Court Opinion

ID: 9962646
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:38:16.682854+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:15.782753
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

  LENDING ADVISOR,                            CERTIORARI
        INC.                                  procedente del
      Recurrido                               Tribunal de Primera
                                              Instancia
             V.                 KLCE202400287 Ponce

                                                Núm Caso:
     MARIA DE LOS                               J CD202300420
    ÁNGELES COLÓN
        MOREL                                   Sobre:
      Peticionaria                              Cobro de Dinero y
                                                Ejecución de
                                                Hipoteca por la Vía
                                                Ordinaria
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2024.

      El 7 de marzo de 2024, la Sra. María de los Ángeles Colón

(señora Colón o peticionaria) compareció ante nos mediante una

Petición de Certiorari y solicitó la revisión de una Resolución que se

emitió el 19 de enero de 2024 y se notificó el 24 de enero de 2024

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI ordenó la venta en pública

subasta de la propiedad inmueble objeto de esta controversia y le

concedió a Lending Advisor, Inc. (Lending o recurrida) la suma de

$17,625.00 para gastos, costas y honorarios de abogado, pactados

en el pagaré y en el contrato de hipoteca.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                    I.

      El 1 de abril de 2003, Doral Financial Corporation presentó

una Demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria y

cobro de dinero en contra del Sr. Luis Eugenio Diou Agrait (señor

Número Identificador
RES2024 _____________________
KLCE202400287                                                                 2

Diou).1 Posteriormente, el 14 de junio de 2005, se enmendó la

Demanda con el único fin de incluir a la esposa del señor Diou, la

Sra. Colón, y la supuesta Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos como parte demandada del pleito.2 Ello, toda vez que una

de las propiedades objeto de ejecución pertenecía a ambos

cónyuges.

        Luego de varios trámites procesales, incluyendo la anotación

en rebeldía del señor Diou y la señora Colón, el 21 de junio de 2006,

el TPI emitió una Sentencia.3 En esta, realizó unas determinaciones

de hechos y a base de estas concluyó que la parte demandada le

adeudaba a Doral Financial Corporation las cantidades que se

reclamaron en la Demanda. Inconforme con esta determinación, el

Sr. Diou, su esposa, la señora Colón y la Sociedad Legal de

Gananciales           compuesta     por        ambos   (parte     demandada)

comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones en el Caso Núm.

KLAN20070972 argumentando que el TPI le había impuesto gastos

excesivos y cargos por mora de forma ilegal. Además, impugnaron

la imposición de un pago solidario toda vez que, según ellos, se

habían casado bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales.

        El 16 de diciembre del 2011, nuestro panel hermano dictó una

Sentencia, mediante la cual determinó lo siguiente: (1) que los cargos

por demora eran excesivos y (2) que se debía excluir a la Sociedad

Legal de Gananciales puesto que esta era inexistente y, por ende, la

deuda de la señora Colón estaba limitada a su participación en la

propiedad “B”, poseída en comunidad con su esposo y no como

deudora solidaria.4

        Posteriormente,      el   préstamo       hipotecario    objeto   de   la

controversia fue adquirido por Lending. Ello se informó mediante

1 Véase, págs. 1-4 del apéndice del recurso.
2 Íd., págs. 5-8.
3 Íd., págs. 13-15.
4 Íd., págs. 17-34.
KLCE202400287                                                                3

una Solicitud de Sustitución de Parte. Así pues, el 2 de julio de 2019,

los demandados presentaron una Moción Reclamando el Derecho

sobre Crédito Litigioso y Urgente Solicitud de Orden.5 En esta,

argumentaron que la cesión de crédito litigioso no se llevó a cabo

conforme al Capítulo VII sobre Transmisión de Créditos que

preceptúa el Código Civil. Ante esta contención, reclamaron su

derecho a extinguir el crédito litigioso conforme al Art. 1425 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. ant. 3950 y

solicitaron que se emitiera una Orden para que la parte recurrida

presentara todo contrato de venta del crédito litigioso y certificara la

cuantía por la cual la adquirió.

       El 19 de julio de 2019, Lending se opuso a dicha moción.6 En

síntesis, sostuvo que para que procediera una solicitud de retracto

de crédito litigioso era un requisito esencial que la contienda

judicial, pendiente a la fecha de la venta o cesión del crédito, girara

en torno a la existencia del crédito y no sobre la consecuencia de su

existencia. Por lo tanto, planteó que en este caso era totalmente

improcedente la aplicación del retracto de crédito litigioso toda vez

que existía una Sentencia final, firme e inapelable adjudicando el

asunto sobre el monto del crédito.

       Evaluadas las mociones antes expuestas, el 2 de octubre del

2019, el TPI emitió una Resolución que fue notificada el 4 de octubre

de 2019.7 En esencia, el TPI resolvió que no procedía como cuestión

de derecho la solicitud de los demandados a ejercer el retracto de

crédito litigioso en el presente caso. En consecuencia, declaró No Ha

Lugar la Moción Reclamando el Derecho sobre Crédito Litigioso y

5 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
6 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
7 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
KLCE202400287                                                                4

Urgente Solicitud de Orden que presentó la parte demandada.

Además, permitió la sustitución de parte.

       Así las cosas y luego de varios trámites procesales, el 7 de julio

de 2022, la señora Colón presentó una Moción sobre Derecho de

Propiedad o Posesión sobre el Instrumento Negociable.8 Indicó que la

cesión onerosa del crédito objeto de la presente controversia le

permitía ejercer su derecho de propiedad o de posesión sobre el

instrumento negociable al amparo de la Sección 2-306 de la Ley de

Transacciones Comerciales. Aclaró que su reclamo no era uno de

retracto de crédito litigioso al amparo del Art. 1425 del Código Civil,

supra, puesto que reconocía que dicha figura había sido desplazada

por el Tribunal Supremo en el caso DLJ Mortgage Capital, Inc. v.

Santiago Martínez, 202 DPR 950 (2019). Por último, aseguró que su

reclamo no era incompatible con lo resuelto en el caso antes descrito

toda vez que dicho caso claramente expresaba que las controversias

que involucraban la cesión de instrumentos negociables se regían

por la Ley de Transacciones Comerciales.

       En respuesta, el 21 de julio de 2022, la parte recurrida

presentó su oposición.9 Indicó que el caso de epígrafe fue adjudicado

en su totalidad y, por consiguiente, lo que la señora Colón solicitó

en la moción antes descrita era improcedente de su faz. Añadió que

cualquier     planteamiento       litigioso      en   esta   etapa   de    los

procedimientos constituía cosa juzgada.

       Cabe precisar que, el caso estuvo paralizado desde el 4 de

mayo de 2021 por la radicación de una quiebra por la parte

recurrida. Sin embargo, cuando se levantó la paralización, la parte

peticionaria presentó una Moción para Reiterar la Procedencia del

Derecho de Propiedad o Posesión sobre el Instrumento Negociable

8 Véase, págs. 37-40 del apéndice del recurso.
9 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
KLCE202400287                                                                 5

conforme a la Ley de Transacciones Comerciales […].10 En esta,

expuso los mismos argumentos que en la moción del 5 de julio de

2022.

        A pesar de que el TPI le concedió una oportunidad a la parte

recurrida para que se expresara en torno a dicha moción, esta

última no presentó su oposición en el término concedido para ello.

Así pues, el 8 de diciembre de 2022, la parte peticionaria presentó

una Moción para que se tenga por Sometida sin Oposición […]11 y la

parte recurrida replicó el 15 de diciembre de 2022.12 En esta, reiteró

lo que había planteado en su oposición del 21 de julio de 2022.

        Evaluados los escritos de ambas partes, el 27 de enero de

2023, el TPI emitió una Resolución que fue notificada el 30 de enero

de 2023.13 En esta, declaró No Ha Lugar a la Moción Reclamando el

Derecho sobre Crédito y Urgente Solicitud de Orden. Para sostener su

decisión, discutió las figuras de cosa juzgada y la ley del caso y a

tenor con el derecho expuesto, concluyó lo siguiente:

        Resulta obvio que los demandados intentan hacer
        reclamos basados en fundamentos que tratan sobre
        asuntos que ya fueron adjudicados o que pudieron ser
        planteados anteriormente. Por lo tanto, no podemos
        avalar la utilización de remedios ordinarios para
        presentar planteamientos y volver a re litigar
        controversias debidamente adjudicadas por el tribunal.

        En desacuerdo con este dictamen, el 14 de febrero de 2023,

la señora Colón presentó una Moción en Reconsideración.14 En

síntesis, señaló que el TPI emitió un dictamen sobre una moción que

se presentó en el 2019 que versaba sobre el reclamo de crédito

litigioso al amparo del Art. 1425 del Código Civil de 1930, supra, que

estaba derogado. Aclaró que dicha moción no era objeto de interés

10 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
11 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
12 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
13 Véase, págs. 41-44 del apéndice del recurso.
14 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
KLCE202400287                                                                 6

para la parte demandada ya que fue resuelta en sus méritos por el

TPI el 2 de octubre del 2019. En vista de ello, sostuvo que el último

reclamo de su parte versaba sobre su derecho de propiedad o de

posesión sobre el instrumento negociable al amparo de la Sección

2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales y este reclamo no

había sido traído ante la consideración del Tribunal antes del 7 de

julio de 2022. En consecuencia, afirmó que el TPI no había entrado

en los méritos de dicho reclamo y, por ende, no aplicaban las figuras

de cosa juzgada y la ley del caso.

       El 21 de febrero de 2023, el TPI emitió una Resolución que se

notificó el 23 de febrero de 2023 mediante la cual denegó la solicitud

de reconsideración.15 Aún inconforme, el 24 de marzo de 2023, la

señora Colón presentó un recurso de certiorari en el Caso Núm.

KLCE202300296 impugnando la Resolución que dictó el TPI el 27 de

enero de 2023. Atendido el recurso y su oposición, el 12 de abril de

2023, este panel dictó una Sentencia mediante la cual, en lo

pertinente, resolvió que el TPI debía atender Moción sobre Derecho

de Propiedad o Posesión sobre el Instrumento Negociable que

presentó la peticionaria el 7 de julio de 2022 en sus méritos.16

       Así pues, el 16 de agosto de 2023, Lending presentó una

Moción Informativa sobre Notificación de Mandato […].17 En primer

lugar, indicó que la señora Colón era la única reclamando el alegado

derecho de propiedad o posesión sobre el instrumento negociable a

pesar de que no era deudora hipotecaria ni titular del inmueble que

era objeto de ejecución en el presente caso. Así pues, razonó que

esta última no tenía legitimación activa para reclamar el remedio

que disponen las secciones 2-305 y 2-306 de la Ley de

Transacciones Comerciales por lo que no era susceptible de remedio

15 Adoptamos estos hechos de la Sentencia que este panel dictó el 12 de abril de

2023 en el caso núm. KLCE202300296.
16 Véase, págs. 45-61 del apéndice del recurso.
17 Íd., págs. 64-74.
KLCE202400287                                                       7

alguno. En vista de ello, le solicitó al TPI a que declarara No Ha

Lugar la Moción sobre Derecho de Propiedad o Posesión sobre el

Instrumento Negociable que presentó la peticionaria.

         El 6 de octubre de 2023, la señora Colón presentó una Réplica

a la Moción Informativa sobre Notificación de Mandato […].18 En

cuanto al argumento de la legitimación activa, puntualizó que

gozaba de un interés legítimo sobre la propiedad objeto de ejecución

en la presente controversia ya que compareció en la escritura de

hipoteca como deudora y dio su consentimiento para hipotecar la

propiedad en la que tenía participación. Asimismo, añadió que esta

propiedad constituía su único hogar. Por último, aclaró que su

reclamo se basaba en la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones

Comerciales que, según ella, no estaba supeditada a la Sección 2-

305 de la referida ley. Así pues, afirmó que Lending no demostró que

adquirió el instrumento negociable de buena fe por lo que procedía

su reclamo bajo la referida Sección. Posteriormente, el 10 de octubre

de 2023, la parte recurrida presentó una Breve Dúplica a: Réplica a

Moción Informativa […]19 y en respuesta, el 20 de octubre de 2023,

la peticionaria presentó una Oposición a Breve Dúplica a Réplica

[…].20

         Evaluadas las posturas de ambas partes, el 6 de noviembre

de 2023, el TPI dictó una Resolución que se notificó el 10 de

noviembre de 2023.21 En esta, declaró No Ha Lugar la Moción sobre

Derecho de Propiedad o Posesión sobre Instrumento Negociable que

presentó la señora Colón. Los fundamentos para la precitada

determinación fueron los siguientes:

         Según se desprende del expediente, Doral Financial
         Corporation transfirió el pagaré objeto de este pleito,
         hasta que termina con Lending Advisors, Inc., como
         actual tenedor, esto después de adjudicada la
         controversia. Para acreditar su legitimación activa como
18 Íd., págs. 83-97.
19 Íd., págs. 98-101.
20 Íd., págs. 102-109.
21 Íd., págs. 110-119.
KLCE202400287                                                       8

        cesionario, el demandante presentó copia del pagaré.
        Por lo tanto, debemos afirmar que en este caso hubo
        una cesión de créditos válida y de buena fe.

        Por otro lado, surge de la Solicitud de Sustitución de
        Parte presentada por el demandante el 1 de julio de
        2019, que el pagaré que se acompañó fue endosado en
        blanco. Según la normativa citada, un pagaré endosado
        en blanco equivale a uno al portador. Esto significa que
        el poseedor del pagaré, Lending Advisors, Inc. tiene
        legitimación activa para reclamar el pago, toda vez que
        la posesión del pagaré equivale a ostentar el título y le
        da al poseedor legitimación para el cobro. Este endoso
        convirtió el pagaré en uno exigible por el portador, cuyo
        derecho surge de la mera posesión del instrumento
        negociable. La parte demandante, Lending Advisors,
        Inc. es el poseedor del pagaré al portador, por lo que no
        necesita cumplir con ninguna exigencia adicional de
        nuestro derecho cambiario. La parte codemandada no
        demostró que la parte demandante fuera un poseedor
        de mala fe.

        A propósito, surge de la Certificación Registral emitida
        el 14 de junio de 2006 por el Registrador de la
        Propiedad, Sección Primera de Ponce, que el
        demandado, Luis Eugenio Diou Agrait es titular del
        pleno dominio de la totalidad de la propiedad “A” objeto
        de controversia, con carácter privativo. Es decir, la
        parte codemandada, María de los Ángeles Colón Morel
        no es titular, ni dueña de la propiedad de la cual
        reclama derecho de propiedad o posesión sobre el
        instrumento     negociable.    Por    tanto,   la  parte
        codemandada está impedida de reclamar el remedio
        dispuesto en las Secciones 2-305 y 2-306 de la Ley de
        Transacciones Comerciales, supra, u otro remedio en
        ley, toda vez que estas defensas corresponden al
        deudor, por lo que no tiene legitimación para invocarlas,
        ni demostró la existencia de perjuicio o amenaza real y
        vigente a los derechos de la parte codemandada.

        En desacuerdo con este dictamen, el 27 de noviembre de

2023, la señora Colón presentó una Moción de Reconsideración.22 El

15 de diciembre de 2023, Lending presentó su oposición a la

solicitud de reconsideración.23 Así las cosas, el 20 de diciembre de

2023, el TPI dictó una Resolución que se notificó el 21 de diciembre

de 2023, mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

reconsideración que presentó la peticionaria.24

22 Íd., págs. 123-144.
23 Íd., págs. 146-151.
24 Íd., pág. 156.
KLCE202400287                                                       9

        El 27 de diciembre de 2023, la señora Colón presentó una

Moción sobre Remedio Provisional y en esta le solicitó al TPI a que le

concediera un término de veinte (20) días para expresar su posición

en cuanto a la oposición de la solicitud de reconsideración.25 En

respuesta, ese mismo día, a saber, el 27 de diciembre de 2023,

Lending presentó una Réplica a “Moción sobre Remedio Provisional”

en la cual indicó que el remedio solicitado por la peticionaria no

estaba cobijado por las Reglas de Procedimiento Civil y dicha parte

solo intentaba presentar una segunda solicitud de reconsideración

lo cual era contrario a derecho.26 Además, señaló que, en aras de

que se pudiese finalizar el proceso de ejecución de sentencia del

presente caso que se originó hace veinte (20) años y que tenía

Sentencia final, firme e inapelable desde hace doce (12) años,

solicitaba que el TPI declarara No Ha Lugar la solicitud de remedio

provisional. Así pues, el 29 de diciembre de 2023, el TPI emitió una

Resolución que se notificó el 8 de enero de 2024 mediante la cual

declaró No Ha Lugar a la solicitud de remedio provisional que

presentó la peticionaria.27

        El 8 de enero de 2024, la parte recurrida presentó una

Solicitud de Nueva Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia

y solicitó la ejecución de sentencia y en su consecuencia, que se

expidiera la correspondiente Orden y Mandamiento de ejecución de

sentencia.28 El 16 de enero de 2024, la parte peticionaria presentó

una moción solicitándole al TPI un término para oponerse a la

referida solicitud.29 Además, ese mismo día, a saber, el 16 de

enero de 2024, a pesar de que el TPI ya había emitido un

dictamen en cuanto a la solicitud de remedio provisional, la

25 Íd., págs. 158-161.
26 Íd., págs. 162-163.
27 Íd., pág. 164.
28 Íd., pág. 166.
29 Íd., págs.
KLCE202400287                                                            10

parte peticionaria presentó una Dúplica sobre “Réplica a

Moción de Remedio Provisional”.30

        Posteriormente, el 19 de enero de 2024, el TPI emitió una

Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes que se notificó el

24 de enero de 2024 mediante la cual ordenó la venta en pública

subasta de la propiedad inmueble objeto de esta controversia y le

concedió a Lending la suma de $17,625.00 para gastos, costas y

honorarios de abogado, pactados en el pagaré y en el contrato de

hipoteca.31 Inconforme con esta determinación, el 5 de febrero de

2024, la señora Colón presentó una solicitud de reconsideración32

la cual fue declarada No Ha Lugar mediante una Resolución que el

TPI dictó y notificó el 7 de febrero de 2024.33

        Aún inconforme, el 7 de marzo de 2024, la señora Colón

presentó      el    recurso   de   epígrafe   y   formuló   los   siguientes

señalamientos de error:

        Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al
        dictar Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de
        Bienes pese a que hay un asunto material pertinente
        ante la consideración de este Honorable Tribunal en
        el recurso de certiorari KLCE202400079: el reclamo
        de derecho de propiedad o posesión sobre el
        instrumento negociable a tenor de la sección 2-306
        de la Ley de Transacciones Comerciales, según
        enmendada, supra.

        Erró, abusó de su discreción y se contradijo el foro
        de instancia al dictar orden de ejecución de
        sentencia y venta de bienes, pero determinó esperar
        el dictamen de este Honorable Tribunal en cuanto al
        auto de certiorari KLCE202400079 y no resolver las
        Dúplica sobre “Réplica a Moción de Remedio
        Provisional” y la Moción sobre Intención de
        Oponerse a Solicitud de Nueva Orden y
        Mandamiento de Ejecución de Sentencia de la parte
        recurrente las cuales remiten a la orden precitada.

        Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al
        dictar Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de
        Bienes y no acoger la Moción de Reconsideración de
        dicha Orden de la parte recurrente las cual discute
        los errores A y B y da cuenta también de cómo el
        foro de instancia emitió la citada orden la cual
30 Íd., págs. 169-171.
31 Íd., págs. 172-173.
32 Íd., págs. 178-191.
33 Íd., pág. 192.
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       adopta la posición de la parte recurrida pese a que
       la última faltó a la verdad al aseverar que la parte
       recurrente presentó fuera de término su moción de
       reconsideración del 21 de noviembre de 2023 y ha
       recurrido a tergiversaciones y omisiones de hechos
       para aseverar falsamente también que la parte
       recurrente no es deudora hipotecaria en este caso y,
       por lo tanto, no queda vinculada por la sección 2-
       306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según
       enmendada, supra, ni por las definiciones de deudor
       hipotecario de varias leyes.

       Atendido el recurso, el 11 de marzo de 2024, emitimos una

Resolución concediéndole a la parte recurrida hasta el 18 de marzo

de 2024 para presentar su postura en cuanto al recurso.

Oportunamente, Lending presentó una Moción de Desestimación en

la cual indicó que la señora Colón había presentado otro recurso en

el Caso Núm. KLCE202400079 ante este panel y había expuesto los

mismos argumentos que en el presente caso. Así pues, argumentó

que el recurso era frívolo y no presentaba una controversia

sustancial, sino que se presentó para demorar los procedimientos.

Por último, expuso que el presente recurso no cumplía con ninguno

de los requisitos que dispone la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, para la expedición del

certiorari.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver el asunto ante nos. Veamos.

                                 II.

       El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Los tribunales

apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera

discrecional. Íd., pág. 847. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al
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discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Es importante destacar que, al interpretar la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo resolvió que “las

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia [como la que

tenemos    ante    nuestra     consideración]   no     se     encuentran

comprendidas      entre   aquellas   determinaciones    de        naturaleza

interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio mediante el

recurso de certiorari”. IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,

339 (2012). En otros términos, al determinar si procede expedir o

denegar un recurso de certiorari en el cual se recurre de un asunto

postsentencia,     debemos     evaluar   únicamente         los     criterios
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enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. Íd. La aludida regla establece lo siguiente:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  III.

      Nos corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Luego de examinar el

expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de
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Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios o postsentencia en los que el

foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido un craso

abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un

error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que

aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de epígrafe.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones