Court Opinion

ID: 9388086
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:12:13.277128+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.327365
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

    OSVALDO LASANTA                         Revisión
       FIGUEROA                             Administrativa
                                            procedente de la
      Parte Recurrente                      Junta de Retiro del
                                            Sistema de Retiro
              v.              KLRA202300102 de la Universidad
                                            de Puerto Rico
SISTEMA DE RETIRO DE
  LA UNIVERSIDAD DE
PUERTO RICO, JUNTA DE                            Sobre:
  RETIRO Y JUNTA DE
   GOBIERNO DE LA                                Denegatorio
   UNIVERSIDAD DE                                Solicitud Retiro por
     PUERTO RICO                                 Incapacidad

       Parte Recurrida

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico hoy, 31 de marzo de 2023.

      Comparece el Sr. Osvaldo Lasanta Figueroa (en adelante, Sr.

Lasanta Figueroa) mediante el presente Recurso de Revisión y nos

solicita la revisión de la Resolución emitida el 17 de octubre de 2022

y notificada el 18 de octubre de 2022 por la Junta de Retiro del

Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (en adelante,

Junta de Retiro). Mediante dicho dictamen, la Junta de Retiro

declaró No Ha Lugar el recurso de apelación presentado por el Sr.

Lasanta Figueroa. En consecuencia, se confirmó la determinación

del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (en adelante,

Sistema de Retiro), mediante la cual se denegó la solicitud de

beneficios por incapacidad presentada por el Sr. Lasanta Figueroa.

      Por los fundamentos que expondremos, se desestima el

Recurso de Revisión por falta de jurisdicción por haberse presentado

de forma prematura.

Número Identificador
SEN2023 ___________
KLRA202300102                                                         2

                                         -I-

         El 25 de febrero de 2020, el Sr. Lasanta Figueroa presentó

Solicitud de Beneficios de Retiro por Incapacidad ante el Sistema de

Retiro.1 En síntesis, el Sr. Lasanta Figueroa alegó que estaba

incapacitado para continuar realizando las funciones de su puesto

de Contador IV, por lo que solicitó la aprobación de una pensión por

incapacidad.

         La solicitud del Sr. Lasanta Figueroa fue denegada por el

Sistema de Retiro el 20 de mayo de 2021.2 Inconforme con dicha

determinación, el 10 de junio de 2021, el Sr. Lasanta Figueroa

presentó un recurso de apelación ante la Junta de Retiro.3

         En atención a este recurso, el 19 de julio de 2021, la Junta de

Retiro emitió y notificó Orden, mediante la cual le concedió un

término de treinta (30) días al Sr. Lasanta Figueroa para presentar

“cualquier evidencia [o] alegato adicional que entienda necesaria

para respaldar las alegaciones de su Apelación.”4 (énfasis en el

original omitido). El 3 de agosto de 2021, el Sr. Lasanta Figueroa

presentó Solicitud para Presentación de Alegato o Celebración de una

Vista.5

         Así las cosas, el 17 de octubre de 2022, la Junta de Retiro

emitió la Resolución recurrida.6 Esta fue notificada el 18 de octubre

de 2022, según el matasello del correo.7 Mediante dicho dictamen,

la Junta de Retiro declaró No Ha Lugar el recurso de apelación

presentado por el Sr. Lasanta Figueroa. En consecuencia, se

confirmó la determinación del Sistema de Retiro, mediante la cual

se denegó la solicitud de beneficios por incapacidad presentada por

1   Recurso de Revisión, pág. 2.
2   Íd.
3   Apéndice I del Recurso de Revisión, págs. 1-3.
4   Apéndice II del Recurso de Revisión, pág. 4.
5   Apéndice III del Recurso de Revisión, pág. 5.
6   Apéndice V del Recurso de Revisión, págs. 7-9.
7   Apéndice VII del Recurso de Revisión, pág. 14.
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el Sr. Lasanta Figueroa. En lo pertinente, surge del dictamen

recurrido lo siguiente:

         “NOTIFICACION DE RESOLUCIÓN

         La parte afectada puede ejercer su derecho a recurrir
         directamente a apelar la presente Resolución ante la
         Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico
         dentro del término de treinta (30) días subsiguientes a
         la fecha de notificación de la decisión, según se
         establece en el Reglamento sobre Procedimientos
         Apelativos Administrativos de la Universidad de Puerto
         Rico, Certificación #35, 2018-2019.

         […]

         Por otra parte, la parte adversamente afectada por esta
         Resolución puede solicitar la reconsideración (en
         adelante la Reconsideración) ante esta Junta dentro del
         término jurisdiccional de quince (15) días calendarios,
         desde la fecha de archivo en autos de la notificación de
         la presente Resolución. La Junta dentro de los quince
         (15) días calendarios de haberse presentado dicha
         Reconsideración podrá considerarla o rechazarla de
         plano, cuando no actuare dentro de los quince (15)
         días calendarios. El término de treinta (30) días
         calendarios para solicitar revisión ante la Junta de
         Gobierno comenzará a correr nuevamente desde que
         se notifique dicha denegatoria o desde que expiren
         esos quince (15) días calendarios, según sea el caso.
         La Junta deberá resolver la Reconsideración dentro de
         noventa (90) días calendarios jurisdiccionales y el
         término para solicitar revisión ante la Junta de
         Gobierno de treinta (30) días calendarios empezará a
         contarse desde la fecha en que se archiva en autos una
         copia de la notificación de la resolución de la Junta
         resolviendo definitivamente la Reconsideración. Si esta
         Junta luego de acoger una Reconsideración, dejare de
         tomar alguna acción sobre ella dentro de los noventa
         (90) días calendarios de haber sido radicada, perderá
         jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar
         la revisión ante la Junta de Gobierno empezará a
         contarse a partir de la expiración de dicho término de
         noventa (90) días calendarios. Excepto que la Junta de
         Gobierno, por justa causa, autorice a esta Junta un
         tiempo     adicional   razonable   para    resolver   la
         Reconsideración.” (énfasis suplido).
                            8

         El 2 de noviembre de 2022, el Sr. Lasanta Figueroa presentó

Solicitud de Reconsideración ante la Junta de Retiro.9 Esta fue

recibida por la Junta de Retiro en esa misma fecha, según se

desprende del ponche.

8   Íd., págs. 7-8.
9   Apéndice VI del Recurso de Revisión, págs. 10-13.
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          El 16 de noviembre de 2022, el Sr. Lasanta Figueroa presentó

Solicitud de Revisión ante la Junta de Gobierno de la Universidad de

Puerto Rico (en adelante, Junta de Gobierno), mediante correo

certificado con acuse de recibo.10

          Así las cosas, el 6 de marzo de 2023, el Sr. Lasanta Figueroa

acudió ante nos mediante el presente Recurso de Revisión, en el cual

señala los errores siguientes:

          Erró la Honorable Junta de Retiro de la Universidad de
          Puerto Rico al denegarle al recurrente, Osvaldo Lasanta
          Figueroa, el derecho a la celebración de una vista
          adjudicativa, como parte del procedimiento para
          resolver su apelación.

          Erró la Honorable Junta de Retiro de la Universidad de
          Puerto Rico al concluir que el recurrente, Osvaldo
          Lasanta Figueroa no está incapacitado para llevar a
          cabo cualquier tipo de ocupación, toda vez que la
          conclusión del informe preparado por el psiquiatra es
          contraria a la normativa establecida por el Reglamento
          de la propia Junta de Retiro de la Universidad de Puerto
          Rico, el cual establece que un participante será
          considerado incapacitado para el desempeño de sus
          deberes en la posición que ocupa regularmente, o en
          cualquier otra posición, dentro de su clasificación y
          escala de salarios, que le asigne la autoridad
          nominadora.

          Examinado        el   recurso        ante   nuestra     consideración,

procedemos a resolver.

                                        - II -

                                          A.

          La jurisdicción de un tribunal se define como la autoridad que

por una ley o la Constitución se le ha concedido al foro para

considerar y decidir casos o controversias. Cordero v. Oficina de

Gerencia de Permisos, 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio.

Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto.

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Solá Gutiérrez v. Bengoa

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). En múltiples y variadas

ocasiones se ha expresado que los tribunales debemos ser celosos

10   Apéndices VIII y IX del Recurso de Revisión, págs. 15-18 y 19, respectivamente.
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guardianes de esa jurisdicción que nos ha sido concedida,

examinando tal aspecto en primer orden, incluso cuando no haya

sido planteado por ninguna de las partes. Horizon Media Corp. v.

Junta Revisora de Permisos, 191 DPR 228, 234 (2014). Además, se

ha señalado que los tribunales no tienen discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Mun. de San Sebastián v. QMC

Telecom, 190 DPR 652 (2014); Solá Gutiérrez v. Bengoa Becerra,

supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856

(2009).

      Un recurso tardío es aquel que se presenta pasado el término

provisto para recurrir. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber

Yard, Inc., 194 DPR 96, 107 (2015). Por su parte, un recurso

prematuro es aquel que se presenta con relación a una

determinación que está pendiente ante la consideración del tribunal

apelado, es decir, que aún no ha sido finalmente resuelta. Íd. Un

recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al

tribunal al cual se recurre. Íd. No obstante, existe una importante

diferencia en las consecuencias que acarrea cada una de estas

desestimaciones. Íd. La desestimación de un recurso por ser tardío

priva fatalmente a la parte de presentarlo nuevamente, ante ese

mismo foro, o ante cualquier otro. Íd. En cambio, la desestimación

de un recurso por prematuro le permite a la parte que recurre volver

a presentarlo, una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su

consideración. Íd.; Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

      La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), autoriza al Tribunal de Apelaciones a

desestimar un recurso, a iniciativa propia o solicitud de parte,

cuando carezca de jurisdicción para atenderlo.

                                  B.

      En cuanto a los términos para presentar un recurso de

revisión judicial ante el Tribunal Apelativos, la Sección 4.2 de la Ley
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Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”,

3 LPRA sec. 9672, dispone lo siguiente:

      “Una parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado
      todos los remedios provistos por la agencia o por el
      organismo            administrativo             apelativo
      correspondiente podrá presentar una solicitud de
      revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un
      término de treinta (30) días contados a partir de la fecha
      del archivo en autos de la copia de la notificación de la
      orden o resolución final de la agencia o a partir de la
      fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de
      esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión
      judicial haya sido interrumpido mediante la
      presentación     oportuna      de   una    moción       de
      reconsideración.” (énfasis suplido).

      La citada disposición legal expone lo que se conoce como la

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. La doctrina

de agotamiento de remedios administrativos es una norma de

autolimitación judicial que pretende lograr que las reclamaciones

sometidas inicialmente a la esfera administrativa lleguen al foro

judicial en el momento apropiado. Colón Rivera v. ELA, 189 DPR

1033, 1057 (2013); Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35

(2004); Asoc. Pesc. Pta. Figueras. v. Pto del Rey, Inc., 155 DPR 906,

916 (2001). Su propósito principal es evitar una intervención judicial

innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y

desenlace normal del procedimiento administrativo. Procuradora

Paciente v. MCS, supra; Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401,

(2001); Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR 318 (1998). De esta

forma, la agencia administrativa puede: (1) desarrollar un historial

completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado o

expertise   de   sus   funcionarios   para   adoptar    las   medidas

correspondientes de conformidad con la política pública formulada

por la entidad; y (3) aplicar uniformemente sus poderes para poner

en vigor las leyes, rectificar oportunamente sus errores o

reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos. AAA v. UIA, 200
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DPR 903 (2018); Procuradora Paciente v. MCS, supra.

      Esta doctrina aplica a aquellos casos en los cuales una parte

que   instó   o   tiene   instada   una   acción   ante   una   agencia

administrativa, acude luego a un tribunal sin antes haber

completado todo el trámite administrativo. Véase, AAA v. UIA, supra;

Colón Rivera v. ELA, supra; Mun. de Caguas v. AT & T, supra. Es

decir, “[e]l agotamiento de remedios presupone la existencia de un

procedimiento administrativo que comenzó, o que debió haber

comenzado, pero que no finalizó porque la parte concernida recurrió

al foro judicial antes de que se completase el referido procedimiento

administrativo”. J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo

Puertorriqueño, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 71.

      La doctrina de agotamiento de remedios administrativos no

debe ser soslayada, a menos que se configure alguna de las

limitadas excepciones que bajo nuestro ordenamiento jurídico

justifican preterir el trámite administrativo. Véase, ORIL v. El

Farmer, Inc., 204 DPR 229 (2020); Igartúa de la Rosa v. ADT, supra.

Así, la Sección 4.3 de la Ley Núm. 38-2017, supra, dispone que:

      “El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que
      agotar alguno o todos los remedios administrativos
      provistos en el caso de que dicho remedio sea
      inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento
      resultare en un daño irreparable al promovente y en el
      balance de intereses no se justifica agotar dichos
      remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de
      derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar
      los remedios administrativos por la dilación excesiva en
      los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta
      de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto
      estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia
      administrativa.”

      En cuanto a la excepción sobre la “dilación en los

procedimientos”, el Tribunal Supremo ha indicado que resulta

impráctico que un demandante recurra ante un proceso y se vea

obligado a agotar remedios administrativos ante la inacción de una

agencia para hacer cumplir sus requerimientos. Asociación de

Pescadores v. Marina de Puerto del Rey, 155 DPR 906 (2001). De
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igual forma, ha expresado que el que un remedio administrativo sea

lento no debe considerarse justificación para prescindir del requisito

de agotamiento, pues se requiere, además, que el trámite

administrativo resulte una gestión inútil o que permita un daño

irreparable. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

      Igualmente, el Tribunal Supremo ha resuelto que le

corresponde a la parte demandante probar con hechos específicos y

bien definidos la necesidad de obviar el cauce administrativo.

Procuradora Paciente v. MCS, supra. No debemos olvidar que cuando

“el agravio sea uno de ‘patente intensidad al derecho del individuo

que reclame urgente reparación’, se puede utilizar el injunction para

eludir el cauce administrativo”. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg,

supra, pág. 852.

                                  C.

      El     Reglamento       sobre    Procedimientos       Apelativos

Administrativos    de   la   Universidad   de   Puerto   Rico,   según

enmendado, Reglamento Núm. 9054 de 23 de octubre de 2018 (en

adelante, Reglamento Núm. 9054), establece las normas que regulan

los procedimientos apelativos administrativos para adjudicar una

apelación que interponga una persona o una entidad a una o más

autoridades apelativas de la Universidad de Puerto Rico por decisión

o resolución de una autoridad universitaria. Artículo 4 del

Reglamento Núm. 9054, supra. Dicho reglamento es aplicable a las

apelaciones y reconsideraciones administrativas que se interpongan

en la Universidad de Puerto Rico, incluyendo las apelaciones a las

autoridades apelativas: rectores, Junta Universitaria, senados

académicos, juntas administrativas, Junta de Retiro, presidente de

la Universidad y Junta de Gobierno. Íd., Artículo 5.

      En cuanto a la jurisdicción de las autoridades apelativas, el

Artículo 9 (D) del Reglamento Núm. 9054, supra, dispone lo

siguiente:
KLRA202300102                                                               9

       “La Junta de Gobierno entenderá y resolverá las
       apelaciones que interponga cualquier parte interesada
       que se considere adversamente afectada por una
       decisión o resolución emitida por el Presidente de la
       Universidad de Puerto Rico, la Junta Universitaria, la
       Junta de Retiro o la Junta de Apelaciones del Personal
       No Docente del Sistema Universitario.”

       En cuanto a la disposición del caso en apelación, el Artículo

27 (E) del Reglamento Núm. 9054, supra, dispone lo siguiente:

       “La orden o resolución final deberá ser emitida por
       escrito, dentro de los noventa (90) días, después de
       concluida la vista o de la presentación de las
       propuestas, determinaciones de hechos y conclusiones
       de derecho, a menos que este término sea renunciado o
       ampliado con el consentimiento escrito de todas las
       partes o por causa justificada.”

       En cuanto a la reconsideración ante los foros apelativos, el

Artículo 29 (A) del Reglamento Núm. 9054, supra, dispone lo

siguiente:

       “Cualquiera de las partes podrá solicitar la
       reconsideración de toda resolución u orden parcial o
       final, o parte de ella emitida por una autoridad apelativa
       dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la
       fecha de notificación. Dicha autoridad apelativa
       decidirá en su discreción, si ha de reconsiderar su
       resolución u orden según solicitado, en cuyo caso así lo
       hará constar mediante notificación a las partes dentro
       del plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de
       notificación en que se solicite dicha reconsideración. En
       ausencia de notificación alguna de las autoridades
       apelativas en que expresamente se haga constar su
       intención de reconsiderar, se entenderá rechazada de
       plano la solicitud. Estos trámites de solicitud de
       reconsideración interrumpirán los plazos para solicitar
       apelación al foro correspondiente.

       Si la autoridad apelativa acoge la moción de
       reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
       relación a la moción dentro de los sesenta (60) días de
       esta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la
       misma, y el término para acudir al siguiente foro
       apelativo empezará a contarse a partir de la expiración
       de dicho término de sesenta (60) días, salvo que la
       autoridad apelativa, por justa causa y dentro de esos
       sesenta días (60) días, prorrogue el término para
       resolver por un período que no excederá de treinta (30)
       días adicionales.”11

11El Artículo 29 del Reglamento Núm. 9074, supra, fue enmendado recientemente
mediante Enmiendas al Reglamento de Procedimientos Apelativos Administrativos
de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 9372 de 11 de abril de 2022.
KLRA202300102                                                       10

      En cuanto a la reconsideración ante la Junta de Gobierno, el

Artículo 29 (B), (C) y (D) del Reglamento Núm. 9054, supra, dispone

lo siguiente:

      “B. Reconsideración ante la Junta de Gobierno

      1. La parte adversamente afectada por una resolución
      u orden, parcial o final, de la Junta de Gobierno podrá,
      dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de
      archivo en autos de la notificación de la resolución u
      orden, presentar una moción de reconsideración de la
      resolución u orden ante la Junta de Gobierno.

      2. La Junta de Gobierno dentro de los quince (15) días
      de haberse presentado dicha moción deberá
      considerarla. Si la rechaza de plano o no actuare dentro
      de los quince (15) días, el término para solicitar revisión
      judicial comenzará a correr nuevamente desde que se
      notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos
      quince (15) días, según sea el caso.

      3.    Si   se   tomare    alguna    determinación     en
      reconsideración, el término para solicitar revisión ante
      el Tribunal de Apelaciones empezará a contarse desde
      la fecha en que archiva en autos una copia de la
      notificación de la resolución de la Junta de Gobierno,
      resolviendo definitivamente la moción. Dicha resolución
      deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
      noventa (90) días siguientes a la radicación de la
      moción.

      4. Si la Junta de Gobierno acoge la moción de
      reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
      relación a la moción dentro de los noventa (90) días de
      ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la
      misma, y el término para solicitar la revisión judicial
      empezará a contarse a partir de la expiración de dicho
      término de noventa (90) días, salvo que la Junta de
      Gobierno, por justa causa y dentro de esos noventa (90)
      días, prorrogue el término para resolver por un período
      que no excederá de treinta (30) días adicionales.

      C. Si la fecha de archivo en autos de copia de la
      notificación de la orden o resolución es distinta a la del
      depósito en el correo de dicha notificación, el término se
      calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.

      D. El término para revisión judicial ante el Tribunal de
      Apelaciones es de treinta (30) días contados a partir de
      la fecha del archivo en autos de la copia de la
      notificación de la resolución final, o a partir de la fecha
      en que se archive en autos copia de la resolución
      resolviendo      definitivamente      la    moción       de
      reconsideración, según sea el caso. La parte notificará
      la presentación de la revisión a la Universidad y a todas
      las partes dentro del término para solicitar dicha
      revisión.”
KLRA202300102                                                      11

                                 III

      En el Recurso de Revisión, el Sr. Lasanta Figueroa señala que

erró la Junta de Retiro “al denegarle […] el derecho a la celebración

de una vista adjudicativa, como parte del procedimiento para

resolver su apelación” y al concluir, en síntesis, que no estaba

incapacitado para realizar su trabajo.

      Examinado el expediente del presente caso, encontramos que,

el 16 de noviembre de 2022, el Sr. Lasanta Figueroa presentó

Solicitud de Revisión ante la Junta de Gobierno. Sin embargo, no

obra en este expediente documento alguno que acredite que el

proceso apelativo ante la Junta de Gobierno culminó, por lo que

entendemos que el mismo está en curso. Desconocemos la etapa

procesal en que se encuentra este caso ante la Junta de Gobierno.

      Como expusimos, la Junta de Gobierno es el organismo

administrativo apelativo con autoridad para entender y resolver las

apelaciones que interponga cualquier parte interesada y que se

considere adversamente afectada por una decisión o resolución

emitida por la Junta de Retiro. Contra el dictamen emitido por la

Junta de Gobierno, la parte interesada podrá presentar un recurso

de revisión ante este Tribunal de Apelaciones.

      Por lo tanto, no habiendo culminado el proceso apelativo ante

la Junta de Gobierno, concluimos que el Sr. Lasanta Figueroa no ha

completado todo el trámite administrativo ante dicho organismo

administrativo apelativo. El Sr. Lasanta Figueroa tampoco ha

demostrado que existe alguna de las limitadas excepciones que bajo

nuestro ordenamiento jurídico justifican preterir dicho trámite.

Siendo esto así, determinamos que no tenemos jurisdicción para

atender el presente Recurso de Revisión por haberse presentado de

forma prematura. Una vez el Sr. Lasanta Figueroa haya agotado

todos los remedios administrativos provistos, podrá recurrir en

alzada del dictamen final que en su día emita la Junta de Gobierno.
KLRA202300102                                                     12

                                 IV

      Por los fundamentos antes expresados, se desestima el

recurso de revisión por ser prematuro.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones