Court Opinion

ID: 9962657
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:21.304003+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:07.698430
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

                                                     Certiorari procedente
 JENNY DE LA CRUZ BÁEZ                               del Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala
          RECURRIDA                                  Superior de Aguadilla

                V.                             Civil Núm.:
                                 KLCE202400189 AG2020RF00009
     MARCOS CORDERO
        GONZÁLEZ
                                                     Sobre:
        PETICIONARIO
                                                  CUSTODIA-
                                                  RELACIONES
                                                  PATERNO/MATERNO
                                                  FILIALES
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

       Comparece el Sr. Marcos Cordero González (señor Cordero

González o el peticionario) y solicita la revocación de la Resolución y Orden

emitida y notificada el 6 de febrero de 2024, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI o foro primario) en el caso de epígrafe,

sobre custodia y relaciones paternofiliales, instado ante el TPI por la Sra.

Jenny de la Cruz Báez (señora de la Cruz Báez o la recurrida). Mediante

la referida Resolución y Orden el foro primario, tras examinar la Moción

Sobre Estado del Caso y Solicitud de Orden, presentada 5 de febrero de

2024 por la Sra. Janice Babá Rivera, Trabajadora Social del Departamento

de la Familia, acogió la recomendación del Grupo SEPI y entre otros

asuntos, no autorizó por el momento las relaciones paternofiliales del señor

Cordero González con los menores.

       Por los fundamentos que pasamos exponer, expedimos del auto de

certiorari solicitado por el peticionario y revocamos aquellos extremos de la

Resolución y Orden recurrida en los que el foro primario determinó no

Número Identificador
SEN2024 ________
KLCE202400189                                                                              2

autorizar por el momento las relaciones paternofiliales del señor Cordero

González con el menor

                                         I

        El trámite procesal del recurso que nos ocupa surge en el contexto

de una Petición de Custodia, Relaciones Filiales o Patria Potestad

presentada por señora de la Cruz Báez el 10 de enero de 2020, ante el foro

primario, en la cual esta solicitó al TPI que le otorgara la custodia de sus

dos (2) hijos menores de edad, JACDC y ENCDC, producto de su relación

con el peticionario.1

        Tras varios incidentes procesales, mediante Sentencia emitida por

este Tribunal de Apelaciones el 10 de junio de 2022, en el caso con

designación alfanumérica KLCE202101294, el Departamento de la Familia

obtuvo la custodia provisional de ambos menores, tras alegaciones de

maltrato y alienación parental.              En dicha Sentencia este Tribunal de

Apelaciones ordenó al TPI referir a los menores al Departamento de la

Familia para que estos asumieran su custodia provisional. Enfatizó,

además, que el foro primario debía celebrar vistas a la brevedad posible,

con la obligación de dilucidar la controversia de custodia sin atrasos

innecesarios, para así asegurar que los menores fueran colocados bajo la

custodia de quien asegure sus intereses óptimos.2 .

        El 5 de septiembre de 2023, el foro primario emitió Resolución en la

que, tras acoger las recomendaciones de un Informe sometido el 11 de julio

de 2023 por la Trabajadora Social del Departamento de la Familia, la Sra.

Janice Babá Rivera, determinó que procedía que el Departamento de la

Familia continuara ejerciendo la custodia provisional de los menores.

Asimismo, el foro primario autorizó que se iniciaran relaciones

maternofiliales     supervisadas       en      escenario    terapéutico:     ordenó        al

peticionario beneficiarse de servicios de interés en el que se le orientara

sobre los efectos de la alienación parental y como evitarlo; que este debía

1
  Véase, Apéndice XIII de la Petición de Certiorari (Sentencia emitida el 10 de junio de
2022 por este Tribunal de Apelaciones en el caso con designación alfanumérica
KLCE202101294)
2 Véase Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE202101294
KLCE202400189                                                                          3

informar en veinte días quien le habría de proveer dichos servicios y

dispuso que las relaciones paternofiliales se mantendrían suspendidas

hasta que tribunal analizara el resultado de los servicios recibidos por el

señor Cordero González. Finalmente, el TPI estableció que los servicios a

los menoresfueran ofrecidos por el Grupo SEPI.3

         Así las cosas, el 22 de enero de 2024, el Grupo SEPI presentó ante

el TPI Certificación de Relaciones Filiales de 20 de enero de 2024.4 Entre

otros asuntos, en dicho documento el Grupo SEPI concluyó que los

menores estuvieron expuestos a alienación parental por parte de su padre

en contra de la madre. En dicha Certificación de Relaciones Filiales el

Grupo SEPI recomendó continuar con las relaciones maternofiliales

supervisadas por un terapeuta y, además, recomendó que antes de

aprobar una relación paternofilial se hiciera una evaluación de las

capacidades protectoras del padre donde medie certificación profesional

que garantice el bienestar, seguridad y protección física y emocional de

estos.

         El 26 de enero de 2024, el Departamento de la Familia presentó ante

el TPI Informe Social en Interés de los Menores Cordero de la Cruz. 5

Posteriormente, el 5 de febrero de 2024, la Sra. Janice Babá Rivera,

Trabajadora Social del Departamento de la Familia, presentó ante el foro

primario Moción Sobre Estado del Caso y Solicitud de Orden. 6

         En respuesta, y como parte del manejo del caso ante su

consideración, el 6 de febrero de 2024, el foro primario emitió y notificó

Resolución y Orden. En síntesis, en dicha Resolución y Orden el TPI

acogió la recomendación del Grupo SEPI sobre relaciones filiales

terapeúticas y no autorizó por el momento la relaciones paternofiliales

del señor Cordero González con los menores. Surge además, de la

3
  Véase Resolución de 5 de septiembre de 2023, Apéndice VI de la Petición de
Certiorari, páginas 29-34.
4
  Véase Apéndice II de la Petición de Certiorari, páginas 4-10.
5
  Véase páginas 49-53 del Apéndice de la Petición de Certiorari.(Entrada Núm. 589 de
SUMAC)
6
  Véase Entrada Núm. 600 de SUMAC en el caso con designacón alfanumérica
AG2020RF0009
KLCE202400189                                                              4

Resolución y Orden recurrida que el TPI acogió la recomendación del

Grupo SEPI de continuar con las relaciones maternofiliales supervisadas.

      Entre otros asuntos, en la Resolución y Orden recurrida el foro

primario concedió a las partes un término de veinte (20) días para notificar

a la Sra. Janice Babá Rivera las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas

realizadas con médicos privados y concedió el mismo término al señor

Cordero González para notificar el informe médico que le ofreció

terapias    sobre        alienación   parental,   con   los   hallazgos    y

recomendaciones. Sin embargo, sobre esos extremos, el TPI mantuvo

suspendidas las relaciones paternofiliales del señor Cordero

González.

      En desacuerdo, el señor Cordero González recurre ante nos

mediante el recurso de epígrafe y como único señalamiento de error,

sostiene lo siguiente:

              ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN
              DETERMINAR QUE EL MEJOR BIENESTAR DE LOS
              MENORES     ES    MANTENER    RELACIONES
              PATERNO FILIALES SUSPENDIDAS BASADO EN
              UNA RECOMENDACIÓN DE SEPI QUE NO ES
              CONCLUYENTE EN CUANTO A ENAJENACIÓN
              PARENTAL Y NO ESCUCHÓ PRUEBA DE LAS
              TERAPIAS RECIBIDAS POR EL RECURRENTE
              SEGÚN SE HABÍA ORDENADO PREVIAMENTE
              CON EL FIN DE RESTABLECER LAS RELACIONES
              PATERNO-FILIALES DE FORMA SUPERVISADAS.

      El 1 de marzo de 2024, ordenamos a la señora de la Cruz Báez

mostrar causa en el término de quince (15) días por la cual no debamos

expedir el auto solicitado por el peticionario. Dicho término venció el 18 de

marzo de 2024, sin que la recurrida compareciera a expresarse en torno a

la orden de mostrar causa emitida.         Transcurrido en exceso el plazo

concedido a la señora de la Cruz Báez, resolvemos sin el beneficio de su

comparecencia.

                                      II

                                      A.

      El certiorari es un recurso de carácter discrecional. 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163 (174) (2020); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR
KLCE202400189                                                                5

307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837

(1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, la cual nos faculta para revisar

los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las

denegatorias de mociones de carácter dispositivo. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023).             A manera de excepción,

podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de hechos o

peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía,

relaciones de familia, casos que revistan interés público o cualquier otro

asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

       Si bien la Regla 52.1, supra, limita el ámbito de discreción a asuntos

interlocutorios, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.

40, nos provee otros criterios para ejercer nuestra discreción. Dichos

criterios son los siguientes: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis

del problema; (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera

Instancia; (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a

la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de

alegatos más elaborados; (E) Si la etapa del procedimiento en que se

presenta el caso es la más propicia para su consideración; (F) Si la

expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución

final del litigio; y (G) Si la expedición del auto o de la orden de

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Al revisar una determinación

de un tribunal de menor jerarquía, como Tribunal de Apelaciones, tenemos

la tarea principal de auscultar si el tribunal revisado aplicó correctamente el

derecho a los hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como regla general, los
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tribunales   apelativos   no      tenemos     la   facultad   de   sustituir   las

determinaciones     del    foro    de     instancia   con     nuestras   propias

apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; Serrano

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).

       Según ha resuelto reiteradamente nuestro Tribunal Supremo, “un

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este último

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”.

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000).

       La excepción a la norma general ocurre cuando la parte demuestra

al tribunal apelativo que el juzgador de instancia actuó motivado por: 1)

pasión, 2) prejuicio, 3) parcialidad, o 4) que incurrió en error

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. A tales

efectos, el Tribunal Supremo ha reiterado que los tribunales de mayor

jerarquía no debemos sustituir el criterio discrecional del tribunal inferior en

cuanto sus determinaciones interlocutorias procesales. Lluch v. España

Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909

(1986); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965); García v. Asociación,

165 D.P.R. 311 (2005).

                                     B.

       Los casos de relaciones de familia están permeados del más alto

interés público y tienen, además, un carácter sui generis. Figueroa

Hernández v. Del Rosario Cervoni, 147 DPR 121,128 (1998). Es doctrina

reiterada que en estos casos los tribunales han de regirse por el bienestar

y los mejores intereses del menor. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195

DPR 645 (2016).       Los tribunales están llamados a ejercer su poder

inherente, en la función de parens patriae del Estado, de velar por el mejor

bienestar de los menores. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra a la

pág.651; Pena v. Pena, 152 DPR 820,832-833 (2000). Conforme a las

prerrogativas que derivan del poder de parens patriae del Estado, un

tribunal puede ordenar la comparecencia de todas las personas que
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puedan ayudar a determinar la mejor manera de proteger el bienestar del

menor. Esta responsabilidad incluye, a su vez, la potestad de ordenar las

investigaciones de índole social que el tribunal entienda procedentes.

Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra a la pág.652; Pena v. Pena,

supra.

         Debemos puntualizar que el derecho a mantener relaciones paterno

o materno filiales, según sea el caso, es uno apremiante y repercute sobre

la política pública a tal punto que los tribunales “pueden regular las

relaciones paternofiliales, pero no pueden prohibirlas totalmente, a menos

que existan causas muy graves para hacerlo”. Sterzinger v. Ramírez, 116

DPR 762, 775 (1985). El derecho del padre o madre no custodio a

relacionarse con sus hijos menores tiene la naturaleza de un derecho-deber

de su titular, ya que está pensado y concebido no sólo para su propio

beneficio, sino eminentemente en beneficio del menor. Sterzinger v.

Ramírez,supra a la pág.776.

         Un trámite procesal dilatado en casos de esta naturaleza podría

develar un incumplimiento reprobable de un procedimiento que tiene como

norte brindar certeza y estabilidad al entorno familiar. Véase, Muñoz

Sánchez v. Báez de Jesús, supra a la pág.653.

                                   III

         Es la contención del señor Cordero González que incidió el TPI al

mantener suspendidas por el momento las relaciones paternofiliales de

este con los menores. Razona el peticionario que erró el foro primario al

tomar como base para su determinación interlocutoria una recomendación

de SEPI que no es concluyente en cuanto a enajenación parental y sin

escuchar prueba sobre las terapias recibidas por este, según ordenadas

previamente con el fin de autorizar relaciones paternofiliales supervisadas.

         Es preciso destacar que, a manera de excepción, la Regla 52.1,

supra, nos autoriza a revisar asuntos referentes a relaciones de familia y

que ejercemos dicha facultad discrecional conforme a los criterios de la

Regla 40, supra. Aunque en dicho ejercicio prevalece la norma de
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deferencia a la revisión de órdenes interlocutorias razonables, cuando el

foro primario incurre en un abuso de discreción o su determinación

interlocutoria ocasiona un fracaso de la justicia, ello nos coloca en la

posición de intervenir con la determinación del TPI.

      Mediante la Resolución y Orden recurrida por el peticionario, el foro

primario, tras examinar la Moción Sobre Estado del Caso y Solicitud de

Orden, presentada 5 de febrero de 2024 por la Sra. Janice Babá Rivera,

Trabajadora   Social del     Departamento     de   la   Familia,   acogió   la

recomendación del Grupo SEPI y entre otros asuntos, no autorizó por el

momento las relaciones paternofiliales del señor Cordero González

con los menores. Además, en la aludida Resolución y Orden recurrida, el

TPI concedió a las partes un término de veinte (20) días para notificar a la

Sra. Janice Babá Rivera las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas

realizadas al menor con médicos privados y concedió el mismo término

al señor Cordero González para notificar el informe médico que le

ofreció terapias sobre alienación parental, con los hallazgos y

recomendaciones.

       Tras un análisis de los hechos particulares que motivan la

presentación del recurso que nos ocupa, conforme a los criterios que

establece la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos vemos en la

imperativa necesidad de intervenir con la Resolución y Orden recurrida

mediante la expedición el auto de Certiorari, solicitado por el peticionario.

Aunque podría argumentarse que la determinación recurrida forma parte

del manejo del caso por parte del TPI, somos de la opinión que aquellos

extremos de la Resolución y Orden recurrida que mantienen

suspendidas las relaciones paternofiliales del peticionario se

distancian de los parámetros de razonabilidad en los que se apoyan

las normas de deferencia hacia las determinaciones interlocutorias

del TPI. Además, la denegatoria a la expedición el auto solicitado por el

señor Cordero González ocasionaría un fracaso de la justicia.
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       Aquellos extremos de la Resolución y Orden recurrida objeto del

presente recurso que mantienen en suspenso las relaciones paternofiliales

de este, solo a base de la recomendación del grupo SEPI se alejan de los

parámetros de razonabilidad, toda vez que el TPI arribó a dicha

determinación sin haber escuchado prueba sobre las terapias de alienación

parental recibidas por el señor Cordero González y sin haber analizado el

resultado de dichas terapias. Pesa además, en nuestro ánimo que según

surge del tracto procesal del caso, hace alrededor de un (1) año y medio

(1/2) que el peticionario no se relaciona con los menores. Concluimos que

con estos antecedentes y en consideración a los hechos particulares del

caso procede expedir el auto de certiorari solicitado por el peticionario y

revocar aquellos extremos de la Resolución y Orden recurrida en los que

el TPI determinó mantener suspendidas las relaciones paternofiliales del

del peticionario.   De igual forma procede ordenarle al foro primario la

celebración inmediata de una vista evidenciaria en la que escuche prueba

sobre las terapias recibidas por el señor Cordero González con el fin de

evaluar si procede autorizar las relaciones paternofiliales.

                                   IV

       Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de Certiorari y se revocan

aquellos extremos de la Resolución y Orden recurrida en los que el TPI

determinó mantener suspendidas las relaciones paternofiliales del

peticionario. En consecuencia se autorizan las visitas supervisadas del

peticionario y los menores y se ordena al foro primario la celebración

urgente de una vista evidenciaria en la que el TPI reciba y escuche

prueba sobre las terapias recibidas por el señor Cordero González, entre

otras pruebas, para dilucidar la determinación final de las relaciones

paternofiliales.
KLCE202400189                                                              10

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones