Court Opinion

ID: 9841269
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-09-21 18:14:18.832116+00
Date Added: 2024-06-11T08:43:06.055937
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VI

 MARIBEL REYES RIVERA                                     Apelación procedente
                                                          del Tribunal de Primera
         APELANTE                                         Instancia, Sala Superior
                                                          de Bayamón
               v.                   KLAN202300625
                                                          Caso Núm.:
   SUNNOVA ENERGY                                         HU2023CV00266
 CORPORATION Y OTROS
                                                          Sobre: Daños y
         APELADOS                                         perjuicios
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                   SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2023.

       Comparece ante nosotros la señora Maribel Reyes Rivera (Sra.

Reyes Rivera), quien impugna un dictamen denominado Sentencia emitido

el 24 de mayo de 2023 y notificado al día siguiente por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En su determinación,

el TPI declaró con lugar el escrito judicial presentado por Sunnova Energy

Corporation (Sunnova). En consecuencia, con el fin de que los litigantes

agotaran la vía arbitral, desestimó sin perjuicio la Demanda incoada por la

Sra. Reyes Rivera.

       Del tracto procesal se desprende que el TPI no atendió la Moción de

desestimación instada por el codemandado SolarTec, Inc. (SolarTec) ni la

correspondiente Moción en oposición a solicitud de desestimación que

interpuso la compareciente.1 Sin embargo, la decisión judicial parcial que

examinamos no cumplió con la formalidad estatuida en la Regla 42.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. Así pues, el

dictamen recurrido no adquirió la finalidad exigida para considerarse una

sentencia revisable mediante un recurso de apelación. A tales efectos,

acogemos el recurso presentado ante nuestra consideración como una

1 Véanse, entradas 17, 23 y 26 en el expediente electrónico del caso de epígrafe en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).

Número Identificador

SEN2023______________
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petición de certiorari aunque conserve la clasificación alfanumérica

asignada por la Secretaría de este Tribunal. Asimismo, por los fundamentos

que expondremos, anticipamos la expedición del auto discrecional y la

revocación del dictamen.

                                         I

       La presente causa se inició el 18 de febrero de 2023, ocasión en que

la Sra. Reyes Rivera instó una reclamación sobre daños y perjuicios contra

Sunnova, SolarTec y varias partes con nombres desconocidos.2 Alegó

respecto a los hechos ocurridos lo siguiente:

        .          .       .         .         .        .        .         .
       8. Para el mes de marzo del año 2022, la Demandante y su
       hijo mayor de edad, Xavier Antongiorgi Reyes, visitaron la
       residencia donde vivía la hermana y el cuñado de la
       Demandante. Propiedad del cuñado de la Demandante.
       9. El propósito de la visita era conseguir documentos del plan
       médico, seguro social, y cualquier otro documento que fuera
       pertinente para presentarlo en el hospital donde la hermana
       de la Demandante permanecía hospitalizada inconsciente en
       la Unidad de Intensivo.
       10. En esta búsqueda, el hijo de la Demandante encuentra
       documentos que contenían el nombre de la Sra. Maribel
       Reyes Rivera, Demandante.
       11. Al revisar los documentos, la Demandante se percata que
       los mismos son relacionados a un supuesto contrato entre
       la Demandante y la Co-Demandada, Sunnova.
       12. Los documentos contenían falsificada la firma de la
       Demandante.
       13. Según surge de los documentos, los mismos fueron
       transmitidos mediante la plataforma digital “DocuSign”.3
       14. Esta situación le creó a la Demandante preocupación y
       ansiedad ya que, jamás había recibido servicios de
       Sunnova. Tampoco había otorgado ningún tipo de
       contrato para ningún tipo de servicio con Sunnova.
       15. Del contrato se desprende que, se otorgó un contrato a
       Maribel Reyes Rivera (Demandante) a quien en el documento
       se le adjudica la dirección física: Samaria 926, Villa del
       Carmen en Ponce PR 00716. Dirección que no es de la
       Demandante.
       16. El documento identifica a la Demandante como la
       propietaria de la residencia en esa dirección en Ponce.
       Aunque la Demandante reside en Hatillo, Puerto Rico y no
       tiene bienes inmuebles en Ponce.
       17. El documento identifica también como copropietario a:
       Antonio Loza Sardiñas (cuñado de la Demandante, QEPD).

2 Apéndice, págs. 25-32.

3 DocuSign es una empresa que se utiliza para firmar documentos electrónicamente de

conformidad con el “U.S. Electronic Signature in Global and National Commerce Act” y
cuenta con procedimientos para cumplir con el “Uniform Electronic Transactions Act”.
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        Esto a pesar de que la Demandante nunca ha sido co-
        dueña de propiedad alguna en conjunto con el señor
        Loza.
        18. El documento registra de manera falsificada las
        iniciales y firma de la Demandante. Iniciales y firma que
        está jamás plasmó de forma alguna en esos documentos.
        (Énfasis nuestro.)
         .        .        .     .     .       .        .       .

        La Sra. Reyes Rivera adujo haber sufrido angustias mentales al

estar expuesta a acosadoras gestiones de cobro por una cuenta

presuntamente ilegítima y ver afectado su historial crediticio. Imputó

negligencia a Sunnova al no adoptar precauciones para evitar vincularla de

manera incorrecta como cliente y firmante del contrato. En consideración a

sus daños, solicitó una indemnización de $500,000, más gastos y

honorarios.

        El 31 de marzo de 2023, Sunnova presentó una moción mediante la

cual solicitó la desestimación sin perjuicio de la causa y el referido al

procedimiento de arbitraje.4 También arguyó falta de parte indispensable,

en alusión al señor Antonio Loza Sardiñas y a la hermana de la Sra. Reyes

Rivera. En lo que nos compete, Sunnova sostuvo que la Sra. Reyes Rivera

“suscribió” el Contrato de Compra de Energía o PPA, posteriormente

enmendado. Planteó que el acuerdo en cuestión comprendía una cláusula

de arbitraje, en la cual las partes consintieron resolver cualquier

controversia, reclamación o desacuerdo mediante el procedimiento de

arbitraje. Añadió que el Contrato incluía también la renuncia del derecho de

ventilar controversias contractuales ante los tribunales de justicia.

Argumentó que, de conformidad con la doctrina de separabilidad, las

cláusulas de arbitraje son separables e independientes del Contrato.

Razonó que, cualquier reclamo para anular un contrato en el que se

convino un pacto de arbitraje, descansaba en el árbitro la evaluación de la

validez del acuerdo y la resolución de toda disputa que surgiera de la

relación contractual.5

4 Apéndice, págs. 33-44, con anejos a las págs. 45-70.

5 Cabe señalar que Sunnova expuso ciertos antecedentes de la disputa, ventilados ante

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La versión ofrecida fue confrontada
por la Sra. Reyes Rivera. Ahora, debemos aclarar que del expediente electrónico del
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       La Sra. Reyes Rivera se opuso al pedimento.6 Reiteró que su causa

de acción versaba sobre la falsificación ilegal de su firma. Por ende,

aseveró que las cláusulas contractuales, incluyendo las concernientes al

arbitraje, no la obligaban, puesto que nunca firmó el documento por la

plataforma DocuSign. Apuntó lo siguiente:

       .          .        .         .        .        .        .         .
       8. Antes de atender cualquier controversia sobre la
       cláusula de arbitraje que es parte del contrato objeto de esta
       controversia, es importante que este Honorable Tribunal
       celebre una vista evidenciaria en la cual pueda estar en
       posición de resolver la alegación firme y expresa de la
       Demandante cuando reclama jamás haber firmado
       contrato alguno con Sunnova Energy. De hecho, la
       reclamación principal de esta causa de acción es
       precisamente la falsificación de la firma de la Demandante en
       dicho contrato que tuvo el efecto de acarrear daños
       adicionales contra la Demandante. (Énfasis nuestro.)
       .         .       .         .        .        .     .        .

       En apoyo a su planteamiento, citó al Tribunal Supremo de Estados

Unidos en el caso AT&T Techs. V. Communs. Workers of Am., 475 US 643

(1986), en el que se estableció que corresponde al tribunal interpretar el

acuerdo arbitral y adjudicar si las partes tenían o no la intención de someter

las reclamaciones a dicho proceso. De manera persuasiva, citó el caso

Fabian v. Renovate America, Inc., 42 Cal.App.5th 1062 (2019). A la luz de

este, enfatizó que no se puede obligar a un proceso de arbitraje, cuando

una parte no ha demostrado la legitimidad de la firma plasmada en el

acuerdo contractual que contiene la cláusula de arbitraje.

       Con relación a la ausencia de parte indispensable argüida, la Sra.

Reyes Rivera ripostó que Sunnova omitió explicar las razones de cómo los

intereses del Sr. Loza Sardiñas, su hermana o alguna sucesión pudiesen

verse afectados por el dictamen judicial. Añadió que, de entender que los

aludidos deben responder en una acción de nivelación, Sunnova puede

SUMAC no surge que se haya sometido documento alguno relacionado con el trámite
administrativo. Por consiguiente, estamos impedidos de considerar aquellos anejos
atinentes al DACo, presentados inapropiadamente por Sunnova en esta etapa procesal.
Es sabido que las normas que rigen los procedimientos apelativos dictan nuestra
abstención sobre cuestiones no planteadas en primera instancia. Scotiabank v. Sucn.
Quiñones et al., 206 DPR 904, 930 (2021).
6 Apéndice, págs. 71-90.
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traerlos al pleito como terceros demandados, al palio de la Regla 12 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.

        El 25 de mayo de 2023, el TPI notificó el dictamen impugnado. 7

Declaró con lugar la Comparecencia especial solicitando paralización o

desestimación sin perjuicio y referido a arbitraje o en la alternativa,

desestimación por falta de acumulación de parte indispensable.

Consecuentemente, desestimó sin perjuicio la Demanda y remitió la

controversia al procedimiento de arbitraje. Insatisfecha, la Sra. Reyes

Rivera solicitó infructuosamente la reconsideración de la decisión.8 El 27

de junio de 2023, el TPI notificó su Resolución denegatoria.9

        No conteste todavía, acudió oportunamente ante este foro

intermedio y señaló la comisión de los siguientes errores:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que las
        partes pactaron atender sus controversias bajo el método
        alterno de arbitraje. Esto, a pesar de que la demandante
        jamás consintió ni compareció en acuerdo alguno con los co-
        demandados recurridos ni consintió ninguna cláusula de
        arbitraje.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al no celebrar una vista
        evidenciaria para que la parte Dermandante-Recurrente
        tenga oportunidad de probar que, en efecto, nunca
        compareció en ningún contrato con los co-demandados.

        Sunnova y SolarTec presentaron sendos alegatos de oposición. Con

el beneficio de la comparecencia de las partes en litigio, podemos resolver.

                                          II

                                          A

        El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012);

véase, además, Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46,

págs. 27-28, 211 DPR __ (2023). Al respecto, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, en lo pertinente,

dispone como sigue:

7 Apéndice, págs. 91-92.

8 Apéndice, págs. 93-101. Refiérase, además, al Apéndice, págs. 102-112.

9 Apéndice, pág. 24.
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       .         .         .           .        .       .        .       .
       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al
       denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos
       casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
       su decisión. (Énfasis nuestro.)
        .        .        .        .       .       .       .        .

     El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido “que ciertas

determinaciones      interlocutorias       pueden   afectar   sustancialmente   el

resultado del pleito o tener efectos limitativos para la defensa o reclamación

de una parte o conllevar cuestiones neurálgicas o de política pública que

deben estar sujetos a revisión de forma inmediata.” Torres González v.

Zaragoza Meléndez, supra, pág. 29, que cita a R. Hernández Colón,

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,

Ed. LexisNexis, 2017, § 5515a, pág. 533.

     Como se conoce, la expedición o denegación de un recurso de

certiorari está sujeta a un análisis dual. Este examen consta de una parte

objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, tenemos que analizar si la

materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una de

las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, debemos o no expedir

el auto de certiorari. A estos fines, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, y sirve como guía directiva para determinar si

expedimos o no un auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza

Meléndez, supra, págs. 30-31, que cita a G. Coll Martí y N. Jiménez
KLAN202300625                                                                      7

Velázquez, Práctica Apelativa, en Perspectivas en la práctica apelativa: 25

años del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, San Juan, Eds. SITUM,

2018, págs. 19-20. Los criterios a seguir y a los que hemos impartido

énfasis, son los siguientes:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
           caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa no causa un fraccionamiento indebido del
           pleito y una dilación indeseable en la solución final
           del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.

       De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos evaluar

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido

[o] una dilación injustificada del litigio.” (Énfasis nuestro.) Torres Martínez

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción

judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,10 sino

que como Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes

señalados. Si luego de evaluar las referidas guías decidimos no expedir el

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, pero no tenemos la

obligación de así hacerlo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. En esencia, “la

discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto del Derecho y,

por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento

10 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).
KLAN202300625                                                              8

judicial para así llegar a una conclusión justiciera.” Torres González v.

Zaragoza Meléndez, supra, pág. 28. Asimismo, este foro revisor está

autorizado a intervenir con las determinaciones de las primeras instancias

judiciales, cuando “se demuestre que hubo un craso abuso de discreción,

o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial.” Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

                                     B

      Dispone el Código Civil de 2020, en su Artículo 1230, que “[e]l

contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes

expresan su consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear,

regular, modificar o extinguir obligaciones.” (Énfasis nuestro.) 31 LPRA sec.

9751. El contrato se perfecciona “desde que las partes manifiestan su

consentimiento sobre el objeto y la causa.” (Énfasis nuestro.) Art. 1237

del Código Civil, 31 LPRA sec. 9771. Una vez convergen los elementos

esenciales del contrato, entonces, lo pactado “tiene fuerza de ley entre las

partes, ante sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone la ley.”

Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9754. Por tanto, si el contrato es

legal y válido, los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de

cumplir con lo que se obligó a hacer. De Jesús González v. A.C., 148 DPR

255, 271 (1999); Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 DPR 448, 462 (1975).

      Reza el Código Civil de 2020 que “[e]xiste consentimiento por el

concurso de la oferta y de la aceptación cuando el oferente recibe la

aceptación.” (Énfasis nuestro.) Art. 1238 del Código Civil, 31 LPRA sec.

9772. Se entiende por oferta aquel “acto jurídico unilateral, dirigido a una

persona determinable, que contiene los elementos necesarios para la

existencia del contrato propuesto, o el medio para establecerlos.” (Énfasis

nuestro.) Art. 1239 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9773. La aceptación se

define como “el acto jurídico unilateral, puro y simple por el cual se presta
KLAN202300625                                                               9

conformidad a una oferta.” (Énfasis nuestro.) Art. 1241 del Código Civil,

31 LPRA sec. 9775.

       Como se conoce, “[e]s facultativo contratar o no hacerlo.”

Engieneering Services v. AEE, 209 DPR 1012, 1028 (2022); PRFS v.

Promoexport, 187 DPR 42, 55 (2012). Es decir, si no existe la voluntad de

obligarse, o fundamento razonable para concluir que esta existe, no surge

un vínculo contractual. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 293 (2001);

refrendado en Engieneering Services v. AEE, supra. En todo caso, ante la

ausencia del consentimiento, el negocio jurídico es nulo. Art. 342 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 6312.

       También se conoce, de ordinario, que las partes prestan su

consentimiento mediante sus firmas. La Real Academia Española define

firma como el “rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma

manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos

para aprobar o dar autenticidad a un documento.”11 Por su parte, el Artículo

282 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6174, define la firma ológrafa

como “el trazo exclusivo de una persona, escrito de su puño y letra con la

intención de que se le atribuya la autoría de un acto y la manifestación de

su conformidad.” “[U]na vez reconocida la firma en juicio o declarada su

autenticidad por el juez hace plena fe de su contenido ante su otorgante y

sucesores universales…” M. R. Garay Aubán, compilador, Código Civil de

2020 y su Historial Legislativo: Artículos, Referencias, Concordancias,

Notas del Compilador y Memoriales Explicativos, 2da ed. corregida y

ampliada, San Juan, Ediciones SITUM, 2021, T. 1, pág. 419.

       Claro está, en respuesta a los adelantos tecnológicos, nuestro

ordenamiento ha provisto la viabilidad de las firmas electrónicas. Al

respecto, la Ley Núm. 148 de 8 de agosto de 2006, “Ley de Transacciones

Electrónicas”, 10 LPRA sec. 4081, et seq., que reglamenta las

transacciones electrónicas, promulgó una legislación que protege y

fomenta el desarrollo de las vías tecnológicas para fines comerciales y, a

11 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, www.rae.es.
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su vez, establece controles para prevenir el fraude y los abusos

potenciales. Véase, Exposición de Motivos. Abunda el legislador: “Es el

propósito de esta Asamblea Legislativa promover y facilitar la participación

de Puerto Rico en los mercados nacionales e internacionales; y fomentar

el desarrollo de la infraestructura legal necesaria para que nuestros

ciudadanos puedan disfrutar, de manera confiable y segura, de los

beneficios del comercio electrónico a nivel nacional y global.” Exposición

de Motivos.

       Adelante, citamos los incisos 12 y 13 del Artículo 2, 10 LPRA sec.

4081 (12-13), del estatuto, en los cuales se distingue la firma digital y la

firma electrónica:

        .         .      .         .       .        .       .        .
       (12) “Firma digital” — es un tipo de firma electrónica que
       se representa como un conjunto de datos, sonidos,
       símbolos o procesos en forma electrónica, creados por
       una llave privada que utiliza una técnica asimétrica para
       asegurar la integridad del mensaje de datos a través de
       un código de verificación, así como el vínculo entre el
       titular de la firma digital y el mensaje de datos remitido.
       En la conversión de un mensaje con firma digital, la persona
       que tiene el mensaje o comunicación inicial y la llave pública
       del signatario puede determinar con exactitud si:

       i. la conversión se realizó utilizando la llave privada que
       corresponde a la llave pública del signatario;

       ii. el mensaje o comunicación ha sido alterado desde que
       realizó la conversión.

       (13) “Firma Electrónica” — es la totalidad de datos en forma
       electrónica consignados en un mensaje, documento o
       transacción electrónica, o adjuntados o lógicamente
       asociados a dicho mensaje, documento o transacción, que
       puedan ser utilizados para identificar al signatario e indicar
       que este aprueba la información recogida en el mensaje,
       documento o transacción. (Énfasis nuestro.)

       Cónsono con lo anterior, el Código Civil de 2020 acepta que “el

consentimiento pueda darse por medios electrónicos”. L. Muñiz Argüelles;

M. Fraticelli Torres, et al., El Código Civil de Puerto Rico de 2020: Primeras

Impresiones, Fideicomiso Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico,

2021, pág. 198. A esos efectos, establece lo que sigue:

       Artículo 281. — Instrumento privado; valor probatorio.12

12 31 LPRA sec. 6173.
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       Es instrumento privado el que contiene una manifestación
       escrita y firmada de la voluntad de su otorgante.

       El supuesto otorgante de un instrumento privado a quien
       se atribuye una firma, debe declarar si es suya o no, pero
       sus sucesores deben limitarse a declarar si saben que es la
       firma de su causante o si no lo saben.

       El reconocimiento de la firma implica el reconocimiento
       del contenido del instrumento privado.

       El instrumento privado con firma reconocida en un juicio hace
       plena fe entre sus otorgantes y sucesores universales.
       (Énfasis nuestro.)

       Por tratarse de una manifestación escrita de la voluntad, que no

cuenta con la intervención de un funcionario o un notario, el documento

privado requiere la firma de su otorgante. Comenta el profesor Gray Aubán

que “[e]l reconocimiento de firma puede ser espontáneo o provocado en

juicio, y abarca también la atribución judicial de la firma.” Añade que el

supuesto firmante debe declarar si la firma le pertenece. M. R. Garay

Aubán, op. cit., págs. 418-419.

                                     C

       Como corolario del principio de libertad contractual, se creó el

arbitraje como un mecanismo flexible de disolución de disputas mediante

el cual las partes voluntariamente delegan el manejo y fin de estas en una

tercera persona imparcial: el árbitro. De este modo, “dos o más partes

pueden convenir por escrito en someter a arbitraje cualquier controversia

que pudiera ser objeto de una acción existente entre ellos a la fecha del

convenio o de cualquier controversia futura.” Constructora Estelar v. Aut.

Edif. Pub., 183 DPR 1, 32 (2011). A esos fines, el Artículo 1 de la “Ley de

Arbitraje Comercial en Puerto Rico”, Ley Núm. 376 del 8 de mayo de 1951,

32 LPRA sec. 3201, et seq, dispone que “[t]al convenio será válido, exigible,

e irrevocable salvo por los fundamentos que existieran en derecho

para la revocación de cualquier convenio.” (Énfasis nuestro.)

       Así pues, el arbitraje es una figura inherentemente contractual que

se puede exigir únicamente cuando se ha pactado y ello consta por

escrito. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., supra, pág. 32. Por

consiguiente, si bien existe una vigorosa política pública a favor
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del arbitraje como método alterno para la solución de disputas, no se

puede compeler a una parte a someterse a un proceso de arbitraje si

así no lo ha pactado. H.R., Inc. V. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597,

605 (2014). Por lo dicho, ante la existencia de una controversia en torno a

si las partes están obligadas a participar en el acuerdo de arbitraje, estas

tienen el derecho de acudir a los tribunales. Art. 4 de la Ley de Arbitraje, 32

LPRA sec. 3204. Por ello, una de las controversias que las partes sí tienen

derecho a dirimir ante los tribunales es aquella relacionada a la obligación

de arbitrar. Id. “[L] a determinación de si un acuerdo crea el deber de las

partes de arbitrar una controversia en particular es tarea judicial.” S.L.G.

Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359, 367 (2010).

                                      III

       La Sra. Reyes Rivera aduce que el TPI incidió al referir la disputa

sobre la alegada falsificación de su firma e iniciales al procedimiento de

arbitraje, sin antes celebrar una vista en la que pueda demostrar que nunca

fue parte del Contrato. Sunnova y SolarTec, de otro lado, parten del

planteamiento de la validez de las firmas electrónicas y digitales, lo que no

está en controversia, e invocan la doctrina de separabilidad de las cláusulas

de arbitraje, lo que aplica solamente si media un acuerdo consentido. En

sus escritos, los recurridos hacen una adjudicación a priori de que la firma

y las iniciales en el contrato pertenecen, sin más, a la Sra. Reyes Rivera.

Sobre esa premisa, arguyen acerca del “pacto” a arbitrar las controversias.

Sin embargo, ambos litigantes hacen abstracción de las alegaciones de la

Demanda, las cuales versan precisamente sobre la falta de consentimiento

de la peticionaria por causa de la presunta falsificación de su firma e

iniciales en el Contrato, así como que no tiene relación con la titularidad del

inmueble recipiente del servicio. Incluso, Sunnova niega la naturaleza

extracontractual de la causa, basándose en que la relación entre las partes

es contractual.

       Según reseñamos, el consentimiento es un elemento sine qua non

para la existencia de un negocio jurídico. El ordenamiento provee para que
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ese consentimiento pueda prestarse mediante una firma electrónica o

digital, salvaguardando que una parte no queda vinculada si su firma ha

sido falsificada. Conforme lo esbozado, el ordenamiento civil dispone que

la firma es la manifestación escrita de la voluntad de un contratante. Si se

imputa el haber consentido mediante su firma, el presunto otorgante debe

declarar si, en efecto, la firma es o no suya. Véase, 31 LPRA sec. 6173.

Cuando el otorgante reconozca haber firmado o se pruebe que este firmó,

entonces, queda obligado por el contrato, toda vez que “[l]a firma es

componente inexcusable en el instrumento privado” y cumple dos

funciones: demostrar voluntad e imputar autoría.13

        Esa es la cuestión principal. ¿Firmó o no el Contrato la Sra. Reyes

Rivera o, por el contrario, la firma e iniciales fueron falsificadas? La

disyuntiva es una cuestión de prueba. Para su adjudicación, el TPI dirigió

la resolución de esa controversia al foro arbitral aun cuando, tomándose

por correctas las alegaciones de la Demanda, todavía no controvertidas,

ciertamente la Sra. Reyes Rivera no estaría vinculada por ninguna de las

cláusulas contractuales, incluyendo las que confieren competencia al foro

arbitral, por más amplias que estas sean. Ello así, porque la peticionaria

impugnó el consentimiento, un elemento esencial de la contratación,

relacionado con la existencia misma de la totalidad del acuerdo. Al tenor de

lo anterior, sostiene que no es parte contratante.

        ¿Debe dirimirse en primera instancia la aludida impugnación?

Respondemos en la afirmativa y concluimos que el TPI erró al referir a

arbitraje la validez o invalidez del consentimiento de la peticionaria. El

arbitraje, por su naturaleza contractual, tiene que ser consentido por los

otorgantes. No se puede exigir a una parte que someta a arbitraje cualquier

disputa si no ha aceptado dicho procedimiento. De hecho, la autoridad de

los árbitros para resolver controversias nace del acuerdo de sumisión de

los contendientes. Véase, AT&T Techs. V. Communs. Workers of Am., 475

13 M. R. Garay Aubán, compilador, Código Civil de 2020 y su Historial Legislativo: Artículos,

Referencias, Concordancias, Notas del Compilador y Memoriales Explicativos, 2da ed.
corregida y ampliada, San Juan, Ediciones SITUM, 2021, T. 1, pág. 419.
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US 643, 648-649 (1986); American Arbitration Association, Commercial

Arbitration Rules and Mediation Procedures, efectivas desde el 1 de

septiembre de 2022.14 Asimismo, no se debe considerar por pactado un

acuerdo de arbitraje cuando la alegación principal de una parte es que

nunca compareció ni consintió contrato alguno y, para hacer valer sus

derechos, acudió al foro judicial.

       Con relación a la vista que solicita la Sra. Reyes Rivera,

examinemos a Fabián v. Renovate America, Inc., 42 Cal.App.5th 1062

(2019). En ese caso, la señora Rosa Fabián presentó una queja contra

Renovate. Alegó que, sin ella solicitarlo, Renovate la llamó por teléfono en

torno a un acuerdo de financiamiento de unos paneles solares. Fabián

aseguró que no firmó física ni electrónicamente por DocuSign el referido

acuerdo. Sostuvo que su firma electrónica fue colocada en el contrato sin

su consentimiento, autorización o conocimiento. No obstante, Renovate

incorporó los pagos de los paneles a su préstamo hipotecario.

       Trabada la controversia, por virtud de las cláusulas contractuales,

Renovate peticionó que la disputa se dirimiera mediante arbitraje. Luego

que las partes participaron del descubrimiento de prueba, el Tribunal

celebró una vista y denegó la solicitud de Renovate. La empresa apeló el

dictamen y el foro revisor confirmó. Este concluyó que Renovate, más allá

de sus propias declaraciones, no demostró por preponderancia de la

prueba que Fabián firmó electrónicamente el contrato en cuestión. En

particular, Renovate no autenticó la firma, al no ofrecer detalles específicos

sobre las circunstancias que rodearon el alegado consentimiento; ni hizo

ninguna referencia a DocuSign o al proceso utilizado para obtener y

verificar las iniciales y la firma digital de Fabián o sobre cómo se verificó la

identificación de la signataria como la persona que realmente firmó el

contrato. Fabián v. Renovate America, Inc., supra, págs. 1069-1070.

       En la causa presente, como en Fabián, fue cuestionada la

legitimidad de la firma y las iniciales plasmadas en el Contrato, lo que

14 Acceder en www.adr.org/commercial.
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implica la no aceptación de ninguna de sus cláusulas, incluyendo aquellas

que remiten a arbitraje la resolución de disputas. Somos del criterio que es

al TPI al que le compete, en primera instancia, pasar juicio para determinar

si la firma electrónica o digital que aparece en el Contrato fue realizada o

no por la Sra. Reyes Rivera y, por ende, la vincula o no al cumplimiento de

las obligaciones contenidas en la letra del acuerdo, incluyendo el arbitraje.

        En suma, al examinar la totalidad de las circunstancias del caso y

los hechos bien alegados en la Demanda, los cuales no han sido

controvertidos, y en aras de evitar un fracaso de la justicia, resolvemos que

el TPI debe justipreciar, a base de la preponderancia de la prueba, la

controversia de si la firma e iniciales en el Contrato, en efecto, fueron o no

falsificadas. Nótese que este caso no versa sobre un contrato firmado por

sus otorgantes, que posteriormente es impugnado por una de las partes

por vicios en el consentimiento. Aquí tampoco se disputan asuntos sobre

el servicio, mantenimiento, reparación, facturación, etc., ya que la Sra.

Reyes Rivera asevera que no reside en el inmueble en el que se instalaron

los paneles solares. Tales situaciones serían materia de arbitraje si así se

hubiera pactado. Por el contrario, este caso se asienta en unas alegaciones

plausibles acerca de la inexistencia de un contrato por ausencia de

consentimiento, debido a la alegada falsificación de la firma y las iniciales

de la peticionaria. Como mencionamos, la intervención de un árbitro

descansa en la voluntariedad de las partes y, ante la presunta ausencia de

un pacto válido, no procede ventilar la disputa ante el trámite alterno de

resolución de conflictos. Incluso, el Contrato establece que “[e]l árbitro no

adjudicará la compensación a favor o en contra de cualquier persona que

no sea parte.”15

        Recuérdese también que, ante una solicitud fatal de desestimación,

el tribunal debe “considerar si a la luz de la situación más favorable al

demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es

suficiente para constituir una reclamación válida.” Pressure Vessels P.R. v.

15 Apéndice, pág. 55, acápite 18.
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Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). Al realizar este examen,

opinamos que la desestimación tuvo el efecto de privar a la Sra. Reyes

Rivera de su día en corte para hacer valer sus contenciones. La decisión

que revocamos no es acorde con la política pública judicial inclinada a

favorecer que los casos se ventilen en sus méritos. Véase, Mejías et al. v.

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012). Al fin y al cabo, nuestra

autoridad emana del “elemental principio de que los tribunales existen

únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes

opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar

sus relaciones jurídicas.” E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 (1958).

                                     IV

       Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y se

revoca la determinación judicial impugnada. En consecuencia, se devuelve

el caso ante el Tribunal de Primera Instancia y se ordena la celebración de

una vista evidenciaria para dirimir únicamente la legitimidad o no de la firma

e iniciales de la Sra. Maribel Reyes Rivera en el Contrato de Compra de

Energía o PPA.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones