Court Opinion

ID: 9554692
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:17:51.378632+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:12.081873
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                          PANEL II

          IVÁN REYES CAPARRÓS                             Certiorari
                                                          procedente del
                   Recurrido                              Tribunal de
                                                          Primera Instancia,
                       V.                                 Sala Superior de
                                                          Bayamón
           MY WIRELESS PR, LLC
                                                          Caso Núm.:
                  Peticionaria                            BY2021CV04721
                                                          (703)
                                       KLCE202300710
                                                          Sobre:
                                                          DESPIDO
                                                          INJUSTIFICADO,
                                                          DISCRIMEN POR
                                                          IMPEDIMENTO,
                                                          LEY DE
                                                          REPRESALIA,
                                                          PROCEDIMIENTO
                                                          SUMARIO,
                                                          DISCRIMEN
         Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
         Grana Martínez y el Juez Adames Soto.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                       RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

                Comparece ante este tribunal, My Wireless PR, LLC, mediante

         recurso de certiorari. En su escrito, nos solicita la revocación de la

         Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

         Superior de Bayamón, del 12 de junio del año en curso. En la misma,

         el foro recurrido desestimó la reclamación por discrimen religioso, por

         estar prescrita, y rechazó la invitación del peticionario a desestimar

         las demás causas de acción presentadas en su contra.

                Los hechos esenciales para comprender la determinación que

         hoy alcanzamos se incluyen a continuación.

                                             I

                Surge del expediente ante nuestra consideración, que el señor

         Iván Reyes Caparrós presentó una Querella contra My Wireless Group

         LLC sobre despido injustificado, discrimen por credo religioso,

Número Identificador

RES2023________________
KLCE202300710                                                                     2

discrimen por discapacidad y represalias al amparo del proceso

sumario de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961. Después de varios

trámites procesales no pertinentes para nuestro resumen, My

Wireless Group LLC presentó una Moción de sentencia sumaria

solicitando la desestimación de la querella en su totalidad. Por su

parte, el señor Reyes Caparrós se opuso a la misma.

       Luego del análisis de la moción dispositiva y su oposición, el

foro primario emitió Sentencia Parcial. En esta desestimó la

reclamación por discrimen por credo religioso por estar prescrita y

rechazó la desestimación de las demás reclamaciones. En la

Sentencia Parcial determinó 43 hechos no controvertidos, señalando

los siguientes hechos materiales como controvertidos:

       1)    Si el señor Reyes se negó a firmar “My Wireless New
       Hire Package” o fue My Wireless quien le ha impedido
       firmarlo.

       2)    Si negarse a firmar dicho acuerdo era motivo para
       despedir al señor Reyes, dado que comenzó a trabajar
       varios meses antes de tener que firmarlo.

       3)    Si My Wireless despidió al señor Reyes en
       represalias, por éste presentar varias quejas o comparecer
       a la CFSE.

       4)    Si el señor Reyes tiene algún impedimento que le
       haga acreedor de un acomodo razonable, si My Wireless
       se negó a ofrecérselo y, en vez de eso, lo despidió.

       5)     Si el señor Reyes fue despedido injustificadamente.

       6)    Si el señor Reyes fue despedido injustificadamente
       y en represalias, ¿a cuánto asciende el daño?

                                         II

       Primeramente, conforme la facultad concedida a este foro en la

Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

prescindimos de trámite adicional alguno para la solución de este

recurso.1

1 El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier
caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente
despacho, y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida
impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5).
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      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial se ha

definido como la autoridad para elegir entre diversas opciones sin

enajenarnos del derecho. Los tribunales deben ejercer su discreción

de forma razonable al momento de pasar juicio sobre una controversia

para así poder llegar a una condición justiciera. IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334–335.

      Por otro lado, la discreción del Tribunal de Apelaciones para

expedir un recurso de certiorari no es absoluta, está limitada por la

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone lo

siguiente:

      […] El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar a
      la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.

      Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
      por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada
      en el recurso de apelación que se interponga contra la
      sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los
      errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V.

      Superado el análisis de la Regla 52.1, supra, y concluyendo que

estamos autorizados a intervenir conforme a la regla aludida, nuestra
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evaluación conlleva un segundo examen previo al ejercicio de nuestra

discreción. Nos referimos a la evaluación de los criterios mencionados

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, que dispone:

             El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Puntualizamos que, no se favorece la revisión de asuntos

interlocutorios en ausencia de los criterios antes mencionados. 800

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of

Puerto Rico, 205 DPR 163, 175-176 (2020); IG Builders et al v.

BBVAPR, supra, pág. 338. Esto por representar un inconveniente

para el desenvolvimiento lógico y funcional del proceso que se permita

recurrir de las diversas resoluciones que recaen en los diversos actos

procesales que finalmente han de culminar en una sentencia final,

pues se interrumpe la marcha ordenada del proceso litigioso. Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 730 (2016). Se ha

resuelto que, el denegar la expedición de un auto de certiorari, no

constituye una adjudicación en los méritos, sino que “es corolario del
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ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo intermedio para

no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de

instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98.

      En cuanto a la solicitud de sentencia sumaria, la doctrina nos

señala que ésta propicia la solución justa, rápida y económica de

aquellas controversias en las que no es necesario realizar un juicio

plenario. Universal Insurance v. ELA, 2023 TSPR 24; Pérez Vargas v.

Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2019); González Santiago v. Baxter

Health Care, 202 DPR 281, 290 (2019). No obstante, la sentencia

sumaria está limitada a los casos en los que no existe controversia de

hechos medulares y lo único que resta es aplicar el derecho. Universal

Insurance v. ELA, supra; Municipio de Añasco v. ASES et al, 188 DPR

307, 326 (2013).

      La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite

que cualquiera de las partes solicite sentencia sumaria a su favor

sobre la totalidad del pleito o cualquier parte de la reclamación. El

solicitante deberá presentar una moción basada en declaraciones

juradas u otra evidencia que demuestre que no existe una

controversia   sustancial   de   hechos   esenciales   y   pertinentes       o

materiales. Además, deberá establecer su derecho con claridad. Los

hechos catalogados como materiales o esenciales y pertinentes son

todos los que puede afectar el resultado de la reclamación conforme al

derecho sustantivo aplicable. La controversia sobre el hecho material

tiene que ser real. Universal Insurance v. ELA, supra. No obstante,

cualquier duda no es suficiente para derrotar una solicitud de

sentencia sumaria. La duda debe colegir la existencia de una

controversia real y sustancial sobre dichos hechos. Bobe et al v. UBS

Financial Services, 198 DPR 6, 20-21 (2017). El oponente no puede

descansar meramente en las aseveraciones o negaciones contenidas

en sus alegaciones y tiene que contestar la moción de sentencia

sumaria en forma detallada y específica, como lo hiciera la parte
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solicitante. Bobe et al v. UBS Financial Services, supra, pág. 21. Según

el inciso (e) de la Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, la sentencia sumaria

será dictada inmediatamente si de las alegaciones, deposiciones

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a

las declaraciones juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que

no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial

y pertinente. Además, el tribunal tiene que estar convencido de que

como cuestión de derecho procede dictar sentencia sumaria a favor de

la promovente.

                                  III

      Luego de un análisis minucioso del expediente en su totalidad,

particularmente la solicitud de sentencia sumaria con sus anejos, su

oposición y la sentencia recurrida, conforme los criterios y el derecho

antes mencionado, decidimos denegar nuestra intervención con la

determinación cuestionada.

                                  IV

      Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto

solicitado.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

      El Juez Adames Soto concurre sin voto escrito.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones