Court Opinion

ID: 9952357
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:44:37.567503+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:59.975875
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

   EDMUNDO RAMÍREZ                                 Apelación
 SANTOS H/N/C VENEZIAN                             Procedente del
         CAFÉ                                      Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
             Apelantes                             Superior de San
                                     KLAN202300850 Juan
                  v.
                                                      Caso Civil Núm.:
   SALÓN DE ESTRELLAS,                                SJ2020CV02777
      INC., Y OTROS
                                                      Sobre:
             Apelados
                                                      Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2024.

        Comparece el Sr. Edmundo Ramírez Santos (en adelante, Sr.

Ramírez Santos o parte demandante-apelante), mediante el presente

recurso de Apelación, y nos solicita que revoquemos la Sentencia

dictada el 19 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (en adelante, TPI).1 Mediante dicha

Sentencia, el TPI declaró No Ha Lugar la demanda sobre daños y

perjuicios presentada por la parte demandante-apelante por

entender que dicha parte falló en presentar prueba sobre el acto u

omisión negligente para que se configurara una reclamación en

daños y perjuicios contra la parte demandada- apelada.2               En

consecuencia, el TPI desestimó la demanda y le concedió costas a la

parte demandada-apelada.

        Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia apelada.

1 Apéndice VII de la Apelación, págs. 47-58.
2 Íd.

Número Identificador

SEN2024____________________
KLAN202300850                                                       2

                                       I.

        El 13 de mayo de 2020, el Sr. Ramírez Santos y H/N/C Vezian

Café presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios contra

Salón de las Estrellas, Inc., Universal Insurance Co., PDCM

Associates SE, y otros.3 En síntesis, la parte demandante-apelante

solicitó una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por

causa de un fuego que se esparció desde el local de la parte

demandada-apelada, Salón de las Estrellas, Inc., hasta el local de la

parte demandante- apelante en la madrugada del 2 de noviembre de

2019.4

        Luego de varios incidentes procesales, el 9 de noviembre de

2020, Salón de las Estrellas, Inc. y Universal Insurance Co. (en

adelante, parte demandada-apelada) presentaron su Contestación a

Demanda.5 En síntesis, negaron la mayoría de las alegaciones

hechas en su contra y levantaron múltiples defensas afirmativas.6

        El 19 de mayo de 2021, se celebró la Vista de Estado de los

Procedimientos7, y el 6 de octubre de 2021, las partes presentaron

conjuntamente el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.8

En la parte VIII de dicho informe, la parte demandante-apelante

desglosó la prueba testifical que pretendía presentar en el juicio a

su fondo.9 En específico, la parte demandante-apelante indicó que

pretendía utilizar la prueba testifical siguiente:

        “1. Patricia McCloskey- Testificará como investigadora
        de Universal Insurance que atendió el caso del incendio
        de Salón de las Estrellas, Inc. / Mío Salón LLC el 2 de
        noviembre de 2018. Su testimonio consistirá de
        autenticar sus informes, documentos obtenidos que
        llevaron a la aseguradora compensar a los
        codemandados.
        2. Omar Delgado Santos- funcionario de Bomberos de
        Puerto Rico que acudió a la escena del incendio [el] 2 de

3 Apéndice CI de la Apelación, págs. 563-565.
4 Íd.
5 Apéndice LXXXV de la Apelación, págs. 512-518.
6 Íd.
7 Véase, Apéndice LXIII de la Apelación, págs. 468-469.
8 Apéndice XXXIX de la Apelación, págs. 392- 409.
9 Íd.
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         noviembre de 2018 en Norte Shopping Center y sobre
         sus hallazgos en el informe que preparó.
         3. Agente C. Méndez, Policía de Puerto Riso- agente
         investigador que llegó a la escena del incendio y preparo
         informes de querella.
         4. Javier Hernández Ocasio- Administrador y
         copropietario del local de los demandantes testificará
         sobre el conocimiento de los daños que causó el
         incendio y los costos de represión del local.
         5. Sandro Romero Kelly- Presidente de las
         corporaciones Salón de las Estrellast Mío Salón
         testificará sobre su conocimiento del incidente; lo que
         presenció en su negocio esa noche; y la reclamación a
         Universal Insurance.
         6. Representante de Universal Insurance- testificará
         sobre los expedientes de reclamación al seguro
         relacionados a este incidente.”10

         La parte demandada-apelada objetó esta lista de testigos

alegando que la parte demandante-apelante pretendían presentar

testigos que no fueron anunciados en el descubrimiento de

prueba.11

         El 12 de octubre de 2021, se celebró la Vista de Conferencia

con Antelación al Juicio.12 En lo pertinente, durante la vista se

discutió el informe presentado por las partes y, ante la existencia de

controversia relacionada a la prueba testifical, se ordenó a que la

parte demandante-apelante presentara un escrito detallando los

testimonios de los testigos que pretendía presentar en el juicio.13

         El 23 de diciembre de 2021, la parte demandante-apelante

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden de Reunión para

Confeccionar el Informe, en la cual expuso detalladamente un

resumen del testimonio de cada uno de sus testigos.14

         El 26 de junio de 2023, la parte demandante-apelante

presentó una Moción en Solicitud de Citaciones a Testigos, en la que

solicitó que se expidieran citaciones para la comparecencia de Omar

Delgado Santos y Patricia McCloskey.15

10 Íd.
11 Íd.
12 Apéndice XXXVIII de la Apelación, págs. 387-391.
13 Íd.
14 Íd.
15 Apéndice XXVII de la Apelación, pág. 353.
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         El TPI accedió a su solicitud y, el 27 de junio de 2023, se

expidieron las correspondientes órdenes de citación.16 Finalmente,

el 28 de junio de 2023, la parte demandante-apelante presentó una

Moción Acreditando Citación de Testigos.17

         El 30 de junio de 2023, la parte demandada-apelada presentó

una Moción Sometiendo Exhibits-Prueba Conjunta y El Exhibit 1 de la

Parte Demandante, así Como Informando la Falta de Citación

Adecuada a la Testigo Anunciada por la Parte Demandante, Patricia

McCloskey; Solicitud IN LIMINE.18 Respecto a la citación de Patricia

McCloskey, la parte demandada-apelada alegó que el 28 de junio de

2023 la parte demandante-apelante entregó en Universal Insurance

Co. la citación dirigida a Patricia McCloskey.19                Sin embarho,

sostuvo que que Patricia McCloskey nunca ha sido empleada de

Universal Insurance Co. y que la parte demandada-apelada no tenía

forma de hacerle llegar dicha citación, por lo que no debió haber

llegado dicha citación a las oficinas de Universal Insurance Co.20

         Así las cosas, el 5 y 6 de julio de 2023, se celebró el Juicio en

su Fondo. En el primer día, la representación legal de la parte

demandante-apelante planteó, en síntesis, que recibió una moción

por parte de la parte demandada-apelada alegando que se había

diligenciado la citación de la testigo Patricia McCloskey a través de

Universal Insurance Co., a pesar de que esta no era empleada de

dicha compañía.21 Dicho diligenciamiento se dio en las oficinas de

Universal Insurance Inc. debido a que la parte demandante-apelante

“asumió” que Patricia McCloskey era empleada de dicha compañía

por haber preparado el informe en un papel timbrado con el nombre

16 Apéndice XVII de la Apelación, pág. 329.
17 Íd.
18 Apéndice XVI de la Apelación, págs.79- 327.
19 Íd.
20 Íd.
21 Véase págs. 6-8 de Transcripción de la Prueba Oral del Juicio en su fondo (en

adelante, TPO) del 5 de julio de 2023.
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de Universal Insurance Co.22 La parte demandada-apelada alegó que

Patricia McCloskey era parte de McCloskey, Mulet & Bonnin,

compañía a la cual Universal Insurance Co. solía contratar para

hacer ajustes e investigaciones; y que en ningún momento la parte

demandante-apelante le solicitó la información de dicha testigo que

pretendía presentar.23 Ante esta situación, la Jueza que presidió el

juicio    autorizó    a   la   parte   demandante-apelante       a    solicitar

nuevamente la citación de dicha testigo para que compareciera el

día 6 de julio de 2023. Al respecto la magistrada expresó lo siguiente:

               “Era obligación de la parte demandante y
         obligación suya como abogado descubrir pruebas sobre
         ese particular, no llegar al día del juicio, cuando
         estamos tratando de resolver este caso con un 'pretrial'
         del 2021, del 2022, y estamos en julio del 2023. Usted
         descansó en una información qué asumió, con todo
         respeto.”24

         Luego, la parte demandada-apelada realizó gestiones para

encontrar información, realizó hasta una búsqueda en “internet” de

Patricia McCloskey y la información obtenida fue comunicada a la

parte demandante-apelante.25             La parte      demandante-apelante,

durante el juicio informó que diligenció la citación de la testigo, sin

embargo, la información brindada por la parte demandada-apelada

respecto a la dirección resultó ser diferente.26

         El 6 de julio de 2023, Patricia McCloskey no compareció a

juicio, por lo que la parte demandante-apelante decidió someter su

caso sin la comparecencia de dicha testigo.27 A preguntas de la

Jueza     de   si    presentaría    alguna     otra    prueba   testifical,   el

representante de la parte demandante-apelante expresó “No vamos

a presentar más ninguna prueba”.28

22 Véase TPO págs. 14-17.
23 Véase TPO pág. 10.
24 Véase TPO pág. 21.
25 Véase TPO págs. 33-34.
26 Véase TPO págs.137-138.
27 Véase TPO del 6 de julio de 2023 pág. 5 en las líneas 5-9.
28 Véase TPO del 6 de julio de 2023 pág. 6 en las líneas 6.
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         Finalmente, el 19 de julio de 2023, el TPI dictó Sentencia

declarando No Ha Lugar la Demanda presentada por la parte

demandante-apelante.29 El foro primario, luego de evaluada la

prueba presentada, concluyó lo siguiente:

         “[…]
         De la prueba admitida no surge duda alguna que el
         fuego se originó en el local de los demandados. La
         posición de la parte demandante es que procede ser
         indemnizado por los daños al interior del local
         arrendado. No obstante, como mencionamos antes, la
         causa de acción por daños extracontractuales requiere
         que se establezca por la parte demandante un acto u
         omisión negligente, que este fue la causa de los daños y
         los daños recibidos.

         En el presente caso no se presentó prueba alguna
         sobre la causa del incendio que demuestre que la
         parte demandada incurrió en un acto u omisión
         negligente por el cual deba responder. Aquí solo
         tenemos la ocurrencia del incendio que se originó en el
         local del Salón de Estrellas, por lo que no se cumplen
         los requisitos para la causa de acción e
         irremediablemente procede la desestimación.
         […]”30 (Énfasis suplido).

         Inconforme, el 2 de agosto de 2023, la parte demandante-

apelante presentó una Moción de Reconsideración de Sentencia.31 En

dicha moción, la parte demandante-apelante argumentó que, por

haber sido privado de la presentación de tres (3) testigos,

entiéndase: Patricia McCloskey, Romero Kelly, y un “representante

de Universal Insurance”, por la parte demandada-apelada, procedía

que se dejara sin efecto la sentencia y se celebrara un nuevo juicio.32

         Por su parte, el 17 de agosto de 2023, la parte demandada-

apelada presentó su Oposición a Reconsideración.33 En síntesis, la

parte demandada-apelada arguyó, entre otras cosas, que no

procedía     la   moción     de   reconsideración   pues   el   argumento

presentado por la parte demandante-apelante de que fue privado de

testigos era incorrecto debido a que Patricia McCloskey no era

29 Apéndice VII de la Apelación, págs.47- 58.
30 Íd.
31 Apéndice IV de la Apelación, págs.8-12.
32 Íd.
33 Apéndice II de la Apelación, págs.2-6.
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empleada de Universal Insurance Co., Romero Kelly compareció a

sala el 6 de julio de 2023, y el demandante-apelante decidió no

utilizarlo, y el “representante de Universal Insurance” no fue

especificado.34 El 24 de agosto de 2023, el TPI declaró No ha Lugar

la solicitud de reconsideración presentada por la parte demandante-

apelante.35

         Inconforme con la determinación del TPI, el 22 de septiembre

de 2023, la parte demandante-apelante acudió ante nos mediante el

presente recurso de Apelación. En su escrito señala la comisión de

los siguientes errores:

         Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
         Instancia al permitirle a la parte apelada a no seguir lo
         dispuesto en el Informe de Conferencia entre Abogados
         en cuanto a Testigos, despojando a los apelantes de su
         día en corte durante el juicio.

         Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
         Instancia al no tomar en cuenta los actos de mala fe de
         la representación legal de los apelados al ocultar
         testigos anunciados por la parte apelante, no
         permitiendo que desfilara su prueba en el juicio.

         El 30 de enero de 2024 la parte demandada-apelada presentó

su Alegato en Oposición.

         Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                         I.

         A. Citación de testigos

         La citación en los procedimientos civiles se refiere al

llamamiento de carácter obligatorio que realiza el secretario del

tribunal o un abogado para que una persona comparezca a un

procedimiento judicial en determinada fecha, hora y lugar. R.

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal

Civil, San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2017, sec. 1901,

34 Íd.
35 Apéndice I de la Apelación, pág. 1.
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pág. 237, citando a Irizarry Seda v. Almacenes Rodríguez, Inc., 124

DPR 794 (1989).

      La Regla 40.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 40.2,

establece en qué instancias se pueden expedir citaciones. Entre

ellas, dispone que se podrá expedir una citación “para requerir la

comparecencia a juicio o vista a la sala del tribunal en que el juicio

o la vista esté señalado.” Regla 40.2 de Procedimiento Civil, supra.

      El diligenciamiento de las citaciones está regulado por la Regla

40.3 de Procedimiento Civil, supra. En específico, establece que:

             “Una citación podrá ser diligenciada por el
      alguacil o alguacila, o por cualquier otra persona que
      no sea menor de dieciocho (18) años de edad que sepa
      leer y escribir y que no sea la parte, su abogado o
      abogada, sus parientes dentro del cuarto grado de
      consanguinidad o segundo de afinidad ni tenga interés
      en el pleito. El diligenciamiento de la citación a la
      persona a quien vaya dirigida se hará mediante la
      entrega de ésta a dicha persona o conforme a lo
      dispuesto en la Regla 4.4 para el diligenciamiento
      personal del emplazamiento. En los casos en que la
      citación requiera la comparecencia, ésta deberá estar
      acompañada con un cheque o giro por la cantidad de
      las dietas y del millaje según autorizado por ley. Cuando
      la citación se expida a solicitud del Estado Libre
      Asociado de Puerto Rico, sus agencias, municipios o
      dependencias, o de un oficial de éste, no será necesario
      ofrecer el pago de gastos de transportación ni dietas.

            La citación será diligenciada con no menos de
      veinte (20) días de anticipación a la fecha de
      cumplimiento, con excepción de la citación que
      requiera la comparecencia a juicio o vista, la cual
      podrá ser diligenciada fuera de dicho término.
            […]” (Énfasis suplido).

      El dejar de obedecer a las órdenes del Tribunal respecto a la

citación, sin mostrar justa causa, será considerado como desacato.

Regla 40.10 de Procedimiento Civil, supra. Esto es, así pues, según

explica el tratadista Hernández Colón, una citación debidamente

diligenciada, similar al emplazamiento, les confiere a los tribunales

jurisdicción sobre la persona citada. R. Hernández Colón, Op. cit.,

sec. 1910, pág. 243.
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      B. Descubrimiento de Prueba

      El descubrimiento de prueba son medios de mecanismos que

ofrecen las Reglas de Procedimiento Civil a las partes de un pleito

para poder “descubrir, obtener o perpetuar” prueba necesaria para

sostener sus alegaciones en el juicio. R. Hernández Colón, Op. cit.,

sec. 2801, pág. 333. El Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre

dichos mecanismos ha expresado que:

       “[…]un amplio y adecuado descubrimiento de prueba
      antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y
      evita los inconvenientes, las sorpresas y las
      injusticias que surgen cuando las partes ignoran
      hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos
      que en realidad son objeto del litigio.” (Énfasis
      suplido) (citas omitidas). E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9
      (2004),

      La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1,

regula el alcance del descubrimiento de prueba, sobre el mismo

expone:

             “El alcance del descubrimiento de prueba, a
      menos que sea limitado de algún modo por el tribunal,
      en conformidad con las disposiciones de estas reglas,
      será como sigue:
             (a) En general. Las partes podrán hacer
      descubrimiento       sobre    cualquier     materia,   no
      privilegiada, que sea pertinente al asunto en
      controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la
      reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso
      la existencia, descripción, naturaleza, custodia,
      condición y localización de cualesquiera libros,
      información          almacenada         electrónicamente,
      documentos u otros objetos tangibles, y la identidad y
      dirección de personas que conozcan hechos
      pertinentes. No constituirá objeción el que la
      información solicitada sea inadmisible en el juicio,
      siempre que exista una probabilidad razonable de que
      dicha información conduzca al descubrimiento de
      evidencia admisible.
             (b) Documentos, objetos y otra prueba obtenida
      en preparación para el juicio. Sujeto a las disposiciones
      del inciso (c) de esta regla, una parte podrá hacer el
      descubrimiento de documentos y objetos que, antes del
      pleito o para el juicio, hayan sido preparados por o para
      otra parte, o por o para el o la representante de dicha
      parte, incluyendo a su abogado, abogada, consultor,
      consultora, fiador, fiadora, asegurador, aseguradora o
      agente. Estarán fuera del alcance del descubrimiento
      las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o
      teorías legales sobre el caso, del abogado o de la
      abogada o de cualquier otro u otra representante de una
      parte. Una parte podrá requerir de la otra una lista de
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      las personas testigos que la parte solicitada intenta
      utilizar en el juicio, así como un resumen breve de lo
      que se propone declarar cada una. Igualmente,
      cualquier parte podrá requerir a cualquier otra que
      produzca copia de todas las declaraciones de testigos en
      poder de dicha parte. Asimismo, tanto las partes como
      las personas testigos pueden obtener copia de cualquier
      declaración prestada por ellas anteriormente. Para los
      propósitos de esta regla, una declaración prestada con
      anterioridad al juicio incluye cualquier declaración
      escrita, firmada o aprobada por la persona que la
      prestó, o cualquier tipo de grabación de una declaración
      o la transcripción de ésta.
      […]”

      Además de regular el alcance de descubrimiento de prueba, la

Regla 23.1de Procedimiento Civil, supra, establece la obligación de

las partes de actualizar, corregir o enmendar la prueba que se ha

descubierto y de notificarla. Al respecto, la Regla dispone

específicamente lo siguiente:

      “[…]
      (e) Obligación continua de actualizar, corregir o
      enmendar la prueba que se ha descubierto y de
      notificarla. Una parte que haya respondido a una
      solicitud de descubrimiento tiene el deber continuo de
      actualizar, corregir o enmendar sus respuestas y
      notificar a la parte contraria toda información adicional
      que obtenga con posterioridad a dicha solicitud y que
      esté relacionada con dicho descubrimiento, siempre que
      el tribunal se lo ordene o que ocurra lo siguiente:

      (1) Que la parte tenga conocimiento de que el material
      entregado está incorrecto o incompleto y que la
      información adicional o correctiva no se ha dado a
      conocer a la otra parte.
      (2) Que la parte tenga conocimiento de que la
      información    provista   en    la   contestación  del
      interrogatorio, el requerimiento de producción de
      documentos o el requerimiento de admisiones está
      incompleta o incorrecta y que la información adicional
      o correctiva no se ha dado a conocer.

      El incumplimiento de la parte con su obligación de
      preservar prueba estará sujeto a sanciones económicas
      o de cualquier otra índole que el tribunal estime a su
      discreción, incluyendo el desacato, según lo dispone la
      Regla 34.3. El incumplimiento de la parte con su
      obligación de actualizar, corregir o enmendar conlleva
      la exclusión en el juicio de la prueba no actualizada si
      surge que, antes del juicio, la parte tenía conocimiento
      o debió tenerlo de la información adicional o correctiva
      y no la actualizó, corrigió ni enmendó. No obstante, de
      así interesarlo, la parte que solicitó dicho
      descubrimiento podrá hacer uso evidenciario de dicha
      prueba. Si el descubrimiento de la prueba surge
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       durante el juicio,         se   proveerá      el   remedio     que
       corresponda.
       […]”

       C. Responsabilidad Civil por Daños

       Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico los actos y

omisiones en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia

son fuentes de obligaciones que generan responsabilidad civil

extracontractual. Pérez et al. v. Lares Medical, et al., 207 DPR 965,

976 (2021). Al respecto, el Artículo 1042 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 2992, dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.”36

Específicamente, respecto a las obligaciones que se derivan de actos

culposos o negligentes son de particular aplicación los Artículos

1802 y subsiguientes del Código Civil. Íd.

       El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141,

preceptúa de forma general que “[e]l que por acción u omisión causa

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar el daño causado.” Para reclamar bajo dicho Artículo el

resarcimiento de daños y perjuicios sufridos, un demandante debe

establecer: (1) la existencia de un daño real; (2) el nexo causal entre

el daño y la acción u omisión del demandado; y (3) el acto u omisión

cual tiene que ser culposo o negligente. Pérez et al. v. Lares Medical,

et al., supra, pág. 976; López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150

(2006).

       Al examinar estos requisitos, el Tribunal Supremo ha

señalado que el concepto de la culpa “es tan infinitamente amplio

como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de

36
  El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por
la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la
presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por
lo cual esta es la ley que aplica al caso.
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una persona que produce un mal o daño”. López v. Porrata Doria,

supra, pág. 150, citando a Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573,

579 (1982). Es decir, incluye todo tipo de transgresión humana

tanto en el orden legal como en el orden moral. Íd., pág. 150; Reyes

v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 313 (1970). Por lo tanto, “el

actuar que da lugar a la responsabilidad civil ha de ser ilícito,

contrario a la ley, orden público o buenas costumbres”. (cita omitida)

Íd., pág. 150.

      En Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860

(1976), el Tribunal Supremo explicó que se actúa de manera culposa

cuando no se obra como una persona de diligencia normal u

ordinaria, un buen padre de familia, conforme a las circunstancias

del caso. Lo determinante es cómo se hubiese desenvuelto en una

situación parecida una persona “de prudencia común u ordinaria”.

Íd. La culpa “es la falta del debido cuidado, que a la vez consiste en

no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de

la omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever

en las mismas circunstancias”. Pérez et al. v. Lares Medical, et al.,

supra, págs. 976-977, citando a López v. Porrata Doria, supra, pág.

151, citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). Es

también “la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo

podría haberse evitado el resultado dañoso”. López v. Porrata Doria,

supra, pág. 151, citando a Toro Aponte v. E.L.A., supra, pág. 473,

citando a C. Rogel Vide, La Responsabilidad Civil Extracontractual,

Ed. Civitas, 1976, pág. 90.

      Respecto a la negligencia, para determinar si se ha ocurrido

en responsabilidad civil extracontractual por omisión nuestro

ordenamiento jurídico ha establecidos dos criterios a considerar,

estos son:

      “(i) la existencia o inexistencia de un deber jurídico de
      actuar por parte del alegado causante del daño y (ii) si
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       de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado
       el daño.”37

       La existencia de un deber jurídico de actuar, cuando nos

referimos a la negligencia, se refiere a que “[…] tiene que existir un

deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y que ocurra el

quebrantamiento de ese deber”. Hernández Vélez v. Televicentro,

supra, pág. 813.

       El deber de indemnizar “presupone nexo causal entre el daño

y el hecho que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños

que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la

indemnización”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151, citando a

Estremera v. Inmobiliaria Rac., Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). En

nuestro ordenamiento jurídico, rige la doctrina de causalidad

adecuada, la cual establece que “no es causa toda condición sin la

cual   no    se   hubiera     producido      el   resultado,    sino   la    que

ordinariamente lo produce según la experiencia general.” Pérez et al.

v. Lares Medical, et al., supra, págs. 976-977, citando a López v.

Porrata Doria, supra, pág. 151, citando a Soc. de Gananciales v.

Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974). Este concepto de la causa

postula, además, que la ocurrencia del daño que da base a la

reclamación era previsible dentro del curso normal de los

acontecimientos. López v. Porrata Doria, supra, pág. 152. Es decir,

causa es la condición que ordinariamente produce el daño, según la

experiencia general, y este nexo causal puede romperse ante la

ocurrencia de un acto extraño. Íd.; Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR

294, 310 (1990).

       Por último, el concepto de daño se ha definido como “todo

menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma

jurídica, que sufre una persona y del cual haya de responder otra”.

37 Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 812 (2006) citando a Soc.

Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986).
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(cita omitida) López y otros v. Porrata Doria y otros, supra, pág. 151.

Sin daño o perjuicio no existe obligación de indemnizar. Íd.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en

Puerto Rico ya no opera la doctrina de res ipsa loquitur, por lo que

la parte reclamante en un caso de daños y perjuicios tiene el peso

de probar la existencia de todos los elementos, es decir la existencia

de la negligencia por la parte demandada, el daño y el nexo causal

entre ambos. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711

(2000). Esto es así pues el nuestro más alto foro entendió que “[e]l

mero hecho de que acontezca un accidente, no da lugar a inferencia

alguna de negligencia”. Admor. F.S.E. v.      Almacén Ramón Rosa,

supra, pág. 724 (citas omitidas).

      D. Apreciación de Prueba

      Es doctrina legal reiterada que la apreciación de la prueba

realizada por los foros de primera instancia debe ser objeto de gran

deferencia por los tribunales apelativos. McConell v. Palau, 161 DPR

734, 750 (2004). Ello implica que un tribunal apelativo debe

abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos y la

adjudicación de credibilidad que realizó el foro primario, evitando

descartarlas, modificarlas o sustituirlas por su criterio, aun cuando

en su evaluación particular hubiera emitido un juicio distinto.

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Argüello

v. Argüello, 155 DPR 62, 78 (2001). El fundamento de esta norma,

en cuanto a la prueba testifical, yace en que es el foro primario quien

de ordinario se encuentra en mejor posición para aquilatarla, ya que

es quien ve y oye a los testigos, pudiendo apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente,

formar en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen o no la

verdad. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-

68 (2009). En contraste, los foros apelativos solo contamos con
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récords mudos e inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291

(2001). Esta norma, sin embargo, no es absoluta, pudiendo un

apelante presentar prueba que demuestre que la apreciación

realizada por el foro sentenciador no fue correcta o no está

refrendada por la prueba presentada y admitida. Serrano Muñoz v.

Auxilio Mutuo, supra, pág. 741.

      Se ha reconocido en nuestro ordenamiento jurídico que, “ante

la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no

se favorece la intervención de los tribunales apelativos para revisar

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de Primera

Instancia”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219

(2021). Al respecto, el Tribunal Supremo ha expresado que “la tarea

de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la

prueba presentada, lo cual incluye, entre otros factores, ver el

comportamiento del testigo mientras ofrece su testimonio y

escuchar su voz”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

771 (2013). De esta manera, “la llamada deferencia judicial está

predicada en que los jueces de las salas de instancia están en mejor

posición para aquilatar la prueba testifical porque tienen la

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento del testigo”.

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra, pág. 219; Meléndez Vega

v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013).

      Incurre en pasión, prejuicio o parcialidad “aquel juzgador que

actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad que

adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes

o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la

prueba recibida en sala e incluso antes de que someta prueba

alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 782. Por su

parte, el error manifiesto ocurre cuando el foro apelativo queda
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convencido de que se cometió un error, a pesar de que haya

evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del tribunal,

porque existe un conflicto entre las conclusiones y el balance más

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida.

Íd., pág. 772. Véase, además, Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36

(1996).

      En cuanto al concepto “error manifiesto”, el Tribunal Supremo

ha expresado que “se incurre en un error manifiesto cuando 'la

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es

inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. Toro Martínez, 200

DPR 834, 859 (2018), citando a Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816,

(2002).

      Por lo tanto, la facultad de los tribunales apelativos para

sustituir el criterio de los tribunales de instancia se reduce a

aquellas circunstancias en las que, a la luz de la prueba admitida,

“no exista base suficiente que apoye su determinación”. Gómez

Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020); Pueblo v. Toro

Martínez, supra, pág. 859. Como es conocido, las diferencias de

criterio jurídico no cumplen con el referido estándar de revisión.

Gómez Márquez et al. v. El Oriental, supra.

                                  III.

      En su recurso de Apelación, la parte demandante-apelante

señala que erró el TPI al no seguir lo dispuesto en el Informe de

Conferencia entre Abogados en cuanto a los testigos, despojándolos

de su día en corte y al no tomar en cuenta los actos de mala fe de la

representación legal de la parte demandada-apelada al ocultar

testigos anunciados, evitando así que pudiera presentarlos como

prueba en el juicio. De la evaluación de los argumentos de las partes,

es forzoso concluir que no le asiste razón a la parte demandante-

apelante. Veamos.
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       En específico, la parte demandante-apelante arguye que la

parte demandada-apelada tenía conocimiento de que en el juicio se

estarían utilizando los testigos siguientes: Patricia McCloskey,

investigadora de la escena del fuego; un representante de la

compañía      aseguradora      Universal      Insurance,    que    no       estaba

identificado; y Sandro Romero Kelly, presidente del Salón de las

Estrellas.

       De conformidad con el expediente judicial y la trascripción de

la prueba oral, el 5 y 6 de julio de 2023 se celebró el juicio a su

fondo.38 De la prueba presentada surge que la parte demandante-

apelante diligenció el emplazamiento de Patricia McCloskey en las

oficinas de Universal Insurance Co. el 28 de junio de 2023. Sin

embargo, dicha testigo no era empleada de Universal Insurance Co.

y no tenían control sobre su comparecencia, por lo que la testigo no

compareció a juicio.39 Sobre este particular, la parte demandante-

apelante “asumió” que Patricia McCloskey era empleada de

Universal Insurance Co. debido a que su informe fue preparado en

papel timbrado de dicha compañía aseguradora, por tanto diligenció

su citación en las oficinas de la aseguradora.40                     La parte

demandante-apelante, como muy bien señaló el TPI, tenía la

obligación de descubrir la prueba necesaria respecto a la identidad

de sus testigos conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y no

esperar hasta el día del juicio para traer ante la consideración del

foro primario dicho asunto.41 La alegación de la parte demandante-

apelante de que fue privado de su día en corte al no poder presentar

prueba de alegados actos de mala fe de la parte demandada-apelada

es improcedente en derecho. Por el contrario, era responsabilidad de

la   parte    demándate-apelante           utilizar   los   mecanismos         de

38 Véase TPO del 5 y 6 de julio de 2023.
39 Véase TPO del 5 de julio de 2023 en las págs. 6-10. Apéndice XVI de la

Apelación, págs. 79-327. Apéndice XVII de la Apelación, págs. 329-333.
40 Véase TPO del 5 de julio de 2023 en la pág. 16.
41 Íd. en las págs. 20-21.
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descubrimiento de prueba que proveen las Reglas de Procedimiento

Civil para descubrir la información necesaria y así evitar

encontrarse con sorpresas e inconvenientes en los días de juicio.

       Además, es importante puntualizar que la parte demandada-

apelada informó que la testigo Patricia McCloskey no era empleada

de Universal Insurance Co. sin habérselo requerido la parte

demandante-apelante, por lo que dicha parte cumplió con su deber

de informar y no actuó de mala fe, ni muchos menos realizó un acto

de ocultar testigos. Véase E.L.A. v. Casta, supra, en la pág. 9.

       Debemos también señalar que el TPI permitió que la parte

demandante-apelante diligenciara nuevamente la citación de la

testigo Patricia McCloskey durante el primer día de juicio, de manera

que pudiera presentar su testimonio al día siguiente. Sin embargo,

ante la incomparecencia de la testigo, la parte demandante-apelante

decidió dar su caso por sometido sin presentar su testimonio.42

       También enfatizamos que la parte demandante-apelante

decidió no presentar el testimonio de Sandro Romero Kelly, a pesar

de que lo había anunciado como testigo. Este testigo fue traído a

juicio por la parte demandada-apelada el 6 de julio de 2023.43 De

igual manera, el testigo denominado “representante de Universal

Insurance”      nunca       fue   especificado.     Al   respecto,   la   parte

demandante-apelante expresó en el juicio que: “[e]se último testigo,

si se establece que es un récord de negocios y se puede estipular el

expediente completo, no habría que traerlo, entiendo yo”. 44

       Por lo tanto, en el presente caso, por la parte demandante-

apelante no haber descubierto prueba respecto a la testigo que

pretendía presentar en juicio, renunciar a otro testigo que fue traído

a juicio, y no especificar quién era el testigo denominado

42 Véase TPO del 6 de julio de 2023 en las pág. 5, líneas 4-9.
43 Íd. en la págs. 6-7, líneas 20-25.
44 Véase TPO del 5 de julio de 2023 en las pág. 8, líneas 1-4.
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“representante de Universal Insurance”, concluimos que no

proceden los errores señalados en su recurso, pues fueron sus

actuaciones las que le impidieron presentar su prueba en el juicio.

Porl lo tanto, determinamos que no incidió el foro primario en la

apreciación de la prueba.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones