Court Opinion

ID: 9408085
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:15:42.330097+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.538811
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                                           PANEL III

                                                                  Apelación
          SAMUEL HERRERA DÍAZ                                     procedente del
                                                                  Tribunal de
                       Apelado                                    Primera Instancia,
                                                                  Sala Superior de
                         v.                                       Humacao

         MILDRED CASTRO LÓPEZ                KLAN202300086        Caso Núm.:
                                                                  HU2018CV00745
                   Apelante                                       (206)

                                                                  Sobre:
                                                                  DIVISIÓN DE
                                                                  COMUNIDAD DE
                                                                  BIENES

         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la
         Jueza Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge
         Gómez

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                            SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

                Comparece Mildred Castro López (Apelante o señora Castro

         López)    mediante       recurso    de   Apelación   y   nos   solicita   que

         revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera

         Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), el 17 de noviembre de

         2022.1 En el referido dictamen, el foro de instancia declaró ha

         lugar la demanda incoada por el señor Samuel Herrera Díaz

         (Recurrido o señor Herrera Díaz) sobre división, liquidación y

         partición de la comunidad de bienes postganancial, luego de

         concluir que el señor Herrera Díaz cumplió con el pago que le

         correspondía a la señora Castro López por concepto de las

         aportaciones hechas al plan de pensiones perteneciente al Apelado

         durante el matrimonio.

         1La Sentencia fue archivada y notificada el mismo 17 de noviembre de 2022.
         Véase el Anejo I en el Apéndice del Recurso de Apelación.

Número Identificador

SEN2023 _____________________
KLAN202300086                                                                   2

         Por     los   fundamentos      que   exponemos          a   continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                         I.

         La señora Castro López contrajo matrimonio con el señor

Herrera Díaz el 29 de diciembre de 1973, en Bayamón, Puerto

Rico. Poco más de 10 años después, el 11 de diciembre de 1985, la

Corte de Distrito del Condado Tarrant de Texas, Estados Unidos,

decretó rota y disuelta la unión matrimonial.2 Como parte del

procedimiento de divorcio, el tribunal de Texas dictaminó que la

señora Castro López tenía derecho a recibir determinado por ciento

de participación de los beneficios del plan de retiro del señor

Herrera Díaz, que surgían de las aportaciones que éste hizo al plan

durante la vigencia del matrimonio.

         En su parte pertinente, el Tribunal de Distrito decretó lo

siguiente:

         IT IS ORDERED that a percentage of said accrued
         benefit determined by taking one half of the fraction
         calculated by dividing the total number of months
         Respondent was employed while married to Petitioner
         by the total number of months Respondent was
         employed be segregated, assigned and transferred to
         the exclusive beneficial interest of Petitioner.

         The benefits hereby assigned to Petitioner, together
         with the interests, earnings and gains thereon, shall
         be paid in the same form subject to the same options
         and restrictions as the benefits payable to Respondent
         under the terms of the plan.

         The benefits hereby assigned to Petitioner shall be paid
         to Petitioner on the earliest date benefits could be paid
         to Respondent under the terms of the plan,
         notwithstanding Respondents continuing employment
         by any employer sponsoring the plan, or Respondent´s
         right to accruals of additional benefits under the terms
         of the plan.

         […]3.

2   Véase el Anejo XI en el Apéndice del Recurso de Apelación.
3   Íd.
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       Posteriormente, en el año 2006, el señor Herrera Díaz se

acogió a la jubilación de su empleo en la agencia federal, Federal

Highway Administration. Ese mismo año, la Oficina de Manejo de

Personal del sistema federal (OPM, por sus siglas en inglés) ejecutó

la parte de la Sentencia que le concedió a la señora Castro López

parte de los beneficios del plan de retiro del señor Herrera Díaz.4

En particular, le adjudicó una cantidad correspondiente al 15.85%

de la pensión federal mensual del señor Herrera Díaz.5

       A principios del año 2017, el señor Herrera Díaz presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia de Humacao una Demanda

sobre convalidación de la sentencia extranjera de divorcio que

emitió la Corte de Distrito de Texas, para que se autorizara su

ejecución.6 Conforme a ello, el 11 de mayo de 2017, el TPI declaró

con lugar la Demanda y le dio entera validez, fe y crédito,

cumplimiento y vigor en Puerto Rico al decreto de divorcio.7

       Más adelante, el 21 de agosto de 2018, el señor Herrera Díaz

presentó una Demanda sobre división, liquidación y partición de la

comunidad de bienes.8 Sobre este particular, expuso que la señora

Castro López ha recibido en exceso los beneficios del plan de retiro

del señor Herrera Díaz que le correspondían, conforme al dictamen

emitido por la Corte de Distrito de Texas. Por consiguiente, solicitó

ser liberado de toda responsabilidad, obligación o deber respecto a

la señora Castro López y que se diera por cumplido, en su

totalidad, el pago de la participación que le correspondía en el plan

de retiro.

4 Íd., Anejo XII.
5 Íd.
6 Véase el Apéndice 27 en el Alegato del Apelado. Proceso conocido como

exequátur, según establecido en la Regla 55 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
V, R. 55.
7 Íd., Apéndice 36.
8 Véase el Anejo III, Apéndice del Recurso de Apelación.
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        En su Contestación a Demanda, la señora Castro López negó

la mayoría de las alegaciones.9 No obstante, argumentó que el

señor Herrera Díaz no tenía razón en su planteamiento, ya que los

derechos que ostenta no son producto de una suma específica,

sino del producto de aportación al plan, más las aportaciones del

gobierno federal e intereses que se produzcan por el resto de su

vida. También, levantó como defensa que el asunto traído por el

señor Herrera Díaz ante los tribunales de Puerto Rico debía

dilucidarse en el Tribunal de Texas.

        Después de considerar las posiciones de las partes y evaluar

la prueba documental admitida, el 17 de noviembre de 2022, el TPI

emitió su Sentencia.10 En ésta declaró ha lugar la Demanda y

decretó saldado el crédito que le correspondía a la señora Castro

López, sobre los beneficios acumulados durante el matrimonio en

el plan de retiro del señor Herrera Díaz.

        Insatisfecha con lo resuelto, la señora Castro López presentó

Moción de Reconsideración, en la que expuso que la Sentencia

omitía los procesos y determinaciones que llevó a cabo la Corte de

Texas sobre la controversia planteada, que fue atendida y resuelta

por el gobierno federal a tenor con las leyes y reglamentos

federales.11 Argumentó que el dictamen emitido hace 37 años, no

podía ser enmendado ni por la Corte de Texas, ni por el Tribunal

de Primera Instancia de Puerto Rico, por haber advenido final y

firme. Sostuvo que en ninguna parte de la Sentencia de Texas se

fijó cantidad específica como cantidad máxima a ser recibida por

ésta, como tampoco se decretó término alguno de la pensión. Por

último, la señora Castro López razonó que la Sentencia apelada es

errada, pues limita su participación en el plan de retiro del señor

9 Íd., Anejo IV.
10 Íd., Anejo I.
11 Íd., Anejo VIII.
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Herrera Díaz a un 50% de los beneficios acumulados durante el

matrimonio.

          El señor Herrera Díaz presentó su Oposición a Solicitud de

Reconsideración, mediante la cual expuso que la señora Castro

López se equivoca en su análisis y apreciación de la controversia,

pues basa sus argumentos en que las pensiones son pagadas por

el gobierno federal, de acuerdo con las leyes y reglamentos

federales aplicables. Argumentó que en este caso no se trata de dos

pensiones separadas y distintas, sino de una sola pensión que le

corresponde exclusivamente al señor Herrera Díaz por su trabajo

para el gobierno federal. Expuso que la señora Castro López no es

acreedora, por derecho propio, a la pensión que reclama, sino a un

crédito por la mitad de las aportaciones hechas al plan de retiro,

durante la vigencia del matrimonio entre las partes. Arguyó que el

total de las referidas aportaciones ascendía a $22,447.89, por lo

que le correspondía un crédito de $11,238.95 y no la suma de

$168,115.44, que ya fue pagada y que representa más de la suma

a la que tenía derecho.

          El 29 de diciembre de 2022, el tribunal apelado emitió una

Orden, en la que declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración

que presentó la señora Castro López.12

          Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso de

epígrafe, en el que señaló los siguientes dos errores:

          ERRÓ    EL    HONORABLE TRIBUNAL AL INTERPRETAR
          EQUIVOCADAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA SENTENCIA DE
          DIVORCIO DICTADA EN TEXAS, AL DESCONOCER EN ABSOLUTO
          LA DECISIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE PENSIONES OPM, AL
          RESOLVER     LAS    CONTROVERSIAS    EN    ESTE  CASO
          EXCLUSIVAMENTE EN BASE AL DERECHO PUERTORRIQUEÑO,
          IGNORANDO LAS DISPOSICIONES FEDERALES QUE LE SON
          APLICABLES.

          ERRÓ  EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE
          SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON EL PAGO DE LA
          PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDADA, SIN HABER HECHO

12   Íd., Anejo X.
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       DETERMINACIONES DE HECHO SOBRE LAS CANTIDADES A QUE
       TENÍA DERECHO, CON LOS INTERESES, GANANCIAS Y DEMÁS
       EMOLUMENTOS QUE LE RECONOCE LA SENTENCIA DE
       DIVORCIO Y LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES.

                                      II.

                                      A.

           El Régimen de Sociedad Legal de Gananciales

       Al contraer matrimonio, los esposos determinan el régimen

económico que regirá su matrimonio. Roselló Puig v. Rodríguez

Cruz, 183 DPR 81, 92-93 (2011). De acuerdo con el Art. 1267 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3551, a los

matrimonios les aplica el régimen económico de sociedad legal de

gananciales, salvo que existan capitulaciones matrimoniales.13 Se

reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no

se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.

31 LPRA sec. 3647. El carácter ganancial de los bienes obtenidos

durante el matrimonio es controvertible. La parte que alegue el

carácter privativo del determinado bien tendrá el peso de la prueba

para derrotar presunción iuris tantum de ganancialidad. Muñiz

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010).

       Durante el matrimonio, ambos cónyuges son codueños y

administradores de la totalidad del patrimonio matrimonial. SLG

Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192, 197 (2015); Montalván

v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).

       El Art. 1301 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3641,

enumera como bienes gananciales: (1) los adquiridos por título

oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común para la

comunidad o para uno solo de los esposos, (2) los obtenidos por la

industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos

13 El Código Civil de 1930, al que hacemos referencia, fue derogado por la Ley
Núm. 55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico de 2020. No
obstante, con el fin de adjudicar la controversia ante nuestra consideración,
utilizaremos las disposiciones del código derogado, debido a que éste era el que
estaba vigente al momento de los hechos que originaron la controversia.
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y (3) los frutos, rentas o interés percibidos o devengados durante la

vigencia del matrimonio procedente de los bienes comunes o de los

peculiares de cada uno de los cónyuges.

      Como anticipamos, todos los bienes del matrimonio se

reputan gananciales, mientras no se pruebe que pertenecen

privativamente al marido o a la mujer. Al igual que los bienes

gananciales, las deudas y obligaciones asumidas durante el

matrimonio por cualquiera de los cónyuges gozan de una

presunción de ganancial controvertible. Una deuda u obligación no

es ganancial si se demuestra que se contrajo para el beneficio

exclusivo de uno de los cónyuges y no sirvió para el interés de la

familia, o que se efectuó con el ánimo de perjudicar o defraudar al

otro cónyuge. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 981

(2010); WRC Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 134-135 (1985);

Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 597 (1984).

      Por otro lado, el Art. 1308, 31 LPRA sec. 3661, define como

obligaciones gananciales: (1) las deudas y obligaciones contraídas

durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, (2) los

atrasos o créditos devengados durante el matrimonio de las

obligaciones que afectan, tanto los bienes propios como los

gananciales, (3) las reparaciones menores o de mera conservación

hechas durante el matrimonio en los bienes particulares de

cualquiera de los cónyuges, (4) las reparaciones mayores o

menores de los bienes gananciales, (5) el sostenimiento familiar, la

educación de los hijos comunes y de los hijos de cualquiera de los

cónyuges.

      El Código Civil de 1930 reconoce que el régimen de bienes

gananciales puede coexistir con el patrimonio individual de cada

cónyuge. Así pues, el Art. 1299, 3 LPRA sec. 3631, dispone que

son bienes propios de cada uno de los cónyuges: (1) los que aporte

al matrimonio como de su pertenencia, (2) los que adquiere

durante el matrimonio a título lucrativo, bien sea por donación,
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legado o herencia, (3) los adquiridos por derecho de retracto o por

permuta con otros bienes pertenecientes a uno solo de los

cónyuges, y (4) aquellos bienes comprados con dinero exclusivo de

un cónyuge particular.

      La sociedad legal de gananciales concluye y se extingue al

disolverse el matrimonio. Art. 1315, 31 LPRA sec. 3681. Como

consecuencia, las ganancias o los beneficios obtenidos durante su

vigencia se adjudican por mitad a los excónyuges. Art. 1295, 31

LPRA sec. 3621; Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 446.

      Los Arts. 1316-1323 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3691-

3697, establecen la forma en que se liquidará la sociedad legal de

gananciales. El Art. 1316, 31 LPRA sec. 3691, establece la

necesidad de realizar un inventario, luego de disuelta la sociedad y

salvo las excepciones que se contemplan en dicho artículo. El

inventario incluirá para ser colacionadas: (1) las cantidades

pagadas por la sociedad de gananciales que deben rebajarse del

capital del marido o de la mujer y (2) el importe de las donaciones

o enajenaciones que deben considerarse ilegales o fraudulentas.

Art. 1317 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3692. El capital

correspondiente al marido y a la mujer será pagado hasta donde

alcance el caudal inventariado, luego de pagadas las deudas,

cargas y obligaciones de la sociedad legal de gananciales. Art.

1319, 31 LPRA sec. 3694. El remanente que exista luego de las

deducciones constituirá el haber de la sociedad de gananciales.

Art. 1320, 31 LPRA sec. 3695. La exesposa y el exesposo se

dividirán por mitad el remanente líquido de los bienes gananciales.

Art. 1322, 31 LPRA sec. 3697.

                                B.

                 La Comunidad Post Ganancial

      La disolución del matrimonio trae consigo el nacimiento de

una   comunidad ordinaria de bienes entre los excónyuges,

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial. Ambos
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participarán en la comunidad en partes iguales, mediante cuotas

independientes, alienables y homogéneas. Los excónyuges poseen

una cuota abstracta, independiente y alienable y tendrán el

derecho a intervenir en la administración de la comunidad y a

pedir su división. A esta comunidad también se le conoce como

comunidad postganancial. Pagán Rodríguez v. Registradora, 177

DPR 522, 532-533 (2009); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411,

421 (2004); Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 289,

305-306 (2003). La disolución del matrimonio por divorcio conlleva

la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de

todos los bienes y propiedad. Art. 105 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 LPRA sec. 381.

      La comunidad postganancial está gobernada por los Arts.

326 a 340 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1271-1285, a falta de

contrato   o   disposiciones   especiales.   Esta   comunidad   existe

indefinidamente hasta que se liquide la cosa común a solicitud de

cualquiera de las partes. Durante su vigencia, se mezclan y

confunden provisionalmente los bienes de los excónyuges, porque

se producen frutos, se saldan deudas, se obtienen ganancias o se

sufren pérdidas y gastos. Aunque existe una presunta igualdad de

cuotas, está sujeta a ser rebatida por prueba pertinente. Al así

justipreciar se debe examinar si el aumento o disminución del

valor del patrimonio al momento de la liquidación responde al

mero pasar del tiempo o a la gestión exclusiva de uno de los

cónyuges. Cuando la presunción de equivalencia es rebatida, el

aumento en valor del bien o en la producción de frutos se dividirá

conforme al trabajo y gestión de cada excónyuge. Díaz Rodríguez v.

García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022). Por consiguiente, en la

adjudicación final de la participación que corresponde a cada

excónyuge, el tribunal debe considerar si existe prueba de que uno

puede interponer frente al otro un crédito por los cambios y
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operaciones en el haber común. Montalván v. Rodríguez, supra,

págs. 422-423.

                                C.

                      Pensiones por Retiro

      En cuanto a las pensiones de retiro, el Art. 1303 del Código

Civil, 31 LPRA sec. 3643, establece que el derecho de pensión,

perteneciente a uno de los cónyuges, es privativo. Sin embargo,

nuestro ordenamiento dispone que las cantidades abonadas con

fondos gananciales por el cónyuge beneficiario para constituir el

plan de pensión se reputan gananciales y están sujetas a su

inventario y liquidación tras la disolución de la sociedad. Íd.;

Maldonado v. Tribunal Superior, 100 DPR 370, 375 (1972).

Precisamente, en Maldonado v. Tribunal Superior, supra, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró la doctrina de que las

pensiones de retiro son por su naturaleza personalísimas. Es decir,

son bienes exclusivos de su titular, aunque se adquieran a costa

del caudal común de los esposos o por su industria, sueldo o

trabajo. Art. 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641. Al momento

de liquidar la comunidad de bienes postganancial, el otro cónyuge

puede reclamar únicamente las aportaciones hechas al plan de

pensiones durante el matrimonio.

      A pesar de lo establecido en el Art. 1301, supra, sobre los

bienes gananciales, existen ciertos bienes que por razón de su

finalidad y naturaleza personalísima no acrecen el haber común.

Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 377. Específicamente,

el Tribunal Supremo ha exceptuado de esta norma general las

pensiones por retiro y otros sistemas similares. Maldonado v.

Tribunal Superior, supra; Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 DPR

89, 92 (1981); Delucca Román v. Colón Nieves, 119 DPR 720, 727

(1987); Benítez Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302, 304-305
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(1990); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 DPR 624, 638-639

(1994); Vega v. Soto, 164 DPR 113, 128-129 (2005).

        En Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 375, el

tribunal explicó esta norma al señalar que “[l]a doctrina considera

que la naturaleza personalísima de estas anualidades determinan

su carácter privativo. Se trata de créditos intuitu personae—esto es

en consideración a la persona—que, por su propia naturaleza,

están    excluidos   de   la   masa   común”.   Es   esta   naturaleza

personalísima lo que determina su carácter privativo. El Tribunal

Supremo concluyó que, independiente del modo de adquisición, “el

derecho a la anualidad por retiro es uno personalísimo que nunca

acrece el haber común”. Íd., pág. 377.

        Luego, en Rosa Resto, supra, el Tribunal Supremo reafirma

la naturaleza personalísima de las pensiones por retiro y dispone

que el derecho a pensión por retiro “tiene un respetable contenido

ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o

la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años

fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el

desamparo, o convertido en una carga de parientes o del Estado”.

Íd., pág. 92. Asimismo, resolvió que las aportaciones que un

cónyuge hace a su plan de retiro, vigente el matrimonio, son de

naturaleza ganancial, por lo que la sociedad de gananciales tiene

derecho a un crédito por el importe total de dichas aportaciones al

momento de su disolución.

                                  III.

        En su primer planteamiento de error, la señora Castro López

afirma que el foro de instancia incidió al resolver la controversia

traída ante su consideración al amparo del estado de derecho de

Puerto Rico y no a base de lo resuelto por la agencia federal Office

of Personnel Management (OPM). Arguye que la Sentencia dictada

por la Corte de Distrito del estado de Texas determinó un beneficio
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distinto al que se adjudicó por el TPI y que esa decisión nunca fue

apelada por el señor Herrera Díaz, por lo que advino final y firme.

Asimismo, asegura que, según el ordenamiento federal, ésta tiene

derecho a una participación en la pensión federal del señor Herrera

Díaz, contrario a lo resuelto por la Sentencia apelada. Finalmente,

sostiene que la legislación federal tiene supremacía sobre la ley

local en cuanto al asunto en controversia.

      Por su parte, el señor Herrera Díaz sostiene que el pleito de

marras está regido exclusivamente por el estado de derecho de

Puerto Rico por causa de que las partes contrajeron matrimonio en

Puerto     Rico   y   no   otorgaron    capitulaciones    matrimoniales.

Argumenta que por el solo hecho de haber contraído matrimonio

en Puerto Rico, la regla aplicable para determinar si los bienes

adquiridos durante el matrimonio son gananciales o privativos son

las de Puerto Rico. Veamos.

      Precisa enfatizar como punto de partida el corolario básico

del Derecho apelativo que la apelación o revisión se da contra la

sentencia o decisión apelada; es decir, contra el resultado y no

contra sus fundamentos. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 566

(2003); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 920

(2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 702 (1999); Zorniak

Air Servs. v. Cessna Aicraft Co., 132 DPR 170, 182 (1992); Sánchez

v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983). Aunque

algunos de los fundamentos de la sentencia recurrida sean

erróneos, ello no constituye base para una revocación si por otros

motivos puede sostenerse lo dispuesto en la sentencia. Pueblo v.

Pérez, supra; Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., supra; Corrada v.

Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956).

      El    asunto     ante   nuestra     consideración     requiere   la

interpretación de aquella parte de la sentencia emitida por la Corte

de Distrito de Texas en ocasión del divorcio entre las partes. Lo
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primero que debemos enfatizar es el carácter finito del remedio

concedido a la peticionaria. Específicamente, en ese entonces, la

Corte de Distrito de Texas enfatizó en su sentencia:

      Upon full payment of benefit hereby assigned to
      Petitioner, the plan shall thereafter be discharged from
      all responsibility, obligation or duty with respect to
      Petitioner.

      Es decir, el por ciento fijado en la sentencia a ser pagado en

su día a la peticionaria contaba con un punto de partida y un fin.

En cuanto al fin, colegimos que sería el día que se le pagara por

completo el beneficio asignado mediante sentencia del plan de

retiro del recurrido. Incluso aunque este falleciera. La corte de

Distrito de Texas reconoció que los beneficios reunidos en el plan

de retiro del recurrido que se habían acumulado durante el

matrimonio con la peticionaria eran propiedad de la comunidad

compuesta por ambos. De manera que ante el hecho de que el

recurrido comenzó a cotizar para la pensión por retiro antes del

matrimonio y continuó cotizando después del divorcio, la corte de

Distrito de Texas estableció la siguiente fórmula para compensar a

la peticionaria con la mitad de las aportaciones hechas a la

pensión durante el matrimonio. Así ordenó que se calculara el

beneficio que esta recibiría de la siguiente manera:

      [A] percentage of said accrued benefit determined by
      taking one half of the fraction calculated by dividing
      the total number of months Respondent was employed
      while married to Petitioner by the total number of
      months Respondent was employed be segregated,
      assigned and transferred to the exclusive beneficial
      interest of Petitioner.

      The benefits hereby assigned to Petitioner, together
      with the interests, earnings and gains thereon, shall
      be paid in the same form subject to the same options
      and restrictions as the benefits payable to Respondent
      under the terms of the plan.

      Además, conminó a que los beneficios asignados a la

peticionaria se le pagaran en la fecha más temprana que

comenzara el plan a pagar los beneficios al recurrido bajo los
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términos y condiciones del plan, independientemente de la

continuidad del empleo de este último con cualquier patrono que

patrocinara el plan, o el derecho del recurrido a recibir los

beneficios   adicionales   bajo   los   términos   del   plan,   según

acumulados.

      Para la solución de la controversia entre las partes, estas

estipularon toda la evidencia documental sometida ante el foro

recurrido, incluyendo los informes periciales de los respectivos

peritos de las partes y acordaron que el caso quedaría sometido

presentados los correspondientes memoriales de derecho en apoyo

a sus respectivas posturas.

      En múltiples instancias, la disposición de los bienes

matrimoniales plantea conflictos de derecho internacional privado,

entre ellos, el llamado conflicto móvil. El conflicto móvil se genera

en aquellas situaciones en que los eventos normales de la vida

alteran las circunstancias fácticas de una relación jurídica

determinada, como, por ejemplo, casos en que ha habido cambios

en el domicilio conyugal o del centro de intereses del matrimonio.

Después del matrimonio hay dos aspectos relativos al conflicto

móvil en las relaciones patrimoniales post matrimoniales: la

clasificación de bienes y el procedimiento de división. Cada estado

tiene sus propias normas. Las distintas jurisdicciones tienen

normas diferentes en cuanto al derecho que rige los bienes durante

el matrimonio o la distribución post divorcio. Por esa razón, la

peticionaria cuestiona que el foro recurrido recurra a nuestras

normas para la solución de una controversia que ella distingue

como final y firme por la sentencia emitida hace años en Texas.

Como anticipáramos, para resolver la controversia basta con

interpretar las disposiciones de la sentencia de la Corte de Distrito

de Texas. No obstante, a igual punto llegaríamos si aplicáramos

normas de derecho internacional a la solución de nuestra
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controversia. Las leyes relativas a los derechos y deberes de

familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas,

obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países

extranjeros.14 Los bienes muebles están sujetos a la ley de la

nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en

que están sitos.15

       Es un hecho incontrovertido que las partes contrajeron

matrimonio en Bayamón, Puerto Rico, el 29 de diciembre de 1973.

Que debido a que no otorgaron capitulaciones matrimoniales, al

momento de su matrimonio se constituyó la sociedad legal de

gananciales. Y que dicho régimen era inmutable hasta la

disolución de la sociedad. Que, una vez constituida la sociedad

legal de gananciales, los bienes gananciales se consideran que son:

       (1) Los adquiridos por título oneroso durante el
           matrimonio a costa del caudal común, bien se haga
           la adquisición para la comunidad, bien para uno
           solo de los esposos.

       (2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de
           los cónyuges o de cualquiera de ellos.

       (3) Los frutos, rentas o intereses percibidos o
           devengados durante el matrimonio, procedentes de
           los bienes comunes o de los peculiares de cada uno
           de los cónyuges.16

       Ahora bien, la pensión por retiro es un bien que se ha

excluido de la masa común. Independientemente la forma en que

se hayan adquirido, el derecho a la anualidad por retiro es uno

personalísimo que nunca forma parte del haber común. No

obstante, las aportaciones que un cónyuge haga a su plan de

retiro, vigente el matrimonio, se reputan ganancial, razón por la

cual la sociedad legal de gananciales tiene derecho a un crédito por

el importe total de esas aportaciones al momento de su disolución

14 31 LPRA sec. 9
15 31 LPRA sec. 10. Los eventos fácticos y procesales de este caso ocurrieron
durante la vigencia del Código Civil de 1930, según enmendado, 31 LPRA ant.
sec. I et seq. Por consiguiente, nos amparamos en las disposiciones de dicho
estatuto y su jurisprudencia interpretativa.
16 31 LPRA sec. 3641
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y, si no hay suficientes bienes en la comunidad de bienes post

ganancial para el pago de esas aportaciones, a la parte que no

tendrá derecho a la pensión, el cumplimiento del pago de esas

aportaciones se diferirá. Es esa misma aplicación la que efectuó la

Corte de Distrito de Texas en su sentencia y a la que llega el foro

recurrido, a través de la aplicación del estatuto personal y real del

Código Civil y la jurisprudencia interpretativa del conflicto móvil.

      Ante    nuestra    atención    se    encuentra     cuestionado,

específicamente, el beneficio que recibe la peticionaria en virtud de

las aportaciones que se hicieran durante el matrimonio con bienes

de la sociedad legal de gananciales. No se cuestiona el derecho que

tiene o tuvo la peticionaria a recibir ese beneficio de pensión por

retiro, sino la cuantía específica que ha recibido. Se cuestiona por

el recurrido aseverando que, es más de lo que le corresponde, pues

excede por mucho la cuantía que se entiende ésta aportó con la

mitad que le correspondía de las aportaciones de la extinta

sociedad legal de gananciales y que el pago que recibe disminuye la

cuantía que este debe recibir.

      “[A] percentage of said accrued benefit determined by taking

one half of the fraction calculated by dividing the total number of

months Respondent was employed while married to Petitioner by

the total number of months Respondent was employed be

segregated, assigned and transferred to the exclusive beneficial

interest of Petitioner.” La interpretación de esta oración es la

génesis de la controversia. El perito de la peticionaria aduce que el

beneficio que le corresponde a esta incluye todos los meses que

trabajó el recurrido. No nos convence, todo lo contrario, la mera

lectura explica que recibirá la mitad de la parte que resulte al

dividir el número de meses que el recurrido trabajó mientras

estuvo casado con la peticionaria por el número total de meses que

el recurrido trabajó.
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     Coincidimos con el foro primario en que lo adjudicado años

atrás es cónsono con la normativa en nuestra jurisdicción. Los

beneficios que recibe la peticionaria han excedido aquellos

otorgados por la sentencia de la Corte de Distrito de Texas y

reconocidos   por   nuestro   estado   de   derecho.   Por   lo   cual,

confirmamos el dictamen recurrido.

                                IV.

     Por lo antes expuesto se confirma la Sentencia apelada.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones