Court Opinion

ID: 9941413
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:33:03.124841+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.196232
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL V

     DIANA MARIE COLÓN                                           CERTIORARI
          ROMÁN,                                                 procedente del Tribunal
                                                                 de Primera Instancia,
            Peticionaria,                                        Sala Superior de
                                         KLCE202301437           Carolina.
                   v.
                                                                 Civil núm.:
   GABRIEL JESÚS LÓPEZ                                           CA2021RF00410.
        ARRIETA,
                                                                 Sobre:
              Recurrida.                                         divorcio-ruptura
                                                                 irreparable.

 Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
 Romero García y la jueza Martínez Cordero.

 Romero García, jueza ponente.

                                       SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

         La controversia ante nuestra consideración está relacionada con un

 error cometido por el foro primario, que incide directamente sobre el

 derecho de una menor de edad a recibir de su padre, aquí recurrido, la

 aportación correspondiente a sus gastos educativos. Por concluir que tal

 determinación constituye un abuso de discreción, expedimos el auto de

 certiorari y revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

 Instancia el 16 de noviembre de 2023.

                                               I

         Durante la vigencia de su matrimonio1, los señores Diana M. Colón

 Román (señora Colón) y Gabriel J. López Arrieta (señor López) procrearon

 a una hija, C.M.L.C., el 25 de julio de 2010. Celebradas las vistas

 correspondientes y conforme recomendado por el Examinador de

 Pensiones Alimentarias (EPA)2, los padres estipularon, en lo pertinente,

 que el señor López sufragaría “el 53% de los gastos de matrícula, libros,

 uniformes, materiales escolares, cuotas de graduación, cualquier

 1 La Sentencia de divorcio por la causal de ruptura irreparable fue dictada el 13 de julio de

 2021, notificada el 20 de julio de 2021. Véase, apéndice del recurso, a las págs. 7-8.

 2 Íd., a las págs. 9-27.

Número identificador

SEN2024__________________
KLCE202301437                                                             2

cuota o gasto de graduación, gasto de cafetería y gastos médicos no

cubiertos por First Medical, más el 50% de los gastos de clases de

soccer y clases de arte, a ser reembolsados en un término de 30 días,

mediante pago directo y presentación de evidencia.” (Énfasis en el

original3). El 28 de enero de 2022, notificada el 31 de enero de 2022, el

tribunal dictó la Resolución a esos efectos4.

         En ese entonces la menor estudiaba en un colegio privado, la

Escuela Josefita Monserrate de Sellés, que ubica en Rio Piedras5. Una vez

culminó sus estudios allí, los padres acordaron matricular a la menor en el

colegio CEDIN (Escuela Laboratorio de la Universidad Interamericana,

Recinto Metropolitano)6.

         El 17 de marzo de 2023, la señora Colón presentó una solicitud para

que el foro primario autorizara el cambio de escuela de la menor7.

Conforme adujera, la sicóloga de la menor había recomendado el cambio,

pues en el CEDIN se habían suscitado uno incidentes, que presuntamente

exacerbaban el cuadro clínico de la menor. La señora Colón consignó que

el padre se oponía a dicho cambio.

         Conforme le fuese ordenado, el 4 de abril de 2023, el señor López

se opuso al cambio de escuela, relató haber conversado con la sicóloga y

solicitó un término adicional para celebrar una reunión con la sicóloga con

el fin de validar su recomendación y los motivos para ella8. Apuntó, además,

que el colegio que se estaba proponiendo, el Colegio Puertorriqueño de

Niñas (CPN), conllevaba un costo adicional, que las partes litigantes no

podían sufragar9.

3 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 29.

4 Íd., a las págs. 28-30.

5 Íd., a la pág. 31.

6 Íd.

7 Íd., a las págs. 31-33.

8 Íd., a las págs. 35-39.

9 Íd., a la pág. 37, alegación núm. 12.
KLCE202301437                                                                              3

        El 27 de junio de 2023, el tribunal celebró una vista para dilucidar la

controversia. Conforme surge de la minuta de la vista10, los padres

expusieron sus sendas posiciones. Entre otras cosas, el tribunal autorizó

que los padres se reunieran con la sicóloga de la menor y ordenó que, de

no ponerse de acuerdo, le sometieran mediante moción las alternativas

escolares.

        El 7 de agosto de 2023, el tribunal celebró otra vista11 sobre el mismo

tema. A esa vista comparecieron la directora del CEDIN, la sicóloga de la

menor y la menor. Tanto la sicóloga como la directora del CEDIN

testificaron bajo juramento, y fueron interrogadas y contrainterrogadas por

las abogadas de las partes litigantes.

        Como resultado de la vista, en lo pertinente, el tribunal ordenó

mantener a la menor en el CEDIN, hasta que otra cosa acordaran los

padres entre sí.

        Mediante una orden dictada y notificada en esa misma fecha, 7 de

agosto, el tribunal concedió a los padres hasta el 11 de agosto de 2023,

para informar sobre una propuesta escolar hecha por la señora Colón 12.

        Posteriormente, el 15 de agosto de 2023, la señora Colón presentó

una moción que informaba de los incumplimientos del señor López13 y de

la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

        En esa misma fecha, la señora Colón informó que la menor no había

sido matriculada en el CEDIN, a la espera del acuerdo con el señor López.

El colegió le informó que el proceso de matrícula para octavo grado había

culminado y las clases habían comenzado14.

10 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 41-46.

11 Íd., a las págs. 47-52.

12 Íd., a las págs. 53-55.

13 Íd., a las págs. 56-64. Según surge de esta moción, la preferencia de la menor era asistir

al CPN. La propuesta que hacía la señora Colón era que el padre autorizara el cambio y
que ella se comprometía a sufragar la diferencia entre la mensualidad y la matrícula del
CEDIN y las del CPN. Íd., a la pág. 57, párrafo núm. 20.

14 Íd., a las págs. 65-68.
KLCE202301437                                                                  4

         El 17 de agosto de 2023, la señora Colón presentó otra moción 15.

En esta, informó que la menor había sido dada de alta del hospital 16 el 16

de agosto y que continuaría en un programa de hospitalización parcial.

Además, reiteró que las clases en el CEDIN habían comenzado y la menor

no había sido matriculada para el semestre escolar agosto-diciembre. De

otra parte, también informó que el CPN la había admitido y que tenía hasta

esa fecha para completar el proceso de matrícula.

         A pesar de lo informado, el 18 de agosto de 2023, notificada en esa

fecha, el tribunal emitió una orden en la que concedió a las partes litigantes

un término de 5 días para informar si la menor había sido matriculada en el

CEDIN. Dispuso que, de “no haber cupo en CEDIN, será matriculada en

CPN pues la menor no puede quedarse sin escuela.”17 Añadió que: “Es en

el mejor interés de la menor que esté matriculada lo antes posible y ambos

padres deberán hacer todas las gestiones en el día de hoy so pena de

desacato y severas sanciones.”18

         El 23 de agosto de 2023, el señor López compareció y adujo que la

señora Colón había desatendido todas las órdenes del tribunal y que, de

manera unilateral, había optado por matricular a la menor en el CPN. A la

luz de ello, solicitó que el tribunal le impusiera a ella el pago de la totalidad

de los gastos educativos de la menor19.

         El 21 de septiembre, notificada en esa fecha, el foro primario emitió

una Resolución20, en la que declaró sin lugar la solicitud del señor López.

En su parte pertinente, el tribunal dispuso:

         […]. Surge claramente del expediente que este Tribunal
         autorizó la matrícula de la menor en la escuela privada, CPN,
         si la escuela privada CEDIN mantenía su determinación de
         no matricular a la menor en el octavo grado. El garantizar que
         la menor comenzara a la brevedad a cursar sus estudios en
         el octavo grado se atendió con [sic] la única alternativa

15 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 69-72.

16 Se refería a San Jorge Children´s Hospital, Unidad de Salud Mental.

17 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 73-74.

18 Íd., a la pág. 74.

19 Íd., a las págs. 75-76.

20 Íd., a las págs. 77-78.
KLCE202301437                                                             5

         disponible. El matricular a la menor en CPN y su comienzo de
         clases el 21 de agosto de 2023, resultó en el mejor bienestar
         de la menor. Habiendo el demandado sugerido el 20 de
         agosto de 2023, “Cupeyville” como alternativa para la menor,
         oferta académica previamente rechazada por él por razones
         de costo, lleva al Tribunal a concluir que el costo de la
         educación de la menor para el 20 de agosto de 2023, no es
         un factor a considerar. Se mantiene la Resolución dictada el
         28 de enero de 2021, la cual establece la pensión alimentaria
         a ser pagada por el demandado y la aportación de las partes
         a los gastos educativos de la menor de la forma porcentual.

(Énfasis en el original).

         El 6 de octubre de 2023, y de manera oportuna, el señor López

presentó su reconsideración a la resolución del 21 de septiembre 21. En

síntesis, planteó que la señora Colón había actuado de manera consciente

y en abierta violación a sus derechos como padre con patria potestad

compartida, y que la matrícula en el CPN había sido tomada de manera

unilateral y de mala fe por la señora Colón. Solicitó que, a consecuencia de

ello, le impusiera a la señora Colón el costo total de la educación de la

menor. Por último, le imputó al tribunal una conducta prejuiciada hacia la

señora Colón, que redundaba en la violación de sus derechos como padre

con patria potestad.

         En respuesta, ese mismo 6 de octubre, el tribunal ordenó como

sigue22:

         10 días para exponer las instancias en que este Juez ha
         permitido que la parte demandante pase por alto la patria
         potestad como se alega y se ennegrece (para resaltar) en
         el inciso 6 de la presente moción [de reconsideración], pues
         no es lo que se refleja en el expediente ni en las múltiples
         vistas que ha celebrado este Juez para atender este caso.

         En cuanto a la Reconsideración[,] 20 días a la parte
         demandada para replicar.

(Énfasis en el original).

         El 16 de octubre de 2023, el señor López presentó su Escrito en

cumplimiento de orden23. En ella, de manera sucinta, el señor López hizo

alusión a una moción del 12 de agosto de 2021, sobre una contraseña de

21 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 79-81.

22 Íd., a la pág. 82.

23 Íd., a las págs. 83-84.
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un Apple ID de la menor; a una vista celebrada el 23 de septiembre de

2021, sobre el tema de unas tutorías de la menor; y, finalmente, sobre la

admisión de la menor en el CPN sin su consentimiento. Adujo que todo ello

se suscitó sin consecuencia alguna para la señora Colón.

        En respuesta a la moción en cumplimiento de orden del señor

López24, el 18 de octubre de 2023, notificada en esa fecha, el tribunal

dispuso:

        Las instancias incluidas en la presente moción NO
        demuestran que este tribunal ha permitido que la
        demandante pase por alto la patria potestad. Este tribunal ha
        celebrado     múltiples   vistas     presenciales    y    por
        videoconferencia para atender todos los asuntos presentados
        por las partes cuando no se ha podido poner de acuerdo con
        los asuntos de la menor, en cumplimiento con el debido
        procedimiento de ley. Ha escuchado a las partes y sus
        alegaciones y ha hecho determinaciones (en ocasiones a
        favor de la demandante y en otras a favor del demandado)
        velando por el mejor bienestar de la menor. De alguna de las
        partes no estar de acuerdo con las determinaciones del
        tribunal lo que procede es que conforme a los términos
        establecidos en las reglas, reglamentos y el ordenamiento
        jurídico pidan revisión en el Tribunal de Apelaciones.
        Entendemos que el expediente, grabaciones y minutas
        hablan por si solo.

(Mayúsculas en el original).

        El 15 de noviembre de 2023, el señor López presentó un Escrito

reiterando solicitud de reconsideración, sin oposición25. En ella, llamó la

atención al tribunal al hecho de que la oposición a su solicitud de

reconsideración presentada el 6 de octubre que, conforme a la orden de

esa misma fecha debía ser contestada por la señora Colón el 26 de octubre

de 2023, aún no había sido presentada. Solicitó que se acogiera su

reconsideración y se le impusiera a la señora Colón el pago de la totalidad

de la matrícula y de los pagos mensuales de la escuela.

24 Véase, apéndice del recurso, a las  págs. 85-86. Contrario a lo aseverado por la
peticionaria en su recurso, la hoja de notificación de esta orden dispone claramente
qué moción se atendía; por tanto, resulta evidente que la intención del tribunal no
fue resolver la solicitud de reconsideración presentada por el señor López el 6 de
octubre de 2023, sino atender su infundada queja sobre un presunto prejuicio a
favor de la señora Colón.

25 Íd., a las págs. 92-93.
KLCE202301437                                                             7

        Al día siguiente, la señora Colón presentó su Oposición a “Moción

de Reconsideración”26. De la lectura del escrito surge que la señora

Colón interpretó erróneamente la orden dictada el 18 de octubre de

2023; entendió que dicha orden había atendido la solicitud de

reconsideración del señor López, por lo que la había denegado y

apercibido a las partes litigantes de su derecho a acudir en alzada. Así

pues, solicitó que el foro primario sostuviera su determinación del 21 de

septiembre de 2023.

        El mismo 16 de noviembre de 2023, notificada al día siguiente, el

tribunal dispuso lo siguiente27:

        Atendida la Solicitud de Reconsideración del demandado,
        Gabriel J. López Arrieta, y vencido en exceso el término
        concedido a la demandante para replicarla, este Tribunal
        dispone lo siguiente:

        Con relación al gasto educativo de la menor, la demandante
        será responsable de la totalidad del pago de matrícula,
        mensualidades y gastos exigidos o reclamados por el Colegio
        Puertorriqueño de Niñas.

        Al demandado le corresponderá realizar el pago, mediante
        reembolso, del gasto de materiales, uniformes y libros de la
        menor, de conformidad con el porciento fijado en la
        Resolución de alimentos del pasado 28 de enero de 2021,
        notificada y archivada en autos el 31 de enero de 2021.

        En atención a lo anterior, este Tribunal declara Ha Lugar la
        Solicitud de Reconsideración y se dicta la presente
        Resolución de conformidad.

(Énfasis nuestro).

        Inconforme, el 18 de diciembre de 2023, la señora Colón instó este

recurso de certiorari, en el que le imputó al tribunal haber incurrido en el

siguiente error:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando declaró Ha
        Lugar la Solicitud de Reconsideración del Demandado,
        estando la misma fuera de término, alegadamente sin
        oposición de la Demandante, cuando el Tribunal Recurrido
        mediante orden dictada y notificada el 18 de octubre de 2023,
        informó a ambas partes que en cuanto a la Reconsideración
        del Sr. López, su determinación era final y firme y que de
        alguna no estar de acuerdo, con las determinaciones del
        tribunal lo que procede es que conforme a los términos
        establecidos en las reglas, reglamentos y el ordenamiento
        jurídico pidan revisión en el Tribunal de Apelaciones.

26 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 94-96.

27 Íd., a las págs. 97-98.
KLCE202301437                                                              8

       Conforme surge de la discusión del señalamiento de error, la señora

Colón insiste en que la solicitud de reconsideración presentada por el señor

López había sido resuelta por el foro primario en su orden dictada el 18 de

octubre de 2023. Basada en ese evidente error en su lectura de la orden y

de su hoja de notificación, la señora Colón aduce que procede expedir el

auto y revocar la resolución del 16 de noviembre de 2023.

       Por su parte, conforme le ordenásemos, el señor López presentó su

oposición a la expedición del recurso el 19 de enero de 2023. En síntesis,

arguyó que la señora Colón había hecho una lectura errada de la resolución

del 16 de noviembre de 2023, por lo que el error imputado no se había

cometido. Solicitó, además, que este Tribunal le impusiera a la peticionaria

el pago de honorarios por temeridad.

       Perfeccionado el recurso, resolvemos.

                                      II

                                      A

      De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende la

revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro

primario en el transcurso y manejo del caso. Por tanto, distinto al recurso

de apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o

denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así pues, el

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338

(2012).

      Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, delimitó los

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de certiorari.

A saber:

       .        .        .        .        .       .       .        .

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
KLCE202301437                                                            9

      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público
      o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.
      .          .       .        .       .       .         .       .

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).

      De otra parte, precisa señalar que la discreción para entender en el

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento

de este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al

momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
      para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
      Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
      a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
      elevados, o de alegatos más elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
      es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya
KLCE202301437                                                               10

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de

primera instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Aunque la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil confiere competencia a este foro apelativo para

intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos,

ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo

o denegarlo.

                                      B

       “El derecho a reclamar alimentos, como parte del derecho a la vida,

tiene profundas raíces constitucionales”. Toro Sotomayor v. Colón Cruz,

176 DPR 528, 535 (2009). Es un derecho fundamental, “que se acentúa

cuando están involucrados los alimentos de menores y que forma parte del

poder de parens patriae del Estado”. Íd.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consecuente al reiterar

que, “los menores tienen un derecho fundamental a reclamar alimentos,

que los casos relacionados con los alimentos de los menores están

revestidos del más alto interés público y que en éstos el interés no puede

ser otro que el bienestar del menor”. Íd.

       Es decir, la obligación de alimentar no es tan solo un derecho

fundamental, sino que también es un imperativo jurídico, que ha sido

consagrado en varios de los artículos de nuestro Código Civil. Martínez v.

Rodríguez, 160 DPR 145, 151-152 (2006). Así pues, “la obligación del

sustento de los menores recae en ambos padres”. Íd. Dicha “obligación

cubre todo lo que es indispensable al sustento del menor, su

habitación, vestido y asistencia médica, entre otros”. McConnell v.

Palau, 161 DPR 734, 746 (2004). (Énfasis nuestro).
KLCE202301437                                                                           11

                                            III

        En primer lugar, resaltamos lo previamente discutido en cuanto al

señalamiento de error propuesto por la parte peticionaria. Es la señora

Colón quien se equivoca en la interpretación de la orden dictada por el foro

primario el 18 de octubre de 2023. Esta orden no atendía la solicitud de

reconsideración oportunamente presentada por el señor López, y una

concienzuda lectura de la orden y de su hoja de notificación así lo habría

evidenciado28.

        De otra parte, enfatizamos que este Tribunal es plenamente

consciente de la amplia discreción que ostenta el Tribunal de Primera

Instancia sobre el manejo de los casos que se ventilan ante sí29. Sin

embargo, tanto la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, como nuestra

Regla 40, nos autorizan a entrar en los méritos de este recurso. Primero,

pues se trata de un caso de relaciones de familia y, segundo, porque

intentamos remediar lo que, por su propia naturaleza, constituye un fracaso

a la justicia y un abuso de discreción.

        En la resolución objeto de este recurso, el foro primario consignó

que la señora Colón no se había opuesto oportunamente a la solicitud de

reconsideración del señor López. Ello es correcto. Ella contaba con un

término, que vencía el 26 de octubre de 2023, para oponerse y no lo hizo.

Sin embargo, tal omisión por sí sola no justificaba la revocación de la bien

fundamentada Resolución del 21 de septiembre de 2023.

        Como consignó el Tribunal de Primera Instancia en su Resolución

del 21 de septiembre: “El matricular a la menor en CPN y su comienzo de

clases el 21 de agosto de 2023, resultó en el mejor bienestar de la menor.”30

Añadió que, a la luz de que el padre había sugerido su matrícula en el

colegio privado Cupeyville, podía concluir que el factor económico no

28 Este Tribunal no está en posición de concluir que tal lectura errada fuera intencional.

Por tanto, declaramos sin lugar la solicitud del señor López a los efectos de que
impongamos a la señora Colón el pago de honorarios por temeridad.

29 Nos remitimos a la decisión más reciente sobre este tema que el Tribunal Supremo de

Puerto Rico emitió el 19 de diciembre de 2023, en Banco Popular de Puerto Rico v. Andrés
Gómez Alayón, y otros, 2023 TSPR 145, a la pág. 21.

30 Véase, apéndice del recurso, a la pág. 78.
KLCE202301437                                                              12

constituía un impedimento real para que la menor asistiera al CPN. Así

pues, determinó que procedía mantener en vigor su Resolución del 28 de

enero de 2021, que había fijado, por estipulación de las partes litigantes, el

porciento que el señor López habría de aportar a la educación de su hija.

       Estas dos determinaciones del foro primario fueron tomadas de

manera concienzuda, justa y basadas en el trámite del caso. Como surge

del récord, el tribunal celebró varias vistas, atendió las inquietudes de las

partes litigantes, escuchó y aquilató el testimonio de varios testigos, y,

finalmente, sostuvo la estipulación de las partes litigantes, según fueran

adoptadas en su Resolución del 28 de enero de 2021. El tribunal, de

manera reiterada, le hizo saber a las partes litigantes que el mejor bienestar

de la menor constituía el criterio fundamental en las que basaba sus

determinaciones.

       Sin embargo, luego de que la representación legal del señor López

adujera, sin fundamento válido en derecho y livianamente, que el tribunal

había exhibido una conducta prejuiciada a favor de la señora Colón, este

optó por penalizarla, obligándola a asumir el costo total de la matrícula de

la menor en el CPN. Una orden de mostrar causa o una sanción económica

habría bastado para penalizar a la señora Colón por su interpretación

errónea de la orden dictada el 18 de octubre de 2023.

       Si algo surge con meridiana claridad del récord de este caso, es la

sensibilidad y diligencia con la que el juez ha atendido el mismo. No

obstante, en esta instancia, abusó de su discreción y dejó sin efecto una

determinación previa (21 de septiembre de 2023), que había estado

basada, no en meras alegaciones, sino en su análisis de la prueba que tuvo

ante sí, reconociendo que la continuación de los estudios de la menor

gozaba de la mayor importancia y que, como parte de sus obligaciones, el

padre se había comprometido a aportar el 53% de los gastos de matrícula

de la menor.
KLCE202301437                                                               13

                                     IV

      A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal concluye que el foro

primario abusó de su discreción, por lo que expedimos el auto de

certiorari y revocamos la Resolución dictada el 16 de noviembre de

2023. Ello implica que continúa en vigor la Resolución dictada por el

Tribunal de Primera Instancia el 21 de septiembre de 2023, por lo que el

señor Gabriel J. López Arrieta continúa obligado a sufragar el 53% del costo

de la matrícula de la menor C.M.L.C, cónsono a lo estipulado por las partes

litigantes y acogido en la Resolución del 28 de enero de 2021. Esta

determinación estará en vigor hasta que, luego de recibir la prueba

necesaria, el Tribunal de Primera Instancia otra cosa decida.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones