Court Opinion

ID: 9554683
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:16:50.59645+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:19.069610
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

  ADAM C. SINN Y OTROS                      Certiorari
                                            procedente del
 Demandante - Recurridos                    Tribunal de
                                            Primera Instancia,
              v.              KLCE202300702 Sala de Bayamón

  DENNIS DAVID PEDRA,                           Civil núm.:
      POR SÍ Y EN                               BY2021CV01794
 REPRESENTACIÓN DE LA                           (503)
  SOCIEDAD LEGAL DE
     GANANCIALES                                Sobre: Daños
    COMPUESTA CON
 CHRISTIE MARIE PEDRA
       Y OTROS

 Demandados-Peticionarios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) estimó como

apropiada la contestación de una parte a una solicitud de

descubrimiento de unos mensajes de texto entre la otra parte y su

corredora de bienes raíces, ello a pesar de que los mensajes fueron

editados para eliminar lo que dicha parte estimó no era pertinente.

Según se explica a continuación, en el ejercicio de nuestra

discreción, declinamos la invitación a intervenir con la decisión

recurrida.

                                 I.

      En mayo de 2021, el Sr. Adam C. Sinn y Aspire Consulting

Solutions, LLC (los “Compradores”), presentaron la acción de

referencia, sobre cumplimiento específico de contrato, daños y

prohibición de enajenar (la “Demanda”), contra el Sr. Dennis David

Pedra, su esposa, la Sa. Christi Marie Pedra, y la sociedad de

gananciales compuesta por ambos (los “Vendedores”).

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300702                                                        2

      En síntesis, los Compradores alegaron que los Vendedores se

negaron a firmar el contrato de compraventa de un inmueble sito en

el Municipio de Dorado (la “Propiedad”), ello a pesar de que ya las

partes habían acordado un precio.        Así pues, afirman que los

Vendedores incumplieron una promesa bilateral de compraventa.

Solicitaron el cumplimiento específico del contrato, es decir, la venta

de la Propiedad por el precio supuestamente pactado y una

indemnización por daños.

      En agosto, los Vendedores contestaron la Demanda y

reconvinieron. Negaron la existencia de un contrato de promesa

bilateral de compraventa. Alegaron que, el 19 de abril, cuando las

partes todavía discutían los términos y condiciones para llegar a un

acuerdo, los Compradores se retiraron de dichas negociaciones. En

la Reconvención, los Vendedores sostienen que sufrieron daños,

entre otras razones, por la intervención de los Compradores con una

oferta de mayor valor que habían recibido de otro potencial

comprador.

      Durante el descubrimiento de prueba, los Vendedores le

solicitaron a los Compradores las comunicaciones escritas entre

estos y su agente de bienes raíces, la Sa. Amanda Grover (la

“Corredora”). En lo pertinente, los Compradores le suplieron un

gran número de mensajes de texto intercambiados entre estos y la

Corredora. No obstante, los Compradores tacharon, para que no

fuesen legibles, varias porciones de dichos mensajes, pues los

Compradores consideraron que las mismas no eran pertinentes por

no referirse a la Propiedad ni a los asuntos objeto de controversia en

el caso.

      El 31 de agosto de 2022, los Vendedores le solicitaron al TPI

que le ordenase a los Compradores someter, en su totalidad y sin

editar, los textos entre estos y la Corredora.
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         El 13 de septiembre, el TPI ordenó a los Compradores producir

los mensajes de texto con la Corredora.             No obstante, los

Compradores solicitaron reconsideración.

         A raíz de ello, el TPI le ordenó a los Compradores producir

todos los mensajes de texto entre estos y la Corredora, que fueran

“pertinentes al caso” y “bajo juramento acreditando que estos

representan la totalidad de los mensajes y que están completos”.

         Inconformes, los Vendedores solicitaron reconsideración;

arguyeron que el TPI no debía permitirles a los Compradores

determinar cuáles mensajes de texto eran pertinentes y cuáles no.

Plantearon que ello representaría una “ventaja indebida” para los

Compradores.

         Mediante una Resolución notificada el 24 de mayo, el TPI

denegó la solicitud de reconsideración de los Vendedores y dispuso

lo siguiente:

         No obstante, aclaramos que como parte del
         descubrimiento de prueba los demandantes deberán
         proveer todos los mensajes relacionados con el caso que
         nos ocupa. Quedan excluidos aquellos mensajes entre
         la corredora de bienes raíces y los demandantes que no
         tengan que ver con la compraventa ni con las
         alegaciones que se recogen en el caso de autos.

         El 2 de junio, los Compradores informaron al TPI que le

habían enviado a los Vendedores los mensajes de texto redactados,

acompañados de una declaración jurada en la cual se asegura que

los mensajes enviados son aquellos relevantes al pleito. En igual

fecha, el TPI dio por cumplida la orden dictada.

         En desacuerdo, el 21 de junio, los Vendedores presentaron el

recurso que nos ocupa; formulan los siguientes señalamientos de

error:

         Primer Error: Erró el TPI al revocar su propia orden
         sobre la entrega de los mensajes de texto y permitir que
         la parte promovente de un pleito notifique un
         descubrimiento de prueba censurado.

         Segundo Error: Erró el TPI al ordenar que el
         descubrimiento de prueba sea limitado e incompleto en
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      contra de las disposiciones que establecen que el
      descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal.

En igual fecha, los Vendedores nos solicitaron la paralización de los

procedimientos ante el TPI, lo cual denegamos mediante una

Resolución de 22 de junio.

                                  II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de

asuntos interlocutorios.     Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá expedir un

auto de certiorari. Al respecto, dispone, en lo pertinente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. […]
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      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

                                  III.

      Hemos determinado, en el ejercicio de nuestra discreción, no

intervenir con lo actuado por el TPI. Veamos.

      En primer lugar, la Regla 52.1, supra, no contempla que

intervengamos en controversias sobre descubrimiento de prueba.

Adviértase que no surge del récord que esperar a una potencial

apelación para plantear el error supuestamente cometido por el TPI

causaría un “fracaso irremediable de la justicia”.

      En segundo lugar, aún bajo los factores de la Regla 40, supra,

no estamos ante una decisión claramente errónea o que haya

causado un “fracaso de la justicia”, de tal modo que estemos ante

una situación que amerite nuestra intervención. Véase Regla 40(A)

y 40(G) de nuestro Reglamento, supra. En vez, estamos ante un
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ejercicio por el TPI de la “amplia discreción” que tiene para

reglamentar el “ámbito” del descubrimiento de prueba.        Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). “[L]os tribunales de

instancia están facultados para modificar los términos y concluir el

descubrimiento de prueba conforme a las particularidades y

circunstancias de cada caso.” Íd.; Lluch v. España Service Sta., 117

DPR 729, 742 (1986).

      En efecto, el ejercicio de discreción por el TPI en materia de

descubrimiento de prueba no es revisable por los tribunales

apelativos a menos que se demuestre que el TPI: (1) actuó movido

por prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Trans-Oceanic

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012).

      Del récord ante nos, no surge que el TPI actuase movido por

prejuicio o parcialidad. Tampoco se desprende que incurriera en un

craso abuso de discreción o se equivocara en la interpretación o

aplicación de una norma procesal o sustantiva. Por consiguiente,

consideramos que no procede, en esta etapa, intervenir con la

determinación recurrida.     No nos corresponde, en este contexto,

sustituir nuestro criterio por el ejercido por el TPI.      De todas

maneras, nuestra determinación discrecional no impide que los

Vendedores, de no prevalecer en el caso de referencia, reproduzcan

este planteamiento en apelación, ni prejuzga los méritos del mismo

en dicho contexto. Torres Martínez, 175 DPR a la pág. 98.

                              IV.
      Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición

del auto de certiorari solicitado.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones