Court Opinion

ID: 9388071
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:10:17.67497+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.288558
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL (VII)

 ROBERTO VELÁZQUEZ                            CERTIORARI
      TORRES                                  Procedente del
                                              Tribunal de Primera
 Demandante-Peticionario        KLCE202300282 Instancia, Sala
                                              Superior de Ponce
              v.
                                                  Civil núm.:
   DIANA O. LÓPEZ DEL                             J DI2017-0331
          POZO                                    (303)

        Demandada                                 Sobre:
                                                  Divorcio (RI)
                                                  ___________________
     STEPHANIE M.
   VELÁZQUEZ LÓPEZ                                Civil núm.
                                                  PO2019RF00070
  Demandante-Recurrida                            (303)

              v.                                  Sobre: Alimentos
                                                  entre Parientes
 ROBERTO VELÁZQUEZ
       TORRES,
  DIANA O. LÓPEZ DEL
         POZO

       Demandados

Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza
Romero García y el Juez Rivera Torres.

Rivera Torres, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2023.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Sr. Roberto

Velázquez Torres (el señor Velázquez Torres o el peticionario),

mediante la Petición de Certiorari de epígrafe solicitándonos la

revisión de la Orden emitida el 9 de marzo de 2023, notificada al día

siguiente y la Resolución dictada el 14 de marzo, notificada ese

mismo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Ponce (el TPI). Mediante dichos dictámenes, el foro primario resolvió

mediante una Orden, Nada que Proveer a la moción solicitando

Número Identificador
RES2023_________________________
KLCE202300282                                                      2

desestimación de la demanda por falta de jurisdicción instada por el

peticionario, y en la Resolución, le ordenó el pago de varias partidas

incluyendo los honorarios de abogado.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos expedir el recurso solicitado.

                                 I.

        El presente caso comenzó con una demanda de divorcio bajo

la causal de ruptura irreparable. El 24 de mayo de 2018 se emitió la

Sentencia decretando roto y disuelto el vínculo matrimonial existente

entre el señor Velázquez Torres y la Sra. Diana O. López Del Pozo. Al

momento de la presentación de la demanda de divorcio, dos de sus

hijas eran menores de edad, a saber: Stephanie Marie Velázquez

López y Natalia M. Velázquez López. Por lo que en la Sentencia de

divorcio se acogió el informe del Examinador de Pensiones

Alimentarias (EPA), quien recomendó que se le impusiera al aquí

peticionario, una pensión alimentaria provisional de mil dólares

($1,000) mensuales, efectiva desde el 26 de mayo de 2017 y que sería

entregada directamente a sus dos hijas menores alimentistas. El

peticionario, además, asumiría el pago de los estudios universitarios

de las menores; así como de hospedaje y la cubierta de plan médico.

De igual forma, asumiría en su totalidad, el gasto por concepto de

transportación aérea en los meses de agosto, diciembre, enero y

mayo.

        El 20 de junio de 2019 una de sus hijas, Stephanie Marie

Velázquez López, incoó una demanda de alimentos entre parientes

solicitando alimentos para estudios postgraduados. Alegó haber sido

admitida en la American University Washington College of Law en

Estados Unidos. Más tarde, otra de las hijas, Natalia M. Velázquez

López, solicitó la intervención en el reclamo de alimentos entre

parientes.
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         Luego de un extenso trámite, el cual es innecesario consignar,

el 7 de marzo de 2023 el señor Velázquez Torres presentó un escrito

titulado Moción en Solicitud de Adjudicación sobre Petitorio de Falta

de Jurisdicción como requisitos previos de interpretación a solicitud de

recuso especial (Write of Mandamus). En esencia, señaló que

Stephanie Marie cumplió 25 años el 21 de octubre de 2022, por lo

que el tribunal perdió jurisdicción en el caso de alimentos entre

parientes debido a que esta no ha cursado estudios de manera

interrumpida. Indicó que “[a]quí ya no hay discreción del Tribunal.

Se trata de la extinción de la obligación por cumplimiento de

condiciones y por el ministerio de ley.”1

         Atendida la moción, el 9 de marzo de 2023, notificada al día

siguiente, el TPI dictó una Orden en la cual dispuso:

            Nada que proveer, aténgase la parte demandante,
            Roberto Velázquez Torres a las órdenes del Tribunal.
            Repetimos que el caso tiene continuación de vista
            evidenciaria para el 14 de marzo de 2023. Cumpla con
            las órdenes del Tribunal.

         El 14 de marzo siguiente, notificada ese mismo día, el foro a

quo dictó otra Orden resolviendo lo siguiente:

            El Tribunal le concede al Sr. Roberto Velázquez Torres
            el término de 10 días, para el pago de: $9,304.11 de
            hospedaje; $1,760.00 de gastos por seguro médico,
            $1,955.64 de libros e internet, para un total de
            $13,019.75. Además, se le impone el pago por concepto
            de honorarios de abogados por la cantidad de
            $20,000.00 pagadero a $10,00 a cada joven, so pena de
            encontrarlo incurso en desacato y ordenar su arresto.

         Inconforme con dichas determinaciones, el peticionario acude

ante este tribunal intermedio imputándole al foro de primera

instancia la comisión del siguiente error:

            ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
            INSTANCIA (TPI) AL NO QUERER EXPRESARSE,
            LUEGO DE QUE ELLO SE LE SOLICITARA EN TRES
            ESCRITOS Y/O MOCIONES, DE QUE DEBÍA
            DESESTIMARSE EL PLEITO DE ALIMENTOS ENTRE
            PARIENTES INCOADO POR LA JOVEN STEPHANIE
            MARIE VELÁZQUEZ LÓPEZ POR FALTA DE
            JURISDICCIÓN CUANDO ESTA YA NO CUMPLE CON
            LOS REQUISITOS LEGALES (ARTÍCULO 655 DEL
            CÓDIGO CIVIL), NI JURISPRUDENCIALES PARA SER

1   Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 15.
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            ACREEDORA DE TAL BENEFICIO, POR CUANTO EN
            ESTE CASO LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTAR SE
            EXTINGUIÓ POR MINISTERIO DE LEY. TODO ELLO
            EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY DEL
            CUAL SE LE PRIVÓ AL PETICIONARIO.

         Examinado el recurso presentado, determinamos prescindir

del trámite ulterior, según nos faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento

de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). Esta

norma nos faculta para prescindir de términos no jurisdiccionales,

escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier

caso ante nuestra consideración, con el propósito de lograr su más

justo y eficiente despacho.

                                  II.

         Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal

intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

En el presente recurso, el asunto versa sobre una resolución

interlocutoria que provee sobre una solicitud de alimentos entre

parientes, que corresponde a un asunto de relaciones de familia, por

lo que se trata de una materia contenida en la regla antes citada.

         En segundo lugar, nos toca analizar el asunto que se nos

plantea a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Distinto al recurso de apelación, este tribunal posee discreción para

expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y

en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v.

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida como

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para

llegar a una conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F.

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).2 Así pues, se ha

2   Citas omitidas.
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considerado que la discreción se nutre de un juicio racional

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.”

Íd.3

         Por último, puntualizamos que en el ejercicio de las facultades

del Tribunal de Primera Instancia merece nuestra deferencia, por

tanto, solo intervendremos con el ejercicio de dicha discreción en

aquellas instancias que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó

con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510,

523 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR

140, 154 (2000).

                                   III.

         Examinado el recurso presentado, así como los documentos

incluidos en el Apéndice, colegimos que, al palio de la Regla 40 de

nuestro Reglamento, antes citada, no procede expedir el auto de

certiorari solicitado.

         Del análisis del expediente y de los incidentes procesales, no

surge que el TPI, en el manejo del caso, haya incurrido en un abuso

de discreción o actuado bajo prejuicio o parcialidad. Más bien, el

proceder resulta ser adecuado conforme a lo determinado. Además,

resulta importante apuntar que los asuntos expuestos por el

peticionario son materia de prueba que tiene que ser dirimida por el

foro recurrido. Sobre este punto, no podemos ignorar que, del

expediente surge, que el foro recurrido ha señalado varias vistas para

atender los planteamientos del señor Velázquez Torres las cuales han

sido suspendidas. Asimismo, surge de la Orden impugnada que el

foro recurrido claramente dispuso que el caso “tiene continuación de

3   Cita omitida.
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vista” y del apéndide del recurso surge que se transfirió la vista para

los días 14 de marzo y 12 de abril de 2023.4 Lo que implica que ante

el TPI se están ventilando los argumentos que el señor Velázquez

Torres    presenta     ante   nuestra        atención.   Por   tanto,   nuestra

intervención, en esta etapa de los procedimientos, provocaría una

dilación innecesaria de los mismos y más aún, afectaría la pronta

resolución que el propio peticionario interesa.

       De otro lado, precisa advertir que en la Resolución recurrida

del 14 de marzo de 2023, el TPI ordenó al peticionario al pago de

ciertas partidas, y en su escrito, este no realiza una discusión

adecuada y fundamentada del por qué no procede efectuar el

desembolso. El mero hecho de que una de las hijas haya cumplido

25 años de edad no puede ser el único criterio al tenor de la

legislación regente y la jurisprudencia interpretativa.

       En fin, el peticionario falló en demostrar que el foro primario

se haya equivocado en la interpretación o aplicación de alguna una

norma procesal y que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio

sustancial contra este. A su vez, sin duda alguna, el foro a quo posee

jurisdicción para atender la controversia que tiene ante su

consideración. Por consiguiente, reiteramos que no nos vemos

persuadidos a intervenir en esta etapa de los procedimientos.5

                                       IV.

       Por lo antes expuesto, se deniega la expedición de la Petición

de Certiorari.

       Notifíquese inmediatamente.

4
 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 6
5Destacamos que no surge del expediente apelativo que el foro a quo haya resuelto
definitivamente la petición de alimentos entre parientes que fuese instada por
Stephanie Marie el 20 de junio de 2019. Sabido es que la obligación alimentaria
no cesa automáticamente y el foro de primera instancia tiene que examinar la
solicitud al palio de los criterios jurisprudenciales desarrollados por nuestra
última instancia judicial. Véase, Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985),
y Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 71 (2001).
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     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones