Court Opinion

ID: 9952237
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:18.042328+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.862030
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

   EFRAÍN TORRES                                   Certiorari
 PÉREZ Y SU ESPOSA                                 procedente del
   MIRKA IVELISSE                                  Tribunal de
  CABRERA VÉLEZ                                    Primera Instancia,
                                                   Sala de Aguadilla
      Peticionarios          KLCE202400120
                                                   Sobre:
                                                   Expediente de
                                                   Dominio
        EX PARTE
                                                   Caso Número:
                                                   AG2023CV00744

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

      Comparece la parte peticionaria, Efraín Torres Vélez y su

esposa, Mirka Ivelisse Cabrera Vélez (¨peticionarios¨ o ¨matrimonio

Torres Cabrera¨), mediante recurso de certiorari. Solicitan la revisión

de la Orden dictada el 29 de diciembre de 2023 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Mediante el referido

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una moción de reconsideración

relativa a una denegatoria sobre petición de expediente de dominio.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

deniega la expedición del recurso de certiorari.

                                  I.

      El 12 de mayo de 2019, se inició ante el TPI un procedimiento

de expediente de dominio para la inmatriculación de una (1) finca

que no consta inscrita en el Registro de la Propiedad. La descripción

del inmueble, luego de una rectificación de mensura, es la siguiente:

      ---RÚSTICA: Predio de terreno localizado en el Barrio
      Galateo Bajo del término municipal de Isabela, Puerto
      Rico, con una cabida superficial de MIL CIEN (1100.00)
      METROS CUADRADOS, equivalentes a CERO PUNTO

Número Identificador
RES2024____________
KLCE202400120                                                               2

      DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (0.2799)
      DIEZMILESIMAS DE CUERDA, EN LINDES: por el
      NORTE, con Julia Pérez, por el SUR, con Sucn Vicente
      Torres, por el ESTE, con camino municipal y por el
      OESTE, con Ángel Torres y Sucn Gilberto Torres.-------
      -------------------------------------------------------------------
      ---Contiene       una       estructura       para      propósitos
      residenciales. --------------------------------------------------
      ---CATASTRO NÚMERO: 02-047-000-005-05-001.------

      En el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

(¨CRIM¨), el predio forma parte de una finca de mayor cabida, a

nombre de Rodolfo Montero Avilés. La ubicación de esta surge del

CRIM como: Bo. Arenales Altos, Carr. 4494 Km. Hm. 1.2, PR, Puerto

Rico, 00000.

      Luego de varios trámites, el 27 de octubre de 2023, se celebró

el juicio en su fondo. Ese mismo día, el TPI emitió una Orden de

Mostrar Causa a la parte peticionaria, por lo cual no debería

desestimar la Petición de Expediente de Dominio. Específicamente,

ordenó que expusieran sus posiciones respecto a la ubicación e

identificación de la propiedad en el CRIM y sobre el supuesto de que

la propiedad resulta ser una segregación de una finca de mayor

cabida.

      El 6 de noviembre de 2023, el matrimonio Torres Cabrera

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. Alegaron que no

requerían aprobación de la OGPe para la segregación de la finca, ya

que dicha finca se había formado como una independiente previo al

año 1940. Para sustentar su planteamiento, señalaron que

alrededor del año 1940, el predio fue vendido por Rafael Cajigas a

Vicente Torres Guzmán y su esposa, Andrea Rodríguez. Luego, en el

1951, Vicente Torres Guzmán y Andrea Rodríguez le vendieron el

predio de terreno a Virginia Pérez Aldarondo. Finalmente, el

matrimonio Torres Cabrera adquirió el predio de Virginia Pérez

Aldarondo en el 2011. El matrimonio Torres Cabrera alegó que,

junto a los dueños anteriores habían poseído la finca por más de 30

años. A los efectos de evidenciar el tracto procesal presentaron una
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Declaración Jurada de Miguel Antonio Torres Pérez en donde declaró

el tracto antes señalado. Apéndice de Certiorari, pág. 69.

      De su parte, 7 de noviembre de 2023, el Municipio de Isabela

presentó una Moción Objetando Expediente de Dominio y se opuso a

la Petición del matrimonio Torres Cabrera. El Municipio señaló que

existen incongruencias que ocasionan su oposición a la solicitud de

expediente de dominio.

      En primer lugar, alegó que anteriormente los peticionarios

habían admitido que la finca perteneció a una finca de mayor

cabida, pero nunca solicitaron a la OGPe autorización para su

segregación. Como resultado, agregaron que existe la posibilidad de

que la propiedad sea el producto de una división de un predio de

terreno de mayor cabida sin haberse obtenido la adecuada

autorización.

      En segundo lugar, expuso que la ubicación de la propiedad

objeto de la petición y la ubicación de la propiedad que aparece bajo

el número de catastro brindado por los peticionarios son distintas.

Además, la cabida que se hizo constar en el expediente de dominio

y la cabida que aparece en el CRIM son completamente distintas.

      El 21 de diciembre de 2023, el TPI emitió una Sentencia donde

declaró No Ha Lugar y desestimó sin perjuicio la Petición presentada.

En lo pertinente, el TPI dispuso que:

      No habiéndose presentado documentación alguna,
      que evidencia que el predio objeto de la Petición fue
      segregado de la finca de mayor cabida, se declara NO
      HA LUGAR la Petición y se desestima la misma, sin
      perjuicio. (Énfasis suplido).

      Así, el TPI determinó que los peticionarios no habían

presentado prueba que evidenciara que el predio objeto de la

Petición fue segregado de la finca de mayor cabida.

      Inconformes, el 28 de diciembre de 2023, el matrimonio

Torres Cabrera presentó una Moción de Reconsideración. En

síntesis, alegaron que de la Petición y prueba presentada surge que
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el predio no forma parte de una finca de mayor cabida. Además,

señalaron que cumplieron con los requisitos para conceder el

expediente de dominio. No obstante, el 29 de diciembre de 2023, el

TPI dictó una Orden y resolvió No Ha Lugar la reconsideración.

        Posteriormente, el 29 de enero de 2023, el matrimonio Torres

Cabrera presentó un Escrito de Certiorari solicitando de este

Tribunal la revisión de la Sentencia del 21 de diciembre de 2023.

Realizaron el siguiente señalamiento de error:

        Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la petición de
        expediente de dominio para inscribir en el Registro
        de la Propiedad un predio de terreno que se ha
        mantenido con la misma configuración física,
        dentro de sus mismas colindancias y dimensiones
        por más de 72 años, proveniente de una finca matriz
        no inscrita, por no haber presentado permiso de
        segregación.

        Los peticionarios adujeron que, están exentos de tener que

presentar documento alguno que certifique una autorización de

segregación del predio objeto de controversia. Alegaron que, a pesar

de que la posesión del predio ha pasado por distintos titulares, este

ha mantenido la misma configuración física desde el año 1940,

cuando se realizó el primer traspaso entre titulares. Argumentaron

que, para el año 1940 aún no habían sido creadas las agencias

gubernamentales facultadas para autorizar la segregación del

predio. Por ende, concluyeron que aplicar los requisitos de

segregaciones esbozados por la legislación vigente sería una

violación al Art. 9 del Código Civil de Puerto Rico, que prohíbe

aplicar las leyes de manera retroactiva. Finalmente, añadieron que,

un permiso de segregación solamente es necesario cuando la finca

principal haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad.

        El 1 de febrero de 2024, mediante Resolución le ordenamos al

Municipio de Isabela a presentar su oposición a la expedición del

auto.
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       En cumplimiento, el 8 de febrero de 2024, el Municipio de

Aguadilla presentó su Oposición a Certiorari. El Municipio alegó que,

tras una investigación de la propiedad realizada bajo el número de

catastro suministrado por los recurrentes, se desprende:

       (1) que dicha propiedad aparece a nombre de Rodolfo
       Montero Avilés, (2) que dicha propiedad ubica en la carr.
       4494 Km. Hm. 1.2, Isabela, P.R., (3) que dicha
       propiedad tiene una cabida de 41.83 cuerdas y (4) que
       dicha propiedad tiene deuda en el CRIM.

       Además, señalaron que las incongruencias sobre la ubicación

de la propiedad y la cabida impiden que puedan correctamente

identificar la propiedad. De esta manera, se les hace imposible

determinar si el Municipio tiene algún derecho sobre dicha

propiedad que impida que la misma sea objeto de dominio privado.

       Por otro lado, reiteraron que la propiedad objeto del

expediente de dominio formó parte de una finca de mayor cabida.

Sobre esto, el Municipio dispuso:

       A esos efectos, la parte recurrente de epígrafe erró:
          a. al no describir la finca de mayor cabida de donde
             surgió la propiedad objeto del expediente de
             dominio, según lo exige el subinciso ¨b¨ del
             artículo 185, supra;
          b. al no proveer una certificación registral de la finca
             de mayor cabida, tal y como lo exige el subinciso
             ¨d¨ del artículo 185, supra; y
          c. al no proveer evidencia de haberse realizado una
             segregación de conformidad con lo exigido en el
             subinciso ¨i¨ del artículo 185, supra.

Debido a estos errores, el Municipio se opuso a la expedición del

certiorari.

       Examinado el expediente en su totalidad, procedemos a

establecer el derecho aplicable y resolver.

                                   II.

A. El certiorari

       El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior. En esencia, se trata de un recurso extraordinario
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mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la

corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 800 Ponce

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163

(2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723,

728-729    (2016);   véase,   además,    Art.   670   del   Código   de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal

revisor. Íd.; IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y

órdenes interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León

Corp. v. American International Insurance, supra; Scotiabank de

Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo

pertinente, la referida regla dispone lo siguiente:

      [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a   privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones
      de familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y

la adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. No

obstante, tal discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios que

este foro tomará en consideración para ejercer prudentemente su

discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a saber:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para analizar el problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
         manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
         a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es
         la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia,

cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-

435 (2013). La discreción se nutre de un juicio racional apoyado en

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.

Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción judicial está

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

B. Expediente de Dominio

      El   mecanismo     de    expediente   de    dominio    es   un

procedimiento ex parte que le permite a todo propietario que carezca
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de título inscribible de dominio proceder con la inscripción de dicho

dominio.

      A su vez, el expediente de dominio no declara derechos, sino

que justifica la existencia de un título de dominio de la parte

promovente. Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 732 (1953). Es

por ello que, la única función del juez es declarar justificado o no el

dominio de los bienes de que se trate. Toro v. El Registrador de

Mayagüez, 25 DPR 472 (1917). Por lo tanto, “[l]a resolución

aprobatoria de un expediente de dominio no constituye cosa

juzgada, y no impide un ataque posterior a la resolución por quienes

no hayan litigado”. Rodríguez v. Registrador, supra.

       El procedimiento se encuentra regulado por el Artículo 185

de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA § 6291, conocida como la Ley

del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Puerto Rico. En lo

pertinente, dispone que todo propietario que carezca de título

inscribible de dominio, podrá hacerlo si cumple con los siguientes

requisitos:

      1. Presentará un escrito jurado en la sala del Tribunal de
      Primera Instancia correspondiente al lugar en que radiquen
      los bienes, o en la de aquél en que radique la porción de mayor
      cabida cuando se trate de una finca que radique en varias
      demarcaciones territoriales. Si se presenta el escrito ante una
      sala sin competencia, el tribunal de oficio, lo trasladará a la
      sala correspondiente. El escrito contendrá las siguientes
      alegaciones:
             a. Nombre y circunstancias personales del promovente
             y de su cónyuge, si lo tuviera, al momento de adquirir
             la propiedad y al momento de hacer la solicitud, si
             hubiera alguna diferencia.
             b. La descripción exacta de la propiedad con sus
             colindancias y cabida de acuerdo a los títulos
             presentados. De haberse practicado alguna mensura,
             deberá contener la cabida y colindancias que hayan
             resultado de la misma. Si la finca se formó por
             agrupación,       deberán,      además,       describirse
             individualmente las fincas que la integraron, y si fue por
             segregación se describirá la finca principal de la cual se
             separó.
             c. Número de Catastro según aparece en el Centro de
             Recaudación de Ingresos Municipales.
             d. Expresión de que la finca, así como las fincas
             constituyentes en caso de tratarse de una agrupación,
             o la finca de la que proviene si se trata de una
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            segregación, no constan inscritas en el Registro de la
            Propiedad.
            e. Una relación de las cargas que gravan la finca por sí
            o por su procedencia. En caso de no existir cargas, se
            expresará que está libre de cargas.
            f. Una relación de los anteriores dueños conocidos con
            expresión de las circunstancias personales del
            inmediato anterior dueño.
            g. El modo en que adquirió del inmediato anterior
            dueño.
            h. El tiempo que el promovente y los dueños anteriores
            han poseído la propiedad de manera pública, pacífica,
            continua y a título de dueños.
            i. El hecho de que la finca, o en caso de agrupación,
            las que la componen, mantuvieron la misma cabida
            y configuración durante los términos que disponen
            los Artículos 1857 y 1859 del Código Civil de Puerto
            Rico para que operen los efectos de la prescripción
            adquisitiva. Si la finca resulta ser una segregación
            de una finca de mayor cabida que consta inscrita, la
            segregación tiene que haber sido aprobada por la
            agencia gubernamental correspondiente mediante
            plano de inscripción. No constituirá justo título a los
            efectos de este Artículo, un título de dominio sobre
            una porción pro indivisa en una finca no segregada,
            ni el título que recae sobre una finca segregada de
            una finca inscrita en el registro.
            j. El valor actual de la finca.
            k. Las pruebas legales que se dispone a presentar.
            l. Las demás alegaciones que en derecho procedan en
            cada caso. […]. Íd. (Énfasis suplido).

      Por otra parte, el Art. 308 de la Ley Núm. 210-2015, 30

L.P.R.A. § 6541, establece que ¨[l]os expedientes de dominio que se

encuentren en tramitación ante los tribunales de justicia en la fecha

en que entre en vigor esta Ley, se regirán por la legislación anterior

sobre la materia¨. Cónsono con lo anterior, toda petición de

expediente de dominio presentada luego de la entrada en vigor de la

Ley Núm. 210-2015 se regirá bajo la legislación vigente.

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que de surgir en el

expediente de dominio una controversia sobre la validez del título o

de los derechos dominicales del peticionario, deberá dilucidarse en

el propio expediente de dominio, perdiendo su naturaleza ex―parte y

convirtiéndose en un juicio contencioso. Ríos v. Tribunal Superior, 77

DPR 79, 83 (1954). Ello representa ser la práctica judicial más

conveniente, ya que evita una duplicación en los procedimientos y
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mantiene la eficacia del expediente de dominio. Íd. El procedimiento

de expediente de dominio no se puede utilizar para obtener la

división de una propiedad obtenida en común pro indiviso. Oquendo

v. Registrador, 78 DPR 118 (1955).

                                       III.

       Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

                                 IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se deniega recurso de

certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones