Court Opinion

ID: 9928629
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:31:05.905841+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:27.163912
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL I

EVELYN RODRÍGUEZ AVILÉS                                Apelación
                                                       Procedente del
             Apelante                                  Tribunal de Primera
                                                       Instancia, Sala
                                                       Superior de Ponce
                V.                KLAN202300932

PUEBLO INC., JON DOE, JANE                             Civil Núm.:
DOE, ASEGURADORA ABC                                   PO2022CV03310

             Apelados

                                                       Sobre:
                                                       Despido
                                                       Injustificado
                                                       (Procedimiento
                                                       Sumario)

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

                                      I.

       El 19 de octubre de 2023, la señora Evelyn Rodríguez Avilés

(señora Rodríguez Avilés o apelante) compareció ante esta Curia

mediante el recurso de epígrafe. Nos peticionó que revoquemos una

Sentencia emitida el 3 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI).1 En esta, el TPI declaró Ha

Lugar la sentencia sumaria que solicitó Pueblo (Pueblo o parte

apelada). 2 En consecuencia, desestimó la Querella 3 que radicó la

apelante.

1 Apéndice   de la Apelación, Anejo 5, págs. 461-463. Archivada y notificada en
autos el 10 de octubre de 2023.
2 Íd., Anejo 3, págs. 11-424.
3 Íd., Anejo 1, págs. 1-2.

Número Identificador
SEN2023________________
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        El 20 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos a la parte apelada hasta el 21 de noviembre de 2023

para presentar su alegato en oposición.

        En cumplimiento con lo solicitado, el 21 de noviembre de

2023, la parte apelada presentó su alegato.

        Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procederemos a pormenorizar los hechos atinentes a este recurso.

                                 II.

        El caso de marras tiene su génesis el 30 de noviembre de

2022, cuando la señora Rodríguez Avilés interpuso una Querella

sobre despido injustificado contra Pueblo, John Doe, Jane Doe y

Aseguradora ABC, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley Núm. 80),

conocida como Ley sobre despidos injustificados y la Ley Núm. 2 de

17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et

seq. (Ley Núm. 2), conocida como Ley de procedimiento sumario de

reclamaciones laborales.4 Alegó que, desde septiembre de 1977, era

empleada de Pueblo por tiempo indeterminado y que la despidieron

el 14 de octubre de 2022, sin justa causa, en contravención de la

Ley Núm. 80, supra. Arguyó que, al momento del despido, se

desempeñaba como gerente de la Tienda Ponce Rambla 123, con

una jornada mínima de 40 horas semanales y un sueldo de

veintitrés dólares con setenta y cinco centavos ($23.75) por hora,

correspondiente    a   novecientos     cincuenta   dólares   ($950.00)

semanales, los cuales indicó que equivalían a cuatro mil ciento trece

dólares con cincuenta centavos ($4,113.50) mensuales. Por ello,

solicitó ciento cincuenta y dos mil novecientos treinta y un dólares

($152,931.00) por concepto de mesada y un mínimo de quince por

ciento (15%) para el pago de honorarios de abogados, entre otros.

4 Íd.
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       El 12 de diciembre de 2022, Pueblo contestó la Querella y

precisó que, al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se despidió a la

señora Rodríguez Avilés por justa causa ante graves violaciones a

las normas y políticas de la compañía.5 Adujo que no tenía derecho

a reclamar honorarios de abogados, intereses, costas, ni gastos, y

que, en la alternativa, únicamente procedía solicitar quince por

ciento (15%) por concepto de honorarios de abogados. Sostuvo que,

como empleada exenta, la apelante no era compensada conforme

con las horas trabajadas, razón por la que devengaba novecientos

cincuenta dólares ($950.00) semanales, equivalentes a tres mil

ochocientos dólares ($3,800.00) mensuales. Alegó que Pueblo es

una corporación distinta e independiente a Pueblo Supermarkets,

Inc. y Pueblo International, LLC. Señaló que no aplicaban las

doctrinas de patrono sucesor ni traspaso de negocio en marcha. Por

ello, aseveró que, desde el 22 de octubre de 2007, la apelante laboró

por catorce (14) años para su corporación, no cuarenta y cinco (45)

años tal como se le reclamó. Por último, invocó como defensas

afirmativas que la demanda no justificó la concesión de un remedio

a favor de la apelante en virtud del procedimiento sumario de la Ley

Núm. 2, falta de jurisdicción, insuficiencia en el diligenciamiento del

emplazamiento, prescripción, incuria, cosa juzgada, impedimento

colateral, entre otros.

       El mismo día, el TPI emitió una Orden en la que solicitó que

la apelante expusiera su posición con respecto a las defensas

afirmativas levantadas por Pueblo.6 En respuesta, el 11 de enero de

2023, la señora Rodríguez Avilés planteó que en este caso no

aplicaba la doctrina de patrono sucesor, pero sí la doctrina de

traspaso de negocio en marcha.7 A fin de sostener su postura, adujo

5 Íd., Anejo 2, págs. 3-10.
6 Tomamos conocimiento judicial de la entrada núm. 6 del expediente digital del

caso PO2022CV03310 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC). Archivada y notificada en autos el 13 de diciembre de 2022.
7 Entrada núm. 14 del SUMAC, págs. 1-5.
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que no fue cesanteada, de modo que trabajó ininterrumpidamente

para la parte apelada y que, al momento de su despido, mantenía el

número de empleada que se le asignó en el año 1977.

       Así las cosas, el 24 de julio de 2023, la parte apelada radicó

una Moción de sentencia sumaria8 en la cual esbozó que no existía

controversia en los siguientes hechos materiales:

       1. Pueblo Inc., antes PS Acquisition, Inc., es una corporación
       doméstica con fines de lucro incorporada bajo la Ley de
       Corporaciones de Puerto Rico el 15 de agosto de 2007, con el
       número de registro 174608.

       2. El 3 de agosto de 2007, Pueblo International, LLC. radicó
       una petición de quiebras ante el Tribunal de Quiebras para
       el Distrito de Delaware.

       3. El 20 de septiembre de 2007, mediante un contrato de
       compraventa, PS Adquisition, Inc. (PSA), ahora Pueblo Inc.,
       adquirió algunos activos de Pueblo International, LLC.

       4. El Acuerdo de Compraventa entre Pueblo International,
       LLC. y Pueblo Inc. especifica las siguientes definiciones,
       obligaciones y responsabilidades asumidas por el
       comprador:
       a. Sección 17.1: La sección 17.1 del Acuerdo dispone: “Hired
       Employees means the Seller’s Employees to be hired by the
       Purchase on the closing date pursuant to Section 12.2 of this
       Agreement.”
       b. Sección 3.3: La sección 3.3 del Acuerdo dispone:
       “Excluded Liabilities”: “Purchaser shall not assume or be
       liable for any liabilities and obligations of Seller of any
       nature whatsoever, including without limiting the foregoing,
       to product liabilities, employee liabilities, workers’
       compensation claims, liabilities under or arising out of any
       employee benefit plans and liabilities arising from any and
       all claims or causes of action that any employee of Seller may
       have, known or unknown, contingent or otherwise, resulting
       from conduct by Seller or its business or from any act or
       omission of Seller”. (Énfasis suplido)
       c. Sección 12.1: La sección 12.1 del Acuerdo dispone: “Under
       no circumstances shall Purchaser assume or be obligated to
       pay, and neither the property nor Purchased Assets shall be
       or become liable for or subject to, any claims of or liabilities
       of Seller’s Employees, including but not limited to, salaries,
       vacations, sick pay, incentives, bonus, overtime, meal period,
       pension profit sharing retirement and/or deferred
       compensation and any other compensation or benefits (the
       “Employee Claims”). Which Employee Claims shall be and
       remain the liability, responsibility and obligation of
       Seller, including without limitation:
       (a) any and all liabilities or obligations (including without
       limitation any and all penalties, fines, settlements, interests,
       costs or expenses) arising out of or incurred in connection
       with any and all claims, litigation or Legal Proceedings
       associated with, arising out of or in connection with any and
       all claims, litigation or Legal Proceedings (whether instituted
       prior to or after the Closing) of any Employee (whether hired
       by Purchaser or not), for any negligent or willful acts, errors,

8 Apéndice de la Apelación, Anejo 3, págs. 11-424.
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    omissions, breach of contract, misconduct, termination,
    employee seniority accrued while employed with Seller
    and      successorship     liability,   discrimination     or
    discriminatory practices, asserted by or committed against
    any Employee, whether known or unknown, which occurred
    or arise from events that occurred, prior to the Closing Date
    except for any severance liability that may accrue with
    respect to the Hired Employees after the Closing Date
    which is within the scope of the Assumed Liabilities, but
    in such cases the Hired Employees’ seniority while
    employed with the Seller shall not be imposed upon
    Purchaser for any purpose under law or contract.”

    5. El contrato de compraventa de algunos activos dispone,
    además, que Pueblo Inc. no respondería por reclamos de
    empleados de Pueblo International, LLC. al amparo de la Ley
    80-1976.

    6. Esta transacción fue autorizada por el Tribunal de
    Quiebras el 25 de septiembre de 2007.

    7. En su Orden, el Tribunal de Quiebras dispone que:
    (G) Except as expressly permitted or otherwise specifically
    provided by the Purchase Agreement or this Order, all
    persons and entities, including but not limited to, all debt
    security holders, government, tax and regulatory
    authorities… and any other third parties holding Interest
    of any kind or nature whatsoever against or in the
    Debtors or the Assets… arising under or out of, in
    connection with, or in any way relating to, the Debtor’s, the
    Assets, the operation of the Debtor’s business prior to the
    Closing, or the transfer of the Assets to the Successful
    Bidder, hereby are forever barred, estopped, and
    permanently enjoined from asserting against the
    Successful Bidder… or the Assets.

    8. Tras ser notificada sobre la radicación de un
    procedimiento de quiebras, el 7 de agosto de 2008, la Sra.
    Rodríguez Avilés sometió ante el Tribunal de Quiebras del
    Distrito de Delaware dos reclamaciones contra Pueblo
    International, LLC por la mesada y años trabajados,
    identificadas con los números 3900086 y 3901565
    respectivamente.

    9. El 19 de octubre de 2007, la Sra. Rodríguez Avilés
    completó una solicitud de empleo en la que notificó a Pueblo
    Inc. que ya no trabajaba para su patrono anterior, Pueblo
    International, LLC por razón de cesantía.

    10. De hecho, la propia querellante admitió bajo juramento
    que no tiene reclamación alguna contra Pueblo International.

    11. En esa misma fecha, 19 de octubre de 2007, Pueblo Inc.
    le extendió un nombramiento a la querellante como nueva
    empleada de la corporación, en calidad de Coordinadora de
    Provisiones.

    12. Durante su empleo con Pueblo Inc., la Sra. Rodríguez
    Avilés también se desempeñó en otras posiciones tales como:
    (1) Coordinadora de Efectivo y Ventas, Merma y
    Saneamiento; (2) Gerente de Operaciones y (3) Asistente de
    Gerente.

    13. El 5 de marzo de 2008, la Sra. Rodríguez Avilés recibió
    copia del Manual de Empleados de Pueblo Inc.
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    14. La Sra. Rodríguez Avilés reconoce además que, a través
    de su empleo con la querellada, recibió copia de las políticas
    y normas de Pueblo Inc., incluyendo sus revisiones, y
    participó de talleres y orientaciones.

    15. Además de tener conocimiento del Manual de
    Empleados, así como de las políticas y normas de Pueblo
    Inc., la Sra. Rodríguez Avilés implementaba las mismas como
    parte de sus funciones.

    16. De hecho, la Sra. Rodríguez Avilés reconoce incluso que,
    como parte de sus funciones, participaba de los procesos de
    disciplina de empleados.

    17. Conforme al Manual de Empleados de Pueblo, la
    conducta hostil, agresiva o amenazante no será tolerada en
    el lugar de trabajo.

    18. Asimismo, según el Manual, toda conducta no aceptable
    considerada seria o grave, o la repetición de una conducta
    no aceptable, conllevará la terminación de empleo.

    19. De conformidad con dicho Manual, se considera una
    conduta no aceptable seria o grave, entre otras cosas: (1)
    mentir, obstruir o no cooperar en procesos de investigación;
    (2) incurrir en actos de violencia o acoso de cualquier índole
    hacia empleados, clientes o algún visitante; (3) incurrir en
    actitudes negativas que afecten la buena reputación, imagen
    o cultura de servicio de la Compañía; (4) crear o promover un
    ambiente de trabajo hostil y negativo y; (5) observar conducta
    impropia o que afecta el normal y buen funcionamiento de la
    empresa.

    20. En aquellos casos que surjan situaciones no
    contempladas por el Manual de Empleados de Pueblo Inc., la
    Compañía ejercerá su mejor criterio a tono con las prácticas
    usuales y comúnmente observadas en el mercado donde
    opera.

    21. A pesar de conocer las normas de la empresa, la Sra.
    Rodríguez Avilés reiteradamente incurrió en conducta
    impropia, lo que generó múltiples quejas de compañeros y
    clientes en su contra por lo que fue amonestada.

    22. En marzo de 2015, la querellada realizó una
    investigación con motivo de un incidente en la oficina de
    servicio al cliente de la tienda Pueblo, la Rambla en Ponce.

    23. Al ofrecer su versión de los hechos por escrito, la
    querellante admitió no haber procedido de la manera
    correcta al [dirigirse] a su compañera de trabajo, Genoveva
    Velázquez, e incluso, admitió que un cliente que estaba en el
    área se fue de la tienda al escuchar los gritos provocados por
    el incidente.

    24. A raíz de la investigación de este incidente, el 16 de marzo
    de 2015 se le impartió una amonestación escrita formal y
    final a la querellante.

    25. Como parte del proceso, se le apercibió a la Sra.
    Rodríguez Avilés que, de incurrir en conducta similar, se
    procedería con su terminación de empleo por justa causa y,
    como medida preventiva, se le trasladó a la tienda de Arroyo.

    26. El 16 de mayo de 2016, el empleado José Lugo
    Maldonado, Meat Manager de la tienda de Plaza del Caribe
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    en Ponce, presentó una queja en la que indicó sentirse
    incómodo con la Sra. Rodríguez Avilés por la manera en que
    ésta se dirigía hacia él, así como otras acusaciones y/o
    comentarios.

    27. Tras recibir la queja del Sr. José Lugo, el 5 de julio de
    2016, el Sr. Belford González, gerente de la tienda de Ponce
    en ese momento, se reunió con la querellante y le solicitó un
    escrito del incidente.

    28. Ese mismo día –5 de julio de 2016– el Sr. Belford
    González también le solicitó un escrito a la querellante con
    relación a un incidente con la clienta Zoraida Quirindongo
    (“Sra. Quirindongo”).

    29. En su queja, la Sra. Quirindongo indicó que durante el
    incidente, la querellante comenzó a “gritar frente a todos los
    clientes” y se quejó de la “actitud de confrontación” de ésta.

    30. El 19 de octubre de 2016, se le solicitó un escrito a la
    Sra. Rodríguez Avilés tras recibirse una queja por parte de la
    cliente, Myrna Pallens (“Sra. Pallens”).

    31. En su escrito, la Sra. Pallens expresó ser cliente de
    Pueblo y que nunca esperó ser tratada de “esta manera por
    una empleada”.

    32. Además, la Sra. Pallens enfatizó el poco profesionalismo
    demostrado por la querellante, quien le gritó “que hablara
    con quien le diera la gana”, tras ésta indicarle que hablaría
    con su supervisor.

    33. A raíz del incidente con la Sra. Pallens, el personal
    gerencial de Pueblo le llamó la atención a la querellante en
    cuanto al manejo de la situación.

    34. El 18 de noviembre [de] 2016, el Departamento de
    Recursos Humanos citó a la querellante con el propósito de
    atender su conducta maltratante que nuevamente había sido
    señalada y la cual había sido traída a la atención de la
    empresa en varias ocasiones, tanto por empleados,
    suplidores y clientes.

    35. Como parte del proceso, se le advirtió a la querellante
    que, debía cuidar su conducta y observar los valores
    institucionales y que no hacerlo tendría consecuencias,
    incluyendo el despido.

    36. El 23 de junio de 2022, el Sr. Nelson Vélez,
    Vicepresidente de Recursos Humanos de Pueblo y el Sr.
    William Cristóbal, Director de Distrito, sostuvieron una
    conversación telefónica con la querellante.

    37. En dicha conversación telefónica del 23 de junio de 2022,
    se discutieron varios señalamientos presentados a Pueblo
    Inc. por correo electrónico, con relación a la querellante y
    otras dos (2) empleadas.

    38. Entre los señalamientos realizados se indicó que, (1) la
    querellante utilizaba vocabulario inapropiado (obsceno); (2)
    que en la tienda el ambiente era hostil; (3) discriminación por
    religión, entre otros.

    39. El 13 de septiembre de 2022, el empleado Orlando
    Rodríguez (“Sr. Rodríguez”) renunció a su puesto como
    Deli/Bakery Manager.
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       40. En su renuncia, el Sr. Rodríguez señaló que el ambiente
       laboral en la tienda de la Rambla 123 era “uno de constantes
       amenazas, insultos y humillaciones de parte de la gerente
       Evelyn Rodríguez”.

       41. Tras la renuncia del Sr. Orlando Ortiz (“Sr. Ortiz”), el 21
       de septiembre de 2022, el Sr. Miguel Nieves, Director de
       Distrito, y el Sr. [Nelson] Vélez, Vicepresidente de Recursos
       Humanos, se reunieron con éste con motivo de las
       alegaciones contenidas en su carta de renuncia.

       42. En esta reunión del 21 de septiembre de 2022, el Sr. Ortiz
       expresó entre otras cosas que; (1) la querellante les
       amenazaba con darles “una 102” (amonestación escrita); (2)
       utilizaba el nombre de Miguel Nieves para amenazarlos; (3)
       les decía que “si no pueden hacer el trabajo ahí está la
       puerta”; (4) que la querellante alzaba la voz bien fuerte,
       gritaba; (5) que la querellante les hacía sentir que no valían
       nada; (6) que la querellante decía que todo lo bueno que
       sucede en la tienda es por ella.

       43. El 22 de septiembre de 2022 la Sra. Carmen Ivette
       Benítez, Gerente de Recursos Humanos de Pueblo, junto al
       Sr. Miguel Nieves, Director de Operaciones, llevaron a cabo
       una investigación sobre el ambiente de trabajo en la tienda
       de Ponce, Rambla 123.

       44. Como parte de dicha investigación, se entrevistó a las
       Asistentes, Marimer Alvarado y Miriam Lind.

       45. De la investigación surgió, entre otras cosas que: (a) los
       empleados se referían a la querellante como “Huracán
       Categoría 5” por la manera en que los maltrataba; (b) “las
       [amenazas] detrás del nombre de Miguel Nieves son 24/7”;
       (c) la querellante “no usa un tono sutil, no mide el tono, es
       volátil”; (d) la querellante “tiene cambios de temperamento”;
       (e) la querellante utilizaba la expresión “si no le gusta que se
       vaya”, “que ella es la Gerente y que había que hacer lo que
       ella dijera”; (f) la querellante “llama la atención en público,
       frente de empleados y clientes”; (g) empleados se han
       “encerrado a llorar en el cooler”; (h) la querellante “le dijo a
       Lourdes Serrano que no servía”; (i) la querellante comentó
       que “si salía mal en una visita las cabezas iban a rodar”.

       46. Así las cosas, el 14 de octubre de 2022 se citó a la
       querellante a una reunión en las oficinas centrales de la
       querellada como parte de la investigación interna sobre el
       ambiente laboral.

       47. Durante el proceso, se le hicieron una serie de preguntas
       a la querellante, las cuales tuvo la oportunidad de contestar
       por escrito.

       48. Basado en los hallazgos de dicha investigación interna,
       la querellante fue despedida el 14 de octubre de 2022.

       49. El despido de la querellante fue el resultado de
       violaciones graves a las normas y políticas de la compañía
       tales como: mentir durante investigación interna, acoso
       laboral, ambiente laboral hostil, deshonestidad, conducta
       impropia que razonablemente podría afectar los mejores
       intereses de la compañía, entre otras.9

9 Íd., en las págs. 14-22.
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         Por ello, estableció que al TPI le correspondía resolver las

siguientes controversias de derecho: si el despido de la apelante

estuvo justificado a la luz de la Ley Núm. 80, supra; si aplicaba la

doctrina de patrono sucesor, y si Pueblo adquirió un negocio en

marcha       respecto    a    Pueblo     Supermarkets,   Inc.   y   Pueblo

International, LLC.

         Por su parte, la señora Rodríguez Avilés presentó una

Oposición a “moción de sentencia sumaria”,10 y señaló que estaban

en controversia los hechos incontrovertidos 2, 6, 9, 10, 11, 21, 23,

24, 34, 35, 38, 45, 46, 47, 48 y 49. En síntesis, arguyó que la

corporación que radicó la petición de quiebra fue Nutritional

Sourcing Corporation, no Pueblo. Estableció que no completó la

solicitud de empleo con Pueblo voluntariamente, dado que se le

exigió     como     condición     para    continuar   laborando     en   el

supermercado. A su vez, subrayó que dicha solicitud de empleo fue

otorgada por Campo Rico Warehouse and Distribution Center, Inc.,

no Pueblo. Manifestó que se le adjudicó culpa de incidentes,

conducta impropia y maltratante, y violaciones graves a las normas

y políticas de la compañía, adoleciendo de información sobre los

hechos constitutivos de tales conductas y desconociendo quiénes

fueron los empleados, proveedores o clientes que la reportaron.

         Por otro lado, presentó recelo por el motivo de la queja instada

por la clienta Myrna Pallens, quien alegó que la apelante sostuvo

una relación amorosa con su esposo. Con respecto a una minuta

sobre una reunión que Pueblo estableció que se celebró en conjunto

con la apelante, esta disputó la existencia de dicha reunión y la

firma del documento dado que no recuerda haber asistido a dicha

reunión. Asimismo, negó haber incurrido en conducta obscena,

discriminación por religión ni propiciar el ambiente hostil que un

10 Íd., Anejo 4, págs. 425-460.
KLAN202300932                                                    10

empleado alegó experimentar en la Tienda Ponce Rambla 123.

Referente a las preguntas realizadas a las empleadas Marimer

Alvarado y Miriam Lind en las que relataron el sentir y comentarios

de otros compañeros de trabajo sobre la apelante, esta esgrimió que

no tuvo la oportunidad de ser entrevistada. Además, dispuso que la

alusión a los comentarios de los empleados sobre su conducta

constituyó prueba de referencia dado que, sin ser testigos en el

pleito, se ofrecieron en evidencia para probar la verdad de lo

aseverado sin autenticación. Por último, cuestionó cómo las sesenta

y cinco (65) preguntas que Pueblo le cursó influyeron en la decisión

para despedirla al ser cursadas el mismo día de su despido. Fuera

de cuatro (4) páginas, no sucesivas, de lo que aparenta ser la

transcripción de una deposición que se le tomó, no incluyó prueba

documental alguna. Tampoco incluyó su declaración jurada.

       El 13 de octubre de 2023, el TPI emitió una Sentencia en la

declaró Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria y desestimó la

Querella objeto de este recurso.11

       Inconforme, la señora Rodríguez Avilés acudió ante nos en

virtud de este recurso de apelación, en el que le imputó al TPI la

comisión del siguiente error:

       ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       (JUEZ  FRANCISCO    J. ROSADO    COLOMER)   AL
       DESESTIMAR EL CASO, MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA,
       CUANDO EXISTEN CONTROVERSIAS SOBRE HECHOS
       MATERIALES.

       El 21 de noviembre de 2023, Pueblo presentó un Alegato de la

parte apelada Pueblo Inc en el que aseveró que los planteamientos

de la apelante se deben tener por no puestos dado que, en su

mayoría, se basaron en meras conjeturas, generalidades y

explicaciones no sustentadas que no constituyeron prueba ni

controvirtieron los hechos materiales del caso. Además, indicó que

los documentos que acompañaron la solicitud de sentencia sumaria

11 Íd., Anejo 5, págs. 461-463.
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constituyeron una excepción a la exclusión de prueba de referencia

por ser récord de negocio y el señor Nelson Vélez, vicepresidente de

Recursos Humanos de Pueblo, y custodio de los récords del

personal, otorgó una declaración jurada.

      Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a

exponer las normas jurídicas atinentes a este recurso de apelación.

                                   III.

                                   A.

      El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. El

propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida y

económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia real

y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse en un

juicio plenario. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940

(2018); Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 6, 20

(2017); SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430

(2013). Los hechos materiales son aquellos que pueden afectar el

resultado de una reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo.

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Dicha

controversia sobre el hecho material debe ser real. Íd. A saber:

      [U]na controversia no es siempre real o sustancial, o
      genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente
      como para que sea necesario que un juez la dirima a través
      de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que
      la moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada
      sólo puede negarse si la parte que se opone a ella presenta
      una oposición basada en hechos que puedan mover a un juez
      a resolver a su favor. Si el juez se convence de que no existe
      una posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no
      podrá conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe
      dictar sentencia sumaria. Íd. págs. 2013-2014 citando a P.
      E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria,
      3 (Núm. 2) Forum 3, 8 (1987).

      Mediante este mecanismo, una parte contra la cual se ha

presentado una reclamación puede solicitar que el tribunal dicte

sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de

esta. De esta forma se promueve la descongelación de calendarios,
KLAN202300932                                                     12

así como la pronta adjudicación de controversias cuando una

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr.

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).

      El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317.

      Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, R.

36.2, dispone que la parte promovente deberá establecer, con

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real

respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la

Regla. 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3, tendrá que

desglosar, en párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales

aduce que no existe disputa, así como especificar la página o párrafo

del documento que sirva de apoyo a su alegación.

      De otro lado, el promovido ante una solicitud de sentencia

sumaria tiene el deber de controvertir la prueba presentada por la

parte promovente de la moción. Este no puede descansar en meras

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c), supra, R. 36.3 (c);

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v.

Univisión, supra, pág. 215; Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona,

172 DPR 526, 550 (2007).

      En otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que

están en disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44

(2020). Por lo que, se requiere que la oposición a la moción de

sentencia sumaria contenga:
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      [U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los
      párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos
      esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe
      controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas
      de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en
      evidencia donde se establecen los mismos, así como de
      cualquier otro documento admisible en evidencia que se
      encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2) de
      Procedimiento Civil, supra, R. 36.3 (b) (2).

      Si la parte promovida no cumple con los requisitos impuestos

por la mencionada regla, el tribunal podrá resolver en su contra de

entenderlo procedente. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra,

R. 36.3 (c). Véase, además, Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona,

supra; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez

v. Univisión, supra.

      No obstante, “el sólo hecho de no presentar evidencia que

controvierta la presentada por la parte promovente no implica

que la sentencia sumaria procederá automáticamente”. Jusino

et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 578 (2001) (Énfasis nuestro).

      Pues, la moción de sentencia sumaria debe resolverse

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. De haber dudas sobre la

existencia de controversias de hechos materiales, deberán resolverse

a favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, 208 DPR 310, 335-336

(2021); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138

(2015). “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros,

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos

pertinentes”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117
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DPR 714, 721 (1986). Esto, con el propósito de evitar que una de las

partes se vea impedida de ejercer su día en corte. Íd.

      Igualmente, no es aconsejable utilizar el mecanismo de la

sentencia sumaria cuando “existen elementos subjetivos de

intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el factor de la

credibilidad es esencial”. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175

DPR 615, 638 (2009).

      Por otro lado, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, R.

42.2, establece que, en todos los casos, el tribunal especificará los

hechos probados, consignará por separado sus conclusiones de

derecho y ordenará que se registre la sentencia correspondiente. No

obstante, la citada Regla dispone que: “[n]o será necesario

especificar los hechos probados y consignar separadamente las

conclusiones de derecho: (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10

o 36.1 y 36.2 o al resolver cualquier otra moción, excepto lo

dispuesto en la Regla 39.2”. Íd.

      De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de

Sentencia Sumaria”. Íd. págs. 21-22. La revisión que realice el foro

apelativo deberá ser de novo y estará limitada a solamente adjudicar

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo,

supra, 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser a favor

de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de forma

que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia dicha

parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118.

Además, deberá constatar que las partes cumplan con los requisitos

de forma que dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, R.
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36, tanto en la moción de sentencia sumaria, como en la oposición,

y deberá revisar si existen hechos materiales en controversia. Íd. Si

existiesen, el foro apelativo tendrá que exponer los hechos en

controversia y los que no, como dispone la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil, supra, R. 36.4. Si el Tribunal Apelativo no

encuentra hechos controvertidos, deberá revisar de novo si el foro

inferior aplicó correctamente el derecho. Íd. pág. 119.

                                  B.

      En el ámbito laboral, la Ley Núm. 80, supra, se aprobó con el

fin de proteger al empleado de no ser despedido de su empleo sin

una causa que lo justifique. Es decir, la Ley Núm. 80, supra, protege

al obrero que ha sido privado injustificadamente de su trabajo, y

desalienta este tipo de despido al imponer al patrono el pago de una

indemnización conocida como la mesada. Nieves Cruz v. UPR, 151

DPR 150, 158-159 (2000). En virtud de su propósito reparador, esta

ley siempre debe interpretarse de forma liberal y favorable al

empleado. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004).

      Ahora bien, en su Artículo 2, la Ley Núm. 80, supra, especifica

las circunstancias bajo las cuales un despido se considera

justificado, en lo pertinente: (a) el patrón de conducta impropia o

desordenada del empleado; (b) la actitud del empleado de no rendir

su   trabajo   de   forma   eficiente,   o   de   realizarlo   tardía   y

negligentemente, o en detrimento de las normas de calidad del

producto del cual se trate; (c) violación reafirmada del empleado a

las reglas y reglamentos razonables para el normal funcionamiento

del establecimiento, siempre que haya obtenido una copia de éstas

por escrito; entre otras. 29 LPRA sec. 185b. Igualmente, el despido

no podrá estar motivado por razones legalmente prohibidas o por el

mero capricho del patrono. Íd.

      El patrono tiene la facultad de adoptar las normas de empleo

que entienda necesarias para el buen funcionamiento de la empresa,
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siempre que cumpla con los criterios de razonabilidad. Jusino et

als. v. Walgreens, supra, pág. 573; Srio. del Trabajo v. ITT, 108

DPR 536, 542 (1979). A saber, debe demostrar: (1) que las normas

de empleo son razonables; (2) que le suministró copia de dichas

normas al empleado, y (3) que el empleado violó reiteradamente las

aludidas normas. Jusino et als. v. Walgreens, supra.

      Por otro lado, la Ley Núm. 80 desalienta el despido como

sanción por una primera falta. Íd., Srio. del Trabajo v. ITT, supra.

No obstante, la primera falta puede lugar al despido como sanción

si el acto cometido por el empleado es “de tal seriedad o naturaleza,

tan grave, tan lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que

resulte imprudente tener que esperar su reiteración para destituir

al empleado”. Jusino et als. v. Walgreens, supra.

      Con respecto a la viabilidad de solicitar daños en conjunto con

una reclamación por despido, en Ramos Pérez v. Univisión, supra,

pág. 222, el Tribunal Supremo expresó: “[a]nte un despido es posible

una reclamación en daños independiente a la Ley Núm. 80, supra,

‘si con el despido concurren otras actuaciones torticeras, que sean

independientes al mismo’ y que demuestren otro fin”. Íd. pág. 227,

citando a Soc. de Gananciales v. Royal Bank de PR, 145 DPR

178, 193 (1998).

                                 C.

      Las Reglas de Evidencia del 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 101 et

seq., regulan la forma en que se admitirá la prueba en los tribunales.

La Regla 801 de Evidencia, Íd. R. 801, establece que prueba de

referencia “[e]s una declaración que no sea la que la persona

declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para

probar la verdad de lo aseverado”. Como regla general, la prueba de

referencia es inadmisible en evidencia, salvo que por ley se disponga

otra cosa. Íd. R. 804. Es decir, la prueba de referencia es una regla

de exclusión de evidencia, salvo que se identifique una excepción.
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La razón de la exclusión de la prueba de referencia versa en el

propósito del derecho probatorio: la búsqueda de la verdad de los

hechos, puesto que adolece de las garantías de confiabilidad

investidas por un testimonio en el tribunal, bajo juramento, frente

a la parte perjudicada por la declaración, frente al juzgador de

hechos y sujeto a contrainterrogatorio. E. L. Chiesa Aponte, Tratado

de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y

Federales, República Dominicana: Editora Corripio, 1998, T. II,

págs. 616-617.

      Para fines de la prueba de referencia, una declaración se

define como una aseveración oral o escrita o una conducta no

verbalizada de una persona, si su intención es que se tome como

una aseveración. Íd. R. 801. Así, toda expresión que no sea una

aseveración, no se considerará como una declaración. E. L. Chiesa

Aponte, Reglas de evidencia comentadas, 1ra ed., San Juan:

Ediciones Situm, 2016, pág. 255. Ahora bien, la aseveración que se

excluya por ser prueba de referencia tiene que ser presentada con el

objetivo de probar la verdad de lo aseverado. Íd. pág. 257.

      Una declaración que constituya prueba de referencia debe ser

tomada cautelosamente dado que entraña cuatro áreas de riesgos

con relación a un evento, siendo estas: si el declarante percibió e

interpretó correctamente el evento; si el recuerdo del declarante es

fiel a lo que observó, en consideración con el tiempo transcurrido,

su estado al momento de percibir los hechos, causas orgánicas y la

pobre percepción de los hechos; si la narración del declarante es fiel

a lo que percibió, y si el declarante es sincero por situaciones como

lazos de parentesco o amistad, interés económico, lealtad, oferta de

inmunidad, temor a represalias, intimidación, entre otros. Pueblo v.

García Reyes, 113 DPR 843, 853 (1983); E. Vélez Rodríguez, La

prueba de referencia y sus excepciones, San Juan: Editorial

InterJuris, 2018, págs. 12-16; K. S. Broun et al., McCormick on
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Evidence (J. W. Strong, ed.), 5ta ed., Minnesota: West Publishing

Co., 1999, Vol. 2, pág. 93.

      Empero, la exclusión de la prueba de referencia no es absoluta

dado que existen varias excepciones a la regla general de exclusión.

Véase la Regla 805 de Evidencia, supra, R. 805. De objetarse la

admisibilidad de la prueba basado en que constituye prueba de

referencia, la parte proponente de la prueba debe demostrar que: (1)

no constituye prueba de referencia o (2) está cobijada por una de las

excepciones a la exclusión de la prueba de referencia. Rosado Reyes

v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 817 (2020).

      Una de las excepciones es el récord de actividades que se

realizan con regularidad. Íd., R. 805 (F). Un récord de actividades

que se realizan con regularidad es:

      Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de
      datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos,
      condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan
      preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron,
      por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos,
      o mediante información transmitida por ésta, si dichos
      récords se efectuaron en el curso de una actividad de
      negocios realizada con regularidad, y si la preparación de
      dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de
      datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de
      negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o
      de alguna otra persona testigo cualificada, o según se
      demuestre mediante una certificación que cumpla con las
      disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que
      permita dicha certificación, a menos que la fuente de
      información, el método o las circunstancias de su
      preparación inspiren falta de confiabilidad. El término
      negocio, según se utiliza en este inciso, incluye, además de
      negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo
      tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y
      vocación, con o sin fines de lucro. Íd.

      La garantía de confiabilidad de esta excepción es la

continuidad, regularidad y cotejo de los récords. E. L. Chiesa,

Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y

Federales, op. cit., pág. 803. Importante es que:

      La confiabilidad de la anotación depende en gran medida de
      su carácter rutinario. Si siempre que ocurre determinado
      tipo de acto se hace rutinariamente el asiento
      correspondiente en el récord, la presencia del asiento es
      indicio de que ocurrió el acto, y la ausencia del asiento es
      indicio de que no ocurrió. Pero si el asiento o anotación no
      se hace rutinariamente, sino una veces pero no otras, se
KLAN202300932                                                          19

      desvanece la garantía de confiabilidad o, al menos,
      desmerece. La falta de este elemento justifica la exclusión de
      la prueba de referencia. Íd. pág. 810.

      Esta excepción contempla cuatro supuestos: (1) que el récord

se elaboró durante el curso regular del negocio; (2) que se haya

preparado en o próximo al momento del suceso que se refiere el

récord; (3) que el custodio del récord o algún otro testigo declare

sobre su identidad y método de preparación y (4) que las fuentes de

información, método y momento de la preparación del récord

indique su confiabilidad. HR Stationery, Inc. v. ELA, 119 DPR 129,

138 (1987). El requisito del testimonio del custodio es fundamental

para determinar la confiabilidad del récord, satisfacer el requisito de

autenticación previo a la admisibilidad de la prueba y probar la

existencia de una actividad que se realiza con regularidad. Íd. pág.

139. En dicho testimonio se debe declarar sobre los tres requisitos

adicionales para admitir el récord de negocio. Íd. págs. 139-140.

      Además, para analizar la confiabilidad del récord, se debe

considerar: (1) si la información recopilada es importante para el

negocio fuera del litigio en el que se ofrece; (2) si el récord contiene

información fáctica simple y no meras evaluaciones o conclusiones;

(3) si la persona que transmite la información y la persona que

practica el asiento, de ser distintas, son independientes de las partes

en el litigio; (4) si la información recopilada está corroborada por

prueba independiente; (5) si lo preparó una persona con experiencia

y (6) si se verificó la exactitud del récord. Íd. págs. 142-143.

      Importante es que la mera presencia de un documento en un

récord no significa que mecánicamente el contenido de dicho

documento sea considerado como récord de una actividad regular.

United States v. Furst, 886 F.2d 558, 570-572 (3d Cir. 1989);

White Indus., Inc. v. Cessna Aircraft Co., 611 F. Supp. 1049,

1059 (W.D.Mo.1985); United States v. Pazsint, 703 F.2d 420, 424-

425 (9th Cir. 1983). Sin embargo:
KLAN202300932                                                           20

      Problems may arise when one business organization seeks to
      introduce records in its possession but actually prepared by
      another. Obviously, mere possession or “custody” of records
      under these circumstances does not qualify employees of the
      possessing party to lay the requisite foundation, and
      transmittal of information by the custodian regarding the
      contents of records in the custodian’s possession does not
      qualify the recipient to lay the foundation. However, when
      the business offering the records of another has made an
      independent check of the records, has integrated them into
      their own business operation, or can establish accuracy by
      other means, the necessary foundation may be established.
      K. S. Broun et al., supra, pág. 262.

      Persuasivamente, en la esfera federal, al aplicar la prueba de

referencia múltiple en el contexto de la excepción de récord de

negocio, se resolvió:

       Double hearsay in the context of a business record exists
      when the record is prepared by an employee with information
      supplied by another person. If both the source and the
      recorder of the information, as well as every other participant
      in the chain producing the record, are acting in the regular
      course of business, the multiple hearsay is excused by Rule
      803(6). United States v. Baker, 693 F.2d 183, 188
      (D.C.Cir.1982). However, if the source of the information is
      an outsider, as in the facts before us, Rule 803(6) does not,
      by itself, permit the admission of the business record. The
      outsider's statement must fall within another hearsay
      exception to be admissible because it does not have the
      presumption of accuracy that statements made during the
      regular course of business have. See United States v. Davis,
      571 F.2d 1354, 1360 (5th Cir.1978). Further, Federal Rule of
      Evidence 805 requires that all levels of hearsay satisfy
      exception hearsay requirements before the statement is
      admissible. Wilson v. Zapata Off-Shore Co., 939 F.2d 260,
      271 (5th Cir. 1991)

      Considerando la normativa expuesta, resolvemos.

                                   IV.

      En el caso de marras, el TPI dictó una Sentencia en la que

declaró Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria promovida por

Pueblo, asumiendo como incontrovertidos los hechos propuestos

por dicha parte, y, en consecuencia, desestimó la Querella

presentada por la apelante.

      En oposición, la señora Rodríguez Avilés señaló que el TPI erró

al desestimar el caso en su contra, toda vez que existían

controversias sobre hechos materiales que impedían resolver el caso

de forma sumaria. No obstante, no incluyó prueba documental

alguna para refutar los hechos propuestos como incontrovertidos
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por la parte apelada, más allá de cuatro (4) páginas, no sucesivas,

de lo que aparenta ser la transcripción de una deposición que se le

tomó. De igual manera, omitió incluir una declaración jurada suya

para controvertir los hechos probados por la parte apelada.

      Sobre esto último, Pueblo profundizó. En su escrito, adujo que

los planteamientos traídos en la Apelación debían tenerse por no

puestos,   toda   vez   que   se   basaron   en   meras   conjeturas,

generalidades y explicaciones no sustentadas, las cuales no

controvirtieron los hechos materiales del caso. Asimismo, defendió

la admisibilidad de los documentos que presentó en apoyo a su

Moción de sentencia sumaria, esbozando que les aplicaba la

excepción de récord de negocio a la regla general de exclusión de

prueba de referencia.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad

del expediente ante nuestra consideración, resulta evidente que no

existe controversia alguna respecto a los hechos materiales que

impida la desestimación sumaria del pleito. Veamos.

      En un primer plano y como cuestión de umbral, cabe

establecer que, como foro revisor, esta Curia tiene la encomienda de

revisar de novo la aludida solicitud de sentencia sumaria, limitado

a evaluar la prueba documental presentada ante el foro primario.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118; Vera v.

Dr. Bravo, supra, 334-335. A su vez, recordamos que “[l]a sentencia

sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga

ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes”. Corp.

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra.

      En segundo lugar, resulta preciso recabar en que la señora

Rodríguez Avilés no refutó los hechos que Pueblo propuso como

incontrovertidos en apoyo a su Moción de sentencia sumaria.

Teniendo la oportunidad para ello, optó por negar o condicionar los

hechos alegados sin hacer referencia a los párrafos o páginas de
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declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia en la

que se estableciera la procedencia de su versión de los hechos. En

suma, presentó únicamente cuatro (4) páginas de una deposición

que se le tomó a la propia apelante, las cuales no tienen sucesión

lógica entre ellas. De la misma forma, tampoco sometió declaración

jurada alguna. Este proceder no fundamentó su argumento en

contra de que se dictara sentencia sumaria, ni a la alegada

existencia de controversia de hechos ni a la procedencia del derecho

a su favor. Por el contrario, como examinaremos más adelante, los

hechos que la propia apelante aceptó como incontrovertidos

demuestran de plano que su despido estuvo justificado.

      En tercer lugar, los hechos según adoptados por el TPI se

sostienen por la prueba que obra en el expediente del caso. Ahora

bien, para objetar la admisibilidad de dicha evidencia, la señora

Rodríguez Avilés adujo que la misma debía ser excluida por tratarse

de prueba de referencia. Según planteó, ante la exclusión de dicha

prueba, los hechos materiales que el TPI consideró incontrovertidos

debían ser rechazados. No le asiste la razón. La declaración jurada

del Vicepresidente de Recursos Humanos que acompañó la Moción

de sentencia sumaria cualifican los documentos como récords de

negocios y, de esta forma, resultan admisibles en evidencia. En

especial, el Informe de investigación fue preparado como una

actividad regular de negocio, mediante el mecanismo habitual de

recogido de insumo disciplinario de la empresa. Por cierto, dentro

del referido procedimiento en el que se produjeron los documentos

como récord de negocios, la apelante tuvo la oportunidad de

expresarse sobre la materia, lo cual consta en el expediente.

      Aún más, la apelante aceptó como incontrovertidos los hechos

36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 según fueron enumerados por Pueblo.

De una lectura de estos, resulta evidente que la señora Rodríguez

Avilés no disputó varios hechos que desembocaron en su despido.
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Por un lado, aceptó que el Director de Distrito sostuvo una

conversación telefónica con ella en la que discutieron varios

señalamientos con relación a su desempeño. Sin embargo, intentó

disputar la veracidad de los señalamientos realizados, los cuales

alegó que no se sostenían mediante evidencia. Ahora bien, sobre

esta llamada, el funcionario preparó una Minuta en la que recogió

los señalamientos discutidos por él con la apelante, a saber, que

utilizaba vocabulario inapropiado y obsceno, que existía un

ambiente hostil y que había discriminado por religión, entre otros.

Por otro lado, también aceptó que un empleado renunció a su puesto

y citó en su renuncia que el ambiente laboral era de amenazas,

insultos y humillaciones por parte de la apelante. Además de

aceptado como incontrovertido por la apelante, este hecho consta en

el expediente del caso a través de la renuncia del empleado.

Asimismo, tampoco disputó que, a raíz de esa renuncia, Pueblo

recibió el insumo de otro empleado, quien expresó que la apelante

le alzaba la voz, que gritaba y que les hacía sentir que no valían

nada. De la misma manera, tampoco puso en duda que, a raíz de

esos sucesos, la parte apelada llevó a cabo una investigación sobre

el ambiente de trabajo en la tienda, la cual incluyó la entrevista de

dos asistentes. Empero, intentó cuestionar los datos que surgieron

de dicha investigación, arguyendo su inadmisibilidad por falta de

autenticación del documento. Habiendo atendido el asunto de

admisibilidad previamente, los hechos arrojados por la investigación

se suman a la prueba convincente de que el despido fue justificado.

Surgió de la investigación que los empleados tildaron a la apelante

como “Huracán Categoría 5” por la forma en que los maltrataba, la

apelante no medía su tono de voz y era volátil y tenía cambios de

temperamento, los cuales fueron presenciados en público por

clientes del establecimiento.
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       Cabe precisar que, analizados estos hechos aceptados por la

señora Rodríguez Avilés, incluso si estimáramos que la prueba

objetada por la apelante era inadmisible, el despido estaría

justificado. Es decir, los hechos admitidos por la propia apelante

demostraron por sí solos que el despido fue justificado.

       A la luz de lo anterior, resulta evidente que la señora

Rodríguez Avilés no puso en controversia que su despido fue

justificado. Su despido respondió justamente a un ambiente laboral

hostil de su propia creación y a una conducta impropia que

razonablemente podría afectar los intereses de Pueblo. Adviértase

que, aún si el peso de la prueba estuviese sobre la parte apelada,

teniendo la compañía que demostrar que el despido no fue

injustificado, la abrumadora prueba que obra en el expediente dejó

de manifiesto que la cesantía de la apelante fue justificada.

       Por todo lo anterior, corresponde confirmar la Sentencia

apelada, toda vez que los hechos aceptados como incontrovertidos

por el TPI, los cuales se sostienen por la prueba que obra en el

expediente, validan la conclusión de que la Querella promovida por

la señora Rodríguez Avilés no procede en derecho.12

                                      V.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

12 Ante la improcedencia en sus méritos de la reclamación de la señora Rodríguez

Avilés, prescindimos de analizar las alegaciones respecto a la quiebra de Pueblo
International, LLC, y la aplicación de las doctrinas argumentadas sobre el
particular.