Court Opinion

ID: 9374122
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:23:23.627672+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:44.978765
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL II

                                                 Certiorari
STICK SPORTS, INC. Y                             procedente del
OTROS                                            Tribunal de
                                                 Primera
    Peticionarios                                Instancia, Sala
                                                 Superior de
                                   KLCE202201408 Bayamón
       Vs.
                                                    Caso Núm.:
CORRATEC FLORIDA, INC. Y                            BY2022CV00859
OTROS
                                                    Sobre:
    Recurridos                                      Incumplimiento de
                                                    Contrato

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez
Torres, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró

Méndez Miró, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

        Stick Sports, Inc. (Stick Sports) y el Sr. José

Luis Santiago Alvarado (señor Santiago) (conjuntamente,

Peticionarios) solicitan que este Tribunal revise la

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (TPI), el 29 de noviembre de 2022.

En esta, el TPI levantó la anotación de rebeldía a

Corratec Florida, Inc. (Corratec) y el Sr. Fernando

Bolona        (señor     Bolona)   (conjuntamente,        Recurridos)

previamente emitida el 12 de agosto de 2022.

        Se deniega la expedición del certiorari.

                    I. Tracto Procesal y Fáctico

        El    28    de   febrero   de     2022,   los   Peticionarios

presentaron una Demanda sobre incumplimiento de contrato

y     daños    en    contra   de    los    Recurridos.1    En   suma,

solicitaron que se les ordenara responder solidariamente

por los daños causados por la alegada remoción ilegal de

1   Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 160-166.

Número Identificador
RES2023_____________
KLCE202201408                                                              2

Stick Sports de la distribución exclusiva de la marca

Corratec en Puerto Rico.

      Luego de intentos infructuosos dirigidos a emplazar

a    los    Recurridos,      el    31    de     mayo    de    2022,     los

Peticionarios         tramitaron               el       correspondiente

emplazamiento por edicto, el cual se publicó en un

periódico de circulación general el 23 de junio de 2022.

      Luego de que se acreditó la publicación del edicto2

y,   ante    la   ausencia    de   contestación         a    la     Demanda,

presentación de moción dispositiva alguna o solicitud de

prórroga dentro del término que contemplan las Reglas de

Procedimiento      Civil,    el    11    de    agosto    de    2022,    los

Peticionarios      presentaron          ante    el     TPI    una    Moción

Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia.3

      Ante ello, el 12 de agosto de 2022, el TPI emitió

una Orden, la cual notificó el 15 de agosto de 2022. En

esta, el TPI expresó como sigue:

      Expirado el término para hacer alegación
      responsiva, anótesele la rebeldía a [los
      Recurridos]. [Peticionarios] tiene 30 días
      para presentar el informe de conferencia con
      antelación a la vista en rebeldía.4

      Así las cosas, el 17 de septiembre de 2022, el TPI

emitió otra Orden, la cual notificó el 27 de septiembre

de 2022.5 Mediante esta, señaló la Vista en Rebeldía para

el 29 de noviembre de 2022.6

      El 27 de septiembre de 2022, el TPI notificó que el

caso había sido reasignado a la Sala 501 que preside la

Hon. Annette M. Prats Palerm.7

2  Véase, Moción Acreditando Publicación del Edicto y de su
Notificación por Correo Certificado a la Parte Demandada. Íd.,
págs. 120-121.
3 Íd., págs. 115-118.
4 Íd., pág. 114.
5 Íd., pág. 103.
6 Las órdenes de 12 de agosto de 2022 y 17 de septiembre de 2022

las dictó la Hon. Anelís Hernández Rivera.
7 Apéndice Petición de Certiorari, pág. 102.
KLCE202201408                                                                3

      El 29 de noviembre de 2022, fecha en que se había

señalado la celebración de la Vista en Rebeldía, los

Recurridos comparecieron, por primera vez, ante el TPI.

Presentaron una Moción Asumiendo Representación Legal,

en Solicitud de Levantamiento de Rebeldía y Solicitando

una Breve Prórroga para Contestar Demanda (Solicitud de

Levantamiento).8      En    suma,       sostuvieron        que       procedía

levantar   la   anotación        de    rebeldía    debido        a    que   el

ordenamiento procesal contempla esta posibilidad cuando

la parte en rebeldía prueba que cuenta con una buena

defensa en sus méritos y que el perjuicio que supondría

tal levantamiento sería mínimo.

      Ese mismo día, durante la Vista en Rebeldía, el TPI

escuchó las posturas de las partes, y sostuvo, en corte

abierta, que el fin último es atender las controversias

en   los    méritos,       aun        cuando   los        Recurridos         no

comparecieron     a   tiempo.9         Asimismo,     el    mismo       29    de

noviembre de 2022, el TPI emitió una Orden mediante la

cual levantó la anotación de rebeldía a los Recurridos

que había emitido el 12 de agosto de 2022.10

      Ante esta determinación, el 4 de diciembre de 2022,

los Recurridos presentaron su Contestación a Demanda y

Reconvención.11

      Inconforme,     el    23    de     diciembre        de     2022,      los

Peticionarios presentaron su Petición de Certiorari ante

este Tribunal y efectuaron los señalamientos de error

que siguen:

      EL TPI ABUS[Ó] DE SU DISCRECI[Ó]N E INCURRI[Ó]
      EN ERROR MANIFIESTO AL ORDENAR LEVANTAR UNA
      ANOTACI[Ó]N DE REBELD[Í]A QUE HAB[Í]A ADVENIDO
      FINAL Y FIRME, SIN QUE EXISTIERA CAUSA
      JUSTIFICADA PARA ELLO, TRAS QUEDAR DERROTADA

8 Íd., págs. 28-34.
9 Íd., págs. 2-5.
10 Íd., pág. 27.
11 Íd., págs. 6-22.
KLCE202201408                                                  4

     TODA PRESUNCI[Ó]N DE DEFENSAS V[Á]LIDAS CON EL
     DESISTIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS CAUSAS DE
     ACCI[Ó]N.

     EL TPI ABUS[Ó] DE SU DISCRECI[Ó]N E INCURRI[Ó]
     EN ERROR MANIFIESTO AL IGNORAR EL PATR[Ó]N DE
     ABANDONO Y DEJADEZ DE LA PARTE RECURRIDA,
     QUIEN   TOM[Ó]   LA   DETERMINACI[Ó]N  DE   NO
     COMPARECER A DEFENDERSE HASTA LLEGADA LA VISTA
     EN DAÑOS EN REBELD[Í]A, PERMITI[É]NDOLE EL TPI
     TRAER EN DICHA ETAPA LAS DEFENSAS A LAS QUE
     HAB[Í]A RENUNCIADO VOLUNTARIAMENTE.

     ERRÓ EL TPI AL EMITIR UNA ORDEN EN TOTAL
     ABSTRACCI[Ó]N DE LAS CONSTANCIAS DE LOS AUTOS
     DEL CASO, VIOLENTANDO AS[Í] EL DEBIDO PROCESO
     DE LEY DE ESTA PARTE.

     Ante ello, el 3 de enero de 2023, los Recurridos

comparecieron ante este Tribunal mediante una Oposición

a Expedición de Auto de Certiorari. Sostuvieron, en gran

medida,   los    mismos    argumentos   de   la   Solicitud   de

Levantamiento. Plantearon, además, que la decisión de

levantar la anotación de rebeldía fue producto de una

aplicación de los requisitos del ordenamiento luego de

que el TPI estudió el tracto procesal y las alegaciones

de las partes. Por ello, entiende que este Tribunal no

debe intervenir con la discreción del TPI.

     Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

se resuelve.

                          II. Marco Legal

     El   auto   de   certiorari   es   el   vehículo   procesal

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Este recurso se distingue

por la discreción de este Tribunal para autorizar su

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
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      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.    52.1,   establece    la   autoridad    limitada   de    este

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia

por medio del recurso discrecional del certiorari. La

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

       El   recurso   de  certiorari     para   revisar
       resoluciones    u    órdenes    interlocutorias
       dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de
       Apelaciones   cuando    se   recurra    de   una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o
       de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de
       Apelaciones    podrá    revisar     órdenes    o
       resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se
       recurra de decisiones sobre la admisibilidad
       de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos      relativos       a       privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
       casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra
       situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un
       recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal   de   Apelaciones    no    tiene   que
       fundamentar su decisión.

       Si ninguno de estos elementos está presente en la

petición ante la consideración de este Tribunal, procede

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

       De   conformidad,    para   determinar    si   procede   la

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40

del   Reglamento   del     Tribunal   de    Apelaciones,     4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración
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los siguientes criterios al determinar la expedición de

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A)    Si el remedio y la disposición de la
                decisión recurrida, a diferencia de sus
                fundamentos, son contrarios a derecho.

         (B)    Si la situación de hechos planteada es la
                más indicada para el análisis del
                problema.

         (C)    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o
                error   craso   y   manifiesto   en   la
                apreciación de la prueba por el Tribunal
                de Primera Instancia.

         (D)    Si    el    asunto    planteado    exige
                consideración más detenida a la luz de
                los autos originales, los cuales deberán
                ser   elevados,   o  de   alegatos   más
                elaborados.

         (E)    Si la etapa del procedimiento en que se
                presenta el caso es la más propicia para
                su consideración.

         (F)    Si la expedición del auto o de la orden
                de   mostrar   causa    no   causan    un
                fraccionamiento indebido del pleito y una
                dilación indeseable en la solución final
                del litigio.

         (G)    Si la expedición del auto o de la orden
                de mostrar causa evita un fracaso de la
                justicia.

     Ahora bien, esta regla no constituye una lista

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto,

para determinar si es la más apropiada para intervenir

y   no    ocasionar       un    fraccionamiento          indebido    o    una

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

     La        interferencia         de    este   foro   con   la   facultad

discrecional        del        TPI        solo    procede   cuando       este:

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en
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un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular,

152     DPR   140,    155     (2000).     Así,       “las   decisiones

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro

abusó    de   su   discreción”.     SLG   Zapata-Rivera       v.   J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni

manejar el trámite regular de los casos ante el foro

primario”. Íd.

      La determinación de que un tribunal abusó de su

discreción está atada íntimamente al concepto de la

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto

definió la discreción como “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica

“poder    para     actuar    en   una   forma    u    otra,   haciendo

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v.

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual,

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito,

69 DPR 4, 18 (1948).

        A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.

                            III. Discusión

        En suma, los Peticionarios sostienen que el TPI

abusó de su discreción al emitir una Orden el 29 de
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noviembre de 2022, mediante la cual levantó la anotación

de rebeldía. Entienden que, ausente causa justificada,

el proceder del TPI violenta los derechos reconocidos a

los   Peticionarios     por    la   Regla   45    de       Procedimiento

Civil,   32    LPRA   Ap. V,   R.   45.,    y    su    jurisprudencia

interpretativa.

      Según se indicó en la Sección II de esta Resolución,

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las

instancias en las que una determinación interlocutoria

es susceptible a revisión. Además de las instancias

específicas que se enumeran en la regla, este Tribunal

puede revisar cualquier determinación interlocutoria con

la que sea necesario intervenir para evitar un fracaso

a la justicia.

      Ahora bien, la expedición del recurso de certiorari

al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

no opera en el vacío; tiene que anclarse en una de las

razones de peso que establece la Regla 40 de este

Tribunal, supra. Este no es el caso.

      Examinado el expediente, este Tribunal concluye que

este caso no presenta alguno de los siete criterios de

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, y no identifica una situación por la cual se deba

expedir el auto que solicitan los Peticionarios. Ausente

error,   prejuicio     o   abuso    de   discreción,         no   procede

intervenir con el dictamen del TPI.

                                  IV.

      Por     los   fundamentos     expuestos,        se    deniega   la

expedición del certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones