Court Opinion

ID: 9554706
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:19:31.021177+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:17.978865
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

MIGDALIA LÓPEZ GÓMEZ                            Apelación
                                                procedente del
         Apelante                               Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
                                                Superior de San Juan
             v.               KLAN202300292

                                                Caso Núm.:
ASOCIACIÓN DE                                   K AC2017-0014 (908)
EMPLEADOS DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO                                     Sobre:
                                                Sentencia Declaratoria
          Apelado

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece Migdalia López Gómez (señora López Gómez o

parte apelante) mediante recurso de Apelación y nos solicita la

revocación de la Sentencia emitida el 6 de diciembre de 2022,

notificada el 16 de diciembre de 2022, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario). Mediante el

referido dictamen, el foro primario desestimó con perjuicio la

demanda presentada por la apelante.

       Por   los    fundamentos      que   exponemos   a   continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                      I.

       Según surge del expediente ante nos, el 11 de enero de 2017,

la parte apelante presentó una Demanda1, por derecho propio, sobre

sentencia declaratoria, interdicto preliminar y permanente, daños y

perjuicios contra la Asociación de Empleados del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico (AEELA), el Estado Libre Asociado de Puerto

1 Véase apéndice del recurso, págs. 124-132.

Número Identificador
SEN2023__________
KLAN202300292                                                               2

Rico (ELA) y la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) (en

conjunto parte apelada). En síntesis, alegó que el 3 de octubre de

2016 su patrono, la AEELA, le notificó mediante carta que era

elegible para acogerse al Programa de Preretiro Voluntario

(Programa de Preretiro) creado por la derogada Ley Núm. 211 de 8

de diciembre de 2015, según enmendada, conocida como Ley del

Programa de Preretiro Voluntario (Ley Núm. 211-2015)2, por lo que

debía indicar, dentro del término de treinta (30) días, si interesaba

acogerse al mismo. Sin embargo, adujo la parte apelante que dicha

notificación fue defectuosa debido a que la AEELA no cualifica para

implementar el Programa de Preretiro a sus empleados por ser una

agencia deudora de la ASR. Por otro lado, alegó que la AEELA tenía

la obligación legal de indicar con certeza la cantidad de la pensión

que se le estaba ofreciendo, de manera que la demandante pudiera

ofrecer un consentimiento ilustrado, pero solo se le informó una

pensión aproximada, sin certeza. Además, señaló que la Ley Núm.

211-2015 dispone que de aceptar el preretiro, se entendería que

renuncia a toda causa de acción laboral. Por tanto, sostuvo que, la

Ley    Núm.      211-2015       adolece    de    defectos    de     naturaleza

constitucional.

       El 9 de febrero de 2017, la ASR presentó una Moción en

solicitud de desestimación3 en la que alegó que, la controversia

planteada por la parte apelante versa sobre la constitucionalidad de

la Ley Núm. 211-2015 y el proceso que ha llevado a cabo su patrono,

la AEELA, en cuanto a su solicitud de preretiro. Así, señaló que,

según dispone el Art. 12(b) de la Ley Núm. 211-2015, le compete al

director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) implementar

dicha ley, por lo cual sostuvo que procede la desestimación de la

acción en su contra.

2 3 LPRA ant. sec. 9261, et. seq.
3 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 1-2.
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       Posteriormente, el 27 de febrero de 2017, la parte apelante

presentó una Demanda enmendada4 a los fines de incluir una causa

de acción basada en la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991,

según enmendada, conocida como Ley contra el Despido Injusto o

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro

Legislativo, Administrativo o Judicial (Ley Núm. 115-1991)5 Además,

añadió a oficiales de la AEELA y a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) como demandados.

       Por su parte, el 1 de diciembre de 2017, la AEELA presentó

Moción de desestimación a demanda enmendada y moción in limine6.

En esencia, arguyó que la parte apelante nunca se acogió al

Programa de Preretiro ni inició los trámites pertinentes. Por ello,

argumentó que la reclamación de la parte apelante se tornó

académica debido a que la Ley Núm. 211-2015 fue derogada por la

Ley Núm. 106 de 23 de agosto de 2017, según enmendada, conocida

como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y

Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los

Servidores Públicos (Ley Núm. 106-2017)7, por lo que no existe un

trámite pendiente ante la consideración de la OGP. Además, se

solicitó la eliminación de las alegaciones contra el representante

legal de la AEELA por expresiones hechas en vista celebrada el 13

de febrero de 2017.

       El 12 de marzo de 2018, la parte apelante presentó una

Oposición preliminar a la moción de desestimación y moción in

limine8. Adujo que el escrito presentado por la AEELA no procede en

derecho ni como cuestión procesal ni como cuestión sustantiva.

Añade que la Ley Núm. 211-2015 no opera en el vacío y no confiere

facultades ultra vires a la AEELA para hacer determinaciones, tomar

4 Véase apéndice del recurso, págs. 135-165.
5 29 LPRA sec. 194.
6 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 3-33.
7 3 LPRA sec. 9531 et seq.
8 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 260-265.
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decisiones y realizar procedimientos de manera ilegal y antijurídica.

En cuanto a la moción in limine, señala que necesita un tiempo

adicional para ser considerada y evaluada por su representación

legal. Por último, sostiene que la reclamación instada contra la

AEELA no se ha tornado académica.

         El 17 de abril de 2018, la AELLA presentó una Réplica a

moción a “moción preliminar a moción de desestimación y moción in

limine9. En su escrito reiteró lo argumentos previamente expuestos.

         Luego de varios trámites procesales que no son necesarios

pormenorizar, el 6 de diciembre de 2022, notificada el 16 de

diciembre de 2022, el TPI emitió una Sentencia10 mediante la cual

desestimó con perjuicio la demanda presentada por la apelante. En

específico, el foro primario resolvió lo siguiente:

            [S]e declara HA LUGAR la Moción en solicitud de
         desestimación a demanda enmendada y moción in limine
         presentada el 1 de diciembre de 2017 y la Réplica a moción
         en oposición de moción de desestimación presentada por la
         demandada Administración de los Sistemas de Retiro suscrita
         por la parte demandante y Moción reiterando solicitud de
         desestimación presentadas por la Asociación el 1 de diciembre
         de 2017 y el 17 de abril de 2018 presentada el 4 de diciembre
         de 2020, ambas presentadas por la Asociación. Además, se
         declara HA LUGAR la Moción en solicitud de desestimación
         presentada el 9 de febrero de 2017 por Sistemas de Retiro.
         (Énfasis en el original)11.

         En desacuerdo, el 3 de enero de 2023, la parte apelante

presentó una Moción en solicitud de determinaciones de hechos

adicionales y reconsideración12. Por su parte, el 16 de febrero de

2023, la AEELA presentó su oposición13. El 7 de marzo de 2023,

notificada el 8 de marzo de 2023, el foro primario emitió Resolución14

mediante la cual denegó la moción instada por la parte apelante.

9   Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 266-285.
10 Véase apéndice del recurso, págs. 21-43.
11 Véase apéndice del recurso, pág. 43.
12 Véase apéndice del recurso, pág. 4-19.
13 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, págs. 741-856.
14 Véase apéndice del recurso, págs. 1-2.
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      Inconforme, el 10 de abril de 2023, la parte apelante acude

ante este Tribunal mediante recurso de Apelación en el que le

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores:

          Error Número Uno: Erró el TPI al desestimar la Demanda
      Enmendada de la demandante de manera contraria el estado
      de derecho aplicable a la evaluación necesaria para una
      desestimación sumaria de una demanda, por dejar de
      exponer una reclamación al que se le pueda conceder un
      remedio, al no tomar en consideración que en la misma se
      especificó que la demandada le había informado a la
      demandante, durante una vista efectuada el 13 de febrero
      de 2017, que no le reconocería ni concedería el preretiro, así
      que la denegatoria y la causa de acción por daños
      relacionadas, tal como la de represalias contenidas en la
      Demanda Enmendada del 27 de febrero de 2017, se había
      configurado antes de la aprobación de la Ley 106 de 2017 el
      23 de agosto de 2017, aprobada seis meses más tarde,
      especialmente cuando esta legislación no tenía el efecto de
      justificar una desestimación de la Demanda Enmendada de
      la demandante, ni tornaba la acción en una académica (como
      no se han tornado académico numerosos otros casos que
      han realizado reclamaciones relacionados con el Programa
      de Preretiro creado por la Ley 211 de 2017).

          Error Número Dos: Erró el TPI al entender que no era
      aplicable al caso de epígrafe lo resuelto por el TA en el caso
      Vilma Ortiz v. Estado Libre Asociado, SJ2020CV00176,
      puesto que, según surge de la propia Sentencia de la cual se
      apela, el TPI entendió erróneamente que ese caso era
      distinguible puesto al de la demandante, puesto que
      supuestamente la señora Ortiz había presentado su solicitud
      para acogerse al preretiro, mientras que la demandante no
      la había presentado cuando lo cierto es que ninguna
      presentó la solicitud por causas atribuibles a los patronos
      incumplidores: por esta razón el TA autorizó a la señora Ortiz
      enmendara su demanda para incluir al patrono como parte
      demandada       para   hacerle     a   este    los   reclamos
      correspondientes.

          Error Número Tres: Erró el TPI al entender que la
      “derogación” de la Ley 211 de 2015 a que se refiere la Ley
      106 de 2017 tiene el efecto legal de hacer que la demandante
      no tenga causa de acción, sin tomar en consideración el
      mencionado caso de Ortiz v. Estado Libre Asociado,
      SJ2020Cv00176, caso presentado ante los foros judiciales
      luego de la aprobación de la Ley 106 de 2017, así como otros
      varios casos llevados a la atención del foro judicial con
      reclamaciones también relacionadas con el preretiro provisto
      por la Ley 211 de 2015 donde se le estaba negando a los
      empleados también el preretiro, todas presentadas ante el
      foro judicial luego de la aprobación de la Ley 106 de 2017 y
      consideradas tanto por el TPI y por este Honorable TA. Se
      hizo evidente en la jurisprudencia que la Ley 106 de 2017 no
      tenía como efecto legal el que se pudieran desestimar las
      acciones que estuvieran reclamando preretiro, aún en casos
      en que las solicitudes de preretiro de los empleados no se
      hubieran sometido ante la Oficina de Gerencia y
      Presupuesto.

         Error Número Cuatro: Erró el TPI al entender que no era
      necesario que la Asamblea de Delegado y su Comité Ejecutivo
      aprobaran la implantación del Programa de Preretiro en la
      Asociación antes de entregar la “Notificación de Elegibilidad”
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       a la demandante como empleada de la Asociación para
       ofrecerle preretiro.

           Error Número Cinco: Erró el TPI al resolver que era
       suficiente la “intención de pagar” (sin plan de pago, según
       exigido por la Ley 211 de 2015) de la Asociación para que la
       “Notificación de Elegibilidad” entregada a la demandante
       fuera válida a la fecha en que se le entregó a la demandante,
       el 3 de octubre de 2016.

           Error Número Seis: Erró el TPI al indicar que la
       demandada no tenía obligación legal alguna de indicar
       alguna certeza en cuanto a la cantidad de la pensión
       “aproximada” que se le estaba ofreciendo, de manera que la
       demandante pudiera ofrecer un consentimiento ilustrado
       para poder considerar la oferta de preretiro y no toma en
       consideración tampoco que el patrono tenía la obligación
       legal de dar a la empleada una orientación de naturaleza
       financiera relacionada con su retiro, según exigido de
       manera expresa por la Ley de Preretiro, Ley Número 211 de
       2016.

       El 8 de mayo de 2023, la AEELA presentó una Solicitud de

orden al amparo de las Reglas 16 (E) y 74 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones. El 10 de mayo de 2023, la AEELA presentó Alegato

en oposición a recurso de apelación. En síntesis, adujo que la parte

apelante carece de capacidad jurídica para cuestionar los méritos y

fundamentos de la Sentencia apelada debido a que nunca presentó

solicitud para acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 211-2015.

Destacó que la referida ley fue derogada por la Ley Núm. 106-2017,

por lo que la reclamación de la parte apelante se tornó académica.

       El 30 de mayo de 2023, la Junta de Retiro del Gobierno de

Puerto Ricio presentó Moción informativa, en solicitud de orden y

uniéndonos al alegato en oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nuestra consideración.

                                      II.

                                      -A-

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil15, en su inciso 5

establece como fundamento para la desestimación de un pleito, el

15 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689,

701 (2012).
KLAN202300292                                                                     7

“[d]ejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de

un remedio16. En lo pertinente, la referida regla dispone:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
       se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
       de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
       mediante una moción debidamente fundamentada:

       (1) Falta de jurisdicción sobre la materia.

       (2) Falta de jurisdicción sobre la persona.

       (3) Insuficiencia del emplazamiento.

       (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.

       (5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la
       concesión de un remedio.
       (6) Dejar de acumular una parte indispensable17.

       La citada regla establece los fundamentos para que una parte

en un pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su

contra mediante moción fundamentada por cualquiera de los

motivos en ella expuestos18. En particular, la Regla 10.2 (5) de

Procedimiento Civil, supra, dispone que el demandado puede

fundamentar su solicitud de desestimación en que la demanda no

expone “una reclamación que justifique la concesión de un remedio”.

En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a los méritos de

la controversia y no a los aspectos procesales19.

       En estos casos, procede la desestimación de la reclamación

judicial cuando surja de los hechos bien alegados en la demanda

que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno20. Para

llegar a dicha conclusión, es necesario que el tribunal considere

ciertas todas las alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de

manera clara en la demanda21. A su vez, las alegaciones deberán ser

interpretadas “de forma conjunta, liberal y lo más favorable posible

16 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); 32 LPRA Ap.

V, R. 10.2(5).
17 Íd.
18
   Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); El Día, Inc. v.
Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013).
19 Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).
20 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).
21 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).
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para la parte demandante”22. Es decir, la demanda no deberá ser

desestimada a menos que se desprenda con toda certeza que el

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de su

reclamación23.

         Tal y como expresa el Tribunal Supremo, lo más importante a

la hora de evaluar la procedencia de una moción de desestimación

es lo siguiente:

         Tiene que demostrarse de forma certera en ella que el
         demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo
         cualquier estado de [D]erecho que se pudiese probar en
         apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo
         más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz v. Junta de
         Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora
         Development, 187 DPR 649 (2013).

                                      -B-

         La derogada Ley Núm. 211 de 8 de diciembre de 2015,

conocida como Ley del Programa de Preretiro Voluntario (Ley Núm.

211-2015)24, creó el Programa de Preretiro Voluntario (Programa de

Preretiro), el cual ofrecía a los empleados en el servicio de carrera,

la oportunidad de separarse voluntariamente de sus funciones al

cumplir con ciertos requisitos del retiro25.

         Para participar del Programa de Preretiro, los empleados

debían satisfacer ciertos requisitos de elegibilidad. Conforme a la

Ley      Núm.    211-2015,     el   procedimiento      para    posibilitar   la

participación del programa era uno interagencial y el Director de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ostentaba la facultad para

implantarlo26. Asimismo, este tenía el poder para establecer el

procedimiento para su implementación27. No obstante, la ley

22 Íd.
23 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).
24 3 LPRA ant. sec. 9261 et seq. Esta Ley fue derogada por la Ley Núm. 106 de 23

de agosto de 2017, según enmendada, conocida como Ley para Garantizar el Pago
a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para
los Servidores Públicos, 3 LPRA sec. 9531.
25 Art. 3 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9262.
26 Art. 12 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9271.
27 Íd.
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estableció unos estándares mínimos con los que debía cumplir dicho

procedimiento. Así, dispuso que cada entidad gubernamental,

siempre que cualificara y estuviera interesada, debía presentar la

solicitud para acogerse al Programa de Preretiro. Dicha solicitud

debía incluir la Tasación de Implementación y el Plan Patronal de

Preretiro28. La Tasación de Implementación del Programa de

Preretiro se debía presentar a la OGP en un término no mayor de

sesenta (60) días desde que la ley entró en vigor29.

         Una vez presentada la solicitud, la OGP tenía un término

máximo de sesenta (60) días, prorrogables por treinta (30) días

adicionales, para evaluar su viabilidad. La OGP solo podía aprobar

la solicitud si se determinaba que, en efecto, representaba un ahorro

para la entidad gubernamental30. Por otro lado, la Ley también

dispuso que notificaría al empleado su elegibilidad para solicitar al

Programa31. A partir de dicha notificación, el empleado tenía

treinta (30) días para ejercer su opción de participar en el

Programa de Preretiro32.

         Posteriormente se aprobó la Ley Núm. 170 de 9 de agosto de

2016 para enmendar varios artículos de la Ley Núm. 211-2015. No

obstante, la Ley Núm. 211-2015 fue derogada por la Ley Núm. 106

de 23 de agosto de 2017, según enmendada, conocida como “Ley

para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un

Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos

(Ley Núm. 106-2017)33. Con relación al Programa de Preretiro, el

Artículo 7.1 de esta Ley dispone:

         a) Se deroga la Ley 211-2015, según enmendada, conocida
         como “Ley del Programa de Preretiro Voluntario”. No
         obstante, se garantizan todos los derechos y obligaciones
         creados al amparo de dicho estatuto.

28 Íd.
29 Art. 4 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9263.
30 Art. 12 de la Ley Núm. 211-2015, 3 LPRA ant. sec. 9271.
31 Íd.
32 Íd.
33 3 LPRA sec. 9531 et seq.
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       b) Aquellos Preretirados que se encuentran participando del
       Programa de Preretiro Voluntario al momento de aprobarse
       la presente Ley, continuarán disfrutando del mismo de
       acuerdo a las disposiciones establecidas bajo la Ley 211-
       2015, según enmendada.

       c) Las solicitudes de Preretiro, conforme al Programa de
       Preretiro Voluntario que hayan presentado debidamente los
       Participantes a la fecha de aprobación de esta Ley,
       continuarán el trámite ordinario. Se garantizarán los
       mecanismos de revisión, según dispuestos en la Ley 211-
       2015, según enmendada, y cualquier otro estatuto
       aplicable.

       d) Se les garantizará a los Participantes cuyos beneficios de
       Preretiro hayan sido previamente aprobados por la Oficina
       de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto en la
       Ley 211-2015, según enmendada, el acogerse a los beneficios
       de dicho Programa.

       e) En o antes del 1 de agosto de 2019, la Oficina de Gerencia
       y Presupuesto deberá revaluar las solicitudes de Preretiro
       que fueron presentadas oportunamente por las entidades
       gubernamentales conforme al Programa de Preretiro
       Voluntario y denegadas por la Oficina de Gerencia y
       Presupuesto. El periodo antes expresado podrá ser extendido
       por OGP de existir circunstancias extraordinarias que
       ameriten dicha gestión. Ley Núm. 106-201734. (Subrayado
       nuestro).

       Con la aprobación de esta Ley se declaró un estado de

emergencia financiera de los sistemas de retiro35. De manera

simultánea, se estableció como política pública del Estado la

protección de las pensiones de los empleados públicos retirados

partícipes de ciertos programas36. A esos fines, si bien se derogó el

Programa de Preretiro, se mantuvo un procedimiento para continuar

atendiendo      las    solicitudes     presentadas        y   garantizar     las

participaciones activas del mismo37.

                                      -C-

       Los tribunales solamente podemos evaluar aquellos casos que

son justiciables38. Una controversia no es justiciable cuando: (1) se

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece

de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito

34 3 LPRA sec. 9581.
35 3 LPRA sec. 9533.
36 3 LPRA sec. 9534.
37 3 LPRA sec. 9581.
38 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011).
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han tornado la controversia en académica; (4) las partes están

tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta

promover un pleito que no está maduro39. Las doctrinas que dan

vida al principio de justiciabilidad son: legitimación activa,

academicidad y cuestión política40.

       Entre estas doctrinas, la academicidad es una de las que

establece los límites de la judicatura41. Requiere que, en todo pleito

presentado ante un tribunal, exista una controversia real entre las

partes42. Un caso se vuelve académico cuando el asunto en

controversia sucumbe ante el paso del tiempo, “ya sea porque

ocurrieron cambios en los hechos o el derecho, y la misma se vuelve

inexistente”43. En consecuencia, el dictamen que emita el tribunal

no tendrá un efecto práctico entre las partes44. Es decir:

       Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por
       academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite
       judicial de una controversia particular que hacen que ésta
       pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda
       dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno
       en cuanto a esa controversia45.

       Por ausencia de caso o controversia o por motivo de

autolimitación judicial, “los tribunales debemos abstenernos de

considerar los méritos de un caso cuando determinemos que el

mismo se ha tornado académico”46. Ahora bien, existen cuatro

excepciones a esta doctrina, a saber:

       (1) cuando se presenta una controversia recurrente y capaz
       de evadir revisión judicial; (2) cuando la situación de hechos
       ha sido modificada por el demandado pero no tiene visos de
       permanencia; (3) cuando la controversia se ha tornado
       académica para el representante de una clase pero no para
       otros miembros de la clase; y (4) cuando persisten
       consecuencias colaterales que no se han tornado
       académicas47.

39 Íd., págs. 68-69.
40 Sánchez v. Srio. de Justicia, 157 DPR 360, 370 (2002).
41 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 73.
42 Íd.; Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).
43 Íd; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012).
44 Íd.; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.
45 Íd., citando CEE v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 (1993).
46 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 73.
47 Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010).
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         Sin embargo, dichas excepciones “tienen que usarse con

mesura, pues no se pueden obviar los límites constitucionales que

inspiran la doctrina de academicidad”48. El propósito de la doctrina

de academicidad es evitar que una determinación que se tornó

académica continúe en vigente y obligue a las partes49. Por tal razón,

procede la desestimación del caso y el tribunal no tiene discreción

para negarse, salvo que esté presente alguna de las excepciones50.

En esa línea, “la desestimación deja el camino libre a la litigación

futura de las disputas entre las partes y preserva sus derechos, sin

perjudicar a ninguna de ellas por una decisión que era meramente

preliminar”51.

                                       III.

         En su recurso, la parte apelante solicita la revisión de la

Sentencia emitida el 6 de diciembre de 2022, notificada el 16 de

diciembre de 2022 por el TPI, mediante la cual desestimó con

perjuicio la demanda instada por la parte apelante. Un examen

minucioso del expediente ante nos mueve a concluir que resulta

forzoso confirmar la Sentencia apelada.

         En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguye

que el 13 de febrero de 2017, cuando se celebró una vista ante el

TPI, se configuró un caso de represalia porque presuntamente la

AEELA le informó que no le concedería el preretiro y esto ocurre seis

(6) meses antes de que se apruebe la Ley Núm. 106-2017. No

tenemos criterios para alterar las determinaciones fácticas del foro

sentenciador debido a que no se presentó la transcripción de la

prueba oral. Por tanto, no estamos en posición de intervenir con este

asunto.

48 Íd.
49 Íd., pág. 975.
50 Íd., pág. 974.
51 Íd., pág. 975, citando a Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576, 581 (2009), citando a

su vez a U.S. v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950).
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         También, en el primer señalamiento de error, la parte apelante

argumenta que su reclamación no se tornó académica porque la Ley

Núm. 106-2017 no disponía que la demanda presentada bajo la

normativa anterior, Ley Núm. 211-2015, debía ser desestimada.

         La Ley Núm. 211-2015 tenía varios requisitos de estricto

cumplimiento, no obstante, referente a los empleados notificados

sobre su elegibilidad para acogerse a los beneficios del Programa de

Preretiro, estos tenían treinta (30) días calendario para ejercer su

opción de participar en el Programa de Preretiro52. Por otro lado,

con la aprobación de la Ley Núm. 106-2017, el Artículo 7.1 mantuvo

un procedimiento para continuar atendiendo las solicitudes

presentadas y garantizar las participaciones activas del mismo 53.

Ahora bien, en el caso de autos, la apelante no cumplió con el

requisito de ejercer su opción de participar en el Programa de

Preretiro, por lo que la determinación del foro primario, en cuanto a

que la apelante no puede acogerse al preretiro, es correcta54.

Además, reiteramos la norma de nuestro Tribunal Supremo respecto

a que “[u]n caso se torna académico cuando ocurren cambios en su

trámite, ya sea en los hechos o en el derecho, que convierten la

controversia en inexistente, de manera tal que el dictamen que

tuviera a bien emitir el tribunal no tendría efecto práctico sobre las

partes”55. Por tanto, el primer error señalado no fue cometido.

         Atenderemos el segundo y tercer error de forma conjunta por

su estrecha relación. En el segundo y tercer error, la apelante alega

que el TPI incidió al interpretar el caso Ortiz Ortiz v. ELA,

KLAN202000928. Tras revisar la Sentencia del referido caso,

atendido por un panel hermano, colegimos que es un hecho

indiscutible que en el caso que nos ocupa la parte apelante no

52 Íd.
53 3 LPRA sec. 9581.
54 Véase, Sentencia, apéndice del recurso, pág. 39.
55 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012).
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cumplió con el requisito básico de notificar su intención de

participar en el Programa de Preretiro. Las alegaciones presentadas

por la parte apelante en cuanto a que no presentó la solicitud por

causas atribuibles a su patrono, la AEELA, son imprecisas,

superfluas y constituyen meras generalidades carentes de detalles

sobre las circunstancias particulares. El segundo y tercer error no

fueron cometidos.

         En su cuarto señalamiento de error, la parte apelante alega

que incidió el TPI porque la Asamblea de Delegados y el Comité

Ejecutivo aprobaron la implantación del Programa de Preretiro luego

de haberle notificado su elegibilidad. La Ley Núm. 211-2015 exigía

que cada empleado de entidad gubernamental, siempre que

cualificara y estuviera interesado, debía presentar la solicitud para

acogerse al Programa de Preretiro. Dicha solicitud debía incluir la

Tasación de Implementación y el Plan Patronal de Preretiro56. La

Tasación de Implementación del Programa de Preretiro se debía

presentar a la OGP en un término no mayor de sesenta (60) días

desde que la ley entró en vigor. Art. 4 de la Ley Núm. 211-201557.

Surge del expediente que la AEELA cumplió su deber ministerial al

ejecutar adecuadamente la Ley Núm. 211-2015. Sin embargo, aun

entendiendo que este error pudo haberse cometido, del expediente

no surge tan siquiera cómo este error incide en que la parte apelante

no haya tomado su decisión voluntaria e individual de beneficiarse

del Programa de Preretiro. A tenor con ello, el planteamiento de la

parte apelante resulta frívolo, fútil y totalmente inmeritorio, por lo

que no justifica la concesión de un remedio judicial. El cuarto

señalamiento de error no se cometió.

         Referente al quinto señalamiento de error, la parte apelante

arguye que la notificación de elegibilidad es defectuosa debido a que

56 Íd.
57 3 LPRA ant. sec. 9263.
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su patrono, la AEELA, no había consumado el proceso interagencial

para cuestionar la deuda notificada por la ASR. Coincidimos con el

TPI en cuanto especificó que la Ley Núm. 211-2015 delegó a la OGP

crear un protocolo para impugnar la alegada deuda notificada por

la ASR58. Como surge del expediente apelativo, la AEELA cuestionó

válidamente la deuda dentro del cauce administrativo59. Así pues,

colegimos que las controversias interagenciales deben ser resueltas

por las agencias concernientes y, para ello, la propia Ley Núm. 211-

2015 establece un procedimiento relacionado con el pago de deuda.

La situación que pudo haber existido entre la AEELA y la ASR no le

privó a la parte apelante de acogerse al Programa Preretiro. Es un

hecho demostrado ante el TPI que la empleada incumplió en

responder a la notificación remitida el 3 de octubre de 2016 por la

AEELA para ser benefactora del Programa de Preretiro. Fíjese que,

el Artículo 9 de la referida Ley Núm. 211-2015 establecía que toda

elección del empleado para participar en el Programa sería final e

irrevocable. No obstante, esta situación no ocurrió porque la parte

apelante nunca se acogió al programa. El quinto error señalado no

fue cometido.

       Por último, discutiremos el sexto señalamiento de error. La

parte apelante sostiene que no pudo considerar la oferta de preretiro

por   no   tener    conocimiento      de   la   cantidad     exacta   que   le

correspondería como pensión. Surge del expediente apelativo que la

AEELA cumplió con los parámetros de la Ley Núm. 211-2015 en

cuanto a que orientó y le notificó a la parte apelante su elegibilidad

al Programa de Preretiro60. No nos convencen los argumentos

presentados por la parte apelante. Colegimos que las alegaciones

vacías a esos efectos son, desde el punto de vista de justicia

58 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, pág. 675.
59 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, pág. 786.
60 Véase apéndice del alegato en oposición de la AEELA, pág. 93.
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apelativa, jurídicamente inconsecuentes y las tenemos por no

puestas.

      Luego de examinar el expediente apelativo, así como los

argumentos esgrimidos por las partes, resolvemos que no le asiste

la razón a la parte apelante. Nada en el tracto del caso sugiere que

la AEELA incumplió con la Ley Núm. 211-2015. Concurrimos con el

foro primario en que aquí había un solo curso de acción: la

desestimación de la Demanda.

                                IV.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia

apelada.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones