Court Opinion

ID: 9962760
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:49:42.793894+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:32.638643
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPCECIAL

JULIO H. JUSINO                                        REVISIÓN
                                                       procedente del
Recurrido                                              Departamento
                                                       de Asuntos del
               v.                        KLRA202300483 Consumidor
MFS CONTRACTORS CORP.
SAMUEL TORRES
BERROCALES                                                      Querella Núm.:
SAMUEL TORRES                                                   MAY-2019-
BERROCALES h/n/c MFS                                            0001707
CONTRACTORS, CORP.
SAMUEL TORRES
BERROCALES y la Sociedad
de Bienes Gananciales                                           Sobre:
integrada con JENNY DOE                                         Contrato de Obras
JENNY DOE y la Sociedad de                                      y Servicios
Bienes Gananciales
integrada con SAMUEL
TORRES BERROCALES
JENNY DOE
COMERCIAL SABANEÑO, INC.
h/n/c CASAS UNIVERSALES
Recurrente
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, la Jueza
Álvarez Esnard, la Jueza Díaz Rivera y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

       Mediante       Recurso       de    revisión      judicial    de     decisión

administrativa comparece Comercial Sabaneño, Inc. (Recurrente o

Comercial Sabaneño) y nos solicita que revoquemos la Resolución del

21 de julio de 2023, emitida por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACo).2 Esta ordenó que Comercial Sabaneño

respondiera por los daños causados a Julio H. Jusino (Recurrido o

Sr. Jusino) por defectos de construcción e incumplimiento de

contrato.3

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023,
se designó a la Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel
Especial en sustitución del Hon. Carlos I. Candelaria Rosa.
2 Apéndice de Recurso de revisión judicial de decisión administrativa, Anejo I, págs.

1-13. Notificada y archivada en autos el 21 de julio de 2023.
3 Íd.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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        En atención al Recurso de revisión judicial, el 15 de septiembre

de 2023, emitimos una Resolución en la que ordenamos la

comparecencia de las partes y señalamos que no advertiríamos de

los requerimientos procesales ni de sus plazos.                 Empero varias

notificaciones, la parte Recurrida no ha comparecido. Como

cuestión de umbral, prescindimos de su comparecencia con el

propósito de lograr el más justo y eficiente despacho y proveer el

más amplio acceso al Tribunal a tenor con la Regla 7 (B) (5) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)

(5).

        Por       los   fundamentos   a        continuación,   confirmamos   la

Resolución de referencia.

                                          I.

        Según el DACo, Comercial Sabaneño es una corporación con

fines de lucro debidamente registrada en el Departamento de Estado

de Puerto Rico y dedicada a los servicios de ferretería y de

construcción.4 El Comercial Sabaneño opera un establecimiento en

Sabana Grande, PR, que, entre los servicios que ofrece, vende casas

prefabricadas.

        El 22 de marzo de 2018, el Sr. Jusino pactó con Comercial

Sabaneño, mediante Contrato de Venta, para la construcción de una

casa prefabricada por $63,049.43.5 El Contrato de Venta contenía

una oferta de “servicio ingeniero, supervisión de etapas y gestión de

permiso de construcción y uso”.6 Para cumplir con dicha oferta,

Comercial Sabaneño contrató los servicios del Ingeniero Monserrate

González Lugo (Ingeniero González Lugo) para ejecutar las labores

de supervisión, ingeniería y permisología requerida para la

construcción de la propiedad.7 Según el testimonio de la Sra. Lilliam

4 Íd., pág. 4.
5 Íd., Anejo X, págs. 77-85.
6 Íd., pág. 77.
7 Íd., Anejo I, pág. 3.
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Torres Martínez, vendedora de Comercial Sabaneño, Inc., el

ingeniero se escogió luego de cotizar “varios ingenieros y el mejor

que cotizó, el más económico, decidimos dar una oferta para el

beneficio de las personas que en [el 2018] compraban su casa; se le

ofrecía la oferta de ingeniero que no tenían que pagarlo, lo

[costeábamos] nosotros acá”.8 Del expediente, se desprende que el

criterio más importante en la selección del ingeniero fue el factor

económico. Esto se realizó sin la participación del Sr. Jusino en el

proceso.9

      El Comercial Sabaneño también le recomendó al Sr. Jusino

los servicios de la corporación MSF Contractors Corp. para la

construcción de la propiedad. El presidente y dueño de MFS

Contractors Corp. es el señor Samuel Torres Berrocales, hermano

de la Sra. Torres Martínez e hijo del señor Carlos Torres Berrocales,

presidente de Comercial Sabaneño y Casas Universales.10 Durante

su testimonio, el Sr. Jusino declaró que [la Sra. Torres Martínez] se

lo recomendó al cien por ciento (100%)”11 y que luego en la tarde,

luego de hablar con la Sra. Torres Martínez, el Sr. Torres Berrocales

lo llamó. Dijo el Sr. Jusino que “me metió un montón de cosas y yo

pues, creyendo que estaba bregando con gente seria, pues yo le dije

pues está bien, yo te la voy a dar a ti y allí empezó todo esto, estos

problemas”.12 Así las cosas, el Sr. Jusino y MSF Contractors Corp.

pactaron en el precio de $98,890.00 para la fabricación de la casa

en todas sus etapas.13

      En resumen, el Sr. Jusino pactó con MSF Contractors Corp.

y con Comercial Sabaneño. Con Comercial Sabaneño, el Sr. Jusino

convino en entregar $63,049.43 a cambio de los materiales y planos

8 Acta de Transcripción de vistas celebradas en Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO), 18 de noviembre de 2022.
9 Íd., pág. 21.
10 Íd., págs. 7-8 y 24.
11 Íd., pág. 105.
12 Íd., pág. 106.
13 Íd., pág. 109; Anejo I, supra, pág. 4.
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de construcción, los servicios de ingeniería, la supervisión de etapas

de construcción y la gestión de permisos de construcción y uso. Con

MSF Contractors Corp., el Sr. Jusino pactó entregar $98,890.00 a

cambio de la construcción de la casa según los planos provistos por

Comercial Sabaneño. Para cumplir con sus obligaciones, Comercial

Sabaneño contrató, sin la participación del Sr. Jusino, los servicios

del Ingeniero González Lugo.

         La construcción demoró varios meses, durante los cuales el

Ingeniero     González       Lugo   alegadamente   realizó   inspecciones

periódicas y certificó que los trabajos cumplían con los planos

aprobados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).14 Sin

embargo, la determinación de hechos en la Resolución concluyó que:

                Al finalizar la construcción, el Ingeniero [González
         Lugo] realizó una última inspección en la que informó
         que: (a) se observó que la terminación del piso muestra
         grietas y no se pulió el mismo, (b) las paredes aparentan
         no tener segunda mano de pintura en primer y segundo
         nivel, (c) falta de empañetado en el muro periferal de
         toda la marquesina, (d) en algunas áreas, el
         empañetado no fue terminado apropiadamente, (e)
         algunos receptáculos de los baños y cocina no son a
         prueba de electrocución, (f) algunos operadores de las
         ventanas no funcionan bien, (g) en varias puertas no
         funcionan las cerraduras, (h) los relieves que sobresalen
         las columnas se deberán corregir, (i) falta de llave de
         paso angular, (k) la zapata del pedestal eléctrico está
         expuesta, (l) la tubería sanitaria que corre hacia el pozo
         séptico está expuesta. No tienen la profundidad
         requerida. (m) una de las losetas en la sala está mal
         instalada, (n) la huella del primer escalón (bajando
         hacia la primera planta) no cumple con los
         requerimientos mínimos de huella y contrahuella (tiene
         4 pulgadas de contrahuella), (o) [l]a instalación de los
         lavamanos no cumple con la altura indicada en los
         planos, (p) falta instalación de pasamanos y barandas
         de la escalera.15
         A pesar de que la inspección final no reflejó las certificaciones

por etapa que realizó el Ingeniero González Lugo, la propiedad fue

entregada al Sr. Jusino sin corregir las deficiencias anteriormente

señaladas. En efecto, la propiedad se encontraba incompleta, puesto

que no cumplía con los planos provistos por Comercial Sabaneño ni

14 Anejo I, supra, pág. 4.
15 Íd.
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con el contrato de construcción entre el Sr. Jusino y MSF

Contractors Corp. La casa requería de múltiples arreglos y

correcciones para que el Sr. Jusino la pudiera vivir. Para mitigar los

daños, el Sr. Jusino se vio obligado a realizar reparaciones valoradas

en aproximadamente $8,150.00.16 También se vio obligado a

contratar los servicios del Ingeniero José L. Pérez Berenguer para

que evaluara la obra. Este certificó que la obra estaba defectuosa e

incompleta.17

        Así las cosas, el 9 de septiembre de 2019, el Sr. Jusino

presentó una Querella ante DACo en contra de Comercial

Sabaneño, MSF Contractors Corp., Samuel Torres Berrocales,

Samuel Torres Berrocales h/n/c MFS Contractors Corp., Samuel

Torres Berrocales y la sociedad de Bienes Gananciales integrada con

Jenny Doe, Jenny Doe y la sociedad de Bienes Gananciales

integrada con Samuel Torres Berrocales y Jenny Doe (en conjunto,

Co-Querellados) por incumplimiento de contrato y defectos de

construcción.18 Solicitó como remedio una indemnización no menor

de $45,000.00 como compensación por los daños causados.19

Únicamente compareció Comercial Sabaneño, por lo que se le anotó

la rebeldía al resto de los Co-Querellados. Aunque Comercial

Sabaneño solicitó la acumulación del Ingeniero González Lugo, el

DACo rechazó su inclusión como parte.

        El DACo ordenó la inspección de la propiedad. El 20 de mayo

de 2020, el inspector del DACo notificó sus conclusiones. En el

Informe, el inspector concluyó que:

        [H]emos analizado el plano y en este no contempla
        paredes viradas, enlucido áspero, empozamientos de
        agua, ventanas mal instaladas, obviar rejas, y
        terminaciones defectuosas. Entendemos que el
        ingeniero [González Lugo] debió supervisar los
        trabajaos de contratista. De estos haber sido
        supervisados, el defecto de paredes viradas no hubiese
16 Íd., pág. 6.
17 Íd., págs. 4-6.
18 Íd., Anejo IV, págs. 32-46.
19 Íd., pág. 46.
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        sucedido, así como la construcción de lavarropas más
        pequeño de lo señalado en el plano.20
        El 21 de julio de 2023, luego de analizar los hechos y celebrar

una vista, DACo emitió su Resolución. Ordenó:

        [A] los co-querellados, MFS Contractors Corp., el señor
        Samuel Torres Berrocales y el Comercial Sabaneño
        Corp. h/n/c Casas Universales, a que dentro del
        improrrogable término de treinta (30) días, a partir de
        la fecha de notificación de la presente Resolución, pague
        la cantidad de cincuenta y tres mil novecientos
        cincuenta y cinco dólares ($53,955.00) al Querellante,
        Julio H. Jusino, con el interés legal al tipo que fija la ley
        computado desde la fecha en que se ordena el pago
        hasta que el mismo sea satisfecho.21
        El 8 de agosto de 2023, Comercial Sabaneño solicitó

reconsideración, la cual fue denegada y notificada el 15 de agosto

de 2023. Inconforme, el 13 de septiembre de 2023, Comercial

Sabaneño presentó el Recurso ante nuestra consideración. En este,

hace los siguientes señalamientos de error:

        PRIMER ERROR: EL D.A.Co. ERRÓ EN LA SEGUNDA
        ORACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE HECHOS
        NÚMERO 1 AL ESTABLECER QUE “EL COMERCIAL
        SABANEÑO SE DEDICA A LOS SERVICIOS DE
        FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN”. ELLO PARECE
        SER UN ERROR TIPOGRÁFICO, POR LO QUE LA
        DETERMINACIÓN    CONFORME      LA    PRUEBA
        ESTIPULADA, QUE FUE OFRECIDA DURANTE LA
        VISTA Y QUE CORRESPONDE A LA VERDAD DEBE
        DECIR “EL COMERCIAL SABANEÑO SE DEDICA A
        LOS SERVICIOS DE FERRETERÍA Y VENTA DE
        MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

        SEGUNDO ERROR: EL D.A.Co. ERRÓ AL IMPONER
        RESPONSABILIDAD A COMERCIAL SABANEÑO INC.
        H/N/C CASAS UNIVERSALES, CUANDO DICHA
        ENTIDAD NO PARTICIPÓ EN LA CONSTRUCCIÓN NI
        EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PUES DICHAS
        ACTIVIDADES    ÚNICAMENTE    PUEDEN   SER
        REALIZADAS      POR     UN    PROFESIONAL
        ESPECIALIZADO Y LEGITIMADO PARA ELLO.

        TERCER ERROR: EL D.A.Co. ERRÓ AL NO
        PERMITIR    LA  INCLUSIÓN  COMO  PARTE
        INDISPENSABLE DEL INGENIERO MONSERRATE
        GONZÁLEZ LUGO Y/O J.R. CONTRACTORS
        (INGENIEROS), QUIEN FUE EL PROFESIONAL
        ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN DE LA
        CONSTRUCCIÓN.

20 Íd., Anejo VII, pág. 67. (Énfasis nuestro).
21 Íd., Anejo I, pág. 11.
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      CUARTO    ERROR:   EL   D.A.Co.  ERRÓ   AL
      DETERMINAR QUE COMERCIAL SABANEÑO INC.
      H/N/C CASAS UNIVERSALES DEBE RESPONDER EN
      LA MISMA MEDIDA Y SOLIDARIAMENTE QUE EL
      CONTRATISTA QUE CONSTRUYÓ LA CASA Y POR
      LAS ACCIONES U OMISIONES DEL INGENIERO QUE
      SUPERVISÓ LA CONSTRUCCIÓN QUE ES UN
      TERCERO QUE NO ES PARTE DE LA QUERELLA,
      AUN CUANDO NO HAY NINGÚN SEÑALAMIENTO DE
      DEFECTOS O DAÑOS QUE SURGIERAN COMO
      CONSECUENCIA      DEL     CONTRATO      DE
      COMPRAVENTA Y/O DEL PLANO ACORDADO Y/O
      PROVISTO POR EL COMERCIAL SABANEÑO, INC. Y
      QUE COMERCIAL SABANEÑO, INC. NO BRINDA
      SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN O INGENIERÍA.

      En resumen, para atender las reclamaciones de Comercial

Sabaneño, debemos contestar los siguientes interrogativos: (1) ¿Es

Comercial Sabaneño una empresa dedicada a proveer servicios de

construcción?; (2) ¿Es el Ingeniero Martínez Lugo una parte

indispensable en un pleito alegando incumplimiento contractual

ante el DACo?; (3) ¿Responde Comercial       Sabaneño ante el Sr.

Jusino por los daños causados por los actos u omisiones del

Ingeniero González Lugo?; y, (4) ¿Responde Comercial Sabaneño

solidariamente con MSF Contractors Corp. y los otros Co-

Querellados?

      Examinados los hechos que dieron lugar a la presente

controversia, procedemos a discutir el derecho aplicable.

                                 II.

                                 A.

      El Artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley

Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y (c)) faculta al Tribunal de

Apelaciones a atender las decisiones, órdenes y resoluciones finales

de   organismos   o   agencias   administrativas.   Los   organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, puesto que

estos tienen el conocimiento especializado sobre los asuntos que les

han sido delegados. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211

DPR 99 (2023); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016);

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012). Al
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momento de revisar una decisión administrativa, el principio rector

es el criterio de la razonabilidad de las decisiones y actuaciones de

la agencia. Íd. Todas las decisiones administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección, por lo que la parte que las

impugne debe producir suficiente evidencia para derrotarla. Íd.

      Las facultades adjudicativas de una agencia están regidas por

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU) y

por la jurisprudencia aplicable. La sección 3.1 de la LPAU, Íd.,

requiere que las agencias fundamenten sus resoluciones con

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Estas

determinaciones deben reflejar que se consideraron y resolvieron los

conflictos de prueba y, además, deben describir tanto los hechos

probados como los rechazados. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR

254, 265 (2007). Por lo tanto, la facultad revisora de los tribunales

está limitada a determinar: (1) que el remedio concedido por la

agencia fuese el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho

estuvieron basadas en evidencia sustancial que obre en el

expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho

fueron correctas mediante su revisión completa y absoluta. LPAU,

supra, sec. 4.5.

      Sobre nuestra facultad revisora, el Tribunal Supremo ha

expresado que:

      [L]as determinaciones de hecho se deben sostener si
      se fundamentan en evidencia sustancial que surja de
      la totalidad del expediente administrativo. Mientras,
      la deferencia antes mencionada no se extiende de
      manera automática a las conclusiones de derecho
      emitidas por la agencia, ya que estas serán revisables
      en todos sus aspectos por el tribunal. Esto es, que el
      tribunal las puede revisar sin sujeción a norma o
      criterio alguno. Hernández Feliciano v. Mun.
      Quebradillas, supra, pág. 115. (citas omitidas) (Énfasis
      nuestro).

      “[L]os foros apelativos debemos diferenciar entre asuntos de

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialistas,
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y los asuntos propios de la discreción o la pericia administrativa”.

Íd., pág. 116. Al revisar las determinaciones de hecho, los tribunales

solo pueden sustituir su criterio por el de la agencia cuando las

determinaciones no están fundamentadas en evidencia sustancial.

“Evidencia sustancial es ‘aquella evidencia relevante que una mente

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una

conclusión’”. Empresas Ferrer v. A.R.Pe., supra, pág. 266 (citando a

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 (2006)). La

parte que impugne una determinación “tiene que convencer al

tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la agencia para

formular tales determinaciones no es sustancial”. Otero v. Toyota,

163 DPR 716, 728 (2005).

      Los tribunales les deben menor deferencia a las conclusiones

de   derecho   de   las   agencias.     Hernández Feliciano v.        Mun.

Quebradillas, supra, pág. 115. Aun así, la interpretación judicial del

derecho   no   constituye    una      sustitución   automática   de    las

conclusiones de derechos de una agencia. Íd. En otras palabras, la

deferencia disminuida no trata de una revisión de novo. El criterio

administrativo solo debe ser descartado cuando “no se pueda hallar

fundamento racional que explique o justifique el dictamen

administrativo”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36

(2018).

                                   B.

      La Asamblea Legislativa creó el Departamento de Asuntos del

Consumidor con el propósito primordial de “vindicar e implementar

los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias;

así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios

sobre los artículos y servicios de use y consumo”. Ley Núm. 5 de 23

de abril de 1973, (3 LPRA sec. 341b). Entre sus responsabilidades,

el DACo tiene la responsabilidad de fiscalizar la industria de
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construcción y todos los servicios que la componen. Ley Núm. 130

de 13 de junio de 1967, (17 LPRA 501 et seq.) (Ley Núm. 130).

      Para lograr estos propósitos, el DACo aprobó el Reglamento

Núm. 2268, Para Regular las Distintas Actividades que se Llevan a

Cabo en el Negocio de la Construcción de Viviendas Privadas en

Puerto Rico, Departamento de Asuntos del Consumidor, del 17 de

agosto de 1977 (Reglamento Núm. 2268). Tanto la Ley Núm. 130

como el reglamento Núm. 2268 definen lo que es un “Urbanizador

y/o Constructor”. Íd., sec. 1 (f); Ley Núm. 130, supra, Art. 2 (d). Un

constructor es “toda persona que se dedique al negocio de la

construcción en calidad de empresario o principal responsable de

la   promoción,     diseño,   ventas,   construcción    de   obras   de

urbanización para viviendas, o de la construcción en grande escala

de viviendas, bien del tipo individual o multipisos”. (Énfasis

nuestro).

                                  C.

      “La indispensabilidad de una parte deviene del mandato

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. R. Hernández

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed.

rev., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 2017, pág. 165. Una parte

indispensable es:

      [A]quella que tiene tal interés en la cuestión envuelta en
      la controversia que no puede dictarse un decreto final
      entre las partes en la acción sin lesionar y afectar
      radicalmente su interés, o sin permitir que la
      controversia quede en tal estado que su determinación
      final haya de ser inconsistente con la equidad y una
      conciencia limpia. Cirino González v. Adm. Corrección et
      al., 190 DPR 14, 46 (2014).

      Por lo tanto, “la falta de parte indispensable incide sobre la

jurisdicción del Tribunal, y […] reconocida la ausencia de una parte

indispensable, debe desestimarse la acción”. García Colón et al. v.

Sucn. González, 178 DPR 527, 561 (2010) (opinión en conformidad
KLRA202300483                                          Página 11 de 23

de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez); Véase además

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223-224 (2007).

        Nuestro Tribunal Supremo ha desarrollado criterios que

deben     considerarse   para     determinar   quién    es   una   parte

indispensable.

        Al determinar si una persona es una parte
        indispensable en un pleito, se requiere un enfoque
        pragmático      e     individualizado,      según    las
        particularidades de cada caso. A tal efecto, el tribunal
        deberá examinar los intereses implicados y distinguir
        entre los diversos géneros de casos. Ello exige una
        evaluación jurídica de factores tales como tiempo,
        lugar, modo, alegaciones, prueba, clases de
        derechos, intereses en conflicto, resultado y
        formalidad. A su vez, se deberá auscultar si el
        tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio
        final y completo sin afectar los intereses del
        ausente”. FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 531-532
        (2023). (Citas omitidas) (Énfasis nuestro).

        No toda parte que tenga derecho a comparecer o solicitar

intervención en un caso es parte indispensable. Una parte

indispensable es aquella que tiene un interés común en el pleito.

Hernández Colón, op. cit., pág. 166. Sin embargo, dicho interés no

es cualquier interés sobre el pleito. “El interés común tiene que ser

uno real e inmediato”. Íd. No puede estar basado en especulaciones

ni eventos futuros.

        Ahora bien, las Reglas de Procedimiento Civil no aplican

automáticamente a los procesos administrativos. SLG Saldaña-

Saldaña v. Junta, 201 DPR 615 (2018); Pérez v. VPH Motors Corp.,

152 DPR 475 (2000) (per curiam). “[N]ada impide que las Reglas de

Procedimiento Civil se adopten para guiar el curso del proceso

administrativo, siempre y cuando no sean incompatibles con él y

propicien una solución justa, rápida y económica”. SLG Saldaña-

Saldaña v. Junta, supra, pág. 623. Esto pues los procesos

administrativos deben ser ágiles y sencillos para propiciar que

personas legas lo utilicen. Íd.
KLRA202300483                                          Página 12 de 23

        La Regla 24 del Reglamento Núm. 8034, Reglamento de

Procedimientos       Adjudicativos,   del   14   de   junio    de   2011,

Departamento de Asuntos del Consumidor (Reglamento Núm. 8094)

dispone que “[l]as Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia no

serán de estricta aplicación a las vistas administrativas, sino en la

medida en que el Funcionario o Panel de Jueces que presida la vista

o el Departamento estime necesario para llevar a cabo los fines de

la justicia”.

        La LPAU, supra, establece los criterios para determinar quién

es parte en un proceso administrativo. En este contexto, una “parte”

es:

        [T]oda persona o agencia autorizada por ley a quien se
        dirija específicamente la acción de una agencia o que
        sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir
        o participar en la misma, o que haya radicado una
        petición para la revisión o cumplimiento de una orden,
        o que sea designada como parte en dicho
        procedimiento. Íd., sec. 1.3 (k).

        Puede ser parte tanto aquellas personas incluidas en el pleito

originalmente como aquellas que hayan sido permitidas intervenir.

Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010). En adición,

puede ser parte aquella persona “cuyos derechos y obligaciones

pueden verse afectados adversamente por la acción o inacción de la

agencia”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177,

188 (2009).

        Los tribunales deben actuar con precaución al momento de

acumular una parte indispensable a un pleito administrativo. Ante

la    falta   de   una   parte   indispensable   en   un   procedimiento

administrativo, esta Curia ha concluido que la inclusión de un

tercero en un procedimiento administrativo sin que el querellante o

la agencia lo estime necesario podría complicar y retrasar los

procedimientos.22

22 Véanse KLRA202300341, panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez

Ramos, el Juez Rivera Torres y el Juez Cruz Hiraldo (juez ponente);
KLRA202300483                                               Página 13 de 23

                                       D.

       La obligación “consiste en el deber de realizar una prestación.

Esta es la conducta que ha de seguir el obligado para extinguir la

obligación mediante el correspondiente acto de cumplimiento”. J.

Puig Brutau, Compendio de derecho civil, 2a ed. rev., Barcelona, Ed.

Bosch, 1994, Vol. II, pág. 1. De particular interés a nuestro análisis

son las obligaciones que nacen de los contratos.

       Un contrato es el negocio jurídico entre dos o más personas

donde las partes contratantes se obligan a dar, hacer o no hacer una

cosa. El Artículo 1044 del Código Civil de 1930,23 (30 LPRA sec.

2994) (Código Civil de 1930) dispone que “[l]as obligaciones que

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes

contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”. Los

contratantes pueden exigir el cumplimiento específico con las

cláusulas y condiciones pactadas. Casera Foods v. E.L.A., 108 DPR

850 (1979). “Si los términos de un contrato son claros y no dejan

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido

literal de sus cláusulas”. Código Civil de 1930, supra, Art. 1233. Los

contratantes      se   “obligan,    no      sólo   al   cumplimiento      de   lo

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

Íd., Art. 1210.

       Cuando una parte no cumple lo pactado, incurre en

incumplimiento contractual. “[L]a responsabilidad contractual se

basa ‘en el quebrantamiento de un deber que surge de un contrato

expreso o implícito’. A través de las acciones ex contractu se vindican

los daños acaecidos como consecuencia del incumplimiento de

KLRA201200587, panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la
Jueza Varona Méndez y la Juez Gómez Córdova (juez ponente).
23 Aunque el Código Civil de 1930 fue derogado tras la aprobación del Código Civil

de 2020, Ley Núm. 55-2020, (31 LPRA sec. 5311 et seq.), hacemos referencia al
Código Civil de 1930 puesto que estaba vigente cuando el contrato entre el Sr.
Jusino y el Comercial Sabaneño fue constituido.
KLRA202300483                                       Página 14 de 23

obligaciones previamente pactadas”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.

First Bank, 193 DPR 38, 56 (2015) (citando a Soc. de Gananciales v.

Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 521 (1998)). Como los contratos

regulan las relaciones entre las partes contratantes, las acciones por

incumplimiento solo pueden ser ejercitadas por una parte

contratante contra otra. Íd., pág. 57. El deudor que incumpla con

sus obligaciones responde “con todos sus bienes presentes y

futuros”. Código Civil de 1930, supra, Art. 1811. Un acreedor tiene

causa de acción contra un deudor por el mero incumplimiento con

las obligaciones contractuales. Puig Brutau, op. cit., págs. 129-130.

      “El Código Civil distingue entre la acción de daños y perjuicios

extracontractual establecida en su Art. 1802 y la derivada del

incumplimiento contractual”. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs, 174 DPR

813, 818 (2008). Si bien existe una causa de acción en contra de un

deudor que incumple, también existe causa de acción en contra de

un tercero que frustre una obligación contractual. Es patentemente

claro que dicho tercero no puede ser una parte contratante; trata de

un extraño completo al contrato. Esta causa de acción es

enteramente independiente a la causa de acción que surge por

incumplimiento contractual.

      Lo contratos no pueden obligar a terceros; estos solo obligan

a las partes contratantes. Código Civil de 1930, supra, Art. 1209. En

consecuencia, una parte no puede unilateralmente crear un vínculo

entre un tercero y todos los contratantes. Nuestro Tribunal Supremo

ha reconocido una causa de acción al amparo del Art. 1802 del

Código Civil de 1930 en contra de un tercero por la interferencia

culposa con las obligaciones contractuales. Gen. Office Prods. v. A.M.

Capen’s Sons, 115 DPR 553 (1984).

      El Tribunal Supremo ha desarrollado los requisitos para la

acción de interferencia culposa con las obligaciones contractuales.

Primero, tiene que existir un contrato. Sin la existencia de un
KLRA202300483                                            Página 15 de 23

contrato, no procede la acción. Segundo, tiene que mediar la culpa.

No basta con mera negligencia, el tercero tiene que haber actuado

intencionalmente con conocimiento de la existencia de un contrato.

Los terceros y cuartos requisitos son que haya ocurrido un daño y

que este sea a causa de la interferencia del tercero. Íd., págs. 558-

559.

       El   tratadista   José   Puig    Brutau     nos    dice   que   “[l]a

responsabilidad del deudor puede derivar del retraso o mora en el

cumplimiento,     del    incumplimiento    total     imputable     y   del

cumplimiento defectuoso de la obligación”.                 Íd., pág. 139.

(Énfasis nuestro). Por lo tanto, “es fuente de responsabilidad

cualquier acto contrario a la diligencia que exige el cumplimiento de

la prestación debida, causando un perjuicio al acreedor”. Íd. Esto

es, aunque el deudor cumpla con su obligación, su cumplimiento

“no se ajusta a lo que exige el vínculo obligatorio; es decir, cumple,

pero cumple mal”. Íd., pág. 130.

                                   E.

       La norma vigente en nuestro ordenamiento jurídico es que, en

las relaciones contractuales, no se presume la solidaridad.

Menéndez, Velázquez v. Rodríguez et al., 203 DPR 885 (2020)

(Opinión en conformidad de la Jueza Asociada Señora Rodríguez

Rodríguez); Quílez-Velar et al. v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079

(2017). El Art. 1090 del Código Civil de 1930 “establece la

mancomunidad como la regla y la solidaridad como la excepción, y

surge esta última solo cuando la obligación expresamente lo

determine”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365,

375 (2012). “A diferencia de las obligaciones mancomunadas, en las

solidarias el énfasis es en la totalidad de la responsabilidad en cada

una de las partes. Todos los deudores solidarios son responsables

frente al acreedor por la totalidad de la deuda”. M. E. García
KLRA202300483                                            Página 16 de 23

Cárdenas, Derecho de obligaciones y contratos, 2a ed. rev., Puerto

Rico, MJ Editores, 2017, págs. 125-126.

      El Código Civil de 1930 distingue entre la solidaridad

voluntaria, que es la pactada, y la legal, que es la que impone la ley,

el Código Civil y la jurisprudencia. Íd., pág. 127. El Art. 1483 del

Código Civil de 1930, supra, dispone que:

      El contratista de un edificio que se arruinase por vicios
      de la construcción responde de los daños y perjuicios si
      la ruina tuviere lugar dentro de diez (10) años, contados
      desde     que    concluyó     la   construcción;    igual
      responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el
      arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios
      del suelo o de la dirección. (Énfasis nuestro).

      Ante este escenario, el Código Civil de 1930 le impone

responsabilidad solidaria, ante la ruina, causada por vicios de

construcción o incumplimiento de condiciones contractuales, al

contratista   de   construcción    y   al   arquitecto    que   dirige   la

construcción. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 475

(1997). “La doctrina concurre en que los vicios de construcción son

aquéllos concernientes a los materiales empleados y a la ejecución

de la obra”. Íd.

      El Art. 1483 aplica “a aquellos vicios e imperfecciones que

causen la ruina del edificio; ya sea la ruina total, la ruina parcial, la

amenaza de ruina o la ruina funcional, distintas etapas éstas

jurisprudencialmente reconocidas como ruina”. Íd., págs. 465-466.

Para que aplique el Art. 1483 del Código Civil de 1930, es imperativo

que la obra esté en estado de ruina. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 421 (2003).

      Nuestro ordenamiento reconoce cuatro tipos de ruina: la ruina

total, la ruina parcial, la amenaza de ruina y la ruina funcional. Íd.

Cualquiera de las modalidades de ruina puede activar las

disposiciones del Art. 1483. Las primeras tres modalidades implican

un derrumbe o amenaza de derrumbe o colapso.
KLRA202300483                                      Página 17 de 23

      Existe ruina total cuando se compromete la solidez o
      estabilidad del edificio. La ruina parcial provoca el
      derrumbamiento de uno de los elementos estructurales
      del edificio, pero no la totalidad de éste. La amenaza de
      ruina implica la degradación parcial de los elementos
      del edificio que, a su vez, compromete su solidez
      estructural o parte de ésta. Íd.

      Sin embargo, la ruina funcional no requiere que parte de la

obra haya colapsado o esté en peligro de colapsar.

      En la situación particular de la ruina funcional no es
      necesario que se comprometa la solidez o
      estabilidad del edificio. Resulta imperiosa, sin
      embargo, la existencia de graves defectos o vicios. Para
      hacer esta determinación hemos considerado si los
      defectos o vicios afectan seriamente la utilización y el
      disfrute de la edificación, si exceden de la medida de las
      imperfecciones que cabe esperar en una construcción o
      si causan un perjuicio considerable. Rivera v. A&C
      Development Corp., supra, pág. 466 (citas omitidas).
      (Énfasis nuestro).

      Se considera que un edificio se encuentra en estado
      de ruina funcional cuando los vicios de los que
      adolece: (1) amenazan la seguridad pública o
      estabilidad del edificio; (2) le causan un perjuicio
      grave al dueño; (3) tornan la obra en impropia para
      el uso a que se le destina, o (4) exceden las medidas
      de las imperfecciones que cabe esperar razonablemente
      en una construcción. La presencia de cualquiera de
      estas situaciones en una construcción produce un
      estado de ruina funcional. El hecho de estar la
      estructura en ese estado no implica que estén
      amenazados de ruina sus elementos vitales. No
      obstante, se afecta severamente su utilización y
      disfrute. Pacheco v. Estancias, supra, págs. 420-421.
      (Énfasis nuestro).

      “Una vez el dueño del edificio presenta prueba que demuestre

que los vicios de construcción que sufre el edificio provocan alguno

de los tipos de ruina antes mencionados, se activa una presunción

de culpa, de negligencia o de ambas en contra del contratista que

tuvo a su cargo la construcción”. Íd., pág. 421. Para rebatir la

presunción de responsabilidad, el contratista o el arquitecto deben

“probar mediante preponderancia de prueba que no se deben a su

intervención, sino que se trata de un caso de fuerza mayor,

totalmente imprevisible e inevitable en los conocimientos y medios

técnicos de la profesión”. Roselló Cruz v. García, 116 DPR 511, 519

(1985). Ahora bien, cuando no es un arquitecto, sino un ingeniero,
KLRA202300483                                     Página 18 de 23

quien dirige la obra, “la doctrina española sostiene que debe

someterse a la misma responsabilidad que al arquitecto”. Íd. Esta

interpretación ha sido adoptada en Puerto Rico. “Estamos de

acuerdo con esta interpretación pues responde a la realidad en

nuestro medio de que, en muchas ocasiones quien está a cargo del

diseño del proyecto y su dirección es un ingeniero y no un

arquitecto”. Íd., págs. 519-520.

      No olvidemos que cuando existen obligaciones solidarias, el

acreedor le puede exigir a cualquiera de los deudores solidarios la

totalidad de la deuda. “El efecto fundamental de la solidaridad

pasiva es el de que el pago hecho por uno de los deudores solidarios

extingue la obligación”. J. Puig Brutau, op. cit., pág. 41 (cita

omitida). Ahora bien, “[a]l pagar uno de los deudores solidarios la

deuda que afectaba a todos deberá procederse a la redistribución

del gravamen entre ellos”. Íd., pág. 42. Esta es la acción conocida

como la nivelación. “El propósito fundamental del derecho de

nivelación en Puerto Rico ha sido el de evitar el enriquecimiento

injusto”. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 654

(2003). El Art. 1098 del Código Civil de 1930, supra, incorpora este

concepto a nuestro ordenamiento jurídico. Dispone que:

            El pago hecho por uno de los deudores solidarios
      extingue la obligación.
            El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus
      codeudores la parte que a cada uno corresponda, con
      los intereses del anticipo.
            La falta de cumplimiento de la obligación por
      insolvencia del deudor solidario será suplida por sus
      codeudores a prorrata de la deuda de cada uno. (Énfasis
      nuestro).

      Con el derecho aplicable esbozado, nos encontramos en

posición de resolver.

                                   III.

      En el caso de autos, Comercial Sabaneño ha señalado varios

errores que debemos atender. En primer lugar, señala que DACo
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erró al concluir que Comercial Sabaneño, Inc. es una empresa

dedicada a proveer servicios de construcción.

       Recordemos         que,     ante     la    revisión      de     decisiones

administrativas, debemos otorgarle deferencia a las agencias por el

conocimiento y peritaje que estas tienen en las materias que les

competen. Al momento de tomar decisiones, las agencias deben

hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Los

tribunales deben sostener determinaciones de hechos si se

fundamentan en evidencia sustancial que surja de la totalidad del

expediente       administrativo.       Hernández         Feliciano     v.    Mun.

Quebradillas, supra, pág. 115.

       De la prueba contenida en el expediente, no surge que DACo

haya cometido el error señalado. Las alegaciones de Comercial

Sabaneño estuvieron basadas únicamente en los testimonios de

empleadas       de    Comercial      Sabaneño       ofrecidos     en    la       vista

administrativa.24 Sin embargo, la definición de un “constructor”

según la Ley Núm. 130, supra, y el Reglamento Núm. 2268, supra,

incluye a toda persona que “se dedique al negocio de la construcción

en calidad de empresario o principal responsable de la promoción,

diseño, venta, construcción de obras de urbanización para

vivienda, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien

del tipo individual o multipisos”. (Énfasis nuestro). Por admisión de

Comercial Sabaneño, este y Casas Universales se dedican a la

promoción y venta de casas prefabricadas.25 Esto incluye la venta

de materiales de construcción y de los planos de dichas propiedades.

       Debemos tener meridianamente claro que la definición

abarcadora del concepto de construcción se debe a la importancia

que le ha otorgado la Asamblea Legislativa y la política pública al

hogar.

24 Acta de Transcripción, supra, págs. 7, 10-12 y 17-18.
25 Recurso de revisión judicial de decisión administrativa, supra, págs. 9-10.
KLRA202300483                                         Página 20 de 23

            Uno de los principios cardinales del Propósito de
      Puerto Rico es que cada familia puertorriqueña tenga
      un hogar propio. Tal hogar debe ser uno adecuado que
      responda a las necesidades, aspiraciones y recursos
      económicos de nuestros conciudadanos, y que le
      permita desarrollar y disfrutar a plenitud su vida
      familiar y comunal.
            […]
            Corresponde a nuestro Gobierno proteger a sus
      ciudadanos contra tales prácticas a fin de garantizar
      que la política pública de que cada familia tenga un
      hogar propio y adecuado se cumpla a plenitud en todos
      sus aspectos. Es por esto que se hace necesario
      proteger adecuadamente a los compradores de
      viviendas, prevenir practicas indeseables en el
      negocio de la construcción, regular los contratos de
      construcción y crear una oficina que se ocupe de
      promover los objetivos de esta ley. Exposición de
      Motivos de la Ley Núm. 130, supra. (Énfasis nuestro).

      Ello   de   por   sí   constituye   razón   suficiente   para   la

determinación tomada por DACo.

      Atendido el primer error, pasamos a determinar si el Ingeniero

González Lugo es una parte indispensable y si Comercial Sabaneño

responde por los daños causado por los actos u omisiones del

mismo.

      Como    hemos     resaltado,   la   inclusión   de   una   parte

indispensable es fundamental para que un tribunal pueda resolver

una controversia. Sin la acumulación de una parte indispensable,

el tribunal carece de jurisdicción y debe desestimar el caso. Ahora

bien, también hemos señalado que las Reglas de Procedimiento Civil

no aplican en los procedimientos ante el DACo. Esto no quiere decir

que el foro administrativo puede afectar los derechos de una parte

indispensable sin haberla acumulado al pleito.

      Luego de analizar los hechos según el derecho aplicable,

concluimos que el Ingeniero González Lugo no es una parte

indispensable. En esencia, el caso ante nuestra consideración trata

sobre el incumplimiento de una obligación contractual. Entre el Sr.

Jusino y Comercial Sabaneño, existía un contrato de compraventa.

En el contrato, Comercial Sabaneño se obligó a proveer material de

construcción, planos de construcción y los servicios de ingeniería,
KLRA202300483                                         Página 21 de 23

supervisión de etapas y gestión de permisos de construcción y uso.

El Sr. Jusino tenía derecho a exigir cumplimiento específico con las

condiciones del contrato.

      Con    el    propósito   de   cumplir   con   sus     obligaciones

contractuales, Comercial Sabaneño contrató los servicios del

Ingeniero González Lugo. No existía relación contractual alguna

entre el Sr. Jusino y el Ingeniero González Lugo. La obligación de

Comercial Sabaneño ante el Sr. Jusino no se transfirió al Ingeniero

González Lugo por el mero hecho de este ser contratado. La relación

entre Comercial Sabaneño y el Ingeniero González Lugo en nada

afecta la relación contractual entre Comercial Sabaneño y el Sr.

Jusino. Resolver al contrario sería permitir que un deudor evite sus

obligaciones contractuales mediante la delegación de estas a

terceros.

      No hace falta la acumulación del Ingeniero González Lugo

para conceder un remedio final entre Comercial Sabaneño y el Sr.

Jusino. En el Contrato de Venta entre el Sr. Jusino y Comercial

Sabaneño, únicamente son estas las partes indispensables en un

pleito que se reclama su incumplimiento. Al no proveer servicios de

ingeniería, supervisión de etapas y gestión de permisos de

construcción y uso con la diligencia que se espera de la naturaleza

del negocio, Comercial Sabaneño cumplió defectuosamente sus

obligaciones contractuales. En consecuencia, Comercial Sabaneño

responde    por   el   incumplimiento   contractual    al   no   proveer

adecuadamente los servicios de ingeniería o supervisión de etapas

de construcción.

      Finalmente, Comercial Sabaneño alega que no debe responder

solidariamente con MSF Contractors Corp. Luego de analizar el

derecho vigente y aplicable, concluimos que no tiene razón.

      “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda

sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de
KLRA202300483                                          Página 22 de 23

sus cláusulas”. Código Civil de 1930, supra, Art. 1233. En el

Contrato de Venta entre el Sr. Jusino y Comercial Sabaneño dispone

que Comercial Sabaneño proveerá “servicio ingeniero, supervisión

de etapas, gestión de permisos de construcción y uso”. No cabe duda

de que Comercial Sabaneño se obligó a proveer los servicios de

ingeniería que supervisarían la construcción.

         Culminada la construcción de la obra, tanto el Ingeniero

González Lugo, el Ingeniero Pérez Berenguer y el inspector del DACo

concluyeron que la propiedad sufría de múltiples defectos. Como

hemos señalado, los tribunales son peritos en asuntos de derecho,

por lo que no le debemos una gran deferencia a las conclusiones de

derecho de los foros administrativos. Por lo tanto, podemos concluir

que los defectos señalados en la Resolución de DACo constituyen

una ruina funcional.

         Veamos nuevamente los defectos señalados:

                (a) se observó que la terminación del piso muestra
         grietas y no se pulió el mismo, (b) las paredes aparentan
         no tener segunda mano de pintura en primer y segundo
         nivel, (c) falta de empañetado en el muro periferal de
         toda la marquesina, (d) en algunas áreas, el
         empañetado no fue terminado apropiadamente, (e)
         algunos receptáculos de los baños y cocina no son a
         prueba de electrocución, (f) algunos operadores de las
         ventanas no funcionan bien, (g) en varias puertas no
         funcionan las cerraduras, (h) los relieves que sobresalen
         las columnas se deberán corregir, (i) falta de llave de
         paso angular, (k) la zapata del pedestal eléctrico está
         expuesta, (l) la tubería sanitaria que corre hacia el pozo
         séptico está expuesta. No tienen la profundidad
         requerida. (m) una de las losetas en la sala está mal
         instalada, (n) la huella del primer escalón (bajando
         hacia la primera planta) no cumple con los
         requerimientos mínimos de huella y contrahuella (tiene
         4 pulgadas de contrahuella), (o) [l]a instalación de los
         lavamanos no cumple con la altura indicada en los
         planos, (p) falta instalación de pasamanos y barandas
         de la escalera.26

         Por lo que es forzoso concluir que estos defectos, probados en

el foro administrativo, le causaron un perjuicio grave al dueño y

tornan la obra en impropia para el uso a que se le destina. En

26 Íd.
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consecuencia, y antes de poder vivir la casa, Sr. Jusino tuvo que

gastar más de $8,000 para corregir y sanear los defectos.

      El Art. 1483 le impone responsabilidad solidaria a los

contratistas de construcción y arquitecto que dirige la obra cuando

esta resulta en una ruina por causas de vicios de construcción. En

ausencia de un arquitecto, hemos reconocido que responde el

ingeniero supervisor.

      No tenemos duda que tanto MSF Contractors Corp. como

Comercial Sabaneño, por sus actos u omisiones, contribuyeron a la

ruina de la propiedad que recibió el Sr. Jusino. En el contrato entre

el Sr. Jusino y Comercial Sabaneño, fue Comercial Sabaneño quien

se obligó a proveer los servicios de ingeniería. Es este quien se obligó

a supervisar la construcción de la obra. Por lo tanto, responde

solidariamente con el contratista de construcción por los daños

causados.

      En conclusión, no se cometieron ninguno de los errores

señalados.

                                  IV.

      Por    los   fundamentos    que   anteceden,    confirmamos     la

Resolución del DACo.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

      La jueza Álvarez Esnard concurre con el resultado sin opinión

escrita.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones