Court Opinion

ID: 9952294
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:37:52.978186+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:36.172088
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL IV

AIDA I. VÁZQUEZ                                APELACIÓN
RODRÍGUEZ                                      procedente del
ULISES VÁZQUEZ                                 Tribunal de
SOTERO                                         Primera
                                               Instancia, Sala
Apelantes                                      Superior de
                                 KLAN202301070 Ponce
             v.

MUNICIPIO AUTÓNOMO                               Civil Núm.:
DE PONCE, COMPAÑÍA                               PO2019CV01348
ASEGURADORA A,
COMMERCIAL CENTERS                               Sobre:
MANAGEMENT h/n/c                                 Daños y Perjuicios
CENTRO DEL SUR
MALL., COMPAÑÍA
ASEGURADORA B,
RICHARD ROE,
COMPAÑÍA
ASEGURADORA C

Apelados

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2024.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora

Aida L. Vázquez Rodríguez y el señor Ulises Vázquez Sotero

(apelantes) y nos solicitan la revisión de la Sentencia emitida y

notificada el 27 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Ponce. Mediante el dictamen apelado,

el foro a quo declaró Ha Lugar las mociones de sentencia sumaria

presentadas y desestimó la Demanda de daños y perjuicios, con

perjuicio.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2024_____________________
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                                      I.

       El 28 de noviembre de 2018, mientras los apelantes

caminaban por el Estacionamiento del Centro del Sur Mall en

Ponce, la señora Vázquez Rodríguez perdió el balance y cayó al

suelo.

       Como consecuencia de lo anterior, el 24 de abril de 2019,

los apelantes presentaron la Demanda de epígrafe en contra de

Commercial Centers Management h/n/c Centro del Sur Mall

(Commercial        Centers),   el   Municipio      Autónomo       de   Ponce

(Municipio) y sus respectivas aseguradoras, por daños y

perjuicios valorados en no menos de $50,000.00 dólares. En la

demanda, alegaron que tras la caída, la señora Vázquez

Rodríguez sufrió daños en varias partes de su cuerpo. Esto,

debido a que adujeron que el pavimento estaba en condiciones no

aptas, pues se encontraba desnivelado y con un hueco del cual

no había advertencia alguna. Señalaron que Commercial Centers

y el Municipio eran las entidades que tenían jurisdicción sobre el

mantenimiento y supervisión del área donde ocurrió el accidente.

Asimismo, reclamaron la cantidad de $20,000.00 en concepto de

angustias mentales, tanto de la señora Vázquez Rodríguez, como

de su esposo, el señor Vázquez Sotero.1

       En respuesta, el 13 de agosto de 2019, la aseguradora del

Municipio, MAPFRE Praico Insurance Company (MAPFRE),

presentó      su     Contestación      a    Demanda.         Mediante      su

comparecencia, MAPFRE admitió haber expedido una póliza a

favor del Municipio sujeta a sus términos, límites y condiciones.

Arguyó que el área donde ocurrió el incidente no pertenecía, ni

1 La demanda fue enmendada en dos ocasiones, a los efectos de añadir como
codemandados a las aseguradoras de los demandados MAPFRE/PRAICO
Insurance Company. Cada uno de los apelantes solicitó al TPI $10,000.00 por las
alegadas angustias mentales reclamadas.
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era del control ni jurisdicción del Municipio, por lo que no

incurrió en ningún tipo de negligencia. Además, alegó que el

predio en el que ocurrieron los hechos pertenecía al Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por medio de una expropiación forzosa

del caso civil Núm. K EF 1986-0154, el cual fue utilizado para la

construcción de un proyecto intitulado Avenida Malecón de la

Autoridad de Carreteras y Transportación y al Departamento de

Transportación y Obras Públicas (DTOP).2 Igualmente, el 1 de

octubre de 2019, Commercial Centers presentó su Contestación

a Demanda Enmendada en la cual confirmó que tenían una póliza

de seguros expedida por MAPFRE. Además, negó la mayoría de

las alegaciones contenidas en la Demanda y sostuvo que los

hechos fueron resultado de un accidente en el cual no existía

relación causal entre los alegados daños y las actuaciones u

omisiones de los demandados-apelados.

       El 8 de febrero de 2021, los apelados presentaron una

Solicitud de Desistimiento sin Perjuicio a favor del Municipio, por

entender que no existía evidencia de que estos tuviesen la

responsabilidad de encargarse del mantenimiento al área donde

ocurrió el accidente. Por lo anterior, el TPI mediante Sentencia

Parcial, declaró Ha Lugar la solicitud y aceptó el desistimiento de

la acción de daños y perjuicios en contra del Municipio Autónomo

de Ponce, sin perjuicio.

       Luego de varios trámites procesales, el 8 de junio de 2023,

MAPFRE presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria en la cual

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico v. First Caparra Investment Corp. y otros, K

EF1986-0154. En el referido caso, la inspección final llevada a cabo por
funcionarios de la Autoridad de Carreteras y Transportación, en coordinación con
el Departamento de Transportación y Obras Públicas Estatal, arrojó que el
proyecto fue ejecutado conforme los requisitos del contrato y que dicha área se
incluyó en la red de carreteras bajo conservación por el Departamento. Además,
surge del expediente judicial que el predio expropiado comprende el área del
estacionamiento a todo lo largo del Centro Comercial en su colindancia, donde
localizan las entradas al centro comercial.
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solicitó al TPI que desestimara con perjuicio la demanda

presentada por los apelados en contra de MAPFRE como

aseguradora del Municipio, pues no existía un deber jurídico de

actuar por parte de estos al no haber incurrido en negligencia

alguna que constituyera la causa próxima del accidente

ocurrido.3 En específico, alegó que resultaba innecesaria la

celebración de una vista para disponer de la demanda en contra

de MAPFRE, pues la totalidad de las circunstancias establecían

que el lugar donde ocurrieron los hechos no era propiedad del

Municipio y, por consiguiente, no se encontraba bajo el control,

la jurisdicción y el mantenimiento de estos.

       Posteriormente, el 3 de julio de 2023, Commercial Centers

y MAPFRE también presentaron su Solicitud de Sentencia

Sumaria.4 En su comparecencia, alegaron que al Commercial

Centers no ser los propietarios del lugar donde ocurrieron los

hechos, no tenían jurisdicción, control y el mantenimiento de

este, por lo que no incumplieron con ningún deber jurídico,

conducta culposa u omisión negligente. Por ello, solicitaron al

foro primario se desestimara la demanda con perjuicio, contra

MAPFRE y Commercial Centers.

       En respuesta, el 4 de septiembre de 2023, los apelantes

presentaron su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada por MAPFRE/PRAICO y Oposición a Solicitud de

Sentencia      Sumaria       presentada        por     Commercial        Centers

3  MAPFRE presentó como Anejos a su Solicitud de Sentencia Sumaria los
siguientes documentos: (1) Petición y resolución del caso de expropiación K
EF1986-0154; (2) Aceptación y traspaso del terreno por la ACT; (3) Plano de
expropiación; (4) Fotografía sobre la propiedad expropiada; y (5) Certificación del
Municipio de Ponce en la cual certifican que el área donde ocurrieron los hechos
no está bajo su jurisdicción.
4
  MAPFRE y Commercial Centers presentaron como Anejos a su Solicitud de
Sentencia Sumaria los siguientes documentos: (1) Petición y resolución del caso
de expropiación K EF1986-0154; y (2) Informe de Inspección Final del Proyecto
Ave. Malecón de Ponce, AC001471 – M5053(9).
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Management h/c/c Centro del Sur Mall, MAPFRE/PRAICO. En

síntesis, aceptaron que en efecto, el estacionamiento donde

ocurrieron los hechos no pertenecía a Commercial Centers, ni al

Municipio. También reconocieron que el terreno embreado

pertenece al DTOP. No obstante, alegaron que al estos ofrecer los

servicios de mantenimiento, tenían el dominio y control del

estacionamiento, pues se beneficiaban económicamente del área

al recibir clientes que se estacionaban para acudir al centro

comercial.

       Luego de evaluar las comparecencias de las partes, el 27 de

octubre de 2023, el TPI emitió Sentencia, en la cual, entre otras

cosas,     determinó      que     los    apelantes      no     presentaron

contradeclaraciones         juradas      o     contradocumentos          que

controvirtieran los hechos alegados por MAPFRE en su Sentencia

Sumaria.5 Por lo anterior, declaró Ha Lugar las solicitudes de

sentencia sumaria presentadas por MAPFRE y Commercial

Centers, respectivamente, y desestimó la Demanda con perjuicio

en su totalidad. El foro primario concluyó que, a la fecha de los

alegados hechos, el Municipio no tenía jurisdicción sobre el lugar

donde ocurrieron los hechos descritos en la Demanda. Además,

que Commercial Centers no es dueño del área donde ocurrió el

accidente, la cual forma parte de las carreteras bajo conservación

del DTOP, por lo que no se le podía exigir responsabilidad

extracontractual.

       Inconforme con la determinación del TPI, el 27 de

noviembre de 2023, los apelantes acudieron ante esta Curia y

alegaron que el foro primario cometió los siguientes errores:

5 El TPI acogió como hechos no controvertidos los alegados en las mociones de

sentencias sumarias presentadas por MAPFRE y Commercial Centers,
respectivamente. Véase, Sentencia emitida por el TPI el 27 de octubre de 2023,
págs. 3-6.
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       Primer señalamiento de error: Erró el TPI al concluir
       que no había controversias de hechos [esenciales] y
       declarar con lugar las solicitudes de sentencia
       sumaria presentadas por los apelados.

       Segundo señalamiento de error: Erró el TPI al
       concluir que el CCM no es responsable por este no ser
       dueño del lugar donde ocurrió el accidente objeto de
       la reclamación de epígrafe.

       Tercer señalamiento de error: Erró el TPI al concluir
       que el Municipio de Ponce no es responsable porque
       este no tenía jurisdicción sobre el lugar donde ocurrió
       el accidente objeto de la reclamación de epígrafe.

       El 18 de diciembre de 2023, Commercial Centers presentó

su Alegato Responsivo. El 22 de diciembre de 2023, MAPFRE,

como aseguradora del Municipio, presentó su Alegato en

Oposición de la Parte Demandada-Apelada.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                     II.

                                     A.

       La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA,

Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos

materiales,     por    lo   que     puede     prescindirse      del    juicio

plenario. Serrano Picón v. Multinational Life Insurance Company,

2023 TSPR 118, resuelto el 29 de septiembre de 2023. 6 Los

tribunales pueden dictar sentencia sumaria respecto a una parte

de una reclamación o sobre la totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1; Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). La

6 Véase, además: Oriental Bank v. Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el

23 de agosto de 2023; Ferrer et. al. v. PRTC, 209 DPR 574, 580-581
(2022); González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Ramos
Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010).
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sentencia sumaria procederá si las alegaciones, deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a

cualquier declaración jurada que se presente, si alguna,

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre algún

hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho,

procede hacerlo. González Meléndez v. Municipio Autónomo de

San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023.

      El promovente debe presentar una moción fundamentada

en declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

esenciales y pertinentes sobre la totalidad o parte de la

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Universal Ins. y otro v. ELA

y otros, 211 DPR 455 (2023). La controversia sobre los hechos

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa

o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre

hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra,

págs. 213-214, seguido en Meléndez González v. M. Cuebas,

supra, pág. 110.

      Nuestro      ordenamiento    civil   y   su     jurisprudencia

interpretativa dispone que se deben cumplir unos requisitos de

forma los cuales deben satisfacerse al momento de presentar una

solicitud de sentencia sumaria. Estos requisitos son: (1) una

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la cual se

solicita la sentencia sumaria, (4) una relación concisa, organizada

y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones
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juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen

estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible en

evidencia que se encuentre en el expediente del Tribunal; (5) las

razones por las cuales se debe dictar sentencia, argumentando el

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32

LPRA Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687

(2019).

      Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales

que están en disputa. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20

(2020).   El        hecho     de     no      oponerse    a     la    solicitud

de sentencia sumaria no            implica    necesariamente        que   ésta

proceda si existe una controversia legítima sobre un hecho

material. Sin embargo, el demandante no puede descansar en las

aseveraciones generales de su demanda, “sino que, a tenor con la

Regla 36.5, estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para

sustanciar sus alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento

Civil, dispone que de no producirse por parte del opositor una

exposición     de    hechos    materiales       bajo    juramento,    deberá

dictarse sentencia sumaria en su contra. 32 LPRA Ap. V, R. 36.5;

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216.

      La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, establece que, si no

se dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo

el remedio solicitado o se deniega la moción de sentencia sumaria,

y por tanto, es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el

Tribunal en su dictamen determine los hechos esenciales sobre

los cuales no haya controversia sustancial y aquellos que sí se
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encuentran genuinamente en controversia. 32 LPRA Ap. V,

R.36.4

      Cónsono con lo anterior, nuestro estado de derecho le

impone y exige al TPI, exponer los hechos materiales y esenciales

que están en controversia, así como los que no lo están,

independientemente     de   cómo   resuelvan   una   solicitud   de

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág.

117. Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la moción

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2)

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si

hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o

refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v.

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994).

      Por último, en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el

Tribunal Supremo estableció el estándar de revisión que debe

utilizar este foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Conforme a ello,

debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de

primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente

una sentencia.    En esta tarea sólo podemos considerar los

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia

y determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma

correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales

en disputa le corresponde únicamente al foro de primera

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo,

161 DPR 308, 334 (2004). Finalmente, debemos revisar de novo si
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el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho

a la controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág.

119.

                                       B.

       El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA § 5141, dispone

que: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro,

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño

causado […]”.7 Como se sabe, para probar una causa de acción

por daños y perjuicios, el promovente deberá demostrar,

mediante preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un

daño; (2) por medio de un acto u omisión culposo o negligente; y

(3) que existe un nexo causal entre la acción u omisión de la parte

y el daño sufrido. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 809 (2005). Así

pues, el que un demandante ostente el derecho a recibir

indemnización por un alegado daño presupone la existencia de

un nexo causal entre el daño y el factor que lo origina. Es decir,

sólo corresponde indemnizar los daños que son consecuencia del

hecho que obliga a la indemnización. Rivera Jiménez v. Garrido &

Co., Inc., 134 DPR 840, 851-852 (1993).

       Se ha establecido que la culpa o negligencia consiste en “la

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión

de un acto, que una persona prudente habría de prever en las

mismas circunstancias”. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207

DPR 965, 976-977 (2021); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135,

151 (2006). Cuando se alegue haber sufrido daños como

consecuencia de la negligencia de la parte demandada, el peso de

la prueba respecto a la alegada negligencia le corresponde a la

7 Hacemos referencia al Código Civil de Puerto Rico de 1930, por los hechos haber

ocurrido en la vigencia del mismo.
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parte demandante. Colon y otros v. Kmart y otros, 154 DPR 510,

521 (2001); Matos v. Adm. Servs. Médicos de PR, 118 DPR 567,

569 (1987).

     En Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada para

determinar      el   nexo    causal   necesario    para     adjudicar

responsabilidad civil. La causa adecuada es la que, según la

experiencia     general,    ordinariamente    produce     los    daños

imputados. No es otra cosa que el evento o acto que con mayor

probabilidad causó el daño por el que se reclama indemnización.

Miranda v. ELA, 137 DPR 700, 707 (1994); Negrón García v.

Noriega Ortiz, 117 DPR 570, 575 (1984). Así pues, un daño parece

ser el resultado natural y probable de un acto negligente si

después del suceso, y mirándolo retroactivamente el acto que se

alega ser negligente, tal daño aparece como la consecuencia

razonable y ordinaria del acto. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748,

756-757 (1998), citando a Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR

338, 343-344 (1969).

     En Puerto Rico, el ámbito de la responsabilidad civil

extracontractual basada en la culpa o negligencia está regida por

el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141.

Por consiguiente, para que exista responsabilidad por los daños

al amparo del mismo, es necesario que concurran los siguientes

requisitos: 1) daño sufrido; 2) nexo causal entre el daño y la

acción u omisión de otra persona; y 3) que la acción u omisión

sea culposa o negligente. Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 96

(1957).

     Por su parte, cuando se trata de una causa de acción en

daños     y   perjuicios,   específicamente   relacionado       con   la

responsabilidad del Estado y las vías públicas, la misma está
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regida por el Art. 404 del Código Político, 3 LPRA secs. 422.

Veamos lo que ahí se dispone:

     El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será
     responsable civilmente de los daños y perjuicios que
     se ocasionen a las personas o propiedades por
     desperfectos, falta de reparación o de protección
     suficientes para el viajero en cualquier vía de
     comunicación perteneciente al Estado Libre Asociado
     y a cargo del Departamento de Transportación y
     Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los
     desperfectos de referencia fueron causados por la
     violencia de los elementos y que no hubo tiempo
     suficiente para remediarlos. […] (Énfasis nuestro) 3
     LPRA sec.422.

                                III.

     Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en

conjunto los señalamientos de error presentados por los

apelantes. En síntesis, alegan que en efecto, no hay controversia

en cuanto a que el estacionamiento donde ocurrieron los hechos

es del dominio del DTOP. Sin embargo, que sí existe controversia

en cuanto al deber de previsibilidad que debió ejercer el Centro

del Sur Mall, por el estacionamiento estar ubicado dentro de su

establecimiento y al conocer que existía una condición peligrosa

y no dar mantenimiento al mismo. Además, que aun cuando

Commercial Centers no era el dueño del estacionamiento, estos

proveían   voluntariamente      el     mantenimiento,   pintura   y

pavimentación de esa área, por lo que se le debía imputar el

conocimiento de los defectos del estacionamiento y responder

extracontractualmente. Finalmente arguyen que el foro primario

erró al concluir que ninguno de los codemandados-apelados tenía

la obligación de dar mantenimiento al estacionamiento donde

ocurrieron los hechos y por consiguiente no eran responsables de

los daños sufridos por los apelados. Además, que no debió

desestimar la demanda por la vía sumaria, pues aún quedaban

controversias de hechos materiales y esenciales por dilucidar,
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como por ejemplo, quien brindaba el mantenimiento al lugar del

accidente, el alcance de la responsabilidad de las partes y los

testigos que declararían en el juicio. No les asiste la razón.

Veamos.

      En el ejercicio de nuestra facultad revisora, solo podemos

determinar la existencia de una controversia genuina de hechos

materiales     y   esenciales,        y    si   el   derecho      se   aplicó

correctamente. Nuestra revisión es de novo.

      Cónsono con lo anterior, el contenido, así como la forma de

presentación de la Solicitud de Sentencia Sumaria sometida por

MAPFRE y Commercial Center, respectivamente, cumplen

cabalmente con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. En

la misma se hace una relación clara y concisa de los hechos que

no están en controversia haciendo referencia a la evidencia

documental que lo sustenta. Entre los documentos incluidos se

encuentran: petición y resolución del caso de expropiación K

EF1986-0154; aceptación y traspaso del terreno por la ACT;

plano de expropiación; fotografía sobre la propiedad expropiada;

y la certificación del Municipio de Ponce en la cual certifican que

el área donde ocurrieron los hechos no está bajo su jurisdicción.

      No     obstante,   en     las       escuetas   oposiciones       a   las

sentencias sumarias presentadas por los apelantes notamos que

ambas incumplen con los requisitos de la Regla 36.3 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Los apelantes se

limitaron a mencionar que existían hechos en controversia por la

evidencia    presentada       carecer      de    confiabilidad.    Tampoco

presentaron una relación concisa y organizada de los hechos

esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en controversia.

Según estos, a pesar de que Commercial Centers no tenía la
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titularidad del terreno, eran responsables del mantenimiento de

éste y lo hacían de manera voluntaria para lucrarse del uso del

estacionamiento. Sin embargo, no incluyeron documento alguno

que estableciera la responsabilidad y/o control que alegadamente

tenía Commercial Centers sobre el referido estacionamiento. A su

vez, los apelantes sostienen que existe controversia de hechos

materiales y que para ello, sin más, presentarían el testimonio de

la señora Jessenia Wong Ortiz (señora Wong Ortiz), quien era la

guardia de seguridad del Centro del Sur Mall, y fue quien brindó

primeros auxilios a la señora Vázquez Rodríguez. A pesar de este

planteamiento, los apelantes no acompañaron evidencia que

contradijera lo alegado en la sentencia sumaria, ni siquiera

incluyeron alguna declaración jurada que respaldara sus

alegaciones.

      Por lo anterior, el TPI determinó que procedían ambas

sentencias sumarias por no existir hechos en controversia y al

MAPFRE y Commercial Centers, junto a los documentos

anejados, probar que no respondían extracontractualmente a los

apelantes, por no ser los que ostentan la jurisdicción, control,

mantenimiento y supervisión del estacionamiento en el cual

ocurrieron los hechos alegados en la demanda.

      La       parte   promovida         por    una      solicitud

de sentencia sumaria no puede descansar meramente en las

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud

pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de forma tan

detallada y específica como lo hizo la parte promovente. 32 LPRA

Ap. V, R. 36.3. Además, la parte promovida deberá presentar

declaraciones juradas y documentos que pongan en controversia

los   hechos    presentados   por   el    promovente.   Ante    el
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incumplimiento de los apelantes        con la Regla 36.3, supra,

procedemos a analizar la solicitud de sentencia sumaria.

      Analizada la prueba documental, colegimos con el proceder

del foro primario. No surge de la Demanda hecho demostrativo

alguno que tienda establecer que MAPFRE y Commercial Centers

eran responsables del terreno donde ocurrieron los alegados

hechos, ni que estos tuvieran la jurisdicción, el control y la

responsabilidad de responder extracontractualmente. De la

evidencia provista por MAPFRE y Commercial Centers surge con

meridiana claridad que los apelantes no presentaron los

documentos o la prueba necesaria para probar la alegada

responsabilidad de estos en cuanto al estacionamiento. Incluso,

se limitaron a alegar que al ellos proveer mantenimiento, junto al

testimonio no presentado de la señora Wong Ortiz, eran

responsables de los daños alegados. Sin embargo, del expediente

no se desprende evidencia que lo demuestre o que refute las

alegaciones hechas por Commercial Centers.

      En vista de lo anterior, y analizada la evidencia documental

presentada, concluimos que no proceden las causas de acción

objeto de la demanda, ya que no surgen hechos demostrativos

que demuestren que Commercial Centers junto a su aseguradora

MAPFRE son los responsables de los daños alegados en la

demanda. Según surge del expediente, quienes son responsables

del estacionamiento y el terreno en el cual ocurrieron los hechos,

no son ni Commercial Centers, ni la aseguradora del Municipio,

MAPFRE. Quienes ostentan la jurisdicción sobre el terreno lo es

el Departamento de Transportación y Obras Públicas, por medio

del caso de expropiación forzosa al que aludimos anteriormente.

Por lo anterior, colegimos que el TPI no erró en su dictamen.
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                             IV.

     En virtud de todo lo anteriormente expresado, confirmamos

la Sentencia apelada.

     Lo acordó este Tribunal y lo certifica la Secretaría del

Tribunal.

                                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones