Court Opinion

ID: 9962662
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:39:46.938423+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:23.438440
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

                                                      Apelación
                                                      procedente del
    MARTA VILLANUEVA                                  Tribunal de Primera
        OSORIO                                        Instancia, Sala de
                                                      Fajardo
    Demandante - Apelante       KLAN202400040
                                                      Civil núm.:
              v.                                      RG2021CV00434
                                                      (301)
      MICHAEL HARRIS
          LEVICH                             Sobre:
                                             Interdicto Preliminar;
  Demandado - Apelado                        Interdicto Provisional;
                                             Interdicto Permanente
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2024.

        El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) declaró sin lugar una

acción de injunction estatutario, bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, infra, conducente a detener o demoler una construcción.

Según se explica a continuación, concluimos que, como cuestión de

derecho, erró el TPI, pues no hay controversia sobre el hecho de que

la construcción carece de los permisos necesarios e, incluso ni

siquiera se han solicitado los mismos.

                                       I.

        En octubre de 2021, la Sa. Marta Villanueva Osorio (la

“Demandante”) presentó la acción de referencia, sobre interdicto

provisional, interdicto preliminar y permanente (la “Demanda”),

contra el Sr. Michael Harris Levich (el “Demandado”). Alegó que

estuvo casada con el Demandado hasta el año 2012, cuando se dictó

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para
la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes
adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLAN202200077).

Número Identificador
SEN2024________________
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una sentencia de divorcio. Sostuvo que las partes no han liquidado

la comunidad de bienes post ganancial.

      La Demandante alegó que el Demandado realizaba una

construcción ilegal en un predio de terreno, ubicado en el barrio

Guzmán Arriba de Río Grande, el cual era propiedad de la

comunidad post ganancial. Aseveró que ella no había autorizado la

construcción y, además, que el Demandado no contaba con los

permisos requeridos por ley. Arguyó que dicho proceder la exponía

a multas de las agencias gubernamentales correspondientes.

Solicitó que se le ordenara al Demandado detener la obra.

      Al cabo de algunos trámites procesales, el 14 de diciembre, el

TPI notificó una Sentencia mediante la cual desestimó la Demanda

(la “Primera Sentencia”). El TPI razonó que la Demandante no había

demostrado la existencia de un daño irreparable y que la

controversia entre las partes podía ser resuelta mediante una acción

de liquidación de comunidad post ganancial.

      La Demandante apeló y, mediante una Sentencia de 8 de

marzo de 2022 (“Nuestra Sentencia”, véase KLAN202200077),

revocamos la Primera Sentencia. Concluimos que la Demandante

tenía una causa de acción viable bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA sec. 9011 et

seq. (la “Ley 161”). Esta disposición permite solicitar un injunction

para detener, u ordenar la demolición de, una construcción que se

realiza sin los debidos permisos.

      En Nuestra Sentencia explicamos que:

      Cuando se trata de un injunction estatutario establecido
      por una ley especial, no es necesario que se cumpla
      con los requisitos del injunction clásico. Por tanto,
      no es necesario en este caso que se alegue, o se
      pruebe, la existencia de algún daño irreparable o que
      no haya algún otro remedio disponible en ley. Lo
      único que se requiere es que se pruebe lo que exige la
      ley especial, en este caso, el Artículo 14.1, supra. De
      otro modo, se frustraría el mandato legislativo
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         específicamente diseñado para proveer un remedio en
         este tipo de circunstancia. (Énfasis provisto).

Continuados los procedimientos ante el TPI, el 17 de noviembre de

2023, el TPI celebró una vista de interdicto preliminar.

         El 15 de diciembre, el TPI notificó una Sentencia (la

“Sentencia”) mediante la cual declaró sin lugar la Demanda. Ello

porque “nuestro ordenamiento posee[] un remedio en ley que atiende

las construcciones ilegales” y la Demandante “ya está[] haciendo uso

de dicho mecanismo”. El TPI añadió que era la Oficina de Gerencia

de Permisos (la “OGPe”) quien tenía el “expertise en la controversia”.

         Inconforme, el 12 de enero, la Demandante presentó la

apelación que nos ocupa; formuló los siguientes señalamientos de

error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha
         Lugar la demanda presentada al amparo de la Regla
         57.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.
         III, (sic) R. 7.3; y no auscultar en el análisis del derecho
         aplicable el artículo 14.1 de la Ley 161 conocida como
         La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de
         Puerto Rico tal y como fue indicado por el Tribunal de
         Apelaciones con relación al caso Marta Villanueva
         Osorio v. Michael Harris Levich, caso núm.:
         KLAN202200077.

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al no declarar Ha
         Lugar la demanda presentada; y por consiguiente no
         ordenar la demolición de la obra construida ilegalmente
         por el apelado, que aun al día de hoy no cuenta con los
         permisos de construcción requeridos para su legalidad
         de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1 de
         la Ley 161 conocida como la Ley para la Reforma del
         Proceso de Permisos de Puerto Rico.

         Mediante una Resolución de 17 de enero, le ordenamos al

Demandado presentar su alegato en o antes del 12 de febrero, según

lo contempla nuestro Reglamento. El Demandado no compareció ni

solicitó prórroga. Resolvemos.

                                     II.

         Ley 161, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue adoptada con el

propósito de establecer un nuevo procedimiento para la solicitud,

evaluación y concesión de permisos de uso, construcción y
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desarrollo de terrenos en Puerto Rico. Exposición de Motivos, Ley

Núm. 161.    Con su promulgación se pretendió transformar el

sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo que resultara

en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de

Motivos, Ley 161.

      La Ley 161 derogó la Ley Orgánica de la Administración de

Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23

LPRA ant. sec. 71, et seq., y creó la OGPe, organismo gubernamental

adscrito a la Junta de Planificación, a quien se le confirió la

jurisdicción para evaluar, conceder o denegar determinaciones

finales y permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en

Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9018. Así pues, la Administración de

Reglamentos y Permisos (“ARPe”) fue reemplazada por la OGPe como

la agencia administrativa encargada de la concesión de permisos.

23 LPRA sec. 9012d.

      En lo pertinente, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA

sec. 9024, dispone como sigue:

      La Junta de Planificación, así como cualquier entidad
      gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
      Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
      instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en
      representación del interés público o una persona
      privada, natural o jurídica, que tenga un interés
      propietario o personal que podría verse adversamente
      afectado, podrá presentar una acción de injunction,
      mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra
      acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un
      permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho
      utilizando información incorrecta o falsa; (2) la
      paralización de una obra iniciada sin contar con las
      autorizaciones y permisos correspondientes, o
      incumpliendo con las disposiciones y condiciones del
      permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no
      autorizado; (4) la demolición de obras construidas,
      que al momento de la presentación del recurso y al
      momento de adjudicar el mismo no cuenten con
      permiso de construcción, ya sea porque nunca se
      obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

      Indistintamente de haberse presentado una querella
      administrativa ante la Junta de Planificación, entidad
      gubernamental concernida, Municipio Autónomo con
      Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o
      instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando
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      los mismos hechos, una parte adversamente afectada
      podrá presentar un recurso extraordinario en el
      Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose
      presentado el recurso extraordinario al amparo de
      esta sección, la agencia administrativa perderá
      jurisdicción automáticamente sobre la querella y
      cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la
      misma será considerada ultra vires. (Énfasis provisto).
      […]

      El Artículo precitado estatuye un mecanismo interdictal

extraordinario, de carácter estatutario y sumario, “limitado a la

obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o

permanente de usos contrarios a la ley.” ARPe v. Rivera, 159 DPR

429, 443-444 (2003). Debido su naturaleza, el injunction estatutario

es independiente del injunction tradicional y, en consecuencia,

generalmente exento de las exigencias legales que rigen a este. Next

Step Medical v. Bromedicom et al., 190 DPR 474, 497 (2014).

      El injunction estatutario, al tener su origen en un mandato

legislativo expreso, no requiere que el peticionario cumpla con los

criterios de un injunction tradicional. ARPe, supra. De ahí que,

contrario al interdicto tradicional, su concesión “requiere un

tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más

acotado.” Next Step Medical, supra.

      Así   pues,   al   interponerse   una   petición   de   injunction

estatutario, “[no] se requiere alegación ni prueba de daños

irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha

violado las disposiciones de la ley.” ARPe, 159 DPR a la pág. 444.

      Por tanto, en el contexto específico del empleo del mecanismo

interdictal establecido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra,

será suficiente para ser acreedor a dicho remedio el que una persona

legitimada demuestre que: 1) existe una ley o reglamento que

reglamenta el uso o actividad denunciada y 2) la persona o personas
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señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación

a esa ley o reglamento. ARPe, 159 DPR a la pág. 445.2

                                        III.

       Como cuestión de derecho, erró el TPI al declarar sin lugar la

Demanda. En esencia, el TPI actuó por las mismas razones que

motivaron la Primera Sentencia; no obstante, ya en Nuestra

Sentencia determinamos que estas razones no eran válidas en

derecho. En otras palabras, el TPI pretendió disfrazar la Primera

Sentencia, por nosotros revocada, con otra ropa. Naturalmente, el

TPI no podía así actuar; tenía que acatar lo determinado por este

Tribunal, lo cual constituye la ley del caso.

       Según expuesto en Nuestra Sentencia, el Artículo 14.1 de la

Ley 161, ante, permite que una persona privada inste un recurso de

injunction para detener una construcción que no cuenta con los

permisos necesarios o para obtener una orden de demolición de lo

construido sin dichos permisos.                En los casos de injunction

estatutario, como el presente, no es necesario que la parte

interesada agote remedios, ni que demuestre que ha sufrido un daño

o que no tiene otro remedio disponible en ley.

       En este caso, y según surge de la propia Sentencia, el

Demandado (i) ha aceptado que realiza una construcción sin

permiso de OGPe, (ii) a pesar de saber que necesita dicho permiso,

y (iii) que no ha hecho nada para obtener el mismo, indicando que

no tiene inconveniente en pagar la multa que corresponda. Véase

Sentencia, Apéndice de la Apelación a la pág. 107 (el Demandado

“[a]dmitió que está haciendo la construcción sin permiso y que está

2 Los criterios aludidos se establecieron en ARPe v. Rivera, supra, bajo el Artículo

28 de la derogada Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA ant. sec. 72. Sin
embargo, el artículo derogado también permitía la presentación de recursos
extraordinarios ante el TPI, al igual que el vigente Artículo 14.1 de la Ley 161,
supra. Por tratarse de una norma en torno al injunction estatutario en este
contexto, es aplicable a la controversia de autos.
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dispuesto a pagar la multa que le fuera impuesta por su

construcción en la finca”).

      Ante esta situación, el TPI deberá, en o antes del 26 de abril

de 2024, realizar una vista para que el Demandado muestre causa

por la cual no se deba paralizar la construcción objeto de este caso,

ordenar la demolición de la construcción, o ambas. A menos que el

Demandado demuestre en la referida vista que ya ha obtenido los

permisos correspondientes, o que al menos OGPe tiene pendiente

una solicitud formal al respecto, el TPI deberá paralizar la

construcción y ordenar la demolición de lo construido.3

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia

apelada y se devuelve el caso para la continuación del caso de

conformidad con lo aquí resuelto y expuesto. Específicamente, el

TPI deberá, en o antes del 26 de abril de 2024, realizar una vista

para que el Demandado muestre causa por la cual no se deba

paralizar la construcción objeto de este caso, ordenar la demolición

de la construcción, o ambas. A menos que el Demandado demuestre

en   la   referida   vista     que   ya    ha   obtenido    los   permisos

correspondientes, o que al menos OGPe tiene pendiente una

solicitud formal al respecto, el TPI vendrá obligado a paralizar la

construcción y ordenar la demolición de lo construido.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

3 Somos conscientes que entre las partes se dilucida un pleito de división de
comunidad post ganancial instado por el Demandado (RG2022CV00136). No
obstante, el Demandado no ha controvertido que, al día de hoy, la propiedad
todavía pertenece a ambas partes.