Court Opinion

ID: 9388087
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:12:18.140933+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.407517
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

    JAIME HERNÁNDEZ                                     REVISIÓN
        MÉNDEZ                                          ADMINISTRATIVA
                                                        procedente del
         Recurrente                                     Departamento de
                                 KLRA202300111          Corrección y
             Vs.                                        Rehabilitación

    DEPARTAMENTO DE                                     Caso Núm.
      CORRECCIÓN Y                                      B-1462-22
     REHABILITACIÓN

         Recurrido
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

                                        I.

       El 7 marzo de 20231, el Sr. Jaime Hernández Méndez (señor

Hernández o recurrido) compareció ante nos, por derecho propio,

mediante una Revisión Administrativa y solicitó la revisión de una

Respuesta de Reconsideración […] emitida el 11 de enero de 2023 y

notificada el 25 de enero de 2023 por la División de Remedios

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación

(División de Remedios). Mediante el aludido dictamen, la División

de Remedios, denegó la petición de reconsideración que emitió el

recurrido.

       En el recurso de epígrafe, el recurrido formuló los siguientes

señalamientos de error:

       Erró la División de Remedios Administrativos al
       concluir y determinar bajo una actuación so color de
       autoridad estatal, cuando sostuvo que la actuación y
       decisión de los oficiales García o Laguer en botar al
       recurrente de su área de labor de cocina por presumir
       imaginar bajo caprichos que el hallazgo de un teléfono
       celular dentro de la celda en un escondite secreto de
       cemento era o debió ser del recurrente o de su

1
 Cabe precisar que, a pesar de que el recurso de epígrafe fue sometido ante este
Tribunal el 7 de marzo de 2023, el recurso fue depositado en el correo postal el 6
de marzo de 2023.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
KLRA202300111                                                             2

      compañero de celda Geovanny Ortiz Pérez. Esto en clara
      ausencia de evidencia robusta. Siendo dicha decisión
      una contrario a derecho, irrazonable, arbitraria e ilegal
      la cual está viciada por un error fundamental.

      Erró la División de Remedios Administrativos al
      concluir y determinar de forma tan arbitraria que de
      acuerdo al Reglamento de Registros en el Artículo VII
      inciso 2 que: si se puede asociar el contrabando con
      algún miembro de la población correccional, se
      aplicarán    las   disposiciones  del   procedimiento
      disciplinario que apliquen.

      Sin embargo, cabe precisar que, como parte del apéndice del

recurso, el recurrente se limitó a presentar el dictamen recurrido y

el recibo de notificación de este. Además, anejó el sobre del correo

postal que refleja el matasellos con la fecha de entrega del recurso

al correo postal.

      Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores.   Regla (7)(B)(5)   del         Reglamento   del   Tribunal   de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por

tardío.

                                      II.

      La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro

administrativo      para   considerar          y   adjudicar   determinada

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias

siguientes:

      (a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no
      pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal,
      como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la
      nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los
      tribunales el ineludible deber de auscultar su propia
      jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el
      deber de examinar la jurisdicción del foro de donde
      procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier
      etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por
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      el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort
      & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

      A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor

de auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado.

(Énfasis nuestro). Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros,

187 DPR 445, 457 (2012). Así pues, “las cuestiones jurisdiccionales

deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”. Íd., pág.

856. Ello, ya que los tribunales no tenemos discreción para asumir

jurisdicción donde no la tenemos. Yumac Home v. Empresas Masso,

194 DPR 96, 103 (2015). Cuando este Foro carece de jurisdicción,

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G.

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

      Un recurso presentado prematura o tardíamente priva

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico,

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para

acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este Tribunal de

Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso prematuro

o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

      Ahora bien, en lo pertinente al caso ante nos, cabe mencionar

que, la Sección 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno

de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9655 (LPAUG) preceptúa lo siguiente:

            La parte adversamente afectada por una
      resolución u orden parcial o final podrá, dentro del
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      término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en
      autos de la notificación de la resolución u orden,
      presentar una moción de reconsideración de la
      resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15)
      días de haberse presentado dicha moción deberá
      considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare
      dentro de los quince (15) días, el término para solicitar
      revisión comenzará a correr nuevamente desde que se
      notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos
      quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna
      determinación en su consideración, el término para
      solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha
      en que se archive en autos una copia de la
      notificación de la resolución de la agencia
      resolviendo     definitivamente       la    moción    de
      reconsideración. (Énfasis suplido)

      […]

      Finalmente, la Sección 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672,

contempla la revisión judicial de las decisiones administrativas

finales ante este Tribunal y establece lo siguiente:

      [u]na parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia y que haya agotado
      todos los remedios provistos por la agencia o por el
      organismo administrativo apelativo correspondiente
      podrá presentar una solicitud de revisión ante el
      Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de
      treinta (30) días contados a partir de la fecha del
      archivo en autos de la copia de la notificación de la
      orden o resolución final de la agencia o a partir de la
      fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15
      de esta Ley, cuando el término para solicitar la
      revisión judicial haya sido interrumpido mediante la
      presentación oportuna de una moción de
      reconsideración. (Énfasis nuestro).

      Dicho término de treinta (30) días para solicitar la revisión

judicial ante este Tribunal es uno jurisdiccional, es decir, es

improrrogable, fatal e insubsanable, y, por ende, no puede acortarse

y tampoco es susceptible de extenderse. Assoc. Condomines v.

Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014).

                                 III.

      Es harto sabido que las cuestiones relativas a la jurisdicción

de un tribunal para atender ciertas controversias se tienen que

resolver con preferencia. Por consiguiente, de entrada, resolvemos

que no tenemos jurisdicción para atender la presente controversia

en sus méritos. Ello, toda vez que el presente recurso se presentó en
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una fecha posterior al término jurisdiccional de treinta (30) días que

dispone la LPAUG para recurrir ante nosotros de una resolución de

la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración.

      Conforme     al   precitado   derecho,   cuando    una    parte

adversamente afectada por un dictamen final o parcial de una

agencia presenta una reconsideración, el término jurisdiccional de

treinta (30) días para comparecer ante nos mediante una revisión

judicial se computa a partir de la fecha en que se archive en autos

una copia de la notificación de la resolución de la agencia

resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Sección

3.15 de la LPAUG, supra.

      En el caso de autos, la División de Remedios emitió el

dictamen recurrido denegando la Reconsideración que presentó el

señor Hernández el 11 de enero de 2023 y según consta del Recibo

de Respuesta que anejó el recurrente junto a dicho dictamen, este

le fue notificado el 25 de enero de 2023. La referida notificación

contiene la firma del señor Hernández. A tales efectos, el recurrente

tenía hasta el 24 de febrero de 2023 para presentar su recurso de

revisión judicial ante este foro intermedio. Sin embargo, según

consta del matasellos del sobre postal, el señor Hernández presentó

el recurso de epígrafe el 6 de marzo de 2023. Entiéndase, cuarenta

(40) días después de que se le notificó la Respuesta de

Reconsideración […].

      Aclaramos que, en otras instancias, el Departamento de

Corrección y Rehabilitación (DCR) al final de los recursos de revisión

judicial de los confinados pone un ponche oficial en el que se refleja

la fecha en que recibieron el recurso del confinado con una firma del

funcionario que lo recibió. Sin embargo, en el presente caso, el DCR

no ponchó el recurso con su sello oficial. De igual forma, cabe

precisar, que el señor Hernández tampoco presentó una certificación

que acreditara que en efecto entregó el recurso el 25 de enero de
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2023, fecha que aparece al final del recurso de epígrafe. Por las

razones antes expuestas, tenemos que considerar la fecha del

matasellos del correo postal como fecha de entrega del recurso de

revisión judicial de epígrafe.2 Es decir, a partir de esa fecha, a saber,

el 6 de marzo de 2023, es que comenzamos a contar el término de

treinta (30) días para acudir en alzada. Por tanto, nos encontramos

forzados a desestimar el recurso de epígrafe por tardío conforme a

la facultad que nos otorga la Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra.

                                       IV.

         Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por tardío.

         Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

         La jueza Santiago Calderón disiente. Revisada la petición del

confinado surge de la misma que la redactó el 25 de enero de 2023,

misma fecha del recibo de la Respuesta de Reconsideración por el

Departamento de Corrección. Ante no haber constancia de cuándo

fue recibido y presentado por Corrección disiento. Se debe solicitar

a Corrección que certifique la fecha de la entrega.

                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

2   Véase, Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 DPR 314, 324 (2009).