Court Opinion

ID: 9928483
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:18:28.04313+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:51.798986
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

  ISLAND PORTFOLIO                            Apelación
  SERVICES, LLC.,                             procedente del
  COMO AGENTE DE ACE                          Tribunal de Primera
  ONE FUNDING, LLC                            Instancia
                                KLAN202300996 Sala Superior de
         Apelante                             Guayama

            v.                                      Civil Núm.
                                                    GM2023CV00656
  NILDA R. DE JESUS
  SANTIAGO                                          Sobre:
                                                    Cobro de Dinero
          Apelada                                   (Regla 60)

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

       Comparece ante este foro Island Portfolio Services,

 LLC.,    como       agente     de   Ace     One   Funding,         LLC     (Island

 Portfolio       o     “parte     apelante”)       y     nos    solicita          que

 revisemos       una    Sentencia       emitida     por    el        Tribunal      de

 Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, la cual fue

 notificada el 29 de septiembre de 2023.                            En virtud de

 esta,    el     foro    primario       desestimó        sin    perjuicio         la

 Demanda de autos por falta de jurisdicción.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 REVOCAMOS la Sentencia apelada.

                                        I.

         El 15 de agosto de 2023, Island Portfolio presentó

 una   Demanda         sobre    cobro      de   dinero,        al    amparo       del

 procedimiento          sumario      dispuesto      en    la        Regla    60    de

 Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, en contra de

 la Sra. Nilda R. De Jesús Santiago (señora De Jesús o

Número Identificador
SEN2023 ______________
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“apelada”).1    Como remedio, solicitó que se ordenara a

la apelada a satisfacer la suma de $2,361.68, deuda que

alegan está vencida, líquida y exigible.                 A su vez,

añadió que:

         [L]a deuda no ha sido satisfecha ni todo ni
         parte    a   pesar    de    los    múltiples
         requerimientos que se le han hecho a la
         parte demandada, que incluyen, pero no se
         limitan a llamadas y carta enviada por
         correo certificado con acuse de recibo,
         conforme al Art. 17 de la Ley Núm. 143 del
         27 de junio de 1968, según enmendada, Ley
         de Agencias de Cobro. Se acompaña como Anejo
         “D”.

       En la Demanda, la parte apelante incluyó varios

documentos, entre ellos la carta de Aviso de Cobro,

mediante la cual fue remitida por correo certificado con

acuse de recibo.      Además, anejó un documento del United

States Postal Services, que demostró que el Aviso de

Cobro fue “Certified with Return Receipt (Signature) y

que la carta “[…] has been delivered to an agent for

final delivery in GUAYAMA, PR, 00784 on June 13, 2023 at

2:56 pm.”

       Posteriormente, el 25 de septiembre de 2023, el

foro    primario     notificó   una     Orden     para   presentar

autorización    de    agente    so    pena   de   desestimación.2

Mediante el referido dictamen, el foro a quo solicitó a

la parte apelante que presentara una certificación de

que la señora De Jesús había autorizado a un agente a

recibir su correspondencia.          Señaló que, de no presentar

la evidencia desestimaría por falta de jurisdicción, al

incumplir con el Artículo 17(13) de la Ley Núm. 143 de

27 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley

1 Demanda, anejo I, págs. 1-18 del apéndice del recurso.
2  Orden para presentar autorización de agente so pena de
desestimación, anejo VII, págs. 32-34 del apéndice del recurso.
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de agencias de cobro” y Regla 16(17) del Reglamento 6451

del Departamento de Asuntos del Consumidor.

       En cumplimiento con lo ordenado, Island Portfolio,

presentó          Moción      en     Cumplimiento      de        Orden   y/o

Reconsideración.3             Sostuvo que, la Ley de Agencias de

Cobro lo que exige es que se requiera por escrito al

deudor el pago de lo adeudado por correo certificado con

acuse de recibo previo a la radicación de la demanda a

la última dirección conocida. Añadió que no es requisito

expreso en la ley que le requieran el recibo al deudor.

       El    29     de    septiembre    de   2023    el    foro    primario

notificó       la        Sentencia    apelada,      mediante       la    cual

desestimó sin perjuicio la Demanda por cobro de dinero,

por    falta      de     jurisdicción.       El     foro    de    instancia

determinó lo siguiente:

            [L]a Ley de Agencias de Cobro exige que al
            deudor se le interpele por escrito antes de
            la presentación de la demanda de cobro,
            mediante correo certificado con acuse de
            recibo. Somos de la opinión e interpretamos
            que la ley exige prueba de la notificación
            y recepción de la carta de cobro.

       Insatisfecho, el 4 de octubre de 2023, la parte

apelante presentó una Reconsideración.4                   Sin embargo, el

foro   primario          la   declaró   No   Ha   Lugar     mediante      una

Resolución, notificada el 5 de octubre de 2023.5

       Aún inconforme, el 6 de noviembre de 2023, Island

Portfolio presentó la Apelación de epígrafe.                       Mediante

esta, adujo que el foro primario cometió el siguiente

error:

            Incidió el Honorable Tribunal de Primera
            Instancia al desestimar el caso debido a
            que el aviso de cobro de dinero -cursado a
            la   última  dirección   conocida   de   la
            demandada-apelada-   fue    marcado    como

3 Moción en Cumplimiento de Orden y/o Reconsideración, anejo VIII,
págs. 35-40 del apéndice del recurso.
4 Reconsideración, anejo XI, págs. 48-51 del apéndice del recurso.
5 Resolución, anejo XII, pág. 52 del apéndice del recurso.
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        “delivered to agent for final delivery”,
        cuando se ha determinado que esto significa
        que la correspondencia le fue entregada a
        una persona autorizada por el destinatario
        y cuando la Ley de Agencias de Cobro y su
        Reglamento, así como las determinaciones
        del Foro Apelativo han determinado que una
        agencia de cobro debe cursar a la última
        dirección conocida de un deudor una carta
        de interpelación, sin que sea requisito
        sine qua non que éste la reciba.

      El 8 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución,

mediante la cual le concedimos a la apelada el término

establecido en el Reglamento de este Tribunal para que

presentara     su   alegato.          Sin    embargo,       luego    de

transcurrido el referido término, la apelada omitió

comparecer para presentarnos su postura.

      Por    consiguiente,     declaramos         perfeccionado      el

recurso de epígrafe y procedemos a disponer de este.

                                II.

      La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 60, establece un proceso sumario para

resolver reclamaciones de deudas que no excedan los

quince mil ($15,000) dólares de principal.             El propósito

primordial de esta regla es “agilizar y simplificar los

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías

pequeñas, para así lograr la facilitación del acceso a

los   tribunales    y   una   justicia      más   rápida,    justa   y

económica en este tipo de reclamación”.                 Asoc. Res.

Colinas Metro. v. SLG, 156 DPR 88, 97 (2002); Cooperativa

v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 631 (2020).                    Las

acciones al amparo de la Regla 60 que sean presentadas

por agencias de cobros están reglamentadas por la Ley de

Agencias de Cobros, Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968,

10 LPRA sec. 981, et seq.        Según esta ley, una agencia

de cobros “incluye cualquier persona dedicada al negocio
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de cobrar para otro cualquier cuenta, factura o deuda”.

Artículo 2 inciso (b), 10 LPRA sec. 98a inciso (b).

     En cuanto a la controversia de autos, las agencias

de cobros están impedidas de radicar acciones en cobro

de dinero “sin antes haber requerido por escrito al

deudor para que pague lo adeudado por correo certificado

con acuse de recibo.        Ningún tribunal podrá asumir

jurisdicción en una acción de cobro de dinero tramitada

por una agencia de cobros sin que se alegue y se pruebe

el cumplimiento de este requisito”.      Artículo 17 inciso

(13), 10 LPRA sec. 981p inciso (13).      De igual forma, el

Reglamento sobre Agencias de Cobros, Reglamento Núm.

6451, 2 de mayo de 2022, del Departamento de Asuntos al

Consumidor (DACo) reconoce dicha prohibición.        La Regla

16 de dicho reglamento dispone en su inciso (17) como

práctica prohibida a las agencias lo siguiente:

          Radicar acción judicial en cobro de dinero
          sin antes haber requerido por escrito al
          deudor para que pague lo adeudado por correo
          certificado con acuse de recibo, según se
          establece en la Regla 17 de este Reglamento.
          Ningún Tribunal podrá asumir jurisdicción
          en una acción de cobro de dinero tramitada
          por una agencia de cobro sin que se alegue
          y se pruebe el cumplimiento de este
          requisito.

      A    su   vez,   la   Regla   17   establece   que   el

procedimiento de cobro se realizará de la siguiente

manera:

          (a) La agencia se comunicará con el deudor
          por correo informando en la comunicación
          qué: es una agencia de cobros, incluyendo
          el nombre, dirección y teléfono de la
          agencia, que pretende cobrar una deuda, la
          cantidad de la deuda, el nombre del acreedor
          y el concepto de la deuda. Debe aclarar que
          cualquier   información   que   se   obtenga
          durante    el   proceso    será    utilizada
          únicamente para propósitos del cobro de la
          deuda.

          (b) El sobre en el que se envíe esta
          comunicación no puede identificar de forma
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       alguna la razón de dicha comunicación, el
       nombre de la agencia de cobros, ni hacer
       referencia alguna a que trata sobre el cobro
       de una deuda.

       (c) En la comunicación inicial se debe
       apercibir al deudor que tiene un término de
       treinta (30) días, luego del recibo de la
       reclamación inicial, para cuestionar la
       validez de la deuda o parte de ésta, por
       escrito y que de no hacerlo se entenderá
       correcta. Se debe informar al deudor que en
       este término puede solicitar a la agencia
       de cobros que le provea el nombre y
       dirección del acreedor original de la
       deuda, si éste es diferente al actual.

       (d) También se debe apercibir al deudor que,
       de cuestionar la deuda en el periodo de
       treinta (30) días, la agencia de cobros
       deberá obtener una verificación de la deuda
       o copia de la sentencia estableciendo la
       deuda y así lo notificará al deudor por
       escrito y por correo certificado con acuse
       de recibo.

       (e) Si el deudor solicita información,
       cuestiona o refuta la deuda en el periodo
       de treinta (30) días antes mencionado, la
       agencia debe detener toda gestión de cobro
       hasta tanto notifique al deudor, por
       escrito, la verificación de la deuda o
       cumpla con el requerimiento efectuado por
       deudor.

     De otra parte, conforme reconoció nuestro Tribunal

Supremo en Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103

DPR 117 (1974), en las acciones de cobro de dinero

presentadas por agencias de cobros el tribunal debe

abstenerse de ejercitar su jurisdicción “si no se alega

y prueba que antes de iniciar la acción judicial la

acreedora requirió “por escrito al deudor para que pague

lo adeudado por correo certificado con acuse de recibo.”

Íd., pág. 119.    De esta manera, la jurisdicción del

tribunal está supeditada al aviso o notificación previa

a la persona demandada.     Íd.    El propósito de esta

notificación es proteger al deudor “contra la avidez de

cobradores   inescrupulosos.”     Íd.,   pág.   120.   Esta

notificación previa permite al deudor la oportunidad de
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cumplir      su    obligación         sin     mayores      consecuencias

económicas,       la   sanción    moral       y    la   perturbación       que

conlleva el litigio.            Íd.     Sin embargo, debido a que

este   es    un   mecanismo      para    su       protección,    la    parte

demandada “puede libremente renunciar a la misma, y su

renuncia     tendrá     tanta    eficacia         bien   sea    expresa     o

tácita.”     Íd., pág. 121, citando a García Colón v. Srio.

de Hacienda, 99 DPR 779 (1971).

       Por su parte, la Ley de Agencias de Cobros establece

que    sus    disposiciones        se       interpretarán       de     forma

compatible con la Fair Debt Collection Practices Act, 15

USC secs. 1692. Artículo 17a, 10 LPRA sec. 981p-1. Esta

ley federal dispone “a debt collector shall […] send the

consumer a written notice containing […]”.                     15 USC sec.

1692g(a).     Respecto a la suficiencia de la notificación

previa, la Corte de Apelaciones Federal para el Noveno

Circuito razonó que dicha disposición “requires only

that a Notice be “sent” by a debt collector.                          A debt

collector     need     not   establish        actual     receipt      by   the

debtor.”     Mahon v. Credit Bureau of Placer Country Inc.,

171 F.3d 1197, 1201 (9th Cir. 1999).                     Véase, también,

Grimsley v. Palm Beach Credit Adjusters, Inc., 691 F.

Appx. 576, 579 (11th Cir. 2017).

                                  III.

       En el caso de autos, mediante el único señalamiento

de error, Island Portfolio alega que el foro primario

incidió al desestimar la Demanda de autos, puesto que,

la carta del Aviso de Cobro lo enviaron y fue recibido

a la última dirección conocida de la apelada.                              En

esencia, argumentó que la desestimación de la demanda es

contraria en derecho.
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      Según      surge   del     expediente,       Island      Portfolio

presentó prueba de las diligencias llevadas a cabo para

el cobro de lo adeudado por la señora De Jesús.                   Entre

ellas, se encuentra la carta de Aviso de Cobro con fecha

del   5   de     junio   de    2023,     enviada    mediante      correo

certificado, junto con el acuse de recibo, el cual

refleja que fue “delivered to agent for final delivery”.

      Conforme      al   derecho       antes   expuesto,       tanto   el

Artículo 17(13) de la Ley de Agencias de Cobro, supra,

y la Regla 16 del Reglamento Núm. 6451, supra, disponen

que, es una práctica prohibida el radicar una acción

judicial de cobro de dinero sin antes haber requerido

por escrito al deudor que pague lo adeudado, por correo

certificado con acuse de recibo.               A su vez, establece

que el foro primario no podrá asumir jurisdicción en una

acción de cobro de dinero tramitada por una agencia de

cobro sin que se alegue y se pruebe el cumplimiento de

este requisito.

      No obstante, la Ley de Agencias de Cobros, supra,

y su ley federal análoga, Fair Debt Collection Practices

Act, supra, reconocen que no es una exigencia que la

parte que reclama la deuda demuestre que la carta de

Aviso de Cobro fue efectivamente recibida por el deudor.

El único requisito de dicha legislación es el envío de

la carta mediante correo certificado con acuse de recibo

a la dirección conocida del deudor y que se pruebe que

así se hizo.

      Por   lo    tanto,      concluimos   que     el   foro    primario

incidió al desestimar la Demanda de autos.

                                   IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la

Sentencia apelada.         Por consiguiente, devolvemos el caso
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al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, para

la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí

dispuesto.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones