Court Opinion

ID: 9916136
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:24:16.76664+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:48.382201
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

  LUIS E. LIMAS URQUILLA                             Certiorari
        RECURRIDO                                    procedente del
                                                     Tribunal de Primera
               v.                                    Instancia, Sala
                                                     Superior de Bayamón
       CLEAN HARBORS
       ENVIRONMENTAL            KLCE202301177 Caso Número:
        SERVICES, INC.;                           BY2021CV03059
 CLEAN HARBORS CARIBE,
    INC.; CLEAN HARBORS
   ENVIRONMENTAL, INC.;
   A, B Y C COMPAÑÍAS DE                          Sobre:
            SEGURO                                Despido injustificado
         PETICIONARIA
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

      Clean Harbors Caribe, Inc. (en adelante, Clean Harbors o

peticionario) comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante el

presente recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos la

Resolución, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón. Mediante este dictamen, el foro primario declaró no ha lugar la

solicitud de sentencia sumaria total que solicitó Clean Harbors.

      Por los fundamentos expuestos a continuación, acordamos no

expedir el recurso ante nuestra consideración.

                                     I

      El Sr. Limas Urquilla presentó una querella, al amparo de la Ley

Núm. 2 de Procedimiento Sumario, mediante la cual imputó que fue

despedido en violación a los parámetros reconocidos por la Ley Núm. 80.

A través de esta precisó que trabajó para Clean Harbors, donde ocupó su

último puesto como operations manager, por tres meses cuando fue

despedido. Desde el 2018 el Sr. Osborne, encargado de la evaluación de

cualquier asunto de desempeño de los empleados de la empresa, fungió

como su supervisor.

Número Identificador
RES2023_______________
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         A partir de diciembre de 2020, la peticionaria comenzó a realizar

cambios organizacionales. Posteriormente, el 24 de marzo de 2021, el

recurrido fue despedido debido a que su puesto como operations

manager fue eliminado durante la aludida reorganización. Las funciones

de su puesto las absorbió otro puesto, por lo que estas fueron distribuidas

a otros empleados prexistentes.

         La peticionaria contestó la querella presentada en su contra, al

negar que el despido fuese arbitrario o caprichoso y, que su proceder

obedeció un interés legítimo de proteger la operación de su negocio.

Entiéndase, que su despido se debió a la reestructuración o

reorganización legítima de las operaciones de Clean Harbor.

         Como parte del descubrimiento de prueba, las partes tuvieron la

oportunidad de cursar pliegos de interrogatorios, requerimientos de

producción de documento, así como deposiciones al Sr. Osborne y al

propio recurrido. Culminada esta etapa del proceso, la peticionaria

presentó Moción de Sentencia Sumaria Total, mediante la cual solicitó la

desestimación de la querella presentada en su contra. Por su parte, el

recurrido se opuso a la moción de desestimación al aducir que había diez

hechos en controversia que ameritaban la celebración de un juicio en su

fondo.

         El Tribunal de Primera Instancia emitió la resolución recurrida

mediante la cual declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria de la

peticionaria. En este dictamen, el foro recurrido identificó siete

controversias de hechos que impedían la resolución sumaria de las

causas.     Inconforme,   la   peticionaria   presentó   una   Moción   de

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales, la

cual fue denegada.

         Por consiguiente, Clean Harbors presentó el recurso de certiorari

ante nuestra consideración, en el cual expone que el foro primario

cometió los siguientes errores:

         Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera
         Instancia, Sala Superior de Bayamón, al negarse a acoger
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      como hechos incontrovertidos los que versan sobre la
      reorganización de Clean Harbors, los cuales están
      apoyados por evidencia admisible en juicio, así como por las
      propias admisiones del recurrido y que no fueron refutados
      ni controvertidos.

      Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera
      Instancia, Sala Superior de Bayamón, al determinar que
      existen materias en controversia que impiden al foro a quo
      autorizar la solicitud de sentencia sumaria de Clean
      Harbors.

      El recurrido presentó su oposición a la expedición del recurso de

certiorari, en la cual sostuvo que hubo ausencia total de evidencia sobre

la puesta en vigor de un plan de reorganización y de que dicho plan haya

cumplido con los requerimientos jurisprudenciales para ello.

                                     II

      A. Certiorari

      El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR

723   (2016).   En    esencia   consiste   en   un    recurso   extraordinario

caracterizado por que descansa en la discreción del tribunal para su

expedición, la cual no es irrestricta. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185

DPR 307 (2012). El tribunal tiene discreción para atender el asunto

planteado, bien sea para expedir o denegar el auto. Rivera Figueroa v.

Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). En estos casos procede un

análisis dual para determinar si se expide o no un recurso de certiorari, el

cual consta de una parte objetiva y otra subjetiva.

      Primero, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

LRPA Ap. V, R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para revisar

resoluciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia será

expedido, entre otros, cuando se recurra de la denegatoria de una moción

de carácter dispositivo u alguna orden bajo las Reglas 56 y 57. A esos

efectos, el primer examen para que un recurso de certiorari sea expedido

es que tenga cabida bajo uno de los escenarios contemplados en la
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Regla 52.1, supra. Este primer examen consiste en una evaluación

objetiva de los parámetros de esta Regla.

       Superada esta primera etapa, procede examinar si se justifica

nuestra intervención a la luz de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Recuérdese que es un recurso

que depende de la discreción del tribunal revisor. Conforme a esta Regla,

los criterios que justifican nuestra intervención son los siguientes:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.
       (D)    Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Por lo tanto, la discreción judicial no opera en el vacío. En etapa de

revisión judicial es norma reiterada que el Tribunal de Apelaciones no

habrá de intervenir con el ejercicio de discreción del Tribunal de Primera

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”. Trans-Oceanic Life

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

       El auto de certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de

estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido, por tanto,

debemos ejercer nuestra discreción para evaluar si, a la luz de estos

criterios, se requiere nuestra intervención. Si no fuera así, procede que

nos abstengamos de expedir el auto, de manera que se continúen los

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera

instancia.
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         B. Sentencia Sumaria

         El mecanismo de sentencia sumaria se rige por la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra. Este mecanismo “responde al propósito de

aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su fondo, pero

siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a ser dirimida,

de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente.” Jusino et als.

v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001) que cita a Caquías v. Asoc. Res.

Mansiones Rio Piedras, 134 DPR 181 (1993). Véase, además, Roldán

Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Conforme a esta

Regla,     para   poder      adjudicar   en   los    méritos   una   moción

de sentencia sumaria lo que se requiere es que se presente “una moción

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente” ya sea

sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta. Por su parte, la Regla

36.3 establece los requisitos de forma, a ser cumplidos por la parte

promovente y la parte promovida. Si el promovente incumple los

requisitos de forma, “el tribunal no estará obligado a considerar su

pedido.” Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111

(2015). Por el contrario, si el promovido es quien incumple dichos

requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte

promovente, si procede en derecho.” Id., que cita a SLG Zapata-Rivera v.

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

         En    definitiva,   el    promovente       de   una   moción    de

sentencia sumaria “debe demostrar que no existe controversia sustancial

o real en cuanto a algún hecho material, es decir, en cuanto a ningún

componente de la causa de acción.” Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, en la pág. 110. En este sentido, un hecho material “es

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el

derecho sustantivo aplicable.” Id., que cita a Ramos Pérez v. Univisión,

178 DPR 200, 213 (2010). Por ello, “[l]a controversia debe ser de una
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calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a

través de un juicio plenario.” Ramos Pérez v. Univisión, supra.

La sentencia sumaria solo debe dictarse en casos claros. Mgmt. Adm.

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).

       Por tratarse de un remedio de carácter discrecional, “‘[e]l sabio

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada,

puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en corte’, principio

elemental del debido proceso de ley’.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.

E.L.A., supra.   Siendo    esto   así,   solo   procede    que   se    dicte

la sentencia sumaria “cuando surge de manera clara que, ante los hechos

materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el

Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos

necesarios para poder resolver la controversia.” Meléndez González et al.

v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-110. De haber alguna duda acerca

de la existencia de una controversia sobre los hechos medulares y

sustanciales del caso, deberá resolverse contra la parte que solicita la

moción, por lo que será necesario la celebración de un juicio. Rivera et al.

v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992).

       Por otro lado, este Tribunal revisor se encuentra en la misma

posición que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede o

no una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación del

foro primario, estamos limitados de dos maneras: (1) solo podemos

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de instancia; y

(2) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina

de hechos materiales y esenciales, y si el Derecho se aplicó de forma

correcta. Esto es, no estamos compelidos a adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-

335 (2004). El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una

tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro

intermedio. Id., a la pág. 335.
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       A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el

estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente,

dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe

examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la parte

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario,

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.” Meléndez

González v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. Además, reiteró que por

estar en la misma posición que el foro primario, debemos revisar que,

tanto la moción de sentencia sumaria, como su oposición cumplan con los

requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.

Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de

encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en

controversia, debemos tener en cuenta el cumplimiento de la Regla 36.4

de Procedimiento Civil y exponer concretamente cuáles hechos

materiales están controvertidos y cuáles están incontrovertidos. Id. Esta

determinación puede hacerse en la sentencia que disponga del caso y se

puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos que emitió el

foro primario en su dictamen. Id. Por el contrario, de resultar que los

hechos materiales y esenciales realmente están incontrovertidos,

entonces nos corresponde revisar de novo si el foro impugnado aplicó

correctamente el Derecho a los hechos incontrovertidos. Id., a la pág.

119.

       Finalmente, cabe señalar que, al dictar una sentencia sumaria, el

tribunal deberá realizar un análisis dual que consiste en: (1) analizar los

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los que

se incluyen con la moción en oposición, así como aquellos que obren en

el expediente del tribunal; y (2) determinar si el oponente de la moción

controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por
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los documentos. Vera v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 333. Una vez

realizado este análisis, el tribunal no dictará sentencia sumaria cuando:

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3)

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como

cuestión de Derecho no procede. Id., a las págs. 333-334.

       C. Despido Injustificado

       La Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 del 30 de mayo

de 1976, 29 LPRA sec. 185a, establece que todo empleado que trabaja

para   un   patrono mediante      remuneración,   contratado   sin tiempo

determinado, que sea despedido sin justa causa, tendrá derecho a recibir

de su patrono una indemnización. El propósito de esta ley es “proteger a

los empleados de actuaciones arbitrarias del patrono al disponer de

remedios económicos que desalienten los despidos injustificados”. Ortiz

Ortiz v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 770 (2022).

Por tanto, el fin es uno social y coercitivo, pues se castiga al patrono que

despide injustificadamente, y además provee una indemnización al

empleado. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Es

importante señalar que no hay ninguna prohibición absoluta al despido de

un empleado ya que siempre puede despedirse un empleado si existe

justa causa. Sin embargo, cuando no hay justa causa, el patrono deberá

indemnizar mediante el pago de la mesada. Lugo Montalvo v. Sol Meliá

Vacation, 194 DPR 209 (2015).

       Por justa causa, se entiende aquel despido que no esté motivado

por razones legalmente prohibidas y que no sea resultado del mero

capricho del patrono, además, aquellos despidos que afecten el buen y

normal funcionamiento de un establecimiento. 29 LPRA sec. 185b; véase

León Torres v. Rivera Lebrón, 194 DPR 20 (2020). La ley expresamente

contempla determinadas situaciones que se entienden como justa causa

para el despido de un empleado. Entre estas se encuentran: (1) patrón de
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conducta impropia del empleado; (2) patrón de desempeño deficiente del

empleado; (3) violación de los reglamentos de la empresa; (4) cierre total,

temporero,     o   parcial   de   las   operaciones   de   la   empresa;   (5)

reorganización; y (6) reducción en el volumen de producción de la

empresa. Id.

      Los patronos tienen autoridad para establecer los reglamentos

internos y normas de conducta en el lugar de empleo que estimen

necesarios. Una vez adoptadas, los empleados están sujetos a cumplir

estas reglas, siempre que sean razonables. Por tanto, las violaciones a

estas normas del empleo serán justa causa para el despido cuando el

patrono demuestre: (1) que las reglas son razonables; (2) que se le

suministró copia escrita de dichas normas al empleado, y (3) que el

empleado las violó en reiteradas ocasiones. Jusino et als. v. Walgreens,

supra, en la pág. 573.

                                        III

      En el presente recurso, el peticionario sostiene que el Tribunal de

Primera Instancia erró al no acoger como un hecho incontrovertido

aquellos relacionados a la reorganización de Clean Harbors, aun cuando

sostiene que hubo evidencia al respecto y que el recurrido lo admitió.

Además, señaló que no había controversia de hechos alguna que

impidiera la autorización de una sentencia sumaria a su favor.

      Examinado de novo el expediente ante nuestra consideración,

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no erró ni abusó de su

discreción al determinar que existen controversias de hecho que no

permiten la adjudicación mediante sentencia sumaria. Precisamente, la

moción de sentencia sumaria total del peticionario no logró establecer

claramente que el despido del recurrido se debió a una reestructuración

organizacional de la empresa. Mas bien, surge que durante diciembre del

2020 efectuó una reestructuración de la empresa que conllevó el cambio

de puesto del recurrido. Sin embargo, aproximadamente dos meses y

medio después, este fue despedido.
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        Conforme a la carta de despedido que le fue cursada al recurrido,

se le informó a este que su separación se debió a quejas presentadas en

su contra o al incumplimiento de este con los deberes de su puesto.1 Así

lo reconoció su supervisor Sr. Osborne durante su deposición al declarar

que el despido del recurrido no se debió a la reestructuración sino que

supuesto incumplimiento de este con sus deberes.2 Por otro lado, el

recurrido reconoció que enfrentó problemas en su nueva posición, indicó

que se debió a los cambios que pretendían implantar pero ante la falta de

los programas no podía cumplir sus funciones.3 Así las cosas, se

encuentra en controversia la verdadera razón que motivó el despido del

recurrido, hecho que impide la aplicación de la sentencia sumaria.

Además, se encuentra en controversia la existencia de la reorganización

de la empresa y las demás determinaciones de hechos en controversia

relacionadas a este.

                                              IV

        Por los fundamentos anteriores, a la luz de los criterios que guían

nuestra discreción, declaramos no ha lugar la expedición del recurso de

certiorari.

        Notifíquese inmediatamente.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1 Recurso de Certiorari, Apéndice del recurso en las págs. 379-380.
2 Id., en las pág. 17, línea 6, hasta la pág. 25.
3 Id., en la pág. 192, líneas 4-25, hasta la pág. 194, línea 12.