Court Opinion

ID: 9952395
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:22.59594+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:08.368102
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL V

                                                                  CERTIORARI
         SOMED LLC                                                procedente del
         Peticionario                                             Tribunal de Primera
                                                                  Instancia Fajardo
                 V.                    KLCE202400086
                                                                  Civil Núm:
                                                                  RG2023CV00165
    HIRAM GUADALUPE
         PÉREZ                                                    Sobre:
        Recurrido                                                 Desahucio en
                                                                  Precario

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Romero García y la Jueza Santiago Calderón1

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                      RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

        El 22 de enero de 2024, Somed LLC. (Somed o peticionaria)

compareció ante nos mediante una Petición de Certiorari y solicitó la

revisión de una Resolución que se dictó el 19 de diciembre de 2023

y se notificó el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI). En el aludido dictamen, el

TPI determinó que no procedía la solicitud de lanzamiento que

presentó la peticionaria ya que el Sr. Hiram Guadalupe Pérez (señor

Guadalupe o recurrido) no ocupaba la propiedad. Añadió que ya

había dictado Sentencia en contra del señor Guadalupe y que, por

ende, no existía ningún asunto por atender.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                               I.

        El 24 de marzo de 2023, Somed presentó una Demanda sobre

desahucio sumario en contra del señor Guadalupe.2 En esta, solicitó

el desalojo de este último de una propiedad ubicada en el municipio

1
  Se designó a la Jueza Santiago Calderón en sustitución de la Jueza Martínez Cordero conforme a
la OATA-2024-023.
2 Véase, págs. 1-5 del apéndice del recurso.

Número Identificador
RES2024 _____________________
KLCE202400086
                                                                     2

de Río Grande de la cual alegó que le pertenecía en pleno dominio.

Sostuvo que el recurrido pernoctaba en dicha residencia sin su

consentimiento o un contrato de arrendamiento.

       Luego de varios trámites procesales que no son pertinentes

discutir, el 15 de noviembre de 2023, el TPI dictó una Sentencia la

cual notificó el 17 de noviembre de 2023.3 En esta, tomando en

consideración las determinaciones de hechos que realizó, la prueba

documental y testifical debidamente juramentada que presentaron

las partes y conforme al derecho aplicable, declaró Ha Lugar la

solicitud de desahucio que presentó Somed. Además, le indicó a la

parte peticionaria que podría solicitar el lanzamiento cuando

transcurriera el término dispuesto en ley para ello. Finalmente, le

impuso una fianza en apelación por diez mil ($10,000.00) dólares a

la parte recurrida.

       Así las cosas, el 19 de diciembre de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción Solicitando Lanzamiento.4 Indicó que habían

transcurrido veinte (20) días desde que la referida Sentencia había

advenido final y firme y el señor Guadalupe todavía no había

desalojado la propiedad. Por otro lado, informó que tres (3) días

después de que se dictó Sentencia en contra del recurrido, este

último suscribió un contrato de arrendamiento con un tercero con

el propósito de evadir la Sentencia en su contra. Por las razones

antes expuestas, solicitó el lanzamiento del recurrido y/o cualquier

otra persona que estuviese poseyendo la propiedad.

       En respuesta, el señor Guadalupe presentó una Moción en

Torno Solicitud de Lanzamiento.5 En primer lugar, alegó que había

desalojado la propiedad objeto de controversia y, en consecuencia,

cualquier solicitud de lanzamiento era inoficiosa y académica. En

3 Íd., págs. 341-347.
4 Íd., págs. 371-373.
5 Íd., págs. 377-379.
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                                                                    3

cuanto al contrato de arrendamiento al que se refirió la parte

peticionaria, planteó que dicho contrato fue suscrito por la propia

parte peticionaria a través de su vicepresidente y en virtud y bajo

los términos de una Resolución Corporativa que se emitió el 13 de

agosto de 2020 que ya se había presentado en evidencia ante el TPI.

Afirmó que dicha Resolución les otorgaba autoridad a sus oficiales

para tomar ese tipo de acciones. Así pues, argumentó que la parte

peticionaria no podía pretender solicitar el desahucio de una tercera

persona que no formaba parte del presente pleito y que ostentaba la

posesión pacífica y legal de la propiedad, en virtud de un contrato

de arrendamiento que la propia entidad otorgó.

       Evaluadas las posturas de ambas partes, el 19 de diciembre

de 2023, el TPI dictó una Resolución que se notificó el 21 de

diciembre de 2023.6 Mediate dicho dictamen, resolvió que no

procedía la solicitud de lanzamiento toda vez que la parte recurrida

había informado que ya no ocupaba la propiedad. Además,

puntualizó que, en cuanto a los otros asuntos planteados, no tenía

nada que disponer ya que había emitido Sentencia en contra del

recurrido y, por lo tanto, no quedaba ninguno otro asunto pendiente

por atender.

       Posteriormente, el 28 de diciembre de 2023, Somed presentó

una Solicitud Urgente de Vista de Desacato y Remedios Adicionales.7

Insistió que el recurrido con la deliberada intención de desobedecer

la Sentencia que se dictó en su contra, ilícitamente y sin autoridad

para ello, suscribió un contrato de arrendamiento cediéndole la

posesión del inmueble objeto de esta controversia a un tercero. Sin

embargo, de igual forma, afirmó que el señor Guadalupe continuaba

ocupando la propiedad por lo que el contrato era más bien un

“ardid”. Por estas razones, le solicitó al TPI a que declarara incurso

6 Íd., pág. 381.
7 Íd., págs. 382-396.
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                                                                               4

en desacato al recurrido por no cumplir con la Sentencia del 17 de

noviembre de 2023, que señalara una vista con carácter de urgencia

para atender este asunto y que le impusiera honorarios por

temeridad al recurrido.

        Por su parte, el recurrido presentó una Oposición a Solicitudes

de Vista de Desacato […].8 Adujo que no procedía la solicitud de

desacato ya que había desalojado la propiedad y, por lo tanto, no

había     desobedecido        ninguna      orden     del   Tribunal.    Además,

argumentó         que    la   solicitud   de    la   peticionaria    únicamente

descansaba en su desacuerdo con la acción que tomó Somed por

conducto de su vicepresidente, a saber, el recurrido, mediante la

Resolución        Corporativa     que     presuntamente      le     brindaba   la

autorización para arrendarle la propiedad a un tercero. Esbozó que

ello nada tenía que ver con la controversia de desahucio del presente

caso ya que la posesión de la propiedad como cuestión de derecho

no estaba en sus manos. Por último, sostuvo que, por los

fundamentos         antes     expuestos,       tampoco     procedía    conceder

honorarios de abogado por temeridad.

        Considerando los planteamientos de ambas partes, el 9 de

enero de 2024 el TPI emitió una Resolución que fue notificada el 10

de enero de 2024 en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

desacato y honorarios por temeridad.9 Posteriormente, el 18 de

enero de 2024, Somed presentó una Urgente Moción Reiterando

Solicitud de Orden de Lanzamiento.10

        Inconforme con la Resolución que dictó el TPI el 19 de

diciembre de 2023, la peticionaria presentó el recurso de epígrafe y

formuló el siguiente señalamiento de error:

        Erró el TPI y abusó de su discreción al dictar la
        Resolución de 19 de diciembre de 2023, y no
        autorizar   el   lanzamiento    cuando    estaba

8 Íd., págs. 418-422.
9 Íd., pág.425.
10 Íd., págs. 428-435.
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      expresamente dispuesto en la Sentencia dictada
      como procede conforme a derecho. Es decir, el
      lanzamiento procede ante la Sentencia final, firme
      e inapelable.

      Atendido el recurso, el 25 de enero de 2024, emitimos una

Resolución concediéndole al señor Guadalupe hasta el 1 de febrero

de 2024 para presentar su postura en cuanto al recurso.

Oportunamente, el recurrido presentó un Memorando en Oposición

[…] y en este negó que el TPI cometiera el error que Somed le imputó.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes

procedemos a resolver.

                                  II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
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                                                                     6

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      En otros términos, al determinar si procede expedir o denegar

un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto

postsentencia,    debemos     evaluar    únicamente     los   criterios

enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. Íd. La aludida regla establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.
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García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones