Court Opinion

ID: 9928523
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:05.634928+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:46.120417
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL VI

                                                 Certiorari
 EL PUEBLO DE PUERTO                             procedente del
         RICO                                    Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala de
       Parte Recurrida                           Arecibo
                              KLCE202301357
                                                 Caso Núm.
               v.
                                                 C VI2006G0032
                                                 (Sala 301)
    REYNALDO RIVERA
       MORALES                                   Sobre:

      Parte Peticionaria                         A83/Asesinato 2do
                                                 Grado

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece por derecho propio la parte peticionaria Sr.

Reynaldo Rivera Morales (en adelante, Sr. Rivera Morales) mediante

una Solicitud de Certiorari y nos solicita la revisión de la Orden

emitida el 20 de octubre de 2023 y notificada el 23 de octubre de

2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo

(en adelante, TPI). Mediante este dictamen, el TPI denegó la solicitud

de la Moción en Solicitud de Modificación de Sentencia presentada

por el Sr. Rivera Morales ante dicho foro.

      Por los fundamentos que expondremos, se desestima el

presente recurso de certiorari por falta de jurisdicción al ser

prematuro.

                                  I

      Según surge de su escrito, el Sr. Rivera Morales fue convicto

y sentenciado por cometer el delito de asesinato en segundo grado y

violar nuestra ley de armas. El 4 de octubre de 2023, el Sr. Rivera

Morales presentó una Moción en Solicitud de Modificación de

Número Identificador

RES2023_________
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Sentencia ante el TPI.1 En síntesis, el Sr. Rivera Morales solicitó

mediante su moción una modificación de sentencia al amparo del

Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, conocida como

“Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, 4 LPRA sec. 1503, según

enmendada por la Ley Núm. 85-2022, de manera que los términos

de prisión impuestos como parte de su sentencia se cumplieran

concurrentemente.

       El 20 de octubre de 2023, notificada el 23 de octubre de 2023,

el TPI emitió la Orden recurrida, mediante la cual denegó dicha

solicitud.2 En su dictamen, el TPI dispuso específicamente lo

siguiente:

       “Luego de evaluar la solicitud el Tribunal determina no
       modificar la sentencia impuesta.”

       Inconforme con la determinación anterior, el Sr. Rivera

Morales acudió ante nos el 29 de noviembre de 2023 mediante la

presente Solicitud de Certiorari, en la cual señala los errores

siguientes:

       Erró el TPI al no modificar la sentencia según solicitado
       mediante la moción sometida. Esto a pesar de las
       opiniones, jurisprudencias y estado de derecho
       planteadas en ella.

       Erró el TPI al no modificar la sentencia. Esto sin emitir
       razón, fundamento y sin establecer las cuestiones en
       controversias, ni formular las determinaciones de hecho
       y las conclusiones de derecho con respecto a la misma.

       Erró el TPI al no conceder una vista evidenciaria para
       discutir los fundamentos de derecho planteados en la
       moción.

       Conforme permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal puede

“prescindir de términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos,

notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el propósito de

lograr su más justo y eficiente despacho [...]”. En consideración a

1 Véase, Anejo 2 de la Solicitud de Certiorari.
2 Véase, Anejo 1 de la Solicitud de Certiorari.
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lo anterior, relevamos a la parte recurrida de presentar su alegato

en oposición a la expedición del auto de certiorari.

      Luego de revisar el escrito del Sr. Rivera Morales y los

documentos que obran en el expediente, estamos en posición de

resolver.

                                  II

                                  A.

      La jurisdicción de un tribunal se define como la autoridad que

por una ley o la Constitución se le ha concedido al foro para

considerar y decidir casos o controversias. Cordero v. Oficina de

Gerencia de Permisos, 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio.

Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto.

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Solá Gutiérrez v. Bengoa

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En múltiples y variadas

ocasiones se ha expresado que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de esa jurisdicción que nos ha sido concedida,

examinando tal aspecto en primer orden, incluso cuando no haya

sido planteado por ninguna de las partes. Horizon Media Corp. v.

Junta Revisora de Permisos, 191 DPR 228, 234 (2014). Además, se

ha señalado que los tribunales no tienen discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Mun. de San Sebastián v. QMC

Telecom, 190 DPR 652 (2014); Solá Gutiérrez v. Bengoa Becerra,

supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856

(2009).

      Un recurso tardío es aquel que se presenta pasado el término

provisto para recurrir. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber

Yard, Inc., 194 DPR 96, 107 (2015). Por su parte, un recurso

prematuro es aquel que se presenta con relación a una

determinación que está pendiente ante la consideración del tribunal

apelado, es decir, que aún no ha sido finalmente resuelta. Íd. Un

recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al
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tribunal al cual se recurre. Íd. No obstante, existe una importante

diferencia en las consecuencias que acarrea cada una de estas

desestimaciones. Íd. La desestimación de un recurso por ser tardío

priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, ante ese

mismo foro, o ante cualquier otro. Íd. En cambio, la desestimación

de un recurso por prematuro le permite a la parte que recurre volver

a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su

consideración. Íd.; Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

      La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), autoriza al Tribunal de Apelaciones a

desestimar un recurso, a iniciativa propia o solicitud de parte,

cuando carezca de jurisdicción para atenderlo.

                                 B.

      En cuanto a los términos para presentar un recurso de

revisión judicial ante el Tribunal Apelativo, la Sección 4.2 de la Ley

Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”,

3 LPRA sec. 9672, dispone lo siguiente:

      “Una parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado
      todos los remedios provistos por la agencia o por el
      organismo            administrativo             apelativo
      correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
      del archivo en autos de la copia de la notificación de la
      orden o resolución final de la agencia o a partir de la
      fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de
      esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión
      judicial haya sido interrumpido mediante la
      presentación     oportuna      de   una    moción       de
      reconsideración.” (énfasis suplido).

      La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es

una norma de autolimitación judicial que pretende lograr que las

reclamaciones sometidas inicialmente a la esfera administrativa

lleguen al foro judicial en el momento apropiado. Colón Rivera v.

ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013); Procuradora Paciente v. MCS, 163
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DPR 21, 35, (2004); Asoc. Pesc. Pta. Figueras. v. Pto del Rey, Inc.,

155 DPR 906, 916 (2001). Su propósito principal es evitar una

intervención judicial innecesaria y a destiempo que tienda a

interferir con el cauce y desenlace normal del procedimiento

administrativo. Procuradora Paciente v. MCS, supra; Mun. de Caguas

v. AT&T, 154 DPR 401, (2001); Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR

318 (1998). De esta forma, la agencia administrativa puede: (1)

desarrollar un historial completo del asunto; (2) utilizar el

conocimiento especializado o expertise de sus funcionarios para

adoptar las medidas correspondientes de conformidad con la política

pública formulada por la entidad; y (3) aplicar uniformemente sus

poderes para poner en vigor las leyes, rectificar oportunamente sus

errores o reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos. AAA v.

UIA, 200 DPR 903 (2018); Procuradora Paciente v. MCS, supra.

      Esta doctrina aplica a aquellos casos en los cuales una parte

que   instó   o   tiene   instada   una   acción   ante   una   agencia

administrativa, acude luego a un tribunal sin antes haber

completado todo el trámite administrativo. Véase, AAA v. UIA, supra;

Colón Rivera v. ELA, supra; Mun. de Caguas v. AT & T, supra. Es

decir, “[e]l agotamiento de remedios presupone la existencia de un

procedimiento administrativo que comenzó, o que debió haber

comenzado, pero que no finalizó porque la parte concernida recurrió

al foro judicial antes de que se completase el referido procedimiento

administrativo”. J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo

Puertorriqueño, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 71.

      La doctrina de agotamiento de remedios administrativos no

debe ser soslayada, a menos que se configure alguna de las

limitadas excepciones que bajo nuestro ordenamiento jurídico

justifican preterir el trámite administrativo. Véase, ORIL v. El

Farmer, Inc., 204 DPR 229 (2020); Igartúa de la Rosa v. ADT, supra.

Así, la Sección 4.3 de la Ley Núm. 38-2017, supra, dispone que:
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      “El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que
      agotar alguno o todos los remedios administrativos
      provistos en el caso de que dicho remedio sea
      inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento
      resultare en un daño irreparable al promovente y en el
      balance de intereses no se justifica agotar dichos
      remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de
      derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar
      los remedios administrativos por la dilación excesiva en
      los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta
      de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto
      estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia
      administrativa.”

      El Tribunal Supremo ha resuelto que le corresponde a la parte

que acude ante nos probar con hechos específicos y bien definidos

la necesidad de obviar el cauce administrativo. Procuradora Paciente

v. MCS, supra. No debemos olvidar que cuando “el agravio sea uno

de ‘patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente

reparación’, se puede utilizar el injunction para eludir el cauce

administrativo”. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 852

(2008).

                                 C.

      La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada,

conocida como “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra” (en

adelante, Ley Núm. 118-1974), 4 LPRA sec. 1501 et seq., se aprobó,

en términos generales, para reestructurar el sistema de libertad bajo

palabra. A esos fines, se creó la Junta de Libertad Bajo Palabra (en

adelante, Junta), adscrita al Departamento de Corrección y

Rehabilitación, un organismo administrativo con funciones cuasi

judiciales facultado para decretar la libertad bajo palabra de

cualquier persona recluida en las instituciones correccionales del

Estado que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Núm.

118-1974, supra. Benítez Nieves v. ELA et al., 202 DPR 818 (2019).

Además, se estableció su organización, autoridad, poderes y

deberes. Véase, Artículos 1 y 3 de la Ley Núm. 118-1974, supra.

      En virtud de las facultades que le fueron conferidas, la Junta

adoptó para su funcionamiento el Reglamento Procesal de la Junta
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de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232, Departamento de

Estado, 18 de noviembre de 2020. Mediante este Reglamento, se

establecieron las normas procesales que rigen en el descargo de la

función adjudicativa de la Junta.

      En lo pertinente, el Reglamento Núm. 9232, supra, establece

el procedimiento para la solicitud del privilegio de libertad bajo

palabra ante la Junta. La Sección 9.1 (A) del Artículo IX del

Reglamento Núm. 9232, supra, dispone que “[s]e entenderá

solicitado formalmente el privilegio de libertad bajo palabra

mediante el recibo del referido que a tales efectos remita la

Administración de Corrección o a solicitud por escrito del

peticionario.”

      Además, dicho Reglamento establece el procedimiento para

solicitar   reconsideración   Junta     y   revisión   judicial   de   la

determinación final de la Junta concediendo o denegando el

privilegio. Véase, Artículo XV del Reglamento Núm. 9232, supra.

                                  III

      En su recurso de certiorari, el Sr. Rivera Morales señala que

erró el TPI “al no modificar la sentencia según solicitado mediante

la moción sometida […] a pesar de las opiniones, jurisprudencias y

estado de derecho planteadas en ella”; “al no modificar la sentencia

[…] sin emitir razón, fundamento y sin establecer las cuestiones en

controversias, ni formular las determinaciones de hecho y las

conclusiones de derecho con respecto a la misma; y “al no conceder

una vista evidenciaria para discutir los fundamentos de derecho

planteados en la moción.”

      Evaluado     el   recurso     ante     nuestra     consideración,

determinamos por ser el mismo uno al amparo de las disposiciones

de la Ley Núm. 118-1974, supra, mejor conocida como “Ley de la

Junta de Libertad Bajo Palabra”, procede su desestimación por falta

de jurisdicción. El Sr. Rivera Morales acudió al tribunal sin antes
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haber completado todo el trámite administrativo establecido en la

Ley Núm. 118-1974, supra, y el Reglamento Núm. 9232, supra, para

la solicitud del privilegio de libertad bajo palabra.

      Existiendo un procedimiento administrativo que fue preterido,

la presentación de este recurso resulta prematura, lo que nos priva

de jurisdicción. El TPI tampoco tenía jurisdicción para atender esta

solicitud.

                                  IV

      Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente

recurso de certiorari por falta de jurisdicción al ser prematuro.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones