Court Opinion

ID: 9962843
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:58:00.242978+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:39.713992
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

                                               APELACIÓN
EDGARDO JOSUÉ BARRETO                          procedente del
RODRÍGUEZ                                      Tribunal de
                                               Primera
Apelante                                       Instancia, Sala
                                               Superior de San
            v.                   KLAN202300637 Juan
JOHANNA MONROIG
TAVÁREZ                                             Civil Núm.:
                                                    AR2023RF00247
Apelada
                                                    Sobre:
                                 consolidado con    Divorcio
                                                    Ruptura
                                                    Irreparable

                                               APELACIÓN
EDGARDO JOSUÉ BARRETO                          procedente del
RODRÍGUEZ                                      Tribunal de
                                               Primera
Apelado                                        Instancia, Sala
                                 KLAN202300994 Superior de San
            v.                                 Juan
JOHANNA MONROIG
TAVÁREZ                                             Civil Núm.:
                                                    AR2023RF00247
Apelante
                                                    Sobre:
                                                    Divorcio
                                                    Ruptura
                                                    Irreparable
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
Mateu Meléndez y la Jueza Boria Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 1 de marzo de 2024.

      En el recurso KLAN20230637, comparece el señor Edgardo

Josué Barreto Rodríguez (señor Barreto Rodríguez) y nos solicita

revisar una Sentencia emitida el 28 de junio de 2023 por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).1 Mediante el

aludido dictamen, el TPI concedió una pensión alimentaria

1 Apéndice de Apelación Civil, KLAN202300637, Anejo VIII, págs. 41-48.
Archivada y notificada en autos el 29 de junio de 2023.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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provisional (pendente lite) a favor de su ahora ex-esposa, la señora

Johanna Monroig Tavárez (señora Monroig Tavárez) y señaló una

vista para atender el reclamo de la pensión alimentaria de ex-

cónyuge posterior a advenir firme la sentencia de divorcio.

       A su vez, en el recurso KLAN202300994, acogido como

certiorari, comparece la señora Monroig Tavárez y nos peticiona

revisar una Resolución emitida el 16 de octubre de 2023 por el TPI.2

En virtud del referido dictamen, el Foro Primario denegó la solicitud

de la señora Monroig Tavárez para designar un apartamento sito en

San Juan, Puerto Rico, como hogar seguro en beneficio de sus dos

(2) hijos menores de edad, tras la disolución del matrimonio Barreto-

Monroig, mediante divorcio.

       Por los fundamentos que esbozaremos a continuación, con

relación al recurso KLAN20230637, confirmamos la Sentencia

emitida el 28 de junio de 2023 por el TPI. Concerniente al recurso

KLAN202300994, expedimos el auto de certiorari y revocamos la

Resolución emitida el 16 de octubre de 2023 por el Foro Primario.

       Veamos      los   antecedentes       fácticos    y   procesales     que

fundamentan nuestra determinación.

                                      -I-

       El caso de marras dimanó el 29 de marzo de 2023, fecha en

que el señor Barreto Rodríguez presentó una Petición individual de

divorcio por ruptura irreparable de los nexos de convivencia

matrimonial.3 En virtud del referido dictamen, el señor Barreto

Rodríguez solicitó la custodia monoparental de sus hijos menores de

edad: su hija de dieciocho (18) años de edad, quien es estudiante

universitaria, y su hijo de diez (10) años de edad, quien padece de

autismo severo tipo III y apraxia del habla.

2 Apéndice de Certiorari Civil, KLAN202300994, Anejo II, págs. 8-12. Archivada y

notificada en autos el 16 de octubre de 2023.
3 Apéndice de Apelación Civil, KLAN202300637, Anejo I, págs. 1-4.
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        El 15 de mayo de 2023, la señora Monroig Tavárez contestó la

demanda y, a su vez, presentó una reconvención.4 Mediante esta,

arguyó que las partes se casaron bajo la Sociedad Legal de

Gananciales, se divorciaron, y nuevamente contrajeron matrimonio,

pero bajo el régimen de absoluta separación de bienes mediante el

otorgamiento de unas capitulaciones matrimoniales. Esto, sin haber

liquidado los bienes adquiridos bajo la Sociedad Legal de

Gananciales. Por otro lado, peticionó que se designara el

apartamento sito en San Juan, Puerto Rico como el hogar seguro de

su hijo, hasta que cese su incapacidad. Precisó que en el 2016 se

mudó de su residencia en Hatillo a San Juan para buscarle ayuda

a su hijo, incluyendo una escuela especializada a la que está

actualmente matriculado. Adujo que, tras el nacimiento de su hijo,

el señor Barreto Rodríguez le solicitó que renunciara a su empleo

para dedicarse a tiempo completo a las necesidades especiales de su

hijo, quien no es autosuficiente. La señora Monroig Tavárez

estableció que esta situación provocó una dependencia exclusiva de

los ingresos del señor Barreto Rodríguez. A su vez, manifestó que

desde la presentación de la petición de divorcio, el señor Barreto

Rodríguez mantiene el control absoluto de los ingresos devengados

por la comunidad conyugal, dejándola desprovista del dinero

necesario para cubrir sus necesidades básicas como alimentos,

vivienda y cuidado médico. Por ello solicitó que se le asignara una

pensión pendente lite no menor de mil quinientos dólares

($1,500.00) dólares mensuales. Asimismo, solicitó que, una vez se

declarara disuelto el vínculo matrimonial, se fijara una pensión ex-

cónyuge a su favor, dado que los cuidados que requiere su hijo le

imposibilitan regresar al campo laboral.

4 Íd., Anejo II, págs. 5-11.
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       Posteriormente, el 5 de junio de 2023, el señor Barreto

Rodríguez solicitó enmendar la Demanda a los fines de peticionar

que se conceda la custodia compartida de sus hijos.

       No obstante, el 14 de junio de 2023, la señora Monroig Tavárez

radicó una contestación a la demanda enmendada y reconvención,

en la que propuso que se le conceda la custodia monoparental y

establezca un plan de relaciones paternofiliales a favor del señor

Barreto Rodríguez. En su contestación a la reconvención, el señor

Barreto Rodríguez se opuso a la pensión pendente lite dado que,

desde su separación, le sufraga a la señora Monroig Tavárez el

apartamento, la cuota de mantenimiento, la luz, el agua, el celular,

el plan médico, la suscripción de Netflix, le provee un vehículo, las

meriendas y los gastos escolares de su hijo, y la matrícula, el auto y

la mesada de su hija.

       Tras múltiples incidencias procesales, el 28 de junio de 2023,

el TPI celebró una vista para discutir los asuntos del hogar seguro y

de la pensión pendente lite. Durante la vista, se presentó el

testimonio del señor Barreto Rodríguez y de la señora Monroig

Tavárez. Transcurrida la vista, el señor Barreto Rodríguez solicitó la

desestimación contra la prueba non suit por la pensión de la señora

Monroig Tavárez.

       En igual fecha, el Foro Primario emitió una Sentencia en la

que declaró Con Lugar la Demanda sobre divorcio y decretó roto y

disuelto el vínculo matrimonial existente entre el señor Barreto

Rodríguez y la señora Monroig Tavárez.5 En lo que nos concierne, el

TPI se pronunció No Ha Lugar con respecto a la petición de

desestimación contra la prueba non suit del señor Barreto Rodríguez

y determinó que la señora Monroig Tavárez estableció la necesidad

de la pensión pendente lite, en una suma de cien dólares semanales

5 Íd., Anejo VIII, págs. 41-48. Archivada y notificada el 29 de junio de 2023.
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($100.00). En lo pertinente a la pensión ex-cónyuge, el TPI señaló

una vista para una fecha posterior, en la que el divorcio haya

advenido final y firme.

          Ulteriormente, el 16 de octubre de 2023, el TPI emitió y

notificó una Resolución en la que dispuso que la señora Monroig

Tavárez no presentó prueba en torno a la necesidad de establecer el

apartamento de San Juan como el hogar seguro de sus hijos

menores de edad. El Tribunal fundamentó su decisión en que la

señora Monroig Tavárez no evidenció si dicha vivienda era la

residencia familiar, si era el único inmueble que pudiese satisfacer

la necesidad de protección de los menores porque las partes poseían

una vivienda en Hatillo, o si era el único inmueble de la madre. El

Foro Primario entendió que las necesidades especiales del hijo de las

partes no es el único criterio que se debe considerar para otorgar el

hogar seguro.

          No satisfecha con la determinación del TPI, el 24 de octubre

de 2023, la señora Monroig Tavárez presentó una Moción de

Reconsideración.6 En igual fecha, el Foro Primario emitió una

Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la reconsideración.7

          Inconforme con la Sentencia de divorcio emitida el 28 de junio

de 2023, el 21 de julio de 2023, el señor Barreto Rodríguez

compareció ante nos mediante un recurso de apelación, en el que

planteó que el TPI cometió los siguientes errores:

          PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ABUSÓ DE SU
          DISCRECIÓN EL TPI AL NO DECLARAR HA LUGAR LA
          SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN NON SUIT DEL
          APELANTE EN CUANTO A LA RECLAMACIÓN DE UNA
          PENSIÓN PENDENTE LITE DE LA APELADA, A PESAR
          DE QUE LA APELADA NO PROBÓ SU NECESIDAD NI
          LA CAPACIDAD DEL APELANTE.

          SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI
          AL NO DESESTIMAR EL RECLAMO DE PENSIÓN [EX-
          CÓNYUGE] EN LA CONTESTACIÓN A DEMANDA Y

6
    Apéndice de Certiorari Civil, KLAN202300994, Anejo III, págs. 13-16.
7
    Íd., Anejo IV, págs. 18. Archivada y notificada el 25 de octubre de 2023.
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      RECONVENCIÓN EN UN PLEITO DE DIVORCIO A
      PESAR DE SER UNO PREMATURO.

      Por su parte, en desacuerdo con la Resolución sobre hogar

seguro emitida el 24 de octubre de 2023 por el TPI, el 6 de noviembre

de 2023, la señora Monroig Tavárez compareció ante esta Curia

apelativa y señaló que el Foro Primario incidió en cometer el

siguiente error:

      SEÑALAMIENTO DE ERROR: ABUSÓ DE SU
      DISCRECIÓN EL TPI AL NO DECLARAR HA LUGAR LA
      SOLICITUD DE HOGAR SEGURO EN BENEFICIO DE
      LOS MENORES PROCREADOS ENTRE LAS PARTES
      SOBRE UNA PROPIEDAD QUE LAS PARTES SON CO
      PROPIETARIOS, DE LOS CUALES UNO DE LOS
      MENORES TIENE 10 AÑOS Y SUFRE DE AUTISMO
      SEVERO TIPO III, SIENDO ESTA RESIDENCIA EN LA
      QUE LA DEMANDADA-APELANTE RESIDE CON SUS
      HIJOS, LUEGO DE HABERSE DESFILADO PRUEBA A
      ESOS EFECTOS.

      Así las cosas, el 8 de noviembre de 2023, esta Curia apelativa

ordenó la consolidación de ambos recursos por estar relacionados

ante sí.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a pormenorizar la normativa jurídica atinente al caso

ante nos.

                                -II-

                                -A-

      En nuestro ordenamiento jurídico, los foros apelativos

debemos brindar deferencia a las determinaciones de hechos

formuladas por el tribunal de instancia. Serrano Muñoz v. Auxilio

Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007). Esta deferencia yace en que el foro

primario está en mejor posición que un tribunal apelativo para

realizar la determinación de credibilidad. Dávila Nieves v. Meléndez

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Se le impone un respeto a la labor

del tribunal de instancia en aquilatar la credibilidad, dado que los

foros apelativos sólo poseemos récords mudos e inexpresivos.

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Pérez
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Cruz v. Hospital La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). Pues, en

gran medida, la determinación de credibilidad depende de observar

la manera en que la persona testigo declara, apreciar sus gestos,

titubeos, contradicciones, entre otros factores que van formando

gradualmente la convicción en cuanto a la verdad en la conciencia de

la persona juzgadora. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176

DPR 31, 67-68 (2009). Cónsono con lo anterior, la Regla 42.2 de

Procedimiento    Civil,   32   LPRA    Ap.      V,   dispone   que   “[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador

para juzgar la credibilidad de los testigos”.

      De esta forma, en ausencia de error manifiesto, prejuicio,

parcialidad o pasión, los tribunales apelativos no intervendremos con

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad ni las

determinaciones de hechos efectuadas por el foro primario. Ortiz Ortiz

v. Medtronic, 209 DPR 759, 778 (2022); Sucn. Pagán Berrios v. UPR y

otros, 206 DPR 317, 336 (2021); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al.,

206 DPR 194, 219 (2021).

      Se incurre en prejuicio, parcialidad o pasión, cuando la

persona juzgadora actúa motivada “por inclinaciones personales de

tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento,

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se

someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, en

la pág. 782. Además, “el error manifiesto ocurre cuando el foro

apelativo queda convencido de que se cometió un error, a pesar de

que haya evidencia que sostenga las conclusiones de hecho del

tribunal, porque existe un conflicto entre las conclusiones y el

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

evidencia recibida”. Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, en la pág. 779. De
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otra forma, únicamente se alterará el dictamen del tribunal de

instancia en una circunstancia de error manifiesto cuando, de un

examen detenido de toda la prueba, el foro apelativo esté convencido

que la persona juzgadora descartó injustificadamente elementos

probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios de escaso

valor o inherentemente improbables o increíbles. C. Brewer PR, Inc.

v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Por ello, nuestra facultad

para sustituir el criterio del foro primario está limitada a las

instancias en las que, a la luz de la prueba admitida, no existe base

suficiente para apoyar su determinación. Ortiz Ortiz v. Medtronic,

supra.

      Por otro lado, los tribunales apelativos nos encontramos en la

misma posición del foro primario para evaluar la prueba documental

o pericial que fundamentan las determinaciones de hecho. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016); González

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).

                                -B-

      El Código Civil de Puerto Rico dispone unas medidas

cautelares provisionales respecto a los cónyuges, durante el proceso

de divorcio, en atención del interés familiar más necesitado de

protección, entre estos:

      […]
      (b) fijar la contribución de cada cónyuge para atender
      las necesidades y las cargas de la familia durante el
      proceso, incluidos los gastos del litigio, y disponer las
      garantías, depósitos, retenciones u otras medidas
      cautelares necesarias para asegurar su efectividad;
      (c) señalar los bienes gananciales o comunes que, previo
      inventario, se entregarán a uno u otro cónyuge para su
      sustento y establecer las reglas para su administración
      y disposición, hasta la disolución del matrimonio y la
      liquidación de su régimen económico[.] 31 LPRA sec.
      6794.
      […]

      En lo concerniente a la pensión pendente lite, el Artículo 454

del Código Civil, precisa que durante el proceso de divorcio:
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      El tribunal puede imponer el pago de una pensión
      alimentaria al cónyuge que tiene bienes propios en
      beneficio del que no cuenta con recursos económicos
      suficientes para su sustento durante el proceso. En este
      caso, la cuantía fijada debe ser proporcional a la
      capacidad económica del cónyuge a quien se impone la
      pensión y conforme a la posición social de la familia. La
      pensión debe cubrir las necesidades apremiantes y
      esenciales del cónyuge que la reclama y los gastos
      del litigio. El cónyuge alimentante no tiene derecho a
      reclamar la restitución de lo pagado por ambos
      conceptos. Íd., sec. 6801. (Énfasis nuestro).

      En la petición sobre pensión pendente lite, se debe demostrar:

      (1) Que hay pendiente un juicio de divorcio;
      (2) que [el] cónyuge no cuenta con suficientes recursos
      propios para vivir durante el juicio; y
      (3) que el otro cónyuge o la sociedad de bienes
      gananciales posee bienes los cuales administra de facto
      uno de los cónyuges. R. E. Ortega Vélez, Lecciones de
      Derecho de Familia con referencia al Código Civil 2020,
      San Juan, Puerto Rico, 2023, págs. 145-146.

      La otorgación de la pensión pendente lite como medida

provisional tiene vigencia hasta que la sentencia de divorcio advenga

firme, excepto el tribunal disponga algo contrario.      Íd.,     sec.

6804. Por otro lado, la pensión pendente lite no admite interrupción

ni suspensión mientras se ventile el recurso en el que se cuestiona

su validez. Íd., sec. 6805. No obstante al carácter provisional de la

pensión pendente lite, el deber de alimentar entre cónyuges continúa

posterior al decreto de divorcio mediante la pensión alimentaria del

ex-cónyuge.

                                -C-

      Con respecto a la pensión alimentaria del ex-cónyuge, el

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que está revestida del

más alto interés público, puesto que responde al derecho

fundamental de todo ser humano en existir y desarrollar plenamente

su personalidad. Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, 198 DPR 315,

326 (2017); González v. Suárez Milán, 131 DPR 296, 301 (1992).

Esto responde a que, “disuelto el matrimonio y, en consecuencia,

haber desaparecido el deber de socorro mutuo entre los cónyuges

como efecto personal del matrimonio, uno de ellos puede caer en
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una situación de indigencia y necesidad tal, que le impida hacer

frente a las exigencias vitales”. R. E. Ortega Vélez, Los efectos

económicos del divorcio, Puerto Rico, First Book Publishing of P.R.,

1997, págs. 125-126. En tal circunstancia, los ex-cónyuges son los

primeros llamados en responder por las necesidades económicas de

los otros.   Correa Márquez v. Juliá Rodríguez,           supra.   Esta

reclamación de pensión alimentaria del ex-cónyuge puede realizarse

mediante “[una] petición en la demanda de divorcio, o por

moción en el pleito de divorcio o mediante acción separada”. R.

E. Ortega Vélez, op. cit., pág. 129. (Énfasis nuestro).

      El Artículo 466 del Código Civil establece que el tribunal

puede concederle a la persona que carece de medios suficientes para

vivir una pensión alimentaria que provenga de los ingresos o bienes

del otro ex-cónyuge, sea por un plazo determinado o hasta que el

cónyuge alimentista pueda valerse por sí mismo o adquiera medios

adecuados y suficientes para su sustento. Íd., sec. 6813. El criterio

principal es la necesidad económica del ex-cónyuge alimentista y la

capacidad    económica      del   ex-cónyuge     alimentante,      como

consecuencia del divorcio. Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra.

                                  -D-

      En otro extremo, el Artículo 477 del Código Civil dispone que

cualquiera de los ex-cónyuges o de los hijos bajo su patria potestad,

podrá solicitar el derecho a permanecer en la vivienda que

constituye el hogar principal del matrimonio y de la familia. Íd., sec.

6851. Este derecho está disponible desde que se necesite, sea en la

petición de disolución del matrimonio, durante el proceso o posterior

a dictarse sentencia. Íd. El antes aludido articulado establece:

      En los casos donde la vivienda familiar principal sea
      privativa de cualquiera de los [ex-cónyuges] y exista otra
      vivienda perteneciente a la Sociedad de Gananciales, el
      Tribunal podrá establecer como vivienda familiar la
      propiedad perteneciente a la Sociedad de Gananciales.
      En los casos en que no exista una vivienda
      perteneciente a la Sociedad de Gananciales, el tribunal
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      determinará como se cumplirá con el derecho a hogar
      seguro”. Íd.

      Al momento de conceder el derecho a permanecer en la

vivienda familiar, el tribunal debe considerar:

      (a) los acuerdos de los cónyuges sobre el uso y el
      destino de la vivienda durante la vigencia del
      matrimonio y después de su disolución;
      (b) si el cónyuge solicitante mantiene la custodia de
      los hijos menores de edad;
      (c) si el cónyuge solicitante retiene la patria
      potestad prorrogada o la tutela de los hijos mayores
      incapacitados o con impedimentos físicos que
      requieren asistencia especial y constante en el
      entorno familiar;
      (d) si los hijos mayores de edad, pero menores de
      veinticinco (25) años, permanecen en el hogar familiar
      mientras estudian o se preparan para un oficio;
      (e) si la vivienda familiar es el único inmueble que
      puede cumplir razonablemente ese propósito dentro
      del patrimonio conyugal, sin que se afecte
      significativamente el bienestar óptimo de los
      beneficiados al momento de su concesión con más
      necesidad de protección;
      (f) si el cónyuge solicitante, aunque no tenga hijos o, de
      tenerlos, no vivan en su compañía, necesita de esa
      protección especial, por su edad y situación personal; y
      (g) cualquier otro factor que sea pertinente para
      justificar el reclamo. Íd., sec. 6852. (Énfasis nuestro).

      A saber, la otorgación del derecho a permanecer en la vivienda

familiar es una determinación que se debe tomar a tenor con las

circunstancias particulares de cada caso. Rodríguez v. Pérez, 161

DPR 637, 652 (2004). No obstante, la determinación judicial debe

ser lo que proceda en justicia a los fines de salvaguardar el bienestar

de los menores, con primacía sobre el interés propietario del otro ex-

cónyuge. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 540-544

(2007); Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655, 660 (1978). En tal

sentido, el máximo foro judicial estableció:

      Hemos reconocido que el derecho de dominio no es
      atribución absoluta de su titular y que está supeditada
      a      intereses    sociales    de     orden    superior,
      significativamente la protección de la vivienda. Hemos
      sostenido que en Puerto Rico, como en toda sociedad
      civilizada, hay un eminente interés social en proteger y
      fomentar la adquisición por cada familia de una
      vivienda segura, cómoda y adecuada, reflejado en una
      política pública de claros perfiles en la profusa
      legislación aprobada a lo largo de los a[ñ]os. Cruz Cruz
      v. Irizarry Tirado, supra, en las págs. 660-661.
KLAN202300637 cons. KLAN202300994                   Página 12 de 14

      A su vez, el derecho a hogar seguro se extiende a la vivienda

familiar habitual cuando constituya un bien privativo del padre no

custodio. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, en la pág. 544.

      Esbozada la normativa jurídica atinente a los hechos de este

caso, procedemos a resolver.

                                 -III-

      En el recurso KLAN202300637, el señor Barreto Rodríguez

nos presenta dos (2) señalamiento de errores atribuidos al TPI, que

por estar intrínsecamente imbricados, los discutiremos en conjunto.

En síntesis, el señor Barreto Rodríguez estableció que erró el TPI al

no desestimar los reclamos de pensión pendente lite y ex-cónyuge

de la señora Monroig Tavárez.

      No tiene razón el señor Barreto Rodríguez. Tras un sosegado

análisis de los errores planteados, así como de los documentos que

obran en el expediente ante nos, incluyendo la transcripción de la

vista celebrada el 28 de junio de 2023, concluimos que el TPI no

actuó con error manifiesto, perjuicio, parcialidad o pasión en su

determinación.   Por   esta    razón,    como   Curia   apelativa,   no

intervendremos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de

credibilidad ni las determinaciones de hechos efectuadas por el TPI.

Atisbamos que el Foro Primario no actuó mediante inclinaciones

personales que lo indujeran a adoptar posiciones, preferencias o

rechazos con respecto a las partes en la petición de pensión

pendente lite y ex-cónyuge de la señora Monroig Tavárez. De un

examen integral de la prueba documental y testifical, resulta

palpable que la determinación del TPI referente a pensión pendente

lite y ex-cónyuge de la señora Monroig Tavárez no demuestra estar

en conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la

totalidad de la evidencia recibida por las partes. Concluimos que

existe base suficiente para sostener la pensión pendente lite
KLAN202300637 cons. KLAN202300994                    Página 13 de 14

otorgada a la señora Monroig Tavárez y para señalar una vista

posterior a advenir firme el divorcio para la pensión alimentaria de

la ex-cónyuge Monroig Tavárez. Sépase que en la petición sobre

pensión pendente lite se debe demostrar que está pendiente un

proceso de divorcio, que el cónyuge en necesidad no cuenta con

suficientes recursos propios para vivir durante el juicio y que el otro

cónyuge posee bienes que administra. Atisbamos que en la vista de

divorcio, la señora demostró a satisfacción del Tribunal todos los

elementos para la otorgación de dicha pensión pendente lite. Por otro

lado, en la Sentencia apelada, correctamente el Foro a quo aplicó la

normativa jurídica de atender el reclamo de pensión alimentaria de

la ex-cónyuge, posterior a la fecha en que adviniese firme la

sentencia de divorcio. Igualmente, la señora Monroig Tavárez podía

realizar su reclamo durante el proceso de divorcio.

      En el recurso KLAN20230994, la señora Monroig Tavárez

señaló que el TPI erró al declarar no ha lugar la solicitud de hogar

seguro en beneficio de los menores de edad procreados entre las

partes.

      Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración,

determinamos     expedir   el   auto   de   certiorari   y   revocar   la

determinación del TPI para evitar un fracaso irremediable de la

justicia. Durante la vista sobre divorcio, quedó flagrantemente

establecido que el señor Barreto Rodríguez y la señora Monroig

Tavárez poseen una vivienda en Hatillo, no obstante, tras advenir en

conocimiento de las condiciones especiales de su hijo, adquirieron

el apartamento en San Juan para buscarle tratamiento y una

escuela especializada que atienda sus necesidades. En concreto, el

propósito de la adquisición del apartamento fue otorgarle la

asistencia especial que requiere la salud y el bienestar del hijo de

las partes. Durante la vista, se demostró que la hija de las partes

cursa estudios universitarios en San Juan, mientras que el hijo
KLAN202300637 cons. KLAN202300994                    Página 14 de 14

asiste a una escuela especializada en San Juan y recibe tratamiento

médico en el área metropolitana, por lo que a la señora Monroig

Tavárez se le ha facilitado residir en el apartamento de San Juan,

antes y durante el proceso de divorcio. Por consiguiente, los hechos

antes aludidos son razón suficiente para conceder el derecho de los

menores de edad a permanecer en la vivienda familiar por el uso y

el destino del apartamento en San Juan durante la vigencia del

matrimonio y el proceso de divorcio. Por ello, erró el TPI al entender

que el testimonio presentado durante la vista no fue suficiente para

hacer una determinación de hogar seguro. Así las cosas, revocamos

la Resolución recurrida y, en consecuencia, declaramos Ha Lugar la

petición de hogar seguro presentada por la señora Monroig Tavárez,

sobre el apartamento sito en San Juan, Puerto Rico.

                                 -IV-

      Por   los   fundamentos    que    anteceden,   confirmamos    la

Sentencia emitida el 28 de junio de 2023 por el TPI, concediendo

una pensión pendente lite a favor de la señora Monroig Tavárez. A

su vez, expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución

emitida el 16 de octubre de 2023 por el TPI, en la que se denegó la

solicitud de designar el apartamento de San Juan como hogar

seguro en beneficio de los menores de edad habidos en el

matrimonio Barreto-Monroig.

      Se devuelve el caso al TPI para que continúe con los

procedimientos, a tenor con lo resuelto por esta Curia Apelativa.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones