Court Opinion

ID: 9394869
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:17:54.248386+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:04.045554
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL V

      MARY I. RODRÍGUEZ                  CERTIORARI
       LÓPEZ Y OTROS                     procedente del
                                         Tribunal de Primera
    Demandantes-Recurridos               Instancia, Sala
                           KLCE202300316 Superior de
            Vs.                          Bayamón

     MIGUEL J. CUADRADO                           Caso Núm.
      CINTRÓN Y OTROS                             BY2022CV05454
                                                  Sala: 503
    Demandados-Peticionarios
                                                  SOBRE: DAÑOS Y
                                                  PERJUICIOS
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

                                  RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2023.

         El 28 de marzo de 2023, Universal Insurance Company

(Universal), MJC Contractor Services Corp (MJC) y Miguel J.

Cuadrado Cintrón (en conjunto, los peticionarios) comparecieron

ante nos mediante un Escrito de Certiorari y solicitaron la revisión

de una Resolución que se dictó y notificó el 13 de marzo de 2023 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar las

mociones de desestimación que presentaron los peticionarios.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

                                          I.

         El 27 de octubre de 2022, la Sra. Mary I. Rodríguez López

(señora Rodríguez), por sí y en representación de su hija, DIFR (en

conjunto, parte recurrida) presentó una Demanda sobre daños y

perjuicios en contra de los peticionarios.1 En esta, reclamó

indemnización por daños por un accidente de tránsito que ella y sus

dos hijas sufrieron el 30 de octubre de 2021 en el municipio de Toa

1   Véase, págs. 2-12 del apéndice del recurso.

Número Identificador
RES2023 _____________________
KLCE202300316                                                             2

Alta mientras la fanecida, hija de la Sra. Rodríguez, conducía el

vehículo.       Específicamente,    indicó   que    fueron     violentamente

impactadas por el Sr. José Rodríguez Rosa (señor Rodríguez Rosa)

que conducía un vehículo de motor perteneciente a MJC. Adujo que

le habían notificado que el señor Rodríguez Rosa no era empleado

de MJC y que se había apropiado ilegalmente de la camioneta.

          Sin embargo, indicó que previamente se le había permitido

acceso a dicho conductor al local comercial de MJC y, por ende, este

debía tener conocimiento que la compañía acostumbraba a dejar las

llaves dentro de las camionetas sin tener a un guardia de seguridad

velando por estas. En consecuencia, argumentó que el accidente se

debió única y exclusivamente a la negligencia de los peticionarios al

no cuidar y proteger su propiedad lo cual hacía previsible y probable

que sus camiones pudiesen ser hurtadas. En vista de lo antes

expuesto, solicitó indemnización por angustias mentales, lucro

cesante y pérdida de ingresos tanto para ella como para su hija,

DIFR.

          El   1   de   noviembre   de   2023,     Universal   presentó   su

Contestación a la Demanda.2 En esencia, negó la mayoría de las

alegaciones de la parte recurrida. Específicamente, destacó que no

respondía por el accidente debido a que según surgía de las propias

alegaciones de la Demanda, un tercero que no había sido incluido

como demandado, se apropió ilegalmente del vehículo de motor

asegurado que pertenecía a MJC.              Así pues, razonó que dicha

persona obtuvo la posesión del vehículo sin autorización del dueño

y por esa razón, Universal no respondía por los daños causados.

Para sostener su contención, señaló que, por estos mismos hechos,

el señor Rodríguez Rosa fue acusado criminalmente y luego hizo

alegación de culpabilidad en los casos DBD2022G0112-0113 y

2   Íd., págs. 13-31.
KLCE202300316                                                          3

DLE2022G0075-0077 por lo cual se encuentra actualmente

cumpliendo una condena de reclusión. En vista de lo antes

expuesto, argumentó que los daños reclamados se debían única y

exclusivamente a la negligencia y actuaciones criminales del señor

Rodríguez Rosa.

          Posteriormente, el 23 de enero de 2023, Universal presentó

una Solicitud de Desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R. 10.2.3 En esta, reiteró lo

expresado en su alegación responsiva e indicó que la causa próxima

del accidente fue el señor Rodríguez Rosa quien hurtó el vehículo de

MJC y de manera imprudente y negligente rebasó una luz roja lo

cual resultó en el accidente objeto de esta controversia. Planteó que

el hecho de que el señor Rodríguez Rosa conducía el vehículo

perteneciente a MJC sin autorización de este último, eximía de

responsabilidad a MJC y a su aseguradora conforme lo reconoce el

Art. 21.01 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida

como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5621.

A la luz de lo antes expuesto, insistió que el único responsable por

los daños reclamados era el señor Rodríguez Rosa y, en

consecuencia, procedía la desestimación solicitada.

          Por último, le solicitó al TPI a que tomara conocimiento de los

casos DBD2022G0112-0113 y DLE2022G0075-0077 mediante los

cuales acusaron criminalmente al señor Rodríguez Rosa por los

hechos que dan lugar a la presente controversia. Sostuvo que el

Tribunal Supremo ha establecido que los hechos probados en un

caso penal, aun cuando no son concluyentes al punto de excluir una

re-litigación en la acción civil de daños y perjuicios originada de

aquellos, constituyen evidencia prima facie de su existencia,

3   Íd., págs. 32-39.
KLCE202300316                                                            4

admisible en el pleito civil. Cabe precisar, que Universal incluyó las

denuncias y la Sentencia de los casos antes descritos.4

            Así las cosas, el 27 de enero de 2023, MJC y el Sr. Miguel J.

Cuadrado Cintrón (señor Cuadrado) presentaron su Contestación a

la Demanda.5 En esta, adoptaron los argumentos de Universal y

añadieron que, en la alternativa, a pesar de que el señor Cuadrado

era el presidente de MJC y, por ende, hacía gestiones en

representación del ente corporativo, este no respondía en su

carácter personal por las alegaciones contra dicha corporación.

Argumentaron que ello se debía a que los entes corporativos tenían

personalidad jurídica y patrimonio distinto e independiente a la

personalidad y el patrimonio de sus accionista y funcionarios. En

consecuencia, sostuvieron que, conforme al Art. 12.04 de la Ley

General de Corporaciones de Puerto Rico, era improcedente una

causa de acción contra un accionista, representante, oficial o

director de una corporación por los actos u omisiones alegados

contra esta última.

            Ese mismo día, a saber, el 27 de enero de 2023, MJC y el

señor Cuadrado presentaron una Solicitud de Desestimación al

amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra.6 Mediante

dicha          solicitud,   adoptaron   por   referencia   la   moción   de

desestimación que radicó Universal el 23 de enero de 2023.

            En respuesta, el 12 de marzo de 2023, la parte recurrida

presentó una Moción en Oposición a Solicitudes de Desestimación.7

Sostuvo que los argumentos planteados por los peticionarios en su

solicitud de desestimación estaban sujetos al descubrimiento de

prueba y, por consiguiente, la solicitud de desestimación era

prematura y arbitraria. Además, resaltó que el ordenamiento

4   Íd.,   págs.   40-52.
5   Íd.,   págs.   53-72.
6   Íd.,   págs.   73-82.
7   Íd.,   págs.   75-82.
KLCE202300316                                                          5

jurídico favorecía la política pública de que los casos se ventilen en

sus méritos, protegiendo el derecho de que todo litigante tenga su

día en corte. Además, puntualizó que las alegaciones contenidas en

la demanda debían ser analizadas de la forma más favorable para la

parte demandante y afirmó que la demanda de la presente

controversia contenía alegaciones que constituían una reclamación

válida.

          Particularmente, indicó que el TPI tenía el deber de determinar

si en efecto hubo un consentimiento tácito por parte de los

peticionarios para el uso del vehículo en los hechos de la demanda.

De igual forma, planteó que se tenía que evaluar si las actuaciones

u omisiones de la parte peticionaria abonaron a la cadena de eventos

que resultó en los daños reclamados. Por último, destacó que el

Tribunal Supremo ha establecido que una demanda no deberá ser

desestimada, a menos que se desprenda con toda certeza que el

demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualquier

estado de los hechos que puedan ser probados en apoyo a su

reclamación.

          Evaluadas las posturas de ambas partes, el 13 de marzo de

2023, el TPI emitió y notificó una Resolución declarando No Ha Lugar

a las mociones de desestimación que presentaron los peticionarios.8

En desacuerdo con este dictamen, el 28 de marzo de 2023, los

peticionarios presentaron el recurso de epígrafe y formularon los

señalamientos de error siguientes:

          Erró el Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar
          la Solicitud de Desestimación radicada por Universal
          Insurance Company, ignorando que José Rodríguez
          Rosa conducía el vehículo sin autorización de MJC
          Contractors Services, Corp. y del cual se había
          apropiado de manera ilegal, conforme al Art. 21.01
          de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, la falta
          de autorización expresa o tácita por parte de MJC
          Contractors Services, Corp., la eximió de
          responsabilidad    y    consecuentemente,      a   su

8   Íd., pág. 1.
KLCE202300316                                                          6

         aseguradora, Universal Insurance, por los daños
         reclamados.

         Erró el Tribunal de Instancia al no desestimar la
         reclamación instada contra Miguel J. Cuadrado
         Cintrón    quien   se    le   pretende   imponer
         responsabilidad por las alegaciones contra la
         entidad MJC Contractors Services, Corp.

         Atendido el recurso, el 13 de marzo de 2023, emitimos una

Resolución al amparo de la Regla 83.1 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones concediéndole cinco (5) días a la jueza que atendió el

caso en el TPI para que fundamentara su Resolución del 13 de marzo

de 2023. En cumplimiento con esta orden, la jueza presentó una

Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden […]. En síntesis,

expuso el derecho relacionado a la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil,    supra,   y   expresó   que,     apenas   había   comenzado   el

descubrimiento de prueba entre las partes y en esta etapa de los

procesos, el TPI tenía serios reparos en cuanto a si la parte

peticionaria mantuvo controles adecuados de seguridad que

previnieran la imputación de negligencia que surgen de las

alegaciones de la demanda.

         Posteriormente, el 3 de abril de 2023, emitimos otra

Resolución concediéndole diez (10) días a la parte recurrida para

presentar su postura. Oportunamente, la parte recurrida presentó

una Oposición a Expedición del Auto de Certiorari y negó que el TPI

hubiese cometido los errores que la parte peticionaria le imputó.

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver el asunto ante nuestra consideración.

Veamos.

                                    II.

         El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp.

v. American International Insurance Comprany of Puerto Rico, 205
KLCE202300316                                                        7

DPR 163, 174 (2020). Los tribunales apelativos tenemos la facultad

para expedir un certiorari de manera discrecional. Íd., pág.175. Esta

discreción se define como “el poder para decidir en una u otra forma,

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v.

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una forma

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a

una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida

discreción que tiene este foro apelativo para atender un certiorari no

es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar de

una forma u otra, con abstracción total al resto del derecho, pues

ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio

de la discreción judicial esta inexorable e indefectiblemente atado al

concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

            El tribunal tomará en consideración los
        siguientes criterios al determinar la expedición de
KLCE202300316                                                      8

          un auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
          el caso es la más propicia para su consideración.

          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
          XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).

                                  III.

      No existe duda de que tratándose de la revisión de una

resolución interlocutoria denegando una moción de carácter

dispositivo, el certiorari es el vehículo adecuado para atender la

cuestión planteada. Sin embargo, y a pesar de que este es

susceptible de revisión, de conformidad con la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, determinamos denegar su expedición.
KLCE202300316                                                       9

      En su primer señalamiento de error, la parte peticionaria, en

síntesis, argumentó que el TPI erró al declarar No Ha Lugar la

solicitud de desestimación de Universal. Específicamente, sostuvo

que, conforme al Art. 21.01 de la Ley Núm. 22-2000, supra, la falta

de autorización expresa o tácita por parte de MJC para que el señor

Rodríguez Rosa condujera el vehículo, la eximió de responsabilidad

y consecuentemente, a su aseguradora, Universal por los daños

reclamados. Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, la

parte peticionaria impugna la determinación del TPI de no

desestimar la reclamación instada contra del señor Cuadrado toda

vez que se le pretende imponer responsabilidad por las alegaciones

contra la entidad MJC.

      Luego de examinar los argumentos esgrimidos por la parte

peticionaria a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal de

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro

deba intervenir con el dictamen recurrido. Ello, ya que no se

configura ninguna de las situaciones que allí se contemplan.

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en

los que el TPI haya sido arbitrario, cometido un craso abuso de

discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un error en la

interpretación o la aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que aquí

atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos

escenarios.      Ahora   bien,   aclaramos   que,   al   culminar   el

descubrimiento de prueba, la parte peticionaria podrá presentar

otra solicitud de desestimación de entenderlo necesario.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de certiorari.
KLCE202300316                                                   10

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones