Court Opinion

ID: 9394863
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:17:06.578891+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.795924
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VII

      ETHELYN BERNIER                                 Certiorari procedente
         VELÁZQUEZ                                    del Tribunal de
                                                      Primera Instancia,
           Peticionaria                               Sala Superior de
                                                      Guayama
                v.                 KLCE202300236
                                                      Caso Número:
      MITCHEL BERNIER                                 GM2019CV00124
      RIVERA Y OTROS
                                                   Sobre: División de
             Recurrida                             Comunidad de Bienes
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

       Comparece ante este Tribunal la Sra. Ethelyn Bernier Velázquez (en

adelante, “peticionaria”) mediante el presente recurso de certiorari, y nos

solicita que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Salinas, el 9 de febrero de 2023. En su

dictamen, el foro de instancia denegó emitir una orden para obligar al

demandado a firmar un formulario de la Administración del Seguro Social,

mediante el cual prestaría su consentimiento para divulgar información

referente a su estado económico.

       Adelantamos que por los fundamentos a continuación, denegamos

la expedición del auto de certiorari.

                                        I.

       El 25 de febrero de 2019 la peticionaria presentó una demanda

contra su hermano Bernier Rivera (en adelante, “recurrido”) para dividir la

comunidad de bienes compuesta por ambos tras el fallecimiento de su

padre el Sr. Mitchell Bernier de León. Por su parte, el recurrido reclamó ser

el propietario de uno de los bienes inmuebles reclamados por la

peticionaria. Además, sostuvo que tiene derecho a un crédito porque el

causante no tenía los medios para levantar fondos, y que este en realidad

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202300236                                                              2

se apropió de sus fondos los cuales figuran en un certificado de depósito a

nombre del causante.

       Como parte de las controversias trabadas en este caso se cuestionó

la capacidad económica del causante y del recurrido, por lo que las partes

han generado descubrimiento de prueba sobre estos particulares. Entre

estos, la peticionaria solicitó al Tribunal de Primera Instancia que emitiera

una orden para descubrir información financiera de la Administración del

Seguro Social. Por su parte, el recurrido se opuso a dicha solicitud puesto

que la petición de descubrimiento atropellaba los derechos de privacidad y

confidencialidad que le cobijan bajo el derecho federal.

       El foro de instancia celebró una vista evidenciaria en la que otorgó

la orden dirigida a descubrir información sobre el seguro social. La

peticionaria intentó obtener dicha información, pero fue informada por la

Administración del Seguro Social que sin el consentimiento voluntario del

recurrido no sería posible divulgar lo solicitado, y que para ello debía

obtener una orden del tribunal mediante la cual se requiriera la firma del

recurrido. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la petición

de dicha orden. La peticionaria presentó una moción de reconsideración, la

cual fue nuevamente declarada no ha lugar por el Tribunal de Primera

Instancia.

       Inconforme, la peticionaria acude ante el Tribunal de Apelaciones

bajo el supuesto de que la denegatoria del foro de instancia representa una

violación al debido proceso de ley, y señala que el Tribunal de Primera

Instancia cometió los siguientes errores:

       Erró el TPI al emitir resolución de “Sin Lugar” a la orden
       solicitada para descubrir evidencia pertinente y determinante
       para resolver el caso, conforme la forma recomendada por la
       Administración del Seguro Social.

       Erró el TPI al violentar el derecho al debido proceso de ley
       procesal de la aquí recurrente, al emitir resolución que le
       coarta su derecho a descubrir evidencia determinante en este
       caso, en contraste y de manera desigual al descubrimiento
       permitido al recurrido, menoscabando su interés propietario.

       Erró el TPI al no considerar probados ciertos hechos que no
       permite el recurrido sean descubiertos, sin éste reclamar
       ningún privilegio reconocido por nuestras reglas de evidencia.
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       El recurrido presentó, el 10 de abril de 2023, su Memorando en

oposición a la expedición del auto de certiorari.

                                      II.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que permite

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016).

En esencia consiste en un recurso extraordinario caracterizado por que

descansa en la discreción del tribunal para su expedición, la cual no es

irrestricta. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). El tribunal tiene

discreción para atender el asunto planteado, bien sea para expedir o

denegar el auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580

(2011).

       Sobre este particular, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para

revisar resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será

expedido cuando se recurra de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. Además, mediante este

recurso se pueden “revisar órdenes o resoluciones interlocutorias del

Tribunal de Primera Instancia sobre admisibilidad de testigos o peritos,

asuntos sobre privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, casos de

relaciones de familia, casos revestidos de interés público o en cualquier

otra situación que esperar constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Id. A esos efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea

expedido es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en

la Regla 52.1.

       Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso que

depende de la discreción del tribunal revisor. Los criterios que justifican

nuestra intervención son los siguientes:
KLCE202300236                                                             4

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

      Por fracaso irremediable de la justicia, el Tribunal Supremo ha

señalado que se trata de las siguientes circunstancias: cuando la decisión

interlocutoria afecta perjudicialmente el trámite judicial, lo cual tiene la

posibilidad práctica de tornar dicha determinación inapelable; cuando

afecte la prerrogativa de alguna parte en seleccionar su abogado de

predilección; cuando la determinación interlocutoria de ser errónea

conllevaría la eventual revocación de la determinación de instancia. S.

Steidel Figueroa, Controversias en el ordenamiento procesal civil: A

propósito del seminario de procedimiento civil, 47 Rev. Jur. UIPR 793, 802-

03 (2013), que cita a Job Connection Center Inc. v. Supermercados Econo

Inc., 185 DPR 585 (2012). “Tal escenario podría configurarse cuando la

determinación interlocutoria tiene alguna consecuencia sustancial y directa

en la resolución de las controversias de un caso”. Id. en la pág. 803. El

Tribunal Supremo, en 800 Ponce de León Corp. v. American International

Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 186 (2020), señaló que

esta disposición obedece el principio de economía procesal, de manera que

no se retrase aún más y de forma innecesaria la adjudicación de las

controversias medulares de un caso.

      Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no habrá

de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera
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Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012) (citando a Lluch v. Espana Service Sta.,

117 DPR 729, 745 (1986). Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido, por tanto,

debemos ejercer nuestra discreción para evaluar si, a la luz de estos

criterios, se requiere nuestra intervención. Si no fuera así, procede que nos

abstengamos de expedir el auto, de manera que se continúen los

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera instancia.

                                     III.

       De ordinario, el descubrimiento de prueba es amplio y liberal, por lo

cual las Reglas de Procedimiento Civil permiten que se descubra todo

aquello que sea pertinente al pleito pendiente siempre que no sea

privilegiado. 32 LPRA Ap. V, R. 23.1; Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR

554 (1959). Sin embargo, son los foros primarios los llamados a regular el

descubrimiento de prueba, para cuyo ejercicio gozan de amplia discreción.

Rivera y otros v. Bco Popular, 152 DPR 140, 154-55 (2000). El Tribunal de

Apelaciones no debe intervenir con dicha discreción, salvo prejuicio,

parcialidad o error manifiesto. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las

Piedras, 206 DPR 659 (2021). El descubrimiento de prueba está limitado

por (1) información privilegiada y (2) aquella que no sea pertinente a la

controversia. Id.

                                     IV.

       En este caso, la peticionaría no ha logrado demostrar que se justifica

la intervención del Tribunal de Apelaciones. Según antes expuesto, el auto

de certiorari es un recurso extraordinario que procede interlocutoriamente

en determinados casos. La peticionaria no demostró que su caso se

encuentra entre los escenarios contemplados por la Regla 52.1. En efecto,

la Resolución aquí en disputa no versa sobre ninguna de las materias

revisables interlocutoriamente.
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      Es evidente que tampoco están presentes circunstancias de fracaso

irremediable de la justicia que amerite nuestra intervención. Por lo cual,

tampoco procede la expedición según los criterios establecidos por la Regla

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La controversia planteada

sobre el descubrimiento de prueba fue dictada dentro del marco de

discreción del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria no demostró

que dicha Resolución causa un fracaso irremediable de la justicia.

Recuérdese que el foro de instancia controla esta etapa del procedimiento,

y según surge del expediente, las partes han tenido amplia oportunidad

para celebrar el descubrimiento de prueba. Ante la falta de prejuicio,

parcialidad o error manifiesto, no nos compete intervenir en el manejo del

caso, razón por la cual denegamos la expedición del recurso.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones