Court Opinion

ID: 9928477
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:17:53.676434+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:40.661935
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL III

                                         Apelación
 ELIGIO JAVIER                           procedente del
 MARTÍNEZ MATEO                          Tribunal de Primera
                                         Instancia
        Apelante           KLAN202300974 Sala Superior de
                                         Ponce
           v.
                                                Civil Núm.
  MAPFRE PRAICO                                 JD2022CV00588
  INSURANCE COMPANY
  HACIENDO NEGOCIO                  Sobre:
  COMO MAPFRE PR                    Ley Núm. 44 y 100;
                                    Daños y Perjuicios;
       Apelada                      Despido
                                    Injustificado bajo
                                    la Ley Núm. 80;
                                    Procedimiento
                                    Sumario Bajo La Ley
                                    Núm. 2 de
                                    Reclamaciones
                                    Laborales
 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                             SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 2023.

       Comparece    ante    este   foro    el    Sr.   Eligio   Javier

 Martínez Mateo (señor Martínez o apelante), mediante un

 recurso de Apelación y nos solicita que revisemos la

 Sentencia notificada el 23 de octubre de 2023 por el

 Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce.               Mediante

 el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar

 la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Mapfre

 Praico   Insurance      Company   h/n/c    Mapfre     PR   (Mapfre   o

 “parte apelada”).         Consecuentemente, el foro primario

 desestimó la Querella instada por el apelante.

       Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLAN202300974                                                             2

                                     I.

        El 27 de octubre de 2022, el señor Martínez presentó

una     Querella      contra       Mapfre     por     alegado       despido

injustificado, y           discrimen por impedimento físico o

mental, mediante el procedimiento sumario laboral.1                      En

síntesis, el apelante alegó que, debido al exceso e

intolerable volumen de trabajo, desarrolló padecimientos

médicos,      lo    que    lo     llevó   a   solicitar      un     acomodo

razonable.         Sin embargo, sostuvo que aun cuando Mapfre

conocía sobre las condiciones médicas y tratamientos que

recibió, no obtuvo la concesión de un acomodo razonable.

Por lo tanto, expresó que el despedido fue de manera

discriminatoria e injustificado.

        Luego de varias incidencias procesales, el 28 de

julio    de   2023,       Mapfre   presentó    Moción     de      Sentencia

Sumaria,      mediante       la    cual     sostuvo    que     no    existe

controversia real y sustancial de hechos materiales.                     En

esta, desglosó un total de ciento diez (110) hechos

incontrovertidos, entre ellos, los siguientes:2

          […]

          4. El puesto ocupado por el Sr. Martínez
          cuando comenzó a trabajar en MAPFRE fue el
          puesto de tasador y su supervisor era el
          Sr. Manuel Ortega.

          5. El Sr. Martínez comenzó en su puesto de
          tasador en agosto de 1999 en la sucursal de
          Mayagüez.

          […]

          8. Las funciones del puesto de tasador
          consistían en la tramitación de una
          reclamación una vez se recibía el informe
          de accidente de vehículo y conllevaba a ver
          la gestión para contactar al cliente. Una
          vez se hacía el contacto y la coordinación
          para la inspección, pues iba al lugar donde
          estuviese   el   vehículo,   realizar   una
          inspección, tomar nota de los daños y luego
1 Querella, anejo II, págs. 30-35 del apéndice del recurso.
2 Moción de Sentencia Sumaria, anejo III, págs. 35-264 del apéndice
del recurso.
KLAN202300974                                        3

       se pasaba a realizar e estimado de los
       daños. Luego se hacía un acuerdo de
       reparación con el taller y se le refería
       ese   estimado  al   ajustador   para que
       completara el proceso de reclamación.

       […]

       15. Durante su empleo, el Sr. Martínez
       recibió políticas y manuales de empleo.

       16. El Sr. Martínez acusó recibo de varias
       políticas de MAPFRE incluyendo: la Política
       de Hostigamiento Sexual y Política de
       Vestimenta,    Manual   de   Políticas    y
       Procedimientos Informáticos, la Revisión
       del Manual del Empleado del 2006, Política
       de Asistencia y cambio en el manual de
       empleado del 1 de diciembre de 2009.

       […]

       26. En el mes de marzo de 2018, se le
       comunicó oficialmente a todos los tasadores
       y ajustadores que MAPFRE estaba en un
       proceso de fusionar ambas posiciones y
       crear un solo puesto de ajustador/tasador.

       27. En el año 2019, MAPFRE hace una fusión
       entre dos posiciones. Creó entre estas dos
       una sola, la posición Ajustador/tasador.

       28. El Sr. Martínez tenía la licencia de
       ajustador desde el 2014 y esa licencia
       requiere que se renueve cada dos (2) años.

       29. Para poder ejercer la posición de
       ajustador es requerido poseer licencia de
       ajustador, pues así lo exige el Comisionado
       de Seguros.

       30. Para poder ejercer la posición       de
       tasador no hay que tener una licencia.

       […]

       36. El querellante renovó su licencia
       debido a que fue solicitado por el Sr.
       Guillermo Morales, Supervisor de Tasadores
       en MAPFRE.

       37. A los demás empleados que tenían la
       licencia de ajustador, también se les
       solicitó que renovaran la licencia.

       […]

       45. En marzo de 2021, se les notificó a
       todos   los   empleados  del   puesto   de
       ajustador/tasador sobre las bonificaciones
       que estarían recibiendo y el nuevo “pay
       plan” del puesto.
KLAN202300974                                         4

       46. En abril de 2021, se les informó a todos
       los empleados de que la fusión del puesto
       había sido completada por Recursos Humanos
       y que se le estaría enviando la nueva
       descripción de puesto.

       47. En junio de 2021 se les envió a todos
       los empleados la descripción final del
       puesto de ajustador/tasador.

       48. Al querellante le tocaba renovar su
       licencia para el mes de octubre del año
       2021.

       49. La Sra. María de Lourdes Rodríguez,
       supervisora de reclamaciones y supervisora
       del querellante en ese momento, le solicitó
       al querellante que renovara su licencia de
       ajustador antes de octubre de 2021.

       […]

       55. El 7 de septiembre de 2021, el
       querellante le contestó a la Sra. María de
       Lourdes Rodríguez que decidió no renovar la
       licencia de ajustador de autos, por tal
       razón, no estará tramitando la matrícula
       para los cursos de educación continua que
       requiere la licencia. No indicó las razones
       de su decisión.

       56. El querellante no quería renovar la
       licencia según éste por la carga de trabajo
       que tenía.

       […]

       60. El 21 de octubre de 2021, la Sra. Karen
       Hernández mediante correo electrónico, con
       carta anejada, le contestó al querellante
       sobre su posición de no renovar su licencia
       de ajustador.

       61. En dicha carta, se le solicitó al
       querellante que presentará evidencia médica
       sobre su posición de no renovar la licencia
       de ajustador por su salud, según éste
       indicó.

       62. La carta también explicó que se le había
       dicho la importancia de la renovación de la
       licencia de ajustador como requisito para
       el puesto. Además, se le indicó que se
       solicitaba la información médica adicional
       para poder determinar si el querellante era
       una persona cualificada bajo la ley y la
       procedencia de un acomodo razonable.

       […]

       91. Luego de recibido el informe, el 9 de
       febrero de 2022, MAPFRE le contestó al
       querellante sobre su solicitud de acomodo y
KLAN202300974                                                5

        le indicó que luego de examinar la
        información provista por el Dr. Caro y el
        acomodo solicitado, incide en las funciones
        esenciales de su puesto, por lo que el
        querellante no era un individuo cualificado
        bajo la ley al no poder realizar las
        funciones esenciales de su puesto de
        ajustador/tasador. No obstante, MAPFRE
        realizó un inventario de puestos vacantes y
        le ofrece las plazas vacantes de Hojalatero
        y “Detailer” disponibles que había en la
        compañía y para las que este cualificaba.

        […]

        95. El 15 de febrero de 2022, Wanda Rosario
        le   envía   un   correo   electrónico   al
        querellante, el mismo fue recibido por
        éste; en el cual indica que debido a que no
        aceptó las alternativas ofrecidas, se tenía
        que   reincorporar    a   su    puesto   de
        ajustador/tasador,   cumpliendo    con   el
        requisito de la licencia del puesto y que
        se debía presentar a trabajar el 21 de
        febrero de 2022.

        […]

        98. El 2 de marzo de 2022, la Sra. Wanda
        Rosario le envió un correo electrónico al
        querellante.

        99. Dicho correo electrónico contenía un
        anejo de una carta del Sr. José de la Mata,
        mediante la cual indicaba que se ha
        determinado terminar la relación de empleo,
        porque el querellante debió reportarse a
        trabajar el 21 de febrero y que no lo había
        hecho. Además de que no se había comunicado
        con la compañía.

        […]

      Así las cosas, Mapfre alegó que el señor Martínez

no fue despedido de su empleo, sino que éste abandonó su

puesto al no reportarse a trabajar, por lo tanto, la

reclamación bajo la Ley Núm. 80, se debía desestimar.

De   otra   parte,   sostuvo   que   el   apelante   falló   en

establecer su caso prima facie de discrimen bajo la Ley

Núm. 44, puesto que, éste conocía que para ocupar la

posición de ajustador/tasador, era requisito poseer la

licencia de ajustador.     A su vez, que no pudo demostrar

que con o sin el acomodo razonable, era una persona
KLAN202300974                                                                  6

cualificada      para    poder     realizar         las    funciones         del

puesto.    Por consiguiente, solicitó fuera declarada con

lugar la moción de sentencia sumaria.

      En respuesta, el 11 de septiembre de 2023, el señor

Martínez     presentó      Réplica      a     “Moción       de     Sentencia

Sumaria”.3      Mediante la cual destacó que las alegaciones

de parte de Mapfre, al alegar que no hubo un despido,

sino que el apelante abandonó su puesto, además que, no

estaba cualificado para las funciones del puesto y que

le resultaba oneroso la solicitud de acomodo razonable,

son irrazonables y arbitrarias.                El apelante, sostuvo

que   proveyó     razones     de    salud,      tanto       mental,      como

emocional para su solicitud de acomodo razonable.                            Por

lo tanto, alegó que aún existe hechos esenciales que

están en controversia, y lo que procedía era declarar no

ha lugar la moción de sentencia sumaria presentada por

Mapfre.

      El   22    de   septiembre     de      2023,        Mapfre    presentó

Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria.4                          En esta,

reiteró su solicitud de sentencia sumaria, ya que, no

hay   hechos     materiales       incontrovertidos.                El   12   de

octubre de 2023, el señor Martínez presentó su Dúplica

a Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria.5

      Luego de evaluar ambas posturas, el 23 de octubre

de 2023, el foro primario notificó la Sentencia apelada.6

Mediante     esta,      declaró    Ha       Lugar    la     Solicitud         de

Sentencia Sumaria presentada por Mapfre.                    Determinó que,

el señor Martínez no logró demostrar por medio de prueba

3 Réplica a “Moción de Sentencia Sumaria”, anejo IV, págs. 265-481
del apéndice del recurso.
4 Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, anejo V, págs. 482-494

del apéndice del recurso.
5 Dúplica a Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, anejo VI,

págs. 495-496 del apéndice el recurso.
6 Sentencia, anejo I, págs. 1- 29 del apéndice del recurso.
KLAN202300974                                              7

fehaciente que podía desempeñar las funciones esenciales

de su actual puesto y que le hubiesen permitido haber

solicitado un acomodo razonable.

     Inconforme, el 1 de noviembre de 2023, el apelante

acudió ante nos y mediante recurso de Apelación formuló

los siguientes señalamientos de error:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al
        dictar   sentencia   sumaria   dando   por
        incontrovertidos hechos que de la misma
        evidencia aportada por Mapfre surge que
        existe controversia real y sustancial.

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al
        dictar sentencia sumaria sin aplicar el
        examen    de   la    totalidad  de    las
        circunstancias y concluir que el apelante
        no estaba apto para ocupar el puesto de
        tasador con acomodo razonable.

     El 6 de noviembre de 2023, Mapfre presentó Moción

de Desestimación por Falta de Jurisdicción, mediante

esta, señaló que el señor Martínez no notificó el recurso

de apelación a la dirección correcta conforme a las

exigencias de la Regla 13(B)(1) del Reglamento de este

Foro.

     Luego   de   varias   incidencias   procesales,   y   de

evaluar las mociones presentadas, el 15 de noviembre de

2023, emitimos una Resolución mediante la cual dimos por

cumplida la Resolución emitida el 7 de noviembre de 2023.

Así las cosas, le concedimos a la parte apelada hasta el

4 de diciembre de 2023 para que presentara su alegato.

     En cumplimiento con lo ordenado, el 4 de diciembre

de 2023, Mapfre presentó su Alegato en Oposición a

Apelación    y    solicitó,   entre   otros   asuntos,     la

desestimación de la Apelación por falta de jurisdicción,

y en la alternativa, se confirme la Sentencia emitida

por el foro primario.
KLAN202300974                                                              8

        A     continuación,       con        el    beneficio        de   la

comparecencia de ambas partes, procedemos a disponer del

recurso de epígrafe.

                                      II.

                                      -A-

        La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.   36,     atiende     todo   lo     referente       al    mecanismo    de

sentencia sumaria.         En específico, dispone que una parte

podrá        presentar      una        moción      fundamentada          “en

declaraciones         juradas     o    en    aquella        evidencia    que

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial

de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte       sentencia    sumariamente         a   su   favor     sobre   la

totalidad       o     cualquier        parte      de    la     reclamación

solicitada.”         Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 36.1.

        Así pues, la parte que solicite la disposición de

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre

todo,       deberá    demostrar       que    no   existe      controversia

sustancial sobre algún hecho esencial.                  Rivera Matos et

al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010 (2020); Rodríguez

García v. UCA,          200 DPR 929 (2018);             Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200 (2010).

        De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte

sentencia       sumaria     deberá          controvertir       la    prueba

presentada por la parte que la solicita, por lo que

deberá cumplir con los mismos requisitos que tiene que

cumplir la parte proponente.                Zambrana García v. ELA et

al., 204 DPR 328 (2020); Jusino et als. v. Walgreens,

155 DPR 560 (2001). Además, su solicitud deberá contener

una relación concisa y organizada, con una referencia a
KLAN202300974                                                           9

los párrafos enumerados por la parte promovente, de los

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de

buena fe controvertidos.            Regla 36.3(b) de Procedimiento

Civil, supra, R. 36.3(b).            De igual modo, debe contener

la indicación de los párrafos o las páginas de las

declaraciones        juradas    u     otra   prueba   admisible         en

evidencia       donde   se   establecen      estos,   así       como    de

cualquier otro documento admisible en evidencia que se

encuentre en el expediente del tribunal.                  Íd.     Véase,

además: Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414,

432 (2013).

        Una vez las partes cumplan con las disposiciones

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente

si   las      alegaciones,     deposiciones,       contestaciones        a

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo

justifica.       SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra,

págs. 430-434.

        Por último, en Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, págs. 116-117, nuestro Tribunal Supremo

amplió     el    estándar    específico      que   este    foro       debe

utilizar al momento de revisar la concesión de una

solicitud de sentencia sumaria y estableció que nos

encontramos en la misma posición que el foro primario

para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria.

De igual modo, quedó resuelto que nos regiremos por la

Regla    36     de   Procedimiento     Civil,   supra,    y     por    los
KLAN202300974                                            10

criterios de su jurisprudencia interpretativa.      Al así

concluir, el Tribunal Supremo resolvió que:

       Segundo, por estar en la misma posición que
       el   foro   primario,    el   Tribunal   de
       Apelaciones debe revisar que tanto la
       Moción de Sentencia Sumaria como su
       Oposición cumplan con los requisitos de
       forma codificados en la Regla 36 de
       Procedimiento Civil, supra, y discutidos en
       SLG Zapata–Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

       Tercero, en el caso de revisión de una
       Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal
       de Apelaciones debe revisar si en realidad
       existen hechos materiales en controversia.
       De haberlos, el foro apelativo intermedio
       tiene que cumplir con la exigencia de la
       Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe
       exponer    concretamente    cuáles    hechos
       materiales    encontró   que     están    en
       controversia       y      cuáles       están
       incontrovertidos. Esta determinación puede
       hacerse en la Sentencia que disponga del
       caso y puede hacer referencia al listado
       numerado de hechos incontrovertidos que
       emitió el foro primario en su Sentencia.

       Cuarto, y[,] por último, de encontrar que
       los hechos materiales realmente están
       incontrovertidos,    el   foro   apelativo
       intermedio procederá entonces a revisar de
       novo si el Tribunal de Primera Instancia
       aplicó correctamente el derecho a la
       controversia.    Meléndez González v. M.
       Cuebas, supra, págs. 118-119.

                           -B-

     La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada (29 LPRA sec. 146, et seq.) (Ley Núm. 100),

prohíbe toda acción discriminatoria de un patrono contra

su empleado por razón de edad, raza, color, sexo, origen

o condición social.   Hernández v. Trans Oceanic Life

Ins. Co., 151 DPR 754, 773 (2000).    En particular, la

referida ley protege a los empleados y aspirantes a

empleo contra discrímenes de los patronos o de las

organizaciones obreras.   Íd.

     Bajo las disposiciones de esta ley, el reclamante

debe establecer un caso prima facie de discrimen.     López

Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 121 (2011).      Es
KLAN202300974                                                              11

decir, que el peso de la prueba corresponde inicialmente

al empleado.          Íd., pág. 122.          De este modo, el Tribunal

Supremo ha destacado que, cuando un empleado inste una

acción al amparo de la Ley Núm. 100, supra, deberá

demostrar: (1) que hubo un despido o acto perjudicial;

(2) que éste se realizó sin justa causa; y (3) algún

hecho base que lo ubique dentro de la modalidad de

discrimen bajo la cual reclama.”                   Íd., pág. 123; Ramos

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 222 (2010).

        Así, corresponde al empleado desfilar prueba en

torno    a        ciertos     hechos    básicos     que     configuren    la

modalidad de discrimen imputada, a fin de que el juzgador

tenga,       en    términos     generales,       una    base   racional    y

motivos para inferir que la acción tomada en su contra

fue discriminatoria.                Díaz v. Windham Hotel Corp., 155

DPR 364, 387-389 (2001).

        Una vez el empleado establece el caso prima facie

de discrimen, el patrono podrá rebatirla probando que la

existencia         del   discrimen       es    menos    probable    que   su

inexistencia.         Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116

DPR 485, 502 (1985). Ello podrá hacerlo de tres maneras:

(1) derrotando el hecho básico (la ausencia de justa

causa); (2) destruir el hecho presumido (que el despido

fue   por     causa      de    motivos    discriminatorios);         o    (3)

destruir el hecho básico y el presumido a la vez.                     López

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, pág. 124.                        Dicho de

otro modo, debe probar que no se tomó la acción adversa

o que existió justa causa para la acción tomada; es

decir, demostrar que la acción no respondió a un ánimo

discriminatorio.

        De    rebatirse        la     presunción       de   discrimen,    el

empleado nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la
KLAN202300974                                                       12

existencia del discrimen, aunque sin el beneficio de la

presunción inicial.        SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151

DPR 754, 775 (2000).         Es decir, que el empleado tendrá

que probar hechos específicos de los cuales surja el

discrimen.     Íd.       Sólo si queda probado que el patrono

incurrió en conducta discriminatoria contra el empleado,

tendrá que indemnizarlo por los daños que ello le hubiera

ocasionado.       Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR

62, 69 (2008); 29 LPRA sec. 146.

                                 -C-

     Entre las legislaciones que regulan el discrimen en

el empleo se encuentra la Ley Núm. 44 de 2 de julio de

1985, según enmendada (1 LPRA sec. 501, et seq.) (Ley

Núm.44), la cual se adoptó con el propósito de garantizar

la igualdad en circunstancias en las cuales personas con

discapacidad      física,     mental,   o    sensorial      enfrentan

tratos discriminatorios en el empleo.           Véase, Exposición

de Motivos de la Ley Núm. 44, supra.            Ello, privándole

de   su   oportunidad        para   desempeñarse        y    competir

adecuadamente en el campo laboral.            Íd.

     En vías de cumplir con el objetivo antes reseñado,

el Artículo 5 de la precitada ley prohíbe que tanto las

instituciones públicas como las empresas privadas pongan

en vigor o utilicen procedimientos, métodos o prácticas

discriminatorias de empleo por razón de impedimentos

físicos, mentales o sensoriales.            1 LPRA sec.504.       Esta

prohibición se extiende desde la etapa de reclutamiento

hasta los diferentes términos, condiciones y privilegios

de empleo, a saber, la compensación, los beneficios

marginales    y    las    facilidades   de    acomodo       razonable.

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668,

684 (2009).
KLAN202300974                                                    13

      En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 1(b)

de la Ley define el “acomodo razonable” como el ajuste

lógico, adecuado, que permite a la persona cualificada

para el trabajo con limitaciones físicas o mentales

desempeñar   las     labores   asignadas    a   una   descripción

ocupacional.       1 LPRA sec.501(b).      Ello incluye ajustes

en el área de trabajo y otros que no representen un

esfuerzo extremadamente oneroso en términos económicos.

Íd.    Ese esfuerzo lo define la ley a la luz de la

naturaleza y otros aspectos del acomodo, los recursos

económicos de la entidad y el tipo de negocio.             Íd.

      Ahora bien, para que un empleado quede cobijado por

la Ley Núm. 44, supra, y que su patrono esté obligado a

brindarle acomodo razonable conforme la ley, el empleado

tendrá que demostrar, primero, que es una persona con

impedimento según lo define la ley, y segundo, que está

cualificado para llevar a cabo las funciones básicas de

ese trabajo, con o sin el acomodo razonable.             García v.

Darex PR, Inc., 148 DPR 364, 385-386 (1999).              A estos

fines, el Artículo 1(d) de dicha ley, define a una

“persona     con     impedimentos    físicos,         mentales   o

sensoriales” como sigue:

        Significará toda persona con un impedimento
        de naturaleza motora, mental o sensorial,
        que le obstaculice o limite su inicio o
        desempeño laboral, de estudios o para el
        disfrute pleno de la vida y que está
        cualificada   para   llevar  a   cabo   las
        funciones básicas de ese trabajo o área de
        estudio, con o sin acomodo razonable.

        Se entenderá, además, que es una persona
        con impedimentos bajo la protección de esta
        Ley, toda aquella persona cuyo impedimento
        le limite sustancialmente su desempeño en
        una o más actividades principales del
        diario vivir; que la persona tenga un
        historial previo de esa condición o se le
        considere como que tiene dicho impedimento
        aun cuando no lo tiene. […] 1 LPRA sec.
        501(d).
KLAN202300974                                                           14

                                       -D-

      La Ley Núm. 80, del 30 de mayo de 1976 (29 LPRA

sec. 185a et seq.) (Ley Núm.80), fue creada con el fin

primordial       de     proteger,      de    manera   más   efectiva,   el

derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su

empleo.     A su vez, procura desalentar la práctica de

despedir a los empleados de forma injustificada y otorga

a     los        trabajadores           remedios       justicieros      y

consustanciales con los daños causados por un despido

injustificado.          Véase, Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 80, supra.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189

DPR 414, 424 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 182

DPR 368,379 (2011).

      El Artículo 1 del referido estatuto, establece que

todo empleado de comercio, industria o cualquier otro

negocio o sitio de empleo que sea despedido de su cargo,

sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a

recibir     de     su     patrono      una     indemnización.       Dicha

indemnización se conoce como la “mesada” y su cuantía

dependerá del tiempo durante el cual el empleado ocupó

su puesto y del sueldo que devengaba.                  Art. 1 de la Ley

Núm. 80, 29 LPRA sec. 185a; Whittenburg v. Col. Ntra.

Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 950 (2011).

      Por su parte, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80,

detalla las circunstancias que constituyen “justa causa”

para el despido e incluye motivos fundados en la conducta

del   empleado,          así    como        circunstancias    de   índole

empresarial.          Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec.

185b).       Así        pues,   en     lo     pertinente,    las   causas

atribuibles a los empleados que constituyen justa causa
KLAN202300974                                                       15

para el despido se preceptúan en los incisos (a), (b) y

(c) del Artículo 2 de la Ley y estas son las siguientes:

          (a)    Que el obrero siga un patrón                 de
          conducta impropia o desordenada.

          (b) La actitud del empleado de no rendir
          su trabajo en forma eficiente o de hacerlo
          tardía y negligentemente o en violación de
          las normas de calidad del producto que se
          produce o maneja por el establecimiento.

          (c) Violación reiterada por el empleado de
          las   reglas   y  reglamentos    razonables
          establecidas por el funcionamiento del
          establecimiento siempre que copia escrita
          de   los   mismos  se  haya   suministrado
          oportunamente al empleado.   […]    23 LPRA
          sec.185b.

      No obstante, a pesar de que la Ley Núm. 80 provee

una lista de circunstancias que justifican el despido de

un empleado o empleada, la precitada ley no pretende ser

un código de conducta limitada a una lista de faltas

claramente definidas con sus sanciones correspondientes.

Jusino et als. V. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001).                A

estos efectos, el patrono tiene la potestad de adoptar

reglamentos internos y establecer normas de conducta en

el lugar de trabajo que estime necesarias para conseguir

el buen funcionamiento de la empresa. Íd. Los empleados

estarán     sujetos    a   cumplir   con   dichos    reglamentos     y

normas, siempre y cuando éstos cumplan con el criterio

de razonabilidad.          Íd.    De este modo, para que las

violaciones de las normas del empleo constituyan justa

causa para el despido, el patrono tiene la obligación de

probar la razonabilidad de las normas establecidas, que

le suministró copia escrita de éstas al empleado y que

el empleado las violó.           Rivera Águila v. K-Mart de PR,

123   DPR    599,     613-614    (1942).     En     cambio,    no   se

considerará despido por justa causa aquel que se hace

por el mero capricho del patrono o sin razón relacionada
KLAN202300974                                                    16

con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.

Srio. del Trabajo v. GP Inds., Inc., 153 DPR 223, 241

(2001).

       En fin, el principio rector que gobierna el despido

por justa causa dispuesto en el Artículo 2 de la Ley

Núm. 80, supra, es aquel que delimita las circunstancias

en que éste se produce. Es decir, cuando tiene su origen

en alguna razón o motivo vinculado a la ordenada marcha

y normal funcionamiento de una empresa y no en el libre

arbitrio o capricho del patrono.            Íd.

       Finalmente, el Artículo 11 de la Ley Núm. 80, supra,

crea     una    presunción     de     que     todo    despido    es

injustificado. 29 LPRA sec. 185k. Por ello, el patrono,

mediante preponderancia de prueba, debe demostrar lo

contrario, es decir, que en efecto hubo justa causa para

el despido. Rivera v. Pan Pepin, 161 DPR 681,688 (2004);

Delgado Zayas v. Hosp. Interamericano, 137 DPR 643, 650

(1994); Rivera Ánguila v. K-Mart de PR, supra, pág. 610.

                               III.

       En el caso de autos, el señor Martínez alega que

incidió el foro primario al dictar sentencia sumaria,

aun cuando hay controversia real y sustancial sobre

hechos    materiales,    por   lo     que,    era    necesario   la

celebración de una vista evidenciaria.

       En esencia, el apelante en su recurso alega que fue

despedido      injustificadamente     y     discriminado   por   su

condición de salud emocional y mental en violación a la

Ley Núm. 44, supra.       En específico, esboza que Mapfre

tenía conocimiento sobre su problema de salud, y aun

cuando presentó evidencia médica que no podía renovar la

licencia de ajustador fue suspendido de empleo y sueldo.

A su vez, alega que la parte apelada, continuó con su
KLAN202300974                                                         17

patrón de irracionalidad y descartó la certificación

médica preparada por su médico.          Sin embargo, esboza que

le   requirieron        una    certificación       de     un   médico

especialista,      que    acreditara      su    condición      y     las

funciones que podía realizar.           Así las cosas, señala que

presentó el informe de tratamiento, no obstante, que

Mapfre   concluyó       que   bajo    dicho    informe    no   era   un

individuo cualificado para realizar las funciones de su

posición    como    ajustador/tasador.            Consecuentemente,

sostuvo que, al no poder aceptar el nuevo puesto, y no

poder dar una explicación al patrono, no retornó al

trabajo.

     Por su parte, Mapfre arguye que desde el año 2018

la compañía le comunicó a los tasadores y ajustadores

que estaban en un proceso de fusionar ambas posiciones,

y crear un solo puesto.               El 23 de abril de 2021,

emitieron un correo electrónico indicándoles que habían

culminado el proceso de reclasificación de puesto como

ajustador/tasador.        Posteriormente, el 23 de junio de

2021, les enviaron el “Job Description” del puesto de

ajustador/tasador, y entre los requisitos se encontraba

tener la licencia de ajustador vigente.                  No obstante,

esbozaron   que    le    requirieron     al    señor    Martínez     que

renovara    la    licencia     de    ajustador,    ya    que   era   un

requisito para el puesto.           Una vez recibieron el informe

médico, el cual su médico indicó que no podría realizar

múltiples funciones esenciales del puesto, determinaron

que no podían ofrecerle un acomodo al apelante, ya que

no era un individuo cualificado para propósitos de la

Ley ADA y la Ley Núm. 44, supra.          Añadieron, que el señor

Martínez, de igual forma falló en establecer que, con o
KLAN202300974                                                          18

sin acomodo razonable, no era una persona cualificada

para llevar a cabo las funciones de su puesto.

      Conforme     el   derecho   antes          expuesto,   para     que

proceda una acción al amparo de la Ley Núm. 100, supra,

le corresponde al empleado desfilar prueba de hechos

específicos que configuren la modalidad de discrimen

imputada, con el fin de que el juzgador tenga base

racional para inferir que la acción tomada en su contra

fue   discriminatoria.       Díaz      v.    Windham      Hotel   Corp.,

supra, págs.387-389.

      De   otra   parte,   cabe   precisar         que,    conforme    al

precitado derecho, se justifica la terminación de empleo

cuando el empleado incurre en una violación reiterada de

las reglas y reglamentos razonables establecidos por el

funcionamiento del establecimiento siempre que copia

escrita    de     los   mismos    se        le    haya    suministrado

oportunamente.      Art. 2(b) de la Ley Núm.80, supra.

      Finalmente, nuestro Tribunal Supremo en García v.

Darex PR, Inc., supra, expuso para que un empleado quede

cobijado por la Ley Núm. 44 y su patrono esté obligado

a brindarle acomodo razonable, tiene que demostrar que

es una persona con impedimento según lo define la ley y

que está cualificado para llevar a cabo las funciones

básicas de su trabajo.       A su vez, que está cualificado

para llevar a cabo las funciones básicas de ese trabajo,

con o sin el acomodo razonable.             Íd.

      Luego de evaluar el expediente del caso, no cabe

duda de que el señor Martínez tenía conocimiento sobre

los requisitos para el puesto de tasador/ajustador.                    A

su vez, recibió varias comunicaciones para que renovara

la licencia de ajustador, además, que la compañía le

ofreció brindar los recursos para completar los cursos
KLAN202300974                                                                     19

de educación continua que requiere la licencia, aun así,

no lo hizo. Incluso, la parte apelada, le comunicó sobre

otros puestos vacantes, y para los cual cualificaba,

pero de igual forma rechazó, y finalmente, no retornó al

trabajo.        Por    lo    tanto,      consideramos           que   el    señor

Martínez no presentó prueba suficiente para establecer

un   caso      prima        facie       de   discrimen,          ni     despido

injustificado,         ya       que    conocía      que    el     puesto         que

desempeñaba         era     necesario        tener        la    licencia         de

ajustador.

        En cuanto al discrimen por impedimento emocional y

mental, el apelante presentó el informe del especialista

médico que Mapfre le requirió.                     Sin embargo, evaluado

dicho    informe,      determinaron          que    no    era    una    persona

cualificada bajo ley para continuar en el puesto, por lo

que, el acomodo solicitado incidía con las funciones

esenciales del puesto.                 A pesar de ello, le ofrecieron

dos vacantes, y el señor Martínez rechazó, indicando que

no eran una alternativa viable, y solicitaba continuar

como tasador.

        En   virtud    de    lo       anterior,     determinamos           que   el

despido       del     señor       Martínez         no     fue     de       manera

injustificada,        ni     discriminatoria,             por    lo    que,      no

proceden las causas de acción presentadas en el caso de

autos.       Así las cosas, concluimos que el foro primario

no incidió al dictar la Sentencia declarando “Ha Lugar”

la Moción de Sentencia Sumaria a favor de Mapfre.

        Por lo tanto, confirmamos la determinación del foro

primario      de    que    no    existen     controversias            sobre      los

hechos materiales propuestos por Mapfre Praico Insurance

Company.
KLAN202300974                                        20

                          IV.

    Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la

Sentencia notificada el 23 de octubre de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones