Court Opinion

ID: 9896837
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:43.153476+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:21.652543
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL III

 FEDERICO CARDONA FIRPI                               Apelación
                                                      procedente del
         EX PARTE                                     Tribunal de
                                                      Primera
                                                      Instancia, Sala
         Apelante                                     de Bayamón
                                KLAN202300763
                                                      Criminal Núm.:
  Persona en interés:                                 D JV2023-0183
    GABRIELA RIVERA
       EMANUELLI                                      Sobre:
                                                      Ley 408-2000,
                                                      según enmendada,
                                                      Ley Salud Mental
                                                      de PR

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                               SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de octubre de 2023.

       Comparece Federico A. Cardona Firpi, en adelante

 el   señor    Cardona     o   el   apelante,     y     solicita     que

 revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de

 Primera Instancia, Sala de Bayamón, en adelante TPI.

 Mediante la misma, se ordenó el archivo de la petición

 de tratamiento compulsorio presentada por el apelante

 para internar a su esposa, la señora Gabriela Rivera

 Emanuelli, en adelante, la señora Rivera o la apelada.

 El foro apelado razonó que conforme al Art. 4.13 de la

 Ley de Salud Mental de Puerto Rico, en adelante la Ley

 Núm. 408-2000, el señor Cardona no puede presentar la

 petición     porque   tiene    conflicto    de   interés      con    la

 señora Rivera.

       Por      los    fundamentos         que    expondremos          a

 continuación, se confirma la sentencia apelada.

Número Identificador

SEN2023_________________
KLAN202300763                                                           2
                                  -I-

      El    señor     Cardona     presentó     una        Petición      de

Detención     Temporera     de      Veinticuatro          (24)     Horas1

conforme al Art. 4.13 de la Ley Núm. 408-2000, para

internar      a      su    esposa,        la      señora         Rivera.

Simultáneamente,       presentó     una   Petición        de   Orden    de

Tratamiento       Compulsorio2,    conforme    al    Art.        4.11   de

dicha ley.

      Como consecuencia de estas peticiones, la señora

Rivera fue ingresada en el Hospital Pavía de Hato Rey.

Además, el día en que fue dada de alta se le otorgó a

su favor una orden de protección ex parte al amparo de

la Ley Núm. 54-1989 de violencia doméstica, en contra

del señor Cardona.3

      Por su parte, el señor Cardona también obtuvo una

orden de protección contra la señora Rivera, al amparo

de la Ley Núm. 54-1989.4

      Entre tanto, la apelada presentó una demanda de

divorcio contra el apelante.5

      Posteriormente,      el     TPI   celebró     una    vista     para

atender la petición del señor Cardona al amparo del

Art. 4.11 de la Ley Núm. 408-2000. En esa ocasión,

determinó lo siguiente:

      Dado al evidente conflicto de intereses [conforme
      al Art. 4.13 de la Ley Núm. 408-2000] del Sr.
      Federico Cardona Firpi resolvemos que éste está
      impedido de participar y/o de ser informado de
      asuntos tan confidenciales y sensibles que se
      ventilan en éstos tipos de casos. El Sr. Federico
      Cardona Firpi tiene un interés litigioso, de
      naturaleza civil y criminal en contra de la Sra.
      Gabriela Rivera Emanuelli. El día de la vista se
      indicó que podía ser sustituido por otra parte
      que no tuviera conflicto de intereses con la Sra.
      Gabriela Rivera Emanuelli.6

1 Apéndice del apelante, págs. 5-8.
2 Id., págs. 9-12.
3 Id., págs. 3-4.
4 Id.
5 Id.
6 Id.
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      Insatisfecho    con   dicha    determinación,   el   señor

Cardona presentó un Escrito de Apelación en el que

alega que el TPI incurrió en los siguientes errores:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL DETERMINAR QUE EL APELANTE ESTABA IMPEDIDO DE
      SER EL PETICIONARIO BAJO EL PRECEPTO DE QUE
      EXISTÍAN PROCESOS CIVILES Y CRIMINALES ENTRE LAS
      PARTES, PROHIBIENDO ASÍ QUE HUBIESE UNA VISTA EN
      SU FONDO, COARTANDO ASÍ EL DERECHO A UN DEBIDO
      PROCESO DE LEY, ACTUANDO CON CLARO PREJUICIO,
      PARCIALIDAD Y ERROR MANIFIESTO.

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      AL DESESTIMAR LOS PROCESOS SIN RECIBIR INFORME
      ALGUNO    DEL   EQUIPO    INTERDISCIPLINARIO    NI
      INFORMACIÓN ALGUNA DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD,
      SIN ASEGURARSE DEL BIENESTAR DE LA PARTE APELADA,
      LO QUE CONSTITUYÓ UN CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN.

      Examinados     los    escritos    de   las   partes,    el

expediente y la prueba documental, estamos en posición

de resolver.

                              -II-

      La Ley Núm. 408-2000, según enmendada, expresa,

en su exposición de motivos, que velar por la salud

mental del pueblo puertorriqueño “es y debe ser un

asunto de entero interés para el Gobierno de Puerto

Rico”.7 Esta legislación aplica, entre otros, a “toda

persona que necesite, solicite, reciba o haya recibido

servicios de salud mental”.8

      En lo pertinente, este estatuto provee para la

presentación de una petición de internación civil de

una persona, si se observan los siguientes factores, a

saber:9

      […] los parámetros de peligrosidad en cuanto a
      probable daño a sí mismo, a otros o a la
      propiedad o ha llevado a cabo actos que ponen en
      peligro su vida, o ha ejecutado actos que indican
      que no puede manejar su vida cotidiana sin la
      supervisión o ayuda de otras personas, por no
      poder   alimentarse,   protegerse   o   cuidarse,
      aumentando así la probabilidad de muerte, daño
      corporal sustancial o debilitamiento físico tal
      que pondría en peligro su vida.10

7 Ley Núm. 408-2000, 24 LPRA sec. 6152 et. seq.
8 24 LPRA sec. 6152a.
9 Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, esc. 53 (2001).
10 24 LPRA sec. 6152b.
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       Antes de emitir la orden, el tribunal determinará

si existe una recomendación del psiquiatra a cargo de

la     evaluación       inicial   de   la     persona    a    quien       se

pretende internar, que sustente la petición.11 Emitida

la orden, la persona evaluada incurrirá en un desacato

al tribunal, de no asistir al tratamiento.12

       Entre      las   alternativas     provistas,      la   Ley     Núm.

408-2000 contempla un mecanismo expedito                     que aplica

cuando “una persona de dieciocho años o más, requiere

de     tratamiento       inmediato     para    protegerlo      de     daño

físico a sí, a otros o a la propiedad”.13 En este caso,

un agente de seguridad o cualquier otro ciudadano con

base    razonable       para   creer   que    la    persona    necesita

tratamiento        inmediato,     “podrá       presentar      ante       el

Tribunal      de   Primera     Instancia      con   competencia,         una

petición juramentada de detención temporera por hasta

veinticuatro (24) horas para la evaluación del adulto

por un equipo inter o multidisciplinario”.14

       El tribunal podrá conceder tal petición, siempre
       que la petición juramentada contenga y fundamente
       lo siguiente:

       […]

       (c) la relación entre el peticionario y el adulto
       sujeto a ingreso involuntario, así como una
       declaración del peticionario, sobre si tiene o no
       algún tipo de interés con dicho adulto, tal como
       sería el caso, pero no limitado a, algún interés
       económico o litigioso, ya sea de naturaleza civil
       o criminal.15

       Por otro parte, existe la posibilidad de extender

el término de evaluación y tratamiento expedito si,

dentro       de   las   veinticuatro    horas       dispuestas      en    la

orden de detención temporera, se radica en el tribunal

una petición de ingreso involuntario por un máximo de

11 Art. 4.11 de la Ley Núm. 408-2000 (24 LPRA sec. 6155j).
12 Id.
13 Art. 4.13 de la Ley Núm. 408-2000 (24 LPRA sec. 6155l).
14 Id.
15 Id. (Énfasis suplido).
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quince días.16 El tribunal, antes de expedirla, deberá

constatar         que       la        petición       incluya           una       primera

certificación, emitida por un psiquiatra, en la cual

el profesional de la salud mental establezca que la

persona “reúne los criterios para ingreso involuntario

y     hospitalización            de       inmediato       en     una       institución

hospitalaria            o        a        cualquier         otra           institución

proveedora, para recibir tratamiento”.17

                                           -III-

        El apelante alega que el TPI realizó “una pobre

aplicación del derecho… al determinar que… no podía

figurar      como      peticionario             en   el    caso”       y    que    actuó

contrario a la ley al desestimar la solicitud sin el

informe      y    las        recomendaciones              del    equipo          médico.

Arguye que el foro apelado discriminó en su contra sin

ningún fundamento en derecho y que se limitó a esbozar

un conflicto de intereses bajo los criterios del Art.

4.13 de la Ley Núm. 408-2000. En su opinión, “[d]icho

articulado        no    es    un      requisito       sine       qua       non,    mucho

menos una cláusula de prohibición en torno a quién

puede     constituir         o       no   una    parte     peticionaria”.              Por

tanto, afirma que una vez el TPI atendió la petición

de ingreso involuntario por un periodo de veinticuatro

horas, “si un peticionario es o no, uno idóneo para

los     procedimientos               de    tratamiento          compulsorio,           son

académicos”.           Además,            advierte        que     el       TPI     debió

celebrar una vista                   evidenciaria,         previo a          concluir,

que, por motivo del conflicto de intereses, el señor

Cardona      no   podía       ser         la    persona     de    enlace         con    el

personal del hospital a cargo del tratamiento de su

esposa. Por consiguiente, entiende que el TPI abusó de

16   Art. 4.14 de la Ley Núm. 408-2000 (24 LPRA sec. 6155m).
17   Id.
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su discreción, actuó con perjuicio y parcialidad, y

falló en velar por el bienestar de la señora Rivera,

todo ello en contravención con lo dispuesto en la Ley

Núm. 408-2000.

      Por su parte, la apelada alega que corresponde

confirmar la sentencia impugnada.                    Esto es así, porque

para efectos de la Ley de Salud Mental la relación

entre el peticionario y el adulto sujeto a ingreso

involuntario        es    muy        importante.           Por     ello,     el

Legislador encomendó al Juez a auscultar la existencia

de   algún      tipo      de        interés     bien      sea      económico,

litigioso, criminal o civil                   entre estos        componentes

del esquema legislativo.               Y del trámite litigioso del

presente     caso    se    desprende          que    el    apelante      tenía

varios     conflictos          en    asuntos        importantes        con   la

apelada, por lo cual correspondía su descalificación

como peticionario del proceso bajo la Ley de Salud

Mental.

      Además    para      la    apelada,       el    mismo   resultado       se

hubiese alcanzado si no aplicara el Art. 4.13 (c) de

la   Ley   de   Salud      Mental.            Ello    obedece      a   que   la

autorización        del        apelante        como       enlace       hubiese

equivalido a una violación de facto de la orden de

protección que la apelada había obtenido a su favor.

      Luego de revisar integradamente el Art. 4.13 de

la Ley Núm. 408-2000 con los documentos que obran en

el expediente, determinamos que procede confirmar la

sentencia apelada. Veamos.

      El apelante tiene un interés litigioso adverso de

naturaleza civil con la señora Rivera que emana del

pleito de divorcio instada por ésta.
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      Del resultado de lo anterior, puede surgir además

un    interés    económico      adverso,      producto      de   la

liquidación de la comunidad de bienes post ganancial

consecuencia de la disolución del matrimonio.

      Como si lo anterior fuera poco, existe un interés

litigioso adverso de naturaleza penal que surge de las

órdenes   de    protección    que     cada   parte    ha   obtenido

contra la otra.

      Ante ese cuadro fáctico, somos de la opinión de

que   acertó    el    TPI,   como     cuestión   de   umbral,    al

descalificar     al    apelante     como     promovente    en    tan

delicado asunto. De este modo evitó que se arrojaran

sombras sobre tan importante procedimiento que protege

el bienestar de las personas con trastornos mentales.

                               -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la sentencia recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones