Court Opinion

ID: 9381078
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:58.601996+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.579740
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL IX

 IVETTE NEDINIA CORTÉS                     Apelación
    IRIZARRY Y OTROS                       procedente del
                                           Tribunal de Primera
          Apelados                         Instancia, Sala de
                             KLAN202300006 San Juan
               v.

 METRO HATO REY INC. Y                            Civil núm.:
        OTROS                                     SJ2021CV06586

          Apelados
                                                  Sobre:
                                                  IMPERICIA MÉDICA

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el
Juez Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      Este Recurso se atiende como Certiorari, por recurrirse

contra una Orden o Resolución y fue presentado por Luis Rosado

Ríos, el 4 de enero de 2023. En adelante nos podríamos referir al

Sr. Rosado Ríos también como peticionario o recurrente.

      Una de las partes apeladas ha presentado su oposición al

recurso. Se trata de la parte demandante ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante TPI) y aquí

recurrida, Sra. Ivette Nedinia Cortés Irizarry.

      Mediante escrito titulado Moción Comentando Oposición a la

Apelación, la parte peticionaria ha presentado un escrito no

contemplado por las Reglas de este Tribunal y se ordena el

desglose de este.

      El recurso está perfeccionado y procedemos con su

adjudicación.

      Por las razones que exponemos, denegamos el auto de

certiorari.

Número Identificador
RES2023_________
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                                           I.

         La demanda se presentó ante el TPI el 8 de octubre de 2021

a las 7.37.33 de la mañana.1 En esta se incluyeron como partes

demandadas a Metro Hato Rey, Inc., T/C/C Hospital Pavía Hato

Rey; Dr. Ángel L. Narváez Morell, por si y en representación de la

sociedad de gananciales compuesta con Jane Narváez y Jane

Narváez por sí y en representación de la sociedad; Dr. Héctor M.

Cott Dorta, por sí y en representación de la sociedad de

gananciales compuesta con Jane Cott y Jane Cott por sí y en

Representación de la Sociedad; Dra. Marjorie Acosta Guillot, por

sí y en representación de la sociedad de gananciales compuesta

con Juan Acosta y Juan Acosta por sí y en representación de la

Sociedad; Long Life Home, Inc., Aseguradoras A, B, C, D.2

         El Agente Residente de Long Life Home, Inc., según surge

del Departamento de Estado, fue identificado como Luis Rosado y

a este se le diligenció el emplazamiento de dicha corporación.

         Long Life Home, Inc. compareció al proceso mediante

representación legal, a través de los abogados José R. Olmo

Rodríguez y Julio A. González Nieves. Estos, en representación de

dicha corporación contestaron la demanda y prepararon su parte

correspondiente en el Informe Sobre el Manejo del Caso. Luego,

el 24 de agosto de 2022, ambos abogados presentaron al TPI,

Moción Sobre Renuncia de Representación Legal, para que se les

relevara de su representación de Long Life Home, Inc.

         Ante dicha renuncia de representación, el TPI concedió la

misma el 24 de agosto de 2022 y ordenó a Long Life Home, Inc.

anunciar nueva representación en 20 días, so pena de anotarle la

1
    Ver Apéndice 10, a la pág. 17 del Recurso.
2
    Ver Apéndice 10, a la pág. 17 del Recurso.
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Rebeldía.3 Al no comparecer nueva representación para esa co-

demandada Long Life Home, Inc., el TPI le anotó la Rebeldía el 5

de octubre de 2022.4

       Con fecha del 20 de octubre de 2022, mediante escrito

titulado “Moción Se Deje Sin Efecto Rebeldía y Extensión de

Tiempo para Contratar Nuevo Abogado”5, se solicitó al TPI por

Long Life Home, Inc., término adicional para contratar abogado,

para lo que se solicitó 30 días.            Con la anuencia de la parte

demandante, el Tribunal de Instancia, con fecha de 24 de octubre

de 2022, dejó sin efecto la anotación de rebeldía de Long Life

Home, Inc., y le concedió 20 días para anunciar su nueva

representación legal.6

       Long Life Home, Inc., no cumplió con lo ordenado, sin

embargo, el Sr. Luis Rosado, en su carácter personal presentó

“Moción de Desestimación”, con fecha de 16 de noviembre de

2022.7     La misma fue contestada y replicada por la parte

demandante mediante escrito titulado “Escrito en Contestación a

Moción de Desestimación”.8 El TPI, con fecha de 18 de noviembre

de 2022, emitió Resolución y Orden que lee como sigue 9:

       “No Ha Lugar a la Moción de Desestimación.
        La parte aquí codemandada, Long Life
        Home, Inc., es una corporación. Por tanto,
        ésta tiene que ser representada por
        abogado/a. El Tribunal accedió a conceder
        un término a dicha parte para comparecer
        con abogado, a solicitud del señor Luis
        Rosado. Sin embargo, ello no lo convierte en
        representante legal de la corporación. De no
        comparecer con abogado la corporación
        Long Life Home, Inc., se reinstalará la
        anotación de rebeldía.     10 días finales”.
        (Énfasis suplido)

3
  Ver Apéndice 2 a la página 2 del Apéndice al escrito de la única recurrida
que compareció.
4
  Ver Apéndice 3 a la página 3 del escrito de la parte recurrida.
5
  Ver Apéndice 4, página 4-5 del escrito de la parte recurrida.
6
  Ver Apéndice 5 a la página 6 del escrito de la parte recurrida.
7
  Ver Apéndice 5 a la página 8 del escrito de la parte recurrida.
8
  Ver Apéndice 6, página 7-8 del escrito de la parte recurrida.
9
  Ver Apéndice 7 a la página 9 del escrito de la parte recurrida.
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     Long Life Home, Inc., no cumplió con dicha orden. Ante su

continuo incumplimiento, el Tribunal reinstaló la anotación de

rebeldía a dicha parte, que, dicho sea de paso, no ha comparecido

a este Tribunal nunca.

     El pasado 3 de enero de 2023, el Sr. Luis Rosado Ríos, por

su propio derecho, sin que el fuera en su carácter personal parte

del caso ante el TPI, presenta esta denominada por él, Apelación,

que ya hemos determinado que se atenderá como Certiorari,

contra una Minuta Orden del TPI que reiteraba que estaba en

Rebeldía la entidad Long Life Home, Inc. que aparentemente es

presidida por el Sr. Rosado Ríos y dictó otras órdenes para la

continuación de trámites pendientes en el caso.

     En dicha denominada Apelación se realiza el siguiente

señalamiento de errores:

     1. Cometió grave error el Tribunal a quo al asumir una

        jurisdicción que nunca tuvo sobre el caso.

     2. Cometió Error al Calendarizar el caso.

     3. Cometió error al ignorarme (SIC) como parte emplazada,

        dos veces, y eludir mi derecho fundamental al debido

        proceso de ley y auto representarme. Un Emplazador me

        llama propietario (el estatal) y el federal me llama “in

        behalf of”.

                                   II.

                                   A.

     El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v.

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR
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307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

      La característica distintiva de este recurso se asienta en la

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra. Dicha discreción es "una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera". 800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v.

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders v.

BBVAPR, supra, pág. 338.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

52.1, establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional

del certiorari. Esta dispone que:

         El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
         órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia, solamente será expedido por el
         Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
         resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
         denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
         No obstante, y por excepción a lo dispuesto
         anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
         revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
         dictadas por el Tribunal de Primera Instancia
         cuando se recurra de decisiones sobre la
         admisibilidad de testigos de hechos o peritos
         esenciales,   asuntos     relativos   a   privilegios
         evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
         relaciones de familia, en casos que revistan interés
         público o en cualquier otra situación en la cual
         esperar a la apelación constituiría un fracaso
         irremediable de la justicia.        Al denegar la
         expedición de un recurso de certiorari en estos
         casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
         fundamentar su decisión.
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        Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
        expedida por el Tribunal de Primera Instancia
        podrá ser revisada en el recurso de apelación que
        se interponga contra la sentencia sujeto a lo
        dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los
        errores no perjudiciales.

     Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de      los   asuntos   que   son   planteados mediante      el

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en

consideración    al   atender   una    solicitud   de   expedición   de

un auto de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente:

        A. Si el remedio y la disposición de la decisión
        recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
        contrarios a derecho.

        B. Si la situación de hechos planteada es la más
        indicada para el análisis del problema.

        C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
        craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
        por el Tribunal de Primera Instancia.

        D. Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más
        elaborados.

        E. Si la etapa del procedimiento en que se
        presenta el caso es la más propicia para su
        consideración.

        F. Si la expedición del auto o de la orden de
        mostrar causa no causan un fraccionamiento
        indebido del pleito y una dilación indeseable en la
        solución final del litigio.

        G. Si la expedición del auto o de la orden de
        mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
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       En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal cuando se

demuestre que “hubo un craso abuso de discreción o que el

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Services v. Cessna

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera Durán v. Banco

Popular, 152 DPR 140, 154 (2000); Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

                                     B.

       La figura de la corporación nace con el motivo de facilitar y

promover las actividades comerciales. Exposición de Motivos de la

Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009 (Ley de

Corporaciones). Miramar Marine et al. v. Citi Walk et al., 198 DPR

684 (2017). Como es sabido, una de las características medulares

de las corporaciones es que las mismas poseen personalidad

jurídica propia, separada y distinta a la de sus incorporadores y

accionistas. Acevedo et al. v. Igl. Católica et al, 200 DPR 458

(2018).10

       A la luz de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico ha

establecido que las corporaciones no pueden comparecer por

derecho propio ante los tribunales de justicia o agencias con

facultades cuasi-judiciales. Por tanto, en las ocasiones en que se

requiera la comparecencia de una corporación ante dichos foros,

deberá estar representada por un abogado admitido a la práctica

10
   Citando a C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho
Corporativo, Colombia, [s. Ed], 2016, págs. 2 y 45; M. Muñoz Rivera, Ley de
Corporaciones de Puerto Rico: Análisis y Comentarios, 1ra ed., San Juan, Ed.
Situm, 2015, pág. 7.
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de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las

personas naturales son las únicas autorizadas para ejercer la

profesión de la abogacía. A modo de excepción, se permite que

una persona natural represente ante los tribunales sus asuntos

propios. Sin embargo, ello no aplica a las personas jurídicas como

lo son las corporaciones. UTIER v. AFF, 137 DPR 818 (1995).

      Por lo anterior, es nula cualquier actuación o dictamen

producto de un proceso en el que una corporación haya

comparecido ante un tribunal u organismo con facultades

adjudicativas sin estar representada por un abogado o

abogada. B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 DPR 825

(1980). (Énfasis suplido).

      Por su parte la Ley 17-1939, 4 LPRA sec. 740, dispone lo

siguiente sobre la penalidad de la práctica ilegal de la abogacía:

             Ninguna persona que no sea abogado
      autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto
      Rico podrá dedicarse al ejercicio de la profesión
      de abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente
      judicial, ni gestionar, con excepción de sus
      asuntos propios, ningún asunto judicial o cuasi
      judicial ante cualquier tribunal judicial;
      Disponiéndose, que la infracción de cualquiera de las
      disposiciones contenidas en esta sección, se
      considerará y castigará como un delito menos grave;
      Disponiéndose, además, que se considerará como
      malpractice y como causa suficiente para desaforo el
      hecho de cualquier abogado autorizar con su firma
      escrituras, alegaciones y documentos en que dicho
      abogado no sea bona fide el verdadero abogado o
      notario del asunto o sustituto de dicho abogado o
      notario; y, disponiéndose, también, que los fiscales
      tendrán el deber de investigar las infracciones de esta
      sección, y en caso de que encontraren justa causa,
      podrán solicitar del Tribunal Supremo el desaforo
      temporal o permanente de cualquier abogado o
      notario que hubiere infringido las anteriores
      disposiciones. (Énfasis suplido.)

                                  III.

      Este recurso fue presentado por el señor Rosado Ríos,

autodenominándose parte apelante pues reclama comparecer por

derecho propio, pero la realidad es que no es parte del caso ante
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el TPI. Ya hemos indicado que el vehículo apropiado para recurrir

ante esta curia, contra una Orden o Resolución, contra la cual

aparentemente el señor Rosado Ríos recurre es el Certiorari.

      La parte en este caso ante el TPI lo es la corporación, Long

Life Home, Inc. que aparentemente es propiedad del señor Rosado

Ríos. El señor Rosado Ríos no es un abogado autorizado por

nuestro Tribunal Supremo para ejercer la práctica legal. Como se

colige de la exposición de derecho, aunque el señor Rosado Ríos,

autodenominándose parte apelante reclama que se le han

violentado derechos a la corporación Long Life Home, Inc., fue a

esta que se le diligenció el emplazamiento y es sobre esta que

tiene jurisdicción el TPI y dicha corporación, tiene que estar

representada por abogado para poder defenderse de los reclamos

en su contra en el caso ante el TPI.

      De   manera    que,   luego   de   analizar   los   argumentos

esbozados en el recurso, junto a los documentos incluidos en el

expediente, declinamos intervenir con la determinación del TPI.

El peticionario, por su parte, no nos demostró que el foro de

instancia incurriese en prejuicio, parcialidad, abuso de discreción

o error, al denegar la petición de desestimación y mantener la

Rebeldía de Long Life Home, Inc., la que permanece sin abogado

que la represente.     Tampoco vemos cumplido alguno de los

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que nos

mueva a intervenir con la determinación del TPI.

      En suma, analizado el recurso a la luz de la Regla

40, supra y la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, no

detectamos motivo alguno para expedir el auto solicitado o para

intervenir con el ejercicio de la discreción que ejerciera el TPI.
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                                IV.

     Por los fundamentos antes expresados, procede denegar el

recurso interpuesto.

     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
             Secretaria del Tribunal de Apelaciones