Court Opinion

ID: 9916069
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:04.935587+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.727069
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA
                            PANEL ESPECIAL

                                                  Apelación
                                                  procedente del
      VENEZIA CLUB                                Tribunal de
       HOUSE LLC                                  Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
           Apelado                                Carolina

                                KLAN202300678 Caso Núm.:
              V.                              CA2021CV00111

                                                  Sobre:
JORGE JAVIER MARRERO                              Cumplimiento
   GERENA, ET AL.                                 Específico de
                                                  Contrato de Opción
          Apelante                                de Compraventa;
                                                  Daños
                                                  Contractuales

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      El 4 de agosto de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, el señor Jorge Javier Marrero Gerena (en adelante,

señor Marrero Gerena o parte apelante), por medio de Apelación.

Mediante esta, nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el 30

de junio de 2023, y notificada el 5 de julio de 2023, por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. En virtud del

aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por Venezia Club House, LLC (en

adelante, VCH o parte apelada) y le ordenó el cumplimiento del

contrato intitulado Option to Purchase Agreement (en adelante,

Contrato de Opción).

      Por los fundamentos que adelante se esbozan, se confirma el

dictamen apelado.

Número Identificador
SEN2023 ________________
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                                  I

       Como cuestión de umbral, es menester señalar que, esta es la

segunda ocasión en que las partes comparecen ante este foro revisor

dentro del mismo pleito.

       En apretada síntesis, el recurso de marras tiene su génesis en

una Demanda incoada por la parte apelada, el 19 de enero de 2021,

en contra del señor Marrero Gerena.1 En dicha Demanda, la parte

apelada reclamó el cumplimiento del Contrato de Opción, a través

del cual, el señor Marrero Gerena le concedió a VHC una opción de

compraventa de una propiedad sita en Carolina, Puerto Rico (en

adelante, la Propiedad).

       El aludido contrato estipulaba que, el precio para la venta de

la Propiedad consistía en la cantidad equivalente al balance de

cancelación a la fecha del cierre del primer gravamen hipotecario

que afectaba el inmueble a nombre del Banco Popular de Puerto

Rico. Entre los términos y condiciones del Contrato de Opción, el

término acordado para ejercer la opción de compra vencía el 12 de

noviembre de 2020 o quince (15) días laborables después de la

liberación del gravamen de segundo rango del Small Business

Administration (en adelante, SBA), lo que ocurriese primero. A su

vez, la cláusula número 2 del referido contrato, dispone lo siguiente:

       2. Grant of Option; Closing Date: Subject to the
       contingencies set forth herein, Seller grants Buyer an
       option to purchase from the Seller of the Property, in
       accordance with, and subject to the terms and
       conditions set forth below.

       The option to purchase herein granted by Seller to
       Buyer shall be valid for forty five (45) days after the
       execution of this Agreement by both parties (“Term”).
       Should Buyer exercise his right to purchase the
       Property, closing of the sale and execution of the Deed
       of Purchase and Sale shall occur on or before November
       12, 2020 or fifteen (15) business days from the date in
       which Small Business Administration (“SBA”) releases
       the second mortgage lien on the Property, whichever is
       earlier (“Closing Date”).

1 Véase, Apéndice, págs. 1-6.
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      Notwithstanding the foregoing, the parties agree that in
      the event that the SBA does not issue the release of the
      mortgage lien encumbering the Property on or prior to
      the Closing Date, the Buyer shall have the right, at its
      sole option and at no additional cost, (1) to extend the
      Term and Closing Date indefinite additional forty five
      (45) days terms, or (2) to opt out of the transaction
      within two (2) business days of presenting the Seller and
      Broker its notice to withdraw.

      En su Demanda, la parte apelada sostuvo que, el término

estipulado transcurrió sin que la SBA liberara el gravamen en o

antes del 12 de noviembre de 2020 y que por ello, optó por extender

el término para ejercer la opción, conforme establece el contrato de

opción.   Sostuvo que, el señor Marrero Gerena alegadamente se

retiró unilateralmente de la transacción durante el término

extendido de 45 días, negándose a cumplir con las obligaciones

contractuales contraídas con VHC.

       Hacemos constar que, el trámite fáctico y procesal del caso

fue plasmado en una Resolución emitida por este mismo panel, el 15

de febrero de 20232, en el recurso con identificación alfanumérica

KLCE202300004. En vista de ello, nos limitaremos a esbozar el

trámite pertinente a la controversia que aquí nos ocupa.

      Conforme surge del expediente, el 22 de noviembre de 2022,

la parte apelada presentó ante el foro primario una Moción de

Sentencia Sumaria sobre los Reclamos de la Parte Demandante y la

Reconvención de la Parte Demandada. Por medio de esta, argumentó

que el Contrato de Opción fue válidamente perfeccionado por VCH y

por el señor Marrero Genera. Añadió que, este proveía un plazo

cierto para que VCH ejerciera su derecho de opción, y que, la parte

apelante había incumplido con sus obligaciones. De igual forma,

propuso treinta y tres (33) hechos que, a su juicio, no se

encontraban en controversia.        Adujo que, procedía que el foro

primario dictara sentencia sumaria a su favor, y que, le ordenara al

2 Por medio de la aludida Resolución denegamos la expedición del recurso de
certiorari presentado por el señor Marrero Gerena.
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señor Marrero Gerena el estricto cumplimiento del Contrato de

Opción. Lo anterior ya que, surgía de los hechos incontrovertidos

que el Contrato de Opción cumplía con los requisitos esenciales

dispuestos por nuestro ordenamiento jurídico.

       En respuesta, el 1ro de diciembre de 2022, el señor Marrero

Genera presentó la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.       A

través de esta, sostuvo que, no procedía que el foro a quo dictara

sentencia sumaria, puesto que, la parte apelada había incumplido

con los requisitos propuestos por la Regla 36.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.1, debido a que existían hechos

materiales en controversia. Argumentó, además, que el Contrato de

Opción era nulo de su faz, por razón de que no establecía un término

definido para ejercer la opción.

       Luego de varios trámites innecesarios pormenorizar, el 25 de

abril de 2023, fue celebrada la Conferencia sobre el Estado de los

Procedimientos. Según surge de la Minuta3, el foro sentenciador les

concedió a las partes un término de quince (15) días para

suplementar sus posiciones en cuanto a las mociones de sentencia

sumaria y su oposición, de así interesarles.

       Posteriormente, el 10 de mayo de 2023, la parte apelada

presentó el Suplemento a Moción de Sentencia Sumaria sobre los

Reclamos de la Parte Demandante y la Reconvención de la Parte

Demandada.        En síntesis, reiteró su postura respecto a que el

Contrato de Opción era uno válido y vinculante, ya que cumplía con

los requisitos del contrato de opción. Aseguró que, el Contrato de

Opción le proveía exclusividad a VCH durante el término de

duración del derecho de opción. Afirmó que, el señor Marrero Gerena

había actuado de mala fe al firmar el Contrato de Opción sin tener

la intención de cumplir con el mismo. Reiteró que, el Contrato de

3 Transcrita el 27 de abril de 2023.
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Opción contaba con un término específico para ejercer la opción de

compraventa. El aludido término constaba de cuarenta y cinco (45)

días a partir de la ejecución del Contrato de Opción por ambas

partes, que, si VCH decidía ejercer la opción de compraventa, el

cierre y la ejecución del contrato de compraventa ocurriría en o

antes del 12 de noviembre de 2020, o quince (15) días laborables

desde la fecha en que el SBA liberara el segundo gravamen

hipotecario que afectaba la Propiedad, lo que ocurriese primero.

Arguyó que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, tenía

derecho a exigir el cumplimiento específico del contrato. Finalmente,

le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara con lugar

la Moción de Sentencia Sumaria y estableciera una fecha de cierre

para que las partes procedieran con el contrato de compraventa de

la Propiedad, bajo los términos y condiciones establecidos en el

Contrato de Opción.

       Posteriormente, el 20 de junio de 2023, la parte apelante

presentó la Oposición a Moción Suplementaria de la Parte

Demandante. Mediante esta, arguyó que, la moción suplementaria

presentada por VCH demostraba que existía controversia real sobre

hechos materiales que prohibían que se dictara sentencia a su favor.

Adujo que, el Contrato de Opción incumplía con los requisitos

esenciales que requería para que fuera válido.

       Acaecidas       varias     incidencias   procesales,   innecesarias

pormenorizar, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia

apelada, el 30 de junio de 20234, en la cual consignó las siguientes

determinaciones de hechos:

       1.    VCH es una compañía de responsabilidad limitada
             con fines de lucro, creada y organizada bajo las
             leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con
             capacidad para demandar y ser demandado,
             dedicada a cualquier acto o negocio permitido por
             ley. Su dirección física y postal es 250 Calle del

4 Notificada el 5 de julio de 2023.
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          Cristo, San Juan, PR 00918. Su número de
          teléfono es (917) 340-3400.

     2.   VCH fue organizada el 4 de junio de 2020.

     3.   Los señores Brock Pierce ("Sr. Pierce") y Emil Bailey
          ("Sr. Bailey") son miembros y representantes
          autorizados de VCH debidamente autorizados para
          gestionar la compraventa por parte de VCH de la
          propiedad localizada en Urb. Vistamar Marina
          Este, B-9 Calle Pontevedra E., Carolina PR 00983
          (nuevamente, la "Propiedad").

     4.   El Sr. Marrero es una persona natural, mayor de
          edad, soltero y residente de Carolina, Puerto Rico.
          Su dirección física y postal es Urb. Vistamar
          Marina Este, B-9 Calle Pontevedra E., Carolina PR
          00983.

     5.   La señora Marixa Álvarez ("Sra. Álvarez") fue
          contratada por el Sr. Marrero como su corredora de
          bienes raíces para la compraventa de la Propiedad.

     6.   La Sra. Álvarez estuvo a cargo de las negociaciones
          por parte del Sr. Marrero y le comunicó al Sr.
          Marrero el estatus y desarrollo de las
          comunicaciones      con     VCH      durante    las
          negociaciones conducentes a la firma del Contrato
          de Opción.

     7.   El señor Jorge Juan Ortiz Longo ("Sr. Ortiz") fue
          contratado por VCH como su corredor de bienes
          raíces para la compraventa de la Propiedad.

     8.   La licenciada Yahira Caro [Domínguez] ("Lcda.
          Caro") fue la abogada que asistió y aconsejó a VCH
          en las negociaciones con el Sr. Marrero negociación
          para la opción y compraventa de la Propiedad.

     9.   El licenciado Carlos R. Carrillo Jiménez ("Lcdo.
          Carrillo") fue el abogado que, en conjunto con la
          Lcda. Caro, asistió y aconsejó a VCH en las
          negociaciones con el Sr. Marrero negociación para
          la opción y compraventa de la Propiedad.

     10. El 1 de junio de 2020, el Sr. Marrero y la Sra.
         Álvarez intercambiaron varios mensajes de texto
         mediante los cuales discutieron el precio de la
         compraventa de la Propiedad.

     11. Entre el 29 y 30 de septiembre de 2020, se
         suscribió el Option to Purchase Agreement
         (nuevamente, "Contrato de Opción"), entre VCH y
         el Sr. Marrero.

     12. La firma del Contrato de Opción tardó varios meses
         en ejecutarse, ya que las partes se comunicaron
         constantemente con sus representantes legales
         para editar el documento, compartir los respectivos
         borradores y lograr acuerdos de los cuales
         estuviesen de acuerdo. Las negociaciones para
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         ejecutar el Contrato de Opción no se dieron a la
         ligera.

     13. El Sr. Marrero entendió y estuvo de acuerdo con las
         cláusulas del Contrato de Opción luego de
         cerciorarse del contenido del mismo con su
         corredora de bienes raíces y su abogado. El
         Contrato estuvo a su gusto.

     14. En el Contrato de Opción, el Sr. Marrero le otorgó
         a VCH una opción de compraventa, sujeto a los
         términos y condiciones de dicho contrato, de la
         Propiedad.

     15. La descripción registral de la Propiedad es la
         siguiente:

         “URBANA:      Parcela   de     terreno   en   la
         URBANIZACIÓN VISTAMAR MARINA del Barrio
         Sabana Abajo del término municipal de
         Carolina, Puerto Rico, que se describe con el
         solar número 8 del Bloque "B" (8-B) con un área
         de 2,562.46 metros cuadrados. En lindes por el
         NORTE, en distancia de cuarenta punto
         veinticinco metros y cinco punto noventa y dos
         metros en varias alineaciones con el canal
         Magdalena; por el SUR, con el solar número siete
         en una distancia de treinta y cinco punto
         ochenta y seis metros; por el ESTE, con el Canal
         principal Amazonas en una distancia de
         cincuenta y seis punto setenta y siete metros y
         por el OESTE, con el solar número diez en una
         distancia de veintiséis punto setenta y cuatro
         metros y con la calle Pontevedra en varias
         alineaciones con distancias de diez punto siete
         metros, cinco punto veintisiete.”

         “FINCA NÚMERO 26,968, INSCRITA AL FOLIO
         37 DEL TOMO 536 DE CAROLINA NORTE,
         REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAROLINA,
         SECCIÓN I.”

     16. El número de catastro de la Propiedad según el
         Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
         ("CRIM") es el 042-094-922-22-000.

     17. Según el Contrato de Opción, el precio acordado
         para la venta de la Propiedad es una cantidad
         equivalente al balance de cancelación a la fecha del
         cierre del primer gravamen hipotecario que afecta
         la Propiedad a nombre del Banco Popular de Puerto
         Rico ("BPPR Payoff").

     18. Además del balance de cancelación como precio de
         compraventa, las partes acordaron que la venta de
         la Propiedad incluiría las mejoras permanentes,
         muebles, y enseres detallados en el Exhibit A del
         Contrato de Opción, y que con la aprobación previa
         del Small Business Administration (nuevamente,
         "SBA"), el VCH le pagaría al Sr. Marrero la cantidad
         de cien mil dólares ($100,000) por dichos artículos.
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     19. En la cláusula número 2 de los Términos y
         Condiciones del Contrato de Opción, las partes
         establecieron que la opción para comprar la
         Propiedad sería válida por un término de cuarenta
         y cinco (45) días a partir de la ejecución del
         Contrato de Opción por ambas partes. Se
         estableció, además, que de VCH ejercer la opción
         de compraventa, el cierre y la ejecución del
         contrato de compraventa ocurriría en o antes del
         12 de noviembre de 2020 o quince (15) días
         laborables desde la fecha en que el SBA libere el
         segundo gravamen hipotecario que afecta la
         Propiedad, lo que ocurriese primero.

     20. No obstante, la cláusula número 2 del Contrato de
         Opción establece además que en el evento que la
         SBA no libere el segundo gravamen hipotecario en
         o antes de la fecha de cierre, VCH tiene el derecho
         único de: (1) extender el término y la fecha de cierre
         por términos adicionales de cuarenta y cinco (45)
         días, o (2) liberarse de la transacción en cualquier
         momento sin penalidad y recibir de vuelta el
         Depósito en un término de dos (2) días laborables
         luego de notificarle al Sr. Marrero y su corredor de
         bienes raíces su decisión de liberarse de la
         transacción.

     21. La [cláusula] número 2 de los Términos y
         Condiciones del Contrato de Opción establece lo
         siguiente, en el idioma inglés en que está escrito el
         contrato:

         “Grant of Option; Closing Date: Subject to the
         contingencies set forth herein, Seller grants
         Buyer an option to purchase from Seller the
         Property, in accordance with, and subject to the
         terms and conditions set forth below.

         “The option to purchase herein granted by Seller
         to Buyer shall be valid for forty five (45) days
         after the execution of this Agreement by both
         parties ("Term"). Should Buyer exercise his right
         to purchase the Property, closing of the sale and
         execution of the Deed of Purchase and Sale shall
         occur on or before November 12, 2020 or fifteen
         (15) business days from the date in which Small
         [Business] Administration ("SBA") releases the
         second mortgage lien on the Property, whichever
         is earlier ("Closing Date").

         “Notwithstanding the foregoing, the parties agree
         that in the event that the SBA does not issue the
         release of the mortgage lien encumbering the
         Property on or prior to Closing Date, then Buyer
         shall have the right, at its sole option and at no
         additional cost, (1) to extend the Term and
         Closing Date indefinite additional forty five (45)
         days terms, or (2) to opt out of the transaction at
         any time without penalty and receive the full
         return of the Earnest Money Deposit within two
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         (2) business days of presenting the Seller and
         Broker its notice to withdraw.”

     22. Mediante la cláusula 2 del Contrato de Opción,
         VCH podía unilateralmente extender el término
         para ejecutar la opción por periodos de 45 días,
         hasta tanto el SBA liberara el gravamen.

     23. Las partes acordaron que la liberación del
         gravamen por parte del SBA era una condición
         esencial para la compraventa.

     24. La liberación del gravamen por SBA hubiese puesto
         un fin a las renovaciones de 45 días.

     25. El 9 de octubre de 2020, el Sr. Marrero fue
         arrestado por cargos federales de coerción de
         menores, atentado de coerción de menores, y
         pornografía infantil. Véase United States of
         America v. Jorge Javier Marrero Gerena, Criminal
         Case No. 20-335 (RAM).

     26. Mediante la cláusula 21 del Contrato de Opción,
         las partes acordaron una cláusula de integración
         que establece:

         "This Agreement contains all of the terms,
         promises,      covenants,      conditions    and
         representations made or entered into by or
         between Seller and Buyer and supersedes all
         prior discussions and agreements, whether
         written or oral, between Seller and Buyer with all
         other matters contained herein and constitutes
         the sole and entire Agreement between Seller
         and Buyer with respect thereto. This Agreement
         may not be modified or amended unless such
         amendment is set forth in writing and executed
         by both the Seller and Buyer with the formalities
         thereof."

     27. El 14 de octubre de 2020, durante el primer
         término de cuarenta y cinco (45) días luego de la
         ejecución del Contrato de Opción, el Sr. Bailey
         visitó la Propiedad con el ingeniero Felipe Muñoz
         ("Ing. Muñoz"), para inspeccionar la Propiedad y
         conversó extensamente con el Sr. Marrero sobre la
         adquisición de la propiedad, el vecindario y los
         vecinos. Muñoz.

     28. El SBA no liberó el gravamen en o antes del 12 de
         noviembre de 2020.

     29. VCH extendió el término para extender la vigencia
         del Contrato de Opción, conforme a la cláusula 2
         de dicho contrato.

     30. La compraventa de la Propiedad entre VCH y el Sr.
         Marrero no se llevó a cabo.

     31. El 17 de diciembre de 2020, el Lcdo. Carrillo recibió
         un reenvío de un email del Sr. Jorge Ortiz Longo de
KLAN202300678                                                     10

          un correo electrónico de la Sra. Marixa Álvarez una
          tabla preparada por el Sr. Marrero el cual
          [unilateralmente] incluía partidas adicionales no
          acordadas. Entre ellos un “fee” a favor del SBA por
          dos mil dólares ($2,000.00), honorarios de abogado
          de trece mil ochocientos cuarenta y nueve con
          ochenta y seis centavos ($13,849.86) y gastos
          relacionados al mantenimiento de la propiedad,
          gastos de agua, luz y asociación de residentes. Así,
          aumentando, unilateralmente y de mala fe, el
          precio de venta por encima de los cien mil dólares
          ($100,000.00) al compararse con el “Settlement
          Statement” de HUD.

      32. El 23 de diciembre de 2020, el Sr. Marrero se
          comunicó con el Lcdo. Carrillo mediante mensaje
          de texto indicando: "Para mantenerte informado la
          venta de la casa no va, tis [sic] clientes no
          contestaron a tiempo y SBA envi[ó] borrador y no
          se firmara el gravame[n] [sic]". Reclamando
          también que si no le pagaban cien mil dólares
          adicionales que no estaban pactados en el Contrato
          de Opción, se retiraría unilateralmente del cierre de
          la compraventa.

      33. El 23 de julio de 2021, el notario Francine A.
          Babilonia Vázquez presentó la escritura 38
          otorgada en San Juan, Puerto Rico, en el Registro
          de la Propiedad donde se canceló totalmente la
          hipoteca a favor del SBA por la suma principal de
          ochocientos setenta y un mil cien dólares
          ($871,100.00).

      A tenor con tales determinaciones de hechos y con el derecho

expuesto en su dictamen, el foro de instancia razonó que el apelante

no logró demostrar que el Contrato de Opción era inválido y nulo.

Añadió que, de la prueba desfilada, quedó demostrado que fue el

señor Marrero Gerena quien incumplió con los términos y las

condiciones del Contrato de Opción. En consonancia, el foro a quo

determinó que el Contrato de Opción era válido y exigible.

Finalmente, declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria

presentada por VCH.

      Inconforme con la determinación, el 3 de enero de 2023, el

señor Marrero Gerena compareció ante nos mediante recurso de

Apelación, alegando los siguientes señalamientos de error:

      A. Primer Señalamiento de Error:

         Erró en Honorable Tribunal de Primera Instancia al
         concluir que el contrato de opción de compraventa
KLAN202300678                                                             11

          objeto del pleito es válido y exigible, aunque de su
          letra clara y de las propias admisiones de Venezia se
          desprende, sin lugar a duda, que este incumple con
          varios     de     sus    requisitos   indispensables,
          convirtiéndolo en uno nulo e ineexistente.

      B. Segundo Señalamiento de Error:

          Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
          emitir Sentencia Sumaria a pesar de que existen
          hechos materiales que están en controversia.

      C. Tercer Señalamiento de Error:

          Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
          declarar No Ha Lugar la solicitud de anulación de la
          orden    de    prohibición     de   enajenación     y
          arrendamiento de la propiedad inmueble objeto del
          pleito, en contravención de lo establecido por
          nuestro ordenamiento jurídico y también abusó de
          su discreción al emitir dicha orden antes de la fecha
          de vencimiento para que el apelante pudiese
          presentar su oposición.

      D. Cuarto Señalamiento de Error:

          Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
          considerar la Sentencia emitida como una final.

      El 10 de agosto de 2023, emitimos Resolución concediéndole

a la parte recurrida hasta el 5 de septiembre de 2023 para que se

expresara en torno al recurso de Apelación incoado. Finalmente, el

6 de septiembre de 2023, VCH presentó ante nos su Alegato en

Oposición a “Apelación”.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                     II

A. Sentencia Sumaria

      La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin

que se requiera llegar a la etapa de juicio.5 Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964 (2022); Serrano Picón v. Multinational

Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); González Meléndez v.

5 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN et al., 208 DPR 310 (2021); Rosado Reyes v. Global Healthcare Group,
LCC., 205 DPR 796, 290 (2020).
KLAN202300678                                                               12

Mun. San Juan, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Birriel Colón v.

Econo y Otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023) Delgado Adorno

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022). La sentencia sumaria

está regida por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap. V, R. 36, la cual desglosa los requisitos específicos con los que

debe cumplir esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global

Healthcare Group, LCC., supra, pág. 290.

       Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la

controversia. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra. Cuando

se habla de hechos materiales, nos referimos a aquellos que pueden

determinar el resultado de la reclamación, de conformidad con el

derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia

sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución de los

casos que no presenten controversias genuinas de hechos

materiales.6    Alicea Pérez v. Coop. Seg. Múlt. et al., 210 DPR 71

(2022); Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 5; Rosado

Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., supra, pág. 290; González

Meléndez v. Mun. San Juan, supra.               Procede dictar sentencia

sumaria si de las alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas,

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia

admisible, se acredita la inexistencia de una controversia real y

sustancial respecto a algún hecho esencial y material y, además, si

procede en derecho. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág.

13; Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 6; Birriel Colón

v. Econo y Otros, supra; González Meléndez v. Mun. San Juan,

supra.7 De la prueba adjunta a la solicitud de sentencia sumaria,

6 Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017);

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Roldán Flores v. M. Cuebas,
Inc., 199 DPR 664, 676 (2018).
7 Véase Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG Zapata-Rivera

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).
KLAN202300678                                                        13

deberá surgir preponderadamente la inexistencia de controversia

sobre los hechos medulares del caso. Birriel Colón v. Econo y Otros,

supra.

      Cónsono con esto, en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100

DPR 259 (1971); Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019).

      La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos,

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia,

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200

DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra,

pág. 14.

      Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico expresó además en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág.

699, que el inciso (e) de la Regla 36.3 establece lo siguiente:
KLAN202300678                                                      14

      La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si
      las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
      interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
      declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia
      demuestran que no hay controversia real sustancial en
      cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como
      cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia
      sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal
      podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza
      interlocutoria para resolver cualquier controversia entre
      cualesquiera partes que sea separable de las
      controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse
      a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte
      contraria no presenta la contestación a la sentencia
      sumaria en el término provisto en esta regla, se
      entenderá que la moción de sentencia sumaria queda
      sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA
      Ap. V, R. 36.3€.

      La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1)

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas;

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4)

como cuestión de derecho, no proceda. SLG Fernández-Bernal v.

RAD-MAN, supra, pág. 14; Serrano Picón v. Multinational Life Ins.,

supra.

      De conformidad con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia

ha expresado que, el oponente debe controvertir la prueba

presentada con evidencia sustancial y no puede simplemente

descansar en sus alegaciones Birriel Colón v. Econo y Otros, supra;

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras

afirmaciones no bastan. Íd. “Como regla general, para derrotar una

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar

contradeclaraciones juradas y contradocumentos. que pongan en

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v.

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677. Además, se le exige a la parte que

se oponga ciertas exigencias adicionales.     Primeramente, deberá

presentar una relación concisa y organizada de los hechos
KLAN202300678                                                        15

esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en controversia,

citando específicamente los párrafos según fueron enumerados por

el promovente de la moción. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN,

supra, pág. 15. También, deberá enumerar los hechos que no estén

en controversia, con indicación de los párrafos o páginas de las

declaraciones juradas u otra prueba admisible donde se establezcan

estos. Íd. En adición, deberá esbozar las razones por las cuales no

se debe dictar sentencia sumaria, argumentando el derecho

aplicable. Íd.

      Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,

se podrán considerar como admitidos y se dictará la Sentencia

Sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.,

supra, pág. 677.

      Respecto a la revisión de las sentencias sumarias, el foro

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra,

pág. 679; González Meléndez v. Mun. San Juan, supra. Nuestro

Máximo Foro ha sido claro en que, [l]os tribunales apelativos

estamos limitados a: (1) considerar los documentos que se

presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y

esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma correcta.

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. De acuerdo a lo anterior, el

foro apelativo está obligado a examinar de novo la totalidad de los

documentos incluidos en el expediente de la forma más favorable al

promovido.       Íd.   Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra;

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 679.

B. Los Contratos en General

      Es normativa reiterada que, las obligaciones nacen de la ley,

de los contratos y cuasicontratos, de los actos ilícitos, u omisiones
KLAN202300678                                                                 16

en que interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo

para producirlas. Art. 1042 del Código Civil,8 31 LPRA ant. sec.

2992; NHIC et al. v. García Passalacqua et al., 206 DPR 105 (2021).

Los   contratos      se   perfeccionan      cuando      median      el   objeto,

consentimiento y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 3391. El contrato existe desde que una o varias personas

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA ant.

sec. 3371; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR 263

(2021).    En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido el

principio de libertad de contratación, el cual permite a las partes

pactar los términos y condiciones que tengan por convenientes.

Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al. 210 DPR 163 (2022);

Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015); Arthur

Young & Co. V. Vega III, 136 DPR 157 (1994).                No obstante, tal

libertad no es infinita, puesto que, encuentra su límite en el Art.

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.                El referido artículo

dispone que, los términos y condiciones que las partes establezcan

serán válidas cuando no sean contrarias a la ley, la moral, ni al

orden público.     31 LPRA sec. 3372; Burgos López et al. v. Condado

Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 15

(2014). Una vez perfeccionado el contrato, lo acordado tiene fuerza

de ley entre las partes, “y desde entonces obligan, no solo al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las

consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena

fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec.

3375; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., supra; Burgos López et

al. v. Condado Plaza, supra, pág. 8.               Los tribunales estamos

8 El derecho aplicable en el caso de epígrafe se remite al Código Civil de Puerto

Rico de 1930, puesto que, la presentación de la Demanda y los hechos que dan
base a esta tuvieron su lugar antes de la aprobación del nuevo Código Civil de
Puerto Rico, Ley 55-2020, según enmendado.
KLAN202300678                                                          17

facultados para velar por el cumplimiento de los contratos, y no

debemos relevar a una parte del cumplimiento de su obligación

contractual cuando tal contrato sea legal, válido y no contenga vicio

alguno. Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 627 (1997).

C. El Contrato de Opción de Compra

         El contrato o pacto de opción de compraventa se trata de un

contrato que ha sido definido por la jurisprudencia como, “[…] un

contrato consensual, mediante el cual una parte (promitente) le

concede a otra (optante) el derecho exclusivo a decidir de manera

unilateral si comprará determinado bien inmueble que le pertenece

al promitente. Esta facultad tendrá que ejercitarse dentro de un

periodo de tiempo definido por las partes, y tanto el promitente como

el optante se beneficiarán del negocio”. SLG Irizarry v. SLG García,

155 DPR 713, 722 (2001). Esencialmente, el contrato de opción de

compra      es    un   contrato   preparatorio   dirigido   al   eventual

otorgamiento de un contrato de compra y venta. El mismo se

distingue por los siguientes elementos esenciales: (1) se concede al

optante la facultad de decidir unilateralmente si celebrará el

contrato principal (de compraventa) sin obligación por parte de éste;

(2) dicha concesión tiene carácter de exclusividad; (3) se establece

un plazo para ejercitar la opción, y (4) no existe otra condición que

no sea la voluntad del optante.9 No obstante, a pesar de que el

contrato de opción se trata de un contrato consensual, la opción de

compra es un contrato unilateral, debido a que el optante no está

obligado a comprar, contrario al caso del promitente que sí está

obligado a venderle al primero, si aquel lo decide.10

         Ahora bien, sobre la posibilidad de obligarle a transferir su

propiedad a otro particular sólo puede hablarse cuando ha habido

acuerdo sobre la cosa y el precio. Por otro lado, cuando lo único que

9 Íd. a la pág. 722.
10 Íd.
KLAN202300678                                                                 18

se ha acordado es la venta, sin más, ni siquiera el juicio imparcial

de un juez respecto al valor en el mercado del bien en controversia

puede sustituir la prerrogativa dominical de fijar el precio y

establecer los términos de la enajenación, prerrogativa que, en este

sistema, solo le compete al dueño.11 Por su parte, cabe señalar que:

       En la opción se da un proceso negocial en donde el
       consentimiento hacia la obligación surge, como en todo
       contrato, en virtud del intercambio de manifestaciones
       recepticias. La voluntad se forja a base de un proceso
       de negociación. No se trata de manifestación unilateral
       de voluntad, porque las obligaciones que surgen del
       pacto de opción son el resultado de un proceso de
       negociación entre el concedente y el optante, proceso
       que no se da en las obligaciones cuya fuente es la
       mencionada manifestación unilateral de voluntad.12

       El contrato de opción de compra tiene que definir la oferta que

habrá de mantenerse vigente con todos los elementos de una oferta

final y completa del contrato de compraventa. Dicho de otro modo,

para que estemos ante un verdadero pacto de opción, no pueden

quedar por negociar términos o condiciones del contrato de

compraventa que sean de importancia para las partes.13 Dentro de

este marco, “[r]especto al precio de la finca, que es el que importa

desde el punto del contenido de la oferta, tiene que tratarse de un

precio en metálico, porque se trata de una oferta de venta, no de

permuta. Además, aplican aquí los principios de las obligaciones

respecto a los requisitos de la prestación, en particular, el de la

determinabilidad de la misma. No será necesario que el precio de

venta esté exactamente determinado, siempre y cuando su

determinación final no requiera un nuevo proceso de negociación.14

Por otro lado, en lo referente a la promesa bilateral de compraventa,

el derogado Código Civil,15 dispone que es la promesa de vender o

11 Michel J. Godreau, La opción de compra en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. UPR 569

(1984) a la pág. 569.
12 Íd. a la pág. 578.
13 Íd. a la pág. 596.
14 Íd. a la pág. 597.
15 Hacemos referencia al derogado Código Civil de 1930, por sus disposiciones ser

aplicables a la fecha de los hechos.
KLAN202300678                                                                  19

comprar, habiendo conformidad de la cosa y el precio, y la misma

da derecho a los contratantes a reclamar recíprocamente el

cumplimiento de la misma. Esto, siempre que no pueda cumplirse

la promesa de compra y venta, regirá, para vendedor y comprador,

según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos

en el Código Civil.16

       Habidas cuentas, este tipo de contrato preparatorio produce

una obligación de hacer y no de dar, ya que sólo tiene por objeto la

realización futura de un contrato de compraventa. Soto v. Rivera,

144 DPR 500, 509-510 (1997); Dennis, Metro Invs. v. City Fed.

Sav., 121 DPR 197 (1988); Jordán-Rojas v. Padró-González, 103

DPR 813, 817 (1975). El contrato de promesa bilateral tiene la

ventaja de lograr la vinculación inmediata de las partes cuando por

alguna razón no puede otorgarse una compraventa completa y

definitiva y que, mediante la vinculación inmediata, las partes

logran la garantía o seguridad de que el contrato definitivo o

completo se celebrará o concluirá más tarde. Rossy v. Tribunal

Superior, 80 DPR 729, 742 (1958).

       Por consiguiente, ante la negativa de una de las partes de

cumplir con la promesa bilateral, cabe una acción para exigir su

cumplimiento específico y no simplemente una acción para el

resarcimiento de perjuicios, si la prestación básica no se refiere a

hechos personalísimos o las líneas básicas sentadas en el

precontrato no son insuficientes.17 Así pues, si la cosa prometida en

venta está todavía en el patrimonio del promitente, el acreedor en

un contrato de promesa bilateral de venta de un inmueble podría

exigir su cumplimiento en forma específica: la celebración de la

16 Artículo 1340, 31 LPRA sec. 3747.
17 Íd. a la pág. 743. Véase también, Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 DPR a la

pág. 819.
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venta      previamente      convenida        y   el     otorgamiento   de   la

correspondiente escritura pública.18

                                       III

         En el caso de epígrafe, en esencia, nos corresponde evaluar si

incidió el foro primario al dictar sentencia sumaria a favor de VCH,

puesto que, la parte apelante en su segundo señalamiento de error

aduce que, existen hechos materiales en controversia.                  En el

ejercicio de nuestra función revisora nos corresponde: 1) examinar

de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro

primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la

referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en

controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el Derecho a la controversia19.

         De un ponderado análisis del expediente ante nuestra

consideración, surge que, tanto la parte apelada en su moción de

sentencia sumaria, como la parte apelante en su oposición,

cumplieron sustancialmente con las formalidades dispuestas por la

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Puesto que, la parte apelada

incluyó las alegaciones de las partes, realizó una enumeración de

hechos sobre los cuales entendía incontrovertidos, de manera

detallada, separada y sustentada.                De igual forma, VCH hizo

referencia a declaraciones juradas y otros documentos que obran en

18 Íd.
19 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679.
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el expediente. En cuanto a la oposición presentada por la parte

apelante, esta hizo referencia a la prueba que entendía que

controvertía los hechos alegados por la parte contraria, e indicó los

párrafos y las páginas a las que hacía referencia. 20

       En cumplimiento con la normativa vigente sobre la sentencia

sumaria, evaluamos de novo las determinaciones de hechos

esbozadas por el foro primario y las acogemos, por no estar en

controversia y estar basadas en evidencia suficiente. Además,

determinamos que no existen controversias adicionales.

       Superada esta primera etapa, ahora nos corresponde

determinar si el foro de primera instancia aplicó correctamente el

Derecho a la controversia de epígrafe.

       En su primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene

que, el foro a quo incidió al determinar que el Contrato de Opción es

válido y exigible, a pesar de que, a su juicio, este incumple con varios

de los requisitos indispensables y por ende, se convirtió en nulo e

inexistente. Adelantamos que, no le asiste la razón. Veamos.

       Según reseñáramos, las partes de epígrafe suscribieron el

Contrato de Opción, donde la parte apelante le otorgó a VCH una

opción de compraventa, sujeto a los términos y condiciones de dicho

contrato, sobre la Propiedad. De acuerdo con el aludido contrato, el

precio acordado para la venta de la Propiedad sería la cantidad

equivalente al balance de cancelación a la fecha del cierre del primer

gravamen hipotecario que, en ese entonces, afectaba la Propiedad,

a nombre del BPPR.        De igual forma, la cláusula número 2 de los

Términos y Condiciones del Contrato de Opción, dispone que, la

opción para comprar la Propiedad sería válida por un término de

cuarenta y cinco (45) días a partir de la ejecución del Contrato de

20 Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN

et al., supra, pág. 15.
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opción por ambas partes. Asimismo, dispone que, de VCH ejercer

la opción de compraventa, el cierre y la ejecución del contrato de

compraventa ocurriría en o antes del 12 de noviembre de 2020 o

quince (15) días laborables desde la fecha en que el SBA liberara el

segundo gravamen hipotecario que afectaba la Propiedad, lo que

ocurriese primero. Por otro lado, la misma cláusula establece que,

en la eventualidad de que la SBA no liberara el segundo gravamen

hipotecario en o antes de la fecha de cierre, VCH tenía el derecho

único de: 1) extender el término y la fecha de cierre por términos

adicionales de cuarenta y cinco días, o 2) liberarse de la transacción

en cualquier momento sin penalidad y recibir de vuelta el Depósito

en un término de 2 días laborables, luego de notificarle al señor

Marrero Gerena y su corredor de bienes raíces sobre su decisión.

      La cláusula número 2 del referido contrato, lee como sigue:

      2. Grant of Option; Closing Date: Subject to the
      contingencies set forth herein, Seller grants Buyer an
      option to purchase from the Seller of the Property, in
      accordance with, and subject to the terms and
      conditions set forth below.

      The option to purchase herein granted by Seller to
      Buyer shall be valid for forty five (45) days after the
      execution of this Agreement by both parties (“Term”).
      Should Buyer exercise his right to purchase the
      Property, closing of the sale and execution of the Deed
      of Purchase and Sale shall occur on or before November
      12, 2020 or fifteen (15) business days from the date in
      which Small Business Administration (“SBA”) releases
      the second mortgage lien on the Property, whichever is
      earlier (“Closing Date”).

      Notwithstanding the foregoing, the parties agree that in
      the event that the SBA does not issue the release of the
      mortgage lien encumbering the Property on or prior to
      the Closing Date, the Buyer shall have the right, at its
      sole option and at no additional cost, (1) to extend the
      Term and Closing Date indefinite additional forty five
      (45) days terms, or (2) to opt out of the transaction
      within two (2) business days of presenting the Seller and
      Broker its notice to withdraw.

      Conforme al derecho expuesto, el contrato de opción de

compraventa es un contrato consensual mediante el cual una parte

(prominente) le concede a la otra (optante) el derecho exclusivo a
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decidir de forma unilateral si comprará determinado bien inmueble

que le pertenece al prominente.            Tal facultad deberá ejercitarse

dentro de un periodo de tiempo definido por las partes, las cuales se

beneficiarán del negocio.21 Este tipo de contrato debe contener los

siguientes elementos esenciales: (1) se concede al optante la facultad

de decidir unilateralmente si celebrará el contrato principal (de

compraventa) sin obligación por parte de éste; (2) dicha concesión

tiene carácter de exclusividad; (3) se establece un plazo para

ejercitar la opción, y (4) no existe otra condición que no sea la

voluntad del optante.22 No obstante, a pesar de que el contrato de

opción se trata de un contrato consensual, la opción de compra es

un contrato unilateral, debido a que el optante no está obligado a

comprar, contrario al caso del promitente que sí está obligado a

venderle al primero, si aquel lo decide.23

         Al examinar el Contrato de Opción suscrito por las partes,

concluimos que este es uno válido y exigible, puesto que cumple con

los requisitos esenciales de un contrato de opción. Veamos. En

primer lugar, el señor Marrero Gerena (prominente) le concedió a

VCH (optante) la facultad de decidir unilateralmente si celebrará la

compraventa de la Propiedad, ello sin la obligación de celebrarla, en

la medida que estableció “[s]ubject to the contingencies set forth

herein, Seller grants Buyer an option to purchase from the Seller of

the Property […]”. En segundo lugar, la concesión de la opción tiene

carácter de exclusividad, ya que, le provee exclusividad a VCH al

establecer, en su séptima cláusula, lo siguiente:

         Exclusive Dealing; Good Faith Negotiation: During the
         Term of this Agreement, Seller shall not accept or enter
         into an option agreement for the Property from any third
         party, nor Seller shall have the right to continue to
         market, show and entertain offers for the sale of the
         Property from any third party.

21 SLG Irizarry v. SLG García, supra, pág. 722.
22 Íd.
23 Íd.
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       En tercer lugar, establece un plazo para ejercitar la opción, al

disponer un término de cuarenta y cinco (45) días a partir de la

ejecución del Contrato de Opción por las partes. En el caso en que,

VCH decidiera ejercer la opción de compraventa, tal como surge del

Contrato de Opción, el cierre y la ejecución del contrato de

compraventa debía ocurrir en o antes del 12 de noviembre de 2020

o quince (15) días laborables desde la fecha en que el SBA liberara

el segundo gravamen hipotecario que afectaba la Propiedad, lo que

ocurriese primero. En el caso en que el señor Marrero Gerena no

pudiera gestionar la cancelación del aludido gravamen, entonces,

VCH estaba facultada para prorrogar el término dispuesto por

cuarenta y cinco días (45) o liberarse de la transacción en cualquier

momento. Como bien expone la parte apelada, el término dispuesto

para que VHC ejerciera su derecho de opción concluía cuando el

SBA liberara el gravamen. Es decir, las partes acortaron un plazo

para ejercer la opción.   Finalmente, queda claro que no existe otra

condición para celebrar la compraventa que no fuese la voluntad de

VCH.

       Luego de revisar la evidencia que tuvo el foro sentenciador

ante su consideración, y examinar los planteamientos esgrimidos

por la parte apelante al cuestionar las determinaciones de hechos

alcanzadas por este en su Sentencia, concluimos que, tal

cuestionamiento no se encuentra apoyado en la evidencia que

emana del expediente. La parte apelante no presentó prueba

convincente ni que lograra controvertir las determinaciones de

hechos acogidas por este foro.

       Es por lo que, luego de un ponderado análisis, colegimos que,

ante la inexistencia de hechos en controversia, y ante la aplicación

correcta del Derecho, contrario a lo esgrimido por el señor Marrero

Gerena en su primer, segundo y cuarto señalamiento de error,

procedía que el foro primario emitiera una sentencia sumaria final.
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       En su tercer señalamiento de error, la parte apelante sostiene

que la primera instancia judicial incidió al declarar No Ha Lugar la

solicitud de anulación de la orden de prohibición de enajenación y

arrendamiento de la propiedad inmueble objeto del pleito, en

contravención de lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.

Arguyó, además que, el foro a quo abusó de su discreción al emitir

dicha orden antes de la fecha de vencimiento para que la parte

apelante pudiera presentar su oposición.

       Si bien es cierto que el foro de primera instancia debió

concederle a la parte apelante un término para que pudiese exponer

su oposición, aun así, esta tuvo la oportunidad de presentar su

posición al respecto en su Moción en Solicitud de Anulación de Orden

Ex Parte de Prohibición de Enajenación de Inmueble y Anotación en

el Registro de la Propiedad.            Consecuentemente, al no mediar

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no intervendremos

con la facultad discrecional del foro primario respecto sobre tal

asunto24.

                                       IV

       Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen

apelado.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

24 Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219 (2021).