Court Opinion

ID: 9962692
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:42:58.619344+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:55.898737
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL VI

   HÉCTOR N. GALLOZA                                Apelación
    SERRANO, ET. ALS                                Procedente del
                                                    Tribunal de Primera
          Apelados                                  Instancia, Sala
                                                    Superior de Arecibo

              v.                 KLAN202400153
                                                    Caso Civil Núm.:
                                                    C CD2014-0244
       CENTRO DE                                    (Sala 401)
      DESARROLLO
    ACADÉMICO, INC.                                 Sobre:
                                                    Cobro de Dinero
          Apelante

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2024.

      Comparece         la   parte   apelante,   Centro   de   Desarrollo

Académico, Inc. (en adelante, CDA), y el señor Carlos Morales

Vázquez (en adelante, Sr. Morales Vázquez) (en conjunto la parte

apelante), mediante un recurso de apelación y nos solicita que

revoquemos la Sentencia dictada el 8 de noviembre de 2023 y

notificada el 14 de noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Arecibo (en adelante, el TPI). Mediante

dicha Sentencia, el TPI declaró con lugar la Demanda sobre cobro de

dinero contra la parte apelante y les ordenó pagarle al señor Héctor

N. Galloza Serrano (en adelante, el Sr. Galloza Serrano) la cantidad

de $80,000.00.         Además, dispuso que no se habían encontrado

probados los requerimientos necesarios para descorrer el velo

corporativo y declaró no ha lugar la reconvención presentada por

CDA en contra del Sr. Galloza Serrano.

Número Identificador

SEN2024____________________
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       Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                        I.

       El 16 de abril de 2014, el Sr. Galloza Serrano, Minerva Laguer

Bonilla y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

(en conjunto la parte apelada), presentaron una Demanda sobre

cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios

contra CDA.1 En lo pertinente, estos alegaron que el Sr. Galloza

Serrano y CDA contrataron el 31 de marzo de 2011, para que este

primero ejerciera las funciones de presidente de la segunda, la cual

es una corporación doméstica cuyo fin primordial es proveerle

servicios al Departamento de Educación de Puerto Rico. Según las

alegaciones de la Demanda, las partes acordaron que el Sr. Galloza

Serrano recibiría una compensación consistente en un sueldo

mensual fijo y una compensación adicional. Además, alegaron en la

Demanda que CDA le ofreció servicios al Departamento de

Educación bajo la presidencia del Sr. Galloza Serrano y que, de

acuerdo con los términos y condiciones del contrato, CDA le

adeudaba al Sr. Galloza Serrano por sus servicios. Solicitaron en la

Demanda el pago de la suma adeudada, intereses al tipo legal desde

la fecha de haberse configurado la obligación de satisfacer las sumas

adeudadas y daños y perjuicios.

       Luego de varios trámites procesales, el 29 de octubre de 2015,

la parte apelada presentó Primera Demanda Enmendada.2 En esta,

además de CDA, incluyeron como parte demandada al Sr. Morales

Vázquez y a las corporaciones Master Link Corporation (MLC),

Master Link Acquisition Corporation (MLAC), GF Solutions, Inc.

(GF), y Wide Range, Corp., (Wide). Además, incluyeron en la

demanda a las aseguradoras X, Y y Z.

1 Apéndice de la Apelación, a las págs. 49-52.
2 Apéndice de la Apelación, a las págs. 53-61.
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       En la demanda enmendada, la parte apelada reprodujo las

alegaciones contenidas en la demanda original referentes a la deuda.

Además, adujo que las corporaciones antes mencionadas eran

corporaciones domésticas de las cuales el Sr. Morales Vázquez era

accionista mayoritario y ejercía total control y dominio de las

finanzas, políticas y negocios de cada una de ellas. Asimismo, alegó

que dichas corporaciones funcionaban como instrumento, agente o

alter ego del Sr. Morales Vázquez, y no como corporaciones

independientes. Ante esto, la parte apelada le solicitó al TPI

descorrer el velo corporativo y que responsabilizara al Sr. Morales

Vázquez en su carácter personal por las sumas reclamadas.

       Surge del expediente que el 9 de agosto de 2019, el TPI dictó

Resolución      mediante      la   cual    desestimó    las    reclamaciones

extracontractuales contra las corporaciones MLC, MLAC, GF y

Wide.3

       El 5 de diciembre de 2019, el Sr. Morales Vázquez presentó su

Contestación a la Demanda Enmendada.4 Mediante esta, el Sr.

Morales Vázquez negó las alegaciones en su contra y, en lo

pertinente, adujo que las corporaciones operaban de forma

independiente. Además, levantó sus defensas afirmativas. Entre

estas últimas, surge que levantó la defensa de falta de parte

indispensable.

       El 8 de noviembre de 2023, el TPI emitió Sentencia, la cual fue

notificada el 14 de noviembre de 2023.5 En esta, el TPI declaró “Ha

Lugar” la demanda presentada en cuanto a la deuda reclamada a

3 Apéndice de la Apelación, a la pág. 5.
4 Apéndice de la Apelación, a las págs. 62-66. Surge del expediente que CDA solo

presentó contestación y reconvención en cuanto a la demanda original el 23 de
octubre de 2014. Posteriormente, presentó una reconvención enmendada el 17 de
noviembre de 2014. En síntesis, alegaron que el Sr. Galloza Serrano incumplió
con su obligación de fiduciario para con CDA, debido a que realizó gestiones con
otras compañías que ofrecían los mismos servicios de CDA, lo cual provocó la
pérdida de recursos humanos y del producto económico del trabajo de estos.
5 Apéndice de la Apelación, a la págs. 3-19. En lo pertinente al caso ante nos,

surge de la Sentencia que las partes estipularon el siguiente hecho: “Carlos
Morales Vázquez es el accionista mayoritario de CDA. Gregorio Figueroa también
es accionista de CDA”.
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CDA. Asimismo, el TPI ordenó el pago de CDA al Sr. Galloza Serrano

por la cantidad de $80,000.00. Además, el foro primario no encontró

probados los requerimientos necesarios para descorrer el velo

corporativo. También, declaró “No Ha Lugar” la reconvención

presentada por CDA en contra del Sr. Galloza Serrano.

       El 29 de noviembre de 2023, la parte apelante presentó ante

el TPI una Reconsideración de la Sentencia y Moción para Desestimar

la Primera Demanda Enmendada por Falta de Parte Indispensable.6

Mediante esta le solicitó al TPI que reconsiderara las alegaciones

presentadas y que al amparo de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil,

infra, desestimara la demanda enmendada en la cual la parte

apelada solicitó descorrer el velo corporativo de CDA y en la que

incluyó al Sr. Morales Vázquez. No obstante, la parte apelante señaló

que la parte apelada, aun con conocimiento de que había dos

accionistas en la corporación de CDA, enmendó su demanda para

incluir en su carácter personal solo a un accionista, el Sr. Morales

Vázquez. Sin embargo, no incluyó al Sr. Gregorio Figueroa Alcalá

(en adelante, Sr. Figueroa Alcalá), quien también era accionista de

CDA a razón del 50%. Arguyó que el Sr. Figueroa Alcalá no era una

parte desconocida, toda vez que se le entregó información de los

accionistas a la parte apelada durante el descubrimiento de prueba.

Así pues, argumentaron que el TPI nunca adquirió jurisdicción

sobre el Sr. Figueroa Alcalá, como accionista de CDA, por lo que el

foro de instancia estaba impedido de otorgar un remedio completo

en el caso. Expresaron que la determinación de descorrer el velo

corporativo para imponerle responsabilidad a los accionistas de

CDA, incluye también el patrimonio del Sr. Figueroa Alcalá para

responder por las deudas y obligaciones de la corporación. Por tanto,

la parte apelante expresó que al no emplazarse el Sr. Figueroa

6 Apéndice de la Apelación, a las págs. 20-38.
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Alcalá, no se cumplió con el debido proceso de ley, por lo que se

debía desestimar el pleito.

       Por su parte, la parte apelada presentó su Oposición a

Reconsideración el 26 de diciembre de 2023.7 Argumentó que el

reclamo de la parte apelante era inmeritorio debido a que el TPI

había desestimado la alegación de descorrer el velo corporativo. Por

tanto, señaló que no procedía considerar los argumentos de la parte

apelante, ya que el remedio concedido por el TPI fue contra CDA por

el incumpliendo contractual. Asimismo, mencionó que el argumento

de falta de parte indispensable sería relevante únicamente si el TPI

hubiera determinado descorrer el velo corporativo, momento en el

cual hubiera procedido entrar en los méritos de dicha contención.

Además, añadió la parte apelada que en el presente caso no era

necesario incluir en el pleito al Sr. Figueroa Alcalá como accionista,

toda vez que la acción fue dirigida contra el Sr. Morales Vázquez

como accionista mayoritario de CDA, por actuaciones que lo

responsabilizaban en su carácter personal. Mencionaron en su

escrito que la responsabilidad del accionista es individual.

       El 11 de noviembre de 2023, el TPI dictó una Resolución,

notificada el 18 de enero de 2024, en la cual declaró “No Ha Lugar”

la Reconsideración solicitada por la apelante.

       Inconforme con esta determinación, la parte apelante

interpuso el presente recurso de Apelación el 20 de febrero de 2024

ante este foro revisor y señaló la comisión del siguiente error:

       ERRÓ EL HONORABLE TPI AL NO EXAMINAR SU
       PROPIA JURISDICCIÓN ANTES DE HACER UNA
       DETERMINACIÓN EN ESTE CASO ANTE EL ALEGATO
       DE LA PARTE DEMANDADA DE FALTA DE PARTE
       INDISPENSABLE POR FALTA DE LA PRESENCIA DE
       UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CDA
       ANTE LA SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDANTE DE
       DESCORRER EL VELO CORPORATIVO DE CDA.

7 Apéndice de la Apelación, a las págs. 39-48.
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      El 15 de marzo de 2024, la parte apelada presentó Alegato en

Oposición de la Parte Apelada Héctor N. Galloza Serrano, Su Esposa

Minerva Laguer y la Sociedad Legal de Gananciales Compuesta por

Ambos.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a resolver.

                                  II.

                                  A.

      La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve

el pleito de forma desfavorable para el demandante sin celebrar un

juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, San Juan, Michie

de Puerto Rico, 2010, pág. 369. De este modo, nuestro ordenamiento

procesal civil dispone varios supuestos en los cuales una parte

puede solicitar la desestimación de una acción en su contra antes

de presentar la contestación a la demanda. R. Hernández Colón, op.

cit., págs. 266-267.

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2,

establece, en lo pertinente, lo siguiente (énfasis nuestro):

      Toda defensa de hechos o de derecho contra una
      reclamación responsiva excepto que, a opción de la
      parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
      mediante moción debidamente fundamentada:
             (1) falta de jurisdicción sobre la materia.
             (2) falta de jurisdicción sobre la persona.
             (3) insuficiencia del emplazamiento;
             (4) insuficiencia del diligenciamiento del
      emplazamiento;
             (5) dejar de exponer una reclamación que
      justifique la concesión de un remedio.
             (6) dejar de acumular una parte indispensable.
             […]

      La citada regla establece los fundamentos para que una parte

en un pleito pueda solicitar la desestimación de una demanda en su

contra, mediante la presentación de una moción fundamentada en

cualesquiera de los motivos en ella expuestos. El Día, Inc. v. Mun. de
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Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).

      A los fines de disponer de una moción de desestimación, el

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las

alegaciones fácticas de la demanda radicada y que hayan sido

aseveradas de manera clara. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR

481, 501 (2010); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 139,

149 (2007); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). De igual

modo, la demanda no debe desestimarse a menos que se desprenda

con toda claridad y certeza que el demandante no tiene derecho a

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo a su reclamación. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

First Bank, 193 DPR 38 (2015).

      El debido proceso de ley exige que se acumulen todas las

partes con interés común en un pleito. Pérez Ríos et al. v. CPE, 2023

TSPR 136, 213 DPR ___ (2023).        Esto responde a dos principios

básicos: (1) la protección constitucional que impide que una persona

sea privada de la libertad y propiedad sin un debido proceso de ley,

y (2) la necesidad de que el dictamen judicial que en su día se emita

sea uno completo. Íd.

       Por su parte, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 16.1, define una parte indispensable como las “personas

que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda

adjudicarse la controversia […]”. Véanse, además: Watchtower Bible

et al. v. Mun. Dorado I, 192 DPR 73, 118 (2014); Bonilla Ramos v.

Dávila Medina, 185 DPR 667, 678 (2012); Pérez Rosa v. Morales

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007). Asimismo, la Regla 16.1, supra,

lo que pretende es “proteger a las personas ausentes de los posibles

efectos perjudiciales que pueda ocasionarles la resolución del caso

y evitar la multiplicidad de pleitos”. Pérez Ríos et al. v. CPE, supra,

pág. 9.
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      El interés de la parte debe ser real e inmediato, para que se

considere que dicha parte es indispensable; no puede tratarse de

“meras especulaciones o de un interés futuro”. Deliz et als. v. Igartúa

et als., 158 DPR 403, 435 (2003) (énfasis en el original). El alcance

de la figura de parte indispensable es restringido, de forma que

solamente puede invocarse cuando la “adjudicación sin la persona

ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e

inmediato” de esta. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR

527, 549 (2010), citando a Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1,

16 (2000).

      Para determinar si una parte es realmente indispensable,

debemos adoptar un enfoque pragmático, pues el asunto dependerá

de los “hechos particulares y específicos” del caso. Deliz et als. V

Igartúa et als., supra, pág. 434, citando Granados Navedo v.

Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 605 (1989). Debemos realizar

“una evaluación individual de acuerdo con las circunstancias

particulares presentes en cada caso” y no utilizar una “fórmula con

pretensiones omnímodas”. García Colón et al. v. Sucn. González,

supra, pág. 550.

      En ese contexto, al determinar si estamos ante una parte

indispensable, debemos evaluar los siguientes factores: (1) el interés

común de todas las partes sobre el asunto medular del pleito; (2) la

inmediatez de ese interés ante el litigio en proceso; y (3) la necesidad

de que la presencia de la parte acumulada garantice un remedio

completo a las partes que ya están en el caso. Íd.; Romero v S.L.G.

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).

                                  B.

      La Ley Núm. 64-2009, según enmendada, conocida como la

“Ley General de Corporaciones”, 14 LPRA sec. 3501 et seq. (en

adelante, “Ley Núm. 64-2009” o “Ley de Corporaciones”), “es el

estatuto especial por virtud del cual se deben atender los
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cuestionamientos relativos a la existencia y vida jurídica de las

corporaciones privadas”. Eagle Security v. Efrón Dorado et al., 211

DPR    71   (2023). Es norma reiterada que una corporación

debidamente organizada bajo el referido estatuto tiene su propia

personalidad jurídica y su propio patrimonio, distinto al de la

personalidad y patrimonio de sus accionistas, ya sean estos

personas naturales o jurídicas. D.A.Co. v. Alturas FI. Dev. Corp. y

otro, 132 DPR 905, 924 (1993).

       En nuestro ordenamiento jurídico se adoptó la doctrina de

descorrer   el   velo   corporativo,   la   cual,   fue   desarrollada

jurisprudencialmente por los tribunales federales. El profesor Carlos

Díaz Olivo describe la misma como “un mecanismo de control que

cierra el paso al abuso y utilización impropia de la figura

corporativa”. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: tratado sobre derecho

corporativo, 2da ed. rev., Colombia, Ed. AlmaForte, 2022, pág. 118.

Ello podría ocurrir “cuando una corporación toma el control de otra

entidad, que usualmente desaparece y se demuestra que esa

sustitución tiene propósitos ilegales, constituye una violación de

política pública, se perpetuaría una injusticia o un fraude, o se

incumpliría con una obligación”. Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. P.R.,

151 DPR 383, 398 (2000). De igual forma, una corporación puede

ser el alter ego de un accionista cuando la identidad de ambas partes

esté confundida a tal grado que la corporación no es en realidad una

persona jurídica independiente y separada. Así, pues, nuestro más

alto foro judicial ha reconocido que el análisis bajo esta doctrina

requiere que se demuestren propósitos o intentos de cometer actos

ilegales. Íd. Es por tal razón que la doctrina busca evitar la

utilización indebida de la corporación como instrumento para

perpetuar un fraude o una acción ilegal. Díaz Olivo, op. cit. pág.

118.
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      Establecido lo anterior, la única forma en que un tribunal

puede descartar la personalidad jurídica de una corporación para

sujetar el patrimonio de esta con el de sus accionistas, a los fines de

que la corporación responda por las deudas y obligaciones de los

accionistas, será en aquellos casos en que la corporación actúe

meramente como un alter ego o instrumento económico pasivo de

sus únicos accionistas, recibiendo estos exclusiva y personalmente

los beneficios producidos por la gestión corporativa. Por lo tanto,

“[l]a consecuencia de la aplicación de la doctrina de descorrer el velo

corporativo es suspender la exención de responsabilidad que de

ordinario asiste a los accionistas de una corporación con respecto a

las deudas corporativas, para hacerlos responsables de estas”. Díaz

Olivo, op. cit. pág. 117.

      Por otro lado, y como norma general, los accionistas,

directores y oficiales de una corporación no vienen obligados a

responder de manera personal por las obligaciones de esta. Ahora

bien, el Artículo 12.04 de la Ley Núm. 64-2009, supra, establece

ciertas excepciones en donde se les puede imponer responsabilidad

personal a los oficiales, directores y accionistas por las deudas de

una corporación. Íd., pág. 427. El precitado Artículo regula el

procedimiento que los acreedores podrán seguir en estos casos, el

cual expresamente dispone lo siguiente:

      A. Cuando los oficiales, directores o accionistas de
      cualquier corporación estén obligados a pagar las
      deudas, o cualquier parte de las deudas de la
      corporación, según lo dispuesto en esta Ley, cualquier
      acreedor podrá entablar una acción en contra de uno o
      más de ellos. En la demanda se consignará la
      reclamación en contra de la corporación y el
      fundamento por el cual el demandante espera recobrar
      de los demandados personalmente.

      B. No se entablará pleito alguno contra ningún oficial,
      director o accionista por deuda u obligación de la
      corporación de la cual es oficial, director o accionista,
      hasta que se dicte sentencia final en contra de la
      corporación, y que la ejecución de la misma permanezca
      insatisfecha ni después de tres (3) años a partir de la
      fecha de tal sentencia, y cualquier oficial, director o
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      accionista podrá levantar cualquier defensa que la
      corporación hubiere podido levantar contra tal deuda u
      obligación. Este inciso (B) no aplicará a los pleitos que
      se entablen contra oficiales o directores de una
      corporación que estén en proceso de disolución por
      mala administración, en el ejercicio de sus funciones
      con arreglo al Capítulo IX de esta Ley. 14 LPRA sec.
      3784.

      De una lectura de las transcritas disposiciones estatutarias,

se desprende que para que un demandante pueda instar una acción

en contra de los directores, oficiales o accionistas de una

corporación, por las deudas u obligaciones de esta, debe contar con

una sentencia previa dictada a su favor por el tribunal y en contra

de la corporación, sin que haya podido ser ejecutada y antes de que

expire el término de tres (3) años a partir de la dictada la sentencia.

Una vez satisfechas dichas exigencias, el demandante quedará

legitimado para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la

corporación.

      Ahora bien, el profesor Díaz Olivo explica que “las exigencias

dispuestas en el Artículo 12.04 solo aplican a aquellas obligaciones

cuya responsabilidad la Ley [Núm. 64-2009, supra.] impone

expresamente a un oficial, director o accionista”. Díaz Olivo, op. cit.,

pág. 427. Es decir, el Artículo 12.04(b), supra, únicamente aplica en

aquellos casos dispuestos en los Artículos 4.07, 5.08, 5.22 y 9.12 de

la Ley de Corporaciones, 14 LPRA secs. 2727, 2768, 2782 y 3012F,

respectivamente. Véase, además, Lone Star Indus., Inc. v. Redwine,

757   F.2d   1544   (5th   Cir.)   (1985).   Estos   se   refieren   a   la

responsabilidad de los directores u oficiales por publicar informes

falsos sobre la corporación; de los accionistas por el pago de

acciones parcialmente pagadas; a los directores por violaciones a la

ley en el pago de dividendos o en la compra de acciones de la propia

corporación; y de los accionistas por los activos distribuidos a ellos

luego de disuelta la corporación. Íd.
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      De conformidad con lo anterior, si la responsabilidad del

funcionario o del accionista no se deriva expresamente de la Ley

Núm. 64-2009, supra, es decir, no se fundamenta en ninguno de los

artículos antes mencionados, no son de aplicación las disposiciones

del Artículo 12.04(b), supra. Díaz Olivo, op. cit., págs. 427-428. Por

tanto, salvo dichos escenarios, cualquier demandante puede incoar

una causa de acción en contra de los accionistas, oficiales o

directores, incluyendo la de descorrer el velo corporativo, sin que

sea indispensable obtener una sentencia a su favor.

                                 III.

      En su recurso de Apelación, la parte apelante señala que erró

el TPI al no examinar su propia jurisdicción antes de hacer una

determinación en este caso de falta de parte indispensable ante la

ausencia de uno de los accionistas de la empresa CDA y la solicitud

de descorrer el velo corporativo. Según alega la parte apelante, el Sr.

Figueroa Alcalá era parte indispensable en el caso para poder

otorgar un remedio completo debido a que era accionista de CDA,

sin embargo, este nunca fue traído al pleito. Además, argumenta en

su recurso que la demanda enmendada “está totalmente desprovista

de alegaciones fácticas suficientes para establecer que procede

rasgar el velo corporativo e imponer responsabilidad a los

accionistas Carlos A. Morales Vázquez y Gregorio Figueroa Alcalá,

obviando la ficción corporativa”. Asimismo, señaló la parte apelante

que debido a que la parte apelada no incluyó en la demanda ni

emplazó al Sr. Figueroa Alcalá, el TPI nunca adquirió jurisdicción

sobre uno de los dos accionistas de CDA, por lo que estaba impedido

de obtener un remedio en el caso, ya que la determinación de

descorrer el velo corporativo le imponía responsabilidad al

patrimonio de ambos accionistas.

      En el caso de autos, la parte apelada presentó una demanda

original contra CDA por cobro de dinero, incumplimiento de contrato
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y daños y perjuicios. Posteriormente, la parte apelada presentó

demanda enmendada en la cual incluyó como demandados, además

de CDA, al Sr. Morales Vázquez, a las corporaciones MLC, MLAC,

GF, Wide y a las aseguradoras X, Y, y Z. En la demanda enmendada,

adujeron         que   las   corporaciones   antes   mencionadas   eran

corporaciones domésticas de las cuales el Sr. Morales Vázquez era

accionista mayoritario y ejercía total control y dominio de las

finanzas, políticas y negocios de cada una de ellas. Además,

alegaron que dichas corporaciones funcionaban como instrumento,

agente o alter ego del Sr. Morales Vázquez, y no como corporaciones

independientes. La parte apelada le solicitó al TPI descorrer el velo

corporativo y que responsabilizara al Sr. Morales Vázquez en su

carácter personal por las sumas reclamadas.

         El TPI resolvió, entre otros extremos, en la Sentencia apelada:

“…declaramos Ha Lugar la demanda presentada en cuanto a la

deuda reclamada a CDA. Ordenamos el pago de CDA al señor

Galloza Serrano por la cantidad de $80,000.00. No encontramos

probado los requerimientos necesarios para descorrer el velo

corporativo. Igualmente, declaramos No Ha Lugar la reconvención

presentada por CDA en contra del Sr. Héctor N. Galloza Serrano.”

         Conforme a lo discutido anteriormente, es importante

puntualizar que las corporaciones gozan de personalidad jurídica

propia, la cual es distinta y separada de aquella de sus miembros.

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra, pág. 49-50. Por lo

tanto,     las    corporaciones    tienen    autonomía   patrimonial   y

responsabilidades separadas de las de sus accionistas. Fleming v.

Toa Alta Develop. Corp., 96 DPR 240, 244 (1968).

         En el caso ante nuestra consideración, surge que las acciones

de la demanda enmendada iban dirigidas contra el Sr. Morales

Vázquez, las corporaciones CDA, MLC, MLAC, GF, Wade y las

aseguradoras. Sin embargo, el TPI desestimó la causa de acción
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contra las corporaciones MLC, MLAC, GF y Wide, empero, declaró

Ha Lugar la demanda exclusivamente contra CDA. Además, el TPI

no encontró probada la causa de acción contra el Sr. Morales

Vázquez en su carácter personal. Por lo tanto, el TPI le impuso

únicamente responsabilidad a CDA ya que esta gozaba de

personalidad jurídica, la cual es independiente de sus accionistas.

      Así pues, tomando en consideración la normativa jurídica

aplicable, en el presente caso no existe justificación alguna para

determinar que el Sr. Figueroa Alcalá era parte indispensable. Dicha

figura es restrictiva y solo puede ser invocada cuando la

adjudicación de los méritos de un caso pueda perjudicar un interés

real e inmediato de una parte ausente. No es suficiente, para

configurar este interés, el que un accionista tenga un interés

propietario en la corporación demandada; de lo contrario, toda

acción contra una corporación tendría que incluir también a todos

sus accionistas.

      Se desprende claramente de la Sentencia que el TPI resolvió

que no encontró probados los requisitos necesarios para descorrer

el velo corporativo. Por lo tanto, la causa de acción de la demanda

fue declarada Ha Lugar contra la corporación, CDA, y no así contra

sus accionistas. Así pues, de las alegaciones de la Primera Demanda

Enmendada no hay alegaciones específicas sobre que el Sr. Morales

Vázquez es un agente o alter ego de CDA y las otras compañías. De

la prueba aquilatada y creída por el TPI surge que concluyó que las

transacciones entre las compañías se dieron en el curso ordinario

de los negocios. Tampoco quedó demostrado al foro primario, como

requisito previo a descorrer un velo corporativo, que CDA era un

alter ego o instrumento económico pasivo de sus únicos accionistas,

recibiendo   estos   exclusiva   y   personalmente   los   beneficios

producidos por la gestión corporativa.
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      En conclusión, luego de un examen minucioso del caso,

estamos convencidos de que actuó correctamente el TPI al emitir su

dictamen. En consecuencia, resolvemos que el error señalado no fue

cometido, por lo cual procede confirmar el dictamen apelado.

                                 IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la

Sentencia apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones