Court Opinion

ID: 9928595
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:28:16.235458+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:33.555160
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VI

  CARLOS GONZÁLEZ                                 RECURSO DE
      RIVERA                                      REVISIÓN
                                                  procedente de la
        Recurrente                                Junta de Libertad
                              KLRA202300607       Bajo Palabra
             v.
                                                  Caso núm.: 89221
  JUNTA DE LIBERTAD
    BAJO PALABRA                                  Sobre: No concesión
                                                  del privilegio de
        Recurrida                                 libertad bajo palabra

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio,

el Sr. Carlos Luis González Rivera (señor González Rivera o parte

recurrente) mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe y nos

solicita que revoquemos la determinación de la Junta de Libertad

Bajo Palabra (Junta o parte recurrida) dictada el 11 de julio del

2023, archivada en autos el día 19 de julio siguiente. En el referido

dictamen,    la    Junta   decidió    no   conceder   el   privilegio   al

compareciente.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, ante

su presentación tardía.

                                     I.

      El señor González Rivera se encuentra confinado en la

Institución Correccional Bayamón 501. Extingue una condena de

setenta y nueve (79) años y seis (6) meses por los delitos de

escalamiento agravado, robo, secuestro, secuestro agravado,

violación e infracciones a la Ley de Armas.

Número Identificador
SEN2023_________________________
KLRA202300607                                                         2

       En lo que nos concierne, una vez la Junta adquirió

jurisdicción sobre el caso del recurrente, evaluó su expediente para

la consideración de la libertad bajo palabra. Celebrada la vista que,

según expresa el señor González Rivera, aconteció el 5 de julio de

2023,1 la Junta determinó probados los siguientes hechos:

          1. Surge del expediente que el peticionario posee una
          sentencia pendiente a cumplir en el Estado de New
          Jersey por la comisión de delitos a nivel federal. Por lo
          que, el peticionario posee un “detainer” pendiente.

          2. Surge del expediente [que] carece de un amigo
          consejero y oferta de empleo corroborados por el
          Programa de Comunidad correspondiente del DCR.

          3. El peticionario carece de una residencia corroborada
          por el Programa de Reciprocidad del DCR.

          4. Surge del expediente que la Junta le conceda el
          privilegio de libertad bajo palabra para que así pueda
          ser trasladado a comenzar a extinguir la sentencia que
          adeuda en el estado de New Jersey.

          5. Surge de la evaluación psicológica, realizada el 19 de
          diciembre de 2023 [sic] por la Dra. Legna M. Ortega
          Median, [sic] de la Sección Programa de Evaluación y
          Asesoramiento (SPEA) en Bayamón, que el peticionario
          presenta varios factores de riesgo entre los cuales
          encontramos, que niega los delitos imputados
          referentes a agresión sexual, los delitos por los cuales
          cumple sentencia atentan contra la integridad
          humana, cuenta convicciones legales previas en PR y
          en E.E.U.U., [sic] historial adictivo en el uso de
          sustancias controladas entre otros. Además, cabe
          señalar según se desprende de las conclusiones
          realizada[s] en la evaluación psicológica se desprende
          “que en la prueba de personalidad refleja hipótesis
          asociadas a pobre control de impulsos, conductas y
          emociones”.

          6. El peticionario se encuentra clasificado en custodia
          mediana, desde el 25 de enero de 2012, según consta
          en su expediente.

          7. El peticionario completó tratamiento adictivo el 8 de
          diciembre de 2021.

          8. El peticionario completó el programa Vivir Sin
          Violencia el 19 de diciembre de 2022.

1 Apéndice del recurso, Anejo 1.
KLRA202300607                                                                  3

           9. El peticionario posee la toma de muestra de ADN
           realizada el 25 de septiembre de 2015, conforme la Ley
           175-1998.

        A esos efectos, la Junta acordó denegar la concesión del

privilegio al señor González Rivera. No obstante, anticipó una nueva

consideración del caso en julio de 2024. Así fue emitido en la

correspondiente Resolución,2 archivada en autos el día 19 de julio

de 2023, pero cuyo sobre está sellado por el correo el 21 de julio de

2023.3

         Inconforme, el 3 de agosto de 2023, el señor González Rivera

instó oportunamente a la Junta a reconsiderar su decisión.4 En

esencia, arguyó que se arrepentía de los delitos cometidos e intentó

subsanar las carencias del expediente, tales como el hogar viable, la

amiga consejera y la oferta de empleo. Impugnó también el informe

de la Dra. Ortega Medina. La Junta, por su parte, denegó de plano

el pedimento, según consta del escrito del señor González Rivera.

        Así las cosas, ante el silencio de la Junta, el 31 de octubre de

2023,      el     recurrente     presentó     una     segunda       Petición   de

Reconsideración contra la misma Resolución.5 No existe en el

expediente ningún pronunciamiento de la Junta. Entonces, el 27 de

noviembre de 2023, la parte recurrente incoó el recurso del título

ante este foro intermedio. En este, indicó que la determinación

administrativa fue notificada el 16 de octubre de 2023.6 Sin

embargo, acotó:

           .    .      .      .     .     .    .      .
           6. El recurrente expone para conocimiento de este
           Honorable Tribunal y hace constar para el record [sic]
           que el 1 de [a]gosto de 2023 recibió por correo legal
           copia de la [R]esolución emitida el 11 de [j]ulio de
           2023 por la [Junta de Libertad Bajo Palabra], donde
           [sic] el recurrente procedi[ó] a someter su [P]etición
           de [R]econsideración y los fundamentos que tenía
           para ello.7 (Énfasis nuestro).

2 Íd., Anejo 3.

3 Íd., Anejo 2.

4 Íd., Anejo 4.

5 Íd. Anejo 38.

6 Refiérase a la Revisión Administrativa, a las págs. 2 y 12, acápite 22.

7 Íd., a la pág. 4, acápite 6.
KLRA202300607                                                       4

      Así pues, el recurrente señaló que la Junta cometió los

siguientes errores:

        ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA
        MEDIANTE CRASO DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO
        DE SUS FUNCIONES NO ACTUÓ DENTRO DEL
        TÉRMINO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS QUE
        DISPONE EL REGLAMENTO NÚM. 9232 DE LA [JUNTA
        DE LIBERTAD BAJO PALABRA], EN SU ARTÍCULO
        15.1 INCISO (D) PARA ATENDER Y DECIDIR SI ACOGE
        LA PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN. QUEDANDO A
        LA SOBERANA VOLUNTAD Y DISCRECIÓN DE LA
        JUNTA     EL    NO    CUMPLIR,   NI  OBSERVAR
        ESTRICTAMENTE SU REGLAMENTO, LO QUE
        INDUDABLEMENTE CONSTITUYE UN ERROR MUY
        FUNDAMENTAL.

        ERRÓ LA JUNTA [DE] LIBERTAD BAJO PALABRA AL
        VIOLAR EL DEBIDO PROCESO DE LEY, QUE
        GARANTIZA LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS
        UNIDOS Y PUERTO RICO, CUANDO NO SE LE
        OFRECIERON      LAS      MÍNIMAS    GARANT[Í]AS
        PROCESALES DE UN DEBIDO PROCESO DE LEY EN
        LA ETAPA DE RECONSIDERACIÓN. LA JUNTA
        VIOLENT[Ó] SU REGLAMENTO NÚM. 9232 DE LA
        [JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA] EN SU
        ARTÍCULO 15, INCISO (D), MEDIANTE INDIFERENCIA
        DELIBERADA NO ACTUÓ DENTRO DE LAS QUINCE
        (15) DÍAS CALENDARIOS Y NO REPLIC[Ó], NI
        SOLUCIÓN[Ó] LA PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN
        IGNORANDO LOS RECLAMOS DEL RECURRENTE.
        SI[E]NDO DICHA ACCIÓN UNA CONTRARI[A] A
        DERECHO, IRRAZONABLE E ILEGAL LA CUAL EST[Á]
        VICIADA POR UN ERROR FUNDAMENTAL QUE
        CONTRADICE LA NOCIÓN MÁS B[Á]SICA Y
        ELEMENTAL DE LO QUE CONSTITUYE UN
        PROCEDIMIENTO JUSTO E IMPARCIAL Y BAJO UN
        MENOSPRECIO.

      Analizado el recurso y, a tenor de la determinación arribada,

acordamos prescindir del escrito de la parte recurrida “con el

propósito de lograr [el] más justo y eficiente despacho”, según nos

faculta la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B.

                                 II.
KLRA202300607                                                       5

      Es por todos sabido que las cuestiones relativas a la

jurisdicción son de carácter privilegiado y que las mismas deben

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR

122 (1998). La falta de jurisdicción no es susceptible de ser

subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales

pueden considerarlo, incluso, motu proprio. S.L.G. Szendrey-Ramos

v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR

1 (2007). Por esto, cuando         determinado     foro   carece   de

jurisdicción, el único proceder correcto en derecho es así

declararlo y, consecuentemente, desestimar la controversia

sometida a su consideración. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156

DPR 584 (2002).

      Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento

establece que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta

instancia, el mismo debe ser desestimado. Moreno González v. Coop.

Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); Juliá, et als v. Epifanio Vidal,

153 DPR 357 (2001). Así pues, su presentación carece de eficacia y

no produce efecto jurídico alguno, dado a que no existe autoridad

judicial para acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208

(2000).

      En cuanto a la materia que atendemos, la revisión judicial

constituye el remedio exclusivo para auscultar los méritos de una

decisión administrativa. En lo pertinente, la Sección 3.15 de la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq.

(LPAUG), estatuye que “[l]a parte adversamente afectada por una

resolución . . . final podrá, dentro del término de veinte (20) días

desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución

. . . presentar una moción de reconsideración de la resolución .
KLRA202300607                                                       6

. . La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado

dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no

actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar

revisión comenzará a correr nuevamente . . . desde que expiren

esos quince (15) días. . .” (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9655.

Añade la disposición legal que “[s]i la fecha de archivo en autos de

copia de la notificación de la . . . resolución es distinta a la del

depósito en el correo ordinario . . . el término se calculará a partir

de la fecha del depósito en el correo ordinario . . .” Íd.

      Cónsono con lo anterior, la Sección 15.1, Reconsideración del

Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento 9232

de 18 de noviembre de 2020, dispone como sigue:

         A. Cualquier parte adversamente afectada por una
         resolución u orden parcial o final, podrá solicitar a la
         Junta reconsideración sobre la misma dentro del
         término de veinte (20) días calendario desde la fecha de
         archivo en autos de la notificación de la resolución u
         orden.

         B. La solicitud se hará por escrito con el título de
         “Reconsideración”,      y     podrá    ser     radicada
         personalmente, en la Secretaría de la Junta, o por
         correo electrónico o regular, en cuyo caso se tiene que
         consignar la palabra “Reconsideración” en el sobre
         postal.

         C. Para determinar la fecha de radicación se atenderá
         única y exclusivamente a la fecha en que el escrito fue
         sellado como recibido en la Secretaría de la Junta,
         durante horas laborables. Cuando la moción de
         reconsideración haya sido presentada por un
         miembro de la población correccional, por derecho
         propio, la fecha de radicación será el día en que
         entregó el escrito al funcionario de la institución
         correccional, quien será responsable de tramitar el
         envío del escrito a la Junta.

         D. La Junta deberá considerar dicha moción dentro de
         los quince (15) días calendario desde la fecha de
         presentación de la moción. Si la Junta la rechazare de
         plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el
         término para solicitar revisión comenzará a correr
         nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria
         o desde que expiren esos quince (15) días, según sea
         el caso. Si se tomare alguna determinación en su
         consideración, el término para solicitar revisión
         empezará a contarse desde la fecha en que se archive
         en autos una copia de la notificación de la resolución
         resolviendo    definitivamente     la    moción     de
         reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y
         archivada en autos dentro de los noventa (90) días
         calendario siguientes a la radicación de la moción de
KLRA202300607                                                                      7

          reconsideración. Si la Junta acoge la moción de
          reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
          relación a la moción dentro de los noventa (90) días
          calendario de esta haber sido radicada, perderá
          jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar
          la revisión judicial empezará a contarse a partir de la
          expiración de dicho término de noventa (90) días salvo
          que la agencia, por justa causa y dentro de esos
          noventa (90) días, prorrogue el término para resolver
          por un periodo que no excederá de treinta (30) días
          calendario adicionales. (Énfasis nuestro).

       Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672,

establece lo siguiente:

          Una parte afectada por una orden o resolución final
          de una agencia y que haya agotado todos los
          remedios provistos por la agencia o por el organismo
          administrativo apelativo correspondiente, podrá
          presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal
          de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30)
          días contados a partir de la fecha del archivo en autos
          de la copia de la notificación de la orden o resolución
          final de la agencia o a partir de la fecha aplicable a las
          dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley cuando el
          término para solicitar la revisión judicial haya sido
          interrumpido mediante la presentación oportuna de
          una moción de reconsideración. . . (Énfasis nuestro).

       En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece igual

término para la formalización de un recurso administrativo,

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional, no

susceptible a interrupción.

                                      III.

       Analizados minuciosamente la información y los documentos

incluidos por el recurrente en su recurso de revisión judicial, surge

claramente que estamos impedidos de atender el mismo en sus

méritos. Como reseñamos, el señor González Rivera impugnó la

determinación administrativa emitida el 11 de julio de 2023 por la

Junta; cuyo depósito en el correo se selló el 21 de julio de 2023.8

Aun cuando el término para reconsiderar culminó el 10 de agosto

8 La parte recurrente recibió el dictamen administrativo el 1 de agosto de 2023.
KLRA202300607                                                              8

de 2023, el recurrente de manera oportuna interpuso una Petición

de Reconsideración el 3 de agosto de 2023.

       De la propia contención del señor González Rivera en su

recurso de revisión judicial y del expediente que revisamos surge

que la Junta denegó de plano la solicitud. A esos efectos, el término

de treinta (30) días para acudir ante esta Curia comenzó a cursar

luego de transcurridos los quince (15) días de la presentación de la

Petición de Reconsideración, esto es, el 18 de agosto de 2023; por lo

que el término para presentar el recurso de revisión judicial expiró

el 18 de septiembre de 2023.9

       No obstante, el 31 de octubre de 2023,10 el recurrente instó,

por segunda ocasión, una Petición de Reconsideración contra la

misma Resolución. Si bien el referido documento, a diferencia del

primero, tiene a manuscrito una fecha de notificación del 16 de

octubre de 2023, el señor González Rivera reconoció en dicho escrito

lo siguiente:

          .     .     .       .      .       .      .       .
          14. Basado en el record [sic] ante ello, el peticionario
          presenta evidencia contundente que el 1 de [a]gosto de
          2023 mediante el servicio correo legal de la
          Institución 501 de Bayamón recibi[ó] por correo la
          [R]esolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra,
          objeto de reconsideración. Así lo afirma, el sello
          correccional y la firma de la oficial María A. Pacheco
          Torres, en el sobre legal de la Junta de Libertad Bajo
          Palabra. (Énfasis nuestro).11

       Incluso, culminó su escrito con la siguiente nota: “Esta es la

segunda       Petición     de     Reconsideración          que    somete   el

peticionario apelando ante la Junta la misma Resolución”.12

(Énfasis nuestro).

9 El 17 de septiembre de 2023 fue domingo, por lo que el plazo se extendió al

próximo día laborable: lunes, 18 de septiembre de 2023.
10 Recibido el 2 de noviembre de 2023.

11 Véase el Apéndice del recurso, Anejo 38, pág. 9, acápite 14.

12 Íd., pág. 11.
KLRA202300607                                                            9

       Como se sabe, el ordenamiento procesal administrativo no

contempla la presentación de dos escritos de reconsideración contra

el mismo dictamen. Asimismo, la Sección 3.15 de la LPAUG, supra,

provee un término cierto y específico en los casos en que los

organismos administrativos, a su entera discreción, deciden

denegar de plano una solicitud de reconsideración. Por igual, el

Reglamento 9232 reproduce idénticos términos. Nótese, además,

que la propia Resolución impugnada advirtió adecuadamente a la

parte recurrente cómo proceder en esa circunstancia.13 Por ende,

conforme con la Sección 4.2, antes citada, el plazo jurisdiccional

para acudir ante esta Curia expiró. Esto, debido a que el recurrente

presentó su petición de revisión el 27 de noviembre de 2023, setenta

(70) días tarde, por lo que irremediablemente falló en presentar a

tiempo el recurso de revisión del título. Recuérdese que la solicitud

de revisión judicial debió presentarse ante este foro intermedio no

más tarde de 18 de septiembre de 2023.

       En fin, resulta forzoso colegir que este tribunal carece de

jurisdicción para revisar la Resolución recurrida.

                                        IV.

       Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso

de epígrafe por falta de jurisdicción ante su presentación tardía.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 Véase el Apéndice del recurso, Anejo 3, a la pág. 3.