Court Opinion

ID: 9928467
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:17:00.30946+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:33.869931
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL I
                                       Certiorari
                                       procedente del
     ANDRÉS RAMÍREZ                    Tribunal de Primera
     MALAVÉ Y OTROS                    Instancia, Sala
                         KLCE202301329 Municipal de
        Recurridos                     Dorado

                   v.                                Caso Núm.:
                                                     DO2022CV00129
 JAMES PADILLA GARCÍA                                (403)

           Peticionario                              Asunto: Cobro de
                                                     Dinero – Ordinario

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el
Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico a 22 de diciembre de 2023.

         El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud

de relevo de una sentencia bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento

Civil,    infra.        Según   explicaremos   a   continuación,   hemos

determinado denegar el auto solicitado, pues, la esposa de la parte

demandada no era parte indispensable.

                                      I.

         En julio de 2022, los señores Andrés Ramírez Malavé y Alberto

Ramírez Rodríguez (los “Clientes”) presentaron la acción de

referencia, sobre cobro de dinero y daños (la “Demanda”), contra el

Sr. James Padilla García (el “Mecánico”).          En enero de 2023, se

enmendó la Demanda.

         Los Clientes alegaron que eran dueños de un vehículo de

motor, el cual, por hacer unos “ruidos extraños”, llevaron al

Mecánico. Alegaron que este no hizo el trabajo encomendado y, en

vez, les comunicó que el vehículo “no funcionaba y que él ‘ya no

sabía que más hacer con el carro’”. Adujeron que, cuando otro taller

examinó el vehículo, se les informó que el Mecánico había sido

negligente, por lo cual los Clientes habían tenido que incurrir en

Número Identificador
RES2023________
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gastos innecesarios y a raíz de lo cual se le ocasionaron daños

sustanciales al mismo. Reclamaron la devolución de la labor pagada

al Mecánico, del costo de las piezas compradas y que el Mecánico

supuestamente dañó, el costo de reparación del vehículo en otro

taller, y daños por la pérdida del uso del vehículo y por otros

conceptos.

      Por no haber contestado oportunamente la Demanda, a pesar

de que el Mecánico había comparecido a través de representación

legal desde septiembre de 2022, el TPI le anotó la rebeldía al

Mecánico.     Luego, los Clientes solicitaron que el TPI dictara

sentencia sin más trámite, a lo cual el Mecánico se opuso.

      Mediante una Sentencia notificada el 21 de junio de 2023 (la

“Sentencia”), el TPI declaró con lugar la Demanda.           Condenó al

Mecánico a pagar a los Clientes la suma de $19,819.53, más

$3,000.00 por costas, gastos y honorarios por temeridad. El 7 de

julio, el abogado del Mecánico solicitó al TPI ser relevado de la

representación de este.

      El 17 de octubre de 2023, el Mecánico presentó una Moción

de Relevo de Sentencia y Desestimación de la Demanda por falta de

Parte Indispensable (la “Moción”). Arguyó que, “antes de los hechos

del caso”, se había casado; que el dinero generado por su trabajo era

“en beneficio de la sociedad legal de bienes gananciales constituida

entre [él] y su esposa”, y que la Sentencia tenía el “efecto de interferir

en el derecho propietario” de la sociedad de gananciales.              El

Mecánico planteó que, “en la ejecución” de la Sentencia, “se ha

enumerado unos bienes para embargar que claramente tienen un

carácter ganancial”.

      Los Clientes se opusieron a la Moción. Primero, señalaron

que, cuando las partes contrataron, el Mecánico era soltero.

Segundo, advirtieron que ellos nunca contrataron con la esposa del

Mecánico, por lo que no procedía exigirle responsabilidad. Tercero,
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los Clientes plantearon que el Mecánico “cuenta con bienes

privativos suficientes para cubrir el monto” de la Sentencia. Por

último, expusieron que, en todo caso, la responsabilidad de la

sociedad de gananciales sería subsidiaria, si el Mecánico no tuviese

suficiente capital para satisfacer la Sentencia y que, en tal caso

hipotético, la sociedad de gananciales tendría derecho a ser

escuchada.

      Mediante una Resolución notificada el 26 de octubre, el TPI

denegó la Moción.      El 10 de noviembre, el Mecánico solicitó

reconsideración, lo cual fue denegado por el TPI mediante una

Orden notificada el 14 de noviembre.

      Inconforme, el 27 de noviembre, el Mecánico presentó el

recurso que nos ocupa. En esencia, reproduce lo planteado en la

Moción.

                                 II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de

asuntos interlocutorios.    Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:
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     (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

     (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

     (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

     (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más
         elaborados.

     (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.

     (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

     (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

                                III.

     La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 49.2, permite que un tribunal deje sin efecto una sentencia

cuando concurre una de las siguientes circunstancias:

     a) error, inadvertencia,      sorpresa   o   negligencia
        excusable;

     b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
        una debida diligencia, no pudo haber sido
        descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio
        de acuerdo con la Regla 48;

     c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
        “intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), falsa
        representación u otra conducta impropia de una
        parte adversa;

     d) nulidad de la sentencia;

     e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
        cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
        fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
        efecto, o no sería equitativo que la sentencia
        continuara en vigor, o

     f) cualquier otra razón que justifique la concesión de
        un remedio contra los efectos de una sentencia.
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      Al aplicar esta regla, se tiene que hacer un balance entre el

principio de que los casos se deben resolver en los méritos haciendo

justicia sustancial y el interés de que los litigios lleguen a su fin.

García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010).

      La decisión de conceder un remedio bajo esta regla descansa

en la sana discreción del juzgador, salvo en los casos de nulidad o

cuando la sentencia ha sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR

482, 490 (2003). Se entenderá que una sentencia es nula cuando

ha sido dictada sin jurisdicción o cuando se ha violado el debido

proceso de ley. Íd.

      Ahora bien, esta regla “no constituye una llave maestra para

reabrir controversias ni sustituye los recursos de apelación o

reconsideración”, mucho menos cuando se trata de una sentencia

dictada correctamente. García Colón, 178 DPR a la pág. 541; Piazza

Velez v. Isla del Río, 158 DPR 440, 448 (2003); Ríos v. Tribunal

Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).

                                   IV.

      La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 16.1, define una parte indispensable como las “personas que

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse

la controversia […]”.   Véanse, además, Watchtower Bible v. Mun.

Dorado I, 192 DPR 73, 118 (2014); Bonilla Ramos v. Dávila Medina,

185 DPR 667, 678 (2012); Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR

403, 432 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001);

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007); Romero v.

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).

      El interés de la parte debe ser “real e inmediato”, para que se

considere que dicha parte es indispensable; no puede tratarse de

“meras especulaciones o de un interés futuro”.         Deliz et als.,

158 DPR a la pág. 435 (énfasis en el original). El “alcance” de la

figura de parte indispensable es “restringido”, de forma que
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solamente puede invocarse cuando la “adjudicación sin la persona

ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e

inmediato” de esta. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527,

549 (2010), citando a Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 16

(2000).

      Para determinar si una parte es realmente indispensable,

debemos adoptar un enfoque pragmático, pues el asunto dependerá

de los “hechos particulares y específicos” del caso. Deliz et als.,

158 DPR a la pág. 434, citando Granados Navedo v. Rodríguez

Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989).          Debemos realizar “una

evaluación    individual   de   acuerdo    con    las   circunstancias

particulares presentes en cada caso” y no utilizar una “fórmula con

pretensiones omnímodas”. García Colón, 178 DPR a la pág. 550.

      En ese contexto, al determinar si estamos ante una parte

indispensable, debemos evaluar los siguientes factores: (1) el interés

común de todas las partes sobre el asunto medular del pleito; (2) la

inmediatez de ese interés ante el litigio en proceso; y (3) la necesidad

de que la presencia de la parte acumulada garantice un remedio

completo a las partes que ya están en el caso. Íd.; Romero, 164 DPR

a la pág. 733.

                                  V.

      Hemos determinado, en el ejercicio de nuestra discreción, no

intervenir con lo actuado por el TPI. Veamos.

      La esposa del Mecánico no era una parte indispensable en

este caso, pues los Clientes podían obtener un remedio completo

contra el Mecánico sin la presencia de su esposa. Igualmente, la

Sentencia fue dictada únicamente contra el Mecánico, por lo que, de

su faz, los intereses de la esposa del Mecánico no se afectan.

Incluso, los Clientes han planteado que anticipan poder ejecutar la

Sentencia únicamente contra los bienes privativos del Mecánico.
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      Es solo en el supuesto incierto de que, en algún momento, los

Clientes determinasen que tienen interés en reclamarle a la esposa

del Mecánico por la ejecución de la Sentencia, que esta parte tendría

derecho a ser oída y defenderse. Sin embargo, para fines del trámite

acontecido hasta el momento, su presencia no era indispensable.

      En fin, considerados cuidadosamente los planteamientos del

Mecánico, a la luz de la totalidad del récord, no podemos concluir

que haya cometido error alguno el TPI al denegar la Moción.

                                    VI.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de

certiorari solicitado.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones