Court Opinion

ID: 9408072
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:14:07.756263+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.485386
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL III

                                                     Certiorari
   EDGARDO VAN RHYN                                  procedente del
        SOLER                                        Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala de
         Parte Recurrida               KLCE202201292 San Juan

                v.                                           Civil núm.:
                                                             K PE2014-0524
   MULTINATIONAL LIFE
     INSURANCE CO.                             Sobre:
                                               Despido
     Parte Peticionaria                        Injustificado
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                                  SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

         Comparece Multinational Life Insurance Co. (Multinational)

mediante recurso de certiorari instado el 28 de noviembre de 2022.

Solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 4 de

noviembre de 2022 y notificada el 14 de noviembre de 2022, por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el

referido dictamen, el TPI concluyó, de manera sumaria, que el

Sr. Edgardo      Van       Rhyn        Soler   (Sr.    Van      Rhyn)     renunció

voluntariamente al puesto que ocupaba en Multinational mediante

un acuerdo transaccional válido: Por ello, resolvió que el Sr. Van

Rhyn no fue despedido por Multinational ni se configuró un despido

injustificado, en la modalidad de despido constructivo. No obstante,

el TPI coligió que la cláusula del referido acuerdo, en la que el

Sr. Van Rhyn renunció a la mesada que establece la Ley Núm. 80,

infra,    es   contraria    a   derecho,       puesto     que    dicho    estatuto

expresamente         reconoce     el    carácter      irrenunciable      de   dicha

indemnización. Por tanto, ordenó a las partes a estipular la cuantía

de la mesada que le corresponde al Sr. Van Rhyn.

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202201292                                                      2

         Con el beneficio de la Oposición a que se Expida Auto de

Certiorari presentada por el Sr. Van Rhyn, expedimos el auto de

certiorari, modificamos la Sentencia Parcial recurrida y devolvemos

el caso al TPI para la continuación de los procedimientos acorde con

lo aquí resuelto.

                                         I.

         El 4 de marzo de 2014, el Sr. Van Rhyn instó una querella1

por despido injustificado al amparo del procedimiento sumario

laboral establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961,

32 LPRA secs. 2118-3111, en contra de Multinational Life Insurance

Co. (Multinational), antes conocida como National Life Insurance Co.

(NALIC). El Sr. Van Rhyn alegó que trabajó para dicha empresa,

mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado, desde el 16 de

enero de 2006 hasta el 11 de noviembre de 2011, cuando su patrono

lo forzó a renunciar a su puesto de trabajo mediante amenaza de

despido y la promesa de continuar una relación de negocios que

nunca se concretizó.

         En específico, el Sr. Van Rhyn aseveró que el presidente de

Multinational, Sr. Tobías Carrero Nácar (Sr. Carrero Nácar) le

informó que, si no presentaba su renuncia al puesto que ocupaba

en Multinational, se vería en la obligación de despedirlo. Ante ello,

y ante la presunta solicitud del Sr. Carrero Nácar, el 10 de

noviembre de 2011, el Sr. Van Rhyn firmó un Acuerdo y Relevo

General2 con Multinational, mediante el cual renunció a su puesto

en la empresa - efectivo al 11 de noviembre de 2011 - y relevó a su

patrono de cualquier reclamación que pudiera tener en su contra, a

cambio de la suma de $164,913.95 por concepto de salarios y demás

beneficios acumulados como empleado, sin “ningún descuento legal

conforme a las disposiciones de la Ley #80 del 30 de mayo de 1976,

1   Apéndice del recurso, págs. 25-28.
2   Íd., págs. 167-177.
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según enmendada”3. Acorde con ello, en la cláusula número diez

(10) del referido acuerdo, el Sr. Van Rhyn se comprometió a no

presentar reclamación, causa de acción o remedio al que tuviera

derecho al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

29 LPRA secs. 185a-185n, sobre despido injustificado.

          En su querella, el Sr. Van Rhyn explicó que firmó el referido

acuerdo porque Multinational le ofreció continuar la relación de

negocios entre las partes, consistente en que el Sr. Van Rhyn

recibiría $15,000.00 a cambio de la prestación de servicios de

consultoría. Sin embargo, la relación de negocios entre las partes no

continuó. Así, el Sr. Van Rhyn planteó una presunta violación a la

Ley Núm. 80, supra, en la modalidad de despido constructivo,

alegando que su patrono solapó su despido con una terminación de

empleo mediante renuncia voluntaria. Asimismo, señaló que, siendo

el pago de la mesada un derecho irrenunciable, la cláusula del

Acuerdo y Relevo General en la que renunció a dicha compensación

era nula. De tal forma, solicitó una compensación por concepto de

mesada, ascendente a $381,490.00, más una suma no menor al

25% de la cuantía concedida, en honorarios de abogado.

          Oportunamente, Multinational presentó su contestación a la

querella.4 Sostuvo que las alegaciones de la demanda no

configuraban un despido constructivo, debido a que el Sr. Van Rhyn

no fue forzado a renunciar, sino que, luego de negociar el Acuerdo y

Relevo General, éste renunció libre y voluntariamente a su empleo.

Además, relevó a su patrono de cualquier reclamación que pudiera

tener en su contra, incluyendo la causa de acción incoada.

Asimismo, afirmó que el referido acuerdo no estaba condicionado al

cumplimiento de promesas económicas, más allá de aquellas

contenidas en sus propias cláusulas.

3   Íd., pág. 169.
4   Íd., págs. 29-42.
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       En la alternativa, Multinational señaló que, de haber acaecido

un despido, lo cual negó, éste estuvo justificado, al amparo de las

defensas afirmativas presentadas, tales como que las medidas

tomadas estuvieron enmarcadas dentro del interés de asegurar el

buen y normal funcionamiento de la empresa, razones legítimas de

negocio y la reestructuración y reorganización de ciertas plazas de

la empresa. Por consiguiente, concluyó que el Sr. Van Rhyn no tenía

derecho     a   indemnización       alguna     por    concepto      de   despido

injustificado. Por último, Multinational solicitó la conversión del

trámite sumario a ordinario y, para la eventualidad de que el

tribunal lo autorizara, incluyó una reconvención.

       En la conferencia inicial el TPI denegó convertir el caso al

trámite ordinario y no autorizó la reconvención. Sin embargo,

permitió un descubrimiento de prueba más amplio del que provee la

Ley Núm. 2, supra. En dicha vista, las partes presentaron el Informe

de Manejo del Caso.5

       Luego, en una vista sobre el estado de los procedimientos del

caso, las partes informaron haber completado el descubrimiento de

prueba. Posteriormente, el 29 de abril de 2022, las partes

presentaron el Informe Enmendado sobre Conferencia con Antelación

a   Juicio.6    En   éste,    presentaron      estipulaciones      de    hechos,

documentos y asuntos sobre los cuales no existía controversia.7 El

5 Véase, Minuta Resolución notificada el 12 de septiembre de 2014. Apéndice del
recurso, págs. 43-47.
6 Íd., págs. 70-98.
7 En específico, las partes estipularon los siguientes hechos: (1) El Querellante

trabajó para NALIC [National Life Insurance Company] durante más de cinco (5)
años, mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado; (2) Para el 26 de abril
de 2007, el Querellante fue nombrado Presidente de NALIC hoy MLIC
[Multinational Life Insurance Company]; (3) El 10 de noviembre de 2011, Van
Rhyn y NALIC, hoy MLIC, a través del Sr. Tobías Carrero Nácar, firmaron un
Acuerdo y Relevo General; (4) El 10 de noviembre de 2011, el mismo día que el
Querellante firmó el Acuerdo y Relevo General, el Querellante y MIC [Multinational
Insurance Company], a través del Sr. Tobías Carrero Nácar, firmaron un Contrato
de Servicios Profesionales y de Confidencialidad; (5) Multinational Life Insurance
Company (“Multinational Life”) es una aseguradora debidamente [organizada] por
la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (de ahora en adelante, OSC),
para la venta de seguros de salud, vida e incapacidad; (6) Multinational Life operó
durante varias décadas bajo el nombre de National Life Insurance Company
(NALIC). Para el 11 de noviembre de 2011 solicitó a la OSC cambiar el nombre por
el de Multinational Life Insurance Company. El 14 de diciembre de 2011la OSC
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TPI aceptó el informe, excluyendo las notas no autorizadas durante

las vistas en que se discutió el mismo y las reservas sobre nuevos

testigos o prueba documental.8

       Así las cosas, el 10 de junio de 2022, se presentó la Solicitud

de Sentencia Sumaria por Multinational Life.9 Alegó que no existía

controversia sobre los hechos materiales del caso, por lo que

solamente restaba aplicar el derecho y dictar sentencia sumaria a

su favor desestimando la demanda por carecer de una reclamación

que justificara la concesión de algún remedio. Multinational

propuso 77 hechos incontrovertidos en los que, en síntesis, arguyó

que el Sr. Van Rhyn había renunciado libre y voluntariamente a la

empresa al suscribir el Acuerdo y Relevo General, por lo que no podía

concluirse que éste fue despedido de su empleo. Añadió que, en

dicho acuerdo, el Sr. Van Rhyn también expresamente había

renunciado a cualquier reclamación que tuviera en contra de su

patrono. Adujo que el Acuerdo y Relevo General constituía una

transacción válida que impedía que el Sr. Van Rhyn instara la

presente acción civil.

       En cuanto al planteamiento de nulidad de la renuncia a la

mesada, Multinational argumentó que las alegaciones y la prueba

documental no establecían la ocurrencia de un despido, por lo cual,

resultaba improcedente en derecho proveer para el pago de la

mesada que establece la Ley Núm. 80 sobre despido injustificado.10

autorizó formalmente ese cambio de nombre; (7) El querellante trabajó para la
empresa querellada desde el 16 de enero de 2006. Empezó como vicepresidente
ejecutivo senior, ocupó los puestos de presidente de NALIC y principal oficial
ejecutivo y la fecha de terminación del empleo fue el 11 de noviembre de 2011.
Igualmente, las partes estipularon como exhibit conjunto el Acuerdo y Relevo
General del 10 de noviembre de 2011. No obstante, solamente se estipuló la
autenticidad, y no así el contenido, del Contrato de Servicios Profesionales y de
Confidencialidad del 10 de noviembre de 2011, el Reconocimiento de Empleo de
6 de mayo de 2011 y la carta de terminación de empleo del 10 de noviembre de
2011 suscrita por la Sra. Janet Ramos. Íd., págs. 74-75.
8 Véase, Orden. Íd., pág. 101.
9 Íd., págs. 103-137.
10 En apoyo a la solicitud de sentencia sumaria, Multinational acompañó los

siguientes documentos: (1) contestación a demanda y reconvención del caso núm.
K AC2012-0306; (2) contestación enmendada a demanda y reconvención
enmendada del caso núm. K AC2012-0306; (3) Acuerdo y Relevo General el 10 de
noviembre de 2011; (4) carta de renuncia del 11 de noviembre de 2011; (5)
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       El 12 de julio de 2022, el Sr. Van Rhyn presentó su Moción en

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.11 Señaló que los hechos

incontrovertidos propuestos por Multinational eran impertinentes y

no esenciales a las controversias planteadas. No obstante, el Sr. Van

Rhyn refutó cada hecho propuesto por Multinational. Afirmó que

existía controversia respecto a su voluntariedad para suscribir el

Acuerdo y Relevo General, puesto que lo firmó bajo coacción

mediante amenaza de despido y consideraciones económicas que

nunca se cumplieron.

       En su moción en oposición, el Sr. Van Rhyn propuso otros 46

hechos que, a su juicio, ameritaban que se dictara sentencia

sumaria a su favor en la que se declarara con lugar la querella sobre

despido injustificado y la reclamación de mesada. Planteó que los

hechos por él propuestos establecían que su renuncia fue forzada,

lo que equivale a un despido cobijado por la presunción de que

estuvo injustificado. Añadió que Multinational no rebatió la referida

presunción, por lo que le correspondía pagar la correspondiente

mesada. Por último, y ante el carácter irrenunciable del derecho a

la mesada que provee la Ley Núm. 80, el Sr. Van Rhyn solicitó que

se declarara la nula su renuncia a tal derecho y, consecuentemente,

se le concediera el remedio de la mesada.12

       En     su    Réplica    a    Oposición     a    Sentencia     Sumaria13,

Multinational arguyó que, conforme al Acuerdo y Relevo General, le

había pagado al Sr. Van Rhyn beneficios a los que no tenía derecho

por haber sido un empleado exento. Reiteró que el Sr. Van Rhyn

cheques 8985 y 8987; (6) contrato de servicios profesionales y de confidencialidad
del 10 de noviembre de 2011; (7) carta de Multinational del 10 de noviembre de
2011; (8) orden de la Oficina del Comisionado de Seguros del 18 de diciembre de
2011; (9) Resolución de la Oficina del Comisionado de Seguros del 7 de febrero de
2012; (10) Orden de la Oficina del Comisionado de Seguros del 27 de febrero de
2012; (11) Orden de la Oficina del Comisionado de Seguros del 27 de marzo de
2012; (12) transcripción de la deposición del Sr. Van Rhyn; (13) declaración jurada
del Lcdo. Carlos Iguina Oharriz. Íd., págs. 138-263.
11 Íd., págs. 271-341.
12 La moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria fue acompañada

con documentos en apoyo. Íd., págs. 342-816.
13 Íd., págs. 826-864.
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había firmado el referido acuerdo de forma voluntaria, razón por la

cual no ocurrió un despido y, por tanto, tampoco controversia

alguna que dirimir respecto al pago de la mesada.14

       Por su parte, el Sr. Van Rhyn, en su Dúplica a Réplica a

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria15, insistió que existía

controversia en torno a las circunstancias y razones que culminaron

en la terminación de su empleo.

       Posteriormente, el 23 de septiembre de 2022, las partes

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden16,

mediante la cual estipularon 14 hechos materiales sobre los cuales

no existía controversia.17

14 Mediante Solicitud de Autorización para Presentar el Presente Escrito en donde
Surge Información Crucial y Bien Reciente de la cual este Tribunal Debe Advenir en
Conocimiento, y; a los Efectos de que se Tome Conocimiento Judicial del Dictamen
Desestimatorio Emitido en el Caso Civil KAC-2012-0306 que Incide y se Relaciona
Directamente con las Alegaciones del Caso de Epígrafe, Multinational anejó la
Resolución emitida el 13 se septiembre de 2022, y notificada el 15 de septiembre
de 2022, en el caso KAC2006-0306, en la que el TPI desestimó las alegaciones
número 3.7 a 3.17, 3.21, 3.23 a 3.25, 3.27, 3.33, 3.41 a 3.46, y 3.49 (i) y (iii) de
la segunda reconvención enmendada incoada por el Sr. Van Rhyn, en las que
planteó su derecho constitucional a la intimidad ante el reclamo de mal manejo
de fondos corporativos que presentó Multinational en su contra. Íd., págs. 879-
888.
15 Íd., págs. 865-872.
16 Íd., págs. 876-878.
17 En específico estipularon: (1) El querellante, Sr. Edgardo Van Rhyn Soler, es

mayor de edad, casado y residente de San Juan; Puerto Rico; (2) Multinational
Life Insurance Company (“Multinational Life”) es una aseguradora debidamente
organizada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (de ahora
en adelante OCS), para la venta de seguros de salud vida e incapacidad; (3)
Multinational Life operó durante varias décadas bajo el nombre de National Life
Insurance Company (NALIC). Para el 11 de noviembre de 2011 solicitó a la OCS
cambiar el nombre por el de Multinational Life Insurance Company. El 14 de
diciembre de 2011la OCS autorizó formalmente ese cambio de nombre; (4) El
Querellante trabajó para NALIC, hoy Multinational Life, durante más de cinco (5)
años, mediante contrato de empleo a tiempo indeterminado (5) El querellante
trabajó para para la empresa querellada desde el 16 de enero de 2006. Empezó
como vicepresidente ejecutivo senior, ocupó los puestos de presidente de NALIC y
principal oficial ejecutivo y la fecha de terminación del empleo fue el 11 de
noviembre de 2011; (6) Para el 26 de abril de 2007, fue nombrado presidente de
NALIC, hoy Multinational Life; (7) El querellante cuenta con un Bachillerato de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico y un grado de Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad de Miami, además de haber
tomado un sinnúmero de seminarios sobre estudios técnicos en el área de
seguros; (8) El Sr. Van Rhyn manejó actividades de recursos humanos para
cumplir con políticas, disposiciones federales y locales; (9) El Sr. Van Rhyn fue el
presidente y principal ejecutivo de Option Health Care Network, Inc., desde el
2004 hasta que comenzó a trabajar en MALIC en el 2006; (10) Option Helath Care
Network, Inc. fue creada en el 2004 al amparo de las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; (11) Edgado Van Rhyn era accionista de Option; (12)
Option Health Care Network, Inc. sirvió como “Third Party Administrator” (TPA)
de los asegurados de NALIC (hoy Multinational Life) para los planes de salud de
los empleados, dependientes, afiliados y pensionados de las dependencias,
municipios e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico; (13) Las partidas
de dinero fueron pagadas al Sr. Van Rhyn mediante los cheques números 8985 y
8987 del 10 de noviembre de 2011; y (14) El 10 de noviembre de 2011, el mismo
día que el querellante firmó el Acuerdo y Relevo General, el Querellante y MIC, a
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      Finalmente, el 4 de noviembre de 2022, el TPI dictó la

Sentencia Parcial objeto del presente recurso. En ésta, consignó los

siguientes sesenta y cinco (65) hechos incontrovertidos:

      1. El querellante, Van Rhyn Soler, es mayor de edad,
      casado y residente de San Juan, Puerto Rico.

      2. Multinational es una aseguradora debidamente
      organizada por la Oficina del Comisionado de Seguros
      (en adelante, “OCS”), para la venta de seguros de salud,
      vida e incapacidad.

      3. Multinational operó durante varias décadas bajo el
      nombre de National Life Insurance Company. Para el 11
      de noviembre de 2011, solicitó a la OCS cambiar el
      nombre por el de Mutinational Life Insurance Company.
      El 14 de diciembre de 2011, la OCS autorizó
      formalmente ese cambio de nombre.

      4. El querellante trabajó para NALIC, hoy Multinational,
      durante más de cinco (5) años, mediante contrato de
      empleo a tiempo indeterminado.

      5. Desde el 16 de enero de 20[0]6, Van Rhyn Soler
      trabajó para la querellada.

      6. El querellante comenzó en la empresa como
      Vicepresidente Ejecutivo Senior y ocupó los puestos de
      Presidente de NALIC y Principal Oficial Ejecutivo.

      7. Van Rhyn Soler culminó su empleo el 11 de
      noviembre de 2011.

      8. El 26 de abril de 2011, el querellante fue nombrado
      Presidente de NALIC.

      9. El querellante cuenta con un Bachillerato de la
      Universidad Interamericana de Puerto Rico y un grado
      de Maestría en Administración de Empresas de la
      Universidad de Miami, además, de haber tomado un
      sinnúmero de seminarios sobre estudios técnicos en el
      área de seguros.

      10. Van Rhyn Soler manejó actividades de recursos
      humanos para cumplir con políticas, disposiciones
      federales y locales.

      11. Van Rhyn Soler fue el Presidente y Principal
      Ejecutivo de Option Health Care Network, Inc. (en
      adelante, “Option”), desde el 2004 hasta que comenzó a
      trabajar en NALIC en el 2006.

      12. Option fue creada en el 2004 al amparo de las leyes
      del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      13. Van Rhyn Soler era accionista de Option.

través del Sr. Tobías Carrero Nácar, firmaron un Contrato de Servicios
Profesionales y de Confidencialidad.
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     14. Option sirvió como Third Party Administrator de los
     asegurados de NALIC (actualmente Multinational) para
     los planes de salud de los empleados, dependientes y
     afiliados y pensionados de las dependencias,
     municipios e instrumentalidades del Gobierno de
     Puerto Rico.

     15. Las partidas de dinero del Acuerdo y Relevo General
     fueron pagadas a Van Rhyn Soler mediante los cheques
     número 8985 y 8987 el 10 de noviembre de 2011.

     16. El 10 de noviembre de 2011, el mismo día que se
     firmó el Acuerdo y Relevo General, Van Rhyn Soler y
     Multinational Insurance Company (en adelante, “MIC”),
     a través de Carrero Nácar, firmaron un Contrato de
     Servicios Profesionales y de Confidencialidad.

     17. Van Rhyn Soler era un empleado exento de
     Multinational, entre otras empresas de National Group
     para las cuales también trabajó.

     18. Van Rhyn Soler ha laborado en la industria de
     seguros por espacio de 28 años.

     19. Durante ese tiempo se ha desempañado en
     múltiples posiciones de liderato en la industria de
     seguros dentro y fuera de Puerto Rico.

     20. Van Rhyn Soler tenía conocimiento de lo que es la
     Ley Núm. 80.

     21. Van Rhyn Soler había despedido empleados como
     parte de sus funciones.

     22. Entre 1996 al 1998, Van Rhyn Soler trabajó como
     Human Resources Operation & Finance Manager.

     23. Van Rhyn Soler realizó funciones para NALIC y para
     NALIC Insurance Company, Florida, entre otras
     compañías.

     24. Van Rhyn Soler fue Presidente y Principal Oficial
     Ejecutivo de las siguientes compañías: National
     Insurance Company, NALIC, ambas corporaciones
     organizadas y existentes bajo las leyes del Estado Libre
     Asociado; las compañías afiliadas del estado de la
     Florida, National Group Insurance Company, NALIC
     Insurance Company, ambas corporaciones organizadas
     y existentes bajo las leyes del estado de la Florida.

     25. Van Rhyn Soler trabajaba para estas empresas
     paralelamente.

     26. Van Rhyn Soler trabajaba para las empresas
     conglomeradas bajo el nombre comercial de National
     Group.

     27. Van Rhyn Soler se convirtió en el Presidente de
     National Insurance Company, NALIC y las compañías
     afiliadas al estado de la Florida, National Group
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     Insurance Company, NALIC Insurance Company desde
     finales del 2006 hasta que dejaron la empresa e
     intervino el Comisionado de Seguros en el 2009 o 2019
     y de NALIC hasta que se hizo la venta de las acciones
     de Carrero Nácar.

     28. A Van Rhyn Soler le solicitaron la renuncia.

     29. Entre el 9 y 10 de noviembre de 2011, Carrero Nácar
     y Van Rhyn Soler negociaron los términos de un
     paquete de salida.

     30. El día que Carrero Nácar le mencionó a Van Rhyn
     lo de su salida de NALIC, le solicita, además, la salida
     de Edgar Rodríguez.

     31. Carrero Nácar y Van Rhyn Soler se habían conocido
     con anterioridad a la renuncia del querellante, ya que
     en más de una ocasión Carrero Nácar había visitado las
     oficinas de NALIC con el propósito de establecer
     relaciones comerciales, las cuales incluían la
     adquisición de las empresas relacionadas con NALIC y
     conocía de la experiencia y ejecutorias del querellante,
     al igual de su historial intachable de éxitos
     profesionales en el campo de los seguros dentro y fuera
     de Puerto Rico.

     32. El 10 de noviembre de 2011, Van Rhyn Soler y
     NALIC, ahora Multinational, a través de Carrero Nácar,
     firmaron un Acuerdo y Relevo General.

     33. Las partes que comparecieron en el Acuerdo y
     Relevo General fueron Van Rhyn Soler y NALIC.

     34. Según la cláusula número 1 del Acuerdo y Relevo
     General, Van Rhyn Soler renunció libre y
     voluntariamente a su trabajo en NALIC.

     35. Según la cláusula número 1 del Acuerdo y Relevo
     General, el último día de trabajo de Van Rhyn Soler fue
     el 11 de noviembre de 2011.

     36. El 11 de noviembre de 2011, Van Rhyn Soler firmó
     una misiva en la cual presentaba su renuncia a la
     posición de Oficial Ejecutivo y Director de la Junta de
     Directores de NALIC.

     37. Van Rhyn Soler recibió $164,913.95 por concepto
     de salarios y beneficios referentes a los meses de
     noviembre y diciembre de 2011, la totalidad de sus
     licencias de vacaciones y enfermedad, bono de Navidad
     y demás beneficios que acumuló hasta el 31 de
     diciembre de 2011, a cambio de la firma del Acuerdo y
     Relevo General.

     38. Los cheques número 8985 y 8987 fueron cobrados
     y depositados por Van Rhyn Soler y no fueron devueltos
     por este.

     39. En la cláusula número 6 del Acuerdo y Relevo
     General, Van Rhyn Soler acordó que, “luego de terminar
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     la relación de empleo entre las partes no se involucrará
     en ninguna actividad de negocios que constituya un
     conflicto de intereses con La Compañía”.

     40. En la cláusula número 20 del Acuerdo y Relevo
     General, a Van Rhyn Soler se le recomendó “consultar
     con su asesor legal antes de firmar este documento
     sobre el contenido y el alcance del mismo y significado
     de este Relevo General y reconoce que se ha otorgado
     este Acuerdo y Relevo General libre y voluntariamente y
     con el pleno conocimiento de las consecuencias legales
     que implica suscribir este documento”.

     41. En la cláusula número 22 del Acuerdo y Relevo
     General, a Van Rhyn Soler se le informó que tenía
     “hasta veintiún (21) días para recibir asesoramiento
     legal con respecto a este acuerdo. Del Sr. Van Rhyn
     firmar este Acuerdo antes de los veintiún (21) días, el
     Sr. Van Rhyn entiende y acepta que estuviese
     renunciando al remanente del tiempo”.

     42. En la cláusula número 24 del Acuerdo y Relevo
     General se establece que “el Sr. Van Rhyn expresa que
     este documento incorpora fielmente los acuerdos
     habidos entre las partes y que lo ha examinado
     detenidamente y luego de considerarlo, es su deseo
     firmar el mismo en el día de hoy”.

     43. Van Rhyn Soler admitió que negoció los términos y
     condiciones del Acuerdo y Relevo General con Carrero
     Nácar.

     44. Van Rhyn Soler admitió que hubo más de dos (2)
     versiones del Acuerdo y Relevo General.

     45. Van Rhyn Soler admitió que le realizó cambios al
     Acuerdo y Relevo General.

     46. Van Rhyn Soler le manifestó a Carrero Nácar que si
     el interesaba que el dejara el puesto de Presidente que
     no tenía problemas con renunciar, pero que le
     compensaran con todos los beneficios que por Ley le
     correspondían.

     47. Después del cambio de control en NALIC, y antes de
     suscribir los dos (2) documentos antes relacionados,
     Van Rhyn Soler se reunió en varias ocasiones con
     Carrero Nácar. En todas estas ocasiones, Van Rhyn
     Soler le proveyó a Carrero Nácar toda la información y
     documentación solicitada con relación a las operaciones
     de NALIC; además, conversaron sobre temas
     relacionados a la operación de NALIC y el interés de
     Carrero Nácar de continuar haciendo negocios con el
     querellante y con Option.

     48. Van Rhyn Soler admitió que no fue obligado a
     firmar el Acuerdo y Relevo General.

     49. Van Rhyn Soler tenía la opción de no firmar el
     Acuerdo y Relevo General.
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     50. Van Rhyn Soler reconoció que no había un ambiente
     hostil.

     51. Van Rhyn Soler estuvo solo en el proceso de su
     salida. No estuvo asesorado por abogado en el proceso
     de negociación.

     52. El cómputo del pago de $164,913.95 que se realizó
     a Van Rhyn Soler, lo hizo Janet Ramos Laboy, quien
     laboraba para NAPRO, una empresa de Carlos Benítez
     que le prestaba servicios a la organización.

     53. Al momento en que se le entregó la misiva con fecha
     del 10 de noviembre de 2011 titulada Terminación de
     Empleo, Van Rhyn Soler entendió que no era Presidente
     de NALIC.

     54. Van Rhyn Soler se enteró del cambio de accionistas
     en NALIC la semana del 7 al 11 de noviembre de 2011.

     55. El Acuerdo y Relevo General no contiene ninguna
     condición relacionada o impuesta por Van Rhyn Soler
     con relación a otras consideraciones o contratos de
     trabajo u otros potenciales negocios.

     56. Nada indica o condiciona el Acuerdo y Relevo
     General a la firma de un Contrato de Servicios
     Profesionales y de Confidencialidad.

     57. El 10 de noviembre de 2011, el querellante y MIC
     firmaron un Contrato de Servicios Profesionales y de
     Confidencialidad.

     58. El Contrato de Servicios Profesionales y de
     Confidencialidad fue firmado entre Van Rhyn Soler y
     MIC.

     59. MIC es una aseguradora distinta a Multinational.
     MIC es una aseguradora de vida, salud e incapacidad y
     Multinational de propiedad y contingencia.

     60. El Contrato de Servicios Profesionales y
     Confidencialidad tenía vigencia del 1 de enero de 2012
     al 1 de enero de 2013.

     61. NALIC no fungió como parte en el Contrato de
     Servicios Profesionales y de Confidencialidad.

     62. La cláusula primera del Contrato de Servicios
     Profesionales y Confidencialidad establece que “[p]or el
     presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
     Y DE CONFIDENCIALIDAD, MULTINATIONAL solicita
     del SR: VAN RHYN y este acepta colaborar con
     MULTINATIONAL y NALIC en carácter de asesor por
     servicios profesionales en todos los aspectos que
     MULTINATIONAL y NALIC considere y estime
     necesarias. Incluyendo, pero no limitándose, a asesoría
     directa del Sr. Tobías Carrero Nácar, Presidente de la
     Junta de Directores, al Sr. Luis Pimentel Zerbi,
     Presidente Ejecutivo y al Bufete Iguina-Oharriz, sus
     subsidiarias y afiliadas”.
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      63. Mediante el Contrato de Servicios Profesionales y de
      Confidencialidad, Van Rhyn Soler no podía llegar a un
      acuerdo contractual con ninguna otra aseguradora si
      ello representaba un conflicto de intereses con MIC.

      64. El Contrato de Servicios Profesionales y de
      Confidencialidad no condiciona el mismo al Acuerdo y
      Relevo General.

      65. El 10 de noviembre de 2011, Carrero Nácar le
      entregó una misiva a Van Rhyn Soler que, conforme a
      las discusiones tenidas, deseaba que MIC y NALIC
      continuaran la relación contractual de negocios con
      Option.

(Notas al calce omitidas).

      A tenor con los anteriores hechos incontrovertidos, el TPI

concluyó que en el presente caso no se cumplían los requisitos de

un despido constructivo. En esa línea, concluyó que la prueba

documental había demostrado que el Acuerdo y Relevo General es

un contrato de transacción válido, mediante el cual Sr. Van Rhyn

renunció libre y voluntariamente a su empleo en NALIC, a cambio

de una compensación, sin que mediara alguna condición o

consideración adicional de contratos de trabajo u otros potenciales

negocios. Además, resaltó que el Sr. Van Rhyn había admitido en su

deposición que no fue obligado a firmar el referido Acuerdo y Relevo

General y, además, éste había declarado que no existía un ambiente

hostil en su empleo. Por tanto, el TPI coligió que la renuncia del

Sr. Van Rhyn no estuvo motivada por actuaciones onerosas e

injustificadas de su ex patrono y que el acuerdo entre las partes fue

uno voluntario, en el que no había mediado coacción, dolo o

intimidación. Razonó que tampoco se había demostrado que la

única alternativa razonable que le quedaba al Sr. Van Rhyn era el

abandono de su cargo.

      En otro extremo, el TPI coligió que aun cuando la renuncia del

Sr. Van Rhyn había sido libre y voluntaria, ésta había sido solicitada

por su patrono. Por eso, razonó que para que fuera válido el Acuerdo

y Relevo General éste debía cumplir con el pago total de la mesada,
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dado el carácter irrenunciable de tal derecho a tenor con la Ley

Núm. 80. Aclaró que la compensación que había recibido el Sr. Van

Rhyn a cambio de la firma del Acuerdo y Relevo General fue

únicamente por concepto de salarios y beneficios, ya que del

documento no surgía que el monto incluyera la mesada. Cónsono

con ello, el TPI declaró nula la cláusula número diez (10) del Acuerdo

y Relevo General, mediante la cual el Sr. Van Rhyn había renunciado

expresamente a su derecho a la mesada. Finalmente, puntualizó que

las demás disposiciones del mencionado acuerdo continuarían en

vigor, según lo permite la cláusula número veintiséis (26) del

acuerdo. Conforme a lo anterior, ordenó a las partes estipular la

cuantía de la mesada en un término de treinta (30) días. Asimismo,

advirtió a las partes que, de éstas no ponerse de acuerdo, el tribunal

citaría a las partes a una vista evidenciaria para oír a los peritos en

materia de compensación laboral, única y exclusivamente en cuanto

al cálculo de la mesada que corresponde al Sr. Van Rhyn.

      Inconforme con el anterior dictamen, el 28 de noviembre de

2022, Multinational instó el presente recurso de certiorari, en el que

formuló los siguientes señalamientos de error:

      Primer señalamiento de error:        Erró el Honorable
      Tribunal de Primera Instancia al pasar por alto que la
      parte querellante-recurrida estaba vedada de llevar el
      caso de marras a la luz de la existencia y suscripción de
      un Acuerdo y Relevo General entre [é]l mismo y
      Multinational Life. Estamos ante un caso que no
      justifica la concesión de un remedio a la luz de la
      normativa jurisprudencia[l] aplicable a los Acuerdos de
      Relevo entre patronos y empleados.

      Segundo señalamiento de error: Erró el Honorable
      Tribunal    de    Primera      Instancia   al   aplicar
      incorrectamente al caso de autos la Ley Núm. 80, supra,
      y resolver que procede el pago de una mesada cuando
      ni hubo una situación de un despido injustificado,
      menos aún de despido constructivo, según alegó e
      invocó la parte querellante-recurrida en su Querella.

      En esencia, Multinational arguye que, por virtud del Acuerdo

y Relevo General, el Sr. Van Rhyn se encontraba impedido de

entablar la demanda de epígrafe. Además, señala que, al haberse
KLCE202201292                                                                    15

firmado un acuerdo de transacción de renuncia libre y voluntaria,

sin que hubiera mediado coacción, dolo o intimidación, no hubo un

despido injustificado y, por tanto, no se activó el derecho a la

indemnización por concepto de mesada que establece la Ley Núm.

80, supra. Así pues, plantea que el TPI actuó contradictoriamente al

proveer para el pago de la mesada a pesar de haber concluido que

no hubo un despido injustificado.

       Por su parte, en la Oposición a que se Expida Auto de

Certiorari, el Sr. Van Rhyn expone que la terminación de su empleo

respondió a la renuncia solicitada por Multinational sin que

existiera justa causa para ello. Argumentó que ello constituyó una

renuncia forzada equivalente a un despido, cobijado por la

presunción de que éste fue injustificado, sin que Multinational

lograra rebatir tal presunción. Por ello, sostiene que el TPI actuó

correctamente al reconocer el derecho de empleado al pago de la

mesada y al declarar nula la renuncia a tal derecho.

       El 9 de diciembre de 2022, al amparo de la autoridad que nos

confiere la Regla 35(a)(1) de nuestro Reglamento18, este Tribunal

dictó una Resolución mediante la cual paralizó los procedimientos

judiciales ante el TPI.

                                        II.

                                       -A-

Sentencia sumaria

       El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo, cuando no se

presentan controversias genuinas de hechos materiales y solo resta

aplicar el derecho a los hechos incontrovertidos.19 El Tribunal podrá

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35(a)(1).
19 Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., 208 DPR 964, 979 (2022); Roldán Flores
v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR
914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010);
Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).
KLCE202201292                                                                 16

dictar sentencia sumaria solamente cuando no exista ninguna

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y

que, como cuestión de derecho, proceda dictarse sentencia sumaria

a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).20

       La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1,

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada

en declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes.21 Un hecho material es todo aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación, de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable.22 La controversia sobre el hecho material tiene que ser

real. Así que, cualquier duda es insuficiente para derrotar una

solicitud de sentencia sumaria. Esto es, la duda debe ser de tal

naturaleza que se pueda colegir la existencia de una controversia

real y sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes a la

controversia planteada en la solicitud de sentencia sumaria.23

       Le corresponde a la parte que promueve la moción de

sentencia sumaria establecer su derecho con claridad y demostrar

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho

material.24 Dicha parte está obligada a desglosar los hechos sobre

los que aduce no existe controversia y, para cada uno, especificar la

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible

en evidencia que lo apoya.25

       Por otro lado, la parte promovida tiene el deber de refutar los

hechos alegados, con prueba que controvierta la exposición de la

20 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020); SLG Zapata-Rivera v. J.F.
Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR
288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v.
Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).
21 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).
22 Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 980.
23 Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017).
24 Íd.
25 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676.
KLCE202201292                                                                  17

parte que solicita la sentencia sumaria.26 A tales efectos, la parte

que se opone tiene el deber de hacer referencia a los párrafos

enumerados por la parte promovente que entiende que están en

controversia y para cada uno detallar la evidencia admisible que

sostiene su impugnación.27 No podrá descansar solamente en las

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que

deberá contestar de manera detallada y específica, como lo hiciera

la parte solicitante.28

       Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la

forma exigida por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, se podrán

considerar admitidos y se dictará sentencia sumaria en su contra,

si procede.29

       En Meléndez González, et al. v. M. Cuebas30, el Tribunal

Supremo estableció el estándar específico, que, como foro apelativo,

debemos utilizar al evaluar las concesiones o denegatorias de

mociones de sentencia sumaria. A tales efectos, indicó que, de

entrada, debemos examinar de novo el expediente y aplicar los

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia

exigen al foro primario. Además, debemos revisar que tanto la

moción de sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil.31 Igualmente, hay que revisar si existen hechos materiales en

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4

de Procedimiento Civil de exponer concretamente cuáles hechos

materiales están en controversia y cuáles están incontrovertidos.32

Por el contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso

26 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44; Ramos Pérez v. Univisión, supra,
pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).
27 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, págs. 676-677.
28 Bobé v. UBS Financial Services, supra, pág. 21.
29 Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677.
30 193 DPR 100 (2015).
31 Íd., pág. 118.
32 Íd., pág. 119.
KLCE202201292                                                                     18

realmente están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro

primario aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la

controversia que tuvo ante sí.33

                                        -B-

Despido sin justa causa

       En     nuestro     ordenamiento        jurídico,     existe    un    interés

apremiante en regular las relaciones obrero-patronales, pues de esta

forma se busca proteger los derechos de los trabajadores. A raíz de

ello, se han aprobado una serie de legislaciones, que incluye la Ley

de indemnización por despido injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185a,

et seq.34

       Dicho estatuto establece una protección al empleado de

despidos injustificados, imponiéndole al patrono una sanción

mediante un pago de una indemnización.35 A tales efectos, el

Artículo 1 de la Ley Núm. 80, establece que, aquellos empleados de

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que:

(1) estén contratados sin tiempo determinado, (2) reciban una

remuneración y (3) sean despedidos de su cargo, sin que haya

mediado justa causa, tienen derecho al pago de una compensación

por parte de su patrono (además del sueldo que hubiere devengado),

denominada como la mesada.36 El pago de la mesada es un derecho

irrenunciable.37

33 Íd.; Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, págs. 981-982; Roldán Flores
v. M. Cuebas et al., supra, pág. 679.
34 La Ley Núm. 80, supra, fue enmendada por la Ley de Transformación y

Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA sec. 121 et seq.
Sin embargo, los hechos ante nuestra consideración versan sobre un empleado
que fue contratado con anterioridad a la vigencia de esta ley. Las disposiciones de
la nueva ley no le aplican, por lo que no será objeto de nuestro análisis.
35 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 208 (2021); León Torres v.

Rivera Lebrón, supra, pág. 36; González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR
213, 229 (2016).
36 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 230 (2015).
37 29 LPRA sec. 185i; Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 466 (2010).
KLCE202201292                                                            19

         Ahora bien, en Puerto Rico no existe una prohibición absoluta

contra el despido de un empleado.38 Un patrono puede despedir a

su empleado, sin sanción alguna, si este demuestra la existencia de

una justa causa para ello.39 El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra,

contiene varias de las circunstancias que constituyen justa causa

para el despido. Estas incluyen tanto motivos fundamentados en la

conducta del empleado como razones de índole empresarial.40

         La Ley Núm. 80 establece un esquema probatorio mediante el

cual, una vez el empleado despedido demuestra que cumple con los

requisitos para ejercer la causa de acción, el patrono demandado

tiene el peso de la prueba para establecer que el despido estuvo

justificado. Si así lo prueba, el patrono no estará obligado a pagar la

mesada.41

         Por ende, para activar la protección generada por la Ley Núm.

80, y valerse de la presunción de que su despido fue injustificado,

el trabajador tiene que demostrar que, en efecto, lo despidieron. Así,

el empleado tiene que demostrar que cumple con los requisitos de

la causa de acción: que fue empleado de un comercio, industria u

otro negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado, que

recibía remuneración por su trabajo, y que fue despedido de su

puesto.42

         Ahora bien, la condición de haber sido despedido no está

limitada por la definición usual del término despido. La definición

de la Ley Núm. 80 abarca, además, las acciones dirigidas a inducir

o forzar al empleado a renunciar, tales como imponerle o intentar

imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario,

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de

38   Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 982.
39   Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 651 (2014).
40   29 LPRA sec. 185b.
41   Íd., pág. 652.
42   Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 907 (2011).
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hecho o de palabra.43 Es decir, el trabajador se siente tan incómodo

con la situación laboral imperante en su lugar de empleo que no

tiene otro remedio que abandonarlo.44 A esta modalidad de despido

se le conoce como despido constructivo o tácito.45

       Nuestro Tribunal Supremo ha definido el despido constructivo

como los actos voluntarios e injustificados realizados por un

patrono, encaminados a obligar al empleado a dejar su trabajo,

cuando la única alternativa razonable que le queda al empleado es

abandonar el cargo.46 Así que, no basta con cualquier molestia o

condición antipática en el empleo, y, cuando se trate de vejámenes

y humillaciones, estos deben ser de magnitud sustancial.47

       De igual modo, tampoco se determina la magnitud y el efecto

de los actos patronales con referencia a la visión subjetiva del

empleado individual. Más bien, se utiliza un criterio objetivo al

examinar si una persona razonable se sentiría forzada a renunciar

como resultado de las acciones del patrono. Por tanto, no basta una

mera alegación de que la renuncia fue un despido constructivo. Es

decir, hace falta demostrar el despido, sea directo o en su modalidad

constructiva o tácita.48 Para ello, bastará con cumplir las exigencias

de la Regla 110 de Evidencia.49

       Así pues, en el caso que se alegue un despido constructivo, el

trabajador tiene que demostrar que las circunstancias de su

renuncia cumplen con los requisitos establecidos para llegar a esa

conclusión. La presunción de despido injustificado no se activa

hasta tanto el trabajador logre persuadir al juzgador de ese hecho

43 29 LPRA sec. 185e.
44 León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 38.
45 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 907.
46 Íd., pág. 908; S.L.G. Hernández-Beltran v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 (2000);

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 183 (1994).
47 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 908.
48 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 907.
49 32 LPRA Ap. VI, R. 110.
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básico, entiéndase, que su renuncia fue en realidad un despido

tácito o constructivo.50

       Una vez un trabajador presenta una reclamación al amparo

de la Ley Núm. 80 y cumple con los requisitos mencionados

mediante alegaciones suficientes, se activa la presunción de que el

despido fue injustificado. Activada la presunción, le corresponde al

patrono probar, mediante preponderancia de la prueba, que existía

justa causa para el despido.51

                                     -C-

Teoría general de los contratos

       En nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad de

contratación o la autonomía de la voluntad.52 Esto implica que las

partes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes,

la moral y el orden público.53 De tal forma, nuestro ordenamiento

jurídico establece el principio general de que las obligaciones que

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contratantes y deben cumplirse según lo contratado.54 Por

consiguiente, los contratos serán vinculantes siempre y cuando

concurran los siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los

contratantes, (2) un objeto cierto que sea materia del contrato y (3)

la causa de la obligación que se establezca.55

       En lo que respecta al consentimiento de las partes, éste pierde

eficacia jurídica cuando haya mediado error, dolo, violencia o

intimidación en el proceso de contratación.56 De estar presente

50 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, págs. 911-912.
51 Íd., pág. 913.
52 Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011).
53 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010); 31 LPRA sec. 3372

(derogado). Todas las referencias al derogado Código Civil de 1930, vigente al
momento de los hechos objeto de la presente causa.
54 31 LPRA sec. 2994 (derogado); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 943

(2018).
55 31 LPRA sec. 3391 (derogado); Demeter Int’l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706,

726-727 (2018).
56 31 LPRA sec. 3104 (derogado).
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alguno de estos fatores, la parte perjudicada tiene una causa de

acción a ser ejercitada dentro del periodo de cuatro (4) años a partir

de la consumación del negocio o desde que ha cesado la violencia o

intimidación.57

       La    intimidación      que    anula    el   consentimiento        de   un

contratante es aquella que se compone de una amenaza que produce

temor o miedo razonable. A su vez, al estimar si medió intimidación

en la contratación, ha de observarse la edad, sexo y condición de la

persona cuyo consentimiento presuntamente quedó viciado.58 Hay

que añadir que el temor a desagradar a las personas a quienes se

debe sumisión y respeto no anulará el contrato.59

       Para que la intimidación o coacción vicie el consentimiento y

produzca la nulidad del contrato, deben cumplirse los siguientes

elementos: (a) que se emplee contra uno de los contratantes la

amenaza de un mal inminente y grave, susceptible por ende, de

ejercer seria influencia sobre su ánimo; (b) que esta amenaza

determine la declaración de voluntad, o lo que es igual, que exista

un nexo causal entre la intimidación y el consentimiento, (c) que la

repetida amenaza y el influjo que pueda ejercer sobre la voluntad

revistan un matiz antijurídico, por cuanto no quepa reputarlos

ilícitos como consecuencia de una correcta y no abusiva utilización

de los derechos.60

       Por otro lado, existe dolo cuando, mediante palabras o

maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, el

otro es inducido a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera

realizado.61 Para que el dolo produzca la nulidad de un contrato,

57 31 LPRA sec. 3512 (derogado); SLG Ortiz Alvarado v. Great American, 182 DPR
48, 62-63 (2011).
58 Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 376-377 (1989).
59 31 LPRA sec. 3406 (derogado).
60 Nassar Rizek v. Hernández, supra, pág. 376, citando a José María Manresa,

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol.
2, pág. 575.
61 31 LPRA sec. 3408 (derogado).
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debe ser grave y no haber sido empleado por ambas partes

contratantes.62 Además, el dolo considerado grave que produce la

nulidad del contrato tiene que recaer sobre elementos esenciales del

contrato y determinar el consentimiento. Es aquello que inspira a

contratar, sin lo cual no hubiera mediado una contratación.63

       A su vez, el error que invalida el consentimiento debe recaer

sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre

aquellas condiciones de ésta que principalmente hubiesen dado

motivo a celebrarlo.64

                                      -D-

El contrato de transacción y la mesada

       El contrato de transacción permite a las partes otorgar un

acuerdo, para evitar que ocurra un pleito potencial o poner fin a un

litigio que ya comenzó. A las transacciones le aplican las normas

generales sobre la interpretación de los contratos, siempre que no

sean incompatibles con el acuerdo entre las partes. Un contrato de

transacción adquiere vida jurídica, cuando: (1) existe una relación

incierta o litigiosa entre las partes, (2) las partes tienen la intención

de sustituir esa relación incierta o litigiosa por una cierta y (3) las

partes se hacen concesiones recíprocas.65

       Existen dos tipos de contratos transaccionales: los judiciales

y los extrajudiciales. Cuando las partes alcanzan un acuerdo que

elimina la controversia antes de iniciar un pleito, o luego de

comenzado el litigio, pero sin la intervención del tribunal – y, por

ende, se desiste de la causa de acción – estamos ante un acuerdo

extrajudicial. En otro extremo, si luego de iniciado el pleito, las

partes acuerdan eliminar la disputa y solicitan incorporar el acuerdo

62 31 LPRA sec. 3409 (derogado).
63 Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 230, nota al calce núm. 6 (2007),
que cita de J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San
Juan, Rev. Jur. U.I.P.R., 1990, T. IV, Vol. II, págs. 58-61.
64 31 LPRA sec. 3405 (derogado).
65 Demeter Int’l v. Srio. Hacienda, supra, págs. 729-730.
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al proceso judicial, se trata de un contrato de transacción judicial

que tiene el efecto de culminar el pleito.66

       En Orsini v. Srio. de Hacienda67, el Tribunal Supremo

reconoció la validez de un contrato de transacción en el cual el

patrono le concede al empleado el pago de la mesada en el contexto

de un despido injustificado. Ello, en atención a la naturaleza

irrenunciable del derecho a la mesada cuando el despido es sin justa

causa. Al respecto, expresó:

       La “mesada” es producto de una obligación legal que
       tiene el patrono de indemnizar a un empleado por
       despedirlo injustificadamente. De ordinario, este tipo de
       compensación se obtiene luego de un proceso judicial.
       Sin embargo, los patronos han optado por transar el
       pago de esta indemnización, mediante los denominados
       “Acuerdos de Relevo”. Esta modalidad de compensación
       por el despido responde a una obligación contractual,
       con la diferencia de que esta clase de contrato, por su
       naturaleza transaccional, está supeditado a que ambas
       partes consientan a las concesiones recíprocas.
       Además, para que sean válidos, estos acuerdos deben
       cumplir con el pago total de la “mesada”, porque el
       derecho a ésta no es renunciable.68

                                        III.

       La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta a

expedir el auto de certiorari cuando se recurre de la denegatoria de

una moción de carácter dispositivo, como lo es una moción de

sentencia sumaria.69 En virtud de ello, ejercemos nuestra discreción

y expedimos el auto solicitado.

       En el presente caso, el TPI concluyó que no se cumplían los

requisitos de un despido constructivo, debido a que se demostró

que, mediante el Acuerdo y Relevo General, el Sr. Van Rhyn había

renunciado a su empleo de manera libre y voluntaria. Por otro lado,

66 Íd., pág. 730.
67 177 DPR 596 (2009) (revocado en Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 186 DPR
951 (2012), en cuanto al aspecto contributivo de la indemnización recibida por el
empleado).
68 Íd., pág. 629.
69 Entre las mociones de carácter dispositivo, cuya denegatoria por el foro primario

permite el ejercicio de nuestra función revisora, se encuentran la moción de
desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las
alegaciones. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 594 (2011).
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el TPI declaró nula la cláusula del referido acuerdo en la que el

Sr. Van Rhyn renunció al derecho de indemnización por concepto

de mesada. A tenor con ello, ordenó a las partes a estipular la

cuantía de la mesada.

       Multinational arguye que el TPI actuó contrario a derecho al

proveer para el pago de la mesada, a pesar de haber concluido que

no se configuró un despido constructivo. Multinational no cuestionó

los hechos incontrovertidos apuntados por el TPI. Más bien, sus

señalamientos de error van dirigidos a cuestionar la aplicación del

derecho por parte del foro primario.

       Por su parte, el Sr. Van Rhyn señala que la terminación de su

empleo respondió a la petición de renuncia de su patrono, lo que

constituyó una renuncia forzada, equivalente a un despido, con la

presunción de que fue sin justa causa. Indica que al patrono no

lograr rebatir tal presunción, el TPI actuó correctamente al

reconocer el derecho al pago de la mesada por despido injustificado.

       Según expuesto, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en

la misma posición que el TPI al momento de revisar una solicitud de

sentencia sumaria.70 Por consiguiente, este Tribunal solo puede

considerar los documentos que se presentaron ante el TPI y

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de manera correcta.

       Aclarado lo anterior, luego de analizar la solicitud de

sentencia sumaria presentada por Multinational, así como la

oposición    del   Sr.   Van     Rhyn,    concluimos      que    los   hechos

incontrovertidos esbozados por el TPI están apoyados en la prueba

70 Del examen de la Solicitud de Sentencia Sumaria por Multinational Life, surge
que ésta incluyó y relacionó la prueba documental en la que basó sus alegaciones
y fundamentó su postura en derecho. Por tal razón, concluimos que la moción
cumple con la Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a).
Asimismo, la Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, presentada
por el Sr. Van Rhyn, cumple con los requisitos de la Regla 36.3(b) de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b).
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que obra en autos y no existe controversia genuina de hechos

materiales. Por ello, los hacemos formar parte de este escrito.

         A    esos   fines,   corresponde   determinar   si   los   hechos

incontrovertidos apuntados por el TPI son suficientes para adjudicar

la causa de acción por despido constructivo.

         La jurisprudencia define el despido constructivo como los

actos voluntarios e injustificados por un patrono, encaminados a

obligar al empleado a dejar su trabajo, siendo la única alternativa

razonable para el empleado abandonar su cargo. En virtud de ello,

una renuncia formal por parte de un empleado puede constituir

causa de acción para reclamar por un despido injustificado, en la

modalidad de despido constructivo.

         Surge de los hechos incontrovertidos que, si bien es cierto

que, conforme los términos del Acuerdo y Relevo General, el Sr. Van

Rhyn renunció voluntariamente a su puesto en la empresa, dichos

hechos igualmente establecen que a éste le pidieron la renuncia,

pero bajo conversaciones de mantener una relación contractual.

Sobre este punto, de las propias determinaciones de hechos

incontrovertidos, surge que, el mismo día que se firmó el Acuerdo y

Relevo General, el Sr. Van Rhyn y el Sr. Carrero Nácar, firmaron el

Contrato de Servicios Profesionales y de Confidencialidad. En el

Acuerdo y Relevo General, el Sr. Carrero Nácar compareció en

representación de NALIC y, en el Contrato de Servicios Profesionales,

representó a MIC. No obstante, una lectura del referido contrato de

servicios profesionales refleja que, mediante éste, el Sr. Van Rhyn

recibiría una remuneración de $15,000.00 mensuales a cambio la

prestación de servicios de asesoría.71 La esencia de la reclamación

del Sr. Van Rhyn reside en su alegación de que firmó el Acuerdo de

Relevo General tras la amenaza de despido de su patrono y luego de

71   Apéndice del recurso, págs. 181-189.
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concertar un acuerdo de servicios de consultoría por $15,000.00

mensuales.

         También surge como hechos no controvertidos que, antes de

suscribir los dos (2) documentos, el Sr. Van Rhyn y el Sr. Carrero

Nácar conversaron sobre el interés de este último en continuar

haciendo negocios con el primero.72 En relación con ello, el TPI

estableció que el Sr. Carrero Nácar le entregó una carta al Sr. Van

Rhyn que ratificó por escrito dichas intenciones.73

         Ciertamente, el Contrato de Servicios Profesionales y de

Confidencialidad no estaba condicionado al Acuerdo y Relevo

General y viceversa. Sin embargo, el hecho de que el referido Acuerdo

y Relevo General carezca de cláusulas escritas que lo condicionen a

algún otro pacto, de ninguna manera excluye las alegaciones del Sr.

Van Rhyn relacionadas a las circunstancias que intervinieron en su

voluntariedad o motivación para suscribir el acuerdo. Por ello, al

evaluar si la renuncia en el presente caso equivale o no a un despido

constructivo, resulta indispensable indagar las razones que

circunvalaron dicha renuncia.

         De manera que, de las alegaciones de las partes y de los

documentos que forman parte de la solicitud de sentencia sumaria

y la oposición, surgen elementos subjetivos en los que el factor de

credibilidad es esencial. Así que, luego de revisar de novo el

expediente de la forma más favorable al Sr. Van Rhyn, que es la

parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria, concluimos

que los hechos incontrovertidos apuntados en la Sentencia Parcial

resultan insuficientes para sostener una disposición sumaria de la

reclamación de despido constructivo. En el presente caso existen

controversias sobre aspectos esenciales de la causa de acción

invocada que ameritan la celebración de un juicio en su fondo. Por

72   Hecho incontrovertido núm. 47
73   Hecho incontrovertido núm. 65.
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consiguiente, resolvemos que el TPI erró al adjudicar de manera

sumaria la causa de acción por despido constructivo.

         Así pues, cónsono con el mandato de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil74, acogemos los hechos incontrovertidos de la

Sentencia Parcial      y   determinamos       que     éstos   no   están   en

controversia. A su vez, exponemos los hechos materiales en

controversia:

         1. El motivo de la renuncia del Sr. Van Rhyn.

         2. Si la renuncia del Sr. Van Rhyn fue voluntaria.

         3. Las condiciones o actuaciones, si alguna, que
         Multinational le impuso al Sr. Van Rhyn.

         4. Si las condiciones o actuaciones de su patrono
         obligaron al Sr. Van Rhyn a renunciar.

         5. Si entre las partes existió alguna condición o
         consideración adicional de contratos de trabajo o
         potenciales negocios.

         6. Si existieron otras alternativas a la renuncia.

         Por último, coincidimos con el TPI en que la renuncia del Sr.

Van Rhyn a la mesada y a cualquier otra reclamación a la que

tuviera derecho al amparo de la Ley Núm. 80, sobre despido

injustificado, fue contraria a derecho.

                                    IV.

         De conformidad con lo antes expuesto, este Tribunal expide el

auto de certiorari y modifica el dictamen recurrido, a los efectos de

restituir la causa de acción por despido injustificado al amparo de

la Ley Núm. 80, que deberá ser atendida por el Tribunal de Primera

Instancia en un juicio plenario. Se deja sin efecto la paralización de

los     procedimientos     judiciales     decretada     mediante     nuestra

resolución del 9 de diciembre de 2022, y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos acorde con lo aquí resuelto.

74   32 LPRA Ap. V.
KLCE202201292                                                      29

     Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones