Court Opinion

ID: 9941386
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:30:40.157685+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.884408
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL I (ESPECIAL)

 EDWIN SANTANA DE LA                          CERTIORARI
        ROSA                    CONSOLIDADOS procedente del
                                              Tribunal de Primera
         Recurrido                            Instancia, Sala
                                              Superior de San
              v.                KLCE202400080 Juan

 JOSÉ ALGARÍN PABÓN,                              Civil núm.:
    en su capacidad de                            KDP2017-0075
albacea de la Sucn. María
   I. de la Rosa Juarbe
                                                  Sobre: Daños y
        Demandado                                 Perjuicios

 AIRPORT SHOPPES &
   HOTELS CORP. y
SURFSIDE HOTEL CORP.

        Peticionarios

 EDWIN SANTANA DE LA
        ROSA

         Recurrido

              v.
                                KLCE202400084
 JOSÉ ALGARÍN PABÓN,
    en su capacidad de
albacea de la Sucn. María
   I. de la Rosa Juarbe

        Demandado

JOSÉ A. SANTANA DE LA
         ROSA

        Peticionario

 EDWIN SANTANA DE LA
        ROSA

         Recurrido

              v.                KLCE202400088

 JOSÉ ALGARÍN PABÓN,
    en su capacidad de
albacea de la Sucn. María
   I. de la Rosa Juarbe

Número Identificador
RES2024__________________________
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                          2

       Demandado

 MANAGEMENT GROUP
   INVESTORS, LLC

        Peticionario
Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez
Salgado Schwarz y el juez Rivera Torres.

Rivera Torres, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

      Comparecen ante este tribunal apelativo el Sr. José A.

Santana De La Rosa; Management Group Investors, LLC (MGI);

Airport Shoppes & Hotels Corp. (ASH); y Surfside Hotel Corp. (SHC),

(en conjunto los peticionarios) mediante los recursos de Certiorari de

epígrafe solicitando nuestra intervención a los fines de que dejemos

sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (TPI), el 15 de junio de 2023, re-

notificada el 11 de agosto siguiente. Mediante dicho dictamen, el

foro primario atendió varias mociones, entre estas, diversas

objeciones al descubrimiento de prueba.

       Atendida la Solicitud de Consolidación…, presentada por

Management Group Investors, LLC el 26 de enero de 2024, como se

pide. En consecuencia, se consolidan los recursos KLCE202400080,

KLCE202400084 y KLCE202400088.

      Por   los   fundamentos   que    exponemos    a   continuación,

denegamos la expedición de los recursos de certiorari solicitados.

                                      I.

      Los casos de marras tuvieron su génesis el 19 de enero de

2017 cuando el Sr. Edwin Santana De La Rosa (el recurrido) instó

una Demanda sobre daños y perjuicios contra el Sr. José A. Algarín

Pabón (el señor Algarín Pabón) en su capacidad de albacea de la

Sucesión María L. De La Rosa Juarbe. La causa de acción está

predicada en una alegada falta a su deber de fiducia y lealtad como
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                                  3

albacea de la Sucesión. En síntesis, se adujo que este realizó

múltiples actuaciones a favor del Sr. José A. Santana De La Rosa

(señor José A. Santana) en perjuicio de los demás herederos y

accionistas de las Empresas Santana.

       La demanda ha sido enmendada en tres ocasiones,1 y en la

tercera demanda enmendada se incluyó como codemandado al

señor José A. Santana. El 26 de agosto de 2021 el TPI dictó una

Sentencia Parcial desestimando las causas de acción presentadas

contra este por estar prescritas. El 26 de abril de 2022 esta Curia

dictó Sentencia en el recurso KLAN202100822 confirmando el

dictamen parcial desestimatorio.

       En lo aquí pertinente, destacamos, que en los casos de autos

el foro recurrido concedió a las corporaciones MGI, ASH y SHC la

orden protectora solicitada al amparo de la Regla 23.2 (b) de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2.2 De otra

parte, el 17 de octubre de 2022, notificada al día siguiente, el TPI

dictó una Resolución en la cual, entre otros asuntos, ordenó al señor

José A. Santana proveer unos diecisietes (17) documentos que

fueron requeridos por el recurrido desde el 18 de enero de 2022.3

       Instadas varias mociones, el 15 de junio de 2023 el TPI dictó

la Resolución recurrida en la cual atendió varios asuntos, entre

estos, una solicitud de reconsideración respecto a la orden

protectora dictada a favor de las corporaciones ASH y SHC el 4 de

abril de 2023.

1  En la Segunda Demanda Enmendada se alegó que el albacea realizó
transacciones como presidente y director de las corporaciones familiares que
representaba (Empresas Santana) en perjuicio del heredero y demandante, Sr.
Edwin Santana De La Rosa.
2 Véanse las Órdenes del 2 de mayo de 2019 y 4 de abril de 2023. Apéndice del

Recurso KLCE202300084, a las págs. 1453-1457, y 2058-2059. La Orden del 2
de mayo de 2019 fue recurrida ante este foro apelativo. Sin embargo, el recurso
de Certiorari (KLCE201900886) fue denegado.
3 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202400084, a la pág. 1475. La referida

resolución fue objeto de revisión ante este tribunal. No obstante, el auto de
Certiorari (KLCE202300188) fue denegado.
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                            4

        Atendida la moción de reconsideración presentada por el

recurrido, el TPI resolvió y citamos:4

               Atemperado los escritos que aquí se atienden a la
           totalidad del expediente se resuelve ha lugar a la
           solicitud de reconsideración, a los efectos de que el Dr.
           José Santana de la Rosa cumpla con la orden de
           descubrimiento de prueba. Esto es, en cuanto a los
           documentos que este tribunal ordenó que el Dr.
           Santana de la Rosa debe producir. No se permitirá
           descubrimiento de prueba directo a [ASH y SHC], ni
           ampliar el descubrimiento a otros asuntos fuera de
           los documentos ordenados al Dr. José Santana de la
           Rosa descubrir. [Énfasis nuestro]

        En cuanto a la oposición, presentada por el recurrido al

petitorio presentado por MGI, el foro recurrido razonó que:5

               Habiendo atendido los escritos y a la luz de la
           totalidad del expediente se resuelve ha lugar la
           oposición a la orden de protección y permite el
           descubrimiento de prueba en cuanto a [MGI], con la
           misma limitación que a las demás corporaciones. Esto
           es, se permite el descubrimiento de prueba a través
           del Sr. José Santana de la Rosa para que produzca
           los documentos ya ordenados. Ningún otro
           descubrimiento se permite en cuanto a las
           corporaciones. [Énfasis nuestro]

        Por último, el TPI declaró Ha Lugar a la solicitud de orden

instada por el recurrido para que el señor José A. Santana descubra

lo solicitado. Asimismo, declaró No Ha Lugar a la imposición de

sanciones a este.

        La referida Resolución fue re-notificada el 11 de agosto de

2023, a petición de las corporaciones, lo cual fue aceptado por el

recurrido.6 El 21 de diciembre de 2023, notificada al día siguiente,

el foro de primera instancia declaró No Ha Lugar a los petitorios de

reconsideración instados por los aquí peticionarios.7

        Aún inconformes, los peticionarios acuden ante este foro

intermedio imputándole al foro de primera instancia la comisión de

los siguientes errores.

        a) MGI indicó los siguientes errores:8

4 Véase el Apéndice del Recurso KLCE202400084, a las págs. 2432-439.
5 Íd.
6 Íd., a la pág. 2586.
7 Íd., a la pág. 2853.
8 KLCE202400080.
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                   5

           A. EL TPI ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL NO
           APLICAR LA DOCTRINA DE LA LEY DEL CASO,
           CONFORME A LA CUAL LA ORDEN PROTECTORA
           DESPLAZA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN.

           B. CON O SIN LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE
           LA LEY DE CASO, EL ANÁLISIS DE PERTINENCIA QUE
           HIZO EL TPI EL 2019 Y LUEGO EL TA EN EL 2020, ES
           EL MISMO QUE SE DEBE CONTINUAR APLICANDO
           POR LO QUE ERRÓ EL TPI AL NO HABERLO
           REALIZADO.

         b) Por su parte, el señor José A. Santana expuso los

siguientes errores:9

           A. PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: INCURRIÓ
              EL TPI EN UN ABUSO DE DISCRECIÓN Y ERROR
              MANIFIESTO DE DERECHO AL IGNORAR LA LEY
              DE CASO Y LAS DETERMINACIONES PREVIAS
              DEL PROPIO TPI Y DEL TRIBUNAL APELATIVO Y
              ORDENAR LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
              QUE AMBOS FORO HABÍAN DETERMINADO
              PREVIAMENTE QUEDABAN FUERA DEL ALCANCE
              DEL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA POR NO
              GUARDAR RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DEL
              DEMANDADO ALGARÍN COMO ALBACEA.

           B. SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: INCURRIÓ
              EL TPI EN UN ABUSO DE DISCRECIÓN Y ERROR
              MANIFIESTO AL ORDENAR LA PRODUCCIÓN DE
              DOCUMENTOS QUE PERTENECEN Y/O ESTÁN
              RELACIONADOS     A    TRANSACCIONES    Y
              DETERMINACIONES     TOMADAS    POR   LAS
              EMPRESAS SANTANA, QUE NO SON PARTE EN
              ESTE CASO Y QUE EN NADA ESTÁN
              RELACIONADAS A LA FUNCIÓN DE ALGARÍN
              COMO ALBACEA Y POR ENDE A LAS
              RECLAMACIONES DEL CASO.

           C. TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL
              TPI AL NO CONCEDER LA ORDEN PROTECTORA
              SOLICITADA POR JOSÉ SANTANA EXIMIÉNDOLO
              DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS HASTA
              TANTO SE ADJUDIQUE LA SOLICITUD DE
              SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR JOSÉ
              ALGARÍN Y/O EN LA ALTERNATIVA, NO LIMITAR
              LA DEPOSICIÓN A SER TOMADA A ÉSTE A LOS
              ASUNTOS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON LA
              FUNCIÓN DE ALGARÍN COMO ALBACEA.

         c) A su vez, las corporaciones ASH y SHC plantearon los

siguientes errores:10

           A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
              ACTUAR SIN JURISDICCIÓN CUANDO DICTÓ LA
              RESOLUCIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2023
              (DEJANDO SIN EFECTO LA ORDEN PROTECTORA
              DEL 4 DE ABRIL DE 2023), EN CONTRAVENCIÓN
              A LO QUE ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA DEL
              TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO EN UNION
              GENERAL V. CEMPR, 2023 TSPR 107.

9 KLCE202400084.
10
     KLCE202400088.
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                          6

          B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
             NO EXPONER LOS FUNDAMENTOS DE SU
             DECISIÓN, AUN CUANDO SE LE PLANTEÓ SU
             FALTA DE JURISDICCIÓN, Y AL NO ANALIZAR SI
             POSEÍA O NO JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA
             MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE
             DEMANDANTE-RECURRIDA PRESENTADA EL 14
             DE ABRIL DE 2023.

       Examinados los recursos presentados, y al tenor de la

determinación arribada, determinamos prescindir de los escritos en

oposición, según nos faculta la Regla 7 del Reglamento de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 7.

       Analizados los escritos de las partes, y los documentos

acompañados; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos

a resolver.

                                   II.

       El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Todo recurso de certiorari

presentado    ante   este   foro   apelativo   deberá   ser   examinado

primeramente al palio de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil,

supra. Dicha regla limita la autoridad y el alcance de la facultad

revisora de este foro apelativo sobre órdenes y resoluciones dictadas

por el foro de primera instancia, revisables mediante el recurso de

certiorari.

       Por tanto, el asunto que se nos plantee en el recurso de

certiorari deberá tener cabida bajo alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

Ello, debido a que el mandato de la mencionada regla dispone

expresamente que solamente será expedido el auto de certiorari para

la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de

una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                              7

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia.

         Así, pues, para determinar si debemos expedir un auto de

certiorari debemos determinar primeramente si el asunto que se trae

ante nuestra consideración versa sobre alguna de las materias

especificadas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.

Sin embargo, aun cuando el asunto esté contemplado por dicha

regla para determinar si procede la expedición de un recurso,

debemos acudir a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que lee como

sigue:

           El tribunal tomará en consideración los siguientes
           criterios al determinar la expedición de un auto de
           certiorari:
           A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.
           B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.
           C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.
           D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
           E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
           caso es la más propicia para su consideración.
           F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
           y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
           G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

         Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para, de

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no

procede nuestra intervención. Así, pues, es norma reiterada que este
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                       8

foro intermedio no habrá de intervenir con el ejercicio de la

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                 III.

      Según reseñamos, todo recurso de certiorari presentado ante

este foro intermedio deberá ser examinado primeramente al palio de

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. De una lectura

de la referida norma surge que nuestro ordenamiento jurídico

procesal no nos confiere autoridad para expedir un recurso de

certiorari y revisar el dictamen aquí recurrido relacionado con el

descubrimiento de prueba.

      Por otra parte, aun cuando se concluyera que la Regla 52.1,

supra, nos permite evaluar las peticiones de referencia, de

conformidad con los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento,

supra, igualmente declinaríamos la invitación de los peticionarios a

intervenir con lo actuado por el TPI. Esto, debido a que no se

encuentran presente los criterios anteriormente enumerados, por lo

que no procede nuestra intervención.

      De otro lado, precisa señalar que los tribunales de primera

instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la

tramitación de los procedimientos ante su consideración. In re

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR

117, 141-142 (1996). A su vez, advertimos que, aun cuando el

descubrimiento de prueba podría ser de amplio alcance, la Regla

23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, concede a los

tribunales la potestad de prohibir el descubrimiento cuando los

fines de la justicia claramente lo requieran, particularmente cuando

se solicita para proteger a una parte contra la opresión, el
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                                   9

hostigamiento, la perturbación, las molestias o los gastos indebidos

o innecesarios. Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 545 (2000).

       En los casos de autos, resulta ser un hecho diáfano que se

dictaron órdenes que prohíben el descubrimiento de prueba

directamente dirigido a las corporaciones MGI, ASH y SHC. Incluso,

las corporaciones comparecen sin someterse a la jurisdicción ni son

partes en el pleito. Sin embargo, se han mantenido en el caso

litigando activamente los asuntos relativos al descubrimiento de

prueba que entienden les afectan.

       Por otra parte, el TPI ha reiterado la obligación del señor José

A. Santana de descubrir los 17 documentos solicitados por el

recurrido. Del recurso instado (KLCE202400084) no surge que este

haya solicitado al foro recurrido alguna de las medidas que dispone

la Regla 23.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, en el inciso

(b) para así proteger los documentos solicitados. Tampoco surge que

este le haya solicitado al TPI que se le exima de dicho cumplimiento

por academicidad, al haberse dado por sometida la solicitud de

sentencia sumaria instada por el señor Algarín Pabón. Al respecto,

destacamos que en la Resolución dictada el 21 de diciembre de 2023

el TPI dispuso: El descubrimiento de prueba deberá continuar como

ordenado.

       Por último, los recursos que invocan los peticionarios fueron

denegados por este foro intermedio. Como es conocido, en el

contexto de la adjudicación de peticiones de certiorari la denegatoria

a expedir el auto no implica la ausencia de error en el dictamen cuya

revisión se solicita, ni constituye una adjudicación en los méritos.

Por ende, en casos como ese, así como los que atendemos no aplica

la doctrina de la ley del caso.11

11 Véase, Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 10 (2016) y casos allí

citados.
KLCE202400080, KLCE202400084, KLCE202400088                         10

      En resumen, estamos impedidos de intervenir con la

Resolución recurrida, ello por virtud de lo dispuesto en la Regla 52.1,

supra, y por no estar presentes los criterios de la Regla 40, supra.

                                  IV.

      Por   los   fundamentos     antes   expuestos,   denegamos     la

expedición de los autos de certiorari solicitados.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones