Court Opinion

ID: 9890384
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:20:59.560069+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:12.088983
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL V (ESPECIAL)

PASCUAL CRUZ CINTRÓN                           Certiorari acogido
                                               como Apelación
             Apelado                           procedente del
                                               Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                                 KLCE202300900 Superior de Ponce
                v.
                                                   Caso Núm.:
                                                   J DI2012-0549

LIMARIE RODRÍGUEZ CORREA                           Sobre:
                                                   Divorcio
             Apelante

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

       Comparece la señora Limarie Rodríguez Correa (señora

Rodríguez Correa o apelante), mediante recurso de Certiorari1 y nos

solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI o foro primario), el

13 de julio de 2023, notificada el 19 del mismo mes y año. Mediante

el referido dictamen, el TPI, entre otras cosas, declaró No Ha Lugar

una Solicitud de Desacato, Reconsideración e Imposición de

Honorarios presentada por el señor Pascual Cruz Cintrón (señor

Cruz Cintrón o apelado).

       Por    los     fundamentos   que    exponemos    a   continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.

                                      I.

       Nuevamente, este Foro tiene ante su consideración la

controversia relacionada a la pensión provisional impuesta a la

1 Acogemos el recurso de certiorari como una apelación por ser el mecanismo
adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, por
motivos de economía procesal, conservamos la designación alfanumérica
asignada por la Secretaría de este Tribunal.

Número Identificador
SEN2023__________
KLCE202300900                                                            2

señora Rodríguez Correa. El 25 de junio de 2021, el señor Cruz

Cintrón presentó una solicitud de alimentos2.

        El 25 de agosto de 2022, se celebró una vista mediante

videoconferencia ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias

(EPA)    para    la   recomendación        de   una   pensión   alimentaria

provisional. En esta misma fecha, la EPA preparó un Acta-Informe3

en el que recomendó que se declarara Ha Lugar la solicitud de

alimentos presentada por el señor Cruz Cintrón. Particularmente,

recomendó que se le estableciera a la señora Rodríguez Correa,

persona no custodia, una pensión alimentaria provisional básica de

$458.26 mensuales conforme al Art. 17 de Ley Núm. 5-1986, Ley

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores4.

Además, que la pensión antes indicada debía ser retroactiva al 25

de junio de 2021 y se debía comenzar a pagar desde el 1 de

septiembre de 2022 mediante depósitos en la cuenta bancaria del

señor Cruz Cintrón. Por último, indicó que del 25 de junio de 2021

al 31 de agosto de 2022 surgió una deuda de $7,009.49 que la

señora Rodríguez Correa estaba obligada a satisfacer mediante

pagos de $200 mensuales hasta el saldo de la deuda.

        Consecuentemente, el 22 de septiembre de 2022, el TPI emitió

y notificó una Resolución5 en la que hizo formar parte el Acta-Informe

que preparó la EPA. Asimismo, aceptó las recomendaciones que se

realizaron mediante dicho informe en cuanto a la cuantía de pensión

alimentaria provisional que se le debía imponer a la señora

Rodríguez Correa y, a su vez, declaró Ha Lugar la solicitud de

alimentos que presentó el señor Cruz Cintrón. No obstante, no

aceptó la recomendación en cuanto a la forma de pago.

2 Véase apéndice del recurso, págs. 97-145.
3 Véase apéndice del recurso, págs. 4-5.
4 8 LPRA sec. 516.
5 Véase apéndice del recurso, pág. 2-3.
KLCE202300900                                                         3

       En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

el 7 de octubre de 2022, el señor Cruz Cintrón presentó un escrito

intitulado Solicitud de Desacato, Reconsideración e Imposición de

Honorarios de Abogado6. Alegó que la apelante no había realizado el

correspondiente pago de pensión alimentaria. Ante ello, solicitó que

se reconsiderara el plan de pago de la deuda acumulada como

pensión básica y se ordenara el pago de esta so pena de desacato.

       El 20 de junio de 2022, el señor Cruz Cintrón presentó una

Moción Retirando Reconsideración en Torno a Plan de Pago7. En esta,

adujo que el hijo menor de edad se emancipó por edad, el apelado

perdió su capacidad representativa y la apelante se acogió a un

capítulo 13 de quiebras, por lo que el TPI perdió jurisdicción sobre

la materia al tornarse académico el asunto. Ante ello, solicitó retirar

la solicitud de reconsideración.

       El 22 de junio de 2023, la apelante presentó Oposición a Retiro

de Reconsideración. El 27 de junio de 2023, el apelado presentó

Réplica a Oposición y Reiterando Retiro de Reconsideración en Torno

a Plan de Pago.

       Así las cosas, el 13 de julio de 2023, notificada el 19 del mismo

mes y año, el TPI emitió una Resolución8 en la que determinó lo

siguiente:

       (1) A: MOCIÓN REITERANDO RECONSIDERACIÓN EN
           TORNO A PLAN DE PAGO presentada por la parte
           demandante a través de su representación legal el 20 de
           junio de 2023;

       (2) OPOSICIÓN A RETIRO DE RECONSIDERACIÓN
           presentada por la parte demandada a través de su
           representación legal el 22 de junio de 2023;

       (3) A: REPLICA A OPOSICIÓN Y REITERANDO RETIRO DE
           RECONSIDERACIÓN EN TORNO A PLAN DE PAGO
           presentado por la parte demandante a través de su
           representación legal el 27 de junio de 2023,

       (4) A: MOCIÓN SOLICITANDO SANCIONES Y ELIMINACIÓN
           DE ESCRITO EN VIRTUD DE LA REGLA 67 DE
           PROCEDIMIENTO CIVIL radicada por la parte

6 Véase apéndice del recurso, págs. 7-8.
7 Véase apéndice del recurso, págs. 10-11.
8 Véase apéndice del recurso, págs. 20-22.
KLCE202300900                                                          4

         demandada a través de su representación legal el 28 de
         junio de 2023,

      (5) A: MOCIÓN REITERANDO INCUMPLIMIENTO CON
          ÓRDENES DEL TRIBUNAL, IN LIMIE, SANCIONES Y
          OTRAS, SOLICITANDO SANCIONES Y ELIMINACIÓN DE
          ESCRITO EN VIRTUD DE LA REGLA 67 DE
          PROCEDIMIENTO CIVIL radicada por la parte
          demandada el 6 de julio de 2023, se dispone lo siguiente:

                          RESOLUCIÓN Y ORDEN

      (1) Ha Lugar. Se tiene por no puesta la Moción radicada por
          la parte demandante el 7 de octubre de 2022, una vez
          retorne el mandato del Tribunal de Apelaciones.

      (2) No ha lugar.

      (3) Véase determinación en el inciso 1.

      (4) Se le ordena a la parte demandante a cumplir con la Regla
          67 de Procedimiento Civil so pena de severas sanciones.

      (5) No ha lugar.

      Inconforme, el 14 de agosto de 2023, la apelante acudió ante

nos mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló al TPI la

comisión de los siguientes errores:

      Primer Error: Erró la Oficial Examinadora de Pensiones del
      TPI, al determinar que el demandante tenía custodia
      monoparental del menor Pascual Cruz Rodríguez y celebrar
      la vista de pensión sin jurisdicción o poder para ello.

      Segundo Error: Erró la Oficial Examinadora de Pensiones del
      TPI, al determinar que el demandante tenía custodia
      monoparental del menor Pascual Cruz Rodríguez, establecer
      una fecha de retroactividad y celebrar la vista de pensión sin
      jurisdicción o poder para ello.

      Tercer Error: Erró la Oficial Examinadora de Pensiones del
      TPI, al recomendar una pensión alimentaria contra la
      demandada e imputarle un salario, cuando se apartó y obvió
      totalmente las Guías Mandatarias Para Computar Las
      Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, reglamento 8529, del
      30 de octubre de 2014, según enmendado.

      Cuarto Error: Erró el TPI al dictar Resolución aprobando el
      ACTA - INFORME de la Oficial Examinadora de Pensiones y
      establecer una pensión alimentaria a la parte aquí
      recurrente, basado en la PIPE del demandante – imputando
      un salario a la demandada exagerado, sin prueba suficiente,
      confiable, y/o sin considerar el récord del Tribunal y
      obviamente sin ninguna base o fundamento en hechos ni
      derecho.

      Quinto Error: Erró el TPI al dictar Resolución aprobando el
      ACTA – INFORME de la Oficial Examinadora de Pensiones
      cuando se violó el debido proceso de ley en la vista y la
      determinación.

      Sexto Error: Erró el TPI al dictar Resolución aprobando el
      ACTA – INFORME de la EPA y establecer una pensión
KLCE202300900                                                                 5

       alimentaria cuando medió una mala apreciación de la
       prueba.

       Séptimo Error: Erró la Oficial Examinadora de Pensiones del
       TPI, y el TPI, en la apreciación de la prueba.

       Examinado el recurso, el 17 de mayo de 2023, emitimos una

Resolución en la que le concedimos a la parte apelada hasta el 23 de

mayo de 2023 para presentar su posición en torno al recurso de

epígrafe. Vencido el término para ello, sin que la parte apelada se

expresara,     declaramos       perfeccionado      el   presente    recurso   y

procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.

                                        II.

                                       -A-

       La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo       para     considerar       y    adjudicar      determinada

controversia o asunto9. La falta de jurisdicción trae consigo las

consecuencias siguientes: (a) no es susceptible de ser subsanada;

(b) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal,

como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la nulidad de los

dictámenes emitidos; (d) impone a los tribunales el ineludible deber

de auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los tribunales

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio10.

       A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de

auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado11. Así

pues, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que

9 Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013).
10 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).
11 Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).
KLCE202300900                                                                 6

puede hacer es así declararlo”12. Ello, ya que los tribunales no

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la tenemos13.

Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la inmediata

desestimación del recurso apelativo14.

       Un recurso presentado prematura o tardíamente priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia15. Estos

tipos de recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad

alguna para acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este Tribunal

de Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso

prematuro o tardío por carecer de jurisdicción16.

                                        -B-

       El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos

apelativos17. El Tribunal Supremo lo ha definido como “el medio que

posee un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal inferior

qué determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de revisión

y ordenarle actuar de conformidad con la misma”18. El propósito

principal del mandato es lograr que el tribunal inferior actúe

conforme a los pronunciamientos del tribunal apelativo19.

       La figura del mandato se encuentra delineada en la Regla

84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente,

dicha regla establece que:

       […]

       (E) Transcurridos diez días laborables de haber advenido
       final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el
       Secretario o Secretaria enviará el mandato al Tribunal de

12 Íd, pág. 856.
13 Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015).
14 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
16 Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B.
17 Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 151 (2012).
18 Íd.; Mejías el al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 300-301 (2012).
19 Íd., pág. 301.
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         Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con
         todo el expediente original, cuando éste haya sido elevado.

         El mandato cobra especial relevancia con lo relacionado a los

efectos de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al foro

de origen20. Lo anterior, debido a que, “una vez el tribunal en alzada

emite su determinación, y la misma adviene final y firme, se enviará

el mandato correspondiente al foro recurrido”21. Así, “[e]s en ese

momento que el recurso que estaba ante la consideración del foro

revisor concluye para todos los fines legales, por lo que se entiende

que no es hasta entonces que este pierde jurisdicción en lo

concerniente al asunto”22. Consonó con lo anterior, el foro revisado

no adquiere jurisdicción nuevamente para continuar con los

procedimientos y ejecutar los dictámenes de la sentencia en alzada,

hasta tanto reciba el mandato del tribunal revisor23.

         En síntesis, cuando se paralizan los procedimientos en el foro

de origen, este pierde su facultad para atender las controversias

planteadas en alzada y no vuelve a adquirir jurisdicción sobre ellas

hasta que el tribunal revisor remita al mandato correspondiente. Íd.

Lo anterior implica que toda acción que realice el foro revisado, luego

de la paralización de los procedimientos y previo a recibir el

mandato, es nula24.

                                        III.

         En el presente caso, no cabe duda de que el TPI

reiteradamente incumple con nuestras directrices. Desde octubre de

2022 la señora Rodríguez Correa ha solicitado remedios ante el TPI,

sin embargo, aún no se ha resuelto la controversia que nos atañe.

Advertimos que, la apelante ha presentado ante nuestro Foro tres

20 Colón y otros v. Frito Lays, supra, pág. 153.
21 Íd.
22 Íd.
23 Íd., pág. 154.
24 Íd., págs. 154 y 157.
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recursos,      a    saber:     KLCE202201183,   KLCE202201416       y

KLCE202300414.

       En el recurso KLCE202201416, la señora Rodríguez Correa

solicitó la revisión de una Resolución emitida y notificada por el TPI

el 22 de septiembre de 2022. No obstante, el 28 de febrero de 2023,

notificada el 1 de marzo de 2023, emitimos una Sentencia mediante

la cual desestimamos el recurso por falta de jurisdicción por

prematuro debido a que el TPI aún no había emitido una

determinación en cuanto a Solicitud de Desacato, Reconsideración e

Imposición de Honorarios de Abogado25 presentada por el señor Cruz

Cintrón el 7 de octubre de 2022. Por tanto, se devolvió el caso al TPI

para que adjudicara y notificara su determinación en cuanto a la

solicitud de reconsideración.

       En el recurso KLCE202300414, la señora Rodríguez Correa

solicitó la revisión de una Resolución y Orden emitida por el TPI el

17 de marzo de 2023. El referido recurso, fue desestimado por falta

de jurisdicción por prematuro debido a que el mandato del Tribunal

de Apelaciones, en cuanto a la Sentencia emitida el 28 de febrero de

2023, se notificó el 2 de mayo de 2023. Así pues, el 17 de marzo de

2023, fecha en que el TPI emitió la determinación recurrida, el foro

primario todavía no había adquirido jurisdicción nuevamente para

poder emitir un dictamen en cuanto a la solicitud de reconsideración

que presentó el señor Cruz Cintrón el 7 de octubre de 2022. De este

modo, la Resolución y Orden que emitió el TPI la declaramos nula

mediante Sentencia emitida y notificada el 15 de junio de 2023.

       En el presente recurso, la señora Rodríguez Correa solicita

la revisión de la Resolución emitida el 13 de julio de 2023,

notificada el 19 del mismo mes y año, por el TPI. En dicho

dictamen, el TPI resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: “Ha Lugar.

25 Véase apéndice del recurso, págs. 7-8.
KLCE202300900                                                        9

Se tiene por no puesta la Moción radicada por la parte demandante

el 7 de octubre de 2022, una vez retorne el mandato del Tribunal

de Apelaciones”26. (Énfasis nuestro). Claramente, el foro primario

incumplió nuevamente al emitir la Resolución recurrida sin

jurisdicción, previo al mandato del Tribunal de Apelaciones. El

mandato de la Sentencia emitida el 15 de junio de 2023 por el

Tribunal de Apelaciones se remitió el 8 de agosto de 2023.

       Aun cuando este Foro se ha expresado de forma clara, precisa

y explicativa sobre la figura del mandato, el TPI incide en determinar

sobre controversias que aún no están bajo su jurisdicción. Por ello,

reiteramos nuestras palabras pronunciadas en uno de los recursos

previos, a saber:

       [N]o podemos dejar de mencionar que la figura mandato
       ha sido ampliamente discutida y reiterada y debe ser
       conocida por los foros sujetos a revisión. La falta de
       dicho conocimiento básico implica que, como en este
       caso, se infrinja nuestra política pública de economía
       procesal y acceso a la justicia. Ello pues, estos errores
       procesales atrasan y duplican los procedimientos
       judiciales. Más lamentable aún, estos errores tienen
       repercusiones perjudiciales para los ciudadanos que
       interesan utilizar su derecho a revisión judicial, pues les
       obliga a presentar múltiples recursos, lo cual implica
       multiplicidad de gastos económicos.

       Por consiguiente, el recurso de epígrafe resulta prematuro. A

la luz de lo anterior, el único curso viable a seguir es su

desestimación por falta de jurisdicción.

                                      IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso presentado y devolvemos el caso al TPI para que actúe

conforme a lo aquí resuelto. De igual forma, se ordena a la Secretaría

a desglosar el original del alegato a la apelante.

       Notifíquese.

26 Véase apéndice del recurso, pág. 21.
KLCE202300900                                                    10

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones