Court Opinion

ID: 9896782
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:18:28.834087+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:24.408403
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                              Panel Especial

JUNTA   DE   PLANIFICACIÓN                        Certiorari
DE PUERTO RICO                                    procedente del
         Recurrida                                Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                                    KLCE202300664 Sala de Arecibo
                 v.
                                                        Caso Núm.
                                                        AR2021CV01884
MOISÉS ORAMA NEGRÓN y
PREFABRICADOS ORAMA LLC                                 Sobre:
       Peticionarios                                    Injuction
                                                        (Entredicho
                                                        Provisional,
                                                        Injunction
                                                        Preliminar y
                                                        Permanente)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Adames Soto, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

      Comparece el señor Moisés Orama Negrón (el señor Orama) y

Prefabricados Orama, LLC., (en conjunto, los peticionarios) mediante

recurso de certiorari, solicitando la revocación de una Resolución emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, (TPI), el 9

de mayo de 2023. Mediante su dictamen, el foro primario declaró No Ha

Lugar la Moción de desestimación instada por Orama, respecto a una

Demanda de injunction estatutario preliminar y permanente presentada

por la Junta de Planificación de Puerto Rico, (JP o recurrida), contra el

primero.

      Los peticionarios recurren ante nosotros de la denegatoria de

moción dispositiva, planteando, entre otros, un defecto en la notificación

de la Resolución emitida por la JP que originó la Demanda de injunction

ante el foro recurrido. Juzgan que tal defecto en la notificación de la

NÚMERO IDENTIFICADOR
RES2023______________
KLCE202300664                                                                  2

determinación administrativa provocó que nunca se hubiesen iniciado

los términos para recurrir en alzada. Tienen razón.

I. Resumen del tracto procesal

      En septiembre de 2020, la señora Nanette Ortiz, una vecina del

Municipio de Guaynabo, presentó una querella contra el señor Orama,

alegando que este incurrió en cierta actividad comercial, sin contar con

un permiso de uso del Municipio de Arecibo.

      En respuesta, la JP le asignó a dicha querella el alfanumérico

2020-SRQ-005841, y designó un inspector para atenderla.

      Según el Informe de Investigación redactado por el Agente de

Permisos de la JP, a cargo de examinar las alegaciones de la referida

querella, el 16 de octubre de 2020 se presentó al lugar señalado, donde

fue recibido por el señor Orama.1 Estando allí, el señor Orama le indicó

al inspector que contaba con los permisos para la operación del negocio,

y que se los haría llegar por correo electrónico. Como resultado de la

inspección realizada por el Agente de Permiso, este observó que en dicho

lugar se estaba realizando una actividad industrial (fabricación de piezas

de tubos en hormigón y transporte de estos), que no contaba con el

permiso requerido. Por esto, el Agente de Permisos plasmó en el Informe

de Investigación, que el señor Orama se encontraba operando en

violación de varios artículos del Reglamento Conjunto de Permisos para

Obras y Construcción de Terrenos, que fueron precisados en el escrito.2

      En consecuencia, el 4 de junio de 2021, la Junta de Planificación

le notificó al señor Orama un documento intitulado Notificación de

Hallazgo y Orden de Mostrar Causa.3 En este, luego de la agencia

recurrida describir los hallazgos del inspector que visitó la propiedad

objeto de la querella, se concluyó que las acciones descritas contravenían

varias disposiciones legales, detalladas mediante una tabla en el propio

1  En el referido Informe se reitera el apellido Orana, en lugar de Orama, lo que
consideramos un error tipográfico sin importancia.
2 Íd., págs. 14-24.
3 Apéndice 6 del recurso de certiorari, págs. 25-29.
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documento. En vista de ello, al señor Orama se le concedió un término

de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no se le debía

imponer una primera multa de $1,000.00, y, de no cumplir en tal

término, se le impondría dicha multa, sin más citarle ni oírle.

      En la Sección V de la Notificación de Hallazgo y Orden de Mostrar

Causa, bajo el título Reconsideración o Revisión Judicial, en particular, se

dispuso lo siguiente:

            SE APERCIBE a la parte Querellada o Intervenida que
      deberá cumplir con lo aquí dispuesto dentro del término aquí
      prescrito. El personal de la Junta de Planificación verificará
      el cumplimiento de lo solicitado mediante auditorías e
      inspecciones, las cuales se irán realizando a partir del
      término otorgado. Esta notificación se considerará como
      una de naturaleza interlocutoria y de no cumplir con el
      término de esta Orden, la misma se convertirá en una
      determinación final. (Énfasis suplido).

            La parte adversamente afectada por una resolución u
      orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20)
      días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de
      la resolución u orden, presentar una moción o solicitud de
      reconsideración de la resolución u orden en la Secretaría de
      esta Junta.

            La agencia dentro de los quince (15) días de haberse
      presentado dicha moción deberá considerarla. Si la
      rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15)
      días, el término para solicitar revisión judicial ante el
      Tribunal Apelativo comenzará a correr nuevamente
      desde que se notifique dicha denegatoria o desde que
      expiren esos quinces (15) días, según sea el caso. Si se
      tomare alguna determinación en su consideración, el
      término para solicitar revisión judicial ante el Tribunal
      Apelativo empezará a contarse desde la fecha en que se
      archive en autos una copia de la notificación de la
      resolución de la agencia resolviendo definitivamente la
      moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser
      emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días
      siguientes a la radicación de la moción de reconsideración.
      Disponiéndose que, si la fecha del archivo en autos de copia
      de la notificación de la Resolución es distinta a la del
      depósito en el correo de dicha notificación, el término se
      calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.

            Si la Junta dejare de tomar alguna acción con relación
      a la Solicitud de Reconsideración dentro de los noventa (90)
      días de haber sido radicada perderá jurisdicción sobre la
      misma y el término para solicitar la revisión judicial ante
      el Tribunal Apelativo empezará a contarse a partir de la
      expiración de dicho término de noventa (90) días, salvo
      que la Junta, por justa causa y dentro de esos noventa
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        (90) días prorrogue el término para resolver por un
        período que no excederá de treinta (30) días adicionales.4

        (Énfasis provisto).

        Habiendo recibido la Notificación de Hallazgo y Orden de Mostrar

Causa, el 17 de junio de 2021, el señor Orama solicitó una extensión de

treinta (30) días para radicar los permisos correspondientes ante la

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).5 En atención a lo cual, el 1 de

julio de 2021, la JP le concedió veinte (20) días, para que mostrara

evidencia de que sometió los trámites correspondientes ante la OGPe, o

de que eliminó las violaciones mencionadas en la Notificación de Hallazgo

y Orden de Mostrar Causa.6

        No obstante, el 19 de agosto de 2021, el señor Orama volvió a

solicitar    otra   extensión      de   treinta      (30)   días   para   presentar   la

documentación restante.7 En respuesta, el 24 de agosto de 2021, la JP

concedió el término solicitado.8

        Pasados los términos concedidos por la JP al señor Orama, sin que

este cumpliera con presentar los documentos requeridos, el 27 de

diciembre de 2021, la JP presentó una Demanda de Injunction Preliminar

y Permanente ante el TPI.9 En la referida Demanda se adujo que, seguido

el trámite administrativo respecto a la querella 2020-SRQ-005842, la JP

había alcanzado unas determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho e impuesto una multa al señor Orama, por no contar con unos

permisos. En lo pertinente, la JP adujo que, “la parte demandada fue

notificada desde el inicio de la investigación y se le dio la oportunidad de

iniciar en dos ocasiones y culminar el proceso de legalización de la

operación y obtener los permisos correspondientes. También tuvo la

oportunidad de solicitar la revisión de la Notificación de Hallazgos

4 Íd. pág. 28.
5 Apéndice 12 del recurso de certiorari, pág. 60.
6 Apéndice 14 del recurso de certiorari, págs. 62-63.
7 Apéndice 13 del recurso de certiorari, pág. 61.
8 Apéndice 15 del recurso de certiorari, págs. 64-65
9 Apéndice 1 del recurso de certiorari, págs. 1-6.
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notificada por la Junta de Planificación en los foros pertinentes y cumplir

con    todos     los   términos   de   revisión   administrativos   y   judiciales

disponibles, pero optó por no hacerlo”.10 Aseveró la JP que le había

concedido al señor Orama todas las oportunidades posibles y el mayor

término reglamentario para cumplir con lo ordenado, pero este no había

presentado evidencia que demostrara el inicio del proceso para legalizar

su operación. En vista de ello, la JP solicitó al TPI que emitiera un

interdicto permanente, revocando el permiso de uso y ordenando al señor

Orama el pago de mil dólares correspondientes a la multa impuesta.

       En respuesta, el 30 de enero de 2022, el señor Orama presentó

una Moción de Desestimación. Esgrimió ocho (8) fundamentos por los

cuales, adujo, que aunque se tomaran como ciertas las alegaciones

contenidas en la Demanda de Injunction Preliminar y Permanente,

provocaban la desestimación de la acción presentada. Limitándonos a

resaltar de dicha moción solo las controversias que llegaron ante nuestra

atención, el señor Orama sostuvo que la Notificación de Hallazgos era

defectuosa, porque carecía de una expresión del término con el cual

contaba para presentar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal

de Apelaciones. Sobre lo mismo, aseveró que, tanto en el reglamento

vigente al momento de expedirse la Notificación de Hallazgos, Reglamento

conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al

desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios (Reglamento Núm.

9081), como en la Ley de Procedimientos Administrativo Uniforme, infra,

se exigía que las partes fueran notificadas sobre el derecho a presentar el

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, con

expresión del término que tuvieran para ese propósito. Sin embargo,

adujo que, en la sección de la Notificación de Hallazgos donde se le

apercibió de su derecho a presentar una reconsideración o revisión

judicial, no se indicó cuál era el término dentro del cual podía recurrir de

10 Íd., alegación 12, pág. 5.
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la determinación administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Por tal

defecto en la notificación, el señor Orama planteó que los términos para

recurrir ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión

judicial, ni siquiera habían iniciado. En otro tema, también propuso la

desestimación de la Notificación de Hallazgos, porque, presuntamente, la

persona que inició la querella, la señora Nanette Ortiz, carecía de

legitimación activa, al no ser residente del pueblo donde se encontraba el

negocio investigado.11

          En desacuerdo, el 28 de febrero de 2022, la JP presentó una

Oposición a Moción de Desestimación. Sobre la alegación del señor Orama

que versó sobre la alegada falta de legitimación activa de la querellante,

sostuvo que no había evidencia de que la señora Nanette Ortiz careciera

de otra propiedad que le hiciera vecina del objeto del pleito, por lo que no

debería prosperar el reclamo sobre falta de legitimación activa. En torno

a la alegada notificación defectuosa, afirmó que la Notificación de

Hallazgo y Orden de Mostrar Causa contenía una sección completamente

dedicada a las advertencias requeridas para explicar los derechos a la

presentación de la reconsideración y el recurso de revisión ante el

Tribunal de Apelaciones, de modo tal que se dio fiel cumplimiento a

ello.12

          Es así que, el 19 de mayo de 2023, el TPI emitió la Resolución cuya

revocación se nos solicita. Según dijimos, el foro de instancia declaró No

Ha Lugar la moción dispositiva ante su consideración, aludiendo a los

fundamentos levantados por la JP en la Oposición a Desestimación, como

los justificativos de la denegatoria dictaminada. Junto a ello, pautó la

celebración de la vista en sus méritos, para el 22 de junio de 2023.13

11 Íd., págs. 31-47.
12 Íd., págs. 49-54.
13 Íd., págs. 66-67.
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       Inconforme, el 13 de junio de 2023, los peticionarios acuden ante

nosotros, mediante recurso de certiorari, planteando los siguientes

errores:

       Primer error: Erró el TPI al emitir una resolución que hace
       caso omiso a la existencia de una notificación defectuosa en
       este caso que transgrede el debido proceso de ley que le
       asiste a los peticionarios.

       Segundo error: Erró el TPI al emitir una resolución que
       declara no ha lugar un planteamiento de falta de
       legitimación activa a base de un cuadro fáctico ajeno al
       pleito de epígrafe y/o de hechos que no surgían del
       expediente judicial.

       Posteriormente, el 20 de junio de 2023, el señor Orama nos

presentó una Solicitud de auxilio de jurisdicción, en la que adujo que,

habiéndose declarado nulo el Reglamento Conjunto de 2019, ello

afectaba el curso de acción tomado por la JP en su caso. Además, por

causa de que la vista en su fondo quedó pautada para el 22 de junio de

2023, solicitó que ordenáramos su paralización, en lo que este foro

intermedio atendía los asuntos que le fueron planteados.

       En la misma fecha de la presentación de la Moción en Auxilio de

Jurisdicción la declaramos Ha Lugar, ordenando la paralización de los

procesos ante el TPI, y concediendo un término de quince (15) días a la

JP para que se expresara sobre los méritos del recurso de certiorari.

       En cumplimiento, el 5 de julio de 2023, la JP compareció ante

nosotros, mediante Alegato en oposición a certiorari. Admitió que, si bien

era cierto que en la Notificación de Hallazgo y Orden de Mostrar

Causa no se especificó el término de treinta días, se había destinado

una sección de la Notificación a explicar los remedios que tenía a su

disposición la parte adversamente afectada, es decir, la reconsideración

ante la JP, o el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones.14 Además, argumentó que el requisito de notificar los

términos correspondientes para instar un recurso de revisión ante el

14 Alegato en oposición a certiorari, pág. 7.
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Tribunal de Apelaciones, que surge de la Sección 3.14 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 9654, refiere

solo a órdenes o resoluciones finales. Concluyó que la Notificación de

Hallazgo y Orden de Mostrar Causa era una resolución interlocutoria, no

una Orden o Resolución final, por lo que resultaba inaplicable el

requerimiento contenido en la Sección 3.14 de la LPAU aludida, no había

que notificar el término de treinta días para recurrir al Tribunal de

Apelaciones.

      Visto que contamos con el beneficio de la comparecencia de las

partes, estamos en posición de decidir.

II. Exposición de Derecho

      La LPAU no define específicamente el término orden o resolución

final. Sin embargo, sí describe orden o resolución como; cualquier decisión

o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u

obligaciones de una o más personas específicas, o que imponga

penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas

emitidas por el Gobernador. Sec. 1.3(g) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec.

9603(g).

      A ello se une que la Sección 3.14 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 9654,

establece que una “orden o resolución final” deberá incluir y exponer

separadamente determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, que

fundamentan    la   adjudicación,   la    disponibilidad   del   recurso   de

reconsideración o revisión según sea el caso.

      Nuestro Tribunal Supremo ha definido la orden o resolución final es

aquella que culmina el procedimiento administrativo, tiene efectos

sustanciales sobre las partes y resuelve todas las controversias ante la

agencia, les pone fin, sin dejar pendiente una para ser decidida en el

futuro. Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006).

      Añadiendo, en Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 812-813

(2008), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó:
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        [a]hora bien, para que una orden o resolución sea
        considerada final, se requiere que la misma ponga fin al caso
        ante la agencia y que tenga efectos sustanciales sobre las
        partes. [...] Además, para que dicha decisión tenga carácter
        de finalidad debe incluir determinaciones de hecho,
        conclusiones de derecho y una advertencia sobre el derecho
        a solicitar reconsideración o revisión judicial. 3 L.P.R.A. sec.
        2164. Igualmente, la misma debe estar firmada por el Jefe de
        la Agencia o por un funcionario autorizado [...]

        No cabe duda de que al incorporar tales requisitos el
        Legislador se aseguró que la intervención judicial se realizara
        después de que concluyeran los trámites administrativos y
        se adjudicaran todas las controversias pendientes ante la
        Agencia, de manera que no haya una intromisión de los
        tribunales a destiempo. [...]

        El Tribunal Supremo ya había zanjado sobre el mismo tema, en J.

Exam. Tec. Med. v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997), que para que

una orden o resolución se considerara final tenía que resolver todas las

controversias y no podía dejar pendiente una para ser decidida en el

futuro.

        A diferencia de la orden o resolución final, la LPAU considera una

orden     interlocutoria,   como   aquella   acción   de   la   agencia   en   un

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente

procesal. Sec. 1.3(i) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603(i). (Énfasis provisto).

        A. Notificación Adecuada

        La Sec. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, regula el derecho de

las partes a una notificación adecuada en los procesos administrativos

adjudicativos. A esos fines, la referida sección establece, en lo pertinente,

lo siguiente:

        Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito
        dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o
        después      de   la   presentación     de   las   propuestas
        determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a
        menos que este término sea renunciado o ampliado con el
        consentimiento escrito de todas las partes o por causa
        justificada.
        La orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente
        determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado,
        conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la
        disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según
        sea el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el
        jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por
        ley.
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      La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la
      reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de
      revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de
      Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas
      del recurso de revisión, con expresión de los términos
      correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a
      correr dichos términos.

      La agencia deberá especificar en la certificación de sus
      órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las
      personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de
      partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que estas
      puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión judicial
      conferido por ley.

      La agencia deberá notificar con copia simple por correo
      ordinario o electrónico a las partes, y a sus abogados de
      tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y deberá
      archivar en autos copia de la orden o resolución final y de la
      constancia de la notificación. Una parte no podrá ser
      requerida a cumplir con una orden final a menos que
      dicha parte haya sido notificada de la misma.
                  .     .     .     .    .     .    .    .

      3 LPRA sec. 9654. (Énfasis nuestro).

      Según nuestro ordenamiento constitucional, ninguna persona

puede ser privada de su propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II,

Sec. 7, Const. ELA, LPR, Tomo 1; Emdas. V y XIV, Const. E.E. U.U.,

LPRA, Tomo 1. Como corolario del debido proceso de ley, ha sido

reiterado que los procedimientos adjudicativos deben observar las

garantías mínimas siguientes: (1) notificación adecuada del proceso;

(2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído;

(4) derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar evidencia

presentada en su contra; (5) asistencia de abogado y; (6) decisión basada

en el récord. Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947, 954 (2020).

      A tono con lo cual, nuestro máximo Foro ha enfatizado en

múltiples contextos que el debido proceso de ley también exige a las

agencias administrativas que notifiquen adecuadamente los dictámenes

emitidos en los procedimientos adjudicativos. Íd. Se incumple con el

debido proceso de ley cuando no se notifica adecuadamente una

determinación administrativa a una parte afectada por ella. Molini
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Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., 179 DPR 674, 686 (2010). Por tanto, una

notificación   defectuosa   no   activa    los    términos   para     solicitar

reconsideración o acudir en revisión judicial. Horizon v. Jta. Revisora, RA

Holdings, 191 DPR 228 (2014); Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra;

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008). Cuando

un organismo administrativo no advierte adecuadamente conforme lo

dispone la LPAU, ello no puede perjudicarle a la parte, por tanto, no se le

pueden oponer los términos para recurrir. Aunque la agencia notifique a

una    parte   su   determinación,   si   dicha   notificación   no   advierte

adecuadamente el foro al que se debe acudir en revisión, no se puede

perjudicar a la parte por haber acudido al foro erróneo. Resolver lo

contrario tendría el peligroso efecto de permitir que la agencia se

beneficie de actuaciones administrativas que inducen a error a la parte

notificada. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Comisión

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra. En consecuencia, el remedio

que el Tribunal Supremo ha concedido en los casos de notificaciones

erróneas ha consistido en otorgarle tiempo a la parte perjudicada para

que ejerza su derecho de revisión judicial como corresponde o atender el

recurso de revisión ya presentado; claro está siempre y cuando no haya

mediado incuria. Íd.

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                     a.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

habilita a este foro intermedio a intervenir con un dictamen del TPI sobre

denegatoria de moción de carácter dispositivo. En el caso ante nosotros,

el foro recurrido denegó una moción de desestimación instada por los

peticionarios, ergo, denegó moción dispositiva, lo que nos permite ejercer

nuestra discreción para expedir o no el recurso instado.
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                                     b.

      Según ya fue identificado, en su primer señalamiento de error, los

peticionarios aducen que la Notificación de Hallazgos emitida por la JP

fue defectuosa porque no se les apercibió sobre el término que contaban

para presentar un recurso revisión judicial ante este Tribunal de

Apelaciones. En específico, en la referida Notificación se les advirtió a los

peticionarios de que contaban con término de treinta (30) días para

instar un recurso de revisión judicial.

      En su Alegato en oposición a certiorari, la JP admite no haber

incluido en la Notificación de Hallazgos mención sobre el término con el

que contaban los peticionarios para presentar un recurso de revisión

judicial ante este Tribunal de Apelaciones. No obstante, arguye que la

Sec. 3.14 de la LPAU, que es la que requiere la notificación de los

términos para acudir en alzada de una determinación administrativa, es

de aplicación exclusiva a las órdenes o resoluciones finales emitidas por

una agencia administrativa, no a una orden o resolución interlocutoria.

Afirma la JP que la Notificación de Hallazgos es una resolución

interlocutoria, por tanto, no se tenía que precisar en esta sobre términos

para que la parte afectada pudiera ejercer a la revisión judicial. Se

equivoca.

      Primero, hemos examinado la Sección V de la Notificación de

Hallazgos, titulada Reconsideración o Revisión Judicial, y resulta evidente

la falta de mención del término que disponían los peticionarios para

presentar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal de

Apelaciones. A pesar de que en la referida Sección V se describió con

amplitud los remedios a disposición de los peticionarios en caso de

solicitar algún remedio judicial, no fue provista información alguna sobre

con cuántos días contaban para ejercer el derecho a la revisión judicial.

La Sec. 3.14 de la LPAU, ya citada, pone en claro que, que la debida

notificación de la determinación final de la agencia administrativa
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necesariamente incluye advertir a la parte adversamente afectada, en lo

pertinente, de su derecho a instar un recurso de revisión ante el Tribunal

de Apelaciones, como expresión del término correspondiente. Por

tanto, no se requiere mayor elaboración por nuestra parte, para concluir

que la Notificación de Hallazgos fue defectuosa, en tanto pretirió informar

sobre el término en que los peticionarios podían instar un recurso de

revisión judicial ante nosotros.

       Con todo, estamos llamados a verificar si la Notificación de

Hallazgos es una orden interlocutoria o final.

       La Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, dispone que una

“orden o resolución final”, deberá incluir y exponer separadamente

determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, que fundamentan la

adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión

según sea el caso. Además, la jurisprudencia relativa al tema revela que

se considerará una orden o resolución como final, si en esta se han

resuelto todas las controversias y no quedó nada pendiente para ser

decidido en el futuro. Exam. Tec. Med. v. Elías et al., supra. En oposición

a lo que constituye una orden final, se considera              una   orden

interlocutoria aquella que disponga de un asunto meramente procesal.

Sec 1.3(i) de la LPAU, supra.

       Verificado el contenido de la Notificación de Hallazgos y Orden de

Mostrar Causa, a la luz de lo expuesto en el párrafo que precede, no

albergamos dudas de que en esta: (1) se incluyeron y expusieron

separadamente determinaciones de hechos y conclusiones de derecho

para fundamentar la adjudicación,15 (así lo admitió la propia JP en la

Demanda de Injunction que instó ante el TPI);16 (2) se advirtió

expresamente a la parte afectada sobre la disponibilidad del recurso de

reconsideración o revisión judicial (aunque sin inclusión del término

para ejercitar la revisión judicial); (3) fueron resueltas todas las

15 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 55-57.
16 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 1.
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controversias, sin dejar pendiente alguna para decidirla en el futuro.

Cumplidas esas tres características, la conclusión resulta inescapable, la

Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa es una orden final,

por lo que la JP tenía que cumplir con todos los requisitos de

notificación, entre los cuales se encontraba informar sobre el derecho a

instar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, con

expresión del término correspondiente.

      La Sec. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, dispone que hasta que

no se cumpla el requisito de una notificación adecuada, no comenzarán a

correr los términos de reconsideración y revisión judicial. Una parte no

podrá ser requerida a cumplir con una orden final a menos que dicha

parte haya sido notificada de la misma, adecuadamente. Visto que, en la

Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa, no se incluyó el

término para acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones,

y tratándose de una resolución final, concluimos que estamos ante una

notificación defectuosa.

      Como es conocido, una notificación defectuosa no activa los

términos para solicitar reconsideración o acudir en revisión judicial.

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra. El remedio que el Tribunal

Supremo ha concedido en los casos de notificaciones erróneas ha

consistido en otorgarle tiempo a la parte perjudicada para que ejerza su

derecho de revisión judicial como corresponde. Horizon v. Jta. Revisora,

RA Holdings, supra; Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra.

      En consecuencia, la JP deberá notificar nuevamente a los

peticionarios sobre la determinación final que les es adversa, esta vez,

adherida por completo a los requerimientos legales para que se considere

como una notificación adecuada. Una vez la JP notifique a los

peticionarios de manera adecuada, entonces darán inicio los términos

para presentar moción de reconsideración ante la agencia, o recurso de

revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones.
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IV. Parte dispositiva

      De conformidad con lo expresado, expedimos el recurso de

certiorari solicitado, revocamos la Resolución recurrida, emitida por el TPI

el 19 de mayo de 2023 y consecuentemente, ordenamos la desestimación

de la Demanda de injuction estatutario preliminar y permanente

presentada por la Junta de Planificación, por falta de jurisdicción debido

a la notificación defectuosa de la Notificación de Hallazgos y Orden de

Mostrar Causa del 4 de junio de 2021.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones