Court Opinion

ID: 9901386
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:13:47.188088+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:31.960298
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

          McNeil Healthcare, LLC

               Peticionario                        Certiorari

                      v.                         2023 TSPR 135

    Municipio de Las Piedras y otros             213 DPR ___

                   Recurrido

Número del Caso:    AC-2022-0077

Fecha:   14 de noviembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

     Panel Especial

Abogados de la parte peticionaria:

     Lcdo. Juan A. Marqués Díaz
     Lcdo. Rubén Muñiz
     Lcda. Britt E. Arrieta Rivera

Abogados de la parte recurrida:

     Lcdo. Eduardo H. Martínez Echeverría
     Lcdo. Miguel Eliza Rivera
     Lcda. Lourdes I. Morera Ledón
     Lcdo. José A. Maysonet Marrero

Materia:   Ley de Patentes Municipales - Efecto de una declaración
falsa o fraudulenta con la intención de evadir el pago de patente;
parte a quien le corresponde el peso de la prueba, y la declaración
sobre volumen de negocio.

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                       EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

     McNeil Healthcare, LLC

        Peticionario

             v.                                 AC-2022-0077

     Municipio    de   Las    Piedras     y
     otros

        Recurridos

     La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal

Rodríguez emitió un

                       En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

                              El    presente    recurso   nos     permite      examinar        la

                       disposición correspondiente a la excepción del término

                       prescriptivo para determinar una deficiencia en el pago

                       de    patentes    municipales,     según    dispone         la   Ley    de

                       Patentes Municipales, infra. En específico, nos brinda

                       la    oportunidad       de   interpretar    el       efecto      de    una

                       “declaración falsa o fraudulenta con la intención de

                       evadir      el   pago   de   patente[s]”    y    a    qué     parte    le

                       corresponde el peso de la prueba.

                              De otro lado, la controversia trabada nos permite

                       analizar si una declaración sobre volumen de negocio

                       puede juramentarse ante una persona autorizada a tomar

                       juramentos por las leyes de los Estados Unidos.
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       Luego de un estudio cuidadoso del expediente y tras

realizar un análisis particularizado de las normas jurídicas

sobre Derecho Tributario, tanto a nivel estatal como federal,

determinamos que, ante una alegación de falsedad o fraude en

una declaración de volumen de negocio, la municipalidad que

levanta la deficiencia en el pago de sus patentes tiene el

peso   de    probar   que   la   persona    contribuyente             actuó       con

intención de evadir tal pago. A su vez, resolvemos que una

declaración sobre volumen de negocio puede juramentarse ante

una persona autorizada a tomar juramentos por las leyes de

los    Estados    Unidos,   según       provee       la   Ley    de    Patentes

Municipales, infra.

       A    continuación,   exponemos      los       hechos     génesis       a    la

controversia ante nos.

                                   I.

       Como resultado de varios pleitos civiles presentados por

OMJ    Pharmaceuticals,     Inc.    (OMJ)        y    Johnson      &    Johnson

Professional Co. (PR) Inc. (Johnson & Johnson) en contra del

Municipio de Las Piedras (Municipio), este último quedó sujeto

a reintegrar a ambas compañías las cantidades pagadas en

concepto de patentes municipales en exceso.1 No obstante, en

el ínterin del proceso judicial, las compañías codemandantes

se habían fusionado entre sí, sobreviviendo únicamente OMJ.

Consecutivamente, OMJ transfirió indirectamente todos sus

1 Véase: Johnson & Johnson Professional Co. (PR) Inc. v. Hon. Ángel R.
Peña Rosa, Alcalde de Las Piedras y otros, Civil Núm. HSCI200201170
consolidado con OMJ Pharmaceuticals, Inc. v. Hon. Ángel R. Peña Rosa,
Alcalde de Las Piedras y otros, Civil Núm. HSCI200201169.
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activos y operaciones en el Municipio a McNeil Healthcare LLC

(McNeil). Sin embargo, durante el pleito, nunca se incluyó ni

se sustituyó a McNeil como parte de este.

        Así las cosas, y por una alegada falta de recursos

económicos de parte del Municipio para satisfacer la deuda

con las codemandantes, estas últimas propusieron transar un

por ciento de la deuda a cambio de una exención contributiva.

En respuesta, el 18 de abril de 2008, la entonces alcaldesa

del Municipio, Itzamar Peña Ramírez, cursó una misiva en la

que expresó que su administración tenía la intención de

otorgarle a Johnson & Johnson la exención solicitada “luego

de la aprobación de una Ordenanza Municipal autorizando a la

Alcaldesa para estos propósitos”.2 A cambio, esta compañía

condonaría al Municipio del pago total de la deuda finalmente

adjudicada por el Tribunal.

        Como resultado, el 30 de agosto de 2008 la Legislatura

Municipal de Las Piedras adoptó la Resolución Número 12, Serie

2008-2009 (Resolución Núm. 12), en la que se le concedió una

exención contributiva a McNeil por un término de 15 años, a

partir del 1 de julio de 2008. En específico, se le confirió

una tasa preferencial del 0.025% del 1% sobre el volumen de

negocios para el pago de patentes municipales. Por su parte,

el Municipio quedaría eximido de pagar la deuda adjudicada en

los casos civiles HSCI2002-01169 y HSCI2002-01170.

        De acuerdo con lo anterior, el Municipio preparó un

2   Apéndice de la Apelación, pág. 220.
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documento    titulado       “CONCESIÓN    DE    EXENCIÓN      CONTRIBUTIVA

MUNICIPAL A MCNEIL HEALTHCARE LLC EN LO SUCESIVO DENOMINADO

EL   PETICIONARIO     O   CONCESIONARIO,       CASO    NÚM.   _________    DE

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN NÚM 12 DEL

30 DE AGOSTO DE 2008” (Concesión).3 En dicha Concesión se

recogieron los acuerdos esbozados en la Resolución Núm. 12.

Asimismo, se dispuso que McNeil vendría obligado a presentar

su aceptación del acuerdo, mediante declaración jurada, luego

de que se le expidiese una copia certificada del Decreto. En

ese sentido, se dispuso que, una vez presentada la aceptación,

“este    Decreto   se     considerará    como   un     contrato   entre    el

Municipio de Las Piedras y el Peticionario”.4 Como cuestión

de hecho, esta copia certificada nunca fue expedida por el

Municipio y, como resultado, McNeil no presentó su aceptación

bajo juramento. No obstante, a partir de entonces, McNeil

utilizó la tasa preferencial para el cómputo de patentes

municipales.

        El 9 de mayo de 2011 el Municipio cursó a McNeil una

notificación preliminar de deficiencia para los años fiscales

2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.5 En la misiva, el Municipio

aseveró    que   la     Resolución   aprobada     no    cumplía   con     las

disposiciones de la Ley de Patentes Municipales, infra, y

que, por tanto, la exención conferida era nula. De esta

manera, concluyó que McNeil debía computar las patentes a

3 Íd., pág. 226.
4 Íd., pág. 228.
5 Fecha de depósito en correo certificado.
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pagar a base del 0.5%, lo que constituía la tasa vigente en

el Municipio. Empero, no fue hasta el 19 de febrero de 2013

que    el    Municipio    remitió    la   notificación       final   de    la

deficiencia, la cual fijó en la suma total de $2,643,196,

tras añadir penalidades, intereses y recargos. Entre estas

penalidades, se incluyó un señalamiento de que McNeil no había

presentado la declaración sobre volumen de negocio para el

año fiscal 2010-2011, por haber sido juramentada ante una

notaria del estado de Nueva Jersey.

       A raíz de esta notificación, el 21 de marzo de 2013,

McNeil presentó una demanda en contra del Municipio al amparo

de la Ley de Patentes Municipales, infra. En esta, impugnó la

deficiencia notificada y reclamó la validez de la Concesión.

Asimismo, arguyó que el Municipio estaba impedido de notificar

y tasar deficiencias para el año fiscal de 2008-2009 por haber

expirado el término prescriptivo que provee la ley para ello.

Por otro lado, sostuvo que la penalidad impuesta para el año

fiscal      2010-2011    sobre   incumplimiento    de    la    declaración

jurada sobre el volumen de negocios es improcedente ya que

rindió la referida declaración conforme a lo requerido en la

ley.

       Ulteriormente,      el    Municipio   notificó    a    McNeil      dos

notificaciones finales de deficiencia que incluían los años

fiscales 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.6 En respuesta,

6 La notificación final para los años 2011-2012 y 2012-2013 se realizó
mediante carta fechada el 4 de abril de 2013. Por su parte, la notificación
final para el año fiscal 2013-2014 se hizo a través de carta fechada el
28 de mayo de 2014.
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McNeil presentó dos demandas adicionales en las que impugnó

tales notificaciones. Los tres pleitos fueron consolidados el

5 de noviembre de 2014.

      En lo pertinente, el 24 de febrero de 2015, el Municipio

presentó una Moción de sentencia sumaria parcial en la que

solicitó que: (1) se determinara si existía una legislación

válida que autorizara la exención contributiva a la que aludía

McNeil y (2) de existir tal legislación, si en efecto, McNeil

poseía tal derecho. Arguyó que la Ley de Patentes Municipales,

infra, no autorizaba al Municipio a conceder únicamente a

McNeil   una     tasa   contributiva   sobre    volumen    de   negocios

preferencial del 0.025%. En la alternativa, argumentó que, de

sostenerse la validez de la Concesión, el contrato no quedó

perfeccionado      pues    no   se   presentó   la    aceptación    bajo

juramento, según disponía la Concesión.

      Por   su    parte,   McNeil    presentó   una   oposición    a   la

solicitud de sentencia sumaria parcial del Municipio, y a su

vez, solicitó que se dictase sentencia sumaria a su favor. En

dicho escrito, reiteró la validez de la Resolución Núm. 12,

así como la prescripción de la tasación de la deficiencia

para el año fiscal 2008-2009. En la alternativa, expuso que,

de determinarse que la Concesión era inválida, el Municipio

venía obligado a pagarle la cantidad adeudada como resultado

del   pleito     anterior.      Asimismo,   argumentó     que   presentó

debidamente la declaración para los años 2010-2011 por lo que

no procedía la penalidad impuesta.
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        Sometidas    las    mociones,      y    tras     varios     trámites

procesales, el 29 de abril de 2021, el Tribunal de Primera

Instancia notificó una Sentencia mediante la cual desestimó

las demandas de McNeil y confirmó las notificaciones de

deficiencia      levantadas     por   el   Municipio.     Coligió    que   la

Resolución Núm. 12 no redujo válidamente el tipo contributivo

vigente en el Municipio debido a que: (1) al ser aprobada

para un propósito limitado, no se podía considerar como una

ordenanza; (2) no incluyó una reducción a otros negocios y

(3) no se hizo con el propósito de incentivar una industria.

Por otra parte, aun si la Resolución Núm. 12 fuera válida,

concluyó que no se perfeccionó el acuerdo entre las partes

debido a que el Municipio no hizo una oferta mediante la

expedición de una copia certificada, como tampoco McNeil

materializó una aceptación mediante la presentación de una

declaración jurada en la Oficina del Director de Finanzas del

Municipio.

        En cuanto a la prescripción de la deuda para el año 2008-

2009,     resolvió   que   el   término    no   estaba    prescrito     pues

aplicaba una de las excepciones recogidas en la ley.7 En ese

7 La Sección 19 de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de
julio de 1974 (21 LPRA secs. 651-652y) (derogada) disponía que:

        Excepto lo provisto en la Sección 20 de esta ley:
        (a)Regla general.— El monto de las patentes impuestas por
        autorización de esta ley será tasado dentro de los cuatro (4)
        años después de haberse rendido la declaración y ningún
        procedimiento en el tribunal sin tasación para el cobro de
        dichas patentes será comenzado después de la expiración de
        dicho período.

    [. . .] 21 LPRA sec. 651r(a) (ed. 2014) (énfasis suplido).
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sentido, coligió que el término prescriptivo no aplicaba

porque McNeil voluntariamente presentó información falsa al

reclamar   la   tasa   preferencial    del   0.025%    al   momento   de

presentar la declaración sobre el volumen de negocios.             Según

el análisis esbozado por el foro primario, McNeil debió haber

sabido que no tenía derecho a tal exención. Por tanto, el

Tribunal de Primera Instancia determinó que McNeil produjo,

deliberadamente,       información     falsa     al    presentar      la

declaración impugnada.

      A su vez, la sala sentenciadora validó la penalidad por

no presentar la declaración para el año 2010-2011 debido a

que la declaración rendida no fue debidamente juramentada. En

particular, sostuvo que la declaración que presentó McNeil,

juramentada ante una notaria del estado de Nueva Jersey, no

era válida pues la Ley de Patentes Municipales, infra, exigía

que se hiciese ante un funcionario autorizado por el Estado

Libre Asociado. Añadió que McNeil tan siquiera acreditó la

autoridad legal de la referida notaria por los medios que

dispone la legislación notarial.

      Finalmente, en cuanto a la acreencia de la deuda por los

casos HSCI2002-01169 y HSCI2002-01170, determinó que esta

pertenecía a las entidades allí demandantes y no a McNeil.

Por su parte, la Sección 20 de la referida ley apercibía que:

      (a)En el caso de una declaración falsa o fraudulenta con la
      intención de evadir el pago de la patente o en el caso de que
      se dejare de rendir declaración, la patente podrá ser tasada,
      o un procedimiento en el tribunal sin tasación para el cobro
      de dicha patente podrá comenzarse, en cualquier momento. 21
      LPRA sec. 651s (ed. 2014) (énfasis suplido).
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      Inconforme, el 16 de agosto de 2021, McNeil presentó un

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el

que   reiteró    los   planteamientos          esbozados     ante   el     foro

inferior. El 2 de mayo de 2022, el Tribunal de Apelaciones

notificó   una   Sentencia     en    la    que    confirmó     el   dictamen

recurrido. En síntesis, el foro apelativo intermedio coincidió

con el razonamiento esbozado por el foro primario. Así las

cosas, el 17 de mayo de 2022, McNeil presentó una Moción de

reconsideración. Esta fue denegada mediante una Resolución

notificada el 17 de junio de 2022.

      Insatisfecho     aún,   el    16    de   agosto   de    2022,      McNeil

presentó ante este Tribunal el presente recurso y señaló los

errores siguientes:

      Erró el TA al confirmar al TPI y concluir que McNeil
      no es la acreedora legal de la deuda del Municipio
      bajo    los    casos    números    HSCI20021169    y
      HSCI200201170.

      Erró el TA al concluir que procede la penalidad por
      dejar de rendir la declaración de volumen de
      negocios del año fiscal 2010-2011.

      Erró el TA al concluir que la deficiencia para el
      año fiscal 2008-2009 no está prescrita porque aquí
      no se probó que hubo la requerida intención del
      contribuyente para que medie una declaración
      [falsa] bajo la Ley de Patentes.

      Erró el TA determinar la invalidez o inexistencia
      de la Resolución 12.

      Erró el TA determinar que no existe una concesión
      válida toda vez que aquí quedó perfeccionado el
      contrato, se cumplieron con los requisitos para que
      exista un contrato y las partes que comparecieron
      son las partes correctas que se obligaron bajo el
      contrato.
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        Tras acoger el presente recurso como un certiorari, lo

expedimos a los efectos de atender únicamente el segundo y el

tercer error señalado. Contando con las comparecencias de las

partes, resolvemos.

                                     II.

  A. Ley de Patentes Municipales

        Nuestra Constitución dispone que el poder del Estado

“para     imponer    y      cobrar   contribuciones    y    autorizar   su

imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se

disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o

suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Por

consiguiente, los municipios, por sí mismos, no cuentan con

un poder inherente para imponer contribuciones. Lukoil Pan

Americas v. Mun. Guayanilla, 192 DPR 879, 887 (2015); Interior

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 703 (2009); Levy,

Hijo v. Mun. de Manatí, 151 DPR 292, 299 (2000).             No obstante,

en aras de que “los municipios tengan mecanismos para recaudar

fondos y así poder brindarles más servicios a sus ciudadanos,

la Asamblea Legislativa ha adoptado varios estatutos en donde

se les delega la facultad de imponer contribuciones a nivel

municipal”. Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra,

pág. 887 (escolios omitidos).

        Uno   de    estos     estatutos    fue   la   Ley   de   Patentes

Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 LPRA
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secs.       651-652y)   (derogada).8      Entre        otras     cosas,       esta

legislación autorizó a todas las asambleas municipales del

país “a imponer y cobrar, de acuerdo con las disposiciones de

esta ley, a toda persona dedicada a la prestación de cualquier

servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero

o    cualquier    industria    o    negocio”      el    pago     de     patentes

municipales. 21 LPRA sec. 651b (ed. 2014).9 En ese sentido,

las patentes no son más que “‘un impuesto sobre el volumen de

negocios de la empresa objeto del tributo’, el cual se calcula

a base del volumen de negocios llevado a cabo por la empresa

en    ese    municipio”.   Lilly    del   Caribe,       Inc.     v.   Municipio

Autónomo de Carolina, 210 DPR 306, 321 (2022) (citando a

Lukoil Pan Americas v. Mun. Guayanilla, supra, pág. 889; Muñiz

Burgos, Inc. v. Mun. de Yauco, 187 DPR 665, 681 (2013)).

     B. La falsedad o fraude en la presentación de declaraciones
        sobre el volumen de negocios

        El poder delegado a los municipios de imponer y cobrar

impuestos no es irrestricto. Como las acciones del Estado,

está sujeto a la protección constitucional del debido proceso

de ley, la validez y exigibilidad de la deuda reclamada y los

términos      prescriptivos   que    se   recogen        a     través    de   los

distintos estatutos. Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR

219, 231 (2007). Esto pues, se busca evitar que, al ejercer

8 La legislación aquí citada comprende la normativa vigente al momento de
los hechos del caso de autos. Esta quedó derogada al aprobarse el Código
Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, 21 LPRA secs. 7001-8351. Sin
embargo, cabe resaltar que el artículo citado de la ley derogada se
mantiene intacto, a grandes rasgos, en el Código Municipal de Puerto Rico.
9 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 8161.
AC-2022-0077                                                         12

las facultades conferidas, los municipios actúen de forma

arbitraria. Íd.

     De esta manera, la Ley de Patentes Municipales, supra,

provee el procedimiento a seguir para la tasación de una

deficiencia    con   respecto   a   la   contribución    impuesta.   En

específico,     se    impone    la       obligación     de   notificar

preliminarmente la deficiencia a la persona sujeta al tributo

para que oportunamente, si así lo desea, pueda solicitar la

reconsideración de esta. 21 LPRA sec. 651o (ed. 2014).10 Una

vez transcurridos los términos aplicables que permiten la

reconsideración, el Director de Finanzas notificará por correo

certificado la notificación final de la deficiencia alegada.

21 LPRA sec. 651o (ed. 2014).11 Tal notificación de deficiencia

no es otra cosa que “el trámite administrativo mediante el

cual el municipio le informa al contribuyente que se determinó

una contribución mayor a la que éste declaró”. Mun. San Juan

v. Prof. Research, supra, págs. 231-232 (citas omitidas). De

otro lado, la tasación de la patente constituye el acto de

requerir el pago de la deficiencia, acto que ocurre una vez

se remiten las notificaciones y la persona contribuyente tiene

la oportunidad de impugnarlas. Íd., pág. 232.

     De   conformidad     con   las      garantías    procesales,    el

procedimiento de tasación está sujeto al término prescriptivo

de 4 años después de haberse presentado la declaración sobre

10 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.
8175.
11 Véase, además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.

8175.
AC-2022-0077                                                             13

el volumen de negocios. 21 LPRA sec. 651r(a) (ed. 2014).12 Por

ende, “ningún procedimiento en el tribunal sin tasación para

el cobro de dichas patentes será comenzado después de la

expiración de dicho período”. 21 LPRA sec. 651r(a) (ed. 2014)

(énfasis suplido).13 En el suceso de incumplimiento con el

término prescriptivo señalado, el municipio se corre el riesgo

de perder el derecho a recobrar la contribución no devengada.

Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 232. No obstante,

lo anterior está sujeto a varias excepciones.

      En lo concerniente, la Ley de Patentes Municipales,

supra,      establece   que,   tanto   el    Director   de   Finanzas   del

municipio en cuestión como la persona contribuyente a la que

se le atribuye la deficiencia, pueden pactar por escrito tasar

la   patente     con    posterioridad       al   vencimiento   del   plazo

prescriptivo. 21 LPRA sec. 651s(b) (ed. 2014).14 Asimismo, la

Sección 20 de la citada ley dispone que:

           En el caso de una declaración falsa o
      fraudulenta con la intención de evadir el pago de
      la patente o en el caso de que se dejare de rendir
      declaración, la patente podrá ser tasada, o un
      procedimiento en el tribunal sin tasación para el
      cobro de dicha patente podrá comenzarse, en
      cualquier momento. 21 LPRA sec. 651s(a) (ed. 2014)
      (énfasis suplido).15

      Esta Curia no ha tenido la oportunidad de interpretar la

12 Véase,   además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.
8178(a).
13 Véase,   además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.
8178(a).
14 Véase,   además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.
8179(b).
15 Véase,   además: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec.
8179(a).
AC-2022-0077                                                              14

disposición anteriormente citada. Sin embargo, nótese que el

texto      reseñado    es     prácticamente    idéntico   al   articulado

correspondiente sobre las planillas o las declaraciones falsas

que se recoge en el Código de Rentas Internas para un nuevo

Puerto Rico, Ley Núm. 1-2011, 13 LPRA secs. 1010-6100.16 Por

tanto, conviene aludir a ciertos pronunciamientos de este

Tribunal que han interpretado las legislaciones tributarias a

nivel estatal con el fin de darle contenido a la frase “la

intención de evadir contribuciones”.

        En Soto Gras v. Domenech, 42 DPR 524 (1931) analizamos

dos estatutos contributivos para esclarecer cuál era la ley

aplicable      del    caso.    Sobre   el   particular,   se   dispuso    lo

siguiente:

             La Ley de 1919 exigía para el caso de dejarse
        de rendir la declaración que lo fuera con el fin de
        evadir el pago de la contribución. La de 1925 fija
        escuetamente el hecho de dejarse de rendir la
        declaración. Esto en nada influye en la resolución
        de este caso. Lo que pudiera tener influencia es
        que la Ley de 1919 sólo exigía que la declaración
        fuera falsa, mientras que la de 1925 exige que la
        declaración sea ‘falsa o fraudulenta con la
        intención de evadir el pago de la contribución’, ya
        que falso tal como se usa en la Ley de 1919 ha sido
        definido e interpretado como incorrecto. Soto Gras
        v. Domenech, supra, pág. 528 (citando a Klein,
        Federal Income Taxation, pág. 1470; Seaman v.
        Bowers, 297 Fed. 375; 25 C. J. 435, 436). (Énfasis
        suplido).

16   Planilla o Declaración Falsa o Ausencia de Planilla o Declaración:

        En el caso de una planilla o declaración requerida bajo
        cualquier Subtítulo de este Código que fuese rendida de una
        manera falsa o fraudulenta con la intención de evadir
        contribución o en el caso de que se dejare de rendir planilla
        o declaración, la contribución podrá ser tasada, o un
        procedimiento en corte sin tasación para el cobro de dicha
        contribución podrá comenzarse, en cualquier momento. 13 LPRA
        sec. 33006 (énfasis suplido).
AC-2022-0077                                                          15

       Por su parte, en Pueblo v. Pietersz, 61 DPR 237 (1943),

tuvimos    la   oportunidad   de   expandir   sobre   el   criterio   de

intención que introdujo la legislación del 1925, antes citada

en Soto Gras v. Domenech, supra. Al respecto, establecimos

que:

             Creemos propio agregar que del mismo modo no
       se probó que Pietersz preparase su planilla
       fradulentamente con intención de evadir el pago de
       la contribución. Si verdaderamente se rinde una
       planilla, el hecho de no incluir en ella una porción
       del ingreso neto no la hace fraudulenta ipso facto.
       Convenir con esa contención nos obligaría a resolver
       que una planilla incorrecta es, sin más, una hecha
       con la intención de evadir la contribución. Los
       casos    [f]ederales,   interpretando  una   sección
       idéntica, desaprueban esa contención (Duffin v.
       Lucas, 55 F. (2d) 786 (C. C. A. 6to. Cir., 1932);
       Griffiths v. Commissioner of Internal Revenue, 50
       F. (2d) 782 (C. C. A. 7mo. Cir. 1931); Moore v.
       Commissioner of Internal Revenue, 37 B. T. A. 378
       (1938); Delone v. Commissioner of Internal Revenue,
       supra; Paul & Mertens, Law of Federal Income
       Taxation, Vol. 5, secciones 48.03, 48.09). Cf.
       Helvering v. Mitchell, 303 U. S. 391. En verdad,
       nuestra ley reconoció en su sección 58(a) que una
       planilla    incorrecta,   aun   cuando  se   prepare
       negligentemente, no conlleva necesariamente la
       comisión de fraude. Pueblo v. Pietersz, supra, pág.
       241 (énfasis suplido).17

       Es de notar que, en ese momento, no hicimos distinción

alguna entre una declaración falsa o fraudulenta. Ahora bien,

al     enfrentarnos   a   dicha    disposición,    recurrimos    a    la

casuística federal, a modo persuasivo, por la semejanza entre

el esquema tributario federal y el nuestro; similitud que

subsiste en la actualidad. Ortiz Chévere v. Srio. Hacienda,

186 DPR 951, 971 (2012). En lo concerniente, la Sección

17 Cabe resaltar que la conducta imputada al contribuyente constaba en
haber mentido sobre la cantidad final de ingresos devengados para el año
1924.
AC-2022-0077                                                                16

6501(c) del Código Federal de Rentas Internas establece que:

“In the case of a false or fraudulent return with the intent

to evade tax, the tax may be assessed, or a proceeding in

court    for   collection      of   such    tax   may   be    begun    without

assessment, at any time”. Internal Revenue Code, 26 U.S.C.

sec. 6501(c) (énfasis suplido).

        Al examinar los términos falso y fraudulento, se ha

interpretado que no existe una distinción significativa entre

ambos. Brister v. U.S., 35 Fed. Cl. 214, 219 (1996). Sin

embargo, puede entenderse que una declaración es falsa “si no

era verdadera cuando se prestó y si la persona que la hizo

sabía    que   era   falsa”.    Íd.      (Traducción    suplida)      (énfasis

suplido). Por tanto, al imputarse falsedad en la declaración

impugnada,     se    requiere       la   presentación        de   prueba   que

establezca que hubo más que un mero error o negligencia. Íd.

Asimismo, se ha expresado que el Gobierno debe probar que la

declaración impugnada por alegada falsedad se hizo con la

intención de evadir el pago de contribuciones. Feller v.

C.I.R., 135 T.C. 497, 501 (2010).

        También, el término “fraude” se ha analizado de la forma

siguiente:

        Fraud is defined as an intentional wrongdoing
        designed to evade tax believed to be owing.
        Professional Services v. Commissioner, 79 T.C. 888,
        930 (1982). Respondent's burden of proving fraud is
        met if it is shown that the taxpayer intended to
        evade taxes known to be owing by conduct intended
        to conceal, mislead[,] or otherwise prevent the
        collection of taxes. DiLeo v. Comm'r, 96 T.C. 858,
        874 (1991), affd., 959 F.2d 16 (2d Cir. 1992)
AC-2022-0077                                                               17

       (citando a Stoltzfus v. United States, 398 F.2d
       1002, 1004 (3d Cir 1968); Rowlee v. Commissioner,
       80 T.C. 1111, 1123 (1983)). (Énfasis suplido).

       A su vez, la existencia de fraude ha de ser determinada

a la luz de la totalidad del expediente. DiLeo v. Comm'r,

supra, pág. 874; Gajewski v. Commissioner, 67 T.C. 181, 199

(1976). Sobre este particular, la casuística indica que el

“fraude puede ser probado mediante prueba circunstancial”.

DiLeo v. Comm'r, supra, pág. 874, Rowlee v. Commissioner,

supra, pág. 1123 (traducción suplida). Como guía, la Corte de

Apelaciones federal para el Noveno Circuito en Bradford v.

Commissioner, 796 F.2d 303, 307 (9th Cir. 1986), proveyó una

lista    numerus      apertus       sobre   el       tipo    de    evidencia

circunstancial que puede hacer más probable la intención de

evadir el pago de impuestos en la declaración impugnada. Entre

ellas se encuentran: (1) reportar ingresos menores a los

devengados,     (2)      manejar    inadecuadamente         los   libros   de

contabilidad,      (3)    ocultar    activos     y    (4)    participar    en

actividades ilegales. Bradford v. Commissioner, supra, pág.

307.

  C. Declaración sobre volumen de negocios

       La Sección 10 de la Ley de Patentes Municipales, supra,

establece que “[t]oda persona sujeta al pago de la patente o

su agente autorizado estará obligada a rendir una declaración

de volumen de negocio [. . .] bajo juramento prestado ante

cualquier funcionario municipal o del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico autorizado para ello”. 21 LPRA sec. 651h(a)
AC-2022-0077                                                               18

(ed. 2014) (énfasis suplido).18

      Empero,    sobre    la    facultad      para   tomar   juramentos     y

declaraciones,     de    la    Sección   41    de    la   referida   ley   se

desprende que:

           Cualquier juramento o afirmación exigido o
      autorizado por esta ley o por cualesquiera
      reglamentos bajo autoridad de las mismas podrá ser
      tomado por cualquier persona autorizada a tomar
      juramentos de carácter general por las leyes del
      Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados
      Unidos, o del Distrito de Columbia donde se tomare
      dicho juramento o afirmación o por cualquier
      funcionario consular de los Estados Unidos. Este
      inciso no se interpretará como una enumeración
      exclusiva de las personas que podrán tomar dichos
      juramentos o afirmaciones. 21 LPRA sec. 652m(b) (ed.
      2014) (énfasis suplido).19

      Por su parte, la Sección 22 impone el cargo de intereses

y penalidades cuando se dejare de rendir la declaración sobre

volumen de negocios, a no ser que se demuestre la existencia

de causa razonable para la omisión y que esta no se debe a un

descuido voluntario. 21 LPRA sec. 651u (ed. 2014).

      A su vez, el Reglamento para la Administración Municipal,

Reglamento Núm. 7539 de 18 de julio de 2008, establece los

requisitos a cumplir al presentarse la declaración sobre

volumen    de   negocios.      En   lo   pertinente,       ordena    que   la

declaración debe rendirse “bajo juramento prestado ante el

18 Es meritorio enfatizar que, en el Código Municipal de Puerto Rico,
supra, la Asamblea Legislativa eliminó lo relacionado con “el juramento
prestado ante cualquier funcionario municipal o del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico autorizado para ello”, según citado en la Ley de Patentes
Municipales, supra. Véase: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA
sec. 8169(a)(2).
19 La facultad que tienen las personas autorizadas a tomar juramentos de

carácter general por las leyes de Estados Unidos, según se recoge en el
artículo citado, se preserva en el Código Municipal de Puerto Rico, supra.
Véase: Código Municipal de Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 8200(b).
AC-2022-0077                                                                       19

notario autorizado para tomarlo [. . .]”. Reglamento para la

Administración Municipal, supra, pág. 171 (énfasis suplido).

“La declaración que no cumpla con los requisitos mencionados

se considerará como no [presentada]”. Íd., pág. 172.

        Esbozado el marco jurídico aplicable a la controversia

ante nos, disponemos de este asunto.

                                           III.

                                           A.

        Procedamos a atender primero el tercer error señalado en

el recurso ante nos.

        McNeil alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al

confirmar el dictamen del foro primario que determinó que la

deficiencia sobre el año fiscal 2008-2009 no estaba prescrita.

Alegó que los foros a quo le imputaron equivocadamente la

excepción      sobre       declaración       falsa     o    fraudulenta      con   la

intención      de     evadir     el   pago      de   patentes    “[s]in      que   el

Municipio       hubiese       presentado        prueba      alguna   que   así     lo

demostrara       [.    .     .]”.20   De    esta     manera,    para   los    foros

inferiores, McNeil “deliberadamente utilizó una tasa de 0.025%

a la cual sabía que no tenía derecho”, lo que constituyó

prueba       suficiente          para       evitar         la   declaración        de

prescripción.21         No     obstante,          McNeil    advierte   que       esta

conclusión es problemática porque, de no tener que probarse

el elemento subjetivo de intención que exige la ley, “se

20   Apelación, pág. 25.
21   Íd.
AC-2022-0077                                                                        20

llegaría al absurdo de que toda declaración que contenga un

error      sería     una        declaración            falsa    automáticamente[,]

[eliminando]        así,    para       todo      fin    práctico,      los   términos

prescriptivos dispuestos por el legislador”.22

        El Municipio, por su parte, arguyó que la Sección 20 de

la Ley de Patentes Municipales, supra, distingue entre una

declaración        falsa    y    una    declaración            fraudulenta    con   la

intención de evadir el pago de patentes. En cuanto a la

primera, sostuvo que “[b]asta con que se demuestre la falsedad

de lo declarado a sabiendas de que lo que se declara es falso

para que no aplique el periodo ordinario de cuatro años”.23 En

ese     aspecto,    alegó       que    la     peticionaria        es   una   compañía

multinacional sofisticada, por lo que le imputó conocimiento

de que no existía acuerdo válido alguno que le concediera la

tasa preferencial que reclamaba. De otro lado, indicó que, en

el supuesto de estar llamado a probar la intención de evadir

el pago de patentes por parte de McNeil, del expediente surgía

la prueba necesaria para establecer que esta, de forma clara

y deliberada, tenía tal intención al declarar que le cobijaba

la tasa preferencial del 0.025% cuando no le correspondía. No

nos convence.

        Hoy, resolvemos que para que aplique la excepción de

declaración falsa o fraudulenta al término prescriptivo sobre

deficiencias        en     el    pago       de     patentes       municipales,      es

22   Alegato de la parte peticionaria, pág. 28.
23   Alegato de la parte recurrida, pág. 36 (énfasis en el original).
AC-2022-0077                                                                             21

imprescindible          demostrar         que       el    acto     imputado      es     uno

intencional. A estos efectos, se requiere prueba de que hubo

algo   más    que   un    mero       error      o    negligencia         al    rendir    la

declaración de volumen de negocios. Por consiguiente, es

insuficiente una mera alegación por parte del municipio en

cuestión sobre una declaración con información falsa, sin

establecer que la persona contribuyente tenía la intención de

evadir el pago de la patente.

       En ambos supuestos –falsedad o fraude-, determinamos que

son los municipios los llamados a establecer la intención de

la persona contribuyente de defraudar al erario para rebatir

la defensa de prescripción.                  Esto es indispensable pues, de

otra forma, estaríamos ante un escenario en donde la misma

limitación que intenta proteger a las personas contribuyentes

del levantamiento de deficiencias tributarias por un término

indefinido, constituiría letra muerta para todos los efectos

reales.

       Como cualquier otro asunto probatorio, la intención de

evadir      contribuciones       a    la     que         nos    referimos      puede    ser

demostrada mediante prueba circunstancial. Es decir, a través

de la totalidad de los hechos y la prueba que obra en el

expediente,       que    tiendan      a    probar          de    forma      indirecta    lo

alegado. Ante un planteamiento de aplicación de la excepción

a la defensa de prescripción, les corresponde a los municipios

el   peso    de   la    prueba       de    demostrar            que,   en    efecto,    las

declaraciones presentadas fueron realizadas de manera falsa o
AC-2022-0077                                                                  22

fraudulenta con el motivo de no pagar las patentes adeudadas.

Asimismo, por resultar persuasiva, y a tono con lo aquí

pronunciado, adoptamos en nuestro ordenamiento jurídico la

lista no taxativa adoptada por la Corte de Apelaciones federal

para el Noveno Circuito en el marco de contribuciones sobre

ingresos por entender que sirve como punto de partida para

identificar         aquella   prueba          circunstancial       que     puede

establecer      la   intención     de    evadir       el   pago   de    patentes

municipales. Véase Bradford v. Commissioner, supra, pág. 307.

A saber: (1) reportar ingresos menores a los devengados; (2)

manejar    inadecuadamente         los   libros       de   contabilidad;     (3)

ocultar activos, y (4) participar en actividades ilegales.

Íd.

      Al      aplicar   la    norma      aquí     acogida     a   los     hechos

particulares del caso, observamos que McNeil -al momento de

rendir la declaración sobre el volumen de negocios en octubre

de 2008- debió haber sabido que no tenía derecho a la tasa

preferencial que reclamaba. Esto pues de la Concesión emitida

el 30 de agosto de 2008 surge que para que dicho decreto se

considerase un contrato entre las partes, McNeil venía llamado

a presentar su aceptación del acuerdo mediante una declaración

jurada.    Ello,     luego    de   que    se     le   expidiera    una     copia

certificada de la Concesión. Sin embargo, y como surge del

expediente ante nos, lo anterior nunca ocurrió. Así pues, y

al    tomar    en    consideración       la     sofisticación     de     McNeil,

concluimos que este presentó una declaración falsa al reclamar
AC-2022-0077                                                                     23

una tasa preferencial al amparo de un contrato que nunca se

perfeccionó. Sin embargo, esto no es suficiente para disponer

de la controversia que nos ocupa.

       Como aquí pautamos, son los municipios los llamados a

demostrar la intención de evadir el pago de patentes cuando

se pretenda utilizar la excepción de declaración falsa o

fraudulenta al término prescriptivo sobre deficiencias en el

pago de patentes municipales. Sin embargo, en este caso, el

Municipio     se   limitó   únicamente     a     imputarle        a    McNeil    la

falsedad de su declaración al sostener que esto era suficiente

para   que    se   levantara   la    prescripción      de    la       deficiencia

reclamada para el año 2008-2009. Al así actuar, el Municipio

no cumplió con el estándar que aquí se establece. A estos

efectos, es forzoso concluir que el tercer error señalado se

cometió. No obstante, al adoptar en nuestro ordenamiento esta

interpretación,       entendemos     prudente     impartirle           un    efecto

prospectivo.

       Las   decisiones     emitidas    por    esta    Curia,         como   norma

general, tienen carácter retroactivo. Rosario Domínguez v.

ELA, 198 DPR 197, 216 (2017); Datiz v. Hosp. Episcopal, 163

DPR 10, 17 (2004). “No obstante, en el ejercicio de nuestra

discreción      judicial,    hemos     emitido    opiniones           con    efecto

prospectivo en consideración a las circunstancias fácticas

del caso, la justicia, la equidad, la mejor convivencia social

o   para     evitar   dislocaciones     severas       en    nuestro         sistema

económico”. Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 216. Véanse
AC-2022-0077                                                               24

también:       López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Isla

Verde Rental v. García, 165 DPR 499 (2005).

        A   tono    con   lo    anterior,    hemos   enumerado    aquellos

criterios que se han de considerar al momento de determinar

si     un   nuevo   precedente     tendrá    aplicación      retroactiva   o

prospectiva, a saber: (1) la confianza depositada en la norma

antigua o precedente; (2) el propósito que persigue la nueva

regla para determinar si su retroactividad lo adelanta, y (3)

el efecto de la nueva medida en la administración de la

justicia. Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 216; Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 393 (2012); Datiz

v. Hospital Episcopal, supra, pág. 18.

        Dicho esto, sostenemos que ante la controversia que nos

ocupa, y al pronunciar la interpretación que hoy adoptamos,

es apropiado que se le brinde una oportunidad al Municipio de

demostrar      mediante    el    desfile    de   prueba   que   McNeil   -al

presentar una declaración falsa- tuvo la intención de evadir

el pago de las patentes.

                                     B.

        En lo atinente al segundo error señalado, McNeil alega

que los foros inferiores erraron al imponerle una penalidad a

la declaración para los años 2010-2011 por entenderse como no

presentada al ser juramentada ante una notaria del estado de

Nueva Jersey. Para ello, se amparó en la Sección 41 de la Ley

de Patentes Municipales, supra.24 Por otro lado, arguyó que no

24   Véase: Alegato de la parte peticionaria, págs. 15-16.
AC-2022-0077                                                                     25

podía     imputársele      haber    incumplido      con       los    medios      de

acreditación que provee la legislación notarial en Puerto Rico

para protocolización de los documentos otorgados fuera del

país, pues lo anterior no constaba como requisito en la Ley

de Patentes Municipales, supra.25 Sin embargo, de entenderse

que sí era necesario el cumplimiento con el requisito de

certificación que dispone la legislación notarial, sostuvo

que a través del pleito en el foro primario, sí cumplió con

tales requisitos.26

        Por su parte, el Municipio arguyó que no se cometió tal

error,     puesto   que     la     Sección     10   la       Ley    de     Patentes

Municipales, supra, establece que el juramento debe prestarse

ante un funcionario municipal o del Estado Libre Asociado

autorizado a estos efectos. A su vez, manifestó que el trato

recíproco que se pueda ofrecer a los testimonios legitimados

fuera de Puerto Rico no se rige por la Ley de Patentes

Municipales,     supra,    sino     por   la   Regla     41    del       Reglamento

Notarial, infra.27 Asimismo, indicó que en este caso no se

acreditó siquiera la autoridad de la notaria de Nueva Jersey

sino hasta una etapa avanzada del pleito.28

        La Regla 41 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4

LPRA     XXIV,   dispone    el     procedimiento         a    seguir      para   la

protocolización de los documentos notariales otorgados fuera

de Puerto Rico. Se establece que, para que tengan la eficacia

25 Íd., pág. 15.
26 Véase: Apéndice de la apelación, pág. 1796.
27 Alegato de la parte recurrida, pág. 16.
28 Íd., en la pág. 18.
AC-2022-0077                                                                  26

de instrumentos públicos en Puerto Rico, estos documentos

deben ser protocolizados. Regla 41 del Reglamento Notarial,

supra. En síntesis, se requiere que estos documentos sean

legalizados, que no es otra cosa que presentar el documento

que certifique por medio de la autoridad competente que, al

momento de la legitimación, el notario o la notaria que la

realizó estaba autorizada a ello. Regla 41 del Reglamento

Notarial, supra.

     Como mencionamos anteriormente, la Sección 10 de la Ley

de Patentes Municipales, supra, establece que la declaración

de volumen de negocio deberá ser juramentada “ante cualquier

funcionario municipal o del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico autorizado para ello [. . .]”. 21 LPRA sec. 651h(a). Sin

embargo,    la    Sección    41   de   la   referida      ley    dispone     que

“cualquier juramento o afirmación exigido o autorizado por

esta ley o por cualesquiera de los reglamentos [. . .] podrá

ser tomado por cualquier persona autorizada a tomar juramentos

de carácter general por las leyes del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico [o] de los Estados Unidos [. . .]”. 21 LPRA

sec. 652m(b) (ed. 2014) (énfasis suplido).

     De    un    examen    integral    de    la    legislación     citada     no

atisbamos   impedimento       alguno    que       evite   que   las   personas

contribuyentes rindan su declaración sobre volumen de negocios

debidamente juramentadas por personas autorizadas a tomar

juramentos al amparo de las leyes de los Estados Unidos. Al

disponer    sobre     la     facultad       para     tomar      juramentos     y
AC-2022-0077                                                                      27

declaraciones exigidos a través de la legislación, la Sección

41    no    provee   una    excepción          para   las    declaraciones      aquí

impugnadas, de modo que solamente puedan ser juramentadas ante

un funcionario autorizado en el Estado Libre Asociado.29 En

ese aspecto, resolvemos que la Ley de Patentes Municipales,

supra, permite que las declaraciones sobre volumen de negocios

sean juramentadas en los Estados Unidos o en el Distrito de

Columbia ante funcionarios autorizados.

       Ahora    bien,      es   de       notar    que   la    Ley     de    Patentes

Municipales, supra, no hace alusión alguna a la legislación

notarial       con   respecto        a    la     legalización       del    documento

notarizado ante funcionario autorizado a ejercer fuera de

Puerto Rico.30 En esta coyuntura, es imprescindible resaltar

que    la    Regla   antes      citada         corresponde    al     proceso    para

protocolizar estos documentos; es decir, para darles eficacia

de instrumento público y que tengan acceso al Registro de la

Propiedad de Puerto Rico. Este procedimiento no es el que

pretende realizar el Municipio.

           En lo pertinente a la controversia trabada, McNeil

presentó válidamente su declaración sobre volumen de negocios

para el año fiscal 2010-2011, juramentada oportunamente ante

29 Este análisis es cónsono, incluso, con las enmiendas realizadas por la
Legislatura al promulgar el Código Municipal de Puerto Rico, supra. Véase
el escolio número 16 de esta Opinión. Véase, además: Código Municipal de
Puerto Rico, supra, 21 LPRA sec. 8200(b).
30  Ciertamente, la práctica deseable sería que, de juramentarse las
declaraciones ante funcionario autorizado en los Estados Unidos, al
momento de presentarse tal declaración también se produzca la debida
certificación según enmarcada en la Regla 41 del Reglamento Notarial,
supra. De esta forma, los municipios tendrían mayor certeza de que el
funcionario que realizó la juramentación goza de las facultades en ley
para ello.
AC-2022-0077                                                                 28

la notaria Diane Zielinski, en el estado de Nueva Jersey. A

su     vez,   durante      el   trámite    procesal    del   pleito,    McNeil

presentó la debida certificación emitida por el mencionado

estado en la que se acreditó que la comisión de la referida

notaria estaba vigente a la fecha en que legitimó la firma de

la declaración impugnada.31 En consecuencia, el segundo error

señalado se cometió. No procede la penalidad impuesta puesto

que McNeil sí presentó la declaración para el año 2010-2011

conforme a derecho.

                                           IV.

        Por los fundamentos expuestos, se modifica la Sentencia

del     Tribunal      de   Apelaciones    respecto    a   los    errores   aquí

atendidos.       Se    devuelve    el     caso   al   Tribunal    de   Primera

Instancia para que se celebre la vista evidenciaria pertinente

a los efectos de determinar la existencia de una intención de

evadir el pago de patentes por parte de McNeil. Asimismo, se

ordena la eliminación de la penalidad adjudicada al año fiscal

2010-2011 de conformidad con lo aquí resuelto.

        Se dictará Sentencia de conformidad.

                                                 Maite D. Oronoz Rodríguez
                                                     Jueza Presidenta

31   Véase: Apelación, pág. 23; Apéndice de la apelación, pág. 1796.
             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

McNeil Healthcare, LLC

  Peticionario

       v.                             AC-2022-0077

Municipio   de    Las   Piedras   y
otros

  Recurridos

      Rodríguez emitió en parte y disidente en parte

                                        SENTENCIA

                 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

                      Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
                 antecede, la cual se hace formar parte de la
                 presente Sentencia, se modifica la Sentencia del
                 Tribunal de Apelaciones respecto a los errores aquí
                 atendidos. Se devuelve el caso al Tribunal de
                 Primera Instancia para que se celebre la vista
                 evidenciaria pertinente a los efectos de determinar
                 la existencia de una intención de evadir el pago de
                 patentes por parte de McNeil Healthcare, LLC.
                 Asimismo, se ordena la eliminación de la penalidad
                 adjudicada al año fiscal 2010-2011 de conformidad
                 con lo aquí resuelto.

                      Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
                 la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez
                 Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.

                                    Bettina Zeno González
                           Secretaria del Tribunal Supremo Interina