Court Opinion

ID: 9952301
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:38:42.499435+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:37.722792
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

EVALIZ RIVERA                                         REVISIÓN
MEDINA y NITZA                                        procedente del
LÓPEZ AVILÉS                                          Departamento de
                                                      Asuntos del
Recurrente                                            Consumidor
                               KLRA202400067
        v.                                            Caso Núm:
                                                      SAN-2023-0012541
B & K AUTO
CORP.; ANIBAL                                         Sobre:
BALBUENA;                                             Compra Venta de
PENTAGON                                              Vehículo de Motor
FEDERAL CREDIT
UNION

Recurrido

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

       Mediante Recurso de Revisión Administrativa, acompañado de

una Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago el Arancel por

Razón de Indigencia1, comparece ante este Foro, por derecho propio,

la señora Evaliz Rivera Medina (señora Rivera Medina o recurrente).

Aunque       en   su   escrito   no     hace   referencia   específica   a   la

determinación administrativa que procura revisemos, entendemos

que solicita la revisión de la Resolución dictada por el Departamento

de Asuntos del Consumidor (DACo), el 15 de septiembre de 2023,

notificada el 27 del mismo mes y año. Por medio de dicha Resolución,

el DACo declaró Ha Lugar la querella presentada por la señora

Rivera Medina en contra de la parte coquerellada, B&K Auto, Corp.2

1 Se declara ha lugar dicha petición.
2 Asimismo, desestimó la querella de epígrafe presentada en contra de la parte

coquerellada, Pentagon Federal Credit Union.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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      Hemos analizado el expediente cuidadosamente y, debido a

que el recurso de revisión judicial se presentó tardíamente, procede

su desestimación por falta de jurisdicción.

                                 I.

                                 A.

      Es norma trillada de derecho que las partes -incluso los que

comparecen por derecho propio- tienen el deber de cumplir fielmente

las normas para el perfeccionamiento de los recursos ante este foro

apelativo. Es decir, estos deben observar rigurosamente las

disposiciones reglamentarias establecidas para la forma, contenido,

presentación y notificación de los escritos. Hernández Jiménez, et

als. v. AEE, 194 DPR 378, 382-383 (2015). Ello, ante la necesidad

de colocar a los tribunales apelativos en posición de decidir

correctamente los casos, con el beneficio de un expediente completo

que permita conocer claramente la controversia que tiene ante sí.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

      De no observarse las disposiciones reglamentarias sobre el

perfeccionamiento, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación

del recurso. Véase, Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR

281, 290 (2011).   Claro está, ante la severidad de esta sanción,

nuestro Tribunal Supremo exige que nos aseguremos que el

quebrantamiento    de   dichos   postulados   haya   provocado   un

impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso

en los méritos. Por lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro

procederá la desestimación. Román et als. v. Román et als., 158 DPR

163, 167 (2002).

                                 B.

      Como es sabido, los tribunales deben ser guardianes celosos

de la jurisdicción, la cual se define como “el poder o autoridad con

el que cuenta un tribunal para considerar y decidir los casos y

controversias ante su consideración”. Metro Senior v. AFV, 209 DPR
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203 (2022); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101

(2020). Las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas con

preferencia, toda vez que la falta de esta no es susceptible de ser

subsanada. El foro judicial carece de discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay, por lo que, si un tribunal se percata

que no la tiene, debe así declararlo y desestimar el caso. Ruiz Camilo

v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018); Hernández Colón v.

Policía de Puerto Rico, 177 DPR 121, 135 (2009); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).

       En lo concerniente al caso de autos, la Sección 4.2 de la Ley

Núm.    38-2017,     conocida    como    la   Ley   de    Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (en adelante,

LPAU), 3 LPRA sec. 9672, autoriza que se solicite la revisión judicial

de decisiones administrativas. En esta Ley se establece el término

jurisdiccional que tiene una parte afectada para instar un recurso

de esta índole:

       Una parte adversamente afectada por una orden o
       resolución final de una agencia y que haya agotado
       todos los remedios provistos por la agencia o por el
       organismo administrativo apelativo correspondiente
       podrá presentar una solicitud de revisión ante el
       Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
       treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo
       en autos de la copia de la notificación de la orden o
       resolución final de la agencia o a partir de la fecha
       aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título,
       cuando el término para solicitar la revisión judicial haya
       sido interrumpido mediante la presentación oportuna
       de una moción de reconsideración.

       A su vez, la sección 9655 dispone que:

       La parte adversamente afectada por una resolución u
       orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte
       (20) días desde la fecha de archivo en autos de la
       notificación de la resolución u orden, presentar una
       moción de reconsideración de la resolución u orden. La
       agencia dentro de los quince (15) días de haberse
       presentado dicha moción deberá considerarla. Si la
       rechazare de plano o no actuare dentro de los quince
       (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a
       correr nuevamente desde que se notifique dicha
       denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días,
       según sea el caso. […] 3 LPRA sec. 9655.
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      A su vez, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece un término

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de revisión

judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El

mencionado término comienza a transcurrir desde el archivo en

autos de copia de la notificación de la resolución final de la agencia

administrativa.

      Así, un recurso presentado pasado el término provisto para

recurrir se conoce como un “recurso tardío”. Yumac Home v.

Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Un recurso tardío priva

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre e igualmente priva a la

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante

cualquier otro. Íd.; Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).

En armonía con lo anterior, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83(B)(1) y (C), nos faculta, por

iniciativa propia o a la solicitud de parte, a desestimar un recurso

cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.

                                  II.

      En la presente causa, la recurrente instó el recurso que nos

ocupa el 8 de febrero de 2024. La notificación de la Resolución que

impugna ocurrió el 27 de septiembre de 2023.

      Según expuesto, las resoluciones finales dictadas por las

agencias administrativas pueden ser revisables por este Foro

mediante la presentación de un recurso dentro de los 30 días

siguientes a la fecha en que esta fue notificada. Dicho término es de

carácter jurisdiccional.

      En este caso, desde el 28 de septiembre de 2023 comenzó a

transcurrir el término aplicable para solicitar la revisión de la

decisión concernida. Ante ello, es claro que la recurrente tenía hasta

el 27 de octubre de 2023 para presentar su recurso de revisión

judicial. No obstante, esta acudió ante nos tardíamente.
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      Frente a lo enunciado, carecemos de autoridad para poder

intervenir y adjudicar la causa de epígrafe. Dicha decisión nos obliga

a desestimar la acción ante nuestra consideración, por constituir el

único proceder adecuado, toda vez que la falta de jurisdicción no

puede ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela cuando no la

hay. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855

(2009).

                                 III.

      Por los fundamentos que preceden, desestimamos el recurso

de epígrafe por falta de jurisdicción, ante su presentación tardía.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones