Court Opinion

ID: 9928589
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:27:40.822085+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:16.289123
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

  JEANNETTE RAMOS                                   REVISIÓN
     GONZALEZ                                   ADMINISTRATIVA
      Recurrente                                  procedente del
                                                   Negociado de
                                               Seguridad de Empleo
            V.                                        (NSE)

    NEGOCIADO DE           KLRA202300511      Caso Núm.: F-02243-
    SEGURIDAD DE                                     235
     EMPLEO (NSE)
       Recurrido                               Sobre: Inelegibilidad
                                                a los beneficios de
                                                compensación por
                                                    desempleo.
                                               Sección 4(b)(2) de la
                                               Ley de Seguridad de
                                                Empleo de Puerto
                                                       Rico

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2023.

      Recurre ante nos la Sra. Jeannette Ramos González (Sra.

Ramos o Recurrente) mediante un Recurso de Revisión Especial y

nos pide que revisemos la Decisión del Secretario del Trabajo y

Recursos Humanos, emitida el 14 de septiembre de 2023, y

notificada el 18 de septiembre de 2023, por el Negociado de

Seguridad de Empleo (Negociado). Mediante el referido dictamen, el

Negociado confirmó la Resolución apelada que ordeno el archivo de

una Solicitud de Audiencia por estar fuera de término.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma el dictamen del Negociado.

                                I.

      Según se desprende del récord administrativo, la Sra. Ramos

solicitó los beneficios de desempleo ante el Negociado, al amparo de

Número Identificador
SEN2023_________
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lo dispuesto en la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29

LPRA § 701 et seq. En su solicitud alegó que había perdido su

empleo debido a que su patrono no logró transferirla del turno

nocturno al diurno, como había solicitado ya que no contaba con

cuido nocturno para sus 3 hijos menores de edad.1 Posteriormente,

la Oficina Local del Negociado emitió una Determinación el 15 de

junio de 2023 en la cual descalificó a la Sra. Ramos de recibir los

beneficios de compensación por desempleo, conforme a lo dispuesto

en la sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA §

704.2 En la referida Determinación, el Negociado concluyó que

procedía descalificar a la Sra. Ramos por entender que la separación

de empleo fue atribuible a razones personales —y no por actos del

patrono— ya que la Sra. Ramos abandonó su trabajo sin justa

causa.3 Además se le notificó que poseía un término de quince (15)

días para apelar la decisión, que culminaba el 30 de junio de 2023.4

        Insatisfecha con la determinación de inelegibilidad, el 18 de

julio de 2023 la Sra. Ramos presentó una Solicitud de Audiencia ante

Árbitro, en la cual arguyó que no había abandonado ni renunciado

a su empleo y que, incluso, hizo varios intentos para lograr el cambio

de horario.5 Sin embargo, el Negociado archivó la solicitud por

entender que fue tardía, por haberse presentado casi un mes

después de que la Determinación fue notificada, y que la Sra. Ramos

no expresó justa causa para la demora, como provee la sección 5(f)

de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA § 705. Por tal razón, el

Negociado confirmó la determinación del 15 de junio de 2023 en su

Resolución del Árbitro de la División de Apelaciones, notificada el 2

de agosto de 2023.6 Como resultado, el 7 de agosto de 2023 la

1 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 2-4.
2 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 5.
3 Id.
4 Id.
5 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 6-9.
6 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 10.
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Recurrente interpuso un Recurso de Apelación ante el Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos.7 Ante esto, la División de Apelaciones

respondió en una Decisión del 14 de agosto de 2023,8 donde

confirmó la Resolución del Árbitro de 2 de agosto de 2023 y ordenó

el archivo de la apelación por entender que la Sra. Ramos tampoco

logró presentar justa causa en esa etapa del procedimiento que

justificara la presentación tardía de su Solicitud de Audiencia ante

Árbitro.

       Inconforme, la Sra. Ramos recurre ante este Tribunal y alega

en su Recurso de Revisión Especial, presentado el 2 de octubre de

2023, que le fueron denegados en dos ocasiones los beneficios de la

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra, a los cuales tiene

derecho ya que quedó injustamente desempleada.

       El recurso le acompaña una Solicitud y Declaración para que

se Exima de Pago de Arancel por Razón de Indigencia presentado el

2 de octubre de 2023. Luego de haber evaluado la solicitud,

autorizamos que la Sra. Ramos comparezca in forma pauperis, por

tanto, la eximimos de cancelar los correspondientes aranceles.

       Por su parte, el Negociado comparece y nos solicita que

confirmemos la Resolución recurrida ya que, al no mediar justa

causa, entiende que actuó correctamente al archivar el recurso.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y luego

de analizar el expediente en su totalidad, procedemos a resolver.

                                      II.

A. Revisión judicial de las determinaciones administrativas

       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3

LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU), se creó a los fines de uniformar los

7 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 11-12.
8 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 14-16.
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procedimientos      administrativos     ante     las     agencias.

Consecuentemente, desde la aprobación del procedimiento provisto

por la LPAU, los entes administrativos están precisados a conducir

sus procesos de reglamentación, adjudicación y concesión de

licencias y permisos de conformidad con los preceptos de este

estatuto y el debido proceso de ley. López Rivera v. Adm. de

Corrección, 174 DPR 247, 254-255 (2008).

      La Sección 4.1 de la LPAU, dispone que las decisiones

administrativas finales pueden ser revisadas por el Tribunal de

Apelaciones. 3 LPRA sec. 9671. La finalidad de esta disposición es

delimitar la discreción de los organismos administrativos para

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de

forma razonable. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al., 204 DPR

581, 590-592 (2020); Empresas Ferrer, v. ARPe, 172 DPR 254, 264

(2007).

      Es norma reiterada que las decisiones de los organismos

administrativos están revestidas de una presunción de regularidad

y corrección, OCS v. CODEPOLA, 202 DPR 842, 852-853 (2019). Esto

debido a que, mediante esta norma se reconoce el peritaje del que

gozan los organismos administrativos en aquellas materias que le

han sido delegadas por ley. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178

(2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821

(2012).

      Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU establece

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de

las agencias si están basadas en "evidencia sustancial que obra en

el expediente administrativo". 3 LPRA sec. 9675. Como vemos, la

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales

no pueden extender un sello de corrección, so pretexto de
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deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Super

Asphalt v. AFI y otro 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez

v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 127 (2019).

      Sin embargo, la citada Sección 4.5 de la LPAU, supra, dispone

que "[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus

aspectos por el tribunal". Aun así, se sustituirá el criterio de la

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 36-37 (2018). Por ende, "los tribunales

deben darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia

realice de aquellas leyes particulares que administra". Torres Rivera

v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627 (2016). Lo anterior responde a

la vasta experiencia y conocimiento especializado que tienen las

agencias sobre los asuntos que le son encomendados. González

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).

      Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación,

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 237 (2017). Por lo tanto,

al momento de examinar un dictamen administrativo se determina

que: (1) la decisión administrativa no está basada en evidencia

sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el

organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos

administrativos cede. Empresas Ferrer v. ARPe, supra, pág. 264.

      En esta tarea, los foros judiciales analizarán los aspectos

siguientes: (1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado;

(2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia están
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sostenidas por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones de

derecho fueron correctas. Asoc. Fcias v. Caribe Specially et al. II, 179

DPR 923, 940 (2010). Mientras que las determinaciones de hecho se

deben sostener si las mismas se basan en evidencia sustancial que

surja de la totalidad del expediente administrativo, Rolón Martínez

v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018); las determinaciones de

derecho pueden ser revisadas en su totalidad. Torres Rivera v. Policía

de PR, supra, pág. 627.

      Si bien es cierto que la revisión judicial no equivale a la

sustitución automática del criterio e interpretación del organismo

administrativo, Rebollo v. Y Motors, 161 DPR 69, 77 (2004), los

tribunales    revisores   descartarán   el   criterio   de   los   entes

administrativos cuando "no se pueda hallar fundamento racional

que explique o justifique el dictamen administrativo". Rolón Martínez

v. Supte.    Policía, supra. Si la interpretación y la aplicación del

derecho no es correcta, el foro apelativo está obligado a intervenir.

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).

"En esas circunstancias, [el foro apelativo] cederá la deferencia que

merecen las agencias en las aplicaciones e interpretaciones de las

leyes y los reglamentos que administra". Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra.

B. Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico

      La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29 LPRA § 702

et seq., fue promulgada con la intención de proveer un seguro social

que alivie la carga e inseguridad económica producidas por el

desempleo. Exposición de Motivos, Ley núm. 74 de 21 de junio de

1956. Consonó con su misión, a la referida ley se le dará una

interpretación liberal para que se cumpla su propósito de promover

la seguridad y oportunidades de empleos. 29 LPRA § 701. Aun así,

“ello no significa que deba interpretarse de manera que se le
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reconozca beneficios a quienes no cualifican. Castillo v. Depto. Del

Trabajo, 152 DPR 91, 101 (2000).

      Para cumplir con su propósito, la Ley provee un detallado

procedimiento en adición a factores para determinar la elegibilidad

de un solicitante. Asimismo, establece los factores descalificadores

que el Negociado de Seguridad de Empleo utilizará para determinar

quién es apto de recibir los beneficios. Por ejemplo, la cuarta sección

del estatuto, en la cual se discuten estos factores, establece que un

trabajador asegurado será descalificado si este o esta “abandonó un

trabajo adecuado voluntariamente y sin justa causa”. 29 LPRA §

704. De esto ocurrir, los beneficios de la ley quedan fuera del alcance

del solicitante.

      Si el solicitante queda inconforme con la decisión del

Negociado, la sección 5 (f) de la ley dispone que el reclamante tiene

derecho a solicitar una reconsideración o apelación dentro de quince

(15) días desde que es notificado por correo o a su última dirección.

29 LPRA § 705. Dicho término podrá ser prolongado solo si se

expresa justa causa para la demora, debido al carácter final de la

determinación. Id.

                                 III.

      Surge del expediente que en la Determinación del Negociado —

en la cual se le denegaron los beneficios de desempleo— se le

apercibió a la Sra. Ramos que, de estar insatisfecha con la decisión,

tenía hasta el 30 de junio de 2023 para apelar. Sin embargo, no fue

hasta el 18 de julio de 2023 que la Recurrente presentó su Solicitud

de Audiencia. Aun estando fuera de término, la Ley de Seguridad de

Empleo, supra, provee para que el término se prolongue si se

muestra justa causa para ello. No obstante, a la Sra. Ramos no

proveer una explicación para su tardanza, nos vemos obligados a

concluir que no medio justa causa y, por lo tanto, actuó
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correctamente el Negociado al archivar la Solicitud de Audiencia.

Esto es así, ya que, aun considerando el carácter remedial de la ley,

no podemos extender sus beneficios a personas que no cumplen con

lo establecido en ella, por ello, estando la solicitud fuera de término

para ser considerada, procede que se confirme la Resolución

recurrida.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Resolución

de la cual se recurre.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones