Court Opinion

ID: 9952279
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:36:30.125366+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:31.590027
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

   WILFREDO TORRES                                     Recurso de
         VÉLEZ                                         apelación
        Apelante                                       procedente del
                                                       Tribunal de Primera
                                  KLAN202300973        Instancia, Sala
                                                       Superior de
              v.                                       Caguas

                                                       Caso Núm.
                                                       ECU 2015-0052

   YESMARIE ARZOLA                                     Sobre:
       APONTE                                          ALIMENTOS
       Apelado

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Juez Álvarez Esnard y la Jueza Prats Palerm1.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2024.

       El 31 de octubre de 2023, el demandante apelante, señor

Wilfredo Torres Vélez (en adelante, ¨señor Torres¨ o ¨padre

alimentante¨), presentó un Recurso de Apelación donde solicita la

revisión de la Resolución dictada el 24 de agosto de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (en

adelante,    ¨TPI¨).   De    la    misma    se   solicitó   oportunamente

reconsideración y fue denegada el 2 de octubre de 2023. Mediante

la referida Resolución se fijó una pensión alimentaria por la cantidad

de quinientos cincuenta y cuatro dólares con trece centavos

($554.13) mensuales a ser pagada por el señor Torres en beneficio

de sus dos (2) hijos menores de edad, efectivo el 13 de junio de 2023.

Señala el señor Torres que el tribunal incidió al acoger las

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se

designa a la Hon. Annette M. Prats Palerm en sustitución de la Hon. Karilyn M.
Díaz Rivera.

Número Identificador
SEN2024________

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recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias (en

adelante, ¨EPA¨) sin tomar en consideración el beneficio del seguro

social que reciben sus hijos, producto del padre alimentante haber

sido declarado incapaz.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación se

Modifica la Resolución del TPI y así modificada se Confirma.

      Examinemos los hechos que dieron lugar a la presente

controversia.

                                 I.

      La señora Yesmarie Arzola Aponte (en adelante, ¨señora

Ayala¨ o ¨madre alimentista¨) y el señor Torres procrearon dos hijos

durante una relación consensual, WMTA, nacida el 8 de octubre de

2003 y SJTA, nacido el 15 de abril de 2008. El 11 de septiembre de

2017, el TPI expidió una Resolución en la cual estableció que la

custodia de los menores sería compartida entre ambos progenitores.

Subsiguientemente, el 20 de junio de 2018, el TPI, mediante

Resolución, acogió las recomendaciones de la EPA, y fijó los

alimentos en beneficio de ambos menores en trecientos treinta y

ocho dólares ($338.00) mensuales.

      Poco tiempo después, el 22 de agosto de 2018, el padre

alimentante sufrió un accidente de motora que lo dejó incapacitado.

Como consecuencia, la Administración del Seguro Social (en

adelante, ¨ASS¨) lo declaró incapaz el 6 de abril de 2021. La ASS le

concedió un monto de dinero retroactivo desde abril de 2019 y un

pago mensual de mil ciento ochocientos setenta y nueve dólares

($1,879.00). Con relación a sus hijos menores de edad, la ASS le

notificó el 20 de abril de 2021, que recibirían un pago de once mil

novecientos noventa y dos dólares ($11,992.00), cada uno, en

concepto de retroactivo desde abril de 2019 y que, cada uno

comenzaría a recibir una cantidad mensual de cuatrocientos

sesenta y nueve dólares ($469.00).
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      Desde el 30 de abril de 2021, el padre alimentante había

pagado la cantidad mensual de trecientos treinta y ocho dólares

($338.00) en concepto de alimentos para el beneficio de sus hijos a

través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

      Así las cosas, el 8 de octubre de 2021 la hija, WMTA, cumplió

18 años y cesó de obtener el pago de cuatrocientos sesenta y nueve

dólares ($469.00) mensuales de la ASS. Acto seguido, el 17 de

noviembre de 2021 la ASS aumentó el monto mensual que recibía

el hijo, SJTA, a novecientos noventa y nueve dólares ($939.00)

mensuales. Para el 19 de enero de 2022 la ASS aumentó aún más

la cantidad mensual recibida por SJTA a novecientos noventa y

cinco dólares ($995.00).

      La señora Ayala solicitó ante el TPI, Sala Superior de Caguas,

la revisión de los alimentos obtenidos por sus hijos menores de edad

para el 11 de junio de 2022.

      Comenzando el 18 de enero de 2023, la madre alimentista

empezó a recibir mil ochenta y un dólares ($1,081.00) mensuales de

la ASS en beneficio de su hijo, SJTA.

      Como parte del proceso de revisión de la pensión alimentaria,

el 27 de abril de 2023 se celebró la primera vista de revisión de

alimentos ante la EPA. Durante la celebración de la vista, el padre

alimentante solicitó que se le acreditaran los beneficios recibidos del

seguro social por ambos hijos en los cómputos de la pensión

alimentaria. De igual manera, el señor Torres solicitó que se tomara

en consideración el horario extendido de las relaciones paterno-

filiales, ya que entre las partes existe un acuerdo de custodia

compartida. Luego de celebrada la vista, la EPA procedió a hacer sus

recomendaciones. Como parte de sus determinaciones, esta

menciona que el señor Torres recibe los beneficios de ASS. No

obstante, nada menciona de los beneficios recibidos por sus hijos

menores de edad de la ASS. A su vez, recomendó la cantidad de
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quinientos cuarenta y nueve dólares con treinta y siete centavos

($549.37) mensuales de manera provisional. Posteriormente, el 9 de

mayo de 2023, el TPI notificó mediante resolución que estaría

adoptando las recomendaciones de la EPA.

      Una segunda vista de seguimiento fue celebrada ante la EPA

el 16 de agosto de 2023. Finalmente, la EPA recomendó que se fijara

una pensión alimentaria final de quinientos cincuenta y cuatro

dólares con trece centavos ($554.13) mensuales. El 24 de agosto de

2023 el TPI adoptó mediante Resolución la recomendación de la EPA,

efectivo desde el 13 de junio de 2022 el pago de quinientos cincuenta

y cuatro dólares con trece centavos ($554.13) mensuales.

      Así, pues, el 30 de agosto de 2023 el padre alimentante

presentó ante el TPI una Moción de Reconsideración a la Resolución.

El 2 de octubre de 2023 el TPI declaró No Ha Lugar la misma.

      Inconforme, el padre alimentante presentó, el 31 de octubre

de 2023, un recurso de Apelación solicitando que se revoque la

resolución del TPI que adoptó las recomendaciones de la EPA. Al

mismo tiempo, solicita que al pautar la pensión alimentaria se tome

en consideración el dinero que los menores han recibido de la ASS,

mientras que, a su vez, el señor Torres ha estado pagando la pensión

alimentaria a través de ASUME. Adicionalmente, solicita que se

ajuste la obligación de proveer alimentos considerando el horario

extendido de las relaciones paterno-filiales por existir custodia

compartida entre los progenitores. Como último pliego, solicita ser

relevado del pago de la pensión alimentaria, ya que el dinero recibido

por el menor, SJTA, de la ASS ($1,081.00 mensuales) excede el

monto establecido para la pensión alimentaria ($554.13 mensuales).

Conforme surge de su petición, el padre alimentante hizo los

siguientes señalamientos de error:

      Erró el TPI al adoptar las recomendaciones de la EPA, al no
      aceptar que el dinero que sus hijos reciben de la ASS y de su
      padre alimentante, surgen de la misma persona o fuente: su
      padre, por lo que el alimentante tiene un crédito.
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      Erró el TPI al adoptar las recomendaciones de la EPA, quien
      con conocimiento de que los menores recibieron, y aún
      reciben dinero de la ASS, impone pensión alimentaria a padre
      por ambos hijos menores de edad procreados por los mismos
      progenitores e ignora el dinero que los menores
      recibieron/reciben de la ASS.

      Erró el TPI al adoptar las recomendaciones de la EPA, al no
      conceder crédito al padre alimentante por el horario de las
      relaciones paterno-filiales al haber custodia compartida.

      El Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución el 8 de

noviembre de 2023 para que la parte apelada expusiera su posición.

      El 27 de noviembre de 2023 la señora Ayala presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden. En su somera oposición a la

expedición del recurso apelativo indicó estar de acuerdo con la

determinación del TPI sin más fundamentos.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que nos

ocupa.

                                 II.

      A. Derecho de Alimentos

      Entre los deberes principales de la patria potestad se

encuentra el deber de proveer alimentos a los hijos. Esta obligación

de los padres y el derecho de los hijos menores de edad a reclamar

sus alimentos es parte esencial del derecho constitucional a la vida.

Este deber y derecho constitucional, que a su vez está revestido del

más alto interés público, que no es otro que el mejor bienestar del

menor, está ampliamente resguardado en los artículos 653 al 680

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 7531 a la 7582 y

en la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada,

conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el

Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501 et. seq., [en adelante, “Ley

para el Sustento de Menores”]. Véase, Maldonado v. Cruz, 161

D.P.R. 1, 12-13 (2004); Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145, 145

(2003); Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 7 (1993).
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      Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para

el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la

posición social de la familia. Los alimentos comprenden también la

educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad.

Artículo 653 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7531.

      A su vez, la obligación de brindar alimentos a los menores de

edad surge de la relación paterno-filial que se origina en el momento

en que la paternidad o maternidad quedan establecidas. McConnell

v. Palau, 161 DPR 732, (2004). Cónsono con lo anterior, la obligación

de proveer alimentos recae sobre ambos progenitores, como parte de

la patria potestad y custodia. Artículo 590 del Código Civil, 31

L.P.R.A. 7242.

      La obligación de proveer alimentos deberá regirse por el

principio   de   proporcionalidad.    Es   decir,   la   cuantía   de

los alimentos será proporcional a los recursos del que los brinda y a

las necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en

proporción a los recursos del primero y a las necesidades del

segundo. Artículo 665 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 7561. En Llorens

Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003 (2010), se enfatizó que la

determinación de la cuantía de alimentos corresponde al prudente

arbitrio del juzgador, quien debe velar por que la cuantía que se

establezca cumpla con el principio de proporcionalidad.

      Por otro lado, la pensión alimentaria estará sujeta a ajuste y

podrá modificarse ante un cambio sustancial en las circunstancias

personales del alimentante o del alimentista. Artículo 19(c) de la Ley

Orgánica de la Administración Para el Sustento de Menores, 8 LPRA

sec. 518(c); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998). En

aquellos casos en los que el alimentante solicite un ajuste en la

pensión alimentaria basado en la cantidad de tiempo que se

relaciona con el alimentista, se deberán seguir las            Guías

mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto
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Rico (Guías mandatorias) establecidas por ASUME. Ante una

solicitud de reducción de la pensión alimentaria, el alimentante

tendrá el peso de la prueba para demostrar que ha ocurrido un

cambio sustancial en las circunstancias que estaban presentes al

fijarse la pensión. McConnell v. Palau, supra. El efecto del ajuste de

la pensión alimentaria será prospectivo. A tales efectos, el Artículo

19(b) de la Ley de ASUME, 8 L.P.R.A. § 518(b), dispone que:

      Los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de
      aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha en la
      que se presente en el tribunal o en ASUME, la petición de
      alimentos o la petición de aumento de pensión alimentaria. Bajo
      ninguna circunstancia el tribunal, el Administrador o el Juez
      Administrativo reducirán la pensión alimentaria sin que el
      alimentante haya presentado una petición a tales efectos,
      previa notificación al alimentista o acreedor. La reducción de la
      pensión alimentaria será efectiva desde la fecha en que el
      tribunal, el Administrador o el Juez Administrativo decida
      sobre la petición de reducción o el Administrador modifique
      la pensión establecida conforme al reglamento de revisión
      periódica que se adopte para los casos en los que los menores
      alimentistas son beneficiarios de asistencia pública. […].
      Además, no estará sujeta a reducción retroactiva en Puerto
      Rico ni en ningún estado, excepto que en circunstancias
      extraordinarias el tribunal o el Administrador podrán hacer
      efectiva la reducción a la fecha de la notificación de la petición
      de reducción al alimentista o acreedor o de la notificación de la
      intención de modificar, según sea el caso. No se permitirá la
      reducción retroactiva del monto de la deuda por concepto de las
      pensiones alimentarias devengadas y no pagadas. […] (Énfasis
      suplido).

      Sobre el mencionado artículo, el Tribunal Supremo ha

reiterado que, de ordinario, los alimentos se adeudan desde el

momento en que se solicitan. Vázquez Ortiz v. López Hernández, 160

DPR 714, 727 (2003). Por excepción, una modificación, ajuste o

relevo de deuda o de pensión, tendrá efectividad prospectiva

únicamente      en    casos     extraordinarios     de    enfermedad,

hospitalización, inconsistencia, o cualquier otro evento constitutivo

de fuerza mayor o caso fortuito. Id. En ese sentido, el Tribunal

Supremo ha expresado que:

       “[L]os tribunales de instancia deben de abstenerse de
      intervenir con el monto de las pensiones alimenticias
      devengadas con anterioridad a la fecha de radicación de las
      solicitudes de rebaja de pensión alimenticia, excepto en
      aquellas situaciones extraordinarias en que el alimentista
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      pueda demostrar —en adición a la procedencia de la rebaja
      propiamente— que por razón de una enfermedad o accidente
      de índole incapacitante estuvo realmente imposibilitado de
      radicar a tiempo la moción de rebaja correspondiente”. Ex
      Parte Valencia, 116 DPR 909, 916-917 (1986).

      B. Ley de Sustento de Menores

      En aras de proteger el derecho de los menores a recibir

alimentos, se aprobó la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986. Ley

Especial de Sustento de Menores, según enmendada. 8 LPRA sec.

501 et seq. El propósito de dicha ley es “…procurar que los padres

o las personas legalmente responsables contribuyan, en la medida

en que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de

sus hijos o dependientes mediante el fortalecimiento de los sistemas

y la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales

para la determinación, recaudación y distribución de la pensión

alimentaria.” 8 L.P.R.A. sec. 502.

      Nótese que en Puerto Rico se computa la pensión alimentaria

conforme dispone la Ley para el Sustento de Menores, que en su

artículo 2, inciso (16), define “ingresos” como “cualquier ganancia,

beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o

compensación por servicios personales […] o compensación

derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones

como contratista independiente, compensaciones por desempleo,

compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y pensiones

o cualquier otro pago que reciba un alimentante de cualquier

persona natural o jurídica”. 8 L.P.R.A. sec. 501; (énfasis nuestro).

La definición de ingresos se refiere particularmente a los beneficios

o ganancias que reciba el alimentante o padre no custodio que tiene

la obligación de pagar una pensión alimentaria. Esta disposición no

deja duda en cuanto a que es el alimentante quien debe recibir la

ganancia o el beneficio que se considere a la hora de establecer su

ingreso, lo que permitirá a su vez determinar el monto de la pensión

conforme al principio de proporcionalidad entre los recursos del
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alimentante y las necesidades del alimentista. Torres Rodríguez v.

Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R., en las pág. 751-752.

      La obligación de proveer alimentos a los hijos menores de edad

recae en ambos progenitores de forma proporcional a sus recursos

y a las necesidades de estos.

      En el 2013, en el recurso Vázquez Acevedo, et als. v. Torres

Lozano, KLAN201300083, un Panel Hermano de este Tribunal

favoreció   al   padre   alimentante   declarado   incapaz   en       una

controversia similar a la que tenemos ante nuestra consideración.

En el referido recurso, nuestro Panel Hermano dispuso mediante

Sentencia que en los casos en que un alimentista reciba los

beneficios del seguro social federal por la incapacidad del padre no

custodio corresponde acreditar retroactivamente la cantidad

recibida del seguro social al monto correspondiente a la pensión

alimentaria y no el exceso en los casos en que el beneficio sea

superior a la obligación alimentaria. (Énfasis suplido).

      Por otro lado, la Ley de Sustento de Menores provee para un

procedimiento expedito que permite procurar de los padres, o

personas    legalmente     responsables,   su   contribución      a    la

manutención de los menores a través de la agilización de los

procedimientos administrativos y judiciales para la determinación,

recaudación y distribución de las pensiones alimentarias. 8 L.P.R.A.

sec. 502. Mediante el procedimiento expedito, un Examinador de

Pensiones Alimentarias podrá recomendarle al tribunal la fijación de

una pensión provisional.

      De igual manera, la Ley de Sustento de Menores le asigna a

los EPA la facultad expresa de hacer determinaciones de hechos y

conclusiones de derecho y recomendar remedios al Juez en casos de

alimentos y filiación. 8 L.P.R.A. sec. 512. Una vez el EPA somete al

Tribunal sus determinaciones de hechos, sus conclusiones de

derecho y su recomendación sobre el monto de la pensión, éste
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puede acogerlas o hacer las suyas propias, con o sin vista previa y

emitir la orden, resolución o sentencia que corresponda. 8 L.P.R.A.

sec. 517(5); Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 603-604 (2003).

      Para lograr cumplir con su propósito, la Ley de Sustento de

Menores le concede la facultad al EPA de tomar juramentos y dirigir

y permitir que las partes se envuelvan en el descubrimiento de

información que agilice el procedimiento y la resolución de las

controversias y recibir testimonio y cualquier otra evidencia, así

como para establecer un récord del caso. 8 L.P.R.A. 517(1)(2).

      C. Social Security Act

      Los hijos de las personas declaradas incapaz bajo el Social

Security Act tienen derecho a recibir un beneficio económico. 42

U.S.C. sec. 402. En ese sentido, los hijos menores que reciben un

beneficio   económico   bajo   esta   Ley   son   considerados   como

beneficiarios de los fondos que reciben sus padres al amparo del

Social Security Act.

      Asimismo, el beneficio del seguro social que reciben los hijos

menores dependientes por la incapacidad del padre alimentante

puede acreditarse a la obligación del padre no custodio de proveer

una pensión alimentaria. Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R.

164 (1985), reiterado en Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves,

supra. En nuestro sistema judicial el pago de los beneficios del

Seguro Social a un menor dependiente de un alimentante satisface

la obligación del alimentante de proveer, en todo o en parte, una

pensión alimentaria. Se trata de un método de pago válido. Martínez

v. Rivera Hernández, supra. En otras palabras, nada impide que el

alimentante pueda satisfacer una pensión alimentaria, parcial o

totalmente, a través del pago directo al alimentista de una pensión

proveniente del seguro social. Véase, Ruth E. Ortega Vélez, La

protección jurisdiccional del menor con ocasión del divorcio de los

padres: La cuestión jurídica., Ediciones Situm, 1996, a la pág. 154.
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      El beneficio que provee el seguro social a los hijos menores es

producto de los ingresos que generó el padre alimentante durante

su vida laboral. En otras palabras, los beneficios que reciben los

hijos menores por incapacidad de sus padres son producto de los

ingresos que el padre alimentante generó cuando trabajaba. Así las

cosas, este hecho se utiliza como fundamento para acreditar el

beneficio de los hijos menores a la obligación del padre alimentante

incapacitado. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra. Como

condición para que proceda el crédito, el padre alimentante deberá

recibir junto a sus hijos menores el beneficio por incapacidad del

seguro social para que sea posible sustituir los beneficios del seguro

social por la pensión alimentaria. Id. Solamente así se justifica la

acreditación de dicho beneficio a la pensión alimentaria, al

imputarse como ingreso del alimentante. Id.

      En Davis v. Davis, 780 N.W.2d 707 (2010), de la Corte

Suprema de Dakota del Norte, se dieron hechos similares al caso

que hoy consideramos. Un padre alimentante cumplía con su

pensión alimentaria al pie de la letra, pero tras una lesión en su

trabajo aplicó y recibió los beneficios de incapacidad bajo el Social

Security Act. Eventualmente, la Administración del Seguro Social le

pagó a sus dos (2) hijos menores $23,582.00 como retroactivo

(cubría desde el día en que el alimentante solicitó el beneficio, hasta

que finalmente se le aprobó). A raíz de ello, el padre alimentante

incoó una acción judicial contra su exesposa y madre de los menores

para recobrar el dinero que presuntamente pagó en exceso de

pensión alimentaria durante la pendencia de su solicitud de

incapacidad. Alegó que dichos desembolsos constituyeron un

sobrepago de su obligación luego de que los menores recibieron los

beneficios del seguro social como pensión alimentaria bajo el N.D.

Admin. Code § 75–02–04.1–02(11). Tras varios trámites, la Corte

Suprema ordenó el reembolso de $15,727.97, más intereses al padre
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alimentante por este pagar en exceso la pensión. Esta cantidad

correspondía a los pagos de pensión alimentaria hechos desde enero

2004 hasta febrero 2007, pensión subsecuentemente sustituida por

la suma global de retroactivo que recibieron sus hijos menores de

edad bajo la Administración del Seguro Social.

      Por otro lado, La Corte de Apelaciones del estado de Ohio en

Hamilton v. Reynolds, 5 N.E.3d 1053 (2013) enfrentó la controversia

de si un progenitor no custodio que se mantuvo al día en su

obligación alimentaria merecía un reembolso luego de que el

alimentista recibió una suma global del seguro social cubriendo el

mismo período de tiempo en que el alimentante pagó la pensión

alimentaria. Sobre este particular se estableció lo siguiente, citando

a Paulhe v. Riley, 722 N.W.2d 155 (2006):

      “The paramount goal of child support is to promote the best
      interests of children and to avoid financial hardship to
      children of divorced parents. If we were to limit a payor's credit
      entitlement to only situations of “unpaid support,” we would
      encourage disabled payors who nonetheless have the ability
      to pay support, to terminate child support payments in
      anticipation that potential future social security disability
      payments will eventually make up the shortfall. That would
      leave the child without child support during this interim, a
      result clearly contrary to the public policy underpinning child
      support. To his credit, [the obligor] did not take this route.
      Instead, he honored his child support obligations. As a result,
      he is now rightfully entitled to credit against those payments
      based on the social security disability payments that he
      funded by his earnings while working.”

      La Corte de Apelaciones confirmó al foro de instancia y

determinó que el padre alimentante pagó en exceso su obligación

alimentaria por un periodo de tiempo, por lo que era acreedor de un

reembolso por parte de la madre custodio de sus hijos.

                                  III.

      La controversia planteada en el presente recurso se trata de

determinar si un padre alimentante es acreedor de algún crédito o

reembolso luego que su hijo alimentista recibiera un retroactivo del

seguro social de dicho alimentante, que precisamente cubrió su
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obligación alimentaria durante el mismo período de tiempo que

mantuvo sus pagos de pensión al día.

         En el primer y segundo señalamiento de error, el señor Torres,

en síntesis, alega que el TPI incidió al adoptar las recomendaciones

de la EPA. Alega que se debió tomar en consideración que el dinero

que sus hijos reciben de la ASS y de la pensión alimentaria surgen

de la misma fuente, su padre. Bajo estos fundamentos, el señor

Torres reclama que tiene un crédito a su favor.

         Además, el señor Torres destaca que durante las vistas

celebradas ante la EPA sus reclamos respecto a que se tomara en

consideración los beneficios de la ASS recibidos por él y sus hijos

fueron ignorados. Alega que incidió la EPA, y a su vez el TPI, al no

tomar en consideración todos los ingresos devengados por el padre

alimentante, conforme a lo dispuesto en la Ley para el Sustento de

Menores.

         En el caso ante nuestra consideración, mediante la Resolución

del 24 de agosto de 2023 el foro apelado acogió las recomendaciones

de la EPA. No surge de la Resolución que el foro primario haya

considerado el beneficio de la ASS recibido por los menores, SJTA y

WMTA, en concepto de la incapacidad del señor Torres. Solo se hace

una somera mención de que el padre no custodio recibe los

beneficios del Seguro Social, sin más.

         Debemos destacar que el beneficio que provee el seguro social

a los hijos menores de edad es producto de los ingresos que generó

el padre alimentante durante su vida laboral. Debido a esto, los

menores, WMTA y SJTA, han recibido un doble pago proveniente de

la misma fuente, el señor Torres, al recibir los beneficios de la ASS

y   el    pago   de   la   pensión   alimentaria,   constituyendo   un

enriquecimiento injusto.

         El monto que actualmente recibe el menor, SJTA, de la ASS

($1,081.00 mensuales) es mayor a la pensión alimentaria impuesta
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por el TPI en beneficio de SJTA y WMTA ($554.13 mensuales). De

igual manera, previo a que WMTA cumpliera 18 años y dejara de

recibir los beneficios del seguro social, ambos menores recibían de

la ASS una cantidad mayor ($469.00 mensuales, cada uno) a la

pensión alimentaria vigente a la fecha ($338.00 mensuales).

      Tenemos que puntualizar que con respecto al menor SJTA, la

pensión actualmente está siendo cubierta por los beneficios que

recibe de la ASS, aún cuando recibe una cuantía en exceso. Sin

embargo, ese exceso no se puede utilizar en beneficio del otro menor

WMTA, quien ya cesó de recibir los beneficios de la ASS por haber

cumplido sus 18 años. Con relación a WMTA, le corresponderá al

TPI hacer el correspondiente cálculo de cuánto procedería recibir de

pensión alimentaria para su beneficio. Ello aún cuando la cantidad

que recibe SJTA por la ASS es en exceso de lo que sería la pensión

permanente total, pero no puede adjudicarse en beneficio de WMTA.

      Concluimos que hubo aspectos procesales que el TPI no tomó

en consideración al momento de emitir su determinación. Con

relación a los errores primero y segundo, el TPI actuó correctamente

al imponer una pensión alimentaria conforme la Ley para el

Sustento de Menores y ordenar a ASUME a que realice la

correspondiente conciliación y auditoría de las cuentas del señor

Torres, para que así determine la procedencia de los fondos que

cubren el pago de pensión alimentaria. No hacerlo podría dejar

desprovisto al peticionario de que no le vaya a aparecer una deuda

ya que el beneficio por ASS no entra directamente por ASUME.

      En el tercer señalamiento de error, el señor Torres alega que

el TPI debió haberle concedido un crédito proporcional al tiempo en

que se relaciona con sus hijos menores de edad. Esta reclamación

surge en base a que existe un acuerdo de custodia compartida entre

las partes. Sobre dicha solicitud de crédito, nada se menciona en el

informe de la EPA, ni en la Resolución del TPI.
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      Coincidimos con el señor Torres al destacar que al fijar la

pensión alimentaria se debe tener en cuenta el tiempo que los

menores se relacionan con cada padre. No obstante, procedería

devolver dicha controversia ante el TPI para que las partes tengan la

oportunidad de presentar prueba en apoyo a sus alegaciones y

celebrar la correspondiente vista evidenciaria.

      Por lo anterior, se modifica la Resolución emitida por el TPI y

así modificada se confirma. Se ordena la continuación de los

procedimientos ante el TPI conforme lo aquí resuelto.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones