Court Opinion

ID: 9690461
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-24 19:13:42.82174+00
Date Added: 2024-06-11T09:04:25.086292
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                CERTIORARI
      SONO X-RAY                                procedente del
   RADIOLOGY GROUP                              Tribunal de Primera
  H/N/C QUADRANGLE                              Instancia, Sala
    IMAGING CENTER                              Superior de San
       Peticionario                             Juan
                              KLCE202300693
             v.                                 Caso número:
                                                SJ2022CV07829

 TRIPLE S SALUD, INC;
 TRIPLE S ADVANTAGE,                            Sobre: INJUCTION
          INC.                                  PRELIMINAR Y
      Recurridos                                PERMANENTE;
                                                SENTENCIA
                                                DECLARATORIA;
                                                COBRO DE DINERO;
                                                INCUMPLIMIENTO
                                                DE CONTRATO;
                                                DAÑOS;
                                                ENRIQUECIMIENTO
                                                INJUSTO

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2023.

      Comparece ante nos, Sono X-Ray Radiology Group h/n/c

Quadrangle Imaging Center (QIC) y nos solicita que revisemos la

Resolución emitida y notificada el 19 de mayo de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de

Recusación que presentó QIC.

      Por los fundamentos que se exponen a continuación, se expide

el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

                                 I.

      El 29 de agosto de 2022, QIC presentó una Demanda en

contra de Triple-S Salud, Inc. y Triple-S Advantage, Inc. (Triple-S).

La Demanda fue presentada por conducto del Lcdo. Cesar T. Alcover

 Número Identificador
 RES2023_______________
KLCE202300693                                                       2

Acosta y de la Lcda. Carla L. Loubriel. En apretada síntesis, QIC

impugnó los resultados de una auditoría que le realizó Triple-S entre

el 16 de julio de 2021 y el 4 de agosto de 2022. Consecuentemente,

QIC solicitó una sentencia declaratoria y daños contra Triple-S por

la presunta ilegalidad del procedimiento de auditoría que realizaron

y los recobros ascendentes a $296,384.15, que Triple-S pretende

realizar. Además, solicitó un injunction preliminar y permanente

para que Triple-S cesara y desistiera de recobrar la deuda resultante

del procedimiento de auditoría. Finalmente, QIC incluyó causas de

acción en cobro de dinero y daños por $195,734.98.

      El 1 de septiembre de 2022, Triple-S presentó una Moción en

Solicitud de Descalificación. En esta, solicitó la descalificación del

Lcdo. Cesar T. Alcover Acosta y de la Lcda. Carla L. Loubriel, así

como del Bufete Casellas Alcover & Burgos, PSC., como abogados

de QIC. Triple-S sostuvo que, existía un conflicto de intereses por

representación sucesiva adversa. Adujo que, el Lcdo. Cesar T.

Alcover Acosta y la Lcda. Carla L. Loubriel estaban impedidos de

representar a QIC porque ambos fueron abogados de Triple-S en el

pasado.

      Así las cosas, el 5 de septiembre de 2022, QIC presentó una

Oposición a Solicitud de Descalificación. Arguyó que, la solicitud de

descalificación que presentó Triple-S era insuficiente en derecho,

pues no cumplía con el peso de la prueba para invocar la

descalificación bajo el Canon 21, en su vertiente de representación

sucesiva adversa. Así pues, QIC indicó que la solicitud de Triple-S y

la evidencia que le acompañaba, estaba plagada de generalidades y

representaciones falsas e incompletas, tendientes a inducir al TPI a

error, pues descansaba en la coincidencia de sujetos y de temas

entre las dos (2) representaciones.
KLCE202300693                                                        3

      Luego de varios incidentes procesales, el 23 de septiembre de

2022, el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró Ha

Lugar la Moción en Solicitud de Descalificación. Consecuentemente,

ordenó la descalificación del Lcdo. Cesar T. Alcover Acosta, de la

Lcda. Carla L. Loubriel y del Bufete Casellas Alcover & Burgos, PSC.,

bajo la presunción de confidencias compartidas. El 11 de octubre de

2022, QIC presentó una Moción de Reconsideración. En igual fecha,

el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración que

presentó QIC.

      Posteriormente, el 24 de octubre de 2022, QIC presentó una

Petición de Certiorari ante este Tribunal. El 30 de noviembre de

2022, un panel hermano de este Tribunal expidió el auto y revocó la

Resolución que emitió el TPI el 23 de septiembre de 2022. En dicha

Resolución se determinó que, de las mociones de las partes en torno

a la descalificación surgía una controversia sobre la suficiencia de

la prueba que no podía ser resuelta sin un desfile de prueba. Así, se

devolvió el caso al TPI para que llevara a cabo una vista evidenciaría.

      El 2 de febrero de 2023, Triple-S presentó un Escrito

Uniéndose a Representación Legal y Solicitud de Señalamiento de

Vista sobre el Estado de los Procedimientos. En la misma, solicitó al

TPI, entre otras cosas, que señalara una vista sobre el estado de los

procedimientos, a los fines de calendarizar el descubrimiento de

prueba para la vista evidenciaría que ordenó este Tribunal. Ese

mismo día, el TPI emitió una Orden mediante la cual señaló la vista

sobre el estado de los procedimientos para el 15 de febrero de 2023.

      El 8 de febrero de 2023, QIC presentó una Solicitud de

Transferencia de Vista. Consecuentemente, el TPI emitió una Orden

mediante la cual transfirió la vista para el 14 de marzo de 2023. Así

las cosas, el 9 de marzo de 2023, QIC presentó una Solicitud de

Recusación o Inhibición del Honorable Juez Superior Anthony Cuevas
KLCE202300693                                                      4

Ramos. En esta, QIC adujo que es razonable concluir objetivamente

y desde la perspectiva de un observador bien informado, objetivo y

razonable, que el Honorable Juez Anthony Cuevas Ramos puede

haber prejuzgado la procedencia de la solicitud de descalificación y,

como mínimo, puede dar la apariencia de que así lo puede haber

hecho, pues resolvió inicialmente con tan solo una scintilla de

prueba y utilizando un lenguaje categórico, absoluto y contundente.

Asimismo, esbozó que los hechos procesales del caso abonaban a

las dudas sobre su imparcialidad, ya que le ordenó replicar a la

moción de descalificación no en un plano razonable sino

inmediatamente y que había despachado con No Ha Lugar la extensa

y fundamentada Moción de Reconsideración en menos de treinta (30)

minutos de ser presentada.

      El 16 de marzo de 2023, Triple-S presentó una Oposición a

Solicitud de Recusación o Inhibición […]. Manifestó que, la solicitud

de recusación no se presentó dentro del término de veinte (20) días

desde que la parte solicitante conoció de la causa de la recusación.

Señaló que, la solicitud es insuficiente por no hacer referencia a

hechos específicos en los cuales se fundamenta y que QIC pretende

hacer fórum shopping y judge shopping, al intentar elegir un juez o

una jurisdicción que le resulte más favorable. Añadió que, el hecho

de que un juez haya tenido unas experiencias anteriores que tengan

alguna relación con la controversia ante el juez no es razón para

inhibirse ni declarar con lugar una recusación.

      Así, el 23 de marzo de 2023, QIC presentó una Réplica a

Oposición a Solicitud de Recusación o Inhibición. El 19 de mayo de

2023, el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha

Lugar la Solicitud de Recusación o Inhibición del Honorable Juez

Superior   Anthony    Cuevas    Ramos.    Insatisfechos    con   esa

determinación, el 20 de mayo de 2023, la parte peticionaria presentó
KLCE202300693                                                          5

un recurso de Certiorari ante este Tribunal y alegó la comisión de los

siguientes errores:

      A. Erró y abusó de su discreción el TPI al declarar
         “No Ha Lugar” la solicitud de recusación o
         inhibición   sin    sopesar   los    argumentos
         constitucionales presentados por los abogados de
         QIC.

      B. Erró y abusó de su discreción el TPI al declarar
         “No Ha Lugar” la solicitud de recusación o
         inhibición al concluir que no se ha prejuzgado la
         controversia.

      C. Erró y abusó de su discreción el TPI al declarar
         “No Ha Lugar” la solicitud de recusación o
         inhibición al concluir que no existe la apariencia
         de parcialidad para juzgar la controversia.

      Examinado el recurso de Certiorari, este Tribunal emitió una

Resolución el 29 de junio de 2023, concediéndole un término de

veinte (20) días a la parte recurrida para que expresara su posición

al recurso. El 17 de julio de 2023, la parte recurrida presentó su

Alegato en Oposición a: “Petición de Certiorari”. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                                II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
KLCE202300693                                                           6

      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición

reglamentaria dispone lo siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

            A. Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida a diferencia de sus fundamentos son
            contrarios a derecho.

            B. Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

            C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
            por el Tribunal de Primera Instancia.

            D. Si el asunto planteado exige consideración más
            detenida a la luz de los autos originales, los cuales
            deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.
KLCE202300693                                                                7

               E. Si la etapa del procedimiento en que se
               presenta el caso es la más propicia para su
               consideración.

               F. Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa no causa un fraccionamiento
               indebido del pleito y una dilación indeseable en la
               solución final del litigio.

               G. Si la expedición del auto o de la orden de
               mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal     Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de     la    discreción    judicial    está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

   B. La recusacion y la Regla 63 de Procedimiento Civil

       La figura del juez en nuestra sociedad cumple una particular

función de equilibrio en los conflictos humanos, toda vez que le

corresponde “discernir el bien del mal, para distinguir lo que puede

y debe hacerse, de aquello que debe ser evitado”. Martí Soler v.

Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 7 (2007). Por lo tanto, se ha concluido

que nuestro estado de derecho “se asienta sobre el recto y sabio
KLCE202300693                                                            8

ejercicio de las funciones judiciales”, lo cual a su vez resulta en que

se exija la imparcialidad del juzgador como corolario del debido

proceso de ley. Íd., págs. 7-8. Esta exigencia de imparcialidad, al

igual que su apariencia, también forma parte de importantes

principios éticos. Lind v. Cruz, 160 DPR 485, 490 (2003).

      En aras de promover la política pública de ofrecer a todo

ciudadano el derecho a que su causa sea ventilada sin prejuicio

alguno por parte del magistrado competente, la Regla 63.1 de

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) enumera las causas por las

cuales un juez o jueza deberá inhibirse de intervenir en un pleito.

Al respecto y en lo aquí pertinente, el estatuto dispone como sigue:

      A iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez o jueza
      deberá inhibirse de actuar en un pleito o procedimiento en
      cualquiera de los casos siguientes:

      (a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las
          personas o los abogados o abogadas que intervengan en
          el pleito o por haber prejuzgado el caso;

      […]

      (j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente
      arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que
      tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.
      Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra.

      Por su parte, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) esboza las normas inherentes al perfeccionamiento de una

solicitud de inhibición o recusación, así como el proceso a seguir

una vez se presenta la misma. En específico, la precitada regla reza

como sigue:

      (a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará
      ante el juez o jueza recusado(a) dentro de veinte (20) días
      desde que la parte solicitante conozca de la causa de la
      recusación. La solicitud incluirá los hechos específicos en los
      cuales se fundamenta y la prueba documental y
      declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. Cuando la
      parte promovente de la recusación no cumpla con las
      formalidades antes señaladas, el juez o jueza podrá
      continuar con los procedimientos del caso.

      (b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el juez
      o jueza recusado(a) concluye que procede su inhibición, hará
      constar mediante resolución escrita los incisos (a) a (i) de la
      Regla 63.1 de este apéndice aplicable, en su defecto, la razón
      específica para su inhibición bajo el inciso (j) y la notificará
      a todas las partes. El caso será asignado a otro juez o jueza.
KLCE202300693                                                          9

      (c) Si el juez o jueza concluye que no procede su inhibición,
      se abstendrá de continuar actuando en su capacidad de juez
      o jueza en el caso y remitirá los autos del mismo al juez
      administrador o jueza administradora para la designación de
      un juez o jueza que resuelva la solicitud de recusación. La
      recusación se resolverá dentro del término de treinta (30)
      días de quedar sometida.

      (d) Una vez un juez o jueza haya comenzado a intervenir en
      un caso, no podrán unirse al caso los abogados o abogadas
      cuya intervención pueda producir su recusación. Regla 63.2
      de Procedimiento Civil, supra.

      De otra parte, procede señalar que el Canon 20 de Ética

Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, atiende lo que constituye la apariencia de

imparcialidad judicial. Al respecto, el Canon 20 establece, entre

otras cosas, que:

      [l]as juezas y los jueces entenderán y adjudicarán los
      asuntos que se les asignen, salvo aquellos en lo que la ley
      requiera su inhibición y en cualesquiera de los casos
      siguientes, pero sin limitarse a estos:

      (a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las
          personas, las abogadas o los abogados que intervengan
          en el pleito o por haber prejuzgado el caso.

      […]

      (i) por cualquier otra causa que pueda razonablemente
      arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que
      tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.

      Según establece nuestro ordenamiento jurídico, se incurre en

violación de el Canon 20 de Ética Judicial cuando, entre otras

razones, las juezas o los jueces exhiben una conducta que arroja

dudas sobre su imparcialidad y que mina la confianza pública en el

sistema de justicia. In re Castro Colón, 155 DPR 110 (2001).

Asimismo, la parcialidad aducida a fin de que un juez no intervenga

en determinado asunto debe ser en el ámbito personal. Mun. de

Carolina v. CH Properties, 200 DPR 701 (2018). Es decir, la

posibilidad de que el magistrado haya prejuzgado la controversia

significa que sus visiones personales controlen la adjudicación del

caso, independientemente de la evidencia que se le presente y del
KLCE202300693                                                     10

derecho aplicable. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750

(2013).

      La solicitud de inhibición judicial se circunscribe por los

principios de buena fe, abuso de derecho e incuria, por lo que una

solicitud de recusación debe apoyarse en hechos comprobables, a la

luz de la totalidad de las circunstancias. Mun. de Carolina v. CH

Properties, supra. Véase, además, Martí Soler v. Gallardo Álvarez,

170 DPR 1 (2007).

      La jurisprudencia vigente reconoce que “la mera apariencia de

parcialidad constituye un motivo suficiente para la inhibición o

recusación de un juez.” Mun. de Carolina v. CH Properties, supra,

pág. 713; Lind v. Cruz, 160 DPR 485 (2003). Ello es así, toda vez

que los tribunales de justicia tienen el deber de velar porque la

consideración de las prerrogativas de quienes acuden a su auxilio

esté libre de toda sospecha.     Mun. de Carolina v. CH Properties,

supra. Es en el ideal de la protección a la confianza pública que, a

su vez, se exige una administración apropiada de los casos. Íd.

      No obstante, al determinar si existe o no prejuicio personal de

parte de un juez, demanda un análisis de la totalidad de las

circunstancias a la luz de la prueba presentada. Lind v. Cruz, supra,

pág. 491. Así, se utilizará para ello la norma del buen padre de

familia o de la persona prudente y razonable. Íd. Corresponde

entonces determinar si una persona prudente y razonable, situada

en las circunstancias del juez cuya recusación de solicita, estaría

impedido de adjudicar el caso que tiene ante sí “con la imparcialidad

y neutralidad que nuestro ordenamiento jurídico le exige a todo

magistrado”. Íd., pág. 494.

                              III.

      En este caso, la parte peticionaria nos solicita la revisión de

la Resolución emitida el 19 de mayo de 2023. Mediante esta, el TPI
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resolvió que no procedía la recusación del Juez Anthony Cuevas

Ramos. Por estar relacionados entre sí, discutiremos los tres (3)

señalamientos de error en conjunto. En su recurso, la parte

peticionaria señala que el TPI erró y abusó de su discreción al

declarar No Ha Lugar la solicitud de recusación o inhibición sin

sopesar los argumentos constitucionales presentados por sus

abogados, al concluir que no se ha prejuzgado la controversia y que

no existe la apariencia de parcialidad para juzgar la controversia.

      Nuevamente, las razones para que QIC solicitara la recusación

del Juez Anthony Cuevas Ramos fueron por que este pudo haber

prejuzgado la procedencia de la solicitud de descalificación y, como

mínimo, puede dar la apariencia de que así lo puede haber hecho,

pues resolvió inicialmente con tan solo una scintilla de prueba y

utilizando un lenguaje categórico, absoluto y contundente. Además,

porque los hechos procesales del caso abonaban a las dudas sobre

su imparcialidad, ya que le ordenó a la parte peticionaria replicar a

la moción de descalificación no en un plano razonable sino

inmediatamente y que había despachado con No Ha Lugar la extensa

y fundamentada Moción de Reconsideración en menos de treinta (30)

minutos de ser presentada.

      Del expediente ante nos surge que, un panel hermano de este

Tribunal revocó la Resolución emitida por el TPI mediante la cual

descalificó al Lcdo. Cesar T. Alcover Acosta, de la Lcda. Carla L.

Loubriel y del Bufete Casellas Alcover & Burgos, PSC., bajo la

presunción de confidencias compartidas. Consecuentemente, este

Tribunal le ordenó al TPI llevar a cabo una vista evidenciaría, pues

de las mociones de las partes en torno a la descalificación surgía

una controversia sobre la suficiencia de la prueba que no podía ser

resuelta sin un desfile de prueba.
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      QIC plantea que, solicitó la recusación del Juez Anthony

Cuevas Ramos porque este pudo haber prejuzgado la procedencia

de la solicitud de descalificación y, como mínimo, puede dar la

apariencia de que así lo puede haber hecho, pues resolvió

inicialmente con tan solo una scintilla de prueba y utilizando un

lenguaje categórico, absoluto y contundente. Del expediente ante

nos, no surge una base fáctica razonable que genere dudas sobre la

imparcialidad del Juez. El hecho de que el Juez Anthony Cuevas

Ramos haya resuelto la solicitud de descalificación con tan solo una

scintilla de prueba y utilizando un lenguaje categórico, absoluto y

contundente, no es indicio de que este está parcializado o tenga

algún prejuicio. De ser así, los jueces estarían imposibilitados de

utilizar un lenguaje categórico, absoluto y contundente al momento

de resolver los asuntos ante su consideración.

      Por lo tanto, coincidimos con la determinación del TPI de que

el mero señalamiento de que el juez adjudicó credibilidad a la prueba

de la parte recurrida en un juicio anterior no necesariamente es una

razón suficiente para remover al magistrado de su función

adjudicativa. No debemos perder de perspectiva que, las actuaciones

judiciales pueden ser revisadas mediante los recursos judiciales

adecuados para ello.

      De otro lado, es importante destacar que la parte peticionaria

presentó su solicitud de recusación fuera del término de veinte (20)

días que establece la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra. Ello,

por cuanto transcurrió más de veinte (20) días desde que QIC advino

en conocimiento de los presuntos fundamentos de la recusación. Es

decir, la parte peticionaria, como mínimo, advino en conocimiento

de los presuntos fundamentos de la recusación el 2 de febrero de

2023. Mientras, la Solicitud de Recusación o Inhibición del Honorable

Juez Superior Anthony Cuevas Ramos se presentó el 9 de marzo de
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2023. De manera que, la parte peticionaria tenía hasta el 22 de

febrero de 2023 para solicitar la recusación del Juez Anthony

Cuevas Ramos.

      Tras evaluar el recurso de epígrafe, al amparo de los criterios

establecidos para que este Tribunal expida el auto de certiorari, bajo

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no hallamos indicio de

que el TPI haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya

abusado al ejercer su discreción, o cometido algún error de Derecho.

                              IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. Se devuelve el caso

al TPI para que se lleve a cabo la vista evidenciaría que ordenó un

panel hermano de este Tribunal en la Resolución emitida el 30 de

noviembre de 2022.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones