Court Opinion

ID: 9916111
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:22:20.727009+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:04.650750
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL

 MARITERE HERNÁNDEZ Y                          Apelación
        OTROS                                  procedente del
                                               Tribunal de Primera
           Apelada                             Instancia, Sala de
                                               San Juan
               v.
                              KLAN202100499 Sobre: Cobro de lo
    ASOCIACIÓN DE                           Indebido y Otros
    TITULARES DEL
 CONDOMINIO QUANTUM                            Caso Número:
  METROCENTER, INC. Y                          SJ2017CV00209
        OTROS                  CONSOLIDADO

          Apelantes                CON
   _______________________                     ____________________
 MARITERE HERNÁNDEZ Y                       Apelación
        OTROS                               procedente del
                                            Tribunal de Primera
          Apelantes                         Instancia, Sala de
                              KLAN202100502 San Juan
               v.
                                               Sobre: Cobro de lo
    ASOCIACIÓN DE                              Indebido y Otros
    TITULARES DEL
 CONDOMINIO QUANTUM                            Caso Número:
  METROCENTER, INC. Y                          SJ2017CV00209
        OTROS

          Apelados
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Álvarez Esnard y el Juez Ronda Del Toro

Domínguez Irizarry, juez ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 27 de noviembre de 2023.

      El Consejo de Titulares del Condominio Quantum Metrocenter

(Consejo), comparece ante nos mediante el recurso de Apelación

KLAN202100499, para que modifiquemos la Sentencia Final emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 16 de

abril de 2021. Por igual, comparecen la señora Maritere Hernández,

su señor esposo, Alejandro Bellver y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Bellver-Hernández),

mediante el recurso de Apelación KLAN202100502, solicitan la

revocación de la Sentencia de referencia, a los fines de que

Número Identificador

SEN2023________________
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                        2

proveamos a su favor o, en la alternativa, de que concluyamos que

existen hechos en controversia que hacen meritoria la disposición

ordinaria del asunto en litigio.

      Mediante la Sentencia apelada, el Tribunal de Primera

Instancia, en lo pertinente, declaró Con Lugar una Solicitud de

Sentencia Sumaria Parcial presentada por el Consejo y, en

consecuencia, desestimó las causas de acción referentes a la

impugnación de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de

2017, promovidas en la Segunda Demanda Enmendada presentada

por el matrimonio Bellver-Hernández. Además, el Tribunal de

Instancia negó conceder los remedios de temeridad y honorarios de

abogado respectivamente solicitados por los comparecientes.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

modifica la sentencia apelada y, así, la misma se confirma.

                                   I

      Conforme surge, el Condominio Quantum Metrocenter

(Condominio) es uno de uso mixto, compuesto de ciento sesenta

(160) apartamientos residenciales, un (1) apartamiento comercial y

diecinueve (19) estacionamientos individuales. El 23 de junio de

2016, el matrimonio Bellver-Hernández adquirió el apartamiento

comercial.

   El 24 de abril de 2017, el matrimonio Bellver-Hernández presentó

una Demanda y Petición de Injunction Preliminar y Permanente

contra el Consejo, los miembros de la Junta de Directores y el

Comité de Arquitectura del Condominio en su carácter personal, así

como en contra de Chubb Insurance Company of Puerto Rico. Dicha

Demanda original contenía diez causas de acción, a saber: (1)

solicitud de sentencia declaratoria que reconozca el uso y existencia

del área comercial; (2) solicitud de sentencia declaratoria para que

se declare que la demolición de dos paredes y la instalación de un

portón y cinco rejillas de ventilación no debían someterse para la
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                             3

aprobación del Consejo de Titulares; (3) reclamación en daños y

perjuicios y en cobro de dinero; (4) solicitud de sentencia

declaratoria para que se declare que la parte demandante tiene

derecho a conectarse a las instalaciones comunales del Condominio,

particularmente al generador eléctrico; (5) solicitud de orden para

que se atienda la solicitud de la parte demandante para instalar un

conducto para la extracción de aire caliente de condensadores del

área comercial y para instalar una sexta rejilla de ventilación; (6)

solicitud de orden para que la Junta de Directores produzca las

actas de sus reuniones y ponga el cuaderno de minutas disponible

en la oficina de Administración de Condominio; (7) impugnación de

acuerdos alcanzados por el Consejo de Titulares mediante

Asambleas celebradas el 22 de febrero de 2016 y 14 de marzo de

2017; (8) solicitud para que se imponga una multa a la Junta de

Directores por no informarle al Consejo sobre el despido del Agente

Administrador; (9) solicitud de sentencia declaratoria en torno a la

contratación de la representante legal del Consejo de Titulares y;

(10) solicitud de injunction preliminar y permanente para mantener

las modificaciones hechas por el matrimonio Bellver-Hernández,

hasta tanto se dilucidara el pleito.1

   El 16 de mayo de 2017, poco después de presentada la Demanda

original,   el    Consejo   de   Titulares    celebró   una     Asamblea

Extraordinaria. En esta, se consideraron las siguientes solicitudes

del matrimonio Bellver-Hernández: (1) demolición de paredes

exteriores del Condominio para la instalación de condensadores de

aire acondicionado y un portón perforado; (2) apertura de paredes

comunales para la instalación de unas rejillas de ventilación; (3)

conexión    del   apartamiento    comercial    al   generador    eléctrico

comunal; y, en la alternativa; (4) la posibilidad de proveer una

1 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 1-175.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                              4

facilidad comunal para instalar un generador eléctrico que sirviera

al apartamiento comercial.2 Como resultado de esta Asamblea

Extraordinaria, el Consejo votó expresamente en contra de cada una

de estas solicitudes y rechazó todas las propuestas del matrimonio

Bellver-Hernández.3

      Así las cosas, el 2 de junio de 2017, el matrimonio Bellver-

Hernández presentó una Demanda Enmendada y Petición de

Injunction. En la misma, reprodujo las causas de acción promovidas

en la demanda original, e incluyó un nuevo reclamo para impugnar

los    acuerdos   alcanzados    por    el   Consejo   en   la   Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017.4

      Mediante Resolución y Orden emitida el 6 de junio de 2017, el

Tribunal de Primera Instancia dispuso de varios de los asuntos

sometidos por los comparecientes ante su consideración. En

particular, motu proprio, desestimó la petición de injunction

preliminar presentada por el matrimonio Bellver-Hernández, al

resolver que, puesto que, en la Asamblea en cuestión, las solicitudes

de alteración, remodelación y construcción propuestas por este

fueron rechazadas por el Consejo, no había un status quo que

mantener.5 Ahora bien, el foro de origen dispuso que los Bellver-

Hernández, aún tenían a su haber la reclamación de impugnación

de los acuerdos alcanzados por el Consejo en la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, conforme solicitado en la

súplica de la Demanda Enmendada.6

      En desacuerdo con la referida determinación, el matrimonio

Bellver-Hernández acudió ante este Tribunal de Apelaciones, en

virtud de un primer recurso de certiorari de denominación

2 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 2336-2413,

2414-2437, 2437-2479, 2479-2494.
3 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 2413, 2437,

2479, 2494.
4 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 177-241.
5 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 242-243.
6 Íd; Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 244-246.
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alfanumérica KLCE201701121. Mediante Sentencia del 8 de agosto

de 2017, un Panel hermano confirmó la Resolución y Orden del 6 de

junio de 2017.7 En particular, coincidió plenamente con la

conclusión del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que la

discusión y el rechazo de las propuestas del matrimonio Bellver-

Hernández ante el Consejo, tornó académica la audiencia de

injunction preliminar. Además, concurrió con que no había status

quo que proteger, ello, a la luz del rechazo expreso de las

propuestas.8 El referido dictamen advino final, firme e inapelable.

   Entretanto, el 28 de junio de 2017, el Consejo presentó su

Contestación a Demanda Enmendada y Petición de Injunction

Preliminar y Permanente y una Reconvención.9 En lo pertinente,

arguyó que el matrimonio Bellver-Hernández alteró los elementos

comunes del Condominio sin su anuencia y en violación de la Ley

de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 31 LPRA

sec. 1291 et seq., la Escritura Matriz del Condominio Quantum

Metrocenter (Escritura) y el Reglamento de Administración y

Copropiedad (Reglamento). Al respecto, el Consejo sostuvo que

dichas actuaciones afectaron la imagen y elementos comunes del

Condominio. En consecuencia, solicitó la restitución de los mismos

a su estado original. En la alternativa, el Consejo requirió que se le

impusiera a los Bellver-Hernández un pago de $25,000 por concepto

de los daños derivados de su conducta ilegal, o de aquella suma

necesaria para devolver los elementos comunes a su estado original,

o del monto aplicable para garantizar la seguridad de la estructura,

cual fuese mayor. Además, el Consejo solicitó el desembolso de

costas, gastos y honorarios de abogado.10 El 15 de noviembre de

2017, el Consejo presentó una segunda enmienda a su alegación

7 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 248-265.
8 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 263.
9 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100499, pág. 241.
10 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 342-343.
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responsiva. En la misma, se reiteró en el petitorio de su

Reconvención y, a su vez, añadió una demanda contra tercero.11

   Tras varias incidencias, el 26 de enero de 2018, el matrimonio

Bellver-Hernández presentó una Segunda Demanda Enmendada y

Petición de Injunction Permanente.12 Si bien, en términos generales,

los remedios solicitados en la demanda original permanecieron

inalterados, los Bellver-Hernández enmendaron su cuarta causa de

acción, a los fines de solicitar que se proveyera para que se les

permitiera el uso de la cisterna comunal del Condominio. De igual

modo, modificaron, en parte la quinta y séptima causa de acción,

ello en el ánimo de consignar la expresa impugnación de los

acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017. El

13 de junio de 2018, el Consejo presentó Contestación a Segunda

Demanda y Petición de Injunction Preliminar y Permanente.13 En el

pliego, ratificó su previa postura, ello, en cuanto a negar la

procedencia de las alegaciones del matrimonio Bellver-Hernández.

En particular, sobre la enmienda incluida a la cuarta causa de

acción, expusieron que, si el apartamiento comercial del matrimonio

Bellver-Hernández “no es[taba] conectado al generador [eléctrico] ni

a la cisterna, [era] porque así lo diseñaron”.14 El Consejo nada

reprodujo sobre los méritos de su Reconvención.

       Luego de múltiples trámites, entre ellas, varias solicitudes de

desestimación incoadas por las partes codemandadas en el pleito, el

2 de noviembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Sentencia Parcial mediante la cual desestimó, en su totalidad, la

primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, octava, novena y décima

causas de acción según contenidas en la Segunda Demanda

11 El Consejo presentó demanda contra tercero contra QMC Holdings, LLC. Alegó

que esta última incumplió con el artículo 14-B de la Ley de Condominios al
venderle varios estacionamientos al matrimonio Bellver-Hernández. Apéndice
recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 266, 369-372.
12 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 373-437.
13 Apéndice recurso de Apelación KLAN202100499, págs. 1657-1751.
14 Apéndice recurso de Apelación KLAN202100499, pág. 1706.
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Enmendada y Petición de Injunction Permanente15. En esencia, al

comparar los remedios solicitados con el contenido de aquellos

reclamados en la Demanda original, el tribunal sentenciador

dispuso que las referidas alegaciones constituían cosa juzgada, ello

a tenor con lo resuelto mediante la Resolución y Orden del 6 de junio

de 2017, dictamen debidamente confirmado por este Foro. Según

expresó, en virtud del referido pronunciamiento, se concluyó que las

alegaciones relativas a las mejoras del apartamiento comercial y a

la solicitud de conexión a la planta eléctrica comunal, se habían

tornado académicas, tras haber sido denegadas por el Consejo de

Titulares en la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017. A

su vez, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, aun tomando

como     ciertas   las    alegaciones     de    la Segunda     Demanda

Enmendada, conjuntamente con los documentos anejados en apoyo

al pliego, los demandantes no tenían derecho a la concesión de un

remedio, ello a tenor con la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 10.3. Así, pues, toda vez lo anterior, únicamente

subsistieron la quinta y séptima causas de acción, a saber:

       […]

       (5) Impugnación de acuerdos alcanzados el día 16 de
       mayo de 2017 para instalar un conducto para la
       extracción de aire caliente de condensadoras del área
       comercial y una sexta rejilla de ventilación e;

       […]

     (7) Impugnación de acuerdos en asambleas e
         imposición de multas
      a. Nulidad de Asamblea celebrada el día 22 de febrero
         de 2016.
      b. Nulidad de la Asamblea celebrada el día 14 de marzo
         de 2017.
      c. Improcedentes los “Acuerdos” notificados el 1 de
         junio de 2017 [resueltos en la Asamblea
         Extraordinaria del 16 de mayo de 2017].

       […].16

15 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 467-496.
16 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 409 y 413.
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       Poco después, el 15 de noviembre de 2018, el Consejo

presentó un documento intitulado Solicitud de Desestimación Parcial

de la Séptima Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada,

re: Asamblea del 14 de marzo de 2017.17 En esencia, planteó que la

impugnación del matrimonio Bellver-Hernández respecto a los

acuerdos tomados en la Asamblea del 14 de marzo de 2017, se

fundamentaba en el hecho de que, en la misma, los titulares de otra

unidad, presentaron un proyecto de mejoras que fue aprobado. El

Consejo sostuvo que, ante ello, los Bellver-Hernández alegaron que

se les privó de presentar sus propuestas para que también fueran

consideradas en la asamblea de referencia. Al abundar, indicó,

además, que, previo a que culminara la Asamblea de referencia, los

Bellver-Hernández voluntariamente se retiraron de la misma, hecho

que les impedía oponerse a lo allí resuelto. A su vez, en aras de

sostener su contención, el Consejo expuso que, aun de entenderse

que el matrimonio Bellver-Hernández era acreedor de algún remedio

en ley, el mismo se tornó académico cuando, en la Asamblea del 16

de mayo de 2017, su proyecto fue discutido y eventualmente

rechazado. Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que

desestimara parcialmente la séptima causa de acción promovida por

el   matrimonio    Bellver-Hernández     en   su    Segunda Demanda

Enmendada, ello en torno a la impugnación de los acuerdos de la

Asamblea del 14 de marzo de 2017.

       En respuesta, el 3 de diciembre de 2018, el matrimonio

Bellver-Hernández     presentó     su   Oposición    a   “Solicitud   de

Desestimación Parcial de la Séptima Causa de Acción de la Segunda

Demanda Enmendada, re: Asamblea del 14 de marzo de 2017”.

Específicamente, argumentó que la figura de la academicidad no era

oponible a su petitorio.

17 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 497-508.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                             9

      Días más tarde, el 30 de noviembre de 2018, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una segunda Sentencia Parcial. En virtud

de la misma, desestimó la séptima causa de acción, ello solo en

cuanto a la impugnación de los acuerdos tomados en la Asamblea

del 22 de febrero de 2016, bajo el fundamento de falta de

legitimación activa. En particular, tras acoger los argumentos del

Consejo, según esbozados en una previa e independiente moción de

desestimación, el foro primario resolvió que, para la fecha de la

antedicha Asamblea, los Bellver-Hernández no eran titulares del

inmueble objeto de litigio.

      De otro lado, y luego de que, inconforme con la Sentencia

Parcial del 2 de noviembre de 2018, el matrimonio Bellver-

Hernández compareciera ante este Foro mediante el recurso de

apelación KLAN201801326, el 4 de abril de 2019, un Panel hermano

modificó el referido dictamen y, así, lo confirmó. En lo atinente,

resolvió que, tal cual dispuesto por el tribunal de origen, los

remedios solicitados por el matrimonio Bellver-Hernández ya habían

sido adjudicados en la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de

2017, por lo que, constituyendo cosa juzgada, nada podía

disponerse en cuanto a los mismos. Así, resolvió que la

desestimación resuelta por el Tribunal de Primera Instancia

constituyó un quehacer adjudicativo correcto. No obstante, este

Tribunal modificó lo resuelto respecto a la cuarta causa de acción

promovida por el matrimonio Bellver-Hernández en su Segunda

Demanda Enmendada y Petición de Injunction Permanente, ello en

cuanto a la solicitud relativa al uso de la planta eléctrica y la cisterna

comunal. Sobre dicho particular, reiteró que, dado a que la

controversia relativa a la conexión de la planta eléctrica ya había

sido dirimida en la Asamblea Extraordinaria de referencia, dicho

asunto   también     constituía   cosa   juzgada.    Sin   embargo,    en

consideración a que la solicitud para conectar el apartamiento
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                           10

comercial en disputa a la cisterna comunal del Condominio se

presentó con posterioridad y no había sido atendida, ordenó que

dicho asunto se discutiera en la próxima reunión del Consejo.18

Tanto la Sentencia Parcial del 2 de noviembre de 2018 emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, como la Sentencia en apelación del

4 de abril de 2019, advinieron finales y firmes. De este modo, la

cuestión entre las partes se redujo a la consideración de la conexión

del apartamiento a la cisterna, ello en los términos resueltos, y a la

impugnación de los acuerdos alcanzados en las asambleas

celebradas el 22 de febrero de 2016, el 14 de marzo de 2017 y el 16

de mayo de 2017.

       Así las cosas, y luego de acontecidos varios trámites, el 26 de

junio de 2019, mediante Sentencia en el recurso de apelación

KLAN201900032, según promovido por el matrimonio Bellver-

Hernández, este Tribunal confirmó la Sentencia Parcial del 30 de

noviembre de 2018.19 Así, sostuvo la determinación por la cual se

desestimó la séptima causa de acción, en cuanto a la impugnación

de los acuerdos tomados en la Asamblea del 22 de febrero de 2016.

En su determinación, el Panel hermano suscribiente, en referencia

a las controversias restantes entre las partes de epígrafe, se expresó

como sigue:

       [U]na revisión cuidadosa del abultado, repetitivo y
       confuso trámite procesal del caso de epígrafe revela que
       el pleito presentado por [el matrimonio Bellver-
       Hernández] se ha ido desinflando y que sin lugar a
       dudas    queda    pendiente     por   resolver,    como
       correctamente identificó el TPI, la impugnación de los
       acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del Consejo de
       Titulares de 16 de mayo de 2017, en la que se
       rechazaron los acuerdos propuestos por [el matrimonio
       Bellver-Hernández].20

       Destacamos que, en la sentencia en apelación de referencia,

este Foro, en su nota al calce núm. 26, expresamente dispuso que,

18 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 544.
19 Véase Apéndice recurso KLAN202100499, págs. 1883-1895.
20 Íd., págs. 1894-1895.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                            11

dado a que el dictamen que revisó, nada expresó en torno a la

impugnación de los Acuerdos de la Asamblea del 14 de marzo de

2017, resultaba improcedente pronunciarse al respecto. Por tanto,

la Solicitud de Desestimación Parcial de la Séptima Causa de Acción

de la Segunda Demanda Enmendada, re: Asamblea del 14 de marzo

de 2017, quedó pendiente de adjudicación.

      Así las cosas, el 9 de abril de 2020, matrimonio Bellver-

Hernández presentó una Moción Solicitando Desestimación de la

Reconvención Enmendada por Falta de Jurisdicción.           En el pliego

indicó que, dado a que en su Contestación a Segunda Demanda y

Petición de Injunction Preliminar y Permanente, el Consejo nada

mencionó sobre las alegaciones de su Reconvención, debía

entenderse la misma como renunciada y, por ende, como académica.

Específicamente, expuso que el Consejo abandonó su causa de

acción al no aludir a la misma en la alegación responsiva que

presentó respecto a la Segunda Demanda Enmendada, hecho que le

impedía obtener remedio alguno a su favor.

      Poco después, el 10 de julio de 2020, el Consejo presentó una

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.21 En esta, arguyó que no

existía controversia de hechos alguna sobre que, contrario a lo

aducido en las quinta y séptima causas de acción de la demanda de

epígrafe, la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017,

cumplió con todas las exigencias procesales y sustantivas de la Ley

de Condominios, supra, y del Reglamento, ello a fin de que se

sostuvieran los acuerdos alcanzados en la misma. Al abundar,

expuso que los argumentos de impugnación del matrimonio Bellver-

Hernández,    planteaban     un   alegado incumplimiento        con   las

formalidades de ley para validar la convocatoria, celebración y toma

de acuerdos en la Asamblea en disputa, así como que, las

21 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 592.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                        12

determinaciones por las cuales sus propuestas de remodelación y

construcción se rechazaron, fueron producto de actuaciones

arbitrarias, caprichosas y represivas atribuibles al Consejo. No

obstante, planteó que los mismos no se sostenían en derecho ni en

los hechos incontrovertidos.

      Al particularizar su contención, el Consejo expuso que, a la

luz de la escritura matriz del Condominio, no estaba en disputa el

hecho de que el matrimonio Bellver-Hernández adquirió la unidad

en el Condominio, a sabiendas de que la misma no tenía conexión a

la cisterna y ni al generador eléctrico del Condominio. En específico,

sobre la petición de conexión al generador de referencia, expuso que

la misma era improcedente, no solo por razón de la naturaleza del

apartamiento,    sino,   también,   porque    ello   implicaba   una

modificación a un elemento común, lo cual requería una aprobación

unánime del Consejo. Añadió, a su vez, que, en la alternativa, debía

considerarse el hecho de que el apartamiento comercial de los

Bellver-Hernández se aprovecha del generador eléctrico, al este

servir a las áreas comunes de ambas torres del Condominio. De

igual forma, el Consejo indicó que tampoco existía controversia en

cuanto a que los Bellver-Hernández, sin el consentimiento previo,

expreso y unánime del Consejo, y con conocimiento de que

constituía un acto al margen de la ley, demolieron paredes

comunales, alterando, así, la fachada del Condominio. Al respecto,

el Consejo sostuvo que, en múltiples ocasiones, y de manera

extrajudicial, se les solicitó restituir los elementos acomunes

afectados a su estado original. No obstante, afirmó que el

matrimonio Bellver-Hernández, lejos de cumplir con ello, continuó

persistiendo en sus actuaciones ilegítimas.

      Sobre lo acontecido durante la Asamblea Extraordinaria del

16 de mayo de 2017, el Consejo se reiteró en que ninguna de las

propuestas del matrimonio Bellver-Hernández fue acogida, luego de
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          13

que las mismas fueran debidamente expuestas. Sobre este

particular, y a fin de derrotar las imputaciones en su contra, indicó

que, de la prueba documental anejada al pliego, particularmente de

la transcripción oral de la Asamblea, surgía que los procesos

durante la misma se llevaron a cabo de conformidad con las

exigencias legales y reglamentarias pertinentes. Al amparo de dicha

afirmación, el Consejo expresó que la convocatoria a la Asamblea se

efectuó dentro del término legal dispuesto y gozó de la suficiencia

requerida, ello en cuanto a su contenido. Específicamente, indicó

que la convocatoria de la Asamblea dio la publicidad necesaria a los

asuntos a discutirse, la consideración de la apertura y demolición

de paredes comunales para la instalación de rejillas de ventilación,

un portón y condensadores de aire, así como, también, la conexión

del apartamiento en controversia al generador eléctrico. Al proseguir

en sus argumentos a favor de la validez de la Asamblea, el Consejo,

de igual modo, indicó que, durante la misma, se cumplió con el

quorum    reglamentario     de    participación   requerido,   que   el

matrimonio Bellver-Hernández tuvo amplia oportunidad de explicar

los pormenores de sus propuestas, que las oposiciones respecto a

las mismas estuvieron debidamente fundamentadas y que los

acuerdos alcanzados fueron notificados conforme a ley. De este

modo, el Consejo sostuvo que, dado a que la prueba documental

apoyaba    la   veracidad    de    sus   argumentos,     correspondía

determinarse que no medió conducta arbitraria, caprichosa ni

represiva alguna en contra de los Bellver-Hernández al momento de

rechazarse sus propuestas.

      En su moción, el Consejo también afirmó que, toda vez la

conducta del matrimonio Bellver-Hernández, según establecida por

la prueba, no existía controversia de hechos en cuanto a que la

misma era una constitutiva de temeridad y sujeta a las sanciones

establecidas por el ordenamiento. Al abundar sobre dicho aspecto,
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                                   14

indicó que las constantes violaciones legales y reglamentarias

atribuibles a los Bellver-Hernández, lo obligaron a requerir,

mediante reconvención, la intervención de los tribunales para poder

mitigar los daños causados por las mismas. Sobre dicho particular,

destacó su previa postura en cuanto a que los Bellver-Hernández

conocían de la ilegalidad de sus actos al alterar los elementos

comunes del Condominio mediante remodelaciones y demoliciones

no autorizadas. Añadió que fueron estos quienes, al solicitársele,

extrajudicialmente,      que     devolvieran     las   paredes      comunales

afectadas a su estado original, requirieron la celebración de una

asamblea para que se evaluaran las propuestas que finalmente se

atendieron     en   la   Asamblea      Extraordinaria,      por    lo   que   la

impugnación judicial de los acuerdos resueltos, conjuntamente con

la ilegalidad de sus acciones, evidenciaba su contumacia. Así pues,

a tenor con todo lo expuesto en su Solicitud de Sentencia Sumaria

Parcial, el Consejo requirió que se declararan No Ha Lugar la

impugnación de los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del 16

de mayo de 2017, según lo expuesto en las quinta y séptima causas

de acción de la demanda de epígrafe y se ordenara al matrimonio

Bellver-Hernández restituir los elementos comunes modificados a su

estado original. Igualmente, el Consejo solicitó al Tribunal de

Primera Instancia resolver que los Bellver-Hernández actuaron con

temeridad y, en consecuencia, que les impusiera la obligación de

restituir los honorarios y gastos ocasionados al Consejo, todo en

virtud de lo dispuesto en el Artículo 11.10 del Reglamento, o, en la

alternativa, el pago de una suma por los honorarios realmente

incurridos, no menor de $50,000, todo a tenor con el Artículo 42(e)

de la Ley de Condominios, supra.22

22 El Consejo acompañó su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial con la siguiente

prueba documental: Escritura Matriz del Condominio Quantum Metrocenter;
Reglamento de Administración y Copropiedad del Condominio; Declaración Jurada
del Sr. Kevin González Toro; Carta dirigida al Lcdo. Alejandro Bellver Espinoza de
parte de la Oficina de Administración; Carta dirigida a la Junta del Consejo de
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       El 30 de noviembre de 2020, el matrimonio Bellver-Hernández

presentó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial y

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los Demandantes.23

Arguyó que la moción dispositiva del Consejo era improcedente en

derecho, toda vez que los alegados hechos no controvertidos se

fundamentaban en prueba inadmisible. Específicamente, indicó que

el Consejo apoyó su postura en el contenido de una transcripción

de los procedimientos de la Asamblea Extraordinaria objeto de

impugnación, la cual sostuvo que era prueba de referencia

inadmisible. Además, argumentó que la referida prueba no podía

intimarse como un récord de negocio admisible por excepción, toda

vez que, se preparó con el solo propósito de ser utilizada en el litigio

de autos. Igual señalamiento empleó respecto al Acta de la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, a la Lista de Asistencia a la

misma, y las Minutas de reuniones previas de la Junta de Directores,

en las cuales se dialogó el alcance de las propuestas en disputa.

       Ahora bien, en sus argumentos de oposición, los Bellver-

Hernández sostuvieron que, como alternativa, de entenderse que la

transcripción de los procedimientos de referencia era admisible, la

misma no acreditaba el cumplimiento con las leyes y los reglamentos

aplicables para validar los acuerdos alcanzados respecto al rechazo

de sus propuestas. En específico, indicó que de la transcripción

podía advertirse que las oposiciones a su proyecto no estuvieron

Titulares de parte del Lcdo. Alejandro Bellver Espinoza; Convocatoria Reunión de
Junta de Directores de 28 de marzo de 2017; Minuta de Reunión de Junta de
Directores celebrada el 27 de marzo de 2017; Carta del Lcdo. Ángel R. Rivera De
La Cruz dirigida al Administrador del Condominio Quantum Metrocenter; Carta
dirigida al Lcdo. Alejandro Bellver Espinoza; Minuta Reunión de Junta de
Directores celebrada el 11 de abril de 2017; Carta dirigida a Junta de Directores
del Consejo de Titulares de 11 de abril de 2017; Reporte de Evaluación de
Condiciones Actuales de la Subestación y el Generador existentes; Reporte pericial
del Ing. Juan Requena; Recordatorio Junta de Directores; Minuta Junta de
Directores de 27 de abril de 2017; Convocatoria Asamblea Extraordinaria a
celebrarse el 16 de mayo de 2017; Comunicación de Acción Civil contra el Consejo
de Titulares; Acta de Asamblea de 16 de mayo de 2017; Lista de Asistencia de
Asamblea de 16 de mayo de 2017; Notificación de Acuerdos de Asamblea Ordinaria
2017; Transcripción de Minuta de Asamblea de 16 de mayo de 2017; Fotografías
de las alternaciones; copia del Ground Level Floor Ventilation Plan.
23 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 1219.
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debidamente fundamentadas, hecho que derrotaba la ausencia de

controversia de hechos aducida.

      De igual modo, el matrimonio Bellver-Hernández planteó que

también surgía que los trabajos en la Asamblea estuvieron

revestidos de motivaciones en su contra, así como de información

confusa para los titulares, lo que impidió una consideración

fundamentada de su proyecto. En particular, indicó que existía una

genuina disputa en cuanto a que no se les permitió acreditar su

cumplimiento con los requisitos establecidos por el Comité de

Arquitectura y la Junta de Directores, ni exponer que sus

propuestas contaban con la anuencia de los referidos organismos.

Igualmente, el matrimonio Bellver-Hernández afirmó que la prueba

documental sometida por el Consejo tampoco respaldaba la

procedencia de las alegaciones sobre daños aducidas en la

Reconvención.

      En el pliego, el matrimonio Bellver-Hernández incluyó una

solicitud de sentencia sumaria a su favor. En específico, peticionó

que se declararan Con Lugar la cuarta, quinta y séptima causa de

acción, según expuestas en la demanda de autos, así como que se

proveyera para la desestimación de la Reconvención promovida en

su contra. En su exposición, reputó como incontrovertible el hecho

de que la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017 se

efectuó   mediando      múltiples    incumplimientos      legales    y

reglamentarios que, a su juicio, anulaban lo allí resuelto. Al

abundar, sostuvo que no existía controversia de hechos en cuanto a

que la convocatoria pertinente fue una defectuosa, por haberse

efectuado sin su conocimiento, sin cumplir con las exigencias

procesales aplicables e incluyendo información errónea respecto a

los asuntos por discutirse. Añadió que, de igual modo, la notificación

de los acuerdos allí alcanzados también incumplió con los requisitos
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          17

pertinentes para su validación, por no haber sido notificados

oportunamente.

      Ahora bien, al expresarse en torno a lo específicamente

acontecido en la Asamblea, el matrimonio Bellver-Hernández

reprodujo su contención en cuanto a que el proceso fue uno adverso

en su contra. Sobre dicho particular afirmó que, de conformidad con

la prueba, surgía que se indujo a error a los titulares, ello en cuanto

al alcance de sus propuestas de construcción y remodelación. En

esencia, expresó que su proyecto respecto al apartamiento comercial

en disputa ya había sido discutido con el Comité de Arquitectura del

Condominio y con la Junta de Directores, por lo que, tras contar con

su aval, se comenzó la ejecución del mismo mediante la demolición

de ciertas paredes. Al amparo de ello, los Bellver-Hernández

indicaron que el asunto debió haberse sometido ante los titulares

presentes en la Asamblea, como uno para propósitos de ratificación

de un proyecto ya iniciado, por haber sido considerado de la Junta

de Directores y el Comité de Arquitectura. Sin embargo, sostuvieron

que, lejos de ello, se planteó como una demolición no autorizada de

paredes comunales, hecho que los predispuso en su contra. A su

vez, añadieron que, dado a que la Asamblea en disputa se efectuó

después de la presentación de la demanda original del presente

caso, se aludió a su condición de demandantes en el pleito, lo que

también influyó en que sus propuestas no recibieran respaldo.

      En su petitorio, el matrimonio Bellver-Hernández también

expuso que procedía decretarse la nulidad de la Asamblea celebrada

el 14 de marzo de 2017, ello conforme expuesto en la séptima causa

de acción de su demanda. En cuanto a este particular, arguyó que

los acuerdos resultantes de la misma, particularmente, la

autorización de la remodelación de una de las unidades del

Condominio, fueron producto de una convocatoria defectuosa y de

la falta del quórum legal requerido. En cuanto a este asunto, destacó
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que dado a que desconocía que la remodelación de referencia habría

de ser objeto de discusión en dicha asamblea, se vio impedido de,

durante la misma, presentar ante los titulares los términos de su

proyecto para que fuera considerado.

       Así, a tenor con todo lo antes expuesto, el matrimonio Bellver-

Hernández solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara

sentencia sumaria a su favor, a los efectos de desestimar la causa

de acción sobre daños promovida en su contra mediante

reconvención. A su vez, solicitó que se declararan Con Lugar las

cuarta, quinta y séptima causas de acción de la demanda de

epígrafe, ello en cuanto a: 1) proveer para la conexión del

apartamiento comercial a la cisterna comunal del Condominio; 2)

decretar la nulidad de los acuerdos de la Asamblea del 16 de mayo

de 2017 y, en consecuencia, permitirle la instalación de los

condensadores de aire, del portón y de las rejillas de ventilación

proyectados en su construcción, así como la conexión de la unidad

al generador eléctrico comunal y; 3) decretar la nulidad de la

Asamblea celebrada el 14 de marzo de 2017, así como la notificación

de los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de

2017, con fecha del 1 de junio de 2017. Igualmente, los Bellver-

Hernández solicitaron que se decretara la inadmisibilidad en

evidencia de la transcripción de los procedimientos de la Asamblea

del 16 de mayo de 2017, el Acta y del Listado de Titulares presentes,

y de las Minutas de las reuniones previas de la Junta de Directores.

Finalmente, el matrimonio Bellver-Hernández solicitó al Tribunal de

Primera Instancia que resolviera la temeridad del Consejo y, como

resultado, le impusiera el pago de los honorarios de abogado y

gastos aplicables.24 Entendemos menester destacar que, pese a que

24  El matrimonio Bellver-Hernández acompañó su Oposición a Moción de
Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los
Demandantes con la siguiente prueba documental: 1) Declaración Jurada de
Alejandro Bellver con sus respectivos anejos; 2) Transcripción de deposición del
señor Américo Delgado; 3) Transcripción de deposición del señor Orlando
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el matrimonio Bellver-Hernández afirmó que la transcripción de los

procedimientos de la Asamblea en disputa no era admisible en

evidencia, hizo referencia a la misma para sustentar sus

contenciones.

       Así las cosas, el 5 de febrero de 2021, el Consejo presentó su

Réplica a “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial” y su

Oposición a “Solicitud de Sentencia a favor de los Demandantes”.25

En esencia, arguyó que el matrimonio Bellver-Hernández no

controvirtió de manera, real, sustancial y genuina los hechos

propuestos en su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, toda vez

que no presentaron contradeclaraciones ni evidencia admisible que

permitiera     establecer     controversia     alguna     respecto     a   sus

argumentos.      Añadió, a su vez, que los planteamientos de los

Bellver-Hernández estaban fundados en hechos impertinentes a la

verdadera disputa entre las partes. Igualmente, atinente a la disputa

de autos, el Consejo señaló que, contrario a lo aducido por los

Bellver-Hernández, la impugnación de la Asamblea Extraordinaria

del 16 de mayo de 2017 era improcedente, toda vez que su prueba

estableció que la misma se efectuó de conformidad con las

exigencias establecidas en el Reglamento y aquellas estatuidas en el

Artículo 38C de la Ley de Condominios, supra.26 En principio, para

sustentar su postura, el Consejo afirmó que los Bellver-Hernández,

Hernández Arroyo; 4) Transcripción de deposición de señor Jeshua Rivera
Mercado; 5) Transcripción de deposición del presidente de la Junta de Directores
del Condominio, señor Kevin González Toro; 6) Formulario de Titulares; 7) copia
de Interrogatorio, Contestación a Interrogatorio, objeciones, contestación a
objeciones, y Contestación Suplementaria; 8) Certificación del Municipio; 9)
Expediente presentado ante la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan
relacionado a la remodelación del Apartamiento PH2601; 10) Informe de la
Ingeniero Mildred Pérez; 11) Expediente del Condominio sobre remodelación del
Apartamiento PH2601; 12) Ageing Report de la Asamblea del 14 de marzo de 2017;
13) Lista de asistencia de Asamblea del 14 de marzo de 2017; Informe del
Ingeniero Juan Requena; 14) Copia de correos electrónico intitulados: “Solicitud
Formal de Conexión a la Cisterna”, fechados 22 de diciembre de 2017.
25 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 5217, 5155.
26 El inciso (d) del Artículo 38-C de la Ley de Condominios establece que: “La

oposición a un acuerdo que requiera unanimidad, deberá fundamentarse
expresamente, bien en la asamblea o por escrito, según se dispone en el párrafo
anterior, y en ningún caso podrá basarse en el capricho o en la mera invocación
del derecho de propiedad. La oposición infundada se tendrá por no puesta”. 31
LPRA sec. 1293b-3.
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a pesar de estar presentes en el Asamblea en cuestión, ni

impugnaron los acuerdos, ni actuaron de conformidad dentro del

plazo provisto por ley para ello. A su vez, el Consejo destacó que la

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el 4 de abril de

2019, sostuvo la validez de los acuerdos objeto de litigio, ello en

cuanto al rechazo de las propuestas del matrimonio Bellver-

Hernández para modificar elementos comunes del Condominio. Así,

reafirmó que, la nulidad solicitada, no encontraba respaldo en los

hechos establecidos ni en el derecho aplicable. Del mismo modo, el

Consejo también expresó que tampoco eran procedentes las

alegaciones     sobre    la    inadmisibilidad         en   evidencia    de   la

Transcripción, el Acta y la Lista de Titulares de la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, así como de las Minutas de

las reuniones de la Junta de Directores. Al respecto, expuso que

dicha prueba documental ya había sido considerada y admitida por

el Tribunal de Primera Instancia y por este Foro para resolver

previas controversias entre las partes.27 A su vez, indicó que los

referidos documentos no se presentaron a los fines de demostrar la

verdad de lo aseverado, sino, para establecer la validez, o no, del

proyecto de construcción del matrimonio Bellver-Hernández. Al

proseguir, el Consejo también expresó que, en la alternativa, la

admisibilidad de la transcripción de los procedimientos en

controversia,    distinto     al   raciocinio    del    matrimonio      Bellver-

Hernández, se sustentaba vía la excepción de Récord de actividades

que se realizan con regularidad, contenida en la Regla 805 (F) de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805.28 El Consejo también apuntó el

hecho de que el matrimonio Bellver-Hernández utilizó porciones de

la   Transcripción      que    impugnaba        para    apoyar    los   hechos

27 Véase Hernández v. Consejo De Titulares Del Condominio Quantum Metrocenter,

KLAN201801326.
28 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 5396-5399.
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alegadamente     no   controvertidos    expuestos    en   su   solicitud,

contradicción que le impedía prevalecer en su pretensión.

      El Consejo se reafirmó en que los Bellver-Hernández conocían

que su proyecto de construcción requería la aprobación del Consejo

de Titulares y que, aun así, demolieron y alteraron elementos

comunes del Condominio sin contar con la anuencia debida. Al

abundar, expuso que estos pretendían validar la ilegitimidad de sus

actos, ello al argumentar que, tanto el Comité de Arquitectura, como

la Junta de Directores, conocían y autorizaron su proyecto. Sin

embargo, el Consejo se reafirmó en que dichos organismos no

constituían la autoridad máxima del Condominio, por lo que

estaban impedidos de oponer dicha instancia a su favor. A su vez,

el Consejo nuevamente reprodujo su contención en cuanto a que el

matrimonio Bellver-Hernández conocía la descripción específica y

las características de la unidad comercial en controversia y, aun así,

consintió su adquisición. De este modo, solicitó al Tribunal de

Primera Instancia declarar No Ha Lugar los remedios peticionados

por el matrimonio Bellver-Hernández y proveer para que este

restituyera los elementos comunes afectados a su estado original.

Igualmente, el Consejo se reiteró en su previa súplica, ello en cuanto

a imponer a los Bellver-Hernández el pago de los honorarios y gastos

del pleito, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento del Condominio

o, en la alternativa, el pago de una suma de dinero razonable por

dicho concepto, según lo dispuesto en la Ley de Condominios, supra.

      El 17 de febrero de 2021, el matrimonio Bellver-Hernández

presentó su Réplica y Análisis de Oposición a Moción de Sentencia

Sumaria de los Demandantes.29 En lo atinente, esbozó argumentos

sobre la inadmisibilidad en evidencia de la prueba documental

propuesta por el Consejo, y reiteró que la misma se preparó,

29 Apéndice recurso de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 5479.
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exclusivamente, para fines del litigio de epígrafe. Así, tras manifestar

que el Consejo no logró controvertir los hechos expuestos en su

solicitud sobre sentencia a su favor, el matrimonio Bellver-

Hernández se reiteró en que se adjudicara el pleito a tenor con sus

requerimientos.

      Luego de varias incidencias procesales, el 16 de abril de 2021,

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa,

adjudicando, en virtud de la misma, lo siguiente: Moción de

Desestimación de la Reconvención Enmendada por Falta de

Jurisdicción, presentada el 4 de septiembre de 2020 por el

matrimonio Bellver-Hernández; la Solicitud de Desestimación Parcial

de la Séptima Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada,

re: Asamblea del 14 de marzo de 2017 presentada el 15 de noviembre

de 2018 por el Consejo; la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial

presentada el 10 de julio de 2020 por el Consejo; y la Solicitud de

Sentencia a favor de los Demandantes, presentada el 30 de

noviembre de 2020 por el matrimonio Bellver-Hernández. Tras

entender sobre las mociones dispositivas en controversia y toda la

prueba documental sometida a su consideración, el foro primario

concluyó que, ante sí, se estableció que el Consejo rechazó,

mediante voto mayoritario, y a la luz de un proceso válido, las

solicitudes de demolición, instalación de aires acondicionado y

conexión al generador eléctrico comunal del matrimonio Bellver-

Hernández. El tribunal expuso que su determinación se fundamentó

en el contenido de prueba plenamente admisible que no fue

controvertida por el matrimonio Bellver-Hernández, y que acreditó

que los acuerdos impugnados se tomaron “dentro de un extenso

proceso deliberativo celebrado en una asamblea debidamente

convocada”.30 Al abundar, indicó que, de los hechos probados surgía

30 Apéndice de Apelación KLAN202100499, pág. 7022.
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que la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, no adolecía

de defecto legal alguno que ameritara la anulación del proceso y sus

resultados, toda vez que, según se acreditó, los Bellver-Hernández

tuvieron amplia oportunidad de participar y exponer su argumentos,

ello por sí y a través de su asesora y arquitecta. Igualmente, el

tribunal indicó que la Asamblea contó con el quórum de

participación requerido y que, los acuerdos allí resueltos, fueron

notificados conforme a ley y reglamento.

      Al continuar exponiendo su determinación sobre los procesos

dirigidos en la Asamblea en disputa, el Tribunal de Primera

Instancia indicó que, tal cual planteado por el Consejo, este

constituía   la   autoridad   suprema   en   la   administración   del

Condominio, con facultades, incluso, para impartir directrices a la

Junta de Directores. Expresó que, toda vez ello, los Bellver-

Hernández estaban impedidos de descansar en el hecho de que la

Junta de Directores y el Comité de Arquitectura habían autorizado

su proyecto, toda vez que ninguno de dichos cuerpos ostentaba el

poder de tomar decisiones de tal transcendencia en el inmueble. El

foro sentenciador también concluyó que, según lo establecido por la

prueba, y distinto a los argumentos de los Bellver-Hernández, los

acuerdos alcanzados en la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo

de 2017 no fueron producto de actuaciones caprichosas y represivas

en su contra. En dicho contexto, el Adjudicador señaló que se

demostró que las oposiciones a las propuestas del matrimonio

Bellver-Hernández eran fundamentadas y razonables, hecho que

impedía que las mismas se tomaran por no puestas, tal cual lo

provisto en el Artículo 38C de la Ley de Condominios, supra.

      Ahora bien, en su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia

indicó que, con independencia de lo que el Consejo hubiera

determinado sobre los méritos de las propuestas por los Bellver-

Hernández, la controversia referente a si estos tenían derecho a: (1)
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demoler las paredes comunales; (2) instalar condensadoras de aire

acondicionado; (3) instalar un portón perforado de color blanco; (4)

realizar huecos en paredes comunales para instalar siete rejillas

para ventilación; (5) conectar el apartamiento comercial al generador

eléctrico comunal; (6) en la alternativa, que se le provea una

facilidad comunal para instalar un generador eléctrico, ya había sido

adjudicada de forma final y firme, tanto por los tribunales primarios

como por este Tribunal de Apelaciones. Al respecto, expuso como

sigue.

         […] En particular, ya se habían desestimado las causas
         de acción referentes a la solicitud de Sentencia para que
         se declarara ‘que la demolición de dos paredes, y la
         instalación de un portón y 5 air louvers no debían
         someterse para la aprobación del Consejo de Titulares’,
         así como la solicitud de Sentencia para que se declarara
         que la parte demandante tenía ‘derecho a conectarse a
         las instalaciones comunales del Condominio’. Por lo
         tanto, resulta improcedente reexaminar en esta etapa si
         la parte demandante tenía derecho a lo que solicitó en
         la Asamblea del 16 de mayo de 2017 bajo el fundamento
         de que así lo requeriría la escritura matriz, los planos o
         el reglamento del Condominio Quantum Metrocenter”.31

         A lo anterior, el tribunal primario añadió que era un hecho

incontrovertido que el matrimonio Bellver-Hernández demolió y

perforó elementos comunes del Condominio sin contar con la

anuencia del Consejo de Titulares, así como que adquirió la unidad

en disputa luego de haberla inspeccionado y de mostrarse conforme

con la misma. Así, sostuvo que ello, unido a su determinación en

cuanto a no intervenir sobre un asunto ya adjudicado, era suficiente

para sostener que los acuerdos alcanzados en la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017 no eran contrarios a ley. Así,

declaró Ha Lugar Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada

por el Consejo, a los únicos fines de desestimar las causas de acción

quinta y séptima de la Segunda Demanda Enmendada presentada

por      el   matrimonio    Bellver-Hernández,     relacionadas       a   la

31 Apéndice de Apelación KLAN202100499, pág. 7023-7024.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                           25

impugnación de los acuerdos de la Asamblea. En consecuencia,

ordenó la restitución de los elementos comunes alterados a su

estado original.

      Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia se expresó en

torno a los méritos de la cuarta causa de acción de la Segunda

Demanda Enmendada de los Bellver-Hernández, a saber, la petición

de conexión del apartamiento comercial a la cisterna comunal del

Condominio. En cuanto a ello, determinó que, a pesar de que,

mediante la Sentencia emitida por este Foro el 4 de abril de 2019 en

el KLAN201801326, y en una vista de desacato ulterior, se ordenó

al Consejo a entender sobre dicho asunto en la asamblea más

próxima, nada acreditaba el cumplimiento debido. Toda vez ello,

declaró Ha Lugar la Oposición de Sentencia Sumaria Parcial y

Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de los Demandantes

presentada por los Bellver-Hernández y, a esos fines, ordenó a que

se sometiera ante la consideración del Consejo la solicitud referente

a la conexión de la unidad a la cisterna del Condominio.

      De otro lado, el foro a quo declaró No Ha Lugar las solicitudes

de los comparecientes en cuanto a sus respectivas peticiones para

que se determinara la temeridad, de una o de la otra, y se impusiera

el correspondiente pago por concepto de honorarios de abogado y

gastos del pleito a favor de la parte contraria. A fin se sostener dicha

determinación, el tribunal indicó que, si bien era una conclusión

irrebatible que las obras de demolición en controversia fueron

ilegales por no haber contado con la aprobación del Consejo,

algunos miembros de los organismos oficiales del Condominio, en

cierta forma, toleraron las mismas. Así, el tribunal de instancia

dispuso que, dado a que ambas partes prevalecieron en algunos

aspectos del caso, no procedía resolver que alguna de las partes

incurrió en temeridad para propósito de imponer el pago de
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          26

honorarios de abogado o costas a tenor con la normativa procesal

aplicable y con la Ley de Condominios, supra.

      Finalmente, en su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia

declaró Ha Lugar la Solicitud de Desestimación Parcial de la Séptima

Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada, re: Asamblea

del 14 de marzo de 2017. Ello, a la luz de lo dispuesto en las Reglas

10.2 y 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.

10.2 y 42.2. A su vez, denegó la solicitud de desestimación de la

reconvención presentada por el matrimonio Bellver-Hernández.

      En desacuerdo, ambas partes de epígrafe solicitaron la

reconsideración de lo resuelto, pliegos que, respectivamente, fueron

denegados.

      Inconforme, el 2 de julio de 2021, el Consejo compareció ante

nos mediante el recurso de Apelación KLAN202100499.                En el

mismo, expuso los siguientes señalamientos:

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
      coincidir   que    los    Bellver   están    obligados
      contractualmente a cumplir con el Reglamento del
      Condominio Quantum Metro Center cuando no hay
      discreción para eximirlos del pago de costas, gastos y
      los honorarios de abogado al incumplir con las normas
      del Reglamento del Condominio Quantum Metro
      Center.

      Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no concluir
      que los Bellver incurrieron en temeridad, procedía
      imponer una partida de honorarios bajo el Artículo 42
      (e) de la Ley de Condominios y la Regla 44.1 (d) de
      Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), y
      procedía la indemnización en daños.

      Por su parte, en igual fecha, el matrimonio Bellver-Hernández

presentó el recurso de Apelación KLAN202100502 y planteó lo

siguiente:

      Erró el TPI al concluir que la transcripción es admisible.

      Erró el TPI al desestimar la impugnación de la Asamblea
      del 16 de mayo de 2017.

      Erró el TPI al desestimar por academicidad la
      impugnación de la Asamblea del 14 de marzo de 2017.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          27

      Mediante Resolución del 3 de agosto de 2021, este Tribunal

ordenó la consolidación de los recursos de epígrafe.

      Habiendo entendido sobre los voluminosos expedientes que

nos ocupan y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a expresarnos.

                                  II

                                  A

      La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 36.1, permite a una parte que solicite un remedio presentar una

moción para que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la

totalidad o cualquier parte de esta. Así, el tribunal podrá dictar

sentencia sumaria parcial para resolver cualquier controversia que

sea separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R.

36.3; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 25 (1986). Este

mecanismo procesal es un remedio de carácter extraordinario y

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos

materiales y esenciales de la causa que trate. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al, 208 DPR 964, 979 (2022); Rodríguez García v. UCA,

200 DPR 929, 940 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR

664,676 (2018). Un hecho material es “aquel que puede alterar el

resultado    de   la    reclamación     de   acuerdo     al   derecho

aplicable.” Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al, supra, pág. 980. De

este modo, y debido a la ausencia de criterios que indiquen la

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en

su fondo. Universal Insurance Company y otro v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y Otros, 2023 TSPR 24, 211 DPR __ (2023);

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41(2020); Luan Invest.

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665(2000).
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                         28

      La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales y fomenta

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan

nuestro ordenamiento jurídico. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al,

supra, págs. 979-980; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332

(2004).   Por   tanto,   la   sentencia   sumaria permite   la   pronta

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial. Así pues,

esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la

demanda y falte solo disponer de las controversias de derecho

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 676; Vera

v. Dr. Bravo, supra, pág. 334; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins.

Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).

      En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que,

como norma, el uso del mecanismo procesal de la sentencia

sumaria para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre

otros, el mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de

intención o de propósitos mentales. Segarra Rivera v. Int’l Shipping

et al, 980, supra. Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean

parte de la causa sometida a la consideración del juzgador de

hechos, la doctrina valida la práctica de disponer de la misma por

la vía sumaria cuando, de un examen de las particularidades del

caso, surge que no existe controversia de los hechos materiales del

mismo. Íd; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010).

      Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de

hechos. Rodríguez García v. UCA, supra; Roig Com. Bank v. Rosario

Cirino, 126 DPR 613,617 (1990). Lo anterior responde a que todo

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                                 29

de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v. Sucn.

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). Por ese motivo, previo a

utilizar   dicho   mecanismo,      el       tribunal   deberá   analizar   los

documentos que acompañan la correspondiente solicitud junto con

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros

documentos que obren en el expediente del tribunal.                   Iguales

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de

Primera Instancia emitido sumariamente. Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al, supra, 981-982; Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, 193 DPR 100, 114 (2015); Vera v. Dr Bravo, supra, pág.

334.

                                        B

       Por su parte, el régimen de propiedad horizontal es una

institución jurídica sui generis, consistente en el dominio exclusivo

de una unidad inmueble que “coexiste con un condominio forzoso e

inseparable de elementos comunes.” Bravman, González v. Consejo

de Titulares, 183 DPR 827, 844 (2011), citando a Arce v. Caribbean

Home Const. Corp., 108 DPR 225 (1978), en la pág. 236.                     Su

principio rector es garantizar a los titulares el disfrute de la

propiedad individual. De ahí que, la Ley de Condominios, Ley Núm.

104 de 25 de junio de 1958, sec. 1291 et seq, según enmendada32,

reconoce al titular de un apartamiento sometido al régimen de

propiedad horizontal, el derecho al pleno disfrute de este y de las

áreas comunes, ello sin menoscabo de los derechos ajenos. Así pues,

el estado de derecho en esta materia propende a la sana convivencia

entre condóminos, mediante la conciliación de los derechos y

32 Advertimos que la Ley Núm. 104, supra, quedó derogada mediante la
aprobación de la actual Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020, 31
LPRA § 1921 et seq. No obstante, por ser el estatuto vigente al momento de
acontecidos los hechos, haremos referencia a los términos de la Ley Núm. 104,
supra.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                        30

prerrogativas involucrados. Junta de Dir. Cond. Montebello v.

Torres,138 DPR 150 (1995).

      Un inmueble solo puede ser sometido al régimen de propiedad

horizontal mediante la constitución de una escritura pública,

conocida como escritura matriz, que debe ser inscrita en el Registro

de la Propiedad. Consejo de Titularles v. Vargas, 101 DPR 579, 582

(1973). La escritura matriz es una de las fuentes de obligación más

importantes para los condóminos y gobierna el régimen, siempre

que sus disposiciones no sean contrarias a la ley, la moral o el orden

público. Por ello, se ha determinado que la escritura matriz “es una

especie de acuerdo privado al cual se adhieren los titulares cuando

compran sus respectivos apartamentos” y que forma un estado de

derecho que, a su vez, habrá de ser aceptado por los sucesivos

titulares en la medida en que se transfiera la titularidad de las

unidades sometidas al régimen. Bravman, González v. Consejo de

Titulares, supra, pág. 845.    La escritura matriz debe detallar, de

manera clara y precisa, la descripción de cada apartamiento.

Además, debe precisar el uso y destino de los elementos comunes.

31 LPRA sec. 1291; Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154 DPR

225, 235 (2001).

      Ahora bien, y atinente a lo que nos ocupa, toda vez que los

elementos comunes de un inmueble circunscrito al régimen de

propiedad horizontal pertenecen a todos los titulares en indivisión

forzosa, su destino y uso estará sujeto a los cambios que, por

unanimidad, acuerden sus dueños. 31 LPRA sec. 1291; Bravman,

González v. Consejo de Titulares, supra. Los elementos comunes

pueden   clasificarse   como   necesarios   o   voluntarios. Bravman,

González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 848; Consejo de

Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 335. Los elementos

comunes necesarios, son aquellos indispensables para el disfrute de

la propiedad privada de los apartamientos. Bravman, González v.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                         31

Consejo de Titulares, supra, pág. 848. Los mismos están destinados

al uso y disfrute de todos los propietarios conforme su destino y no

son susceptibles de propiedad individual, toda vez que ello resultaría

incompatible con el buen funcionamiento del condominio. 31 LPRA

1291i(a); Íd. Por tal razón, el ordenamiento jurídico entiende que,

sin ellos, “resultaría inasequible el adecuado disfrute de los

apartamientos”. Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 184 DPR 1,

12 (2011). Sobre los elementos comunes necesarios, el Artículo 11

de la Ley de Condominios, supra, dispone como sigue:

      […]

      (a) Se consideran elementos comunes generales
      necesarios, no susceptibles de propiedad individual por
      los titulares y sujetos a un régimen de indivisión
      forzosa, los siguientes:

      […]

      (2) Los cimientos, paredes maestras y de carga, techos,
      galerías escleras, y vías de entrada y salida o de
      comunicación.

      […]

      (7) Un generador de energía eléctrica que supla la
      demanda de áreas comunes, o comunes y privadas,
      haciendo uso de infraestructura eléctrica del
      condominio, como un elemento común general
      voluntario. En caso de que se cambie un generador de
      energía eléctrica que solo supla las áreas comunes a un
      generador de energía eléctrica que tenga la capacidad
      de suplir las áreas comunes y las áreas privadas de los
      apartamientos individuales, no se considerará como
      una mejora, y requerirá el consentimiento de dos
      terceras (2/3) partes de los titulares.

      (8) Cualquier otro elemento que fuere indispensable
      para el adecuado disfrute de los apartamientos en el
      inmueble.

      […].

      31 LPRA sec. 1291i.

      Por otra parte, son elementos comunes voluntarios aquellos

que no son imprescindibles para el disfrute adecuado de la

propiedad individual. En consecuencia, los mismos pueden ser

atribuidos a uno o varios titulares en particular. Cestero Aguilar v.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                        32

Jta. Dir. Condominio, supra, pág. 12.        Por tanto, se permite,

entonces, la transformación de un elemento común en uno privado

con el consentimiento unánime de los titulares. Bravman, González

v. Consejo de Titulares, supra, pág. 849.

                                  C

      De otro lado, en el régimen de propiedad horizontal, “[e]l

titular individual es responsable, principalmente de su propio

apartamento, que le pertenece privativamente como cualquier otra

finca sujeta a derechos reales como el de propiedad”. Colón Ortiz v.

Asoc. Cond. B.T. I, 185 DPR 946, 960 (2012). Sin embargo, [e]n

cuanto al uso y mantenimiento de los elementos comunes, así como

los asuntos generales relacionados con la vida del condominio, la

responsabilidad recae sobre toda la comunidad”. Íd. En la

consecución de ello, la Ley de Condominios, supra, propone el

Consejo de Titulares como el organismo integrado por la totalidad

de los titulares individuales, con personalidad jurídica propia, que

constituye la autoridad suprema sobre la administración del

inmueble. 31 LPRA sec. 1293b; Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T. I,

supra. Así, constituye el cuerpo rector y deliberativo, con dominio

sobre las áreas comunes del lugar y limitado solo por lo dispuesto

en la Ley de Condominios, la escritura matriz y el reglamento

adoptado por el consejo. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera,

184 DPR 407, 417 (2012); DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, 169

DPR 586, 594 (2006).

      De conformidad con los términos de la Ley de Condominios,

supra, el Consejo de Titulares deber reunirse, al menos, una vez al

año para aprobar los presupuestos y cuentas, y, en otras ocasiones,

mediante convocatoria del Presidente de la Junta de Directores. 31

LPRA sec. 1293b-1. Toda convocatoria debe estar firmada por la

persona o personas que convoquen, y habrá de indicar los asuntos

a discutirse, la hora, el día y el lugar de la reunión. De igual modo,
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          33

se hará por escrito, entregándose en el apartamiento perteneciente

a cada titular, o por medio de carta certificada, o vía correo

electrónico, esto siempre que medie la autorización previa del titular.

Íd.

      Por su parte, las resoluciones y acuerdos del Consejo de

Titulares adoptados en asambleas debidamente convocadas y

constituidas son de cumplimiento ineludible para todos los

titulares, ocupantes o residentes y demás personas que se

relacionen con el condominio. 31 LPRA sec. 1293b. No obstante ello,

y en lo aquí concerniente, la Ley de Condominios, supra, permite la

impugnación de los acuerdos tomados por el Consejo. A tales

efectos, el Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra, dispone;

      Los acuerdos del Consejo de Titulares y las
      determinaciones, omisiones o actuaciones del Director
      o de la Junta de Directores, del titular que somete el
      inmueble al régimen que establece esta Ley, durante el
      período de administración que contempla el Artículo
      36-A, del Presidente y del Secretario, concernientes a la
      administración de inmuebles que no comprendan
      apartamientos destinados a vivienda o de titulares de
      apartamientos no residenciales en los condominios en
      donde exista por lo menos un apartamiento dedicado a
      vivienda, serán impugnables ante el Tribunal de
      Primera Instancia por cualquier titular que estimase
      que el acuerdo, determinación, omisión o actuación en
      cuestión es gravemente perjudicial para él o para la
      comunidad de titulares o es contrario a la ley, a la
      escritura de constitución o al Reglamento a que hace
      referencia el Artículo 36. […].

      31 LPRA sec. 1293(f).

      Ahora bien, el Artículo 38C de la Ley de Condominios, supra,

expresamente dispone que, toda oposición “a un acuerdo que

requiera unanimidad, deberá fundamentarse expresamente, bien en

la asamblea o por escrito”, sin que la misma se funde en capricho

alguno o en la mera invocación del derecho de propiedad, por lo que,

“toda oposición infundada, se tendrá por no puesta”. 31 LPRA sec.

1293b-3(d).
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                             34

                                   D

      Siguiendo lo dispuesto por la Ley de Condominios, supra, la

Escritura Matriz del Condominio Quantum Metrocenter establece el

uso y destino de los elementos comunes del inmueble. Asimismo, en

su párrafo diez (10), dispone que el Condominio no contará con

elementos comunes limitados.33 En cuanto a los elementos comunes

generales, establece que estos se mantendrán en “indivisión forzosa

y no podrán ser objeto de la acción de división de la comunidad”.34

Específicamente, en el inciso cinco (5) del referido párrafo, establece

que constituirán elementos comunes generales “]l]a maquinaria de

bombeo de agua potable y agua de sistema de riego contra incendio

y demás instalaciones para el servicio común de todos los

apartamientos, al igual que la cisterna y el generador para casos de

emergencia”.35 Más adelante, en la sección intitulada “Disposiciones

Requeridas Sobre Energía Eléctrica”, la Escritura establece, que el

generador eléctrico proveerá servicio a las áreas comunes y a los

apartamentos. Esta disposición no provee ningún tipo de distinción

entre apartamentos residenciales y apartamentos comerciales.36 De

otro lado, el párrafo veinticinco (25) de la Escritura Matriz establece

que   todo   propietario,   ocupante    o   persona   que     utilice   las

instalaciones del Condominio, estará sujeto a la ley, la Escritura

Matriz y el Reglamento.37

      Por su parte, el Reglamento de Administración y Copropiedad

del Condominio Quantum Metrocenter, en su preámbulo establece

que, “[t]anto el Consejo como la Junta de Directores, deben

propiciar, mediante sus acciones, el disfrute de la propiedad privada

sobre el apartamiento de cada titular y que la administración de las

áreas y haberes comunes del edificio se realiza para lograr el pleno

33 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 663.
34 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 659.
35 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 661.
36 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 789.
37 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 795.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                         35

disfrute de este derecho”.38 Mientras, el Artículo 1.4 del Reglamento,

dispone que “[t]odos los titulares presentes y futuros, arrendatarios,

o cualquier persona que utilice o visite el edificio, incluidos los

empleados, clientes o suplidores, tendrán que atenerse a las normas

establecidas por [el] Reglamento y las disposiciones de la Escritura

Matriz”.39

      En lo referente a la celebración de Asambleas Extraordinarias,

el Artículo 4.5 del Reglamento establece que el Presidente, por sí

solo, puede convocar una sesión extraordinaria. Más adelante, el

mismo Artículo establece que “bastará con notificar la convocatoria

a cada titular en su apartamento, o a Titulares, con 120 horas de

anticipación”.40 Dicha convocatoria deberá ser firmada por el

Presidente o, en ausencia de este, por el Vicepresidente. Ahora bien,

si convoca una mayoría de los directores, todos deberán firmarla.41

“La comparecencia de un titular a la asamblea, por sí o por

apoderado, implica que fue debidamente convocado”.42

      En cuanto al quórum, el Reglamento establece que este se

constituirá con una tercera parte de todos los titulares con derecho

al voto, por sí o por representante. Ahora bien, el Artículo 4.15 del

Reglamento dispone que los titulares que adeuden:

      [T]res (3) o más mensualidades consecutivas de cuotas
      de mantenimiento o dos (3) mensualidades y un plazo
      de una derrama o que adeude[n] una tercera parte de
      una derrama, de cualquiera de sus apartamientos,
      quedará temporeramente privado del derecho a votar o
      a decidir sobre cualquier asunto que le competa al
      Consejo de Titulares, incluidos aquellos que requieran
      el consentimiento unánime.43

                                   E

      De otro lado, en materia de derecho probatorio, es prueba de

referencia toda declaración que no sea la que un declarante

38 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 799.
39 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 800.
40 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 804.
41 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 804.
42 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 804.
43 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 806.
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proponga en el juicio o vista de la que trate y que se ofrece con el

propósito de probar la verdad de lo aseverado. Regla 801 (c) de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801 (c). Como norma, y salvo que otra

cosa se disponga por ley, la prueba de referencia es inadmisible en

evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 804. La referida norma de exclusión

está predicada en razones de la confiabilidad de la evidencia

esperada en el curso de disponer de los hechos adjudicativos en

controversia y la violación al derecho de confrontación según

consignado en la Constitución de Estados Unidos y la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.        En virtud de esta

premisa, la doctrina interpretativa pertinente reconoce que la

admisibilidad de prueba de referencia afecta cuatro áreas de vital

importancia en la disposición de determinado asunto, a saber: 1)

narración precisa del evento de que trate; 2) percepción del evento;

3) recuerdo del evento y; 4) sinceridad del declarante. Toledo

Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 259 (1992). Así, a tenor

con lo anterior, resulta correcto afirmar que, por lo general, la

admisibilidad de prueba de referencia, en lugar de la presentación

de un testimonio en corte, conlleva graves implicaciones respecto a

la exactitud y valor probatorio de la información que mediante la

misma se provee.

      Ahora bien, la doctrina antes expuesta no es absoluta. En lo

pertinente, la Regla 805 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805,

permite la admisibilidad de cierta prueba de referencia, aun cuando

el declarante esté disponible como testigo, si median determinadas

circunstancias     que   le   arroguen   suficientes   garantías   de

confiabilidad. Específicamente, la Regla 805 (F), respecto a los

Récords de actividades que se realizan con regularidad, dispone

como sigue:

              Un escrito, informe, récord, memorando o
              compilación de datos -en cualquier forma-
              relativo a actos, sucesos, condiciones, opiniones
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            o diagnósticos que se hayan preparado en o cerca
            del momento en que éstos sugirieron, por una
            persona que tiene conocimiento de dichos
            asuntos, o mediante información transmitida por
            ésta si dichos récords se efectuaron en el curso
            de una actividad de negocios realizada con
            regularidad, y si la preparación de dicho escrito,
            informe récord, memorando o compilación de
            datos se hizo en el curso regular de dicha
            actividad de negocio, según lo demuestre el
            testimonio de su custodio o de alguna otra
            persona testigo cualificada, o según se demuestre
            mediante una certificación que cumpla con las
            disposiciones de la Regla 902(k) de este apéndice
            o con algún estatuto que permita dicha
            certificación, a menos que la fuente de
            información, el método o las circunstancias de su
            preparación, inspiren falta de confiabilidad. El
            término “negocio”, según se utiliza en este inciso,
            incluye, además de negocio propiamente, una
            actividad gubernamental y todo tipo de
            institución, asociación, profesión, ocupación y
            vocación, con o sin fines de lucro.

            32 LPRA Ap. VI, R. 805 (F).

      La doctrina reconoce que los fundamentos de la referida

excepción, “descansan en razones de necesidad, confiabilidad,

experiencia y en el carácter rutinario del proceso.” Muñiz Noriega v.

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010); H.R. Stationery, Inc. v. ELA,

119 DPR 129,137 (1987). Por tanto, el récord cuya admisibilidad se

pretenda, debe cumplir con las exigencias establecidas por el

ordenamiento, a fin de soslayar la norma general de exclusión.

                                 F

      De otra parte, como norma, los tribunales solo están llamados

a atender asuntos de carácter justiciable. Amador Roberts et als. v.

ELA, 191 DPR 268, 282 (2014). La doctrina de justiciabilidad exige

la adjudicación de casos o controversias genuinas entre partes

opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo, así, la

intervención   oportuna    y    eficaz    de   los   tribunales. Asoc.

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011); López

Tirado et al. v. Testigos de Jehová; 177 DPR 893, 907-908

(2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554, 558-559 (1958).             Este
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principio constituye una autolimitación al ejercicio del Poder

Judicial de arraigo constitucional y persigue el fin de evitar que se

obtenga   un   fallo   sobre   una    controversia     inexistente,   una

determinación de un derecho antes de que el mismo sea reclamado

o una sentencia en referencia a un asunto que, al momento de ser

emitida, no tendría efectos prácticos sobre la cuestión sometida. San

Gerónimo Caribe Proyect v. A.R.PE., 174 DPR 640, 652 (2008); E.L.A.

v. Aguayo, supra, 584. Así pues, el ejercicio válido del poder judicial

sólo se justifica si media la existencia de una controversia real y

sustancial. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 251 (2001).

      En virtud de lo anterior, se reconoce la doctrina de la

academicidad      como     una       vertiente   del      principio    de

justiciabilidad. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). Como

norma, un caso es académico “cuando ocurren cambios durante el

trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta

pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el

tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa

controversia.” C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935

(1993). De esta forma, los cambios fácticos acaecidos durante el

cauce de determinado caso que tornen en ficticia su solución tienen

el efecto de privar de jurisdicción al foro judicial. Super Asphalt v.

AFI y otro, 206 DPR 803, 816 (2021). Por tanto, para que se pueda

evaluar los méritos del caso, la controversia debe estar viva aun en

las etapas de apelación o revisión. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR

836 (1999). Ante ello, es preciso concluir que el propósito de esta

norma es evitar el uso inadecuado de los recursos judiciales y obviar

la creación de precedentes innecesarios. P.N.P. v. Carrasquillo, 166

DPR 70, 75 (2005).

                                        G

      Finalmente, la temeridad constituye aquel patrón de conducta

que lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                             39

cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales y

que afecta la sana administración de la justicia. Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 2126 (2013); Blás v. Hosp.

Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR

556 (1994). Una parte ha incurrido en temeridad cuando está

presente alguna de las siguientes circunstancias: 1) contestar una

demanda     y       negar       responsabilidad   total;   2)   defenderse

injustificadamente de la acción en su contra; 3) creer que la

cantidad reclamada es exagerada y que tal sea el único motivo por

el cual se opone a las alegaciones del demandante, pudiendo limitar

la controversia a la fijación de la correspondiente cuantía; 4)

incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende su

responsabilidad y; 5) negar un hecho cuya veracidad conste. Blas

v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 335-336; Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).

      Una vez un tribunal con competencia determina que se ha

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de

honorarios de abogado. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR

760, 778 (2016). Al respecto, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue:

      .         .           .       .      .       .       .       .

      (d) Honorario de Abogado - En caso de que cualquier
      parte o su abogado o abogada haya procedido con
      temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en
      su sentencia al responsable el pago de una suma por
      concepto de honorarios de abogado que el tribunal
      entienda correspondan a tal conducta. En caso de que
      el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
      municipios, agencias o instrumentalidades haya
      procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
      imponerle en su sentencia una suma por concepto de
      honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté
      expresamente exento por ley del pago de honorarios de
      abogado.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                       40

      El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal

la intención de establecer una penalidad a un litigante perdidoso

que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito. SLG González-Figueroa v. SLG et al.,

209 DPR 138, 148 (2022): Torres Montalvo v. Gobernador ELA,

supra, pág. 778, citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179

DPR 503, 520 (2010). De ahí que, como regla general, establecida la

concurrencia de tal conducta, la condena de honorarios resulta ser

imperativa. Así, el juzgador tendrá que adjudicar el monto

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello

mediante el ejercicio de su sano juicio. Siendo así, la determinación

que en su día emita sólo será objeto de revisión si ha mediado abuso

de discreción en el ejercicio de su ministerio. Colón Santos v. Coop.

Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008).

      Por su parte, el Artículo 42 (e) de la Ley de Condominios,

supra, también contempla el ámbito de la imposición del pago de

honorarios de abogado en caso de una reclamación al amparo de

sus términos. Al respecto, reza como sigue:

      […]

       (e) El foro de instancia en el que se diluciden las
       querellas o acciones presentadas por los titulares o por
       el Consejo de Titulares le impondrá a la parte que
       hubiese procedido con temeridad el pago de los gastos
       del pleito o de la querella, así como el pago de una
       suma razonable por los honorarios de abogados en que
       realmente hubiese incurrido la parte que obtuvo el
       remedio solicitado. Sólo mediante la renuncia expresa
       de la parte vencedora podrá dispensarse a la otra parte
       del pago de honorarios.

       El titular que prevalezca en cualquier reclamación de
       su querella no tendrá que contribuir a los honorarios o
       gastos legales en que incurra la Junta o el Consejo de
       Titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera
       imponérsele a la parte querellada.

       31 LPRA sec. 1293f (e).
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                           41

      De otro lado, apuntamos que, en el contexto particular que

atendemos, el Reglamento, en su Artículo 11.10, haciendo referencia

directa al contenido de la Escritura Matriz del Condominio, estatuye

las prohibiciones a las que quedan sujetos los titulares de las

unidades de apartamiento pertinentes. En específico, respecto al

uso de las áreas comunes, expresamente dispone que queda

prohibido, entre otras restricciones, “cerrar, individualizar o de

cualquier forma cambiar la estructura, fachada o el diseño de las

áreas comunes”.    Art. 11.10 B(1)(b), Reglamento. Al respecto, se

dispone que el incumplimiento de las normas dispuestas:

       […] [d]ará lugar a que El Condominio, por conducto de
       sus organismos oficiales, tome las acciones correctivas,
       legales y/o judiciales que correspondan en ley contra
       el titular y/o los ocupantes del inmueble, siendo por
       cuenta del titular las costas gastos y los honorarios de
       abogado que tal gestión conlleve. […] .

      Cónsono con lo anterior, el Artículo 12.4 del Reglamento,

también estatuye la obligación del pago de gastos y honorarios de

abogado a todo titular que promueva acciones frívolas o temerarias

en contra del Consejo de Titulares.

                                  III

      En la presente causa consolidada, el matrimonio Bellver-

Hernández plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia al

dictar sentencia sumaria en el caso y, en consecuencia, al sostener

la validez de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017.

En esencia, aduce que la determinación del foro sentenciador se

fundamentó en prueba inadmisible en evidencia, hecho que impedía

al Juzgador descansar en la misma para acoger la postura del

Consejo. A su vez, plantea que, el foro a quo incidió al no considerar

que la Asamblea en disputa se efectuó en contravención a las

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y que las

oposiciones   a   sus     propuestas    no    estuvieron     debidamente

fundamentadas,     sino    que   fueron      producto   de   actuaciones
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arbitrarias, caprichosas y represivas atribuibles al Consejo.

Igualmente, en su recurso, el matrimonio Bellver-Hernández afirma

que el tribunal sentenciador erró al desestimar su causa de acción

sobre nulidad de la Asamblea del 14 de marzo de 2017, bajo el

fundamento de academicidad.

      Por su parte, el Consejo alega ante nos que el Tribunal de

Primera Instancia erró al no concluir que el matrimonio Bellver-

Hernández está obligado al pago de las costas y gastos del pleito, así

como a los honorarios de abogado. En apoyo a su afirmación,

sostiene que era un hecho establecido que las demoliciones

efectuadas por los Bellver-Hernández eran ilegales y violatorias a las

disposiciones del Reglamento de Administración y Propiedad del

Condominio. En apoyo a su postura, afirma que, en virtud de dicho

cuerpo normativo, estos estaban contractualmente obligados a

satisfacer las referidas partidas. Así, el Consejo aduce que la

imposición de las mismas no era discrecional, sino, mandatoria.

      Habiendo examinado los planteamientos de ambas partes de

epígrafe, a la luz de la abundante prueba documental que ante nos

obra y del derecho aplicable, resolvemos modificar la Sentencia

apelada y, así, confirmar la misma.

      Tras ejercer nuestras funciones revisoras, coincidimos con

que, en el presente caso, en efecto concurren las condiciones

procesales propias a la eficacia del mecanismo adjudicativo

empleado por la sala sentenciadora. Sin embargo, intimamos que,

con respecto a ciertos de los asuntos, el Tribunal de Primera

Instancia se apartó de la norma que dispone de los hechos

debidamente establecidos ante sí. Nos explicamos.

      En su primer señalamiento, el matrimonio Bellver-Hernández

reputa como prueba de referencia la transcripción de los procesos

durante la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, según

sometida por el Consejo como anejo a su petición de sentencia
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                              43

sumaria. En particular, aduce que la misma incumple con los

criterios pertinentes para validar su admisibilidad en evidencia, así

como,    también,   con    aquellos   que,   por   vía   de   excepción,

propenderían para ello. En específico, los Bellver-Hernández

sostienen que la admisibilidad de la transcripción en disputa,

contrario a lo afirmado por el Consejo, no puede sostenerse en lo

dispuesto en la Regla 805 (F) de Evidencia, supra, sobre Récords de

actividades que se realizan con regularidad. En apoyo a su

afirmación, expresan que la misma se preparó exclusivamente para

propósitos del litigio de autos, y no como parte del curso ordinario

de la actividad relacionada a las funciones arrogadas al Consejo.

        Al entender sobre el referido señalamiento, pudimos advertir

que, en efecto, nada en el expediente de autos acredita que el

Consejo tuviera como práctica ordinaria de sus actividades realizar

transcripciones de las asambleas de titulares. Si bien surge que,

para autenticar la transcripción en controversia, el Consejo

acompañó la misma con una certificación y una declaración jurada

suscrita por el Presidente de la Junta de Directores, acreditando el

alegado cumplimiento de los requisitos estatuidos en la Regla 805

(F) de Evidencia, supra, así como en la Regla 902 (K) de dicho cuerpo

normativo, 32 LPRA Ap. V, R. 902 (K), la prueba no sostiene que la

regularidad de la preparación de transcripciones. Distinto es el caso

de las minutas y las actas de reuniones y asambleas, respecto a los

cuales, de acuerdo con la evidencia que obra ante nos, el Consejo

tenía como rutina administrativa preparar. 44 En consecuencia, por

no concurrir los criterios probatorios pertinentes, el Tribunal de

Primera Instancia erró al admitir en evidencia la Transcripción de la

Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017.

44 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 900, 909, 960.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                                   44

       No obstante ello, aclaramos que lo anterior no incide sobre la

validez de la Asamblea en disputa. Aun cuando la transcripción de

referencia no debió haber constituido prueba en contra del

matrimonio Bellver-Hernández, evidencia adicional en el expediente

avala la disposición sumaria del presente caso. Al examinar la

evidencia que sustenta la solicitud de sentencia sumaria del

Consejo, pudimos advertir la existencia de múltiples documentos

admisibles, no controvertidos, que acreditan los trámites previos,

coetáneos y posteriores a la Asamblea Extraordinaria, los cuales

derrotan los argumentos de índole procesal planteados por el

matrimonio Bellver-Hernández.45 En específico, surge que: (1) la

convocatoria de la Asamblea Extraordinaria del 16 de mayo de 2017,

se envió mediante correo electrónico, el 5 de mayo de 2017,

entiéndase, a diez (10) días, o 240 horas, previo a la celebración de

la Asamblea, ello con expresión de los asuntos a dilucidarse;46 (2)

sesenta (60) titulares asistieron a la Asamblea, esto es, se excedió el

quórum necesario de 1/3 de los titulares con derecho al voto;47 (3)

los acuerdos se notificaron oportunamente, el 1 de junio de 2017,

mediante carta certificada por la secretaria de la Junta de Directores

y expresamente se hizo constar el resultado de los acuerdos

alcanzados, ello en referencia directa a los asuntos objeto de

discusión.48 Resulta menester destacar que es un hecho indefectible

el que el matrimonio Bellver-Hernández asistió a la Asamblea, acto

que contradice sus argumentos en contra de la eficacia de la

convocatoria pertinente. Ello así, puesto que, de conformidad con

45 Véase Acta Asamblea de mayo de 2017; Lista de Asistencia de Asamblea de 16

de mayo de 2017; Notificación de Acuerdos Asamblea Ordinaria 2017, Apéndice
de Apelación KLAN202100502, págs. 977 – 1017.
46 El Reglamento requiere que se efectúe, por lo menos, 120 horas previo a la

celebración de la Asamblea Extraordinaria. Véase Apéndice de Apelación
Enmendado KLAN202100502, pág. 804.
47 Al momento de la Asamblea Extraordinaria, el total de titulares con derecho al

voto era 143, ya que 13 de los 156 titulares del Condominio se encontraban
morosos y, por ende, sin derecho al voto. Asistieron sesenta (60) titulares. Véase
Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, págs. 994-1007.
48 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100502, pág. 1013.
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          45

la Regla 4.8 del Reglamento, la asistencia de un titular a una

asamblea extraordinaria, por sí, o por proxi, implica su conformidad

con la convocatoria de que trate. Siendo de este modo, su contención

respecto a la eficacia de la convocatoria de la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017 nos parece inoficiosa.

      Por su parte, y en el contexto procesal aquí en discusión, a fin

de sostener que la Asamblea Extraordinaria de referencia se apartó

de las disposiciones de ley y reglamento aplicables, el matrimonio

Bellver-Hernández añade que la denegatoria a sus propuestas

resultó de actuaciones arbitrarias, caprichosas y represivas

atribuibles al Consejo. En esencia, indicó que el Consejo predispuso

a los titulares en su contra, hecho que redundó en que ninguno

avalara su proyecto. A su vez, sostiene que ninguna de las

oposiciones estuvo adecuadamente fundamentada. Sin embargo,

nada en la prueba que hemos examinado, sustenta sus alegaciones,

por lo que su postura carece de apoyo fáctico para derrotar la

corrección de lo resuelto. Por el contrario, lo que acredita la prueba

documental que obra ante nuestras funciones revisoras, es la

expresa admisión de los Bellver-Hernández en cuanto a haber

demolido y alterado elementos comunes generales del Condominio,

sin el consentimiento del Consejo de Titulares, única entidad con

facultad para autorizar la disposición de los mismos. A su vez,

también surge el hecho de que, durante la Asamblea, pudieron

exponer, por sí y a través de su arquitecta, el alcance de su proyecto,

el cual, conforme se estableció, quedó derrotado por votación

mayoritaria de los presentes. Siendo de este modo, y en clara

ausencia de evidencia respecto a la conducta imputada al Consejo

por el matrimonio Bellver-Hernández, ninguna causa ilegítima

medió durante el proceso deliberativo llevado a cabo en la Asamblea.

      Ahora bien, en cuanto a si los Bellver-Hernández, tenían, o no

derecho a prevalecer en los méritos de la impugnación que
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                          46

promovieron respecto a los acuerdos tomados en la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, diferimos del Tribunal de

Primera Instancia en cuanto a la aplicación de la doctrina de cosa

juzgada. Del abundante trámite procesal del caso, no surge que, en

momento alguno se haya pasado juicio sobre la legalidad de los

acuerdos en disputa, médula sustantiva en la reclamación del

matrimonio Bellver-Hernández. Por tanto, no existe dictamen

anterior   alguno      que   pueda   ser   oponible   al   asunto   cuya

consideración se sometió al escrutinio del foro primario. En

específico, los Bellver-Hernández cuestionaron la legitimidad del

rechazo a sus propuestas de construcción, así como, también, de la

negativa de proveer a su unidad de apartamiento acceso al

generador eléctrico comunal. Ante ello, el foro primario venía

llamado a aplicar los fundamentos legales pertinentes a los hechos

relacionados, de modo que el matrimonio Bellver-Hernández

obtuviera un pronunciamiento sustentado en el derecho y la prueba.

Recordemos que tal cual esbozáramos, en virtud del Artículo 42 de

la Ley de Condominios, supra, el Tribunal de Primera Instancia tiene

jurisdicción para considerar si los acuerdos alcanzados por un

Consejo de Titulares, luego de celebrada una asamblea legítima, son

contrarios a la ley.

      En este contexto, sobre si, en efecto, los Bellver-Hernández

estaban facultados para perforar las paredes comunales e instalar

las rejillas de ventilación, los conductos de aire y el portón

propuestos, no podemos sino resolver en la negativa.           Tal cual

expresáramos, la prueba documental acredita que estos no

contaban con la anuencia necesaria para obrar de conformidad, por

lo que, disponiéndose por ley las pautas a dicha actuación, y toda

vez que los Bellver-Hernández admitieron haber transgredidos las

mismas, solo resta disponer que ningún derecho le asiste al
KLAN202100499 CONSOLIDADO CON KLAN202100502                         47

respecto.   Ahora bien, tal no es nuestro parecer en cuanto a la

denegatoria de la solicitud de conexión al generador eléctrico.

      Tanto la Ley de Condominios, supra, en su Artículo 11(a)7),

31 LPRA sec. 1291i, como la Escritura Matriz del Condominio, son

claras al establecer el generador eléctrico como un elemento común

general, con acceso garantizado a todos los apartamientos, sujeto a

indivisión forzosa.49 Particularmente, la Escritura expresamente

indica que, tanto la cisterna, como el generador eléctrico, son

elementos comunes al servicio de los titulares.50 Al proseguir,

también indica que el Condominio “no contará con elementos

comunes limitados”.51 Por tanto, ante ello, el rechazo del Consejo de

la solicitud del matrimonio Bellver-Hernández para conectar el

apartamento comercial al generador eléctrico es contrario a derecho

y, por consiguiente, nulo, hecho que debió haber decretado el

tribunal    sentenciador.   Así   pues,   compete,   entonces,    que

modifiquemos lo resuelto respecto a la impugnación de la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, a los fines de ordenar que

se permita la conexión del apartamento comercial al generador

eléctrico del Condominio.

      De otro lado, en su recurso de apelación, el matrimonio

Bellver-Hernández también arguye que el Tribunal de Primera

Instancia erró al desestimar, bajo el fundamento de academicidad,

la impugnación que promovió en su séptima causa de acción, ello

en cuanto a la Asamblea efectuada el 14 de marzo de 2017. En

concreto, plantea que, a diferencia de los titulares de otra unidad de

apartamiento, cuya remodelación se autorizó luego de que, en dicha

reunión, expusieran el alcance de la misma, no se le permitió

49 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Escritura Matriz del
Condominio Quantum Metrocenter, pág. 659.
50 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Escritura Matriz del

Condominio Quantum Metrocenter, págs. 660-661.
51 Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Escritura Matriz del

Condominio Quantum Metrocenter, pág. 663.
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presentar    sus   propuestas     de   construcción.     Sin   embargo,

coincidimos plenamente con lo resuelto por el foro de origen en

cuanto a que su reclamo es académico. Toda vez que, en la Asamblea

Extraordinaria del 16 de mayo de 2017, los Bellver-Hernández

expusieron ante el Consejo de Titulares los pormenores de su

proyecto, ninguna afrenta a sus derechos converge. Por tanto, en

ausencia de una controversia justiciable al respecto, sostenemos la

determinación pertinente.

       Por su parte, en su recurso, el Consejo apela a nuestro criterio

revisor, alegando que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no

concluir que el matrimonio Bellver-Hernández está obligado

contractualmente al pago de costas, gastos y honorarios, así como

al no decretar su temeridad. A fin de prevalecer, arguye que las

remodelaciones y demoliciones hechas por los Bellver-Hernández,

según probadas y admitidas, constituyeron actos violatorios al

Reglamento y a la Escritura Matriz. A tenor con ello, indica que se

vio obligado a reclamar judicialmente los daños derivados de la

conducta ilegal desplegada, a fin de que el matrimonio Bellver-

Hernández restituyera los elementos comunes afectados a su estado

original.52 Sobre dicho particular, añade que, el Reglamento

aplicable, expresamente reconoce su derecho a recobrar los gastos

y honorarios de abogado pertinentes a una reclamación en contra

de los titulares que incumplan con sus términos. Al amparo de ello,

sostiene que, a diferencia del pago de honorarios de abogado, según

lo contemplado en la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, la

obligación estatuida en el Reglamento es una de naturaleza

contractual a la cual los Bellver-Hernández estaban sujetos.

       De la Sentencia apelada surge que el Juzgador denegó la

concesión del pago de costas, gastos y honorarios, bajo el

52 Véase Apéndice de Apelación Enmendado KLAN202100499, Reconvención, pág.

343.
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fundamento de que el Consejo y otras entidades oficiales en el

Condominio, toleraron, en cierto modo, las actuaciones del

matrimonio Bellver-Hernández. A su vez, dispuso que, dado a que

ambas partes en el pleito resultaron, en alguna forma, favorecidas,

la imposición de las partidas en disputa no encontraba apoyo en lo

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, ni en la Ley de

Condominios, supra.

      Siendo la determinación de temeridad, una inherente al

ámbito de la discreción que le asiste al tribunal adjudicador en el

ejercicio de las facultades que le asisten, resolvemos que no resulta

correcto imponer nuestro criterio sobre el ejercido por el Juzgador.

Por tanto, en ausencia de un decreto de temeridad, ninguna

obligación puede imponerse al matrimonio Bellver-Hernández al

amparo de lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal, ni a tenor

con los términos del estatuto rector en la materia que atendemos. A

igual conclusión llegamos en cuanto a la aplicación de los términos

del Reglamento.

      Este Tribunal no tiene duda alguna de que los Bellver-

Hernández incumplieron con los términos de la Escritura Matriz y

el Reglamento del Condominio al demoler paredes y modificar

elementos comunes sin el aval del Consejo y con pleno conocimiento

de la ilicitud de sus actos. Sin embargo, a la luz de lo aquí resuelto,

intimamos que, proveer para la ejecución de los términos del

Reglamento, ello a los fines de que los Bellver-Hernández satisfagan

los honorarios y gastos del pleito, atenta con los principios

cardinales que rigen en materia contractual. Si bien estos estaban

sujetos a los términos del Reglamento y de la Escritura Matriz, y,

con ello, a las sanciones allí contenidas en caso de incumplimiento,

el Consejo, por igual, estaba obligado a observar sus disposiciones.

En el caso de autos, resolvimos que el Consejo incumplió con los

estatutos privados del Condominio al negar el acceso del
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apartamiento comercial a ciertos elementos comunes, en particular,

al generador eléctrico. Tanto la Ley de Condominios, supra, como el

Reglamento y la Escritura Matriz del Condominio, establecen, de

manera expresa, que el generador eléctrico constituye un elemento

común al cual todos los apartamentos deben tener acceso. Por tanto,

al no reconocerse dicha prerrogativa respecto a la unidad en

disputa, forzoso es concluir que el Consejo está impedido de exigir

el cumplimiento de un contrato que también transgredió. Siendo

así, toda vez que, dado a lo anterior, los Bellver-Hernández se vieron

forzados a entablar un pleito en contra del Consejo y, este, a su vez,

se vio precisado de exigir la restitución de los elementos comunes

que estos alteraron, no procede reclamación contractual alguna

respecto a la imposición de honorarios de abogado y gastos del

pleito.

          En mérito de todo lo antes expuesto, modificamos la sentencia

apelada, a fin de que se provea para la conexión del apartamiento

propiedad del matrimonio Bellver-Hernández al generador eléctrico

del Condominio y a los efectos de decretar la inadmisibilidad en

evidencia de la transcripción de los Procedimientos de la Asamblea

del 16 de mayo de 2017. Por lo demás, el expediente que nos ocupa

nos ha permitido constatar que las determinaciones emitidas por el

Tribunal de Primera Instancia encuentran completo apoyo legal y

fáctico en la abundante prueba documental sometida a nuestro

escrutinio.     De este modo, por no existir controversia de hechos

alguna que amerite el cauce ordinario de los procedimientos,

sostenemos, en los términos aquí resueltos, la corrección del

pronunciamiento ante nos impugnado.

                                    IV

          Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia

apelada y, así, la misma se confirma. Se ordena al Consejo de

Titulares compareciente, gestionar la conexión del apartamento
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comercial en controversia al generador eléctrico comunal del

Condominio.

     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones