Court Opinion

ID: 9952274
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:36:00.466769+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.988567
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

  GLADYS XIOMARA                        Apelación
  CAMARENA                              procedente del
                                        Tribunal de Primera
        Apelado                         Instancia
           v.             KLAN202400006 Sala Superior de
                                        San Juan
  TRENTON SANDERS
                                               Civil Núm.
        Apelante                               SJ2023CV09687

                                               Sobre:
                                               Desahucio y Cobro de
                                               Dinero

 Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y
 la Jueza Prats Palerm.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

       Comparece ante este foro el Sr. Trenton Sanders

 (señor Sanders o “el apelante”) y solicita que revisemos

 una   Sentencia,     emitida    por     el    Tribunal   de   Primera

 Instancia, Sala Superior de San Juan, notificada el 26

 de diciembre de 2023.          Mediante esta, el foro primario

 declaró HA LUGAR la demanda de desahucio en contra del

 apelante, por no pagar los cánones de arrendamiento.

 Por   consiguiente,     le     ordenó    al    señor   Sanders,    que

 desalojara inmediatamente la propiedad ocupada.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.

                                  I.

       El   16   de   octubre    de    2023,    la   señora    Camarena

 presentó una Demanda en desahucio y cobro de dinero en

 contra del señor Sanders.1           Alegó que, es la dueña de la

 propiedad localizada en la Calle Padre Capuchino #1137

 1 Véase, Demanda, entrada núm. 1 en el Sistema Unificado de Manejo
 y Administración de Casos (SUMAC).

Número Identificador
SEN2024 ______________
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Apartamento 4, Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Adujo

que, a pesar de requerirle al apelante pagara la deuda,

no     lo    había   realizado.            Indicó      que,    el     canon    de

arrendamiento pactado era por la cantidad de trescientos

cincuenta dólares ($350.00) mensuales.                         Sin embargo,

argumentó que el señor Sanders dejó de realizar los pagos

de arrendamiento, y, por ende, le adeudaba la cantidad

de     mil    setecientos        cincuenta           ($1,750.00)      dólares,

equivalente a cinco meses de renta.                          Añadió, que el

apelante       abandonó        la    propiedad,         y     desconocía      su

paradero, pero que, necesitaba autorización del foro

primario para entrar a la propiedad.                     Consecuentemente,

solicitó el desahucio, el pago de los $1,750.00, y

honorarios de abogado.

        Por su parte, el 15 de noviembre de 2023, el señor

Sanders        presentó        un        escrito       intitulado       Moción

solicitando la nulidad del pleito.2                    En esencia, sostuvo

que la citación sobre la demanda no estaba dirigida a su

persona, puesto que el nombre que aparecía no era el

suyo.         Expresó     que,       dicho      error       provoca    que     la

correspondencia           no        le    sea        entregada,       y,      por

consiguiente, no pueda responder a tiempo.

        Posteriormente, el 30 de noviembre de 2023, el

apelante       presentó    una       moción     solicitándole          al    foro

primario       que   le   ordenara         a    la    señora    Camarena      le

proveyera una carta o contrato de arrendamiento, como

prueba de su residencia, el cual debía incluir: fecha de

su mudanza, el canon de arrendamiento, los términos del

contrato, entre otros.3                  Arguyó que, había realizado

2   Véase, Moción, entrada núm. 7 en SUMAC.
3   Véase, Moción, entrada núm. 15 en SUMAC.
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varios intentos para solicitar dicha información a la

apelada, pero no había recibido respuesta.

        Luego de varias incidencias procesales, el 11 de

diciembre de 2023, fue celebrada la vista en su fondo,

y ese mismo día dictó sentencia.4             Por lo que, luego de

escuchar las alegaciones de las partes, el foro primario

declaró Con Lugar la demanda.

        Así las cosas, el 26 de diciembre de 2023, notificó

la    Sentencia    apelada.5      Mediante     esta,     realizó   las

siguientes determinaciones de hechos:

           1. La demandante es dueña por herencia de
           la propiedad ubicada en la Calle Padre
           Capuchino #1137, Apartamento 4, en Río
           Piedras, Puerto Rico.

           2. El 19 de marzo de 2023 las partes
           suscribieron un contrato de arrendamiento
           en el que pactaron un canon de $350 mensual.

           3. El contrato no tenía término fijo ni se
           pactó una vigencia específica.

           4. Las partes acordaron que el demandado
           debía pagar una fianza.

           5. El demandado realizó un pago de $350 el
           19 de marzo de 2023.

           6. El demandado realizó un pago de $320 el
           3 de abril de 2023.

           7. El demandado realizó un pago de $300 el
           25 de abril de 2023.

           8. La parte      demandada    no    realizó    pagos
           adicionales.

           9. La parte demandada ha ocupado la
           propiedad sin pagar canon de arrendamiento
           alguno desde mayo a diciembre de 2023.

           10. La parte demandante no tiene interés en
           cobrar la deuda, solo interesa que el
           demandado desaloje el apartamento para que
           ella pueda recuperar su propiedad.

4   Véase, Minuta, entrada núm. 34 en SUMAC.
5   Sentencia, anejo I, págs. 1-3 del apéndice del recurso.
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         Por consiguiente, declaró HA LUGAR la demanda de

desahucio y le ordenó al señor Sanders que desalojara

inmediatamente la propiedad de la señora Camarena.

         En desacuerdo, el 2 de enero de 2024, el señor

Sanders presentó el recurso de epígrafe.             Aun cuando no

esbozó un señalamiento de error en concreto, alegó que

no procedía el desahucio, debido a que, intentó pagar el

canon de arrendamiento en varias ocasiones, pero la

apelada no lo aceptó.         A su vez, que la señora Camarena

no le envió una notificación para que pagara o desalojara

la propiedad en el término de 30 días.

         Luego de una evaluación preliminar del expediente,

el   9    de   febrero   de   2024,    emitimos    una    Resolución,

mediante la cual concedimos a la apelada el término

dispuesto en el Reglamento de este Tribunal para que

presentara su postura.

         Sin embargo, debido a que ya transcurrió el término

dispuesto      en   nuestro   Reglamento    para    que    la   señora

Camarena presentara un alegato en oposición sin que

presentara          alguna       comparecencia,            declaramos

perfeccionado el recurso de autos.

                                 II.

                                 -A-

         El desahucio es el medio que tiene el dueño o la

dueña de un bien inmueble arrendado para que pueda

recobrar la posesión de este, a través del lanzamiento

o la expulsión del arrendatario o precarista que la

mantiene sin pagar los correspondientes cánones.                Ortiz

Zayas v. ELA, 2023 TSPR 43.            Véase, además: Cooperativa

v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020).                 Esta acción

de desahucio puede solicitarse, ya sea mediante proceso

sumario, o por vía ordinaria.           Adm. Vivienda Pública v.
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Vega Martínez, 200 DPR 235, 240 (2018).                En cuanto al

desahucio sumario, el mismo está regulado por el Código

de   Enjuiciamiento       Civil,       específicamente        en    sus

artículos 620 a 634, 32 LPRA secs. 2821-2838.               Sobre tal

carácter sumario, nuestro Tribunal Supremo ha expresado

que ello responde al interés del Estado en atender

rápidamente las reclamaciones por parte de los dueños de

inmuebles que ven interrumpido su derecho a poseer y

disfrutar de su propiedad.          Ortiz Zayas v. ELA, supra;

Cooperativa    v.   Colón      Lebrón,   supra,     pág.    820;   Adm.

Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra, pág. 240; ATPR

v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).

     A su vez, como lo que se intenta recobrar en una

acción de desahucio es la posesión, nuestro Más Alto

Foro ha expresado que, en la acción sumaria de desahucio,

se debe limitar la consolidación de otras acciones o

defensas.     ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10.

Cuando la demanda se fundamente en la falta de pago del

canon o precio convenido en un contrato, no se admitirá

otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento

que conste haberse verificado el pago.                Art. 627 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2829.                  Sin

embargo, en ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ha permitido la presentación de algunas defensas,

siempre   y   cuando     las    mismas    no   desnaturalicen       el

espíritu del carácter sumario del proceso de desahucio.

Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987).

                                 -B-

      En materia de apreciación de prueba, los foros

apelativos      debemos        brindar     deferencia         a     las

determinaciones     de    hechos       formuladas     por    el    foro

judicial primario.       Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171
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DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc.,

148 DPR 420, 433 (1999).          La norma general es que, si la

actuación del foro a quo no está desprovista de una base

razonable y no perjudica los derechos sustanciales de

una parte, debe prevalecer el criterio del juez de

primera instancia, a quien le corresponde la dirección

del proceso.         Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554,

572 (1959).

      Así, el Tribunal de Apelaciones evitará variar las

determinaciones de hechos del foro sentenciador, a menos

que   medie        pasión,    prejuicio,     parcialidad        o   error

manifiesto.        Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 42.2.         Véase, además, Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramírez Ferrer

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 817 (2009).                   Sobre el

particular, el Tribunal Supremo ha expresado que:

        Una de las normas más conocidas en nuestro
        ordenamiento jurídico es que los tribunales
        apelativos   no   intervendremos   con   la
        apreciación de la prueba, la adjudicación
        de credibilidad y las determinaciones de
        hechos que realizan los tribunales de
        instancia, a menos que se demuestre que el
        juzgador actuó movido por pasión, prejuicio
        o parcialidad o que incurrió en error
        manifiesto.    Dávila Nieves v. Meléndez
        Marín, supra, pág. 753.

      Esta norma de autolimitación judicial cede cuando

“un análisis integral de [la] prueba cause en nuestro

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia

tal   que     se     estremezca    nuestro     sentido     básico       de

justicia;     correspondiéndole       al     apelante      de       manera

principal señalar y demostrar la base para ello.” Pueblo

v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).

      En fin, como norma general, no intervendremos con

la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de

Primera Instancia.           Regla 42.2 de las de Procedimiento
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Civil, supra.       Véase, además: Rivera Menéndez v. Action

Services,     supra,    pág.     448-449;         Monllor     Arzola   v.

Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995).                      No

obstante, si de un examen de la prueba, se desprende que

el   juzgador       descartó     injustificadamente            elementos

probatorios        importantes       o    fundó     su   criterio      en

testimonios     improbables      o       imposibles,     se    justifica

nuestra intervención.          C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez,

100 DPR 826, 830 (1972).         Ello, sin obviar la norma que

establece que un tribunal apelativo no puede dejar sin

efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo

en   la   prueba    desfilada.    Sánchez         Rodríguez    v.   López

Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985).

                                 III.

      Luego de analizar la totalidad del expediente en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos

del Poder Judicial, y las alegaciones del apelante,

concluimos que no le asiste razón.                Veamos.

      En su recurso, el señor Sanders alega que no procede

el desahucio, debido a que, la apelada no le notificó

sobre la deuda, ni tampoco le brindó el término de 30

días para pagar o desocupar la propiedad. Por otro lado,

arguye que intentó realizar los pagos, pero que la señora

Camarena no le proveyó su nombre legal para completar el

cheque.

      En virtud de la Sentencia apelada, el foro de

instancia determinó que, el 19 de marzo de 2023 las

partes suscribieron un contrato de arrendamiento por un

pago de $350.00 mensuales, éste no disponía término

fijo, ni vigencia específica.              No obstante, el apelante

desde mayo de 2023 comenzó a dejar de pagar el canon de

arrendamiento, y así continuó, acumulando una deuda por
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$1,750.00.      A su vez, surge de la sentencia que, la

señora Camarena expresó que no tenía interés en cobrar

la   deuda,        sino    que,     el     apelante     desalojara       el

apartamento        y    ella    recuperar     su   propiedad.           Por

consiguiente, el foro de instancia concluyó que, el

apelante no pagó los cánones pactados desde mayo a

diciembre     de       2023,   y   seguía    ocupando      la   propiedad

arrendada sin hacer pago alguno.              Así las cosas, declaró

HA LUGAR la demanda de desahucio y le ordenó al señor

Sanders   que      desalojara      el    apartamento       de   la   señora

Camarena.

     Conforme al derecho antes expuesto, el propósito de

una acción de desahucio es recuperar la posesión de una

propiedad inmueble mediante el lanzamiento o expulsión

del arrendatario o precarista que la detenta sin pagar

canon o merced alguna.             Acosta Rodríguez v. Ghigliotti

Lagares, 186 DPR 984, 989 (2012); Telesforo Fernández &

Hno., Inc. v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956).                         Por lo

tanto, el único pronunciamiento en una sentencia bajo el

procedimiento de desahucio es si procede o no ordenar el

desalojo.     Telesforo Fernández & Hno., Inc. v. Pérez,

supra.

     Resulta necesario reseñar que el foro primario tuvo

ante sí la encomienda de escuchar y evaluar la prueba

testifical y documental presentada en la vista en su

fondo.      Así las cosas, es menester resaltar que es

doctrina reiterada que los tribunales apelativos no

debemos intervenir con la apreciación de la prueba que

realizan los tribunales de instancia en ausencia de

pasión,   prejuicio,           error     manifiesto    o    parcialidad.

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004); Trinidad v.

Chade, 153 DPR 280 (2001).               Por lo que, este Foro debe
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mantener deferencia para con la apreciación de la prueba

que realiza un tribunal de instancia.                 Arguello v.

Arguello, 155 DPR 62 (2001).

     En    virtud   de   lo    antes     expuesto,    avalamos    el

dictamen emitido por el foro primario.             Toda vez que el

apelante    no   probó   causa    alguna    que    justificara    su

posesión, sin realizar los pagos correspondientes y

acordados.       Tampoco      presentó     una    transcripción    o

exposición narrativa de la prueba testifical vertida

ante el foro primario mediante la cual controvirtiera

las determinaciones de hecho y la apreciación de la

prueba.    Sino que, se limitó a expresar las razones por

las cuales no estaba conforme con el dictamen apelado.

     Como consecuencia, nos vemos compelidos a confirmar

la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la cual

declaró Ha Lugar la Demanda contra el señor Sanders.

                                 IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la

Sentencia apelada.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones