Court Opinion

ID: 9916119
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:03.58874+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:05.628760
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL ESPECIAL

      ÁNGEL L. CARDONA                                   REVISIÓN
    MELÉNDEZ Y/O NEMENSIA                                ADMINISTRATIVA
         DÍAZ GARAY                                      procedente del
                                                         Departamento de
              Recurridos                                 Asuntos del
                                                         Consumidor
                   v.                  KLRA202300217
                                                         Querella número:
          MÁXIMO SOLAR                                   SAN-2018-0002295
         INDUSTRIES, INC.,
         SERVICE FINANCE                                 Sobre:
           COMPANY LLC                                   Ley Núm. 5

              Recurrente

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez
Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

         Comparece ante nos la parte recurrente, Máximo Solar Industries,

Inc., mediante Recurso de Revisión Judicial y solicita que revoquemos la

determinación emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor

(DACO) el 27 de marzo de 2023, notificada al día siguiente. Mediante el

referido dictamen, la agencia declaró con lugar la querella de epígrafe

incoada por la parte recurrida, Ángel L. Cardona Meléndez y Nemensia

Díaz Garay.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

la determinación administrativa recurrida.

                                         I

         El 15 de mayo de 2018, Ángel L. Cardona Meléndez (Cardona

Meléndez) y Nemensia Díaz Garay (Díaz Garay) (recurridos) radicaron una

querella ante el DACO, posteriormente enmendada,1 en contra de Máximo

Solar Industries, Inc. (Máximo Solar o recurrente) y Service Finance

1 Véase, Moción Asumiendo Representación Legal y Querella Enmendada en el
expediente administrativo.

    Número Identificador
    SEN2023 _______________
KLRA202300217                                                                              2

Company, LLC (Service Finance).2 En síntesis, indicaron que contrataron

los servicios de Máximo Solar para la instalación de placas solares (sistema

fotovoltaico) en su residencia. Alegaron que el representante de ventas del

recurrente afirmó que iban a tener funcionando los aires acondicionados,

la lavadora, la secadora, el calentador, los televisores y la estufa eléctrica

de su residencia. Arguyeron que dicho representante les informó que no

pagarían las mensualidades de la compañía financiera Service Finance por

el término de un (1) año. Señalaron que dicha persona les indicó que el

sistema iba a producir –al igual que suministrar– energía a la Autoridad de

Energía Eléctrica (AEE) y que recibirían un cheque a esos efectos. Según

adujeron, aunque acordaron la instalación de trece (13) placas solares,

Máximo Solar instaló doce (12) y cuatro (4) baterías en la residencia, pero

el sistema de tuberías fue ubicado encima del techo de la propiedad.

        Los recurridos plantearon en su querella que, el 20 de septiembre

de 2017, el sistema fotovoltaico instalado dejó de funcionar, por lo que

realizaron varias reclamaciones a Máximo Solar. Alegaron que, en distintos

días, Máximo Solar envió a sus empleados a la residencia e instalaron tres

(3) placas solares adicionales y reemplazaron las cuatro (4) baterías por

unas nuevas. Arguyeron que, posteriormente, se percataron que ciertos

equipos de su hogar –como la lavadora– no funcionaban, por lo que

procedieron a comunicarse con Máximo Solar. Según adujeron, el

recurrente envió un técnico a la residencia, quien les indicó que era

necesario comprar cuatro (4) baterías adicionales y un gabinete de la

compañía para protegerlas; les explicó que, para que el sistema funcionara

en su totalidad, debían encender el interruptor de la AEE, lo cual

ocasionaría que recibieran dos (2) facturas de dicha agencia. Sostuvieron

2 Anejo I del recurso, págs. 26-29. Cabe destacar que, el 26 de enero de 2023, mediante

escrito intitulado Moción Conjunta sobre Aviso de Desistimiento con Perjuicio de la
Querella en Contra de la Querellada Service Finance Company, LLC., los recurridos y
Service Finance informaron que habían llegado a un acuerdo transaccional. Indicaron que,
como parte de la referida transacción, la parte recurrida desistía con perjuicio de la
totalidad de la querella de epígrafe en contra de Service Finance. En vista de ello, el 31
de enero de 2023, el DACO emitió una Resolución Parcial mediante la cual ordenó el
cierre y archivo de la querella en contra de Service Finance por desistimiento con perjuicio.
Véase, Anejo II del recurso, págs. 30-34.
KLRA202300217                                                                  3

que nunca fueron orientadas de lo anterior, previo a la instalación inicial del

sistema.

        Por otro lado, los recurridos argumentaron que se vieron obligados

a pagar la suma de $290.00 a Service Finance por atrasos en las

mensualidades del financiamiento y que esta le estaba cobrando $330.33

adicionales. Sobre ese particular, plantearon que la oferta del año gratuito

ofrecida por Máximo Solar no era cierta, que las facturas se las enviaron a

una dirección errónea y que recibieron un documento con una firma que no

era la de Cardona Meléndez.

        En general, los recurridos plantearon que el sistema fotovoltaico no

cumplía con sus expectativas y no funcionaba a cabalidad. Alegaron que

fueron engañados en la presentación del producto y el sistema, que no

fueron orientados debidamente y que Máximo Solar incumplió con el

contrato. En virtud de lo anterior, solicitaron la cancelación del contrato, la

liberación de penalidad y de cobro adicional, así como la remoción de las

placas solares instaladas, las baterías y sus componentes.

        En respuesta, Máximo Solar acreditó su contestación a la querella.3

En esencia, negó las alegaciones en su contra. Aceptó la instalación de

placas solares adicionales y el reemplazo de baterías como resultado de

un acuerdo con el fin de transar cualquier controversia y dar por terminado

el asunto.

        Luego de varios trámites procesales, culminado el descubrimiento

de prueba y celebrada una vista administrativa a esos efectos, el 27 de

marzo de 2023, notificada al día siguiente, el DACO emitió la Resolución

que nos ocupa, mediante la cual declaró con lugar la acción de epígrafe.4

En esta, consignó las siguientes determinaciones de hechos:

        1. Alega la parte querellante que contrató los servicios de la firma
           querellada para la instalación de placas solares en su
           residencia debido a que constantemente tenía interrupciones
           del servicio de electricidad debido a las ramas de un árbol de
           flamboyán ubicado al otro lado de la calle que interfería con el
           tendido eléctrico de la AEE.

3 Véase, Contestación de Querella Enmendada en el expediente administrativo.
4 Anejo V del recurso, págs. 58-81.
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     2. Que, para restaurar la electricidad al área, usualmente es
         necesario que una brigada de la AEE suba al cableado
         tumbado por el árbol que caus[ó] corto circuito[.]
     3. Que toma entre 2 y 3 días en llegar las brigadas de la AEE y[,]
         mientras, los querellantes se mantienen sin electricidad.
     4. Que los querellantes no estaban de acuerdo entre sí, si
         deseaban resolver la situación creada por los apagones
         constantes comprando una planta o un sistema de placas
         solares.
     5. Que la querellante doña Nemensia Díaz Garay escuchó por
         radio un anuncio de la parte querellada Máximo Solar
         Industries, Inc. y los llamó.
     6. Que un vendedor, llamado Freddie Negrón, quien para aquel
         entonces trabajaba para la parte querellada los visitó en su
         hogar el 2 de mayo de 2017.
     7. Que la querellante declaró que el vendedor que los visitó fue un
         martes[.]
     8. Que los querellantes y el vendedor se reunieron por unas dos
         a dos horas y media en la terraza del hogar.
     9. Que la querellante le explicó la situación con el árbol de
         flamboyán y el poste, y llevó al vendedor hasta el poste para
         verlo.
     10. Que la querellante le explicó al vendedor que ella pagaba poco
         por la luz[,] pero que el motivo de tener un sistema era para
         atender las interrupciones en el servicio de luz.
     11. Que la querellante testificó que[,] antes de poner el sistema de
         placas, ella pagaba alrededor de $67.00 mensuales en
         electricidad.
     12. Que la querellante testificó que el motivo para comprar el
         sistema de placas no era para ahorrar dinero sino [para]
         asegurar [la] continuidad en el servicio de energía eléctrica.
     13. Que la querellante le enseñó la factura de luz al vendedor y
         [e]ste le dijo que el sistema que le iba a vender le iba a “correr
         la casa completa”.
     14. Que la carga eléctrica en la casa consiste de los siguientes
         enseres: un horno de microondas, una nevera, dos televisores,
         una lavadora y un calentador de agua de “pipote”.
     15. La querellante declaró que el vendedor le dijo que “todo, que
         todo” le “iba a funcionar” a la misma vez.
     16. Que los querellantes le preguntaron si el sistema que le iban a
         vender correría también un aire acondicionado y una secadora,
         a lo que el vendedor les confirmó que sí.
     17. Que los querellantes confiaron en las expresiones del vendedor
         a los efectos de que el sistema de placas sugerido podría[,] no
         solamente correr la carga eléctrica de la casa actual, sino que
         podrían añadir un aire acondicionado y una secadora eléctrica
         en el futuro.
     18. Que el vendedor les hizo un dibujo durante la reunión[,] pero
         que este dibujo no fue producido por la parte querellada junto
         con otra prueba requerida por los representantes de los
         querellantes.
     19. Que el vendedor gestionó el financiamiento usando una
         aplicación en un teléfono inteligente o tableta que tenía al
         momento de la visita al hogar de los querellantes.
     20. El querellante, [Á]ngel Cardona Meléndez, declaró que[,] según
         su recuerdo[,] vio al vendedor más que el día de la reunión en
         la terraza.
     21. Recuerda el querellante haber firmado un documento, que el
         vendedor tomó una fotografía de su licencia de conducir y de la
         tarjeta de crédito de la querellante.
     22. La querellante recuerda que el vendedor llenó unos campos
         para solicitar el financiamiento para el sistema a través de un
         tercero.
     23. La querellante, Nemensia Díaz Garay, declaró que[,] según su
         recuerdo[,] vio al vendedor más que el día de la reunión en la
         terraza.
KLRA202300217                                                                   5

     24. El vendedor declaró que visitó a los querellantes en una
         segunda ocasión para obtener un referido de una amistad de
         los querellantes.
     25. Que el día de la reunión el querellante recuerda que estampó
         su firma en un solo documento.
     26. Que el querellante no recuerda haber hecho firma en una
         tableta, computadora o teléfono celular.
     27. A los querellantes nunca le[s] entregaron copia de los términos
         y condiciones del financiamiento antes ni después de firmar el
         contrato de venta con el querellado.
     28. Lo único que sabían los querellantes sobre los términos y
         condiciones del financiamiento fue lo que les comunicó el
         vendedor del querellado.
     29. El vendedor les dijo que la tasa era “bajit[a], pero bien bajit[a]”
         y que la cantidad a financiarse era aproximadamente
         $16,000.00. Les informó que no tendrían que hacer pagos por
         un año, que [e]l primer año era gratis y que todos los meses
         recibirían un “chequecito” de la AEE por la energía que el
         sistema produjera en exceso.
     30. El vendedor declaró que, en el momento de hacer el contrato,
         no se les dejó copia del contrato con los querellantes
         compradores porque estos documentos se les envía por email
         al cliente o se recogen en la tienda de Máximo Solar [en] la
         Roosevelt donde se imprimen.
     31. El vendedor declaró que la razón por la cual no se entregan el
         contrato [sic] y los documentos requeridos para el
         financiamiento se debe a que [las] copias son enviadas
         “automáticamente” a la dirección de correo electrónico del
         cliente.
     32. La parte querellada no produjo copia de las comunicaciones
         electrónicas entre ella y los querellantes, no empec[e] haber
         sido requeridos por las partes querellantes a producir todas
         estas comunicaciones.
     33. Que los querellantes declararon que el vendedor había entrado
         a la casa.
     34. Que el vendedor les dijo a los querellantes que las baterías se
         pondrían en una cajita pequeña.
     35. Declaró la querellante que el vendedor les había dicho que la
         caja de control del sistema se iba [a] instalar dentro de la casa[,]
         al lado de la caja de los “breakers” en la sala.
     36. El día de la reunión, el vendedor le había mostrado una foto de
         la caja de control y le dijo que esto se colocaba al lado de la
         caja de “breakers”.
     37. Sin embargo, cuando el equipo llegó a la residencia de los
         querellantes para hacerse la instalación acordada, la ubicación
         de las cajas y baterías cambió.
     38. Los miembros del equipo de instalación dijeron a los
         querellantes que las baterías y equipos no se podrían instalar
         en la sala porque no cabía en ella. No se podía instalar en el
         balcón porque habría que romper concreto para bajar la
         cablería, por lo que decidieron los trabajadores que las baterías
         y equipos se instalaron en la terraza y los tubos con la cablería
         bajaron del techo por un espacio entre unas planchas de zinc
         que tuvieron que levantar y sellar [sic].
     39. Que luego de instalada[s] las placas, equipos y baterías, nadie
         de la empresa querellada les explicó c[ó]mo verificar los
         equipos en caso de una avería ni c[ó]mo dar mantenimiento al
         sistema.
     40. Que la parte querellante le requirió a la parte querellada copia
         de todo documento relacionado con el caso de epígrafe y la
         parte querellada no entregó los documentos solicitados.
     41. La parte querellada no produjo copia de las comunicaciones
         electrónicas entre ella y los querellantes, no empec[e] haber
         sido requeridos por las partes querellantes a producir todas
         estas comunicaciones.
     42. El sistema quedó destruido por el Huracán María. Los vientos
         levantaron el zinc por donde bajaban los tubos con cablería y
         se llevaron las demás planchas.
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     43. Que los querellantes intentaron llamar a la empresa querellada
         en varias ocasiones después del Huracán María sin éxito. Que
         los querellantes tuvieron que llegar a un local de Máximo Solar
         [en] la Roosevelt para hacer su reclamación pasado unos
         meses.
     44. El vendedor, Freddie Negrón, declaró que la pareja llegó a
         visitarlos a los tres o cuatro días después del paso del
         [H]uracán María.
     45. El vendedor declaró que si la querellante testificó que ella había
         llegado mucho después de María porque primero se cansó
         tratando de llamarlos sin éxito, no era lo que ocurrió.
     46. Que aun luego de que los querellantes se presentaran en el
         local del querellado, no fueron atendidos sus reclamos.
     47. Que la querellante tuvo que contratar a un abogado para que la
         acompañara al local y reclamar la falta de servicio.
     48. Que no es hasta que contrata el abogado que se da cuenta que
         nunca había recibido copia del acuerdo, del contrato completo
         ni los documentos sobre el financiamiento del sistema
         adquirido.
     49. Es a través de las gestiones del abogado que pudieron lograr
         que Máximo Solar acudiera y arreglara el sistema de placas.
     50. Que llamó a la querellada para pedir copia del contrato y como
         estaba por vencer el tiempo de gracia bajo la oferta de
         financiamiento que se le había prometido, y, no había recibido
         factura o libreta de pagos de la financiera, pidió a Máximo Solar
         el nombre de la compañía y teléfono.
     51. Cuando llama por primera vez a la financiera, se percata que
         no existía la oferta prometida por el vendedor, que por creer en
         la misma no pag[ó] y la cuenta qued[ó] en mora.
     52. Se enteró así que la dirección postal que tenía la financiera
         provista por el vendedor de [M]áximo era la residencial y no el
         apartado postal.
     53. Que en el acuerdo aparecen sus direcciones residencial y
         postal y no se lo proveyeron a la entidad financiera.
     54. La dirección postal de los querellantes es HC-01 Box 25080
         Caguas[,] PR 00725.
     55. Que ambos testigos de Máximo Solar no pudieron precisar
         cuándo fue que los querellantes hicieron su reclamación para
         servicio en la Ave. Roosevelt, pero entienden que fue
         inmediatamente después de la tormenta porque había escasez
         de combustible para poder moverse.
     56. La parte querellada no produjo documento alguno para
         sustentar que la reclamación se hizo en las primeras semanas
         después del paso de la tormenta.
     57. El técnico de la parte querellante, Daniel Nieves, declaró que el
         motivo por [el] cual parte de la casa no tenía servicio de
         electricidad cuando sirve la energía exclusivamente del sistema
         solar, se debe a algún corte o empate que se hizo antes de la
         instalación.
     58. El técnico no aclaró si al culminar la instalación inicial del
         sistema de placas, si los instaladores verificaron la situación
         para suplir luz a toda la casa.
     59. El técnico declaró que[,] al verificar si la instalación está
         funcionando debidamente, su práctica es apagar la luz de la
         calle y dejar el sistema corriendo únicamente con las placas.
     60. No hay prueba ofrecida por el querellado que estas pruebas se
         hicieron al finalizar la instalación en el hogar de los
         querellantes, no empec[e] haber sido requerido por la parte
         querellante producir prueba sobre este particular.
     61. La querellante testificó que[,] luego de completar la instalación,
         los instaladores le explicaron a ella que hasta que la AEE no
         reconociera la conexión del sistema de placas con el sistema
         de la AEE, no podrían usar el sistema de placas porque no
         estaba autorizado y podría conllevar una multa de $5,000.00.
     62. La querellante testificó que Máximo no les dio ningún
         entrenamiento en cómo usar el sistema, ni le entregaron
         manuales explicativos de uso y mantenimiento.
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     63. La querellante declaró que[,] después de María, han tenido que
         llamar a Máximo Solar en varias ocasiones cuando el sistema
         dejó de funcionar. Cada visita de revisión tiene un costo de
         $75.00.
     64. La querellante testificó que siempre llegan los de servicio
         después de que regresa la electricidad.
     65. Que después de que se dañaron tanto el calentador como el
         microondas, ante su reclamo por esto, un técnico de la parte
         querellada les explicó que el sistema no tiene capacidad para
         estos equipos, que le hacen falta más baterías y placas.
     66. Ambos querellantes declararon en su testimonio que tuvieron
         que reemplazar el calentador y el microondas debido a las
         fallas del sistema. El costo de remplazo sin instalación del
         calentador fue de $175.00. El costo de la microondas fue de
         $600.00.
     67. Que la querellante declaró que[,] además[,] han incurrido en los
         siguientes gastos para hacer valer su reclamo: (1) $12,000.00
         en honorarios de abogados; (2) unos $5,000.00 a la financiera;
         (3) gastos de reembolso de las visitas de servicio y los peritos
         electricistas que ha tenido que contratar.
     68. La querellante declaró que ella y su esposo han sufrido daños
         emocionales por esta situación.
     69. La querellante declaró que ella y su esposo han tenido peleas
         constantes provocadas por las situaciones e insuficiencias del
         sistema de placas adquirido.
     70. El esposo de la querellante nunca estuvo de acuerdo con
         comprar las placas y que quería comprar un generador.
     71. Que la querellante preguntó al vendedor sobre el acuerdo para
         el sistema de la reparación, modificación o reemplazo del
         sistema de energía vendido y todo concerniente a las garantías.
     72. Alegó que el vendedor le informó que no iba a tener que pagar
         las mensualidades de Service Finance Company LLC., por el
         término de un (1) año; que empleados de la AEE tenían que
         efectuar un trabajo en el contador de la residencia, ya que el
         sistema iba a producir y suministrarle energía a la Autoridad y
         por esto iba a recibir un cheque.
     73. Alega que la firma querellada procedió a instalar el sistema dos
         meses después. Inicialmente, la firma querellada iba a instalar
         trece (13) placas solares.
     74. La querellante [i]ndica que únicamente, le instalaron doce (12)
         placas solares y cuatro baterías. Procedieron a reubicar la
         instalación del sistema de tuberías y baterías. Pero, las tuberías
         fueron instaladas por encima del techo residencial.
     75. Informa que, desde el 20 de septiembre de 2017, el Sistema
         Fotovoltaico instalado dejó de funcionar.
     76. Alega que las reclamaciones fueron constantes mediante vía
         telefónica y se personó a la oficina para solicitar los servicios
         de reparación de energía renovable.
     77. En distintos días, la firma querellada envió su personal a la
         residencia. Le instalaron tres (3) placas/paneles solares
         adicionales y reemplazaron las cuatro (4) baterías con baterías
         nuevas.
     78. El último servicio fue el 20 de marzo de 2018.
     79. Alega que días más tarde, se percató que ciertos quipos no
         funcionaban, como la lavadora que estaba marcando bajo
         voltaje. Procedió a llamar a la firma querellada quien envió a un
         empleado para verificar el panel de voltaje.
     80. La querellante alega que el técnico le indicó que era necesario
         comprar cuatro baterías adicionales y comprar un gabinete de
         la compañía para proteger las nuevas baterías. Y que para que
         el sistema funcionara en su totalidad debía prender el “[s]witch”
         de la Autoridad de Energía Eléctrica.
     81. La parte querellante indica que nunca fue orientada con
         relación a la compra de otros componentes adicionales y
         prender el “switch” de la AEE.
     82. La querellante alega haberse comunicado con la co querellada
         Máximo Solar para solicitar el nombre de [la] [c]ompañía
         [f]inanciera. La financiera co querellada fue la que le informó
KLRA202300217                                                                  8

         que no había emitido los pagos y se reflejaban atrasos. Por tal
         razón, se vio en la obligación de pagar la cantidad de $290.00
         a Service Finance Company LLC., debido a que el año gratuito
         prometido por Máximo no era cierto.
     83. La querellante alega que la firma financiera le envió las facturas
         a la dirección errónea a pesar de haber informado la dirección
         postal correcta al vendedor de Máximo Solar.
     84. Recibió posteriormente un documento con una firma que no
         corresponde a su esposo querellante.
     85. La parte querellante plantea que el Sistema Fotovoltaico no
         cumple con las expectativas y promesas de Máximo. No
         funciona a cabalidad. Se sienten que fueron engañados en la
         presentación del producto y/o sistema. No fueron orientados
         debidamente. Además, indica que la firma querellada ha
         incumplido con el contrato.
     86. Alega la parte querellante que falsificaron las firmas en el
         contrato.
     87. Como remedio, la parte querellante solicita la cancelación del
         contrato, liberación de penalidad, y de cobro adicional y que la
         firma querellada proceda a recoger las placas solares, baterías
         y sus componentes y/o lo que en derecho proceda. De igual
         modo[,] solicita la compensación por daños, perjuicios y
         angustias mentales.
     88. La parte co querellante[,] Ángel Cardona, indicó que al presente
         el sistema fotovoltaico está funcionando.
     89. De igual modo, indica la parte co querellante, Nemensia Díaz
         Garay, que, al día de hoy, el sistema fotovoltaico está
         funcionando.
     90. Presentado el testigo de la parte co querellada Máximo Solar
         Industries Inc., Freddy Negrón, [e]ste indicó que su intervención
         fue una de venta.
     91. Indica el testigo Freddy Negrón que trabajó 8 años con la parte
         querellada como consultor de energía renovable. Sin embargo,
         en el contrainterrogatorio, admitió que solo trabajó con el
         querellado por 6 años y que tiene 7 años y medio de
         experiencia en la industria trabajando con la querellada y otras
         dos compañías.
     92. Declaró a preguntas si había participado en procesos
         administrativos o judiciales relacionados con equipos que había
         vendido contestó primero que sí, pero luego indicó que se
         refería a una participación anterior en este mismo caso.
     93. El vendedor insiste en que nunca entró a la casa de los
         querellantes y que siempre se mantuvo fuera de la casa.
     94. El vendedor dijo que el sistema que vendió a los querellantes
         iba a correr toda la casa de ellos y que iba a correr un aire
         acondicionado y una secadora también.
     95. Según el vendedor, un sistema de 3,120 watts de capacidad
         como la que adquirieron los querellantes, es suficiente para
         correr la casa de los querellantes.
     96. El vendedor asever[ó] que, si los querellantes escucharon que
         todos los meses iban a recibir de la AEE un chequecito por la
         medición neta, escucharon mal.
     97. El vendedor dijo que es falso el que la Sra. Díaz lo escuchara
         decir que iban a recibir un crédito en su factura de luz o que dijo
         que iban a recibir un chequecito.
     98. El testigo admitió que no le entregó la información sobre el
         financiamiento a los querellantes en un papel.
     99. Aunque el vendedor declaró que los dos Exhibits presentados
         de los acuerdos eran idénticos, luego de tener una oportunidad
         para examinarlos, se dio cuenta que no eran idénticos, porque
         el Exhibit 1 no especifica el modelo del inversor, las baterías
         son las mismas, diferencian en el número de paneles, uno está
         escrito a mano y el otro en computadora, la capacidad del
         sistema indicado en cada uno es distinto.
    100. Indic[ó] que en la única vez que visitó la casa de los
         querellantes [é]l “les educó” sobre la energía renovable.
    101. Que esa “educación” consistía en explicarles lo que era la
         energía solar, cuáles son sus beneficios, que él les dijo a ellos
KLRA202300217                                                                     9

           que íbamos [a] hacer una medición neta, que su factura iba a
           bajar y que iban a tener un ahorro y que cu[a]ndo hubiera una
           ausencia de energía, un apagón de luz, su sistema solar iba a
           coger las cargas -luego se corrige el testigo y dijo “las cargas
           de emergencia”.
      102. Según el testimonio del vendedor para tramitar el
           financiamiento de los equipos, la parte querellante tenía que
           dar información, incluyendo direcciones de correo postal,
           dirección física y correo electrónico[.]
      103. Según el vendedor, sin un correo electrónico del solicitante la
           financiera no le iba a autorizar el financiamiento.
      104. Indic[ó] que, sin la firma digital del solicitante, la financiera no
           puede aprobar el préstamo. Que, por esto, la parte querellante
           tenía que haber firmado en su tableta la solicitud de préstamo.
      105. Sin embargo, en el contrato de Máximo Solar, no existen
           emails. A preguntas sobre c[ó]mo lleg[ó] el email a la financiera
           si no aparecía en la orden declaró que “en Service Finance
           entiendo que tenía que poner un email y el cliente tuvo que
           haber dado uno”.
      106. Si los contratantes no tenían un email, él hubiese tenido que
           irse del lugar porque “puede haber aprobación, pero si no firma
           el acuerdo, no prestan el préstamo -el dinero”.
      107. Declaró el vendedor que él fue la persona que llenó la solicitud
           de financiamiento con Service Finance Company, LLC,
           incluyendo las direcciones postales y residenciales de los
           querellantes.
      108. El vendedor declaró que él puso la dirección que le dijo el
           cliente, por lo que, si había un error en la dirección postal que
           tenía Service Finance Company, LLC para los querellantes, se
           debía a que [e]stos le habían dado la dirección incorrecta. [É]l
           no cometió error. Sin embargo, el vendedor puso la dirección
           postal correcta en el “acuerdo” que llenó para su patrono,
           Máximo Solar.
      109. Indica Freddie Negrón que cualquier asunto con el
           financiamiento o cualquier pregunta y orientación tenía que ser
           realizada directamente con la coquerellada Service Finance
           Company, LLC, que era la compañía que financiaría.
      110. En cuanto a lo alegado sobre el contrato y la alegada
           falsificación de firma, de los exhibits presentados se evidencia
           que existían dos tipos [de] contratos[,] pero que s[o]lo uno tenía
           la firma de ambos, tanto de la parte querellante como el testigo
           Freddie Negrón.
      111. El otro exhibit sobre el contrato con la alegada falsificación de
           firma no se podía evidenciar de quién era. Freddie Negrón
           indicó que ese documento nunca lo había visto y no contenía
           su firma.
      112. Daniel Nieves, testigo de la parte coquerellada Máximo Solar
           Industries, Inc., indicó que en todas las ocasiones que la parte
           querellante le solicitó asistencia fue personalmente a realizar la
           asistencia pertinente.
      113. Testificó, Daniel Nieves, que ayudó a los querellantes
           orientándoles de cómo utilizar el sistema fotovoltaico, debido a
           que la querellante Nemensia Díaz Garay bajaba el “switch[”]
           que da carga a la casa. Que este acto por desconocimiento
           produjo que sus equipos entraran en un sobre voltaje,
           dañándolos.
      114. Daniel Nieves indicó que la sección de la casa que no se
           electrificaba al encender el equipo no se podía energizar por el
           sistema fotovoltaico debido a que tenía una cablería eléctrica
           separada de las otras secciones de la casa desde antes de que
           se instalara el sistema fotovoltaico.
      115. Indica Daniel Nieves que esto se lo había indicado a los
           querellantes, que era necesario reparar o resolver el asunto.5

5 Véase, Anejo V del recurso, págs. 59-69.
KLRA202300217                                                           10

        El organismo administrativo hizo constar en la determinación

recurrida que Máximo Solar rehusó producir los documentos responsivos

relevantes a la compraventa del sistema fotovoltaico a plazos por los

recurridos, por lo que le aplicaban las presunciones adversas permitidas

por las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.

        Aquilatada la prueba desfilada durante la vista administrativa, la

agencia recurrida determinó que se probó que el consentimiento prestado

por los recurridos adolecía de vicios causados por las representaciones

falsas y engañosas realizadas por Máximo Solar. Afirmó haberle dado

entera credibilidad al testimonio de la parte recurrida.

        Basado en lo anterior, el DACO concluyó que Máximo Solar incurrió

en actos prohibidos por el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios

Engañosos, Reglamento Núm. 8599 de 28 de mayo de 2015 (Reglamento

Núm. 8599), por lo cual declaró con lugar la querella de epígrafe. En su

consecuencia, determinó que el contrato en cuestión era nulo por dolo en

la contratación y ordenó a Máximo Solar a resarcir a los recurridos la

cantidad de $5,000.00 por concepto de las mensualidades pagadas por los

equipos comprados. Además, ordenó al recurrente a indemnizar a la parte

recurrida con la suma de $25,000.00 a cada uno por los daños, perjuicios,

angustias mentales y daños emocionales causados. A su vez, impuso el

pago de $15,000.00 por concepto de honorarios de abogado de los

recurridos, ello, por entender que Máximo Solar fue temerario en el trámite

de la querella.

        En desacuerdo, el 15 de abril de 2023, la parte recurrente presentó

una Reconsideración,6 la cual no fue considerada por el DACO dentro del

término estatuido para ello.

        Inconforme con la determinación de la agencia, el 15 de mayo de

2023, la parte recurrente compareció ante nos e hizo los siguientes

señalamientos:

6 Anejo VI del recurso, págs. 82-99.
KLRA202300217                                                              11

       Erró el Honorable Departamento de Asuntos al Consumidor
       al declarar con lugar la querella presentada y declarar nulo el
       contrato entre las partes por dolo.

       Err[ó] el Honorable Departamento de Asuntos al Consumidor
       al declarar con lugar la querellada [sic] bajo actos prohibidos
       en el Reglamento de Anuncios Engañosos.

       Erró el Honorable Departamento de Asuntos al Consumidor a
       conceder indemnizaci[ó]n de daños por angustias mentales
       por $25,000.00 a cada querellado[.]

       Erró el Honorable Departamento de Asuntos al Consumidor
       al ordenar a resarcir a los querellantes cinco mil dólares
       ($5,000.00) por concepto de mensualidades pagadas por
       equipos comprados[.]

       Erró el Honorable Departamento de Asuntos al Consumi[dor]
       al declarar con lugar la imposici[ó]n de honorarios de
       abogados por $15,000.00[.]

       En cumplimiento con nuestras Resoluciones emitidas el 23 de mayo

de 2023 y el 1 de agosto del mismo año, la parte recurrida compareció

mediante Alegato en Oposición el 7 de agosto de 2023.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como con la

copia certificada del expediente administrativo, nos disponemos a resolver

el recurso que nos ocupa.

                                     II

                                     A

       Los tribunales apelativos debemos otorgar amplia deferencia a las

decisiones emitidas por las agencias administrativas, puesto que estas

cuentan con vasta experiencia y pericia para atender aquellos asuntos que

se les han sido delegados por la Asamblea Legislativa. Hernández

Feliciano v. Mun. Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023); OEG

v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); Super Asphalt v. AFI y otro, 206

DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018).

Es por ello, que, tales determinaciones suponen una presunción de

legalidad y corrección que a los tribunales nos corresponde respetar,

mientras la parte que las impugne no presente prueba suficiente para

derrotarlas. Íd.; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).

No obstante, tal norma no es absoluta. Es por ello que nuestro Máximo
KLRA202300217                                                               12

Foro ha enfatizado que no podemos imprimirle un sello de corrección, so

pretexto de deferencia a las determinaciones administrativas que sean

irrazonables, ilegales o contrarias a derecho.

       En Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 628 (2016), nuestro

Tribunal Supremo resumió las normas básicas en torno al alcance de la

revisión judicial de la siguiente forma:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una
       agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
       determinación administrativa no está basada en evidencia
       sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
       interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
       encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
       actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
       fundamentales. Es importante destacar que si el tribunal no
       se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
       exista más de una interpretación razonable de los hechos,
       procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. Íd. Véase, además, Super Asphalt v.
       AFI y otro, supra, pág. 819.

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. OEG v. Martínez

Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra, pág. 820; Graciani

Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía

de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita la revisión judicial a

dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan

irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. Íd.

       Bajo este supuesto, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017,

3 LPRA sec. 9675 (LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las

determinaciones de las agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra, pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a

saber: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su

totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron

correctas. Íd., págs. 35-36; OEG v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera
KLRA202300217                                                                13

v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Batista, Nobbe v. Jta. Directores,

supra, pág. 217. Nuestro Máximo Foro ha expresado que esta intervención

“debe ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la aplicación de

la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así,

aquellas determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. Íd.; OEG

v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y otro, supra.

       Por otro lado, las determinaciones de derecho pueden ser revisadas

en su totalidad. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675; Rolón Martínez v.

Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág.

627. No obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares que

administra. Íd.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que la deferencia

que le deben los tribunales a la interpretación que haga el ente

administrativo sobre aquellas leyes y reglamentos que le corresponde

poner en vigor, cede si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales”. Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 627-628; OEG

v. Martínez Giraud, supra. Finalmente, nuestra más Alta Curia ha

expresado que, conforme a lo anterior, el criterio administrativo no podrá

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario

al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política pública que

promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise administrativo, concedido

cuando las agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones

que resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una

injusticia”. OEG v. Martínez Giraud, supra, pág. 11.
KLRA202300217                                                            14

                                     B

      El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) constituye el

organismo administrativo cuyo principal propósito es defender, vindicar e

implantar los derechos de las personas consumidoras en nuestra

jurisdicción, mediante la aplicación de las leyes que asistan sus reclamos.

Art. 3 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor,

Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 LPRA sec. 341b;

Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156 (2005). A tenor con ello, la

agencia está plenamente facultada para resolver las quejas y querellas

promovidas por las personas ciudadanas en ocasión a que se transgredan

las disposiciones legales que proveen para la protección de sus

prerrogativas; ello, en cuanto a servicios adquiridos o recibidos del sector

privado de la economía. A su vez, el DACO está facultado para conceder

los remedios pertinentes mediante la debida adjudicación administrativa. 3

LPRA secs. 341h, 341i-1.

      En virtud de lo anterior, mediante la aprobación del Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 8034 de 14 de

junio de 2011 (Reglamento Núm. 8034), el organismo adoptó un esquema

uniforme de reglas para la dilucidación de las controversias sometidas a su

consideración. De este modo, la agencia ve regido el ejercicio de sus

poderes respecto al proceso adjudicativo de que trate, por la aplicación de

normas afines a la solución justa, rápida y económica de las querellas.

Regla 1 del Reglamento Núm. 8034, supra. Las reglas contenidas en el

referido precepto aplicarán a las investigaciones y los procedimientos

administrativos sobre querellas iniciadas por consumidores o por el DACO.

Regla 3 del Reglamento Núm. 8034, supra. Toda resolución emitida por

esta agencia otorgará el remedio que en derecho proceda, aun cuando la

parte querellante no lo haya solicitado. Regla 27.1 del Reglamento Núm.

8034, supra. Ahora bien, en la ejecución de sus facultades adjudicativas, la

Regla 24 del Reglamento Núm. 8034, supra, expresamente adopta el

principio administrativo sobre la aplicación subsidiaria de las reglas
KLRA202300217                                                             15

procesales y probatorias propias de los trámites judiciales, al disponer

como sigue:

      Las Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia no serán
      de estricta aplicación a las vistas administrativas, sino en la
      medida en que el Funcionario o Panel de Jueces que presida
      la vista o el Departamento estime necesario para llevar a cabo
      a los fines de la justicia.

      Por otra parte, el Reglamento Núm. 8034, supra, esboza las

condiciones en las que se llevará a cabo la celebración de una vista

administrativa. Atinente a lo que nos ocupa, específicamente estatuye el

derecho de las partes de presentar todo tipo de evidencia documental,

testifical técnica o pericial en apoyo a sus respectivas teorías. Regla 20.5

del Reglamento Núm. 8034, supra.

                                     C

      El   Reglamento     Contra    Prácticas   y   Anuncios   Engañosos,

Reglamento Núm. 8599 de 28 de mayo de 2015 (Reglamento Núm. 8599),

se creó con el propósito de proteger a las personas consumidoras de las

prácticas y anuncios que creen o tiendan a crear una apariencia falsa o

engañosa sobre bienes o servicios ofrecidos en el comercio. Regla 2 del

Reglamento Núm. 8599, supra. Igualmente, prohíbe las prácticas y

anuncios engañosos con el fin de establecer un clima de confianza y

respeto entre las entidades comerciantes, así como las personas

consumidoras. Íd. Según el referido Reglamento, un anuncio engañoso es

cualquier anuncio que constituya o tienda a constituir fraude, engaño o

comunique o tienda a comunicar una idea falsa, confusa o incorrecta, sobre

el bien o servicio anunciado y/o cualquier anuncio que omite datos

relevantes del producto, bien o servicio, limitando o privando a la persona

consumidora de tomar decisiones informadas y conscientes. Regla 5 (C)

del Reglamento Núm. 8599, supra. En particular, la Regla 7 (B) del

Reglamento Núm. 8599, supra, dispone que las prácticas y anuncios

engañosos quedan prohibidos y que, entre otras cosas, constituye una

práctica engañosa lo siguiente:

      1. Representar o expresar un hecho o una oferta si tal
         declaración es engañosa o falsa, o posee la tendencia o
KLRA202300217                                                                        16

            capacidad para confundir, o si no se tiene la información
            suficiente para sustentarla, o se ocultare un dato
            relevante. Incluye, a su vez, anunciar un bien o servicio
            para la venta y no tenerlo disponible o no tener las
            cantidades anunciadas.

        2. Inducir o tratar de inducir a una persona a actuar a cambio
           de cualquier beneficio que luego resulta ser menor, falso,
           inexistente, ilícito o ilegal.

        […]

        18. Las cláusulas que establezcan que el silencio del
           consumidor se tendrá por aceptación de cualquier oferta,
           modificación, restricción, ampliación, condición o prórroga
           de lo pactado en el contrato. El consentimiento del
           consumidor tiene que ser expreso y constar
           afirmativamente al aceptar una oferta.

        […]

        20. La omisión del comerciante en entregar o prestar
           diligentemente el bien o servicio según anunciado u
           ofrecido.

        […]

        Del mismo modo, la Regla 7 (C) del Reglamento Núm. 8599, supra,

establece que el DACO podrá emitir interpretaciones oficiales de hechos,

actos o situaciones que, a la luz del citado cuerpo reglamentario,

constituyen prácticas o anuncios engañosos.

                                           D

        El contrato como fuente de la obligación “existe desde que una o

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar

alguna cosa, o prestar algún servicio”. Art. 1206 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3371 (derogado);7 Aponte Valentín et al. v.

Pfizer Pharm, 208 DPR 263, 284 (2021). Cónsono con tal obligación, el

Artículo 1252 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 32 LPRA sec. 3511

(derogado), establece que los contratos en los que concurran los requisitos

de consentimiento, objeto y causa pueden anularse, aunque no haya lesión

para las personas contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los

vicios que los invalidan conforme a la ley.

7 El derecho aplicable en el caso de autos se remite al Código Civil de Puerto Rico de

1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. (derogado), toda vez que nos encontramos ante hechos
ocurridos con anterioridad a la aprobación y vigencia del Código Civil de Puerto Rico de
2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq.
KLRA202300217                                                              17

       Según el Artículo 1217 del citado estatuto, el consentimiento es nulo

cuando se prestó por error, violencia, intimidación o dolo. 31 LPRA sec.

3404 (derogado). De mediar alguna de estas circunstancias, la persona

afectada cuenta con una acción para solicitar la nulidad del contrato que

puede ejercitar en un periodo de cuatro (4) años a partir de la consumación

del negocio o desde que cesó la violencia o intimidación en su contra. Art.

1253 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3512

(derogado). El dolo se produce cuando una de las personas contratantes

utiliza palabras o maquinaciones insidiosas para inducir a la otra parte a

firmar un contrato que de otro modo no lo hubiese hecho. El dolo también

significa callar sobre una circunstancia importante relacionada con el objeto

del contrato.

       No obstante, no todo dolo produce la nulidad del contrato. El Artículo

1222 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3409

(derogado), establece que el dolo que produce la nulidad tiene que ser

grave y no puede haber sido empleado por las dos partes contratantes. El

dolo grave también es conocido como el dolo causante. Por el contrario, el

dolo incidental no produce la nulidad del contrato, porque no tiene una

influencia decisiva en la esencia de la obligación y solo facilita su

celebración. A diferencia del dolo causante, en el dolo incidental existe la

voluntad de contratar de la persona perjudicada, pero hay engaño en el

modo cómo celebra el contrato. En tal escenario, el contrato de todas

formas se hubiese celebrado, pero no en las mismas condiciones. En

consecuencia, el dolo incidental solo obliga a indemnizar en daños y

perjuicios. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 886-887 (2008).

       El dolo que anula el consentimiento se determina considerando,

entre otras cosas, la preparación académica de la parte perjudicada, su

condición social y económica, así como las relaciones y el tipo de negocios

en que se ocupa. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 887. Al

igual que el fraude, el dolo no se presume. No obstante, no tiene que

probarse directamente, ya que puede establecerse mediante inferencia o
KLRA202300217                                                            18

evidencia circunstancial. Una vez decretada la nulidad de una obligación,

las partes contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que

hubiese sido materia del contrato con sus frutos y el precio con sus

intereses. Íd., págs. 887-888.

       Cónsono con lo anterior, el Artículo 1373 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3841 (derogado), dispone lo siguiente:

       El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos
       ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para
       el uso a que se le destina o si disminuyen de tal modo este
       uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría
       adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será
       responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la
       vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es
       un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía
       fácilmente conocerlos.

       Por su parte, el Artículo 1374 del referido estatuto establece lo

siguiente:

       El vendedor responde al comprador del saneamiento por los
       vicios o defectos ocultos en la cosa vendida, aunque los
       ignorase.

       Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo
       contrario, y el vendedor ignorara los vicios y defectos ocultos
       de lo vendido. 31 LPRA sec. 3842 (derogado).

       La parte compradora podrá optar entre desistir del contrato,

abonándosele los gastos que pagó (acción redhibitoria), o podrá rebajar

una cantidad proporcional del precio (acción quinta minoris). Además, si la

parte vendedora conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y

no lo manifestó a la compradora, se le indemnizará de los daños y

perjuicios, en caso de que opte por la rescisión. Art. 1375 del Código Civil

de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3843 (derogado). En particular, la

acción de saneamiento por vicios ocultos requiere el cumplimiento de los

siguientes requisitos: (1) los vicios no deben ser conocidos por la persona

adquiriente; (2) el defecto debe ser grave o suficientemente importante para

hacer la cosa impropia para el uso destinado o que disminuya de tal modo

su uso, que, de la parte compradora haberlo sabido, no la hubiese

comprado o habría dado menos precio; (3) el vicio tiene que ser

preexistente a la venta; y (4) que se ejercite la acción en el plazo de seis
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meses desde la entrega de la cosa vendida, de acuerdo al Artículo 1379

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3847 (derogado).

García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, págs. 890-891.

                                       E

       Sabido es que este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente, como

foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).

Es por ello que, nuestra encomienda principal es examinar cómo los foros

inferiores aplican el Derecho a los hechos particulares de cada caso. Íd.

Cónsono con lo anterior, el desempeño de nuestra función revisora se

fundamenta en que el foro de origen desarrolle un expediente completo que

incluya los hechos que haya determinado ciertos a partir de la prueba que

se le presentó. Íd. Es decir, nuestra función de aplicar y pautar el Derecho

requiere saber cuáles son los hechos, tarea que corresponde,

primeramente, al foro juzgador. Íd. Como foro apelativo, no celebramos

juicios plenarios, no presenciamos el testimonio oral de los testigos, no

dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones de hechos. Íd. Esa

es la función del foro juzgador. Íd.

       Por el contrario, al momento de analizar prueba documental, prueba

pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante declaraciones

escritas, estamos en la misma posición que el foro recurrido. Ortiz et al. v.

S.L.G. Meaux, 156 DPR 488, 495 (2002). Así, “el Tribunal Apelativo tendrá

la facultad para adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de

la prueba pericial, y hasta para descartarla, aunque resulte técnicamente

correcta”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021),

citando a González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777

(2011). Asimismo, es norma básica que las conclusiones de derecho son

revisables en su totalidad por el foro apelativo. Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, supra, pág. 770. Ahora bien, como norma general, los tribunales

apelativos aceptan como correctas las determinaciones de hechos de los

foros inferiores, así como su apreciación sobre la credibilidad de los
KLRA202300217                                                              20

testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en la sala. Íd., pág.

771.

       En consideración a la norma de corrección que cobija a las

determinaciones realizadas por el foro de origen, cuando una parte

peticionaria señala errores dirigidos a cuestionar la apreciación o

suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho apelativo requiere que

esta ubique al foro revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro

recurrido. Ello se logra utilizando alguno de los mecanismos de recopilación

de prueba oral, como lo son: (1) transcripción de la prueba, (2) exposición

estipulada o (3) exposición narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR

35, 211 DPR __ (2023). Los tribunales de mayor jerarquía no pueden

cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca, mediante

alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí el foro inferior. Íd.

       En lo atinente al caso de autos, en recursos de revisión judicial, la

transcripción de la vista administrativa o una exposición narrativa de la

prueba son imprescindibles cuando se cuestiona la apreciación de la

prueba y la adjudicación de credibilidad del foro administrativo. Los

tribunales revisores no deben intervenir con la apreciación de la prueba oral

de las agencias, si no tienen forma de evaluar la evidencia presentada,

debido a que no se elevó una transcripción o una exposición narrativa de

la prueba. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que, en

ausencia de la prueba oral, difícilmente se podrá descartar la determinación

impugnada. Por lo tanto, la parte interesada tiene que presentar la prueba

oral bajo la que se pretende impugnar las determinaciones de una agencia

administrativa. En particular, la Regla 66 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 66, establece el trámite a seguir para

que se autorice la reproducción de la prueba oral desfilada en el

procedimiento administrativo. De otro lado, la Regla 29.5 del Reglamento

Núm. 8034, supra, dispone que cualquier parte podrá solicitar copia

certificada del expediente y de la transcripción de la vista, mediante el pago
KLRA202300217                                                              21

de los cargos correspondientes. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde,

supra, págs. 128-130.

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                     III

       En la presente causa, la parte recurrente argumenta que el DACO

erró al declarar con lugar la querella promovida por los recurridos, bajo

actos prohibidos en el Reglamento Núm. 8599, supra. De igual modo,

aduce que el organismo incidió al resolver que el contrato suscrito entre las

partes era nulo por dolo. Sostiene, además, que la agencia erró al conceder

una indemnización de $25,000.00 a cada recurrido por concepto de daños

y angustias mentales, ordenar a resarcir a los recurridos $5,000.00 por

concepto de mensualidades pagadas por equipos comprados y la

imposición de $15,000.00 por honorarios de abogado. Habiendo examinado

los referidos señalamientos a la luz del derecho aplicable y la prueba,

confirmamos la resolución administrativa recurrida. Nos explicamos.

       En esencia, la parte recurrente cuestiona la credibilidad de la prueba

que llevó al DACO a concluir que el contrato en cuestión es nulo y que

había violentado lo estatuido en el Reglamento Núm. 8599, supra. No

obstante, no presentó ante esta Curia una transcripción de la prueba oral,

ni una exposición narrativa a esos efectos. Sin la prueba oral no podemos

descartar las determinaciones de la agencia impugnadas. Por otro lado,

Máximo Solar no ha probado que en el expediente de la agencia existe

evidencia sustancial que derrote el valor probatorio de la prueba creída por

el foro administrativo, cuya copia certificada tenemos ante nos. La falta de

esa evidencia nos imposibilita para descartar la apreciación de la prueba

del DACO en el presente caso.

       Un examen sosegado del expediente que nos ocupa mueve nuestro

criterio a resolver que no se hacen presentes los criterios legales que

legitiman nuestra intervención respecto a lo dispuesto por el organismo

administrativo concernido. A nuestro juicio, la determinación aquí
KLRA202300217                                                               22

impugnada obedeció a un ejercicio razonable de apreciación de prueba por

parte de la entidad recurrida, a la adecuada función de las facultades

legales que le asisten, así como también, a una correcta interpretación y

aplicación del derecho pertinente. En particular, la Resolución recurrida

está basada en evidencia sustancial que no fue controvertida por la parte

recurrente. En el caso de autos, la agencia dio credibilidad al testimonio de

los recurridos de que fueron engañados por Máximo Solar en la

presentación de las placas solares (sistema fotovoltaico), además de no

ser debidamente orientados por este.

       En mérito de lo antes expuesto, sostenemos la determinación

agencial recurrida. Nada en el expediente de autos sugiere que el

pronunciamiento que atendemos haya resultado de un ejercicio arbitrario

atribuible al DACO. Por tanto, en ausencia de prueba al contrario, solo

podemos sostener su determinación.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución

administrativa recurrida.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones