Court Opinion

ID: 9941521
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:43:08.797247+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:44.273112
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

  DANNY CANDELARIO-                               CERTIORARI
      TIRU; DANIEL                                procedente del
      CANDELARIO-                                 Tribunal de
   ANTONETTI; IVETTE                              Primera Instancia,
    TIRU-HERNÁNDEZ                                Sala Superior de
                                                  Ponce
       Recurridos
                                                  Caso número:
             v.                KLCE202301392      PO2019CV01229

MUNICPIO DE GUÁNICA;                              Sobre: DAÑOS Y
  FULANO DE TAL Y                                 PERJUICIOS
   SUTANA DE TAL;
COMPAÑÍA DE SEGURO
        ABC

       Peticionario

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2024.

      Comparece ante nos, el Municipio de Guánica (el Municipio o

el peticionario) y nos solicita que revisemos y revoquemos la

Resolución interlocutoria emitida el 18 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI o foro primario),

notificada el 25 de octubre de 2023. Mediante dicho dictamen, el

foro primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria

Parcial Interlocutotria presentada por Danny Candelario-Tiru (señor

Candelario-Tiru), Daniel Candelario-Antonetti (señor Candelario-

Antonetti) e Ivette Tiru-Hernández (señora Tiru-Hernández), (en

conjunto, los recurridos), e hizo una determinación interlocutoria

sumaria de negligencia de los empleados del Municipio, así como de

su responsabilidad vicaria. De igual forma, en dicha Resolución

recurrida el foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria Desestimatoria presentada por el Municipio.

 Número Identificador
 SEN2024 _______________
KLCE202301392                                                        2

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

expedimos el auto de Certiorari solicitado por el Municipio;

revocamos   la   Resolución   recurrida,   en   lo   referente   a   la

determinación sumaria de negligencia de los empleados del

Municipio y confirmamos aquellos extremos de Resolución recurrida

en los que el foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Sentencia Sumaria Desestimatoria presentada por el Municipio.

                              I.

      Según surge del expediente ante nos, el 10 de abril de 2019,

los recurridos presentaron Demanda en daños y perjuicios en contra

del Municipio y otros demandados de nombre desconocido. A

grandes rasgos, los recurridos alegaron que el 10 de abril de 2018,

empleados del Municipio cortaron un árbol en la parte superior del

terreno de la residencia de los recurridos, dejando en el lugar el

tronco y las ramas de este. Sostuvieron que, a la mañana siguiente

mientras el señor Candelario-Tiru se encontraba en el patio de su

residencia, el tronco del árbol que había sido cortado por los

empleados del Municipio se deslizó cayendo sobre su persona. Así

pues, arguyeron que el Municipio fue negligente al no tomar las

medidas necesarias para evitar su ocurrencia; por lo cual,

reclamaron una compensación por los daños sufridos como

consecuencia del accidente.

      Posteriormente, el 3 de julio de 2019, el Municipio presentó

una Contestación a Demanda. En la misma, negó responsabilidad

por los daños reclamados por la parte recurrida. El 13 de septiembre

de 2019, el TPI emitió una Sentencia Parcial mediante la cual

desestimó la Demanda, sin perjuicio, contra los demandados de

nombre desconocido. Así las cosas, el 28 de octubre de 2021, los

recurridos presentaron una Demanda Enmendada. En esta, solo

incluyeron como demandados al Municipio. Consecuentemente, el
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13 de diciembre de 2021, la parte peticionaria presentó una

Contestación a Demanda Enmendada.

      Luego de varios incidentes procesales, el 29 de abril de 2023,

los recurridos presentaron una Moción de Sentencia Sumaria Parcial

Interlocutoria. En síntesis, los recurridos solicitaron al TPI que

dictara sentencia sumaria parcial en cuanto a la negligencia

desplegada por los empleados del Municipio, por no existir hechos

materiales en controversia sobre esos extremos. Acentuaron,

además, que a base de los hechos materiales que no están en

controversia, el Municipio incurrió en responsabilidad vicaria por

los actos y/u omisiones de sus empleados.

      En vista de ello, el 9 de junio de 2023, el Municipio presentó

una Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial Interlocutoria

de la Parte Demandante y Solicitud de Sentencia Sumaria

Desestimatoria de la parte Demandada[…]. En apretada síntesis, el

Municipio se opuso a la solicitud de sentencia sumaria presentada

por los recurridos. Alegó que, no tiene responsabilidad alguna por

los actos y/u omisiones de un tercero ajeno; que tampoco existe

responsabilidad del Municipio ante la ausencia de actuaciones y/u

omisiones negligentes de sus empleados; que al momento de los

hechos no había en el lugar personal alguno del Municipio; que

ocurrió una causa interventora por la cual no responde el Municipio

y solicitó la desestimación sumaria de la Demanda presentada en

su contra por los recurridos.

      El 23 de junio de 2023, los recurridos presentaron una Réplica

Enmendada a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial

Interlocutoria […]. Allí advirtieron que el Municipio no controvirtió

efectivamente los hechos alegados como incontrovertidos en la

Moción de Sentencia Sumaria Parcial Interlocutoria.
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      Acto seguido, el 18 de octubre de 2023, el TPI emitió una

Resolución, interlocutoria, notificada el 25 de octubre de 2023,

mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria

Parcial Interlocutoria presentada por los recurridos y decretó la

negligencia de los empleados del Municipio y, por ende, su

responsabilidad vicaria. Además, mediante la referida Resolución el

foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria

Desestimatoria presentada por el Municipio.

      Inconforme, el 7 de noviembre de 2023, el Municipio presentó

una Moción de Reconsideración.1 Ese mismo día, el foro de instancia

emitió una Resolución mediante la cual denegó la solicitud de

reconsideración. Dicha Resolución fue notificada el 10 de noviembre

de 2023.

      Insatisfecho aun, el 8 de diciembre de 2023, el Municipio

presentó una Petición de Certiorari ante este Tribunal y alegó la

comisión de los siguientes errores:

             PRIMER ERROR
             Erró el TPI al decretar la negligencia de los
             empleados del Municipio.

             SEGUNDO ERROR
             Erró el TPI al denegar la solicitud de
             desestimación del Municipio ante la ausencia
             de acción u omisión negligente de empleado
             alguno de esta, por haber un relevo de
             responsabilidad y/o por causa interventora.

      El 21 de diciembre de 2023, los recurridos presentaron

Alegato de la parte Recurrida. En ajustada síntesis, sostienen que

no incidió el foro primario al adjudicar sumariamente la negligencia

de   los   empleados     del   Municipio     mediante     la   Resolución

interlocutoria   recurrida.    Razonan      los   recurridos    que    las

conclusiones de derecho están sustentadas por treinta y dos (32)

determinaciones de hechos incontrovertidos y que el planteamiento

1Mientras, el 8 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó una Breve
Oposición a Moción de Reconsideración.
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de causa interventora levantado por el Municipio no se sostiene.

Argumentan, además, que el Municipio como parte demandada no

queda relevado de responsabilidad por una causa interventora que

pudo ser prevista ni por una que sea un incidente normal del riesgo

creado.

      Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes

procedemos a resolver.

                               II

                               A.

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-
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487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.
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       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal    Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción    judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                                  B.

       Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria.

Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y otros, 2023

TSPR 80, 212 DPR __ (2023). Dicho mecanismo procesal es utilizado
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en aquellos litigios que no presentan controversias genuinas de

hechos materiales y que, por consiguiente, la celebración de un

juicio en su fondo no es necesaria en la medida que solo resta por

dirimir determinadas controversias de derecho. Íd. Véase, además,

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310, 334 (2021).

      El propósito que persigue el mecanismo de la sentencia

sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa,

rápida y económica. González Meléndez v. Municipio de San Juan,

2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023). Véase, además, Acevedo Arocho

y otros v. Departamento de Hacienda y otros, supra; SLG Fernández-

Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Véase, además, Rodríguez Méndez

et al. v. Laser Eye Surgery, 195 DPR 769, 785 (2016). Por tanto,

quien promueva la sentencia sumaria deberá establecer su derecho

con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre

algún hecho material. Así, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32

LPRA Ap. V), establece cual será el contenido y los requisitos de

forma que deberán observarse tanto en la solicitud de sentencia

sumaria que inste la parte promovente, como en la oposición que

pueda presentar la parte promovida. Acevedo Arocho y otros v.

Departamento de Hacienda y otros, supra; León Torres v. Rivera

Lebrón, 204 DPR 20, 43 (2020).

      Por ser la sentencia sumaria un remedio discrecional, el

principio rector para el uso de este mecanismo es el sabio

discernimiento del juzgador, ya que mal utilizada puede privar a una

parte de su día en corte, principio elemental del debido proceso de

ley. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Así pues, un

tribunal podrá emitir una sentencia sumaria si de las alegaciones,

deposiciones,   contestaciones,    interrogatorios   y   admisiones

ofrecidas, junto a las declaraciones juradas – según fueran ofrecidas

– surge que no existe una controversia real sustancial en cuanto a
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ningún hecho material, restando entonces resolver la controversia

en estricto derecho. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra; Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.

      Nuestro máximo Foro ha sido enfático en que, el hecho de que

la parte promovida no presente prueba que controvierta la evidencia

presentada por la parte promovente de la moción de sentencia

sumaria, no implica que dicha moción procederá automáticamente

si efectivamente existe una controversia sustancial sobre hechos

materiales. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra. Ahora

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que una

moción de sentencia sumaria no procederá cuando: (1) existen

hechos materiales controvertidos (2) hay alegaciones afirmativas en

la demanda que no han sido refutadas (3) surge de los propios

documentos que se acompañan con la moción una controversia real

sobre algún hecho material o (4) como cuestión de derecho no

procede. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et

al., supra; Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 333-334 (2004).

      De igual forma, el mecanismo de sentencia sumaria no es

utilizable cuando existen controversias de hechos materiales sobre

elementos   subjetivos     de   intención,   propósitos    mentales    o

negligencia. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de Hacienda y

otros, supra. Véase, además, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,

197 DPR 656 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219

(2010); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). Es norma

conocida     que      un        tribunal      no       deberá    dictar

sentencia sumaria cuando        existen    elementos    subjetivos    de

intención, negligencia propósitos mentales o cuando el factor de

credibilidad es esencial. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR
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615, 638 (2009); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998); Soto v.

Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301-302 (1994).

      Finalmente, hay que señalar que al momento de atender una

solicitud de revisión de sentencia sumaria los foros apelativos

estamos llamados a “examinar el expediente de novo y verificar que

las partes cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de

Procedimiento Civil. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

supra; Rivera Matos et al. v. ELA, 204 DPR 1010, 1025 (2020). Según

ha establecido el Tribunal Supremo, este Tribunal está limitado a:

(1) considerar los documentos y argumentos que se presentaron

ante el foro primario (lo cual implica que, en apelación, los litigantes

no pueden añadir prueba que no fue presentada oportunamente

ante el tribunal de instancia ni esbozar nuevas teorías); (2)

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales, y (3) determinar si el derecho de aplicó de

forma correcta. González Meléndez v. Municipio de San Juan, supra.

Así pues, los foros apelativos estamos en la misma posición que los

tribunales de instancia y se utilizan los mismos criterios para

evaluar una solicitud de sentencia sumaria. Íd.

                                  C.

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, los tribunales

apelativos no interferirán con las facultades discrecionales de los

foros primarios, exceptuando aquellas circunstancias en las que se

demuestre que estos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2)

incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocaron en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., supra.

Por lo cual, se requiere que nuestra intervención en esta etapa evite
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un perjuicio sustancial. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados

Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

      En lo pertinente, nuestro máximo Foro ha definido la

discreción judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

Véase, además, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR

651, 657-658 (1997). Así pues, el ejercicio de este discernimiento se

encuentra     estrechamente     relacionado     con   el   concepto    de

razonabilidad. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. Conforme a lo anterior, la discreción no implica

que los tribunales puedan actuar de una forma u otra en

abstracción del resto del derecho. Íd. Véase, además, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).

      Asimismo, se ha señalado que un tribunal abusa de su

discreción:

      cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que
      emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez,
      por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,
      concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no
      obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
      materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez
      los sopesa y calibra livianamente. Rivera Gómez y otros v.
      Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; SLG Zapata-
      Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

                                    III.

      En lo que respecta al primer señalamiento de error, el

Municipio planteó que el foro de instancia erró y abusó de su

discreción al determinar sumariamente la existencia de negligencia

por parte de los empleados del Municipio.

      Al examinar cautelosamente el trámite procesal del caso,

específicamente, la Resolución recurrida encontramos que incidió el

foro primario al adjudicar sumariamente la alegada negligencia de

los empleados del Municipio sin ventilar el asunto en una vista en
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los méritos. De las alegaciones de las partes, así como del examen

de la Transcripción de la Deposición surge la presencia de elementos

subjetivos que impedían la adjudicación sumaria e interlocutoria del

elemento de la negligencia. Existe controversia de hechos sobre la

existencia o no de actos y/u omisiones de un tercero ajeno; sobre la

ausencia de actuaciones y/u omisiones de los empleados del

Municipio; sobre la alegación del Municipio de que al momento de

los hechos no había en el lugar personal alguno de la parte

peticionaria y sobre si ocurrió o no una causa interventora por la

cual no responde el Municipio.

      Toda vez que nuestra intervención en esta etapa evita un

perjuicio sustancial en la adjudicación final del caso, expedimos el

auto de certiorari y revocamos aquellos extremos de la Resolución

interlocutoria recurrida en los que el foro primario hizo una

determinación sumaria de negligencia de los empleados del

Municipio y de responsabilidad vicaria de la parte peticionaria, sin

emitir una sentencia parcial sobre dichos extremos. Concluimos que

las alegaciones de negligencia de los recurridos no son susceptibles

de adjudicación sumaria en esta etapa de los procedimientos y que

procede la celebración de vista en los méritos en la que desfile

prueba y se adjudique credibilidad sobre dicho asunto. Si bien,

estamos ante una resolución interlocutoria y no ante una sentencia

parcial es doctrina reiterada que el mecanismo de adjudicación

sumaria no es utilizable cuando existen controversias sobre hechos

materiales sobre elementos subjetivos de intención, propósitos

mentales o negligencia. Acevedo Arocho y otros v. Departamento de

Hacienda y otros, supra. Véase, además, Velázquez Ortiz v. Mun. de

Humacao, 197 DPR 656 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR

200, 219 (2010); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).
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      En su segundo señalamiento de error, el Municipio sostiene

que incidió el foro primario al denegar su solicitud desestimación de

la Demanda toda vez que hay ausencia de acción u omisión

negligente por parte de empleado alguno, por existir una causa

interventora y por contar con un relevo de responsabilidad.

      En lo pertinente a aquellos extremos de la Resolución

recurrida en los que el TPI deniega al Municipio su solicitud de

desestimación sumaria de la Demanda presentada en su contra por

los recurridos, expedimos el auto y confirmamos dichos extremos

del dictamen interlocutorio recurrido. Es preciso destacar que no

procede la desestimación sumaria de la Demanda toda vez que la

determinación sobre la existencia o no de negligencia y de una causa

interventora no es susceptible de adjudicación sumaria en esta

etapa de los procedimientos. Así las cosas, concluimos que no abusó

de su discreción el foro primario al declarar No Ha Lugar la Solicitud

de Sentencia Sumaria Desestimatoria. presentada por el Municipio-

      Aclaramos que, si bien expedimos el auto de certiorari,

nuestros pronunciamientos no adjudican los méritos del caso

ante la consideración del foro primario, sino que resolvemos que

el   mismo    no   era   susceptible   de   adjudicación     sumaria

interlocutoria. Como corolario de lo anterior, procede la expedición

del auto de certiorari y la revocación de la Resolución recurrida,

únicamente a los fines de celebrar vista evidenciaria para la

determinación de negligencia por no ser susceptible de adjudicación

sumaria en esta etapa. En cuanto a la denegatoria a la solicitud de

desestimación sumaria de la Demanda presentada por el Municipio,

procede confirmar el dictamen recurrido

                               IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de
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certiorari y modificamos la Resolución recurrida a los únicos efectos

de revocar aquellos extremos en los que el TPI determina

sumariamente la existencia de negligencia por parte del Municipio.

Así modificada, se confirma la Resolución recurrida en cuanto a la

denegatoria a la solicitud desestimación sumaria de la demanda. Se

devuelve el caso al foro primario para la celebración de vista en los

méritos sobre los asuntos objeto de esta Sentencia.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones