Court Opinion

ID: 9941379
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:30:05.752047+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:35.482080
License: Public Domain

M4RH7998ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               TRIBUNAL DE APELACIONES
                   PANEL XI-ESPECIAL

CONSEJO DE TITULARES                          Certiorari
DEL CONDOMINIO PLAYA                          procedente del
       AZUL II                                Tribunal de Primera
                                              Instancia, Sala
        Recurrido                             Superior de Fajardo

             v.                               Caso Núm.:
                                              LU2019CV00216
    MAPFRE PRAICO
 INSURANCE COMPANY                           Sobre:
                             KLCE202400031 Seguros
       Peticionaria                          Incumplimiento
                                             Aseguradoras
                                             Huracanes
                             Consolidado con Irma/María

CONSEJO DE TITULARES                       Certiorari
DEL CONDOMINIO PLAYA                       procedente del
       AZUL II                             Tribunal de Primera
                             KLCE202400039 Instancia, Sala
       Peticionario                        Superior de Fajardo

             v.                               Caso Núm.:
                                              LU2019CV00216
    MAPFRE PRAICO
 INSURANCE COMPANY                            Sobre:
                                              Seguros
        Recurrida                             Incumplimiento
                                              Aseguradoras
                                              Huracanes
                                              Irma/María

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez
Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2024.

      Comparece MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY (en

adelante, MAPFRE), en el recurso de Certiorari KLCE202400031,

así como el Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II (en

adelante,     Condominio),    en   el    recurso   de    Certiorari

KLCE202400039. Tras juzgar que los recursos de epígrafe se

relacionan al mismo dictamen judicial y con las mismas partes, esta

Número Identificador

SEN2024______________
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                             2

Curia ordenó la consolidación de los dos (2) recursos presentados,

conforme surge de la Resolución emitida el 12 de enero de 2024.

          En ambos recursos, nos han solicitado la revisión de la

Resolución emitida el 14 de noviembre de 2023, notificada al día

siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Fajardo (en adelante, TPI).1 Mediante la Resolución recurrida, el foro

primario declaró Con Lugar en parte el Memorando Solicitando Pago

de Intereses, Costas y Honorarios de Abogades, por lo que ordenó a

MAPFRE a pagar al Consejo el balance insoluto del ajuste,

ascendente a $390,479.02 dólares, más los intereses devengados

por esa deuda (computados a base de la misma tasa de ocho por

ciento (8%) anual aplicables a la Sentencia del TA) a partir del 27 de

octubre de 2023, a razón de $85.58 dólares diarios hasta su saldo

total.2

          Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el auto de Certiorari en el alfanumérico KLCE202400031 y

se revoca la Resolución emitida por el TPI en lo concerniente al pago

de     intereses        por   mora.    En    cuanto     al   alfanumérico

KLCE202400039, y por los fundamentos que expondremos más

adelante, se deniega la expedición del auto de Certiorari.

                                       I

          Según expondremos en detalle más adelante, previamente,

este Tribunal revisor intervino en el recurso de Certiorari identificado

bajo el alfanumérico KLCE202300122, sobre el cual se emitió una

Sentencia el pasado 30 de marzo de 2023. En atención a lo anterior,

reiteraremos       aquellos    datos   procesales,    circunscribiéndonos,

específicamente, a los asuntos atinentes al recurso objeto de

revisión.

1 Apéndice del recurso KLCE202400031, a las págs. 365-367.
2 Id., a la pág. 367.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                                3

        La acción judicial en este caso comenzó cuando el Consejo

presentó una Demanda contra MAPFRE el 19 de septiembre de

2019, en la cual alegó daños y pérdidas en relación a la propiedad

asegurada como consecuencia del paso del huracán María por

Puerto Rico y en el periodo sucesivo.3 Luego de varios incidentes

procesales, el 5 de noviembre de 2019, se presentó una Demanda

Enmendada.4 En cuanto a los remedio solicitados, en lo pertinente

a los recursos ante nuestra consideración, solicitó costas y

honorarios de abogado, a tenor con la disposición de la sección

2716(d)(4) del Código de Seguros,5 y cualquier otro remedio que el

Tribunal entendiera que era justificado por los hechos y procediera

en derecho.6

        Luego, el 10 de diciembre de 2019, el Consejo presentó una

Segunda Demanda Enmendada.7 En relación con esta última y, en

lo específico, añadió que la parte recurrida le presentó una oferta

por la suma de $1,709,386.72 dólares, pero que luego de los

descuentos        mandatorios,   el   total   que   recibirían    sería   de

$1,277,104.32 dólares, lo que, a su juicio, constituía una suma

irrisoria. Adujo, además, que MAPFRE no les había compensado por

las pérdidas y daños reclamados. También, reclamó que, conforme

al Artículo 27.166(a) del Código de Seguros8, debía ordenarse a

MAPFRE a satisfacer el pago de $1,277,104.32 dólares por

constituir una partida adeudada que no se encontraba en

controversia. Conviene señalar que, conforme se desprende de los

remedios solicitados en la Segunda Demanda Enmendada, el

Consejo solicitó, en lo atinente a los recursos consolidados ante nos,

3 Id., a las págs. 1-9.
4 Apéndice del recurso KLCE202400039, a las págs. 10-21.
5 Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según

enmendada, Art. 27.164 (4), 26 LPRA § 2716d (4).
6 Apéndice del recurso KLCE202400031, a las págs. 21-22.
7 Id., a las págs. 24-35.
8 Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según

enmendada, Art. 27.166 (a), 26 LPRA § 2716f.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                               4

lo siguiente: (i) costas judiciales; (ii) honorarios de abogados, a razón

del treinta y tres por ciento (33%) del total que se obtenga por

transacción o sentencia, a tenor con la sección 2716(d)(5) del Código

de Seguros;9 (iii) intereses pre-sentencia; y (iv) una determinación

de temeridad.10

       Subsiguientemente, MAPFRE presentó su Contestación a

Demanda Enmendada.11 Allí, admitió haber realizado una oferta al

Consejo, pero que la misma no fue aceptada. Adujo que, la

valoración de los daños alegados en la Demanda era exagerada e

irreal, así como que existía controversia en cuanto a la cuantía de

los daños y que la solicitud era contraria a derecho.

       Así las cosas, el Consejo presentó una Moción Solicitando

Sentencia Sumaria Parcial o, en la alternativa, Solicitando Orden de

Embargo en Aseguramiento de Sentencia.12 En su escrito, solicitó

que se dictara una sentencia sumaria parcial a su favor por la suma

de $1,277,104.32 dólares, o en la alternativa, que se dictara una

orden de embargo por la referida suma al amparo de la Regla 56.1

de las Reglas de Procedimiento Civil.13 Posteriormente, MAPFRE

presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud

de Orden de Embargo Presentada por la Parte Demandante y

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandada.14 De

ahí, el Consejo presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia

Sumaria Presentada por la Parte Demandada y en Apoyo a Moción

de Sentencia Sumaria Presentada por la Parte Demandante.15

Además, presentó una Moción Informativa para Traer Nueva

Evidencia a la Atención del Tribunal en Apoyo a Solicitud de Sentencia

9 Id., Art. 27.164 (5), 26 LPRA § 2716d (5).
10 Apéndice del recurso KLCE202400031, a la pág. 34.
11 Id., a las págs. 39-48.
12 Id., a las págs. 55-66.
13 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.
14 Apéndice del recurso KLCE202400031, a las págs. 67-89. Véase, además, el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (en adelante, SUMAC) a
la entrada 29.
15 Apéndice del recurso KLCE202400031, a las págs. 90-101.
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Sumaria Parcial.16 A este último escrito, MAPFRE presentó una

Oposición a Moción Informativa.17 De lo que sigue, el Consejo

también presentó una Moción Informativa en cuanto a Sentencia del

Tribunal de Apelaciones.18

       En respuesta, el 12 de noviembre de 2020, la primera

instancia judicial emitió y notificó una Resolución en la cual, aun

cuando estimó seis (6) hechos como incontrovertidos, denegó la

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial o, en la Alternativa,

Solicitando Orden de Embargo en Aseguramiento de Sentencia.19

Dispuso que existía una controversia medular debido a que el

Consejo no aceptó como correcta la suma de dinero ofrecida por

MAPFRE, por lo que juzgó que la deuda no era una líquida y exigible.

Además, ordenó el señalamiento de una vista evidenciaria para

evaluar la procedencia del remedio sobre aseguramiento de

sentencia. En cuanto a la solicitud de sentencia sumaria presentada

por MAPFRE, se reservó el fallo hasta luego de que se celebrara la

aludida vista.

       Allá, para el mes de noviembre de 2021, el Consejo presentó

una Solicitud de Orden de Pago del Ajuste,20 con el fin de que se

ordenara de inmediato, el pago del ajuste determinado por MAPFRE

a favor del Consejo, entiéndase, los $1,277,104.32 dólares, sin que

se entendiera como una renuncia a los derechos que le cobijaban

conforme a la póliza, el Código de Seguros y su reglamento. Por su

parte, MAPFRE presentó su Oposición a Solicitud de Orden de Pago

del Ajuste,21 arguyendo que la totalidad de la deuda reclamada era

ilíquida    y   que    había   controversia   sustancial   sobre   hechos

materiales. En respuesta, el 20 de diciembre de 2022, el foro

16 Id., a las págs. 102-106.
17 Id., a las págs. 107-119.
18 Id., a las págs. 120-144.
19 Id., a las págs. 145-154.
20 Id., a las págs. 155-170.
21 Id., a las págs. 171-189.
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primario emitió una Resolución mediante la cual denegó la solicitud

presentada por el Consejo.22 Dispuso, además, que el escrito

presentado por el Consejo: (i) carecía de un desglose de partidas o

reclamaciones que no estuviesen en disputa; (ii) que el Consejo no

identificó una cláusula o lenguaje en la póliza que requiriese el pago

anticipado de cantidades admitidas por MAPFRE en cuanto a

partidas que aún estuviesen en controversia; y que (iii) no se

encontró en el Código de Seguros ni en la doctrina, apoyo para

declarar vencidas porciones de la deuda cuyo monto estuviese

controvertido entre las partes. Conviene destacar que, en dicha

Resolución, el tribunal a quo emitió seis (6) determinaciones de

hecho prácticamente idénticas a las emitidas en la Resolución del 12

de noviembre de 2020. En desacuerdo, el Consejo presentó una

Solicitud de Reconsideración,23 la cual fue denegada.24

       Así las cosas, el Consejo acudió a este Tribunal mediante un

recurso de Certiorari en el alfanumérico KLCE202300122.25 Tras

MAPFRE presentar su oposición,26 el recurso quedó perfeccionado.

El recurso en cuestión fue atendido por este Panel y, mediante

Sentencia emitida el 30 de marzo de 2023,27 expidió el auto de

Certiorari y revocó la Resolución emitida el 20 de diciembre de 2022.

En consecuencia, se ordenó a MAPFRE a pagar de inmediato al

peticionario la suma de $1,277,104.32 dólares, según fue prevista

en el ajuste inicial de reclamación presentado. Además, devolvió el

caso para la continuación de los procedimientos. El Mandato fue

notificado el 24 de octubre de 2023.28

       Recibido el Mandato, el 3 de noviembre de 2023, el Consejo

presentó un Memorando Solicitando Pago de Intereses, Costas y

22 Id., a las págs. 190-196.
23 Id., a las págs. 197-211.
24 Id., a las págs. 212-213.
25 Id., a las págs. 214-240.
26 Id., a las págs. 241-248.
27 Id., a las págs. 249-275.
28 Id., a las págs. 314-315.
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Honorarios de Abogades.29       Por su parte, el 13 de noviembre de

2023, MAPFRE presentó su Oposición a Memorando Solicitando Pago

de Intereses, Costas y Honorarios de Abogades.30

         En respuesta, el 14 de noviembre de 2024, la primera

instancia judicial emitió la Resolución recurrida, notificándose al día

siguiente.31 Según adelantamos, el foro primario declaró Con Lugar

en parte el Memorando Solicitando Pago de Intereses, Costas y

Honorarios de Abogades, por lo que ordenó a MAPFRE a pagar al

Consejo el balance insoluto del ajuste, ascendente a $390,479.02

dólares, más los intereses devengados por esa deuda (computados a

base de la misma tasa de ocho por ciento (8%) anual aplicables a la

Sentencia del TA) a partir del 27 de octubre de 2023, a razón de

$85.58 dólares diarios hasta su saldo total.32 En su Resolución, el

tribunal a quo concluyó lo siguiente:

         Puesto que la Sentencia del TA no aborda los elementos
         de la solicitud de honorarios bajo el Artículo 27.165,
         entendemos que no nos compete hacerlo en ejecución
         de la Sentencia del TA. Limitamos nuestra
         determinación a los intereses por mora y los legales que
         proceden de la Sentencia del TA.33

         Además, el foro primario expresó lo siguiente:

         [...] Según surge del mandato y de la Sentencia del TA,
         en el presente caso se adjudicó de manera final, firme e
         inapelable, que la deuda de $1,277,104.32 era líquida y
         exigible a la fecha en que se presentó la Demanda de
         autos, que MAPFRE estaba contractualmente obligado
         a satisfacer el pago requerido y legalmente impedido de
         retractarse del pago habiendo hecho un reconocimiento
         de deuda.34

         Basado en lo anterior, estableció que aplicaban los intereses

por mora, al tipo legal, a partir de la presentación de la Demanda

Enmendada el 5 de noviembre de 2019, según solicitado.35 Por otro

lado, en relación a los intereses al amparo de la Regla 44.3 de las

29 Id., a las págs. 317-325.
30 Id., a las págs. 359-364.
31 Id., a las págs. 365-367.
32 Id., a la pág. 367.
33 Id., a la pág. 366.
34 Id.
35 Id.
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Reglas de Procedimiento Civil,36 dispuso que la Sentencia del TA fue

notificada el 20 de marzo de 2023, devengando intereses al tipo que

fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del

Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante, OCIF) y que

estuviese en vigor al dictarse la Sentencia, devengando intereses

desde esa fecha hasta su saldo completo. Explicó, además, que la

tasa fijada por la OCIF a esa fecha era del ocho por ciento (8%) y

que, el 27 de octubre de 2023, MAPFRE pagó $1,277,104.32 dólares

al Consejo, fecha en la cual se adeudaba dicha cantidad por

concepto de principal y $390,479.02 dólares por concepto de

intereses (incluyendo intereses por mora e intereses a tenor con la

precitada Regla 44.3 de las Reglas de Procedimiento Civil), para un

total de $1,667,583.34 dólares.

        Inconforme, el 30 de noviembre de 2024, MAPFRE presentó

una Moción de Reconsideración en la cual solicitó al TPI que

reconsiderara su dictamen y, en consecuencia, ordenara el pago de

intereses a base de la suma de $1,277,104.32 dólares, contados a

partir del 30 de marzo de 2023, fecha en que se emitió la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones en el alfanumérico KLCE202300122,

hasta el 27 de octubre de 2023, fecha en que dicha suma fue

pagada, o sea, el pago de $59,061.70 dólares, por concepto de

intereses.37

        En respuesta, el 11 de diciembre de 2023, el foro primario

emitió y notificó una Resolución mediante la cual declaró Sin Lugar

la Moción de Reconsideración presentada por MAPFRE.38

        En desacuerdo, el 9 de enero de 2024, MAPFRE presentó una

petición de Certiorari, en el alfanumérico KLCE202400031, en el

cual esgrimió la comisión del siguiente error:

36 32 LPRA Ap. V, R. 44.3.
37 Apéndice del recurso KLCE202300031, a las págs. 368-374.
38 Id., a la pág. 375.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                               9

       Es norma de derecho establecida que los intereses por
       mora no constituyen parte integrante e inherentemente
       inseparable de la obligación principal, sino que son
       considerados como una penalidad o indemnización
       independiente de daños y perjuicios. Para que un
       tribunal pueda imponerlos, éstos deben ser solicitados
       en la acción judicial y determinar su procedencia. Erró
       el TPI al imponer intereses por mora ascendentes a
       $390,479.02 sobre el ajuste del estimado de daños de
       su    reclamación     ascendente    a   $1,277,104.32,
       computados desde la presentación de la Demanda
       Enmendada el 5 de noviembre de 2019, pues el Consejo
       no solicitó intereses por mora en ninguna de las
       demandas que presentó, y la Sentencia del TA de 30 de
       marzo de 2023 tampoco impuso intereses por mora.

       Por su parte, el 10 de enero de 2024, el Consejo presentó

también      un     recurso      de     Certiorari,   en   el   alfanumérico

KLCE202400039, en el cual esgrimió la comisión de los siguientes

dos (2) errores:

           (1) ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER A FAVOR DE LA
               PARTE ASEGURADA UNA PARTIDA POR
               CONCEPTO DE COSTAS Y HONORARIOS DE
               ABOGADO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 27.165
               DEL CÓDIGO DE SEGUROS.

           (2) ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDER A FAVOR DE LA
               PARTE    ASEGURADA      LOS    REMEDIOS
               PROVISTOS EN LA REGLA 44 DE LAS DE
               PROCEDIMIENTO CIVIL, ANTE LA CONDUCTA
               TEMERARIA DE MAPFRE.

       Mediante la aludida Resolución emitida el 12 de enero de

2024, este Tribunal concedió a ambas partes hasta el 19 de enero

de 2024, para acreditar respectivamente, el cumplimiento con la

Regla 33 (A), y con la Regla 33 (B) del Reglamento de este Tribunal

de Apelaciones.39 De igual forma, se concedió a ambas partes hasta

el 22 de enero de 2024, para exponer posición en cuando al recurso

presentado en su contra.

       El 19 de enero de 2024, MAPFRE presentó el Alegato de

Oposición de MAPFRE, en el alfanumérico KLCE202400039;

mientras que el 22 de enero de 2024, el Consejo presentó su

39 4 LPRA Ap. XXII-B, R.33 (A) y (B).
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                           10

Oposición      a   Petición   de   Certiorari,   en   el   alfanumérico

KLCE202400031.

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes en los

recursos ante nuestra consideración, procederemos a exponer el

derecho aplicable.

                                     II

    A. Recurso de Certiorari

         Los recursos de Certiorari presentados ante el Tribunal de

Apelaciones deben ser examinados en principio bajo la Regla 52.1

de las Reglas de Procedimiento Civil.40 Esta Regla limita la autoridad

y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal mediante el

recurso de Certiorari sobre órdenes y resoluciones dictadas por los

Tribunales de Primera Instancia. La Regla lee como sigue:

         […]
         El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u
         órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia, solamente será expedido por el
         Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
         resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
         denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
         obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
         el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
         resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
         Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
         sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
         esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
         anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
         familia, en casos que revistan interés público o en
         cualquier otra situación en la cual esperar a la
         apelación constituiría un fracaso irremediable de la
         justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
         Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
         tiene que fundamentar su decisión.41
         […]

         Por su parte, la Regla 52.2 (b) dispone sobre los términos y

efectos de la presentación de un recurso de Certiorari que:

         […]
         (b) Recurso de “certiorari” […]
         Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
         para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de
         Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar
         las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal

40 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
41 Id.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                                    11

       de Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar
       cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de
       Apelaciones deberán presentarse dentro del término de
       treinta (30) días contados desde la fecha de notificación
       de la resolución u orden recurrida. El término aquí
       dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo
       cuando medien circunstancias especiales debidamente
       sustentadas en la solicitud de certiorari.42
       […]

       El recurso de Certiorari es un vehículo procesal que permite a

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un

tribunal inferior.43 A diferencia del recurso de apelación, el auto de

Certiorari es de carácter discrecional.44 Expedir el recurso “no

procede cuando existe otro recurso legal que protege rápida y

eficazmente los derechos de la parte peticionaria”.45 Conviene

desatacar que la discreción ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.46 A esos efectos, se ha considerado que “la

discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad

y en un sentido llano de justicia y no es función al antojo o voluntad

de uno, sin tasa ni limitación alguna”.47 La Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones48, esboza los criterios que el Tribunal

deberá considerar para expedir un auto de Certiorari, como sigue:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

42 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b).
43 800 Ponce de León, Corp. v. American International Insurance Company of Puerto

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020).
44 Rivera Figueroa v. Joes’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).
45 Id.
46 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, 2023 TSPR 145. Mun. de Caguas

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,
189 DPR 414, 434-435 (2013).
47 Id.
48 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                                     12

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
          caso es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición el auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal

Supremo) ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.49 Quiérase decir, no hemos de

interferir con los Tribunales de Primera Instancia en el ejercicio de

sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en

que se demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o

parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo.50

     B. Intereses por Mora

       El Artículo 1061 del Código Civil de 1930 aborda lo relativo a

los intereses como indemnización en caso de mora. A tales efectos,

dicho artículo dispone que:

       Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad
       de dinero y el deudor incurriere en mora, la
       indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto
       en contrario, consistirá en el pago de los intereses
       convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.
       Se considerará como legal el interés que fije la Oficina
       del Comisionado de Instituciones Financieras;
       disponiéndose que los intereses se computarán de
       forma simple y no compuesta.51

       A la luz de lo anterior, incurren en mora los obligados a

entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial

49 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
50 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, supra. Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
51 31 LPRA § 3025, Art. 1061. El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado

por el Código Civil de Puerto Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de
1 de junio de 2020. Para fines de la presente, se hace referencia únicamente al
Código Civil derogado por ser la ley vigente y aplicable a la controversia que nos
ocupa.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                                13

o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.52 No

obstante, para que exista mora por parte del deudor es necesario

que: (i) se trate de una obligación positiva de dar o hacer; (ii) la

obligación sea exigible y líquida, y esté vencida; (iii) que el deudor

retarde culpablemente el cumplimiento de su obligación; y, (iv) que

el acreedor requiera el pago al deudor ya sea judicial o

extrajudicialmente.53

       Sin   embargo,      hay    que    distinguir    que,    el   concepto

de interés por mora no es igual al concepto de interés legal post-

sentencia contenido en la Regla 44.3 (a) de las Reglas de

Procedimiento Civil.54 Así, pues, la Regla 44.3 de las Reglas de

Procedimiento Civil dispone referente al interés legal que:

       (a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento
       la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de
       Instituciones Financieras, y que esté en vigor al
       momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia de
       dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia
       que ordena el pago desde la fecha en que se dictó y
       hasta que ésta sea satisfecha, incluso las costas y los
       honorarios de abogado. El tipo de interés se hará
       constar en la sentencia.
       La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa de
       interés por sentencia, tomando en consideración el
       movimiento en el mercado y con el objetivo de
       desalentar la presentación de demandas frívolas, evitar
       la posposición irrazonable en el cumplimiento de las
       obligaciones existentes y estimular el pago de las
       sentencias en el menor tiempo posible.55 […]

       Entiéndase que, los intereses legales post-sentencia del inciso

(a) de la Regla 44.3 de las Reglas de Procedimiento Civil forman parte

automática del dictamen.56 Estos intereses forman parte integrante

de la sentencia dictada y que pueden ser recobrados aun cuando no

se mencionen en la misma.57

52 31 LPRA § 3017, Art. 1053.
53 J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 16ta ed., Madrid,

Ed. Reus S.A., 1992, Tomo III, págs. 238-240.
54 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (a).
55 Id.
56 Id.
57 Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467, 469 (1982).
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         Acentuamos, que los intereses por mora no constituyen

parte integrante e inherentemente inseparable de la obligación

principal, sino que son considerados como una indemnización

independiente de daños y perjuicios, impuesta como penalidad por

la demora en el pago.58 Debido a que, dicha indemnización

constituye un derecho personal del acreedor, esta puede ser

renunciada por el acreedor al no apelar ante un tribunal revisor la

omisión de consignarlos en que ha incurrido la primera instancia

judicial.59

                                       III

         En esta ocasión, ambas partes han comparecido a este

tribunal revisor, tras su inconformidad con ciertas disposiciones que

formaron parte de la Resolución recurrida, mediante la cual el foro

primario declaró Ha Lugar en parte, el Memorando Solicitando Pago

de Intereses, Costas y Honorarios de Abogades, presentado por el

Consejo. Ahora bien, tratándose de dos (2) recursos de Certiorari

este Tribunal tiene la obligación, de forma separada, pero, como

cuestión de umbral, determinar si procede la expedición del recurso

KLCE202400031, así como del recurso KLCE202400039.

         Como es sabido, un tribunal apelativo no intervendrá con el

ejercicio de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia,

salvo que se demuestre que dicho tribunal actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.60 Puntualizamos,

que el Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior.61 A esos efectos, la naturaleza

58 Rivera v. Crescioni, 77 DPR 47, 55-56 (1954).
59 Id.
60 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, supra. Lluch v. España Service

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
61 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, Id. Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917 (2009).
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                                   15

discrecional del recurso de Certiorari queda enmarcada dentro de la

normativa que le concede deferencia de las actuaciones de los

Tribunales de Primera Instancia, de cuyas determinaciones se

presume su corrección. Ahora bien, la expedición del recurso

de Certiorari al amparo de la Regla 52.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil62, no opera en el vacío; tiene que anclarse en

una de las razones de peso que establece la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones.63

       Con esto en mente, procederemos a disponer de los recursos

presentados.

                                      -a-

       En el recurso KLCE202400031, MAPFRE nos plantea que el

foro primario incidió tras imponer intereses por mora ascendentes a

$390,479.02 dólares sobre el ajuste estimado de daños de su

reclamación ascendente a $1,277,104.32 dólares, computados

desde la presentación de la Demanda Enmendada. Fundamentó su

inconformidad con lo resuelto por el TPI, en que el Consejo no

solicitó intereses por mora ni en la Demanda original, ni en la

Demanda Enmendada ni en la Segunda Demanda Enmendada; y,

que tampoco fueron impuestos en la Sentencia emitida por este

Panel en el alfanumérico KLCE202300122.

       En su único señalamiento de error, MAPFRE nos plantea, en

síntesis, que, el TPI no estaba facultado, luego de que la Sentencia

emitida por este Panel en el caso KLCE20230122, advino final y

firme, ordenar el pago de intereses por mora. Le asiste razón.

Veamos.

       No existe controversia en que en la Sentencia emitida por este

Panel en el alfanumérico KLCE202300122, allá para el 30 de marzo

de 2023, nada dispuso sobre intereses por mora. Nótese, además,

62 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
63 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, supra.
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                                 16

que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico y debido a lo

anterior, si el Consejo interesaba que este Tribunal de Apelaciones

evaluara imponer intereses por mora en dicho recurso apelativo, el

Consejo venía llamado a solicitarle a esta Curia, la reconsideración

o en su defecto, acudir al Alto Foro en cuanto al particular. En

cambio, luego de haber preterido el expresado trámite procesal, y

habiendo     advenido     final   y   firme    nuestra     Sentencia   en   el

alfanumérico KLCE202300122, es que, entonces, el Consejo acudió

al foro primario a presentar una solicitud sobre el particular.

Forzoso es concluir que, tras la explicada omisión, el Consejo

fatalmente renunció a su derecho personal de recobrar los intereses

por mora, ya que los mismos no son parte inherentemente separable

de la sentencia y tampoco se conceden de manera automática.64 Es

por todo lo anterior que, con relación al recurso KLCE202400031,

juzgamos que el error esgrimido por MAPFRE fue cometido. Por

tanto, hemos acordado expedir el auto de Certiorari en el recurso

presentado por MAPRFE y revocar la Resolución emitida el 14 de

noviembre de 2024, específicamente, en lo concerniente a la

imposición de intereses por mora. En otras palabras, aun cuando

correctamente la primera instancia judicial dispuso que procedía

imponer intereses legales post-sentencia, asunto que no está en

controversia, incidió al disponer que procedía la imposición de

intereses por mora. Por tanto, y como hemos expuesto, el error fue

cometido. A tenor, se devuelve el caso al foro primario para que

proceda en armonía a lo aquí resuelto.

                                      -b-

       Por otro lado, en el recurso KLCE202400039, el Consejo

esgrime, en síntesis, que el tribunal recurrido erró tras no

concederle una partida: (i) por concepto de costas y honorarios, al

64 PR & Ame. Ins. Co. V. Tribunal Superior, 84 DPR 621, 623 (1962).
KLCE202400031 consolidado con KLCE202400039                         17

amparo del artículo 27.165 de Código de Seguros de Puerto Rico; (ii)

por concepto de honorarios por temeridad o frivolidad conforme a la

Regla 44.3 (b) de las Reglas de Procedimiento Civil.65

       Evaluada la Petición de Certiorari y el expediente en su

totalidad, así como el derecho aplicable, este Tribunal concluye que

el Consejo no logró establecer que el foro primario hubiese incurrido

en error alguno, que justifique nuestra intervención. Debemos

recordar que, como norma general, los Tribunales de Primera

Instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la

tramitación de los procedimientos ante su consideración.66

       Puntualizamos que nuestro ordenamiento jurídico le confiere

a este Tribunal revisor la discreción para intervenir en aquellos

dictámenes interlocutorios en los que el foro recurrido haya sido

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la

actuación del foro surja un error en la interpretación o la aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Colegimos

que, en el recurso ante nos, no nos encontramos ante ninguna de

estas circunstancias, como para que se haga necesario eludir la

norma de abstención judicial. El dictamen recurrido no es

patentemente erróneo y encuentra cómodo resguardo en la sana

discreción de la primera instancia judicial.

       Los señalamientos de error y los fundamentos aducidos en la

petición presentada no logran activar nuestra función discrecional

en el caso de autos. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en la Regla

52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil,67 así como de la Regla 40

del Reglamento de este Tribunal,68 resolvemos denegar la expedición

del auto de Certiorari en el alfanumérico KLCE202400039.

65 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (b).
66 Banco Popular de Puerto Rico v. Gomez Alayon, supra.
67 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
68 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
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                                 IV

      Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de

Certiorari en el alfanumérico KLCE202400031 y se revoca la

Resolución emitida por el TPI en lo concerniente al pago de intereses

por mora. Se devuelve el caso al foro primario para la continuación

de los procedimientos, en armonía a lo aquí resuelto. En cuanto al

recurso presentado en el alfanumérico KLCE202400039, se

deniega la expedición del auto de Certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones