Court Opinion

ID: 9962794
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:04.247426+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.519033
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL III

                                       Revisión de Decisión
    DAYNA LEE ALLENDE DE               Administrativa
     LEÓN Y/O FRANCISCO                procedente del
    ALEJANDRO HERNÁNDEZ                Departamento de
           GIRONA        KLRA202300273 Asuntos del
                                       Consumidor
        Parte Recurrida
                                       Querella núm.:
               v.                      SAN-2019-0004407

       ALFREDO ROMÁN                                    Sobre:
       CORREA; MAPFRE                                   Ley Núm. 5 de 23
      PRAICO INSURANCE                                  de abril de 1973
          COMPANY                                       Construcción

        Parte Recurrente
Panel integrado por su presidenta, la Juez Grana Martínez, el Juez
Rodríguez Flores y el Juez Salgado Schwarz.1

Rodríguez Flores, juez ponente.

                                SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2024.

        El Sr. Alfredo Román Correa (Sr. Román Correa o recurrente)

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 10 de abril de 2023,

notificada en igual fecha, por el Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO o agencia recurrida). Mediante el referido

dictamen, DACO declaró con lugar la reclamación instada por la

Sra. Dayna Lee Allende de León y el Sr. Francisco Alejandro

Hernández Girona (en adelante esposos Hernández Allende o

recurridos) y ordenó al Sr. Román Correa pagarle a los recurridos

varias sumas.2

        Tras examinar los escritos de las partes comparecientes, así

como los documentos que conforman el apéndice, y tomando en

1
  Véase, OATA-2024-033, en la que se designa al juez Salgado Schwarz en
sustitución del juez Figueroa Cabán.
2 DACO ordenó al Sr. Román Correa pagarle a los recurridos las siguientes sumas:

$6,047.50 por incumplir con su obligación de realizar una obra satisfactoria,
$1,000.00 por concepto de daños y angustias mentales y $ 2,000.00 por concepto
de honorarios de abogado. En su dictamen, DACO ordenó a MAPFRE PRAICO
Insurance Company, fiadora del Sr. Román Correa, responder de forma
subsidiaria por las sumas impuestas hasta cubrir el monto de la fianza de
$4,000.00.

Número Identificador
SEN2024________________
KLRA202300273                                                                  2

consideración el extenso trasfondo fáctico y procesal del caso, se

modifica la resolución recurrida y así modificada, se confirma.

                                            I.

                                            A.

         Los esposos Hernández Allende otorgaron Escritura de

Compraventa y Designación de Hogar Seguro3, mediante la cual

adquirieron una propiedad reposeída a través de un préstamo FHA

203k. Dicho préstamo, realizado a través de Home Mortgage Bank

(en adelante Banco), permite financiar la compra y efectuar las

reparaciones necesarias a la propiedad con una sola hipoteca. En la

escritura, los esposos Hernández Allende acordaron que la compra

de la propiedad se realizaba en el estado y condición actual de esta

(as is, where is). La propiedad, ubicada en el Municipio de Toa Alta,

estuvo abandonada y desocupada por alrededor de dos años. Por

ello, la propiedad requería extensas reparaciones para poder ser

habitada por los esposos Hernández Allende. Dado a que el

matrimonio no logró conseguir contratistas para las reparaciones,

estos acudieron al Banco quien le refirió al contratista Sr. Alfredo

Román Correa.

         Conforme surge de los documentos que obran en el apéndice

del recurso, el 26 de noviembre de 2018, el Sr. Román Correa

suscribió un documento titulado Alfredo Román Correa, General

Construction Services, Reparación y Remodelación de Propiedad4. En

este, surge un desglose con la descripción de los trabajos a realizarse

en la propiedad de los esposos Hernández Allende. Los trabajos

detallados en la hoja son los siguientes:

           Descripción           Qty   Materiales      Labor         Total

     Certificación Utilidades     1                    450.00         450.00
     (AAA/AEE)

3 Véase, apéndice del recurso, págs. 190-201.
4
    Íd., pág. 182. El documento está firmado únicamente por el Sr. Román Correa.
KLRA202300273                                                                 3

         Descripción           Qty   Materiales      Labor         Total

  Lavado y sellado de           1      1,500.00     1,500.00       3,000.00
  techo de residencia
  (sellador elastomérico)
  [A]condicionamiento           1        650.00     1,850.00       2,500.00
  sistema       el[é]ctrico,
  panel, outlets, switch,
  rosetas
  [A]condicionamiento de        1        700.00       250.00         950.00
  rejas         exteriores,
  remoción de ventana
  Acondicionamiento de          1      1,750.00     1,250.00       3,000.00
  piscina
  Instalación             de    1        280.00       125.00         405.00
  Calentador de l[í]nea
  (220 V)
  Detectores de Humo (5)        1        100.00       100.00         200.00

  Lavamano en el (1/2)          1        100.00       100.00         200.00
  baño
  Pintura                       1      1,000.00     1,000.00       2,000.00
  interior/exterior
  Instalación         de        1      2,800.00     2,200.00       5,000.00
  Gabinetes (PVC) en
  cocina
  Remoción de Terraza           1        250.00       140.00         390.00
  en madera, Limpieza,
  recogido de escombros
  Total                                                          18,095.00

       En la parte inferior, el documento lee como sigue:

          Esperamos, servir y realizar el trabajo con la
          excelencia y orgullo que solamente Román &
          Associates le ofrece a sus clientes. Costo total del
          proyecto a ser realizado será de $18,095.00. El
          mismo debe culminar en o antes de (30) días
          naturales. Los cuales se facturar[á]n con un
          anticipo del 50% del precio total y el restante al
          culminar e inspecci[ó]n de la obra. Todo trabajo
          anterior será realizado a las especificaciones e
          instrucciones de los propietarios. Cualquier
          alteración o desviación de las especificaciones
          arriba mencionadas, incluyendo vicios ocultos
          serán ejecutadas solamente por órdenes escritas
          comunicadas y vendrá a ser un cargo adicional al
          estimado original. (Énfasis nuestro)5

       El término de treinta (30) días establecido en el documento

respondía a la necesidad del matrimonio de ocupar la vivienda, pues

tenían que desocupar el apartamento alquilado en el que residían.

5 Según surge de las alegaciones del recurso, el recurrente entregó el documento

para la firma de los esposos Hernández Allende. No obstante, no surge del
expediente ni del apéndice que dicho documento haya sido firmado ni la fecha en
que los recurridos alegadamente firmaron el mismo.
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       El 15 de diciembre de 2018, los esposos Hernández Allende

pagaron al Sr. Román Correa la cantidad de $9,047.50, suma

equivalente al anticipo del 50% del pago total requerido. De dicha

suma, el Sr. Román Correa devolvió a los esposos Hernández Allende

la cantidad de $3,000.00, correspondiente al costo de la instalación

de gabinetes de cocina en PVC, dado que el matrimonio le expresó

que un familiar le regalaría los gabinetes. Así, el Sr. Román Correa

contaba con un adelanto de $6,047.50 para comenzar los demás

trabajos en la propiedad.

       El Sr. Román Correa y sus empleados realizaron trabajos en

la propiedad desde el 17 de diciembre de 2018 hasta el 28 de

diciembre de 2018, para un total de 11 días trabajados. Según

expuesto por el recurrente en su recurso, durante ese periodo, se

percató de múltiples vicios ocultos que no se notaban a simple vista,

pero que requerían reparación para que los trabajos acordados

quedaran bien hechos.6 El Sr. Román Correa notificó sobre los vicios

ocultos a los esposos Hernández Allende, quienes rechazaron los

señalamientos y alegaron no tener dinero. El Sr. Román Correa

expuso que, durante la relación entre las partes—en inicio una de

amistad—todos los cambios y modificaciones realizados a los

acuerdos se hicieron de forma verbal. El Sr. Román Correa adujo

que no realizó extensiones de tiempo o modificaciones por escrito,

por entender que los esposos Hernández Allende se negarían a que

se realizaran las modificaciones señaladas, así como pagar las

mismas. Así, entre las partes surgió una serie de desavenencias que

impidieron la culminación de la obra. El 4 de febrero de 2019, el Sr.

Román Correa acudió a la propiedad de los recurridos por última

vez, para soldar un tubo del techo. Ese día, entre el Sr. Hernández

6 Véase, Recurso de Revisión Administrativa, página 5, acápite 12.
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y el Sr. Román Correa surgió una discusión que culminó cuando el

Sr. Hernández le pidió al recurrente que se fuera y no volviera.

       El 20 de febrero de 2019, los esposos Hernández Allende

presentaron por derecho propio una querella ante DACO por

incumplimiento y defectos en la obra. En síntesis, alegaron que el

Sr. Román Correa dejó trabajos incompletos en la propiedad, que su

último día de trabajo fue el 4 de febrero de 2019, y que este requirió

más dinero a los recurridos por los trabajos acordados y no

terminados. Detallaron una lista de los trabajos incompletos y

solicitaron a DACO que revocara la licencia del Sr. Román Correa o

se le sancionara.

       El 7 de marzo de 2019, el Sr. Román Correa contestó la

querella. En síntesis, atribuyó la paralización de las obras a la

conducta del Sr. Hernández, lo que impidió que las obras se

completaran en el término acordado, además de negarse a pagar

dinero adicional por los vicios ocultos señalados. Reclamó que los

esposos Hernández Allende le adeudan la suma de $6,547.50, así

como $5,000.00 por violación de contrato y difamación a su

persona.

       El 19 de junio de 2019, el técnico de investigación de DACO,

Sr. José Carmona Longo, hizo una inspección de la propiedad. A la

inspección compareció el Sr. Román Correa y los esposos Hernández

Allende. El informe de inspección fue notificado a las partes el 6 de

agosto de 2019.7 A la luz de los resultados8 de la inspección, el

técnico de investigación recomendó que se celebrara una vista

7
 El 10 de agosto de 2019, el Sr. Román Correa presentó sus objeciones al informe.
Véase, apéndice del recurso, páginas 97-99.
8 El informe resume los siguientes hallazgos según alegados en la querella: 1.

Certificaciones: Ok.; Reparación y tratamiento de techo: Intervino, pero no ha sido
efectivo, continúan las filtraciones; 3. Trabajo completo de electricidad. Realizado
parcialmente.; 4. Reparación de rejas en Segundo piso y remoción de Ventana. A.
Pésima la reparación realizada. B. la Ventana fue removida.; 5.
Acondicionamiento de piscina. Permanece sin el acondicionamiento; 6. Detectores
de humo. Mal instalados.; 7. lavamanos en medio baño. OK; 8. Pintura. El trabajo
realizado es uno pésimo; 9. Gabinetes de cocina. OK; 10. Remoción de terraza en
madera. OK.
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administrativa. Notificado el informe, la agencia citó a las partes a

una vista administrativa el 17 de octubre de 2019.

        Mientras, el 27 de septiembre de 2019, los esposos Hernández

Allende enmendaron la querella a los fines de reclamar daños y

perjuicios por el incumplimiento del querellado. En síntesis,

alegaron que las actuaciones del Sr. Román Correa le causaron

daños por el tiempo que la piscina de la propiedad estuvo dañada,

por riesgos de enfermedades y contaminación, así como aprehensión

por las condiciones de la vivienda y quedar privados del libre uso y

disfrute de la propiedad. El 2 de octubre de 2019, DACO notificó la

enmienda a las partes.

        Llegado el día de la vista administrativa, los esposos

Hernández Allende informaron que contrataron una abogada que no

podía     comparecer.       También,          que   interesaban   enmendar

nuevamente la querella a los fines de incluir a MAPFRE PRAICO

Insurance Company, fiadora del Sr. Román Correa. La vista se

convirtió en una sobre el estado de los procedimientos y se les

concedió un término a los esposos Hernández Allende para

enmendar la querella. Ese mismo día, los recurridos enmendaron la

querella para incluir a MAPFRE PRAICO Insurance Company como

coquerellada, por ser esta la fiadora del Sr. Román Correa. El 21 de

octubre de 2019, DACO notificó la enmienda a las partes. El 12 de

noviembre de 2019, el Sr. Román Correa, a través de su

representación legal, presentó un escrito en solicitud de término a

la agencia y pidiendo una segunda inspección del hogar.9

        El 15 de noviembre de 2019, los esposos Hernández Allende,

esta vez mediante representación legal, presentaron Querella

Enmendada en la que presentaron más alegaciones. El Sr. Román

Correa, presentó Moción en Solicitud de Remedio, arguyendo que

9 Véase, apéndice del recurso, págs. 51-52.
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ante las numerosas enmiendas de los esposos Hernández Allende,

se le dificultaba presentar una contestación adecuada a la querella.

Por ello, solicitó a DACO ordenar a los recurridos presentar una

querella final completa, en ánimos de poder contestar la querella

adecuadamente. Después de varios trámites y enmiendas a la

querella, los procedimientos ante DACO fueron detenidos y los

términos suspendidos, como consecuencia de la emergencia del

COVID-19.

      Reanudados los procedimientos y, luego de un breve

descubrimiento     de   prueba,    se   celebraron    varias    vistas

administrativas. En la vista del 10 de febrero de 2022, testificó la

querellante, Sra. Dayna Allende y el Sr. Carmelo Hernández

Alvarado, contratista que, a solicitud de los esposos Hernández

Allende, realizó una cotización de los trabajos que el Sr. Román

Correa no completó. En la vista del 15 de agosto de 2022, continuó

el testimonio de la Sra. Allende De León y también testificó el perito

electricista de la parte querellante, el Sr. Ricardo Fonseca Serrano.

Durante la vista del 22 de agosto de 2022, testificó el querellante,

Sr. Francisco Hernández Girona y el testigo Christian Román

Lozada, hijo del querellado (Sr. Román Correa).

       Luego de la renuncia del juez administrativo que presidía los

procedimientos, el caso fue reasignado a otra jueza administrativa y

la última vista administrativa se celebró el 20 de diciembre de 2022.

En esta se desfiló el testimonio del querellado, Sr. Román Correa.

Desfilada la prueba por las partes, el caso quedó sometido para

adjudicación. La jueza administrativa, de conformidad con la Regla

26.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de DACO,

solicitó a las partes presentar propuestas de determinaciones de

hechos, las cuales fueron sometidas por las partes.
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      Así, de conformidad con la prueba admitida y la totalidad del

expediente administrativo, DACO emitió 56 determinaciones de

hechos, las cuales se transcriben a continuación:

      1. La parte querellante del presente caso se identifica
         como Dayna Lee Allende De León y Francisco
         Hernández Girona, casados entre sí y residentes de
         Toa Alta, en adelante, la parte querellante.

      2. La parte querellada Alfredo Román Correa es una
         persona natural, que se desempeña como
         contratista, y que está inscrito en el Registro de
         Contratistas del Departamento de Asuntos del
         Consumidor, conforme lo exige la Ley 146 del 10 de
         agosto de 1995. Su licencia de contratista es la
         Número DACO SJ-7277-CN.

      3. La parte coquerellada Mapfre Praico Insurance
         Company fue la fiadora que prestó la fianza al
         querellado Alfredo Román Correa, al amparo de la
         Ley 146 de 1995. El número de la fianza es el
         1302148000891, por la cantidad de $4,000.00.

      4. Para el mes de noviembre de 2018, la parte
         querellante se interesó en una propiedad reposeída,
         ubicada en la Urbanización Montecasino, en la Calle
         Pino Número 18, en el municipio de Toa Alta. La
         propiedad tenía 23 años de construcción.

      5. Los querellantes decidieron adquirir la residencia
         mediante un préstamo 203k, que permite financiar
         la compra y efectuar las reparaciones a la propiedad,
         asegurando el colateral del préstamo, a través de la
         institución hipotecaria Home Mortgage Bank.

      6. Los querellantes estuvieron buscando sin éxito
         contratistas que pudieran realizar las reparaciones a
         la propiedad, por lo que se comunicaron con el banco
         para informarlo y dos empleados del banco, Sr.
         Edwin León y Dimarie Aldecoa, le refirieron al
         contratista querellado, el Sr. Alfredo Román Correa.

      7. La parte querellante se comunicó con el contratista
         querellado Alfredo Román Correa y le explicó que
         tenían que mudarse a la nueva propiedad para el 1
         de enero de 2019, debido a que el dueño del
         apartamento donde residían, necesitaba rentarlo
         para esa fecha. A esos efectos, las reparaciones
         debían realizarse para el mes de diciembre 2018. El
         querellado estuvo de acuerdo y así quedó establecido
         en el contrato suscrito entre las partes.

      8. El tasador del banco, la parte querellante y el
         contratista querellado llevaron a cabo una
         inspección de la propiedad, para que el tasador
         hiciera su estimado de reparaciones. El estimado
         del contratista debía ceñirse a las reparaciones
         requeridas por el tasador y a los costos de
         reparación.
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    9. El 12 de noviembre de 2018, el banco Home
       Mortgage Bankers realizó una tasación de la
       propiedad, la cual refleja las condiciones existentes
       en la propiedad a ese momento y recomienda las
       reparaciones que debían realizarse en la misma.

    10. El día 26 de noviembre de 2018, la parte
       querellante y el querellado Alfredo Román
       suscribieron un contrato de reparación y
       remodelación de propiedades, en el cual se establece
       que el costo total del proyecto era de $18,095.00. La
       facturación del trabajo sería de un anticipo del 50%
       del precio total y el restante al culminar e
       inspeccionar la obra.

    11. De conformidad con el contrato suscrito entre las
       partes, los trabajos debían culminar en o antes de
       treinta (30) días naturales.

    12. Los trabajos a realizarse, según el contrato, eran
       los siguientes:
          1. Certificación de Utilidades (AAA/AEE)
          2. Lavado y sellado de techo residencia (sellador
              elastómerico)
          3. Acondicionamiento sistema eléctrico, panel,
              outlets, switch, rosetas
          4. Acondicionamiento       de   rejas  exteriores,
              remoción de ventana
          5. Acondicionamiento de piscina
          6. Instalación de Calentador de línea (220V)
          7. Detectores de humo
          8. Lavamanos en el (1/2) baño
          9. Pintura interior/Exterior
          10. Instalación de Gabinetes (PVC) en cocina
          11. Remoción de Terraza en madera, Limpieza,
              recogido de escombros

    13. Posteriormente, [las] partes acordaron que, por la
       urgencia de los siguientes trabajos, los mismos no
       los llevaría a cabo el querellado Alfredo Román
       Correa:
          Lavamanos en el (1/2) baño
          Instalación de Gabinetes (PVC) en cocina

    14. El contrato establecía además que, “Todo trabajo
       anterior será realizado a las especificaciones e
       instrucciones de los propietarios. Cualquier
       alteración o desviación de las especificaciones
       arribas mencionadas, incluyendo vicios ocultos
       serán ejecutadas por órdenes escritas comunicadas
       y vendrá a ser un cargo adicional al estimado
       original”.

    15. El querellado Alfredo Román Correa tuvo la
       oportunidad de examinar la tasación del banco con
       las recomendaciones del tasador, en la cual se
       apreciaban las filtraciones del techo y el estado de
       deterioro de la piscina y de la propiedad en general.
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    16. La tasación de noviembre del 2018, estipulada
       por las partes, contiene un listado de trabajos a
       realizarse a un costo de $12,300.00, que no incluía
       algunas partidas que surgen del contrato de
       construcción, tales como gabinetes de cocina, y
       certificaciones de AAA y AEE.

    17. Los querellantes hicieron el cierre hipotecario el
       30 de noviembre de 2018, mediante escritura
       pública, ante notario Jorge Fernando Colón
       Montaner. En esta fecha se les hizo entrega de las
       llaves de la casa.

    18. El primer pago al querellado Alfredo Román fue el
       15 de diciembre de 2018. Al momento de cambiar el
       cheque, que era por $9,047.59, el querellado les
       devolvió a los querellantes la suma de $3,000.00 por
       concepto de los gabinetes que no trabajaría, por lo
       que retuvo $6,047.50 para comenzar la obra.

    19. El querellado Alfredo Román Correa y sus
       empleados comenzaron la obra el 17 de diciembre
       del 2018. La casa estaba vacía en ese momento, sin
       la presencia de los querellantes. Los primeros
       trabajos que el querellado hizo en la casa de los
       querellantes fue el sellado de techo y pintura
       interior.

    20. Los empleados estuvieron trabajando desde el 17
       de diciembre del 2018 hasta el 28 de diciembre del
       2018. El querellado nunca les indicó a los
       querellantes que se iba a ausentar de la obra.

    21. Como los querellantes tenían que desalojar el
       apartamento alquilado en o antes del 1 de enero
       de 2019, el coquerellante Francisco Hernández
       intentó comunicarse y le envió mensajes de texto
       al querellado, para saber el estatus de la obra,
       pero éste no aparecía.

    22. El 7 de enero de 2019, el coquerellante Francisco
       Hernández le escribió un correo electrónico a la
       funcionaria del banco, Dimarie Aldecoa, porque el
       querellado no aparecía a trabajar. Ese día, a las
       10:24am, el querellado apareció en la propiedad. Los
       querellantes autorizaron su entrada, ya que el
       deseo de éstos era poder mudarse y finalizar los
       trabajos, e informaron al banco que el querellado se
       había reportado.

    23. La parte querellante se trasladó a residir a la
       propiedad la segunda semana del mes de enero del
       2019, por necesidad de desalojar el apartamento
       alquilado, conforme le habían advertido al
       querellado Alfredo Román cuando suscribieron el
       contrato de obra. Cuando los querellantes se
       mudaron a la casa, la propiedad estaba habitable.

    24. Debido a que los querellantes se habían mudado
       a la propiedad, ni el querellado Alfredo Román
       Correa ni sus empleados podían hacer trabajos
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       dentro de la casa, mientras no estuviera alguno de
       los dueños o persona autorizada.

    25. El querellado Alfredo Román Correa regresó a la
       obra con sus empleados el 7 de enero del 2019 y
       trabajaron hasta el 24 de enero de 2019. El
       querellado no volvió a la casa hasta el 4 de febrero
       de 2019, fecha en que no regresó más a la obra.

    26. El 4 de febrero de 2019, el querellado Alfredo
       Román llegó a la casa acompañado de su empleado,
       y les notificó a los querellantes que venían a soldar
       un tubo del techo. El querellado les indicó que él
       había terminado los demás trabajos y que sólo
       faltaba la piscina.

    27. El coquerellante Francisco Hernández le expresó
       al querellado Alfredo Román que faltaban muchos
       trabajos por hacer, como los eléctricos, la pintura y
       los cables del techo, y que había varias deficiencias
       en los trabajos realizados, entre ellos, las
       filtraciones. El querellado les indicó que esos
       trabajos se quedaban así, que, si querían
       arreglarlos, tenían que pagar más dinero. El
       querellado se molestó y con palabras soeces,
       abandonó la casa.

    28. Los querellantes notificaron a la Sra. Dimarie
       Aldecoa, a través de un correo electrónico, lo
       ocurrido con el querellado Alfredo Román Correa,
       por lo que se ordenó una inspección por parte del
       banco.

    29. El 13 de febrero de 2019, el Sr. Alex Santos
       Santos, por orden del banco, luego de realizar una
       inspección de la casa y llevar a cabo una nueva
       tasación,   preparó    un   documento       titulado
       “Compliance Inspection Report”, de la que surgen las
       reparaciones que fueron hechas y las que no
       pudieron ser completadas por el querellado. En ese
       documento se especifica que la piscina no fue
       reparada.

    30. En esta segunda ocasión, se expresa que las
       reparaciones no fueron completadas y que el valor
       estimado de la propiedad estaba sujeto a que las
       mismas se completaran. De no completarse las
       reparaciones, el valor del mercado de la propiedad se
       vería afectado, según el documento.

    31. Ante esta situación, la parte querellante procedió
       a radicar una querella ante el Departamento contra
       el contratista Alfredo Román Correa, por derecho
       propio, el 20 de febrero de 2019. Esta querella fue
       enmendada posteriormente para incluir a la
       coquerellada Mapfre Praico Insurance Company.

    32. Como       parte   de   los   procedimientos,      el
       Departamento citó a todas las partes a una
       inspección de la propiedad objeto de la querella, con
       el Investigador de Querellas de Construcción, Sr.
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       José Carmona Longo, para el 19 de junio de 2019. A
       dicha inspección comparecieron la parte querellante
       y el querellado Alfredo Román Correa, ambos por
       derecho propio. El inspector recomendó a la parte
       querellante someter estimado de costos por los
       trabajo mal hechos y por los que el querellado no
       realizó, el día de la vista administrativa.

    33. El informe sobre los hallazgos de la inspección
       realizada el 19 de junio de 2019 por el Sr. José
       Carmona Longo, y que fue notificado a las partes el
       6 de agosto de 2019, consigna lo siguiente:
       Hallazgos de la construcción según alegaciones de la
       querella:
          1. Certificaciones
              Ok.
          2. Reparación y tratamiento del techo
              Intervino, pero no ha sido efectivo, continúan
              las filtraciones.
          3. Trabajo completo de electricidad
              Realizado parcialmente.
          4. Reparación de rejas en segundo piso y
              remoción de ventana
                    a. Pésima la reparación realizada
                    b. La ventana fue removida
          5. Acondicionamiento de piscina
              Permanece sin el acondicionamiento
          6. Detectores de humo
              Mal instalados.
          7. Lavamanos en medio baño
              Ok.
          8. Pintura
              El trabajo realizado es uno pésimo.
          9. Gabinetes de cocina.
              Ok.
          10. Remoción de terraza en madera
              Ok.

    34. Como parte del contrato, el querellado tenía que
       limpiar la piscina, pintarla y poner a funcionar el
       motor y los drenajes. La misma ya fue arreglada por
       un tercero que reparó los drenajes, poniéndola a
       funcionar, para finalmente marmolizarla.

    35. El 2 de octubre de 2019, la parte querellante
       enmendó la querella para reclamar daños y
       perjuicios por el alegado incumplimiento del
       querellado. El 17 de octubre de 2019, la parte
       querellante enmendó la querella para incluir a
       Mapfre     Insurance  Company    como    parte
       coquerellada.

    36. El Departamento citó a una nueva inspección
       para el 23 de enero de 2020, pero la misma no fue
       celebrada, ante la incomparecencia de la abogada de
       Alfredo Román y de un representante de Mapfre.

    37. El 4 de septiembre de 2020, el Departamento
       llevó a cabo una segunda inspección técnica de la
       propiedad. El informe de inspección notificado el 8
       de septiembre de 2020, consigna lo siguiente:
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       Se hizo una segunda inspección completa, en la cual
       estuvieron presentes las partes con sus respectivas
       abogadas.
          1. La parte querellante ha realizado mejoras en
             la propiedad por iniciativa propia.
          2. Se puede apreciar que la piscina está en uso y
             funcionando.
          3. Se indica nuevamente que la parte querellante
             presentará estimado de costos por los trabajos
             mal hechos y los trabajos que el querellado
             nunca llegó a realizar el día en que se celebre
             la Vista Administrativa en el Departamento.
          4. En adición le hará llegar copia de los mismos
             a la representación legal del querellado previo
             a que se celebre dicha Vista.

    38. El 16 de octubre de 2020, los querellantes
       solicitaron una cotización para llevar a cabo las
       reparaciones que el querellado no completó, al Sr.
       Carmelo Hernández. Esta cotización no incluye
       trabajos de impermeabilización de techo.

    39. El Sr. Carmelo Hernández testificó sobre la
       cotización de los trabajos no terminados o que
       fueron mal hechos por el querellado, y cuyo costo, a
       tenor con su cotización, asciende a $10,400.00. Este
       declaró lo siguiente:
       a) Techo: que, a simple vista, cuando visitó la
          residencia de los querellantes, se veían los liqueos
          del techo y la corrosión en el piso por las goteras
          y por eso los puso en su cotización.
       b) Que en su cotización puso la remoción de las
          losas a la orilla del techo, ya que los liqueos en la
          propiedad eran evidentes.
       c) Al techo del closet que se encuentra en la
          marquesina había que aplicarle primer y sellador,
          ya que este trabajo no se había realizado.
       d) Pintura Exterior: La casa parecía que no se
          pintaba hace mucho tiempo ni que se le hubiese
          pasado manguera de presión y había paredes mal
          pintadas.
       e) Pintura Interior: Había que pintar la marquesina,
          el “family” y el plafón del techo, ya que esto estaba
          mal pintado.
       f) Reja del segundo nivel: Había que remover tubos
          dañados y poner tubos nuevos, además que había
          que estirar los tensores, ya que éstos estaban
          sueltos. Este trabajo tampoco se había realizado.
       g) Que la cotización que hizo fue con los costos y
          precios existentes para el año 2020, pero que los
          mismos han aumentado drásticamente, por lo
          que, cuando se realicen esos trabajos, la
          cotización podría aumentar.
       h) Que en ningún momento se le mencionó nada
          acerca de los trabajos que había realizado el
          querellado ni se le había mostrado su cotización.

    40. Los querellantes contrataron a Ricardo Serrano,
       perito electricista, debidamente licenciado por la
       Junta Examinadora de Peritos Electricistas del
       Departamento de Estado, licencia número 4080,
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       para reparar y/o terminar los trabajos de
       electricidad y energizar completamente la residencia.

    41. Este perito fue quien cotizó los trabajos de
       electricidad, con posterioridad a los trabajos
       realizado por el querellado Alfredo Román. El
       perito electricista declaró durante la vista
       administrativa, que el panel de distribución de la
       casa, que tenía la tapa instalada, al remover la
       misma, reflejó que estaban sobrecargados los
       circuitos al ser conectados a un solo "breaker".
       Según el perito, en el caso de los "breakers" de 30
       amperes, éstos no deben sobrepasar el 80% de su
       capacidad, porque al aplicar la carga, podrían
       ocasionar un incendio.

    42. Cuando el perito electricista Ricardo Serrano
       fue a verificar el panel de distribución, pudo
       detectar las diversas deficiencias eléctricas del
       trabajo realizado por el querellado, que eran
       contrarias a las disposiciones del Código
       Eléctrico.

    43. El perito electricista encontró que el 60% de la
       casa no estaba energizada y procedió a corregir todas
       las deficiencias encontradas, entre ellas:
       Remplazo de dos receptáculos regulares del cuarto
       máster con cables partidos, que hubo que re-
       alambrar y un receptáculo Ground fault del baño del
       cuarto máster
       Reemplazo receptáculo Ground Fault en medio baño
       Reemplazar receptáculo en family y donde va el
       abanico instalar un receptáculo
       Reemplazar tres receptáculos de la terraza e instalar
       dos rosetas en el techo
       Reemplazar dos receptáculos en el área del garaje
       Reparar receptáculos en el gabinete de la cocina
       Receptáculo de la columna de la verja de concreto y
       luminaria tuvo que ser alambrada
       Reemplazar dos detectores de humo no cumplían
       con el Código Eléctrico
       Se reemplazó caja del panel de distribución, con sus
       respectivos "breakers"

    44. El perito Ricardo Serrano estableció que en el
       área de electricidad no puede haber vicios
       ocultos, y que los trabajos que debió realizar el
       querellado no constituían vicios ocultos, y que,
       de haber tenido un buen perito electricista, se
       hubiesen podido realizar correctamente los
       trabajos que cotizó en el contrato.

    45. El perito electricista Ricardo Serrano instaló
       detectores de humo nuevos y explicó la manera
       correcta de hacerlo, ya que habían sido mal
       instalados por el querellado.
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    46. La certificación eléctrica que el querellado entregó
       a los querellantes al inicio de las obra indicaba que
       todo estaba en perfecto estado; no indicaba que
       hubiese pillos ni ningún problema con el sistema
       eléctrico en la propiedad, así como tampoco con la
       conexión eléctrica 220.

    47. Las fotos admitidas en evidencia demuestran las
       condiciones de las instalaciones eléctricas en la
       residencia, al momento de la inspección por parte del
       electricista.

    48. El perito electricista tuvo inconvenientes para
       energizar la terraza, porque tuvo que alambrar todo.
       En términos generales, el perito electricista encontró
       que los trabajos realizados con anterioridad a su
       intervención no fueron realizados por un perito
       electricista, porque los métodos utilizados no fueron
       los adecuados ni de conformidad con el Código
       eléctrico.

    49. El 16 de febrero de 2021, el perito electricista
       Ricardo Serrano emitió la certificación eléctrica, en
       la cual se establecen todos los trabajos de
       electricidad realizados.

    50. La certificación anterior del [perito] electricista
       Miguel A. Rivera por desuso, no refleja las
       deficiencias encontradas por el perito Ricardo
       Serrano, por lo que el perito concluye que dicha
       certificación estuvo basada en una simple
       inspección visual.

    51. Los querellantes pagaron al electricista Ricardo
       Serrano la suma de $2,826.43 por los trabajos
       eléctricos, mediante dos cheques que ya fueron
       cobrados.

    52. Los querellantes le dieron prioridad a la
       restauración de la piscina, porque era una cuestión
       de seguridad, ya que el agua estancada atraía
       mosquitos y constituía un peligro para sus hijos. El
       querellante le echó pastillas de cloro a la piscina,
       pero ello no resolvió el problema.

    53. Home Mortgage Bank autorizó el arreglo de la
       piscina y contrató a Fournier Professional Pool
       Service para el arreglo de la piscina, para lo cual el
       banco le pagó la suma de $9,075.00 que era el
       remanente del préstamo 203k que hicieron los
       querellantes para el arreglo de la propiedad.

    54. El costo de reparación de la piscina incluye la
       suma de $3,500.00 por concepto de marmolizado,
       que el querellado no venía obligado a hacer.

    55. Los querellantes han sufrido daños y angustias
       mentales como resultado del incumplimiento de la
       parte querellada.
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         56. Los querellantes, quienes tienen hijos menores de
            edad, no han podido disfrutar plenamente de su
            hogar, ya que se han visto afectados tanto
            emocionalmente como económicamente, como
            resultado de las deficiencias de la obra realizada por
            el querellado.
            (Énfasis nuestro).

         En virtud de lo anterior, DACO concluyó que las partes

perfeccionaron un contrato de arrendamiento de obras. Añadió que,

a base de la prueba documental y testifical, creída y admitida, el Sr.

Román Correa fue negligente en el cumplimiento de su obligación, y

que este no presentó prueba fehaciente que justificara por qué no

cumplió con la obra en el término acordado de treinta (30) días

naturales, ni con la reparación de los defectos de forma satisfactoria.

En vista de lo anterior, DACO determinó que el Sr. Román Correa

incumplió con su obligación al no realizar un trabajo satisfactorio y

sin que mediara una razón justificada o fuerza mayor que le

impidiera hacerlo. Por ello, DACO decretó la resolución del contrato

y ordenó la devolución de las prestaciones.

         En consecuencia, DACO ordenó al Sr. Román Correa devolver

a los esposos Hernández Allende la suma de $6,047.50, la suma de

$1,000.00 en concepto de los daños y angustias reclamados, más

$2,000.00 en concepto de honorarios de abogado. Sobre las

cuantías impuestas, DACO dispuso que MAPFRE respondería

subsidiariamente hasta cubrir el monto de la fianza de $4,000.00.

         Insatisfecho con el dictamen, el 1 de mayo de 2023, el Sr.

Román Correa solicitó reconsideración, la cual DACO rechazó de

plano, al transcurrir el término dispuesto sin que acogiera la misma.

         Inconforme aún, el 12 de junio de 2023, el recurrente acude

ante este foro apelativo y formuló los siguientes señalamientos de

error:

         A. Erró la agencia al imponer honorarios de abogado al
            recurrente ante la ausencia de temeridad.

         B. Erró la agencia al imponer daños y perjuicios al
            recurrente ante falta de prueba.
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       C. Erró la agencia al no acreditar al recurrente los
          trabajos que fueron realizados y aceptados por la
          propia agencia y la propia parte recurrida.

       El 12 de julio de 2023, los esposos Hernández Allende

presentaron Alegato en Oposición a Revisión. Con el beneficio de la

comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver.

                                      II.

                                      A.

       Es   norma      firmemente      establecida     que   los   tribunales

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las

decisiones de los organismos administrativos. Ello, dado que las

agencias    administrativas       cuentan     con    vasta    experiencia     y

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos que les han sido

encomendados.10

       Como resultado, la decisión de una agencia administrativa

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca

evidencia suficiente para rebatirla.11 Así, en cuanto a las

determinaciones de hecho que realiza una agencia, el Tribunal

Supremo ha resuelto que los tribunales revisores tienen que

sostenerlas si se encuentran respaldadas por evidencia suficiente

que surja del expediente administrativo al ser considerado en su

totalidad.12 Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada

para sostener una conclusión”.13

10 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021), citando a OCS

v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185
DPR 800 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
11 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).
12 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la

LPAU, 3 LPRA sec. 9675.
13 Rolón Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González Segarra et

al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729
(2005).
KLRA202300273                                                                 18

         Por lo tanto, la parte afectada deberá reducir el valor de la

evidencia impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que

sostenga que la actuación del ente administrativo no estuvo basada

en evidencia sustancial.14 En fin, el tribunal debe limitar su

intervención a evaluar si la determinación de la agencia es

razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya

el criterio de la agencia por el suyo.15

         Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en

todos sus aspectos.16 Ahora bien, lo anterior “no implica que los

tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”.17

Consecuentemente, cuando un tribunal llega a un resultado distinto

al de la agencia, éste debe determinar si la divergencia es a

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones

de política pública o en la apreciación de la prueba.18 Dicho de otro

modo, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el

propio solo cuando no pueda hallar una base racional para explicar

la decisión administrativa”.19

         Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo      administrativo          haya   errado   en   la   aplicación    o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo

14 Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
15 Íd.
16 Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.
17 Otero v. Toyota, supra, pág. 729.
18 Otero v. Toyota, supra, pág. 729.
19 Íd.
KLRA202300273                                                                   19

actúe      arbitraria,    irrazonable       o      ilegalmente,    al   realizar

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la

actuación      administrativa       lesione        derechos   constitucionales

fundamentales.20

                                       B.

         El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) fue

creado en virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA

sec. 341 et seq., con el propósito primordial de proteger, vindicar e

implementar los intereses y derechos de los consumidores en Puerto

Rico. Este organismo fue dotado con amplias facultades para dictar

las acciones correctivas que fueren necesarias para cumplir con el

mandato de su ley habilitadora de proteger a los consumidores;

adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y

conceder los remedios procedentes conforme a derecho, incluidas

las compensaciones económicas, si procedieran; establecer las

reglas     y   normas     necesarias        para     la   conducción    de    los

procedimientos administrativos e interponer cualesquiera remedios

legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de

la ley, entre otros.21 El Artículo 8 (a) dispone que el Secretario del

DACO tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar aquellas

reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones

necesarias al cumplimiento de esta ley.22

                                       C.

         La sección 3.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 de 30 de

junio de 2017, autoriza a las agencias a imponer costas y honorarios

de abogado en los procesos adjudicativos ante sí en los mismos

20 Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Torres Rivera v. Policía

de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,
184 DPR 712, 744-745 (2012).
21
   3 LPRA sec. 341e (d), (g) e (i); Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 173 DPR 694,
704 (2008); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 765-767, 769
(1997).
22
   3 LPRA § 341g.
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casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil.23 El

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de DACO recoge esta

facultad administrativa dispuesta en la LPAU al establecer que el

funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista podrá

imponer a la parte perdidosa el pago de costas y honorarios de

abogados, según lo dispuesto en la Regla 44 de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la Regla 20 establece lo relacionado al

procedimiento de vistas administrativas. En específico, la Regla 20.2

dispone que el Departamento podrá condenar al pago de honorarios

de abogado o dictar cualquier otra orden que en derecho proceda.

Más adelante, la Regla 27.5 establece lo siguiente:

          El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida
          la vista podrá imponer a la parte perdidosa el pago de
          costas y honorarios de abogado. El procedimiento se
          regirá por lo dispuesto en la Regla 44 de la Ley (sic) de
          Procedimiento civil de Puerto Rico de 2009, según
          enmendada.

                                     D.

          La Regla 44.1, inciso (d) provee para la concesión de

honorarios de abogado en casos donde cualquiera de las partes o

sus abogados hayan procedido con temeridad o frivolidad.24            En

específico, la mencionada regla establece lo siguiente:

              (d) Honorarios de abogado.— En caso que cualquier
              parte o su abogado o abogada haya procedido con
              temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle
              en su sentencia al responsable el pago de una suma
              por concepto de honorarios de abogado que el
              tribunal entienda correspondan a tal conducta. En
              caso que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
              sus municipios, agencias o instrumentalidades haya
              procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal
              deberá imponerle en su sentencia una suma por
              concepto de honorarios de abogado, excepto en los
              casos en que esté expresamente exento por ley del
              pago de honorarios de abogado.

23
     3 LPRA sec. 9661(c).
24
     32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1.
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       El Tribunal Supremo ha dispuesto que “[l]a temeridad es una

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen

funcionamiento y la administración de la justicia”.25 El propósito de

los honorarios de abogados es sancionar al litigante perdidoso que

por su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a

asumir     innecesariamente         las   molestias,        gastos,    trabajo   e

inconveniencias de un pleito.26 La imposición de honorarios por

temeridad descansa en la discreción de la agencia. Cuando una

agencia administrativa ejerce su discreción al imponer honorarios

de abogado, dicha determinación no será alterada por los tribunales

a menos que haya mediado un abuso en ella.27 En cuanto al

determinación de temeridad, y pertinente a la controversia ante

nuestra consideración, en Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR

695 (1999), el Tribunal Supremo reiteró lo siguiente:

       La condena en honorarios de abogado es imperativa
       cuanto el tribunal sentenciador concluye que una parte
       ha sido temeraria. En ausencia de una conclusión
       expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la
       sentencia que condene al pago de honorarios de
       abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró
       temeraria a la parte así condenada. Por lo tanto, al
       imponerle los honorarios de abogado, el tribunal de
       instancia implícitamente realizó una determinación de
       temeridad. (Énfasis suplido.)

       El Tribunal Supremo ha establecido que existe temeridad en

las siguientes circunstancias: (1) hacer necesario un pleito que se

pudo evitar; (2) prolongar innecesariamente un pleito; (3) causar que

otra parte incurra en gestiones evitables; (4) contestar el demandado

una demanda y negar su responsabilidad total, aunque la acepte

posteriormente;       (5)    cuando       el   demandado          se     defiende

injustificadamente de la acción; (6) si el demandado en efecto cree

que la cantidad reclamada es exagerada y esa es la única razón que

25
   Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764 (2001).
26
   Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra, pág. 777.
27
   Íd.
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tiene para oponerse a las peticiones del demandante y no admite

francamente su responsabilidad, limitando la controversia a la

fijación de la cuantía a ser concedida; (7) si el demandado se arriesga

a litigar un caso del que se desprendía prima facie su negligencia; y

(8) negar un hecho que le consta es cierto al que hace la alegación.28

       La partida de honorarios de abogado concedida no se variará

en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o

constituya un abuso de discreción.29

                                     III.

       Comenzaremos por establecer que, aun cuando el Sr. Román

Correa ataca la apreciación de la prueba testifical desfilada en la

vista, particularmente la adjudicación de credibilidad a los

testimonios, este no cumplió su obligación de solicitar que se le

autorizara preparar una exposición narrativa o una transcripción de

la prueba oral. Regla 66 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. R. 66. Por lo tanto, no nos ha puesto en condición de evaluar

ningún señalamiento de error basado en la errónea apreciación de

la prueba oral. Así pues, sin contar con otra evidencia más allá de

las alegaciones del recurrente, este Tribunal no está en posición de

ejercer su función revisora sobre el segundo y tercer señalamiento

de error. De modo que, para resolver este recurso nos basaremos en

los hechos, según determinados por el DACO.

       En primer lugar, atenderemos el segundo señalamiento de

error. En este, el Sr. Román Correa plantea que la agencia incidió al

imponer daños y perjuicios a pesar de la insuficiente prueba de

daños presentada. En específico, arguye que, para establecer los

daños, los recurridos presentaron sus propios testimonios, que

calificó de estereotipados, sin prueba pericial médica alguna que los

sustentara. Arguye que, los daños reclamados fueron provocados

28 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987).
29 Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989).
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por los propios recurridos, pues si estos le hubieran permitido

terminar el trabajo y no lo hubieran removido de la obra, esta se

hubiera terminado de forma satisfactoria. Por su parte, los esposos

Hernández Allende sostienen que DACO adjudicó credibilidad a la

prueba testifical desfilada y que el Sr. Román Correa no presentó

prueba alguna para impugnar la misma.

       Resulta menester recalcar la importancia de la norma de

deferencia que cobija las determinaciones hechas por las agencias

administrativas. Como regla general, dicha norma establece que

tales determinaciones serán sostenidas. Solamente, a modo de

excepción, este Tribunal podrá desplazar el criterio de las agencias

administrativas en casos de un claro abuso de discreción, error

manifiesto o prejuicio. También podemos sustituir el criterio de las

agencias    recurridas    cuando      sus   determinaciones   no   están

sostenidas por prueba que obra en el expediente administrativo.

       En el presente caso, las determinaciones de hechos consignan

que el deseo de los esposos Hernández allende era mudarse al

inmueble en enero de 2019, y así se lo advirtieron al Sr. Román

Correa cuando suscribieron el contrato de obra.30 Los trabajos de

reparación se realizaron a partir del 17 de diciembre de 2018, hasta

el 28 de diciembre de 2018.31 Se continuó con dichos trabajos del 7

de enero de 2019, al 24 de enero de 2019.32 El 4 de febrero de 2019,

el Sr. Román Correa regresó a la residencia para efectuar una última

reparación. Ese día, el coquerellante Francisco Hernández le expresó

al recurrente que faltaban muchos trabajos por hacer, como los

eléctricos, la pintura y los cables del techo, y que había varias

deficiencias en los trabajos realizados. El Sr. Román Correa le indicó

que los trabajos se quedaban así, y que, si querían arreglarlos,

30 Determinaciones de hecho núms. 7, 22 y 23.
31 Determinación de hechos núm. 20.
32 Determinación de hechos núm. 25.
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tenían que pagar más dinero.33 El informe de inspección de la casa

realizado por el banco el 13 de febrero de 2019, especifica que la

piscina no fue reparada.34 La piscina fue arreglada por un tercero

que reparó los drenajes, la puso a funcionar y la marmolizó. El

DACO reconoció que el recurrente no se comprometió a hacer el

marmolizado.35 Los esposos Hernández Allende solicitaron al Sr.

Carmelo Hernández una cotización para llevar a cabo las

reparaciones que el recurrente no realizó. Este testificó en detalle la

cotización efectuada.36 También los recurridos contrataron al perito

electricista Ricardo Serrano, quien testificó sobre sus hallazgos y

corrección de las deficiencias encontradas.37 Las fotos admitidas en

evidencia demuestran las condiciones de las instalaciones eléctricas

al momento de la inspección por parte del electricista.38 Los esposos

Hernández Allende pagaron al Sr. Ricardo Serrano por los trabajos

eléctricos.39

      El juez administrativo del DACO sopesó la prueba presentada,

sopesó credibilidad y concluyó que el Sr. Román Correa se obligó a

realizar   las   reparaciones    a    la   residencia,   que   no   atendió

oportunamente las reclamaciones de los recurridos y que la mayoría

de los trabajos los realizó de manera defectuosa. Basado en tales

determinaciones, concluyó que el recurrente incumplió con sus

obligaciones contractuales, lo que obligó a los esposos Hernández

Allende a incurrir en gastos para acondicionar la casa. Así pues, la

determinación de daños y perjuicios está amparada en las

determinaciones del DACO y en la norma general de responsabilidad

dispuesta en el Código Civil que dispone que la persona que de

cualquier modo contraviene su obligación debe indemnizar por los

33 Determinaciones de hecho núms. 26 y 27.
34 Determinación de hechos núm. 29.
35 Determinaciones de hechos núms. 34 y 54.
36 Determinaciones de hecho núms. 38 y 39.
37 Determinaciones de hecho núms. 40-45, 48-49.
38 Determinación de hecho núm. 47.
39 Determinación de hecho núm. 51.
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daños y perjuicios causados.40 La misma es razonable y ante la

ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, debe sostenerse.

       En su tercer señalamiento de error, el Sr. Román Correa alega

que la agencia incidió al no acreditar los trabajos que sí fueron

realizados y aceptados. Alega que la controversia no era sobre

trabajos mal realizados, sino de trabajos que no pudieron ser

completados por las acciones de los recurridos. Añade que los

recurridos nunca pagaron la totalidad de lo acordado ni las

modificaciones o trabajos adicionales que le solicitaron. En su

escrito, efectuó un desglose de los acuerdos escritos, así como de las

órdenes de cambio o modificaciones verbales presuntamente

solicitadas y consentidas por los recurridos. También reseñó las

tareas realizadas y aceptadas por los recurrentes y aquellos trabajos

adicionales efectuados, pero no pagados por los recurrentes. Al

respecto, los esposos Hernández Allende arguyen que los trabajos

realizados estuvieron mal hechos, lo cual quedó demostrado en la

vista administrativa, así como de los informes de inspección.

       Surge del expediente que la obra realizada por el recurrente

adolecía de algunos defectos, los cuales fueron verificados por DACO

durante las inspecciones realizadas. Así, la inspección del DACO de

19 de junio de 201941 consignó que la reparación y tratamiento del

techo no fue efectiva, pues continuaban las filtraciones; que el

trabajo de electricidad se realizó de manera parcial; que la

reparación de las rejas del segundo piso y del trabajo general de

pintura fueron de pésima calidad; la piscina no estaba en

condiciones adecuadas y que los detectores de humo estaban mal

instalados. Como obras realizadas, la misma inspección señaló que

se removió una ventana; que existían certificaciones (que no

40 Art. 1158 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA Sec. 9303; anterior Art. 1054

del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. ant. 3018.
41 Determinación de hecho núm. 33.
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reflejaron las deficiencias encontradas por el perito electricista

Ricardo Serrano42); y que se removió la terraza en madera. La

inspección también señaló que se instalaron los gabinetes de cocina

y que se colocó el lavamanos en el medio baño; no obstante, el propio

recurrente ha admitido y el DACO determinó que ese trabajo lo

realizó una tercera persona.43

      La segunda inspección del DACO, de 4 de septiembre de

202044, reflejó que los esposos Hernández Allende realizaron

mejoras a la propiedad por iniciativa propia y que, de hecho, el

inspector apreció que la piscina estaba en uso y funcionado.

      Surge además de las determinaciones de la agencia, que el

inspector del DACO recomendó a los recurridos presentar un

estimado de costos por los trabajos mal hechos o incompletos.45 Uno

de estos estimados lo realizó el Sr. Carmelo Hernández a petición de

los recurridos. La cotización corroboró las filtraciones del techo, el

mal estado de la pintura del interior y exterior de la casa, y la

necesidad de reparar las rejas del segundo nivel.46 Los trabajos de

electricidad los revisó el Sr. Ricardo Serrano, quien declaró sobre el

mal estado de las instalaciones eléctricas y los trabajos realizados

para corregir las deficiencias.47

      Las determinaciones de la agencia recurrida no respaldan las

siguientes modificaciones verbales reclamadas por el Sr. Román

Correa en su recurso. Específicamente nos referimos a la limpieza

de la piscina ($500.00), la realización de dos entradas en la parte

baja de la residencia ($350.00), el lavado y sellado de parte del techo

($3,000.00), calentador de línea ($405.00), detectores de humo

($200.00), pintura interior en la segunda planta ($600.00), pintura

42 Determinaciones de hecho núms. 46 y 50.
43 Determinaciones de hecho núm. 13 y 18.
44 Determinación de hecho núm. 37.
45 Determinaciones de hecho núms. 32 y37.
46 Determinación de hecho núm. 39.
47 Determinaciones de hecho núms. 40-45.
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interior en la segunda planta ($600.00), pintura exterior en el

segundo nivel ($600.00), trabajos adicionales en las rejas exteriores

y ventanas ($1,000.00) y las 24 láminas de cristal instaladas en las

ventanas, para las cuales no identificó valor pecuniario.

          Ahora bien, las determinaciones de hechos de la resolución

recurrida manifiestamente exponen que el Sr. Román Correa realizó

satisfactoriamente los siguientes trabajos especificados en el

contrato que suscribió con los recurridos: (1) remoción de la terraza

en madera y recogido de escombros ($390.00), (2) remoción de la

ventana ($125.00, que constituye la mitad de la labor contratada

por concepto del acondicionamiento de rejas y remoción de

ventanas) y (3) certificación de utilidades ($450.00); para un total de

$1,415.00. Por consiguiente, corresponde ordenar a los esposos

Hernández Allende reembolsar al Sr. Román Correa la suma de

$1,415.00 por concepto de los trabajos que efectivamente realizó en

la residencia.

          El Sr. Román Correa aduce, además, que DACO incidió al

imponerle honorarios de abogado. Lo anterior, porque a su

entender, no incurrió en temeridad y la agencia recurrida tampoco

hizo una determinación de frivolidad o temeridad en la resolución

recurrida.

          Por su parte, en su alegato en oposición, los esposos

Hernández Allende sostienen que el Sr. Román Correa fue temerario

al “pretender defenderse de las alegaciones del querellante cuando

resultó obvio, para todas las personas que realizaron inspecciones

en la propiedad, que las obras y reparaciones contratadas o no

fueron realizadas o fueron mal realizadas.”48

          Según expuesto en la segunda parte de este escrito, cuando

un tribunal impone a una parte el pago de honorarios sin hacer una

48
     Véase, Alegato en Oposición a Revisión, pág. 5.
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determinación previa de temeridad, implícitamente se entiende que

el juzgador encontró temeraria a la parte así condenada. Sin

embargo, no encontramos que el expediente sustente determinación

de temeridad alguna que justifique la imposición de los honorarios

de abogado al Sr. Román Correa. No surge del expediente indicio

alguno que demuestre que el recurrente actuara de forma temeraria,

contumaz, frívola o sin fundamento al defenderse de las alegaciones

en su contra. Por el contrario, éste levantó las defensas que entendió

le asistían para que fueran dirimidas por el juez administrativo. En

virtud de todo lo anterior, modificamos la resolución recurrida a los

efectos de eliminar la suma de $2,000.00 que le fue impuesta al Sr.

Román Correa por concepto de honorarios de abogado.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, se modifica la resolución

recurrida, a los efectos de que disponga que los esposos Hernández

Allende deberán reembolsar al Sr. Román Correa la suma de

$1,415.00 por concepto de los trabajos que efectivamente realizó en

la residencia, y de eliminar la suma de $2,000.00 que le fue

impuesta al Sr. Román Correa por concepto de honorarios de

abogado. Así modificada, se confirma la resolución recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones