Court Opinion

ID: 9928626
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:50.536217+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:26.408801
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL X

LYDIA CRUZ BÁEZ                               Apelación
                                              procedente del
        Apelante                              Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala
                                              Superior de Guayama
                            KLAN202300778
            v.
                                              Caso Núm.:
                                              AY2021RF00005 (304)

NÉSTOR RAFAEL ALICEA
RODRÍGUEZ                                     Sobre:
                                              Alimentos-Excónyuges
         Apelado

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2023.

      Comparece ante nos la señora Lydia Cruz Báez (señora Cruz

Báez o apelante) mediante recurso de Apelación y solicita la revisión

de la Sentencia emitida el 28 de junio de 2023, notificada el 30 de

junio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Guayama (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el

TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de pensión excónyuge

presentada por la señora Cruz Báez.

      Por   los    fundamentos   que    exponemos   a    continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                   I.

      La señora Cruz Báez y el señor Néstor Rafael Alicea Rodríguez

(señor Alicea Rodríguez o apelado) contrajeron matrimonio el 24 de

diciembre de 2010. El 12 de diciembre de 2019, notificada el 16 de

enero de 2020, el TPI emitió una Sentencia en la que decretó roto y

disuelto el vínculo matrimonial entre las partes.

Número Identificador
SEN2023__________
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       El 3 de mayo de 2021, la señora Cruz Báez presentó una

Demanda1 sobre alimentos excónyuge contra el señor Alicea

Rodríguez. En esencia, la señora Cruz Báez alegó que como

consecuencia del divorcio no cuenta con los medios económicos

suficientes para vivir. Sostuvo, además, que el apelado cuenta con

los recursos necesarios para pagar una pensión a su favor. Por

tanto, solicitó que se le imponga al señor Alicea Rodríguez el pago

de una pensión excónyuge por la cantidad de $600.00 mensuales,

costas, gastos y honorarios de abogado.

       El 31 de mayo de 2021, el señor Alicea Rodríguez presentó su

Contestación a la Demanda2 en la que negó la mayoría de las

alegaciones en su contra. Como defensa afirmativa, adujo que las

condiciones de salud de la señora Cruz Báez se originaron antes del

matrimonio y sus problemas económicos no son causados por el

divorcio. Por tanto, sostuvo no tener obligación alguna con la señora

Cruz Báez.

       Luego, el 23 de junio de 2023, el TPI celebró el juicio en su

fondo. Así las cosas, el 28 de junio de 2023, notificada el 30 del

mismo mes y año, el foro de instancia emitió una Sentencia3 en la

que determinó que a la señora Cruz Báez no le corresponde recibir

una pensión excónyuge.

       En desacuerdo con la determinación, el 9 de julio de 2023, la

señora Cruz Báez presentó Moción a tenor con la Regla 42.2 de las

de Procedimiento Civil y Reconsideración4. En su escrito, alegó que

la determinación del TPI no fue fundamentada en hechos específicos

que demuestren que no le corresponde la pensión solicitada.

Además, señaló haber justificado que su condición de salud y

económica amerita que se le conceda una pensión excónyuge.

1 Véase apéndice del recurso, págs. 17-19.
2 Véase apéndice del recurso, págs. 15-16.
3 Véase apéndice del recurso, págs. 11-14.
4 Véase apéndice del recurso, págs. 7-10.
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       Por su parte, el 26 de julio de 2023, el señor Alicea Rodríguez

presentó Contestación a “Moción a tenor con la Regla 42.2 de las de

Procedimiento Civil y Reconsideración”5. En síntesis, adujo no estar

obligado a proveer alimentos a su excónyuge, la señora Cruz Báez,

debido a que ésta ha incumplido su deber de relacionar sus

necesidades con el acto del divorcio y exponer con claridad la

capacidad económica del alimentista.

       El 3 de agosto de 2023, notificada el día siguiente, el TPI

emitió una Orden6 en la que declaró No Ha Lugar a la solicitud de

reconsideración instada por la señora Cruz Báez.

       Inconforme aún, el 5 de septiembre de 2023, la señora Cruz

Báez compareció ante nos mediante recurso de Apelación en el que

señaló el siguiente error:

       El T.P.I. cometió error de Derecho al aplicar el Artículo 653
       del Código Civil de 2020 y no el Artículo 109.

       El 6 de octubre de 2023, el señor Alicea Rodríguez compareció

mediante Alegato Parte Apelada.

       Luego de evaluar la determinación recurrida y los argumentos

de las partes, el 26 de octubre de 2023, emitimos una Resolución

mediante la cual ejercimos la facultad conferida por la Regla 83.1

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones7. Al así hacerlo, le

concedimos al TPI un término de cinco (5) días para fundamentar

su determinación emitida el 28 de junio de 2023.

       En cumplimiento con lo solicitado, el 30 de octubre de 2023,

el TPI emitió una Resolución fundamentada. En lo pertinente a la

controversia ante nuestra consideración, el foro primario concluyó

que la necesidad de la señora Cruz Báez existe desde antes de estar

casada con el señor Alicea Rodríguez. Además, añadió que dicho foro

no tuvo ante sí prueba alguna sobre la capacidad económica del

5 Véase apéndice del recurso, págs. 4-6.
6 Véase apéndice del recurso, pág. 1.
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.1.
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señor Alicea Rodríguez. Ante ello, reiteró que procedía declarar No

Ha Lugar a la petición de pensión excónyuge.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable a la

controversia ante nos.

                                      II.

                                      -A-

       El derecho a alimentos es parte esencial del principio natural

de conservación que constituye piedra angular del derecho

constitucional a la vida8. Esta obligación se fundamenta “en

principios universalmente reconocidos de solidaridad humana,

generados por el derecho natural de la vida e imperativos de los

vínculos familiares”9.

       Asimismo, nuestra jurisprudencia ha establecido que la

pensión alimentaria excónyuge, al igual que la pensión alimentaria

entre parientes, revisten el “mayor interés público”10. En este

sentido, ha sido declarado que el derecho a solicitar una pensión

excónyuge surge del “derecho fundamental de todo ser humano a

existir y a desarrollar plenamente su personalidad”11.

       “Cuando un divorcio coloca en estado de necesidad económica

a uno de los excónyuges, quien primero responde por esa necesidad,

luego de la comunidad de bienes, es el otro excónyuge”12. La base

de esta pensión fue establecida en el Art. 109 del Código Civil de

1930, 31 LPRA ant. sec. 385, el cual instituía lo siguiente:

           Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales
       que establece la sec. 321 de este título, cualesquiera de los
       [ex]cónyuges no cuentan con suficientes medios para vivir,
       el Tribunal de Primera Instancia podrá asignarle alimentos

8 Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 12 (2004); Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145

(2003); Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 534 (2000).
9 Maldonado v. Cruz, supra, pág. 13; Chévere v. Levis, supra; Martínez v. Rivera

Hernández, 116 DPR 164, 168 (1985).
10 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, 198 DPR 315, 326 (2017); Cortés Pagán v.

González Colón, 184 DPR 807, 814 (2012); Morales v. Jaime, 166 DPR 282, 291
(2008).
11 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra; González v. Suárez Milán, 131 DPR

296, 301 (1992).
12 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 326.
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       discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que
       sean de la propiedad del otro cónyuge.
          El tribunal concederá los alimentos a que se refiere el
       párrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las
       siguientes circunstancias:
               (a) Los acuerdos       a   que    hubiesen     llegado    los
                   [ex]cónyuges.
               (b) La edad y el estado de salud.
               (c) La cualificación profesional y las probabilidades de
                   acceso a un empleo.
               (d) La dedicación pasada y futura a la familia.
               (e) La colaboración con su trabajo en las actividades
                   mercantiles, industriales o profesionales del otro
                   cónyuge.
               (f) La duración del matrimonio y de la convivencia
                   conyugal.
               (g) El caudal y medios económicos y las necesidades
                   de uno y otro cónyuge.
               (h) Cualquier otro factor que considere apropiado
                   dentro de las circunstancias del caso.

          Fijada la pensión alimenticia, el juez podrá modificarla
       por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y
       la fortuna de uno u otro [ex]cónyuge. La pensión será
       revocada mediante resolución judicial si llegase a hacerse
       innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a
       la pensión nuevo matrimonio o viviese en público
       concubinato.

       Dicha disposición continúa vigente mediante el Art. 466 del

Código Civil de 2020, según enmendado13.

13 El aludido Art. 466 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6813, dispone lo

siguiente:
       Artículo 466.-Pensión alimentaria del excónyuge.
           El tribunal puede asignar al excónyuge que no cuenta con
       medios suficientes para vivir una pensión alimentaria que
       provenga de los ingresos o de los bienes del otro excónyuge, por un
       plazo determinado o hasta que el alimentista pueda valerse por sí
       mismo o adquiera medios adecuados suficientes para su propio
       sustento.
           Para fijar la cuantía de la pensión alimentaria, el tribunal puede
       considerar, entre otros factores pertinentes, las siguientes
       circunstancias respecto a ambos excónyuges:
           (a) los acuerdos que hayan adoptado sobre el particular;
           (b) la edad y el estado de salud física y mental;
           (c) la preparación académica, vocacional o profesional y las
               probabilidades de acceso a un empleo;
           (d) las responsabilidades que conservan sobre el cuido de otros
               miembros de la familia;
           (e) la colaboración con su trabajo en las actividades
               mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;
           (f) la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal;
           (g) el caudal y medios económicos y las necesidades de cada
               cónyuge; y
           (h) cualquier otro factor que considere apropiado según las
               circunstancias del caso.
           La resolución del tribunal debe establecer el modo de pago y el
       plazo de vigencia de la pensión alimentaria. Si no se establece un
       plazo determinado, la pensión estará vigente mientras no se
       revoque por el tribunal, a menos que se extinga por las causas que
       admite este Código. 31 LPRA sec. 6813.
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       De conformidad con lo anterior, nuestra jurisprudencia ha

establecido que, cuando queda evidenciado que un cónyuge

divorciado no cuenta con medios suficientes para vivir, mientras que

su excónyuge cuenta con bienes de fortuna, procede la concesión de

una pensión alimentaria. Es decir, que el criterio principal al

momento de conceder una pensión excónyuge es el binomio

constituido entre la necesidad económica por parte del

alimentista      y    la   capacidad       económica        por    parte     del

alimentante14. Establecidos esos elementos, y el hecho de que la

carencia económica haya surgido como consecuencia del divorcio,

procede el derecho a la pensión15. De ahí que, si bien el Art. 109 del

Código Civil de 1930, supra, establece otros criterios a considerar al

otorgar la pensión excónyuge, éstos solo se toman en cuenta para

fijar el monto de la obligación y no como una carga probatoria

adicional que deba suplir el reclamante16. Bastará para demostrar

necesidad la presentación de cualquier prueba pertinente,

tendente a establecer que no se cuenta con dichos medios

suficientes para vivir y no necesariamente que se es anciano,

incapacitado o incapaz de trabajar17. (Énfasis nuestro).

       Ahora bien, considerando que estas y otras circunstancias

pueden cambiar con el transcurso del tiempo, también se ha

dispuesto que los dictámenes sobre pensiones excónyuges tienen un

carácter dinámico, por lo que están sujetos a modificación según

varíe la situación de necesidad del alimentista o la capacidad

económica del alimentante18. Esta acción no prescribe siempre que

14 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 326.
15 Morales v. Jaime, supra, pág. 302.
16 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 327; Morales v. Jaime, supra,

pág. 306.
17 Morales v. Jaime, supra, págs. 311-312.
18 Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, 327; Cortés Pagán v. González Colón,

supra, págs. 814–815.
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las peticiones de alimentos entre excónyuges estén vinculadas en

relación de causalidad con el divorcio19.

                                      III.

       En el presente caso, nos corresponde examinar si el TPI

dispuso correctamente de la solicitud de pensión excónyuge

presentada por la señora Cruz Báez. Referente al único error

señalado, la apelante sostiene que incidió el TPI al aplicar el Artículo

653 del Código Civil de 202020 y no el Artículo 109 del derogado

Código Civil de 1930. No le asiste la razón.

       En el caso de autos, al realizar un análisis de los artículos

relativos a la concesión de pensión excónyuge, es preciso señalar

que tanto el Artículo 653 del Código Civil de 2020 como el Artículo

109 del derogado Código Civil de 1930, no son sustanciales para la

disposición del caso de autos.

       Nuestro     ordenamiento       jurídico    ha    establecido     que   la

concesión o denegatoria de una pensión de alimentos excónyuge

recae sobre la base de la necesidad del excónyuge reclamante y la

capacidad económica del excónyuge a quien se le reclama. Es decir,

la pensión únicamente se concederá cuando el excónyuge

peticionario demuestre que no cuenta con suficientes medios para

vivir y acredite la solvencia económica de su excónyuge. Luego de

ello evidenciarse, entonces, le corresponderá al Juzgador o

Juzgadora fijar la pensión, tomando en cuenta, entre otros, los ocho

(8) criterios esbozados en el Art. 109 del Código Civil de Puerto Rico

19 Suria v. Fernández Negrón, 101 DPR 316 (1981).
20 El Art. 653 del Código Civil de 2020, dispone como sigue:

       Artículo 653. — Contenido de la obligación alimentaria. (31 LPRA
       sec. 7531)
          Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
       sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia
       médica de una persona, según la posición social de su familia.
          Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos
       comprenden también su educación, las atenciones de previsión
       acomodadas a los usos y a las circunstancias de su entorno
       familiar y social y los gastos extraordinarios para la atención de
       sus condiciones personales especiales.
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de 1930, supra, disposición que continúa vigente mediante el Art.

466 del Código Civil de 2020, según enmendado.

       Además, para demostrar esa necesidad se requiere presentar

prueba pertinente tendente a establecer que no se cuenta con

suficientes medios para vivir, y no necesariamente que la persona

es adulta mayor, que está incapacitada o es incapaz de trabajar21.

De manera que, una alegación a los efectos de que se carece de

medios suficientes para vivir y que el excónyuge cuenta con

suficientes medios, ello sin sustentarse, resulta insuficiente para

que se decrete la concesión de los alimentos.

       Particularmente, el 28 de junio de 2023, notificada el 30 del

mismo mes y año, el TPI emitió una Sentencia en la que concluyó

que la señora Cruz Báez no tiene derecho a una pensión excónyuge

debido a que la necesidad económica de la apelante no ha sido

producto de su matrimonio con el señor Alicea Rodríguez. Además,

el foro primario determinó que no tuvo ante sí prueba alguna sobre

la capacidad económica del señor Alicea Rodríguez.

       Ante ello, es norma repetida que no habremos de intervenir

con las determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba

y las adjudicaciones de credibilidad efectuadas por el tribunal

sentenciador, salvo que este haya incurrido en error manifiesto,

pasión, prejuicio o parcialidad22. Dicho principio está cimentado

en que las decisiones del foro primario están revestidas de una

presunción de corrección y regularidad, de manera que merecen

nuestra deferencia23. Después de todo, ese foro está en mejor

posición para evaluar la prueba, pues tuvo la oportunidad de ver y

oír a los testigos declarar, y apreciar su demeanor24.

21 Morales v. Jaime, supra, págs. 311-312.
22 Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001).
23 Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865 (1996).
24 Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982); Pueblo v. Maisonave

Rodríguez, 129 DPR 49 (1991).
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                               IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones