Court Opinion

ID: 9941471
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:59.509127+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.616994
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

MARIA DE LOS                                  Revisión
ANGELES COLLAZO                               Administrativa
CARRASQUILLO                                  Procedente del
                                              Departamento del
Recurrente                                    Trabajo y Recursos
                                              Humanos
                             KLRA202300565

v.                                            PUA-06283-23
                                              Recl. Núm. A00-000-
                                              0972-4154

NEGOCIADO DE                                  Sobre: Inelegibilidad a los
SEGURIDAD DE                                  beneficios del “Pandemic
EMPLEO (NSE)                                  Unemployment
                                              Assistance” (PUA),
Recurrido                                     “Coronavirus Aid, Relief,
                                              and Economic Security
                                              Act”, Ley Pública 116-16
                                              (CARES) del 27 de 2020

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la
juez Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio.

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

      Comparece      ante     nos,   María   de   los   Ángeles   Collazo

Carrasquillo, en adelante, Collazo Carrasquillo o recurrente,

solicitando que revisemos la determinación del Negociado de Seguro

por Desempleo, en adelante, NSE, del 6 de julio de 2023. En la

decisión recurrida, la NSE determinó que Collazo Carrasquillo era

elegible para los beneficios del Pandemic Unemployment Assistance,

en adelante, PUA, para las semanas del 21 de marzo de 2020 al 27

de junio de 2020, y no hasta el 27 de julio de 2020.

      Por entender que es acreedora del PUA por las semanas del

21 de marzo de 2020 al 27 de julio de 2020, Collazo Carrasquillo

solicita que revisemos y modifiquemos la decisión recurrida.

Número Identificador
RES2024___________________
KLRA202300565                                                             2

                                          I.

       Collazo   Carrasquillo     alega    que   solicitó   los   beneficios

compensatorios del PUA por internet. Según esta, el sistema le

indicó que no era elegible, por no cumplir con los requisitos. Indicó

que por esto solicitó una revisión ante la División de Apelaciones del

Departamento, en adelante, División, sobre la determinación de

inelegibilidad. Además, expresó haber enviado la documentación

pertinente vía correo electrónico y correo certificado.

       La recurrente nos expone en su recurso que el 13 de junio de

2023 recibió una llamada del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, en adelante, Departamento, en donde le indicaron que la

documentación para su solicitud del PUA estaba incompleta. Según

ella, durante la conversación telefónica se le preguntó en qué

momento comenzó a laborar, a lo que confesó no poder contestar

porque no tenía el documento con la fecha exacta. Sin embargo, nos

indica que calculó ese tiempo entre los meses de julio a agosto del

2020. Según Collazo Carrasquillo, esta procedió a enviar la

documentación que le requirieron directamente al correo electrónico

de la representante del Departamento que la atendió.

       Posteriormente, el 6 de julio de 2023, Collazo Carrasquillo

recibió notificación de la “Resolución” de la División,1 en la que se

modificó la determinación original. La División determinó que

Collazo Carrasquillo era elegible para el beneficio del PUA por las

semanas del 21 de marzo de 2020 a junio 27 de 2020.2

       Sin embargo, según su exposición de los hechos en el recurso

de marras, Collazo Carrasquillo apeló la resolución aludida ante la

División de Apelaciones ante el Secretario, por correo electrónico y

visitando físicamente las oficinas. La recurrente alegó que en su

apelación le señaló al Departamento como error la determinación de

1 Apéndice del recurso, pág. 1.
2 Id. pág. 3.
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inelegibilidad para las semanas posterior al 27 de junio de 2020, ya

que comenzó a trabajar el 27 de julio de 2020.

       El 27 de septiembre de 2023, la División de Apelaciones ante

el Secretario le notificó a Collazo Carrasquillo que confirmaba la

resolución apelada.3 Es por esto que el 4 de octubre de 2023, solicitó

una reconsideración ante la misma oficina.4 Finalmente, el 12 de

octubre de 2023, Collazo Carrasquillo recibió notificación del

Departamento,      en   la   que   se   declaró   “No   Ha   Lugar”   la

reconsideración solicitada.5

       Inconforme, la aquí recurrente presentó el recurso de autos,

solicitando que esta Curia modifique la “Resolución” recurrida, de

modo que refleje el 27 de julio de 2020 como la fecha en la que

comenzó nuevamente a trabajar. En consecución a su solicitud,

Collazo Carrasquillo solicita nuestra intervención, para que el

Departamento le conceda los beneficios del PUA del periodo del 21

de marzo de 2020 al 27 de julio de 2020.

       El 27 de noviembre de 2023, emitimos una “Resolución” en la

que le indicamos a la parte recurrida que presentara su posición,

conforme a la Regla 63 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 63, en o antes del 29 de noviembre de 2023.

En esa misma fecha, compareció el NSE con una “Solicitud de

Término”, para que este Tribunal le concediera quince (15) días

adicionales para contestar.

       En una segunda “Resolución”, emitida el 5 de diciembre de

2023, le concedimos a la parte recurrida el término adicional

solicitado, y le indicamos que presentara su posición en o antes del

19 de diciembre de 2023.

3 Apéndice del recurso, pág. 5.
4 Id. pág. 8.
5 Id. pág. 9.
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      Llegado el último día del término señalado para que el NSE

contestara,   este   presentó   su   “Escrito   en   Cumplimiento   de

Resolución”. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                     II.

      A. Negociado de Seguridad de Empleo (NSE)

      La ley que crea el NSE es la Ley de Seguridad de Empleo de

Puerto Rico, en adelante, Ley de Seguridad de Empleo, Ley Núm. 74

del 21 de junio de 1956, 29 LPRA sec. 701 et seq. Según lo establece

la Sección 1 de la Ley de Seguridad de Empleo, supra, 24 LPRA sec.

701, el NSE fue creado con la intención de “promover la seguridad de

empleo facilitando las oportunidades de trabajo por medio del

mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y

proveer para el pago de compensación a personas desempleadas por

medio de la acumulación de reservas”.

      A estos fines, la Ley de Seguridad de Empleo estableció un

fondo de desempleo, separado de aquellos fondos pecuniarios

pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico. Este fondo especial es

sufragado por las contribuciones de los patronos, y está regulado

por los parámetros establecidos en la propia Ley de Seguridad de

Empleo, supra, 26 LPRA sec. 710. Estos fondos, provenientes de los

patronos, son administrados por el Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos, quien viene obligado a interpretar el mismo

conforme la ley que lo crea. De sus funciones administrativas ante

este fondo especial, la más importante subyace en la protección

contra la inseguridad económica y el riesgo del desempleo.

      B. Pandemic Unemployment Assistance (PUA)

      El Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, en

Adelante, CARES Act, es una legislación económica federal, creada

en respuesta a la emergencia causada por el COVID-19. 15 USCA

sec. 9001 et seq. Esta legislación buscó mitigar el impacto
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económico que la pandemia ejerció sobre los empleados, familias y

comercios.

       En su sección 9021, el CARES Act, supra, crea el PUA. Este

programa federal fue hecho para proveer asistencia económica a

personas desempleadas y afectadas por la situación pandémica,

pero que no cualificaban para los beneficios de desempleo estatales.

CARES Act, supra, sec. 2102(b). De entre las personas que

cualificaban     para    el    PUA   se   encontraban   los   contratistas

independientes y dueños de pequeños negocios, si la fuente

principal de ingresos provenía de dicho negocio. CARES Act, supra,

sec. 9021 (a)(3)(A)(ii)(ll).

       Si el solicitante cualificaba, se le otorgaba una compensación

monetaria por las semanas que estuvo desempleado a causa de la

emergencia del COVID-19. CARES Act, supra, sec. 2102(b).

       Para solicitar los beneficios del PUA, los interesados debían

someter la documentación pertinente para probar la cantidad de

semanas que estuvieron desempleadas o afectadas laboralmente por

la pandemia. De la documentación necesaria para esto, se

requerían: 1) las Planillas de Contribución sobre Ingresos; 2) copias

de talonarios de pago recientes; 3) recibos de banco mostrando

depósitos; 4) notificaciones de facturas enviadas a clientes; 5)

anuncios recientes de su negocio o servicios; 6) licencia de negocio

vigente; 7) libros de cuentas; 8) contratos; 9) facturas; o 10) contrato

de arrendamiento de local.6

       C. Deferencia Judicial

       Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las

6 Información adquirida en la sección de “Preguntas Frecuentes
sobre Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA)” en la página web
oficial del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
https://www.trabajo.pr.gov/puafaqs.asp
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agencias respecto a las facultades que se les han delegado.

Hernández Feliciano v. Municipio de Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211

DPR ___ (2023); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35

(2018); Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95, 119-122

(2011); Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323

(2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614

(2006).

      La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, en adelante LPAUG, dispone el alcance de

la revisión judicial de las determinaciones de las agencias. Ley Núm.

38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9675. Tanto la referida ley,

como la jurisprudencia aplicable, establecen que la función revisora

de las decisiones administrativas concedida a los tribunales

apelativos consiste esencialmente en determinar si la actuación de

la agencia fue dictada dentro de las facultades que le fueron

conferidas por ley, y si la misma es legal y razonable. Hernández

Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616; T–JAC v. Caguas Centrum,

148 DPR 70, 80 (1999).

      Por lo tanto, los tribunales deben ser cautelosos al intervenir

con las decisiones administrativas. Empresas Loyola v. Com.

Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012).

      Nuestro más Alto Foro ha establecido que las decisiones de

las   agencias    administrativas    tienen    una    presunción      de

regularidad y corrección, haciendo necesario que aquel que desee

impugnar dichas decisiones, presente evidencia suficiente que

derrote la misma, y no descanse en meras alegaciones. García v.

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008); Vélez v. ARPE, 167 DPR

684, 693 (2006). Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal

Supremo, la revisión judicial de este tipo de decisiones se debe

limitar a determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal,
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o tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). (Énfasis nuestro).

      Adicional a la presunción de corrección de la que gozan las

decisiones administrativas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

recientemente se expresó a favor de la deferencia administrativa,

aun cuando “la interpretación que hace la agencia es razonable,

aunque no sea la única razonable”. W.M.M. v. Puerto Rican

Christian School, Inc., 2023 TSPR 48, 211 DPR ___ (2023).

                                    III.

      La parte recurrente en el caso de marras solicitó, mediante el

Departamento, los beneficios del PUA. Sin embargo, estos le fueron

denegados por el NSE. En un proceso de revisión, sometió la

documentación pertinente, y tuvo una audiencia ante el NSE

mediante llamada telefónica. A raíz de esta gestión, la decisión de la

oficina administrativa en cuestión fue modificada, de modo que se

le concedieron los beneficios del PUA por las semanas del 21 de

marzo de 2020 al 27 de junio de 2020.

      La recurrente apeló, y posteriormente solicitó que se

reconsiderara, infructuosamente, la denegación de beneficios por el

PUA para el mes de julio de 2020. Collazo Carrasquillo indica que

en la audiencia telefónica no pudo confirmarle al Departamento que

había comenzado a trabajar el 27 de julio de 2020, y que esto no fue

su culpa. Añadió que, por esto último, la referida agencia no debió

negarle los beneficios del PUA para el mes de julio de 2020. Indica

la recurrente que posterior a la audiencia telefónica, le sometió al

Departamento la documentación que prueba que, en efecto, estuvo

desempleada hasta el 27 de julio de 2020. Además, señala que la

División se equivocó al haber confirmado la determinación del NSE.

Entendemos que, a la recurrente, no le asiste razón.

      En el primer proceso de revisión en el Departamento, el NSE,

en su “Resolución”, determinó que la recurrente “informó [que]
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comenzó a trabajar y generar ingresos en julio de 2020”. Por ello,

solo concedió los beneficios del PUA hasta el mes de junio de 2020,

y la declaró inelegible para los meses posteriores. Entendemos,

pues, que el NSE no consideró debidamente probada la alegación de

la recurrente, con relación a haber empezado a trabajar a finales de

julio de 2020.

      Más aún, en los otros dos procedimientos apelativos ante la

División del Departamento, se confirmó la determinación revisora

original del 6 de julio de 2023. En la decisión apelativa del 26 de

septiembre de 2023, el Departamento indica que en la audiencia que

tuvo Collazo Carrasquillo, esta expresó que comenzó a trabajar para

los meses de julio o agosto, sin haber especificado día.

      Posteriormente,   en   el   proceso   de   reconsideración,   la

recurrente vuelve a indicar que haberla declarado inelegible para el

mes de julio de 2020 es un error, ya que ella les ofreció la

documentación pertinente posterior a la audiencia telefónica que

tuvo con el Departamento. A esto último, en su determinación en

reconsideración, el Departamento indicó que la recurrente “tenía la

obligación de estar preparada para la vista”, por lo que declaró “No

Ha Lugar” la misma.

      Además, es importante destacar que del expediente no surge

el documento, cuya naturaleza desconocemos, que alegadamente

fue presentado por Collazo Carrasquillo. Es decir, la recurrente no

ha puesto a esta Curia en posición de evaluar si el alegado

documento que justifica la concesión de beneficios por el PUA para

el mes de julio de 2020 es suficiente para revocar la decisión

recurrida.

      Sin embargo, entendemos que aún si la recurrente presentó

documentación apropiada y suficiente para evidenciar el comienzo

de sus labores en julio de 2020, lo hizo en destiempo.
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      En vista de que la actuación de la agencia fue dictada dentro

de las facultades conferida por ley, y la misma fue legal y razonable,

nos vemos precisados a confirmar la decisión que nos ocupa.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones