Court Opinion

ID: 9952291
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:37:37.795333+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:36.012813
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

  EL PUEBLO DE PUERTO                          Certiorari
          RICO                                 procedente del
                                               Tribunal de
          Recurrido                            Primera Instancia,
                                               Sala Superior de
              V.                               Fajardo

       JORGE TORRES                        CRIM. NÚM.
        RODRÍGUEZ            KLCE202301480 NSCI202300124

         Peticionario                          Proyecto de
                                               Denuncia
                                               Art. 127-A Código
                                               Penal; Art. 6.06
                                               Ley de Armas

                                               Sobre:
                                               Si Procede
                                               Imposición de
                                               Medida de
                                               Seguridad

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                         SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

      Comparece el peticionario Jorge Torres Rodríguez (señor

Torres Rodríguez o peticionario) quien nos solicita que revisemos

una Resolución y Orden Regla 240 de Procedimiento Criminal

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (en

adelante TPI) el 29 de noviembre de 2023, notificada el 5 de

diciembre de 2023. Mediante referida resolución, el foro primario

ordenó que el señor Torres Rodríguez permaneciera recluido en

un hospital, a tenor con la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II, Regla 241. A su vez, ordenó que el denunciado

sea evaluado nuevamente el 23 de febrero de 2024 y pautó una

vista de seguimiento para el 26 de febrero de 2024.

Número Identificador
SEN2024 _______
KLCE202301480                                                  2

     Por las razones que exponemos, expedimos el auto de

Certiorari, confirmamos la Resolución aquí recurrida y devolvemos

el caso para la celebración de la vista pautada y que el TPI tome

una decisión informada.

                                I.

     Por hechos acaecidos el 10 de octubre de 2023 se

presentaron denuncias contra el señor Jorge Torres Rodríguez,

imputándole haber violado el Artículo 127 A del Código Penal de

2012, 33 LPRA 5186a (Maltrato a personas de edad avanzada) y

el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 168-2019, Ley de Armas de Puerto

Rico de 2020, 25 LPRA sec. 466e (Portación y uso de armas

blancas). Estas indicaban como sigue:

     Ley 168 Art. 6.06 Grave (2019) Portación y Uso de Armas
     Blancas

     El referido acusado, JORGE TORRES RODRIGUEZ, allá
     en o para el día 10 de octubre de 2023 y en Vieques;
     Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del
     Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal,
     voluntaria, maliciosa, con conocimiento, a propósito,
     a sabiendas con intención criminal, y sin motivo
     justificado UTLIZÓ un cuchillo de cocina, en la
     comisión del delito de maltrato en su modalidad de
     amenaza. Consistente en que el aquí acusado,
     utilizando un cuchillo de cocina, le ponía el mismo en
     el cuello a la señora Elena Rodríguez Nales,
     amenazando con matarla si no le daba dinero.

     Por el Delito CP Art. 127A Grave (2012)-Ma1trato a personas
     de edad avanzada.

     El referido acusado, JORGE TORRES RODRÍGUEZ, allá
     en y para el mes de octubre de 2023, y en Vieques,
     Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del
     Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, ilegal,
     voluntaria, maliciosa y criminalmente, MALTRATÓ a
     Víctor Torres Sanes, que es una persona de edad
     avanzada. Consistente en que el aquí imputado,
     utilizando un cuchillo de cocina amenazó perjudicado,
     haciéndole amagues con el cuchillo como para
     cortarlo y agrediéndolo con un tubo de PVC.
KLCE202301480                                                            3

         El 11 de octubre de 2023 se llevó al señor Torres Rodríguez

ante el magistrado para la celebración de la vista de la Regla 6 de

Procedimiento Criminal.          La vista no se pudo celebrar debido a

que intérprete de señas y labio lectura, que se proveyó de forma

virtual, no logró comunicación con el acusado y este no entendía

los procedimientos.1

         Al día siguiente, para la vista de la Regla 6 de Procedimiento

Criminal el imputado compareció acompañado de la abogada de

la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. El Tribunal tomó

conocimiento judicial que en procedimientos anteriores el acusado

había sido encontrado No procesable por el Tribunal. Luego de

escuchar los argumentos de la defensa y del Ministerio Fiscal, el

Tribunal suspendió la vista de Regla 6 para la determinación de

causa para arresto.         Refirió el caso en carácter de urgencia al

procedimiento        de    procesabilidad     bajo    la   Regla   240   de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 240 y pautó una vista

para el 27 de noviembre de 2023. A su vez, expidió una orden

para ingreso de emergencia involuntario al amparo de la Ley de

Salud Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 408-2000 para que los

padres del imputados estén tranquilos, el acusado sea atendido y

para que esté en un lugar seguro.2

         El 24 de octubre de 2023 el señor Torres Rodríguez presentó

una Solicitud para que se deje sin efecto la orden y vista al amparo

de la Regla 240 de Procedimiento Criminal por falta de jurisdicción

y violación al debido proceso de ley. Sostuvo que no existía una

determinación de causa probable para arresto, conforme a

derecho, que diera paso a una acción penal en contra del señor

Rodríguez Torres.

1
    Vista del 11 de octubre de 2023, minutos 16:50.
2
    Vista del 12 de octubre de 2023, minuto 25:50 en adelante.
KLCE202301480                                                             4

      El 25 de octubre de 2023 el TPI emitió una Resolución. Allí

decretó No Ha Lugar a la solicitud de la defensa de que se deje sin

efecto la orden y vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento

Criminal.

      Entretanto, de forma paralela, a tenor con la Ley 408-2000,

el 26 de octubre de 2023 en la Sala Municipal de Fajardo, en la

causa NACI202300865 se celebró una vista. Ese día, el Tribunal

emitió ciertas órdenes para la realización de un estudio social

completo, evaluación sobre la discapacidad del señor Torres

Santiago y otros trámites a beneficio de éste. Señaló vista de

seguimiento para el 7 de diciembre de 2023.3

      Mientras, el 7 de noviembre de 2023 se celebró la

continuación de la vista en cuanto a las denuncias. En síntesis,

testificó la señora Janice Marrero Irizarry quien realizó un Informe

de Evaluación de Capacidad Funcional del imputado. La señora

Marrero Irizarry concluyó que el imputado no tenía la capacidad

para comprender el proceso judicial y colaborar con su defensa

debido a la limitación lingüística de comprensión y comunicación.

El Tribunal acogió la recomendación de la Lcda. Janice Marrero

Irizarry y determinó que el denunciado se encontraba No

Procesable permanentemente.          Consecuente, indicó que quedó

pendiente de verificar si el imputado representaba algún riesgo

viviendo sin tratamiento en alguna residencia de familiares o si

existía algún tratamiento que pudiera beneficiarlo para su

seguridad y la de otras personas.4

      Así las cosas, el 28 de noviembre de 2023, la Sociedad Para

Asistencia Legal, ante la determinación de no procesabilidad del

3
 Apéndice págs. 28-30.
4
 Minuta, Apéndice págs. 31-34; Resolución y Orden de 29 de noviembre de
2023, apéndice pág. 37.
KLCE202301480                                                             5

señor Torres Rodríguez, solicitó el archivo de los cargos criminales

y comenzar el proceso de ingreso involuntario al amparo de la Ley

Núm. 408-2000.

         El 29 de noviembre de 2023 en foro primario emitió una

Resolución y Orden sobre la Vista de Procesabilidad.                De esta

surge que compareció el denunciado Jorge Torres Rodríguez,

quien se encontraba internado en el Hospital Dr. Ramón

Fernández Marina, representado por abogados de la Sociedad

para Asistencia Legal, así como los abogados del Departamento

de Salud, el Ministerio Fiscal y otros funcionarios. Ese día declaró

el Dr. William Lugo, psiquiatra del Estado, quien manifestó, en

síntesis, que conocía al denunciado pues lo evaluó unos meses

antes en un procedimiento similar bajo la Regla 240 de

Procedimiento Criminal donde al denunciado se le acusó por

delitos violentos contra sus familiares como ocurre de igual

manera en este caso.5 Con relación a si el denunciado, por sus

condiciones mentales, sus limitaciones comunicativas y de uso de

sustancias controladas, evidenciadas en su historial previo,

presenta algún riesgo para su seguridad o la de las personas

cercanas a él, indicó que ciertamente el uso de sustancias

contraladas sirve de detonante para que este se comporte de

manera violenta con sus familiares y personas cercanas. Entendió

que esto implica un riesgo para su seguridad o la de otras

personas.6 Concluyó el doctor Lugo que había que tomar alguna

medida para que el denunciado no pueda utilizar sustancias

controladas. También declaró el Sr. Israel Peña del Hospital

Ramón Fernández Marina, e informó que el denunciado se

encontraba estable en la referida Institución.

5
    Resolución y Orden del 29 de noviembre de 2023, apéndice pág. 37el.
6
    Íd.
KLCE202301480                                                               6

       La defensa, solicitó el archivo del caso criminal y del proceso

bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, para que el caso

continuara en la Sala de Salud Mental a tenor con la Ley 408-

2000. El Ministerio Público se opuso. El Tribunal determinó que

el denunciado presentaba un riesgo para su seguridad y la de

otras personas estando en la libre comunidad.              A tales efectos

determinó lo siguiente:

       “[D]e forma responsable y en ánimo de proteger la
       seguridad del denunciado y la de sus familiares, con
       quien este vive y contra quienes ha incurrido en
       conducta violenta según se ha alegado en más de un
       proceso criminal dentro de un corto periodo de
       tiempo, el Tribunal dispone y ordena que el
       denunciado permanezca en el Hospital Dr. Ramón
       Fernández Marina a tenor con la Regla 241 de las de
       Procedimiento Criminal.”

       En consecuencia, ordenó que el denunciado fuese evaluado

el 23 de febrero de 2024 y señaló vista de seguimiento en este

caso para el 26 de febrero de 2024. Ese día, el Dr. William Lugo

emitirá sus recomendaciones al Tribunal.7

       Entretanto, según los documentos incluidos en el apéndice

del recurso, el 7 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la vista en

la causa civil NACI202300685 bajo la Ley 408-2000.8 Entre otros

asuntos esbozados, el representante de la Administración de

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) expresó

que aún no había un diagnóstico de salud mental. Trascendió de

la vista que se estaba en espera de la resolución de la Regla 240

y la recomendación del Tribunal. El Tribunal reconoció que había

7
  Resolución del 27 de noviembre de 2023, apéndice págs. 37-40.
8
  Surge de la Minuta, apéndice págs. 41-44, que a la vista de seguimiento
mediante videoconferencia comparecieron la Sra. Anamarys Molina Colón,
Coordinadora de la Ley 408 del Hospital Ramón Fernández Marina, la Lcda.
Vivian Enid Díaz Cáceres de la Sociedad para Asistencia Legal del Programa de
Salud Mental en representación de Jorge Torres Rodríguez, el Lcdo. Aníbal Lugo
Irizarry representando a ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental
y Contra la Adicción), la trabajadora social de Servicio Orientados a la
recuperación de ASSMCA, la técnico del Departamento de la Familia Local de
Vieques y el Lcdo. Fabio A. Quiñones Zayas del Departamento de Salud y la
Coordinadora de Servicios de la de la Región Este de MAVI, así como el
Coordinador Auxiliar de Programas Judiciales.
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dos procesos corriendo a la vez. Luego de escuchados los

argumentos el foro primario determinó lo siguiente:

  •   Se tiene que evaluar la comparecencia de los padres
      para la coordinación de servicios al paciente.
  •   Se emitirá orden a las partes para la búsqueda de un hogar
      permanente de acuerdo con las discapacidades auditivas de
      Jorge Torres Rodríguez.
  •   Se autorizó al licenciado Quiñones Zayas enviar el
      informe a MAVI.
  •   Se ordenó al Departamento de la Familia ausculte y
      provea una lista de los diferentes hogares que reciben
      personas estables en salud mental y que reciben
      personas con diferentes discapacidades, ya sean
      auditivas o de movimientos.
  •   Se ordenó citar a Sr. Néstor Torres Zenquis y al
      Departamento de la Familia.
  •   Se    señaló    vista   de    seguimiento    mediante
      videoconferencia para el 29 de febrero de 2024 a las
      2:00 pm.

      Mientras, en desacuerdo con la Resolución y Orden emitida

en la causa criminal el 29 de noviembre de 2023, el señor Torres

Rodríguez presentó el recurso de Certiorari con los siguientes

señalamientos de error:

      Primero: El TPI violó el derecho del peticionario a un
      debido proceso de ley, y abusó de su discreción al
      activar una medida de seguridad en un caso donde ni
      siquiera se ha determinado causa para arresto, no
      existe una determinación de inimputabilidad, mucho
      menos una sentencia, según requiere el Art. 82 del
      Código Penal y el principio de judicialidad.

      Segundo: El TPI violó el derecho del peticionario a la
      igual protección de las leyes, según pautado en
      Jackson v. Indiana, 406 US 715 (1972), al activar una
      medida de seguridad, que constituyó una pena de
      prisión sin denuncia, acusación, sin juicio ni sentencia
      y un castigo cruel e inusitado. Una vez se declaró la
      o    procesabilidad    permanente      del    imputado,
      correspondía al TPI sobreseer las denuncias y ordenar
      su egreso o iniciar el proceso de evaluación para
      internación civil—encontrada en la Ley de Salud
      Mental de Puerto Rico –- para aquellos ciudadanos
      que, por su condición mental, no pueden enfrentar un
      proceso penal en un futuro próximo.

      La Oficina del Procurador General, en representación del

Pueblo de Puerto Rico presentó su escrito. Con el beneficio de

ambas comparecencias, disponemos.
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                                II.

                                 A.

      El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario

por el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía

que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior.

Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). A diferencia del

recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto de

certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra, pág. 372; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918

(2009). Sin embargo, esa discreción no es irrestricta. Pueblo v.

Rivera Montalvo, supra. El Tribunal Supremo ha indicado que la

discreción significa tener poder para decidir en una u otra forma,

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. Pueblo

v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró,

165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR

203, 211 (1990). El adecuado ejercicio de la discreción judicial

está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así

pues, un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones

discrecionales de un tribunal sentenciador, a no ser que las

decisiones emitidas por este último sean arbitrarias o en abuso de

su discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G.

Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso,

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:
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      El   Tribunal   tomará   en    consideración   los   siguientes

criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de

una orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida a diferencia de sus fundamentos son
      contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
      y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      D. Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más
      elaborados.

      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta
      el caso es la más propicia para su consideración.

      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del
      litigio.

      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Los tribunales revisores

podremos sustituir el criterio que utilizó el foro primario por el

nuestro únicamente cuando existen circunstancias extraordinarias

en las que se pruebe que el foro primario actuó con pasión,

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en

error manifiesto o de derecho. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra,

pág. 373; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002).

                                B.

      Por imperativo constitucional, a ninguna persona se le

privará de su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley.

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra, pág. 364. Como corolario a ese
KLCE202301480                                                     10

derecho, un acusado de cometer un delito no puede enfrentar

juicio a menos que sea procesable. Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra; Godinez v. Moran, 509 US 389, 396 (1993); Pate v.

Robinson, 383 US 375, 378 (1966). Por procesabilidad se refiere

a "la lucidez con la que un imputado de delito puede entender la

naturaleza y el procedimiento criminal al que se enfrenta". Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra; citando a Pueblo v. Pagán Medina, 178

DPR 228, 237 (2010); Ruiz Ramos v. Alcaide, 155 DPR 492, 499

(2001). Según el profesor Chiesa Aponte, "se trata de una

exigencia de que el acusado pueda entender la naturaleza de los

procedimientos, de forma que pueda ayudar —a su abogado y a

sí mismo— a su mejor defensa". Pueblo v. Rivera Montalvo, supra,

que cita a E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág.

348. Sobre el particular, se ha reiterado que el juez que preside

la sala es responsable de "velar por que en todo momento la

persona denunciada o acusada se encuentre procesable". Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra; citando a Pueblo v. Pagán Medina,

supra.

      Las Reglas 239, 240 y 241 de Procedimiento Criminal

codifican esta exigencia a nivel estatutario. En particular, la Regla

239 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 239, establece

que, “[n]inguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por

un delito mientras esté mentalmente incapacitada.” Al utilizar la

frase mentalmente incapacitada, la Regla se refiere al concepto

de procesabilidad. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Pueblo v.

Pagán Medina, supra, pág. 237; Pueblo v. Castillo Torres, 107 DPR

551, 555 (1978).
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     La Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.

240, establece el procedimiento a seguir para salvaguardar este

derecho.

     (a) Vista; peritos. En cualquier momento después
     de presentada la acusación o denuncia y antes
     de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere
     evidencia,      además     de     la   opinión      del
     representante legal del imputado o acusado, que
     estableciere mediante preponderancia de la
     prueba que el acusado está mentalmente
     incapacitado, o que éste no es capaz de
     comprender el proceso y colaborar con su
     defensa como consecuencia de alguna condición
     que afecta sus destrezas de comunicación,
     expondrá detalladamente por escrito los
     fundamentos         para   dicha     determinación,
     suspenderá los procedimientos y señalará una
     vista para determinar el estado mental y/o
     funcional del acusado. Una vez se señale esta vista,
     deberá el tribunal designar uno o varios peritos para
     que examinen al acusado y declaren sobre su estado
     mental y/o funcional. Se practicará en la vista
     cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las
     partes. En estos casos, la representación legal del
     imputado o acusado deberá presentar al tribunal una
     moción informando la intención de solicitar la
     paralización de los procedimientos por razón de la
     incapacidad mental y/o funcional de su representado
     acompañada de evidencia pericial de tal incapacidad,
     dentro de un término no menor de tres (3) días antes
     de la fecha señalada para la vista de que se trate.

     (b) Efectos de la determinación. Si como resultado de
     la prueba el tribunal determinare que el acusado está
     mentalmente       y/o   funcionalmente      capacitado,
     continuará el proceso. Si el tribunal determinare lo
     contrario, podrá ordenar la reclusión del
     acusado en una institución adecuada. En aquellos
     casos en que el tribunal hallare que el imputado o
     acusado padece de alguna condición que no le permite
     comprender el proceso y colaborar con su defensa
     podrá ordenar, de entenderlo necesario, que éste sea
     ingresado en un centro de adiestramiento para el
     desarrollo de destrezas de vida independiente. Si
     luego de así recluirse al acusado el tribunal tuviere
     base razonable para creer que el estado mental y/o
     funcional del acusado permite la continuación del
     proceso, citará a una nueva vista que se llevará a cabo
     de acuerdo con lo provisto en el apartado (a) de esta
     Regla, y determinará entonces si debe continuar el
     proceso. (Énfasis suplido).

     [……..]
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      La Regla 240 no solo establece un mecanismo que garantiza

el debido proceso de ley constitucional a un imputado de delito,

sino que hace al juez de instancia custodio de ese mecanismo,

imponiéndole un deber ineludible. Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra, pág. 365; citando a Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág.

239. Si al amparo de la Regla 240, supra, se determina finalmente

que el acusado no es procesable, este permanecerá bajo la

jurisdicción del tribunal, quien deberá regirse por lo que dispone

la Regla 241, 34 LPRA Ap. II, R. 241. Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra, pág. 366; Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 245; Ruiz

Ramos v. Alcaide, supra, pág. 501. Otro de sus efectos es la

suspensión del procedimiento criminal, en aras de salvaguardar el

derecho del acusado hallado judicialmente procesable a un juicio

justo, a tenor con la cláusula constitucional de debido proceso de

ley. Ramos v. Alcaide, supra, pág. 501. La suspensión del proceso

criminal, en virtud de una determinación de improcesabilidad,

pretende evitar la injusticia de requerirle a un acusado que

enfrente un proceso criminal cuando éste no está mentalmente

capacitado para ayudar en su defensa, lo cual podría culminar en

una convicción errónea. Íd.

      La aludida Regla 241, de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 241 establece el Procedimiento para Imposición de la

Medida de Seguridad, a saber:

      Cuando el imputado fuere absuelto o hubiere una
      determinación de no causa en vista preliminar por
      razón de incapacidad mental y/o funcional, o
      determinación        de     no      procesabilidad
      permanente, o se declare su inimputabilidad en tal
      sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre
      la persona y podrá decretar internarlo en una
      institución adecuada para su tratamiento, si en
      el ejercicio de su discreción determina conforme
      a la evidencia presentada que dicha persona por
      su peligrosidad constituye un riesgo para la
      sociedad o que se beneficiará con dicho
      tratamiento. La condición de sordera profunda,
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      severa, moderada o leve, ni ninguna otra situación de
      hipoacusia o condición que le impida comunicarse
      efectivamente, por sí sola, será suficiente para que,
      en ausencia de los demás requisitos establecidos en
      estas Reglas, el tribunal conserve jurisdicción sobre la
      persona y decrete su ingreso a una institución. En
      caso de ordenarse internarlo, la misma se
      prolongará por el tiempo requerido para la
      seguridad de la sociedad y el bienestar de la
      persona internada. En todo caso será obligación de
      las personas a cargo del tratamiento informar
      trimestralmente al tribunal sobre la evolución del
      caso. (Énfasis dado).

      [……..]

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha afirmado que

“[f]rente a una determinación de no procesabilidad permanente

de un individuo, el Estado tiene dos (2) opciones, a saber: dejarlo

en la libre comunidad o iniciar los procedimientos de internación

civil.” Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 312-313 (2001),

citando a Jackson v. Indiana, 406 US 715, 738 (1972). Bajo el

poder de parens patriae, el Estado tiene un interés legítimo en,

(1) cobijar y proveerle al individuo aquel cuidado que por razón

de su condición no puede brindárselo él mismo, incluyendo un

tratamiento que mejore su condición; (2) proteger a la ciudadanía

ante el posible peligro que representa el individuo; y (3) prevenir

que el individuo se haga daño a sí mismo. Íd., pág. 313. El

imputado, de otra parte, posee un interés fundamental de que no

se restrinja su libertad sin un debido proceso de ley. Íd.

      A esos fines, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Santiago

Torres, supra, pág. 314, pautó que, “durante la vista, las partes

también presentarán prueba a los efectos de determinar si debido

a su condición mental, el imputado constituye un riesgo para sí y

para la sociedad.”    De ser así, se ha indicado que “el ingreso

indefinido de un acusado improcesable generalmente resulta

justificado cuando la persona recluida cumple con los estándares
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para ser internado involuntariamente mediante el procedimiento

de internación civil contemplado por ley, en protección de sí

mismo, de otras personas o de la propiedad.” Ruiz v. Alcaide,

supra, pág. 510-511.

      Agregó el Tribunal Supremo, en Pueblo v. Santiago Torres,

supra, pág. 314 lo siguiente:

      De concluir el tribunal que, por razón de su estado
      mental, el individuo es un riesgo para sí mismo o para
      otras personas, dispondrá que en un término razonable
      se inicien los procedimientos para que éste reciba
      tratamiento de conformidad con la Ley 408 de 2 de
      octubre de 2000 conocida como la Ley de Salud Mental
      de Puerto Rico. (en adelante Ley de Salud Mental).

      Es decir, en el supuesto de no procesabilidad
      permanente, el tribunal, tras considerar el grado
      de peligrosidad del individuo -tanto para sí como
      para la sociedad- como consecuencia de su
      condición mental, archivará los cargos en su
      contra y, lo pondrá en libertad o dispondrá que se
      inicien los procedimientos conforme a la Ley de
      Salud Mental.

      Resolvemos, por tanto, que de transcurrir un tiempo
      razonable sin hallar procesable a un imputado, deberá
      señalarse una vista para determinar si éste es no
      procesable permanentemente. El tribunal notificará y
      celebrará una vista exclusivamente a tales fines, en
      donde de determinar la no procesabilidad
      permanente, archivará los cargos, y dispondrá si lo
      libera o si ordena que se proceda con los trámites
      de internación civil, conforme con la Ley de Salud
      Mental, supra. Pueblo v. Santiago Torres, supra, págs.
      314-315. (Énfasis nuestro).

                                III.

      El peticionario, por conducto de su representación legal,

alega que una vez se determinó la no procesabilidad permanente

de su representado, procedía la desestimación y archivo de los

proyectos de denuncia.     Adujo que no procedía la medida de

seguridad, a tenor con la Regla 241 de Procedimiento Criminal,

porque el peticionario nunca fue procesado criminalmente.

Indicó que la medida que se le impuso constituye una pena

indeterminada sin sentencia, lo que viola el debido proceso de ley.
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Reiteró que, a partir del 7 de noviembre de 2023, cuando el

peticionario fue declarado no procesable permanentemente, debió

concluir el proceso criminal, archivarse los proyectos de denuncia

y referir el asunto para su internación civil a través de la Ley de

Salud Mental, a tenor con lo determinado en Pueblo v. Santiago

Torres, supra.

      La Oficina del Procurador General, por su parte, nos informó

que surge del expediente que en un informe sometido por

ASSMCA, en su pasado proceso de internación civil sobre otro

caso, se indicó       que el peticionario tiene diagnósticos de

esquizofrenia, discapacidad intelectual, que sufre depresión, que

usa “polisustancias” y que tiene dificultad para comunicarse

porque tiene discapacidad auditiva.         Expuso que las denuncias

sobre los hechos que aquí se consideran, no son las únicas que se

han presentado contra el peticionario, quien en el año 2022

también fue arrestado porque agredió a sus progenitores. Indicó

que en ese procedimiento culminó en un proceso de internación

civil, al amparo de la Ley Núm. 408-2022, porque el imputado fue

declarado, en ese entonces, no procesable permanentemente.

Aseveró que, de ese trámite, el denunciado salió del hospital y

regresó a vivir con sus padres. Que luego de ello, ocurrieron las

denuncias por un incidente del 10 de octubre de 2023, donde

también fue declarado no procesable permanentemente.                     El

Procurador aludió al proceso de emergencia paralelo a tenor con

la Ley Núm. 408-2000 sobre internación civil.9 Agregó que, en ese

procedimiento civil, “el tribunal pautó una vista de seguimiento

para el 29 de febrero de 2024.        De ese trámite civil, en el que el

Departamento de Justicia no forma parte ni interviene, depende

9
 Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por la Oficina del Procurador
General, pág. 13.
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que el señor Torres Rodríguez reciba los servicios y la ayuda que

necesita, lo que a su vez evitaría que sus padres, personas de

edad avanzada, sigan siendo víctimas de los incidentes acaecidos

con el peticionario”.10 Tras ello, el Procurador nos solicitó que,

ante el hecho de que el tribunal determinó que el peticionario

constituye un peligro para sí y para los demás y la recurrencia de

la situación entre este y sus padres, ordenemos al foro primario a

remitir el asunto al trámite de internación civil.            Nos requirió

también que ordenemos que apercibamos de la urgencia de que

se atienda el asunto con premura y urgencia.

         Vemos que ambas partes nos solicitan que el foro primario

remita presente causa al trámite de internación civil a tenor con

la Ley 408-2000.

         De la Resolución y Orden que revisamos, así como del

expediente, surge que el 7 de noviembre de 2023 el TPI determinó

que        el    denunciado       se    encontraba       No     Procesable

permanentemente.11 Para evaluar si el acusado representaba

algún riesgo o peligro para su seguridad o la de otros, el foro

primario llevó a cabo una vista el 29 de noviembre de 2023. Luego

de escuchar las declaraciones del Dr. William Lugo, psiquiatra del

Estado y del señor Israel Peña del Hospital Ramón Fernández

Marina, el tribunal de instancia entendió que el denunciado

presenta un riesgo para su seguridad y/o la de otras personas

estando en la libre comunidad. A tales efectos, el foro primario

expresó que “de forma responsable y en ánimo de proteger la

seguridad del denunciado y la de sus familiares, con quien este

vive y contra quienes ha incurrido en conducta violenta según se

ha alegado en más de un proceso criminal dentro de un corto

10
     Íd., pág. 14.
11
     Véase Resolución y Orden del 29 de noviembre de 2023, apéndice pág. 37.
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periodo de tiempo, el Tribunal dispone y ordena que el denunciado

permanezca en el Hospital Dr. Ramón Fernández Marina a tenor

con la Regla 241 de las de Procedimiento Criminal”. Acto seguido

ordenó una nueva evaluación para el señor Torres Rodríguez para

el 23 de febrero de 2024 y señaló una vista de seguimiento para

el 26 de febrero de 2024. Para ese día, le requirió al Dr. William

Lugo emitir sus recomendaciones al Tribunal.

      Como vemos, el foro primario suspendió los procesos

criminales incoados contra el señor Torres Rodríguez y decretó

que este no era procesable. El trámite al amparo de la Regla 240

de Procedimiento Criminal está diseñado para garantizar el debido

proceso de ley al imputado y, además, torna al juez de instancia

el custodio de ese mecanismo. Véase Pueblo v. Rivera Montalvo,

supra. En ánimo de proteger al imputado y a sus familiares, el

foro primario ordenó una nueva evaluación con el psiquiatra del

estado para el 23 de febrero de 2024 y luego, la vista de

seguimiento para el 26 de febrero de 2024. Ese día el Dr. William

Lugo, psiquiatra del Estado, emitirá las recomendaciones al

Tribunal.

      De acuerdo con las circunstancias que permean en este

caso, en que no es la primera vez que al acusado se le imputan

acciones    contra   sus   progenitores,   entendemos    que    la

determinación del foro primario es razonable y no amerita nuestra

intervención. Resulta adecuado que el Tribunal, como custodio

del proceso, escuche las recomendaciones del perito del Estado

antes de emitir una decisión final.

      Mientras ello ocurre, como el imputado fue declarado no

procesable, el Tribunal ordenó que este continuara recluido en el

Hospital Dr. Ramón Fernandez Marina. Esta medida de cautela y
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protección de la seguridad del acusado y la de sus parientes, no

contraviene la Regla 241 de Procedimiento Criminal.               No

divisamos que, en su actuación, el foro primario incurriera en

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de su discreción.

      Una vez el foro primario celebre la vista, entonces

determinará el curso a seguir, lo que incluye decretar si refiere el

caso al ámbito civil que provee la Ley 408-2000. La decisión que

se tome debe salvaguardar la seguridad del imputado, la de sus

progenitores y demás personas.

                                IV.

      Por las razones antes expresadas expedimos el Auto de

Certiorari y confirmamos la resolución contra la que aquí se

recurrió.   Devolvemos el caso al foro de instancia para que

proceda con la vista pautada para el 26 de febrero de 2023 y emita

su determinación en cuanto a la causa de epígrafe, conforme la

prueba que allí reciba.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Salgado Schwarz concurre con

la siguiente expresión: “El Juez Salgado Schwarz hubiera

denegado la expedición del auto discrecional, habida cuenta que

no requiere expresión nuestra, es correcta en derecho y la vista

de seguimiento está próxima a celebrarse.”

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones