Court Opinion

ID: 9381041
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:25.410274+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.320575
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL

                                    Apelación
THE 20/22 ACT SOCIETY               procedente del
  INC.; WILLIAM SMITH;              Tribunal de Primera
    LEWIS HUTCHINS,                 Instancia, Sala
ARTHUR PETRIE, ROBERT KLAN202100555 Superior de San
   DIAMOND Y WILLIAM                Juan
         BRANUM
                                    Civil núm.:
        Apelantes                   SJ2020CV03259

               v.                                     Sobre:
                                                      Interdicto
      DEPARTAMENTO DE                                 Permanente y
        DESARROLLO                                    Sentencia
        ECONÓMICO Y                                   Declaratoria
    COMERCIO; HONORABLE
     MANUEL LABOY EN SU
      CAPACIDAD OFICIAL
     COMO SECRETARIO DE
        DESARROLLO
        ECONÓMICO Y
          COMERCIO

          Apelados
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza
Álvarez Esnard y el Juez Rodríguez Flores1

Rodríguez Flores, juez ponente.

                               SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

        La parte apelante, The 20/22 Act Society, Inc. y varios

poseedores de decretos al amparo de la Ley para Incentivar el

traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico o el Código de

Incentivos para Puerto Rico, infra, presentaron este recurso de

apelación el 23 de julio de 2021.          Solicitan que revoquemos la

Sentencia emitida el 26 de mayo de 2021, y notificada el 27 de mayo

de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) Sala de San

Juan.     Mediante el referido dictamen, dicho foro desestimó la

demanda sobre interdicto permanente y sentencia declaratoria en la

que la parte apelante impugnó la constitucionalidad de la sección

1Mediante Orden Administrativa TA-2022-001 el Juez Rodríguez Flores sustituyó
al Juez Vázquez Santisteban.

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202100555                                                                  2

89 de la Ley Núm. 40-2020. Dicha sección impone a los poseedores

de los decretos el pago de $5,000.00 al momento de presentar el

informe anual ante la Oficina de Exención del Departamento de

Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

       Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada,

DDEC, procedemos a atender el asunto ante nuestra atención.

                                       I.

       La corporación apelante, The 20/22 Act Society, Inc. reúne

algunos individuos residentes inversionistas2 (en conjunto, The

20/22 Act Society) que son tenedores de decretos de exoneración

contributiva al amparo de la Ley para Incentivar el Traslado de

Individuos Inversionistas en Puerto Rico (Ley Núm. 22-2012) o el

Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley Núm. 60-2019).3 El 18 de

junio de 2020, instaron una demanda sobre interdicto permanente

y sentencia declaratoria en contra del Departamento de Desarrollo

Económico      y    Comercio      (DDEC).     En    ésta,    impugnaron       la

constitucionalidad de la sección 89 de la Ley Núm. 40-20204 y

solicitaron que se detuviera el cobro de los $5,000.00 que dicha

sección exige a los individuos residentes inversionistas por concepto

de derechos de presentación del informe anual.

       La sección establece que el monto de cinco mil dólares se

distribuirá en $300.00 para nutrir un Fondo Especial administrado

por el DDEC, y los restantes $4,700.00 para ser depositados en el

Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Conforme el párrafo 11

2 Los codemandantes, señores William Smith, Lewis Hutchins, Robert Diamond y
William Branum.
3 La Ley Núm. 22-2012 exime del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso

pasivo devengado por los tenedores del decreto con respecto a sus inversiones.
Además, en el caso de las ganancias de capital a largo plazo, exime del pago de
contribuciones sobre las ganancias reconocidas, luego de advenir residentes de
Puerto Rico y por el periodo que dure la exención contributiva. La Ley Núm. 60-
2019 consolidó una multitud de incentivos económicos y contributivos otorgados
por el Gobierno de Puerto Rico y, respecto a la Ley 22-2012, estableció una fecha
límite para solicitar un decreto de exención contributiva al amparo de dicha ley
anterior.
4 La sección 89 de la Ley Núm. 40-2020 enmendó los apartados (a) y (b) y añadió

un apartado (d) en la Sección 6020.10 de la Ley Núm. 60-2019 (Código de
Incentivos de Puerto Rico).
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de la demanda, antes de la aprobación de la sección 89 de la Ley

Núm. 40-2020, no se había exigido pago alguno para presentar el

informe anual, ya que los $300.00 implantados por el DDEC tenían

fines puramente administrativos.5 The 20/22 Act Society alegó que

la exigencia de $4,700.00 adicionales a la cantidad original pagada

por derechos anuales procura la imposición de una contribución y

su cobro al momento de rendir el informe anual. Por ello, entiende

que la sección 89 de la Ley Núm. 40-2020 violenta la garantía

constitucional que prohíbe el menoscabo de las obligaciones

contractuales establecida en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

         El 31 de agosto de 2020, el Gobierno de Puerto Rico, en

representación del DDEC, presentó una Moción de Desestimación, al

amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2 (5), fundamentada en que la demanda deja de exponer una

reclamación que justifique la concesión de algún remedio. Ello, por

incumplir con los requisitos necesarios para la expedición de un

injunction y/o una sentencia declaratoria. A tales efectos, el DDEC

planteó que: (1) el daño alegado era económico y cuantificable, por

lo cual no era un daño irreparable; (2) la Ley Núm. 40-2020 cumplía

con el principio de neutralidad fiscal requerido por la Junta de

Supervisión Fiscal, que pretendía que cada alivio contributivo

estuviera acompañado de medidas que aumentaran los ingresos o

redujeran los gastos en proporción a los alivios; y (3) el pago por la

presentación de un informe anual no era un impuesto o

contribución - que se impone a base de un porcentaje de ingreso o

actividad económica - sino un cargo o una cantidad fija que se

establece sobre un grupo particular de personas sujetas a la

reglamentación. El DDEC afirmó que, por motivo de no tratarse de

5   Apéndice del recurso, pág. 5.
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un impuesto o contribución, el pago establecido en la sección 89 de

la Ley Núm. 40-2020 no violenta la cláusula constitucional que

prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales, sino que

solamente contempla el aumento del costo de los derechos de

presentación del informe anual requerido por ley a los tenedores del

decreto.

      En la alternativa, el DDEC sostuvo que, de constituir un

menoscabo de obligaciones contractuales, se debía sostener la

validez constitucional de la modificación, puesto que ésta cumple

con el criterio de razonabilidad y es necesaria para adelantar el

interés gubernamental de establecer un balance entre las medidas

de regulación y recaudo, y los alivios contributivos propuestos por

la legislación.

      En su Oposición a Moción de Desestimación, The 20/22 Act

Society arguyó que los decretos concedidos al palio de las

mencionadas leyes establecen un contrato entre el Estado y el

concesionario del decreto, por lo cual, el pago adicional de $4,700.00

constituye un cambio sustancial que desafía dicho acuerdo, así

como una imposición contributiva sobre la propia actividad exenta.

      Durante la vista argumentativa del 23 de septiembre de 2020,

las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus respectivas

posiciones   en   torno   a   las   mociones   presentadas   ante   la

consideración del TPI.

      El 26 de mayo de 2021, notificada el 27 de mayo de 2021, el

TPI dictó la Sentencia apelada. En su dictamen, el TPI formuló las

siguientes determinaciones de hechos:

      1. La Ley para Incentivar el Traslado de Individuos
      Inversionistas a Puerto Rico, Ley Núm. 22 fue aprobada
      el 17 de enero de 2012.

      2. La parte codemandante The 20/22 Act Society Inc.
      es una corporación doméstica debidamente creada al
      amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
      Rico. La corporación demandante reúne a varios
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     beneficiarios de decretos contributivos de la Ley Núm.
     22-2012, según enmendada, en Puerto Rico.

     3. Los demandantes alegan ser tenedores de decretos
     bajo la Ley Núm. 22-2012.

     4. La Ley Núm. 22-2012 exime totalmente del pago de
     contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo
     devengado por los tenedores del decreto con respecto a
     sus inversiones. Además, en el caso de las ganancias de
     capital a largo plazo, exime del pago de contribuciones
     sobre las ganancias reconocidas, luego de advenir
     residentes de Puerto Rico y por el periodo que dure la
     exención contributiva. Véanse los Arts. 4 y 5 de la Ley
     Núm. 22-2012, 13 LPRA secs. 10852-53.

     5. El Art. 3 (a) de la Ley Núm. 22-2012 establece que
     “[l]os decretos bajo esta Ley se considerarán un contrato
     entre el concesionario y el Gobierno de Puerto Rico, y
     dicho contrato será considerado ley entre las partes”.
     Además, dispone que “[e]l decreto será efectivo durante
     el periodo de efectividad de los beneficios concedidos en
     esta Ley, pero nunca luego de 31 de diciembre de 2035,
     salvo que con anterioridad al vencimiento de dicho
     período el decreto sea revocado”.

     6. El Departamento de Desarrollo Económico y
     Comercio de Puerto Rico fue la agencia encargada, y
     actualmente sigue siendo, de implementar la Ley Núm.
     22-2012 y la encargada de atender, procesar y conceder
     los decretos de exención contributiva al palio de dicho
     estatuto.

     7. La Ley Núm. 241-2014 enmendó la Ley Núm. 22-
     2012 para, entre otras cosas, requerirle a los tenedores
     de decretos bajo dicha ley la presentación de un informe
     anual y, de esta forma, facilitar la evaluación y
     fiscalización de los decretos otorgados. Véase el Art. 6
     de la Ley Núm. 22-2012, 13 LPRA sec. 10854.

     8. La presentación de los informes anuales requiere el
     pago de derechos por presentación.

     9. Con el fin de consolidar una multitud de incentivos
     económicos y contributivos otorgados por el Gobierno
     de Puerto Rico, el 1 de julio de 2019 se promulgó el
     Código de Incentivos. Entre otras cosas, el Código de
     Incentivos enmendó la Ley Núm. 22-2012 a los efectos
     de establecer la fecha de 31 de diciembre de 2019 como
     último día para solicitar un decreto de exención
     contributiva bajo la Ley Núm. 22-2012. Véase el Art. 12
     de la Ley Núm. 22-2012, según enmendado por la
     Sección 6070.19 de la Ley Núm. 60-2019. Véase,
     además, la Sección 6070.72 del Código de Incentivos
     (“toda solicitud de incentivos y beneficios contributivos
     que esté debidamente presentada y pendiente al 31 de
     diciembre de 2019 será procesada al amparo de la ley
     anterior bajo la cual fue presentada”).

     10. En la sección 1000.04(b) del Código de Incentivos
     Contributivos de Puerto Rico, se expresa que “[l]os
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         Decretos de exención contributiva constituyen un
         contrato entre el Gobierno de Puerto Rico, el Negocio
         Exento y sus accionistas. Los términos y las
         condiciones que se acuerden en el contrato se honrarán
         durante la vigencia del Decreto de exención contributiva
         sujeto a que el Concesionario esté en cumplimiento con
         los términos y condiciones del mismo”.

         11. El 16 de abril de 2020 se aprobó la Ley Núm. 40-
         2020, la cual enmendó varias secciones del Código de
         Incentivos. En lo pertinente al caso de epígrafe, la
         Sección 89 de la Ley Núm. 40-2020 enmendó la Sección
         6020.10 del Código de Incentivos para, entre otras
         cosas, aumentar el costo de los derechos de
         presentación de los informes anuales requeridos a los
         tenedores de los decretos por Ley Núm. 22-2012 de
         trecientos dólares ($300.00) a cinco mil dólares
         ($5,000.00). El cargo de cinco mil dólares ($5,000.00)
         asociado a la presentación de informes anuales también
         aplica a los tenedores de decreto de exención
         contributiva como Individuo Residente Inversionista
         bajo el propio Código de Incentivos.6

         En las conclusiones de derecho, el TPI distinguió la definición

de cargo versus impuesto. A continuación, razonó que el pago de

$5,000.00 por concepto de derechos de presentación del informe

anual exigido a los poseedores de decretos bajo la Ley Núm. 22-2012

es un cargo, porque solamente aplica a un grupo limitado de

personas por motivo de estar sujetos a una reglamentación; no un

impuesto, porque no se le exige a la ciudadanía en general. En lo

concerniente al referido cargo, el TPI añadió que el Artículo 6 de la

Ley Núm. 22-20127 notificaba a los poseedores de los decretos

emitidos a su amparo el requisito de pagar los derechos de

presentación del informe anual. Afirmó que dicho artículo también

advierte que la cuantía y el proceso de pago estarían sujetos a la

discreción del Secretario del DDEC. Por consiguiente, indicó que el

poseedor de un decreto ha sido informado de la imposición de un

cargo o derecho asociado a la presentación del informe anual al

momento de rendir el informe.

6   (Nota al calce omitida). Véase, Sentencia. Apéndice del recurso, págs. 103-123.
7   13 LPRA sec. 10854.
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        El   TPI   puntualizó   que   la   protección   de   la   garantía

constitucional que prohíbe el menoscabo de las obligaciones

contractuales no es absoluta, ya que debe armonizarse con el poder

de reglamentación del Estado en beneficio del interés público. Por

ello, indicó que el Tribunal Supremo ha reiterado que no todo

menoscabo de una obligación contractual es inconstitucional.

        En ese contexto, explicó que, conforme los términos del propio

estatuto, los decretos suscritos al palio la Ley Núm. 22-2012 son

contratos entre el Estado y una parte privada, por lo cual, éstos se

analizan mediante un escrutinio de razonabilidad, en el que se toma

en cuenta el interés público promovido y la extensión del menoscabo

contractual. Explicó que los decretos de la Ley Núm. 22-2012 no

establecen la cuantía específica a pagar por concepto de derechos

de presentación del informe anual. Tampoco contienen una

prohibición a los efectos de que el Estado no pueda requerir el pago

de un cargo o derecho a la presentación del informe anual. Por

consiguiente, cualquier modificación al importe del pago para el

decreto no afectaba, alteraba o menoscababa las obligaciones

contractuales que surgían del decreto.

        El TPI precisó que la sección 89 de la Ley Núm. 40-2020 lo

que hizo fue fijar en $5,000.00 la cuantía del pago y su desglose.

Entonces, evaluó la medida bajo el crisol de la protección

constitucional que prohíbe el menoscabo de las obligaciones

contractuales, y tras aplicar el escrutinio de razonabilidad, coligió

que dicha medida era una razonable que busca adelantar el interés

apremiante, legítimo y significativo de regular los beneficios que

representan los decretos concedidos al amparo de la Ley Núm. 12-

2012, con el fin de lograr la neutralidad fiscal. Consecuentemente,

sostuvo la constitucionalidad de la sección 89 de la Ley Núm. 40-

2020.
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         Por lo tanto, concluyó que, aun tomando como ciertos los

hechos de la demanda e interpretarlos de la manera más favorable

a The 20-22 Act Society, no era posible conceder remedio alguno.

Así pues, determinó que no procedía expedir el injunction solicitado

para impedir el cobro del cargo de $5,000.00. En virtud de ello,

desestimó la demanda por dejar de exponer una reclamación que

justificara la concesión de un remedio.

         Inconforme con dicha determinación, el 23 de julio de 2021,

The 20/22 Act Society incoó la presente apelación, en la que indica

que el foro sentenciador incurrió en los siguientes señalamientos de

error:

           1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
              (TPI) AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE
              MARRAS CUANDO AL DAR POR CIERTAS LAS
              ALEGACIONES FÁCTICAS BIEN FORMULADAS
              SE ADUJO UNA CAUSA DE ACCIÓN VÁLIDA DE
              VIOLACIÓN A LA CLÁUSULA DE MENOSCABO
              DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES BAJO LA
              CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA DE PUERTO
              RICO.

           2. ERRÓ EL TPI AL APLICAR UN ESTÁNDAR
              ADJUDICATIVO FORÁNEO A LAS MOCIONES
              DE DESESTIMACIÓN.

           3. ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE
              AUTOS Y RESOLVER COMO CUESTIÓN DE
              HECHO Y DERECHO QUE EXISTÍA UNA
              JUSTIFICACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA
              LEGISLACIÓN IMPUGNADA E INCIDIR SOBRE
              LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE
              EL ESTADO Y LOS DEMANDANTES.

           4. ERRÓ EL HONORABLE FORO A QUO AL
              RESOLVER QUE NO SE VIOLENTÓ LA
              CLÁUSULA      DE      MENOSCABO    DE
              OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LA
              IMPOSICIÓN DE UN CARGO A TODO
              POSEEDOR DE UN DECRETO BAJO LAS LEYES
              NÚMS. 20-2012 Y 22-2012.

           5. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA
              IMPOSICIÓN ECONÓMICA DE LA LEY NÚM. 40-
              2020   ES   UNA  CUOTA    Y  NO   UNA
              CONTRIBUCIÓN.
KLAN202100555                                                             9

          6. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE NO PROCEDE
             LA  EXPEDICIÓN     DE   UN   INTERDICTO
             PERMANENTE.

      El 2 de septiembre de 2021, el DDEC presentó un Escrito en

Cumplimiento de Resolución, en el que expuso las razones por las

cuales debemos confirmar el dictamen apelado.

      Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos

que obran en el expediente, estamos en posición de resolver.

                                    II.

                           A. Ley Núm. 22-2012

      La Ley Núm. 22-2012, conocida como la Ley para Incentivar

el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, 13 LPRA sec.

10851 et seq., fue creada a los fines de conceder exención

contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones,

devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico,

no más tarde del año que finaliza el 31 de diciembre de 2035.8 El

referido estatuto define “Individuo Residente Inversionista” como:

              un individuo residente, según se define en la Sección
              1010.01(a)(30) del Código, que no haya sido
              residente de Puerto Rico durante los últimos quince
              (15) años anteriores a la fecha de vigencia de esta ley
              y que advenga residente de Puerto Rico no más tarde
              del año contributivo que finaliza el 31 de diciembre
              de 2035.9

      A su vez, dispone que “[l]os decretos bajo esta Ley se

considerarán un contrato entre el concesionario y el Gobierno de

Puerto Rico, y dicho contrato será considerado ley entre las

partes.”.10

      En lo que atañe a las cuestiones planteadas ante nuestra

consideración, el Art. 6 de Ley Núm. 22-2012, 13 LPRA sec. 10854,

establece que:

8  Exposición de Motivos de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos
Inversionistas a Puerto Rico, Ley Núm. 22-2012, 13 LPRA sec. 10851.
9 Íd., Art. 2 (13 LPRA sec. 10851).
10 Íd.
KLAN202100555                                                              10

                Todo Individuo Residente Inversionista que posea un
                decreto concedido bajo esta Ley, radicará
                anualmente un informe autenticado, en la Oficina de
                Exención, con copia al Secretario de Hacienda,
                treinta (30) días luego de haber radicado la planilla
                de contribución sobre ingresos ante el Departamento
                de Hacienda, incluyendo cualquier prórroga.
                ........
                Los derechos serán pagados mediante la forma que
                establezca el Secretario.11

                           B. Ley Núm. 60-2019

       La Ley Núm. 60-2019, conocida como el Código de Incentivos

de Puerto Rico, 13 LPRA sec. 45001 et seq., (en adelante Código de

Incentivos) fue promulgada con el propósito de promover actividades

para fomentar el crecimiento de la economía de Puerto Rico a través

de la inversión, la exportación y la creación de empleos.12

Particularmente, la sección 1020.01(a)(20) dispone que el concepto

“Decreto” se entenderá de la siguiente manera:

          Significa la concesión, mediante contrato, que emita
          el Secretario del DDEC permitiendo a un Negocio
          Elegible, gozar de los incentivos y/o créditos
          contributivos correspondientes a dicho Negocio
          Elegible, sujeto a que cumplan con los requisitos y
          la reglamentación aplicable, ya sea bajo este Código
          o Leyes de Incentivos Anteriores.13

       Asimismo, la precitada sección, en el sub-inciso 43, provee un

amplio listado de todos los estatutos que estarán comprendidos

dentro de la frase “Leyes de Incentivos Anteriores”. Uno de estos

estatutos es la Ley Núm. 22-2012, según enmendada, supra.14

       Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley 40-

2020. Mediante la Sección 89 de esta Ley fue enmendada la Sección

6020.10 del Código de Incentivos, para establecer, en lo pertinente,

lo siguiente:

          (d) La radicación de los informes anuales requeridos
          para Negocios Exentos bajo la Sección 2021.01 de
          este Código, o bajo la Ley 22-2012, según
          enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar
          el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto

11 Íd., Art. 6 (13 LPRA sec. 10854).
12 Véase: Exposición de Motivos, Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley Núm.
60-2019, 13 LPRA sec. 45001.
13 13 LPRA sec.45012(a)(20).
14 13 LPRA Sec. 45012 (a)(43).
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           Rico”, estará sujeta a un cargo anual de cinco mil
           (5,000) dólares, de los cuales trescientos (300)
           dólares serán pagaderos a favor del Secretario de
           Hacienda y nutrirán un Fondo Especial
           administrado por el DDEC, y cuatro mil
           setescientos (4,700) dólares serán pagaderos a
           favor del Secretario de Hacienda que serán
           destinados al Fondo General del Gobierno de Puerto
           Rico.15

             C. Menoscabo de Obligaciones Contractuales

       El Artículo II, Sección 7, de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, prohíbe la aprobación de leyes que

menoscaben las obligaciones contractuales.16 Dicha garantía

constitucional     limita    la   intervención      del   gobierno     con    las

obligaciones contractuales entre partes privadas y las contraídas

por el Estado. Su propósito es asegurar la estabilidad de las

relaciones contractuales. Ahora bien, su protección no es absoluta,

ya que la misma debe ser armonizada con el poder de

reglamentación del Estado en beneficio del interés público.17

       Nuestro Tribunal ha expresado reiteradamente que no todo

menoscabo de una obligación contractual es contrario a la

Constitución.18 El análisis de esta cláusula constitucional depende

de si el contrato que se modifica es entre entes privados o es uno en

el que el Estado es parte.

       Los contratos privados se analizan mediante un escrutinio de

razonabilidad en el que se toma en cuenta cuán sustancial es el

interés    público    promovido       y   la   extensión     del    menoscabo

contractual.19 El primer paso es determinar si existe una relación

contractual, y si su modificación representa un menoscabo

sustancial o severo.20 Si se determina que existe un menoscabo

15 13 LPRA secc. 48530 (Énfasis suplido).
16 1 LPRA Art. 2, Sec. 7.
17 Domínguez Castro v. E.L.A. 178 DPR 1, 79-85. (2010); AMPR v. Sist. Retiro-

Maestros IV, 190 DPR 854, 868-871 (2014); Con. Tit. Acquamarina, et al. v. Triple-
S, 210 DPR ___ (2022), 2022 TSPR 103, 11-12; Aut. Puertos PR v. Total Petroleum
et al., 210 DPR ___, (2022), 2022 TSPR 89, 6-7.
18 Íd.
19 Íd.
20 Íd.
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severo,      entonces     es    necesario     evaluar,   si   la    intervención

gubernamental          responde     a   un    interés    legítimo    y   si   está

racionalmente relacionada con la consecución de ese objetivo.21

         Un escrutinio más cuidadoso es aplicado cuando el Estado es

parte de la relación contractual, debido a que podría actuar para su

propio beneficio.22 Al evaluar la necesidad y razonabilidad de una

ley, procede conferir alguna deferencia al criterio de la Asamblea

Legislativa.23 A mayor severidad del menoscabo, mayor rigor debe

tener el foro judicial en el análisis de la legislación impugnada.24 No

obstante, la validez será sostenida, si el menoscabo surge como

consecuencia de una modificación razonable y necesaria dirigida a

adelantar un interés público.25

         Particularmente, en Domínguez Castro et al. v. ELA, 178 DPR

1, (2010), nuestro más alto foro logró un análisis abarcador de la

doctrina vigente en materia de menoscabo de obligaciones

contractuales, y nos señaló que:

             [A]l auscultar la validez de una ley a la luz de la
             cláusula     de    menoscabo      de     obligaciones
             contractuales el criterio aplicable es el de
             razonabilidad.
             ........
             Por tanto, la función del foro judicial al evaluar la
             validez de una legislación según la cláusula del
             menoscabo de obligaciones contractuales consiste
             en establecer un balance entre el poder del Estado
             (“police power”) para salvaguardar el bienestar y la
             seguridad de la ciudadanía y el interés de proteger
             las relaciones contractuales.26

         Por consiguiente, al auscultar la validez de una ley a la luz de

la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales el criterio

aplicable es el de razonabilidad. La razonabilidad de la legislación se

21   Íd.
22   Íd.
23   Íd.
24   Íd.
25   Íd.
26   Domínguez Castro v. E.L.A., supra, pág.81.
KLAN202100555                                                             13

determinará tomando en consideración la sustancialidad del interés

público promovido y la dimensión del menoscabo ocasionado.27

         Por lo tanto, la cláusula constitucional contra el menoscabo

de obligaciones contractuales se activa “cuando la modificación

afecta los términos o condiciones esenciales del contrato que

principalmente dieron motivo a la celebración de éste de modo que

frustren las expectativas razonables de las partes”.28

                        D. Moción de Desestimación

         La Regla 10.2 de Procedimiento Civil establece que previo a

realizar una alegación responsiva es permitido que el demandado

presente una moción de desestimación.29 La precitada regla dispone

que tal solicitud deberá ser presentada en una moción debidamente

fundamentada en alguna de las siguientes defensas:

                 (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
                 (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
                 (3) insuficiencia en el emplazamiento;
                 (4) insuficiencia del diligenciamiento;
                 (5) dejar de exponer una reclamación que
                 justifique la concesión de un remedio;
                 (6) dejar de acumular una parte indispensable.30

         Nuestro más alto foro ha intimado que, al considerar una

moción de desestimación, las alegaciones contenidas en la demanda

deberán interpretarse en conjunto y de la manera más favorable

para el demandante.31 De ahí que, al evaluar una moción al amparo

del inciso cinco antes mencionado, “el tribunal tomará como ciertos

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido

aseverados de manera clara, concluyente y que de su faz no den

margen a dudas”.32

      Por ello, le corresponde al tribunal auscultar bajo un análisis de

favorabilidad hacia el demandante, si la demanda contiene

27   Íd.
28   Íd., pág. 83. (Énfasis suplido).
29   Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020).
30   32 LPRA Ap. V, R. 10.2. (Énfasis nuestro).
31   Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 584 (2002).
32   Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).
KLAN202100555                                                                  14

alegaciones suficientes para formar una reclamación válida.33 Dicho

de otro modo, no procederá desestimar la demanda, salvo que, aun

concediendo toda duda a favor del demandante este no tiene

derecho a remedio alguno, bajo los hechos que pueda probar.34

                           E. Injunction Permanente

       El injunction es un mandamiento judicial reglamentado por la

Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y por los Arts.

675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-

3533. Éste “pretende prohibir u ordenar la ejecución de un acto,

para evitar que         se causen perjuicios inminentes o                 daños

irreparables a alguna persona, cuando no hay otro remedio en ley

adecuado.”35

       Como se sabe, la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra,

contempla tres tipos de injunction, a saber: el entredicho provisional,

el injunction preliminar y el injunction permanente. Con respecto a

los criterios a ponderar en atención al injunction permanente,

nuestro Tribunal ha establecido los siguientes: (1) si el demandante

ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante

posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público

implicado; y (4) el balance de equidades.36               Entiéndase que, la

concesión     o   denegación      de   un    injunction     precisa     que    su

promovente demuestre la existencia de un daño irreparable y la

ausencia de un remedio adecuado en ley para atenderlo.37

       Sin embargo, el Código de Enjuiciamiento Civil dispone que el

recurso extraordinario de injunction no se podrá utilizar para

impedir los efectos de una ley que es constitucionalmente válida. Es

33 Íd.
34 Véase: Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012);
Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010); Pressure Vessels PR v. Empire
Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994).
35 Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 255 (2012).
36 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428.
37 Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319-320 (2008).

(Énfasis suplido).
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decir, como norma general, el remedio extraordinario del injunction

no puede concederse para impedir la aplicación u observancia de

cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o para

impedir el cumplimento de cualquier actuación autorizada por ley

de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario

público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de

cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a

menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme

inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación autorizada por ley

es inconstitucional o inválida.38

         La concesión del remedio descansará en la sana discreción

judicial, que se ejercerá al considerar tanto los intereses como las

necesidades de las partes involucradas en el caso. Este debe

expedirse con mesura y únicamente ante una demostración de clara

e inequívoca violación de un derecho. En atención a ello, la

determinación del tribunal no se revocará en apelación, a menos que

se demuestre que el foro abusó de su facultad.39

                                        III.

         The 20/22 Act Society solicita que revisemos la Sentencia

apelada, alegando que erró el foro primario al desestimar la

demanda aun cuando existía una causa de acción válida de

violación       a   la    cláusula     de      menoscabo      de       obligaciones

contractuales40; al establecer que había justificación para aprobar

la legislación que impugna, debido a que incide en la obligación

contractual entre las partes41; y              al disponer que la imposición

económica de la Ley Núm. 40-2020 es un cargo y no una

contribución o impuesto.42

38   Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3254.
39   Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc., supra, pág. 487.
40   Alegato del apelante, pág. 7-10.
41   Íd.
42   Íd., pág. 16-18.
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          En específico, arguye que, previo a la aprobación de la Ley

Núm. 40-2020, supra, a ninguno de los concesionarios de los

decretos bajo la Ley Núm. 22-2012, supra, se le había impuesto una

contribución por la mera tenencia del decreto.43 Detalla que, el pago

de los trescientos dólares ($300.00) anuales era para fines

administrativos de manejo de informes anuales. Entiende que la

diferencia de los cuatro mil setecientos dólares ($4,700) es una

contribución que se impone sobre la existencia del mismo decreto,

pues condiciona su vigencia a que se realice el pago, por lo cual, si

la contribución no se paga, el decreto pierde vigencia.44 A su juicio,

lo anterior constituye un cambio sustancial a su relación

contractual con el Estado.45 Por consiguiente, sostiene que la

sección 89 de la Ley Núm. 40-2020 menoscaba la obligación

contractual entre partes. Así, indica que el TPI debió, al menos,

expedir un injunction preliminar para vindicar sus derechos

constitucionales y no descartar las alegaciones sin celebrar una

vista en la que el DDEC demostrara el interés legítimo que justifica

la interferencia con derechos constitucionales protegidos.46

          El DDEC, en cambio, sostiene que las alegaciones de The

20/22 Act Society se apoyan en alegaciones conclusorias e

insuficientes para mantener viva una reclamación al amparo de la

garantía constitucional que prohíbe el menoscabo de obligaciones

contractuales.47 En particular, expuso que The 20/22 Act Society

no rebatió el hecho de que los informes anuales son un mecanismo

de fiscalización que se ejerce a la luz de la política pública de

desarrollo económico.48 Dada la ausencia de posibilidades de

prevalecer en el reclamo de inconstitucionalidad, y en vista de que

43   Íd., pág. 17.
44   Íd.
45   Íd., pág. 14.
46   Íd., págs. 22-23.
47   Alegato del apelado, págs. 17-23.
48   Íd., pág. 23.
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el recurso de injuction no puede utilizarse para paralizar la ejecución

de una ley que no ha sido declarada inconstitucional, el DDEC

señala que el TPI actuó correctamente al denegar la expedición del

remedio extraordinario.49

          Surge de la Sentencia apelada que el TPI evaluó si el cargo

anual de $5,000.00 del apartado (d) de la sección 89 de la Ley

Núm.40-2020 constituye un impuesto o contribución y si éste

menoscabó el acuerdo entre los tenedores de decretos al palio de la

Ley Núm. 22-2012 y el Estado. El TPI resolvió que el cargo anual de

$5,000,00 no es un impuesto y, a su vez, que el importe a pagarse

no forma parte de los decretos bajo la Ley Núm. 22-2012. Por tanto,

descartó la interpretación de que la aprobación de la aludida sección

89 menoscabó la obligación contractual entre las partes en disputa,

sostuvo la constitucionalidad de la sección 89 de la Ley Núm. 40-

2020 y denegó expedir el injunction solicitado. Coincidimos con tal

apreciación.

          La sección 89 de la Ley Núm. 40-2020 estableció el cargo de

$5,000.00 a los negocios exentos con decretos vigentes bajo la Ley

Núm. 22-2012 y cualquiera que se haya otorgado o se otorgue a

individuos residentes inversionistas bajo el Código de Incentivos.

Este cargo a dichos decretos es adicional al requisito de aportación

anual mínima que deben realizar al momento de radicar su informe

anual bajo la Sección 6020.10 (b) del Código de Incentivos.

          El referido cargo de $5,000.00 es un cargo o derecho (fee). El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una contribución

no es equivalente a un derecho. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95

DPR 772, 785-786 (1968). Las contribuciones se imponen contra

las ganancias netas con el propósito de generar rentas para atender

la función de la cosa pública en general, de cada cual conforme a su

49   Íd., págs. 24-25.
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capacidad y a cada cual conforme a su necesidad; mientras que un

cargo o derecho (fee) tiene como finalidad producir ingresos

específicos en función de una actividad específica, con propósito

principal de restituir recursos.    Íd.   Además, el cargo solamente

aplica a un grupo limitado de personas por motivo de estar sujetos

a una reglamentación; no se le exige a la ciudadanía en general.

         Por otro lado, el Artículo 6 de la Ley Núm. 22-201250 notifica

a los poseedores de los decretos emitidos a su amparo el requisito

de pagar los derechos de presentación del informe anual.            El

mencionado artículo también advierte que la cuantía y el proceso de

pago estarían sujetos a la discreción del Secretario del DDEC. De

tal forma, el poseedor de un decreto tiene conocimiento de la

imposición de un cargo o derecho asociado a la presentación del

informe anual al momento de rendir el informe.

         Ahora bien, el decreto suscrito bajo la Ley Núm. 22-2012 no

especifica la cuantía a pagar por concepto de derechos de

presentación del informe anual. Es la sección 89 de la Ley Núm.

40-2020 la que estableció el importe que corresponde pagar a los

individuos residentes inversionistas por derechos de presentación

del informe anual. Este cambio no menoscabó el contrato de decreto

entre los concesionarios y el DDEC, puesto que el decreto continúa

íntegro. Aun así, tras igualmente evaluar la referida sección a la luz

de la garantía constitucional que prohíbe el menoscabo de las

obligaciones contractuales, concluimos que ésta es razonable y

adelanta el interés apremiante y legítimo de regular los beneficios

que representan los decretos concedidos al amparo de la Ley Núm.

12-2012, con el propósito de lograr la neutralidad fiscal. Así pues,

el cargo de $5,000.00 no resulta desproporcional al considerar los

50   13 LPRA sec. 10854.
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beneficios contributivos que representan los decretos de la Ley Núm.

22-2012.

      Como se ha dicho, cuando se trata de cuestionar la validez

constitucional de una ley bajo la cláusula del menoscabo de

obligaciones contractuales, y una de las partes sea el Gobierno,

hemos reiterado que “se aplica un escrutinio más cuidadoso” y se le

debe dar deferencia a la Asamblea Legislativa respecto a la

necesidad y razonabilidad de la medida.

      El cargo que establece la enmienda no constituye un

menoscabo a la obligación contractual de los decretos de la ley Núm.

22-2012, toda vez que éste no afecta los términos o condiciones

esenciales de dichos acuerdos. La enmienda establecida por la Ley

Núm. 40-2020 es similar a la enmienda que efectúa la Asamblea

Legislativa en su ejercicio de poder de Estado bajo la Ley Núm. 241-

2014, que enmendó la Ley Núm. 22-2012 para requerirle a los

tenedores de decretos bajo dicha ley la presentación de un informe

anual y, de esta forma, facilitar la evaluación y fiscalización de los

decretos otorgados. Ello, sin alterar lo establecido por escrito en los

decretos entre las partes. Asimismo, colegimos que la medida en

controversia es razonable y necesaria para adelantar el interés

público de lograr la neutralidad fiscal.

      En fin, al igual que el foro apelado, sostenemos la

constitucionalidad de la sección 89 de la Ley Núm. 40-2020. A la

par, y tras evaluar las alegaciones de la demanda de la manera más

favorable a The 20/22 Act Society, colegimos que no procedía

expedir el injunction solicitado para impedir el cobro del cargo de

$5,000.00 que la referida sección exige a los poseedores de decretos

al palio de la Ley Núm. 22-2012 o la Ley Núm. 60-2019.

Consecuentemente, concluimos que no erró el TPI al emitir su

dictamen y desestimar la demanda al amparo de la Regla 10.2 de
KLAN202100555                                                      20

Procedimiento Civil, supra. Así pues, procede confirmar la Sentencia

apelada.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones