Court Opinion

ID: 9941402
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:32:06.256857+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:36.595484
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN
                            PANEL ESPECIAL

                                                 Revisión de Decisión
 COMISIÓN DE JUEGOS                              Administrativa
  DEL GOBIERNO DE                                procedente de la
    PUERTO RICO                                  Comisión de Juegos
                                                 del Gobierno de
         Recurrido                               Puerto Rico

                                             Caso Núm.:
              V.               KLRA202300523 NH-21-46

                                                 Sobre:
CAMARERO RACE TRACK;                             INVESTIGACIÓN
 SEÑOR LUCAS CASTRO                              bajo la Ley Núm.
  BADÍA; SEÑOR OMAR                              199 del 8 de
   CARRIÓN, AGENTE                               diciembre de 2014,
     HÍPICO #546                                 la cual enmienda los
                                                 Artículos 3, 4, 6 y 9,
                                                 12, 14, 15, 16, 19,
                                                 20, 26, 27, 28 y 30
     OMAR CARRIÓN                                de la Ley Núm. 83
       TORRES                                    del 2 de julio de
                                                 1987: “Artículo 12
        Recurrente                               (a) (13) – Facultades
                                                 del Administrador
                                                 Hípico; Licencias de
                                                 Agentes Hípicos,
                                                 Reglamento 8944 del
                                                 6 de abril del 2017,
                                                 Cap. 9, Art. XXII,
                                                 2201 (a) (b) (c) (d)

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Jueza
Martínez Cordero y el Juez Rivera Colón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

      El 6 de octubre de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, el señor Omar Carrión Torres (en adelante, el

recurrente o señor Carrión Torres), por medio de un recurso de

Revisión Judicial, en el que nos solicita la revisión de una Resolución

emitida el 28 de octubre de 2022, y notificada el 4 de agosto de 2023,

por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (en adelante,

la recurrida o la Comisión de Juegos). En virtud de la referida

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLRA202300523                                                      2

Resolución, y en lo aquí pertinente, la Comisión de Juegos dispuso

que el recurrente debía esperar a una determinación de aprobación

o denegación de licencia, emitida por el Director Ejecutivo de la

Comisión de Juegos, para solicitar autorización como parte

interventora.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la determinación recurrida.

                                  I

      Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe son los

que adelante se esbozan.

      El 6 de noviembre de 2020, el señor Lucas Castro Badia (en

adelante, señor Castro Badia), presentó una solicitud de licencia

para la apertura de una agencia hípica #2412, por medio de la

gerente del Sistema de Videojuegos Electrónicos de Camarero Race

Track Inc., empresa operadora del Hipódromo Camarero (en

adelante, Camarero). En razón de ello, el 2 de marzo de 2021, el

señor Carrión Torres, dueño de la agencia hípica #546, dirigió una

misiva a la Administración de la Industria del Deporte Hípico (AIDC),

titulada RE: Oposición a la Solicitud de Licencia de Agencia Hípica,

Propiedad Colindante a la Agencia #546 del Barrio Celada de Gurabo.

Por medio de esta, el recurrente adujo que inicialmente se le había

indicado que la agencia para la cual solicitaban la licencia se

ubicaría dentro del garaje de gasolina, continuo a su local. No

obstante, expresó que, luego se percató de que donde se pretendía

abrir dicha agencia era en la misma propiedad del garaje de

gasolina, pero en un local distinto. A esos efectos, esgrimió que la

licencia fue solicitada para establecer una agencia hípica similar a

la suya, y la cual llevaba 30 años operando. Especificó que, ambas

agencias estarían a ciento cinco (105) pies de distancia. En atención

a ello, el señor Carrión Torres solicitó que se denegara la licencia,
KLRA202300523                                                               3

toda vez que la expedición de la misma no respondía a los mejores

intereses del deporte hípico.

       El 24 de junio de 2021, Camarero remitió una carta al Director

Ejecutivo de la Comisión de Juegos, así como al Director del

Negociado       Hípico     de    la    misma       agencia,       recomendando

favorablemente la aprobación de la solicitud del señor Castro Badia.

Posteriormente, el 7 de julio de 2021, un inspector de la Oficina de

Investigación y Regulación del Negociado Hípico realizó una

inspección de la agencia hípica #2412. El 14 de julio de 2021, este

último rindió un informe de la investigación ante la Comisión de

Juegos, indicando, a grandes rasgos, que la aprobación de la

licencia afectaría grandemente los ingresos del negocio del señor

Carrión Torres.

       Así las cosas, el 29 de septiembre de 2021, notificada al

siguiente día, el Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos emitió

una Orden, con el propósito de iniciar un proceso de investigación,

de conformidad con la autoridad concedida en la Ley Núm. 83 de 2

de julio de 1987, 15 LPRA § 198 et seq., conocida como la Ley de la

Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico.1 El Director Ejecutivo de

la Comisión de Juegos designó al licenciado José R. Martínez Ramos

como Juez Administrativo para que iniciara el proceso de

investigación y, entre otras funciones, rindiera una resolución

“conteniendo sus determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho… disponiendo de la controversia, en este caso en todo lo

relacionado con la solicitud #2412 y si procede o no la misma.”2 En

adición, citó a las partes al salón de vistas del Negociado Hípico,

para el 21 de octubre de 2021, a los fines de que prestaran su

testimonio y sometieran toda la prueba que entendieran pertinente

1 Véase, Artículo 5(a)(10), 15 LPRA § 198k, de la referida Ley.
2 Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 88.
KLRA202300523                                                               4

para la investigación, y así determinar si procedía o no la concesión

de la licencia.

       Conforme surge del expediente administrativo, tras varias

incidencias procesales innecesarias pormenorizar, la vista en sus

méritos se celebró el 26 de abril de 2022.

       Cabe destacar que, en el ínterin, específicamente el 1 de

noviembre de 2021, Camarero presentó un documento ante la

Comisión de Juegos, intitulado Comparecencia de Camarero Race

Track Corp. En esencia, reiteró que endosó su aprobación de la

licencia del señor Castro Badia. Añadió que, el recurrente no había

fundamentado en derecho la justificación de una denegatoria.

Finalmente,       solicitó,   entre    otros,    que     cumpliera   con   los

procedimientos para la determinación sobre la apertura de la nueva

agencia.

       Luego de escuchar los planteamientos de las partes, el 5 de

julio de 20223, el Juez Administrativo emitió Resolución, denegando

la solicitud de agencia hípica #2412. Según surge de la misma, el

Juez Administrativo razonó que no existía un protocolo que

estableciera los requisitos para la aprobación de licencias y

denegación de agentes hípicos, conforme lo establece el Reglamento

Núm. 8944 del 6 de abril de 2017, conocido como el Reglamento

Hípico Parte General y de Licencias.

       En desacuerdo, el 1 de agosto de 2022, el señor Castro Badia

presentó un recurso de Revisión Administrativa ante la Junta de

Comisionados de la Comisión de Juegos (en adelante, Junta de

Comisionados). A través de esta, solicitó la revocación de la referida

Resolución. En atención a ello, el 28 de octubre de 2022, la Junta

de Comisionados desestimó el recurso instado. En su dictamen,

expresó que el Juez Administrativo actuó ultra vires, puesto que,

3 La resolución fue notificada el 11 de julio de 2022.
KLRA202300523                                                                 5

según se desprendía de la delegación que le fue hecha, su función

se limitaba a presentar un informe con determinaciones de hechos

y conclusiones de derecho. Añadió que, “la facultad adjudicativa[,] a

los fines de determinar si denegaba o no la solicitud de licencia de

agente hípico del señor Castro [Badía]”4, fue retenida por el Director

Ejecutivo de la Comisión de Juegos.

        Por otro lado, la Junta de Comisionados concluyó que el señor

Carrión Torres no tenía legitimación activa para actuar como parte

interventora. En lo específico, dispuso lo siguiente:

        [E]l señor Omar Carrión venía obligado a esperar a que
        el Director Ejecutivo determinara si aprobaba la licencia
        del Sr. Castro, para entonces poder tener legitimación
        activa para iniciar un procedimiento adjudicativ[o] ante
        la Comisión de Juegos. Del mismo modo, el Sr. Omar
        Carrión venía obligado a esperar a que el Director
        Ejecutivo determinara si denegaba la licencia del Sr.
        Castro, en cuyo caso, de éste último iniciar un
        procedimiento ante la Comisión de Juegos, el Sr. Omar
        Carrión, podía solicitar autorización como parte
        interventora.5

        En    consonancia      con    todo    lo    anterior,   la   Junta   de

Comisionados devolvió la solicitud de licencia al Director Ejecutivo

de    la   Comisión     de    Juegos     para      la   continuación   de    los

procedimientos, a los fines de determinar si concedía o denegaba la

licencia solicitada.

        Cabe destacar que, dicha              Resolución fue inicialmente

notificada el 31 de octubre de 2022. No obstante, conforme surge

del expediente, la Comisión de Juegos remitió la notificación al

representante legal del recurrente, utilizando una dirección de

correo electrónico incorrecta. Ante ello, el 27 de diciembre de 2022,

se envió una segunda notificación a todas las partes.

        Inconforme, el señor Carrión Torres acudió por primera vez

ante esta Curia, el 26 de enero de 2023, mediante recurso de

4 Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 15.
5 Íd., pág. 16.
KLRA202300523                                                                     6

Revisión Judicial, alegando que la Comisión de Juegos había

cometido dos (2) errores.

       Mediante Sentencia emitida por este mismo panel, el 28 de

abril de 2023, en el caso con identificación alfanumérica

KLRA202300045, resolvimos desestimar el recurso, toda vez que,

razonamos que el mismo era prematuro. En lo específico,

dispusimos que, la Resolución recurrida no incluía las advertencias

requeridas por nuestro ordenamiento jurídico en torno al derecho

de revisión. A esos efectos, señalamos que no hubo una notificación

adecuada, y ello nos privaba de jurisdicción en ese momento para

atender el recurso. En adición, advertimos a las partes que lo

resuelto no impedía su comparecencia futura, ello luego de que la

Comisión de Juegos notificara adecuadamente su determinación.

       Más adelante, el 4 de agosto de 2023, la Resolución fue

nuevamente         notificada,       con      las      advertencias        legales

correspondientes.6 Ante ello, el 6 de octubre de 2023, el señor

Carrión Torres instó el presente recurso de Revisión Judicial, y nos

expone los siguientes señalamientos de error:

       1- Erró la Honorable Comisión de Juegos del Gobierno
          de Puerto Rico en coartar los derechos
          constitucionales de una parte indispensable en el
          pleito administrativo.

       2- Erró la Honorable Comisión de Juegos del Gobierno
          de Puerto Rico en emitir una resolución que carece
          de planteamientos en derecho para sustentarse.

       El 17 de octubre de 2023, emitimos Resolución interlocutoria

mediante la cual, en lo pertinente, concedimos a la parte recurrida

hasta el 6 de noviembre de 2023 para presentar su alegato en

6 Precisa señalar que, el 30 de junio de 2023, el señor Carrión Torres presentó un

Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Por
medio del mismo, solicitó que se ordenara a la Comisión de Juegos a emitir la
Resolución del 28 de octubre de 2022, notificada formalmente el 27 de diciembre
de 2022, con todas las exigencias en ley relacionadas a la notificación adecuada.
Tras varios trámites procesales, el 31 de agosto de 2023, el foro primario
desestimó el caso. En esencia, toda vez que la Comisión de Juegos notificó la
Resolución el 4 de agosto de 2023 –incluyendo las advertencias del derecho de
notificación pertinentes– la controversia ante el tribunal a quo se tornó académica,
por lo que el foro carecía de jurisdicción.
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oposición. Le apercibimos que, transcurrido el término dispuesto, el

recurso se entendería perfeccionado para su adjudicación final. En

adición, ordenamos a la Comisión de Juegos a someter copia

certificada del expediente administrativo.

      En cumplimiento, el 1 de noviembre de 2023, compareció el

señor Castro Badia mediante Oposición a Recurso de Revisión

Judicial. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2023, la Comisión de

Juegos presentó su Oposición a Recurso de Revisión. En igual fecha,

presentó Moción en Cumplimiento de Orden, acompañando con copia

del expediente administrativo del caso NH-21-46.

      Perfeccionado   el   recurso,        y   con    el     beneficio      de   la

comparecencia de las partes, procedemos a disponer del mismo.

                                     II

A. Revisión Determinaciones Administrativas

      Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados

por   la   Asamblea   Legislativa.        Hernández        Feliciano   v.    Mun.

Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023); OEG v. Martínez

Giraud, 210 DPR 79, 87-89 (2022); Pérez López v. Depto. Corrección,

208 DPR 656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR

803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016);

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012); Asoc.

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por

ello, que, tales determinaciones suponen una presunción de

legalidad y corrección, que a los tribunales nos corresponde

respetar, mientras la parte que las impugne no presente prueba

suficiente para derrotarlas. Íd. No obstante, tal norma no es
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absoluta. Es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables,

ilegales o contrarias a derecho.

       En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

       [L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de
       una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá
       cuando: (1) la determinación administrativa no está
       basada en evidencia sustancial; (2) el ente
       administrativo erró en la aplicación o interpretación de
       las leyes o reglamentos que se le ha encomendado
       administrar; (3) el organismo administrativo actuó
       arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
       determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
       actuación      administrativa      lesionó     derechos
       constitucionales    fundamentales.      Es   importante
       destacar que si el tribunal no se encuentra frente a
       alguna de esas situaciones, aunque exista más de
       una interpretación razonable de los hechos procede
       que se valide la interpretación que realizó la agencia
       administrativa recurrida. (Énfasis suplido).7

       El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las

decisiones      administrativas    es   el   criterio   de   razonabilidad.

Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez

Giraud, supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820;

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

pág. 673; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, supra.

7 Véase además, Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; Super Asphalt

v. AFI y otros, supra.
KLRA202300523                                                         9

      Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de

junio de 2017, 3 LPRA § 9675, conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(en adelante, LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las

agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra,

pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber:

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Hernández

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud,

supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v.

Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675.

Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta intervención “debe

ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la

aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36.

Siendo así, aquellas determinaciones de hechos formuladas por el

ente administrativo deberán sostenerse cuando estén basadas en

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo

considerado en su totalidad. Íd.; Hernández Feliciano v. Mun.

Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt

v. AFI y otros, supra. Por otro lado, las determinaciones de derecho

pueden ser revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec.

4.5 LPAU, 3 LPRA § 9675. No obstante, los tribunales deberán darles

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte.

Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. El

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los
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tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede

si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria,

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales

fundamentales. Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra.

       Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que,

conforme lo anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer

en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria realizada

por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario al

propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política

pública que promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise

administrativo, concedido cuando las agencias interpretan la ley,

tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales

o que conduzcan a la comisión de una injusticia”. Íd.

B. Comisión de Juegos y Facultades del Director Ejecutivo

       La Ley Núm. 81 de 29 de julio de 2019, 15 LPRA § 981 et seq.,

conocida como la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de

Puerto Rico (en adelante, Ley Núm. 81-2019), establece la política

pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada a las apuestas en

eventos deportivos y ligas de juegos electrónicos. A través de la

referida Ley, se creó la Comisión de Juegos de Puerto Rico, a los

fines de regir y fiscalizar todos los asuntos de la industria de

apuestas autorizadas por internet, en deportes, ligas de juegos

electrónicos y, asuntos dispuestos en la Ley sobre Juegos al Azar y

Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos8, y en la Ley

de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico9. 15 LPRA § 982a.

       Así pues, la Comisión de Juegos ostenta facultad para

reglamentar lo concerniente a la industria y el deporte hípico.

Artículo 4(a) de la Ley Núm. 83-1987, 15 LPRA § 198e. A tenor, y en

8 Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada; 15 LPRA § 71 et seq.
9 Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada; 15 LPRA § 198 et seq.
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lo que aquí concierne, la Comisión de Juegos faculta a su director

ejecutivo a, entre otras cosas, otorgar, suspender o cancelar las

licencias de dueños de caballos, jinetes, entrenadores, mozos de

cuadra, agentes hípicos o cualquier otro tipo de licencia o permiso

relacionado con la actividad hípica. Artículo 5(a)(2) de la Ley Núm.

83-1987, 15 LPRA § 198k. Como corolario, el director ejecutivo

podrá    llevar   a   cabo   aquellas   investigaciones    que    entienda

necesarias, para determinar si alguna persona ha violado la Ley

Núm. 83-1987, o cualquier reglamento u orden promulgada de

acuerdo con la misma. En adición, el director ejecutivo tiene

facultad para delegar a un oficial examinador, para que este reciba

prueba en relación a cualquier querella o asunto presentado ante sí.

Dicho oficial examinador podrá “tomar juramento de los testigos que

comparezcan ante él y deberá rendir un informe al Director

Ejecutivo    conteniendo      sus   determinaciones       de     hechos   y

conclusiones de derecho.” Artículo 5(a)(10) de la Ley Núm. 83-1987,

15 LPRA § 198k.

C. Parte Interventora en Procedimientos Adjudicativos y en la
   Concesión de Licencias

        La LPAU define interventor como “aquella persona que no sea

parte original en cualquier procedimiento adjudicativo que la

agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés

en el procedimiento.” (Énfasis nuestro). Sección 1.3(f) de la LPAU, 3

LPRA § 9603. Añade que, para que se le permita intervenir o

participar a una parte que tenga un interés legítimo en un

procedimiento adjudicativo, esta viene obligada a presentar una

solicitud por escrito y debidamente fundamentada ante la agencia.

Sección 3.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9645. Dicho de otra manera, una

persona interesada en intervenir en un proceso adjudicativo debe

presentar una solicitud en la que claramente demuestre cómo se

afectará su interés por la decisión administrativa. Metro Senior v.
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AFV, 209 DPR 203 (2022); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 DPR

563, 576 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR

177, 193 (2009).

      La agencia deberá considerar la solicitud y podrá concederla

o denegarla a su discreción, tomando en consideración los

siguientes factores:

      (a) Que el interés del peticionario puede ser afectado
          adversamente por el procedimiento adjudicativo.

      (b) Que no existan otros medios en derecho para que el
          peticionado pueda proteger adecuadamente su
          interés.

      (c) Que el interés del peticionario ya esté representado
          adecuadamente por las partes en el procedimiento.

      (d) Que la participación del peticionario pueda ayudar
          razonablemente a preparar un expediente más
          completo del procedimiento.

      (e) Que la participación del peticionario pueda extender
          o dilatar excesivamente el procedimiento.

      (f) Que el peticionario represente o sea portavoz de
          otros grupos o entidades de la comunidad.

      (g) Que el peticionario pueda aportar información,
          pericia,      conocimientos     especializados     o
          asesoramiento técnico que no estaría disponible de
          otro modo en el procedimiento. Claro TV y Junta
          Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177, 208 (2010); JP,
          Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs.
          189-190.

      El derecho de intervención únicamente existe y está

disponible dentro de un procedimiento adjudicativo. Claro TV y

Junta Regl. Tel. v. One Link, supra, pág. 209. En lo pertinente al caso

de marras, el Tribunal Supremo ha dicho que el proceso inicial en

el que se dilucida si se concede o no una licencia, no es de

naturaleza adjudicativa. En lo específico, el Alto Foro explicó lo

siguiente:

      [E]l proceso inicial de concesión de licencia o franquicia
      no es adjudicativo y, por lo tanto, en esa etapa es
      inaplicable el derecho de intervención. Esta
      determinación no se altera por el hecho de que existan
      leyes especiales reguladas por las agencias que
      permitan una mayor participación, incluso específica y
      definida, de personas que se opongan a la solicitud de
KLRA202300523                                                         13

       franquicia o permiso. Aunque tal consideración podría
       hacer parecer que este proceso es adjudicativo, no lo es
       porque no se está cuestionando la decisión de una
       agencia ni se está contraponiendo un derecho sobre
       otro. La participación de estas personas sólo es un
       mecanismo para obtener información que le pueda ser
       útil a la agencia para tomar la determinación de
       conceder o denegar una licencia, permiso o franquicia.
       Llegar a una conclusión diferente derrotaría nuestra
       política pública sobre las telecomunicaciones y los
       propósitos del Capítulo V. de la L.P.A.U. (Énfasis
       suplido). Íd., pág. 211.

                                        III

       En esencia, nos corresponde determinar si, la Comisión de

Juegos incidió al determinar que el señor Carrión Torres no tenía

legitimación activa para actuar como parte interventora, en el

proceso de concesión de licencia al señor Castro Badia, para la

apertura de la agencia hípica #2412. Sostiene el recurrente que, la

Comisión de Juegos coartó sus derechos constitucionales como

parte indispensable, y no fundamentó en derecho su determinación.

       Conforme el derecho expuesto, la figura del interventor en

trámites ante agencias surge únicamente cuando se está ante un

procedimiento adjudicativo. Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One

Link, supra. Más específicamente, se ha resuelto que, en los trámites

de concesión de licencia, el derecho de intervención no tiene lugar

sino hasta que se determine si se concede o deniega la misma.10

       Evaluada la controversia ante nuestra consideración bajo

dicho precepto legal, se desprende de manifiesto que, en el presente

caso aún no está operante el derecho de intervención. Veamos.

       Surge del tracto reseñado que, el señor Carrión Torres

presentó una carta ante la Comisión de Juegos, oponiéndose a la

concesión de licencia a favor del señor Castro Badia. Posteriormente,

el Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos, bajo las facultades

que le confiere la ley habilitadora, designó un Juez Administrativo,

a los fines de determinar si se debía o no conceder la referida

10 Véase, Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, supra, pág. 211.
KLRA202300523                                                                 14

licencia. El Juez Administrativo realizó su labor, y emitió una

Resolución, el 5 de julio de 2022, por medio de la cual, denegó la

solicitud presentada por el señor Castro Badia.

       No obstante, la determinación del Juez Administrativo fue

revocada por la Junta de Comisionados, bajo el fundamento de que

este actuó ultra vires. En resumidas cuentas, la Junta de

Comisionados concluyó que, quien ostentaba la facultad para

determinar si se denegaba o se concedía la licencia, era el Director

Ejecutivo de la Comisión de Juegos. A esos fines, la Junta de

Comisionados devolvió el caso al Director Ejecutivo de la Comisión

de Juegos, para que este emitiera su determinación en cuanto a la

licencia.

       De lo anterior, surge claramente que aún no existe una

determinación final de la agencia, sobre si concede o no la licencia

al señor Castro Badia. En ese sentido, queda claro que el proceso de

concesión de licencia a favor del señor Castro Badia se encuentra

en su etapa inicial. Es decir, lo que se ha llevado a cabo ante la

Comisión de Juegos, hasta este momento, constituye la etapa

preliminar del proceso, en el que la agencia pondera si concede o no

la licencia solicitada.11 Si bien es cierto que dicho proceso está

íntimamente atado con el proceso adjudicativo de concesión de

licencia12, el mismo es uno evaluativo y no constituye en manera

alguna un proceso adjudicativo. Insistimos en que, el derecho de

intervención en casos como el presente, surge una vez se haya

determinado si procede o no la concesión de la licencia solicitada.

       Toda vez que, la Comisión de Juegos aún no ha emitido su

determinación en cuanto a la referida licencia, no cabe hablar del

derecho de intervención en el presente caso. Al momento, no

existe un derecho de intervención que le permita al señor Castro

11 Véase, Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, supra, pág. 216.
12 Véase, San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 390 (2001).
KLRA202300523                                                                     15

Torres presentar una solicitud para participar en el procedimiento

como parte interventora. Cónsono a ello, avalamos la decisión de la

Comisión de Juegos, en cuanto a que el señor Carrión Torres viene

obligado a esperar que la agencia determine si aprueba o deniega la

licencia del señor Castro Badia, para adquirir legitimación activa y

poder solicitar autorización como parte interventora.

       A tenor con todo lo anterior, razonamos que en el caso de

marras no se justifica nuestra intervención. Consideramos que, la

recurrida no actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera

de los poderes que le fueron delegados.13 Asimismo, somos del

criterio de que, el recurrente no logró rebatir la presunción de

corrección que cobija la determinación recurrida. Por tal razón, la

Resolución emitida por la Junta de Comisionados de la Comisión de

Juegos merece la mayor deferencia de este Honorable Tribunal.

                                         IV

       Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen

recurrido.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud,

supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje
Isla Verde, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Pérez López v.
Depto. Corrección, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón
Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra,
pág. 216.