Court Opinion

ID: 9962778
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:51:31.985674+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:34.011108
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL IX

                                                  Apelación
FERNANDA VELÁZQUEZ PINTO;                  procedente del
CHARLIE VÁZQUEZ MARTÍNEZ;                  Tribunal de
JOSÉ RODRÍGUEZ CORNIER;                    Primera
NOEL GARCÍA LUGO; ILIA DATIZ               Instancia, Sala
RODRÍGUEZ; AARON GARNET
                                           Superior de San
FOJO; ARCEDES VARGAS
ORTIZ; JUAN C. CÁCERES                     Juan
JIMÉNEZ; ROGELIO SANTIAGO    KLAN202300838
MARTÍNEZ; ESAÚ RUIZ MUÑIZ;                 Caso Núm.
JUAN A. ROJAS RAMOS;                       SJ2022CV10407
CARLOS ÁLVAREZ RAMOS;
WIGBERTO MONTANO                           Sobre:
QUIÑONES; LUIS A. FIGUEROA                 Sentencia
RAMOS; ÁNGEL M. SANTIAGO                   Declaratoria
ÑÚÑEZ; CARLOS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ; MARÍA SANTIAGO
ACEVEDO; DIOSDADO
SANTIAGO ACEVEDO; MANUEL
SÁNCHEZ CÁCERES; DANIEL
RAMOS RAMOS; LUIS A.
RODRÍGUEZ RAMOS; JUAN
DÁVILA BURGOS; PABLO A.
IRIZARRY AYALA; SEGUNDO
ACEVEDO HERNÁNDEZ;
PELEGRIN ALFONZO MARRERO;
CELSO NIEVES ROSARIO;
CARLOS PENA SERRANO;
GREGORIO DURÁN MALAVÉ;
GUALBERTO RIVAS DELGADO;
JUAN A. PLAZA ROMÁN;
HÉCTOR R. HERNÁNDEZ
ACEVEDO; JOSÉ W. RIVAS
MEDINA; VÍCTOR A. MEDINA
MARTÍNEZ; CARLOS R. DÍAZ
CINTRÓN; JESÚS RIVERA
COLÓN

            Apelantes

                v.

 NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE
 PUERTO RICO; ESTADO LIBRE
  ASOCIADO DE PUERTO RICO;
    JUNTA DE RETIRO DEL
  GOBIERNO DE PUERTO RICO

             Apelados

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

Número Identificador
SEN2024 _______________
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       Comparece ante nos la Sra. Fernanda Velázquez Pinto junto a

otros treinta y cuatro (34) policías jubilados (en adelante,

“apelantes”), para que revoquemos la Sentencia emitida y notificada

el 7 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan (en adelante, “TPI”). Mediante dicho dictamen,

desestimó la demanda de sentencia declaratoria contra el Gobierno

de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (en adelante,

“Negociado”) y la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (en

adelante, “Junta de Retiro”), por falta de legitimación activa.

       Perfeccionado        el   recurso     de   apelación,   procedemos   a

confirmar la Sentencia apelada. Veamos.

                                       -I-

       El 29 de noviembre de 2022, los apelantes presentaron una

Demanda de sentencia declaratoria contra el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico (en adelante, “Estado”) y el Negociado.1 En resumen,

alegaron que todos se graduaron de sus academias antes del año

1990 y recibieron sus pensiones al amparo de la Ley Núm. 447 de

15 de mayo de 1951,2 entre las enmiendas a la Ley Núm. 447-1951,

se colocó a los miembros de la Policía de Puerto Rico y los del Cuerpo

de Bomberos de Puerto Rico en una categoría aparte, por los riesgos

a los que se exponían diariamente. Señalaron que originalmente los

cómputos de pensión establecieron un 75% de su salario promedio,

si contaban con un mínimo de treinta (30) años de servicio y una

edad mínima de cincuenta y cinco (55) años; o, una pensión basada

en el 65% del salario con treinta (30) años de servicio sin requisito

de edad mínima. Sin embargo, la pensión se redujo a 50% del salario

devengado si ingresaban al Sistema de Retiro antes del 1 de abril de

1990 y habían cumplido los cincuenta y cinco (55) años de edad.

Posteriormente, la pensión se redujo a 40% del salario a los

1 Anejo XXV de la Apelación, págs. 163-169.
2 3 LPRA sec. 761 et seq.
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pensionados bajo la Ley Núm. 447-1951 y a un 29% del salario a los

pensionados bajo la Ley Núm. 1-1990. No obstante, alegan que el 3

de agosto de 2020 fue aprobada la Ley Núm. 80-2020,3 conocida

como la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para

Nuestros Servidores Públicos” (en adelante “Ley Núm. 80-2020”), la

cual discrimina ilegalmente en contra de ellos al conceder al Policía

una    pensión     de   50%     de   la   retribución,    equivalente     a   la

compensación bruta anualmente devengada en los últimos tres (3)

años. Alegaron que la Ley Núm. 80-2020 trataba de manera distinta

a personas en circunstancias similares, de forma arbitraria, sin base

racional, y contraria a la letra clara del estatuto, violando el debido

proceso de ley y la igual protección de las leyes.4 Por lo que procedía

solicitar una interpretación de estatutos y declaración de derechos.

Además, solicitaron que se les otorgara trato igual en el porciento de

pensiones recibidas que a otros miembros de la policía.5

       Posteriormente, el 19 de diciembre de 2022, los apelantes

presentaron una demanda enmendada a los efectos de añadir a la

Junta de Retiro como parte demandada.6 Así las cosas, el 12 de

enero de 2023, los apelantes acreditaron el diligenciamiento del

emplazamiento dirigido a la Junta de Retiro y el TPI se dio por

enterado.7

       El 14 de febrero de 2023, el Estado solicitó la desestimación

de la demanda,8 amparado en que los reclamos de las pensiones

presentados por los apelantes no estaban bajo la competencia del

Negociado, ya que la Junta de Retiro y su Administrador son los

llamados para administrar las pensiones de los policías retirados y

3 Ley Núm. 80 de 3 de Agosto de 2020, conocida como la “Ley del Programa de

Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”. 3 LPRA, sec.
10011 et. seq.
4 Id.
5 Id.
6 Anejos XXIX y XXX de la Apelación, págs. 136-150.
7 Anejos XVIII y XIX de la Apelación, págs. 111-115.
8 Anejo XVII de la Apelación, págs. 84-110.
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cualquier reclamo relacionado. Además, el Estado puntualizó que la

Ley Núm. 80-2020 fue dejada sin efecto mediante un acuerdo de la

Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico

(en adelante, “FSAF”) con el Gobierno de Puerto Rico ante su

inconsistencia con el Plan Fiscal. También aclaró que, aunque

estuviera vigente, el estatuto excluía expresamente a los miembros

del sistema de rango del Negociado. En consecuencia, el Estado

esgrimió que los apelantes no sufrían un daño claro, palpable y

concreto, sino abstracto e hipotético; por lo que carecían de

legitimación activa y el caso no era justiciable. En la alternativa,

planteó que los apelantes carecían de una reclamación que

justificara la concesión de un remedio.9

        El 6 de marzo de 2023, los apelantes se opusieron a la

desestimación.10 En síntesis, plantearon que el Negociado era parte

indispensable porque fue el que tramitó el retiro de todos los

apelantes. También esbozaron que la Ley Núm. 80-2020 se trae para

demostrar el trato discriminatorio y que los daños sufridos no eran

hipotéticos, pues vivían en estado precario.

        Ese mismo día —6 de marzo de 2023—, la Junta de Retiro

también solicitó la desestimación de la demanda,11 ya que         la

controversia se tornó académica, al ser invalidada la Ley Núm. 80-

2020. Además adujo que, de todos modos la Ley Núm. 80-2020 no

aplicaba a los miembros del Negociado pertenecientes al Sistema de

Rango. Puntualizó que los apelantes son todos jubilados, quienes no

aportan al Sistema de Retiro y no son miembros de la policía en

circunstancias similares. Por su parte, los apelantes se opusieron a

la desestimación.12

9 Id.
10 Anejo XV de la Apelación, págs. 77-82.
11 Anejo XIV de la Apelación, págs. 63-76.
12 Anejo XI de la Apelación, págs. 55-60.
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         Así, el 7 de agosto de 2023 el TPI emitió y notificó la

Sentencia apelada,13 en la cual, desestimó la demanda de sentencia

declaratoria contra el Estado, el Negociado y la Junta de Retiro, ya

que los apelantes no demostraron: (1) tener legitimación activa al no

establecer un daño real, palpable, inmediato y preciso; (2) un nexo

causal entre el planteamiento de que viven en estado precario y la

ley ya invalidada o cómo la invalidación de la referida ley resolvería

ese daño; (3) un peligro potencial que ameritara una sentencia

declaratoria; (4) ni presentaron una incertidumbre o controversia

que requiriera finalidad; (5) ni demostraron ser parte de una

clasificación sospechosa o que existiera un prejuicio contra ellos.14

Además, el caso se tornó académico ante la invalidación de la Ley

Núm. 80-2020 por la JSAF. Concluyó que la demanda no exponía

una reclamación que justificara la concesión de un remedio.

         El 22 de agosto de 2022, los apelantes solicitaron una

reconsideración de la Sentencia.15 Plantearon que ni el Gobierno

Federal ni la JSF han ocupado el campo en la aprobación de leyes y

del presupuesto en Puerto Rico. Ese mismo día, el TPI la declaró No

Ha Lugar.16

         Inconformes, el 20 de septiembre de 2023 los apelantes

acudieron ante esta Curia e imputaron la comisión de los siguientes

errores:

         ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA EL
         ESTADO LIBRE ASOCIADO Y EL NEGOCIADO DE LA
         POLICÍA DE PUERTO RICO BASADA EN QUE LOS
         DEMANDANTES NO TIENE[N] LEGITIMACIÓ[N] OR
         STANDING [sic] EN EL PRESENTE CASO[.]

         ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIEMERA [sic]
         INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA LA
         JUNTA DE RETIRO POR ALEGADAMENTE ESTAR EL
         CAMPO OCUPADO POR LA JUNTA DE CONTROL FISCAL.

13 Anejo III de la Apelación, págs. 10-24.
14 Id.
15 Anejo II de la Apelación, págs. 2-9.
16 Anejos I de la Apelación, pág. 1.
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         El 25 de octubre de 2023, la Junta de Retiro presentó un

escrito intitulado Oposición a Apelación.

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                       -II-

                                       -A-

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,      salvo     cuando      estén     presentes     circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.17 La citada norma de deferencia también es aplicable a

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo

siguiente:

         No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
         ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas
         situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con
         prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de
         discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación
         de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 18

         Lo importante al momento de ejercer la función revisora es

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello,

no constituye una tarea fácil.19 Por lo tanto, para realizarla

adecuadamente nuestro Alto Foro Judicial indica expresamente que

el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad.20

                                       -B-

         Es conocido que las alegaciones de una demanda tienen como

propósito bosquejar o notificar a grandes rasgos cuáles son las

reclamaciones y las defensas de las partes. En ese sentido, la Regla

6.1 de Procedimiento Civil dispone que una alegación que exponga

17 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
18 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
19 Id.
20 Id.
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una solicitud de remedio debe contener “una relación sucinta y

sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene

derecho a un remedio”.21

       Cónsono con lo anterior, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil

establece —además de otras— la defensa de dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio como

fundamento para solicitar la desestimación de una causa de

acción.22 En lo pertinente, la referida Regla dispone, que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
       se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
       de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
       mediante una moción debidamente fundamentada:
          (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
          (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
          (3) insuficiencia del emplazamiento;
          (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
          (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
          concesión de un remedio;
          (6) dejar de acumular una parte indispensable. […].23

       En lo concerniente a nuestra controversia se ha resuelto que,

ante la presentación de una moción de desestimación basada en la

quinta defensa de dicha Regla, los foros judiciales debemos tomar

como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas en la

demanda.24 En ese sentido, estamos obligados a interpretar las

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las

inferencias que puedan asistirle.25

       De esta forma, los tribunales debemos razonar —si a la luz de

la situación más favorable al demandante y resolviendo las dudas a

su favor— la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida.26

21 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. Énfasis suplido.
22 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
23 Id. Énfasis suplido.
24 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).; Roldán v. Lutrón, SM, Inc., 151 DPR

883, 889 (2000). Énfasis suplido.
25 Colón v. Lotería, supra, pág. 649.
26 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Énfasis suplido.
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       Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser

desestimada, a menos que el promovente de la moción demuestre

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo de

cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en apoyo

a su causa de acción.27

       En consecuencia, la desestimación procede cuando existen

circunstancias que permiten a los tribunales determinar —sin

ambages— que la demanda adolece de todo mérito o que la parte no

tiene derecho a obtener remedio alguno.28 En ese sentido, es

apropiado reiterar que nuestro Tribunal Supremo ha sostenido

firmemente la clara política pública judicial de que los casos se

ventilen en sus méritos.29 Como corolario a esa política, se ha

recalcado que existe un trascendental interés en que todo litigante

tenga su día en corte.30

                                        -C-

       Constituye una norma reiterada que los tribunales tenemos

la ineludible tarea de auscultar si podemos atender y adjudicar los

asuntos que se presenten ante nuestra consideración.31 Es decir,

nuestra jurisdicción está limitada a la existencia de casos y

controversias, ya que como foros judiciales únicamente podemos

resolver controversias genuinas entre partes opuestas, que tienen

interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones

jurídicas.32

       En protección de este principio, es que se han desarrollado

criterios de justiciabilidad para demarcar la facultad de entender,

en un asunto, traído ante nuestra consideración.               Entre estos

criterios se encuentran la legitimación activa de la parte que

27 Colón v. Lotería, supra, pág. 649. Énfasis suplido.
28  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Énfasis
suplido.
29 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004).
30 Id.
31 Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 135 (2009.
32 Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 470 (2006).
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promueve el pleito y la academicidad de la controversia

planteada.33

       El requisito de legitimación activa para la justiciabilidad de

una controversia, o sea, para que una controversia sea susceptible

de adjudicación judicial, ejerce la función primordial de asegurarle

al tribunal que la parte promovente tiene un interés en la acción de

tal índole, que con toda probabilidad habrá de proseguir su causa

de acción vigorosamente y que consecuentemente traerá a la

atención del tribunal los asuntos en controversia.34

       Para demostrar que cumple con el requisito de legitimación

activa, el promovente de una acción debe demostrar: (1) que ha

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato

y preciso, no abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y, (4) que la

causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley.35

       Nuestro Alto Foro ha pautado ciertas guías para que los

tribunales evaluemos los planteamientos sobre legitimación activa.

Lo más importante es que cuando se cuestiona la legitimación de

una parte para entablar un pleito o una reclamación, el juzgador

debe    tomar     como     ciertas    las   alegaciones      del   reclamante,

interpretándolas desde el punto de vista más favorable a este. De

ahí, que es norma reiterada que los requisitos de legitimación activa

deben interpretarse de forma flexible y liberal, ya que de lo contrario

se negaría acceso a los tribunales a aquellas personas y entidades

que sean adversamente afectadas por actuaciones del Estado o de

personas particulares y que tienen reclamaciones que pueden ser

atendidas debidamente por los tribunales.36

33Romero Barceló v. ELA, supra, pág. 470-471.
34 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942-943 (2011); Crespo v.

Cintrón, 159 DPR 290, 299 (2003).
35 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Crespo v. Cintrón, supra.
36 Crespo v. Cintrón, supra; Asoc. de Maestros v. Secretario de Educación, 156 DPR

754, 765 (2002).
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       Por otra parte, un caso se torna académico cuando por el

transcurso del tiempo —debido a cambios facticos o judiciales

durante el trámite del litigio— el mismo pierde su carácter

adversativo y el remedio que en su día pudiera concederse no tendría

efectos prácticos.37 La academicidad implica la falta de adversidad,

en otras palabras, la ausencia de una controversia real entre las

partes. En ese sentido, la doctrina de autolimitación judicial en

discusión es de aplicación durante todas las fases de un pleito, lo

que incluye la etapa apelativa o revisora, ya que es necesario que

exista una controversia genuina entre las partes en todo momento.38

                                       -D-

       El 30 de junio de 2016, el Congreso Federal de E.U. aprueba

la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic

Stability Act (en adelante, “PROMESA”),39 para la estructuración de

la deuda del Gobierno de Puerto Rico. Por lo que el 3 de mayo de

2017, la JSAF presentó en la Corte Federal para el Distrito de Puerto

Rico una petición de quiebras bajo el Título III de la Ley Federal

PROMESA a nombre del Gobierno de Puerto Rico para que entre

otras cosas, reestructurar la deuda del Gobierno de PR, las

corporaciones públicas y paralizar automáticamente toda acción

civil que se haya iniciado o se intentara continuar contra el Gobierno

y sus corporaciones públicas.

       La doctrina de campo ocupado proviene de la cláusula de

supremacía de la Constitución Federal de los Estados Unidos que

postula: “en caso de existir conflicto entre una ley estatal y una

federal, ha de prevalecer esta sobre aquélla”.40 La misma aplica

cuando cierto interés o propósito federal sea tan dominante que no

deba existir reglamentación estatal o cuando la norma del estado

37 Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 19 (2000).
38 Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 (2010).
39 48 U.S.C. Secs. 21101 et. seq.
40 Vega v. Yiyi Motors, Inc., 146 DPR 373, 380 (1998).
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pueda producir un resultado incompatible con los objetivos

federales sobre determinado asunto.41 Sin embargo, “no se

presumirá        que   la   reglamentación      federal    sustituye   a   la

reglamentación estatal por el hecho de que el Congreso reglamente un

área de forma limitada”.42 En ausencia de una prohibición específica

relativa a que la ley federal ocupa el campo, la legislación estatal que

complementa la federal será válida siempre y cuando no esté

sustancialmente en conflicto con la última.43

                                     -III-

           Los apelantes nos señalan dos (2) errores que se reduce a uno;

a saber: que el TPI erró al desestimar la demanda por falta de

legitimación activa y estar el campo ocupado por la JSAF. No tienen

razón. Veamos.

           Aun, tomando como ciertas las alegaciones hechas por los

apelantes, la demanda no expone una reclamación que justifique la

concesión de un remedio, pues la Ley Núm. 80-2022 fue invalidada

por la JSAF de la ley PROMESA, por lo que la controversia se tornó

académica. Además, la Ley Núm. 80-2020 no incluye al Negociado

de la Policía de P.R. Nótese, que de haber incluido al Negociado en

la referida Ley Núm. 80, se requería que los participantes aportaran

al Sistema de Retiro al momento de la aprobación de dicha Ley. Sin

embargo, surge de sus propias alegaciones, que los apelantes son

todos jubilados, por lo cual, no aportan al Sistema de Retiro. Ello

demuestra que no existe un daño real, palpable, claro, inmediato ni

preciso. Tampoco hay un nexo causal entre la Ley Núm. 80-2020

invalidada par la JSAF y el alegado estado precario en el que viven,

ni cómo invalidando la Ley Núm. 80-2020 saldrían de ese estado.

41 Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 197 DPR 5, 15 (2016).
42 Cotto Morales v. Ríos, 140 DPR 604, 613 (1996).
43 Ibid.
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Siendo esto así, no existe en este caso una controversia genuina

para dirimir, sino una abstracta e hipotética.

      En fin, el TPI no desestimó la demanda basándose en la

doctrina de campo ocupado, sino en la falta de legitimación activa

de los apelantes y en la doctrina de academicidad. Dicha

determinación no es producto de una actuación con prejuicio o

parcialidad, un craso abuso de discreción, o una interpretación o

aplicación errónea de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo.

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar

la Sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones