Court Opinion

ID: 9916128
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:23:43.493402+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:07.307403
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL XI-ESPECIAL

      EL PUEBLO DE                             Apelación
      PUERTO RICO                              procedente del
                                               Tribunal de Primera
          Apelado                              Instancia, Sala
                                               Superior de
              v.                 KLAN202300139 Bayamón

    NATALIA MARILIA                                   Caso Núm.:
   PACHECO MADERA                                     D LE2021G00117

          Apelante                                    Sobre:
                                                      Art. 2.8
                                                      Ley 54-1989

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2023.

       Comparece Natalia Marilia Pacheco Madera (en adelante,

Pacheco Madera y/o apelante) para solicitarnos la revisión de la

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (en adelante, TPI) el 23 de enero de 2023,

notificada el 8 de febrero de 2023. Mediante el dictamen apelado, el

foro primario dictó un fallo de culpabilidad con atenuantes por una

infracción al Artículo 2.8 de la Ley para la Prevención e Intervención

con la Violencia Doméstica (en adelante, Ley Núm. 54-1989)1 y

refirió el caso a informe pre-sentencia. El tribunal apelado sentenció

a Pacheco Madera a cumplir una condena de seis (6) años de

reclusión bajo el régimen de sentencia suspendida. Como parte de

la Sentencia dictada se le impuso supervisión electrónica por el

término total de su sentencia.

1 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54

de 15 de agosto de 1989, según enmendada, Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
Número Identificador

SEN2023______________
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        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma la Sentencia apelada.

                                   I

        Por hechos alegadamente ocurridos el 29 de abril de 2021, se

presentó una Denuncia contra Pacheco Madera el 30 de abril de

2021. Sobre esta, el tribunal a quo determinó causa probable y se le

fijó una fianza de $15,000.00 dólares, la cual logró prestar a través

de un fiador privado.       Además, se le impuso la condición de

supervisión electrónica.

        El 2 de julio de 2021, se celebró la Vista Preliminar al amparo

de la Regla 23 de Reglas de Procedimiento Criminal.2 Producto de

esta vista, se determinó que existía causa probable para creer que

Pacheco Madera había cometido el delito de infracción al Artículo

2.8 de la Ley Núm. 54-1989.3

        De ahí, el 9 de julio de 2021, se presentó una Acusación por

delito grave contra Pacheco Madera por infracción al Artículo 2.8 de

la Ley Núm. 54-1989.4 En la Acusación se expuso que, Pacheco

Madera de forma ilegal, voluntaria, a propósito, y criminalmente

violentó a sabiendas las prohibiciones estipuladas en la Orden de

Protección (en adelante, Orden) número 2021-012266 a favor de

Gustavo Raphael Vélez Vega (en adelante, Vélez Vega), con quien

sostuvo una relación consensual. Dicha Orden había sido expedida

de conformidad con la Ley Núm. 54-1989 el 28 de abril de 2021, con

vigencia hasta el 18 de mayo de 2021. Los hechos consistían en que

Pacheco Madera le envió mensajes de texto y de voz, realizó llamadas

a Vélez Vega y luego se personó en la residencia de la abuela de Vélez

Vega donde este residía.

2 34 LPRA Ap. II, R. 23.
3 Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
4 Id.
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       Así las cosas, el 28 de junio de 2022, se celebró el Juicio en su

Fondo (en adelante, Juicio) por tribunal de derecho, luego de que

Pacheco Madera renunciara al derecho a juicio por jurado. Durante

el Juicio, el Ministerio Público (en adelante, Ministerio) presentó

como prueba de cargo a los siguientes cinco (5) testigos: (i) Agente

Ernesto De Jesús Centeno (en adelante, Agente De Jesús), agente

investigador de la querella perteneciente a la División de Violencia

Doméstica en Bayamón; (ii) Agente Fernando Morales Canales (en

adelante, Agente Morales), agente de la División de Crímenes

Cibernéticos; (iii) Vélez Vega; (iv) Agente Wilson Nieves Hernández

(en adelante, Agente Nieves), agente que diligenció la Orden; y, (v)

Agente Wildamar O’ Neil Reyes (en adelante, Agente O’ Neil), agente

que atendió la querella. Por su parte, la prueba documental del

Ministerio consistió en los siguientes cinco (5) documentos:

(i) Consentimiento de Registro de la División de Crímenes

Cibernéticos estipulado y marcado como Exhibit 15; (ii) Informe de

Evidencia Digital de la División de Crímenes Cibernéticos estipulado

y marcado como Exhibit 26; (iii) CD estipulado y marcado como

Exhibit 37; (iv) Orden marcada como Identificación 1 y luego como

Exhibit 48; y, (v) Advertencias de Ley marcada como Identificación 2

y luego como Exhibit 59. Comenzado el Juicio, Pacheco Madera hizo

alegación de no culpabilidad, en relación con el Artículo 2.8 de la

Ley Núm. 54-1989.10

       Para un cabal entendimiento, incluimos un resumen de la

prueba testifical oral que se desfiló ante el foro primario y que este

Panel examinó cuidadosamente.

5 En la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral (en adelante, TPO) pág. 74,

líneas 6-11.
6 Id., pág. 74, línea 20.
7 Id., pág. 75, líneas 7-8.
8 Id., pág. 108, líneas 13-19; pág. 109, líneas 2-3; y, pág. 110, líneas 17-18.
9 Id., pág. 191, línea 2 y 24 y pág. 195, línea 3.
10 Art. 2.8, 8 LPRA § 628. En la TPO pág. 8, líneas 6-10.
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        El primer testigo que presentó el Ministerio fue al Agente De

Jesús.11 En el examen directo realizado por el Ministerio testificó

que su participación consistió en hacerle preguntas a Vélez Vega,

quien le narró lo sucedido que motivó la presentación de la

querella.12 Continuó declarando que Vélez Vega le manifestó que

luego de haber solicitado la Orden, Pacheco Madera comenzó a

enviarle sobre cuarenta mensajes a través de WhatsApp y a hacerle

sobre veinte llamadas telefónicas desde las 12:07 a.m. hasta las

9:30 a.m. del 29 de abril de 2021.13 Respecto a los mensajes,

testificó que Vélez Vega le manifestó que Pacheco Madera le escribió

que quería hablar con él, que no le hiciera lo de la Orden ya que la

podían meter presa y perder su casa y carro, que lo amaba y que la

llamara.14 En lo que a las llamadas respecta, testificó que surgieron

del número de teléfono por el cual ella se comunicaba con él durante

sus diez (10) meses de relación, pero que Vélez Vega le manifestó

que no las contestó.15 Por su parte, testificó que Vélez Vega le

manifestó que ese mismo día, o sea el 29 de abril de 2021, alrededor

de las 8:30 a.m. Pacheco Madera llegó a la residencia de su abuela

y le dijo que quería hablar con él, pero que él le dijo que no podían

hablar.16 A raíz de ello, Vélez Vega le manifestó al Agente De Jesús

que procedió a llamar a la Policía de Puerto Rico (en adelante,

policía) para hacer una querella, junto a su abuela.17 Luego de eso,

testificó que Vélez Vega le manifestó que Pacheco Madera le envió

unos mensajes de texto indicando que estaba en el cuartel y la iban

a arrestar.18 Terminando de testificar lo antes mencionado, el

11 En la TPO pág. 9, línea 2.
12 Id., pág. 11, líneas 9-11.
13 Id., pág. 13, líneas 15-19 y pág. 14, líneas 1-2 y 10-12.
14 Id., pág. 14, líneas 2-6.
15 Id., pág. 14, 15-19 y pág. 15, línea 14.
16 Id., pág. 15, líneas 18-19 y pág. 16, líneas 3-5.
17 Id., pág. 16, líneas 5-7 y pág. 17, líneas 6-8.
18 Id., pág. 16, líneas 8-10.
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Agente De Jesús identificó a Pacheco Madera en sala.19 (Énfasis

suplido).

        Finalizado el examen directo al Agente De Jesús, comenzó su

contrainterrogatorio por parte de la representación legal de Pacheco

Madera (en adelante, la Defensa). Testificó el Agente De Jesús que,

ya a las 10:00 a.m. del 29 de abril de 2021, Pacheco Madera estaba

arrestada.20 Además, testificó que ese mismo día Pacheco Madera,

ya para las 10:38 a.m., había sido llevada al hospital de Cataño.21

Respecto a este incidente, continuó testificando que Pacheco Madera

fue atendida en el hospital debido a que fue agredida y tenía varios

moretones.22 Aclaró el Agente De Jesús que, cuando llevaron a

Pacheco Madera al hospital, ya se encontraba en su custodia.23

Entonces, la Defensa utilizando el récord médico de Pacheco Madera

le preguntó al Agente De Jesús si ahí decía que, además de

moretones esta tenía mordidas, lo cual este confirmó.24 Ante

objeciones presentadas por el Ministerio, el juez le aclaró a la

Defensa que se encontraban ante una 2.825, la cual no es para

cuestionar la validez de la Orden.26 Respecto a si Vélez Vega tenía

marcas debido al incidente, testificó que este le dijo que sí, y él las

pudo observar, pero que no tomó notas ni lo colocó en el reporte.27

        Concluido       el     contrainterrogatorio,    comenzó   el   examen

redirecto por parte del Ministerio al Agente De Jesús. Testificó que

pudo observar marcas visibles en los brazos de Vélez Vega.28 A

preguntas sobre cuando llevó a Pacheco Madera al hospital, testificó

que fue llevada una sola vez debido a que estaba auto agrediéndose

19 Id., pág. 16, líneas 19-22.
20 Id., pág. 21, líneas 2-9.
21 Id., pág. 27, líneas 16-20, 25 y pág. 28, líneas 1-2, 14-15.
22 Id., pág. 28, líneas 16-19.
23 Id., pág. 29, líneas 21-24.
24 Id., pág. 30, líneas 5-8.
25 Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
26 En la TPO pág. 32, líneas 10-12.
27 Id., pág. 34, líneas 10-14.
28 Id., pág. 46, líneas 9-19.
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en la celda con los tubos y los barrotes.29 En el segundo

contrainterrogatorio por parte de la Defensa, en cambio, el Agente

De Jesús testificó que habían llevado a Pacheco Madera al hospital

en horas de la noche, luego de las 6:30 p.m.30

       Excusado el Agente De Jesús, comenzó el examen directo al

Agente Morales por parte del Ministerio. Comenzó testificando que

fue el Agente De Jesús quien fue a solicitar los servicios de la

División de Crímenes Cibernéticos. Ante la solicitud, testificó que el

21 de julio de 2021, procedieron a sacar un video de los mensajes

de WhatsApp del teléfono de Vélez Vega. Explicó que sacaron un

video debido a que era extenso.31

       Finalizado el examen directo, comenzó el contrainterrogatorio

por parte de la Defensa al Agente Morales. Testificó que no tenía en

su custodia una certificación oficial de la red social WhatsApp que

dijera que los mensajes en cuestión eran parte de su red ni de una

cuenta perteneciente a Pacheco Madera.32 Siguiendo esa línea,

testificó que no le podía decir a la jueza que Pacheco Madera,

utilizando una cuenta de WhatsApp, envió los mensajes.33 Sin haber

más preguntas, comenzó el examen redirecto por parte del

Ministerio, quien luego lo excusó.

       Entonces, comenzó el examen directo de Vélez Vega por parte

del Ministerio. Testificó que conocía a Pacheco Madera debido a que

habían convivido y tenido una relación de pareja de diez (10)

meses.34 Explicó que, para el 29 de abril ya había terminado su

relación, y que desde el 28 de abril del mismo año, a las 8:00 a.m.,

le había puesto la Orden, la cual le fue entregada a Pacheco

Madera.35 Abundó sobre las condiciones impuestas en la Orden que

29 Id., pág. 48, líneas 2-7 y pág. 49, líneas, 21 y 25.
30 Id., pág. 54, líneas 8-25.
31 Id., pág. 64, líneas 16-17.
32 Id., pág. 85, líneas 11-15 y 16-19.
33 Id., pág. 89, líneas 18-23.
34 Id., pág. 92, líneas 16-21.
35 Id., pág. 93, líneas 8-13 y 21-23 y pág. 94, líneas 19-21.
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eran: (i) que no hubiera ningún acercamiento ni conversación con

Vélez Vega ni su familia; (ii) que no fuera a donde estaba viviendo ni

trabajando; (iii) que no hablara sobre Vélez Vega en las redes

sociales; y, (iv) que no lo contactara por correo electrónico, cartas,

mensajes de texto ni voz ni llamadas.36 Entonces, relató que Pacheco

Madera procedió a enviarle a través de WhatsApp cuarenta y seis

(46) mensajes y a hacerle veintiocho (28) llamadas desde las 12:00

a.m. hasta las 9:14 a.m. del 29 de abril de 2021.37 Vélez Vega

testificó que el contenido de los mensajes era que ella lo amaba, que

sabía que él la amaba, que no quería que le pusiera la Orden y así

tener que esperar veinte (20) días para poder hablar con él.38

       En lo que al otro incidente respecta, Vélez Vega testificó que,

el 29 de abril de 2021, estaba a las 8:00 a.m. en el balcón de la

residencia de su abuela y vio que la guagua de Pacheco Madera pasó

frente a dicha residencia.39 Explicó que reconoció la guagua por la

enumeración de la tablilla.40 Abundó que, luego de esperar algunos

minutos procedió a caminar al perro de su abuela cuando Pacheco

Madera apareció en su guagua y frenó a su lado y bajó la ventana.41

Prosiguió diciendo, que Pacheco Madera le insistió que quería hablar

con él, que lo amaba y que quería que le quitara la Orden.42 Ante

esa interacción, dice que regresó a la residencia y llamó a la policía.43

Debido a esa llamada a la policía, testificó que Pacheco Madera le

volvió a enviar mensajes que decían lo mismo, pero añadió que

estaba con los policías y que la iban a arrestar.44

       Finalizado el examen directo, comenzó el contrainterrogatorio

a Vélez Vega por parte de la Defensa. Vélez Vega testificó que la

36 Id., pág. 94, líneas 6-11 y pág. 111, líneas 19-23 y 24.
37 Id., pág. 97, líneas 10-14; pág. 100, líneas 8-13 y 16-17; y pág. 101, líneas 1-

3.
38 Id., pág. 99, líneas 14-20.
39 Id., pág. 101, líneas 5-8.
40 Id., pág. 103, líneas 3-4.
41 Id., pág. 104, líneas 11-14.
42 Id., pág. 105, líneas 5-7.
43 Id., pág. 105, líneas 21-22.
44 Id., pág. 106, líneas 12-15.
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Orden surgió por una confrontación física que hubo entre él y

Natalia el 27 de abril de 2021.45 Al hacer más preguntas sobre ese

incidente, testificó que al Agente De Jesús también le dijo que

Pacheco Madero lo intentó matar asfixiándolo y que lo “pilló” con el

portón en la espalda.46 Debido al incidente, testificó que le salieron

marcas en la espalda y los brazos.47 Además, testificó que aunque

cuando sacó la Orden indicó que Pacheco Madera tenía armas de

fuego, en realidad esta no tenía.48

       Al no tener más preguntas la Defensa, comenzó el redirecto a

Vélez Vega por parte del Ministerio. En ese turno, Vélez Vega testificó

que, a diferencia de cuando recibió las llamadas y mensajes, decidió

llamar a la policía cuando Pacheco Madero apareció cerca de la

residencia de su abuela, debido a que se sintió amenazado y

ansioso.49 No hubo recontra interrogatorio por parte de la Defensa.

       Excusado el testigo, comenzó el examen directo del Agente

Nieves por parte del Ministerio. Testificó que él fue quien diligenció

la Orden el 28 de abril de 2021 a las 8:20 p.m.50 Ante preguntas, el

Agente Nieves identificó a Pacheco Madera en sala.51 (Énfasis

suplido). Abundó que, Pacheco Madera accedió a la explicación de

lo que no podía hacer debido a la Orden y firmó el documento.52 Sin

haber más preguntas, comenzó el contrainterrogatorio al Agente

Nieves por parte de la Defensa. Finalizado, el Ministerio procedió a

realizar su examen redirecto. A preguntas de porqué en la Orden

termina colocando las 10:30 p.m., testificó que fue debido a que

hubo un recogido de pertenencias por parte de Vélez Vega, el cual

45 Id., pág. 121, líneas 3-5 y 11-13 y pág. 123, línea 22.
46 Id., pág. 131, línea 25; pág. 132, línea 5; y, pág. 134, línea 10 y 17.
47 Id., pág. 134, líneas 21-25.
48 Id., pág. 150, líneas 1-10.
49 Id., pág. 152, líneas 7-8.
50 Id., pág. 156, líneas 19-21 y pág. 165, líneas 16-20.
51 Id., pág. 157, líneas 8-14.
52 Id., pág. 160, líneas 24-25.
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finalizó a esa hora con los agentes de la policía presentes.53 El

Agente Nieves fue excusado.

       Llamado el quinto y último testigo, la Agente O’ Neil, comenzó

el examen directo por parte del Ministerio. Testificó que, el 29 de

abril de 2021, fue la primera vez que intervino con Pacheco Madera,

ya que recibió una llamada al cuartel de que hubo una violación a

una Orden.54 La Agente O’ Neil identificó a Pacheco Madera en

sala.55 (Énfasis suplido). Respecto a las llamadas y mensajes,

testificó que una vez llegó a la residencia de la abuela de Vélez Vega

pudo observar que Pacheco Madera, ya que su nombre aparecía en

la pantalla, le estaba escribiendo y llamándolo.56 Abundó que, luego

corroboró que el teléfono era de Pacheco Madera cuando la

entrevistó y le tomó los datos.57 Continuó testificando que, estando

en la residencia de la abuela de Vélez Vega, este último recibió una

llamada de un agente.58 Con motivo de la llamada la Agente O’ Neil

fue a Auto Zone.59 Explicó que, cuando llegó a Auto Zone, pudo

observar la guagua que Vélez Vega y su mamá le habían indicado le

pertenecía a Pacheco Madera.60 Además, testificó que una vez la

identifica, allí se encontraba Pacheco Madera con el agente que

realizó la llamada.61 Por lo tanto, testificó que procedió a explicarle

que había una violación de la Orden, que estaba bajo arresto y le

leyó las advertencias de Miranda.62 Testificó que Pacheco Madera

firmó las advertencias ya estando en el precinto.63 Luego de ese

proceso, testificó que tanto Vélez Vega como Pacheco Madera fueron

53 Id., pág. 175, líneas 22-25 y pág. 176, líneas 1-5.
54 Id., pág. 179, líneas 12-15.
55 Id., pág. 180, líneas 4-9.
56 Id., pág. 181, líneas 3-10 y 22-23.
57 Id., pág. 182, líneas 4-6.
58 Id., pág. 182, líneas 17-20.
59 Id., pág. 185, líneas 1-2.
60 Id., pág. 186, líneas 4-8.
61 Id., pág. 186, líneas 10-13 y pág. 187, líneas 6-7.
62 Id., pág. 186, líneas 15-18 y pág. 189, líneas 2-6.
63 Id., pág. 190, líneas 2-6 y pág. 193, líneas 23-25.
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llevados al hospital y que a esta se le encontró en perfecto estado

para continuar con el proceso.64

       Finalizado el examen directo, comenzó el contrainterrogatorio

por parte de la Defensa a la Agente O’ Neil. Ante preguntas, testificó

que atendió la llamada de Vélez Vega a las 9:10 a.m. y que se

personó en la residencia a las 9:34 a.m.65 Testificó que, luego de ella

haber entregado el caso, Pacheco Madera fue llevada al hospital

porque se estaba golpeando en la celda.66

       Al no haber más preguntas, comenzó el examen redirecto por

parte del Ministerio a la Agente O’ Neil. Aclaró que la llamada de

Vélez Vega se recibió a las 8:30 a.m. por el retén y que luego fue que

se le notificó a ella a las 9:10 a.m.67 Finalizado, la Defensa comenzó

el recontrainterrogatorio. Testificó que en sus notas no aparece nada

al respecto de que ella vio algún mensaje de texto o escuchó alguna

llamada.68 Sin más, el caso quedó sometido por el Ministerio y por

la Defensa.69

       El 28 de junio de 2022, el TPI emitió fallo de culpabilidad

contra Pacheco Madera por infracción al Artículo 2.8 de la Ley Núm.

54-1989.70 El fallo de culpabilidad se limitó a la conducta de

Pacheco Madera de haber pasado por la residencia de la abuela de

Vélez Vega. El TPI descartó que el Ministerio hubiese probado más

allá de duda razonable las alegaciones en cuanto a mensajes de

texto o mensajes de voz.

       El 11 de julio de 2022, Pacheco Madera presentó una Moción

Urgente en Solicitud de Reconsideración de Fallo. Solicitó la

reconsideración del fallo de culpabilidad bajo la alegación de que la

prueba presentada no estableció su identificación más allá de duda

64 Id., pág. 194, líneas 11-18.
65 Id., pág. 200, líneas 14-21.
66 Id., pág. 213, líneas 9-16.
67 Id., pág. 214, líneas 15-19.
68 Id., pág. 227, líneas 5-12.
69 Id., pág. 229, líneas 8-14.
70 Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
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razonable. Expuso que, de los cinco (5) testigos presentados por el

Ministerio, solo Vélez Vega poesía conocimiento personal de los

hechos alegados, ya que el resto de los testigos declararon por

investigación, información obtenida al atender la querella, sobre el

diligenciamiento de la Orden y perito de crímenes cibernéticos.

Abundó que, las identificaciones realizadas en corte abierta por el

Agente De Jesús y por la Agente O’ Neil, estaban condicionadas a

que Vélez Vega identificara y conectara a la acusada con los hechos

que el foro primario entendió probados en el pliego acusatorio.

       El 23 de enero de 2023, se celebró el acto de Pronunciamiento

de Sentencia y Pacheco Madera fue sentenciada a cumplir una

sentencia de seis (6) años de reclusión bajo el régimen de sentencia

suspendida, a tenor con la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad

a Prueba71 (en adelante, Ley Núm. 259-1946), sujeta a supervisión

electrónica. El TPI dispuso que:

       Esta pena se cumplirá de forma consecutiva con
       cualquier otra pena que estuviere cumpliendo.
       Se impone el pago de la pena especial (Ley 183).
       Se concede prórroga de treinta (30) días para el pago de
       la pena especial.
       Deberá cumplir con el Registro de Personas Convictas
       por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención
       con la Violencia Doméstica (Ley 59-2017).

       Insatisfecha con el fallo emitido por el foro primario, el 21 de

febrero de 2023, la apelante presentó un recurso de Apelación

Criminal, mediante el cual esbozó la comisión de los siguientes cinco

(5) errores por el foro primario:

   A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL EMITIR UN FALLO DE CULPABILIDAD
      POR LA INFRACCIÓN DE ARTÍCULO 2.8 DE LA LEY 54-
      1989 A PESAR DE NO HABERSE DERROTADO LA
      PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y NO HABERSE
      ESTABLECIDO LOS ELEMENTOS DEL DELITOS MÁS
      ALLÁ DE DUDA RAZONABLE.

   B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
      BAYAMÓN AL DECLARAR CULPABLE A LA JOVEN
      NATALIA PACHECO MADERA A PESAR DE QUE ESTA

71 Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril

de 1946, según enmendada, 34 LPRA § 1026 et seq.
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       NO FUE IDENTIFICADA EN CORTE ABIERTA POR EL
       ÚNICO TESTIGO CON CONOCIMIENTO PERSONAL DE
       LOS HECHOS Y NO FUE CONECTADA CON LOS
       HECHOS QUE SE ALEGARON EN EL PLIEGO
       ACUSATORIO.

   C. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DECLARAR CULPABLE A NATALIA
      PACHECO MADERA A PESAR DE QUE LA
      IDENTIFICACIÓN REALIZADA DURANTE EL JUICIO
      FUE INSUFICIENTE PARA ESTABLECER UNA
      CONVICCIÓN MAS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE.

   D. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DECLARAR CULPABLE A LA JOVEN
      NATALIA PACHECO MADERA CON PRUEBA DE
      INDENTIFICACIÓN INADMISIBLE Y POR HABERSE
      EFECTUADO POR TESTIGOS SIN CONOCIMIENTO
      PERSONAL DE LOS HECHOS Y NO HABER EXISTIDO
      UN PROCESO EXTRAJUDICIAL DE IDENTIFICACIÓN
      CONFORME ESTATUIDO EN LAS REGLAS DE
      PROCEDIMIENTO CRIMINAL DE 1963, SEGÚN
      ENMENDADAS.

   E. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA DE BAYAMÓN AL EMITIR UN FALLO DE
      CULPABILIDAD A PESAR DE QUE EL MINISTERIO
      PÚBLICO NO CUMPLIÓ SU CARGA PROBATORIA DE
      ESTABLECER LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y
      CONEXIÓN CON LA ACUSADA MÁS ALLÁ DE DUDA
      RAZONABLE.

       En su escrito de Apelación Criminal, la apelante informó a este

Tribunal que se reservaba el derecho de plantear errores

adicionales, una vez se analizara la totalidad de la prueba desfilada

en el Juicio.72 Informó que, se encuentra extinguiendo su sentencia

bajo el régimen de libertad a prueba y que está siendo supervisada

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Programa de la

Comunidad de Bayamón. De ahí, y luego de varios incidentes

procesales, mediante Resolución del 14 de julio de 2023, esta Curia

acogió la transcripción de la prueba oral (en adelante, TPO) como

una estipulada.

   Subsiguientemente, el 24 de agosto de 2023, la apelante presentó

escrito intitulado Alegato Suplementario de la Parte Apelante (en

adelante, Alegato Suplementario). Allí esgrimió la comisión de cinco

72 Recurso de Apelación Criminal, a la pág. 2.
KLAN202300139                                                         13

(5) errores por el foro primario, los cuales en esencia se asimilan a

los esbozados en el recurso de Apelación Criminal, a saber:

   1. ERRÓ [EL] HONORABLE TPI AL EMITIR UN FALLO DE
      CULPABILIDAD POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 2.08
      DE LA LEY 54-1989 A PESAR DE NO HABERSE
      ESTABLECIDO TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO
      MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE.

   2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DECLARAR CULPABLE A LA JOVEN
      NATALIA PACHECO MADERA A PESAR DE QUE ÉSTA
      NO FUE IDENTIFICADA POR EL ÚNICO TESTIGO QUE
      OSTENTABA CONOCIMIENTO PERSONAL DE LOS
      HECHOS ALEGADOS Y NO FUE CONECTADA CON
      ESTOS.

   3. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DECLARAR CULPABLE
      A LA JOVEN NATALIA PACHECO MADERA A PESAR
      DE QUE LA IDENTIFICACIÓN REALIZADA DURANTE
      EL JUICIO FUE INSUFICIENTE PARA ESTABLECER
      UNA CONVICCIÓN MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE.

   4. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DECLARAR CULPABLE
      A NATALIA PACHECO MADERA CON PRUEBA DE
      IDENTIFICACIÓN SIN CONOCIMIENTO PERSONAL DE
      LOS HECHOS Y NO HABER EXISTIDO UN PROCESO
      EXTRAJUDICIAL DE IDENTIFICACIÓN CONFORME
      ESTABLECEN LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO
      CRIMINAL DE 1963, SEGÚN ENMENDADA.

   5. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL EMITIR UN FALLO DE
      CULPABILIDAD A PESAR DE QUE EL MINISTERIO
      PÚBLICO NO CUMPLIÓ SU CARGA PROBATORIA DE
      ESTABLECER TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO
      Y LA CONEXIÓN CON LA ACUSADA MÁS ALLÁ DE
      DUDA RAZONABLE.

      Mediante Resolución del 2 de octubre de 2023, este Tribunal

ordenó la elevación de los autos originales del caso del título. Luego,

el 5 de octubre de 2023, el Pueblo de Puerto Rico, representado por

la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó escrito

intitulado Alegato de el (sic) Pueblo (en adelante, Alegato del Pueblo).

      Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, así como con los autos originales del caso del título y la

totalidad   del   expediente   ante    nuestra    consideración,    nos

encontramos en posición de resolver.
KLAN202300139                                                                  14

                                         II

   A. Apelación Criminal

       El trámite procesal de un recurso de apelación criminal, desde

el Tribunal de Primera Instancia, pasando por este Tribunal

intermedio, y hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en

adelante, Tribunal Supremo), se rige por las Reglas 193 a 217 de las

Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas.73 Asimismo,

las Reglas 23 a 30.1 del Reglamento de nuestro Tribunal74, rigen el

trámite a seguir desde la presentación del recurso de apelación

criminal, hasta su perfeccionamiento. La Regla 194 de las Reglas de

Procedimiento Criminal y la Regla 23 de nuestro Reglamento

disponen que, un escrito de apelación criminal contra una sentencia

emitida por el foro primario tiene que ser presentado ante el Tribunal

de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días,

computados a partir de la fecha en que se dictó la sentencia.75 Como

es sabido, un plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere

decir que no admite justa causa, es improrrogable, y que su

incumplimiento es insubsanable.76

       En lo pertinente al caso de autos, destacamos que la Regla

194 de las Reglas de Procedimiento Criminal, dispone que una parte

puede solicitar la reconsideración de la sentencia o del fallo

condenatorio, dentro de un término improrrogable de quince (15)

días, desde que la sentencia fue dictada.77

   B. Ley Núm. 54-1989

       La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica, Ley Núm. 54-1989, fue promulgada con el propósito de:

(i) establecer un conjunto de medidas dirigidas a prevenir y combatir

73 34 LPRA Ap. II, R. 193-217.
74 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23-30.1.
75 Id., R. 23. 34 LPRA Ap. II, R. 194.
76Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).
77 34 LPRA Ap. II, R. 194.
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la violencia doméstica en Puerto Rico; y, (ii) facultar a los tribunales

a expedir órdenes de protección para las víctimas de violencia

doméstica; entre otras razones. El aspecto novel de esta legislación

descansa en la facultad otorgada a los Jueces del TPI y los Jueces

Municipales para dictar medidas afirmativas de protección a las

víctimas a través de la expedición de órdenes dirigidas a la persona

agresora para que se abstenga de incurrir en determinada conducta

con respecto a la víctima.78

       El Artículo 1.3 de dicha ley define orden de protección como

sigue: “Significa todo mandato expedido por escrito bajo el sello de

un tribunal, en la cual se dictan las medidas a un[a] [persona]

agresor[a] para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo

determinados      actos     o   conducta      constitutivos     de   violencia

doméstica”.79 Por su parte, el Capítulo II de la referida legislación

aborda lo relativo a las órdenes de protección y los aspectos

procesales. A esos efectos, el Artículo 2.8 dispone lo concerniente al

incumplimiento de órdenes de protección:

       Cualquier violación a sabiendas de una orden de
       protección expedida, de conformidad con esta Ley,
       será castigada como delito grave de tercer grado en
       su mitad inferior, disponiéndose que los tribunales
       vendrán      obligados    a    imponer    supervisión
       electrónica, de concederse cualquier tipo de
       sentencia suspendida. No obstante, lo dispuesto por la
       Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal,
       según enmendada, aunque no mediare una orden a
       esos efectos, todo oficial del orden público deberá
       efectuar un arresto, si se le presenta una orden de
       protección expedida al amparo de esta Ley o de una ley
       similar, contra la persona a ser arrestada; o si
       determina que existe dicha orden mediante
       comunicación con las autoridades pertinentes, el
       patrono de la peticionaria o la compañía de seguridad
       que tenga a cargo el control de acceso donde reside la
       peticionaria y tienen motivos fundados para creer que
       se han violado las disposiciones del mismo.80 (Énfasis
       suplido).

78 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54

de 15 de agosto de 1989, según enmendada, Exposición de Motivos.
79 Art. 1.3 (i), 8 LPRA § 602.
80 Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
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   C. La Identificación de la Persona Acusada

       La identificación de la persona acusada es una de las etapas

más esenciales o críticas en el procedimiento criminal, debido a que

no puede haber una convicción sin prueba que conecte o señale a la

persona imputada de delito como la responsable del hecho

delictivo.81 Este proceso de identificación pude ocurrir en corte

abierta   (identificación    judicial)   o   fuera    del   ámbito     judicial

(identificación extrajudicial) que comúnmente ocurre en la fase de

la investigación policíaca. A esos efectos, la evaluación de los

perjuicios de una identificación requiere un análisis abarcador, de

modo que tome en consideración la totalidad de las circunstancias

que rodean el proceso de identificación y los hechos particulares del

caso.82 El Tribunal Supremo ha expresado que: “De ahí que una

identificación maculada con alguna sugestividad, per se, no es

inadmisible ni vicia la identificación positiva habida en el acto del

juicio si está fundada en el conocimiento previo y recuerdo de la

identidad del acusado por la víctima u otros testigos”.83 A la luz de

lo anterior, en situaciones en que la víctima conoce previamente a

la persona acusada, las salvaguardas contra la sugestividad tales

como los requisitos establecidos en la Regla 252 de las Reglas de

Procedimiento Criminal84, se reducen a un mínimo o, dependiendo

de las circunstancias, son inaplicables e innecesarios.85 No

obstante, debemos recordar que la presencia de sugestión no

excluye irremisiblemente la prueba, sino que impone al juzgador la

labor de separar campos en el testimonio para determinar su

81 Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 289 (2009).    Pueblo v. Rodríguez
Maysonet, 119 DPR 302, 309 (1987).
82 Pueblo v. Hernández González, Id., 289-290. Simmons v. United States, 390 US

377, 383 (1968).
83 Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 607 (1988). Pueblo v. Rey Marrero, 109

DPR 739, 747 (1980).
84 34 LPRA Ap. II, R. 252.
85 Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 608 (1988). Pueblo v. Lebrón

González, 113 DPR 81, 99 (1982).
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confiabilidad y la existencia de prueba de identificación no influida

ni maculada por conducta sugestiva.86

     D. Presunción de Inocencia y Duda Razonable

       La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico

garantiza a toda persona acusada de delito el derecho fundamental

a la presunción de inocencia.87 Este imperativo constitucional

también se ha incorporado estatutariamente mediante la Regla 304

de las Reglas de Evidencia.88 Asimismo, la Regla 110 de las Reglas

de     Procedimiento      Criminal      reitera     el   precitado      derecho

fundamental.89 Por medio de esta norma, se exige que una persona

acusada en un proceso criminal se presuma inocente, mientras no

se demuestre lo contrario. Ello constituye uno de los imperativos del

debido proceso de ley.90 A tales efectos, nuestro ordenamiento

requiere que, para rebatir tal presunción, el Estado establezca la

culpabilidad una persona imputada de delito más allá de duda

razonable.91

       Dicho de otro modo, para controvertir la presunción de

inocencia se exige un quantum probatorio de más allá de duda

razonable.      Cabe     destacar      que     duda      razonable       implica

necesariamente aquella que produce insatisfacción o intranquilidad

en la conciencia del juzgador respecto a la evidencia presentada en

el caso.92 Sobre este requisito, el Tribunal Supremo ha expresado

que:

       El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito
       presentando prueba que meramente sea “suficiente”,
       esto es, que “verse” sobre todos los elementos del delito
       imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente
       en derecho”. Ello significa que la evidencia presentada,

86 Pueblo v. Mattei Torres, supra. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 172, 184

(1978).
87 CONST. PR, art. II, § 11. Pueblo v. Resto Laureano, 206 DPR 963, 967 (2021).

Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 475 (2013).
88 32A LPRA Ap. VI, R. 304 (1).
89 34 LPRA Ap. II, R. 110.
90 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). Pueblo v. León Martínez, 132 DPR

746, 764 (1993).
91 Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 146 (2020). Pueblo v. Toro Martínez, 200

DPR 834, 855-56 (2018). Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986).
92 Pueblo v. Irizarry, supra, 788.
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       “además de suficiente, tiene que ser satisfactoria, es
       decir, que produzca certeza o convicción moral en una
       conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no
       prevenido [...] Esa “insatisfacción” con la prueba es lo
       que se conoce como “duda razonable y fundada”.93

       Así, la presentación de la prueba debe ir dirigida a demostrar

la existencia de “cada uno de los elementos del delito, la conexión

de estos con el acusado y la intención o negligencia de éste”.94 “La

determinación de que cierta prueba es suficiente para demostrar la

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es una

cuestión de raciocinio, producto de un análisis de todos los

elementos de juicio del caso y no una mera duda especulativa o

imaginaria”.95 (Énfasis suplido).

     E. Peso de la Prueba

       El peso de la prueba es la obligación que tiene la parte que

afirma la cuestión en controversia, de convencer al juzgador sobre

la forma particular en que ocurrieron los hechos que alega.96 Como

regla general, esa obligación de persuadir al juzgador sobre la

existencia de los elementos esenciales de una acusación la tiene el

Ministerio en un caso criminal.97 Así, pues, en el juicio existen dos

(2) tipos de cargas probatorias: (i) la carga de producir y presentar

evidencia para establecer los hechos particulares que componen

una controversia dentro de la reclamación; y, (ii) la obligación de

persuadir al juzgador para establecer una reclamación conforme a

derecho.98 En lo que respecta a la evaluación y suficiencia de la

prueba, las Reglas de Evidencia disponen que:

       La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la
       evidencia presentada con el propósito de determinar

93 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, 476, citando a Pueblo v. Cabán Torres,
supra.
94 Pueblo v. De Jesús Mercado, Id. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009).
95 Pueblo v. De Jesús Mercado, Id., 475-76.
96 Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño,

Segunda Edición, Ediciones Situm, 2005, pág. 148. E. L. Chiesa, Tratado de
Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Tomo II,
Publicaciones J.T.S., 2005, pág. 1003.
97 Emmanuelli Jiménez, op.cit., págs. 148-149. E. L. Chiesa, Tratado de Derecho

Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, op.cit., pág. 1002.
98 Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Id., a las págs. 148 y 150.
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       cuáles    hechos    han    quedado    establecidos     o
       demostrados, con sujeción a los principios siguientes:
       (A) El peso de la prueba recae sobre la parte que
       resultaría vencida de no presentarse evidencia por
       alguna de las partes.
       (B) La obligación de presentar evidencia primeramente
       recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el
       asunto en controversia.
       […]
       (D) La evidencia directa de una persona testigo que
       merezca entero crédito es prueba suficiente de
       cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por
       ley.
       (E) La juzgadora o el juzgador de hechos no tiene la
       obligación de decidir de acuerdo con las declaraciones
       de cualquier cantidad de testigos que no le convenzan
       contra un número menor u otra evidencia que le resulte
       más convincente.99
       […]

   F. Apreciación de la Prueba y Estándar de Revisión Apelativa

       La determinación de si la culpabilidad de una persona

acusada fue probada más allá de duda razonable, es revisable en

apelación, puesto que “la apreciación de la prueba desfilada en un

juicio es un asunto combinado de hecho y derecho”.100 Ahora bien,

como es sabido, el ejercicio discrecional de la apreciación de la

prueba que ejerce el TPI está revestido de confiabilidad y merece

respeto y deferencia.101 Por ello, la valoración que lleva a cabo el foro

primario se presume correcta, toda vez que es este quien tiene la

oportunidad de ver, escuchar y valorar las declaraciones de los

testigos, así como sus lenguajes no verbales.102

       […] no sólo habla la voz viva. También hablan las
       expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el
       temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el
       vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas
       circunstancias que deben acompañar el conjunto de
       una declaración testifical y sin embargo, todos estos
       elementos se pierden en la letra muda de las actas, por
       lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias
       que han de valer incluso más que el texto de la
       declaración misma para el juicio valorativo que ha de
       emitir en el momento de fallar; le faltará el

99 32 LPRA Ap. VI, R. 110.
100 Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR

239, 259 (2011). Pueblo v. Irizarry, supra.
101 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla Romero,

120 DPR 92, 111 (1987). Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001).
102 Pueblo v. Santiago, supra, 148. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99

(2000).
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       instrumento más útil para la investigación de la
       verdad: la observación.103 (Énfasis suplido).

       Respecto a las declaraciones de un testigo, en el caso Pueblo

v. De Jesús Mercado, el Tribunal Supremo reiteró que:

       En Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15–16 (1995),
       reiteramos que el testimonio de un testigo principal, por
       sí solo, de ser creído, es suficiente en derecho para
       sostener un fallo condenatorio, aun cuando no haya
       sido un testimonio “perfecto”, pues “[e]s al juzgador
       de los hechos a quien le corresponde resolver la
       credibilidad de un testigo cuando haya partes de su
       testimonio que no sean aceptables [...]”. Esto es así
       porque en Puerto Rico la máxima falsus in uno, falsus
       in omnibus no autoriza a rechazar toda la declaración
       de un testigo porque se haya contradicho o faltara a la
       verdad respecto a uno o más aspectos de su
       declaración. Quintana Tirado v. Longoria, 112 DPR 276,
       292 esc. 9 (1982). En ese sentido, la misión de los
       tribunales requiere armonizar y analizar en conjunto e
       integralmente toda la prueba, para así arribar a una
       conclusión correcta y razonable del peso que se ha de
       conceder al testimonio en su totalidad. Íd. Por esa
       razón, el hecho de que un testigo incurra en ciertas
       contradicciones no significa que se deba descartar
       absolutamente el resto de la declaración cuando
       nada increíble o improbable surge de su testimonio.
       Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 15.104 (Énfasis
       suplido).

       En consecuencia, al este Tribunal Apelativo enfrentarse a la

tarea de revisar las determinaciones del foro de instancia, no debe

intervenir con las determinaciones de hechos, con la apreciación de

la prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el

mismo, a no ser que haya mediado error manifiesto, pasión,

prejuicio o parcialidad.105

       De igual forma, se podrá intervenir con la determinación del

TPI cuando la referida valoración se aparte de la realidad fáctica o

resulte inherentemente imposible o increíble.106 Dicho de otro modo,

este Tribunal solo podrá intervenir con la apreciación del foro

103Pueblo v. Toro Martínez,   supra, 857, citando a Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR
939, 947 (1995).
104 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, 476-477.
105 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011).

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Pueblo v. Irizarry,
supra, 789. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62-63 (1991).
106 Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019), citando a Pueblo v.

Maisonave, supra, 63. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2009). Pueblo
v. Irizarry, supra. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.
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juzgador si, luego de evaluar minuciosamente la prueba del caso,

guardamos serias, razonables y fundadas dudas acerca de la

culpabilidad de la persona acusada.107

       En síntesis, a menos que existan los elementos antes

mencionados o que la apreciación de la prueba se aleje de la realidad

fáctica o que ésta sea inherentemente imposible o increíble, el

tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la apreciación

de la prueba hecha por el juzgador de los hechos.108

                                       III

       La apelante acude ante nos mediante un recurso de Apelación

Criminal y esboza que el foro primario cometió cinco (5) errores,

entiéndase que, erró el TPI al emitir un fallo de culpabilidad por

infracción al Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54-1989 contra Pacheco

Madera, a pesar de que presuntamente: (i) no se establecieron todos

los elementos del delito más allá de duda razonable; (ii) que la

apelante no fue identificada por el único testigo que ostentaba

conocimiento personal de los hechos alegados y no fue conectada

con estos; (iii) que la identificación realizada durante el Juicio fue

insuficiente para establecer una convicción más allá de duda

razonable; (iv) que fue utilizando prueba de identificación sin

conocimiento personal de los hechos y no haber existido un proceso

extrajudicial de identificación conforme establecen las Reglas de

Procedimiento Criminal de 1963, según enmendada; y, (v) que el

Ministerio no cumplió su carga probatoria de establecer todos los

elementos del delito y la conexión con la acusada más allá de duda

razonable. No nos convence. Veamos.

       Producto de la Vista Preliminar, el foro primario determinó

que existía causa probable para creer que Pacheco Madera había

cometido el delito de infracción al Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54-

107 Pueblo v. Casillas Torres, 190 DPR 398, 415 y 417 (2014).
108 Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, 148. Pueblo v. Maisonave, supra.
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1989 por hechos ocurridos el 29 de abril de 2021.109 A la luz de lo

anterior, se presentó una Acusación por delito grave contra Pacheco

Madera por infracción al Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54-1989.110 En

la Acusación se expuso que Pacheco Madera violentó, a sabiendas,

las prohibiciones estipuladas en la Orden a favor de Vélez Vega, con

quien sostuvo una relación consensual. Los hechos consistían en

que alegadamente Pacheco Madera le envió mensajes de texto y de

voz y realizó llamadas a Vélez Vega, y luego se personó en la

residencia de la abuela de Vélez Vega, donde este residía.

          A raíz de ello, se celebró el Juicio por tribunal de derecho.

Durante el Juicio, el Ministerio presentó como prueba de cargo a los

siguientes cinco (5) testigos: (i) Agente De Jesús, (ii) Agente Morales,

(iii) Vélez Vega, (iv) Agente Nieves, y (v) Agente O’ Neil. Comenzado el

Juicio, Pacheco Madera hizo alegación de no culpabilidad, en

relación con el Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54-1989.111

          Desfilada la prueba, el foro primario emitió fallo de

culpabilidad contra Pacheco Madera por infracción al Artículo 2.8

de la Ley Núm. 54-1989.112 El fallo de culpabilidad se limitó a la

conducta de Pacheco Madera de haber pasado por la residencia de

la abuela de Vélez Vega. Celebrado el acto de Pronunciamiento de

Sentencia, Pacheco Madera fue sentenciada a cumplir una condena

de seis (6) años de reclusión, bajo el régimen de sentencia

suspendida, a tenor con la Ley Núm. 259-1946113, sujeta a

supervisión electrónica.

          En el caso ante nos, no existe controversia respecto a que

existía una Orden emitida, válida y diligenciada otorgada por el

Tribunal el 28 de abril de 2021, de conformidad con la Ley Núm. 54-

109 Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
110 Id.
111 Id. En la TPO, pág. 8, líneas 6-10.
112 Art. 2.8, 8 LPRA § 628.
113 Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril

de 1946, según enmendada, 34 LPRA § 1026 et seq.
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1989114, con vigencia hasta el 18 de mayo de 2021. Es decir, la

Orden se encontraba vigente cuando ocurrió el incidente del 29 de

abril de 2021. Una Orden es todo mandato expedido por escrito bajo

el sello de un tribunal, en la cual se dictan las medidas a una

persona agresora para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo

determinados       actos    o    conducta      constitutivos     de   violencia

doméstica.115 En este caso, la Orden iba dirigida contra Pacheco

Madera. Las condiciones impuestas en la Orden eran las siguientes:

(i) que no hubiese ningún acercamiento ni conversación de parte

de Pacheco Madera con Vélez Vega ni su familia; (ii) que no fuera

a donde estaba viviendo ni trabajando; (iii) que no hablara sobre

Vélez Vega en las redes sociales; y, (iv) que no lo contactara por

correo electrónico, cartas, mensajes de texto ni voz ni llamadas.116

(Énfasis suplido). A tales efectos, para el Tribunal dilucidar en el

Juicio si ocurrió o no una violación de la Orden, no resultaba

necesario dirimir los hechos por los cuales esta se expidió. Al

aquilatar la prueba vertida en el Juicio, el foro primario entendió

que, tras haber sido diligenciada una Orden de Protección, Pacheco

Madera la violó al acercarse a la residencia de Vélez Vega, que

cuando surgieron los hechos de este caso, este residía en la

residencia de su abuela.

       El presente caso nos intima a evaluar la evidencia que el

juzgador de hechos tuvo ante sí, con el fin de ponderar si se sostiene

la Sentencia impuesta. En particular, se impugna la suficiencia de

la identificación de la acusada, aquí apelante.

       Por imperativo constitucional, la culpabilidad de toda persona

acusada de delito sólo se establece probando más allá de toda duda

razonable todos los elementos del delito y su conexión con la

114 Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54

de 15 de agosto de 1989, según enmendada.
115 Art. 1.3 (i), 8 LPRA § 602.
116 En la TPO, pág. 94, líneas 6-11 y pág. 111, líneas 19-23 y 24.
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persona acusada.117 La identificación de la persona acusada es una

de las etapas más esenciales o críticas en el procedimiento criminal,

debido a que no puede haber una convicción sin prueba que conecte

o señale a la persona imputada de delito como la responsable del

hecho delictivo.118 Ahora bien, por encontrarse estrechamente

relacionados el segundo, tercer y cuarto error serán discutidos en

conjunto, mientras que el primer y quinto error esgrimido por la

apelante, serán discutidos en conjunto, pero de forma separada a

los anteriores.

       Comenzando por el segundo, tercer y cuarto error, en ellos,

Pacheco Madera nos plantea que el foro incidió al emitir un fallo de

culpabilidad, aduciendo que esta no fue identificada por el único

testigo con conocimiento personal de los hechos, sino, utilizando

prueba de identificación por un testigo sin conocimiento personal de

los hechos, sin que se hubiese llevado a cabo un proceso

extrajudicial de identificación, por lo que la identificación en este

caso fue insuficiente. No le asiste razón. Veamos.

       Comenzamos recalcando, que se requiere un                          proceso

extrajudicial de identificación en aquellas ocasiones en que la

víctima o el testigo ocular de un delito no conozcan a la persona que

lo cometió.119 Luego de hacer esa salvedad, señalamos que revisada

y estudiada la TPO, coincidimos con la apelante en que Vélez Vega

no identificó a Pacheco Madera durante el Juicio. Sin embargo, el

Agente De Jesús, a preguntas del Ministerio, identificó a la apelante

durante el Juicio. Lo anterior se desprende de la TPO.120 De igual

forma, el Agente Nieves identificó a Pacheco Madera en sala.121

Además, la Agente O’ Neil también identificó a la apelante en sala,

117 Pueblo v. Irizarry, supra. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551

(1974).
118 Pueblo v. Hernández González, supra, 289. Pueblo v. Rodríguez Maysonet,

supra.
119
    Pueblo v. Toro Martínez, supra.
120 En la TPO, pág. 16, líneas 19-22.
121 Id., pág. 157, líneas 8-14.
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siendo la tercera testigo en hacerlo.122 No obstante, regresando a

Vélez Vega, no puede menoscabarse que la identificación de Pacheco

Madera, por parte de este, el único testigo con conocimiento

personal      del   hecho        delictivo   ha   sido   sostenida   en   varias

instancias. Vélez Vega identificó a Pacheco Madera en, al menos, dos

(2) ocasiones sin intervención del Estado: (i) cuando solicitó la Orden

y esta le fue diligenciada a Pacheco Madera, y (ii) cuando llamó a la

policía debido a que Pacheco Madera violó la Orden al pasar por la

residencia de su abuela donde este residía.

        Puntualizamos que, en el examen directo Vélez Vega testificó

que su conocimiento de la persona de Pacheco Madera surge debido

a que habían convivido en la residencia de ésta y tenido una relación

de pareja de diez (10) meses.123 En lo que respecta al incidente por

el cual se encontró culpable a Pacheco Madera, Vélez Vega testificó

que el 29 de abril de 2021, estaba a las 8:00 a.m. en el balcón de la

residencia de su abuela donde éste residía y vio que la guagua de

Pacheco Madera pasó frente a dicha residencia.124 Explicó que

reconoció la guagua de Pacheco Madera por la enumeración de la

tablilla.125 Abundó que, luego de esperar algunos minutos para

asegurarse no volver a ver la guagua en cuestión, procedió a caminar

al perro de su abuela cuando Pacheco Madera apareció en su

guagua y frenó a su lado y bajó la ventana.126 Prosiguió diciendo que

Pacheco Madera le insistió que quería hablar con él, que lo amaba y

que quería que le quitara la Orden.127 En el redirecto, Vélez Vega

testificó que, a diferencia de cuando recibió las llamadas y mensajes,

decidió llamar a la policía cuando Pacheco Madero apareció cerca de

122 Id., pág. 180, líneas 4-9.
123 Id., pág. 92, líneas 16-21.
124 Id., pág. 101, líneas 5-8.
125 Id., pág. 103, líneas 3-4.
126 Id., pág. 104, líneas 11-14.
127 Id., pág. 105, líneas 5-7.
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la residencia de su abuela debido a que se sintió amenazado y

ansioso.128

        En lo que respecta a la Agente O’ Neil, testificó que, estando

en la residencia de la abuela de Vélez Vega, este último recibió una

llamada de un agente.129 Con motivo de la llamada la Agente O’ Neil

fue a Auto Zone.130 Explicó que cuando llegó a Auto Zone, pudo

observar que se encontraba la guagua que Vélez Vega y su mamá le

habían indicado que le pertenecía a Pacheco Madera.131 Además,

testificó que una vez la identifica, allí se encontraba Pacheco Madera

con el agente que realizó la llamada.132 Por lo tanto, testificó que

procedió a explicarle que había una violación de la Orden, que

estaba bajo arresto y le leyó las advertencias de Miranda.133 Testificó

que Pacheco Madera firmó las advertencias ya estando en el

precinto.134      Finalizado       el    examen       directo,   comenzó   el

contrainterrogatorio por parte de la Defensa a la Agente O’ Neil. Ante

preguntas, testificó que atendió la llamada de Vélez Vega a las 9:10

a.m. y que se personó en la residencia a las 9:34 a.m.135 Al no haber

más preguntas, comenzó el examen redirecto por parte del

Ministerio a la Agente O’ Neil. Aclaró que la llamada de Vélez Vega

se recibió a las 8:30 a.m. por el retén y que luego fue que se le

notificó a ella a las 9:10 a.m.136

        Tras examinar los alegatos de los apelantes, la TPO y los autos

originales, podemos colegir que el foro a quo no incidió en la

apreciación de la prueba presentada ante sí. Es menester recordar

que la evaluación de los perjuicios de una identificación requiere un

análisis abarcador, de modo que tome en consideración

128 Id., pág. 152, líneas 7-8.
129 Id., pág. 182, líneas 17-20.
130 Id., pág. 185, líneas 1-2.
131 Id., pág. 186, líneas 4-8.
132 Id., pág. 186, líneas 10-13 y pág. 187, líneas 6-7.
133 Id., pág. 186, líneas 15-18 y pág. 189, líneas 2-6.
134 Id., pág. 190, líneas 2-6 y pág. 193, líneas 23-25.
135 Id., pág. 200, líneas 14-21.
136 Id., pág. 214, líneas 15-19.
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la totalidad de las circunstancias que rodean el proceso de

identificación y los hechos particulares del caso.137 (Énfasis

suplido). Así, las cosas, en situaciones en que la víctima conoce

previamente a la persona acusada, las salvaguardas contra la

sugestividad tales como los requisitos establecidos en la Regla

252 de las Reglas de Procedimiento Criminal138, se reducen a un

mínimo o, dependiendo de las circunstancias, son inaplicables

e innecesarios.139 (Énfasis suplido).

       Pasando al primer y quinto error, vemos que Pacheco Madera

nos invita a concluir que, en el presente caso, el TPI erró al emitir

un fallo de culpabilidad, arguyendo que en este caso el Ministerio

no cumplió con su carga probatoria de establecer todos los

elementos del delito más allá de duda razonable y su conexión con

esta, más allá de duda razonable. No le asiste razón. Veamos.

       El TPI escuchó, analizó y justipreció los testimonios de: (i)

Agente De Jesús, (ii) Agente Morales, (iii) Vélez Vega, (iv) Agente

Nieves, y (v) Agente O’ Neil. Tras ese ejercicio, les confirió valor

probatorio suficiente para sostener la culpabilidad de Pacheco

Madera. Así, a pesar de las preguntas y los argumentos presentados

por la Defensa con el objetivo de impugnar a los testigos de cargo, el

juzgador, al sopesar los testimonios junto a las demás pruebas

admitidas les otorgó credibilidad.

       A la luz de la totalidad de la prueba, se demostró más allá de

duda razonable la culpabilidad de la apelante, configurándose los

elementos del delito imputado y la intención criminal en la comisión

de dicho delito. Acentuamos que, la determinación de que cierta

prueba es suficiente para demostrar la culpabilidad de la persona

137 Pueblo v. Hernández González, supra, 289-290. Simmons v. United States,
supra, 383.
138 34 LPRA Ap. II, R. 252. La Regla 252 de las Reglas de Procedimiento Criminal

aborda la identificación anterior al juicio.
139 Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 608 (1988). Pueblo v. Lebrón

González, 113 DPR 81, 99 (1982).
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acusada más allá de duda razonable es una cuestión de raciocinio,

producto de un análisis de todos los elementos de juicio del caso

y no una mera duda especulativa o imaginaria.140 (Énfasis suplido).

Sostenemos que, lo que se exige es “prueba satisfactoria y suficiente

en derecho, es decir, que produzca certeza o convicción moral en

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no

prevenido”.141

       Reiteramos que, es regla general que la obligación de

persuadir al juzgador sobre la existencia de los elementos esenciales

de una acusación la tiene el Ministerio en un caso criminal.142

       Enfatizamos que, al este Tribunal Apelativo enfrentarse a la

tarea de revisar las determinaciones del foro de primera instancia,

no debemos intervenir con las determinaciones de hechos, con la

apreciación de la prueba ni con la adjudicación de credibilidad

efectuadas por el mismo, a no ser que haya mediado error

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.143 Subrayamos que,

nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de

deferencia      hacia     las    determinaciones        que    realizan     los

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba testifical

que      se     presenta         ante      ellos.144   (Énfasis      suplido).

Consecuentemente, este Curia solo podrá intervenir con la

apreciación del foro juzgador si, luego de evaluar minuciosamente

la prueba del caso, guardamos serias, razonables y fundadas dudas

acerca de la culpabilidad de la persona acusada.145 Expresado todo

lo anterior, juzgamos que los errores esgrimidos no fueron

cometidos, por tanto, procede confirmar el dictamen apelado.

140 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, 475-476.
141 Pueblo v. Toro Martínez, supra, 856.
142 Emmanuelli Jiménez, op.cit., págs. 148-149. E. L. Chiesa, Tratado de Derecho

Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, op.cit., pág. 1002.
143 González Hernández v. González Hernández, supra. Ramírez Ferrer v. Conagra

Foods PR, supra. Pueblo v. Irizarry, supra. Pueblo v. Maisonave, supra, 62-63.
144 Pueblo v. Toro Martínez, supra, 857.
145 Pueblo v. Casillas Torres, supra.
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                                IV

     Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones