Court Opinion

ID: 9952132
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:20:02.08675+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:48.285891
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL XI

                                                    Apelación procedente del
    JUDITH SÁNCHEZ                                    Tribunal de Primera
       SANTIAGO                                    Instancia, Sala Superior de
                                                             Caguas
           Apelante
                                KLAN202400042            Civil Núm.:
                                                       CG2019CV02903
               v.                                        Salón; 702

                                                            Sobre:
      MUNICIPIO DE                                      Discrimen por
        JUNCOS                                      Impedimento (Ley #44),
                                                    Ley de Represalias en el
            Apelado                                 Empleo (Ley #115-1991)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

        Comparece la señora Judith Sánchez Santiago (señora Sánchez

Santiago o apelante) mediante un Escrito de Apelación. En su recurso,

nos solicita la revocación una Sentencia emitida el 9 de noviembre de

2023 y notificada el 15 de noviembre de 2023 por el Tribunal de

Primera de Primera Instancia, Sala de Caguas. En la referida

determinación, el foro primario desestimó a través de la vía sumaria una

Demanda instada en contra del Municipio Autónomo de Juncos

(Municipio). Examinado el recurso ante nuestra consideración,

confirmamos el dictamen apelado.

        El 8 de agosto de 2019, la señora Sánchez Santiago instó una

Demanda al amparo de la Ley para Prohibir el Discrimen Contra las

Personas con Impedimentos Físicos, Mentales o Sensoriales, Ley Núm.

Número Identificador

SEN2024 _______________
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44 de 2 de Julio de 1985 (1 LPRA sec. 50) y la Ley contra el Despido

Injusto o Represalias a Todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un

Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de 20 de

diciembre de 1991 (29 LPRA sec. 194). En síntesis, alegó que ocupaba

el cargo de Oficinista I en el Municipio de Juncos. Puntualizó que

padece del trastorno de bipolaridad, pero tal condición no es

impedimento para desempeñarse en su empleo. Añadió que su

tratamiento incluye medicamentos.

      Relató que tras el paso del huracán María su área de trabajo se

encontraba afectada. Indicó que cuando acudió a su nueva oficina se

encontraba ocupada por una secretaria. Manifestó que comunicó dicha

situación al señor Yamil Sanabria, quien era su supervisor inmediato.

Sin embargo, alegó que éste le preguntó si había ingerido sus

medicamentos.

      Argumentó que a raíz de dicha situación acudió al psicólogo,

quien le recomendó gestionar una licencia a su patrono debido a su

deterioro emocional. Indicó que el Municipio le concedió una Licencia

Médico Familiar a partir del 19 de diciembre de 2017 hasta el 21 de

marzo de 2018. Expuso que luego solicitó la extensión del término de

licencia, sin embargo, se le informó que no tenía derecho a dicha

extensión. Arguyó que su patrono le indicó que su única alternativa

sería renunciar, o de lo contrario, incurriría en abandono del empleo.

Por tales hechos, reclamó una cuantía de $340,736.00 en concepto de

daños y perjuicios y salario dejado de percibir. Por su parte, el

Municipio de Juncos sometió su Contestación a Demanda. Argumentó

que nunca discriminó ni actuó en represalia contra la demandante.
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Señaló que la reclamación presentada no aduce un caso prima facie de

discrimen ni de represalia.

      Posteriormente, la demandante presentó una Solicitud de

Sentencia Sumaria acompañada de prueba documental. Indicó que

luego de la situación ocurrida con el señor Sanabria, sometió una

reclamación ante la Corporación del Fondo de Seguro del Estado

(CFSE). Adujo que dicha entidad le prescribió un tratamiento de

descanso hasta el 10 de abril de 2018. Sin embargo, alegó su supervisor

inmediato exhibió un trato discriminatorio y en represalia por ésta haber

presentado una reclamación ante la aludida corporación. Así expuesto,

adujo que no existen hechos en controversias, y solicitó aplicar el

derecho correspondiente y dictar sentencia sumaria a su favor.

      En respuesta, la parte apelada sometió su Moción en Oposición

a Solicitud de Sentencia Sumaria acompañada de una declaración

jurada. Impugnó la alegación de represalia bajo el fundamento de que

no extendió el término de licencia, pues le concedió a la demandante el

beneficio de doce (12) semanas fuera del centro laboral de conformidad

a su contrato de empleada transitoria. Alegó que la demandante no se

presentó a trabajar una vez concluyó el tratamiento de descaso. En vista

de lo anterior, peticionó que el foro primario no acogiera la solicitud de

sentencia sumaria.

      Evaluados los argumentos esbozados, así como la totalidad del

material probatorio presentado, determinó que no existen hechos

medulares en controversia. Resolvió que la demandante no presentó un

caso prima facie de discrimen, ni expuso los elementos esenciales para

prevalecer en una reclamación de represalia. En vista de lo anterior,

desestimó sumariamente la causa de acción instada.
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      Inconforme con el dictamen, la señora Sánchez Santiago acudió

ante nos mediante un Escrito de Apelación. En esencia, limitó su

señalamiento de error a la desestimación de la causa de acción sobre

represalia. Según la apelante, luego de recurrir al CSFE, la parte

apelada determinó no extender su contrato como acción adversa. En

respuesta, el Municipio sometió un documento intitulado Alegato de la

Parte Apelada. En ajustada síntesis, argumentó que la terminación de

su contrato laboral ocurrió por no regresar a su trabajo. Reiteró que no

tomó ninguna acción adversa en contra de la apelante.

      Como es sabido, la moción de sentencia sumaria es un

mecanismo procesal que permite la ágil disposición de casos sin la

celebración de un juicio, siempre que no existan controversias genuinas

de hechos materiales. Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos,

2023 TSPR 120; Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc.,

208 DPR 964 (2022). El propósito de esta moción es que los pleitos

civiles sean solucionados de forma justa, rápida y económica. Acevedo

Arocho v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 2023 TSPR 80;

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., 208 DPR 310 (2021).

      Nuestro ordenamiento jurídico permite dictar sentencia sumaria

si el tribunal queda claramente convencido de que tiene ante sí, de

forma incontrovertida, todos los hechos materiales pertinentes y que

una vista en los méritos es innecesaria. Birriel Colón v. Supermercado

Los Colobos, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra,

pág. 337. Ahora bien, la Regla 36 de Procedimiento Civil, (32 LPRA

Ap. V) exige que la parte promovente establezca su derecho con

claridad y demuestre que no existe controversia sustancial sobre algún
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hecho materia. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010);

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006).

      A esos fines, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra,

dispone que procede dictar sentencia sumaria si las alegaciones,

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas,

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún

hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo

justifica. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013). En

tal caso, “se permite disponer de asuntos pendientes ante el foro judicial

sin necesidad de celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el

derecho a los hechos no controvertidos”. Íd. pág. 430.

      No obstante, no debe concederse este remedio cuando: (1)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3)

surja de los propios documentos que se acompañan con la moción una

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como

cuestión de derecho, no proceda. Acevedo Arocho v. Departamento de

Hacienda de Puerto Rico, supra; Fernández-Bernal v. RAD-MAN et

al., supra.

      Conviene destacar que, los foros revisores nos encontramos en

igual posición que el tribunal de instancia para determinar si procede

decretar una sentencia sumaria. Birriel Colón v. Supermercado Los

Colobos, supra. Nuestra facultad se limita a examinar de novo el

expediente y verificar que se cumplan las formalidades procesales.

Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC; Rivera Matos

et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010 (2020). De resolver que los
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hechos materiales realmente están incontrovertidos, entonces procede

evaluar si el foro primario aplicó correctamente el derecho. Oriental

Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103. Véase, también, Fernández

Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, supra.

      Por otro lado, la Ley Contra el Despido Injusto o Represalias a

Todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo,

Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991,

(29 LPRA sec. 194), según enmendada (Ley Núm. 115), protege “a los

trabajadores contra posibles represalias por parte de los patronos,

motivadas por el ofrecimiento de algún testimonio o alguna

información ante ciertos foros”. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,

197 DPR 656, 668 (2017); Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136

(2013). La precitada disposición legal permite instar una causa de

acción en aquellas instancias en las que el empleado realiza una

actividad protegida y luego es despedido, amenazado o discriminado en

el empleo. Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados, 177 DPR 345 (2009); Rivera Prudencio v. Mun. de

San Juan, 170 DPR 149 (2007).

      La protección de esta medida legislativa se extiende todos los

empleados del Gobierno. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129

(2013). Ahora bien, esta protección legal no opera de manera

automática. La Ley Núm. 155, supra, dispuso dos vías probatorias para

presentar esta reclamación. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao,

supra. Como primera alternativa, establece que el empleado podrá

“probar la violación mediante evidencia directa o circunstancial”. (29

LPRA sec. 194b). En segunda alternativa, “podrá además establecer un

caso prima facie de violación a la ley probando que participó en una
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actividad protegida por esta ley y que fue subsiguientemente despedido,

amenazado o discriminado en su contra de su empleo”. (29 LPRA sec.

194b). Este segundo criterio exige demostrar que el patrono tomó una

acción adversa y que existe un nexo causal entre dicha acción y el

ejercicio de la actividad protegida. Velázquez Ortiz v. Mun. de

Humacao, supra, pág. 671. La relación de causalidad puede

establecerse mediante el criterio de proximidad de tiempo. Íd. En tales

casos, corresponde establecer que la acción adversa ocurrió al poco

tiempo de haber participado en la actividad protegida. Íd.

      Tras examinar detenidamente la Solicitud de Sentencia Sumaria,

así como su Oposición y su respectivo material probatorio,

determinamos que actuó correctamente el foro primario al desestimar

la demanda sumariamente. Surge de la evidencia que obra en el

expediente, que la señora Sánchez Santiago no presentó los elementos

probatorios esenciales para prevalecer en la causa de acción de

represalia de conformidad a la Ley Núm. 115, supra.

      La terminación de contrato laboral responde al abandono del

empleo por parte de la apelante. Es un hecho incontrovertido que el

patrono apelado le concedió una Licencia Médico Familiar efectiva

desde el 19 de diciembre de 2017 hasta el 21 de marzo de 2018. En ese

ínterin, el Municipio renovó su contrato laboral en un término vigente

desde el 1 enero de 2018 al 30 de junio de 2018.

      Concluido el periodo de la licencia solicitada, la apelante acudió

al CFSE. Dicha entidad inicialmente determinó que procedía otorgar un

término de descanso hasta el 3 de abril de 2018. No obstante, luego de

una segunda evaluación, dispuso que procedía extender el tratamiento

de descanso hasta el 10 de abril de 2018. Por lo que la apelante debió
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regresar a su centro laboral el 11 de abril de 2018. De acuerdo con lo

prescrito por la CSFE, en esa fecha iniciaría un periodo de tratamiento

con trabajo. Sin embargo, surge de la prueba que obra en el expediente

que ese día la señora Sánchez no regresó a su centro de empleo. Por

tanto, el Municipio determinó que la apelante abandonó su servicio.

      A la luz de lo discutido, resulta evidente que el organismo

apelado no actuó en represalia por la apelante haber comparecido ante

la CFSE. La terminación del contrato laboral no ocurrió por el

ofrecimiento de algún testimonio o información ante la aludida

corporación. La apelante tampoco presentó prueba que demostrara que

su patrono incurrió en una acción adversa por haber participado en una

actividad protegida. Al contrario, la terminación de su contrato laboral

responde a que ésta no regresó su centro de trabajo en la fecha indicada

y no obra del expediente prueba para controvertir tales determinaciones

fácticas.

      Por tanto, resolvemos que el foro primario no abusó de su

discreción, ni incurrió en prejuicio, parcialidad, o error manifiesto al

desestimar la demanda. Por los fundamentos esbozados, confirmamos

la Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones