Court Opinion

ID: 9952227
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:09.003929+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:00.786868
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL IX

                                                         Certiorari
     BANCO POPULAR DE                                    Procedente del
      PUERTO RICO ahora                                  Tribunal de
     GRANTED RECOVERY                                    Primera
         GROUP, LLC                                      Instancia, Sala
                                                         Superior de
             Recurrido                                   Bayamón
                                         KLCE202301252
                  v.
                                                         Sobre: Cobro de
                                                         Dinero
     MARGARITA NEGRÓN
          PAGÁN
                                                         Caso Núm.:
           Peticionarios                                 DCD2010-0930

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

       Comparece ante nos, la Sra. Margarita Negrón Pagán (en

adelante, “Negrón Pagán o peticionaria–demandada”) mediante el

certiorari de epígrafe, para que revisemos la Orden dictada el 18 de

julio de 2023,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Bayamón (en adelante, “TPI”). En esta, declaró No Ha Lugar la

moción presentada por la peticionaria, no obstante, solicitó la

reconsideración, que fue declarada No Ha Lugar el 5 de octubre de

2023.2

       Evaluado el expediente ante nos, denegamos la presente

petición de certiorari. Veamos.

                                         -I-

       El 18 de marzo de 2010, Banco Popular de Puerto Rico (en

adelante; “BPPR”) instó una acción en cobro de dinero por

1 Notificada el 20 de julio de 2023.
2 Notificada el 11 de octubre de 2023.

Número Identificador
RES2024 _______________
KLCE202301252                                                                     2

$42,147.53 y honorarios de abogados, contra la señora Negrón

Pagán.3

       El 11 de mayo de 2010, la peticionaria compareció —por

derecho propio—,4 mediante una moción en la cual alegó que sus

únicos ingresos eran por incapacidad y que ha intentado negociar

la deuda con BPPR. El 18 de mayo de 2010, BPPR enmendó sus

alegaciones para incluir otra reclamación, consistente en un

préstamo personal no pagado por la señora Negrón Pagán. La suma

reclamada era de $5,830.67 más $2,000 en intereses a razón de

8.95% anual.5

       Luego de varios trámites, el TPI emitió una Orden el 20 de

mayo de 2010 para que la peticionaria contestara la demanda

enmendada en 20 días, so pena de anotarle la rebeldía y dictarle

sentencia en su contra.6

       El 14 de abril de 2011, el BPPR presentó una solicitud para

que se dicte sentencia, dado el ofrecimiento de pago muy bajo y la

incomunicación de la peticionaria en el intento de llegar a un

acuerdo de pago por las deudas acumuladas de un préstamo

personal y una tarjeta de crédito.7

       No obstante, el TPI emitió una Orden el 27 de abril de 2011

para que la representación legal del BPPR contestara, en un plazo

de 30 días, la moción por derecho propio presentada el 11 de mayo

de 2010 por la peticionaria.8

       El 17 de mayo de 2011, la representación legal del BPPR la

compareció y reiteró su solicitud para que se dictara sentencia ante

la imposibilidad de pago por parte de la señora Negrón Pagán.9

3 Anejo I de la Peticionaria, págs. 1 – 2.
4 Anejo II de la Peticionaria, págs. 5 – 15.
5 Anejo VI de la Peticionaria, págs. 18 – 19.
6 Notificada el 22 de mayo de 2010. Anejo IX de la Peticionaria, págs. 23 – 24.
7 Anejo XI de la Peticionaria, págs. 26 – 27.
8 Notificada ese mismo día. Anejo XII de la Peticionaria, pág. 28.
9 Anejo XIII de la Peticionaria, pág. 29.
KLCE202301252                                                                    3
          El 6 de junio de 2011, el TPI ordenó al BPPR a presentar

una declaración jurada acreditando el balance adeudado por la

peticionaria.10

          En cumplimiento de orden, el 29 de junio de 2011 el BPPR

sometió una declaración jurada en la que incluyó los balances no

pagados de las dos (2) causas de acción.11

          El 18 de agosto de 2011, el TPI dictó una sentencia en

rebeldía condenando a la señora Negrón Pagán a satisfacer la suma

de $42,147.53 en concepto de deuda por la tarjeta de crédito; sin

embargo, no atendió la causa relacionada al préstamo personal.12

          Así las cosas, Granted Recovery Group, LLC (en adelante;

“Granted o recurrido–demandante”) compareció el 23 de febrero de

2015;13 entre otras cosas, indicó que BPPR le cedió la sentencia

dictada, y le solicitó al TPI la sustitución de parte. Luego, Granted

solicitó la ejecución de la sentencia con la venta en pública subasta

del inmueble sito en Bayamón, Puerto Rico.14

          Por lo que, el 6 de mayo de 2015 el TPI expidió la orden

ejecución de sentencia autorizando la venta en pública subasta del

inmueble.15 La venta judicial se llevó a cabo el 29 de enero de 2016,

adjudicándosele la buena pro a Granted.16

          Transcurridos varios trámites procesales, el 4 de octubre de

2016 la peticionaria presentó, mediante representación legal:

“Moción Solicitando se Anule Proceso de Ejecución de Sentencia y de

Venta Judicial”.17 Solicitó que se declarara nulo todo el proceso de

10
     Anejo XIV de la Peticionaria, pág. 30.
11 Anejo XV de la Peticionaria, págs. 31 – 33.
12 Notificada el 30 de agosto de 2011. Anejo XVI de la Peticionaria, págs. 34 – 36.
13 Anejo XVI de la Peticionaria, pág. 37.
14 Alega la peticionaria que Granted anotó un extracto de la sentencia dictada, de

acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre Gravámenes por Sentencia. Anejo
XIX de la Peticionaria, págs. 40 – 41.
15 Anejo XX de la Peticionaria, pág. 42.
16 Surge del expediente que, se otorgó una escritura de Venta Judicial por la suma

$85,017.89. Granted asumió las cargas y gravámenes existentes, incluyendo la
Hipoteca a favor de Banco Santander (Santander). Véase; Anejo XXII de la
Peticionaria, págs. 44 – 50.
17 Anejo XXIV de la Peticionaria, págs. 52 – 70.
KLCE202301252                                                                 4

ejecución de la sentencia realizado por Granted, ya que no había

anotado previamente el embargo para garantizar la sentencia. Al día

siguiente —5 de octubre de 2016— la peticionaria radicó una

segunda moción, pero esta vez, atacó el perfeccionamiento de la

venta judicial.18 Alegó que Granted debió haber realizado un

depósito de la suma excedente del valor adjudicado en la buena pro,

por lo que, planteó que no se perfeccionó la venta judicial.

       Sin embargo, ambos planteamientos no prosperaron.19 Por lo

que, el 28 de febrero de 2017 y el 30 de marzo de 2017 la

peticionaria recurrió ante este Foro apelativo. En el primer recurso

KLCE201700343, solicitó que se anulara la venta judicial, ya que

existía una deficiencia de pago de la buena pro. En el segundo

recurso KLCE201700600, solicitó que se anulara el proceso de

ejecución de la sentencia dictada, dado que el gravamen impuesto

no    era   autoejecutable.       Ambos      recursos    apelativos     fueron

consolidados y expedidos el 11 de julio de 2019.20 Mediante

Sentencia se declaró No Ha Lugar la anulación del proceso de

ejecución de hipoteca, sin embargo, se ordenó a Granted a consignar

la suma de $ 27,570.43 más intereses legales a favor de la señora

Negrón Pagán.21

       Recibido el Mandato de este Foro, el 8 de septiembre de

2020, el TPI aprobó el Memorando de Costas y ordenó a Granted a

consignar la suma adeudada de acuerdo con la sentencia de este

Foro apelativo.22

       Así, el 14 de mayo de 2020 la señora Negrón Pagán radicó

una acción en daños contra Granted y el Sr. Francisco Javier Rivera

18 Anejo XXV de la Peticionaria, págs. 71 – 79.
19 Luego de Granted replicar ambas mociones, el foro de instancia celebró una

vista judicial. Con la anuencia del aludido foro, se produjo una Acta de Subasta
Enmendada, el precio de licitación señalado fue de $57,447.46.
20 Anejo XXXIII de la Peticionaria, págs. 110 – 139.
21 Del expediente surge que, Santander instó una acción en Cobro y Ejecución de

Hipoteca contra la señora Negrón Pagán y Granted, por pagos atrasados. No
obstante, al Granted cumplir con las sumas correspondientes, Santander desistió.
22 Anejos XXXVII y XXXVIII de la Peticionaria, págs. 154 – 156.
KLCE202301252                                                                5
Santiago (en adelante, “Rivera Santiago”).23 En síntesis, alegó que

ambos asumieron la hipoteca, pero que estaban efectuando los

pagos de forma morosa, causándole daños a la peticionaria.

       El 7 de diciembre de 2020, la peticionaria radicó “MOCIÓN

SOLICITANDO SE DE POR SOMETIDA PARA SU RESOLUCIÓN LA

SOLICITUD PARA QUE DE DECLARE NULO TODO EL PROCESO DE

EJECUCIÓN DE SENTENCIA POR HABERSE EJECUTADO UNA

SENTENCIA PARCIAL NO FINAL RESPECTO A GRANTED RECOVERY

GROUP, LLC […]”.24 Por su parte, Granted optó por someter una

petición de quiebra voluntaria, por lo que, solicitó que se paralizaran

los procedimientos.25

       A esos efectos, el TPI paralizó los procesos postsentencia el 25

de enero de 2021.26 El 12 de mayo de 2022, la peticionaria solicitó

la reapertura de los procedimientos, y acompañó la misma con una

orden que le permitía continuar los procesos en el foro estatal.27

Dicha solicitud fue acogida por el foro primario el 1 de junio de

2022.28 El 30 de agosto de 2022, Granted impugnó la capacidad

del aludido foro para actuar.29 Sostuvo que la orden del Tribunal de

Quiebras no era clara.

       Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Quiebras

autorizó la reapertura de los tres (3) casos, incluyendo el caso de

autos.30 Por lo cual, la peticionaria solicitó por segunda ocasión la

reapertura de los procedimientos en el foro estatal.

       El 6 de julio de 2023, Granted compareció mediante “Moción

Notificando Reporte Final del Síndico y Otros Extremos”. En síntesis,

23 En el proceso, Granted vendió la propiedad parte del litigio al señor Rivera
Santiago el 17 de mayo de 2017. Luego se enmendó la demanda para, entre otras
cosas, incluir los pagos del CRIM que no se estaban realizando.; Anejo XXXIV de
la Peticionaria, págs. 140 – 146.
24 Anejo XLV de la Peticionaria, págs. 198 – 204.
25 Anejo XLVI de la Peticionaria, págs. 205 – 206.
26 Anejo XLVII de la Peticionaria, pág. 207.
27 Anejo XLVIII de la Peticionaria, págs. 208 – 212.
28 Anejo L de la Peticionaria, pág. 213.
29 Anejo LIII de la Peticionaria, págs. 219 – 222.
30 Anejo LVI de la Peticionaria, págs. 234 – 239.
KLCE202301252                                                                      6

adujo que a tono con el “Notice of Trustee’s Final Report and

Application for Compensation and Deadline Object” y el “Summary of

Trustee’s     Final    Report     and     Application      for   Compensation”

(conjuntamente, “Reporte”), surge que el Síndico de Quiebra aprobó

el “Proof of Claim” de la peticionaria por la cantidad que solicitó de

$35,349.14 por concepto de “Exess payment on Judicial Sale;

awarded court sanctions”, y le concedió 21 días para que objetara el

Reporto. Indicó que el “Proof of Claim” se basó en la Sentencia de

las casos consolidados KLCE201700600 y KLCE201700343 del

Tribunal de Apelaciones. Alegó que desconocía si la peticionaria

cobró dicha cantidad o el Síndico se la concedió. Por lo cual, solicitó

el archivo del caso, ya que al culminar el procedimiento de quiebra

bajo el Capítulo 7, la entidad corporativa dejó de existir; o en la

alternativa, citara al Síndico de Quiebra para que expresara sobre

las renunciadas alegaciones de la señora Negrón Pagán.31

       Por su parte, la señora Negrón Pagán replicó el 7 de julio de

2023.32 En síntesis, solicitó que se declarara nula la sentencia, y se

revertiera el proceso de ejecución celebrado.

       El 18 de julio de 2023, el TPI emitió una Orden, declarando

No Ha Lugar la réplica de la peticionaria.33 Inconforme, la

peticionaria solicitó reconsideración el 4 de agosto de 2023.34 A

pesar de que se le dio término para expresarse, Granted no

compareció, por lo que el 5 de octubre de 2023 la solicitud fue

declarada NO HA LUGAR A LA RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE

DEMANDADA.35

       Inconforme, el 10 de noviembre de 2023 la señora Negrón

Pagán recurrió ante este Foro apelativo y señaló la comisión de los

siguientes errores:

31 Anejo LVIII de la Peticionaria, págs. 241 – 301.
32 Anejo LIX de la Peticionaria, págs. 302 – 304.
33 Notificada el 20 de julio de 2023.; Anejo LX de la Peticionaria, págs. 306 – 307.
34 Anejo LXII de la Peticionaria, págs. 308 – 316.
35 Notificada el 11 de octubre de 2023.; Anejo LXV de la Peticionaria, pág. 323.
KLCE202301252                                                               7
       1. Erró Instancia al declarar No Ha Lugar la solicitud de la
          parte demandada recurrente para que se reabra un
          proceso paralizado por la radicación de una quiebra,
          cuando existe una orden especifica emitida por la Corte de
          Quiebras para que se reabra el caso de autos y se
          resuelvan los asuntos pendientes en el proceso, que
          incluye la nulidad del proceso de la ejecución de la
          sentencia.
       2. Erró Instancia al declarar No Ha Lugar la solicitud de la
          parte demandada recurrente para que se reabra un
          proceso paralizado por la radicación de una quiebra,
          presumiendo que como la determinación de Instancia no
          fue fundamentada, aceptó la argumentación de la parte
          demandante y recurrida de que el proceso de quiebra
          terminó con la radicación por parte del Síndico del Informe
          Final.

       De su parte, el recurrido compareció el 7 de diciembre de

2023 mediante el escrito “MEMORANDO EN OPOSICIÓN A

EXPEDICIÓN DE AUTO DE CERTIORARI”.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, damos

por sometido el asunto.

                                      -II-

                                      -A-

       Sabido es que el auto de certiorari es “un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las

determinaciones de un tribunal inferior”.36

       En ese sentido, se entiende por discreción el “poder para

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios

cursos de acción”.37

       Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las

instancias en que habremos de atender y revisar mediante certiorari

las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia,

a saber:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto

36 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
37 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202301252                                                                  8

       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,
       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].38

       Bajo esa discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento de este

Foro apelativo establece los siguientes criterios:

       El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia. 39

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.40

       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.41

38 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
39 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
40  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
41 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
KLCE202301252                                                        9
                                 -III-

       En síntesis, la señora Negrón Pagán indica que el TPI erró al

no continuar con los procedimientos pese a existir una orden del

Tribunal de Quiebra para la continuación de los mismos. Además,

presume que el foro recurrido aceptó la argumentación de Granted,

y que por ello resolvió en contra de la peticionaria.

       Sin embargo, el foro de instancia tiene discreción en su

facultad de manejar los casos de la manera que entiendan más

adecuada, conforme a los hechos y las normas de derecho aplicable

ante su consideración. Todavía no ha resuelto la solicitud del

archivo solicitado por Granted, basado en que el procedimiento de

quiebra bajo el Capítulo 7, culminó y, la entidad corporativa dejó de

existir; o en la alternativa, podría, entre otras, citar al Síndico de

Quiebra para que exprese, si a la señora Negrón Pagán se le adjudicó

el “Proof of Claim” por $35,349.14.

       Conforme el derecho aplicable, resolvemos que el presente

caso, no presenta ninguna de las circunstancias contempladas en

la referida Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La peticionaria

pretende que sustituyamos el criterio del TPI por el nuestro, sin

embargo, no señaló prueba en el expediente tendente a demostrar

que el foro primario abusó de su discreción o actuó con perjuicio,

parcialidad o error manifiesto. Así, en el ejercicio de la sana

discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal Apelaciones

resolvemos denegar la expedición de la petición de certiorari epígrafe.

                                 -IV-

       Por lo antes expuestos, denegamos la presente petición de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones