Court Opinion

ID: 9952203
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:28:10.55431+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:21.389695
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III

 EL PUEBLO DE PUERTO                        Certiorari
        RICO                                procedente del
                                            Tribunal de
       Recurrido                            Primera
                                            Instancia, Sala
                                            Superior de
                            KLCE202400186
                                            Aibonito
            v.
                                            Caso núm.:
                                            B VI1993G0033
  HECTOR RIVERA VEGA
                                            Sobre:
      Peticionario                          Asesinato en
                                            Segundo Grado

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

      Comparece el señor Héctor Rivera Vega, en adelante

el señor Rivera o el peticionario, quien nos solicita

que   revoquemos     una   Resolución,   emitida   el   21    de

diciembre de 2023 y notificada el 26 de diciembre del

mismo año; mediante la cual, el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Aibonito, en adelante TPI, declaró no

ha lugar la solicitud de eliminación de la reincidencia

habitual del peticionario.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de certiorari.

                              -I-

      Del escrito del señor Rivera surge que en 1994 un

jurado lo encontró culpable por asesinato en segundo

grado y debido a que tenía convicciones anteriores se le

impuso la reincidencia habitual.

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400186                                                                 2

       Posteriormente,              el     peticionario        presentó      un

Petitorio al Amparo de la Regla 192.1, mediante el cual

alegó que la Administración de Corrección, a pesar de la

aprobación de medidas que fomentan la rehabilitación,

como    la   Ley       Núm.     377-2004,      continúa       atendiendo     las

solicitudes de los reclusos “a base de la política penal

desarrollada hace más de tres décadas”.1 Así pues, el

señor Rivera arguyó que es una víctima de las fallas del

sistema penal que, por no haber implementado la política

pública      de    rehabilitación,             generó    su    condición     de

reincidente habitual. Adujo que la sentencia dictada

como reincidente habitual está sujeta a ataque colateral

bajo la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal.

       Por    su       parte,      el    TPI   declaró    no    ha   lugar   la

eliminación        de     la       reincidencia        habitual,     mediante

Resolución.2

       En desacuerdo, el peticionario presentó un escrito

intitulado Petición de Auto de Certiorari en el que

esbozó los mismos argumentos e invocó la comisión de

varios errores.

       Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la facultad

de     “prescindir            de    términos      no     jurisdiccionales,

escritos, notificaciones o procedimientos específicos en

cualquier caso ante su consideración, con el propósito

de   lograr       su    más     justo     y    eficiente      despacho”.3     En

consideración a lo anterior, eximimos al recurrido de

presentar el escrito en oposición.

1 Anejo 11 del peticionario.
2 Anejo 2 del peticionario.
3 Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).
KLCE202400186                                                      3

      Luego de examinar el escrito del peticionario y los

documentos que lo acompañan, estamos en posición de

resolver.

                               -II-

      El   auto   de    certiorari    es   el   vehículo    procesal

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido

por   un   tribunal     inferior.4    Distinto    al   recurso    de

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por    tratarse    de    ordinario   de    asuntos

interlocutorios.5 Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.6

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A.   Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
           son contrarios a derecho.

      B.   Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

      C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
           craso y manifiesto en la apreciación de la
           prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

      D.   Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los
           cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

4 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
5 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,
supra, pág. 334.
6 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et
al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
KLCE202400186                                                                   4

     E.    Si la etapa del procedimiento en que se
           presenta el caso es la más propicia para su
           consideración.

     F.    Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa no causan un fraccionamiento
           indebido del pleito y una dilación indeseable
           en la solución final del litigio.

     G.    Si la expedición del auto o de la orden de
           mostrar causa evita un fracaso de la justicia.7

                                      -III-

     Surge del expediente que el señor Rivera presentó

una Petición de Auto de Certiorari en la que impugna la

determinación           del    foro    recurrido         por     impedir       la

eliminación de su reincidencia habitual. El peticionario

sostiene que la sentencia dictada es contraria a la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

a la Constitución de los Estados Unidos y a las leyes de

ambas jurisdicciones.

     Sin    embargo,          luego    de     revisar     el    escrito      del

peticionario       y     los     documentos      que    obran     en       autos,

resolvemos que ni el remedio ni la disposición recurrida

son contarios a derecho. Regla 40 (A) del Reglamento del

Tribunal     de     Apelaciones,          supra.       Además,        la    etapa

procesal en que se presenta el caso no es la más propicia

para su consideración. Regla 40(E) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra.

     Como si lo anterior fuera poco, no se configura

ninguna    de      las        circunstancias       que     justifican          la

expedición        del     auto     bajo       cualquier        otro    de    los

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento.

                                      -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del auto de certiorari.

7 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio
v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202400186                                         5

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones