Court Opinion

ID: 9928502
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:20:06.139213+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:40.757625
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         PANEL XI

       ISLA DEL CARIBE                                         Apelación
      DEVELOPMENT, INC.                                      procedente del
                                                          Tribunal de Primera
       Demandante Apelante                                   Instancia, Sala
                                                            Superior de San
                                            KLAN202300950         Juan
                       v.
                                                                     Caso Núm.:
                                                                   HU2023CV00275
  SISTEMA UNIVERSITARIO                                              (Salón 603)
    ANA G. MÉNDEZ, INC.
         Y OTROS                                                        Sobre:
                                                                   Cobro de Dinero
        Demandada Apelada                                          Ordinario y Otros

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Candelaria Rosa, Juez Ponente

                                      SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

        Comparece Isla del Caribe Development, Inc. (Isla del Caribe o

apelante) mediante apelación para solicitar la revocación de la

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan, emitida el 2 de octubre de 2023. Mediante dicho dictamen, se

confirmó la sentencia sumaria emitida por el mismo foro desestimando

la demanda del apelante por no haberse incumplido con una obligación

contractual. Por los fundamentos que expresamos a continuación,

confirmamos la Resolución apelada.

        En síntesis, el caso de epígrafe trata de una demanda por un

supuesto incumplimiento de contrato por el Sistema Universitario Ana

G. Méndez, Inc. (SUAGM o apelado). Según las alegaciones, Isla del

Número Identificador

SEN2023 _______________
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Caribe y SUAGM suscribieron un contrato de arrendamiento en el

2008, conteniendo la siguiente cláusula:

      DÉCIMA-TERCERA: […] Queda convenido también que durante
      la vigencia del presente contrato, la PARTE ARRENDATARIA
      podrá en cualquier momento cancelar el [presente contrato] con la
      mera notificación por escrito [a la PARTE ARRENDADORA] por
      correo certificado con acuse de recibo con por lo menos sesenta (60)
      días de antelación a la fecha de la cancelación del contrato, no
      incurriendo e responsabilidad legal o económica alguna frente a la
      PARTE ARRENDADORA.

      En el 2015, el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico emitió

una orden protectora sobre la referida propiedad como parte de un

proceso criminal, asignando al Clerk's Office del Distrito de Puerto

Rico como custodio sustituto. Al percatarse de lo ocurrido, SUAGM

remitió una carta fechada 4 de marzo de 2015 por correo certificado al

Clerk's Office, informando que la terminación del contrato se realizará

el 31 de mayo de 2015. Posterior a esto, el representante legal de Isla

del Caribe envió una carta a SUAGM, solicitando una reunión entre las

partes para discutir sobre la relocalización del centro de enseñanza de

SUAGM. Como respuesta a esta inquietud, SUAGM contestó con una

breve explicación de su terminación de contrato, adjuntando copias de

sus comunicaciones con el Clerk's Office. Insatisfecho, Isla del Caribe

instó una demanda contra SUAGM, alegando incumplimiento

contractual que causó daños en la propiedad y evasión de pagar lo

debido por el arrendamiento. Esta demanda adjuntó una declaración

jurada del vicepresidente de Isla del Caribe, en la cual confirma haber

recibido la antes mencionada carta de SUAGM.

      Pronto después, SUAGM solicitó al foro primario que dicte

sentencia sumaria argumentando que los hechos demuestran su

cumplimiento contractual de notificar a Isla del Caribe. Luego de varias

réplicas y dúplicas presentadas por ambas partes, incluyendo una
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declaración jurada del presidente de Isla del Caribe explicando que

SUAGM no le notificó correctamente, el foro primario dictó sentencia

sumariamente. Esta Sentencia concluyó que SUAGM cumplió con su

obligación de notificar a Isla del Caribe sobre la terminación del

contrato, por lo que derrota las causas de acción de daños contractuales

y cobro de dinero invocadas por el apelante.

      Por todo lo anterior, Isla del Caribe recurre ante este Tribunal,

alegando que el foro primario erró (1) al determinar que no existía

controversia de hechos esenciales y por ello dictando sentencia de

forma sumaria, (2) al determinar que SUAGM cumplió con el contrato,

(3) al determinar que la declaración jurada del presidente de la

corporación era repetitiva, infundada y contradictoria, y (4) al imponer

honorarios por temeridad a Isla del Caribe. Oportunamente, SUAGM

se opuso, alegando que (1) el Tribunal de Apelaciones carece de

jurisdicción sobre la materia por Isla del Caribe repetir los mismos

argumentos en su mociones pre-sentencia y de reconsideración, (2) que

SUAGM cumplió con las estipulaciones del contrato, y (3) que no

existían controversias de hechos materiales y esenciales, (4) que la

declaración jurada del presidente de Isla del Caribe fue insuficiente y

contradictoria a la prueba documental, y (5) que la imposición de

honorarios por temeridad es correcto por Isla del Caribe haber admitido

que fue notificado de la terminación del contrato.

      Vale recordar que nuestro ordenamiento jurídico contempla que

cualquiera de las partes pueda solicitar que se disponga sumariamente

la totalidad o cualquier parte de una reclamación. Regla 36 de

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V); Torres Pagán et al. v.

Mun. de Ponce, 191 DPR 583 (2014). La Regla 36 de Procedimiento
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Civil exige que el peticionario de un dictamen sumario establezca su

derecho con claridad y demuestre que no existe controversia sustancial

sobre algún hecho material, es decir, suficiente para que sea necesario

dirimirlo en un juicio plenario. Regla 36.1 de Procedimiento Civil de

2009, supra. Véase Birriel Colón v. Supermercado Los Colobos (Econo

Rial, Inc.) et al., 2023 TSPR 120 (citando a Aponte Valentín et al. v.

Pfizer Pharm., 208 DPR 263, 277 (2021); Zambrana García v. ELA et

al., 204 DPR 328, 341-342 (2020); SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo,

189 DPR 414, 430 (2013); Jusino et al. v. Walgreens, 155 DPR 560,

577 (2001)). Para ello, la parte promovente viene obligada a desglosar

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no existe controversia

sustancial, en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de

ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra

prueba admisible en evidencia que lo apoya. SLG Zapata-Rivera v. JF

Montalvo, supra; Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009,

supra.

         Asimismo, la Regla 36 regula la oposición a que se dicte

sentencia sumaria, la cual debe citar específicamente los párrafos

enumerados que entiende están en controversia y, para cada uno de los

que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla

36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra. Como se puede

apreciar, el oponente debe controvertir la prueba presentada con

evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus

alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc. et al., 199 DPR 664

(2018). En la medida en que meras afirmaciones no bastan para derrotar

una solicitud de sentencia sumaria, la parte opositora debe presentar
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contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en

controversia los hechos presentados. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200 (2010).

      Ahora bien, en lo atinente al estándar de revisión aplicable, este

Tribunal de Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de

primera instancia al determinar la correspondencia de la sentencia

sumaria, aunque limitado a considerar aquellos documentos

presentados en el foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4

de Procedimiento Civil 2009, supra. Debemos, por tanto, examinar de

novo el expediente y verificar que tanto la moción de sentencia sumaria

como su oposición cumplan con los requisitos de forma; luego, revisar

si en realidad existen hechos materiales en controversia y, de encontrar

que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, revisar de

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el

derecho. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc. et al., 193 DPR

100 (2015).

      Teniendo en cuenta lo anterior, una parte adversamente afectada

por una orden, resolución o sentencia del Tribunal de Primera Instancia

puede presentar una moción de reconsideración. Regla 47 de

Procedimiento Civil de 2009, supra. Tal solicitud debe exponer con

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que el

promovente estima que deben reconsiderarse. Íd. No obstante, para que

las solicitudes interrumpan el término estricto de treinta (30) días para

recurrir al foro apelativo vía apelación, estas deben presentarse dentro

de los quince (15) días de archivarse en autos la notificación de la

determinación. Íd. Véase, también, Regla 52.2 de Procedimiento Civil

de 2009, supra. De no presentarse oportunamente la apelación, el foro
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apelativo carecerá de jurisdicción para evaluar el caso en contienda.

Véase JMG Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708 (2019).

      Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha determinado que la

especificidad referida en la Regla 47 de Procedimiento Civil “es el

criterio rector que debe evaluarse al momento de determinar si una

moción de reconsideración interrumpió el término para apelar o acudir

en revisión”. Morales v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 12 (2014)

(citando a Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la

Conferencia Judicial y Notarial, 2008, pág. 551; J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2a ed., San Juan, Pubs.

JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1366; R. Hernández Colón, Práctica

Jurídica de Puerto Rico, 5a ed., Lexis Nexis, 2010, sec. 4603, págs.

395-397)). Además, “la moción que se presente al amparo de esta regla

no puede utilizarse para introducir prueba que estuvo disponible en el

juicio o traer nuevas teorías”. Íd., pág. 10 (citando a J.A. Cuevas

Segarra, op. cit., pág. 1261).

      Con respecto a la obligación contractual, el Artículo 1812 del

Código Civil de 2020 establece que los actos y contratos celebrados

bajo el régimen del Código Civil de 1930 surten todos sus efectos según

la misma. Artículo 1812 del Código Civil de 2020 (31 LPRA. sec.

11717). A esos efectos, el Código Civil de 1930 señala que los contratos

tienen fuerza de ley y las partes deben cumplir con lo dispuesto en él.

Art. 1044 del Código Civil de 1930 (31 LPRA sec. 2994). Para que un

contrato sea válido, se requiere el consentimiento de los contratantes,

el objeto cierto materia del contrato, y la causa de la obligación. Art.

1213 del Código Civil de 1930, supra. De consentirse, el contrato se
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perfecciona y desde ese entonces obligará a las partes a cumplir con lo

expresadamente pactado y las consecuencias que sean conformes a la

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil de 1930, supra.

Cónsono con lo anterior, se interpretará un contrato en su sentido literal

si sus términos son claros y no dejan duda sobre la intención de los

contratantes. Art. 1233 del Código Civil de 1930, supra. Sin embargo,

de notarse que las palabras en el contrato contradicen la intención

evidente de los contratantes, prevalecerá la intención. Íd. Véase,

también, Art. 1235 del Código Civil de 1930, supra.

      Por otro lado, el ordenamiento federal ha determinado que

cuando un individuo o una entidad es convicta de haber abusado de la

manufactura, distribución o dispensa de sustancias controladas, este

podrá perder su propiedad ante el gobierno estadounidense. Véase 21

USC sec. 853(a). Para ejecutar el referido acto, el tribunal federal puede

asignar a un receiver, quien será el custodio sustituto de la propiedad.

Íd., sec.853(e)(2). Aunque existe poco análisis jurídico en el ámbito

criminal, los receivers en casos civiles tienen discreción de si adoptar

los contratos o aceptar los arrendamientos que obligaban las partes

contratantes. L. E. Griffith, Jr., “Preexisting executory contracts subject

to authority and election of receiver” en American Jurisprudence, 2.a

ed., Nueva York, Ed. Lawyers Cooperative Publishing, 2023. Véase,

también, United States Trust Co. v. Wabash W.R. Co., 150 US 287

(1893); 16 Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations Sec. 7794

(2023) (citando a Quincy, Missouri & Pacific R. Co. v. Humphreys, 145

US 82, 102 (1892)).

      De adoptar o aceptar un contrato de arrendamiento, el receiver

será responsable de cumplir con todas las cláusulas y condiciones del
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acuerdo. Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, supra, Sec.

7794 (citando a Quincy, Missouri & Pacific R. Co. v. Humphreys, 145

US 82, 102 (1892)). Por lo tanto, si el receiver viola alguna cláusula del

contrato, este será responsable por los daños que ocasione. Véase

Fletcher Cyclopedia of the Law of Corporations, supra, Sec. 7795

(citando a Boston-Continental Nat. Bank v. Wendell Phillips Co., 84

F.2d 599 (1st Cir. 1936); Kennedy v. Boston-Continental Nat. Bank, 84

F.2d 592 (1st Cir. 1936); In re Mullings Clothing Co., 252 F. 667 (D.

Conn. 1918)).

      De conformidad con los hechos de este caso, este Tribunal tiene

jurisdicción sobre la controversia, pues nos resulta palmario que los

argumentos utilizados en la solicitud de reconsideración fueron

suficientes y, por efecto, interrumpieron el término para apelar. No

obstante, resulta igualmente evidente que el apelado notificó la

terminación del contrato al custodio sustituto tal como dispuesto en la

cláusula Décimo-Tercera. El Clerk's Office tenía la discreción de

adoptar o terminar el contrato, es decir, es la parte a quien correspondía

remitir cualquier asunto que involucrara la vigencia del contrato de

arrendamiento. Aun así, queda claro que el apelante fue igualmente

advertido de la terminación del contrato dentro del término acordado.

Una evaluación de la cláusula en cuestión demuestra la intención de los

contratistas de poder avisarse la terminación y comprobar que la otra

parte haya sido notificada del mismo. Por lo tanto, al Isla del Caribe

confirmar que fue notificado de la terminación del contrato, así como a

partir de la notificación efectuada al Clerk's Office, es claro que

SUAGM no incumplió su obligación contractual y, por ende, no es
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responsable por los daños ocasionados a la propiedad o por el cobro de

dinero.

      Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Álvarez Esnard concurre sin escrito.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones