Court Opinion

ID: 9928539
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:23:23.966418+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:57.619515
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

     EL PUEBLO DE                                 CERTIORARI
     PUERTO RICO                                  procedente del
                                                  Tribunal de Primera
        Recurrido                                 Instancia, Sala
                              KLCE202301369       Superior de Caguas
             v.
                                                  Caso núm.:
   JORSH ANTHONY                                  EVI2023G0023
  TORRES DEL VALLE                                (304)

       Peticionario                               Sobre: A93/ Grado
                                                  de Asesinato 1er
                                                  Gdo Inciso A

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 2023.

      Comparece ante este foro apelativo la representación legal del

Sr. Jorsh Anthony Torres Del Valle, la Licenciada Laura M. Coss

Guzmán (licenciada Coss Guzmán o la peticionaria) mediante el

recurso de Certiorari de epígrafe, solicitándonos la revisión de una

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Caguas (el TPI), el 17 de octubre de 2023, notificada al día

siguiente. Mediante este dictamen, el foro primario declaró No Ha

Lugar a la Moción de Relevo de Representación Legal instada por la

peticionaria.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen

recurrido.

                                   I.

      Surge del recurso ante nuestra consideración que el 7 de

febrero de 2023, la peticionaria fue designada como abogada de

oficio en el caso de autos. Esta señaló que, previo a ser asignada

como representante legal del Sr. Jorsh Anthony Torres Del Valle (el

Número Identificador
SEN2023________________________
KLCE202301369                                                                     2

acusado), este ya había firmado un convenio con el Ministerio

Público. Cónsono con dicho acuerdo el 13 de junio de 2023, el

acusado renunció a la vista preliminar con el propósito de alcanzar

posteriormente         una    alegación      pre-acordada.         Incluso,   y   en

concordancia con el mismo, la licenciada Coss Guzmán no solicitó

el descubrimiento de prueba dispuesto en la Regla 95 de las de

Procedimiento Criminal. Relató en el recurso que el acusado se negó

a servir como testigo del Ministerio Público conforme a lo acordado.

        A petición del tribunal, el 18 de septiembre de 2023 se reunió

con su representado y este “… nos manifestó una serie de

situaciones, las cuales están protegidas por el privilegio de

comunicación confidencial entre abogado y cliente. No obstante, a

fin de cuentas, él mismo manifiesta que desea un abogado que

no sea la suscribiente, con la cual estamos de acuerdo tomando

en consideración la información que nos transmitió.”1

        El 21 de septiembre siguiente, en corte abierta y a preguntas

del Magistrado, el acusado manifestó que quería otra representación

legal. Incluso, surge de la Minuta de la vista que el Ministerio Público

informó que el acusado incumplió con el convenio y que se verían

los cargos en su contra.2

        Por tanto, el 16 de octubre de 2023, la licenciada Coss

Guzmán presentó una Moción Solicitando Relevo de Representación

Legal en la cual explicó que existe un conflicto insalvable que lacera

irreparablemente la relación abogado-cliente. Al día siguiente, el foro

recurrido declaró NO HA LUGAR el petitorio e indicó “VEASE

PUEBLO V. DURECORT, 106 D.P.R. 684.”3 Inconforme con la

determinación, la peticionaria solicitó reconsideración, en la cual

argumentó que el caso citado por el TPI se distingue del caso de

1 Véase la Petición de Certiorari, a la pág. 2. [Énfasis en el original]
2 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 29.
3 Íd., a la pág. 17.
KLCE202301369                                                         3

autos, y que luego de varias conversaciones con el acusado ambos

entendieron que existe un conflicto de interés perenne sobre el cual

este merece una nueva representación legal que vele adecuadamente

por los derechos que le asisten.4 El 6 de noviembre de 2023,

notificada ese mismo día, se declaró no ha lugar a la reconsideración

solicitada.5

        Aun insatisfecha con la determinación, la peticionaria acude

ante este foro intermedio imputándole al Tribunal de Primera

Instancia haber incurrido en los siguientes errores:

           ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL DETERMINAR NO HA LUGAR NUESTRA
           SOLICITUD DE RELEVO DE REPRESENTACIÓN
           LEGAL PRESENTADA PARA CONCEDER UNA NUEVA
           REPRESENTACIÓN LEGAL Y SU APLICACIÓN DEL
           CASO PUEBLO V. DURECORT, 106 DPR 7684 (1978).

           ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO
           RELEVARNOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL
           ACUSADO DECLARANDO “NO HA LUGAR” NUESTRA
           SOLICITUD URGENTE DE RECONSIDERACIÓN.

        El 7 de diciembre de 2023, dictamos una Resolución

concediendo a la parte recurrida hasta el viernes 15 de diciembre, a

las 12 del mediodía, para expresarse. La parte recurrida compareció

representada por la Oficina del Procurador General, por lo cual nos

damos por cumplidos y a su vez, decretamos perfeccionado el

recurso.

        Analizados los escritos de las partes, el expediente apelativo y

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                   II.

El auto de certiorari

        El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders at al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

4 Íd., a la pág. 17.
5 Íd., a la págs. 23-24.
KLCE202301369                                                          4

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92

(2001). Esta discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento

jurídico como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de

discreción. Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 91.

      Asimismo, para determinar si procede la expedición de un

recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución

interlocutoria, debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

la cual lee como sigue:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes
         criterios al determinar la expedición de un auto de
         certiorari:

         A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

         F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
         y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

         G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97
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(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención.

La Representación Legal

       La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, garantiza que “[e]n todos los procesos

criminales, el acusado disfrutará del derecho [...] a tener asistencia

de abogado”. El derecho a tener representación legal en casos

criminales, el cual debe ser uno adecuado y efectivo, ha sido

consagrado como parte fundamental de la cláusula del debido

proceso de ley. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599,

609 (1993). Esto naturalmente implica una representación legal

libre de conflictos e intereses encontrados. Pueblo v. Padilla Flores,

127 DPR 638, 701 (1991).

       A los fines de implementar este mandato constitucional, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó un Reglamento para la

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio.6 En lo aquí

pertinente, el referido reglamento establece en la Regla 8 inciso (h)

los Criterios para autorizar el relevo de representación legal. El

mismo lee como sigue:

             Realizada la asignación de oficio, solo podrá
         relevarse al abogado o la abogada que presente una
         moción al tribunal y demuestre una causa justificada
         conforme con lo dispuesto en el ordenamiento
         ético. El tribunal deberá evaluar si, conforme dispone
         la Regla 9 (b) de este Reglamento, existe justa causa
         para conceder el relevo de la representación legal y
         el diferimiento. Si procede el relevo de representación
         legal, el tribunal asignará el caso a la siguiente persona
         en turno del banco de abogados y abogadas de oficio.
            La indigencia sobrevenida por parte de una persona
         con representación legal privada no constituirá justa
         causa para conceder el relevo, salvo lo dispuesto en el
         inciso (i) de esta regla. Como regla general, los
         conflictos en calendario tampoco serán fundamento
         para autorizar el relevo de representación legal y
         diferimiento del caso particular. Sin embargo, de
         manera excepcional, el tribunal podrá tomar en

6 Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, Secretariado

de la Conferencia Judicial y Notarial, 1 de enero de 2020, pág. 13, en
https://poderjudicial.pr/documentos/info-para/Reglamento-Asignacion-
AbogOfic.pdf
KLCE202301369                                                     6

        consideración el calendario de señalamientos cercanos
        del abogado o de la abogada y la necesidad de evitar
        una dilación irrazonable en el trámite del
        procedimiento particular para determinar si procede el
        relevo y diferimiento solicitados.
            El tribunal deberá considerar la oposición que
        pueda argüir la persona indigente que recibirá
        representación legal de oficio. En este caso, el
        tribunal celebrará una vista para evaluar la prueba en
        apoyo a la oposición. Cuando la intimidad de la persona
        indigente u otras razones de justicia así lo requieran,
        podrá celebrarse una vista confidencial ex parte.
           El relevo y diferimiento autorizado al inicio de la
        representación legal no alterará el orden de
        asignaciones posteriores ni afectará el turno
        correspondiente del abogado o de la abogada. No
        obstante, si se autorizara el relevo de representación
        legal durante el curso del procedimiento judicial, el
        tribunal podrá diferir al abogado o a la abogada,
        quien tendrá la obligación de asumir la próxima
        asignación de oficio que sugiera el Módulo de
        Asignación de Oficio. Si el tribunal concluye que los
        servicios prestados por el abogado o la abogada de
        oficio en esta etapa resultaron suficientes y que
        cumplió con su obligación de representación al amparo
        de este Reglamento, podrá conceder el relevo sin
        ordenar su diferimiento. Se permitirán los
        diferimientos por periodos de duración específica,
        debidamente acreditados por el abogado o la abogada a
        satisfacción del tribunal y autorizados por el Juez
        Administrador o la Jueza Administradora conforme el
        inciso (k) de esta Regla. [Énfasis nuestro]

      Previo a la aprobación del Reglamento antes citado, nuestro

alto foro resolvió Pueblo v. Durecort, 106 DPR 768 (1978). En lo que

nos concierne dispuso que:

        …

           Al renunciar la representación profesional de un
        acusado, el abogado deberá tener presente y cumplir
        con lo dispuesto en el Canon 20 de Ética Profesional.
        Salvo casos excepcionales, no deberá aprobarse una
        renuncia de representación profesional presentada en
        fecha tan cercana al señalamiento de la causa para
        juicio que pudiera tener el efecto de provocar la
        suspensión. Tampoco deberá relevarse a un abogado
        de representar a un acusado contratado por él sin que
        se acredite satisfactoriamente que dicho abogado ha
        devuelto a su cliente el importe de honorarios cobrados
        por él o parte sustancial de éstos, dependiendo de la
        labor hasta entonces realizada por el abogado. [Énfasis
        nuestro]. Íd., a las págs. 687-688.

      Por último, puntualizamos que la relación de abogado y

cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. Pueblo v.

Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, 792 (2011). Esta relación es

una sui generis y de naturaleza fiduciaria, basada en la honestidad,

lealtad y fidelidad absoluta. Ello responde, en gran medida, a las
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inexorables exigencias éticas muy particulares de la profesión legal.

Íd., citando a López de Victoria v. Rodríguez, 113 DPR 265 (1982).

                                   III.

         Analizado el recurso ante nuestra consideración al palio de la

Regla 40, antes citada, consideramos que la etapa del procedimiento

en que se presenta la controversia es la más propicia para su

consideración. Del recurso surge que una vez la peticionaria conoció

que su representado laceró su confianza, al no cumplir con el

acuerdo, que él mismo alcanzó con el Ministerio Público, esta

presentó oportunamente su solicitud de relevo de representación

legal.

         Por otro lado, la licenciada Coss Guzmán nos expresa que, en

la vista señalada para el 21 de septiembre de 2023, le informó al

tribunal que había surgido un “insalvable conflicto de intereses que

afectaba irremediablemente la confianza entre abogado y cliente.”

Incluso, según esta nos relata que el Juez se dirigió al acusado y le

preguntó si era su deseo tener una nueva representación legal, a lo

que este contestó en la afirmativa.

         No obstante lo antedicho, el TPI declaró no ha lugar a la

solicitud presentada por la peticionaria haciendo referencia

únicamente a lo resuelto por nuestro alto foro en Pueblo v. Durecort,

supra, el cual consideramos no es aplicable al caso de autos.

Conforme surge del alegato y del Apéndice apelativo, el aquí acusado

tenía un acuerdo con el Ministerio Público y conforme al mismo se

llevaron a cabo todos los procedimientos. Incluso, la representación

legal del acusado estaba dirigida en atención a dicho pacto.

Destacamos que, de la Minuta del 21 de septiembre de 2023, surge

que el Lcdo. Luis F. Mangual Acevedo, también representante legal

del acusado, informó al foro recurrido “… que no le había dado

seguimiento a la Regla 95 porque estaban en los acuerdos
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transaccionales. Indica que luego de conversar con el acusado

presentará moción.” 7

        Ciertamente, el foro de primera instancia tiene plena

autoridad para promover el manejo diligente y expedito de los casos

ante sí para evitar dilaciones innecesarias que puedan perjudicar o

afectar los derechos, y reclamaciones de las partes. Sin embargo,

cuando un cliente pierde la confianza en su abogado y las

diferencias en el manejo del caso no pueden conciliarse, obligar al

abogado a permanecer en el caso significaría una pérdida

irreversible para todas las partes. Como indicamos, la relación

abogado-cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza.

        En consecuencia, examinado el expediente apelativo y, dado

que    el   Ministerio    Público    no    tiene   objeción    al   relevo    de

representación legal,8 procede conceder lo solicitado por la

peticionaria. Sin duda, de los argumentos esbozados por la

licenciada Coss Guzmán surge la justa causa de su petitorio. El

hecho de que el acusado incumpliera su acuerdo, sin el consejo o

asesoría de su representación legal, quien llevó el trámite procesal

del caso y su estrategia legal confiando en dicho concierto, laceró

sin duda la confianza en la relación abogado-cliente. Puntualizamos,

además, que la etapa procesal en la cual se encuentra el caso no es

una avanzada debido a que aún está pendiente una Regla 95 y para

mañana, 19 de diciembre de 2023, está señalada una Vista sobre el

Estado de los Procedimientos.

        En resumen, el reclamo de la abogada aquí peticionaria es

oportuno y no uno arbitrario ni caprichoso. Más bien, es un

pedimento, en cumplimiento con los Cánones de Ética que rigen la

profesión legal.

7 Íd., a la pág. 29.
8 Véase el Escrito en cumplimiento de orden presentado el 15 de diciembre de 2023

a las 10:43 am por la Oficina del Procurador General.
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                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari solicitado, se revoca el dictamen recurrido y se le ordena

al foro primario tomar las medidas necesarias para que al acusado

se le asigne una representación legal adecuada. Se devuelve al

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, para que

provea conforme a lo aquí dispuesto.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones