Court Opinion

ID: 9928538
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:19.197831+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:57.838519
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  Panel XI

DR.  JULIO     LUIS          JANE                 Apelación
MACHADO                                           procedente del
         Apelante                                 Tribunal de
                                                  Primera Instancia
                                    KLAN202300587 Sala de San Juan
                v.
                                                      Caso Núm.
                                                      SJ2022CV06875
    EVINMOTORS Y OTROS
         Apelados                                     Sobre:
                                                      Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

      Comparece el Dr. Julio Luis Jane Machado, (Dr. Machado o

apelante), solicitando que revoquemos una Sentencia emitida el 12 de

mayo de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

San Juan (TPI). Mediante su dictamen, el foro primario acogió una

moción dispositiva presentada por Evinmotors PR Inc., (Evinmotors o

apelada), en la que se había solicitado la desestimación de la Demanda

por daños y perjuicios instada por el Dr. Machado.

      La controversia por dilucidar ante nosotros ubica dentro del

contexto de una reclamación en la que el Dr. Machado, como dueño de

una motora que se quemó, le imputó responsabilidad absoluta a

Evinmotors, como presunto vendedor, participante de la cadena de venta

entre el manufacturero y distribuidor de dicho vehículo. Sin embargo, el

TPI concluyó que no se cumplían los elementos esenciales de dicha

causa de acción, y por ello, ordenó desestimar.

NÚMERO IDENTIFICADOR
SEN2023______________
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      Examinado el asunto ante nuestra consideración, lo que incluyó la

Oposición   a   Escrito      de   Apelación   presentada     por    Evinmotors,

determinamos confirmar.

I. Resumen del tracto procesal

      El 2 de agosto de 2022, el Dr. Machado presentó la referida

Demanda sobre daños y perjuicios contra Evinmotors, que es un

concesionario autorizado para la venta de vehículos Can-Am en

Puerto Rico, además de incluir como demandados a BRP Corporation

(BRP), fabricante de tales vehículos, y las compañías aseguradoras de

estos últimos. Adujo ser dueño de una motora Can-Am Spyder Roads,

que adquirió de la señora Soenith Bonilla García, quien, a su vez,

alegadamente la adquirió de Evinmotors. Sostuvo que, el 8 de agosto de

2020, acudió a Evinmotors para que le cambiaran el aceite y filtro a la

motora aludida. Luego, pasados dos años, el 22 de abril de 2022, sostuvo

que, mientras se encontraba transitando por la vía pública en la motora,

esta de repente cogió fuego, quemándose, siendo pérdida total.

      Por lo anterior, el Dr. Machado le atribuyó negligencia a

Evinmotors como concesionario autorizado de la referida motora. En

específico, el apelante le imputó a Evinmotors haber sabido, o deber

haber sabido, que la motora adolecía de un defecto de fábrica, que causó

un recall por la compañía fabricante, BRP, relacionado a que se prendía

en fuego. Esgrimió que, a pesar de ello, cuando obtuvo los servicios de

cambio de aceite y filtro por parte de Evinmotors para la motora, dicho

concesionario no le advirtió del referido recall y/o el referido defecto de

fábrica. Es decir, en la demanda se imputó negligencia a Evinmotors, por

la omisión de no haber advertido del recall cuando recibió el servicio de

cambio de aceite y filtro.

      En    respuesta,       Evinmotors   instó   una      Moción    Solicitando

Desestimación a tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. En
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consonancia, solicitó la desestimación con perjuicio de la Demanda,

aduciendo que la reclamación no justificaba la concesión de un remedio.

En síntesis, esgrimió que: (1) no participó en la cadena de distribución de

la venta de la referida motora, pues fue adquirida en Killen, Alabama-

Estados Unidos, y el apelante aceptó haberla comprado a un tercero,

Soenith   Bonilla García, no constando en los récords del negocio que

Evinmotors hubiese intervenido de alguna forma en la venta de la motora

(no fue quien vendió la motora); (2) sí hubo un recall sobre la motora,

pero fue reclamado (claimed) el 22 de octubre de 2013, previo a que el

apelante recibiera el servicio de cambio de aceite y filtro, por lo que a la

fecha de recibido dicho servicio, Evinmotors no tenía nada que informar

sobre el asunto. Junto a su moción, Evinmotors incluyó varios

documentos con los que establece lo que aseveró.

      A raíz de ello, el Dr. Machado presentó una Moción en Oposición a

“Moción Solicitando Desestimación a Tenor con la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil” Presentada por la Parte Demandante. Inició por

aseverar que estaba claro sobre el hecho de que no le compró la motora

directamente a Evinmotors, sino a un tercero. Pero, concedido ello,

afirmó que la motora recibió servicio en Evinmotors, por lo que

correspondía atribuirle este conocimiento del recall que se efectuó y/o

fue realizado el 22 de octubre de 2013, y de aquí la obligación como

concesionario de advertirle los peligros o riesgos inherentes al uso de la

motora. Afirmó que, por Evinmotor ser el concesionario autorizado para

la venta del Can-Am que compró el Dr. Machado, era responsable de

forma absoluta, (pudiendo Evinmotor, a su vez, entablar una causa de

acción contra el fabricante). Terminó aduciendo que resultaba aplicable

al caso, la Regla 5 del Reglamento de garantías de vehículos de motor del

Estado Libre Asociado, Departamento de Asuntos del Consumidor.
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         Examinados los escritos de las partes, inicialmente el TPI emitió

una Resolución, el 9 de enero de 2023, declarando No Ha Lugar la Moción

de Desestimación presentada por Evinmotor. Al así disponer al principio,

determinó que Evinmotor no le vendió la motora al apelante, ni era

manufacturero de la misma, pero era un concesionario autorizado de

Can-Am. También estableció que la motora había recibido un servicio de

mantenimiento en Evinmotor, el 8 de agosto de 2022, y existía

controversia sobre el deber jurídico de notificar al Dr. Machado sobre el

recall    aludido,     al    momento    de   haber   recibido   el   servicio   de

mantenimiento.

         Inconforme,        Evinmotor   presentó     una   Moción     Solicitando

Reconsideración de Resolución. Sostuvo que no había controversia sobre

el hecho de que el recall que el Dr. Machado alega no le fue notificado al

recibir el servicio de aceite y filtro, se había realizado por un tercero, el

22 de octubre de 2013, por lo que el concesionario no tenía obligación de

notificar sobre un servicio que ya se había dado. Aclaró que el servicio de

mantenimiento fue el 8 de agosto de 2020, no el 2022, contrario a lo

establecido en la Resolución de 9 de enero de 2023. Enfatizó que, en este

caso, no se trataba de un recall que no se hubiese realizado, y ello diera

lugar a que se causaran daños, sino que, por el contrario, una vez

publicado el recall, el vehículo recibió el servicio por el cual fue emitido

dicho recall, en una fecha anterior a que la motora recibiera el

mantenimiento en Envimotor. Es decir, que a la fecha en que la motora

recibió el mantenimiento, no había un recall pendiente que se pudiera

transmitir al apelante.

         El 25 de enero de 2023,1 el TPI emitió una Resolución Nunc Pro

Tunc y Orden, a los solos efectos de corregir que el mantenimiento de la

1 Notificada el mismo día.
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motora fue dado el 8 de agosto de 2020, en lugar del 2022, lo que

constituyó un mero error tipográfico.

      Respecto a la Moción de reconsideración instada por Evinmotor, el

Dr. Machado ripostó a través de una Moción en Oposición a “Moción

Solicitando Reconsideración de Resolución” y en cumplimiento de Orden.

En este escrito el apelante inició por afirmar, una vez más, estar claro en

que no le compró directamente la motora a Evinmotor, sino a un tercero.

Sin embargo, esgrimió que seguía siendo cierto que la motora recibió

servicio en Evinmotor, por lo que se tenía que imputar a este último el

conocimiento del recall, y la responsabilidad como concesionario de la

marca de advertir sobre el defecto de fábrica. En definitiva, reiteró que,

por causa de ser un concesionario autorizado de la marca de la motora,

le aplicaba la responsabilidad absoluta cuando intervienen defectos de

un vehículo, respecto a todos los participantes de la cadena de

distribución.

      Luego de que las partes presentaran réplicas y dúplicas a lo ya

planteado, el 12 de mayo de 2023, el TPI emitió una Sentencia (en

Reconsideración). Según adelantamos, mediante dicho dictamen el TPI

declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración de “Resolución”

presentada por Evinmotor, por tanto, desestimó la Demanda instada por

el Dr. Machado, con perjuicio, al no encontrar causa de acción válida que

justificara la concesión de un remedio. En su fundamentada Sentencia el

foro apelado concluyó que: (1) resultaba necesario que existiera un

vínculo contractual entre el vendedor de un producto defectuoso y el

consumidor, pero aquí no lo hubo pues el Dr. Machado no adquirió la

motora de Evinmotor, por tanto, este último no había participado de la

cadena de distribución; (2) no existía en este caso un deber jurídico de

Evinmotor para divulgar información respecto al recall aludido, pues,

según ambas partes, este fue corregido en el 2013, fecha anterior a que
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la motora recibiera el servicio de cambio de aceite y filtro por el apelado,

por lo que no existía un defecto cuando el producto salió del control de

este.

         Insatisfecho, esta vez fue el Dr. Machado el que presentó una

Moción de Reconsideración ante el TPI, que resultó denegada.

         Es así como el Dr. Machado acude ante este Tribunal de

Apelaciones, mediante Recurso de apelación, planteando el siguiente

error:

         Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir
         una Sentencia revocándose a sí mismo y dejando sin efecto
         la Resolución sobre Moción de Desestimación (Índice del
         Apéndice, páginas 31-32) donde correctamente declaró No
         Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la
         parte apelada.

         En respuesta, Evinmotor presentó Oposición a Escrito de Apelación.

         Contando con la comparecencia de las partes, estamos listos para

resolver.

II. Exposición de Derecho

         En Puerto Rico rige la norma de la responsabilidad estricta o

absoluta del fabricante o vendedor por los daños causados por productos

defectuosos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 125

(1992); Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 DPR 499, 512 (1969). La

precitada doctrina establece que, todo fabricante o manufacturero que

pone un producto en el mercado, tiene una responsabilidad absoluta de

responder por los daños que cause el mismo al consumidor, siempre y

cuando los daños sean atribuibles a un defecto del producto. Mendoza v.

Cervecería Corona, Inc., supra.

         Según nuestro ordenamiento jurídico, un producto defectuoso es

aquel que falla en igualar la calidad promedio de productos similares.

Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management of Puerto Rico, Inc.,

et. al., 195 DPR 769 (2016); Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107

DPR 452, 462 (1978); Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., supra.
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      Es norma reiterada que la persona que reclama daños al amparo

de esta doctrina tiene que demostrar que el producto era defectuoso y

que el defecto le ocasionó un daño. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 144

DPR 830, 839 (1998). Sin embargo, el perjudicado no tiene que probar la

negligencia del fabricante, ni del vendedor, sino que el producto era

defectuoso. Mendoza v. Cervecería Corona, supra, págs. 511-512.

      Conforme a la doctrina de la responsabilidad absoluta del

fabricante o vendedor, todos los que intervienen en la cadena de

fabricación y distribución responden solidariamente con el fabricante

ante el perjudicado. A su vez, la doctrina de responsabilidad absoluta del

fabricante incluye los defectos de fabricación, diseño e insuficiencia en

las advertencias o instrucciones del producto. Aponte v. Sears Roebuck

de P.R., Inc., supra, págs. 839-840.

      Nuestro más alto Foro ha expresado que el propósito de esta

responsabilidad es asegurar que el costo de los daños resultantes de los

productos defectuosos sea sufragado por los fabricantes que enviaron

tales productos al mercado, en vez de las personas damnificadas que

están impotentes para protegerse ellos mismos. Montero Saldaña v. Amer.

Motors Corp., supra, pág. 461.

      Se ha reconocido que tal norma jurídica no se limita al

manufacturero del producto, sino que ha sido extensiva a todos los que

intervienen en la cadena de fabricación y distribución. Por tanto, todos

responden   solidariamente    con   el   fabricante   ante   el   perjudicado.

Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management of Puerto Rico, Inc.,

et. al., supra; Montero Saldaña v. American Motors, Corp., supra.

      En Aponte v. Sears Roebuck, supra, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico aclaró que el fabricante o vendedor es responsable por los defectos

de su producto, siempre y cuando el lesionado lo utilice para un uso que

sea razonablemente previsible para el fabricante.
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       Para entablar una acción de responsabilidad estricta por productos

defectuosos, un demandante debe demostrar: (1) la existencia de un

defecto en el producto, ya sea de fabricación, de diseño, por la

insuficiencia de advertencias o instrucciones; (2) el defecto existía

cuando el producto salió del control del demandado; (3) el demandado

debe estar en el negocio de vender o distribuir el producto; (4) el defecto

es la causa adecuada de los daños del demandante; y (5) el producto fue

utilizado para un uso razonable y de manera previsible por el

demandado. Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management of

Puerto Rico, Inc., et. al., supra, págs. 780-781; González Cabán v. JR

Seafood, 199 DPR 234, 257 (2017).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

                                       a.

       En el Recurso de apelación, el Dr Machado comienza la discusión

de su señalamiento de error aseverando que la Sentencia apelada está

muy cargada de errores, en específico, en conclusiones de Derecho que son

contrarias a nuestro Ordenamiento Jurídico.2 Con referencia a lo cual,

conviene recordar que en nuestra función apelativa la revisión se da

contra la sentencia y no contra los fundamentos que se exponen en la

misma. La menor Nilda I. Vélez Rodríguez v. Pedro Amaro Cora, 138 DPR

182, 198 (1995).

       El Dr. Machado sostiene que, por virtud de la figura jurídica de la

responsabilidad estricta o absoluta del fabricante o vendedor por

productos defectuosos, Evinmotor está llamado a responderle por los

daños causados a la motora. Respecto a la referida figura jurídica reitera

que, como demandante, solo tenía que establecer la existencia del defecto

en el producto, y que dicho defecto fue la causa legal de los daños, sin

necesidad de probar la negligencia del fabricante, ni del vendedor.

2 Recurso de apelación, págs. 9-10.
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Además, aunque admite no haber adquirido la motora de Evinmotor,

(pues la adquirió de un tercero), de todos modos, vincula a este último

como responsable legalmente, por causa del servicio de cambio y filtro

allí recibido. Sobre esto último, afirma que, al haber recibido tal servicio

por Evinmotor como concesionario de la marca de la motora en Puerto

Rico, cabía imputarle el conocimiento del recall, y la responsabilidad de

advertir sobre el defecto de fábrica.

      En definitiva, el apelante aseveró que, por causa de Evinmotor ser

un concesionario autorizado de la marca de la motora, le aplicaba la

responsabilidad absoluta cuando intervienen defectos de un vehículo,

respecto a todos los participantes de la cadena de distribución. Resalta,

además, que, según Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra, una vez

establecida la presencia de un defecto, los daños sufridos pueden ser

reclamados por cualquier persona que previsiblemente pueda estar en

riesgo por el producto, y no es necesario la existencia de una relación

contractual con el fabricante o vendedor.

      Iniciamos por indicar que, distinto a lo aseverado por el apelante

en su recurso de apelación, según recogimos en la oración que precede,

en Rodríguez Méndez v. Laser Aye, supra, pág. 782, nuestro Tribunal

Supremo expresó lo siguiente: Una vez establecida la presencia de un

defecto, los daños sufridos pueden ser reclamados por cualquier persona

que previsiblemente pueda estar en riesgo por el producto y no es

necesaria la existencia de una relación contractual con el fabricante.

(Énfasis provisto). Obsérvese que, a diferencia de lo promovido por el Dr.

Machado en su escrito, en la Opinión citada no se incluyó a la figura del

vendedor, sino que se limitó al fabricante. En este sentido, no resulta

necesaria una relación contractual entre el consumidor de un artículo

defectuoso y el fabricante, para que el primero esté en posición de instar

una acción en contra del segundo.
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      Juzgamos que lo indicado en el párrafo que antecede, no resulta en

modo alguno opuesto a las expresiones del Alto Foro, al explicar la

doctrina de la responsabilidad absoluta, por cuyo efecto todos los que

intervienen en la cadena de fabricación y distribución de un producto

defectuoso     responden   solidariamente   con    el   fabricante   ante   el

perjudicado, lo que incluye al vendedor. Aponte v. Sears Roebuck, supra.

      Resulta evidente que en el caso ante nosotros no ha acontecido la

intervención   de   Evinmotor   como    vendedor    que    da   lugar   a   la

responsabilidad absoluta discutida. Sobre ello, es cierto que todos los que

invervienen en la cadena de distribución responden solidariamente con el

fabricante ante el perjudicado, pero ha quedado claramente establecido

en este caso, que la motora perteneciente al Dr. Machado que se quemó,

no fue vendida en el establecimiento Evinmotor en Puerto Rico, sino en

los Estados Unidos inicialmente, y luego por un tercero al apelante. De

aquí que no pueda caracterizarse certeramente a Evinmotor como

vendedor, ni atribuírsele la intervención que da lugar a la responsabilidad

absoluta bajo la doctrina expuesta.

      Juzgamos que, ante el hecho de que Evinmotor no fue el vendedor

de la motora, (asunto que admite el apelante), el Dr. Machado ha tratado

de establecer que la responsabilidad del primero nació al dar los servicios

de mantenimiento de aceite y filtro, omitiendo ofrecer la información

sobre el recall que afectaba a dicho vehículo.

      No obstante, estimamos que, de haber existido una obligación de

Evinmotor de advertir al Dr. Machado sobre el recall aludido, lo cierto es

que, mediante la prueba documental integrada a los autos, se logró

establecer que, al momento de la motora recibir el servicio de cambio y

aceite aludido, ya el vehículo había sido atendido para fines de cumplir

con el referido recall. Es decir, que el servicio por el cual fue emitido un

recall, fue realizado en la motora del Dr. Machado, previo al servicio
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prestado por los apelados a la referida motora, de modo que nada

quedaba por informar al respecto. En específico, el servicio a la motora

por causa del recall fue dado el 22 de octubre de 2013, mientras que el

cambio de aceite y filtro en Evinmotor se realizó el 8 de agosto de 2020.

      Lo anterior en modo alguno adjudica una posible responsabilidad

del fabricante de la motora ante el Dr. Machado, pero sí dispone de la

causa de acción presentada contra Evinmotor.

      Así las cosas, y tal como lo adjudicó el tribunal a quo, juzgamos

que no existe una reclamación contra Evinmotor que justifique la

concesión de un remedio a favor del Dr. Machado, por lo que procede

confirmar.

IV. Parte dispositiva

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada.

      Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones