Court Opinion

ID: 9394830
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:13:31.830377+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.429582
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VIII

       NICOLAS SGOUROS                            Certiorari
                                                  procedente del
              Recurrido                           Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
                  v.                              Sala de Fajardo
                                KLCE202300321
                                                  Caso Número:
       FÉLIX ORLANDO                              CE2022CV00070
     GONZÁLEZ FIGUEROA Y
           OTROS
                                                  Sobre:
             Peticionario                         Cobro de dinero –
                                                  Ordinario y Otros
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
Jueza Rivera Marchand y la Jueza Aldebol Mora

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                             RESOLUCIÓN

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

         Comparece ante esta Curia, Félix Orlando González Figueroa,

(peticionario). Solicita que revoquemos la Resolución1 del Tribunal

de Primera Instancia (TPI o foro primario) emitida y notificada el 21

y 24 de enero de 2023, respectivamente. En ella, el foro primario

denegó la solicitud de desestimación instada por el peticionario.

         Por los fundamentos que expresamos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                   I.

         El 14 de julio de 2022, Nicolás Sgouros (Sr. Sgouros o

recurrido) instó una Demanda2 sobre cobro de dinero y ejecución de

hipoteca en contra del peticionario, de Rodorca María Astacio

González y de la hoy extinta sociedad de gananciales por ellos

compuesta, entre otros demandados desconocidos (demandados).

Según el Sr. Sgouros, los demandados le adeudan $18,862.02, por

lo cual, solicitó la ejecución de la hipoteca que garantiza el pagaré.

1   Apéndice, págs. 1-3.
2   Apéndice, págs. 20-29.

Número Identificador:

RES2023________
KLCE202300321                                                       2

Cabe indicar que, el Pagaré Hipotecario3 y la Escritura de Garantía

Hipotecaria4 que obran en el expediente constan firmadas por Félix

González De Jesús, en representación de los demandados. Lo

anterior, debido a que, los demandados estaban fuera de Puerto Rico

a la fecha de su otorgamiento el 5 de noviembre de 2001 y, por virtud

de un Poder General, el Sr. González De Jesús compareció como

apoderado.

       En lo pertinente, y toda vez que la última dirección conocida

de los demandados era 369 Hylan Boulevard Staten Island New York

10305, el Sr. Sgouros solicitó autorización para emplazar a los

demandados por edicto.5 En respuesta, el foro primario emitió una

Orden6 mediante la cual autorizó que los demandados fuesen

emplazados por edicto. Cónsono con lo anterior, el Sr. Sgouros

acreditó haber publicado el emplazamiento por edicto a favor de los

demandados el 22 de julio de 2022, en el periódico The San Juan

Star.7 Además, solicitó la anotación de rebeldía de los demandados

y   desistió   con    respecto   a   los   codemandados   de   nombre

desconocido.8 En respuesta, el foro primario dictó una Sentencia

Parcial9 en la cual desestimó la causa de acción en contra de los

codemandados de nombre desconocido.

       Luego de varios incidentes procesales, el Sr. González

Figueroa instó un petitorio de desestimación10 en el cual argumentó

que el emplazamiento fue deficiente y contrario a las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Arguyó que es un hecho falso

que la última dirección conocida de los demandados es 369 Hylan

Boulevard Staten Island New York 10305. Alegó que el acreedor

hipotecario tiene conocimiento de que el Sr. González Figueroa

3 Apéndice, pág. 23.
4 Apéndice, págs. 24-29.
5 Apéndice, pág. 30.
6 Apéndice, págs. 31-32.
7 Apéndice, págs. 33-34.
8 Apéndice, págs. 33-34.
9 Apéndice, pág. 35.
10 Apéndice, págs. 42-47.
KLCE202300321                                                             3

reside en el Municipio de Ceiba desde hace aproximadamente veinte

(20) años, y que posee una licencia de conducir y una tarjeta

electoral de Puerto Rico. Detalló que, el Sr. Sgouros no acompañó

su solicitud de emplazamiento por edicto con una declaración

jurada sobre emplazamiento negativo ni acreditó los esfuerzos

dirigidos a emplazarlo personalmente.

         En    cumplimiento     con   el   requerimiento     del   TPI,   el

representante legal del Sr. Sgouros compareció y expuso estar en

conversaciones transaccionales con el abogado del Sr. González

Figueroa.11 Añadió que el abogado del Sr. González Figueroa le

comunicó que ya no existe una sociedad legal de gananciales entre

él y la Sra. Astacio González, a quien aseguró que no representa. El

abogado del Sr. Sgouros informó lo siguiente sobre la Sra. Astacio

González:

         a. Que ella reside en la dirección residencial que
            expresamos como su última dirección conocida en la
            demanda incoada. Específicamente en 369 Hylan
            Boulevard Staten Island New York 10305.
         b. Que en esa misma dirección había recibido copia de la
            demanda incoada.
         c. Que ella personalmente, en compañía de un familiar, dejó
            copia de la demanda al codemandado Félix Orlando
            González Figueroa en el buzón de la casa de su padre.
         d. Que a ella le constaba que Félix Orlando González
            Figueroa conocía de la demanda.
         e. Que Félix Orlando González Figueroa vivió en esa
            residencia por aproximadamente 30 años, todo el tiempo
            que el matrimonio duró.
         f. Que ella reconocía la deuda que se alega en la demanda
            y que ella le había expresado a su exesposo que pagaran
            la deuda para no perder el terreno y poder dejárselo a su
            hijo.
         g. Que Félix Orlando González Figueroa conocía que esa
            cantidad se adeudaba.
         h. Que aceptaba una oferta transaccional donde se
            desestimaba la causa de acción en su contra a cambio de
            la firma de la estructura cediendo la propiedad que
            garantizaba la deuda.

         En respuesta, el Sr. González Figueroa se reiteró en su

petitorio de desestimación y solicitó la descalificación del abogado

de la otra parte.12 Junto a su petitorio anejó una copia de la

sentencia de divorcio de los peticionarios fechada el 28 de agosto de

11   Apéndice, págs. 55-64.
12   Apéndice, págs. 65-72.
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2014 y una copia de su tarjeta electoral expedida el 28 de agosto de

2013.13

       Por su parte, el Sr. Sgouros se opuso y aseguró que, al incoar

la demanda de epígrafe, no tenía conocimiento de que los

peticionarios se habían divorciado ni de que el Sr. González Figueroa

se había mudado de su residencia en Nueva York. Sin embargo,

expresó que, el Sr. González Figueroa no negó haber advenido en

conocimiento del pleito incoado en su contra a través de la Sra.

Astacio González.

       Evaluado lo anterior, el TPI dictó la Resolución impugnada

mediante la cual denegó las solicitudes de desestimación y de

descalificación que presentó el Sr. González Figueroa. Además le

concedió un término a dicha parte para contestar la demanda, so

pena de anotarle la rebeldía. Fundamentó su denegatoria a la

desestimación en que, según se desprende de la demanda

presentada, así como lo establecido en la Regla 4.6 de las Reglas de

Procedimiento Civil,14 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, y lo resuelto en Rivera

v. Jaume, 157 DPR 562 (2002) no requieren que la parte

demandante acredite -mediante declaración jurada- las gestiones

realizadas para localizar a la parte demandada en circunstancias

como las que nos ocupan. Entiéndase, al presentar la demanda de

epígrafe, el Sr. Sgouros notificó que la última dirección conocida de

13Apéndice, págs. 73-75.
14En lo pertinente, el inciso (a) de la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, dispone:

       (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico,
       o que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de
       realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte para no ser
       emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente,
       y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante
       declaración jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca
       también de dicha declaración, o de la demanda presentada, que
       existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio
       contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona
       es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden
       para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. No se
       requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar
       la orden que disponga que el emplazamiento se haga por edicto.
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los peticionarios era 369 Hylan Boulevard Staten Island New York

10305.

      En su dictamen, el TPI hizo constar que, según la demanda

presentada por virtud de la citada Regla 4.6 y de lo resuelto en

Rivera v. Jaume, supra, el deber del Sr. Sgouros era remitir por

correo certificado con acuse de recibo copia de la demanda, de la

orden para emplazar por edicto y del propio edicto, a la última

residencia conocida de la parte demandada, lo cual hizo. Lo anterior,

sin necesidad de comprobar las diligencias o esfuerzos realizados

para citar a los demandados personalmente. A esos efectos, el foro

primario citó al Tribunal Supremo quien estableció que:

      […] cuando el demandado se encuentra fuera de Puerto
      Rico, y al demandante le consta el lugar específico
      donde éste se encuentra y así lo informa al tribunal, no
      se requiere la comprobación de diligencias vigorosas y
      honesto esfuerzo para citarle personalmente, y es
      compulsorio el envío por correo certificado con acuse de
      recibo de la copia de la demanda, la orden para
      emplazar mediante edictos y el edicto mismo. (Nota
      omitida.) Rivera v. Jaume, supra, a la pág. 576.

      El TPI consideró además que, tanto el correo certificado como

la Sentencia Parcial fueron remitidos a la mencionada dirección en

el estado de Nueva York y que ninguno fue devuelto por el correo

postal, por lo cual se encontraba debidamente notificado. A lo

anterior se añade que, el Sr. González Figueroa acreditó haberse

enterado del pleito en su contra por conducto de la referida

Sentencia Parcial, lo que confirma su recibo a la última dirección

conocida. Por último, el TPI hizo constar que, el Sr. González

Figueroa no ha expresado cuál es su presunta dirección residencial.

Sobre tales fundamentos se negó a desestimar.

      En desacuerdo, el 7 de febrero de 2023, el Sr. González

Figueroa presentó un petitorio de reconsideración ante el foro

primario, acompañado de una declaración jurada suscrita ante la

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Humacao. Surge de la misma que, el Sr. González Figueroa entregó
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como medio de identificación una licencia de conducir número

34198234 del estado de Texas de los Estados Unidos.

        Tras el TPI denegar su petitorio de reconsideración y aún

inconforme, el Sr. González Figueroa presentó ante esta Curia el

recurso de epígrafe en el cual impugnó la determinación del foro

primario de asumir jurisdicción sobre él, sin previo diligenciamiento

de un emplazamiento personal y en ausencia de una declaración

jurada     sobre     las    gestiones       realizadas    para     emplazarlo

personalmente. En apoyo a su argumento citó a Sánchez Ruiz v.

Higueras Pérez et al., 203 DPR 982 (2020).15

        El 30 de marzo de 2023 notificamos una Resolución

concediéndole un término al recurrido para mostrar causa por la

cual no debiéramos expedir el auto de certiorari. Ha transcurrido

mayor término al otorgado sin que el Sr. Sgouros haya acreditado

cumplimiento por lo que, según advertido, resolvemos sin el

beneficio de su comparecencia.

                                      II.

     A. Certiorari

        El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de

abril de 2023. Es norma reiterada que, una resolución u orden

interlocutoria, contrario a una sentencia, es revisable ante el

Tribunal    de     Apelaciones    mediante      auto     de   certiorari.   JMG

Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 (2019). A diferencia

del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de

15 Cabe señalar que, en Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez et al, supra, distinto al
caso ante nuestra consideración, la parte demandante desconocía una dirección
exacta en donde localizar a la parte demandada. Ante tales circunstancias, el
Tribunal Supremo decretó que, hace falta una declaración jurada que acredite las
diligencias efectuadas dirigidas a localizar a la parte demandada.
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expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra.

      Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:
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      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

                                 III.

      En el presente caso, el peticionario solicita que ejerzamos

nuestra función discrecional para dejar sin efecto el dictamen

interlocutorio mediante el cual el foro primario denegó su petitorio

de desestimación. Ante ello, nos corresponde resolver, en esta etapa

de los procedimientos, si el TPI actuó arbitrariamente o en exceso de

su discreción al negarse a desestimar, al amparo de la Regla 10.2(4),

32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Solo así, habremos de expedir el auto de

certiorari presentado por el Sr. González Figueroa, en aras de

intervenir con dicho dictamen.
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       Puntualizamos    que,    los   estándares   de   revisión   antes

esbozados establecen los parámetros para los tribunales apelativos

revisar decisiones del foro primario.

       Luego de un examen sosegado del recurso ante nos, al amparo

de los criterios establecidos para que esta Curia expida un auto de

certiorari bajo la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no

hallamos indicio de que el TPI haya actuado de forma arbitraria,

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o haya cometido

algún error de Derecho. De nuestra evaluación sosegada concluimos

que, el peticionario no nos ha puesto en posición para determinar lo

contrario.

       En virtud de lo anterior, resolvemos no intervenir con el

dictamen recurrido en esta etapa de los procedimientos en cuanto a

la denegatoria de la desestimación que presentó el Sr. González

Figueroa. Por consiguiente, no procede la expedición del auto de

certiorari, según presentado.

                                   IV.

       Por todo lo anterior, denegamos la expedición del auto de

certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones