Court Opinion

ID: 9962733
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:47:08.79616+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.038186
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL X

         EL PUEBLO DE                          CERTIORARI
         PUERTO RICO                           procedente del
    DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                 Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                                 KLCE202400205 Superior de HUMACAO
                V.
                                                  Caso Núm.
                                                  HSCR202300637 y
       ANTHONY VÁZQUEZ                            HSCR202300638
          DEMANDADA(S)-                           (204)
          PETICIONARIA(S)

                                                  Sobre:
                                                  Art. 401; Art. 412 Ley
                                                  de Sustancias
                                                  Controladas

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                            RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, hoy día 15 de marzo de 2024.

         Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor

ANTHONY VÁZQUEZ (señor VÁZQUEZ) mediante Petición de Certiorari

incoada el 20 de febrero de 2024. En su recurso, nos solicita que

revisemos la Resolución emitida el 29 de enero de 2024 por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Humacao.1

Mediante la referida determinación, el foro de instancia declaró ha

lugar la Moción sobre Desestimación al Amparo de la Regla 64(P) de

las de Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley presentada

el 8 de diciembre de 2023 por el señor VÁZQUEZ. Así las cosas, dejó

sin efecto las determinaciones de causa en los delitos imputados;

devolvió el caso a la etapa de vista preliminar para la celebración de

audiencia; y pautó señalamiento para el 27 de febrero de 2024.

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 31 de enero
de 2024. Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 37-41.

Número Identificador: RES2024________
KLCE202400205                                                     Página 2 de 10

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                      -I-

        El 27 de marzo de 2023, el MINISTERIO PÚBLICO presentó dos

(2) denuncias por alegadas violaciones a los Artículos 401 y 412 de

la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida

como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, contra el señor

VÁZQUEZ.2 Ese mismo día, en la audiencia de causa probable para

arresto, se determinó causa probable y se pautó la vista preliminar

para el 5 de abril de 2023.

        Luego de varios incidentes procesales, tal audiencia se celebró

el 26 de septiembre de 2023. En dicha vista, el MINISTERIO PÚBLICO

presentó el testimonio del Agte. Juan P. Albizu De Jesús, placa núm.

37301, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Humacao.

Al culminar la presentación de la prueba, se hizo determinación de

no causa probable para acusar en los delitos imputados al señor

VÁZQUEZ. Ante esta situación, en corte abierta, el MINISTERIO PÚBLICO

solicitó una vista preliminar en alzada, la cual fue pautada para el

12 de octubre de 2023.

        El 5 de octubre de 2023, el MINISTERIO PÚBLICO presentó una

Moción Urgente en Solicitud de Reconsideración en cuanto a la

determinación de no causa para acusar.3 El 10 de octubre de 2023,

el expediente del caso fue remitido a la consideración de la juez que

atendió la vista preliminar. Al día siguiente, el 11 de octubre de

2023, se emitió Orden requiriéndole al señor VÁZQUEZ fijar su

posición sobre la solicitud de reconsideración.

        Consecuentemente, el 12 de octubre de 2023, el juez asignado

para celebrar la vista preliminar en alzada determinó que no podía

atender el caso ante la solicitud de reconsideración. Inclusive, en

2 24 LPRA § 2101. Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 1- 4.
3 Íd., págs. 5- 7.
KLCE202400205                                                  Página 3 de 10

corte abierta, la entonces representación legal del señor VÁZQUEZ

informó      que    estaba   lista   para    replicar     la   solicitud   de

reconsideración. No obstante, el juez instruyó al licenciado Carlos

M. Aponte Nieves a realizar los planteamientos ante la juez que

atendió la vista preliminar.

        Después, el 31 de octubre de 2023, se celebró una audiencia

sobre reconsideración. Ese día, el licenciado Aponte Nieves renunció

a la representación del señor VÁZQUEZ; la cual fue aceptada por el

Tribunal; se instruyó al señor VÁZQUEZ buscar nueva representación

legal   y,   en    consecuencia,     se   reséñaló   la   audiencia    sobre

reconsideración para el 3 de noviembre de 2023.

        En la audiencia pautada para el 3 de noviembre de 2023, el

señor VÁZQUEZ compareció sin representación legal. A pesar de, y

sin la presencia de un abogado de defensa, el Tribunal modificó su

dictamen; determinó causa probable para acusar; y dejó citado al

señor VÁZQUEZ para el Acto de Lectura de Acusación a celebrarse el

13 de noviembre de 2023.4

        El 9 de noviembre de 2023, el señor VÁZQUEZ presentó una

Moción en Virtud del Debido Proceso de Ley y el Derecho a Estar

Representado por Abogado en la cual solicitó se dejara sin efecto la

determinación tomada en la vista de reconsideración.5 Días

después, el 13 de noviembre de 2023, en el acto de lectura de

acusación, el tribunal primario prescribió posponer el señalamiento

para el 29 de noviembre de 2023. Ante ese proceder, la juez que

atendió la vista preliminar señaló una audiencia para el 27 de

noviembre de 2023 y, le requirió al MINISTERIO PÚBLICO exponer su

posición.

4 Ese mismo día, el licenciado Erick J. Vázquez González fue designado como
Abogado Voluntario de Oficio. Junto a la designación, recibió las denuncias y
Resolución emitida el 3 de noviembre de 2023. Véase Apéndice de Petición de
Certiorari, págs. 8- 11.
5 Íd., págs. 12- 16.
KLCE202400205                                                       Página 4 de 10

       El 27 de noviembre de 2023, escuchados los planteamientos

de ambas partes, el foro a quo declaró no ha lugar a la Moción en

Virtud del Debido Proceso de Ley y el Derecho a Estar Representado

por Abogado y ordenó la continuación de los procedimientos,

conforme a su dictamen de 3 de noviembre de 2023. El señor

VÁZQUEZ – en corte abierta- solicitó que se notificara la Resolución o

Minuta para recurrir de dicha determinación. El 28 de noviembre de

2023, el señor VÁZQUEZ presentó Urgente Moción Informando

Intención de Recurrir al Tribunal de Apelaciones y Solicitud de Minuta

y/o Resolución del Tribunal para Recurrir.6 El 7 de diciembre de

2023, el tribunal primario declaró no ha lugar la paralización del

acto de lectura de acusación.7

       Al próximo día, el señor VÁZQUEZ presentó Moción sobre

Desestimación al Amparo de la Regla 64(P) de las de Procedimiento

Criminal y el Debido Proceso de Ley.8 Reiteró su contención de que

el ordenamiento jurídico no le reconoce al MINISTERIO PÚBLICO una

vista para reconsiderar una determinación de no causa y, por ende,

solo tienen a su disposición el mecanismo procesal de la vista

preliminar en alzada. En respuesta, el 22 de diciembre de 2023, el

MINISTERIO      PÚBLICO      presentó      su    Moción      en    Oposición      a

Desestimación al Amparo de la Regla 64 (P) de las de Procedimiento

Criminal.9

       El 29 de enero de 2024, en corte abierta, el foro primario

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación presentada por el

señor VÁZQUEZ. Ante ello, el 31 de enero de 2024, se notificó la

Resolución objeto del presente recurso.

6 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 17- 19.
7 Íd., pág. 20. El 29 de noviembre de 2024, se celebró el acto de lectura y se pautó

audiencia para el 20 de diciembre de 2024.
8 Íd., págs. 25- 32.
9 Íd., págs. 33- 36.
KLCE202400205                                                       Página 5 de 10

       En desacuerdo con ese proceder, el 20 de febrero de 2024, el

señor VÁZQUEZ recurrió ante este tribunal intermedio punteando

el(los) siguiente(s) error(es):

           Erró el Tribunal de Primera Instancia al variar su
           dictamen de No Causa para Acusar emitido en una
           vista preliminar conforme la Regla 23, mediante la
           celebración de una vista de reconsideración.

           Erró el Tribunal de Primera Instancia al disponer
           que desestimadas las acusaciones en virtud de la
           Regla 64(p) se debe regresar a una vista preliminar
           en la que previamente hubo una determinación de
           No causa probable para acusar.

       Ese mismo día, pronunciamos Resolución en la cual, entre

otras cosas, concedimos un plazo hasta el 23 de febrero de 2024,

para presentar posición sobre la moción de auxilio de jurisdicción y

mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto de certiorari y

revocar el dictamen impugnado.

       El día 23 de febrero de 2024, el MINISTERIO PÚBLICO, presentó

una Solicitud de Desestimación por Academicidad.10

       Evaluado concienzudamente el expediente del caso; y

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos

encontramos en posición de resolver. Puntualizamos las normas de

derecho pertinentes a las (s) controversia(s) planteada(s).

                                       - II -

                                       -A-

       La jurisdicción es el poder o autoridad con el que cuenta un

tribunal para considerar y decidir los casos y controversias ante su

consideración.11 Por ende, la falta de jurisdicción de un tribunal

10 Dicho escrito está acompañado de copia de Moción de Archivo al Amparo de la

Regla 247 A de las de Procedimiento Criminal presentada el 22 de febrero de 2024
en el caso HSCR202300637 y 00638. En lo pertinente expuso: “[e]l MINISTERIO
PÚBLICO ha determinado, luego de examinar minuciosamente el sumario fiscal y
el tracto procesal del caso de autos, solicitar al Honorable Tribunal el archivo sin
perjuicio de estos asuntos, al amparo de la Regla 247 a de las de Procedimiento
Criminal”.
11 Pueblo v. Torres Medina, 2023 TSPR 50, 211 DPR ____ (2023); FCPR v. ELA et

al., 2023 TSPR 26, 211 DPR ___ (2023).
KLCE202400205                                                      Página 6 de 10

incide      directamente     sobre     su    poder     para    adjudicar       una

controversia.12

         Los    tribunales   deben     ser    celosos    guardianes       de    su

jurisdicción. Aun en ausencia de un señalamiento por alguna de las

partes, la falta de jurisdicción puede ser considerada motu proprio

por   los      tribunales.   Las   cuestiones     de    jurisdicción    por    ser

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia. Si un tribunal se

percata que carece de jurisdicción, así tiene que declararlo y

desestimar el caso.13

         El Tribunal Supremo ha resuelto enfáticamente que la

ausencia de jurisdicción trae consigo las siguientes consecuencias:

“(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6)

puede presentarse en cualquier etapa de los procedimientos, a

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.14

         Por tratarse de una cuestión de umbral en todo procedimiento

judicial, si un tribunal determina que carece de jurisdicción solo

resta así declararlo y desestimar la reclamación inmediatamente, sin

entrar en los méritos de la controversia, conforme lo ordenado por

las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento del recurso en

cuestión.15

         Un recurso presentado antes del tiempo correspondiente

(prematuro), al igual que el presentado luego del plazo aplicable

12 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020).
13 Pueblo v. Torres Medina, supra; FCPR v. ELA et al., supra; Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, supra, págs. 366-387.
14 MCS Advantage v. Fossas Blanco et al., 2023 TSPR 08, 211 DPR ___ (2023);

Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra, pág. 395; Beltrán Cintrón v. ELA,
204 DPR 89, 101-102 (2020).
15 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Torres Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 501 (2019).
KLCE202400205                                                      Página 7 de 10

(tardío), “sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de

privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”.16 En ambos

casos, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto

jurídico.17

       La doctrina jurídica de justiciabilidad limita la intervención de

los tribunales a aquellos casos en que exista una controversia

genuina surgida entre partes opuestas que tengan un interés real

en   obtener     un      remedio.18    Este    principio       constituye   una

autolimitación      al    ejercicio   del   Poder    Judicial      de    arraigo

constitucional y persigue el fin de evitar que se obtenga un fallo

sobre una controversia inexistente, una determinación de un

derecho antes de que el mismo sea reclamado o una sentencia en

referencia a un asunto que, al momento de ser emitida, no tendría

efectos prácticos sobre la cuestión sometida.19 No se consideran

controversias justiciables aquellas en que: 1) se procura resolver

una cuestión política; 2) una de las partes carece de legitimación

activa; 3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la

controversia en académica; 4) las partes están tratando de obtener

una opinión consultiva, o; (5) se intenta promover un pleito que no

está maduro.20 Así pues, el ejercicio válido del poder judicial sólo se

justifica si media la existencia de una controversia real y

sustancial.21

       La academicidad es una manifestación de la doctrina de

justiciabilidad. Un caso es académico cuando se trata de obtener un

fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o

una determinación de un derecho antes de que este haya sido

reclamado o una sentencia sobre un asunto que, al dictarse, por

16 S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).
17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra.
18 Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379, 393-394 (2019).
19 San Gerónimo Caribe Proyect v. ARPE, 174 DPR 640 (2008).
20 Íd.
21 Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219 (2001).
KLCE202400205                                                       Página 8 de 10

alguna razón, no tendrá efectos prácticos sobre una controversia

existente.22 Como regla general, un caso es académico “cuando

ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia

particular que hacen que ésta pierda su actualidad, de modo que el

remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto

real alguno en cuanto a esa controversia”.23

        La Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

dispone en lo pertinente que: “Una parte podrá solicitar en cualquier

momento la desestimación de un recurso por los motivos siguientes:

[    ]…(5) que el recurso se ha convertido en académico”.24 Una vez

un tribunal determina que no tiene jurisdicción, “procede la

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado

por las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos

recursos”.25 Ello sin entrar en los méritos de la controversia ante sí.

                                       -B-

        Cuando evaluamos nuestro ordenamiento procesal penal, el

vehículo apropiado mediante el cual un tribunal de justicia puede

archivar o sobreseer una acusación o denuncia es la Regla 247 de

las de Procedimiento Criminal.26 La aludida regla dispone:

        (a) Por el Secretario de Justicia o fiscal. El Secretario de
            Justicia o el fiscal podrán, previa aprobación del
            tribunal, sobreseer con o sin perjuicio para un
            nuevo proceso una denuncia o acusación con
            respecto a todos o algunos de los acusados. Excepto
            según se dispone en el inciso (c) de esta regla, dicho
            sobreseimiento no podrá solicitarse durante el juicio,
            sin el consentimiento de dichos acusados.27

22 Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).
23 Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59 (2017).
24  Dicho inciso lee: “(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: (1) que el Tribunal de
Apelaciones carece de jurisdicción; (2) que el recurso fue presentado fuera del
término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa para
ello; (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe; (4) que
el recurso es frívolo y surge claramente que ha sido interpuesto para demorar los
procedimientos; o (5) que el recurso se ha convertido en académico”.
25 Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra, pág. 385.
26 34 LPRA Ap. II. R. 247.
27 (Énfasis nuestro).
KLCE202400205                                                Página 9 de 10

      Esto implica, que para que proceda el archivo al palio de la

referida Regla 247 de las de Procedimiento Criminal es necesario

evaluar la naturaleza del delito por el cual el acusado está siendo

procesado. En esa dirección, el sobreseimiento es con perjuicio si

se trata de un delito menos grave o se realiza bajo el inciso (b) o (c)

de la citada norma. Por el contrario, el sobreseimiento será sin

perjuicio cuando se realiza con el consentimiento del acusado y la

previa autorización del tribunal.28

                                  - III -

      En su petición de Certiorari, el señor VÁZQUEZ nos solicita que

revisemos la Resolución dictaminada el 29 de enero de 2024 por el

foro de primera instancia, mediante la cual se declaró ha lugar su

Moción sobre Desestimación al Amparo de la Regla 64(P) de las de

Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley presentada el 8 de

diciembre de 2023. Así las cosas, se dejaron sin efecto las

determinaciones de causa en los delitos imputados; se devolvió el

caso a la etapa de vista preliminar para la celebración de audiencia;

y se pautó señalamiento para el 27 de febrero de 2024.

      Hemos evaluado nuestro legajo, así como la página web del

Poder Judicial del cual surge que el pasado 22 de febrero, se

presentó Moción de Archivo al Amparo de la Regla 247 A de las de

Procedimiento Criminal enunciando: “[e]l MINISTERIO PÚBLICO ha

determinado, luego de examinar minuciosamente el sumario fiscal

y el tracto procesal del caso de autos, solicitar al Honorable Tribunal

el archivo sin perjuicio de estos asuntos, al amparo de la Regla 247

de las de Procedimiento Criminal”. Ante ello, tomamos conocimiento

judicial de dicho escrito. Ello, sin duda, tuvo el efecto de tornar en

académica la controversia interlocutoria planteada en el recurso de

Certiorari, aun cuando esta pudo haber sido justiciable en un inicio.

28 D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma
edición, págs. 155 – 156 (2018). (énfasis nuestro).
KLCE202400205                                          Página 10 de 10

Ante ello, entendemos que los hechos medulares han cambiado, y el

planteamiento del señor VÁZQUEZ ha sido atendido. Ante la ausencia

de una controversia genuina entre las partes, entendemos que la

petición de Certiorari se ha tornado académica y en consecuencia,

carecemos de jurisdicción para atender la misma.

                               – IV –

      Por los fundamentos antes expuestos y en conformidad con la

Regla 83 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

desestimamos, por academicidad, el recurso de Certiorari

entablado el 20 de febrero de 2024 por el señor VÁZQUEZ, y

ordenamos el cierre y archivo del presente caso.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones