Court Opinion

ID: 9941333
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:25:47.112525+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:32.523098
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

                                                     CERTIORARI
LUIS FERNANDO                                        Procedente del
VILÁ CALDERÓN                                        Tribunal de Primera
                                                     Instancia, Sala Superior
Peticionario                                         de Bayamón

                                           Civil Núm.:
v.                           KLCE202300654 BY2020CV03386
                                           (502)

                                                     Sobre:
ALMA MAITE
CANELA CASTILLO                                      Liquidación de
                                                     Comunidad de Bienes
Recurrida

Panel integrado por su presidenta la juez Cintrón Cintrón, la jueza
Rivera Pérez y el juez Perez Ocasio.1

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

       Comparece el señor Luis Fernando Vilá Calderón (en adelante

Vilá Calderón o parte peticionaria) y solicita que revisemos la

Resolución emitida y notificada el 17 de abril de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, en adelante TPI-

Bayamón. En la misma, el Foro a quo incorporó a dicha Resolución

como “normativa jurídica aplicable” los argumentos esbozados por

la parte demandada.2 La Peticionaria solicitó una Reconsideración

Parcial el 2 de mayo de 2023,3 y la misma fue denegada por el Foro

Primario mediante Resolución el 8 de mayo de 2023 y notificada el

10 de mayo de 2023.4

1  Véase Orden Administrativa OATA-2023-165 del 22 de septiembre de 2023,
donde se designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución de la juez Eileen
J. Barresi Ramos.
2 Apéndice XIV del Recurso de Certiorari, págs. TA128-TA-123.
3 Id. pág. TA-005-TA-030.
4 Id. pág. TA-033.

Número Identificador
RES2024___________________
KLCE202300654                                                                 2

       La parte recurrida, la señora Alma Maite Canela Castillo, (en

adelante Canela Castillo o parte recurrida), compareció ante nos el

26 de junio de 2023, donde se opone a la expedición del auto de

Certiorari.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación, se expide

el auto de Certiorari solicitado y se revoca la Resolución emitida por

el Foro de Primera Instancia. Veamos.

                                      I.

       El 26 de febrero de 1999, a través de Escritura de

Compraventa número veintinueve (29), ante la Licenciada Lesbia

Hernández Miranda, Notaria, Vilá Calderón, estando soltero,

adquirió la propiedad inmueble localizada en la Urbanización

Parkville, Calle Jefferson K-14, en Guaynabo, Puerto Rico (en

adelante el “Inmueble”).5 Posteriormente, Vilá Calderón y Canela

Castillo contrajeron matrimonio el 25 de marzo de 2000 bajo el

régimen económico de Sociedad Legal de Bienes Gananciales.6

Durante el matrimonio, las partes adquirieron bienes e incurrieron

en deudas, que actualmente se encuentran sujetas a liquidación. El

vínculo matrimonial entre las partes quedó roto y disuelto por la

causal de ruptura irreparable, a través de Sentencia dictada el 23 de

septiembre de 2020, notificada el 30 de septiembre de 2020, en el

caso Alma Canela v. Luis Vilá, Civil Núm. BY2020RF00811. Dicha

Sentencia advino final y firme el 30 de octubre de 2020.7

       Según surge del expediente, Vilá Calderón y Canela Castillo

tomaron tres (3) préstamos durante su matrimonio para realizarle

mejoras al inmueble y los mismos fueron pagados con dinero

ganancial. También se emitieron pagos con dinero ganancial

destinados al pago principal del préstamo hipotecario, intereses y la

5 Apéndice X del Recurso de Certiorari, Informe de Conferencia con Antelación a

Juicio, Estipulación de hecho # 5, pág. TA-076
6 Id. hecho #1.
7 Id. hecho #2.
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cuenta “escrow” (que es utilizada para el pago de los impuestos

sobre la propiedad (CRIM) y para el pago de los seguros de la

propiedad).8

        Luego de múltiples incidencias procesales que surgieron en el

pleito de divorcio, entre otros menesteres que no es necesario

mencionar, se desprende del expediente que Canela Castillo se

quedó en el “Inmueble” por haberse designado la residencia como

“Hogar Seguro” para el hijo menor de las partes.9 A estos fines, Vilá

Calderón se mantuvo pagando por concepto de pensión alimenticia,

el monto del pago de la deuda hipotecaria, a razón de $1,434.85.

Posteriormente, se declaró custodia compartida entre las partes, por

lo que la designación de “Hogar Seguro” fue dejada sin efecto. Así

las cosas, Canela Castillo continuó en la residencia y según

decretado en el caso de divorcio Alma Canela v. Luis Vilá, Civil Núm.

BY2020RF00811, las partes acordaron en corte abierta, que Canela

Castillo asumiría por concepto de Renta el pago de la deuda

hipotecaria por la cantidad de $1,434.85 y las cuotas de

mantenimiento hasta que desalojara la propiedad.10

        La    controversia      principal        en   este   litigio   abordó   la

argumentación del carácter privativo o ganancial de la propiedad y

los créditos a los que tuvieran derecho si alguno por parte de Canela

Castillo. Ante la discrepancia de poder llegar a un acuerdo, el Foro

Primario pautó a una Vista Argumentativa para el 14 de abril de

2023.11 Además de la Vista Argumentativa, las partes debían

someter por escrito Memorando en Cumplimiento de Orden para

sostener sus respectivas posiciones.12

8 Id. Hecho 8,9 10,11, 12, 13,14, 15,16.
9 Recurso de Certiorari, pág. 9. Inciso 18,19.
10 Id. Inciso 20.
11 Recurso de Certiorari, pág.11, inciso 8. Apéndice XI del Recurso de Certiorari,
Minuta, pág. TA-098
12 Id. pág. 12. Apéndice XIII del Recurso de Certiorari, pág. TA104-127, Apéndice

XIV, pág. TA128-TA143
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       Celebrada la Vista Argumentativa, el TPI- Bayamón se reservó

su determinación para remitirla por escrito y señaló Vista para

Juicio en su Fondo, también en la espera de prueba documental que

no estaba disponible en la plataforma de SUMAC. Vilá Calderón

señala que, según la minuta de la Vista Argumentativa del 14 de

abril de 2023, el TPI- Bayamón expresó:

       En cuanto a la controversia, el Tribunal va a disponer con
       relación a la propiedad y los créditos que tenga la
       sociedad legal de gananciales. Con relación al uso de la
       propiedad alegado por la entidad de Francachela, el Tribunal
       entiende que si se reclama algún crédito será materia de
       juicio, por lo que se va a concentrar en la deuda
       hipotecaria, crédito que pueda haber en mejoras, si
       alguno, con relación al inmueble.13 (Énfasis suplido).

       A estos efectos, mediante Resolución, el TPI- Bayamón

determinó que la naturaleza del “Inmueble” es privativa, toda vez

que fue adquirida previo a la constitución de la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales.14 No obstante, incorporó “la normativa jurídica

aplicable” según los argumentos esbozados por Canela Castillo en el

Memorando de Cumplimiento de Orden.15

       En lo pertinente, el Foro Primario incluye en dicha Resolución

lo siguiente:

       Luego de considerar en su totalidad los argumentos
       esbozados, así como los respectivos memorandos de derecho,
       resolvemos lo siguiente:
       1. El inmueble residencial localizado en la urbanización
       Parkville de Guaynabo es de naturaleza privativa del
       demandante. A pesar de que el entonces matrimonio
       convirtió el inmueble en su vivienda principal, la propiedad
       no perdió su naturaleza privativa.
       2. Toda vez que hay dos (2) hipotecas constituidas durante
       el matrimonio, y pagadas con dinero ganancial, se reconoce
       a la sociedad legal de bienes gananciales unos créditos por:
       $200,000.00, respecto a la hipoteca constituida en el 2001;
       más $220,000.00, respecto a la hipoteca constituida en el
       2003. Según estipulado por las partes, el total de esos

13 Id. pág. 12 inciso 11. Apéndice XV, pág. TA144-TA146.
14 Id. pág. 12 inciso 12. Apéndice I, págs. TA001-TA003,
15 Apéndice XIV, págs. TA128-TA143.
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    créditos asciende a $309.535.19. No se reconoce a la
    sociedad de gananciales un crédito por el pago de
    intereses por estar subsumidos en las mensualidades de
    los préstamos hipotecarios.
    3. Igualmente, se reconoce a la sociedad legal de gananciales
    un crédito por el pago de las contribuciones pagadas al
    Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM),
    durante los períodos de las hipotecas aludidas hasta el
    divorcio; y también desde mayo de 2022 hasta el presente,
    cuando la demandada se ha hecho cargo del pago
    hipotecario. Claro está, las partes deben evidenciar el
    pago del CRIM oportunamente en el juicio.
    4. Además, se reconoce a la sociedad legal de gananciales un
    crédito por el pago de cuotas de mantenimiento del inmueble
    desde el matrimonio y hasta la fecha divorcio. Se reconoce a
    la demandada un crédito por los pagos a las cuotas de
    mantenimiento que haya realizado con dinero privativo con
    posterioridad al divorcio. Reiteramos que las partes deben
    evidenciar estos pagos oportunamente en el juicio.
    5. Con relación al pago mensual por el uso que ha hecho la
    demandada de la propiedad, resolvemos que no procede un
    crédito a favor del demandante por el pago de la hipoteca
    desde el divorcio o separación y hasta mayo 2022 toda vez
    que se trató de un pago equivalente a la pensión alimentaria
    para el hijo de la pareja. Véase Díaz Rodríguez v. García, 208
    DPR 706 (2022). Ahora bien, a partir de mayo de 2022 la
    situación cambió y la demandada -quien, a su vez, está
    haciendo uso del inmueble privativo- es quien paga la
    hipoteca por $1,434.85 mensuales. En consecuencia, la
    demandada     tiene   un    crédito   equivalente    a   tales
    mensualidades pagadas desde mayo de 2022 y hasta que se
    dicte sentencia finalmente.     Adviértase que no existe
    prueba en autos sobre el valor de un canon de
    arrendamiento por el uso exclusivo que la demandada le
    ha dado al inmueble. Por supuesto, ese aspecto podrá ser
    materia de juicio.
    6. Con relación a la posible renta, si alguna, que debe pagar
    Fancachela Corporation, por operar alegadamente desde la
    propiedad en controversia, resolvemos que se trata de una
    controversia de hechos que debe ser objeto de prueba
    durante el juicio. La demandada es coordinadora de eventos,
    por lo que su negocio no se desarrolla en un lugar en
    específico. En todo caso, aparentemente hay un uso
    incidental del inmueble, como cualquier persona que realiza
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       trabajo desde su vivienda, sin que ello conlleve establecer allí
       su oficina principal o su lugar de negocios. No obstante, el
       Tribunal carece de elementos suficientes en esta etapa
       para llegar a semejante conclusión y, por ende, según
       adelantamos en la vista argumentativa, el asunto se
       adjudicará una vez ambas partes tengan oportunidad de
       presentar la evidencia correspondiente en el juicio.
       7. Ambas partes coinciden en que el inmueble fue objeto de
       mejoras sustanciales, tanto así que hasta cambiaron el piso
       de la vivienda. Las mejoras se sufragaron en su mayoría con
       el importe de los préstamos hipotecarios que los entonces
       cónyuges tomaron durante la vigencia del matrimonio. Las
       partes coincidieron en que hay una diferencia de $35,000.00
       aportados por la sociedad de gananciales para las mejoras,
       en exceso al importe de las hipotecas. El Tribunal reconoce
       un crédito a la sociedad legal de gananciales de
       $35,000.00 por las mejoras al inmueble.
       8. Se incorpora por referencia la discusión sobre la
       normativa jurídica aplicable esbozada por la parte
       demandada en las páginas 8 al 14 de su memorando de
       derecho. Véase entrada 50 en el SUMAC.
       9. Con relación a aquellos asuntos sobre los cuales hemos
       mencionado que ameritan el desfile de prueba durante el
       juicio, noten que dicha prueba podrá presentarse siempre
       que se trate de evidencia anunciada como parte del
       descubrimiento de prueba. Como bien las partes conocen,
       el descubrimiento de prueba finalizó y no será reabierto.
       Además, tuvieron una amplia oportunidad para intercambiar
       evidencia, por lo que no se retornará a esa etapa procesal.
       10.   Finalmente,     según      lo        hicimos   durante   la   vista
       argumentativa, conminamos nuevamente a las partes a
       dialogar en aras de evaluar posibles alternativas para
       finiquitar   el   pleito   por        la    vía   transaccional     pues,
       indudablemente, el caso tiene urdimbres emocionales
       inescapables que les afectan tanto a ellos como a su hijo.

       El 2 de mayo de 2023, la parte peticionaria solicitó al Foro

Primario mediante una Moción de Reconsideración Parcial el

dictamen del TPI- Bayamón. 16 Esta fue declarada “No ha Lugar”

16 Apéndice II, págs. TA004-TA020.
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mediante Resolución emitida el 8 de mayo de 2023 y notificada a las

partes el 10 de mayo de 2023.17

        Inconforme con el proceder del Foro Primario, en su recurso,

la parte peticionaria le imputa al TPI-Bayamón los siguientes

señalamientos de errores:

           PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA   AL  HACER   DETERMINACIONES
           DISPOSITIVAS SIN RECIBIR EVIDENCIA PARA
           SOSTENERLAS, EXCEDIENDO EL ACUERDO DE
           RECIBIR MEMORANDOS DE DERECHO SOBRE LA
           MANERA EN COMO SE INTERPRETARÍA DESDE EL
           PUNTO DE VISTA EN DERECHO LOS RECLAMOS Y
           LOS CRÉDITOS QUE PUEDAN TENER LAS PARTES
           CON RELACIÓN AL INMUEBLE DEL SEÑOR VILÁ
           DURANTE LA RELACIÓN, PREVIO AL JUICIO.

           SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
           INSTANCIA AL UTILIZAR COMO “NORMATIVA
           JURÍDICA APLICABLE”, LA ARGUMENTACIÓN
           LEGAL DE LA SEÑORA CANELA, LO QUE NO
           CONSISTE EN UNA DISCUSIÓN OBJETIVA; EN VEZ
           DE LA PROPUESTA DE ADOPTAR LO RESUELTO
           POR    ESTE   HONORABLE      TRIBUNAL   DE
           APELACIONES EN EN (SIC) EL CASO DE MÉNDEZ
           VÁZQUEZ V. MARTÍNEZ GARCÍA, KLAN201900815,
           SENTENCIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2019, U OTRO
           CASO ANÁLOGO.

       La parte recurrida compareció el 26 de junio del 2023 con su

Recurso de Oposición.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a resolver.

                                  II

   A. Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 847 (2023);

17 Apéndice III, pág. TA033
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Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004

(2021); 800 Ponce de León v. AIG, 285 DPR 163, 174-175 (2020).

Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con respecto a

lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal

de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá
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considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo,

205 DPR 352, 372 (2020). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 96-97 (2008);

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 849.

La precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa, evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluara tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para
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determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

       Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

 B.    Sociedad Legal de Bienes Gananciales

       La Sociedad Legal de Bienes Gananciales, (en adelante SLG),

comienza el mismo día en que se celebra el matrimonio.18 Ésta es

una entidad económica familiar sui géneris que, por ser su propósito

principal y razón de ser, diferentes a las de otras empresas,

comunidades o sociedades regulares; no tiene el mismo grado de

18Se hace referencia a los artículos del Código Civil de Puerto Rico, 1930, 31
LPRA, hoy, derogado ya que son los artículos aplicables a los hechos del caso.
Cód. Civ. PR 31 LPRA sec. 3661.
KLCE202300654                                                                 11

personalidad jurídica que las sociedades ordinarias o entidades

corporativas. García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 322 (1978);

Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 928–929(1996). Pues

según expresa nuestro Más Alto Foro, “Contraído el matrimonio bajo

el régimen de la sociedad legal de gananciales, la gestión económica

que realiza cada cónyuge se hace en beneficio de dicha sociedad y no

para beneficio individual.” (Citas omitidas). Muñiz Noriega v. Muñoz

Bonet, 177 DPR 967, 978, (2010)

       De la misma forma, “se reputan gananciales todos los bienes

del   matrimonio,       mientras     no    se   pruebe     que     pertenecen

privativamente al marido o a la mujer”.19           Por un lado, el artículo

1304 del Código Civil de Puerto Rico, 1930, en adelante Código

Civil,20 establece que: “las expensas útiles hechas en los bienes

peculiares de cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones

de la sociedad o por la industria del marido o de la mujer, son

gananciales. Lo serán también los edificios construidos durante el

matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el

valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca”.21

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en
sostener que:
       Por “expensas útiles” debe entenderse “todo gasto que
       produzca utilidad o aumento de valor a los bienes de los
       cónyuges, en cualquier concepto que sea, ya constituya
       verdadera mejora útil o de mero recreo”, ya consista en
       reparaciones que no constituyan obligación de la sociedad, o
       en cualquier otro beneficio no obligatorio para esa sociedad.
       Se trata aquí de capital ganancial que se utiliza en interés
       de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges;
       capital que no se pierde, sino que se transforma en un
       crédito a favor de la sociedad ganancial contra el
       cónyuge de que se trate. Dicho crédito se recuperará al
       momento de la liquidación de dicha sociedad de gananciales
       según surge del art. 1317 C.C.

       Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 979-980. (Énfasis
       suplido).

19 31 LPRA sec. 3647.
20  Se hace referencia a los artículos del Código Civil de Puerto Rico, 1930, 31
LPRA, hoy, derogado ya que son los artículos aplicables a los hechos del caso.
Cód. Civ. PR 31 LPRA sec. 3661.
21
   31 LPRA sec. 3644.
KLCE202300654                                                                12

       Por otro lado, el Artículo 1308 del Código Civil establece como

obligaciones de la SLG, lo siguiente, pero sin limitarse:

            (1)las deudas y obligaciones contraídas durante el
            matrimonio por cualquiera de los cónyuges; (2) los
            atrasos o créditos devengados durante el
            matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen
            afectos así los bienes propios de los cónyuges
            como los gananciales; (3) las reparaciones
            menores o de mera conservación hechas durante
            el matrimonio en los bienes peculiares de
            cualquiera de los cónyuges;22 (4) las reparaciones
            mayores o menores de los bienes gananciales; (5)
            el sostenimiento de la familia y la educación de los
            hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges, y (6)
            los préstamos personales en que incurra
            cualquiera de los cónyuges. 31 LPRA, sec. 6981.

            Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 982. (Énfasis
            suplido).23

   C. Comunidad Post Ganancial

       Ahora bien, estas deudas y obligaciones no deben catalogarse

gananciales luego de presentada la demanda de divorcio. Señala el

Tribunal Supremo de Puerto Rico que “[e]l divorcio lleva consigo la

ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de

propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges”.24 De esa

manera, surge entonces una comunidad de bienes compuesta por

todos los bienes del haber antes ganancial, en la cual cada partícipe

posee una cuota independiente y alienable con el correspondiente

derecho a intervenir en la administración de la comunidad y a pedir

su división. Montalván v. Rodríguez, 121 DPR 411, 421 (2004).

       Como parte del proceso de liquidación de la SLG, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que:

       […]se procederá a su división por partes iguales entre ambos
       excónyuges o sus sucesiones en interés. A esta cantidad o
       valor final, a ser dividido por mitad, se llega después de
       deducir y adjudicar los créditos correspondientes a cada
       uno. Lo anterior conlleva la necesidad de identificar aquellos
       bienes que corresponden privativamente a cada uno de los

22Las reparaciones mayores no serán a cargo de la sociedad. 31 LPRA sec. 3661.
23Hacemos   constar, que a pesar de que los hechos ocurrieron bajo el Código
Civil,1930, 31 LPRA 3661, hoy derogado, el Código Civil, 2020, 31 LPRA sec. 6981,
mantuvo inalterado las disposiciones de la Responsabilidad de la SLG en su
artículo 520, 31 LPRA sec. 6981.
24 31 LPRA sec. 381
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      excónyuges, así como aquella parte de los bienes comunes
      que se haya utilizado para beneficio exclusivo de uno de los
      comuneros y de las responsabilidades imputables al caudal
      común. En términos generales, la liquidación se puede
      resumir en tres operaciones: (1) formación de inventario con
      avalúo y tasación; (2) determinación del haber social o del
      balance líquido partible, y (3) división y adjudicación de
      los bienes gananciales.

      Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 457.

      Cuando la comunidad de bienes postganancial no es

liquidada simultáneamente en el divorcio, adviene un período en el

que se mezclan y confunden provisionalmente los bienes de los

excónyuges, ya sea porque se producen frutos, se saldan deudas, se

obtienen ganancias o se sufren pérdidas y gastos. Así, la presunta

igualdad de cuotas está sujeta a ser rebatida por una prueba

pertinente. Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 707 (2022).

El goce exclusivo de uno de los comuneros afecta el derecho de

disfrute que tiene el otro comunero sobre los bienes que

pertenecen a estos. Id. pág. 707. (Énfasis suplido).

      Adviértase que, “aun cuando se mantiene la indivisión de la

comunidad de bienes postganancial por cierto tiempo después del

divorcio, su liquidación no tiene que ser automáticamente por partes

iguales. En estos casos, la presunción legal que dispone nuestro

ordenamiento civilista de que esa división debe hacerse en partes

iguales, la puede rebatir cualquiera de los excónyuges si se

demuestra que el aumento en el valor del bien común o en el nivel de

producción de los frutos industriales, se debe a la gestión y trabajo

de uno solo de los comuneros. Montalván v. Rodríguez, supra, pág.

439. (Énfasis suplido). Una vez disuelto un matrimonio, concluye

la sociedad legal de gananciales. Es entonces cuando nace una

comunidad de bienes, de la cual los excónyuges son comuneros

hasta que se liquide la sociedad. La comunidad de bienes, que así

surge, no se rige por las normas de la sociedad de gananciales sino
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por las normas referentes a la copropiedad. Bidot v. Urbino, 158 DPR

294 (2002).

          Ahora bien, establecido lo anterior, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha establecido que:

          […] al momento de disolverse la sociedad de gananciales
          subsisten sus activos y pasivos, pero en renglones
          separados, pendientes de liquidación. Si esta última
          operación se pospone, el monto de los activos y pasivos
          puede variar; pueden producirse frutos, saldarse deudas,
          sufrirse pérdidas, obtenerse ganancias o incurrirse en gastos
          con relación al caudal común. Por consiguiente, en la
          adjudicación final de la participación que le corresponde
          a cada excónyuge, debe tomarse en consideración, de
          acuerdo con la evidencia sometida, si uno de los ex
          cónyuges puede interponer frente al otro un crédito por
          los cambios y las operaciones que ocurrieron en el haber
          común. Igualmente, conforme se dispone en el Art. 328 del
          Código Civil, 31 LPRA sec. 1273, hay que considerar
          cualquier efecto adverso que cualquiera de los
          excónyuges cause al haber común.

          Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 423-424. (Énfasis
          suplido).

          Es decir, sobre esta particularidad de los créditos que sean

solicitados, solo deberá concederse cuando haya evidencia que

sostenga tal solicitud.

                                         III

          La parte peticionaria recurre ante nos, solicitando que

dejemos sin efecto la Resolución emitida por el TPI-Bayamón dictada

el 17 de abril de 2023.25         De la misma manera nos plantea dos (2)

errores,       que     discutiremos      a     continuación   y   por     estar

intrínsecamente atados, los discutiremos en conjunto.

          La parte peticionaria recurre ante este Tribunal, arguyendo

que erró el TPI-Bayamón al hacer determinaciones dispositivas sin

evidencia para sostenerlas, excediendo el acuerdo de recibir

memorandos de derecho sobre la manera en cómo se interpretaría

el derecho sobre los reclamos y créditos que puedan tener las partes

con relación al inmueble de Vilá Calderón. Le asiste la razón.

25
     Apéndice I del Recurso de Certiorari, pág. TA001-003
KLCE202300654                                                           15

          Por otro lado, Vilá Calderón señala que erró el Tribunal de

Primera Instancia al utilizar como “normativa jurídica aplicable”, la

argumentación legal de la señora Canela, lo que no consiste en una

discusión objetiva; en vez de la propuesta de adoptar lo resuelto por

este Honorable Tribunal de Apelaciones en en (sic) el caso de Méndez

Vázquez v. Martínez García, KLAN201900815, sentencia del 27 de

agosto de 2019, u otro caso análogo. Le asiste la razón.

          Desde que comenzó el litigio de divorcio, la parte peticionaria

sostiene el carácter privativo de la propiedad que él compró y así

surge como un hecho que no está en controversia.26 Por otro lado,

la parte recurrida sostuvo, y al presente insiste en sostener que la

propiedad en cuestión “debería considerarse ganancial”. A estos

efectos exige una serie de créditos, porque a su entender la extinta

sociedad Vilá Canela se constituyó y se mantuvo allí por alrededor

de casi 20 años.

          Ante esta disyuntiva, el Foro a quo recibió el insumo a petición

de ambas partes mediante Memorandos de Derecho. A estos fines el

TPI-Bayamón consideró sendos Memorandos de Cumplimiento

presentados de manera simultánea. Esto fue documentado en la

Minuta de la vista celebrada el 8 de diciembre de 2022.

Posteriormente el Foro Primario celebró una Vista Argumentativa, y

cabe destacar que según se desprende de la minuta de la Vista

Argumentativa, el 14 de abril de 2023, los argumentos que se

desglosan según vertidos, han sido los mismos desde que se generó

la controversia.27

          Así las cosas, el 17 de abril de 2023, el TPI-Bayamón emitió la

Resolución recurrida, donde resumió parte de los hechos que no

están en controversia sobre lo que constituyó el extinto matrimonio

Vilá Canela. Expuso brevemente una controversia sobre una

26
     Id.
27
     Apéndice XV del Recurso de Certiorari, pág. TA144-146
KLCE202300654                                                      16

corporación perteneciente a la recurrida, que no es óbice de este

recurso, por lo que no intervenimos en ella. También abunda sobre

las múltiples hipotecas que sufrió el “Inmueble” durante los años

que se constituyó el matrimonio y la procedencia de los fondos que

emitieron dichos pagos.

       Dentro de las diez (10) determinaciones emitidas en la

Resolución, la determinación número uno (1), es la única

estipulación sobre el estado del “Inmueble”. Por otro lado, las

determinaciones emitidas en el tres (3), cuatro (4), cinco (5) y seis

(6), el Foro a quo reconoce créditos indistintamente de las partes,

entiéndase el peticionario, la recurrida o a la SLG. No obstante,

puntualiza que dichas materias serán objeto de prueba. Ciertamente

se contradice el TPI- Bayamón en estipular hechos que serán objeto

de prueba.

      Por otro lado, la determinación número dos (2), no le reconoce

crédito alguno a la SLG por el pago de los intereses emitidos a través

de las Hipotecas “por estar subsumidos en las mensualidades

dentro de los préstamos hipotecarios”. En este hecho en particular,

contrastando la estipulación número cinco (5), donde le concede

créditos a la recurrida a partir de mayo del año 2022, aunque

previamente según el caso de divorcio, se estableció que estos pagos

eran en concepto de renta. Ciertamente es contradictorio otorgarle

un crédito a la recurrida, que inicialmente no se concedió a la SLG

por “estar subsumidos en el pago”, si está emitiendo pagos en

carácter de renta, por lo que tampoco debe considerarse una

estipulación del Tribunal por ser materia de prueba.

      Sobre la determinación número seis (6) referente a la

corporación de la recurrida, deberá desfilarse prueba a los efectos

de adjudicar créditos a favor del peticionario, toda vez que no nos

encontramos en posición para poder emitir decisión alguna y es

materia de desfile de prueba.
KLCE202300654                                                           17

      Sobre la determinación número siete (7) del TPI-Bayamón, el

Foro Primario adjudicó un crédito de $35,000.00 a la SLG por

mejoras al “Inmueble”. Sin embargo, de la evidencia de autos, no

podemos concluir de donde se desprende dicha cantidad, toda vez

que en ausencia de una adjudicación propiamente, la determinación

de dicha cantidad resulta huérfana de evidencia que la sustente.

      Por otro lado, en el inciso nueve (9) reconoce que hay

cuestiones sustanciales que están sujetas a desfile de prueba

durante el juicio y en el inciso diez (10) expone que exhorta a retomar

el diálogo entre las partes.

      Para finalizar, y por estar inmerso en los dos errores,

destacamos     el   inciso     ocho   (8),   donde   el   Foro   Primario,

“incorpora por referencia la normativa jurídica aplicable esbozada

por la parte demandada en las páginas 8-14 de su memorando de

derecho”, incidió el Foro a quo al incorporar páginas que exponen

una teoría doble del derecho, toda vez que el Memorando de

Cumplimiento ofrece dos (2) alternativas, una con el “Inmueble”

objeto de este pleito en su naturaleza privativa y otra en su

naturaleza ganancial.

      En virtud de lo anterior, y luego de un examen sosegado del

expediente ante nos, concluimos que se cometieron los errores

señalados puesto que existe controversia en las cantidades de los

créditos expuestas, por falta de estipulación entre las partes

respecto a alguno de los asuntos dispuestos y principalmente, por

ser materia de prueba.

      Al evaluar los documentos que nos ocupan, coincidimos con

que, al adjudicar el asunto, el TPI- Bayamón no actuó de

conformidad con las normas que prevalecen en las materias que

atendemos. Se cometieron los errores señalados.
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                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

Certiorari solicitado y se revoca la Resolución emitida por el Foro de

Primera Instancia, en todo aquello que sea incompatible por ser

materia de prueba, es decir, las determinaciones dos (2) a la ocho

(8). Es decir, no puede prevalecer como una determinación del

Tribunal, todo aquello que esté en controversia sin haberse desfilado

prueba en un juicio en su fondo.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita.

                          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones