Court Opinion

ID: 9952404
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:49:23.88666+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:09.801319
License: Public Domain

FEstado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

MICHAEL ESAU HALOW                               Apelación
                                                 Procedente del
           Apelante                              Tribunal de Primera
                                                 Instancia, Sala
                                                 Superior de San
                V.                 KLAN202301068 Juan

NEGOCIADO DE LA
POLICÍA DE PUERTO                                  Civil Núm.:
RICO, ESTADO LIBRE                                 SJ2023CV07914
ASOCIADO DE PUERTO
RICO

           Apelados                                Sobre:
                                                   MANDAMUS;
                                                   SENTENCIA
                                                   DECLARATORIA;
                                                   LEY DE ARMAS

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio, y el Juez Marrero Guerrero

Pagán Ocasio, juez ponente

                                SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

                                       I.

       El 29 de noviembre de 2023, el señor Michael Esau Halow

(señor Esau Halow o apelante) presentó una Apelación ante esta

Curia en la que solicitó que revoquemos una Sentencia emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro

primario), el 13 de octubre de 2023, notificada y archivada en autos

ese mismo día.1 En su dictamen, el TPI desestimó una Demanda de

mandamus promovida por el apelante en solicitud de una orden al

Negociado de la Policía de Puerto Rico (Negociado o parte apelada)

de proveer la información utilizada para descualificarlo de la

obtención de una licencia de armas, así como cesar la denegatoria

1 Apéndice de la Apelación, Anejo 1, págs. 1-31.

Número Identificador
SEN2023________________
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del permiso. A juicio del foro primario, la reclamación no justificó la

concesión de un remedio.

       El 1 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos al Negociado hasta el 29 de diciembre de 2023 para

presentar su alegato en oposición a la Apelación.

       El 28 de diciembre de 2023, el Negociado radicó una Solicitud

de término en la que informó que se encontraba revisando el

expediente y preparando el borrador del escrito que pretendía

presentar.     Viéndose        imposibilitado   de   presentar   su   alegato

responsablemente dentro del término reglamentario, solicitó un

plazo adicional de siete (7) días laborales para presentarlo.

       El 8 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos al Negociado un término final hasta el 19 de enero de

2024 para presentar su alegato en oposición.

       El 19 de enero de 2024, el Negociado radicó un Alegato en

oposición en el que solicitó que se confirmara la Sentencia apelada

por ser conforme a derecho.

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes a la Apelación.

                                        II.

      El 19 de agosto de 2023, el señor Esau Halow presentó una

Demanda de Mandamus en la que solicitó al TPI que le ordenara al

Negociado a proveer toda la información que descualificaba al

apelante de la obtención de una licencia de armas y que fue la base

utilizada para la denegatoria de la misma.2

      En su petición, el apelante adujo que, producto de su solicitud

de una licencia de armas, el Negociado le remitió una carta con fecha

del 23 de febrero de 2023 en la que se expresó que no cumplía con

los requisitos establecidos en la Ley de armas de Puerto Rico de

2 Íd., Anejo 6, págs. 56-64.
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2020, Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019, según enmendada,

25 LPRA secs. 461 et seq, (Ley Núm. 168-2019).3 Según la misiva,

se denegó la solicitud del señor Esau Halow por incumplimiento con

los incisos (a)(2) y (a)(9) del Art. 2.02 de la Ley Núm. 168-2019, supra

sec. 462a, puesto que la investigación conducida por el Negociado

arrojó que el apelante: (1) tenía un expediente positivo de

antecedentes penales; (2) estaba impedido de recibir, transportar o

enviar armas de fuego o municiones por el Federal Gun Control Act

of 1968; y (3) fue convicto tanto por delito menos grave que conllevó

violencia, como por delitos graves. Asimismo, le comunicó su

derecho a solicitar reconsideración.

      En respuesta, el 18 de mayo de 2023, el señor Esau Halow

envió una carta al Negociado a través de su representación legal en

la que planteó que la misiva emitida por la agencia no incluyó

información        o       evidencia   que   demostrara   los   alegados

incumplimientos del apelante con los requisitos de la Ley Núm. 168-

2019, supra.4 Por ello, arguyó que estaba impedido de presentar una

reconsideración de algo sobre lo cual no se le informó conforme a

derecho y, por lo tanto, no le era de aplicación el término de quince

(15) días para la presentación de una reconsideración hasta que no

se le proveyera la información requerida.

      Por todo ello, el apelante solicitó al TPI que: (1) ordenara al

Negociado a realizar sus labores ministeriales y producir la

información solicitada, específicamente todo documento, data,

reporte, análisis, comunicado o informe utilizado para determinar

que el señor Esau Halow no cumplía con los requisitos de la referida

ley; (2) ordenara al Negociado a cesar y desistir de la práctica de

denegar licencias de armas en violación al debido proceso de ley, el

ordenamiento jurídico y el derecho vigente; (3) emitiera una

3 Íd., Anejo 4, pág. 53.
4 Íd., Anejo 5, págs. 54-55.
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sentencia declaratoria declarando ilegal dicha práctica; y (4) que,

luego de producida la evidencia, le concediera al apelante un

término de quince (15) días para someter la reconsideración a la

denegatoria de la expedición de la licencia de armas.

      El 12 de septiembre de 2023, el Negociado radicó una Moción

de desestimación en la que solicitó la desestimación del recurso al

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

10.2, alegando que el apelante no expuso una reclamación que

justificara la concesión de un remedio. 5 En el escrito, la parte

apelada planteó que: (1) la controversia no era justiciable, puesto

que el señor Esau Halow no tenía legitimación activa para presentar

el recurso, dado que conocía o debía conocer que no cualificaba para

la expedición de una licencia de armas de Puerto Rico luego de sus

convicciones previas en los Estados Unidos; (2) el TPI carecía de

jurisdicción sobre la materia porque el apelante no agotó los

remedios administrativos disponibles y, además, estaba impedido

de considerar recursos extraordinarios presentados para revivir

términos prescritos; (3) no existía incertidumbre jurídica respecto a

los derechos del demandante que justificara declarar ilegalmente

una alegada práctica de no notificar adecuadamente a un solicitante

de una licencia de armas; (4) el apelante no expuso cuál era el deber

ministerial que justificara ordenar al Negociado a producir los

récords del National Crime Information Center (NCIC), los cuales no

son públicos y, aún más, son accesibles al señor Esau Halow

mediante el ejercicio de su derecho a solicitar copia de su récord

criminal federal; y (5) la doctrina de incuria aplicaba al presente caso

porque, tras la denegatoria de la licencia, el apelante esperó tres (3)

meses para enviar su misiva al Negociado y luego esperó otros tres

(3) meses adicionales para instar la Demanda de mandamus.

5 Íd., Anejo 7, págs. 65-92.
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     El 22 de septiembre de 2023, el señor Esau Halow presentó

una Réplica a moción de desestimación en la que reiteró que: (1) el

deber ministerial del Negociado de emitir una notificación adecuada,

conforme al debido proceso de ley, emana de la Ley Núm. 168-2019,

supra, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38

de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA secs. 9601 et

seq. (LPAU), la Sección 7 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7. Const. ELA, LPRA, Tomo I.

y las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos

de América, Emdas. V y XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I; (2) la

notificación de la misiva emitida por el Negociado fue defectuosa

porque omitió información específica del alegado incumplimiento

con los requisitos de la Ley Núm. 168-2019, supra, y no advirtió

cómo obtener u accesar esa información para solicitar el recurso de

revisión; (3) la denegatoria de la licencia de armas no cumplió con

las garantías mínimas necesarias y requeridas por el debido proceso

de ley, por lo que los términos no comenzaron a transcurrir y la

decisión de la agencia no podía considerarse una determinación

final; (4) de la denegatoria de la licencia de armas no surgía un

remedio legal adecuado para impugnar la información obtenida por

el Negociado en la base de datos de justicia criminal del Negociado

de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés); (5)

solicitó una sentencia declaratoria por la frecuencia en la que el

Negociado   notifica   defectuosamente   las   denegatorias de   las

solicitudes de licencias de armas; (6) las alegadas demoras para

solicitar una reconsideración fueron causadas por el Negociado, por

lo que la doctrina de incuria no aplicaba automáticamente por el

mero transcurso del tiempo; y (7) el proceso administrativo del
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Negociado para impugnar las determinaciones sobre expedición de

licencias es inconstitucional.6

      El 13 de octubre de 2023, el TPI emitió la Sentencia apelada en

la que desestimó la Demanda de mandamus promovida por el señor

Esau Halow. 7 A juicio del foro primario, el apelante solicitó, en

esencia, tres remedios: (1) un mandamus para que el Negociado

cumpliera con un alegado deber ministerial de entregar toda la

evidencia utilizada para determinar el incumplimiento del apelante

con los requisitos para la expedición de una licencia de armas; (2)

una sentencia declaratoria que declarara ilegal la práctica del

Negociado de denegar las licencias sin proveer garantías de una

notificación adecuada que incluyera toda la evidencia utilizada para

denegar licencias de armas; y (3) que la sentencia declaratoria

también declarara inconstitucional el proceso administrativo

establecido para impugnar las determinaciones sobre expedición de

licencias.

      Evaluado el caso, el TPI concluyó que el apelante no logró

satisfacer los elementos necesarios del mandamus ni los de la

sentencia declaratoria. En síntesis, determinó que el supuesto deber

reclamado por el apelante de que se le provea la evidencia

considerada en el trámite administrativo no constituía una

obligación ministerial, exigible al Negociado mediante el recurso

discrecional y privilegiado del mandamus. Aún más, razonó que el

apelante no agotó los remedios administrativos, dado que tenía

disponible la reconsideración ante el Negociado. También, estableció

que la notificación del Negociado fue adecuada y cumplió con la

obligación de certificar el cumplimiento o incumplimiento del

solicitante con los requisitos de la Ley Núm. 168-2019, supra. Por

6 Íd., Anejo 8, págs. 93-106.
7 Íd., Anejo 1, págs. 1-31.
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último, señaló que nada impedía que el apelante solicitara

nuevamente la licencia de armas en un futuro.

      El 27 de octubre de 2023, el señor Esau Halow radicó una

Moción de reconsideración en la que repitió sus argumentos y solicitó

al foro primario que reconsiderara su dictamen.8

      El 30 de octubre de 2023, el TPI emitió una Resolución en la

que declaró “No Ha Lugar” la reconsideración solicitada por el

apelante.9

      Inconforme, el señor Esau Halow acudió ante nos mediante el

presente recurso y le imputó al TPI la comisión de los siguientes

errores:

       PRIMERO: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL
       PROCEDIMIENTO          ADMINISTRATIVO        DE
       RECONSIDERACIÓN    Y    DE   REVISIÓN  JUDICIAL
       SUBSIGUIENTE ESTABLECIDO EN LA PROPIA LEY DE
       ARMAS,   SEGÚN    ENMENDADA,     LEY   168-2019,
       CONSTITUYE EL REMEDIO ADECUADO EN LEY EN EL QUE
       EL PETICIONARIO PUEDE PRESENTAR TODOS SUS
       PLANTEAMIENTOS CONSTITUCIONALES, ESTATUTARIOS
       Y PROCESALES SOBRE LA CONTROVERSIA RELACIONADA
       CON LA DENEGATORIA DE SU LICENCIA DE ARMAS.

       SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL NPPR
       NO TIENE EL DEBER MINISTERIAL DE PROVEER LA
       INFORMACIÓN AL SOLICITANTE DE LO QUE LO
       DESCUALIFICA PARA OBTENER UNA LICENCIA DE
       ARMAS.

       En apoyo de su petición, argumentó que el término de quince

(15) días, establecido por el Art. 2.02(d)(4) de la Ley Núm. 168-2019,

supra sec. 462a, para solicitar la reconsideración, no podía ser de

aplicación al apelante hasta tanto no se le proveyera la información

utilizada para denegar la licencia de armas. A su entender, la

expedición de las licencias de armas es un acto ministerial. Además,

arguyó que el debido proceso de ley, el Reglamento para Administrar

la Ley de Armas de Puerto Rico 2020, Reglamento Núm. 9172 y la

LPAU requieren la divulgación de la evidencia presentada en su

contra. Cónsono con ello, planteó que, si la razón de la denegatoria

8 Íd., Anejo 2, págs. 32-51.
9 Íd., Anejo 3, pág. 52.
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se debió a un récord de convicciones que es público y la información

le pertenece al ciudadano, entonces correspondía su divulgación al

apelante.

      El 19 de enero de 2024, el Negociado radicó un Alegato en

oposición en el que argumentó que la Sentencia apelada debía ser

confirmada por ser correcta en derecho. Es la posición de la parte

apelada que el señor Esau Halow no demostró que tenía derecho a

remedio alguno ni que se desprendiera de la Ley Núm. 168-2019,

supra, un deber ministerial que obligara al Negociado a expedir la

licencia o proveerle información sobre las bases de la determinación.

A su entender, el Negociado cumplió a cabalidad con las exigencias

de dicho estatuto, las cuales establecen un proceso informal de

investigación en los archivos digitales a los que tiene acceso la

agencia. Según argumentó, producto de la investigación, el

Negociado está obligado a certificar si la persona cumple con los

requisitos establecidos para la expedición de la licencia de armas,

estando esa determinación sujeta a revisión por el TPI y excluida de

la revisión judicial establecida por la LPAU, supra. Planteó que, en

este caso, el señor Esau Halow tenía convicciones e impedimentos

legales en otra jurisdicción que justificaban la denegatoria de la

licencia. Como la revisión de esa determinación debe presentarse

ante el TPI, esbozó que el apelante erró al radicar una petición de

mandamus y al no hacer lo propio, no podía alegar un daño que no

pudiera ser adecuadamente satisfecho mediante los remedios

legales que aún tiene disponibles. También, arguyó que el TPI actuó

correctamente al no dar paso al remedio declaratorio solicitado por

el apelante, puesto que no existía una incertidumbre jurídica que

aclarar en cuanto a las disposiciones y la aplicación de la Ley Núm.

168-2019, supra. Por último, argumentó que el apelante pretendió

jugar con el sistema de justicia criminal, apostando a que sus
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convicciones previas en los Estados Unidos de América no fueran

descubiertas por el Negociado.

                                 III.

                                  A.

        El auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y

discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona

natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que

cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y

atribuciones. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 263

(2010); Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3421.     El mandamus sólo     puede    utilizarse   para   exigir   el

cumplimiento de un deber calificado como “ministerial” y que no

admite discreción en su ejercicio porque es mandatorio e imperativo.

Íd., págs. 263-264; Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior,

103 DPR 235, 242 (1974); Espina v. Calderón, Juez, Sucn.

Espina, Int., 75 DPR 76, 84 (1953). En ese sentido, el requisito

fundamental para expedir el recurso de mandamus reside en la

constancia de un deber claramente definido que debe ser ejecutado.

Íd.; Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 749

(1944). Es decir, “la ley no sólo debe autorizar, sino exigir la acción

requerida”. Íd., citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal

Civil, 6ta. ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2017, sec.

5803, pág. 605.

        El deber ministerial que exige el auto de mandamus debe

emanar de un empleo, cargo o función pública, por lo que el recurso

procede contra todos los funcionarios del ejecutivo, desde el más

alto hasta el último en la escala jerárquica. Art. 650 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3422; Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406, 449 (1994); Lutz v. Post Gobernador de

Puerto Rico, 14 DPR 860, 869-870 (1908). Además, este recurso

puede aplicarse a cualquier agencia, junta o tribunal inferior de
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nuestro sistema judicial, siempre que éstos estén obligados a

ejecutar un acto por mandato de ley. Íd. Por ello, aquella persona

que se vea afectada por el incumplimiento del deber podrá solicitar

la expedición del auto de mandamus. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v.

Pto del Rey, Inc., 155 DPR 906, 921 (2001).

      Como requisito procesal indispensable para presentar un

recurso de mandamus, se ha reconocido que solo puede ser

interpuesto luego de que se han agotado otros remedios existentes

en ley. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec.

3423; Álvarez de Choudens v. Tribunal, supra, pág. 242. En

consecuencia, la expedición del mandamus no procederá “en los

casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso

ordinario de la ley. […]”. Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil,

32 LPRA sec. 3423. Esto se debe a que “el objeto del auto no es

reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos”. AMPR v.

Srio. Educación, E.L.A., supra, págs. 266-267. Por consiguiente,

antes de comparecer al Tribunal, la parte peticionaria debe

demostrar que hizo un requerimiento previo al funcionario

encargado,    para    que    se   cumpliera   el   deber   ministerial

reclamado. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR

264, 275 (1960). Además, debe regirse por la reglamentación

procesal civil, por las leyes especiales pertinentes y por las reglas

aplicables del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

                                  B.

      La sentencia declaratoria es un remedio que permite al

tribunal declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas,

aunque    existan    otros   remedios   disponibles.   Regla   59   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59; Mun. Fajardo v. Srio.

Justicia et al., 187 DPR 245, 254 (2012). La solicitud de sentencia

declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre

cualquier divergencia en la interpretación de la ley. Regla 59.2 de
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Procedimiento Civil, supra, R. 59.2. Sin embargo, solo se emite

cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses

legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre

jurídica. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., supra, pág. 254.

Además, una vez dictada, tiene la misma eficacia y vigor que

cualquier otro fallo judicial. Regla 59 de Procedimiento Civil, supra,

R.59.

        La Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, R.59.2, establece

que cualquier persona con interés en una escritura, testamento,

contrato escrito u otro documento constitutivo de contrato, o cuyos

derechos fuesen afectados por un estatuto, estado u otras relaciones

jurídicas, ordenanza municipal, contrato o franquicia, puede

solicitar   una   decisión   sobre   cualquier   divergencia   en   la

interpretación o validez de dichos documentos. Asimismo, puede

solicitar que se dicte una declaración sobre los derechos, estados u

otras relaciones jurídicas derivadas de estos documentos. Íd.

        Cabe resaltar que, el foro primario puede conceder remedios

adicionales fundados en una sentencia declaratoria, siempre que

fueren necesarios o adecuados. Regla 59.4 de Procedimiento Civil,

supra, R.59.4. De esta forma, la sentencia declaratoria representa

un mecanismo procesal de carácter remedial que permite dilucidar

ante los tribunales los méritos de cualquier reclamación que

implique un peligro potencial en contra de una parte. Suárez v.

C.E.E. I, 163 DPR 347, 354 (2004); Charana v. Pueblo, 109 D.P.R.

641, 653 (1980). Por ser así, la sentencia declaratoria permite a una

parte obtener la protección judicial antes de que el peligro se

convierta en uno real. Charana v. Pueblo, supra. Ahora bien, si la

disputa no está anclada en hechos específicos, “adquiere un matiz

teórico que generalmente la excluye del ámbito legítimo de la

sentencia declaratoria”. Coca-Cola v. Unión de Tronquistas, 109

DPR 834, 838 (1980).
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       De otro lado, la sentencia declaratoria propicia la seguridad y

certidumbre en las relaciones jurídicas tanto en el ámbito público,

como en el privado. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 507

(2006); Sánchez et al. v. Srio de Justicia et al., 157 DPR 360,

410 (2002); Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 488 (1954). No

obstante, está sujeta a una balanceada discreción del tribunal y

debe realizarse “dentro de ciertas fronteras, contornos y postulados

jurídicos”. Charana v. Pueblo, supra, pág. 653; Moscoso v. Rivera,

supra, pág. 493. Por lo tanto, antes de dictar una sentencia

declaratoria, el foro primario debe sopesar los intereses públicos y

privados de las partes, la necesidad de emitir el recurso y el impacto

que tiene sobre lo reclamado, por lo que “debe demostrarse que los

intereses de la justicia serían bien servidos y que la sentencia que

se dicte sea efectiva y adecuada”. Moscoso v. Rivera, supra, pág.

494.

                                  C.

       La Ley Núm. 168-2019, supra, fue aprobada con el propósito

de “salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos

americanos residentes en Puerto Rico, mediante una nueva Ley de

Armas que sea consistente con la Segunda Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos [y] con las decisiones del Tribunal

Supremo Federal […]”. Véase la Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 168-2019. Con ello, la legislatura procuró establecer

claramente que en Puerto Rico el portar y poseer armas de fuego es

un derecho fundamental e individual, como en el resto de los

Estados Unidos de Norteamérica. Íd.

       De conformidad con esta ley, la Oficina de Licencias de Armas

del Negociado de la Policía de Puerto Rico (Oficina de Licencias de

Armas) es la entidad encargada de expedir las licencias de armas,

sin las cuales no se puede poseer o portar un arma de fuego en

Puerto Rico. Artículo 1.02 de Ley Núm. 168 de 2019, supra sec.
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461a. Previo a la emisión de una licencia, esta oficina debe

cersiorarse de que la persona interesada en poseer o portar un arma

de fuego cumple con una serie de requisitos. Fundamentalmente,

esta licencia permite al ciudadano o ciudadana la posesión, tenencia

y transportación de armas, con sujeción a ciertos requisitos

relacionados con el número, modo de almacenaje, transportación,

función gubernamental que desempeña, si alguna, y otros. Pueblo

v. Rodríguez López, 210 DPR 752, 763 (2022).

      Los Artículos 2.01 a 2.16 de la Ley Núm. 168-2019, supra

secs. 462a-462o, rigen la expedición de licencias de armas en Puerto

Rico. Específicamente, el Artículo 2.02, supra, detalla los criterios

que debe cumplir una persona interesada en obtener una licencia

de armas. El inciso A del referido artículo establece expresamente

los requisitos siguientes:

      (1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad.
      (2) Tener un expediente negativo de antecedentes
          penales y no encontrarse acusado y pendiente o en
          proceso de juicio por algunos de los delitos
          enumerados en el Artículo 2.09 de esta Ley o sus
          equivalentes, tanto en Puerto Rico, como en cualquier
          jurisdicción de Estados Unidos, a nivel federal o en
          cualquier país extranjero.
      (3) No ser adicto a sustancias controladas o ebrio habitua.
      (4) No estar declarado incapaz mental por un Tribunal con
          jurisdicción.
      (5) No haber sido separado de las Fuerzas Armadas de
          Estados Unidos o del Negociado de la Policía de Puerto
          Rico bajo condiciones deshonrosas.
      (6) No incurrir ni pertenecer a organizaciones que incurran
          en actos de violencia o dirigidos al derrocamiento del
          gobierno constituido.
      (7) No estar bajo una orden del tribunal, o haber estado en
          cualquier momento durante los pasados doce meses
          previos a la fecha de solicitud, que le prohíba acosar,
          espiar, amenazar o acercarse a un compañero íntimo,
          algún familiar de este o a persona alguna.
      (8) Ser ciudadano o residente legal de Estados Unidos de
          América.
      (9) No ser persona impedida por el “Federal Gun Control
          Act of 1968” a recibir, transportar o enviar armas de
          fuego o municiones.
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            (Énfasis nuestro). Íd.10

       Además, los incisos (b) y (c) del Artículo 2.02 de la Ley Núm.

168-2019, supra, especifican la información y los documentos que

deben incluirse en la solicitud para la expedición de una licencia de

armas. Entre estos documentos se encuentran el certificado de

nacimiento o pasaporte vigente, copia de la licencia de conducir, dos

(2) fotografías de busto, un certificado negativo de antecedentes

penales expedido no más de treinta (30) días previos a la fecha de la

solicitud, entre otros. Íd.

       Asimismo, el Artículo 2.09 de la Ley Núm. 168-2019, supra,

sec. 462h, establece que la Oficina de Licencias de Armas no

expedirá licencia de armas a ninguna persona que haya sido

convicta     en   Puerto    Rico       y   en   cualquier   otra   jurisdicción

estadounidense de cualquier delito grave o su tentativa, por delito

menos grave que conlleve violencia, por conducta constitutiva de

violencia doméstica, según tipificada en la Ley para la prevención e

intervención con la violencia doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto

de 1989, según enmendada, 8 LPRA secs. 601 et seq., por conducta

constitutiva de acecho, según tipificada en la Ley contra el acecho

en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según

enmendada, 33 LPRA secs. 4013 et seq., o por conducta constitutiva

de maltrato de menores, según tipificada en la Ley para la

seguridad, bienestar y protección de menores, Ley Núm. 246 de 16

de diciembre de 2011, 8 LPRA secs. 1101 et seq.

       Respecto al proceso de adjudicación, una vez sometida la

solicitud de licencia de armas, la agencia administrativa debe

completar una investigación y tomar una decisión sobre la

expedición o denegatoria de la licencia en un término no mayor de

treinta (30) días naturales, contados a partir de la fecha que se

10 Véase,además, el Artículo 2.01 del Reglamento para Administrar la Ley de
Armas de Puerto Rico 2020, Reglamento Núm. 9172 del Negociado de la Policía
de Puerto Rico.
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presentó la solicitud. Íd., inciso d (2). Para ello, accederá a los

archivos digitales de cualquier agencia gubernamental de Puerto

Rico, de Estados Unidos o cualquier subdivisión política de este, de

cualquier entidad extranjera o internacional a la que pueda tener

acceso, incluyendo los archivos del NCIC, del National Instant

Criminal Background Check System, el Sistema de Información de

Justicia Criminal y el Registro Criminal Integrado. Luego, certificará

por escrito si la persona cumple o no, con los requisitos establecidos

para la obtención de la licencia. Íd., inciso d (3).

      De resultar la investigación realizada por la Oficina de

Licencias de Armas de los archivos digitales en una determinación

de que la persona no cumple con todos los requisitos establecidos

en la Ley Núm. 168-2019, supra, no le será concedida la licencia de

armas. Sin embargo, esto no impide que la persona pueda solicitarla

nuevamente en un futuro. Íd., inciso d (4).

      En cuanto al proceso de reconsideración, la persona

interesada en obtener una licencia de armas podrá solicitar a la

Oficina de Licencias de Armas una reconsideración dentro de los

próximos quince (15) días naturales siguientes a la denegatoria de

la otorgación de la licencia, y la agencia tendrá quince (15) días

naturales para emitir una determinación y atender la misma. Ahora

bien, de sostenerse la denegatoria, o de no emitir ninguna

determinación respecto a la reconsideración, la persona podrá

acudir al Tribunal de Primera Instancia para la revisión de la

decisión administrativa. Íd., inciso d (4).

                                   D.

      En diversas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tienen

los tribunales para considerar y decidir casos o controversias.

Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 204 DPR 89,

101 (2020), Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 499-
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500 (2019); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

De igual forma, el Máximo Foro ha reiterado que los tribunales

tenemos siempre la obligación de ser celosos guardianes de nuestra

propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a

entrar a resolver los méritos de un recurso. Shell v. Srio.

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Cordero et al. v. ARPe

et al., 187 DPR 445, 457 (2012); Muni. de San Sebastián v. QMC

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). Por tal razón, el primer factor a

considerar ante toda controversia es el aspecto jurisdiccional.

Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 500.

      Cabe resaltar que, los tribunales en Puerto Rico poseen

jurisdicción general, por lo que ostentan autoridad para atender

cualquier causa de acción que presente una controversia, salvo que

no tengan jurisdicción sobre la materia. Beltrán Cintrón y otros v.

Estado Libre Asociado, supra, pág. 101. Precisamente, “…el

Estado a través de sus leyes, puede otorgar o privar de jurisdicción

sobre la materia a un tribunal.” Rodríguez Rivera v. De León

Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). En esencia, “la jurisdicción sobre

la materia se refiere a la capacidad del tribunal para atender y

resolver una controversia sobre un aspecto legal”. J. A. Echevarría

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág.

27. Por ello, cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción

sobre la materia, solo puede así declararlo y desestimar el caso sin

entrar en los méritos de la controversia. Beltrán Cintrón y otros v.

Estado Libre Asociado, supra. Ello, debido a que la falta de

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede

atribuírsela. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98,

105 (2013).

      A esos efectos, la doctrina de la jurisdicción primaria, la cual

forma parte de las normas de autolimitación judicial, atiende la

interrogante de qué foro posee la facultad inicial de adjudicar y
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entender un asunto. Íd., pág. 102. Dicha doctrina consiste en dos

vertientes, a saber: la jurisdicción primaria concurrente y la

jurisdicción primaria exclusiva. Íd. Así pues, “la jurisdicción

primaria concurrente presupone que tanto el foro judicial como el

administrativo tienen jurisdicción para entender en la controversia

planteada, pero se cede la primacía a la agencia por su

especialización y conocimiento sobre el asunto objeto de la

reclamación. Íd., pág. 103. Por lo tanto, “los jueces deben aplicar

esta norma de abstención, como regla general, en casos en los cuales

el peritaje de la agencia sea indispensable para resolver la

controversia…”. Íd. Por el contrario, la doctrina de jurisdicción

primaria exclusiva, también conocida como jurisdicción estatutaria,

aplica cuando la propia ley establece que la agencia administrativa

será el foro con jurisdicción para examinar la reclamación. Íd.

                                 E.

      Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios

administrativos determina “la etapa en que un tribunal de justicia

debe intervenir en una controversia que se ha presentado

inicialmente ante un foro administrativo.” S.L.G. Flores-Jiménez v.

Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). Véase, además, Asoc. Pesc. Pta.

Figueras v. Pto. Del Rey, 155 DPR 906, 916-917 (2001); Mun. de

Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001). De ordinario, esta

norma aplica a los casos en los que una parte que instó o tiene

instada una acción ante una agencia gubernamental o algún ente

administrativo recurre al tribunal sin antes haber culminado todo

el trámite que tenía disponible en ese foro. Municipio de Caguas v.

AT& T, supra, pág. 408. Cónsono con lo anterior, la doctrina de

remedios administrativos pretende evitar que se presente un recurso

ante los tribunales sin que la agencia administrativa haya tomado

una determinación final en el asunto. Hernández, Romero v. Pol.

de P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).
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         En circunstancias como la antes descrita, los tribunales se

abstienen de revisar una actuación de una agencia hasta tanto la

persona afectada agota todos los remedios administrativos que tiene

disponible, de tal forma que la decisión administrativa refleje la

posición final de la entidad estatal. Ofic. Proc. Paciente v. Aseg.

MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Acevedo v. Mun. Aguadilla, 153 DPR

788, 802 (2001). Por ello, usualmente se invoca el agotamiento

cuando una parte ante el foro administrativo solicita la intervención

judicial previo a consumar el procedimiento administrativo.” S.L.G.

Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 851.

         La doctrina de agotamiento de remedios fomenta que los

organismos administrativos utilicen y apliquen su conocimiento

especializado al dirimir las controversias. S.L.G. Flores-Jiménez v.

Colberg, supra, pág. 852. Sin embargo, la exigencia de agotar todos

los remedios no es un principio de aplicación inflexible. Íd.; Asoc.

Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, supra, pág. 917; Igartúa de

la Rosa v. Adm. Derecho al Trabajo, 147 DPR 318 (1998). En

virtud de ello, la Sección 4.3 de la LPAU, supra sec. 9673, dispone

que se podrá eximir a una parte de agotar remedios ante la agencia

cuando: i) el remedio sea inadecuado; ii) el requerir su agotamiento

resulta en un daño irreparable al promovente; iii) en un balance de

intereses, no se justifica agotar los remedios; iv) cuando se alegue

una violación sustancial de los derechos constitucionales; v) sea

inútil    agotar   los   remedios   por   la   dilación   excesiva   en   el

procedimiento; vi) cuando la agencia administrativa carezca de

jurisdicción; o vii) el asunto es estrictamente de derecho y resulta

innecesaria la pericia administrativa. S.L.G. Flores-Jiménez v.

Colberg, supra, pág. 852.

                                    IV.

         En este caso, el TPI dictó una Sentencia en la que desestimó

la Demanda de mandamus promovida por el señor Esau Halow. En
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su dictamen, el foro primario concluyó que el apelante no logró

satisfacer los elementos necesarios del recurso de mandamus ni de

la sentencia declaratoria. A su entender, el Negociado no tiene una

obligación ministerial de proporcionar la información utilizada para

descalificar al apelante en la solicitud de la licencia de armas.

Asimismo,    señaló   que    el   apelante     no     agotó   los   remedios

administrativos disponibles, así como la posibilidad de una

reconsideración    ante     el    Negociado.        Particularizó   que   el

procedimiento administrativo de reconsideración y de revisión

judicial establecido en la Ley Núm. 168-2019, supra, constituye el

remedio adecuado en ley en el que el peticionario puede presentar

sus planteamientos constitucionales, estatutarios y procesales

sobre la controversia relacionada con la denegatoria de la licencia

de armas. También, confirmó que la notificación del Negociado fue

adecuada y cumplió con certificar si el solicitante cumplía o no con

los requisitos de la Ley Núm. 168-2019, supra. Por último, indicó

que no existía ningún obstáculo para que el apelante solicitara

nuevamente la licencia de armas en el futuro.

       Inconforme, el señor Esau Halow planteó que el foro primario

erró   al determinar que el procedimiento administrativo de

reconsideración y de revisión judicial, establecidos en la Ley Núm.

168-2019, supra, constituyen el remedio adecuado en ley para

presentar todos sus argumentos constitucionales, estatutarios y

procesales en relación con la denegatoria de su licencia de armas. A

su vez, enfatizó que el foro primario erró al deteminar que el

Negociado no tiene un deber ministerial de proveer la información

que descualifica al apelante para obtener la licencia de armas.

       En cambio, el Negociado argumentó que el mandamus era

improcedente porque el apelante no demostró que tenía derecho a

remedio alguno, ni probó que el Negociado tuviera un deber

ministerial de expedir la licencia solicitada o proveerle la
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información utilizada para denegarla. Todo lo contario. Esbozó que

el Negociado cumplió a cabalidad con las exigencias de la Ley Núm.

168-2019, las cuales le obligan a investigar las bases de datos a las

que tiene acceso y únicamente certificar si el solicitante cumple con

los requisitos. Según adujo, la investigación llevada a cabo arrojó

que el señor Esau Halow tenía convicciones previas en otra

jurisdicción y, por ello, el Negociado denegó la licencia solicitada, lo

cual era revisable exclusivamente por el TPI.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente

del caso, en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta forzoso

concluir que el TPI no incidió en los errores señalados. La

determinación apelada es correcta en derecho.

      En primer lugar, el foro primario no erró al determinar que el

Negociado no tiene un deber ministerial de proveer la información al

solicitante de lo que lo descualifica para obtener una licencia de

armas. La Ley 168-2019, supra, dispone que, presentada una

solicitud de licencia de armas, la Oficina de Licencias de Armas,

luego de una investigación, deberá emitir o denegar la licencia

“certifica[ndo] por escrito si el peticionario cumple o no con los

requisitos establecidos en esta ley para la expedición de la

licencia de armas”. (Énfasis nuestro). 25 LPRA sec. 462a. Por

consiguiente, resulta palmario que el Negociado no estaba obligado

a proveer la información que descualificó al solicitante de obtener

una licencia de armas. Por la naturaleza de este proceso informal,

regulado específicamente por una ley especial, únicamente se

requiere que la agencia notifique al solicitante si cumple o no con

los requisitos de esta. Precisamente, la agencia cumplió con este

requisito al certificar, a través de la misiva emitida el 23 de febrero

de 2023, que el señor Esau Halow no cumplió con los requisitos de

la Ley 168-2019, supra. Aún más, la Oficina de Licencias de Armas

detalló las razones que descualificaban al apelante. Entre estas,
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afirmó que: (1) poseía un expediente positivo de antecedentes

penales; (2) se encontraba impedido de recibir, transportar o enviar

armas de fuego o municiones por el Federal Gun Control Act of 1968;

y (3) fue convicto por delito menos grave que conllevó violencia y

delitos graves.

       En segundo lugar, el foro primario no erró al determinar que

el   procedimiento    administrativo     de     reconsideración   judicial

establecido en la Ley Núm. 168-2019, supra, constituye el remedio

adecuado en ley para que el apelante presente todos sus

planteamientos       constitucionales,        estatales   y   procesales

relacionados con la denegatoria de la licencia de armas. En efecto,

la Ley 168-2019, supra, establece claramente que la persona que

solicita una licencia de armas “podrá solicitar una reconsideración”

dentro de quince (15) días; que la Oficina de Licencias de Armas

tendrá quince (15) días para atenderla misma; y que, de sostenerse

la denegatoria o no atenderse la reconsideración, el solicitante

“podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia para la revisión

de la decisión administrativa”. (Énfasis nuestro). Íd. Existen

remedios adecuados en ley para atender sus planteamientos.

       El proceso legal descrito no solo establece un marco claro para

la reconsideración, sino que también garantiza al apelante el

derecho a llevar su caso ante el Tribunal de Primera Instancia en

caso de que la denegatoria persista o no se atienda la solicitud de

reconsideración. Por consiguiente, este proceso brinda al señor

Esau    Halow     oportunidades   adecuadas        para   presentar   sus

planteamientos y buscar la revisión de la decisión administrativa en

instancias superiores, asegurando así un proceso legal completo. No

obstante, el apelante no agotó los remedios administrativos

disponibles ni actuó dentro de los términos establecios por la ley,

debido a que esperó tres (3) meses para enviar su comunicación a la
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la parte apelada y luego aguardó tres (3) meses adicionales para

radicar la Demanda de mandamus.

      Por todo lo anterior, resulta imperativo concluir que el TPI no

cometió los errores señalados por el apelante, que el dictamen es

correcto en derecho y, por lo tanto, corresponde la confirmación de

la Sentencia apelada.

                                 V.

     Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada.

     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones