Court Opinion

ID: 9554688
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:17:29.96448+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:18.850878
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

                                                Certiorari
   JULIO ENRIQUE RUIZ                           procedente del
         COLÓN                                  Tribunal de Primera
                                                Instancia, Sala
           Peticionario           KLCE202300658 Superior de
                                                Aguadilla
                v.
                                                       Caso núm.:
  EDUARDO RUIZ COLÓN                                   A AC2016-0040

           Recurrido                           Sobre: División de
                                               comunidad
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

      El    Tribunal      de   Primera    Instancia   (“TPI”)   aceptó   una

consignación dirigida a que un hermano pudiese comprar del otro

su participación en un inmueble común. Según se explica en detalle

a continuación, concluimos que erró el TPI, pues la consignación no

se hizo de conformidad con los términos de la sentencia que dicho

foro dictó y lo actuado por el TPI es, además, incompatible con su

decisión anterior de rechazar una consignación realizada por el otro

hermano.

                                     I.

      La acción de referencia (“la Demanda”), sobre liquidación de

comunidad hereditaria, se presentó por el Sr. Julio Enrique Ruiz

Colón (el “Peticionario” o “Primer Hermano”) en contra de los

integrantes de la sucesión de Efraín Ruiz Méndez: el Sr. Eduardo

Ruiz Colón (el “Segundo Hermano” o el “Recurrido”), el Sr. Josué

Ruiz Colón (el “Tercer Hermano”) y la Sa. María Magdalena Colón

Santos (la “Viuda”). El Primer Hermano alegó que había adquirido

los intereses de la Viuda y del Tercer Hermano sobre un inmueble

del caudal hereditario (la “Propiedad”). De esta forma, el Primer

Número Identificador
SEN2023________________
KLCE202300658                                                                2

Hermano obtuvo una participación en la Propiedad de un 83.34% y

el Segundo Hermano quedó con una participación de un 16.66%.

       Según una sentencia emitida por el TPI el 3 de mayo de 2019

(la “Sentencia”), el Primer Hermano y el Segundo Hermano (los

“Hermanos”) tendrían 30 días desde que la misma adviniese final y

firme para comprar la participación del otro en la Propiedad

mediante la correspondiente consignación ante el TPI.                  El TPI

dispuso que, si ello no ocurría, la Propiedad sería vendida en pública

subasta, de cuyo producto se satisfarían las participaciones de cada

uno. En efecto, la Sentencia dispone al respecto como sigue (énfasis

suplido):

              Conforme a las determinaciones de hechos y
              conclusiones de derecho esbozadas, el Tribunal
              concede a las partes, una vez la sentencia
              advenga final y firme, 30 días para consignar en
              el Tribunal la cantidad que le corresponde en
              dinero a la otra parte a base de la proporción
              que pertenece a cada uno en el bien […]; esto, de
              interesar alguno adquirir la propiedad inmueble,
              único bien de la Sucesión.

              Si transcurrido dicho término ninguna parte
              consigna la cuantía conforme indicado, el
              Tribunal, a solicitud de parte, ordenará al
              Alguacil Regional vender la propiedad inmueble
              en pública subasta y consignar el valor total
              pagado para ser distribuido por el Tribunal
              conforme la participación de cada parte.1

       Así las cosas, el 7 de abril de 2021, el Primer Hermano, por

derecho propio, consignó en la Secretaría del TPI la suma de

$13,494.60 como pago de la participación del Segundo Hermano en

la Propiedad.2

       El 9 de abril de 2021, el TPI notificó una Orden concediéndole

un término de 15 días al Segundo Hermano para que expusiera su

postura en cuanto a la consignación. El 14 de mayo de 2021, el

Primer Hermano reiteró su petición de que se le ordenase al Segundo

1 Véase Apéndice 2 del Recurso.
2 Véase Autos Originales, Tomo II,  Moción Informativa del 7 de abril de 2020 y
Anejos (Recibo Oficial #17117 de la Unidad de Cuentas del TPI).
KLCE202300658                                                              3

Hermano comparecer a otorgar la escritura que le traspasara la

Propiedad.

        El 20 de mayo de 2021, el Segundo Hermano reconoció que el

Primer    Hermano    había   consignado     la     participación     que   le

correspondía sobre la Propiedad.      Sin embargo, sostuvo que él

también interesaba adquirir la Propiedad, por lo cual le había

extendido una oferta al Primer Hermano para comprarle su

participación   y   asumir   los   gastos     de    la   escritura    y    su

correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad.

        Luego de varios otros trámites, de los cuales surge que no

había acuerdo entre los Hermanos sobre quién compraría a quién,

el TPI, mediante una orden emitida el 2 de julio de 2021, dispuso:

             Véase Sentencia del 3 de mayo de 2019, la cual
             expresa la manera de disponer de la propiedad si
             no existe acuerdo entre las partes.3

        El 12 de julio de 2021, el Primer Hermano insistió en que el

TPI debía aceptar su consignación y ordenar al alguacil comparecer

a firmar, por el Segundo Hermano, una escritura que le traspasara

el título de la Propiedad.

        El 29 de julio de 2021, el TPI emitió una Orden que lee como

sigue: “Véase Sentencia”.

        Una vez más, el 22 de abril de 2022, el Primer Hermano

solicitó que, a la luz de la consignación realizada, se ordenase al

alguacil a firmar la escritura por el Segundo Hermano, para así

traspasarle la titularidad de la Propiedad.

        El 19 de agosto de 2022, el Segundo Hermano solicitó

retirar el dinero consignado por el Primer Hermano. Indicó que

había aceptado vender su participación en la Propiedad y que

estaría disponible para firmar la escritura correspondiente en las

próximas dos semanas.

3 Íd.
KLCE202300658                                                                  4

       El 22 de agosto de 2022, el Primer Hermano solicitó que los

fondos no se entregasen al Segundo Hermano sino hasta luego de

que este firmase la escritura correspondiente. El Primer Hermano

no solicitó la devolución de los fondos consignados.

       Sin que el récord ofrezca explicación alguna al respecto, el TPI,

mediante una Orden de 29 de agosto, ordenó que se devolviera al

Primer Hermano la cuantía que este había consignado para comprar

la participación de su hermano en la Propiedad.4

       El   7   de    septiembre,     el   Primer     Hermano      solicitó   la

reconsideración de la orden de devolución de los fondos consignados

por este. El TPI denegó dicha solicitud mediante una Orden del 16

de septiembre, notificada el 3 de octubre.

       Así las cosas, el 18 de octubre, el Segundo Hermano presentó

una Solicitud de Ejecución de Sentencia, en la cual solicitó la venta

judicial de la Propiedad. Al día siguiente, el Primer Hermano se

opuso a la solicitud de ejecución de sentencia.

       El 6 de diciembre, el TPI declaró con lugar la moción de

ejecución de sentencia presentada por el Segundo Hermano.

       El 21 de diciembre, el Primer Hermano se opuso, una vez más,

a lo solicitado por el Segundo Hermano y reiteró su interés en

comprar la Propiedad. El 23 de diciembre, el TPI denegó la solicitud

del Primer Hermano.

       El 23 de enero, el Primer Hermano, esta vez asistido por

representación legal, reiteró que el TPI había errado al ordenar la

devolución de la suma que él había consignado, especialmente

tomando en cuenta que la misma había sido aceptada por el

Segundo Hermano. Por tanto, planteó que el TPI, en vez, debió velar

por que se otorgara la correspondiente escritura de traspaso al

4 Véase Recibo Oficial #1266 de la Unidad de Cuentas del TPI del 12 de septiembre

de 2022 y Carta del TPI del 14 de septiembre de 2022 dirigida al Primer Hermano
en la que se le notifica el envío del Cheque núm. 1266 por concepto de la
devolución de los fondos consignados en el caso.
KLCE202300658                                                         5

Primer Hermano. Arguyó que, al haberse realizado la consignación

por el Primer Hermano, y aceptado la misma por el Segundo

Hermano, el TPI ya no podía ordenar la venta judicial de la

Propiedad.

      Mientras tanto, el 16 de febrero, el Segundo Hermano informó

que había consignado en la Secretaría del TPI la suma de

$67,910.40 con el fin de comprar la participación del Primer

Hermano en el Inmueble.

      Mediante una Orden emitida al día siguiente, y notificada

el 21 de febrero (la “Orden”), el TPI aceptó la consignación

hecha por el Segundo Hermano.

      El 27 de febrero, el Primer Hermano presentó una moción con

la cual devolvió el cheque que el TPI le había expedido con el fin de

devolver el dinero anteriormente consignado por este. En la misma,

indicó lo siguiente:

             El 12 de septiembre de 2022, la unidad de
             cuentas emitió el cheque #1266 p[o]r la cantidad
             de $13,494.60 a favor del [Peticionario]. Dicho
             Cheque no fue aceptado por el [Peticionario] y se
             acompaña para que la unidad de cuentas, lo
             cancele y ponga a disposición del [Recurrido], una
             vez este firme la escritura de cesión de
             participación, los fondos consignados.

      Ese mismo día (27 de febrero), el Primer Hermano solicitó la

reconsideración de la Orden; planteó que, desde agosto de 2022, el

Segundo Hermano había aceptado vender su participación en la

Propiedad por la cantidad consignada por el Primer Hermano, por lo

que aquél estaba impedido de ir contra sus propios actos. Por tanto,

solicitó que se “dej[ase] sin efecto la orden del 17 de febrero de 2023”

(la Orden), mediante la cual el TPI había aceptado la consignación

realizada por el Segundo Hermano.

      El 10 de mayo, el TPI notificó una Resolución y Orden

mediante la cual denegó la referida moción de reconsideración y

dispuso que las partes debían comparecer, en 30 días, a otorgar una
KLCE202300658                                                                 6

escritura de traspaso al Segundo Hermano, so pena de que el

Alguacil Regional compareciera en sustitución del Primer Hermano.

         Inconforme, el 9 de junio, el Primer Hermano presentó el

recurso que nos ocupa; formula los siguientes señalamientos de

error:

              1. Erró el TPI al aceptar la consignación por parte
                 del Demandado peticionado, sin permitir a la
                 parte demandante – Peticionaria, Oponerse a
                 la misma conforme ordena la Regla 8.4 de
                 Procedimiento Civil, lo que violenta el derecho
                 a un debido proceso de ley del Demandante
                 Peticionario,    tanto     en   su   modalidad
                 sustantiva, como procesal.

              2. Erró el TPI al aceptar la consignación por parte
                 del Demandado peticionado, cuando existía
                 un contrato de transacción judicial válido
                 entre las partes y el demandado – peticionado
                 actuó en contra de sus propios actos y no
                 notificó adecuadamente su moción.

         Ordenamos al Segundo Hermano mostrar causa por la cual

no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la decisión

recurrida; el Segundo Hermano compareció.                  Con el beneficio

adicional de los autos del caso, resolvemos5.

                                      II.

         El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders, et al

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León,

176 DPR 913, 917 (2009). Contrario al recurso de apelación, el

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el

certiorari. Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina

5 Contrario a lo planteado por el Segundo Hermano, la moción de reconsideración

del Primer Hermano se refería explícitamente a la Orden, por lo cual interrumpió
el término para solicitar la revisión de la misma. No tiene pertinencia que el
Segundo Hermano entienda que son erróneos los fundamentos específicos que el
Primer Hermano escogió para apoyar su moción de reconsideración.
KLCE202300658                                                         7

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR a la pág.

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

indica las resoluciones u órdenes interlocutorias susceptibles de

revisión por el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. Ahora

bien, la citada regla no se extiende a las resoluciones post-sentencia.

Ello porque estas determinaciones no pueden ser revisadas en

apelación, pues no habrá sentencia posterior que se pueda apelar.

G Builders, 185 DPR a la pág. 339.

      Por tanto, en este caso, al solicitarse la revisión de una

determinación post-sentencia, la Regla 52.1, supra, no restringe

nuestra autoridad para expedir el auto solicitado. Adviértase que el

asunto traído ante nuestra consideración no es susceptible de

revisión posterior en el contexto de la apelación de una sentencia.

      Así pues, al evaluar la procedencia de la expedición de un auto

de certiorari post-sentencia, debemos recurrir a la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La precitada regla establece los criterios que se deben examinar al

determinar si expedimos un auto de certiorari:

            (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.

            (B) Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

            (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
            por el Tribunal de Primera Instancia.

            (D) Si el asunto planteado exige consideración
            más detenida a la luz de los autos originales, los
            cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.

            (E) Si la etapa del procedimiento en que se
            presenta el caso es la más propicia para su
            consideración.

            (F) Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa no causan un fraccionamiento
KLCE202300658                                                                 8

             indebido del pleito y una dilación indeseable en la
             solución final del litigio.

             (G) Si la expedición del auto o de la orden de
             mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

                                       III.

      Concluimos que erró el TPI al aceptar la consignación hecha

por el Segundo Hermano. En primer lugar, dicha consignación es

contraria a la Sentencia, pues fue hecha años luego de que la misma

adviniese final y firme. Sin embargo, en la Sentencia se dispuso que

tal consignación debía realizarse dentro de los 30 días de que esta

adviniese final y firme.

      En    segundo     lugar,    la      aceptación      de    esta    segunda

consignación    es    incompatible       con     que    dicho   foro    hubiese,

anteriormente, rechazado la consignación realizada por el Primer

Hermano (la “Primera Consignación”).              De hecho, en todo caso,

había más razones para aceptar la Primera Consignación, en

comparación con la hecha por el Segundo Hermano, pues (i) el

Segundo Hermano había informado al TPI que aceptaba la Primera

Consignación y que comparecería a otorgar una escritura para

traspasar la Propiedad al Primer Hermano, (ii) la Primera

Consignación se hizo mucho antes que la consignación realizada por

el Segundo Hermano, y (iii) el Primer Hermano ha sido consecuente

en su interés por adquirir la Propiedad; no así el Segundo Hermano.

      Al   haber     rechazado,   sin         razón    aparente,   la   Primera

Consignación, el TPI ya no podía aceptar una posterior consignación

por la otra parte. El TPI únicamente podía: (i) dejar sin efecto lo

actuado en cuanto a la Primera Consignación, permitiendo así que

el Primer Hermano consigne nuevamente la participación de su

hermano, sobre la base de que el Segundo Hermano manifestó

formalmente su aceptación de la misma, con lo cual se concretó el

acuerdo contemplado por la Sentencia, o (ii) determinar que no

hubo, ni hay, tal acuerdo y, al haber transcurrido el término que las
KLCE202300658                                                        9

partes tenían para consignar bajo la Sentencia, procede la venta

judicial de la Propiedad.

      En la continuación del trámite de referencia, y salvo que las

partes lleguen a algún acuerdo, el TPI deberá optar por una de las

dos alternativas señaladas en el párrafo anterior. De optarse por la

venta judicial de la Propiedad, resaltamos que ello no impediría a

cualquiera de los Hermanos licitar en la correspondiente subasta.

                                    IV.

      Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari

solicitado y se revoca la Orden del 17 de febrero de 2023; se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia para trámites ulteriores

compatibles con lo aquí resuelto y expuesto.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones