Court Opinion

ID: 9941463
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:38:21.445533+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:42.121446
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL XI

   MUNICIPIO DE SAN                                      CERTIORARI
        JUAN                                             procedente del
      Recurrido                                          Tribunal de
                                                         Primera Instancia,
              v.                                         Sala Superior de
                                                         San Juan
   S & MG MEDICAL                KLCE202301286
   SERVICE GROUP                                         Caso número:
 CORP.; SMG MEDICAL                                      SJ2019CV00345
SERVICES AND SUPPLY,
    INC., Y OTROS                                        Sobre:
      Peticionario                                       Nulidad de
                                                         Contrato, Cobro de
                                                         Dinero
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2024.

       Comparece ante nos, SMG Medical Services & Supply, Inc.

(SMG) y nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución

emitida el 24 de julio de 2023 y notificada el 31 de julio de 2023, por

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.

Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación, que presentó SMG.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el recurso de certiorari.

                                   I.

       El 14 de enero de 2019, el Municipio de San Juan presentó

una Demanda en contra de S & MG Medical Service Group, Inc. (S

& MG), SMG y Laura Morales Burgos sobre sentencia declaratoria,

nulidad de contratos y recobro de fondos públicos.1 En apretada

síntesis, el Municipio de San Juan solicitó que se declaren nulos los

contratos 2009-000068, 2010-000091, 2011-00246, 2011-00678,

1 El 18 de mayo de 2020, el TPI emitió una Sentencia mediante la cual desestimó

la Demanda incoada en contra de S & MG y Laura Morales Burgos.

 Número Identificador
 RES2024 _______________
KLCE202301286                                                          2

2012-00389 y 2013-000714. Oportunamente, el 17 de abril de

2019, SMG presentó una Contestación a Demanda. En esta, negó

las alegaciones de la Demanda y levantó varias defensas afirmativas,

entre estas, cosa juzgada, impedimento por fraccionamiento de

causa e impedimento colateral por sentencia.2

      Luego    de    varios   incidentes    procesales,    innecesarios

pormenorizar, el 27 de diciembre de 2019, SMG presentó una

Moción de Desestimación. A grandes rasgos, solicitó la desestimación

de la causa de acción presentada en su contra por entender que la

controversia era cosa juzgada. Indicó que en el caso KAC2013-0642

se evidenció que el Municipio de San Juan le adeudaba dinero por

concepto de incumplimiento de contratos, específicamente, sobre los

contratos 2011-000246, 2012-000389 y 2013-000714, que son los

mismos que se alegan en el caso de epígrafe.

      Posteriormente, el 27 de enero de 2020, el Municipio de San

Juan presentó una Oposición a Moción de Desestimación. En

síntesis, alegó que los contratos 2009-00068, 2010-00091 y 2011-

000678, no fueron objeto de evaluación y adjudicación en el caso

KAC2013-0642. Acentuó que en el caso de epígrafe la controversia

es distinta a la del caso KAC2013-0642, pues en aquella ocasión la

controversia giraba en torno a si SMG ofreció unos servicios y si el

Municipio de San Juan pagó por dichos servicios. Añadió que en el

caso de autos la controversia gira en torno a la nulidad de los

contratos y a la ilegalidad del pago.

      Consecuentemente, el 24 de julio de 2023, el TPI emitió una

Resolución notificada el 31 de julio de 2023, mediante la cual declaró

No Ha Lugar la Moción de Desestimación, que presentó SMG el 27 de

diciembre de 2019. Inconforme, el 14 de agosto de 2023, SMG

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución. Así,

2 Según surge del expediente, existe un caso relacionado con el de autos,
entiéndase el caso KAC2013-0642.
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el 16 de octubre de 2023, el TPI emitió una Resolución mediante la

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración que

presentó SMG.

      Insatisfecho aun, el 16 de noviembre de 2023, SMG presentó

una Petición de Certiorari y señaló la comisión del siguiente error:

      ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
      INSTANCIA AL DENEGAR -SUMARIAMETE Y SIN
      FUNDAMENTO      ALGUNO-   LA    MOCIÓN    DE
      DESESTIMACIÓN HACIENDO CASO OMISO A LOS
      PLANTEAMIENTOS        DE      RECONVENCIÓN
      COMPULSORIA (R. 11.1 de procedimiento civil),
      IMPEDIMENTO COLATERAL POR SENTENCIA,
      FRACCINAMIETO DE CAUSA DE ACCIÓN Y DE
      PRESCRIPCIÓN SOBRE NULIDAD CONTRACTUAL
      (Art. 1251, 31 LPRA § 3500 del antiguo Código
      Civil).

      Examinado el recurso de certiorari, este Tribunal emitió una

Resolución el 29 de noviembre de 2023, concediéndole un término

de veinte (20) días a la parte recurrida para que expresara su

posición al recurso. El 15 de diciembre de 2023, el Municipio de San

Juan presentó un Alegato en Oposición. Con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

                               II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción
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judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que
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debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora      bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio    de    la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por
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este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                               III.

      Luego de examinar cautelosamente el expediente del recurso

ante nuestra consideración, declinamos ejercer nuestra discreción

para expedir el auto discrecional solicitado. Veamos.

      Al   examinar   el    trámite   procesal   del   caso   de   autos,

particularmente la Moción de Desestimación que presentó SMG y la

Oposición a Moción de Desestimación que presentó el Municipio de

San Juan, no encontramos indicio de que el foro de instancia haya

actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su

discreción, o cometido algún error de derecho al emitir la Resolución

recurrida. Pueblo v. Rivera Santiago, supra; S.L.G. Flores, Jiménez v.

Colberg, supra. Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle

Corp, 184 DPR 689, 709 (2012).

      En su Resolución del 24 de julio de 2023, el foro recurrido

determinó que:

      [t]ras un análisis de las alegaciones de las partes, a raíz
      de la Moción de desestimación presentada el 27 de
      diciembre de 2019 por la CoDemandada SMG Medical
      Services and Supply, Inc. el Tribunal dispone: No Ha
      Lugar a la solicitud de desestimación. SE ORDENA la
      continuación de los procedimientos del caso.

      Así pues, el foro recurrido evaluó la Moción de Desestimación

que presentó la parte peticionaria, así como la Oposición a Moción

de   Desestimación    que    presentó   la   parte     recurrida   y,   en

consecuencia, declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte

peticionaria. Con tal proceder, el foro de instancia actuó dentro de

su discreción y conforme a derecho, pues el Tribunal tiene amplia

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).
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      En conclusión, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar

el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos

que nos motiven a expedir el mismo.

                              IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, denegamos la expedición del auto de

certiorari solicitado. Devolvemos el asunto al foro de origen para la

continuación de los procedimientos.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones