Court Opinion

ID: 9408078
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:41.497144+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.433585
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

    RALPHIE R. PÉREZ                     Apelación
        AGOSTO                           procedente del
                                         Tribunal de Primera
          Apelado                        Instancia, Sala
                           KLAN202300427 Superior de Caguas
              vs.
                                            Caso Núm.:
     VÍCTOR OVALLE                          HU2019CV01610
        POLANCO
                                            Sobre:
          Apelante                          Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda del Toro, Juez Ponente

                          SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

      Este recurso de Apelación se presentó el pasado 12 de mayo

de 2023. En el documento que presenta el Sr. Víctor Ovalle

Polanco (aquí Apelante) originalmente, no se cumplió con la

Reglamentación requerida para completar un trámite de un

Recurso de apelación.

      Se le concedió a la parte peticionaria un término de diez

(10) días, contados desde la notificación de la Resolución del

pasado 17 de mayo de 2023, para acreditar haber cumplido en el

presente recurso con todos los requerimientos de conformidad con

la Regla 16 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. (4

LPRA Ap. XXII-B, R.16).

      En moción presentada por la parte recurrente el pasado 26

de mayo de 2023 y titulada Moción en Cumplimiento de Orden,

incluyó aquellos documentos básicos para completar un Recurso

de Apelación ante este Tribunal de Apelaciones.

Número Identificador

SEN2023 ________
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         Prescindimos de requerir la comparecencia de la parte

apelada.1

         Al evaluar la Petición corregida según nuestra orden no

vemos necesidad de trámite ulterior y procedemos a resolver la

Apelación.

                                       I.

         Este caso se presenta en el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas (en adelante TPI), el 15 de diciembre de

2019, por la parte demandante Ralphie R. Pérez Agosto, aquí

apelado. En esa demanda se reclamaba $5,976.75 por concepto

de servicios legales prestados por el aquí apelado al apelante. La

parte aquí apelada se amparó en la Regla 60 de las de

Procedimiento Civil vigentes, 32 L.P.R.A. Ap. V, Regla 60.

         Luego de múltiples trámites procesales, el 19 de junio de

2022, el TPI autorizó diligenciar emplazamiento por edicto al

ahora apelante y convirtió el caso a un trámite de cobro por vía

ordinaria. El 27 de enero de 2023, se publicó el edicto en un

periódico de circulación general. La parte apelante no compareció

al TPI hasta el 5 de abril de 2023, mediante Moción de

Reconsideración, luego de dictada una Sentencia en su contra el

17 de marzo de 2023.

         Mediante orden del TPI emitida el 12 de abril de 2023 y

notificada el 14 de abril de 2023, se le declaró No Ha Lugar a su

solicitud      de    Reconsideración.       El   apelante   presenta   otra

reconsideración el 14 de abril de 2023 y el TPI emite el 18 de abril

de 2023 otro No Ha Lugar y le añade: De no estar conforme, debe

recurrir al Tribunal de Apelaciones. El 12 de mayo de 2023

presenta este recurso incompleto y mediante Resolución del

1
    4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).
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pasado 17 de mayo de 2023, se le concedieron diez días para

acreditar haber cumplido en el presente recurso con todos los

requerimientos de conformidad con la Regla 16 del Reglamento

de este Tribunal de Apelaciones. (4 LPRA Ap. XXII-B, R.16).

      El pasado 26 de mayo de 2023 con el título Moción en

Cumplimiento de Orden, incluyó aquellos documentos básicos

para completar un Recurso de Apelación ante este Tribunal de

Apelaciones.

      Al   evaluar   la     petición    según      corregida,   entendemos

innecesario un trámite ulterior.

                                       II.

                                       A.

      El emplazamiento es un procedimiento establecido en

nuestro ordenamiento procesal civil y el mismo es de orígenes

constitucionales.    Ello    debido     a    que    tiene   como   finalidad

salvaguardar el derecho a un debido proceso de ley. Cónsono con

lo anterior, es por medio del emplazamiento que no sólo se le

notifica adecuadamente a la parte contraria las acciones en su

contra, para que así tenga la oportunidad de ser oído y

defenderse, sino que también le permite al tribunal adquirir

jurisdicción sobre la persona del demandado. Banco Popular v.

S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); León v. Rest. El

Tropical, 154 DPR 249, 257-258 (2001); First Bank of P.R. v.

Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998); Peguero y otros v.

Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995). A esos efectos,

nuestra jurisprudencia ha reiterado que el emplazamiento

representa el paso inaugural del debido proceso de ley que

viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial y su adulteración

constituye una flagrante violación al trato justo. Lucero v. San

Juan Star, 159 DPR 494, 507 (2003).
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      Dado a la envergadura de este trámite procesal, es que

nuestro ordenamiento exige un cumplimiento estricto de

los requisitos establecidos por las Reglas de Procedimiento

Civil para diligenciar el emplazamiento.               De   estos no

satisfacerse el tribunal no adquirirá jurisdicción sobre la persona

demandada. Lucero v. San Juan Star, supra; First Bank of P.R. v.

Inmob. Nac., Inc., supra, pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118

DPR 93, 98-99 (1986). (Énfasis nuestro).

      La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico,

al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los

Estados Unidos, garantizan que ninguna persona será privada de

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. El debido

proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y la procesal.

"[E]l debido proceso de ley procesal le impone al Estado la

obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de

libertad y propiedad del individuo se haga a través de un

procedimiento que sea justo y equitativo." Rivera Rodríguez & Co.

v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887 (1993); López Vives v.

Policía de P.R., 118 DPR 219 (1987).

      Para garantizar las exigencias mínimas del debido proceso

de   ley todo   procedimiento     adversativo   debe   satisfacer   lo

siguiente: 1) notificación adecuada del proceso; 2) proceso ante

un juez imparcial; 3) oportunidad de ser oído; 4) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en

su contra; 5) asistencia de abogado; y 6) que la decisión se base

en la evidencia presentada y admitida en el juicio. Hernández v.

Secretario, 164 DPR 390 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., supra, pág. 889.

      La característica medular de la garantía del debido proceso

de ley es que el procedimiento seguido sea uno justo. Rivera
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Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).       Así lo

ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico:

      La garantía esencial de la cláusula de debido proceso
      es que sea justa. El procedimiento debe ser
      fundamentalmente justo al individuo en la resolución
      de los hechos y derechos que sirven de base para
      aquellas acciones gubernamentales que le privan de
      su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones
      diferentes pueden imponer diferentes tipos de
      procedimientos, siempre está el requisito general de
      que el proceso gubernamental sea justo e imparcial.
      Id., citando a R. D. Rotunda, J. E. Nowak y J. N.
      Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and
      Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Sec.
      17.8.

      No obstante, la garantía del debido proceso de ley en su

vertiente procesal no es un molde riguroso que se da en el

abstracto, su naturaleza es eminentemente circunstancial y

pragmática, no dogmática. P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359, 377

(2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 542

(1993). “Cada caso exige una evaluación concienzuda de las

circunstancias envueltas.” P.A.C. v. E.L.A. I, supra, pág. 376.

      Se ha establecido que los procedimientos en rebeldía

conllevan que se estimen por aceptadas todas las alegaciones en

la demanda. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912,

931 (1996).    Ahora bien, lo anterior no significa que se admitirán

todos los hechos y todos los remedios reclamados sin más

consideración, pues la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra,

dispone que “[s]i para que el tribunal pueda dictar sentencia o

para ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una cuenta, o

determinar el importe de los daños, o comprobar la veracidad de

cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación

de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que

sean necesarias y adecuadas…” antes de dictar la sentencia en

rebeldía.     Cuando la parte contra la cual se solicita

sentencia en rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha
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parte será notificada del señalamiento de cualquier vista

en rebeldía que se celebre. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V,

R. 45.2.

                                 B.

        La Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.1, establece los plazos para presentar alegaciones responsivas.

Dicha Regla dispone en lo aquí pertinente, como sigue:

        Una parte demandada que se encuentre en
        Puerto Rico deberá notificar su contestación
        dentro de treinta (30) días de habérsele
        entregado copia del emplazamiento y de la
        demanda o de haberse publicado el edicto, si el
        emplazamiento se hizo conforme a lo dispuesto en la
        Regla 4.6 de este apéndice. […] (Énfasis nuestro).

        Por otra parte, es norma ampliamente conocida que nuestro

ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu proprio o a

solicitud de parte, le anote la rebeldía a una parte por no

comparecer a contestar la demanda o a defenderse como

estipulan las reglas, o como sanción.    Álamo v. Supermercado

Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). En ambas circunstancias,

el efecto de la anotación es que se dan por ciertos los hechos que

están    correctamente    alegados.    Regla   45.1   de   las   de

Procedimiento Civil, supra; Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR

172 (2015).

        El propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar el

uso de la dilación como estrategia de litigación. La rebeldía es la

posición procesal en que se coloca la parte que ha dejado de

ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su deber

procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580,

587-588 (2011); Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V.

        Según surge de la Regla 45.1, supra, uno de los

fundamentos para que proceda la anotación de rebeldía a una
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parte es cuando esta no presenta alegaciones responsivas dentro

del término concedido por ley o por un tribunal competente, aun

habiendo comparecido previamente mediante alguna moción sin

que surja la intención clara de defenderse.     Rivera Figueroa v.

Joe’s European Shop, supra, pág. 588. Un tribunal podría dejar

sin efecto la anotación de rebeldía cuando la parte promovente

incumple con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra; a modo

de ejemplo, cuando la otra parte no fue debidamente emplazada

o por error del tribunal. Id. págs. 592–593.

      La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que

la anotación de rebeldía tiene como consecuencia que se den por

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la

alegación que se haya formulado en contra del rebelde, y autoriza

al tribunal para que dicte sentencia si es que procede como

cuestión de derecho. Id., pág. 590.            La Regla 45.3 de

Procedimiento Civil dispone que el tribunal podrá dejar sin efecto

una anotación de rebeldía por causa justificada y cuando se haya

dictado sentencia en rebeldía podrá dejarla sin efecto de acuerdo

a la Regla 49.2, 32 LPRA Ap. V.

      El trámite en rebeldía se fundamenta en la obligación de los

tribunales de evitar que la adjudicación de causas se paralice

simplemente por el simple hecho de que una parte opte por

detener el proceso de litigación u opta por no defenderse.

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 931 (2008);

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).

Siendo esto así, la anotación de rebeldía es “un remedio coercitivo

contra la parte adversaria cuando, a pesar de tener la oportunidad

de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad, opta por

no defenderse”.   Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra.
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      De otra parte, La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, supra,

dispone lo siguiente:

      Toda sentencia concederá el remedio a que tenga
      derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando
      ésta no haya solicitado tal remedio en sus
      alegaciones.   Sin embargo, una sentencia en
      rebeldía no será de naturaleza distinta ni
      excederá en cuantía a lo que se haya pedido en
      la solicitud de sentencia. (Énfasis nuestro)

      En referencia al remedio a concederse por el tribunal al

dictar una sentencia, la Regla 42.4 dispone que el mismo será

aquel remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se

dicte. Es decir, que, aunque la parte promovente no invoque un

remedio particular o específico, el tribunal podrá conceder el

remedio que proceda en derecho. No obstante, en los casos de

sentencias dictadas en rebeldía, la Regla 42.4 establece unos

parámetros al limitar el remedio a la naturaleza de la causa de

acción que se invoca y, además, limita la cuantía en casos de

cobro o de fijación de cuentas a la cuantía que se haya pedido en

la solicitud de sentencia.

                                 III.

      En la controversia que nos ocupa, el apelante expone lo que

surge de los autos del caso, que como parte demandada nunca

compareció al pleito hasta que recibió la Sentencia que emitió el

TPI, lo que ocurre luego del TPI adquirir jurisdicción sobre la

persona   del   apelante     a   través   del   diligenciamiento   del

emplazamiento por edictos, pero el apelante, claramente enterado

de un trámite en su contra, nunca compareció al caso en el

Tribunal a defenderse.

      El diligenciamiento del emplazamiento por edictos se dirige

a la misma dirección del apelante que este admite que recibió la

sentencia y que indica como su dirección en la apelación.
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      No vemos ningún error en el trámite del caso por el TPI, es

un caso sencillo, que se debe haber atrasado por la pandemia

mundial decretada en el año 2020, como todo trámite pendiente

en nuestros tribunales en ese momento. Ello atrasó el caso, pero,

para beneficio del apelante que ahora pretende escudarse en

viajes y otras excusas para pedir que se le deje sin efecto una

rebeldía correctamente anotada y una Sentencia correctamente

dictada que procede confirmarse.

      Con esa corrección en el trámite, no procede nada que no

sea confirmar la sentencia que emitió el TPI.

                                IV.

      Por las razones previamente expuestas, las que hacemos

formar parte de esta Sentencia, se confirma la Sentencia contra

la que aquí se recurre mediante este recurso de apelación.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones