Court Opinion

ID: 9374150
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:25:29.954933+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.094774
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL III

           KARLO DAVID CHACÓN                                      Certiorari
                                                                   procedente del
           Demandante-Peticionario                                 Tribunal de
                                                                   Primera Instancia,
                         V.                                        Sala Superior de
                                                                   Vega Baja
             SHAROLINE CHACÓN
             MARTÍNEZ Y OTROS                               Caso Núm.:
                                                            VB2022CV00232
                                              KLCE202201347
           Demandados-Recurridos                            (201 CD, CM, TR Y
                                                            CR)

                                                        Sobre:
                                                        DIVISIÓN O
                                                        LIQUIDACIÓN DE
                                                        LA COMUNIDAD
                                                        DE BIENES
                                                        HEREDITARIOS
       Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
       Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

       Grana Martínez, Jueza Ponente

                                             SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

                El peticionario, Karlo David Chacón, solicita la revisión de la

       Orden en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) requirió a las

       partes la presentación del avalúo de los bienes sujetos a partición,

       de lo contrario impondría una sanción económica, y de incumplir

       con el término, procedería a desestimar la demanda.

                Transcurrido el término concedido a la parte recurrida sin que

       esta se expresara, procedemos a resolver.

                                                 I

                Los    hechos      procesales        pertinentes   para   resolver   la

       controversia planteada son los siguientes.

                El 31 de marzo de 2022, el peticionario presentó una

       Demanda1 sobre división de bienes hereditarios contra la Sucesión

       Crucita Martínez Gómez, compuesta por Rafael Ángel Chacón,

       Sharoline Chacón Martínez, Lidina Chacón Martínez, Francisco

       1   Índice de apéndice, págs. 1-15.

Número Identificador
SEN2023__________
KLCE202201347                                                                    2

Bravo (viudo de la causante) y el peticionario. El señor Karlo Chacón

alegó que, como parte de los bienes de la causante, existe una

propiedad inmueble, la cual contiene una edificación de dos niveles.

Señaló que fue segregado el primer nivel de la estructura, siendo

donado a favor del señor Rafael Chacón. A su vez, manifestó que el

segundo nivel está arrendado, pero desde que falleció la causante,

han dejado de pagar la renta. Finalmente, adujó que la parte

recurrida tomó posesión del inmueble. Por lo tanto, solicitó al TPI la

división del caudal hereditario y/o comunidad de bienes. A su vez,

que los codemandados consignen el canon de arrendamiento desde

la fecha que tomaron posesión del inmueble.

       Luego de varias incidencias procesales, el 11 de agosto de

2022, el peticionario presentó Moción en Solicitud de Anotación de

Rebeldía.2 Expresó que ha transcurrido el término para que el señor

Rafael Chacón y el señor Francisco Bravo presentaran alegación

responsiva. Por consiguiente, solicitó les fuera anotara la rebeldía.

       El 23 de agosto de 2022, la señora Sharoline Chacón y la

señora Lidina Chacón presentaron Contestación a Demanda.3 Entre

las defensas afirmativas presentadas, reclamaron como crédito unos

pagos realizados a una hipoteca de la causante, el saldo de una

deuda con el CRIM y gastos para el mantenimiento de la propiedad,

entre otras.

       El 9 de septiembre de 2022, siendo notificada el 12 de

septiembre de 2022, el TPI emitió una Orden para que las partes

culminaran el descubrimiento de prueba en 90 días.4 A su vez,

mediante otra Orden denegó la anotación de rebeldía presentada por

el peticionario.5 De igual forma, en la misma fecha, emitió una

2 Íd., págs. 31-32.
3 Íd., págs. 33-36. El TPI autorizó una prórroga solicitada por la señora Sharoline
Chacón y la señora Lidina Chacón para contestar la demanda. Véase: Entrada
Núm. 12 y 13 en SUMAC.
4 Íd., pág. 37.
5 Íd., pág. 38.
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Resolución y Orden, solicitándole al peticionario que, en un término

de 10 días, a partir del recibo de la Resolución y Orden, presentara

el inventario de bienes y avalúo.6

      En desacuerdo con dicha determinación, el señor Karlo

Chacón presentó una moción donde alegó que entendía que para

preparar el inventario de bienes era apropiado que concluyera el

descubrimiento de prueba, porque no contaba con toda la

información solicitada.7 En respuesta, el foro primario ordenó que

realizara el correspondiente descubrimiento de prueba.8

      El 19 de octubre de 2022, el peticionario notificó que había

enviado un pliego de interrogatorio y requerimiento de producción

de documentos a la señora Sharoline Chacón y la señora Lidina

Chacón.9 A su vez, solicitó al TPI que expidiera unas órdenes

dirigidas a las diferentes instituciones bancarias para que

informaran si la causante tenía cuentas en estas instituciones. De

igual forma, solicitó otra orden dirigida al Centro de Recaudaciones

de Ingresos Municipales (CRIM), para que emitieran un estado de

cuenta sobre la propiedad inmueble en controversia.10 No obstante,

el foro recurrido denegó la solicitud de orden.11

      Así las cosas, el 26 de octubre, siendo notificada el 27, emitió

una Orden concediéndole un término adicional de 10 días para que

cumpla con la Orden emitida el 12 de septiembre de 2022.12

      El 2 de noviembre de 2022, el señor Karlo Chacón, mediante

escrito presentado al TPI, alegó que presentó un escrito el 15 de

septiembre de 2022, en el cual sometió un inventario de bienes y

avalúo parcial con la información que tiene en su poder.13

6 Íd., págs. 39-42.
7 Íd., págs. 43-54.
8 Íd., pág. 55.
9 Íd., págs. 57-60.
10 Íd., págs. 67-68.
11 Íd., pág. 69.
12 Íd., pág. 70. La Orden del 12 de septiembre de 2022 exponía que las partes

debían culminar el descubrimiento de prueba en 90 días.
13 Íd., págs. 71-72.
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          Sin embargo, el 29 de noviembre de 2022, el foro recurrido

emitió una Orden14 mediante la cual dispuso:

          LA PARTE DEMANDANTE NO HA PRESENTADO
          AVALÚO DE LOS BIENES NI PARCIAL NI FINAL,
          CONTRARIO A LAS ÓRDENES EMITIDAS POR ESTE
          TRIBUNAL.    SE   CONCEDE    UN    TÉRMINO
          IMPRORROGABLE DE 30 DÍAS PARA PRESENTAR
          AVALÚO DE LOS BIENES SUJETOS A PARTICIÓN. SE
          ADVIERTE QUE NO SE CONCEDERÁ PRÓRROGA
          ADICIONAL A ESTE PRIMER TÉRMINO Y SE
          IMPONDRÁN SANCIONES ECONÓMICAS DE $100 POR
          EL INCUMPLIMIENTO CON LA ORDEN EMITIDA.
          LUEGO DE EXPIRADO EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SE
          CONCEDERÁ AUTOMÁTICAMENTE UN TÉRMINO
          ADICIONAL DE 15 DÍAS PARA QUE LA PARTE
          DEMANDANTE CUMPLA CON LAS ÓRDENES DEL
          TRIBUNAL. SE ADVIERTE QUE DE NO CUMPLIR
          NUEVAMENTE CON ESTE SEGUNDO TÉRMINO EL
          TRIBUNAL   PROCEDERÁ    A  DESESTIMAR     LA
          DEMANDA.     EL TRIBUNAL   NO    CONCEDERÁ
          PRÓRROGAS ADICIONALES DE ESTE SEGUNDO
          TÉRMINO. […]

          Inconforme con lo resuelto por el foro recurrido, el peticionario

compareció ante este tribunal alegando que:

          Erró el TPI al ordenar la presentación de un avalúo
          parcial o final so pena la desestimación de la causa de
          acción, siendo la misma prematura en la etapa de los
          procedimientos d[e] descubrimiento de prueba.

          Erró el TPI al solicitar la presentación de un avalúo
          parcial o final, sin que haya concluido el
          descubrimiento de prueba, en especial cuando concedió
          una prórroga de 25 [días] adicionales para la
          contestación del pliego de interrogatorios el 29 de
          noviembre de 2022.

                                      II

                                      A.

          El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders, et al

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009). Contrario al recurso de apelación, el

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el

14   Íd., págs. 77-78.
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certiorari. Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina

Nazario, supra, pág. 729; IG Builders, et al v. BBVAPR, supra, pág.

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se deben

examinar al determinar si expedimos un auto de certiorari:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 52.1, establece en qué circunstancias este Tribunal

podrá expedir un auto de certiorari en el ámbito civil. El recurso de

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias

“solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. Además de

esto, a modo de excepción, podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias   cuando   se   recurra   de   decisiones    sobre   la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en
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casos de relaciones de familia, en casos que revistan de interés

público o en cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

                                  B.

      La Regla 23.1 de Procedimiento Civil dispone lo relacionado al

del descubrimiento de prueba. 33 LPRA Ap. V, R. 23.1. En lo

pertinente, la regla señala lo siguiente:

      [l]as partes podrán hacer descubrimiento sobre
      cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al
      asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se
      refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra
      parte, incluso la existencia, descripción, naturaleza,
      custodia, condición y localización de cualesquiera
      libros, información almacenada electrónicamente,
      documentos u otros objetos tangibles y la identidad y
      dirección de personas que conozcan hechos
      pertinentes. No constituirá objeción el que la
      información solicitada sea inadmisible en el juicio,
      siempre que exista una probabilidad razonable de que
      dicha información conduzca al descubrimiento de
      evidencia admisible. Íd.

      El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por

las partes para “obtener hechos, título, documentos u otras cosas

que están en poder del demandado o que son de su exclusivo

conocimiento y que son necesarias [...] para hacer valer sus

derechos”. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 206

DPR 659, 672 (2021), citando a Rivera García, Diccionario de

términos jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, Ed. LexisNexis, 2000, pág.

70.

      El alcance del descubrimiento de prueba debe ser uno amplio

y liberal, de manera que se logren soluciones justas, rápidas y

económicas a las controversias existentes entre las partes. Cruz

Flores v. Hospital Ryder Memorial, 2022 TSPR 112; Berríos Falcón,

et al. v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); Rodríguez Rosa v.

Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003); Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152

DPR 140, 152 (2000). Esto debido a que, utilizando de manera

adecuada este mecanismo, se aceleran los procedimientos, las
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transacciones y, se evitan sorpresas indeseables durante la

celebración del juicio. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las

Piedras, supra, pág. 673.

      No    obstante,      nuestro    ordenamiento       establece       dos

restricciones a dicho mecanismo: (1) que la información objeto del

descubrimiento no sea privilegiada y (2) que la misma sea pertinente

al asunto o controversia. Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial,

supra; McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, supra;

Rivera y Otros v. Bco. Popular, supra. En relación con el concepto de

pertinencia, éste es mucho más amplio que el empleado en el área

del derecho probatorio para la admisibilidad de la prueba. Alvarado

v. Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002); García Rivera et al. v.

Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001); Medina v. M.S. & D. Química

P.R., Inc., 135 DPR 716, 731 (1994). Así, para que una materia

pueda ser objeto de descubrimiento, basta con que exista una

posibilidad razonable de que tenga relación con el asunto en

controversia. Alvarado v. Alemañy, supra; Medina v. M.S. & D.

Química    P.R.,   Inc.,   supra.    En   virtud   de   lo   anterior,   “el

descubrimiento de prueba permite, inclusive, la entrega de materia

que sería inadmisible en el juicio, si ésta conduce a prueba

admisible”. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras,

supra; Alvarado v. Alemañy, supra; García Rivera et al. v. Enríquez,

supra; Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra.

      Por lo tanto, para que una materia pueda ser objeto de

descubrimiento basta con que exista una posibilidad razonable de

relación con el asunto en controversia. ELA v. Casta, 162 DPR 1, 13

(2004); Alvarado v. Alemañy, supra. El tratadista, Cuevas Segarra,

ha expresado que “[e]l descubrimiento es punto de arranque en la

investigación y lo descubierto sirve de base para descubrimiento

adicional, según surja de lo descubierto de primera intención. Por

esa razón, un solo interrogatorio es muy rara vez suficiente, pues lo
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descubierto abre las puertas a preguntas adicionales...”. José A.

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Ed.2000,

pág. 501.

                                  III

       El señor Karlo Chacón alega que el TPI erró al ordenar el

inventario y avalúo de los bienes, sin que hubiese concluido el

descubrimiento de prueba, so pena de desestimar la demanda. El

peticionario aduce que, para poder preparar un inventario de bienes

apropiado, se debe realizar una vez concluya el descubrimiento de

prueba, puesto que, desconoce la mayoría de la información

solicitada.

       Luego de examinar el recurso, conforme los parámetros

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para su

expedición y los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal, debemos intervenir con la decisión del TPI, para evitar un

fracaso irremediable de la justicia.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico en varias ocasiones se ha

expresado sobre la importancia que tiene el mecanismo del

descubrimiento de prueba. Este tiene como propósito permitirles a

las partes obtener documentos o información que están en poder del

demandado u otros que son de su exclusivo conocimiento y que son

necesarias para que aflore la verdad y se eviten sorpresas. A su vez

que,   permite   se   aceleren   los    procedimientos   y   solucionen

controversias.

       En el caso de autos, el peticionario ha sostenido que no tiene

acceso a toda la información solicitada por el TPI, e incluso ha

presentado mociones para que se emitan órdenes a distintas

instituciones financieras y al CRIM, para poder cumplir con lo

pedido, buscando evitar que el foro primario desestime la demanda.

Incluso presentó que le fue remitido un interrogatorio y un
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requerimiento de producción de documentos a las codemandadas,

demostrando su interés y diligencia en el pleito.

      De lo anterior es claro que el peticionario ha demostrado la

necesidad de obtener la asistencia del foro apelado a través de la

emisión de órdenes que le asistan en la búsqueda del patrimonio de

la comunidad. Las órdenes solicitadas oportunamente permitirían

obtener información pertinente para cumplir con la orden judicial

en la preparación de un proyecto de inventario y avalúo de los

bienes. Tomando en consideración la ausencia de cooperación entre

las partes y la diligencia que el peticionario ha demostrado,

consideramos necesario expedir el recurso para ordenar al foro

recurrido emitir las órdenes solicitadas antes de conceder un

término para la presentación del inventario y avalúo de los bienes.

Es esencial completar el descubrimiento de prueba para obtener la

información completa. Es mediante este mecanismo que se le

permitirá a la parte completar el inventario y avalúo de los bienes,

puesto que, permite precisar con exactitud las cuestiones en

controversia, y descubrir la prueba necesaria para aclarar los

hechos que se intentan probar.

      Por lo tanto, el foro primario deberá brindar la oportunidad a

la parte a que se complete el proceso del descubrimiento de prueba,

para así evitar un fracaso a la justicia.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de

certiorari y se revoca la Orden recurrida, ordenando al foro primario

expedir   aquellas    órdenes    pertinentes   para     completar   el

descubrimiento de prueba.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones