Court Opinion

ID: 9941334
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:25:50.375194+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:39.788949
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL X

 LUIS D. VALDÉS MELÉNDEZ                                 Revisión de Decisión
         RECURRENTE(S)                                   Administrativa
                                                         procedente del
                                                         Departamento de
               V.                 KLRA202300624          Corrección y
                                                         Rehabilitación

     DEPARTAMENTO DE                                     Caso Núm.
      CORRECCIÓN Y                                       B705-45068
      REHABILITACIÓN
         RECURRIDA(S)
                                                         Sobre:
                                                         Clasificación de
                                                         Custodia

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente.

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 31 de enero de 2024.

       Comparece ante nos el señor LUIS D. VALDÉS MELÉNDEZ (señor

VALDÉS MELÉNDEZ), por derecho propio e in forma pauperis, mediante

Solicitud de Revisión Administrativa sobre Clasificación de Custodia

instada el 15 de noviembre de 2023. En su recurso, nos solicita que

revisemos la determinación contenida en la Resolución del Comité de

Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y

Rehabilitación (DCR) decretada el 25 de septiembre de 2023.1 En su

determinación, el CCT ratificó la custodia mediana.

       A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal que

acompaña a la presente controversia.

                                        -I-

       El 6 de marzo de 2012, el señor VALDÉS MELÉNDEZ fue sentenciado

a ciento noventa y nueve (199) años de reclusión por los delitos de

1 Véase Apéndice de la Moción en Cumplimiento de Resolución, págs. 1- 9.

Número Identificador: SEN2024________
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asesinato en primer grado; tentativa de asesinato en primer grado;

conspiración; y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

        Posteriormente, el 25 de septiembre de 2023, el señor VALDÉS

MELÉNDEZ fue evaluado por CCT y se determinó ratificar la custodia

mediana. El señor VALDÉS MELÉNDEZ presentó una Solicitud de

Reconsideración sobre Clasificación de Custodia.2 El 13 de octubre de

2023, el DCR dispuso no acoger la solicitud de reconsideración.3 El 14 de

noviembre de 2023, la determinación administrativa fue notificada al señor

VALDÉS MELÉNDEZ.

        Insatisfecho, el 15 de noviembre de 2023, el señor VALDÉS

MELÉNDEZ presentó Solicitud de Revisión Administrativa sobre Clasificación

de Custodia ante este Tribunal de Apelaciones. En dicho escrito, esboza

los siguientes señalamientos de error:

        Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento al ratificar la
        custodia mediana del Sr. Valdés Meléndez utilizando como
        único fundamento la Modificación Discrecional “Gravedad del
        Delito”.

        Erró el Comité de Clasificación y Tratamiento al mencionar y
        utilizar un Informe sobre Querella Disciplinaria como
        argumento para ratificar la custodia mediana que data de más
        de 9 años de antigüedad.

        El 15 de diciembre de 2023, pronunciamos una Resolución

concediendo un plazo de treinta (30) días para exponer su posición sobre

este recurso al DCR. El 17 de enero de 2024, el Departamento de

Corrección y Rehabilitación, representado por el Procurador General de

Puerto Rico, presentó su Escrito en Cumplimiento de Resolución.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y contando con

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en

posición de adjudicar el error señalado. A continuación, exponemos las

normas de derecho pertinentes a la controversia planteada.

                                        - II -

                        A.     Revisión Administrativa

2 Véase Apéndice de la de la Moción en Cumplimiento de Resolución, págs. 10- 12.
3 Id., págs. 13- 15.
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       La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU), provee un cuerpo de reglas mínimas para gobernar

los procesos de adjudicación y reglamentación en la administración

pública.4 Su sección 4.1 establece la revisión judicial por este Tribunal de

Apelaciones de las determinaciones finales de las agencias.5

       La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las

agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme

a la ley.6 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de

un foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia.7

Nuestra evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe,

entonces, a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o

irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción.8

       Empero,      las decisiones de          los organismos administrativos

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo

que sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y

respeto.9 Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está

obligado a considerar la especialización y experiencia de la agencia,

distinguiendo entre cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que

los tribunales son especialistas— y cuestiones propias de la discreción o

pericia administrativa.10

       Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro ha

instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a derecho. 11

Particularmente, concretó las normas básicas sobre el alcance de la

revisión judicial al expresar:

       [L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una
       agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
       determinación administrativa no está basada en evidencia
       sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o

4 Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA §§

9601-9713. SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).
5 3 LPRA § 9671.
6 Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004).
7 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).
8 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).
9 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).
10 Adorno Quiles v. Hernández, 126 DPR 191, 195 (1990).
11 Torres Rivera v. Policía de PR, supra.
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         interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
         encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó
         arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones
         carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa
         lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es importante
         destacar que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas
         situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de
         los hechos procede que se valide la interpretación que realizó la
         agencia administrativa recurrida.

         El alcance de la revisión de las determinaciones administrativas se

ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia

fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia están

basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo;

y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.12

         En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas

por los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja

del expediente administrativo considerado e su totalidad.13 Evidencia

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar

como adecuada para sostener una conclusión.14 Debido a la presunción de

regularidad y corrección que cobija a las decisiones de las agencias

administrativas, quien alegue ausencia de evidencia sustancial debe

presentar prueba suficiente para derrotar dicha presunción.15 Para ello

“tiene que demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca

o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto

de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su

consideración”.16 A esto se le conoce como la norma de la evidencia

sustancial, con lo cual se persigue evitar sustituir el criterio del organismo

administrativo en materia especializada por el criterio del tribunal revisor.17

Por lo tanto, aun cuando exista más de una interpretación razonable de los

hechos, el tribunal debe dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio

por el de esta.18

12 Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022).
13 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).
14 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
15 Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).
16 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).
17 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
18 Íd.
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        Además, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.19 Aun así,

debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos

administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran. Es por

ello que, ante casos dudosos, donde pueda concebirse una interpretación

distinta de estas leyes y reglamentos, la determinación de la agencia

merece deferencia sustancial.20

        En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su

confirmación.21 Por el contrario, los tribunales revisores podemos intervenir

con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia sustancial, o

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando afecta

derechos fundamentales.22

                       B.       Reclasificación de Custodia

        En nuestro estado de gobierno, se ha establecido como política

pública la reglamentación de las instituciones penales, a los fines de que

sirvan efectivamente a su propósito, y faciliten el tratamiento adecuado de

su población, de modo que, haga posible su rehabilitación moral y social.23

Acorde a ello, se creó el Plan de Reorganización del Departamento de

Corrección y Rehabilitación.24 En consonancia, se instituyó un sistema para

ingresar, procesar y asignar a los reclusos a las distintas instituciones y

programas de rehabilitación disponibles. A su vez, por conducto del Manual

de Clasificación de Confinados (Manual), se creó una nueva herramienta

reglamentaria que comenzó a regir a partir de 20 de febrero de 2020, que

uniforma el trámite para determinar las clasificaciones de custodia de los

recluidos.25

19 Rebollo v. Yiyi Motos, 161 DPR 69, 77 (2004).
20 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).
21 García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 893 (2008).
22 Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel v.

Cordero Badillo, supra.
23 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo VI, Sección 19.
24 Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011; 3 LPRA Ap. XVIII; Creado

al amparo de la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva del
Gobierno de Puerto Rico de 2009, Núm. 182–2009.
25 Manual para la Clasificación de los Confinados, Reglamento Núm. 9151 de 22 de enero

de 2020.
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         El Manual, define la clasificación de los reclusos como “la separación

sistemática y evolutiva de éstos en subgrupos, en virtud de las necesidades

de cada individuo, y las exigencias y necesidades de la sociedad…”. 26 Su

propósito es determinar cuán apropiada es la asignación de custodia de la

persona en ese momento, según su proceso de adaptación.27 Para cumplir

con ello, el Manual estableció un Comité de Clasificación y Tratamiento

(CCT) en cada una de las instituciones del DCR. Dicho ente, tiene como

función principal evaluar las necesidades, aptitudes, limitaciones y

funcionamiento social de los reos sentenciados. Además, es el organismo

encargado de evaluar, reevaluar, recomendar y asignar los niveles de

custodia de cada miembro de la población penal. Para cumplir con ello, los

Comités se encargan de llevar a cabo revisiones periódicas de los niveles

actuales de cada confinado para determinar cuán apropiada es dicha

clasificación.28 Ello se conoce como el proceso de reclasificación.

         En concreto, el proceso de reclasificación es uno similar a la

evaluación inicial de custodia, “pero recalca aún más la conducta

institucional como reflejo del comportamiento real del confinado durante su

reclusión”.29 En ese sentido, el Manual destaca la importancia de que los

prisioneros que se encuentren cumpliendo sentencias prolongadas,

“tengan la oportunidad de obtener una reducción en niveles de custodia

mediante el cumplimiento con los requisitos de la institución.”30 Es

menester puntualizar, que la reevaluación de custodia no necesariamente

tiene como resultado un cambio de clasificación de custodia o vivienda

asignada.31 Su objetivo principal es continuar “la adaptación del confinado

y señalar los problemas que puedan surgir.”32

26 Íd, Acápite I.
27 Íd.; López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).
28 La revisión del nivel de custodia de los encarcelados clasificados en custodia máxima

se lleva a cabo cada seis (6) meses, luego de que hayan estado un (1) año en custodia
máxima, mientras que el nivel de custodia de los confinados clasificados en custodia
mínima y mediana se lleva a cabo anualmente. Reglamento 9151, supra, Acápite I de la
Sección.
29 Íd., Acápite II de la Sección 8.
30 Íd.
31 Íd., Acápite I de la Sección 7.
32 Íd., Apéndice K, Acápite I(A).
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        Para llevar a cabo las reclasificaciones periódicas, el Manual adoptó

como formato de evaluación el Formulario de Reclasificación de

Custodia.33 Conforme al mismo, el proceso de reclasificación exige un

análisis de criterios tanto objetivos como subjetivos que requieren del

conocimiento especializado del DCR. Como parte del análisis subjetivo de

la clasificación de custodia de los confinados se consideran, entre otros,

los siguientes: el carácter y actitud del recluido; los ajustes institucionales;

y la relación del recluido con la población penitenciaria y con el personal

correccional. Por su parte, la evaluación objetiva de la clasificación del

recluso deberá tomar en cuenta los siguientes factores, a los que se les ha

asignado una puntuación fija: la gravedad de los cargos/sentencias

actuales; el historial de delitos graves anteriores; el historial de fuga; el

número de acciones disciplinarias; la acción disciplinaria más seria; las

sentencias anteriores por delitos graves como adulto; la participación en

los programas institucionales; y, la edad actual del reo.

        En adición, el Manual contempla la posibilidad de aplicar unas

modificaciones discrecionales y no discrecionales que permiten el aumento

o la disminución del nivel de custodia. Las modificaciones discrecionales

son un conjunto de factores específicos de clasificación que el personal del

DCR puede usar para modificar la puntuación de clasificación de un

recluso, siempre que esa modificación esté avalada por un supervisor de

clasificación. Asimismo, el Manual dispone como sigue:

        Toda modificación discrecional debe estar basada en
        documentación        escrita,  proveniente    de    reportes
        disciplinarios, informes de querellas, informes de libros de
        novedades, documentos del expediente criminal o social y
        cualquier otra información o documento que evidencia ajustes
        o comportamiento del confinado contrario a las normas y
        seguridad institucional.34

        El Manual reconoce como factores que permiten la modificación

discrecional a un nivel de custodia más alto, los siguientes: la gravedad del

delito; el historial de violencia excesiva; la afiliación prominente con gangas;

33 Íd., Apéndice K.
34 Íd., Sección III(D) del Apéndice K.
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si el confinado es de difícil manejo; los grados de reincidencia; el riesgo de

fuga; el comportamiento sexual agresivo; los trastornos mentales o

desajustes emocionales; si representa una amenaza o peligro; la

desobediencia de las normas o si se rehúsa al plan de tratamiento y, el

reingreso por violación de normas.35 Cabe mencionar que a estos factores

también se les asigna una puntuación. De manera que, la sumatoria de

todas las valoraciones dará una puntuación final, la cual deberá ser

contrastada con la escala provista en Manual que determina el nivel de

custodia que deberá asignarse.36

                                           - III -

         En este caso, el señor VALDÉS MELÉNDEZ cuestiona la determinación

del Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) de ratificar su nivel de

custodia mediana. En su escrito, el señor VALDÉS MELÉNDEZ alega, entre

otras cosas, que “al recurrir a la utilización de la “Modificación Discrecional”

“Gravedad del Delito” la agencia abusa de su discreción arbitrariamente,

coartando de su propósito de rehabilitación según lo dispone el mandato

constitucional en su sección 19 del Artículo VI”. Evaluado todos los

documentos que acompañan el recurso, entendemos que no le asiste la

razón.

         Surge del expediente, que el señor VALDÉS MELÉNDEZ fue

sentenciado a ciento noventa y nueve (199) años de reclusión por los

delitos de asesinato en primer grado; tentativa de asesinato en primer

grado; conspiración; y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Ello

en los casos: D OP2011G0047; D VI2011G0076; D VI2011G0078; y D

LA2011G0731-D LA2011G0733 ante el Tribunal Superior de Bayamón.

35 Íd.
36 La Escala dispone como sigue:

    A. Nivel de Custodia Indicado por la Escala . . .

    Mínima = 5 puntos o menos
    Mediana = 5 puntos o menos si el confinado tiene una orden de detención, de arresto,
    u orden de detención por violar la libertad bajo palabra o probatoria.
    Mediana = 6-10 puntos en los renglones 1-8
    Máxima = 7 puntos o más en los renglones 1-3
    Máxima = 11 puntos o más en los renglones 1-8

    Véase, Sección III(A) del Apéndice K del Manual.
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      Si bien es cierto que la suma total de los puntos en la escala de

clasificación arrojó un resultado que ubica al señor VALDÉS MELÉNDEZ en el

renglón de custodia mínima, colegimos que el CCT realizó un uso juicioso

de su discreción, utilizando los criterios de valoración de clasificación

autorizados por el propio Manual.

      Tras un ponderado análisis del legajo ante nuestra consideración,

no hallamos indicador alguno que vislumbre, mucho menos que evidencie,

que el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT), al momento de aplicar

las modificaciones discrecionales durante la evaluación de reclasificación

del señor VALDÉS MELÉNDEZ, hubiese actuado de manera arbitraria, ilegal

o irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción.

Contrario a ello, notamos que del expediente apelativo emana la existencia

de suficientes elementos que nos llevan a concluir que la determinación

administrativa está sustentada y/o avalada por evidencia sustancial.

      No subsiste razón alguna, de hecho, o de derecho, que nos

persuada a intervenir y variar el dictamen recurrido. Además, del recurso

presentado tampoco se desprende alguna otra prueba que rebata la

presunción de corrección que cobija el dictamen administrativo recurrido.

Consecuentemente, somos del criterio de que la decisión de CCT de

ratificar la custodia mediana fue una apropiada. Así pues, brindamos la

deferencia al organismo administrativo y nos abstenemos de intervenir con

la determinación recurrida.

                                    IV.

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución

emitida el 25 de septiembre de 2023 por el Comité de Clasificación y

Tratamiento (CCT) del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre

la clasificación del señor VALDÉS MELÉNDEZ.

      Notifíquese inmediatamente.

      Notifíquese al(a la) señor(a) LUIS D. VALDÉS MELÉNDEZ quien se

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y

Rehabilitación: Institución Ponce Principal Fase 4-M-Amarilla 319
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3699 Ponce By Pass Ponce, PR 00728-1500 o en cualquier institución

en donde se encuentre.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones