Court Opinion

ID: 9381049
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:58.756397+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.422794
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

  JORGE POMALES OFRAY                            Revisión
       Recurrente                                Administrativa
                                                 procedente del
                                                 Departamento de
                 v.                              Corrección y
                                   KLRA202300036 Rehabilitación

    DEPARTAMENTO DE                                   Querella Núm.
      CORRECCIÓN Y                                    XXX-XX-XXXX
     REHABILITACIÓN
        Recurrente                                    Sobre:
                                                      Incidente
                                                      disciplinario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Comparece el Sr. Jorge Pomales Ofray (en adelante, Sr.

Pomales Ofray o recurrente) mediante recurso de                 Revisión

Administrativa, en el cual nos solicita que revoquemos la Resolución

notificada el 29 de noviembre de 2022, por el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (en adelante, DCR). Mediante dicho

dictamen, el DCR determinó que el Sr. Pomales Ofray cometió una

violación   al    Reglamento    para     Establecer   el   Procedimiento

Disciplinario     de   Programas    de    la   Población   Correccional,

Reglamento Núm. 9221 del 8 de octubre de 2020 (en adelante,

Reglamento 9221).

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Resolución recurrida.

                                    I

      El 30 de septiembre de 2022, al Sr. Pomales Ofray se le radicó

un Informe Disciplinario en donde la Oficial Correccional, Jomairy

Número Identificador
SEN2023 _________
KLRA202300036                                                                   2

Medina Del Valle (en adelante, Medina Del Valle), notificó que, a la

hora del recuento reglamentario, al pasar por el cubículo 22 se

percató de que el recurrente tenía un “toldo” que impedía

completamente la visibilidad.1 En la querella se especifica que violó

el Código 210 del Reglamento 9221, supra. El 21 de octubre de

2022, el DCR citó al Sr. Pomales Ofray para Vista Administrativa

pautada para el 15 de noviembre de 2022. El 29 de noviembre de

2022, el DCR notificó una Resolución mediante la cual la

Examinadora de Vistas Disciplinarias determinó que el Sr. Pomales

Ofray en efecto, cometió el acto prohibido alegado en la querella, el

Código 210 del mencionado reglamento por obstaculizar o

entorpecer la visibilidad del área de la vivienda, y fue suspendido de

los privilegios de visita y comisaria por diez (10) días.2

         El mismo día, el Sr. Pomales Ofray presentó una Solicitud de

Reconsideración de Decisión de Informe Disciplinario para Confinado

(Solicitud de Reconsideración).3 Mediante este recurso solicitó

reconsideración de la determinación del Examinador de Vistas

Disciplinarias alegando se habían cometido varios errores:

      1) Aparecen dos números de querellas diferentes, el número
         XXX-XX-XXXX y el número XXX-XX-XXXX.

      2) En ningún momento presentaron la evidencia obtenida por la
         oficial para hacer la querella del toldo respecto a donde se
         encontraba ubicado porque en la vista no lo mostraron.

      3) Lo están sancionando más de una vez quitándole el derecho
         de la visita que no es un privilegio y el hacer su comisaría.

         El 15 de diciembre de 2022, notificada el 5 de enero de 2023,

el DCR acogió la Solicitud de Reconsideración y reafirmó la sanción

impuesta de suspensión de visitas y comisaría por diez (10) días.4 El

DCR estableció como determinaciones de hechos las siguientes:

1   Apéndice,   Escrito   en   Cumplimiento   de   Resolución,   págs. 1-2.
2   Apéndice,   Escrito   en   Cumplimiento   de   Resolución,   págs. 10-11.
3   Apéndice,   Escrito   en   Cumplimiento   de   Resolución,   págs.12-13.
4   Apéndice,   Escrito   en   Cumplimiento   de   Resolución,   págs. 14-15.
KLRA202300036                                                              3

         1) Que el día 29 de septiembre de 2022, la querellante,
            Jomairy Medina del Valle, se encontraba en la
            Institución Ponce Mínima, Fase I.

         2) Que la querellante estaba efectuando el recuento
            reglamentario.

         3) Que la querellante al pasar por el cubículo DB-22,
            que pertenece al querellado, observó que tenía un
            toldo tapando completamente la visibilidad hacia su
            cubículo.

         4) Que la querellante procedió a ocupar el toldo.

         5) Que el día de la vista el querellado se declaró
            inocente.

         Inconforme la parte aquí recurrente con dicha determinación,

acudió ante nos el 20 de enero de 2023 mediante recurso de revisión

administrativa. En su escrito, el Sr. Pomales Ofray arguye que como

resultado de la Vista de la Querella se le violó su derecho a

defenderse y a tener un proceso justo e “imparcial” y que la querella

fue “malintencionada”. Alega que fue la misma Oficial Examinadora

que      resolvió   la   querella,   la   que   atendió   la   Solicitud   de

Reconsideración. Además, reclamó que no le permitieron declarar en

la Vista de la Querella y que no le proveyeron las declaraciones de

los testigos de la oficial que radicó la querella, la Sra. Medina Del

Valle.

   El 17 de febrero de 2023, en cumplimiento con nuestra

Resolución de 1 de febrero de 2023, compareció el DCR

representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. En su escrito, el

DCR solicitó se confirme la Resolución recurrida. En específico,

argumentó que a la parte recurrente (1) no le asiste la razón al

señalar que no se le leyeron ni entregaron papeles de las

declaraciones       de   los   supuestos   testigos   pues     surge de    la

investigación que el recurrente no solicitó dichos testigos; (2) no

existe un impedimento a que la Oficial Examinadora atienda la

reconsideración puesto que el Reglamento 9221, supra, dispone en
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la Regla 25, inciso 9, que si el Oficial Examinador presenció o tiene

conocimiento del incidente o redactó la querella que tiene ante su

consideración, deberá inhibirse de evaluar este proceso y que en este

caso la Oficial Examinadora era la Sra. Madeline Morales Santiago

y quien radicó la querella fue la Sra. Medina Del Valle; y por último

que no tiene razón el recurrente sobre los señalamientos en cuanto

a su Plan Institucional ya que se probaron los elementos del código

disciplinario y procedía la sanción.

   Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos

a resolver.

                                  II

  A.     Revisión judicial de determinaciones administrativas

       La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos,

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965

(2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.

II, 179 DPR 923, 940 (2010) y Mun. de. San Juan v. J.C.A., 149 DPR

263, 279-280 (1999).

       Nuestro   Tribunal   Supremo     ha    establecido   que    las

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que

surja del expediente administrativo considerado en su totalidad.

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216, citando a Pereira

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511-512 (2011); Domínguez

v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397-398 (1999). La
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evidencia sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra;

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Dicho análisis requiere

que la evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la

que sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el

peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v.

Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Ello implica que, de existir

un conflicto razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación

de la agencia. Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687

(1953).

      Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez

Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 245 (2007).

      Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v.

Toyota, supra, pág. 728. En cambio, las conclusiones de derecho

son revisables en todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto

Corp., 173 DPR 870, 894 (2008). De esta manera, los tribunales, al

realizar su función revisora, están compelidos a considerar la
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especialización y la experiencia de la agencia con respecto a las leyes

y reglamentos que administra. Asoc. Vec. de H. San Jorge v. U. Med.

Corp., 150 DPR 70, 75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho

no conlleva interpretación dentro del marco de la especialidad de la

agencia, entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A &

C Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

      Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012);

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

      En virtud de la Constitución Federal, las instituciones penales

están obligadas a brindarles a los confinados diversos recursos de

índole legal, para facilitar cualquier acción de derechos civiles que

pudiera surgir mientras cumplen su condena. Véase, Pérez López

v. Depto. de Corrección y Rehabilitación, 208 DPR 656 (2022),

citando en aprobación los casos: Christopher v. Harbury, 536 US

403, 415 (2002); Lewis v. Casey, 518 US 343, 355 (1996); Bounds

v. Smith, 430 US 817, 821 (1977); Younger v. Gilmore, 404 US 15

(1971) (Per curiam); Johnson v. Avery, 393 US 483 (1969); Ex parte

Hull, 312 US 546 (1941).

      B.      Reglamento para Establecer el Procedimiento
             Disciplinario de la Población Correccional

      El Secretario del DCR promulgó el Reglamento para

Establecer    el   Procedimiento   Disciplinario   de   la   Población

Correccional, aprobado el 8 de octubre de 2020. Dichas normas

fueron adoptadas en virtud de las disposiciones contenidas en el

Plan de Reorganización Núm. 2-2011 del Departamento de

Corrección y Rehabilitación. Este reglamento se aprobó para

constituir la estructura disciplinaria para los miembros de la
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población correccional cumpliendo con la política pública de

modificación de conducta desde la perspectiva de rehabilitación, y

evitando un carácter punitivo.5

         Por su parte, la Regla 6 del Reglamento 9221, supra, respecto

a las querellas disciplinarias dispone lo siguiente:

         “Cualquier persona, visitante, miembro de la población
         correccional, empleado civil de la institución, oficial
         correccional, funcionario del Departamento de
         Corrección y Rehabilitación o empleado de otra agencia
         que trabaje en la institución, puede presentar una
         querella contra un miembro de la población
         correccional, utilizando el formulario suministrado para
         tales propósitos, en las siguientes circunstancias:
                […] Cuando sea testigo de un acto o incidente
                prohibido, o infracción a las normas y
                reglamentos del Departamento de Corrección y
                Rehabilitación por parte de un miembro de la
                población correccional.”

         Además, la Regla 31 del Reglamento 9221, supra, establece el

proceso para la presentación de testigos durante la vista ante el

oficial examinador. En lo pertinente dispone que:

         “El Oficial Examinador y el miembro de la población
         correccional-querellado podrán solicitar la presencia
         de testigos que tengan información pertinente y estén
         razonablemente disponibles.
         No será necesaria ni se solicitará la comparecencia de
         testigos para presentar evidencia repetitiva, ni testigos
         adversos, cuando su conocimiento sobre el incidente
         surja de manera clara de la querella disciplinaria,
         documentos complementarios o del Informe del Oficial
         de Querellas.”

         La Regla 10 inciso (B) del Reglamento 9221, supra, establece

los derechos que le asisten a la persona querellada durante el

proceso disciplinario administrativo:

         “Se le advertirá al querellado sobre los siguientes
         derechos que le asisten durante el procedimiento
         disciplinario administrativo:

         1) Derecho a guardar silencio.
         2) Derecho a recibir asistencia del Oficial de Querellas.
         3) Podrá solicitar al Oficial de Querellas que entreviste
            testigos específicos y los interrogue con preguntas
            especificas previamente sometidas por el miembro
            de la población correccional.
         4) Advertencia de que su declaración debe ser libre y
            voluntaria. Ninguna técnica de presión, amenaza,

5   Véase, Introducción del Reglamento 9221, pág. 1.
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         coerción o intimidación puede ejercerse para forzarlo
         a responder.”

      Respecto a las funciones del Oficial Examinador para atender

mociones de reconsideración, el Reglamento 9221, supra, en la

Regla 4 establece que:

      “El oficial examinador es el funcionario que preside las
      vistas administrativas para dilucidar los casos en que
      se le imputa la comisión de un acto prohibido a un
      miembro de la población correccional en la institución.”

      Adicional a esto, la Regla 30 del Reglamento 9221, supra,

establece que:

      “Éste tendrá jurisdicción e inherencia para evaluar y
      adjudicar las querellas disciplinarias e imponer las
      sanciones    que     a    su    discreción   entienda
      correspondientes. Además, tendrá jurisdicción para la
      consideración y disposición de las solicitudes de
      reconsideración de sus propias decisiones.”

      Por último, respecto a las sanciones que se impondrán cuando

se cometan actos prohibidos está regulado en las Reglas 4, 14, 15,

16 y 17 del Reglamento 9221, supra. En lo pertinente, la Regla 4

define acto prohibido como “cualquier acto que implique una

violación a las normas de conducta de la institución que conlleve la

imposición de medidas disciplinarias, incluyendo cualquier acto u

omisión, o conducta tipificada como delito.”

      La Regla 14 del Reglamento 9221, supra, establece la escala

disciplinaria de los actos prohibidos:

      Nivel I: Actos prohibidos, tentativa de actos prohibidos, como
      los tipificados en el Código Penal de Puerto Rico como delito
      grave y en las leyes especiales. Violaciones administrativas
      que por su propia naturaleza y magnitud constituyen riesgo o
      amenaza a la tranquilidad, la seguridad y el funcionamiento
      institucional; o a cualquier persona.

      Nivel II: Actos prohibidos, tentativa de actos prohibidos, como
      los tipificados en el Código Penal de Puerto Rico como delito
      menos grave y en las leyes especiales. Violaciones
      administrativas que por su propia naturaleza y magnitud
      perturban la paz institucional y no necesariamente
      constituyen una amenaza a la seguridad institucional.
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      En cuanto al acto prohibido imputado al recurrente, la Regla

15 del Reglamento 9221, supra, define el Código 210 de la siguiente

manera:

      (210) Obstaculizar o Entorpecer la Visibilidad del
      Área de Vivienda – Se prohíbe la utilización de
      cualquier división, objeto o material para cubrir,
      entorpecer, impedir o limitar la visibilidad en el área de
      vivienda propia o ajena, de manera parcial o total.

      Por su parte, la Regla 17 del Reglamento 9221, supra, en el

inciso (5) (e) hace referencia a la medida disciplinaria relacionada

con la Privación de Privilegios. En lo pertinente establece que:

      “Privación de Privilegios: La privación de los
      privilegios podrá incluir la compra en la comisaría,
      recreación activa, visita, correspondencia, actividades
      especiales y cualquier otro que se le conceda en la
      institución.

            (A) Procederá la imposición de privación de
            privilegios como medida disciplinaria, aun
            cuando el acto prohibido no esté relacionado
            con los privilegios retirados, así como en
            aquellas instancias en que la situación particular
            del caso permita concluir que dicha medida
            disciplinaria tendrá un efecto significativo en el
            mejoramiento del comportamiento del miembro
            de la población correccional.

            […]

            (E) Los limites específicos de tiempo para la
            privación de privilegios de acuerdo al nivel de
            severidad el acto prohibido serán los siguientes:

                   […]

                   Nivel II – Privación de privilegios de uno (1)
                   a treinta (30) días por violación, a ser
                   determinado por el Oficial Examinador.”

                                  III

      En el caso de marras, el Sr. Pomales Ofray nos plantea que la

determinación emitida por el DCR no procede pues (1) no se le

entregó copia de las declaraciones de los testigos, (2) que quien

atendió la Reconsideración presentada por él no podía ser la misma

que emitió la Resolución y (3) que se le violentó su debido proceso de

ley al “dañar” su plan institucional. No le asiste la razón.
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      Surge de la investigación realizada por el DCR que el Sr.

Pomales Ofray no solicitó testigos ni alguna declaración específica

sobre algún testigo en particular. Por lo tanto, al no solicitarlo en su

debido momento, no le cobijan las disposiciones de la Regla 10 y la

Regla 31 del Reglamento 9221, supra.

      Además, surge del propio Reglamento 9221, supra, que el

Oficial Examinador que preside las vistas administrativas para

dilucidar los casos de la comisión de un acto prohibido, tendrá

jurisdicción para la consideración y disposición de las solicitudes de

reconsideración de sus propias decisiones. Por lo tanto, no tiene

razón el Sr. Pomales Ofray, pues la Sra. Madeline Morales Santiago,

quien adjudicó la Resolución, no tenía impedimento legal para

atenderla.

      Finalmente, las sanciones impuestas por el DCR al Sr.

Pomales Ofray fueron acorde a las disposiciones del Reglamento

9221, supra. Como resultado de la investigación del DCR, se probó

que, en efecto, el Sr. Pomales Ofray cometió la violación al Código

210 del Reglamento. Dicha violación se considera una de Nivel II.

Las sanciones impuestas al Sr. Pomales Ofray fueron la suspensión

de la comisaría y visitas por 10 días, considerados privilegios en el

Reglamento 9221, supra. Dispone dicho reglamento que la sanción

a imponer puede ser de un día hasta treinta días, a ser determinado

por el Oficial Examinador. En su caso y a discreción del Oficial

Examinador, fue sancionado por un término de 10 días. El término

dispuesto está dentro del tiempo dispuesto en el reglamento, por lo

que la decisión emitida por el DCR fue correcta.

      En conclusión, las escuetas alegaciones de la parte recurrente

no han demostrado o evidenciado perjuicio alguno de parte del DCR

y   mucho    menos    el   perjuicio   real   exigido   por   la   norma

jurisprudencial. Por tanto, sostenemos la determinación del foro
KLRA202300036                                                          11

administrativo     ante   ausencia    de   indicios   de   irregularidad,

irrazonabilidad, arbitrariedad o error.

                                     IV

      Por los fundamentos anteriormente esbozados, se confirma la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones