Court Opinion

ID: 9928526
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:22:20.577771+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:01.214094
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPECIAL1

ANGEL M. DIAZ                                APELACION
ESTRADA                                      Procedente del
HECTOR BETANCOURT                            Tribunal de Primera
RIVERA                                       Instancia, Sala
                               KLAN202300310 Superior de Caguas
Apelados

        v.                                         Caso Núm.:
                                                   EAC2016-0240
JOSE O. RIVERA
TORRES
                                                   Sobre: Daños y
Apelante                                           Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la jueza Mateu Meléndez, el juez
Marrero Guerrero y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      Comparece la parte apelante, el José O. Rivera Torres,

mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita la revocación de la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Caguas, el 3 de octubre del 2022, notificada el 11 del mismo mes y

año. En el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar una

Demanda presentada por los apelados, Ángel M. Díaz Estrada y

Héctor Betancourt Rivera.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma el dictamen apelado.

                                    I

      El 19 de agosto de 2016, los apelados instaron una

Demanda, posteriormente enmendada el 7 de agosto de 2019,

sobre incumplimiento contractual y daños en contra del aquí

1
 Véase Orden Administrativa OATA-2023-131del 14 de julio de 2023, donde se
designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución del juez Roberto
Rodríguez Casillas.

Número Identificador
RES2023___________________
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apelante. En el pliego, alegaron que el señor Betancourt Rivera

negoció verbalmente con el señor Rivera Torres la compraventa de

un solar radicado en el Municipio de Caguas por la suma de cien

mil dólares ($100,000). Sostuvieron, además, que entraron en

posesión y dominio de la propiedad, luego de realizar, el 25 de

mayo de 2007, un último pago parcial de quince mil dólares

($15,000), el cual, presuntamente, satisfizo el precio acordado.

Adujeron   que,   ocurrido    lo   anterior,   únicamente,   quedaba

pendiente la segregación del predio adquirido y la transmisión del

título, lo cual acordaron que lo realizaría el apelante. Sin embargo,

indicaron que el señor Rivera Torres incumplió con lo acordado,

puesto que no fue hasta el 19 de agosto de 2013 que se presentó la

solicitud de segregación y, más aún, porque el referido proceso no

se había concretado. Además, manifestaron que el apelante le

causó daños a la propiedad mueble que se encontraba en el solar y

que les ha impedido el acceso al mismo.

      En virtud de lo anterior, los apelados solicitaron al tribunal

de instancia que condenara al señor Rivera Torres a culminar el

proceso de segregación, a elevar la compraventa a escritura

pública, para que fuese posible la transmisión del título del solar, y

a indemnizarlos por los daños ocasionados.

      En reacción, el 20 de diciembre de 2016, el demandante

presentó Contestación a la Demanda y Reconvención. En el escrito,

arguyó que el acuerdo verbal para la compraventa del referido

solar fue por la cantidad de ciento cincuenta mil dólares

($150,000), y no por la suma de cien mil dólares ($100,000), como

alegaron los apelados. A su vez, afirmó que estos no satisficieron el

precio pactado, ni entraron en posesión del inmueble. En su

reconvención, solicitó al foro primario que condenara a los
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apelados a pagar la cantidad adeudada y a indemnizarle por las

angustias mentales sufridas.

      Tras varias instancias procesales, el 3 de octubre del 2022,

notificada el 11 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera

Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa. En la misma, el

referido foro manifestó que les confirió entera credibilidad a los

testimonios vertidos en juicio, y concluyó que el precio de venta

acordado entre el señor Rivera Torres y el señor Betancourt Rivera

fue por la suma de cien mil dólares ($100,000). A su vez, resolvió

que toda la prueba estableció a satisfacción del Tribunal que el

señor Betancourt Rivera comenzó a hacer uso del solar, y que el

señor Rivera Torres le impidió el acceso al mismo, de forma que

pudiera, disfrutar y disponer de la propiedad como dueño, a pesar

de haber satisfecho el precio de venta. Así pues, el foro primario

declaró Ha Lugar la Demanda, y condenó al apelante a otorgar la

escritura púbica sobre compraventa del solar, para que se

consignara la titularidad de dicho solar a favor de los apelados. En

cuanto a la reclamación por daños, el tribunal expresó que

ninguna de las partes logró establecer por preponderancia de

prueba que se ocasionaron los daños alegados.

      Inconforme, y al declararse No Ha Lugar una previa Solicitud

de Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de

Derecho y Reconsideración, el 12 de abril del año en curso, la parte

apelante acudió ante nos mediante el recurso del epígrafe y realizó

los siguientes señalamientos de error:

      Erró el TPI al determinar que el contrato de
      compraventa verbal entre las partes fue por la
      cantidad de cien mil dólares ($100,000).
      Erró el TPI al declarar que la parte apelada satisfizo el
      alegado precio acordado de $100,000 dólares [sic].
      Erró el TPI al no emitir las determinaciones y
      conclusiones de derecho solicitadas conforme a la
      prueba desfilada en el juicio en su fondo.
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        Evaluado lo anterior, el 17 de abril de 2023 le concedimos a

la parte apelada un término de treinta (30) días para presentar su

alegato conforme a la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 22.

        En cumplimiento con lo ordenado, el 19 de mayo de 2023, la

parte apelada presentó su Alegato en Oposición a la Apelación.

        El 22 de mayo de 2023, el señor Rivera Torres presentó una

Moción Informativa, en la que indicó que el método de reproducción

de la prueba oral a ser utilizado era la transcripción de la prueba

oral.

        Tras examinar la moción, el 23 de mayo de 2023, emitimos

una Resolución en la que concedimos al apelante diez (10) días

para que mostrara causa por la cual no debíamos denegar la

solicitud. Ello, debido a que incumplió con el término dispuesto en

la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XII-B, R. 19, para acreditar el método de reproducción de la

prueba.

        El 1 de junio de 2023, el apelante presentó una Moción en

cumplimiento de Orden en la que, entre otras cosas, arguyó que la

transcripción de la prueba oral era indispensable para disponer del

recurso de epígrafe y propiciaría la mayor celeridad de los

procedimientos.

        Así, pues, el 6 de junio de 2023, emitimos una Resolución

en la que declaramos Con Lugar la solicitud de transcripción de la

prueba oral y le otorgamos un plazo de sesenta (60) días para

presentar la referida transcripción estipulada por ambas partes.

        El 9 de agosto de 2023, el señor Rivera Torres presentó una

Moción en Solicitud de Extensión de Término, en la que nos solicitó

un término adicional de treinta (30) días para presentar la

transcripción de la prueba estipulada.
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      Evaluado lo anterior, el 17 de agosto de 2023, le concedimos

al apelante un término final de quince (15) días para que

reprodujera la prueba oral. A su vez, le apercibimos que, de no

comparecer    en       el        término   dispuesto,   procederíamos   a   la

adjudicación final del recurso.

      A la fecha, han trascurrido aproximadamente cuatro (4)

meses desde el último término que le otorgamos al señor apelante

para que presentara la transcripción de la prueba oral estipulada,

y no ha cumplido con lo ordenado, como tampoco ha comparecido

ante nos para solicitar una prórroga.

      Procedemos a resolver, sin el beneficio de la transcripción de

la prueba oral.

                                           I.

   A. Derecho Contractual

      En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes,

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y al orden

público. Artículo 1232 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec.

9753; Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 182

(2018). Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contrayentes, ante sus sucesores y ante terceros quienes vienen

obligadas a observar sus términos en la forma que dispone la ley.

Artículo 1233 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9754; MCS

Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 2023 TSPR 8, 212 DPR ___

(2023); Feliciano v. Luxury Hotels International of Puerto Rico Inc.,

210 DPR 712, 728 (2022).

      Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero

consentimiento, y, desde ese momento, las partes se obligan al

cumplimiento      de        lo    expresamente    pactado   y   a   todas   las
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consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la

buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1237 del Código Civil de 2020,

31 LPRA sec. 9771; Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, 210 DPR

163, 230 (2022); Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra,

pág. 182. Un contrato existe desde que una o varias personas

consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa

o prestar algún servicio. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, supra,

pág. 230; Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 726-727

(2018). De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que

en las obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de

las partes, y los tribunales no pueden relevar a una parte de

cumplir con lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio

alguno. Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 471 (2007). De

Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).

      Finalmente   es   menester    señalar   que,   desde   tiempo

inmemorial, nuestro ordenamiento jurídico ha otorgado plena

eficacia a los contratos verbales. En apoyo a lo anterior, nuestro

Tribunal Supremo expresó que:

      “[l]a eficacia de los contratos no depende de sus
      formas extrínsecas, sino de la concurrencia de las
      circunstancias necesarias para su validez, siendo
      obligatorios, cualquiera que sea la forma de su
      celebración, sin que su constancia por documento
      público o privado que para algunos exige la ley, sea
      requisito esencial para su subsistencia, sino medio
      coercitivo concedido a los contratantes para
      compelerse recíprocamente a llenar aquella forma”.
      Cintrón v. Fernández, 22 DPR 483 (1915).

   B. Apreciación de la prueba oral

      Sabido es que este Tribunal Apelativo actúa, esencialmente,

como foro revisor. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750,

770 (2013). Es por ello que, nuestra encomienda principal es

examinar cómo los tribunales inferiores aplican el Derecho a los

hechos particulares de cada caso. Íd. Cónsono con lo anterior, el
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desempeño de nuestra función revisora se fundamenta en que el

Tribunal de Primera Instancia desarrolle un expediente completo

que incluya los hechos que haya determinado ciertos a partir de la

prueba que se le presentó. Íd. Es decir, nuestra función de aplicar

y pautar el Derecho requiere saber cuáles son los hechos, tarea

que corresponde, primeramente, al foro de instancia. Íd. Como foro

apelativo, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el

testimonio oral de los testigos, no dirimimos credibilidad y no

hacemos determinaciones de hechos. Íd. Esa es la función de los

tribunales de primera instancia. Íd.

      Por el contrario, al momento de analizar prueba documental,

prueba pericial o testimonios de testigos ofrecidos mediante

declaraciones escritas, estamos en la misma posición que el

Tribunal de Primera Instancia. Ortiz et al. v. S.L.G. Meaux, 156

DPR 488, 495 (2002). Así, “el Tribunal Apelativo tendrá la facultad

para adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la

prueba     pericial,   y    hasta   para   descartarla,    aunque    resulte

técnicamente correcta”. Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206

DPR 194, 219 (2021), citando a González Hernández v. González

Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). Asimismo, es norma básica

que las conclusiones de derecho son revisables en su totalidad por

el foro apelativo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770.

Ahora bien, como norma general, los tribunales apelativos aceptan

como correctas las determinaciones de hechos de los tribunales

inferiores, así como su apreciación sobre la credibilidad de los

testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en la sala.

Íd., pág. 771.

      En     nuestro       ordenamiento    jurídico   no   se   favorece   la

intervención de los foros apelativos para revisar la apreciación de

la prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de

hechos formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, en
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ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

W.M.M. y otros v. Puerto Rico Christian School, Inc. y otros, 2023

TSPR 48, 211 DPR ___ (2023); Pueblo v. Hernández Doble, 210 DPR

850, 866 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra. Ello,

debido a que el foro de instancia está en mejor posición que un

tribunal apelativo para llevar a cabo esta importante tarea judicial.

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.

      En consideración a la norma de corrección que cobija a las

determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia,

cuando una parte peticionaria señala errores dirigidos a cuestionar

la apreciación o suficiencia de la prueba, la naturaleza del derecho

apelativo requiere que esta ubique al foro revisor en tiempo y

espacio de lo ocurrido en el foro primario. Ello se logra utilizando

alguno de los mecanismos de recopilación de prueba oral, como lo

son: (1) transcripción de la prueba, (2) exposición estipulada o (3)

exposición narrativa. Pueblo v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35, 211

DPR ___ (2023). Los tribunales de mayor jerarquía no pueden

cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca,

mediante alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo ante sí

el foro primario. Íd. Por tanto, “[e]l apelante tiene la obligación de

poner en posición al foro apelativo de aquilatar y justipreciar el

error anotado”. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).

                                 II.

      La parte apelante aduce que el tribunal incidió en la

valoración de la prueba presentada, y al determinar que el contrato

verbal entre las partes fue por la suma de cien mil dólares

($100,000). A su vez, sostiene que el referido foro erró al concluir

que la parte apelada satisfizo el precio acordado.

      Conforme esbozamos en nuestra previa exposición doctrinal,

cuando la parte apelante señala errores dirigidos a cuestionar la

apreciación o suficiencia de la prueba, esta Curia no puede
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cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le produzca la

prueba oral mediante alguno de los mecanismos de reproducción.

Pueblo v. Pérez Delgado, supra. Ello, puesto que, como norma

general, debemos aceptar como correctas la apreciación que realiza

el foro primario sobre la credibilidad de los testigos y el valor

probatorio de la prueba presentada. Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, supra, pág. 770.

      En virtud de lo anterior, el señor Rivera Torres tenía que

ponernos en posición de poder intervenir con la apreciación de la

prueba realizada por el juzgador de instancia. No obstante, a pesar

de los múltiples términos concedidos al apelante para que

presentara la transcripción de la prueba oral, este incumplió con lo

ordenado. Ante lo acontecido, destacamos que los abogados están

obligados a cumplir fielmente con las leyes y reglamentos

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, y no debe

quedar al arbitrio de estos elegir cuáles normas deben obedecer y

cuando. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).

      Luego de examinar detenidamente el expediente, nada nos

mueve a concluir que, al emitir la determinación que nos ocupa, el

foro de instancia incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto. W.M.M. y otros v. Puerto Rico Christian School, Inc. y

otros supra. Así, pues, resulta forzoso confirmar la Sentencia

apelada.

                                  IV

      Por   los   fundamentos     que   anteceden,   confirmamos   el

dictamen apelado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                            LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones