Court Opinion

ID: 9381064
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:00.291829+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.516987
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

FRANCES ELIZABETH GRAU                               Certiorari
        CESANÍ                                       procedente del
                                                     Tribunal de
          Recurrida                                  Primera
                                                     Instancia, Sala
               v.                   KLCE20230006     de San Juan

     ATLANTIC UNIVERSITY                             Civil Núm.:
        COLLEGE, INC.                                SJ2022CV10065

       Peticionarios                                 Sobre:
                                                     Despido
                                                     Injustificado

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
Cabán, la Jueza Grana Martínez, el Juez Rodríguez
Flores, y el Juez Monge Gómez.

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

       Comparece Altantic University College, Inc., en

adelante AUC o el peticionario, y solicita la revisión

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. Mediante

la    misma,   se    declaró    No    Ha   Lugar    una   petición      de

conversión para un trámite ordinario en el caso por

despido      injustificado      instado     por    Frances      Elizabeth

Grau Cesaní, en adelante la Sra. Grau                     Cesaní o la

recurrida, al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre

de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq, en

adelante Ley Núm. 2.

       Por     los        fundamentos       que      expondremos        a

continuación,        se   deniega    la    expedición     del    auto   de

certiorari.

Número Identificador

RES2023_________________
KLCE202300006                                                                       2

                                          -I-

        Surge       del    expediente        que     la    Sra.    Grau      Cesaní

radicó        una    Querella1        por    despido       injustificado           al

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según

enmendada,           29     LPRA      sec.      185a      et   seq.,        y     del

procedimiento             sumario     laboral        dispuesto      por     la    Ley

Núm.     2.    Solicitó         el    pago      de   la    mesada      y    de    los

honorarios de abogado.

        Por    su     parte,       AUC    presentó        su   Contestación        a

Querella2 en la que negó que se configurara un despido

injustificado. A su vez, solicitó la desestimación de

la reclamación, más el pago de las costas, gastos y

honorarios de abogados por frivolidad y temeridad, o

en la alternativa, que se tramite el caso por la vía

ordinaria.

        Adujo,       entre      otras     alegaciones,         que     la    señora

Grau      Cesaní          era   una       “empleada       fantasma”         y     que

participó en un “esquema ilegal” junto a su familia

inmediata para defraudar a AUC con el propósito de

financiar la operación de la empresa de su esposo. Con

la Contestación a Querella incluyó 62 anejos.

        Finalmente, alegó, que “por tratarse de un fraude

millonario            contra         AUC”        requería         un        extenso

descubrimiento de prueba, por lo cual la reclamación

aún no podrá tramitarse por la vía sumaria que regula

la Ley Núm. 2.

        Posteriormente,              el     peticionario          presentó        una

Solicitud           para    que      se     ventile       el   caso        bajo    el

procedimiento ordinario por razón del fraude cometido

por Heriberto Martínez Abreu3 en la que                              arguyó, en

1   Apéndice del peticionario, págs. 1-9.
2   Id., págs. 10-38.
3   Id., págs. 299-301.
KLCE202300006                                                                             3

síntesis,       que      “para          exponer        con        todo    el     rigor    el

fraude      cometido           por           Grau      Cesaní         y     su     familia

inmediata”, solicita que “se tramite el caso por la

vía ordinaria para realizar un descubrimiento amplio y

vigoroso        que      le        permita        a        AUC     probar       todas    sus

defensas”.4

        En desacuerdo, la Sra. Grau Cesaní sometió una

Oposición       a     Solicitud              de   Conversión.5            Arguyó,       como

cuestión de umbral, que AUC no fundamentó su solicitud

para cambiar el trámite a uno ordinario, ya que, en

esencia, se limitó a alegar que el caso era complejo,

argumento           rechazado                 consistentemente                   por      la

jurisprudencia            aplicable.                Además,         sostuvo       que     la

querella      no      presenta           múltiples           causas       de     acción    o

reclamaciones adicionales al despido. Finalmente, a su

entender,        el      peticionario                 no     expuso       razones       para

justificar que la                  evidencia pertinente para esbozar

sus      defensas             en        la        reclamación             del      despido

injustificado            no        se     puede            obtener        mediante       los

mecanismos de descubrimiento de prueba que permite el

trámite sumario.6

        Luego       de    varios         trámites                procesales,      el     TPI

emitió una Resolución7 en la que determinó que:

        En el caso que nos ocupa, solo se está reclamando
        el pago de mesada por un alegado despido
        injustificado.   Por   tanto,   los    documentos,
        información, prueba testifical y documental sobre
        las   razones    del   despido,    personas    que
        participaron de la decisión, trámites internos de
        la empresa, evidencia contable del patrono,
        faltas cometidas en el manejo de fondos de
        Atlantic, fraude económico, etc. se encuentra en
        posesión   y    bajo   control   de     la   parte
        [peticionaria] y/o sus representantes.

4   Id., pág. 300.
5   Id., págs. 306-309.
6
    Id.
7   Id., págs. 314-316.
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      El hecho que se reclame que el alegado fraude es
      uno millonario no justifica la conversión.
      Tampoco es algo que no se pueda atender con la
      intervención    del    tribunal     ampliando    el
      descubrimiento de prueba en su momento y de ser
      necesario. Por otro lado, el tribunal guarda
      discreción   para   permitir    que    se   efectúe
      descubrimiento adicional, permitir deposiciones a
      testigos o requerir información que no esté en el
      expediente de personal o en manos del patrono o
      [la recurrida].

      . . . . . . . .

      Una vez iniciado el descubrimiento inicial[,] el
      tribunal podrá ser puesto en posición de ejercer
      su discreción y ampliar el alcance de éste. Esto
      estará enmarcado a la luz del descubrimiento
      especifico que necesiten y el trámite restante.8

      Por entender que erró el TPI en su determinación,

AUC presentó la Petición de Certiorari ante nuestra

consideración en la que aduce que el TPI incurrió en

el siguiente error:

      ERRÓ EL TPI Y VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY DE
      AUC, LA POLÍTICA PÚBLICA EN CONTRA DE LA
      CORRUPCIÓN EN EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS
      ESTATALES Y FEDERALES DESTINADOS A LA EDUCACIÓN,
      Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES AL DENEGAR LA
      SOLICITUD PARA QUE SE VENTILE EL CASO BAJO EL
      PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

      Examinados        la   Petición      de    Certiorari,      la

Oposición a Certiorari y Solicitud de               Desestimación

por falta de Jurisdicción y los documentos que obran

en autos, estamos en posición de resolver.

                               -II-

                                A.

      El   auto   de    certiorari    es   el   vehículo    procesal

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido

por   un   tribunal     inferior.9    Distinto    al   recurso    de

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la

facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por    tratarse    de    ordinario   de    asuntos

8 Id., pág. 316.
9 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
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interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse    de     manera   razonable,   procurando     siempre

lograr una solución justiciera.10

     Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

     El   Tribunal   tomará  en   consideración   los
     siguientes criterios al determinar la expedición
     de un auto de certiorari o de una orden de
     mostrar causa:

     A.   Si el remedio y la disposición de la
          decisión recurrida, a diferencia de sus
          fundamentos, son contrarios a derecho.

     B.   Si la situación de hechos planteada es la
          más indicada para el análisis del problema.

     C.   Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
          craso y manifiesto en la apreciación de la
          prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

     D.   Si el asunto planteado exige consideración
          más   detenida  a   la  luz   de  los  autos
          originales, los cuales deberán ser elevados,
          o de alegatos más elaborados.

     E.   Si la etapa del procedimiento en que se
          presenta el caso es la más propicia para su
          consideración.

     F.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar causa no causan un fraccionamiento
          indebido   del   pleito    y   una   dilación
          indeseable en la solución final del litigio.

     G.   Si la expedición del auto o de la orden de
          mostrar causa evita un fracaso de la
          justicia.11

                              B.

     Es     norma      firmemente    establecida       que    los

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia,

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

10  Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019);
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008);
Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).
11 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300006                                                                         6

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

evitará un perjuicio sustancial”.12 Por tal razón, el

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro

de    instancia         merece        nuestra          deferencia,       salvo      que

incurra      en     algunas           de     las           conductas    previamente

mencionadas. Además, dicho foro es el que mejor conoce

las particularidades del caso y quien está en mejor

posición         para       tomar          las    medidas           necesarias      que

permitan        cimentar         el    curso           a     trazar    para    llegar

eventualmente a una disposición final.13

                                           -III-

      Luego de examinar cuidadosamente el expediente,

consideramos improcedente ejercer nuestra discreción e

intervenir         con        la           determinación              interlocutoria

impugnada.         Consideramos                  que        el     remedio    y     la

disposición del dictamen cuestionado no son contrarias

a derecho.

      Además,          la   etapa          del    procedimiento          en   que   se

presenta el recurso ante nos no es la más propicia

para su consideración.

      Por    otro       lado,       visto        desde       la     perspectiva     del

trámite del litigio ante su consideración, entendemos

que   la    determinación              impugnada            no     presenta   indicio

alguno      de    arbitrariedad,                 abuso        de    discreción,      ni

conducta judicial que justifique nuestra intervención.

      Finalmente,           no     hay       ningún         otro    fundamento,      al

amparo     de     la    Regla         40    de     nuestro         Reglamento,      que

amerite la expedición del auto.

12 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase,
además, Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000).
13 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307

(2012).
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                         -IV-

    Por los fundamentos antes expuestos, se deniega

la expedición del auto solicitado.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones