Court Opinion

ID: 9901392
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-21 18:13:52.167152+00
Date Added: 2024-06-11T09:21:32.003015
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

  Luis A. Pérez Ríos; Nelson Hernández
      Pérez; William Ramos Torres

                Apelados

                    v.

 Estado Libre Asociado de Puerto Rico;          2023 TSPR 127
    Junta Examinadora de Técnicos de
 Refrigeración y Aire Acondicionado de          213 DPR ___
     Puerto Rico, por conducto del
   Secretario de Justicia, Honorable
  Domingo Emanuelli Hernández; Colegio
 de Técnicos de Refrigeración de Puerto
  Rico, por conducto de su presidente,
          Antonio Figueroa Rey

                Apelantes

Número del Caso:   AC-2023-0001

Fecha:   12 de octubre de 2023

Tribunal de Apelaciones:

     Panel VI

Abogado de la parte apelante:

     Lcdo. Miguel A. Rosario Reyes

Oficina del Procurador General:

     Hon. Fernando Figueroa Santiago
     Procurador General

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

     Lcda. Fabiola Sosa Baco
     Procuradora General Auxiliar

Abogado de la parte apelada:

     Lcdo. Armando del Valle Muñoz

Materia:    Derecho Constitucional – Inconstitucionalidad de la
colegiación compulsoria estatuida en la Ley de la Junta Examinadora
de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
              EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis A. Pérez Ríos; Nelson
Hernández    Pérez; William
Ramos Torres

     Apelados

        v.                            AC-2023-0001

Estado Libre Asociado de
Puerto        Rico;       Junta
Examinadora de Técnicos de
Refrigeración       y      Aire
Acondicionado de Puerto Rico,
por conducto del Secretario
de     Justicia,      Honorable
Domingo Emanuelli Hernández;
Colegio    de    Técnicos    de
Refrigeración de Puerto Rico,
por     conducto      de     su
presidente, Antonio Figueroa
Rey

     Apelantes

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió la Opinión
del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2023.

     Tenemos    nuevamente    ante    nuestra   consideración   una

controversia sobre la constitucionalidad del requisito de

colegiación compulsoria para ejercer una profesión en Puerto

Rico. En esta ocasión, debemos determinar si la colegiación

compulsoria     de   los   técnicos    de   refrigeración   y   aire

acondicionado es el medio menos oneroso que tiene el Estado

para regular esta profesión. Por las razones que expondremos

a continuación, resolvemos en la negativa y decretamos la
AC-2023-0001                                                                       2

inconstitucionalidad                del        requisito      de      colegiación

compulsoria estatuido en la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de

1970, infra.

                                           I

       El 1 de marzo de 2021, los Sres. Luis Pérez Ríos,

William Ramos Torres, Nelson Hernández Pérez y Eliezer Díaz1

(en    conjunto        los    apelados),         técnicos     de    refrigeración

licenciados,           presentaron        una     Demanda     sobre      Sentencia

Declaratoria contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(Estado), la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración

y Aire Acondicionado (Junta Examinadora) y el Colegio de

Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado (Colegio de

Técnicos o el apelante). En esta, impugnaron la validez del

requisito de colegiación compulsoria para los técnicos de

refrigeración          y    aire    acondicionado      en     Puerto     Rico   que

estableció la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según

enmendada, conocida como Ley de la Junta Examinadora de

Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, 20 LPRA sec.

2051 et seq. (Ley Núm. 36).

       En particular, los apelados alegaron que el ejercicio

válido       de   su       profesión      en    nuestra     jurisdicción        está

supeditado        a    la    afiliación         obligatoria    al     Colegio    de

Técnicos y al pago de aportaciones económicas a ese cuerpo,

lo    cual    lesiona        su    derecho      constitucional       a   la   libre

asociación. Asimismo, sostuvieron que existen alternativas

1El foro primario ordenó el desistimiento de la reclamación con respecto
a estos últimos dos demandantes el 14 de junio de 2021 y el 11 de marzo
de 2022, respectivamente. Véase, Apéndice de Apelación, págs. 68, 114.
AC-2023-0001                                                                       3

menos onerosas que la colegiación compulsoria para adelantar

el interés apremiante del Estado de regular la profesión.

Consecuentemente,          solicitaron             que        se      decretara

inconstitucional el requisito de colegiación compulsoria

dentro de la Ley Núm. 36, supra.

      Posteriormente, el Colegio de Técnicos presentó su

Contestación a la Demanda. Arguyó que el Estado tiene un

interés apremiante en regular el oficio de los técnicos de

refrigeración    y   aire     acondicionado         para       proteger       a   la

ciudadanía y el medio ambiente de las sustancias tóxicas que

contienen los refrigerantes. En ese sentido, añadió que la

colegiación    compulsoria      era       necesaria      ya    que    provee      el

mecanismo   adecuado     para       regular    y    garantizar        el   manejo

responsable de estas sustancias. Acorde con ello, solicitó

que se declarara No Ha Lugar la Demanda y se ordenara su

archivo.

      El 16 de marzo de 2022, el Colegio de Técnicos presentó

una Moción de Sentencia Sumaria. Afirmó que, debido a que la

única controversia entre las partes era si la colegiación

compulsoria     impuesta      por    la    Ley     Núm.       36,    supra,       era

inconstitucional, el pleito debía adjudicarse por la vía

sumaria. Además, reiteró que existía un interés apremiante

del Estado en regular la práctica de la refrigeración, ya

que   el   derecho   a   la     salud      y   seguridad        es    asunto      de

trascendental importancia que justificaba la supresión del

derecho individual a la libertad de asociación. Asimismo,

argumentó que el Colegio de Técnicos es el brazo operacional
AC-2023-0001                                                              4

de   la   Junta    Examinadora     para     mantener      los   más   altos

estándares de la profesión, que se cumplen con la colegiación

compulsoria.      Por   último,    indicó    que,    de    eliminarse    el

requisito de colegiación compulsoria, se afectaría la labor

de fiscalización de los técnicos de refrigeración, ya que la

Junta Examinadora carece de fondos para realizar esa tarea.

Por esta razón, razonó que la colegiación compulsoria era el

medio menos oneroso para salvaguardar la salud ambiental y

de los puertorriqueños.

      Por su parte, los recurridos presentaron una Moción en

Solicitud de Sentencia Sumaria y en Cumplimiento de Orden.

Arguyeron que la imposición de la colegiación compulsoria en

la Ley Núm. 36, supra, violentaba su derecho fundamental a

la libre asociación. Asimismo, indicaron que el Estado no

logró demostrar un interés apremiante que justificara la

colegiación obligatoria de los técnicos de refrigeración y

aire acondicionado para poder ejercer la profesión. De igual

forma,    sostuvieron     que     el   Estado   no   demostró      que   la

colegiación compulsoria era la medida menos restrictiva para

alcanzar los objetivos que persigue la Ley Núm. 36, supra.

Por último, insistieron que la incapacidad presupuestaria de

la Junta Examinadora no justifica la violación al derecho a

la libertad de asociación y solicitaron que se declarara

inconstitucional el requisito de colegiación compulsoria en

controversia.

      El foro primario dictó Sentencia y concluyó que la

colegiación compulsoria no es el medio menos oneroso para
AC-2023-0001                                                                       5

que el Estado cumpliera con su interés apremiante de regular

la    profesión    de     los    técnicos       de    refrigeración     y    aire

acondicionado.            Conforme          a        ello,        declaró         la

inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de los

técnicos    de     refrigeración            y   aire     acondicionado           por

contravenir su derecho a la libre asociación.

       Inconforme, el Colegio de Técnicos presentó una Moción

de Reconsideración que fue declarada No Ha Lugar por el

Tribunal de Primera Instancia. Insatisfecho, el apelante

acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Subsiguientemente,

los    recurridos       presentaron      su     Alegato      en    Oposición       a

Apelación y el Estado presentó un Alegato.

       El foro apelativo intermedio                  confirmó la Sentencia

apelada.        Expresó         que    la       controversia         sobre        la

constitucionalidad         de    la    colegiación       compulsoria        es    un

asunto de derecho que se puede atender sin tener que realizar

descubrimiento de prueba ni celebrar un juicio plenario. En

específico, resolvió que existen medios menos onerosos que

la colegiación compulsoria para proteger el interés del

Estado en regular la práctica de la técnica de refrigeración

y aire acondicionado y que el apelante no demostró que la

colegiación compulsoria era la única manera de proteger a

los profesionales y a la ciudadanía. A tales fines, añadió

que el Colegio de Técnicos y la Junta Examinadora poseen

otros mecanismos de fiscalización y tienen la facultad para

regular    la    profesión       más   rigurosamente         sin    imponer       la

colegiación compulsoria. Por último, indicó que la alegación
AC-2023-0001                                                        6

sobre la limitación de fondos de la Junta Examinadora no es

suficiente para coartar el derecho a la libre asociación.

        En desacuerdo, el Colegio de Técnicos presentó una

Apelación    ante   nos   y   expuso   el   señalamiento   de   error

siguiente:

        COMETIÓ ERROR EL [TRIBUNAL DE APELACIONES] AL NO
        DEVOLVER EL CASO AL [TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA]
        PARA QUE SE PRESENTARA PRUEBA CONDUCENTE A CONCLUIR
        QUE EL ESTADO POSEE MEDIDAS MENOS ONEROSAS QUE LA
        COLEGIACIÓN   COMPULSORIA   PARA    PROTEGER  A  LA
        CIUDADANÍA Y AL AMBIENTE DE LAS SUSTANCIAS NOCIVAS
        QUE   SE   UTILIZAN   EN   LA    INDUSTRIA   DE  LA
        REFRIGERACIÓN.

        Expedido el recurso y contando con la comparecencia de

las partes, procedemos a resolver.

                                  II

                                  A.

        La Constitución de Puerto Rico establece el derecho que

tienen las personas a asociarse y organizarse libremente

para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares

o cuasi militares. Art. II, Sec. 6, Const. PR, LPRA, Tomo 1,

ed. 2016, pág. 299. En nuestra sociedad, el derecho a la

libre     asociación   es     fundamental    y   está   directamente

relacionado a la dignidad humana y la democracia. Rodríguez

Casillas et al. v. Colegio, 202 DPR 428, 433 (2019). Además,

hemos reconocido que este derecho necesariamente presupone

el derecho de las personas a no asociarse. Rivera Schatz v.

ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 811-812 (2014). Asimismo,

hemos destacado que este derecho es distinto y más amplio

que el que se consagró en la Constitución de Estados Unidos.

Íd., pág. 811.
AC-2023-0001                                                          7

        La colegiación compulsoria de una clase profesional

inevitablemente      infringe   el   derecho   a   la   libertad     de

asociación de los afectados. Rodríguez Casillas et al. v.

Colegio, supra, pág. 448. En ese sentido, cuando el Estado

interfiere con este derecho, deberá superar un escrutinio

constitucional estricto. Íd., pág. 449. Entiéndase, se debe

demostrar la existencia de un interés apremiante que haga

necesaria la actuación del Estado. Íd. Esto es, que el Estado

pruebe que no tenía a su alcance medidas menos onerosas para

lograr el interés articulado. Íd. A tales fines, recordamos

que, en este ejercicio, se presume que la medida impugnada

es inconstitucional. San Miguel Lorenzana v. ELA, 134 DPR

405, 425 (1993).

        Por otro lado, mediante el poder de razón del Estado (o

police power, en inglés), la Asamblea Legislativa puede

prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito

de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y

bienestar general de la comunidad. Rodríguez Casillas v.

Colegio, supra, págs. 339-340; Domínguez Castro et al. v.

ELA I, 178 DPR 1, 36 (2010). En este ejercicio, la Asamblea

Legislativa tiene la facultad de regular la práctica de las

profesiones, con excepción de la jurídica, para proteger la

salud    y   el   bienestar   público,   evitar    el   fraude   y   la

incompetencia. Íd., pág. 440; Accurate Sols. v. Heritage

Enviromental, 193 DPR 423, 434 (2015). Sobre esto, hemos

expresado que:

        El Estado puede establecer unos requisitos de
        conocimientos  mínimos,  capacidad,  destreza,
AC-2023-0001                                                        8

        entereza   moral   o  cualquier   otro   que   esté
        racionalmente relacionado con el objetivo de
        garantizar que los examinados posean la competencia
        para practicar la profesión en forma adecuada.

        El Estado también puede prohibir la práctica de la
        profesión si no se ha obtenido antes una licencia,
        permiso o certificado de alguna entidad u oficial
        examinador. De este modo, se ha delegado en las
        Juntas Examinadoras la tarea de corroborar que un
        ciudadano posea los conocimientos y las destrezas
        necesarias para ejercer determinada profesión. A
        estos organismos se les ha reconocido una extensa
        discreción “en la fijación de las normas y
        procedimientos que han de regir los procesos de
        admisión o certificación de personas al ejercicio”
        de profesiones u oficios. (Negrilla suplida).
        (citas omitidas). Marcano v. Departamento Estado,
        163 DPR 778, 786 (2005).

Sobre    los   beneficios   de   las   Juntas   Examinadoras,   hemos

expresado que:

        [...]     las    agencias    gubernamentales     se
        responsabilizan de asegurar que las personas
        encargadas de la salud y el bienestar públicos
        tengan el conocimiento y la competencia adecuados.
        Esto sólo puede lograrse definiendo las condiciones
        de admisión a las ocupaciones y la permanencia en
        las mismas.

        En segundo lugar, la especialización intensa que
        caracteriza a nuestra compleja sociedad con
        frecuencia significa que el público podría no
        distinguir entre los profesionales competentes y no
        competentes, honestos y deshonestos. Por lo tanto,
        las agencias gubernamentales que se encargan de
        otorgar licencias cumplen una función vital al
        proteger a la gente del fraude y la deshonestidad.

        En tercer lugar, al licenciar sólo personal
        competente y bien adiestrado, las agencias que
        otorgan licencias pueden proteger la vida y la
        propiedad.[...]

        En cuarto lugar, las juntas ‘le proveen al
        ciudadano promedio que cuenta con poco tiempo y
        dinero, una avenida administrativa rápida, sencilla
        y económica para resarcirse’ de la negligencia
        profesional, la deshonestidad o la inmoralidad.

        En   quinto  lugar,   mediante  las   penalidades,
        impuestas por los diferentes estatutos —tales como
AC-2023-0001                                              9

    la revocación de la licencia— las agencias que
    otorgan   licencias    podrían   obligar   a   los
    profesionales ya licenciados a mantener estándares
    altos en su profesión.

    En sexto lugar, las juntas que otorgan licencias —
    compuestas por expertos—están capacitadas para
    mantenerse al día con los adelantos científicos y
    tecnológicos y asegurarse de que el estándar de
    servicios disponibles para las personas está en
    armonía con el progreso científico moderno”.
    Rodríguez Casillas v. Colegio, supra, pág. 441,
    citando a: Román v. Trib. Exam. de Médicos, 116 DPR
    71, 79 esc. 5 (1985).

                            B.

    La Ley Núm. 36, supra, se creó con el propósito de

regular la práctica de los técnicos de refrigeración y aire

acondicionado en Puerto Rico. Entre sus disposiciones, creó

la Junta Examinadora y autorizó la creación del Colegio de

Técnicos. Con respecto a la Junta Examinadora, se le delegó

los deberes y facultades siguientes:

    (a) Autorizará el ejercicio del oficio de técnico
    de refrigeración y aire acondicionado en Puerto
    Rico, mediante la concesión de licencia a aquellas
    personas que reúnan los requisitos y condiciones
    que se fijan en esta ley;
    (b) Llevará un registro oficial de las licencias
    expedidas y un libro de actas de las sesiones o
    reuniones que celebre;
    (c) Seleccionará un Presidente de entre sus
    miembros;
    (d) Adoptará un reglamento para su funcionamiento
    interno; el cual deberá ser aprobado dentro del
    término de un año de haber quedado constituida
    debidamente la Junta.
    (e) Examinará a aquellas personas que soliciten
    licencia y cualifiquen para ello de acuerdo a lo
    dispuesto en el artículo 9;
    (f) Investigará las violaciones a esta ley, a
    iniciativa propia, o por querella formulada ante
    dicho organismo por persona perjudicada o por un
    técnico de refrigeración y aire acondicionado
    debidamente licenciado;
    (g) Cancelará permanente o provisionalmente la
    licencia por las razones que se consignan en esta
    ley,
AC-2023-0001                                                 10

     (h) Celebrará las reuniones y sesiones que sean
     necesarias para llevar a cabo sus funciones, previa
     convocatoria del Presidente.
     (i) Realizará cualquier gestión y tendrá cualquier
     otra facultad, en adición a las consignadas, que
     sea necesaria para cumplir con las disposiciones de
     esta ley. Art. 7 de la Ley Núm. 36, 20 LPRA sec.
     2057. (Negrilla suplida).

     Sobre la expedición y renovación de la licencia, la Ley

Núm. 36, supra, establece que las personas que soliciten

renovación     de   la   licencia   deberán   acreditar   estar

debidamente colegiados y que sus cuotas por este concepto

estén al día. 20 LPRA sec. 2060. Por su parte, el Art. 11

faculta a la Junta a denegar la concesión de una licencia a

cualquier persona que:

     (1) Trate de obtener una licencia mediante fraude
     o engaño.
     (2) No reúna los requisitos para obtener la
     licencia establecidos por esta ley.
     (3) Haya sido declarada incapacitada mentalmente
     por un tribunal competente; o se estableciera ante
     la Junta mediante peritaje médico su incapacidad,
     disponiéndose que la licencia podrá otorgarse tan
     pronto   la  persona   sea   declarada   nuevamente
     capacitada y si reúne los demás requisitos
     dispuestos por esta ley.
     (4) Sea narcómano o alcohólico, disponiéndose que
     la licencia podrá otorgarse tan pronto esta persona
     pruebe estar capacitado y si reúne los demás
     requisitos dispuestos por esta ley. 20 LPRA sec.
     2061.

     Por su parte, el Art. 12, 20 LPRA sec. 2061, establece

que la Junta podrá revocar temporal o permanentemente una

licencia que haya expedido, previa notificación y audiencia,

a cualquier persona que:

     (a) Haya sido declarada incapacitada mentalmente
     por un tribunal competente; o se estableciera ante
     la Junta mediante peritaje médico su incapacidad;
     Disponiéndose que la misma puede restituirse tan
     pronto   la  persona   sea  declarada   nuevamente
AC-2023-0001                                                11

    capacitada, y si reúne los demás requisitos
    dispuestos en esta ley.
    (b) Sea narcómano o alcohólico, disponiéndose que
    la misma puede restituirse tan pronto esté
    capacitado y si reúne los requisitos dispuestos en
    esta ley.
    (c) Haya sido suspendido como miembro del Colegio
    por no pagar cuotas, disponiéndose que la Junta
    podrá restituirle la licencia al expirar el término
    decretado de suspensión y haberse pagado al Colegio
    la totalidad de las cuotas adeudadas al momento de
    decretarse por la Junta la suspensión de la
    licencia.
    (d) Haya sido convicto de delito grave o delito que
    implique depravación moral.
    (e) Haya incurrido, a juicio de la Junta, en
    negligencia crasa en la práctica como técnico de
    refrigeración y aire acondicionado.
    (f) Haya obtenido una licencia mediante fraude o
    engaño.
    (g) Conducta inmoral en el ejercicio de su oficio.
    (Negrilla suplida).

    En contraste, el estatuto dispone que el Colegio de

Técnicos tendrá los deberes siguientes:

    (a) Gestionar y contribuir al mejoramiento de las
    relaciones y lazos de compañerismo entre las
    personas dedicadas al ejercicio del oficio de
    técnico de refrigeración y aire acondicionado.
    (b) Determinar y auspiciar medidas de protección
    para sus miembros y que, a su vez, protejan a la
    comunidad.
    (c) Sostener una saludable y estricta moral en el
    ejercicio del oficio por los colegiados. Art. 22 de
    la Ley Núm. 36, 20 LPRA sec. 2073.

    Asimismo, el Art. 23 de la Ley, 20 LPRA sec. 2073,

dispone que el Colegio tendrá facultad para lo siguiente:

    (a) Subsistir a perpetuidad bajo ese nombre,
    demandar y ser demandado, como persona jurídica.
    (b) Poseer y usar un sello, que podrá alterar a su
    voluntad.
    (c) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como
    inmuebles, por donación, legado, tributos entre sus
    propios miembros, compra o de otro modo; y
    poseerlos, hipotecarlos, arrendarlos y disponer de
    los mismos en cualquier forma.
    (d) Nombrar los oficiales y funcionarios.
    (e) Adoptar su reglamento, que será obligatorio
    para todos los miembros, y para enmendar aquél, en
AC-2023-0001                                                            12

     la forma y bajo los requisitos que en el mismo se
     estatuyan.
     (f) Adoptar e implantar los cánones de ética que
     regirán la conducta de sus miembros.
     (g) Recibir e investigar las quejas que se formulen
     respecto a la conducta de los miembros en el
     ejercicio del oficio, pudiendo remitirlas a la
     Junta de Gobierno para que actúen, y después de una
     vista preliminar, en la que se dará oportunidad al
     interesado, si encontrara causa fundada instituir
     la correspondiente querella ante la Junta. Nada de
     lo dispuesto en esta disposición se entenderá en el
     sentido de limitar o alterar la facultad de la Junta
     para   iniciar   por   su   propia   cuenta    estos
     procedimientos.
     (h) Proteger a sus miembros en el ejercicio del
     oficio, y mediante la creación de montepíos,
     sistemas de seguro y fondos especiales, o en
     cualquier otra forma, socorrer a aquellos que se
     retiren por inhabilidad física o avanzada edad y a
     los herederos o a los beneficiarios de los que
     fallezcan.
     (i) Ejercitar las facultades incidentales que
     fueren necesarias o convenientes a los fines de su
     creación y que no estuvieren en desacuerdo con esta
     ley.

     Por último, la Ley faculta al Colegio de Técnicos para

suspender a los miembros que hayan dejado de pagar su cuota

de membresía si no logran pagar lo adeudado dentro de un

término razonable. Art. 29 de la Ley Núm. 36, 20 LPRA sec.

2079. Asimismo, podrá notificar la suspensión a la Junta

Examinadora    para   que   se    radique   y   tramite   la    querella

correspondiente para la revocación de la licencia de técnico

de refrigeración y aire acondicionado. Íd.

                                   III

     Inicialmente, el Colegio de Técnicos arguyó que la

colegiación    compulsoria       era   necesaria   ya   que    provee   el

mecanismo   adecuado   para      regular    y   garantizar     el   manejo

responsable de las sustancias nocivas que contienen los

refrigerantes. En cambio, en la etapa apelativa ha sostenido
AC-2023-0001                                                              13

que el caso de autos debe devolverse al Tribunal de Primera

Instancia para que se realice un descubrimiento de prueba

que permita determinar si existe un medio menos oneroso que

la   colegiación      compulsoria      para   adelantar      el     interés

apremiante del Estado en regular la práctica de los técnicos

de refrigeración y aire acondicionado. De manera similar, el

Estado propone en su alegato que es imprescindible que este

foro evalúe con un enfoque práctico factores de efectividad

y viabilidad del medio menos oneroso para adelantar su

interés apremiante. No les asiste la razón. Veamos.

     En primer lugar, contrario a lo que aduce el apelante

y el Estado, estamos ante una controversia de estricto

derecho   que    no   requiere    el    desfile       de   prueba    ni   la

celebración de juicio para resolverse. Por ello, no hay

impedimento para que se disponga de la causa de acción por

la vía sumaria. Consecuentemente, los tribunales solo están

llamados a aplicar correctamente la normativa legal de rigor

para determinar si la colegiación compulsoria que estableció

la Ley Núm. 36-1970, supra, supera un escrutinio estricto.

     Nuestro análisis no requiere que auscultemos si el

esquema regulatorio actual es efectivo y viable aun sin la

colegiación     compulsoria.     En    cambio,   lo    que   requiere     el

escrutinio estricto es que evaluemos si existe una medida

menos onerosa que la colegiación compulsoria para adelantar

el interés apremiante del Estado. Es decir, si bajo el

esquema regulatorio actual, la colegiación compulsoria es
AC-2023-0001                                                           14

necesaria para adelantar el interés apremiante del Estado,

nada más.

      Sin duda, el Estado ostenta un interés apremiante en

regular las distintas profesiones y oficios que se ejercen

en Puerto Rico y ha creado diversas leyes y reglamentos para

ese fin. En lo que nos atañe, la Ley Núm. 36, supra, se creó

con   el    propósito    de    reglamentar   el     ejercicio     de   la

instalación y reparación de equipos de refrigeración y aire

acondicionado    en     Puerto    Rico.   Además,    creó    la    Junta

Examinadora y proveyó para instituir el Colegio de Técnicos.

      En particular, la Asamblea Legislativa expresó que la

existencia y el uso de refrigerantes y aires acondicionados

por la gran mayoría de la ciudadanía hace indispensable que

tengamos     técnicos    con     conocimiento     adecuado    para     su

instalación y reparación. Exposición de Motivos, Ley Núm.

36, supra. Además, expuso que la reglamentación del Estado

de esta actividad es indispensable para proteger el interés

público, y para que el público en general pueda procurar los

servicios de personas debidamente cualificadas y licenciadas

por el Estado a estos fines. Íd. Entiéndase, es mediante

esta legislación que la Asamblea Legislativa                 estableció

específicamente los deberes y funciones que tendrán los

organismos que creó mediante el estatuto para hacer valer su

interés de regular la profesión.

      Entre los deberes y facultades de la Junta Examinadora,

se destacan los siguientes: autorizar el ejercicio de la

técnica de refrigeración y aire acondicionado en Puerto Rico
AC-2023-0001                                                              15

mediante la concesión de licencia a las personas que cumplan

con los requisitos de la Ley; examinar a las personas que

soliciten licencia y cualifiquen para ello; investigar las

violaciones a la Ley Núm. 36, supra, a iniciativa propia o

por querella que presente ante sí una persona perjudicada o

un     técnico         licenciado;         cancelar      permanente        o

provisionalmente la licencia por las razones que consigna la

Ley; y realizar cualquier gestión y facultad, adicional a

las consignadas, que sea necesaria para cumplir con las

disposiciones de la Ley. Art. 7 de la Ley Núm. 36, supra.

      Conforme a lo anterior, queda de manifiesto que la Junta

Examinadora es el organismo facultado para fiscalizar la

técnica      de     refrigeración      y   aire    acondicionado.       Como

expresamos, la Junta Examinadora concede la licencia para el

ejercicio     de     este    oficio,   examina     a   las   personas    que

solicitan la licencia, puede investigar las violaciones a la

ley que regula el oficio, y puede realizar cualquier gestión

que sea necesaria para cumplir con su ley habilitadora. El

hecho de que el Colegio de Técnicos pueda adoptar los cánones

de   ética    que    rijan    la   conducta   de   sus   miembros   no    es

suficiente para conducirnos a validar que la obligatoriedad

de su membresía es necesaria para la regulación del ejercicio

de la técnica de refrigeración y aire acondicionado. De igual

forma, tampoco lo es la facultad para recibir e investigar

quejas que se formulen respecto a la conducta de sus miembros

en el ejercicio del oficio ni sus otros deberes y facultades

que no tienen relación con la regulación de la profesión.
AC-2023-0001                                                                       16

      En cuanto a esto último, nótese que, de encontrarse

causa fundada, lo que procede según la Ley es presentar la

querella correspondiente ante la Junta Examinadora. Art. 23

de la Ley Núm. 36, supra. Además, el mismo artículo destaca

que esta facultad del Colegio de Técnicos no limita o altera

la   facultad      de       la   Junta     Examinadora       para   comenzar        a

iniciativa propia un procedimiento disciplinario. Es decir,

queda aún más claro que la Junta Examinadora es la entidad

que regula el oficio que nos ocupa y que, en ese sentido, el

Colegio de Técnicos funciona como un ente facilitador o

auxiliar.

      De   esta    manera,         queda      patente    que   la   colegiación

obligatoria       de    los       técnicos      de    refrigeración       y    aire

acondicionado          no    supera      el     escrutinio      constitucional

estricto al que está sujeta por incidir sobre el derecho a

la libre asociación de los técnicos de refrigeración y aire

acondicionado. Recordemos que para validar la intromisión

con un derecho fundamental como lo es el de libre asociación,

el Estado debe demostrar un interés apremiante que la haga

necesaria. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, supra, pág.

813. No albergamos duda de que el Estado puede regular el

ejercicio     de       los       técnicos      de     refrigeración       y    aire

acondicionado mediante la Junta Examinadora, organismo que

tiene las facultades en ley para ello y que no limita la

libertad de asociación de los profesionales sujetos a su

jurisdicción.      Es esta entidad la que tiene el deber y

facultad    para       mantener     los     más      altos   estándares       de   la
AC-2023-0001                                                          17

profesión; la apelada ni el Estado nos han puesto en posición

de concluir lo contrario. Siendo ello así, resolvemos que la

colegiación compulsoria que revisamos es inconstitucional ya

que no es necesaria para adelantar el interés apremiante del

Estado.

     No obstante, lo que este Tribunal hoy resuelve no

implica que el Colegio de Técnicos debe desaparecer, sino

todo lo contrario. Como ya ha ocurrido respecto a otras

profesiones     y    oficios   cuya    colegiación      compulsoria   se

declaró   inconstitucional,      el    Colegio    de    Técnicos   podrá

subsistir de manera que su membresía sea voluntaria y atraiga

con sus servicios a los técnicos que quieran beneficiarse de

estos.

                                  IV

     Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se

decreta    la       inconstitucionalidad     de        la   colegiación

compulsoria instituida en la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de

1970, 20 LPRA sec. 2051 et seq.

     Se dictará Sentencia de conformidad.

                                          Mildred G. Pabón Charneco
                                                 Jueza Asociada
             EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis A. Pérez Ríos; Nelson
Hernández    Pérez; William
Ramos Torres

     Apelados

        v.                        AC-2023-0001

Estado Libre Asociado de
Puerto        Rico;       Junta
Examinadora de Técnicos de
Refrigeración       y      Aire
Acondicionado de Puerto Rico,
por conducto del Secretario
de     Justicia,      Honorable
Domingo Emanuelli Hernández;
Colegio    de    Técnicos    de
Refrigeración de Puerto Rico,
por     conducto      de     su
presidente, Antonio Figueroa
Rey

     Apelantes

                          SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2023.

     Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se
decreta   la   inconstitucionalidad  de   la   colegiación
compulsoria instituida en la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de
1970, 20 LPRA sec. 2051 et seq.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rivera García está conforme y emite las expresiones
siguientes:

    “Estoy conforme por los fundamentos que esbocé en
    mi Opinión de Conformidad en Vélez Colón y otros
    v. Colegio de Optómetras de Puerto Rico y otros,
    2023 TSPR 79, 211 DPR __ (2023). Ante un esquema
    regulatorio en el cual el colegio profesional se
    limita a auxiliar la junta examinadora, sin
AC-2023-0001                                               2

    ostentar funciones distintas y separadas que
    igualmente contribuyan al adelantamiento del
    poderoso    interés   estatal,   la   colegiación
    compulsoria      representa    una     imposición
    innecesaria. En estas circunstancias, la ausencia
    de funciones regulatorias asignadas al gremio
    confirma la evidente viabilidad de un esquema que
    prescinde de una afiliación compelida por fuerza
    de ley.”

     “El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente del
resultado al que hoy se llega y hace constar las
siguientes expresiones:

    El requisito de colegiación compulsoria, que se
    exige en nuestro País como condición para ejercer
    determinadas profesiones, es una medida de
    protección social. El mismo, a todas luces, puede
    cohabitar en nuestro ordenamiento jurídico con el
    derecho constitucional a la libre asociación. Uno
    no cancela al otro. Sobre el particular, véase
    nuestra Opinión de Conformidad en Reyes Sorto y
    otros v. ELA y otros, 2023 TSPR 62, 211 DPR_ (2023)
    y nuestra Opinión Disidente en Delucca Jiménez v.
    Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y
    otros, 2023 TSPR 119.

    Al una mayoría de este Tribunal sentenciar lo
    contrario, decretando la inconstitucionalidad de
    la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, 20 LPRA sec.
    2051 et seq., esta vez en lo relacionado al
    requisito de colegiación compulsoria de las y los
    técnicos de refrigeración y aire acondicionado
    como condición para ejercer la referida profesión
    en nuestra jurisdicción, disentimos con el
    resultado al que se llega en el día de hoy.”.

     El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente
sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez no intervino.

                          Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                         Secretario del Tribunal Supremo