Court Opinion

ID: 9941441
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:36:31.002647+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:48.006811
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

ELIZABETH SANTIAGO CRUZ,                         Certiorari
JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ                               procedente del
SANTIAGO, SAÚL GONZÁLEZ                          Tribunal de Primera
SANTIAGO, LIZBETH                                Instancia, Sala
GONZÁLEZ SANTIAGO                                Superior de Comerío

 Demandantes-Recurridos        KLCE202301230
                                                 Civil Núm.:
              v.                                 CR2019CV00028
                                                 (Salón 001)
HOSPITAL GENERAL
MENONITA DE COMERÍO;                             Sobre:
DR. LUIS C. SANTAELLA                            Impericia Médica
MARRERO, SU ESPOSA
FULANA DE TAL Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA
POR AMBOS; DOCTOR´S
CENTER HOSPITAL
BAYAMÓN; DR. SULEIMAN
HALAIBEH CHELBY, SU
ESPOSA FULANA DE TAL Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA
POR AMBOS; DR. VÍCTOR
GONZÁLEZ DURÓN, SU
ESPOSA FULANA DE TAL Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA
POR AMBOS; DRA. CARMEN
COLÓN ZAYAS, SU ESPOSO
FULANO DE TAL Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA
POR AMBOS; COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS X, Y, Z;
FULANO Y ZUTANO DE TAL

       Demandados

DRA. CARMEN COLÓN
ZAYAS

        Peticionaria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2024.

Número Identificador
RES2024__________
KLCE202301230                                                       2

       Comparece ante nos la Dra. Carmen Colón Zayas (Dra. Colón

Zayas o peticionaria) mediante recurso de Certiorari y solicita la

revisión de la Resolución emitida el 11 de octubre de 2023, notificada

el 12 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Comerío (TPI o foro primario). Mediante el aludido

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por la Dra. Colón Zayas.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                        I.

       Según surge del expediente ante nos, el 1 de febrero de 2019,

la señora Elizabeth Santiago Cruz, el señor José Raúl González

Santiago, el señor Saúl González Santiago y la señora Lizbeth

González Santiago (en conjunto, recurridos) presentaron Demanda1

sobre daños y perjuicios contra el Hospital General Menonita de

Comerío; el Dr. Luis C. Santaella Marrero, su esposa y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por ambos; Doctor’s Center

Hospital Bayamón; el Dr. Suleiman Halaibeh Chelby, su esposa

Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

ambos; el Dr. Víctor González Durón, su esposa Fulana de Tal y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; la Dra. Colón

Zayas, su esposo Fulano de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos; Compañías Aseguradoras X, Y, Z; Fulano y

Zutano de Tal.

       En esencia, los recurridos alegaron en la demanda que el 5 de

febrero de 2018, a eso de la 1:05 de la madrugada, el señor Raúl

González Reyes (señor González Reyes) acudió junto a su esposa, la

señora Elizabeth Santiago Cruz, a la sala de emergencias del

Hospital Menonita de Comerío. Señalaron que la queja principal

1 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 12-19.
KLCE202301230                                                          3

documentada fue que el señor González Reyes refería que “había

tomado un montón de medicamentos a las 7:00 de la noche el 4 de

febrero de 2018”2. A la 1:10 de la madrugada fue evaluado por el

médico de sala de emergencias, quien documentó que el señor

González Reyes llegó consciente y ambulando. No obstante,

arguyeron que el señor González Reyes no recibió el tratamiento

requerido para su intoxicación, dolor de pecho y fallo respiratorio.

        En cuanto a la Dra. Colón Zayas, los recurridos señalaron que

ella fue quien “cambió el antibiótico nefrotóxico, ordenó los

vasopresores y mantuvo la infusión de gluconato de calcio que para

ese entonces no había sido efectiva en revertir los efectos tóxicos del

Calan®”3. Además, adujeron que la Dra. Colón Zayas “[d]ebió

entubar al paciente, colocar un marcapasos, llamar al cardiólogo e

ingresar al Sr. González en ICU, sin embargo, se marchó del lecho

de enfermedad del paciente sin un plan de manejo agresivo y

consistente de ICU”4. Los recurridos sostuvieron que el señor

González Reyes falleció debido a las actuaciones negligentes del

personal médico. Por tanto, reclamaron compensación por concepto

de daños emocionales, costas, gastos y honorarios de abogados.

        El 4 de junio de 2019, luego de una prórroga, la Dra. Colón

Zayas, presentó Contestación a la Demanda5 en la que negó la

mayoría de las alegaciones en su contra. Entre sus defensas

afirmativas, la Dra. Colón Zayas alegó que los daños sufridos por el

señor González Reyes fueron consecuencia de sus propios actos y/o

de terceras personas, por los cuales no está obligada a responder.

Además, arguyó que le cobija la presunción de que el tratamiento

y/o atención médica que brindó en el desempeño de su deber

2 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 14.
3 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 18.
4 Íd.
5 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 23-30.
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cumplió con los requisitos que se exigen en la mejor práctica de la

medicina.

       Posteriormente, el 12 de septiembre de 2023, la Dra. Colón

Zayas compareció mediante Moción de Sentencia Sumaria6. En

esencia, alegó que la muerte del señor González Reyes se debió a los

daños provocados por el propio causahabiente mediante el acto de

suicidio, por lo que la causa de acción presentada por los recurridos,

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,

31 LPRA ant. sec. 5141, no es transferible a terceros o herederos.

       El 20 de septiembre de 2023, los recurridos presentaron

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria7. Reiteraron

que las acciones y omisiones de los médicos demandados se

distanciaron sustancialmente de la mejor práctica de la medicina,

constituyendo el nexo causal del fallecimiento del señor González

Reyes. Por tanto, solicitaron al foro primario que declarara No Ha

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la Dra.

Colón Zayas.

       Así las cosas, el 11 de octubre de 2023, notificada el 12 de

octubre de 2023, el TPI emitió Resolución8 en la que declaró No Ha

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Dra. Colón

Zayas. Particularmente, el foro primario concluyó lo siguiente:

           […] En la demanda se alega que la causa próxima de la
       muerte del Sr. Raúl González lo fue la negligencia médica por
       no prestar el tratamiento adecuado que hubiera prevenido la
       muerte. Existe un informe pericial que fue descubierto a las
       partes. Independiente de la caracterización de la causa que
       llevó al Sr González a recibir atención médica, ingesta de
       medicamentos o intento de suicidio, lo que se alega es que
       no recibió el tratamiento adecuado y que esta fue la causa
       próxima de su muerte. Esa es precisamente la controversia,
       si se trata de acciones que provocó el demandante la causa
       próxima de la muerte o si la misma lo es la alegada mala
       pr[á]ctica médica en atender su situación.

           Conforme a los argumentos presentados por las partes en
       relación a la solicitud de sentencia sumaria presentada, el

6 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 31-35.
7 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 36-48. Cabe señalar que la Moción en

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria fue acompañada de un informe médico
pericial que no corresponde al señor González Reyes.
8 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 1-11.
KLCE202301230                                                                 5

       tribunal determina que existe controversia sobre hechos
       esenciales y materiales pertinentes a estas reclamaciones.
       […]9

       Inconforme, el 6 de noviembre de 2023, la Dra. Colón Zayas

presentó ante nos el recurso de epígrafe y señaló al TPI la comisión

del siguiente error:

       Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia
       Sumaria presentada en el caso de epígrafe.

       El 13 de noviembre de 2023, el Dr. Víctor H. Hernández Durón

presentó Moción Uniéndonos a Solicitud de Certiorari. El 16 de

noviembre de 2023, la parte recurrida presentó Oposición a Solicitud

de Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración.

                                        II.

                                       -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior10. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial11. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”12. Empero, el ejercicio de la

discreción     concedida       “no    implica     la   potestad   de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”13.

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

9 Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 10.
10 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023);

800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR,
185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
11 Íd.
12 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. De Justicia, supra, pág. 91.
13 Íd.
KLCE202301230                                                             6

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil14. La mencionada

Regla dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”15. Asimismo,

y a manera de excepción, se podrá expedir este auto discrecional en

las siguientes instancias:

         [C]uando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
         testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
         privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos
         de relaciones de familia, en casos que revistan interés
         público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la
         apelación constituiría un fracaso irremediable de la
         justicia16.

         En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto

de revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir

si expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R.

40. Esta norma procesal dispone lo siguiente:

         El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
         al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
         orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
         Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
15 Íd.
16 Íd.
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       Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el

auto de certiorari17. Por supuesto, esta discreción no opera en el

vacío y en ausencia de parámetros que la dirijan18. Precisa recordar

que la discreción ha sido definida como “una forma de razonabilidad

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión

justiciera19”.

                                      -B-

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar

el derecho20. En términos generales, al dictar sentencia sumaria el

tribunal deberá hacer lo siguiente:

       (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de
       sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en
       oposición, así como aquellos que obren en el expediente del
       tribunal;

       (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún
       hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda
       que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna
       por los documentos21.

       Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia

sumaria      cuando      existan    hechos      materiales      y   esenciales

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no

17 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
18 I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop,

183 DPR 580 (2011).
19 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).
20 Maldonado v. Cruz., 161 DPR 1, 39 (2004).
21 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).
KLCE202301230                                                            8

procede22. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra

de la parte que la solicita, según proceda en Derecho23.

         Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante

sí documentos no controvertidos24. Es importante mencionar, que

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia

sumaria25.

         Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes:

         1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que
            la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la
            jurisprudencia le exigen al foro primario;

         2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como
            su oposición cumplan con los requisitos de forma
            codificados en la referida Regla 36, supra;

         3)    revisar si en realidad existen hechos materiales en
              controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de
              la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de
              exponer concretamente cuáles hechos materiales
              encontró que están en controversia y cuáles están
              incontrovertidos;

         4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están
            incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el
            Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el
            Derecho a la controversia26.

         Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro

de primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si

el derecho se aplicó de forma correcta27. El primer punto se enfoca

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar

22 Íd., págs. 333-334.
23 Maldonado v. Cruz, supra.
24 Íd., pág. 334.
25 Íd.
26 Roldan Flores v. M Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018).
27 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).
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asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia.

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos28.

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le

corresponde al foro de primera instancia29.

                                          -C-

        En nuestro ordenamiento jurídico “las obligaciones nacen de

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”30. A tenor, las obligaciones que nacen de la culpa o

negligencia se rigen por lo establecido en el Artículo 1802 del Código

Civil de Puerto Rico de 193031. Dicho artículo señala que, “[e]l que

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o

negligencia,        está   obligado   a     reparar   el    daño      causado.    La

imprudencia          concurrente      del       perjudicado      no     exime     de

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”32.

        El    propósito      del    referido     artículo   es     ofrecerle     una

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género

de culpa o negligencia de otra persona33. Ahora bien, para que

prospere esta acción civil es necesario que la parte demandante

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que ha

28 Íd., pág. 115.
29 Vera v. Dr. Bravo, supra, 335.
30 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 2992. El referido

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue derogado por
el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., aprobado
mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con vigencia
desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la
adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los
hechos en controversia surgieron durante su vigencia.
31 Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141.
32 Íd.
33 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico,

Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4.
KLCE202301230                                                                    10

habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que hay una

relación causal entre el acto y el daño sufrido; y (3) que se ha

causado un daño real al reclamante34.

          Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia,

como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de

un acto que una persona prudente y precavida habría de prever en

las mismas circunstancias35. Así pues, la figura de previsibilidad es

un       elemento   esencial        de   la   responsabilidad     por    culpa    o

negligencia36. Según el Máximo Foro, la previsibilidad “[no se

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda

amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona

prudente a anticiparlo”37.

          Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la previsibilidad

está atada al concepto de causalidad38. Dicho concepto es conocido

como la doctrina de causalidad adecuada y conforme a la

jurisprudencia, este dispone que, “no es causa toda condición sin la

cual      no   se   hubiera        producido    el   resultado,   sino    la   que

ordinariamente lo produce según la experiencia general”39. A tales

efectos, la figura de causalidad adecuada es un componente

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el

hecho antijurídico”40.

          Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, la figura de

negligencia no se presume y quien la alega debe probarla41. No

obstante, en los casos de daños y perjuicios, la referida figura no se

34 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997).
35 Valle v. ELA, 157 DPR 1, 18 (2002).
36 SLG Colon-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016).
37 Íd.
38 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005).
39 Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).
40 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra.
41 Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 803 (1978).
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tiene que probar mediante prueba directa y se puede probar

mediante prueba circunstancial42.

                                        III.

         En el presente caso, la Dra. Colón Zayas señala que erró el

TPI al declarar No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria

presentada el 12 de septiembre de 2023. En síntesis, alega que la

causa de la muerte del señor González Reyes fue el suicidio, por lo

que no procede la causa de acción instada por los recurrentes al

amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,

supra.

         Por su parte, los recurridos alegan que la causa próxima de la

muerte del señor González Reyes fue la negligencia médica de la Dra.

Colón Zayas al no cumplir con su deber jurídico de prestar un

tratamiento médico adecuado y así evitar la muerte.

         De la Resolución recurrida surge que el TPI declaró No Ha

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la Dra. Colón

Zayas. Particularmente, el foro primario determinó que no existía

controversia sobre el siguiente hecho material:

                1. No está en controversia que el Sr. Raúl González
         recibió atención m[é]dica en las instituciones y por los
         médicos demandados.43

         Por otro lado, el foro recurrido indicó que existía controversia

sobre el siguiente hecho material:

                1. Existiendo un deber jurídico de prestar tratamiento
         médico de conformidad con la mejor práctica de la medicina,
         si este fue incumplido por los demandados. Si se configura
         la causa de acción en todos sus elementos, incluyendo las
         angustias y sufrimientos mentales del Sr. Raúl González.44

         Como    puede     colegirse,     la     peticionaria   recurre   de   la

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la cual es

revisable, por vía de excepción, según lo dispuesto por la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra. No obstante, tras examinar el asunto

42 Colón y Otros v. K-Mart y Otros, 154 DPR 510, 522 (2001).
43 Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 9.
44 Íd.
KLCE202301230                                                            12

que se nos plantea a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro

Reglamento, supra, no identificamos razón alguna para intervenir.

       Ante los hechos que presenta este caso, no consideramos que

el foro primario haya actuado de forma arbitraria, prejuiciada o

parcializada, ni que incurriera en un craso abuso de discreción o

que se equivocara en la aplicación de la norma jurídica. La

peticionaria tampoco constató que abstenernos de interferir con el

dictamen del foro primario constituiría un fracaso irremediable de

la justicia, de manera que estemos llamados a ejercer nuestra

función revisora45. Por tanto, resolvemos que no se requiere nuestra

intervención en esta etapa de los procedimientos.

                                      IV.

       Por   los   fundamentos       antes    expuestos,     denegamos   la

expedición del auto de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

45 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.