Court Opinion

ID: 9928599
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:37.319486+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:17.699426
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

 SHAYDELIS DE LEÓN                                 APELACIÓN
  CASTRO, por sí y en                              procedente del
 representación de sus                             Tribunal de Primera
  (2) hijas menores de                             Instancia, Sala
  edad, SRDL y ARDL              KLAN202301029     Superior de San
                                                   Juan
           Apeladas
                                                   Caso núm.:
              v.                                   SJ2023CV02321
                                                   (804)
   MUNICIPIO DE SAN
    JUAN, Y OTROS                                  Sobre: Daños y
                                                   Perjuicios (Violación
           Apelantes                               de Derechos Civiles)

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo el Municipio de San

Juan (Municipio o parte apelante) mediante el recurso de epígrafe y

nos solicita la revocación de la Sentencia Parcial y Orden emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI),

el 29 de septiembre de 2023, notificada el 2 de octubre siguiente. En

el referido dictamen, el foro primario desestimó con perjuicio la

reclamación de una de las integrantes de la parte apelada,

específicamente, la Sra. Shaydelis De León Castro, (señora De León

Castro);     mientras,    dispuso   para   la   continuación   de   los

procedimientos, en torno a las causas de acción instadas por las

menores de edad SRDL y ARDL. Además, ordenó al Municipio a

presentar su alegación responsiva.

      Por los fundamentos que expondremos más adelante,

confirmamos el dictamen impugnado.

                                    I.

      La causa del epígrafe tuvo su origen el 14 de marzo de 2023,

ocasión en que la señora De León Castro, por sí y en representación

Número Identificador
SEN2023_______________________
KLAN202301029                                                        2

de sus hijas menores de edad SRDL y ARDL, incoó una Demanda

sobre daños y perjuicios, al palio del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 5311 et seq., y de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 USC

sec. 1983.1 Entre los demandados figuraron el Municipio; en su

carácter oficial, el alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo, así como el

comisionado de la policía municipal, Cnel. José Juan García.

Además, se incluyeron a otras personas naturales y jurídicas con

nombres desconocidos. La parte apelada alegó que, el 15 de marzo

de 2022, siete agentes uniformados de la policía municipal de San

Juan llegaron a su residencia en vehículos oficiales para realizar

una búsqueda, aún cuando no medió autoridad judicial para ello.

Arguyó que los agentes del Municipio, sin mediar palabra,

registraron el interior de la residencia, sus alrededores y un vehículo

que se encontraba en la marquesina. Durante esta intervención, las

menores SRDL y ARDL se encontraban con su tío en la residencia.

Se adujo que, debido a la negligencia de la parte apelante, las niñas

han padecido ansiedad, temor a ser invadidas y agredidas en su

hogar, así como un desmejorado estado de ánimo. Del mismo modo,

la parte apelada alegó daños al estado mental, a la reputación y a

los derechos civiles. Por consiguiente, solicitó una indemnización

ascendente a $1.5 millones.

       El 10 de abril de 2023, el Municipio presentó una Moción de

Desestimación… por falta de jurisdicción sobre la materia.2 Sostuvo

que la notificación fue tardía, en contravención al Artículo 1.051 del

Código Municipal, infra. Explicó que, mientras el incidente aconteció

el 15 de marzo de 2022, no fue hasta el 28 de octubre de 2022 que

la parte apelada presentó una reclamación extrajudicial y,

posteriormente, la Demanda de autos. Acotó que la inobservancia

del término de caducidad de noventa días, a partir de los presuntos

1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 1-4.

2 Íd., a las págs. 5-10 y anejo, a las págs. 11-13.
KLAN202301029                                                                      3

hechos torticeros, privaba al TPI de jurisdicción. Por tanto, solicitó

la desestimación de la reclamación de la señora De León Castro. En

cuanto a las menores SRDL y ARDL, el Municipio planteó que “el

derecho de ambas menores de incoar su acción queda protegido,

pero suspendido hasta que lleguen a su mayoría de edad”,3 de

conformidad con el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil,

infra.

         La parte apelada presentó su oposición el 10 de mayo de

2023.4 Sostuvo que no conocía a las personas que causaron los

daños alegados por la falta de diligencia de la parte apelante.

Razonó, entonces, que el término jurisdiccional de noventa días no

había comenzado a cursar hasta la comparecencia del Municipio,

ocasión en que se “arroj[ó] certeza sobre quiénes fueron las personas

que penetraron a la residencia”5 de la parte apelada. Apuntó que el

término prescriptivo no comenzó a transcurrir “[h]asta el momento

de la comparecencia del 10 de abril de 2023 que hizo el Municipio

de San Juan…”.6 Planteó, además, que no existía controversia en

cuanto a que el plazo prescriptivo de la causa de acción de las

menores SRDL y ARDL permanecía suspendido durante el tiempo

que durara la minoridad.

         El Municipio replicó.7 Expresó que el argumento sobre el

desconocimiento de los autores del daño era insostenible, cuando

ello no fue impedimento para incoar una reclamación extrajudicial.

En esta, la parte apelada dio noticia de la participación de siete

oficiales municipales en los hechos, de los cuales cinco —tres

varones y dos mujeres— entraron a la residencia. A esos efectos,

reiteró su solicitud de desestimación con perjuicio en cuanto a la

3 Refiérase a la nota al calce 1 del escrito, Apéndice del Recurso, a la pág. 9.

4 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 14-23.

5 Véase el acápite 12 de la Moción en Oposición…, Apéndice de la Apelación, a la

pág. 16.
6 Íd., en el acápite 14.

7 Íd., a las págs. 24-36.
KLAN202301029                                                       4

causa de la señora De León Castro; y sin perjuicio con respecto a la

reclamación de las menores SRDL y ARDL.

       En su dúplica,8 la parte apelada insistió en el desconocimiento

de los autores del daño por sus nombres y apellidos. No obstante,

planteó que, en caso de acogerse los planteamientos sobre la

naturaleza de caducidad de la notificación, la señora De León Castro

no quedaba privada de su reclamación contra los presuntos agentes,

por lo que urgió al Municipio a divulgar sus identidades. Asimismo,

abogó por la ausencia de controversia con relación al derecho de las

menores sobre su causa de acción.

       Evaluadas las posturas de los litigantes, el TPI dictó la

Sentencia Parcial impugnada.9 Basado en el normativo Rivera

Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679 (2014), el TPI reprodujo

el curso de acción allí adoptado al proceder con la desestimación

con perjuicio de la causa de acción de la señora De León Castro,

mas no la de las menores SRDL y ARDL. Por lo que, ordenó al

Municipio a contestar la Demanda para la continuación de los

procedimientos.

       Insatisfecho, el Municipio oportunamente invitó al TPI a

reconsiderar su dictamen.10 Cuestionó la jurisprudencia citada, al

entender que era inaplicable. Expuso que la Opinión era anterior a

las enmiendas introducidas mediante la Ley 121 de 29 de junio de

2018 al entonces Artículo 15.003 de la derogada Ley de Municipios

Autónomos.11 De igual modo, aseveró error en la aplicación del

Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, infra. Por ende,

peticionó la desestimación sin perjuicio de la reclamación de las

menores SRDL y ARDL, para que, en su día, estas puedan ejercitar

8  Íd., a las págs. 37-40.
9  Íd., a las págs. 41-51; 52-53.
10 Íd., a las págs. 54-60.

11 21 LPRA sec. 4703 (derogado).
KLAN202301029                                                      5

por derecho propio su causa de acción cuando advinieran a la

mayoridad.

       De otro lado, la parte apelada se opuso.12 Argumentó que no

procedía la petición del Municipio. Enunció que, si bien el derecho

de las menores a reclamar los daños alegados quedaba suspendido,

ello no equivalía a que SRDL y ARDL tuvieran que esperar a la

mayoría de edad para entablar sus respectivas reclamaciones.

       El 31 de octubre de 2023, el TPI notificó una Resolución sobre

Reconsideración,13 mediante la cual decretó “no ha lugar” el

pedimento del Municipio.

       Todavía inconforme, el Municipio acudió ante este foro revisor

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
           ORDENAR     “LA  CONTINUACIÓN     DE    LOS
           PROCEDIMIENTOS DE LAS CAUSAS DE ACCIÓN DE
           LAS MENORES SRDL Y ARDI”, A[Ú]N EN AUSENCIA
           DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, EN LUGAR
           DE DESESTIMAR SIN PERJUICIO PARA ENTONCES
           ACTIVAR LA PROTECCIÓN DEL ARTÍCULO 40 DEL
           CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
           SUSCRIBIR QUE “LAS CAUSAS DE ACCIÓN DE LAS
           MENORES NO PUEDEN SER DESESTIMADAS POR
           CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN MIENTRAS DURE LA
           MINORÍA DE EDAD” YA QUE[,] SEGÚN EL
           ORDENAMIENTO     JURÍDICO,    PUEDEN   SER
           DESESTIMADAS SIN PERJUICIO PARA MANTENERSE
           “SUSPENDIDAS” HASTA QUE LAS MENORES
           LLEGUEN A LA MAYORÍA DE EDAD.

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
           CONCLUIR    EN   SU   “RESOLUCIÓN    SOBRE
           RECONSIDERACIÓN”    QUE    “LA   ASAMBLEA
           LEGISLATIVA NO TUVO REPAROS CON LA
           INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO EN
           RIVERA SERRANO AL NO OPTAR POR DEROGARLO
           IMPLICITAMENTE”,   ADUCIENDO    QUE     “LA
           REDACCIÓN DEL ACTUAL ARTÍCULO ES ID[É]NTICA
           AL MISMO ARTÍCULO DE LA LEY DE MUNICIPIOS
           AUTÓNOMOS”, IGNORANDO ASÍ LA FUERTE
           AMONESTACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN
           LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 121-2018

12 Íd., a las págs. 61-65.

13 Íd., a las págs. 66-67.
KLAN202301029                                                       6

        SOBRE LA NATURALEZA FATAL DE CADUCIDAD DEL
        ARTÍCULO SOBRE NOTIFICACIÓN AL ALCALDE.

      Analizado el caso y al tenor de la determinación arribada,

acordamos prescindir del escrito de la parte apelada “con el

propósito de lograr [el] más justo y eficiente despacho”, según nos

faculta la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B.

                                 II.

La Moción de Desestimación

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2, dispone que las defensas que tienen las partes para

fundamentar una moción de desestimación son las siguientes: falta

de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia en el

emplazamiento o su diligenciamiento; dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; o dejar de

acumular una parte que sea indispensable en el pleito. Para que

proceda una moción de desestimación, bajo esta regla de

procedimiento, “tiene que demostrarse de forma certera en ella que

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación,

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor.”

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015);

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013).

Con relación a la falta de jurisdicción sobre la materia, se ha dicho

que, “[a] partir de la eliminación de los tribunales de Distrito y

Municipales, ya no existe en el TPI un problema de falta de

jurisdicción sobre la materia. Lo que sí puede haber es falta de

jurisdicción propiamente dicha”. R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan,

LexisNexis de Puerto Rico, 2017, sec. 2602, pág. 306.
KLAN202301029                                                                     7

       Ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de las

de Procedimiento Civil, supra, la demanda y sus alegaciones han de

ser consideradas por el tribunal lo más liberalmente posible a favor

de la parte demandante. El tribunal que evalúa la moción de

desestimación debe concederle a esta el beneficio de toda inferencia

posible que pueda surgir de la demanda. Es norma asentada que no

se desestimará la causa de acción, a menos que se desprenda con

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno,

bajo cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a

su reclamación. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, 2da. ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. II, a la pág.

530; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Ortiz Matías

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013).

El requisito de notificación y la minoridad

       La Ley núm. 107 de 13 de agosto de 2020, Código Municipal

de Puerto Rico, 21 LPRA 7001, et seq., establece en su Artículo

1.051, 21 LPRA sec. 7082, el requisito de notificación al municipio

sobre cualquier reclamación por daños personales o a la propiedad

que una persona tenga en contra del ayuntamiento. En particular,

la aludida disposición, a la que hemos impartido énfasis, reza como

sigue:14

           Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier
           clase contra un municipio por daños personales o a la
           propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del
           municipio, deberá presentar una notificación escrita
           dirigida al alcalde, haciendo constar en forma clara y
           concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del
           daño sufrido. En dicha notificación se especificará,
           además, la cuantía de la compensación monetaria o el
           tipo de remedio adecuado al daño sufrido, los nombres

14 Salvo unos cambios de estilo, la disposición vigente es sustancialmente similar

a su homóloga en la Ley de Municipios: Artículo 15.003, 21 LPRA sec. 4703
(derogado). Esta última había sido enmendada por virtud de la Ley 121 de 29 de
junio de 2018 a los fines, entre otros, de establecer de forma clara e inequívoca el
proceso de notificación al alcalde, requerido en los casos de reclamaciones contra
un municipio por daños a la persona o a la propiedad; en particular: precisar la
forma y manera de entrega de la notificación, el término de caducidad para su
cumplimiento, así como afirmar el carácter jurisdiccional del requisito de
notificación al alcalde.
KLAN202301029                                                                     8

          y direcciones de sus testigos y la dirección del
          reclamante, y en los casos de daño a la persona, el lugar
          donde recibió tratamiento médico en primera instancia.

          (a) Forma de entrega y término para hacer la notificación.

          Dicha notificación se entregará al alcalde, se remitirá
          por correo certificado a la dirección designada por el
          municipio o por diligenciamiento personal, acudiendo a
          la oficina del alcalde durante horas laborables, y
          haciendo entrega de la misma a su secretaria personal
          o al personal administrativo expresamente autorizado
          a tales fines.

          La referida notificación escrita deberá presentarse
          dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en
          que el reclamante tuvo conocimiento de los daños
          reclamados. Si el reclamante está mental o físicamente
          imposibilitado para hacer dicha notificación en el
          término antes establecido, no quedará sujeto al
          cumplimiento del mismo, debiendo hacer la referida
          notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a
          la fecha en que cese la incapacidad.

          Si el perjudicado fuere un menor de edad o una persona
          sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad
          o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso,
          estará obligada a notificar al alcalde la reclamación
          dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en
          que tuvo conocimiento de los daños que se reclaman.
          Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la
          persona sujeta a tutela haga la referida notificación por
          su propia iniciativa dentro del término prescrito, si
          quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo
          hace.15

          (b) Requisito jurisdiccional.

          No podrá responsabilizarse, ni iniciarse acción de clase
          alguna contra un municipio, en reclamaciones por
          daños causados por culpa o negligencia, a menos que
          el reclamante haga la notificación escrita, en la forma,
          manera y en los plazos de caducidad dispuestos en esta
          sección. No constituirá una notificación válida, aquella
          que se presente en alguna otra entidad estatal o
          municipal que no sea la del municipio contra el que se
          presenta la reclamación.

          (c) Salvedad.

          Esta sección no modificará en forma alguna, para
          aquellos reclamantes que cumplan con sus
          disposiciones, el término prescriptivo en el Código Civil

15 Acerca de este último enunciado, toda vez que a los menores y a los tutelados

no se les reconoce capacidad para actuar, la frase “dentro del término prescrito”
no se refiere al término de caducidad de noventa días, sino al plazo de prescripción
que el ordenamiento jurídico les ha conferido a los más vulnerables.
KLAN202301029                                                         9

        de Puerto Rico.

      La disposición legal establece que el plazo de caducidad de

noventa días, a partir de que el reclamante advino en conocimiento

de los daños reclamados, constituye un requisito previo a incoar la

reclamación extracontractual contra los municipios. Como se sabe,

un término de caducidad no admite la detención del plazo. Díaz

Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862; 868 (2016). Ello así,

porque la caducidad es un término “fatal, improrrogable e

ininterrumpible”. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 727

(1993). Al respecto, en su parte pertinente, el Artículo 1207,

Naturaleza de orden público, 31 LPRA sec. 9512, dispone que “[l]a

caducidad se da únicamente en los casos en los que la ley advierte

claramente tal carácter. Toda duda respecto a la naturaleza de los

plazos será resuelta a favor de la prescripción y no la caducidad”.

      De otra parte, en el caso de los menores de edad, el Artículo

1.051, supra, indica que corresponde a su encargado la obligación

de notificar dentro del plazo establecido. Ahora bien, este precepto

expresamente estatuye que su letra no incide sobre el término

prescriptivo dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico. Es decir, la

disposición legislativa especial del Código Municipal establece

palmariamente que no interviene con lo estatuido sobre la

prescripción en la ley general del Código Civil.

      En Puerto Rico, la institución de la prescripción es una

materia de derecho civil sustantivo y no procesal, que “tiene como

norte atender el interés general de darle certeza a las relaciones

jurídicas, pero que, a la vez, tiene que conciliarse con el interés

individual de quienes quieren ejercer sus derechos”. (Énfasis

nuestro). SLG García-Villega v. ELA, 190 DPR 799, 812 (2014) y los

casos allí citados. Sobre este particular, en este caso la más alta

Curia dictaminó que:
KLAN202301029                                                        10

        [...] solo podrá en rigor hablarse de [la prescripción]
        cuando se haya producido lo que se ha denominado
        como un “continuado silencio” de la relación jurídica.
        De esta manera, si algún acontecimiento llega a romper
        ese silencio, la prescripción no debe producirse, pues
        no se da ya el supuesto que justificaba la defensa del
        sujeto pasivo contra la pretensión frente a él ejercitada.
        Si algo anuncia que el derecho sigue vivo, que va a ser
        ejercitado o que puede serlo, la pretensión del titular
        del derecho no es ya intempestiva, ni por ello
        inadmisible. (Énfasis en el original suprimido). L. Díez-
        Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil y en
        la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed.,
        Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, a la pág. 137, citado
        con aprobación en SLG García-Villega v. ELA, supra, a
        la pág. 814.

      Como es sabido, a diferencia de la caducidad, la prescripción

sí permite interrupción como, por ejemplo, la presentación de una

demanda judicial. Art. 1197 del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 9489. En

lo que nos concierne, el inciso (a) del Artículo 1204 dispone que el

plazo para exigir responsabilidad extracontractual prescribe por el

transcurso de un año, contado desde que la persona agraviada

conoce la existencia del daño y quién lo causó. 31 LPRA sec. 9496.

“La prescripción opera en perjuicio de las personas naturales y

jurídicas, en los términos previstos por la ley”. Art. 1195 del Cód.

Civil, 31 LPRA sec. 9487. No obstante, “[l]a prescripción no tiene

lugar contra las personas que no pueden contratar o accionarse

entre sí”. (Énfasis nuestro). Art. 1196 del Cód. Civil, 31 LPRA sec.

9488. Esta disposición “tiene la intención de eximir a los menores e

incapacitados del efecto adverso de la prescripción de las acciones

que tienen a su favor”. M. Garay Aubán (Compilador), Código Civil,

Obligaciones y Contratos, 2da ed. corregida y ampliada, Ediciones

SITUM, 2021, Tomo 4, a la pág. 151.

      Sobre lo anterior, además, el Artículo 40 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 254, dispone que, con relación al

menor de edad reclamante, el tiempo que dure su minoridad “no se

considerará parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la

acción”. (Énfasis nuestro); Véase, De Jesús v. Chardón, 116 DPR

238, 250-253 (1985). Por el pasado siglo, nuestro Tribunal Supremo
KLAN202301029                                                      11

ha reiterado este principio medular de que los derechos y las causas

de acciones de los menores de edad no se extinguen por el mero paso

del término prescriptivo estatuido, sino hasta que advienen a la

mayoridad. Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679, 689-

690 (2014); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 272 (2004);

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 623 (1986);

Márquez v. Tribl. Superior, 85 DPR 559, 562 (1962); Ibáñez v. Divido,

22 DPR 518, 522 (1915). En nuestro ordenamiento jurídico, “[t]oda

persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple veintiún (21)

años”. Art. 97 del Cód. Civil, 31 LPRA sec. 5591.

                                III.

      El Municipio planteó que el TPI erró al no desestimar, sin

perjuicio, la causa de acción de las menores SRDL y ARD y

declararse sin jurisdicción. Por lo que, propuso que el pleito debía

ser desestimado hoy; y reiniciado en el futuro, cuando las menores

advengan a la mayoridad. Adelantamos que este argumento no nos

persuade.

      Según reseñamos, el Artículo 1.051 del Código Municipal,

supra, establece como requisito previo a incoar una demanda contra

un ayuntamiento, por daños personales o a la propiedad, el envío

oportuno y eficaz de una notificación escrita. Esta notificación debe

contener el nombre y dirección del reclamante, la fecha, el lugar, la

causa y la naturaleza del daño. En los casos de daño a la persona,

se debe indicar el lugar donde recibió tratamiento médico. Además,

es preciso consignar el tipo de remedio adecuado al daño sufrido y,

de ser monetario, la cuantía peticionada. También se deberán

informar los nombres y direcciones de los testigos. Este tipo de

notificación procura “(1) proveerle a los municipios la oportunidad

de investigar los hechos que originaron la reclamación; (2) conocer

posibles testigos de los hechos; (3) mitigar el importe de los daños

sufridos, y (4) permitir a los municipios la inspección inmediata del
KLAN202301029                                                        12

lugar del accidente, entre otras ventajas”. (Énfasis nuestro). Rivera

Serrano v. Mun. de Guaynabo, supra, a la pág. 688 y los casos allí

citados. Por ende, propende al pronto ejercicio de la acción civil, por

este ser conveniente a todas las partes, a la administración de la

justicia y a la búsqueda de la verdad.

      Somos del criterio que, al armonizar in pari materia el Artículo

1.051 del Código Municipal, supra, las disposiciones sobre

prescripción del Código Civil, supra, antes discutidas y el Artículo

40 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, es forzoso colegir que,

de ordinario, al presentar una reclamación de daños y perjuicios

sufridos por un menor de edad en contra de un municipio, quien

tiene la responsabilidad de cumplir con el requisito de notificación

son los padres, custodios o tutores del menor implicado, según sea

el caso. Sin embargo, en aras de proteger los intereses y derechos

de quienes adolecen de capacidad jurídica de actuar, la inacción

negligente de los padres, custodios o tutores no puede afectar el

ejercicio   de    los   derechos     de    los    más       vulnerables.

Consiguientemente, el término prescriptivo de los menores de edad

queda suspendido desde la ocurrencia de los actos u omisiones

torticeras hasta un año después que cumplan la mayoría de edad.

El concepto término es el plazo de tiempo que concede el

ordenamiento para ejercer un derecho o realizar determinado acto

procesal. Díaz Santiago v. International Textiles, supra.

      Cónsono con lo anterior, de incoarse la demanda dentro del

plazo estatuido, nuestro alto foro ha avalado “la continuación de la

causa de acción de un menor, aun cuando sus padres o tutores

hayan incumplido con el requisito de notificación”. (Énfasis

nuestro). Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, supra, a las págs.

695-696.

      En la causa presente, es incuestionable la intención

inequívoca de SRDL y ARDL de ejercitar su derecho. La Demanda
KLAN202301029                                                     13

del epígrafe no solo sirve como interruptor al término prescriptivo,

sino que derrota cualquier presunción legal de abandono de la causa

de acción y, además, minimiza el riesgo de la pérdida de prueba

documental pertinente o que los testigos no puedan ser localizados

o las alegadas perjudicadas olviden detalles de los eventos de que

trata su acción civil.

      Ciertamente, la propuesta del Municipio conllevaría a que, en

un futuro, SRDL y ARDL presenten por separado en los

correspondientes términos —ya que del expediente no surge que las

menores sean gemelas— sendas reclamaciones por los mismos

hechos. Opinamos que este curso de acción incide adversamente

sobre la garantía de una solución justa, rápida y económica de todo

procedimiento. Asimismo, frustra los propósitos de la notificación

oportuna enumerados antes y, peor aún, resulta perjudicial para la

parte presuntamente agraviada y sobre quien recae el peso de la

prueba para demostrar su causa.

      La jurisdicción del TPI sobre la causa del título emana del

ordenamiento jurídico que reconoce a los menores de edad un plazo

distinto al de los adultos capaces para que puedan ejercitar sus

reclamaciones. El hecho de la suspensión de la prescripción en este

escenario equivale a que el menor, a través de sus padres, custodios

o tutores, pueda incoar una demanda, desde que nace la causa de

acción y mientras persista la minoridad. De lo contrario, por sí

mismo, hasta un año después de advenir a la mayoridad. En fin, si

bien las normas que gobiernan los términos de prescripción y

caducidad responden a consideraciones de orden público, colegimos

que la protección conferida por el ordenamiento jurídico a los

menores de edad obedece a un principio de justicia, por lo que

cualquier requisito procesal que pretenda limitar o condicionar los

derechos sustantivos de los menores e incapaces debe ceder. En
KLAN202301029                                                    14

armonía con lo anterior, procede confirmar el dictamen apelado y

avalar el curso de acción allí dispuesto.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia Parcial apelada. En consecuencia, devolvemos el caso ante

la consideración del Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones