Court Opinion

ID: 9901403
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Date Created: 2023-11-21 18:14:04.452389+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:32.306182
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

         El Pueblo de Puerto Rico

                 Recurrido
                                               2023 TSPR 115
                    v.
                                                212 DPR ___
            Pascual Toro Vélez

               Peticionario

Número del Caso:     AC-2022-0102

Fecha:     25 de septiembre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

     Panel I

Abogado de la parte peticionaria:

     Lcdo. Ramón A. Llorach González

Oficina del Procurador General:

     Hon. Fernando Figueroa Santiago
     Procurador General

     Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
     Subprocuradora General

     Lcda. Liza M. Delgado González
     Procuradora General Auxiliar

Materia:    Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
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                  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

      Recurrido

          v.
                                     AC-2022-0102
Pascual Toro Vélez

     Peticionario

                                        SENTENCIA

                  En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2023.
                       Por estar igualmente dividido el Tribunal, se
                  dicta sentencia confirmando la sentencia emitida por
                  el Tribunal de Apelaciones.

                       Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario
                  del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera
                  García emitió una Opinión de conformidad, a la que se
                  unieron la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el
                  Juez Asociado señor Feliberti Cintrón. El Juez
                  Asociado señor Estrella Martínez emitió la expresión
                  de conformidad siguiente:

                       El Juez Asociado señor Estrella Martínez
                       está conforme con la Sentencia que hoy emite
                       este    Tribunal   por    los    fundamentos
                       contenidos en su Opinión concurrente en
                       Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR 821
                       (2015). En específico, por entender que la
                       Ley del Registro de Personas Convictas por
                       Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores,
                       Ley Núm. 266 de 2004, según enmendada, 4
                       LPRA sec. 536 et seq., no exime de
                       inscribirse en el registro a las personas
                       convictas de actos lascivos ausente el
                       elemento de minoridad en la víctima.
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     El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una
Opinión disidente, a la que se unió el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
disintió y emitió las expresiones siguientes:

         El efecto de la Sentencia que este Tribunal,
    por estar igualmente dividido, dicta hoy, es
    mantener al Sr. Pascual Toro Vélez (señor Toro
    Vélez) inscrito en el Registro de Personas
    Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra
    Menores (Registro), a pesar de que, al presente,
    la Ley del Registro de Personas Convictas por
    Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, Ley Núm.
    266-2004, 4 LPRA sec. 536 et seq. (Ley Núm. 266),
    no incluye el delito de actos lascivos, sin el
    elemento de minoridad, entre las condenas que
    conllevan la inscripción. Peor aún, se confirma
    la determinación del Tribunal de Apelaciones de
    mantener al señor Toro Vélez inscrito en el
    Registro de por vida, cuando al momento en el cual
    se dictó la sentencia condenatoria en contra del
    señor Toro Vélez, la Ley Núm. 266, supra,
    solamente le requería permanecer inscrito por diez
    años. Por las mismas razones que expuse en mi
    Opinión disidente en Pueblo v. Ferrer Maldonado,
    201 DPR 974 (2019), estoy en desacuerdo con este
    proceder.

         Como esbocé en aquel momento, aun si
    presumimos que la Asamblea Legislativa no tuvo la
    intención de aprobar una ley punitiva, lo cierto
    es que, en su efecto y aplicación, lo es. Al no
    tratar la referida ley como una penal, sino como
    una civil, este Tribunal comete el error de no
    aplicar   los  principios   de  favorabilidad   y
    legalidad, y la protección en contra de leyes ex
    post facto que imperan en el Derecho Penal.

         En primer lugar, el señor Toro Vélez
    argumentó que, posterior a su condena, se
    aprobaron enmiendas a la Ley Núm. 266, supra, que
    le resultaban favorables, pues se eliminó el
    delito de actos lascivos, sin minoridad, de la
    lista de crímenes que obligan a inscribirle en el
    Registro. Ante esto, solicitó que decretáramos que
    las enmiendas posteriores a su condena eran
    aplicables a su petición de que se le eliminara
    del Registro. Como es sabido, el Art. 4 del Código
    Penal de Puerto Rico preceptúa que “[l]a ley penal
    tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la
    persona imputada de delito”. 33 LPRA sec. 5004.
    Sobre este principio, hemos expresado que “ordena
    la aplicación retroactiva de leyes penales más
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    favorables, lo que, a su vez, implica aplicar una
    ley cuya vigencia es posterior al acto u omisión
    realizado”. (Énfasis suplido). Pueblo v. González
    Ramos, 165 DPR 675, 685 (2005). Entonces, resulta
    forzoso concluir que este Tribunal estaba obligado
    a aplicarle al señor Toro Vélez las enmiendas a
    la Ley Núm. 266 que eliminaron el delito de actos
    lascivos, sin el elemento de minoridad, de
    aquellos que activan la obligación de inscripción
    en el Registro.

          En segundo lugar, el efecto de la Sentencia
    que hoy se emite es que se continúe permitiendo
    que “el Estado agrave, retroactivamente, las
    restricciones a las cuales una persona convicta
    de un delito sexual está sujeta al ingresar a la
    libre    comunidad.   Ello,   aun    cuando    estas
    restricciones no existían al momento de su
    enjuiciamiento y convicción”.     Pueblo v. Ferrer
    Maldonado, supra, pág. 1000 (J. Oronoz Rodríguez,
    Opinión disidente). Esto así, pues el dictamen del
    Tribunal de Apelaciones que se confirma cimentó
    su análisis en el supuesto de que la Ley Núm. 266
    no es de naturaleza penal, sino civil y, por ende,
    no      hay     prohibición     para      aplicarla
    retroactivamente a pesar de que esto le resulte
    perjudicial al señor Toro Vélez. De esta manera,
    el Tribunal de Apelaciones concluyó que no había
    impedimento en aplicarle el esquema de categorías
    de Ofensor Sexual Tipo I, II y III que se creó
    posterior a que el señor Toro Vélez fuese inscrito
    en   el   Registro.   Esto  redundó    en   que   se
    categorizara al señor Toro Vélez como Ofensor
    Sexual Tipo III y se ordenara su inscripción en
    el Registro de por vida. Ello, a pesar de que en
    el momento en que se dictó la sentencia
    condenatoria en su contra, la Ley Núm. 266 solo
    requería que el señor Toro Vélez permaneciera en
    el   Registro   por   diez  años.    Como    advertí
    previamente, “el resultado de esta actuación es
    que, aun de probarse que la persona convicta se
    rehabilitó, o que no representa un peligro para
    la sociedad, tendrá que cumplir por el resto de
    su vida con restricciones adicionales ausentes
    cuando fue convicto y se le impuso la pena”. Íd.,
    pág. 1001.

         Tercero, nótese que, al categorizar al señor
    Toro Vélez como un Ofensor Sexual Tipo III, y
    ordenar su permanencia en el Registro de por vida,
    también se violenta el principio de legalidad. El
    dictamen del Tribunal de Apelaciones concluyó que
    el señor Toro Vélez era un Ofensor Sexual Tipo III
    por cometer actos lascivos cuando la víctima no
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    había cumplido dieciséis (16) años de edad, a
    pesar de que su condena, mediante alegación
    preacordada, fue por actos lascivos, sin más. Sin
    embargo, el Tribunal de Apelaciones postuló que
    la   minoridad   alegada   originalmente   por  el
    Ministerio Público, y eliminada para efectos del
    preacuerdo penal, era susceptible de valoración
    por parte del tribunal primario en la controversia
    relacionada con la obligación de inscripción en
    el Registro. Sin embargo, esta postura ignora la
    realidad incuestionable de que el Art. 2 de la Ley
    Núm. 266, supra, indica que las personas que se
    inscribirán en el Registro son aquellas que
    resulten convictas por los delitos consignados en
    las    tres    categorías,   sus    tentativas   o
    conspiración. Además, la referida ley no contiene
    disposición alguna que expresamente permita
    considerar, para efectos de la categorización como
    ofensor sexual, elementos fácticos que surjan
    solamente de la acusación original. En efecto,
    interpretar lo contrario abriría la puerta a la
    arbitrariedad de parte del Ministerio Público. Así
    pues, bastaría con que el Ministerio Público acuse
    a alguien para que se materialice la condición de
    inscribir en el Registro, aun si luego hay un
    preacuerdo y, en efecto, nunca se desfila prueba
    sobre tal elemento. Con relación a esto, el
    principio de legalidad, el cual surge expresamente
    del Art. 2 del Código Penal de Puerto Rico, supra,
    prohíbe que se imponga pena o medida de seguridad
    alguna que la ley no establezca con anterioridad
    a los hechos. 33 LPRA sec. 5002. Al respecto,
    hemos expresado que el principio de legalidad
    permite “una interpretación restrictiva en cuanto
    el estatuto penal desfavorezca al acusado, y una
    liberal en lo que le favorezca”. Pueblo v. Ruiz,
    159 DPR 194, 212 (2003). Con este principio en
    mente, sería un error interpretar la Ley Núm. 266
    de otro modo. En este caso, estábamos obligados a
    hacer una interpretación restrictiva del estatuto
    ante nos y, ciertamente, la ley es clara en que
    solamente   se    consideran  ofensores   sexuales
    aquellas personas convictas, y no meramente
    acusadas, de cometer los delitos allí enumerados.

         Por los fundamentos expuestos, disiento de
    la Sentencia que emitió este Tribunal, producto
    del empate en la votación. Debimos alcanzar un
    consenso y pautar el Derecho, de manera afín a las
    doctrinas que expuse.

     El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió e hizo
constar las expresiones siguientes:
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         Si bien formamos parte de la mayoría que
    suscribió la Opinión del Tribunal en Pueblo v.
    Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019), luego de una
    profunda reflexión sobre el alcance de lo allí
    sentenciado, hemos decidido reconsiderar nuestra
    posición en asuntos como los que hoy nos ocupan
    y, al así hacerlo, -- al abandonar la teoría de
    que el Registro de Personas Convictas por Delitos
    Sexuales y Abuso contra Menores, 4 LPRA sec. 536-
    536h, es una disposición legal de carácter civil
    y proteccionista --,    reconocemos la naturaleza
    penal y punitiva de ésta.

         Cónsono con ello, hoy nos vemos en la
    obligación de disentir del resultado al que se
    llega en el presente caso, entiéndase que no
    procede remover el nombre del señor Toro Vélez del
    referido registro. Y es que la determinación del
    Tribunal de Apelaciones, -- que hoy se confirma
    por esta Curia --, parte de lo previamente pautado
    por este Tribunal en Pueblo v. Ferrer Maldonado,
    supra.

         He aquí el valor de la reconsideración en el
    derecho procesal civil y penal puertorriqueño.
    Instrumento que le permite al jurista replantearse
    el alcance de sus pasadas decisiones, para de este
    modo poder evaluar si éstas verdaderamente
    responden y se ajustan, no solo al ordenamiento
    jurídico vigente, sino también a las realidades
    políticas, sociales y económicas en que se
    desenvuelve la norma en determinado momento.

         Realizado ese ejercicio responsablemente, y
    en lo que a las controversias que subyacen el caso
    de marras se refiere, no podemos más que reconocer
    que fallamos cuando en el pasado nos rehusamos a
    reconocer que, en efecto, el Registro de Personas
    Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra
    Menores, supra, -- según ha sido legislado en
    nuestro país, donde incluso se puede sentenciar a
    una persona convicta de delito sexual a permanecer
    en el mismo de por vida, aun cuando esa
    restricción no hubiese existido al momento de su
    enjuiciamiento y condena --, a todas luces, se
    trata de una disposición legal de carácter penal
    que,    en   determinados   escenarios,    pudiese
    violentar la disposición constitucional que
    prohíbe la aplicación de leyes ex post facto. Hoy,
    -- en, como mencionamos, una decisión que aparenta
    estar basada en lo resulto anteriormente en Pueblo
    v. Ferrer Maldonado, supra --, rectificamos dicho
    proceder. Es por ello que, como ya adelantamos,
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    respetuosamente disentimos de lo resuelto por esta
    Curia en el día de hoy.

                    Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                   Secretario del Tribunal Supremo
               EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

      El Pueblo de Puerto Rico

               Recurrido
                                         AC-2022-0102
                    v.

         Pascual Toro Vélez

              Peticionario

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor
Rivera García a la cual se unen la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti
Cintrón.

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2023.

        La realidad es solo una. En ocasiones, podrá ser

revestida      y    reinterpretada,      pero    aún   así,    permanecerá

intachable y, sobre todo, indiferente a lo que el humano

pueda opinar sobre ella.

        El Sr. Pascual Toro Vélez (peticionario) fue convicto

por     dos   (2)    cargos   de    actos       lascivos,     separados   e

independientes        entre   sí.   El    primero,     porque     mediante

amenaza de grave daño corporal, besó, tocó los senos e

introdujo sus dedos en la vagina de la víctima mientras la

obligaba a que ésta le tocara su pene. El segundo, porque

le tomó la mano a la víctima, la puso en su pene y luego,

bajó los pantalones y ropa interior de ésta y le colocó su

lengua en la vagina.1

1   Petición de Certiorari, Apéndice, págs. 55, 64-65; 112-115.
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        ¿Las víctimas? Dos menores de edad, una niña de seis

(6) años y otra de catorce (14). A pesar de lo anterior, y

con el seguro fin de que su sentencia de encarcelamiento

fuera suspendida, el peticionario alcanzó un preacuerdo

con     el    Ministerio           Público    para    que    se   eliminara             la

minoridad como hecho alegado. Esta reconceptualización de

la realidad fáctica representa la médula de gran parte del

argumento         disidente        que   pretendió     despojar      de    ciertas

protecciones            a     la      ciudadanía       en     general,          pero,

particularmente,              a     otros     menores        de   edad      contra

depredadores            sexuales         convictos,        como   lo       es           el

peticionario.

        Por estos hechos el señor Toro Vélez es, sin lugar a

duda, un ofensor sexual. Como tal, y como la razón nos

sugiere, este debe permanecer en el Registro de Ofensores

Sexuales (Registro).2 Sin embargo, algunos compañeros de

este Tribunal entienden que una persona que comete tan

repugnante delito no tiene que ser incluido en el Registro

cuando su víctima sea una “persona mayor de edad”. Es

decir,       que   el       mecanismo     que   busca       salvaguardar        a       la

sociedad en general contra actos constitutivos de abuso

sexual,      resulta        que     no   es   tan    proteccionista        como         se

pensaba       y    que      permite      despojar     de    amparo     a   ciertos

miembros de la misma sociedad que pretender resguardar,

aun cuando estos hayan sido víctimas de un delito sexual.

2   Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536 et seq.
AC-2022-0102                                                              3

La razón para ello, según las voces disidentes, es que la

“intención” de la Asamblea Legislativa fue eliminar tal

acepción ⎯sobre actos lascivos contra adultos⎯ de las

garantías del Registro y solo proteger a las víctimas

menores        de    edad.    Lo    anterior,    me   parece        un   tanto

paradójico cuando conozco que, en efecto, las víctimas

fueron menores de edad.

         Esta sorprendente conclusión contrasta marcadamente

con el propósito legislativo que promueve la propia ley

que     crea    el   Registro,      Ley   Núm.   266-2004,3     apartándose

diametralmente         de    su    fin,   objetivo    y   su    naturaleza.

Asimismo, la conclusión a la que arribaron los compañeros

disidentes tira por la borda el objetivo por el cual se

promulgó el Sex Offender Registration and Notification Act

(SORNA), estatuto federal que gobierna y obliga a toda la

Nación en los asuntos de este tipo.

        Como si lo anterior no bastara, su raciocinio se

aleja palpablemente de la interpretación que las National

Guidelines for Sex Offender Registration and Notification

(Guías Nacionales) le han otorgado a SORNA y la aplicación

que toda la Nación le tiene que dar a las provisiones de

esta ley.

        En   primer    lugar,      es   indiscutido   que      el   propósito

principal de SORNA es proteger a las comunidades frente a

los ofensores sexuales que merodean nuestras calles y,

3   4 LPRA sec. 536 et seq.
AC-2022-0102                                                                         4

para ello, predicó que su fin era “fortalecer y aumentar

la efectividad de los registros de ofensores sexuales” a

través de todo Estados Unidos, incluido sus territorios.

Por su parte, la Exposición de Motivos de la ley que creó

nuestro    Registro,         Ley    Núm.    266-2004,         supra,       claramente

expresa que ha tenido un objetivo similar: “fortalecer y

aumentar la efectividad del registro para la seguridad del

público” en aras de garantizar la seguridad y protección

de nuestra sociedad contra la conducta constitutiva de

abuso    sexual.4      De    hecho,    el     fin es         el   mismo     y no         ha

variado desde que se creó el primer Registro en la década

del 90.

       Entonces, si el objetivo de protección social contra

delitos sexuales que provee el Registro no ha variado

desde    que    este    se    estableció          en    el    1997,     y    que      sus

enmiendas han tenido la intención de fortalecer su misión,

cabe preguntarse lo siguiente:

    i. ¿Cuán compatible es el hecho de eliminar el delito de

actos lascivos en general, sin minoridad, con la política

pública    que    promueve          nuestra       legislación         en    pro       del

fortalecimiento y la efectividad del Registro?

    ii. ¿Cuán    efectivo          puede    ser        un    Registro       de       esta

naturaleza, cuando el mismo puede ser burlado fácil y

constantemente         por     ficciones          jurídicas        ajenas        a       la

4 Me refiero particularmente a las enmiendas introducidas por la Ley
Núm. 243-2011, 4 LPRA sec. 536 et seq.
AC-2022-0102                                                                        5

realidad       fáctica          y    motivadas           exclusivamente       por   una

negociación sobre la pena?

        Bajo         la         errada          percepción          disidente,          la

obligatoriedad en la inscripción sería para unos sí y para

otros no, aunque cometan el mismo delito. Es decir, si un

individuo comete actos lascivos contra un menor sí viene

obligado a inscribirse en el Registro, pero si en cambio,

lo     comete        contra         un    mayor     de     edad,     no    tiene     que

inscribirse.

        No debe quedar duda de que las disposiciones que

implementó SORNA fueron las que obligaron a la Asamblea

Legislativa          a    enmendar            nuestra    ley   del    Registro      para

atemperarla a la legislación federal y cumplir con los

requisitos mínimos allí dispuestos. En ese sentido, si

SORNA     requiere         la       inscripción          registral    de     cualquier

persona        que       haya       cometido        un    delito     sexual,       ¿Cómo

podríamos forzar la conclusión de que nuestra ley eliminó

la lascivia cometida en adultos de las protecciones del

Registro? Si la propia declaración de política pública de

la Ley Núm. 266-2004, supra, instituye que “[a]nte el

peligro que representa que la persona convicta por delitos

de esta naturaleza [sexuales] incurra nuevamente en esa

conducta […] es necesario establecer un Registro en el que

se anote su dirección y que contenga información sobre su

persona”,5       ¿Acaso         no       es    el   delito     de    actos    lascivo,

5   4 LPRA sec. 536 et seq.
AC-2022-0102                                                               6

independiente de la naturaleza de las circunstancias de la

víctima, un delito de naturaleza sexual?

          Por otra parte, las Guías Nacionales que mencioné

anteriormente         reconocen     que      todas     las   jurisdicciones

tienen que inscribir a todos aquellos que cometan delitos

que tengan como elemento constitutivo un acto o conducta

sexual, independientemente de la edad de la víctima, y,

además, proveen para que se tomen en consideración los

hechos que, en efecto, ocurrieron, independientemente de

lo que se haya expresado en la acusación.

          En   fin,   como   explicaré       a   continuación,      soy    del

criterio de que las enmiendas introducidas por la Ley Núm.

243-2011,6 particularmente en cuanto a los conceptos de

Ofensor Sexual Tipo I, II y III, no eliminaron el delito

de actos lascivos cometido en contra de un adulto de la

lista de delitos que obligan a una persona convicta a

inscribirse en el Registro.

          Asimismo, entiendo que, como la Ley 266-2004, supra,

es estrictamente una de carácter civil, los tribunales

primarios vienen obligados a sopesar la realidad fáctica

sobre      cualquier    actuación       de   mayor     pertinencia    en       el

ámbito criminal, como lo son las alegaciones preacordadas,

en aras de cumplir con el objetivo del Registro. Si bien

el ingreso a éste requiere alguna convicción penal, tal

como      sentenció    el    foro   a   quo,     “el   despliegue    de    sus

6   Íd.
AC-2022-0102                                                                7

disposiciones, no queda estrictamente delimitado por las

particularidades          del       proceso     penal,         incluido         lo

relacionado        con    alegaciones       preacordadas        dirigidas        a

afectar la sanción penal, si las circunstancias anejas al

caso         revelan     elementos         subyacentes     que      resulten

pertinentes        bajo        la    ley      [del   Registro]”.          Esta

interpretación es cónsona con el propósito del Registro y

con la interpretación que las Guías Nacionales y múltiples

tribunales de Distrito y Circuito han adoptado. No puede

ser de otra forma, pues resolver lo contrario equivaldría

a    una     derrota   total    e   inmisericorde    de    los    fines     del

Registro de Ofensores Sexuales.

        Consecuentemente, estoy conforme con la determinación

de que el Sr. Pascual Toro Vélez debe permanecer inscrito

en el Registro de Ofensores Sexuales. Así, pues, procedo

con los fundamentos jurídicos que informan mi criterio.

                                       I

        Previo a sustentar mi tesis de conformidad, entiendo

pertinente enmarcar un brevísimo recuento fáctico sobre el

Registro y su propósito.

        El    Registro    de   Ofensores      Sexuales    de    Puerto    Rico

nació en el 1997 con la aprobación de la Ley Núm. 28-

1997,7 con el objetivo de proteger a la ciudadanía y a las

víctimas de delitos sexuales, pues, se entendía necesario

conocer el paradero de aquellas personas que habían sido

7   4 LPRA ant. sec. 535 et seq.
AC-2022-0102                                                         8

convictas de delitos de índole sexual. Esto permitía que

tanto la comunidad, como las agencias de orden público,

conocieran e identificaran a este tipo de personas para

que   se   levantara   la   voz   de    alertar   cuando   ello   fuese

necesario en aras de garantizar la seguridad pública.8

Entre los delitos enumerados, se encontraba el delito de

actos lascivos o impúdicos.

      Este estatuto fue derogado por la aún vigente Ley

Núm. 266-2004, supra, conocida como la Ley del Registro de

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra

Menores. Similar a su predecesora, esta ley comparte el

mismo fin protector hacia la comunidad en general y hacia

las   víctimas    de   delitos     sexuales.      De   igual      forma,

tipificaba el delito de actos lascivos, como uno de los

que obligaba la registración.

      Eventualmente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley

Núm. 243-2011, con el fin de enmendar distintos aspectos

de la Ley Núm. 266-2004, supra, y con el propósito de

atemperar    el   Registro   a    las    disposiciones     de   la   ley

federal intitulada Adam Walsh Child Protection and Safety

Act of 2006, la cual contiene en el Título I el Sex

Offender Registration and Notification Act (SORNA), Ley

Pub. Núm. 109-248, 27 de julio de 2006, 120 Stat. 587.9

      La legislación federal aludida sirvió para establecer

8 Véase, Exposición de Motivos y Art. 1 de la Ley Núm. 28-1997, 4 LPRA
sec. 531.
9 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 243-2011, supra.
AC-2022-0102                                                                      9

una serie de guías y criterios mínimos de cumplimiento

para los Registros y que, de paso, fuesen extensivos a

todos       los     estados        y       territorios        de     la      nación

norteamericana. De hecho, como complemento a lo anterior,

el     Departamento       de    Justicia      Federal      emitió     lo    que       se

conoce      como    el    National         Guidelines      for      Sex    Offender

Registration        and       Notification     (Guías      Nacionales)10,         las

cuales sirven de base para el análisis y la interpretación

de las disposiciones estatuidas en SORNA.

        Así, pues, mediante las enmiendas introducidas por la

Ley Núm. 243-2011, y acorde con el interés de adaptar el

Registro      a    lo    dispuesto     en    SORNA,     nuestra       Legislatura

adoptó, entre otras cosas, los conceptos de Ofensor Sexual

Tipo I, II y III. Ahora bien, a pesar de las enmiendas

introducidas a esta ley, el propósito original nunca ha

variado y la intención legislativa se ha mantenido firme

en proteger a todos los sectores de la sociedad de delitos

sexuales. Así se hizo constar en la Exposición de Motivos

de     la   Ley    Núm.   243-2011,         supra,    al   mencionar        que       su

objetivo      es    “fortalecer        y   aumentar     la    efectividad         del

registro      para       la    seguridad      del     público”.       En     ningún

momento,      la    intención      legislativa        ha     sido    despojar         de

protección a las personas que fueron víctimas de delitos

sexuales y que no son clasificadas como menores de edad,

sino todo lo contrario.

10   Federal Register Vol. 73, No. 128- (2008). 73 Fed. Reg. 38,053
AC-2022-0102                                                          10

                                    II.

i. Toda persona que cometa el delito de actos lascivos,
   independientemente de que su víctima sea mayor o menor
   de edad, tiene la obligación de inscribirse en el
   Registro.

     a. Delito Sexual

        La posición disidente sentencia que como el delito de

actos lascivos cometido contra un adulto no se encuentra

consignado dentro de ninguna de las clases tipificadas en

la Ley Núm. 266-2004, supra, sobre Ofensor Sexual Tipo I,

II o III, procede la eliminación del peticionario del

Registro. Respetuosamente, tengo que distanciarme de tal

parecer.

        En primer lugar, cónsono con la política pública y la

intención      legislativa     de   proteger   a   la   comunidad      en

general contra actos constitutivos de carácter sexual, el

Art. 2 de la Ley Núm. 243-2011,11 reconoce el concepto de

Delito Sexual como todo aquel “que tenga como elemento

constitutivo un acto sexual o conducta sexual con otra

persona”. Como vemos, el texto claro de la legislación

reconoce que este tipo de delitos incluye a cualquier

persona que no sea menor de edad, siempre y cuando el

sujeto     activo    realice   acciones   dirigidas     a   lacerar    la

indemnidad sexual de la víctima.

        Así, debemos preguntarnos: ¿es el delito de actos

lascivos uno de carácter sexual? No hay duda de eso. De

acuerdo con el Art. 133 del Código Penal, este delito se

11   4 LPRA sec. 536(3).
AC-2022-0102                                                                                11

define como aquel que comete toda persona que a propósito,

con conocimiento o temerariamente, sin intentar consumar

el delito de agresión sexual, someta a otra persona a un

acto     que   tienda        a    despertar,           excitar        o    satisfacer        la

pasión o deseos sexuales del imputado.12

        Como vemos, es claro que el delito de actos lascivos,

indiscutiblemente, es de naturaleza sexual y puede ser

cometido       contra        adultos,             pues        su      comisión        no     se

circunscribe únicamente a que la víctima sea menor de

edad.

        En sintonía con lo anterior, no es correcto refugiar

la argumentación limitándose únicamente a lo que establece

el Art. 3 de la Ley Núm. 243-2011,13 sobre los Ofensores

Sexuales       Tipo     I,       II    y    III.       Lo     que    parece     obviar       el

peticionario, así como los compañeros disidentes, es que,

además de esas tres (3) clases, el artículo requiere la

inscripción        de   varias          otras      categorías,             entre   los      que

destaco las siguientes:

      i. Las personas que hayan sido o sean convictas por
         delitos      similares,            a    los     de    esta       Ley   por    un
         tribunal federal, estatal, extranjero o militar,
         y que se hayan trasladado a Puerto Rico para
         establecer          su        residencia,             por        estudios      o
         trabajo.
     ii. Las    personas              que       tenían      la       obligación       de
         registrarse         bajo          la    Ley     28-1997,         supra.      (Es
         decir,    aquellos            que       resultaron          convictos        por

12   33 LPRA sec. 5194.
13   4 LPRA sec. 536a.
AC-2022-0102                                                                12

     actos     lascivos     o   impúdicos   de acuerdo          con    el
     Art.     105   del     derogado    Código    Penal    de    1974,
     cuyos elementos son idénticos a los del cuerpo
     penal vigente.)

     Así, pues, podemos colegir que las personas obligadas

a registrarse no son únicamente aquellas comprendidas bajo

la categoría de Ofensores Sexuales Tipo I, II y III.

     Entonces,      ¿bajo    qué   razonamiento       lógico    se     podría

concluir que la intención del legislador fue eliminar el

delito   de    actos      lascivos     contra    un    adulto         de    las

protecciones    del    Registro?       Basado    en   la   naturaleza            y

espíritu de la legislación, la anterior interrogante no

encuentra una respuesta lógica. Por el contrario, genera

varias interrogantes, como, por ejemplo:

   i. Si   el  Registro   obliga  la   inscripción  de
      individuos que cometieron actos lascivos bajo la
      anterior ley, ¿por qué razón o motivo lo suprime
      bajo las enmiendas del 2011? ¿Acaso no se
      introdujeron dichas enmiendas para hacer un
      Registro más robusto y provechoso?
  ii. Si la intención de las enmiendas introducidas
      por la Ley Núm. 243-2011, supra, fue atemperar
      el Registro a los requerimientos de SORNA, los
      cuales, a su vez, tuvieron como fin fortalecer y
      aumentar la efectividad de los registros de
      ofensores sexuales a través de la nación y
      eliminar cualquier laguna que surgiera de estos,
      ¿Cómo entonces se puede justificar que la
      “intención” del legislador fue eliminar el
      delito de actos lascivos contra un adulto de la
      ley del Registro? ¿Esto fortalece o debilita la
      protección del Registro?
 iii. Si   el  Registro   obliga  la   inscripción  de
      individuos que cometieron actos “similares” en
      Estados Unidos, ⎯los cuales obviamente no están
      tipificados bajo las categorías I, II y III de
      nuestra   ley⎯,    ¿bajo   cuál   categoría   se
      registraría entonces? ¿Acaso habría que hacer un
      acto de “adivinanza” o “analogía” como el que
AC-2022-0102                                                                   13

        condena la posición disidente, o procedería
        estudiar los hechos que, en efecto, provocaron
        la convicción?

       Acoger     los    planteamientos     del        peticionario        y    la

disidencia provocaría una innecesaria disparidad en cuanto

a las personas que se tienen que registrar. Disparidad que

no surge expresamente de ninguna expresión legislativa,

sino de una interpretación judicial restrictiva y alejada

del propósito legislativo del Registro.

       Por   otro       lado,   tampoco    podemos       ser        ingenuos        y

pretender que nuestra Asamblea Legislativa decidió añadir

los delitos de Espectáculos obscenos o Proposición Obscena

⎯el cual de hecho está derogado⎯ y por los cuales no se

ha procesado a nadie al menos en los pasados cuatro (4)

años,    pero     que    decidió   eliminar       el     delito       de   actos

lascivos,    el     cual   representa      un   total     de    1,576      casos

radicados       dentro      del    mismo        periodo        de     tiempo.14

Nuevamente, tal acepción no tiene lógica ni razonamiento

práctico alguno y está basada en un ejercicio distanciado

del propósito de la ley del Registro. Así, no puedo estar

de acuerdo con que la intención legislativa fue eliminar

el delito de actos lascivos cometido contra un adulto de

las protecciones del Registro.

     b. El delito sexual de actos lascivos comprendido dentro
        de los requisitos mínimos de SORNA

       El análisis de la controversia en materia debe, a su

14 Portal cibernético de estadísticas del Negociado de la Policía de
Puerto Rico.
AC-2022-0102                                                                 14

vez,   examinar       las   disposiciones     de    las    categorías         de

ofensores     sexuales,        en    conjunto      con     el       propósito

legislativo      de   la    medida   que   gobierna       el    asunto.      Por

ejemplo,    el   Ofensor      Sexual   Tipo   III    es    definido       como

sigue:

       Ofensor Sexual Tipo III. — Personas que resulten
       convictas por los siguientes delitos o su
       tentativa:
       (i) Violación; seducción; sodomía; actos lascivos
       cuando la víctima no ha cumplido los dieciséis
       (16) años; incesto; secuestro cuando la víctima
       fuere menor de dieciocho (18) años y no fuere su
       hijo, robo de menores comprendidos en los
       Artículos 99, 101, 103, 105, 122, 137-A (a) y
       160, respectivamente, de la Ley Núm. 115 de 22 de
       julio de 1974, según enmendada
       (ii) Agresión Sexual, según comprendido en los
       Artículos 142(a), 142(b), 142(c), 142(d), 142(e)
       o 142(g) de Ley 149-2004, según enmendada.
       (iii) Actos lascivos, cuando la víctima no ha
       cumplido los trece (13) años de edad; secuestro
       de menores; secuestro agravado cuando la víctima
       fuere menor de dieciocho (18) años, según
       comprendidos en los Artículos 134, 144 y 170(a)
       de la Ley 149-2004, según enmendada.
       (iv)   Un  Ofensor   Sexual   Tipo   II   convicto
       anteriormente   de  un   delito   sexual   y   que
       posteriormente comete otro delito sexual.
       (v) Cualquier delito antecedente o sucesor de los
       mencionados en los sub-incisos (i), (ii) y (iii).

       Esta categoría menciona diferentes delitos que dan

paso a la inscripción registral. De una lectura somera

observamos    que,     particularmente,       menciona         el   delito    de

actos lascivos, aunque lo condiciona a que la víctima no

haya cumplido los dieciséis (16) o trece (13) años. Si

detenemos la lectura ahí y nos abstraemos de la realidad

fáctica y del propósito legislativo de la medida, tal vez,

pudiéramos llegar a la conclusión que toman los compañeros
AC-2022-0102                                                                          15

disidentes en el día de hoy. No obstante, el análisis

requiere más de nuestra parte.

      Como mencioné anteriormente, el propósito cardinal

del estatuto federal SORNA, el cual nuestra legislatura

utilizó     como    cuerpo        rector       para       enmendar     la     ley     del

Registro, es prácticamente idéntico al nuestro; proteger a

la ciudadanía de los convictos de delitos sexuales y de

aquéllos      que        abusan         contra        menores         mediante         el

establecimiento          del    requisito       de    inscripción           cuando     el

convicto se reintegre a la libre comunidad. Asimismo, uno

de    los     objetivos          de     esta      legislación          es     obtener

uniformidad        en    los     registros       de    ofensores           sexuales        a

través de toda la nación norteamericana.15 Para cumplir

con este propósito, establece un cuerpo de reglas mínimas

que obligan a todas las jurisdicciones.

      SORNA    creó       tres    (3)    clases       o    “tiers”     en     los     que

engloba     los     tipos        de     delitos       que      dan    paso        a   una

inscripción en el registro de ofensores sexuales. Bajo el

estándar mínimo de esta ley, el Ofensor Sexual Tipo I es,

para todos los efectos, una cláusula residual en la que

entra,      todo        aquel     depredador          sexual         que     no       esté

comprendido dentro de las otras dos (2) clasificaciones.

Así, establece que “The term‘tier I sex offender’ means a

sex   offender      other        than    a     tier       II   or    tier    III      sex

15 Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending,
Registering, and Tracking, https://smart.ojp.gov/sorna/current-law
(SORNA aims to close potential gaps and loopholes that existed under
prior laws, and to strengthen the nationwide network of sex offender
registrations.)
AC-2022-0102                                                                       16

offender.” Por su parte, la categoría de Ofensor Sexual

Tipo       II    va    dirigido            contra    delitos        cometidos   contra

menores, mientras que la categoría de Ofensor Sexual Tipo

III, aunque también menciona conductas penales cometidas

contra          menores        de       edad,    tiene       varias     disposiciones

dirigidas a las víctimas adultas cuando la naturaleza del

delito es agravada.

       En atención a esto, el acápite (5) de SORNA detalla,

entre otras cosas, lo siguiente:

       AMIE ZYLA EXPANSION OF SEX OFFENSE DEFINITION.
       (A) GENERALLY— Except as limited by subparagraph
       (B) or (C), the term “sex offense” means:
       (i) a criminal offense that has an element
       involving a sexual act or sexual contact with
       another;
       .         .         .        .      .     .       .      .

Como se aprecia, esta definición básicamente establece que

si la conducta realizada por sus implicaciones no cae

dentro de los otros dos grupos, se puede registrar siempre

y cuando cumpla con la condición de que sea una ofensa que

tiene elementos que envuelven actos o contactos sexuales

con la víctima, independientemente de la edad que tenga

esta.

       El razonamiento para incluir ese lenguaje es sencillo

y nos lo brindan la National Guidelines for Sex Offender

Registration               and          Notification:        las      clasificaciones

delictivas           que       activan      la   inscripción         obligatoria   del

registro están basadas en la sustancia del acto, no en la
AC-2022-0102                                                                            17

forma        o   terminología         que    se        les    da       a     estas.16    En

particular, las guías mencionan que

       “to    implement     the    SORNA     requirements,
       jurisdictions do not have to label their sex
       offenders as ‘‘tier I,’’ ‘‘tier II,’’ and ‘‘tier
       III,’’[…] the SORNA requirements are met so long
       as sex offenders who satisfy the SORNA criteria
       for   placement   in   a   particular    tier   are
       consistently subject to at least the duration of
       registration […]. Likewise, any other approach a
       jurisdiction may devise is acceptable if it
       ensures that sex offenders satisfying the criteria
       for each SORNA tier are subject to duration of
       registration, appearance frequency, and website
       disclosure requirements that meet or exceed those
       SORNA requires for the tier.”

       Ahora     bien,       con    relación      al    delito         que    generó     la

controversia en este caso, las Guías Nacionales resaltan

que el “tier I” incluye a aquellos “sex offenders whose

registration offense is a sexual assault against an adult

that       involves       sexual      contact     but        not   a       completed     or

attempted         sexual           act.17    He        aquí        una        definición

extremadamente similar a la que nuestro Código Penal le

otorga al delito de actos lascivos.

           Entonces, si los requerimientos de SORNA ⎯los cuales

representan          el      mínimo    de    cumplimiento           al       momento     de

implementar leyes estatales sobre el Registro⎯ contemplan

la lascivia y los actos derivados de esta como meritorios

para        entrar      al     Registro,         ¿cómo       entonces          se   puede

justificar        que     el    delito      de    actos       lascivos        contra     un

adulto no está cobijado bajo nuestro Registro? Solo una

16   Federal Register Vol. 73, No. 128 (2008). 73 Fed. Reg. 38,053

17   Íd.
AC-2022-0102                                                              18

decisión apartada de la naturaleza del Registro podría

concluir de tal forma.

        En la pág. 26 de la Opinión disidente, el compañero

 Juez     Asociado       Martínez   Torres   sentencia    que     “si     bien

 SORNA establece el estándar que los estados y territorios

 de Estados Unidos deben seguir en cuanto al tema del

 Registro, la ley federal brinda discreción en la forma en

 que las jurisdicciones lo implementan”. Lo que parece

 obviar la Opinión del compañero es que la discreción que

 se le brinda a los Estados y territorios va dirigida

 exclusivamente a ampliar las disposiciones de SORNA, no a

 restringirlas ni limitarlas. Como bien categorizan las

 Guías Nacionales, los estándares mínimos de SORNA “[set]

 a floor, not a ceiling” para las jurisdicciones. Solo

 para brindar un ejemplo sencillo de esto, las propias

 guías de interpretación mencionan que “a state may have a

 registration        system    that    covers    broader    classes         of

 offenders        than     those    identified   in   the       Act”.18     La

 expresión habla por sí sola, la restricción                      no forma

 parte del análisis brindado por las Guías.

        Los requerimientos que allí se establecen equivalen

al mínimo estatutario que tienen que garantizar y respetar

todas las jurisdicciones de Estados Unidos. O sea, no hay

discreción para lo opuesto. En ese sentido, si las propias

Guías Nacionales establecen que el mínimo que requiere

SORNA      para    clasificación      Tipo   I   admite    la    inclusión

18   Federal Register Vol. 73, No. 128- (2008). 73 Fed. Reg. 38,033.
AC-2022-0102                                                                    19

registral      de     ofensores          sobre   actos      lascivos       contra

adultos, es totalmente entendible que la jurisdicción de

Puerto Rico tiene que atender tal ofensa como una que

conlleva la inscripción. Ese razonamiento representa, el

mínimo exigido por SORNA y aceptar menos iría en contra de

la   naturaleza       de    este    mecanismo.       Tan    es    así    que    las

propias Guías Nacionales reconocen que las disposiciones

de SORNA le aplican a todo ofensor sexual, con lo que esta

definición      represente         en    cada    jurisdicción.          (“SORNA’s

requirements apply to anyone who ‘was convicted of a sex

offense.’”)19. Lo que sí puede quedar a discreción de las

jurisdicciones es la ampliación de las garantías mínimas

de SORNA, como, por ejemplo, el tiempo de duración en el

registro, controles de verificación más constantes, entre

otros.20

      Por otro lado, es una realidad que el mecanismo del

Registro es uno de carácter civil que no alberga un fin

punitivo,21     por        lo    que,     para     poder    cumplir      con     la

intención      legislativa,         es    imperante        que   se     tomen    en

consideración los hechos y las realidades fácticas del

caso.   Solo    así    se       puede    cumplir    con    el    propósito      del

Registro y se pueden evitar las ficciones jurídicas que

19 Federal Register Vol. 73, No. 128- (2008). 73 Fed. Reg. 38,040.
20 De hecho, las guías proveen para que se amplíen las disposiciones
mínimas requiriendo que se registren “certain classes of non-convicts
(such as persons acquitted on the ground of insanity of sexually
violent crimes or child molestation offenses or persons released
following civil commitment as sexually dangerous persons)”.
21 Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019); Pueblo v. Hernández

Garcia, 186 DPR 656 (2012);
AC-2022-0102                                                                  20

operan en contra del mismo. A fin de cuentas, esa fue una

de las razones principales por las que el Congreso aprobó

SORNA.

     c. Consideración y peso de la realidad fáctica

       En el presente caso existe una sola realidad, y esta

es que las víctimas de este depredador sexual fueron dos

(2) menores de edad, una de seis (6) años y otra de

catorce (14), quienes actuaron bajo intimidación de grave

daño corporal.

       De los hechos que dieron paso a la acusación, lo

único que se eliminó fue que las víctimas eran menores de

edad, todo lo demás permaneció igual.22 De esta forma, la

eliminación de tal realidad en el preacuerdo hecho con el

Ministerio     Público        representó         una    limitación     única       y

exclusivamente       para      propósitos         del    pronunciamiento       de

sentencia     en    la     causa     penal.       En    otras    palabras,     el

preacuerdo     con       la    Fiscalía     solo        tuvo    el   efecto    de

presentar    al     foro      judicial     una    estipulación       entre     las

partes en la cual el acusado aceptaba su responsabilidad

penal, a cambio de un mejor trato para fines de la pena.

En nada esto se puede extrapolar a la esfera civil y

socialmente        protectora        que    gobierna       al    Registro      de

Ofensores     Sexual.          Por    ello,       la     minoridad      alegada

22 Estamos dando por cierto lo que se ha manifestado en todos los
foros inferiores y por las partes, pues no contamos con las
acusaciones enmendadas ya que el peticionario no las incluyó en su
recurso. Tampoco contamos con el preacuerdo alcanzado, solo constan
las minutas de los procedimientos.
AC-2022-0102                                                         21

originalmente por el Ministerio Público, y eliminada solo

para     efectos    del   preacuerdo   penal,    era   susceptible    de

valoración por parte del tribunal primario, tal cual lo

hizo.

        Este acercamiento no es ajeno a las disposiciones de

SORNA según lo explican las Guías Nacionales. Sobre este

particular, las guías de interpretación disponen que

             [W]here the tier classification depends on
        commission of an offense against a victim who is
        below a certain age, the requirement to give
        weight to this factor (victim age) is not limited
        to cases involving convictions for offenses whose
        elements specify that the victim must be below
        that age. Rather, the requirement applies as well
        in cases in which the offender is convicted of a
        more generally defined offense that may be
        committed against victims of varying ages, if the
        victim was in fact below the relevant age.

        La interpretación va más allá y menciona como un

ejemplo lo siguiente:

        “For example, in a case in which the sex offender
        was convicted of a generally defined ‘‘sexual
        contact’’ offense, whose elements include no
        specification as to victim age, tier II treatment
        is required if the victim was in fact below 18
        (SORNA § 111(3)(A)(iv)), and tier III treatment
        is required if the victim was in fact below 13
        (SORNA § 111(4)(A)(ii))”.23

        Como vemos, la realidad fáctica del asunto es un

hecho que se tiene que ponderar y tomar en consideración,

independientemente de que el delito por el cual se procesó

y sentenció no haya imputado directamente la minoridad

como uno de sus elementos, siempre que éste sea parte

23   Federal Register Vol. 73, No. 128 (2008). 73 Fed. Reg. 38,053
AC-2022-0102                                                                  22

integral    de    los    hechos    que,       en    efecto,      generaron      el

delito.

        Este acercamiento ha sido avalado por múltiples foros

federales. United States v. Dodge, 597 F.3d 1347, 1355

(11th    Cir.    2010)    (“Courts      may    employ      a    noncategorical

approach to examine the underlying facts of a defendant's

offense, to determine whether a defendant has committed a

“specified offense against a minor” and is thus a “sex

offender”         subject          to          SORNA's               registration

requirement.”)(“Congress                 intended              the         courts

to also consider the actual age of the victim by looking

to the specific circumstances of the defendant's crime.”);

United States v. Mi Kyung Byun, 539 F.3d 982, 992 (9th

Cir. 2008)(“[T]he list of specified offenses against a

minor includes ‘[a]ny conduct that by its nature is a sex

offense against a minor,' § 16911(7)(I) (emphasis added),

suggesting      again    that   for     the    category         of    “specified

offense[s]       against    a     minor,”      it     is       the    underlying

“conduct,” not the elements of the crime of conviction,

that matter”.); United States v. White, 782 F.3d 1118,

1134 (10th Cir. 2015) (“Congress intended courts to apply

a   categorical           approach       to        sex         offender       tier

classifications         designated      by    reference        to     a   specific

federal criminal statute, but to employ a circumstance-

specific comparison for the limited purpose of determining

the victim's age.”); United States v. Rogers, 804 F.3d

1233, 1237 (7th Cir. 2015) (“Whether the exception applies
AC-2022-0102                                                                      23

depends on the underlying facts and circumstances […]”)(We

conclude that the threshold definition of “sex offense”

found in § 16911(5)(A)(i) requires a categorical approach—

an inquiry limited to the elements of the offense—but the

exception in subsection (5)(C) calls for an examination of

the specific facts of the offense conduct”); United States

v. Berry, 814 F.3d 192, 197 (4th Cir. 2016) (“Congress's

decision       to    reference    in    SORNA       a    victim     “who   has    not

attained        the     age      of     13      years,”            42   U.S.C.         §

16911(4)(A)(ii), must therefore be read as an instruction

to    courts    to    consider        the    specific         circumstance       of    a

victim's age, rather than simply applying the categorical

approach”.)

        Así, pues, al examinar las circunstancias específicas

del delito cometido y los elementos subyacentes de la

conducta del peticionario, observamos varios detalles que

sobresaltan relacionado a su preacuerdo: (i) sus víctimas

fueron dos jóvenes menores de dieciséis (16) años, (ii)

que se solicitó eliminar la minoridad no por haber un

error     de    persona,      sino      para    poder         cualificar     a    una

sentencia       suspendida       (iii),       que       los    foros    inferiores

concedieron el acuerdo condicionado, entre otras cosas, a

que no se acercara a menores de edad y no se acercara a

las    víctimas,       ⎯víctimas       que     aunque         la   disidencia     las

quiera invisibilizar por la alegación seguían siendo, en

efecto, menores de edad⎯ y (iv) que se inscribiera en el

Registro.       Lo    anterior    son       circunstancias          específicas        y
AC-2022-0102                                                                       24

subyacentes que surgen de las sentencias de los foros

inferiores       y    de    los        trámites     que     tuvieron       ante     su

consideración         los       magistrados        de     instancia.       No     eran

circunstancias ajenas y como tal, eran susceptibles de

valoración.      Así,       debería      clasificarse        como     un    Ofensor

Sexual tipo III, máxime cuando fue un reincidente.

      El   interés         que   tiene       el    Estado   en     garantizar       la

seguridad, protección y bienestar general no puede estar

limitado por las ventajas administrativas que el mecanismo

de   alegaciones          preacordadas        le    pueda    brindar       tanto    al

Ministerio    Público           como    al   Poder       Judicial.    El    primero

representa uno de los ejes básicos del poder estatal para

cumplir y hacer cumplir las leyes, particularmente las que

protegen a los miembros más vulnerables del colectivo. El

otro, sin menospreciar su utilidad, no pasa de representar

una herramienta facilitadora para agilizar la labor del

Ministerio Público y la carga administrativa de los foros

judiciales.

      Y es que no puede ser de otra forma si deseamos hacer

valer la Ley del Registro y cumplir con su fin protector.

Recordemos que tal como hemos interpretado en múltiples

ocasiones anteriores, la ley que crea el Registro no es un

estatuto de carácter penal y mucho menos punitivo. Es una

creación    civil         que    le    permite      al    Estado     promover       la

seguridad     ciudadana          frente      a     cualquier     incomodidad            o

estigma    que       un    ofensor      sexual      pueda    sufrir.       En     este

contexto, protege aún más a los niños y niñas de Puerto
AC-2022-0102                                                                25

Rico,      cuyo    desarrollo    integral         debe    ser    resguardado

infatigablemente.

        No debemos olvidar que las alegaciones preacordadas

persiguen proteger el interés legítimo del Estado y del

ciudadano hacia una administración justa y eficiente de la

justicia criminal, salvaguardando los derechos de todas

las partes.24 Si bien el peticionario fue favorecido al

hacer alegación de culpabilidad, pues se le concedió el

beneficio de sentencia suspendida, el Tribunal de Primera

Instancia, en la discreción judicial que viene obligado a

ejercer al atender este tipo de procedimientos abreviados,

condicionó        el   cumplimiento    de    la    sentencia      a   que    el

peticionario se inscribiera en el registro y, además, a

que no se acercara ni relacionara con personas menores de

edad. Esta condición responde a un propósito exclusivo,

salvaguardar       el    propósito    de    la    Ley    del    Registro,    de

manera que se garantice el bienestar de la sociedad ante

la posibilidad de actos reincidentes de ofensores sexuales

como el señor Toro Velez.

        En fin, las implicaciones que pudiera tener avalar la

conclusión del ala disidente van más allá de simplemente

excluir a un adulto que cometió determinados actos sexuales

contra “otro adulto”. Resulta que, como sucedió en este

caso,     todas    las   personas    que cometan         tan    horrendo acto

contra un menor de edad, podrían burlar las provisiones del

24   Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 804 (1992).
AC-2022-0102                                                                   26

Registro       de    Ofensores       Sexuales      con   el    simple      hecho    de

aceptar un preacuerdo en el que se elimine la minoridad con

tal     de     beneficiarse          de   una    sentencia       suspendida         y,

consecuentemente, evadir la obligación de inscripción. El

efecto práctico de ello se resume de la forma siguiente:

(1)     convierte       en     letra      muerta     las      disposiciones        del

Registro       y      (2)     fomenta      la    inseguridad         en     nuestras

comunidades que quedarán desprovistas de información alguna

con     relación       a      ofensores     sexuales,         haciendo      que     la

reincidencia sea una posibilidad latente y asequible.

        Hoy, descargo mi deber hacia la justicia y levanto mi

voz   para         advertir    los     efectos     nocivos      de   la     práctica

procesal ilustrada en casos como este. El bienestar social

de nuestra Isla hubiese preferido que otros se sumaran a

este entendimiento, máxime, cuando lo que recibimos por

parte    de    los     foros     noticiosos        son   múltiples        reportajes

sobre        los     constantes        abusos      sexuales      y    atrocidades

lujuriosas que se cometen contra nuestros niños.

        Por estimar que el señor Toro Vélez debe permanecer

inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales por el resto

de su vida, firmemente emito esta Opinión de conformidad.

                                                Edgardo Rivera García
                                                    Juez Asociado
                 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

     Recurrido

         v.                            AC-2022-0102

Pascual Toro Vélez

     Peticionario

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES,
a la que se unió el Juez Asociado señor KOLTHOFF CARABALLO.

                 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2023.

                       En esta ocasión nos correspondía interpretar la

                 Ley Núm. 266-2004, según enmendada, infra, que regula

                 el   Registro    de    Personas     Convictas   por   Delitos

                 Sexuales y Abuso contra Menores, conocido como el

                 Registro de Ofensores Sexuales. Estábamos llamados a

                 dilucidar si una acusación penal es suficiente para

                 generar una obligación de inscripción en el Registro

                 de   Ofensores   Sexuales.    Del    mismo   modo,    debíamos

                 evaluar si una convicción por el delito de actos

                 lascivos sin minoridad exige la inscripción en el

                 mencionado Registro.

                       De un análisis sosegado del esquema registral

                 instituido por la Asamblea Legislativa, es evidente
AC-2022-0102                                                        2

que la Ley Núm. 266-2004 requiere que haya una convicción —

por determinados delitos— para que se genere el deber de

inscripción. Una acusación o denuncia es insuficiente. En

segundo lugar, el crimen de actos lascivos, sin más, no es

uno de los delitos que el estatuto reconoce para exigir la

inscripción del convicto en el Registro.

     Como esa no fue la determinación a la que hoy arribó

esta Curia, disiento respetuosamente.

                                   I

     El recurso ante nos tiene su origen en dos resoluciones

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia con relación

al Sr. Pascual Toro Vélez (Peticionario). La primera de ellas

fue emitida por la Sala Superior de Mayagüez el 19 de abril

de 2022. La segunda, por la Sala Superior de Ponce el 19 de

julio de 2022.

     Por   su   pertinencia,   y       en   beneficio   de   la   mejor

comprensión     de   esta   controversia,       detallaremos      ambos

procedimientos por separado.

     A. Tracto ante el Tribunal de Primera Instancia en

       Mayagüez

     En noviembre de 2006 se presentó una denuncia en la que

se alegó que el señor Toro Vélez cometió el delito de actos

lascivos contra una menor de seis años. Posteriormente, tras

la vista preliminar, se formalizó la acusación al respecto.

     Así las cosas, el juicio se celebró el 3 de julio de

2007. Ese día, con la anuencia de la madre de la menor y

como resultado de una alegación preacordada, se solicitó al
AC-2022-0102                                                         3

Tribunal de Primera Instancia que eliminara el elemento de

minoridad a cambio de que el señor Toro Vélez se declarara

culpable del delito de actos lascivos, sin más. El foro

primario estuvo de acuerdo y, tras enmendar la acusación,

emitió fallo de culpabilidad por el Art. 105 del Código Penal

de 1974, 33 LPRA sec. 4067, sin la alegación de minoridad.

      En consecuencia, condenó a Toro Vélez a cuatro años de

cárcel, bajo el régimen de sentencia suspendida (Primera

Condena). Además, dispuso que el convicto debía ser inscrito

en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y

Abuso contra Menores de la Ley Núm. 266-2004, infra.

      Años después, en marzo de 2022, el señor Toro Vélez

presentó una    Moción urgente solicitando eliminación del

Registro de Ofensores Sexuales ante el foro primario en

Mayagüez. En síntesis, alegó que la Ley Núm. 243-2011, infra,

no requiere que los condenados por el delito de actos

lascivos, sin el elemento de minoridad, formen parte del

mencionado Registro.

      Por su parte, el Ministerio Público se opuso. Sostuvo

que   el   delito     de    actos   lascivos    sin   minoridad   está

clasificado como uno Tipo II, y que no había trascurrido el

término para la eliminación del Registro de los delitos con

tal clasificación.

      Tras evaluar las posturas de ambas partes, el Tribunal

de Primera Instancia declaró no ha lugar a la moción. El

foro primario entendió que el señor Toro Vélez debía ser

considerado    como    un    Ofensor   Sexual    Tipo   III,   por       su
AC-2022-0102                                                         4

convicción por el delito de actos lascivos (sin minoridad).

Conforme a ello, resolvió que debía permanecer en el Registro

de Ofensores Sexuales de por vida.

      Inconforme,        el     señor     Toro      Vélez     solicitó

reconsideración,     pero       fue     denegada.    Por     esto,       el

peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un

recurso de certiorari (KLCE202200733). Allí planteó que el

Tribual de Primera Instancia erró al denegar la eliminación

de sus datos del Registro bajo el pretexto que el delito

cometido cuenta con una clasificación Tipo III, aun cuando

los   actos   lascivos    sin   minoridad    no   están    contemplados

dentro de las clasificaciones establecidas por la Ley Núm.

243-2011.

      B. Tracto ante el Tribunal de Primera Instancia en Ponce

      Por otra parte, en octubre de 2006, un mes antes de la

presentación de la denuncia que desembocó en la Primera

Condena, el señor Toro Vélez fue imputado de cometer el

delito de actos lascivos contra una víctima menor de 14 años.

Posteriormente, se presentó la correspondiente acusación.

      Al comienzo del juicio se solicitó al Tribunal de

Primera Instancia que aceptara la alegación preacordada de

culpabilidad por el delito de actos lascivos, sin más. El

foro primario estuvo de acuerdo, razón por la cual aceptó la

declaración de culpabilidad del peticionario por el delito

de actos lascivos, sin la alegación de minoridad, bajo el

Art. 105 del Código Penal de 1974, supra. Por consiguiente,

condenó al señor Toro Vélez a cuatro años de cárcel, bajo
AC-2022-0102                                                            5

sentencia suspendida (Segunda Condena), a cumplirse de forma

consecutiva con la Primera Condena. De igual manera, cónsono

con   la   ley     entonces     vigente,   requirió     el   registro   del

convicto como ofensor sexual.

      Luego de varios años, en marzo de 2022, el peticionario

presentó una        Moción urgente solicitando eliminación del

Registro de Ofensores Sexuales ante el foro primario en

Ponce.     Igual    que   con    la   Primera    Condena,    planteó    que

actualmente no se requiere que los condenados por el delito

de actos lascivos (sin minoridad) ingresen al Registro.

Nuevamente el Ministerio Público se opuso.

      El Tribunal de Primera Instancia, mediante resolución,

denegó la moción bajo el fundamento de que el señor Toro

Vélez debía ser considerado como un Ofensor Sexual Tipo II.

Entendió que la eliminación de la minoridad como parte de la

alegación preacordada en nada cambiaba la realidad fáctica

del caso. Por tal razón, dispuso que el señor Toro Vélez

debía permanecer en el Registro hasta agosto de 2036; o sea,

hasta 25 años después de que comenzó a transcurrir la Segunda

Condena.

      Inconforme, el señor Toro Vélez presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE202200929).

En dicho recurso sostuvo que se debían eliminar sus datos

del Registro, toda vez que los actos lascivos sin minoridad

no    están      tipificados      dentro    de    las    clasificaciones

establecidas por la Ley Núm. 243-2011, infra.

      C. Tracto ante el Tribunal de Apelaciones
AC-2022-0102                                                                        6

       El 29 de agosto de 2022, el Tribunal de Apelaciones

emitió una resolución en la que ordenó la consolidación de

los    mencionados          recursos     KLCE202200733         y    KLCE202200929.

Posteriormente, el foro apelativo emitió una sentencia por

medio de la cual decretó que el señor Toro Vélez debía

permanecer inscrito en el Registro por toda su vida, dado

que era un Ofensor Sexual Tipo III.

       El Tribunal de Apelaciones sustentó su determinación en

que    las   acusaciones           presentadas        contra   el     peticionario

contemplaban          el    elemento       de    minoridad          antes     de    ser

enmendadas        a   consecuencia        de     la   alegación       preacordada.

Razonó que las alegaciones de culpabilidad registradas no

tuvieron el efecto de constituir una declaración de adultez

con relevancia u obligatoriedad jurídica frente a cualquier

caso    civil     futuro.       Sin    embargo,        el    foro    apelativo          sí

determinó que los actos lascivos sin minoridad quedan fuera

de los delitos que requieren registración al amparo de las

enmiendas realizadas a la Ley 266 en 2011, infra.

       Insatisfecho,           el        señor        Toro     Vélez        solicitó

reconsideración. Por su parte, el Ministerio Público se

opuso. La postura del Procurador General fue que el delito

de actos lascivos, sin más, sí está incluido dentro de los

delitos      en       los    que    la     Ley    243-2011,          infra,        exige

registración. Aunque manifestó estar en desacuerdo con que

el deber de registrar al señor Toro Vélez surgía de lo

alegado en la acusación original, consideró que la ley no

requiere el elemento de la minoridad como condición para
AC-2022-0102                                              7

permanecer en el Registro. De ese modo, estuvo de acuerdo

con no remover el nombre del peticionario del Registro.

     Tras evaluar ambos reclamos, el foro intermedio denegó

la reconsideración. Insatisfecho, el peticionario presentó

el recurso ante nuestra consideración, por medio del cual

señaló el siguiente error:

     Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
     resolver que la acusación por el delito de actos
     lascivos   originalmente   presentada    por   el
     Ministerio Público es suficiente para generar una
     obligación   ante   el  Registro   de   Ofensores
     Sexuales, como delito enumerado y clasificado
     Tipo III, a pesar [de] que la persona resultó
     convicta por el delito sin el elemento de
     minoridad, luego de una alegación preacordada.

     Después de evaluar detenidamente el asunto, estimo que

al señor Toro Vélez le asiste la razón. Por esto, debíamos

ordenar la eliminación de sus datos del Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.

                             II

     El Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales

y Abuso contra Menores se creó en Puerto Rico por medio de

la Ley Núm. 28-1997. Esta legislación se aprobó con el

propósito de acatar lo dispuesto por la ley federal Jacob

Watterling Crimes Against Children and Sexually Violent

Offender Registration Program, 42 USC secs. 14071 et seq.

(conocida comúnmente como Megan's Law). A través de este

estatuto, el Congreso de los Estados Unidos le requirió a

sus estados y territorios adoptar legislaciones que obliguen

a las personas convictas por ciertos delitos de naturaleza

sexual y de abuso contra menores de edad a inscribirse en un
AC-2022-0102                                                       8

registro público que los identifique como tal. Exposición de

Motivos, Ley Núm. 28-1997 (1997 [Parte 1] Leyes de Puerto

Rico 141)1.

      En la actualidad, la Ley Núm. 266-2004, conocida como

la   Ley   del   Registro   de   Personas   Convictas    por   Delitos

Sexuales y Abuso Contra Menores, rige este tema en Puerto

Rico. 4 LPRA sec. 536 et seq. Esta ley ha sido enmendada en

tres ocasiones. Una de estas enmiendas se dio por medio de

la   Ley   Núm.    243-2011,     infra,   para    atemperar    nuestra

legislación a las nuevas exigencias adoptadas por la Ley

federal Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006,

también    conocida    como      Sex   Offender   Registration      and

Notification Act (SORNA), 42 USC secs. 16901 et seq. SORNA

constituyó una revisión completa de los estándares federales

para el registro y la notificación de personas convictas por

ciertos delitos de naturaleza sexual, cuyo resultado fue una

serie de obligaciones mínimas que los estados y territorios

de Estados Unidos deben velar. Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 243-2011, 2011 [Parte 3] Leyes de Puerto Rico 2787;

Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 669.

      Entre las nuevas disposiciones establecidas, y en lo

pertinente al caso de autos, se aclara cuáles personas

tendrán la obligación de registrarse. Para esto, la Ley crea

tres categorías de lo que se considerará un “ofensor sexual”

1 Para un análisis abarcador sobre la creación del Registro, la
motivación tras su instauración y su desarrollo histórico, véase nuestra
Opinión en Pueblo v. Hernández García, infra.
AC-2022-0102                                                   9

para efectos del Registro, cuya inscripción será mandatoria.

Estas categorías clasifican a los ofensores sexuales de

acuerdo   con   el   delito   sexual   cometido   y   su   grado   de

severidad.

     Por su relevancia, procedemos a citar las 3 categorías

in extenso, tal cual contenidas en el Art. 2 de la Ley Núm.

266-2004, 4 LPRA sec. 536, según enmendada:

     (8) Ofensor Sexual Tipo I.-Personas que resulten
     convictas por los siguientes delitos o su
     tentativa o conspiración, cuando se incurre en
     conducta constitutiva de abuso sexual:

             (a) Restricción de la libertad, cuando
                 la víctima fuere menor de dieciocho
                 (18) años, según comprendido en la
                 sec. 4796(e) del Título 33.
             (b) Restricción de libertad agravada,
                 cuando la víctima fuere menor de
                 dieciséis     (16)    años,     según
                 comprendido en el Artículo 131(e) de
                 la Ley Núm. 115 de 22 de julio de
                 1974, según enmendada.
             (c) Delito de maltrato a menores, según
                 establecido en los Artículos 75 y 76
                 de la Ley 177-2003, cuando se
                 incurre en conducta constitutiva de
                 abuso sexual.
             (d) Maltrato agravado conyugal, cuando
                 se cometiere y simultáneamente se
                 incurriere en conducta constitutiva
                 de abuso sexual, en maltrato de un
                 menor, según definido en la Ley 177-
                 2003, según comprendido en la sec.
                 632(g) del Título 8.
             (e) Envío,     transportación,     venta,
                 distribución,            publicación,
                 exhibición o posesión de material
                 obsceno;    Espectáculos    obscenos;
                 Exposiciones deshonestas cuando el
                 acto tuviere lugar en presencia de
                 una persona menor de 16 años, según
                 establecido en los Artículos 106,
                 113 y 114 de la Ley Núm. 115 de 22
                 de julio de 1974, según enmendada;
                 y en las secs. 4783 y 4784 del Título
                 33.
AC-2022-0102                                             10

          (f) Exposiciones obscenas; Proposición
              obscena, según tipificados en las
              secs. 4775 y 4776 del Título 33.
          (g) Cualquier   delito  antecedente   o
              sucesor de los mencionados en las
              cláusulas (a), (b), (c), (d), (e) o
              (f) de este inciso.

    (9) Ofensor Sexual Tipo II.-Personas que resulten
    convictas por los siguientes delitos o su
    tentativa o conspiración cuando la víctima fuere
    un menor de edad:
          (a) Actos    lascivos       o     impúdicos;
              proxenetismo      o      comercio     de
              personas;     delitos       contra    la
              protección de menores, perversión
              de menores cuando se admitiere o
              retuviere a un menor de dieciocho
              (18)    años    en     una     casa   de
              prostitución          o         sodomía,
              comprendidos en los Artículos 105,
              110(a) y (c), 111(a) y 115 de la Ley
              Núm. 115 de 22 de julio de 1974,
              según enmendada.
          (b) Actos     lascivos,       proxenetismo,
              rufianismo y comercio de personas;
              producción de pornografía infantil;
              posesión     y     distribución       de
              pornografía infantil; utilización
              de   un   menor     para     pornografía
              infantil; corrupción de menores
              cuando se admitiere o retuviere a
              un menor en una casa de prostitución
              o    de    comercio       de    sodomía,
              comprendidos en las secs. 4765(e),
              4772, 4781(a), 4785, 4785 y 4787 del
              Título 33.
          (c) Agresión sexual, comprendida en los
              incisos (f), (h), (i) de la sec.
              4770 del Título 33.
          (d) Un Ofensor Sexual Tipo I convicto
              anteriormente de un delito sexual y
              que   posteriormente       comete   otro
              delito sexual o su tentativa o
              conspiración.
          (e) Cualquier delito o su tentativa
              antecedente    o    sucesor     de   los
              mencionados en las cláusulas (a),
              (b) o (c) de este inciso.

    (10) Ofensor Sexual Tipo III.-Que resulten
    convictas por los siguientes delitos o su
    tentativa:
AC-2022-0102                                            11

           (a) Violación;    seducción;   sodomía;
               actos lascivos cuando la víctima no
               ha cumplido los dieciséis (16)
               años; incesto; secuestro cuando la
               víctima fuere menor de dieciocho
               (18) años y no fuere su hijo, robo
               de menores comprendidos en los
               Artículos 99, 101, 103, 105, 122,
               137-A(a) y 160, respectivamente,
               de la Ley Núm. 115 de 22 de julio
               de   1974,   según   enmendada;   y
               agresión sexual conyugal, según
               tipificada en la sec. 635 del
               Título 8.
           (b) Agresión Sexual, según comprendido
               en los incisos (a), (b), (c), (d),
               (e) o (g) de la sec. 4770 del
               Título 33.
           (c) Actos lascivos, cuando la víctima
               no ha cumplido los trece (13) años
               de edad; secuestro de menores;
               secuestro   agravado    cuando   la
               víctima fuere menor de dieciocho
               (18) años, según comprendidos en
               las secs. 4762, 4772 y 4798(a) del
               Título 33.
           (d) Un Ofensor Sexual Tipo II convicto
               anteriormente de un delito sexual
               y que posteriormente comete otro
               delito sexual.
           (e) Cualquier delito antecedente o
               sucesor de los mencionados en las
               cláusulas (a), (b) y (c) de este
               inciso. (Negrillas suplidas).

     Según estas clasificaciones, los Ofensores Sexuales

Tipo I, los Ofensores Sexuales Tipo II y los Ofensores

Sexuales Tipo III serán inscritos en el Registro. Art. 3 de

la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec. 536a. Del mismo modo, se

establece que un Ofensor Sexual Tipo I debe permanecer en el

Registro por un término de 15 años; el Ofensor Sexual Tipo

II por 25 años, y el Ofensor Sexual Tipo III debe permanecer

de por vida. Art. 5 de la Ley Núm. 266-20044, LPRA sec. 536c.

Estos términos empezarán a contar desde que el ofensor sexual
AC-2022-0102                                                        12

sea   excarcelado    o,   en   los   casos    del   disfrute   de   los

beneficios de libertad a prueba, libertad bajo palabra o

participación   de   un   programa    de     desvío,   tratamiento       o

rehabilitación, desde que se emite la sentencia, resolución

o determinación para participar en dichos programas y se

notifique su inclusión al Registro. Íd.

      De otra parte, la ley enmendada dispone que, salvo los

incisos (f) y (g) del Art. 4, “[l]as demás disposiciones

podrán tener efecto retroactivo”. Art. 15 de la Ley Núm.

243-2011, 4 LPRA sec. 536. Los incisos exceptuados (f) y (g)

establecen la prohibición que tienen las personas inscritas

en el Registro de establecer su residencia a 500 pies de una

escuela o cuido de niños y la obligación de la agencia

concernida de notificar al ofensor sexual con relación a esa

prohibición. Art. 4 de la Ley Núm. 266-2004, 4 LPRA sec.

536b.

      Este Tribunal ha tenido la oportunidad de analizar la

Ley Núm. 266-2004, según enmendada, en varias ocasiones. Por

ejemplo, en Pueblo v. Hernández García, supra, el ofensor

resultó convicto, tras una alegación de culpabilidad, por un

delito que, conforme a las enmiendas introducidas por la Ley

Núm. 243-2011, no requería la inscripción registral. Además,

para cuando este solicitó la eliminación de su información

en el Registro, ya había cumplido su condena de libertad a

prueba y el caso había sido sobreseído por el foro primario.

En tales circunstancias, resolvimos que procedía eliminar la
AC-2022-0102                                                               13

información del peticionario dado que ya no se requería su

inscripción, según la ley vigente. I
                                   ́d., págs. 680–681.

    Por otra parte, en Placer Román v. ELA y otros, 193 DPR

821 (2015) (Sentencia), se expidió el recurso de mandamus

presentado por el peticionario y se eliminó su nombre del

Registro.    Las    opiniones    de      conformidad      y     la    opinión

concurrente emitidas por varios miembros de este Tribunal

coincidieron   en    que   al   ofensor     no    le    aplicaban     nuevos

términos    sobre    cuánto     tiempo     debía       permanecer     en    el

Registro, según las enmiendas recientes a la ley, porque

cuando   dichas     enmiendas    entraron        en    vigor,    ya   habían

transcurrido los diez años de inscripción que imponía la

antigua Ley Núm. 128-1997, supra, según la cual se originó

su obligación de registrarse. Véase, Placer Román v. ELA y

otros, supra, pág. 838 (Op. de conformidad, Jueza Presidenta

señora Fiol Matta); págs. 840–841 (Op. de conformidad, Juez

Asociado    señor    Martínez     Torres);        págs.    860–861         (Op.

concurrente, Juez Asociado señor Estrella Martínez).

    Este era el derecho que debíamos aplicar para resolver

la controversia.

                                III

    En el recurso ante nuestra consideración, el señor Toro

Vélez alega que, debido a las enmiendas introducidas por la

Ley Núm. 243-2011, su deber de inscripción cesó, toda vez

que se eliminó el delito de actos lascivos sin minoridad de

los crímenes que obligan a inscribirle en el Registro. Le

asiste la razón.
AC-2022-0102                                                         14

     Como vimos, el peticionario fue convicto mediante una

alegación preacordada por dos cargos de actos lascivos, sin

el elemento de minoridad en ambas instancias. En 2007, al

momento de sentenciarle, se dispuso que debía inscribirse en

el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y

Abuso     contra    Menores,   según    requería     el     ordenamiento

jurídico en aquel entonces. Para ese tiempo, la Ley Núm.

266-2004 disponía:

        Se crea un Registro de Personas Convictas por
        Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores en el
        Sistema de Información de Justicia Criminal. Serán
        registradas en el mismo:
        (a) las personas que resulten convictas por alguno
        de los siguientes delitos o su tentativa:
        violación, seducción, sodomía, actos lascivos o
        impúdicos;    proxenetismo,     rufianismo    […].
        (Negrillas suplidas). (2004 Leyes de Puerto Rico
        2015). 4 LPRA ant. sec. 536a (ed. 2010).

     Como se puede apreciar, cuando se sentenció al señor

Toro Vélez la ley incluía a los actos lascivos como uno de

los delitos cuya convicción justificaba su inscripción en el

Registro,     sin    considerar   la   presencia     o    ausencia   del

elemento de minoridad. Por esta razón, en un principio, la

inscripción    del    peticionario     en   el   Registro    se   realizó

conforme a derecho. Sin embargo, a raíz de las mencionadas

enmiendas realizadas en 2011, el delito de actos lascivos,

sin más, ya no figura entre las infracciones para las que se

exige inscripción.

     La primera clasificación, denominada “Ofensor Sexual

Tipo I”, cuyo término de inscripción es de 15 años, no

incluye el delito de actos lascivos. La segunda, denominada
AC-2022-0102                                                             15

“Ofensor Sexual Tipo II”, tiene un término de inscripción de

25 años e incluye la convicción por el delito de actos

lascivos    con    minoridad.      La    tercera    y   última   categoría,

“Ofensor Sexual Tipo III”, obliga a la inscripción de por

vida e incluye la convicción por el delito de actos lascivos

con minoridad, pero cuando el menor no ha cumplido los 16

años en ciertas instancias o los 13 años en otras.

     En el caso ante nos, al señor Toro Vélez se le acusó en

un principio por cometer actos lascivos contra dos menores

de edad. No obstante, en un ejercicio legítimo de una

negociación con antelación a juicio, con el consentimiento

del Ministerio Público y con la anuencia del foro primario,

se modificaron las acusaciones para eliminar el elemento de

minoridad    a    cambio    de    unas   alegaciones     de    culpabilidad

preacordadas. Es decir, las acusaciones originales nunca

fueron objeto de prueba, confrontación o autenticación ante

el foro primario.

     Por    medio   de     las    alegaciones      preacordadas    el    aquí

peticionario      resultó        convicto    de    actos      lascivos   sin

minoridad. De esta manera, el factor de la minoridad no podía

ser considerado al momento de resolver la solicitud aquí en

controversia, pues las consecuencias jurídicas, sean penales

o civiles, corresponden a la infracción por la que la persona

resultó condenada. Por consiguiente, el nombre del señor

Toro Vélez debía ser retirado del Registro, ya que su delito

no cae dentro de las categorías de ofensores que establece

la ley vigente actualmente.
AC-2022-0102                                                                  16

     En    cambio,       el   foro     intermedio       razonó    que,        para

propósitos    de    la     inscripción,        lo    determinante       era    la

realidad extrajudicial, en lugar de la judicial. Basándose

en un desacertado análisis que se enfocó en lo imputado y no

en la convicción, o sea en una acusación que se modificó

posteriormente, el tribunal apelativo concluyó que el señor

Toro Vélez era un ofensor sexual tipo III y debía permanecer

registrado de por vida. Hoy concluyo que el Tribunal de

Apelaciones erró al resolver que la acusación originalmente

presentada por el Ministerio Público es suficiente para

generar    una     obligación        ante    el     Registro     de    Personas

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.

     Resolver lo contrario, como pretende la Opinión de

conformidad      emitida      por    el    Juez     Asociado   señor      Rivera

García,    conllevaría        una    crasa    violación    del        reconocido

derecho a un debido proceso de ley. Esto es así porque el

Art. 2 de la propia Ley Núm. 266-2004, según enmendada,

supra, establece que las personas que se inscribirán en el

Registro   son     aquellas     que       resulten    “convictas”       por    los

delitos consignados en las tres categorías, sus tentativas

o conspiración.

     En Puerto Rico el deber de registro nace con el delito

por el cual se encuentra culpable, sin distinción sobre si

la convicción se originó mediante una alegación preacordada,

de parte o luego de un juicio en su fondo. En ningún lugar

se afirma que se podrá inscribir a una persona en el Registro

a base de lo que se haya alegado en la denuncia o acusación,
AC-2022-0102                                                          17

mucho menos en una acusación que fue sustituida. No debemos

olvidar que las acusaciones sólo son documentos con los

cuales se comienza el trámite procesal penal que imputa la

comisión de un posible delito. Rivera Beltrán v. J.L.B.P.,

169 DPR 903, 906-907 (2007) (Sentencia); Rabell Martínez v.

Tribunal Superior, 102 DPR 39, 42 (1974). Por eso, una vez

enmendada la acusación y aceptada la alegación de culpa,

recae la sentencia y sus consecuencias sobre la exclusiva

determinación judicial, basada en las disposiciones legales

del delito por el cual el Tribunal encuentra convicto. Véase,

Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015); Rivera Beltrán v.

J.L.B.P., supra.

     De   ningún   modo    podemos    obviar     ni   menospreciar    los

grandes   beneficios      que   las   alegaciones     de   culpabilidad

tienen para nuestro sistema de justicia criminal. Pueblo v.

Acosta Pérez, 190 DPR 823, 834 (2014). Y es que cuando un

acusado se declara culpable, el Estado no solo queda relevado

de celebrar un procedimiento criminal que puede ser extenso

y costoso, sino que también alivia los cargados calendarios

de los tribunales y permite que los imputados puedan ser

enjuiciados    dentro     de    los   términos    requeridos    por    el

ordenamiento procesal penal. Pueblo v. Santiago Agricourt,

147 DPR 179, 194 (1998). Del otro lado, un acusado que

formula una alegación de culpabilidad abdica totalmente los

derechos constitucionales o estatutarios que lo protegen,

entre los que se encuentran: el derecho a que se establezca

su culpabilidad en cada elemento más allá de duda razonable;
AC-2022-0102                                                           18

el derecho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho

a ser juzgado ante un juez o jurado; el derecho a presentar

evidencia a su favor y a rebatir la prueba presentada en su

contra, entre otros. Íd., pág. 192. Empero, el acusado

realiza esta renuncia por el compromiso de obtener cierta

concesión de parte del Ministerio Público, que en muchas

ocasiones significa el ser sentenciado por un delito de menor

severidad. Por ello, cuando el acuerdo es aceptado por el

tribunal, las partes quedan vinculadas por lo pactado y deben

cumplir con lo estipulado. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR

946, 957 (2010).

      Ante   esta    realidad,     el   Estado   no   puede   pretender

beneficiarse de la obtención de una alegación preacordada de

culpabilidad por un delito diferente al denunciado y, al

mismo   tiempo,      procurar     que   las   consecuencias       de    tal

convicción sean producto de lo originalmente plasmado en la

acusación. O sea, sería como si la alegación no se hubiera

materializado y como si al acusado se le hubiera brindado un

juicio plenario en donde el Ministerio Público pasó prueba

y, más allá de duda razonable, un jurado o un juez lo

encontró culpable por el delito inicialmente imputado. De

ahí la importancia de recordarle a los fiscales que deben

tener muy en cuenta que cualquier acuerdo de culpabilidad al

que   arriben   ha   de   tener    repercusiones      prácticas    en   la

sentencia y en los corolarios que dicha convicción acarree.

Uno de estos corolarios es, por supuesto, la inscripción o

no en el Registro de Ofensores Sexuales.
AC-2022-0102                                                                       19

      Por ende, la decisión del foro apelativo de basarse en

las acusaciones hechas al señor Toro Vélez para determinar

su permanencia en el Registro, en lugar de utilizar las

sentencias emitidas, con todas las garantías y salvaguardas

del debido proceso de ley que ello implica, es improcedente

en   derecho.      Como        vimos,      aunque     en    un        principio      el

peticionario fue acusado de cometer actos lascivos frente a

un   menor    de   edad,       lo    cierto    es   que     los    cargos        fueron

reclasificados a actos lascivos sin más, eliminándole el

elemento de minoridad. Por esa razón, ese elemento no debe

ser considerado al momento de imponerle la sentencia ni

ninguna otra condición que surja a raíz de la convicción,

como,    en   este      caso,       la   inscripción       en    el       Registro   de

Ofensores Sexuales.

      Sin embargo, la Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado señor Rivera García expone en su pág. 19 que

“es imperante que se tomen en consideración los hechos y las

realidades fácticas del caso”. En contra de toda noción del

debido       proceso      de        ley,    postula        que     la       minoridad

originalmente alegada por el Ministerio Público debe ser

susceptible        de    valoración           por   parte         de       los   foros

sentenciadores.

      Para     sustentar        su       postura,   recurre           a    diferentes

decisiones emitidas por foros federales que, al evaluar

exclusivamente el lenguaje estatutario incluido en la ley

federal SORNA, entienden que los tribunales pueden emplear

un “noncategorical approach” para determinar si una persona
AC-2022-0102                                              20

debe inscribirse en el Registro. No obstante, la mencionada

Opinión de conformidad pasa por alto que, a diferencia de la

controversia de epígrafe, en dichos casos los tribunales sí

contaban con convicciones o acuerdos de culpabilidad que

consideraban la minoridad de las víctimas.

    Por ejemplo, en United States v. Dodge, 597 F.3d 1347,

1349 (11vo Cir. 2010), se indicó:

    Dodge was indicted on three counts of transferring
    obscene material to a minor in violation of 18
    U.S.C. § 1470.1 With no plea agreement, Dodge
    pleaded guilty to Count I, which charged that
    between December 1–13, 2006, the then-thirty-
    three-year-old Dodge knowingly transferred obscene
    matter over the Internet to an individual, less
    than sixteen years old”. (Negrilla suplida).

    Así mismo, en United States v. Mi Kyung Byun, 539 F.3d

982, 984 (9no Cir. 2008), se esbozó:

    In the plea agreement, Byun admitted that she
    “induced” Youn Be Seo, a citizen of Korea, “to
    come to Guam by offering to employ [her] at the
    Club ... intend[ing] that during the course of
    [her] employment at the Club ... [she] would engage
    in sexual contact with the Club's customers, and
    perform sexual acts for money,” and acknowledged
    that “[a]t the time [Byun] solicited Youn Be Seo
    to come to Guam, and at all times thereafter,
    [Byun] knew Seo was seventeen years old”.
    (Negrilla suplida).

    Como si fuera poco, en United States v. Rogers, 804

F.3d 1233, 1235 (7mo Cir. 2015), se dijo: “The judge found

Jane Doe ‘very credible’ and concluded that Rogers had

committed the Indiana offense of incest. He also found that

the incestuous relationship was ‘not consensual at all,’ or

alternatively, if it was consensual, Jane Doe was under
AC-2022-0102                                                   21

Rogers's    custodial    authority    at   the   time”.   (Negrilla

suplida). Más allá, en United States v. Berry, 814 F.3d 192,

194 (4to Cir. 2016), se explicó lo siguiente:

      Defendant pled guilty in New Jersey state court to
      endangering the welfare of a child in violation of
      N.J. Stat. Ann. § 2C:24–4(a) (2002) […]. In a
      memorandum opinion, the court explained that its
      tier III determination was “based upon description
      of the conduct underlying defendant's prior sex
      offense as set forth in the presentence report”.
      (Negrilla suplida).

      Por último, en United States v. White, 782 F.3d 1118,

1136 (10mo Cir. 2015), se resolvió:

       Mr. White was convicted of taking indecent
      liberties with a child in violation of section 14–
      202.1 of the North Carolina Code. North Carolina
      defines taking indecent liberties with a child as
      either (1) willfully taking or attempting “to take
      any immoral, improper, or indecent liberties with
      any child of either sex under the age of 16 years
      for the purpose of arousing or gratifying sexual
      desire,” or (2) willfully committing or attempting
      “to commit any lewd or lascivious act upon or with
      the body or any part or member of the body of any
      child of either sex under the age of 16
      years”.(Negrilla suplida).

      Como podemos apreciar, en todos estos escenarios se

produjo una convicción por un delito en contra de un menor

de edad. Eso es muy distinto al caso que tenemos ante nos,

pues aquí no se encontró convicto al señor Toro Vélez de ese

suceso. Por ello, cuando la Opinión de conformidad emitida

por   el   Juez   Asociado   señor   Rivera   García   justifica   la

permanencia en el Registro a base de unos hechos que no se

corroboraron ante ningún estrado, ya que no existe condena

alguna que en efecto reafirme          la totalidad de      lo aquí

denunciado por el Ministerio Público, se trasgrede el texto
AC-2022-0102                                                                      22

de la Ley 266-2004 que claramente exige una convicción para

poder inscribir. Art. 2 de la Ley Núm. 266-2004, supra.

     Por último, el Ministerio Público presenta en su alegato

de oposición dos argumentos que, a su entender, sostienen

que la comisión del delito de actos lascivos sin minoridad

sí es una convicción que mandata la inscripción del convicto

en el Registro.

     En primer lugar, señala que la persona que comete el

delito de actos lascivos contra una persona mayor de edad es

un Ofensor Sexual Tipo II, cuya inscripción es mandatoria.

Entiende que, como el Art. 2 de la Ley Núm. 266-2004, supra,

dispone     que          los    Ofensores     Sexuales       Tipo     II    son     las

“[p]ersonas          que       resulten    convictas        por    los     siguientes

delitos o su tentativa o conspiración cuando la víctima fuere

un menor de edad: (i) Actos lascivos o impúdicos […]”, la

minoría solo se exige para aquellos casos en donde la persona

incurre en la tentativa o la conspiración del delito de actos

lascivos.       Manifiesta           que    este       estatuto       realizó       dos

valoraciones importantes: una valoración cuando la persona

incurre en el delito en sí mismo y otra valoración cuando la

persona incurre en la tentativa del delito o su conspiración.

Afirma    que       es     para    esos    dos    últimos     escenarios       de    la

tentativa o la conspiración que el Legislador condicionó la

inscripción a "cuando la víctima fuere un menor de edad”.

     Según          el    Ministerio       Público,     la        inclusión    de      la

conjunción "o", en lugar de la conjunción “y”, separa la

tentativa       y    la        conspiración      con   el    fin     de    exigir    la
AC-2022-0102                                                                23

inscripción en esos dos escenarios a aquellos que cometen el

acto contra menores de edad. Es decir, si una persona incurre

en el delito de actos lascivos, no hace diferencia si la

víctima es menor o mayor de edad porque la ley requiere su

inscripción     en    el     Registro,       independientemente        de    ese

elemento. No obstante, si la persona incurre en la tentativa

o la conspiración del delito de actos lascivos, habrá que

registrarlo únicamente si la víctima es menor de edad. No le

asiste la razón.

      Este ejercicio de interpretación lingüística realizado

por el Ministerio Público parece obviar que, aunque la

conjunción    “o”     es   una    conjunción      disyuntiva     que    denota

diferencia      o     separación,            también     puede    significar

alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. Morales

v. Marengo, 181 DPR 852, 862 (2011). Ante este escenario,

resulta fácil concluir que la intención legislativa detrás

de la inclusión de la “o” en la definición de Ofensor Sexual

Tipo II era indicar que el elemento de la minoridad es

necesario cuando hablemos de los delitos cometidos o, en la

alternativa,        cuando    solo      se     hayan    materializado        sus

respectivas tentativas o conspiraciones. En ese sentido, no

era   posible   utilizar         la   conjunción       “y”   porque   esta   se

considera una conjunción copulativa. Íd., págs. 862-863. De

tal manera que no era posible plasmar: personas que resulten

convictas por los delitos y su tentativa y conspiración

cuando la víctima fuere un menor de edad, ya que, como
AC-2022-0102                                                        24

sabemos, no es posible encontrar a alguien culpable de

cometer un delito y, al mismo tiempo, ejecutar su tentativa.

     Contrario a la posición del Ministerio Público, este

análisis obliga a concluir que la persona que comete el

delito de actos lascivos contra una persona mayor de edad no

se considera un Ofensor Sexual Tipo II. La Ley Núm. 266-

2004, supra, exige el elemento de minoridad tanto para

escenarios en los que se cometa el delito de actos lascivos

o, en la alternativa, para cuando solo se materialice su

tentativa o conspiración.

      El segundo argumento del Ministerio Público sostiene

que la Ley Núm. 266-2004, inspirada en la ley federal SORNA,

incluye una cláusula residual que obliga la inscripción de

todo delito que se considere delito sexual. Asevera que entre

los delitos enumerados en el Art. 2 que requieren inscripción

se encuentran los delitos sexuales en general, sin limitarlo

a que las víctimas sean menores de edad. Al respecto, insiste

en que la ley define los delitos sexuales como aquellos que

tienen “como elemento constitutivo un acto sexual o conducta

sexual con otra persona”. El Procurador General entiende

que, como el delito de actos lascivos implica un acto o

conducta sexual contra otra persona, su inscripción debe ser

mandatoria. No le asiste la razón.

     El    Art.   2    de   la    Ley   266-2004,    supra,   contiene

definiciones.     Entre     las   definiciones      que   incluye   este

artículo   está   la    definición      de   “Convicto”,   “Empleado”,

“Estudiante”, “Estados Unidos”, “Ofensor Sexual”, “Delito
AC-2022-0102                                                          25

Sexual”,        entre      otras.   Ahora     bien,    las    definiciones

contenidas en este artículo son, eso mismo, definiciones. No

todas constituyen delitos específicos enumerados y algunas

guardan un propósito meramente ilustrativo.

     Los únicos delitos enumerados en este Art. 2 que imponen

el deber de inscripción son aquellos que se encuentran de

los incisos ocho (8) al diez (10). Estos son aquellos que se

hallan     en       las   tres   categorías    de     ofensores   sexuales

establecidas por medio de la enmienda de 2011. Esto va a

tono con la intención del legislador, puesto que la ley no

hace expresión con relación a la codificación de otros

delitos que puedan surgir más allá de los ya clasificados.

No tendría sentido crear unas categorías de acuerdo con el

delito sexual cometido y su grado de severidad, impartirles

características           distintivas   y   obligaciones     particulares,

imponer un tiempo específico para cada una de ellas, en fin,

establecer todo un esquema alrededor de las clasificaciones

de Ofensor Sexual Tipo I, II y III, para luego sentenciar

que pueden haber delitos adicionales a los expresamente

calificados que requieran inscripción. Aceptar una teoría de

la cláusula residual conllevaría tener que adivinar, por

analogía        o    afinidad,      a   qué   tipo     de    clasificación

correspondería cada uno de los “delitos sexuales” que no

están específicamente enumerados e incluidos en la ley del

Registro en cuestión.

     Por esto, el “delito sexual” al que alude el Procurador

General es solo una definición genérica. Esta definición
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debe ser utilizada para lograr un pleno entendimiento de la

pieza legislativa. No debe interpretarse como un nuevo grupo

que requiere la inscripción de cualquier delito que tenga

“como elemento constitutivo un acto sexual o conducta sexual

con   otra   persona”.    Además,   si   bien   SORNA   establece   el

estándar que los estados y territorios de Estados Unidos

deben seguir en cuanto al tema del Registro, la ley federal

brinda discreción en la forma en que las jurisdicciones lo

implementan. Véase, The National Guidelines for Sex Offender

Registration and Notification, 73 Fed. Reg. 38,053 (2 de

julio de 2008) (en https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

2008-07-02/pdf/E8-14656.pdf).

      Independientemente de la interpretación que la Opinión

de conformidad quiera realizar sobre SORNA, en Puerto Rico

la ley que da vida al Registro es la Ley Núm. 266-2004,

supra, y esta es clara y libre de toda ambigüedad. Por ello,

su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir

su espíritu. Art. 19 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA sec. 5341. En consecuencia, no es correcto concluir que

la Ley Núm. 266-2004 tiene una cláusula residual tácita

porque la ley federal que la motiva tiene una aparente

cláusula     residual    expresa.   Ultimar     lo   contrario   sería

incompatible con la palpable intención legislativa detrás de

la aprobación del Registro de Personas Convictas por Delitos

Sexuales y Abuso Contra Menores.

      En resumen, al analizar la Ley el Registro de Personas

Convictas    por   Delitos   Sexuales    y   Abuso   Contra   Menores,
AC-2022-0102                                                       27

vigente, junto con la jurisprudencia, entiendo que procedía

retirar el nombre del señor Toro Vélez del Registro de

Personas    Convictas    por   Delitos   Sexuales   y   Abuso   Contra

Menores. El delito por el cual se declaró culpable (actos

lascivos) no figura entre las convicciones que, según las

clasificaciones, conllevan inscripción.

     Esta postura fue avalada anteriormente en la Opinión de

Conformidad de la entonces Jueza Presidenta señora Fiol

Matta, a la cual se unió el Juez Asociado señor Feliberti

Cintrón, en Placer Román v. ELA y otros, supra. En dicha

ocasión se aseveró que la Ley Núm. 266-2004 “no incluye una

categoría de Ofensor Sexual para las personas convictas por

el delito de actos lascivos cometidos contra una persona

mayor de edad”. Íd., pág. 837. Tal delito, “cuando la víctima

es mayor de edad, no activa la obligación de inscribir al

convicto en el Registro”. Íd., pág. 838.

     De igual manera, en Pueblo v. Hernández García, supra,

resolvimos que si un acusado resultó convicto tras una

alegación de culpabilidad por un delito que, conforme a las

enmiendas introducidas al Registro por la Ley Núm. 243-2011,

ya   no    requiere     su   inscripción,   procede     eliminar    su

información del Registro. En esa ocasión aseveramos:

     [E]l delito por el cual hizo alegación de
     culpabilidad ya no requiere la inscripción en el
     Registro. Además, el peticionario cumplió con su
     programa de desvío y su causa fue sobreseída, por
     lo que, como resultado de la reciente enmienda al
     Art. 3 de la Ley Núm. 243, supra, su nombre hubiera
     tenido que ser eliminado del Registro de todos
     modos. Ante esta situación, no existe base legal
     para que el señor Hernández García permanezca en
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     el Registro de Personas Convictas por Delitos
     Sexuales y Abuso contra Menores de la Ley Núm.
     266, supra, según enmendada. (Negrillas suplidas)
     Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 681.

     Por esta razón, en el caso ante nos, como establecimos

en Pueblo v. Hernández García, supra, el señor Toro Vélez no

debía permanecer inscrito en el Registro por cometer un

delito que, al presente, no requiere su inscripción.

                                    IV

     Por       los        fundamentos         expuestos,     disiento

respetuosamente. Correspondía utilizar la oportunidad que

representa este caso para, de una vez y por todas, afirmar

categóricamente que si el delito por el cual se sentenció al

condenado no es uno reconocido expresamente en las tres

clasificaciones de ofensores sexuales establecidas en el

Art. 2 de la Ley del Registro de Personas Convictas por

Delitos    Sexuales   y     Abuso    Contra    Menores,    actualmente

vigente, la inscripción en el Registro no se puede sostener.

También debíamos establecer que la mencionada ley requiere

de una convicción por determinados delitos, mas no una mera

alegación, para generar el deber de registro. Hoy se claudicó

a así pautarlo.

                              RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
                                   Juez Asociado