Court Opinion

ID: 9554714
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:20:36.509785+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:18.268780
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

                                                      Certiorari
  ALFREDO D. GÁLVEZ                                   procedente del
     RODRÍGUEZ                                        Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
       Parte Recurrida                                Superior de Caguas

               v.                  KLCE202300530 Caso Núm.
                                                 CG2021RF00664
    JANICE M. VÉLEZ                              (Sala 601)
   RIVERA POR SÍ Y EN
   REP. DE ELIAN DAEL                                 Sobre:
         VÉLEZ                                        Filiación, Custodia
                                                      Compartida,
     Parte Peticionaria                               Relaciones
                                                      Paternofiliales

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

       Comparece ante nos la Sra. Janice M. Vélez Rivera (en

adelante, la Sra. Vélez Rivera o parte peticionaria) y nos solicita la

revisión de dos Órdenes emitidas y notificadas el 11 de abril de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala

Superior de Caguas. En la primera orden el foro primario declaró No

Ha Lugar la Moción en Solicitud de Reconsideración de Orden y

dispuso que el tribunal le había concedido oportunidad a la parte

aquí peticionaria de comparecer para la realización del informe

social y luego de radicado el mismo se informó que nunca

compareció ni se sometió al proceso y que luego de radicado el

informe, el tribunal lo refiere nuevamente y la parte tampoco

compareció.”1 En la segunda orden el TPI también declaró No Ha

Lugar la Urgente Moción en Solicitud de Señalamiento de Vista y

dispuso lo siguiente: “[e]l tribunal refirió el caso nuevamente a la

1 Anejo A del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 1.

Número Identificador

SEN2023 _________
KLCE202300530                                                             2

Unidad de Trabajo Social y la parte no compareció a ninguna de las

citas programadas por la Unidad de Trabajo Social […].”2

       Por los fundamentos que se expresaran a continuación se

expide el auto de Certiorari y se revocan las Ordenes recurridas.

                                         -I-

       El 8 de septiembre de 2021, el Sr. Gálvez Rodríguez presentó

petición de filiación, custodia compartida, relaciones paternofiliales

y pensión en contra de la Sra. Vélez Rivera por sí y en representación

de su hijo.3 En su petición, el Sr. Gálvez Rodríguez reconoció la

paternidad del menor E.D.V. y solicitó al foro de instancia que

ordenara al Registro Demográfico la inscripción de su nombre como

padre del menor en el Certificado de Nacimiento, que le otorgara la

patria potestad compartida, le otorgara la custodia compartida y que

le fijara una pensión alimentaria en beneficio del menor.

       Luego de varios trámites procesales, el TPI celebró juicio en

su fondo, a la cual no compareció la Sra. Vélez Rivera4 y dictó

Sentencia en rebeldía el 8 de noviembre de 2022, notificada el 28 de

noviembre de 2022, mediante la cual declaró Con Lugar la petición

de filiación, ordenó que en el certificado de nacimiento del menor

E.D.V. se inscribiera como padre al Sr. Gálvez Rodríguez, se le

concedió la patria potestad compartida, se establecieron relaciones

paterno filiales en fines de semanas alternos sábado y domingo de

9:00 a.m. a 5:00 p.m. y todas las semanas los lunes y miércoles de

4:00 p.m. a 7:00 p.m. Además, el TPI refirió el caso a la Oficina de

Examinadores de Pensiones Alimentarias para establecer la

obligación alimentaria y a la Unidad Social de Relaciones de Familia

2 Anejo C del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 4 5.
3 Anejo H del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 17-19.
4 Según surge de la Entrada Núm. 12 del expediente del Caso Núm.
CG2021RF00664 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos
(SUMAC), la Sra. Vélez Rivera fue emplazada por edicto el 29 de diciembre de
2021.
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y Menores (en adelante, Unidad Social) para estudio social de

custodia compartida.5

       El 7 de diciembre de 2022, la Sra. Maribel García Cotto,

Supervisora Auxiliar de la Unidad Social, presentó moción mediante

la cual informó que la trabajadora social asignada al caso era la Sra.

Marjorie Franco Rosario, solicitó acceso al expediente electrónico de

SUMAC e informó que durante el proceso para la asignación del caso

se habían realizado intentos para contactar a la Sra. Vélez Rivera

por medio de llamadas telefónicas se le dejó mensajes y no los

contestó así como se le habían enviado mensajes por correo

electrónico que no los contestó.6 Además, se informó que el plan

filial del progenitor con el menor E.D.G.V. no había comenzado dado

que la parte aquí peticionaria no ha respondido a las llamadas del

Sr. Gálvez Rodríguez.7 Por último, se solicitó que se le ordenara a la

Sra. Vélez Rivera comparecer a la Unidad Social el 15 de diciembre

de 2022, durante el horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. para que

ofreciera toda la información que se requiere para el inicio de la

evaluación social.8 Posteriormente, la Unidad Social solicitó que se

le ordenara a la parte recurrida conectarse el 19 de diciembre de

2022, a la 1:30 p.m., mediante videoconferencia a través de la

plataforma de Microsoft Teams. El 9 de diciembre de 2022, el foro

primario les ordenó a las partes cumplir con todos los requisitos de

la Unidad Social.9

       Así las cosas, el 19 de diciembre de 2022, la Unidad Social

presentó Moción Informativa en la cual comunicó que el 9 de

5 Anejo J del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 22-25. El 16 de diciembre de 2022,

el Sr. Gálvez Rodríguez presentó Moción Solicitando Nueva Notificación de
Sentencia por Edicto debido a que por error del periódico Primera Hora la misma
no fue publicada y el foro primario la autorizó nuevamente el 20 de diciembre de
2022. Véase: Anejos N y P del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 29 y 31. El 27 de
diciembre de 2022 se publicó la sentencia por edicto. Véase: Anejos W y X del
Apéndice de Certiorari Civil, págs. 40-41.
6 Anejo K del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 26.
7 Id.
8 Id.
9 Anejo M del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 28.
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diciembre de 2022 había contactado a un familiar de la Sra. Vélez

Rivera, a quien se le notificó la cita para la entrevista inicial que

había sido pautada para el 15 de diciembre de 2022 a la cual no

compareció la parte peticionaria.10 Ante esta situación, la Unidad

Social citó nuevamente a la Sra. Vélez Rivera para entrevista de

manera presencial, el 9 de enero de 2023 a las 8:30 a.m. A esta cita

no compareció la Sra. Vélez Rivera y no se excusó de la cita

programada.11

       El 10 de enero de 2023, el TPI le ordenó a la Unidad Social a

presentar en el término de veinte (20) días someter informe social de

acuerdo      con    la   información       recopilada     e      informando     las

incomparecencias de las partes.12 El 27 de enero de 2023, la Unidad

Social presentó Moción de Labor Realizada.13 Según surge de la

comunicación de labor realizada por la Unidad Social en el área de

antecedentes legales se destaca que para el 29 de julio de 2021 en

el caso OPA-2021-013811 se dictaminó resolución final denegando

orden de protección en contra del Sr. Gálvez Rodríguez. En cuanto

a los antecedentes sociales surge de la comunicación de Labor

Realizada que la Sra. Vélez Rivera tiene historial previo en el caso E

CU2010-0091, en el cual se rindió informe social para el 9 de

diciembre de 2010 y se recomendó que el padre de los dos menores

objeto de estudio en ese caso ostentara la custodia por las

condiciones de salud mental que tenía la parte peticionaria y que los

menores estaban en riesgo. Además, indicaba que la Sra. Vélez

Rivera    debido     a esta      situación     tuvo     una      intervención   del

Departamento de la Familia (en adelante, DF) y que por tanto los

menores fueron ubicados con su padre. De la entrevista al Sr. Gálvez

Rodríguez con la trabajadora social asignada al caso surge:

10 Anejo O del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 30.
11 Anejo R del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 33.
12 Anejo S del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 34.
13 Anejos T y U del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 35-38.
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              Explicó que luego comenzó la pandemia y todo
       estuvo cerrado. Indicó que luego se entera de que la
       progenitora lo había inscrito con otro nombre. Por lo
       que, solicitó mediante el tribunal reconocer a su hijo.
       Comentó que la señora Vélez Rivera es inestable
       emocionalmente. Expresó que compartía con el menor
       en la residencia materna cuando ella lo permitía. Señaló
       que, desde marzo de 2022, no se relaciona con su hijo.
       En el mes de septiembre de 2022, tuvo un accidente y
       pudo ver al niño mediante videollamada. Mencionó que
       posterior a eso la señora Vélez Rivera se entera de que
       tiene pareja y no le contestó las llamadas. Informó que
       en una ocasión tuvo una discusión con la señora Vélez
       Rivera porque este deseaba llevarse el niño para una
       actividad y ella no se lo permitió. Narró que la madre le
       gritó en presencia del niño y este se fue del lugar.
       Manifestó que ella lo acusó de violencia doméstica y
       durante la vista ella fue arrestada por otro caso. Explicó
       que el tribunal llevaba varios años buscándola por una
       deuda de pensión alimentaria de sus hijos mayores.
       Mencionó que estuvo un mes aproximadamente
       confinada y desconoce con quién estuvo su hijo.
       Enfatizó que, desde ese suceso, ella no le contesta a los
       alguaciles que van a su residencia ni asiste a citas del
       tribunal. El señor Gálvez Rodríguez desea compartir
       con su hijo y estar presente en cada etapa de su
       desarrollo.

       En su moción de Labor Realizada, la Sra. Franco Rosario,

trabajadora social asignada al caso, recomendó lo siguiente:

              “Debido a las circunstancias del caso, no estamos
       en posición de brindar recomendaciones, ya que no
       pudimos llevar a cabo el protocolo de evaluación social.
       Sin embargo, es un hallazgo importante los
       antecedentes de la señora Vélez Rivera y nos preocupa
       el bienestar del niño, al no conocer el estado emocional
       actual de la progenitora.”

       El 30 de enero de 2023, el TPI le concedió veinte (20) días a

las partes para que se expresaran respecto al informe de labor

realizada y si se allanaban a las recomendaciones.14

       El 6 de febrero de 2023, el Sr. Gálvez Rodríguez presentó

Moción en Solicitud de Custodia Completa del Menor en la cual

solicitaba que en atención al informe de Labor Realizada se le

otorgara la custodia del menor.15 Ese mismo día, el TPI señaló vista

urgente presencial para el 21 de febrero de 2023, a las 11:00 a.m.,

14 Anejo V del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 39.
15Según surge de la Entrada Núm. 35 del expediente del Caso Núm.
CG2021RF00664 en SUMAC.
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la cual notificó por correo postal al Sr. Gálvez Rodríguez y se ordenó

citar a la Sra. Vélez Rivera por conducto de los alguaciles.16 Es

importante puntualizar que no surge de nuestro expediente judicial

ni de SUMAC que esta orden le haya sido notificada a la Sra. Vélez

Rivera a su dirección postal de récord.17 Del diligenciamiento de la

citación a la Sra. Vélez Rivera surge por nota del alguacil que el 8 de

febrero de 2023 se le dejó informe de notificación para que

compareciera a recoger citación el 14 de febrero de 2023 y no

compareció.18 El 16 de febrero de 2023, nuevamente los alguaciles

intentaron diligenciar personalmente la citación de la Sra. Vélez

Rodríguez y sobre el particular expresaron que: “[h]oy nos

presentamos en la dirección nuevamente y no había nadie en la

Residencia. Se dejó copia de la misma debido a lo cercano del

señalamiento.”19

       El 21 de febrero de 2023, el TPI celebró la vista de custodia a

la cual compareció el Sr. Gálvez Rodríguez y su representante legal,

el Lcdo. Luis R. Rodríguez Cintrón y no compareció la Sra. Vélez

Rivera ni representación legal alguna.20 Ese mismo día, el foro de

instancia dictó Resolución concediéndole la custodia del menor

E.D.G.V. al Sr. Gálvez Rodríguez y ordenó que cuando fuera a

buscar al menor estuviera acompañado por un agente de la policía.21

Esta orden se cumplió y la custodia del menor la ostenta el Sr.

Gálvez Rodríguez.

       Así las cosas, el 3 de marzo de 2023, la parte peticionaria

compareció en el caso mediante Moción Asumiendo Representación

16 Anejo Z del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 43.
17 Del expediente judicial surge que la dirección postal de la Sra. Vélez Rivera es

Condominio Santa Juana, Apt. 1108, Caguas, PR 00725.
18 Véase nota al calce número 16, pág. 44.
19 Id.
20 Anejo AA del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 45.
21Anejo F del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 9. Según surge de la Entrada Núm.

52 del expediente del Caso Núm. CG2021RF00664 en SUMAC, el TPI emitió
Resolución Enmendada el 28 de febrero de 2023, notificada el 6 de marzo de 2023.
En la cual dispone que concede la custodia “a raíz de la prueba desfilada en sala”.
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Legal presentada por la Lcda. Cynthia E. Vázquez Estrada.22

Inconforme con el dictamen, la parte aquí peticionaria presentó el 6

de marzo de 2023, Urgente Moción de Reconsideración de Resolución

y Orden23 y el 8 de marzo de 2023, Moción en Solicitud de

Reconsideración de Orden.24

       En síntesis, en sus escritos la Sra. Vélez Rivera argumentó

que el TPI le concedió la custodia del menor al Sr. Gálvez Rodríguez

por la recomendación de la Trabajadora Social en su escrito titulado

Labor Realizada y por la parte aquí peticionaria no haber cooperado

con los procedimientos. Además, expresó que su representante legal

la había orientado del incumplimiento con los procesos del tribunal

y de la obligación de cumplir con las órdenes del tribunal. Manifestó

que debido a que en dos ocasiones que acudió al tribunal para

atender otros asuntos había sido arrestada, vive temerosa del

tribunal y del sistema. Arguyó, además, que el escrito de Labor

Realizada carece de una evaluación del padre en aspectos esenciales

incluyendo si este está capacitado económica y mentalmente para

tener el menor, si ha cometido delitos, si tiene acomodo adecuado

para el menor, su grupo de apoyo y expuso que el informe está

carente de entrevistas a colaterales, vistas a la comunidad, escuela

del menor y entrevistas a familiares paternos y maternos. Por

último, sostuvo que desde que el menor se encuentra con su padre

han sido infructuosas las gestiones para saber cómo se encuentra

el menor, debido a que el Sr. Gálvez Rodríguez cerro el canal de

comunicación.

       El 9 de marzo de 2023, el TPI respecto a las mociones de

reconsideración pendientes las dispuso no ha lugar en este

momento y refirió el caso a la Unidad Social para la continuación de

22 Anejo CC del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 47.
23 Anejo G del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 10- 16.
24 Anejo EE del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 49-51.
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los procedimientos y ordenó evaluaciones psicológicas y pruebas de

dopaje.25 En atención a la orden del tribunal, la Unidad Social

contactó a la representación legal de la Sra. Vélez Rivera debido a

que se le dificultaba coordinar una cita con su clienta y el 13 de

marzo de 2023 la parte peticionaria se contactó con la Unidad

Social, fue orientada y se coordinó la entrevista inicial para el 15 de

marzo de 2023 de forma presencial.26 A la cita de la entrevista inicial

en la Unidad Social la Sra. Vélez Rivera no compareció ni se

excusó.27

         El 16 de marzo de 2023, el TPI dictó Orden en la cual dispuso:

“[a]nte la incomparecencia de la parte se releva a la Unidad de

Trabajo Social de realizar informe y se mantienen las órdenes y

resoluciones en el caso de marras.”28 Así las cosas, el 28 de marzo

de 2023, la parte aquí peticionaria presentó Moción en Solicitud de

Reconsideración de Orden,29 mediante la cual le solicitó excusas al

tribunal por su incomparecencias previas, y solicitó se le concediera

una oportunidad final para comparecer a la Unidad Social. Además,

sostuvo que le removieron la custodia del menor por su

incomparecencia al tribunal, y sin un informe social formal que

contenga toda la investigación que fundamente y apoye al padre

como recurso idóneo para ostentar la custodia del menor.30 El TPI

le concedió un término de veinte (20) días al Sr. Gálvez Rodríguez

para replicar.31

         A los dos días siguientes, la Sra. Vélez Rivera presentó Urgente

Moción en Solicitud de Señalamiento de Vista32 en la cual reiteró sus

planteamientos anteriormente expuestos. Además, alegó que el

25 Anejo FF del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 52.
26 Anejo GG del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 53.
27 Id.
28 Anejo C del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 4.
29 Anejo B del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 2-3.
30 Id.
31  Según surge de la Entrada Núm. 65 del expediente del Caso Núm.
CG2021RF00664 de SUMAC.
32 Anejo E del Apéndice de Certiorari Civil, págs. 6-8.
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padre del menor no le permite ver al menor, que le ha prohibido la

comunicación para saber cómo se encuentra su hijo, que está

tomando determinaciones respecto al menor sin consultarle, como

sacarlo del colegio al cual asistía, y que como madre tiene derechos

de patria potestad y a relacionarse con su hijo de lo cual ha sido

privada. En su moción solicitó una vista urgente para que se

determinaran asuntos de relaciones materno filiales y patria

potestad, así como reiteró su solicitud de un nuevo referido a la

Unidad Social.

       El 11 de abril de 2023, el foro primario declaró No ha Lugar la

Moción en Solicitud de Reconsideración de Orden y dispuso que: “[e]l

tribunal concedió oportunidad a la parte demandada de comparecer

durante la realización del informe, luego de radicado el mismo se

informó que la parte demandada nunca compareció ni se sometió al

proceso, luego de radicado el informe el tribunal lo refiere

nuevamente y la parte tampoco compareció […].”33 Ese mismo día,

el TPI también declaró No Ha Lugar la Urgente Moción en Solicitud

de Señalamiento de Vista y dispuso lo siguiente: “[e]l tribunal refirió

el caso nuevamente a la Unidad de Trabajo Social y la parte no

compareció a ninguna de las citas programadas por la Unidad de

Trabajo Social […].”34

       Inconforme con la determinación del foro de instancia, el 11

de mayo de 2023 presentó ante nos Urgentísima Solicitud de Auxilio

de Jurisdicción y Certiorari Civil. En su recurso de certiorari alegó

que el TPI cometió los errores siguientes:

       Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
       Instancia, al abusar de su discreción en su poder de
       parens [patriae] al ordenar arbitrariamente la remoción
       de la custodia del menor E.D.G.V. a la [peticionaria], sin
       mediar una investigación social que lo justifique, sin
       determinar la capacidad del recurrido para ostentar la
       custodia del menor, sin existir fundamentos que lo

33 Anejo A del Apéndice de Certiorari Civil, pág. 1.
34Según surge de la Entrada Núm. 68 del expediente del Caso Núm.
CG2021RF00664 de SUMAC.
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      justifiquen, sin tomar en consideración y regirse por el
      criterio del bienestar y los mejores intereses del menor
      y sin tomar en consideración y regirse por los criterios
      aplicables al proceso de adjudicación de custodia de un
      menor, en contravención al debido proceso de ley.

      Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera
      Instancia, al abusar de su discreción en su poder de
      parens [patriae] al privar arbitrariamente a la
      [peticionaria] de su derecho a relacionarse filialmente
      con su hijo, sin el debido proceso de ley.

      El 12 de mayo de 2023, le concedimos a la parte recurrida

hasta el martes, 16 de mayo de 2023, a las 2:00 pm, para expresarse

sobre la solicitud de auxilio de jurisdicción y diez (10) días para

expresar su oposición al recurso presentado. Luego de una solicitud

de prórroga presentada por el Sr. Gálvez Rodríguez para expresarse

sobre la solicitud de auxilio de jurisdicción, que no fue concedida, el

16 de mayo de 2023, se denegó la solicitud de auxilio de jurisdicción

y se le concedió un término de quince (15) días a la parte recurrida

para presentar su oposición al recurso. El 2 de junio de 2023, el Sr.

Gálvez Rodríguez presentó Oposición a la Expedición del Auto de

Certiorari.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a exponer el derecho aplicable.

                                 -II-

                                 -A-

      El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León

Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz

de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324,

334 (2005). En el ámbito judicial, el concepto discreción “no

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR,

supra, pág. 338. La discreción, “es una forma de razonabilidad
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aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera.” Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46,

211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co.,

supra, a la pág. 174.

      En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG

Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 337. Dicha Regla dispone

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones:

      “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
      Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
      R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil,
      supra.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia:

      “cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad
      de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos
      relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
      revistan interés público o en cualquier otra situación en
      la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso
      irremediable de la justicia.” Íd.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su

decisión.” Íd.

      Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de
KLCE202300530                                                       12

una orden de mostrar causa. Estos son:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del
      Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                 -B-

      La patria potestad se define como el conjunto de deberes y

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los

bienes de los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la

mayoría de edad u obtienen su emancipación. Artículo 589 del

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7241. La custodia, por su parte,

es un componente de la patria potestad porque impone a los padres

el deber primario de tener a sus hijos no emancipados bajo su

compañía. Torres, Ex Parte, 118 DPR 469, 476 (1987).

      Por su parte, la Ley Protectora de los Derechos de los Menores

en el Proceso de Adjudicación de Custodia, Ley Núm. 223 de 21 de

noviembre de 2011, según enmendada, 32 LPRA sec. 3186 (en

adelante, Ley Núm. 223-2011), persigue, entre otros, proteger y

procurar el mejor bienestar de los niños y niñas de una pareja

divorciada o de una relación consensual cuyos miembros se han

separado; y establecer los criterios que deberá considerar el TPI al
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adjudicar la custodia. Véase, Exposición de Motivos de la Ley 223-

2011, supra.

        El propósito de esta Ley es establecer la política pública a

favor    de    la   promoción    de   la   custodia   compartida   y

corresponsabilidad sobre los hijos. Artículo 2 de la Ley Núm. 223-

2011, 32 LPRA sec. 3181. El Artículo 602 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 7281, define al igual que la Ley Núm. 223-211, supra,

el concepto de custodia compartida de la siguiente manera:

              “Custodia compartida es la obligación de ambos
        progenitores de ejercer directa y totalmente todos los
        deberes y funciones que conlleva la patria potestad de
        los hijos, relacionándose con estos el mayor tiempo
        posible y brindándoles la compañía y atención que se
        espera del progenitor responsable.
              La custodia compartida no requiere que un
        menor pernocte el mismo tiempo en la residencia de
        ambos progenitores. En este caso, el tribunal puede
        conceder la custodia compartida de los hijos menores
        de edad o de hijos mayores de edad de los que
        comparten la patria potestad prorrogada, si el otro
        progenitor se relaciona de forma amplia y desempeña
        responsablemente todas las funciones que como
        progenitor le corresponden y la patria potestad le
        impone.”

        Por su parte, la Ley Núm. 223-211 en su Artículo 7, 32 LPRA

sec. 3185, desglosa los criterios que el foro primario deberá

considerar al adjudicar la custodia compartida:

        1.    La salud mental de ambos progenitores, así como
              la del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a
              adjudicar.

        2.    El nivel de responsabilidad o integridad moral
              exhibido por cada uno de los progenitores y si ha
              habido un historial de violencia doméstica entre
              los integrantes del núcleo familiar.

        3.    La capacidad de cada progenitor para satisfacer
              las necesidades afectivas, económicas y morales
              del menor, tanto presentes como futuras.

        4.    El historial de cada progenitor en la relación con
              sus hijos, tanto antes del divorcio, separación o
              disolución de la relación consensual, como
              después del mismo.

        5.    Las necesidades específicas de cada uno de los
              menores cuya custodia está en controversia.
KLCE202300530                                                     14

     6.    La interrelación de cada menor, con sus
           progenitores, sus hermanos y demás miembros
           de la familia.

     7.    Que la decisión no sea producto de la irreflexión
           o coacción.

     8.    Si los progenitores poseen la capacidad,
           disponibilidad y firme propósito de asumir la
           responsabilidad de criar los hijos conjuntamente.

     9.    Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales
           los progenitores han solicitado la patria potestad
           y custodia compartida.

     10.   Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los
           progenitores impedirá que funcione el acuerdo
           efectivamente.

     11.   Si la ubicación y distancia de ambos hogares
           perjudica la educación del menor.

     12.   La comunicación que existe entre los progenitores
           y la capacidad para comunicarse mediante
           comunicación directa o utilizando mecanismos
           alternos.

     13.   Analizará la presencia de la enajenación parental,
           o cualesquiera otras razones que pudieran
           ocasionar la resistencia del menor para
           relacionarse con sus padres. La enajenación
           parental se refiere a la obstaculización por parte
           de uno de los progenitores de las relaciones
           filiales de sus hijos o hijas, menores de edad, con
           el otro progenitor, mediante el uso de diferentes
           estrategias, con el propósito de transformar o
           adoctrinar la conciencia de sus hijos o hijas, a los
           fines de denigrar, impedir, obstruir o destruir sus
           vínculos con el otro progenitor y el menor de edad
           presenta pensamientos o sentimientos de rechazo
           hacia el otro progenitor; demuestra actitudes
           negativas hacia este o si, en efecto, se ha afectado
           el vínculo afectivo entre el menor y el otro
           progenitor. Todas las actuaciones que surgen del
           presente inciso deben ocurrir de forma repetitiva
           de modo que constituyan un patrón y no basado
           en hechos aislados.

     14.   Cualquier otro criterio válido o pertinente que
           pueda considerarse para garantizar el mejor
           bienestar del menor. (Énfasis suplido).

     Sobre el mismo particular, el Artículo 604 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 7283, adoptó los criterios a evaluar en toda
KLCE202300530                                                             15

determinación de custodia esbozados en la Ley Núm. 223-2011,

supra.35

        El Artículo 9 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3187,

que la custodia compartida no se considerara beneficiosa y favorable

para los mejores intereses del menor en los siguientes casos:

     1) La salud mental de ambos progenitores, así como la del
        hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar.

     2) El nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido
        por cada uno de los progenitores y si ha habido un
        historial de violencia doméstica entre los integrantes del
        núcleo familiar.

     3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las
        necesidades afectivas, económicas y morales del menor,
        tanto presentes como futuras.

     4) El historial de cada progenitor en la relación con sus
        hijos, tanto antes del divorcio, separación o disolución
        de la relación consensual, como después del mismo.

     5) Las necesidades específicas de cada uno de los menores
        cuya custodia está en controversia.

     6) La interrelación de cada menor, con sus progenitores,
        sus hermanos y demás miembros de la familia.

     7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o
        coacción.

35 En específico el Artículo 604 del Código Civil de 2020, supra, dispone lo
siguiente:
       “El tribunal debe evaluar los siguientes criterios en toda
       determinación de custodia:
       (a) la salud mental de ambos progenitores y de los hijos;
       (b) el nivel de responsabilidad o integridad moral exhibido por cada
       uno de los progenitores;
       (c) si ha habido un historial de violencia doméstica entre los
       integrantes del núcleo familiar;
       (d) la capacidad de cada progenitor para satisfacer las necesidades
       afectivas, económicas y morales del menor, tanto presentes como
       futuras;
       (e) el historial de cada progenitor en la relación con sus hijos;
       (f) las necesidades específicas de cada uno de los hijos menores
       cuya custodia se solicita;
       (g) la relación del hijo con sus progenitores, sus hermanos y otros
       miembros de la familia;
       (h) la capacidad, disponibilidad y compromiso de los progenitores
       de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente;
       (i) la razón o los motivos de los progenitores para solicitar la
       custodia compartida;
       (j) si la profesión u oficio que ejercen los progenitores no es un
       impedimento para ejercer una custodia compartida;
       (k) si la ubicación y distancia entre las residencias de los
       progenitores perjudica la educación del hijo;
       (l) la comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad
       para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando
       mecanismos alternos; y
       (m) cualquier otro criterio que pueda considerarse para garantizar
       el interés óptimo de los hijos.”
KLCE202300530                                                            16

     8) Si los progenitores poseen la capacidad, disponibilidad
        y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar
        los hijos conjuntamente.

     9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales los
        progenitores han solicitado la patria potestad y custodia
        compartida.

     10)    Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los
        progenitores impedirá que funcione el acuerdo
        efectivamente.

     11)    Si la ubicación y distancia de ambos hogares
        perjudica la educación del menor.

     12)    La comunicación que existe entre los progenitores y
        la capacidad para comunicarse mediante comunicación
        directa o utilizando mecanismos alternos.

     13)    Cualquier otro criterio válido o pertinente que
        pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar
        del menor.

        Por su parte, el Artículo 605 del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 7284, adoptó los criterios que impiden la adjudicación de la

custodia compartida esgrimidos en la Ley Núm. 223-2011, supra.36

        El Artículo 606 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 7285,

dispone lo siguiente:

        “La custodia del hijo, acompañada o no del ejercicio
        exclusivo de la patria potestad, puede asignarse a un
        solo progenitor:
        (a) mientras se ventila el proceso de divorcio o de
        nulidad del matrimonio;

36 En específico el Artículo 605 del Código Civil de 2020, supra, dispone lo
siguiente:
       “El tribunal no concederá la custodia compartida:
       (a) cuando uno de los progenitores sufre de una incapacidad o
       deficiencia mental, según determinada por un profesional de la
       salud, y la misma es de naturaleza irreversible y de tal magnitud
       que le impide atender adecuadamente a los hijos y garantizar la
       seguridad e integridad física, mental y emocional de estos;
       (b) cuando los actos u omisiones de uno de los progenitores
       resultan perjudiciales a los hijos o constituyen un patrón de
       ejemplos corruptores;
       (c) cuando uno de los progenitores, su cónyuge o pareja consensual
       ha sido convicto por actos constitutivos de maltrato de menores;
       (d) cuando uno de los progenitores se encuentra confinado en una
       institución carcelaria;
       (e) cuando uno de los progenitores ha sido convicto por actos
       constitutivos de violencia doméstica;
       (f) cuando uno de los progenitores ha cometido abuso sexual o
       cualquiera de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal de
       Puerto Rico hacia algún menor; y
       (g) cuando uno de los progenitores, su cónyuge o pareja consensual
       es adicto a drogas ilegales o a alcohol.”
KLCE202300530                                                        17

       (b) luego de decretada la disolución o anulado el
       matrimonio; o
       (c) cuando hay diferencias irreconciliables o reiteradas
       entre los progenitores que afectan significativamente la
       crianza razonada, responsable y efectiva del hijo.
       En estos casos no puede entorpecerse o prohibirse el
       contacto del otro progenitor con su hijo, aunque puede
       regularse en las circunstancias y del modo que autoriza
       este Código.”

       Respecto a las recomendaciones de los trabajadores sociales,

el Artículo 8 de la Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3186, establece

que “[l]as recomendaciones sobre custodia que emitan los

trabajadores sociales, será uno de los factores a considerar por el

tribunal para hacer la determinación, pero no será el único”. Por lo

cual, “el tribunal siempre tendrá discreción judicial para la

determinación y adjudicación de custodia, protegiendo siempre los

mejores intereses y el bienestar de los menores a la luz de todas las

circunstancias existentes”. Id.

       En dicha dirección, y si bien es cierto que el TPI siempre

retendrá discreción judicial para determinar y adjudicar la custodia,

en atención al principio rector del mejor interés y bienestar del

menor el TPI deberá considerar las recomendaciones sobre custodia

que emitan los trabajadores sociales. Véanse, Muñoz Sánchez v.

Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016); Rexach v. Ramírez, 162

DPR 130, 147–148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164

(2001); Depto. de la Familia v. Soto, 147 DPR 618 (1999); Torres, Ex

parte, 118 DPR 469 (1987); Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978);

Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Marrero Reyes v.

García Ramírez, 105 DPR 90 (1976). Es por tal razón que este cuenta

con la facultad de ordenar la comparecencia de todas las personas

que puedan ayudar a determinar la mejor manera de proteger el

bienestar del menor. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág.

652.   Por   lo   mismo,   los    trabajadores   sociales   tienen   la

responsabilidad de preparar un Informe Social Forense cuando se

lo requiera un tribunal. Íd.
KLCE202300530                                                      18

      Nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto que: “[a]nte una

determinación sobre custodia, los tribunales están llamados a

utilizar como criterio rector el bienestar y los mejores intereses del

menor. Jusino González v. Norat Santiago, 2023 TSPR 47; 211 DPR

______ (2023); Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 651. Por

tanto, la “decisión del tribunal relativa a la custodia de un menor

es una a la que se debe llegar luego de realizar un análisis objetivo,

sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el

caso ante su consideración, teniendo como único y principal

objetivo el bienestar de los menores.” Jusino González v. Norat

Santiago, supra; Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 26-27 (2005).

“Nótese que, al dilucidar un cambio de custodia de un menor, el

foro judicial debe contar con la información más completa y variada

que sea posible de modo que pueda resolver acorde.” Jusino

González v. Norat Santiago, supra; Pena v. Pena, 164 DPR 949, 959

(2005).

                                 -C-

      La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Art. II, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1, pág.

301 (2016), al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución

de los Estados Unidos, U.S. CONST. amends. V; XIV, garantizan que

ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un

debido proceso de ley. Bajo el debido proceso de ley procesal se le

impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con

los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga a través

de un procedimiento que sea justo y equitativo. Rivera Rodríguez &

Co. v. Lee Stowell,133 DPR 881, 887–888.

      En varias ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha expresado

que el debido proceso de ley exige que en todo procedimiento

adversativo se cumpla con ciertos requisitos, a saber: (1) la

notificación adecuada de la reclamación presentada; (2) que el
KLCE202300530                                                      19

proceso se lleve a cabo ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de

ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar testigos y examinar

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de un

abogado; y (6) que la decisión se fundamente en el expediente.

Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365 (2002). Cuando el tribunal actúa

de forma inconsistente con estos derechos, ello acarrea la nulidad

de la sentencia. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed.,

San Juan, Ed. Lexis Nexis de PR, Inc., 2010, pág. 407.

                                -III-

      La parte aquí peticionaria alega que erró el TPI al ordenar

arbitrariamente la remoción de la custodia del menor E.D.G.V., sin

mediar una investigación social que lo justifique, sin determinar la

capacidad del recurrido para ostentar la custodia del menor, sin

existir fundamentos que lo justifiquen y sin tomar en consideración

el mejor bienestar e intereses del menor en contravención al debido

proceso de ley. Además, alega la parte peticionaria que erró el foro

primario al abusar de su discreción al privarle de forma

arbitrariamente de su derecho a relacionarse filialmente con su hijo

ello en contravención al debido proceso de ley.

      En la situación fáctica particular de este caso es forzoso

colegir que ante la ausencia de una notificación adecuada de la Sra.

Vélez Rivera para la vista del 21 de febrero de 2023 no se cumplió

con el debido proceso de ley en la vertiente procesal. En particular

el diligenciamiento personal de la citación de la Sra. Vélez Rivera,

los alguaciles nunca lo pudieron realizar y según surge de las

anotaciones del diligenciamiento, se le dejó una nota del alguacil

para que compareciera al tribunal a recoger la citación de la vista,

lo cual nunca ocurrió. Posteriormente, el 16 de febrero de 2023, los

alguaciles le dejaron copia de la citación. De la revisión del legajo

judicial, así como de las constancias de SUMAC no surge que se

hubiera notificado la vista por correo postal a la dirección que obra
KLCE202300530                                                     20

en autos de la Sra. Vélez Rivera. La parte aquí peticionaria según

enunciado no fue notificada de forma adecuada, dicha parte como

mínimo tenía derecho a una notificación adecuada, y la parte

determinaba si asistía o no al proceso, con las consecuencias que

dicha actuación pudiera conllevar, como en otras instancias ha

sucedido en este caso.

      El TPI como mínimo debió salvaguardar el derecho de la parte

aquí peticionaria a ser notificada adecuadamente de la vista, al así

no hacerlo le privó de su derecho a comparecer, estar asistida de

abogado, poder presentar prueba a su favor, contrainterrogar

testigos y examinar evidencia, a ser oída, y que la decisión se

fundamentara en el expediente tomándole en consideración.

      En el caso de autos, el TPI ante los argumentos en

reconsideración sobre el cambio de custodia del menor refirió el caso

nuevamente a la Unidad Social de forma que la Sra. Vélez Rivera

pudiera ser entrevistada y cooperara con el proceso de evaluación

social. Sin embargo, luego de haber sido debidamente citada la Sra.

Vélez Rivera nuevamente no compareció a la Unidad Social. Por

tanto, el foro primario luego de haberle dado una segunda

oportunidad a la parte aquí peticionaria se sostuvo en su

determinación de cambio de custodia y relevó a la Unidad Social de

continuar con el referido de estudio social.

      Es importante puntualizar que la Resolución emitida por el TPI

el 21 de febrero de 2023, notificada el 28 de febrero de 2023, y

enmendada ese mismo día y notificada el 6 de marzo de 2023, no

tiene determinaciones de hechos sobre la prueba que evalúo y

aquilató para hacer el cambio de custodia. Es fundamental y

trascendental en los casos de custodia, que aunque una parte no

este cooperando con el proceso, evaluar la prueba correspondiente

o contar con un informe que como mínimo reseñe el cernimiento de

la parte que está cooperando con la evaluación social en términos
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de entrevista a los colaterales, capacidad de satisfacer las

necesidades del menor, visitas a la comunidad, visitas a la escuela,

evaluación del acomodo propuesto para el menor, evaluación del

área de salud mental, antecedentes penales, grupo de apoyo, entre

otros factores, mandatados en el Artículo 7 de la Ley Núm. 223-

2011, supra.

      Por tanto, en aras de velar por el interés óptimo del menor

E.D.G.V. y siendo cautelosos y prudentes ante los efectos que pueda

causarle los cambios constantes de custodia, en los cuales han

mediado agentes del orden público, se va a mantener el estatus

actual del caso, pero como una custodia provisional del menor con

el Sr. Gálvez Rodríguez hasta que se pueda celebrar la vista urgente

que estamos ordenando. Además, dentro del término de cinco (5)

días, se deberán coordinar relaciones materno filiales provisionales

supervisadas en la Unidad Social de forma que la parte aquí

peticionaria pueda relacionarse con el menor antes de la celebración

de la vista urgente ordenada.

      En el caso ante nos, es imperativo que se celebre una vista

urgente de custodia y relaciones filiales en el término de quince (15)

días, en la cual las partes deberán comparecer para presentar

prueba a su favor, defenderse de las alegaciones en su contra y el

TPI pueda evaluar la prueba que presentaran las partes. Además, el

TPI deberá ordenar nuevamente el correspondiente estudio social de

forma que pueda contar con la información más completa y variada

posible que le permita tomar una determinación final. Jusino

González v. Norat Santiago, supra. Sin embargo, se les apercibe a

las partes que deben ser cooperadores con los procesos judiciales e

intervenciones de la Unidad Social, y que de no cumplir así las

partes el tribunal podrá continuar con los procesos como ha

ocurrido en una primera ocasión en este caso. Las partes deben

tener claro que el norte siempre del tribunal va a ser el interés
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óptimo del menor y no los deseos exclusivos de las partes. El menor

no debe quedar cautivo del proceso judicial.

                                      -IV-

       Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el

auto de certiorari, se revocan las Órdenes recurridas y se devuelve el

caso al foro de instancia para coordinar relaciones materno filiales

provisionales supervisadas en la Unidad Social dentro del término

de cinco (5) días; y para la celebración de una vista urgente de

custodia y relaciones filiales en el término de quince (15). Además,

se ordena que se emita nuevamente la correspondiente orden de

estudio social sobre custodia y relaciones filiales y la continuación

de los procedimientos de conformidad a lo aquí intimado.

       Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,37 4

LPRA Ap. XXII-B R. 35, el Tribunal de Primera Instancia puede

proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin que se tenga que

esperar por nuestro mandato.

       La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin

opinión escrita.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones

37 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de
Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos
en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones
disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.