Court Opinion

ID: 9928554
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:24:49.189664+00
Date Added: 2024-06-11T09:45:31.696601
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL1

MUNICIPIO AUTÓNOMO                                         Certiorari
DE MANATÍ, representado                                    procedente del
   por su alcalde, el                                      Tribunal de Primera
 Hon. José A. Sánchez                                      Instancia Sala
       González                                            Superior de Arecibo
                                   KLCE202301417
          Recurrido
                                                           Caso Núm.:
                                                           SJ2022CV04304
               V.

                                                           Sobre:
     F.D.R. 1500 CORP.                                     Expropiación
                                                           Forzosa
          Recurrente
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero
Guerrero

Marrero Guerrero, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

                                           -I-

       El 13 de diciembre de 2023, F.D.R. 1500, Corp. (la

recurrente), presentó una Petición de Certiorari en la que solicita la

revocación de una Resolución dictada y notificada el 13 de

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo (TPI). Mediante la referida determinación, el TPI

declaró no ha lugar una solicitud de paralización de los

procedimientos de expropiación sobre cierto predio de terreno

ubicado en la Reserva Natural Mar Chiquita en el Municipio de

1 Creado conforme a la Orden Administrativa OAJP-2021-086 de 4 de noviembre

de 2021, la cual dispone la asignación a un mismo Panel, cuando un caso genera
múltiples recursos ante el Tribunal de Apelaciones, los cuales no están pendientes
a la misma vez. Conforme a dicha Orden Administrativa, en la medida en que sea
viable, un mismo panel del Tribunal de Apelaciones atenderá los diversos recursos
que durante el curso ordinario genere un caso. Ello, a fin de brindar certidumbre,
uniformidad, eficiencia y rapidez al manejo de los asuntos, pues los recursos
apelativos ulteriores que genere el caso serán atendidos por un panel que ya
conoce los hechos base y está en mejor posición de comprender oportunamente
el tracto procesal y las controversias prevalecientes. Los integrantes del presente
Panel consideraron un recurso anterior, KLCE202201160, presentado por la
recurrente durante el mismo litigio de expropiación forzosa.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301417                                                         2

Manatí. Como base para la referida solicitud de paralización, la

recurrente argumentó que previo a que se iniciara el procedimiento

de expropiación del predio, el Departamento de Recursos Naturales

y Ambientales (DRNA) efectuó el deslinde de la Zona Marítimo

Terrestre sin que dicho trámite le fuera notificado, lo que significó

que fuera privado de su derecho de intervenir en el trámite

administrativo ante dicha Agencia. En su negativa a conceder la

paralización solicitada el TPI consignó lo siguiente:

       Independientemente de los derechos que le pueda asistir a la
       demandada en el proceso administrativo de la delimitación de
       la zona marítimo-terrestre en la finca en controversia, el
       procedimiento de expropiación está limitado únicamente “por
       la exigencia de que el bien sea para un fin público y el Estado
       pague justa compensación”. Culebra Enterprises Corp. V.
       E.L.A., 127 DPR 943, 952 (1991).2

       Inconforme con la determinación del Foro Primario, los

recurrentes formularon el siguiente señalamiento de error:

       Erró el TPI al dictar la Resolución de 13 de noviembre de 2023,
       y no autorizar la paralización de la expropiación mientras se
       adjudica la impugnación del deslinde de la ZMT ante el DRNA,
       toda vez que constituiría un fracaso de la justicia, ya que la
       nulidad del Deslinde de la ZMT realizado por el DRNA, y
       promovido por Manatí, haría inoficiosa la expropiación aquí
       planteada. Es decir, la nulidad del trámite administrativo de
       deslinde por violación al debido proceso de ley, ante la falta de
       notificación a FDR1500, vicia en todos sus aspectos la
       expropiación de epígrafe. Mínimo, no puede haber una
       demanda de expropiación adecuadamente formulada en
       cuanto al Exhibit A, ya que irremediablemente la cabida de la
       propiedad objeto de expropiación no esta debidamente
       identificada, por lo que procesalmente al no haber enmienda
       a las alegaciones, y en consecuencia el Exhibit A, el resultado
       inescapable es la desestimación de este pleito o el
       desistimiento voluntario del Municipio de conformidad con la
       Regla 58.3 de Procedimiento Civil.

       Ese mismo día, la recurrente radicó una Urgente Moción en

Auxilio de Jurisdicción en la que nos solicitó que paralizáramos el

procedimiento de expropiación llevándose a cabo ante el TPI hasta

que se adjudicase la Querella de Impugnación de Deslinde pendiente

ante el DRNA.

2 Véase página 221 del apéndice del recurso.
KLCE202301417                                                          3

       La Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), le confiere a este foro la facultad

para   prescindir   de   escritos,   en     cualquier   caso,   ante   su

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente

despacho. Dadas las particularidades de este caso, prescindimos de

la comparecencia de la parte recurrida.

                                     -II-

       Distinto al recurso de apelación, el certiorari es un recurso

extraordinario cuya característica se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y

adjudicar sus méritos. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206

DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Este Tribunal tiene

la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el

discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR

83 (2008). En los procesos civiles, la expedición de un auto de

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1. McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank

v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019). La Regla 52.1 de

Procedimiento Civil también dispone que sólo se expedirá un recurso

de certiorari cuando "se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales regulados por la Regla 56, de la Regla 57,

(mecanismo de injunction) o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo." 800 Ponce de León v. AIJ, supra.

       Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal

establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer

nuestra facultad discrecional:

       A.    Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B.    Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
KLCE202301417                                                         4

        C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
        Primera Instancia.

        D.     Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
        ser elevados, o de alegatos más elaborados.

        E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
        es la más propicia para su consideración.

        F.     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
        no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
        dilación indeseable en la solución final del litigio.

        G.     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
        evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

                                     -III-

        La recurrente aduce como motivo para paralizar el pleito de

expropiación instado por el Municipio de Manatí la circunstancia de

que el DRNA efectuó un deslinde de la Zona Marítimo Terrestre en

el área del predio en controversia sin notificárselo.             Este

planteamiento es inane, pues como se colige de la determinación del

TPI, los derechos que pudieran asistirle a la recurrente en cuanto a

dicha    gestión   administrativa,   en   manera   alguna   afectan   o

menoscaban el poder el Estado, en este caso, el Municipio, de

expropiar el predio en cuestión, sujeto, claro está, a que medie justa

compensación por la propiedad expropiada.

        Así las cosas, conforme a los criterios esbozados en la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1 y de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora. No

atisbamos error alguno que amerite nuestra intervención con la

determinación recurrida, puesto que el TPI no incurrió en error,

prejuicio, parcialidad, un craso abuso de su discreción ni

equivocación en la aplicación del derecho al negarse a paralizar el

procedimiento de expropiación ante su consideración.
KLCE202301417                                                           5

                                     -IV-

      Por   los   fundamentos     antes     expuestos,   se   deniega   la

expedición del auto solicitado.     De igual forma, se deniega, por

académica, la Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada

por la parte recurrente.

      Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones