contrato de Opción de Compraventa
       suscrito el 16 de marzo de 2021.

             Una vez perfeccionado el pago de los intereses y
       de la partida de gastos, costas y los honorarios de
       abogado pactados, las partes deberán coordinar la firma
       de la Escritura de Compraventa, siendo la parte
       demandada responsable de los gastos notariales y de
       inscripción en el Registro de la Propiedad conforme a la
       Sentencia de Estipulación. (Citas omitidas).

       Conforme el derecho expuesto, la transacción es un contrato

mediante el cual, a través de concesiones recíprocas, las partes dan

fin a un litigio o a su incertidumbre sobre una relación jurídica.6

Para que un acuerdo pueda considerarse un contrato de transacción

deberán cumplirse dos elementos esenciales, a saber: la existencia

de una controversia entre dos o más personas y la necesidad de

concesiones recíprocas entre ellas.7 Este tipo de contrato produce

los efectos de la cosa juzgada.8             Es decir, las partes deberán

considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y

no pueden volver nuevamente sobre estos.9

       En el caso de epígrafe, el foro de primera instancia acogió el

acuerdo mediante la Sentencia emitida el 22 de junio de 202310,

donde se estableció un plazo para que la parte recurrida cumpliera

6 Art. 1497 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10641.
7 Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, pág. 870.
8 Art. 1500 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10644.
9 Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 516.
10 Notificada el 28 de junio de 2023.
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con el pago adeudado. Si bien es cierto que, la parte peticionaria no

dio cumplimiento con ninguno de los pagos acordados en la

Sentencia en el término convenido, como bien resolvió el foro a quo,

nada se dispuso acerca de que de haber un incumplimiento con los

plazos acordados, la parte recurrida se vería obligada a satisfacer la

suma de $174,846.76 reclamada en la Demanda. Lo único que se

dispuso respecto a ello fue que, en el caso de incumplimiento con

tales plazos acordados, la parte peticionaria podía ejecutar la

sentencia, es decir, reclamar los pagos pendientes.

      De igual manera, es necesario destacar que, el objeto de la

transacción ya es cosa juzgada. Es decir, ya habiéndose acogido el

acuerdo y resuelto la controversia principal de la Demanda, la parte

peticionaria se encontraba imposibilitada de volver a reclamar la

partida solicitada en la Demanda.

      Por otro lado, nuestro Máximo Foro ha dispuesto que, cuando

se trata de una transacción judicial y una de las partes no cumple

con lo estipulado, como regla general, no procede la resolución. En

estas situaciones, se puede solicitar inmediatamente que lo

convenido se lleve a efecto, dado a que tiene para las partes la misma

fuerza que la sentencia firme, y utilizar el procedimiento de apremio.

Neca Mort. Corp. v. A&W Dev. SE, supra, pág. 875.

      Por tanto, ante el incumplimiento injustificado de la parte

recurrida sobre los pagos dentro de los plazos acordados, como

primera opción, procedía la solicitud del cumplimiento de lo

convenido y así, la imposición del pago del interés legal prevaleciente

a la fecha en que se dictó la Sentencia y no la resolución del contrato,

después de todo, la parte recurrida cumplió con el pago total de lo

acordado.

      Finalmente, conforme a los acuerdos en el contrato de

transacción entre las partes, procede el otorgamiento de la Escritura

de Compraventa sobre la propiedad en controversia una vez se
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satisfaga el pago del interés legal prevaleciente, dado a que, la parte

recurrida pagó en su totalidad lo acordado.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el certiorari y

se confirma la Resolución recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones