Court Opinion

ID: 9374169
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:26:48.634779+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.223174
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IX

     NAHUM GÓMEZ                              APELACIÓN
       HIDALGO                                procedente del
                                              Tribunal de Primera
        APELANTE                              Instancia, Sala
                                              Superior de Carolina
              V.
                           KLAN202200939 Caso Núm.
    MIGUEL RIVERA                        CA2019CV04816
   ROSARIO, ÁNGEL
  RIVERA MELÉNDEZ Y
   JANE DOE RIVERA
       ROSARIO                                Sobre:
                                              Daños Y Perjuicios

        APELADOS

Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

      Nahum Gómez Hidalgo [en adelante “Sr. Gómez” o

apelante] solicita la revisión y revocación de la Sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 7 de

septiembre de 2022, en adelante TPI.            Mediante referido

dictamen el foro de instancia desestimó con perjuicio la demanda

instada por Gómez Hidalgo y el resto del caso. El apelante solicitó

reconsideración el 11 de octubre de 2022, conforme la Resolución

para extensión de términos por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico, EM-2022-007, la cual fue denegada en Resolución del 26 de

octubre de 2022. Contra esa Resolución es que se presenta esta

Apelación.

      Por los fundamentos que exponemos a continuación,

revocamos la sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2023 ________
KLAN202200939                                                         2

                                 I.

      El 17 de diciembre de 2019, el señor Nahum Gómez Hidalgo

(en adelante, Sr. Gómez o apelante) presentó una demanda sobre

daños y perjuicios contra el señor Miguel Rivera Rosario y otros

codemandados (en conjunto, Sr. Rivera). En esta, reclamó el pago

de los gastos legales e inconveniencias de litigar tres pleitos

judiciales para lograr que el Sr. Rivera cumpliera con las

obligaciones que acordó asumir mediante un contrato de opción

de compra suscrito con el demandante el 24 de octubre de 2011.

      En sus alegaciones, el Sr. Gómez relató que el Sr. Rivera es

el propietario de un predio de terreno localizado en Loíza que tiene

una cabida de 1,381.618 metros cuadrados y en la que enclava

un negocio llamado Blue Iguana. La referida finca tiene un

gravamen hipotecario a favor de First Bank. El 20 de octubre de

2011, dicho acreedor hipotecario consintió que el Sr. Rivera

segregara y vendiera un lote de 676.7606 metros cuadrados que

formaba parte del predio hipotecado, en el cual ubicaba el

negocio, sujeto a ciertos términos y condiciones. Entre estos, que

el Sr. Rivera tramitara a su costo las gestiones necesarias para la

segregación del lote. El acreedor hipotecario dispuso que la

autorización de segregación y venta del lote caducaba a los

noventa   (90)    días,   contados    a   partir   de   la   fecha   del

consentimiento.

      El Sr. Gómez explicó en la demanda que, el 24 de octubre

de 2011, suscribió con el Sr. Rivera un contrato de opción de

compra del terreno a segregarse y en el cual ubica el negocio, por

el precio de $159,000.00. Según las alegaciones, el 19 de julio de

2013, el Sr. Gómez saldó el balance pendiente de pago del precio

de compraventa convenido y el Sr. Rivera le otorgó recibo y carta
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de pago. Además, el Sr. Rivera se comprometió a otorgar la

escritura de segregación y compraventa de la parcela libre de

cargas y gravámenes. Sin embargo, según adujo el Sr. Gómez, el

Sr. Rivera no otorgó la referida escritura de segregación y

compraventa del lote en cuestión.

       El Sr. Gómez añadió que, por haber incumplido el contrato

hipotecario, el banco1 presentó una demanda sobre cobro de

dinero y ejecución de hipoteca contra el Sr. Rivera. Dictada la

Sentencia por Estipulación, y ante el incumplimiento del Sr. Rivera

con los acuerdos, el acreedor hipotecario presentó una solicitud

de ejecución de sentencia.2 El Sr. Gómez afirmó que, dado su

interés en el lote y el negocio Blue Iguana, presentó una moción

de intervención en el referido caso.

       El Sr. Gómez puntualizó que para hacer valer su derecho a

intervenir en el pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca

seguido contra el Sr. Rivera recurrió al Tribunal de Apelaciones y

al Tribunal Supremo. Por ello, reclama gastos legales ascendentes

a   $25,000.00.      Además,      solicita   el    resarcimiento     de   los

sufrimientos     y   angustias    mentales        ocasionados    por   dicha

litigación, más el pago de las costas y honorarios de abogados del

presente litigio. El Sr. Gómez mencionó que el Sr. Rivera aún no

había realizado la segregación del predio en controversia, ni

otorgado la correspondiente escritura de compraventa.

       El 6 de enero de 2020, el Sr. Rivera presentó una

Contestación a la Demanda y Reconvención. En esencia, negó las

alegaciones y solicitó una compensación en daños y perjuicios por

las presuntas presiones del Sr. Gómez para que le cediera de

1 LSREF2 Holdings, LTD, Inc. adquirió las facilidades de crédito y solicitó la
sustitución de parte.
2 LSREF2 Island Holding LTD, Inc. v. Miguel Rivera Rosario, Civil núm.:

FCCI201000449.
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manera gratuita una porción adicional de terreno. El 20 de febrero

de 2020, el Sr. Gómez presentó Contestación a Reconvención. De

esa forma quedó trabada una segunda controversia entre las

mismas partes, en el caso.

   Más adelante, el 27 de mayo de 2020, el Sr. Rivera presentó

una Moción de Desestimación.

   El 18 de septiembre de 2020, el Sr. Gómez presentó una

Réplica y Oposición a Desestimación. Adujo que la doctrina de

cosa juzgada en la modalidad de impedimento colateral por

sentencia era inaplicable al caso de autos por falta de identidad

de partes, puesto que en el pleito de ejecución de hipoteca las

partes son el Sr. Rivera y el acreedor hipotecario y, además, dicho

litigio no había culminado. Añadió que la acción no se encontraba

prescrita, ya que se enteró del pleito de ejecución en el 2016, y

desde entonces, ha litigado en dicha causa para salvaguardar su

derecho sobre el lote.

      El 22 de febrero de 2021, el TPI celebró una vista

argumentativa, a la que solamente compareció el abogado del Sr.

Gómez. Escuchada su argumentación, el TPI denegó la solicitud

de desestimación del Sr. Rivera. A su vez, concedió 30 días para

llevar a cabo el descubrimiento de prueba y solicitar al tribunal los

remedios que correspondieran. No surge de los autos sanción

alguna al demandado ni su abogado por la ausencia a una vista

pautada en el caso.

   Luego de varios trámites procesales ante el TPI, se declaró No

Ha Lugar la Solicitud de Desestimación, incoada por la parte

Apelada. Contra esa Resolución, el aquí Apelado, presentó

“Petición de Certiorari” ante este Tribunal que recibió el núm.

KLCE202100571, el cual fue denegado mediante Resolución

notificada el 30 de junio de 2021.
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   El aquí apelado, como peticionario en caso anterior, instó

Recurso de Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el

cual fue denegado el 15 de octubre de 2021.

   Este Tribunal emitió el Mandato al TPI, devolviendo a dicho

foro su jurisdicción el 24 de noviembre de 2021, la que se

presenta ante este caso en el TPI, el 1 de diciembre de 2021. El

25 de agosto de 2022, la parte apelada radicó Moción Solicitando

Desestimación al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil.

   El TPI, el 25 de agosto de 2022, emitió orden para que en 10

días se mostrara causa por la cual no debía archivarse el caso

CA2019CV04816, a tenor a la Regla 39.2 b. El 2 de septiembre de

2022, dentro del término otorgado, la parte apelante presentó

moción       titulada:   Cumplimiento   de   Orden   y   Oposición   a

Desestimación.

   En dicha Moción, el Apelante indica varias razones para

justificar la inactividad por parte de este, siendo la primordial la

salud del abogado de dicha parte aquí apelante.

   El    8    de   septiembre   de   2022,   se   notificó   Sentencia

Desestimando y decretando archivo del caso, sin perjuicio, al

amparo de que no se había hecho trámite alguno por dicha parte

demandante en el caso por mas de seis (6) meses y aunque no

habían otras actuaciones de dicha parte que requirieran alguna

amonestación anterior, entendió que procedía la desestimación.

Contra dicha sentencia y dentro de los términos extendidos por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante Resolución EM-2022-

007, se presentó escrito de Reconsideración, el 11 de octubre de

2022.

   El 26 de octubre de 2022, la parte demandada se opuso a la

reconsideración instada por la parte demandante, básicamente

reclamando que el escrito no cumplía los requisitos de SUMAC
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para considerarse una moción firmada por el abogado del

demandante ahora apelante, pues le faltaba la f antes del nombre

del abogado.

     El TPI declaró ”sin lugar” dicha reconsideración.

     En su recurso de Apelación, dicha parte señala que el TPI

cometió el siguiente error:

     ERRO EL TPI AL DESESTIMAR Y ARCHIVAR LA DEMANDA BAJO
     LA  REGLA     39.2  (B)   DE   PROCEDIMIENTO   CIVIL
     DETERMINANDO QUE LAS RAZONES ALUDIDAS POR EL
     DEMANDANTE NO SATISFACIAN EL CRITERIO DE JUSTA
     CAUSA.

     Por los fundamentos que expondremos a continuación,

revocamos la Sentencia apelada.

                                  II.

     A. MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

     Nuestro ordenamiento procesal civil provee varios mecanismos

para la parte que resulta adversamente afectada por un dictamen

del foro de primera instancia. Entre estos se incluye la moción de

reconsideración.

     En particular, la moción de reconsideración fue adoptada en

nuestra jurisdicción desde hace mucho como un medio para que

el    tribunal   sentenciador    modificase    o   corrigiese   sus

determinaciones. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR 989,

995 (2015). Su objetivo es dar una oportunidad a la corte que

dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para

que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiere

incurrido al dictarla. Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 (1936).

Dicho de otro modo, la moción de reconsideración permite que la

parte afectada por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal

que considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al
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Tribunal de Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton Corp.,

191 DPR 1, 7 (2014).

   La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, establece, en lo

pertinente, que:

      […]
      La parte adversamente afectada por una
      sentencia del Tribunal de Primera Instancia
      podrá     presentar,    dentro     del    término
      jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha
      de archivo en autos de copia de la notificación
      de la sentencia, una moción de reconsideración
      de la sentencia.
      La moción de reconsideración debe
      exponer con suficiente particularidad y
      especificidad los hechos y el derecho que
      el    promovente       estima      que     deben
      reconsiderarse y fundarse en cuestiones
      sustanciales       relacionadas        con     las
      determinaciones de hechos pertinentes o
      conclusiones de derecho materiales.
      La moción de reconsideración que no
      cumpla con las especificidades de esta
      regla será declarada “sin lugar” y se
      entenderá que no ha interrumpido el
      término para recurrir.
      Una     vez     presentada     la   moción      de
      reconsideración quedarán interrumpidos los
      términos para recurrir en alzada para todas las
      partes. Estos términos comenzarán a correr
      nuevamente desde la fecha en que se archiva
      en autos copia de la notificación de la resolución
      resolviendo la moción de reconsideración.
      La moción de reconsideración se notificará a las
      demás partes en el pleito dentro de los quince
      (15) días establecidos por esta regla para
      presentarla ante el tribunal de manera
      simultánea. El término para notificar será de
      cumplimiento estricto. (Énfasis nuestro). 32
      LPRA Ap. V, R. 47.

   Según se desprende de lo anterior, para que una moción de

reconsideración interrumpa el término para recurrir al foro

apelativo intermedio, debe ser presentada de manera oportuna y

fundamentada. Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, pág.

8. La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece un término

de quince (15) días para la presentación de la moción de

reconsideración. Si se trata de sentencias el término es
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jurisdiccional, mientras que es de cumplimiento estricto si se trata

de resoluciones y órdenes. Íd.

   En     cuanto       al    requerimiento         de    que   la   moción   de

reconsideración este fundamentada, el Tribunal Supremo ha

aclarado, citando al tratadista Cuevas Segarra, que salvo

mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, una

moción que razonablemente cuestiona la decisión y fundamenta

su planteamiento, será suficiente para cumplir con la regla. Íd.,

pág. 9.

   Es     de   notar        que   el   requisito    de   que   la   moción   de

reconsideración sea específica se incluyó para evitar las mociones

frívolas que generalmente dilatan la ejecución de los dictámenes

judiciales. Es por ello por lo que, la reconsideración debe

particularizar los hechos y el derecho que el tribunal debe

reconsiderar,      basándose           en   determinaciones         de   hechos

pertinentes y en conclusiones de hechos materiales, al igual que

las mociones de determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho. Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de

la Conferencia Judicial y Notarial, 2007, pág. 555.

   B. ESCRITOS PRESENTADOS POR SUMAC

   Mediante la Ley núm. 148-2013, se enmendaron las Reglas de

Procedimiento Civil para añadir la Regla 67.6 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, Presentación y Notificación por Medios

Electrónicos.

   Dicha Regla 67.6 establece en su parte pertinente lo siguiente:

        Las alegaciones, mociones y demás escritos que se
        contemplan en estas reglas se presentarán al tribunal
        por medios electrónicos, una vez se implanten las
        medidas     administrativas     y   la tecnología
        necesaria para ello. Asimismo, se notificarán por
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      medios electrónicos las órdenes, resoluciones,
      providencias interlocutorias y sentencias que emita el
      tribunal, al igual que cualquier otro documento que el
      Secretario o la Secretaria deba notificar durante un
      procedimiento civil.
      El envío a la dirección o portal establecido por el Juez
      Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para
      cada Secretaría del Tribunal General de Justicia
      constituirá la presentación de escritos en el tribunal y
      en la Secretaría a la que se refiere estas reglas…
      (Énfasis nuestro).

   Como se puede observar, las Reglas de Procedimiento Civil

establecen un método oficial de presentación de escritos por

medios electrónicos. Para ello, es necesario que el tribunal donde

se presente la moción posea la tecnología necesaria, es decir, la

dirección o portal establecida por el Juez Presidente o Jueza

Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A esos efectos,

la Rama Judicial de Puerto Rico ha implantado el Sistema Unificado

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). SUMAC es el

sistema implantado por virtud de la Regla 67.6 de Procedimiento

Civil, supra. Íd.

   La presentación del escrito con su nombre por el abogado en

el sistema SUMAC, establece las garantías de confiabilidad que

indican se trata de un escrito del abogado del caso y, salvo

circunstancias excepcionales, el escrito así presentado debe ser

considerado válido.

   C. Desestimación como Sanción por Abandono del
      Reclamo

      Es principio procesal firmemente establecido en nuestro

sistema de derecho que las Reglas de Procedimiento Civil no

tienen vida propia, sino que existen para viabilizar la consecución

del derecho sustantivo.    Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117

D.P.R. 807 (1986). Por ello, al impartir justicia el tribunal debe

hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto,
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interpretando las reglas procesales de forma tal que garanticen

una solución justa, rápida y económica de los procedimientos.

Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 1.

De esta forma, nuestro ordenamiento civil exige a todas las partes

el deber de actuar con diligencia durante la tramitación de los

pleitos, concediéndole al tribunal la potestad para sancionar a

aquellos litigantes que dilaten los procedimientos de forma

innecesaria.   Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177

D.P.R.   714   (2009).     Se   ha   entendido   que,   el   efectivo

funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición

de los asuntos litigiosos, requieren que el foro sentenciador tenga

la flexibilidad y discreción en el manejo diario y la tramitación de

los asuntos, así como en la aplicación de los medios correctivos

apropiados conforme a su buen juicio.       Pérez Pascual v. Vega

Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989); Ortiz Rivera v. Agostini, 92

D.P.R. 187 (1965). Bajo la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2(a), se le permite al tribunal

utilizar la desestimación de la reclamación como mecanismo para

sancionar la dejadez o inacción del litigante, siempre que la misma

se aplique como sanción drástica de último recurso.

      La Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.,

R. 39.2 (a), recoge gran parte de la jurisprudencia que ha

interpretado la desestimación. En lo pertinente dispone:

      (a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas
      reglas o con cualquier orden del tribunal, el
      tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte
      demandada podrá decretar la desestimación del pleito
      o de cualquier reclamación contra ésta [sic] o la
      eliminación      de     las    alegaciones,     según
      corresponda.

      Cuando se trate de un primer incumplimiento, la
      severa sanción de la desestimación de la demanda o
      la eliminación de las alegaciones tan sólo [sic]
      procederá después que el tribunal, en primer término,
      haya apercibido al abogado o abogada de la parte de
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     la situación y se le haya concedido la oportunidad para
     responder. Si el abogado o abogada de la parte no
     responde a tal apercibimiento, el tribunal
     procederá a imponer sanciones al abogado o
     abogada de la parte y se notificará directamente
     a la parte sobre la situación. Luego de que la
     parte haya sido debidamente informada o
     apercibida de la situación y de las consecuencias
     que pueda tener el que la misma no sea
     corregida, el tribunal podrá ordenar la
     desestimación del pleito o la eliminación de las
     alegaciones. El tribunal concederá a la parte un
     término de tiempo razonable para corregir la situación
     que en ningún caso será menor de treinta (30) días,
     a menos que las circunstancias del caso justifiquen
     que se reduzca el término. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2
     (a) (Énfasis suplido).

     Esta regla señala que un primer incumplimiento con una

orden del tribunal no conlleva como sanción la desestimación de

la demanda o la eliminación de las alegaciones. Por el contrario,

se debe apercibir a la parte y sancionar al abogado. De no

cumplirse   con   lo   ordenado,   el   tribunal   debe   informarlo

directamente a la parte y apercibirla de la sanción de la

desestimación que se podría imponer de continuar con dicha

actuación. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 746

(2005); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 817

(1986).

     De no surtir efecto la referida medida disciplinaria,

procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación

de la demanda o la eliminación de las alegaciones, solo después

que la parte haya sido debidamente informada de la

situación y de las consecuencias que puede tener el que la

misma no sea corregida. Maldonado v. Srio. Rec. Naturales,

113 D.P.R. 494, 498 (1992). (Énfasis suplido).

     Sobre la desestimación como sanción, el Tribunal Supremo

expresó en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217,

222-223 (2001), lo siguiente:
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      [H]emos resuelto que la desestimación de un caso
      como sanción, debe prevalecer únicamente en
      situaciones extremas en las cuales haya
      quedado demostrado de manera clara e
      inequívoca la desatención y el abandono total de
      la parte con interés y “después que otras sanciones
      hayan probado ser ineficaces en el orden de
      administrar justicia y, en todo caso, no debería
      procederse a ella sin un previo apercibimiento”. (Citas
      omitidas.) (Énfasis suplido).

      Es norma reiterada que la desestimación de un pleito sin

entrar en sus méritos como medio de sanción, debe ser utilizado

como último recurso, luego de que otras sanciones hayan probado

ser ineficaces y previo apercibimiento a la parte. Véase, Ramírez

de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829-830 (1962).

Como primera alternativa ante el incumplimiento procesal

de   una   parte,    el   tribunal   debe   imponer    sanciones

económicas al abogado, a la parte o a ambos, antes de

adoptar una determinación que pueda tener el efecto de

privar a la parte de su día en corte. Véase, Imp. Vilca, Inc. v.

Hogares Crea Inc, 118 D.P.R. 679, 686 (1986); Dávila v. Hosp.

San Miguel Inc., supra, pág. 814.

      El trámite dispuesto en la Regla 39.2(a) reconoce que una

parte no tiene derecho a que su caso adquiera vida eterna en los

tribunales ni de mantener en estado de incertidumbre a la otra

parte, sin más excusa que su falta de diligencia e interés en la

tramitación de este. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. “El

interés de que los pleitos se vean en sus méritos amerita

protección, pero no puede, bajo toda circunstancia, prevalecer

sobre los intereses, igualmente justos, de la parte que ha sido

diligente en que se resuelva el caso prontamente y se termine la

incertidumbre, y los intereses del público en general en evitar la

congestión en los calendarios y las demoras innecesarias en el

trámite judicial […]”. Id.
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      De otra parte, la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V., R. 39.2(b), permite a un Tribunal desestimar un

pleito por la dejadez o inacción de las partes respecto a sus casos.

La citada Regla promulga que:

            .     .     .     .      .     .     .     .

      (b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo
      de todos los asuntos civiles pendientes en los cuales
      no se haya efectuado trámite alguno por cualquiera
      de las partes durante los últimos seis meses, a menos
      que tal inactividad se le justifique oportunamente.
      Mociones sobre suspensión o transferencia de vista o
      de prórroga no serán consideradas como un trámite a
      los fines de esta regla.

      El tribunal dictará una orden en todos dichos
      asuntos, la cual se notificará a las partes y al
      abogado o abogada, requiriéndoles dentro del
      término de diez (10) días desde que el
      Secretario o Secretaria les notifique, que
      expongan por escrito las razones por las cuales
      no deban desestimarse y archivarse los mismos.
      (Énfasis nuestro).

      No obstante, nuestro Máximo Foro ha establecido como

norma general, que la desestimación de una demanda es la

sanción más drástica que se puede imponer, por lo que los

tribunales deben establecer un balance entre el interés de tramitar

los casos rápidamente y que éstos sean resueltos en sus méritos.

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 874 (2005). Por

tal razón, en el contexto de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento

Civil, supra, también se ha reconocido como norma que, antes de

proceder a la desestimación de un caso como sanción, debe haber

quedado demostrado de forma clara y fehaciente la desatención y

el abandono total de la parte con interés, además de constatarse

que otras sanciones hayan sido ineficaces. Mun. de Arecibo v.

Almac. Yakima, supra. Es decir, no debe desestimarse un pleito al

amparo de la Regla 39.2 (b), supra, sin antes haber impuesto

otras sanciones y sin haber un previo apercibimiento. Íd. De esta
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forma se hizo extensiva la norma general del inciso (a) de la citada

Regla a las situaciones a atenderse bajo el inciso (b).

      Cónsono con lo anterior, luego de que las partes expongan

los motivos por los cuales no debe desestimarse el caso, el

tribunal debe realizar un balance de intereses entre la necesidad

que tiene el tribunal de administrar su calendario, la necesidad de

que los casos se resuelvan de forma expedita y el perjuicio

ocasionado al demandado por la dilación en el caso. Íd. De no

demostrarse perjuicio verdadero, no debe archivarse la acción. Íd.

Por tanto, la desestimación únicamente se puede sostener por los

tribunales revisores en aquellas instancias en las que se hayan

utilizado otras medidas que resulten inútiles, de manera tal que

se manifieste un claro desinterés y abandono por parte del

reclamante. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494,

498 (1982). Así, procede la desestimación por inacción bajo la

Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, “en casos extremos

de clara e injustificada falta de diligencia”. Sánchez Rodríguez v.

Adm. de Corrección, supra, pág. 724.

   D. LA RECONVENCION

   Conforme a nuestro ordenamiento la reconvención es la

reclamación que presenta la parte demandada en un pleito civil

para solicitar la concesión de un remedio contra la parte

demandante. La misma es reconocida por la Regla 5.1 de

Procedimiento Civil, 32. L.P.R.A. Ap. III R. 5.1, y regida por la

Regla 11 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. III, R.11.1.

Pertinente al caso de autos es la reconvención compulsoria, la cual

define la Regla 11.1 de Procedimiento Civil R. 11.1, 32 L.P.R.A.

Ap. III, R.11.1:

      Una alegación contendrá por vía de reconvención
      cualquier reclamación que la parte que la formula
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      tenga contra cualquier parte adversa al momento de
      notificar dicha alegación, siempre que surja del acto,
      omisión o evento que motivó la reclamación de la parte
      adversa y no requiera para su adjudicación la
      presencia de terceros sobre quienes el tribunal no
      pueda adquirir jurisdicción.

      Sin embargo, no será necesario incluir dicha reclamación

mediante reconvención, si al momento de comenzarse el pleito tal

reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente. 32 L.P.R.A.

Ap. III R. 11.1; Neca Mortg. Corp v. A&W Dev. S.E. 137 D.P.R.

860, 866 (1995). A través de dicho mecanismo el tribunal puede

atender y resolver en una sola acción todas las posibles

controversias que surgen de unos mismos hechos o que son

comunes a las partes que coinciden en más de una reclamación.

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, a la pág. 867.

                                  III.

      En esencia, nos corresponde determinar si a la luz de las

circunstancias del presente caso se justifica la sanción de la

desestimación de la demanda.      Debemos atender, además, si

podía el TPI, desestimar un caso en su totalidad estando pendiente

y trabada una controversia sobre una reconvención presentada

por el que solicita la desestimación del caso, sin que dicha parte

renunciara expresamente a esa Reconvención, en la escueta

Moción de Desestimación que presentó al TPI.

      A su vez, también tenemos ante nuestra consideración un

reclamo de la parte apelada que indica que no se debe considerar

presentada la Reconsideración ante el TPI, ello por no haber sido

firmada como requiere SUMAC y que por lo tanto, la Apelación

debe desestimarse.

      Por   ir   a   nuestra   jurisdicción,   atendemos       dicho

planteamiento, primeramente. No tiene razón la parte apelada.
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      Las garantías de confiabilidad que ofrece el sistema

denominado SUMAC para autenticar la correcta presentación de

una Moción por un abogado, van mucho mas allá que colocar una

f antes del nombre del abogado que presenta el escrito por dicho

sistema. No vemos aquí nada que implique dudar de la

autenticidad de la Moción de Reconsideración que presentara a

través de SUMAC la parte apelante, ante el TPI. Por ello, la Moción

de Reconsideración estuvo correctamente presentada, aunque

antes del nombre del abogado que la presentó, no se escribió la f.

Ese error es uno que, por si solo, no permite que se elimine la

Moción de Reconsideración. Cónsono con lo anterior, concluímos,

que si tenemos jurisdicción para atender el recurso.

      Por otro lado, tenemos una Reconvención, presentada

juntamente con la Contestación a la Demanda ante el TPI, que a

su vez fue adecuadamente contestada y ello es un caso separado

de la demanda original y no la mencionó la parte apelada en su

reclamo de desestimación ante el TPI. Tampoco la menciona el

TPI en su Sentencia desestimando el caso. Eso de por sí, no

permite la Sentencia desestimatoria de todo el caso ante nuestra

consideración.

      El planteamiento medular del Apelante en su recurso,

respecto a que no procedía la desestimación, como primera

sanción en el caso, es correcto.

      El   presente   recurso      surge    como     resultado   de    la

determinación del foro primario de desestimar la demanda que

había sido presentada por los Peticionarios. El caso comenzó en

diciembre de 2019 con la presentación de una demanda. Meses

después    comenzó    la   pandemia        mundial   causada     por   el

denominado COVID-19. Al surgir la misma, en cada rincón del

Planeta se tomó obligatoriamente una pausa.
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      En Puerto Rico, en el 2020, los Tribunales pudimos seguir

viendo casos gracias a la implantación de múltiples tecnologías

dentro del mundo de las computadoras que ya conocíamos. La

velocidad en cada decisión disminuyó y empezaron a tomar más

tiempo que antes. Ya estamos superando todo eso y volviendo a

la normalidad anterior.

      De las alegaciones de la demanda surge que la parte aquí

apelante,   lleva   un   tiempo   en   el   Tribunal,   con   reclamos

relacionados a un lote de 676.7606 metros cuadrados que

formaba parte de un predio de mayor cabida, en el cual ubicaba

el negocio del aquí apelante. Entre las alegaciones surge que, el

24 de octubre de 2011, el Sr. Gómez suscribió con el Sr. Rivera

un contrato de opción de compra del terreno a segregarse y en el

cual ubica un negocio de su propiedad, por el precio de

$159,000.00. Según las alegaciones, el 19 de julio de 2013, el Sr.

Gómez saldó el balance pendiente de pago del precio de

compraventa convenido y el Sr. Rivera le otorgó recibo y carta de

pago. Además, el Sr. Rivera se comprometió a otorgar la escritura

de segregación y compraventa de la parcela libre de cargas y

gravámenes. No sabemos que ha pasado con ese trámite, hoy en

día. La demanda y la reconvención tratan del tipo de alegaciones

que usualmente terminan en un Tribual para que las resuelva.

      Tanto la demanda como la reconvención merecen ventilarse

en el Tribunal con todas las garantías requeridas. La inacción de

ambos reclamantes en este caso, por un periodo único y poco

mayor a los seis (6) meses, que habla la Regla 39.2(b) de

Procedimiento Civil, supra, tomando en cuenta la seriedad de la

demanda y la reconvención, no permite la desestimación de este,

por dicha inactividad por vez primera en el caso. Las razones que

expuso el abogado de la parte apelante, ante el TPI, en su
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cumplimiento a la Orden de Mostrar Causa, nos parecen

suficientes para evitar la desestimación decretada.

      Del examen del tracto procesal de este caso surge que el

foro primario nuca impuso una sanción anterior a la desestimación

del caso al apelante. No encontramos ninguna conducta en el caso

que ameritara ningún apercibimiento al apelante, con anterioridad

a esta situación que aquí atendemos. El proceder que requiere la

justicia es exigir a las partes la mayor rigurosidad posible en el

manejo de esta controversia hasta completar el trámite requerido,

no la desestimación del caso, el cual se tiene seguir hasta que, en

un término razonable, se les permita a las partes exponer la

prueba que tienen en apoyo a sus reclamos y así dirimir las

controversias.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

Sentencia apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia y se ordena la continuación de los procedimientos, de

manera compatible con lo aquí dispuesto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones