Court Opinion

ID: 9962799
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:33.160257+00
Date Added: 2024-06-11T08:20:08.090851
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL VIII

Federico Robles Collazo,                     APELACIÓN
Wanda I. Fontán Ocasio y                     acogida como
la Sociedad Legal de                         CERTIORARI
Bienes Gananciales                           procedente del
compuesta por ambos                          Tribunal de Primera
                                             Instancia, Sala de
          Recurrida            KLAN202400075 Vega Baja

            vs.                                     Civil Núm.:
                                                    VB2019CV00652
Lydia I. Otero Encarnación
                                                    Sobre:
         Peticionaria                               Ejecución de
                                                    Hipoteca

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                              SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 08 de marzo de 2024.

        Comparece ante nos la señora Lydia Otero Encarnación (en

adelante Sra. Otero Encarnación o parte peticionaria), en solicitud

de que se revoque la “Orden” dictada el 20 de diciembre de 2023,1

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Vega Baja.

En ésta, el Foro Primario declaró “No Ha Lugar” la “Solicitud de

Reconsideración”, presentada el 23 de noviembre de 2023, por la

parte peticionaria. Reafirmando así su denegatoria de la petición

de relevo de la “Sentencia en Rebeldía”, dictada el 23 de junio de

2021.

        Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos,

la apelación presentada ante nuestra consideración será acogida

como un recurso de Certiorari, aunque conservará la clasificación

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal.

1 Esta determinación fue notificada vía correo regular el 22 de diciembre de
2023.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLAN202400075                                                                       2

        Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, se

acoge el recurso de certiorari, y se confirma la “Orden”, por los

fundamentos que expondremos a continuación.

                                         -I-

        El 14 de agosto de 2019, el Señor Federico Robles Collazo, la

Señora Wanda I. Fontán Ocasio y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales compuesta por ambos (en adelante demandantes o

parte recurrida), presentaron una “Demanda”, en cobro de dinero y

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, contra la Sra. Otero

Encarnación.

        Surge de la “Certificación Registral” expedida el 30 de junio

de 2020,2 que el 16 de abril de 2016, se otorgó la Escritura Núm.

17 sobre Hipoteca ante el Notario Irvyn T. Nieves Robles. A su vez,

se desprende que la Hipoteca garantizó el “Pagaré Hipotecario”3 a

favor de los recurridos, Federico Robles Collazo, y Wanda I. Fontán

Ocasio, por la suma principal de $12,000.00, Affidavit Número

24,223.

         Ante la incomparecencia de la parte peticionaria, y a

solicitud de la parte recurrida, el 23 de junio de 2021, el Foro de

Instancia emitió una “Sentencia en Rebeldía”4. En ésta condenó a

la Sra. Otero Encarnación al pago de $12,000.00, por concepto de

principal adeudado, y la suma de $5,000.00, por concepto de

costa, gastos y honorarios de abogados, según pactado. No surge

del    expediente         judicial,   que      la   parte    peticionaria      haya

reconsiderado y/o apelado la referida “Sentencia en Rebeldía”.

         Transcurridos dos (2) años, tres (3) meses y diez (10) días de

dictada la “Sentencia en Rebeldía”, el 4 de octubre de 2023, la

2 Número de turno 2020-005002-CERT.
3 Legalizado por el Notario Irvyn Nieves Robles, en esa misma fecha, bajo el número de

Affidavit 24,223.
4 Anejo 3 del Apéndice.
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parte peticionaria, compareció mediante su representación legal,5 a

los únicos fines de notificar la existencia del caso ante la Corte de

Quiebras caso número 20-02873.6                     Atendida la “Moción” de la

parte peticionaria, el Foro de Instancia decretó la paralización de

los procedimientos post-sentencia.7

        Más adelante, el 31 de marzo de 2023, compareció ante el

Foro de Instancia la parte recurrida, mediante “Solicitud de

Ejecución de Hipoteca”. 8 Los demandantes, entre otras cosas,

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia la “Orden”

dictada el 16 de febrero de 2023, por la Corte de Quiebras en el

caso 23-00068. Se puede apreciar que, en la referida “Orden”, el

Foro Federal aprobó la solicitud que hiciere la parte recurrida, para

continuar con el proceso de ejecución de hipoteca. 9

        Continuados los procesos en el Tribunal de Primera

Instancia, se expidieron la “Orden”, “Mandamiento” y el “Edicto de

Subasta”.       Tras,     la    parte      recurrida,      haber      acreditado     el

diligenciamiento          de    todo     lo    ordenado,        al    igual   que    la

correspondiente notificación a la parte peticionaria, el 11 de agosto

de 2023, la Sra. Otero Encarnación presentó una “Moción

Solicitando Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2(D) de

las de Procedimiento Civil 2009 32 LPRA Ap. V”. En ésta planteó,

por primera vez, que la “Sentencia en Rebeldía” dictada el 23 de

diciembre de 2021, era nula.

        Atendida la contención de la parte peticionaria, al igual que

la “Oposición” de la parte recurrida, el 23 de octubre de 2023, el

Foro de Instancia emitió una “Orden”, en la cual resolvió, “No Ha

5 Anejo 6 del Apéndice.
6 “Moción Informativa y Solicitud de Paralizar los Procedimientos”.
7 Anejo VIII de la “Contestación a la Apelación”. El referido caso ante la Corte de
Quiebras fue desestimado para eso de 25 de agosto de 2022.
8 Anejo XI del Apéndice
9 “The stay is modified to allow creditors Federico Robles Collazo and Wanda Ivette

Fontan Ocasio to pursue In Rem remedies foreclose, take title and possession of the real
estate property”.
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Lugar a la Solicitud de Relevo de Sentencia presentada por la

demandada”.10

        Inconforme con la determinación el 28 de noviembre de

2023,      la    parte     peticionaria       presentó       una      “Solicitud         de

Reconsideración”. Auscultados los planteamientos de la Sra. Otero

Encarnación, al igual que la “Oposición” de la parte recurrida,11 el

Foro de Instancia declaró “No Ha Lugar la Reconsideración”. 12

        Aún inconforme con la “Orden” del Tribunal de Primera

Instancia, comparece ante nos la Sra. Otero Encarnación, quien

solicita la revocación de la denegatoria del relevo de sentencia

solicitado. Es la contención de la parte peticionaria que la

“Sentencia en Rebeldía” dictada por el Foro de Instancia es nula,

por lo que, solicita ser relevada del cumplimiento de ésta.

        Por su parte, la parte recurrida compareció ante este

Tribunal de Apelaciones, mediante la “Contestación a Apelación”.

Éstos plantean que, al momento de la presentación del recurso, la

Sra. Otero Encarnación, no se encontraba cubierta por las

protecciones que brinda el Código de Quiebras. Añade que, las dos

peticiones voluntarias presentadas ante la Corte de Quiebras han

sido desestimadas, por lo que, no existe ningún impedimento para

continuar con el proceso de ejecución. Reiteran los demandantes,

además, que la “Sentencia en Rebeldía” dictada el 23 de junio de

2021, se emitió como consecuencia de la inacción de la Sra. Otero

Encarnación al no notificar oportunamente la radicación del caso

20-02873.       Finalmente,        la   parte     recurrida      enfatiza     que        los

procedimientos post-sentencia, se realizaron con el aval de la Corte

de Quiebras, en el caso 23-00068.

        La parte recurrida reitera en su escrito que no procede el

Relevo de Sentencia, pues la parte peticionaria no cumplió con los

10 Esta Orden fue notificada el 14 de noviembre de 2023.
11 “Oposición a “Moción solicitando Relevo de Sentencia al amparo de la Regla 49(D) de

Procedimiento Civil 2009”, Anejo XVIII del Apéndice de la Contestación a la Apelación.
12 Anejo 1 del Apéndice.
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requisitos impuestos por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

infra. Específicamente, manifiesta que la Sra. Otero Encarnación

no presentó oportunamente, dentro de un término razonable, los

planteamientos que utiliza para fundamentar su solicitud de

relevo, sino que tardó 25 meses y 19 días.       La parte recurrida

arguye que, en todo caso que la Sra. Otero Encarnación desee

cuestionar la legalidad de la Sentencia, ésta debía entablar un

pleito independiente.

      La parte peticionaria, plantea que el Foro de Instancia

cometió los siguientes errores:

      A. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al
         dictar Sentencia habiendo sido notificado de la
         ricación [sic] de petición de quiebra.
      B. Cometió error el Tribunal de Instancia al no paralizar
         los procedimientos.
      C. Cometió error el Tribunal de Instancia al continuar
         los procedimientos basado en una Sentencia dictada
         después de haber radicado una solicitud de
         paralización de los procedimientos contra una
         persona que se encuentra [sic] bajo la protección de
         la Ley de Quiebra.
      D. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al no
         dejar sin efecto la Sentencia dictada en el caso
         VB2019CV00652 cuando se alega nulidad de la
         Sentencia por haberse dictado sin tener jurisdicción
         sobre la materia y la persona del demandado debido
         a la paralización automática de la radicación de
         petición de quiebra de la demandada.
      E. Cometió error el Tribual [sic] de Primera Instancia al
         declarar No Ha Lugar la solicitud de reconsideración
         de la parte recurrente por tratarse de una sentencia
         nula por dictarse en violación del estatuto de la Ley
         de Quiebra que impone la para;ización [sic] de los
         procedimientos una vez se radica una petición de
         quibra [sic].
      F. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al no
         continuar los procedimientos a la fecha en que fue
         radicada la petición de quiebra, y contibuar [sic] con
         los mismo conforme a una Sentencia que se dictó
         después de la radicación de la petición de quiebra.

                                  -II-

                                  -A-

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

49.2, establece un mecanismo procesal mediante el cual el tribunal

“podrá relevar a una parte o a su representante legal de una
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sentencia, orden o procedimiento”.          Ahora bien, sólo será

concedido este remedio en las instancias y por los fundamentos

enumerados en la norma procesal.        García Colón et a.l v. Sucn.

González, 178 DPR 527, 539 (2010).

      El mecanismo post-sentencia que incluye esta regla busca

evitar que los fines de la justicia se vean frustrados por

tecnicismos y sofisticaciones. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624

(2004).

      Según mencionado, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra, detalla un listado taxativo de las instancias en las cuales

procede el relevo de sentencia.      Ante ello, “[e]l peticionario del

relevo está obligado a justificar su solicitud amparándose en una

de las causales establecidas en la regla”.      García Colón et al v.

Sucn. González, supra, a la pág. 540, citando a Reyes v. ELA et al.,

155 DPR 799, 809 (2001).

      La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, provee que los

Tribunales podrán liberar del cumplimiento de una sentencia,

cuando surja una de las siguientes:

      (a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia
          excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar
          de una debida diligencia, no pudo haber sido
          descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio
          de acuerdo con la Regla 48;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha
          denominado “intrínseco” y el también llamado
          "extrínseco"), falsa representación u otra conducta
          impropia de una parte adversa;
      (d) nulidad de la sentencia;
      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
          cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se
          fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
          efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
          en vigor, o
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
          remedio contra los efectos de una sentencia.

      Una moción de relevo de sentencia no puede ser utilizada

como un sustituto a los recursos de revisión o reconsideración,

pero puede concederse aun después de que dicha sentencia haya
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advenido firme y final. Piazza v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 440,

449 (2003), reseñando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143

DPR 314, 328 (1997) y a Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez, 123

DPR 294, 299 (1989).

      “El remedio de reapertura referido se origina en la propia

razón de ser de los foros judiciales: hacer justicia”. Piazza v. Isla

del Rio, Inc., supra, a la pág. 448; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106

DPR 445, 449 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal

Superior, 87 DPR 903, 906 (1963). Este mecanismo procesal hace

un llamado a que los Tribunales hagan un balance entre dos

intereses en conflicto: “de una parte, que toda litigación sea

concluida y tenga finalidad, y, de otra parte, que en todo caso se

haga justicia”. Náter v. Ramos, supra, a la pág. 624.

      Ante ello, la facultad que reconoce esta regla al Foro judicial,

de reabrir un caso adjudicado no es absoluta, porque “a éste se

contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza y

estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se eviten

demoras innecesarias en el trámite judicial”. Piazza v. Isla del Rio,

Inc., supra, a la pág. 448.

      Nuestro Máximo Foro reiteró en el caso de Reyes v. ELA et

al., supra, a la pág. 809, que “esta regla no es una llave maestra

para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la

sentencia correctamente dictada”.

      En lo pertinente, concluyó el Tribunal Supremo que,

“aunque el conceder o denegar una moción de relevo de sentencia

es   un   asunto    altamente   discrecional,   es   necesario   dejar

demostrado que existen razones que justifiquen el remedio

solicitado”. Reyes v. ELA et al., supra, a la pág. 812.

      Ahora bien, surge de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,

supra, que “[l]a moción se presentará dentro de un término

razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6)
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meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado

a cabo el procedimiento”.

      En cuanto al término proscrito para la presentación de esta

moción es fatal. Piazza v. Isla del Rio, Inc., supra, a las págs. 448–

449. Es decir, “transcurrido el término de seis meses del registro

de alguna sentencia, no puede considerarse una moción de relevo”.

Íd, a la pág. 452.   Sin embargo, el término anterior no será de

aplicación en los casos de nulidad o cuando la sentencia dictada

ha sido satisfecha. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a

la pág. 540.

      Resulta imperativo señalar que, en el caso de García Colón et

al. v. Sucn. González, supra, a las págs. 543–544, nuestro Máximo

Foro analizó que, aún transcurrido el término de seis (6) meses

provisto por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, el

peticionario del relevo podrá cuestionar la validez de una

sentencia. Analizó el Tribunal Supremo en Figueroa v. Banco de

San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979), que,

      El esquema amplio y abarcador de remedios que provee
      la Regla 49.2 reduce considerablemente el ejercicio de
      esta acción independiente a los casos en que ha
      transcurrido el término fatal de seis meses y las
      circunstancias sean de tal índole que el tribunal pueda
      razonablemente concluir que mantener la sentencia
      constituiría una grave injusticia contra una parte que no
      ha sido negligente en el trámite de su caso y que,
      además, tiene una buena defensa en los méritos.

      Se admite generalmente el ejercicio de la acción
      independiente en casos de sentencias nulas, ya
      que estas son inexistentes. (Énfasis Nuestro).

      “Una sentencia se considera nula cuando el tribunal actuó

sin jurisdicción o cuando se quebrantó el debido proceso de ley de

alguna de las partes”. HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 699

(2020).

                                 -B-

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
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las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).

      La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece las instancias en

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202

DPR 478, 486 (2019).

      Ahora bien, para poder ejercer sabiamente nuestra facultad

discrecional en la consideración de los asuntos planteados

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari o de
      una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
             recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
             contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
             indicada para el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
             y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
             Tribunal de Primera Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
             detenida a la luz de los autos originales, los
             cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
             elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
             el caso es la más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa no causan un fraccionamiento indebido del
             pleito y una dilación indeseable en la solución
             final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
             causa evita un fracaso de la justicia.

      El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de

discreción, o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier
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norma procesal o de derecho sustantivo.       Rivera y otros v. Bco.

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

      Asimismo, en el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 –

2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u, en relación a la

competencia    del   Tribunal   de   Apelaciones,   se   establece   la

importancia de brindar acceso fácil, económico y efectivo a la

ciudadanía, así como permitir la comparecencia efectiva de

ciudadanos por derecho propio. Fraya v. ACT, 162 DPR 182, 189-

190 (2004); Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647, 658 (2003).

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatizó en Febles

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003), que el hecho de que las partes

acudan a un tribunal por derecho propio, por sí sólo, no justifica el

incumplimiento de éstas con las reglas procesales.            Máxime

cuando la omisión del peticionario obstaculiza la función revisora

de este Tribunal de Apelaciones.

      En esa misma línea, la Regla 34 (E) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E), exige el

peticionario la presentación de ciertos documentos.       Lo anterior

con el fin de que este Tribunal se encuentre en posición de atender

las controversias planteadas ante su consideración.

      En particular se requiere que presente copia literal de,

      1) Salvo lo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso
         y en la Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice
         que contendrá una copia literal de:
              i.  Las alegaciones de las partes, a saber:
                  en casos civiles, la demanda principal, la
                  de coparte o de tercero y reconvención, con
                  sus respectivas contestaciones;
             ii.  en casos criminales, la denuncia y la
                  acusación, si la hubiere.
        a) La decisión del Tribunal de Primera Instancia
           cuya revisión se solicita, incluyendo las
           determinaciones de hechos y las conclusiones de
           derecho en que esté fundada, si las hubiere, y la
           notificación del archivo en autos de una copia de
           la notificación de la decisión, si la hubiere.
        b) Toda moción debidamente sellada por el
           Tribunal de Primera Instancia, resolución u
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            orden necesaria para acreditar la interrupción y
            reanudación del término para presentar la
            solicitud de certiorari, y la notificación del
            archivo en autos de una copia de la resolución u
            orden.
         c) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito
            de cualesquiera de las partes que forme parte
            del expediente original en el Tribunal de Primera
            Instancia, en los cuales se discuta expresamente
            cualquier asunto planteado en la solicitud de
            certiorari, o que sean relevantes a ésta.
         d) Cualquier otro documento que forme parte del
            expediente original en el Tribunal de Primera
            Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de
            Apelaciones a los fines de resolver la
            controversia. Íd.

       En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo se ha expresado

en cuanto a la necesidad de cumplir fielmente las disposiciones

reglamentarias de los Tribunales. Mariana Arriaga v. FSE, 145 DPR

122,   130   (1998).   En   fin,     no    podemos   ignorar   que   las

determinaciones judiciales gozan de una presunción de corrección

que sólo podrán ser rebatidas con la presentación de prueba en

contrario. Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654, 671(2023).

                                   -III-

       Según surge del trámite procesal esbozado, la Sra. Lydia

Otero Encarnación, comparece ante nos, en solicitud de que se

revoque la “Orden” dictada el 20 de diciembre de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia. En ésta se denegó la solicitud de

relevo de la “Sentencia en Rebeldía” dictada el 23 de junio de 2021.

       Por estar íntimamente relacionados los errores planteados en

el Recurso ante nos, procederemos a discutirlos conjuntamente.

       La Sra. Otero Encarnación arguye que, debido a que la

referida “Sentencia en Rebeldía” fue dictada mientras ésta se

encontraba acogida a la protección que provee el Código de

Quiebras, ésta es nula.            Siendo así, argumenta la parte

peticionaria amparada en la Regla 49.2 (d) de Procedimiento Civil,

supra, que procede el relevo de la “Sentencia en Rebeldía”.
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       La Sra. Otero Encarnación, manifiesta no haber estado

enterada   de   los   trámites   procesales   que   ocurrieron     con

posterioridad a su emplazamiento. Lo anterior no nos convence,

por varias razones. De entrada, el formulario OAT 1721, hace la

advertencia de que la incomparecencia del emplazado, dentro del

término allí plasmado, podría resultar en una Sentencia en

rebeldía en su contra. Además, surge del expediente judicial que

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia fueron

notificadas a la última dirección conocida de la Sra. Otero

Encarnación. Dirección que, nos percatamos, coincide con la

incluida a la parte inferior de la firma de esta en el recurso ante

nos.    A su vez, el Lcdo. Juan O. Calderón Lithgow, quien

compareció en representación de ésta, continuó recibiendo todos

los documentos presentados y las ordenes emitidas en el caso.

       Por su parte, es evidente que la Sra. Otero Encarnación no

fue diligente al notificar, en el Foro de Instancia, la radicación del

caso de Quiebras. De igual forma, surge de la “Orden” emitida por

el Foro Federal que la parte peticionaria no se opuso a la solicitud

de la parte recurrida, para continuar los procesos de ejecución.

       No podemos obviar que la Sra. Otero Encarnación, por haber

ejercido durante varios años la profesión de derecho, a nuestro

entender es conocedora del ordenamiento judicial.

       Ahora bien, las disposiciones aplicables a la petición de

relevo de sentencia imponen un término fatal de seis (6) meses,

contados a partir de que se dicte la Sentencia, para solicitar su

relevo. Piazza v. Isla del Rio, Inc., supra, a las págs. 448–449; 452.

Este término, analiza el Tribunal Supremo, persigue el fin último

de que toda litigación sea concluida, garantizando así que haya

certeza y estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se

eviten demoras innecesarias en el trámite judicial. Náter v. Ramos,
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supra, a la pág. 624; Piazza v. Isla del Rio, Inc., supra, a la pág.

448.

       Sin embargo, dicho término no será de aplicación en los

casos en los que se plantee la nulidad de la Sentencia. Ante ello,

quien solicite el relevo de una sentencia transcurrido el término de

seis (6) meses, basándose en el fundamento de nulidad de esta,

deberá instar un pleito independiente. Figueroa v. Banco de San

Juan, supra, a la pág. 689.

       En el presente caso, la Sra. Otero Encarnación, solicitó el

relevo de la sentencia, bajo el fundamento de que dicho Foro

carecía de jurisdicción, para emitir la “Sentencia en Rebeldía”. En

otras palabras, sostuvo que esta determinación era nula.

       No pese a lo anterior, la parte peticionaria esperó dos (2)

años, (3) meses y diez (10) días, para cuestionar la validez de la

“Sentencia en Rebeldía” y solicitar su relevo. La Sra. Otero

Encarnación, no justificó su falta de diligencia, sino que se quedó

de brazos cruzados, no reconsideró la “Sentencia en Rebeldía”, y

tampoco cuestionó su procedencia oportunamente.         Lo anterior

son conductas que atentan directamente a la rápida tramitación de

las controversias. Por ende, de la peticionaria entender que la

“Sentencia en Rebeldía” fue dictada por un Tribunal carente de

jurisdicción sobre la materia, deberá proceder conforme a lo

resuelto en el caso de Figueroa v. Banco de San Juan, supra.

       No podemos permitir que la dejadez de las partes irrumpa la

sana administración de la justicia dilatando injustificadamente los

procesos judiciales.

                                -IV-

       Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar

parte de este dictamen, se confirma la “Orden” dictada el 20 de

diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Vega Baja, en la cual declaró “No Ha Lugar” la
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“Solicitud de Reconsideración”, presentada el 23 de noviembre de

2023, por la parte peticionaria.    Lo anterior reafirmando así su

denegatoria de la petición de relevo de la “Sentencia en Rebeldía”,

dictada el 23 de junio de 2021.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones