Court Opinion

ID: 9928506
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:25.144945+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:43.593600
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL XI

                                                    Certiorari procedente
ROHEL ROBERTO CASTRO                                del Tribunal de Primera
      MERCADO                                       Instancia, Sala
                                                    Superior de Caguas
         RECURRIDO
                                               Civil Núm.:
               V.                KLCE202301362 E CU2019-0090

    LINDA LIZ MARTÍNEZ                              Sobre:
          ROMÁN
                                                    CUSTODIA
        PETICIONARIA                                COMPARTIDA

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

       Comparece, Linda Liz Martínez Román, (en lo sucesivo, “la

peticionaria”), mediante el auto de certiorari de epígrafe. Ello, a los fines

de solicitar nuestra intervención para que dejemos sin efecto la

determinación emitida el 2 de noviembre de 2023, y notificada el 3 de

noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.

Mediante el referido dictamen, el foro a quo, declaró No Ha Lugar la

“Moción Informativa y Solicitud De Que Se Encuentre Incurso En

Desacato A Roher Roberto Castro Mercado Y Por No Cumplir Con Orden

Del Tribunal Por Segunda Ocasión [sic] Bajo La Regla 34.2 De Las De

Procedimiento Civil,” presentada por la peticionaria. Todo, dentro de un

pleito civil sobre custodia compartida, el cual fue instado por el recurrido,

Rohel Roberto Castro Mercado.

                                     I.

       El origen de la controversia que nos ocupa se remonta al día 18 de

enero de 2022. En la referida fecha, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Sentencia. Ello, a los fines de otorgar a las partes de epígrafe

la custodia compartida, por igual tiempo, del menor RRCM. Así las cosas,

Número Identificador
RES2023 ________
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el 3 de mayo de 2023, el foro primario emitió una Resolución y Orden

Enmendada. Mediante la misma, el tribunal recurrido adoptó el Informe

Sobre Pensión Alimentaria Provisional, firmado el 17 de marzo de 2023

por la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Consecuentemente, le

impuso a la peticionaria el pago de $30.38 en concepto de pensión

alimentaria provisional a favor del menor RRCM.

      Luego de varias incidencias procesales que no son necesarias de

pormenorizar, el 9 de octubre de 2023, la peticionaria, presentó una

Moción. En su escrito arguyó, que el 26 de septiembre de 2023 solicitó

infructuosamente al recurrido, por medio de un correo electrónico, la

actualización de la Planilla de Información Personal y Económica, (en lo

sucesivo, por sus sigas “PIPE”). Añadió, que han sido múltiples los

requerimientos que le había realizado al recurrido para que entregara la

referida actualización, y a pesar de ello no había recibido respuesta. Así

pues, peticionó al foro de origen, que le ordenara al recurrido que

presentara una PIPE actualizada.

      En atención a la aludida petición, el 16 de octubre de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia, notificó una Orden. Mediante esta, le

apercibió al recurrido que debía radicar una PIPE actualizada dentro de

un término de veinticuatro (24) horas. Así las cosas, nuevamente el 17 de

octubre de 2023, la peticionaria presentó un escrito intitulado Moción. En

síntesis, en este escrito reiteró los planteamientos esbozados en su

anterior petitorio. A la luz de lo anterior, solicitó la intervención del

Tribunal a los efectos de que dicho foro volviera a requerirle al recurrido

una PIPE actualizada.

      Ante ello, el foro primario, emitió el 18 de octubre de 2023 y notificó

el 25 de octubre de 2023 una Orden. Por medio de esta le ordenó

nuevamente al recurrido que sometiera una PIPE actualizada. Además, le

impuso   una    sanción   de   quinientos     dólares   ($500),   debido   al

incumplimiento aducido por la peticionaria.
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      El 30 de octubre de 2023, la peticionaria, presentó escrito intitulado

“Moción Informativa y Solicitud De Que Se Encuentre Incursa En

Desacato A Roher Roberto Castro Mercado Y Por No Cumplir Con Orden

Del Tribunal Por Segunda Ocasión [sic] Bajo La Regla 34.2 De Las De

Procedimiento Civil.” Expresó, que el 25 de octubre de 2023 se celebró la

vista de alimentos ante la Oficial Examinadora. Alegó, que en dicha vista

los argumentos del recurrido consistieron en: atribuirle falta de

cumplimiento en cuanto al requerimiento del descubrimiento de prueba

que se había cursado, y en sostener que dicho descubrimiento de prueba

había finalizado el 28 de julio de 2023. Por su parte, reafirmó su petición

de una PIPE actualizada del recurrido, con la cual alegadamente

continuaba sin cumplir. Consecuentemente, solicitó al foro de origen que

le impusiese al recurrido honorarios de abogado por una cantidad de mil

dólares ($1,000).

      El 3 de noviembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia,

notificó la determinación que nos ocupa. En dicho dictamen, el foro

recurrido declaró No Ha Lugar la solicitud de la peticionaria. Ello, bajo el

fundamento de que la vista se había celebrado con la prueba obtenida

hasta el momento.

      De otra parte, el 8 de noviembre de 2023, el recurrido reaccionó a

las sanciones impuestas por el tribunal primario. Ello, mediante un escrito

denominado “Moción Que Pide Reconsideración Al Amparo De La Regla

47 De Las De Procedimiento Civil; Que Pide Determinaciones De Hechos

Adicionales y Conclusiones De Derecho y Otros Extremos.” En lo

pertinente, reiteró que el día 28 de julio de 2023 culminó el

descubrimiento de prueba para el caso de epígrafe. Agregó, que la

solicitud de actualización de la peticionaria se realizó a escasas dos (2)

semanas de la vista final de pensión alimentaria. A tono con lo expuesto,

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejase sin efecto las

sanciones económicas impuestas.
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       En atención a la petición del recurrido, el 10 de noviembre de 2023,

el foro primario, notificó una determinación por medio de la cual dejó sin

efecto las aludidas sanciones. Posteriormente, e inconforme con el

dictamen notificado el 3 de noviembre de 2023, la peticionaria, presentó el

16 de noviembre de 2023 una Moción Solicitando Reconsideración. Dicha

solicitud fue declarada No Ha Lugar por el foro a quo en fecha del 27 de

noviembre de 2023.

       Aun inconforme, el 4 de diciembre de 2023, la peticionaria,

compareció ante este Tribunal mediante el presente auto de certiorari. En

su escrito señaló los siguientes errores:

       A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la
       Orden a la parte demandante de radicar la Planilla de
       Información Personal y Económica (PIPE) y ordenar la
       celebración de la vista sin la presentación de los
       documentos solicitados.

       B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la
       sanción económica en contra de la parte demandante por
       incumplir en más de una ocasión con la orden de presentar
       la de la Planilla de Información Personal y Económica
       (PIPE) y los estados o informes bancarios solicitados y al no
       encontrar incurso en desacato a la parte demandante por su
       reiterado incumplimiento a las Órdenes del Tribunal.

                                     II.

A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión

de un tribunal inferior. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023

TSPR 65, 212 DPR ____; Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v.

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Art. 670 del Código de

Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de Recursos

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La característica distintiva del

certiorari “se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. Íd. Ahora bien, el

ejercicio de esta discreción no es absoluto. Por ello, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece una serie de
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instancias en las que los foros apelativos pueden ejercer su facultad

revisora:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
       Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      De igual modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de

certiorari. Así pues, estas consideraciones “orientan la función del tribunal

apelativo intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”.

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla

permite que el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el

vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de considerar los

asuntos planteados. Íd.; 800 Ponce de León v. American International,

205 DPR 163, 176 (2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40,

supra, dispone los siguientes criterios:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.
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       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

      Los foros revisores no debemos intervenir en las determinaciones

de hechos del tribunal de instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro

actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o

en error manifiesto. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018). Esta

norma permite que el foro primario actúe conforme a su discreción

judicial, que es la facultad que tiene “para resolver de una forma u otra, o

de escoger entre varios cursos de acción”. Id. pág. 735; Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 132 (2019). El

ejercicio esta discreción “está inexorable e indefectiblemente atado al

concepto de la razonabilidad”. Id.; Pueblo v. Hernández Villanueva, 179

DPR 872, 890 (2010). Así pues, “la discreción es una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 729 (2016). No obstante, un tribunal incurre en abuso de

discreción cuando ignora sin fundamento un hecho material, concede

demasiado peso a un hecho inmaterial, y fundamenta su determinación

en ese hecho irrelevante, o cuando a pesar de examinar todos los hechos

del caso hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Id.

pág. 736. En esos casos, los foros apelativos ostentamos la facultad

discrecional para expedir el recurso de certiorari y ejercer nuestra función

revisora.

                                      III.

      En esencia, la peticionaria sostiene que incidió el foro recurrido al

dejar sin efecto las sanciones económicas impuestas al recurrido; al no

requerirle la radicación de la PIPE; y al no encontrar al recurrido incurso

en desacato por los argüidos incumplimientos.

       Es preciso destacar, que nos dimos a la tarea de solicitarle al

Tribunal de Primera Instancia los autos originales del presente caso. Ello,

dado que, la peticionaria no incluyó junto a su recurso la documentación

pertinente que nos ayudara en nuestro proceso de revisión.
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         Tras evaluar los referidos autos de forma minuciosa y en su

totalidad, determinamos que no existen razones para intervenir con la

determinación del foro recurrido. Entendemos que el Tribunal de Primera

Instancia actuó acorde a la sana discreción que le corresponde en esta

etapa de los procedimientos. Asimismo, no vemos que el foro primario al

ejercer sus facultades adjudicativas haya cometido perjuicio, parcialidad o

error manifiesto. De igual modo, su decisión no trastoca los limites de una

sana discreción ni constituye algún error de derecho. Ante ello, y cónsono

con la sabia discreción que debemos ejercer al expedir un recurso de

certiorari, determinamos denegar el presente auto.

                                    IV.

         Por los fundamentos esbozados, denegamos el presente recurso al

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra.     Se ordena la devolución de los autos originales al foro de

instancia.

         Notifíquese inmediatamente.

         Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones