Court Opinion

ID: 9962715
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:24.170799+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.683433
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                      PANEL ESPECIAL1

                                                CERTIORARI
ESTRELLA HOMES, LLC                             Procedente del
                                                Tribunal de Primera
Parte Recurrida                                 Instancia, Sala
                                                Superior de Carolina

v.                           KLCE202300636 Civil Núm.:
                                           FBCI201502247
                                           (409)

CARLOS JOSÉ
SUÁREZ GUILLÉN                                  Sobre:

Peticionario                                    EJECUCIÓN DE
                                                HIPOTECA
Panel integrado por su presidenta la jueza Cintrón Cintrón, la jueza
Rivera Pérez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

     Comparece el señor Carlos José Suárez Guillén, en adelante,

Suárez Guillén o peticionario, solicitando que revisemos la

“Resolución” del Foro Primario con fecha del 16 de septiembre de

2022 y notificada el 4 de octubre de 2022. Mediante dicha

Resolución, el Foro a quo declaró “No Ha Lugar” la “Moción de

Desestimación y Acción Independiente de Nulidad de Sentencia por

Mala Fe” del peticionario.

     Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

deniega el auto de certiorari solicitado. Veamos.

                                 I.

     La controversia ante nos, tiene su génesis allá para el año 2013

con un largo tracto procesal, el cual limitaremos a lo que nos atañe

en este recurso.

1Véase Orden Administrativa OATA-2023-165 del 22 de septiembre de
2023, donde se designa al Juez Alberto Luis Pérez Ocasio en sustitución
de la juez Eileen J. Barresi Ramos.

Número Identificador
SEN2024___________________
KLCE202300636                                                          2

     El 14 de junio de 2013, el peticionario suscribió un Pagaré

Hipotecario por la suma principal de $250,000.00 con intereses al

tres y medio (3½) por ciento anual y demás créditos accesorios.2

Ante el incumplimiento por falta de pago, el 3 de septiembre de

2015, el Banco Santander de Puerto Rico, en adelante, Santander,

presentó una demanda contra Suárez Guillén en cobro de dinero y

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.3

     Por su parte, el peticionario presentó una “Urgente Moción

Solicitando Desestimación, se Detenga Proceso de Ejecución, en

Solicitud de Mediación, Contestación a Demanda y Reconvención” el

22 de febrero de 2016.4

      Luego de varios trámites procesales, los cuales no son

necesarios consignar, el 5 de julio de 2017 el Foro Primario dictó

“Sentencia Sumaria” a favor de Santander y declaró “Con Lugar” la

Demanda presentada.5

      Posterior a ello, el 2 de mayo de 2018 el peticionario presentó

un recurso ante este Tribunal que se desestimó por falta de

jurisdicción por ser prematuro y ordenó al TPI-Carolina a notificar

nuevamente.6

      El 23 de octubre de 2019, Santander presentó una “Moción

Informativa y Solicitud de Ejecución de Sentencia”, con la cual

adjuntó copia de la carta mediante la cual denegó la alternativa en

mitigación de pérdidas, e informó que ésta no había satisfecho la

“Sentencia Sumaria” y solicitó la ejecución de esta.

2 Según surge del affidavit número 1,051 ante la Notaria María de Lourdes

Nieves Crespo. Véase, apéndice del recurso, pág. 193.
3 Id. pág. 1.
4 Id. pág. 3.
5 Apéndice del recurso, pág. 11.
6 Véase KLAN201701273. El Tribunal de Apelaciones emitió Resolución

Nunc Pro Tun, con el propósito de enmendar la Sentencia dictada el 30 de
abril de 2018, a los únicos efectos de que leyera como Sentencia en
Reconsideración.
KLCE202300636                                                          3

        Así las cosas, el 8 de noviembre de 2019, notificando a estos

efectos el 3 de diciembre de 2019, el TPI-Carolina dictó “Orden de

Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes”.

       El 4 de diciembre de 2019 el peticionario presentó ante el Foro

Primario       una     “Urgente    Moción     Reiterando   Solicitud   de

Reconsideración y Réplica a Oposición a Reconsideración, Falta de

Parte Indispensable y Procedencia de Reconsideración de Órdenes

Notificadas el 3 de diciembre de 2019”. Esta solicitud fue rechazada

de plano por el TPI-Carolina el 15 de enero de 2020 y notificada el

16 de enero del mismo año.

       Inconforme con este proceder, el peticionario recurrió ante

este Tribunal mediante un recurso de certiorari que fue denegado.7

Posteriormente, acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico

mediante el recurso CC-2020-0429, el cual también fue denegado.

       El 22 de septiembre de 2021, Santander Financial Services,

Luna Residential II, LLC y Estrella Homes II, LLC, (en adelante,

Estrella o la recurrida) presentaron una “Solicitud Conjunta de

Sustitución de Parte Demandante”, en la que se informó que Estrella

es el nuevo poseedor de buena fe, por causa onerosa y con derecho

a     exigir      el    cumplimiento        del   pagaré    hipotecario.8

Consecuentemente, la recurrida presentó una “Solicitud de Nueva

Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia Enmendado”.9

Oportunamente, Suárez Guillen se opuso mediante “Urgente Moción

en Oposición a Solicitud de Nueva Orden y Mandamiento de Ejecución

y en Solicitud de Paralización de los Procedimientos”.10

       No empero, el 5 de octubre de 2021, el Tribunal Recurrido

expidió “Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes

7 Véase, KLCE202000165.
8 Apéndice del recurso, pág. 16.
9 Apéndice del recurso, pág. 24.
10 Id. pág. 26.
KLCE202300636                                                      4

Enmendado”.11 El 8 de octubre de 2021, Suárez Guillén presentó

una “Moción sobre Retracto de Crédito Litigioso”.12 Estrella presentó

una “Moción en Cumplimiento de Orden, Réplica a ‘Urgente Moción en

Oposición a Solicitud de Nueva Orden…’ y Oposición a ‘Moción sobre

Retracto de Crédito Litigioso’”.13 A su vez, presentó una “Moción

Informativa y en Solicitud de Paralización de los Procesos Post-

Sentencia”.14

       El 17 de noviembre de 2021, Suárez Guillén presentó una

réplica a las mociones presentadas previamente por Estrella.15 En

la misma fecha, es decir, el 17 de noviembre del mismo año, el

peticionario presentó “Urgente Moción de Reconsideración”.16

       Según surge del expediente de autos, el 28 de febrero de 2022,

Estrella presentó una “Solicitud para Continuar los Procedimientos”,

donde informó que Suárez Guillén no resultó elegible para una

alternativa       de   mitigación   de   pérdidas   por   “[i]ngresos

[i]nsuficientes”.17 Suárez Guillén se opuso a dicha Solicitud el 6 de

abril de 2022 mediante “Oposición a ‘Solicitud para Continuar los

Procedimiento’ de la Parte Demandante de Epígrafe”.18 Luego de

varios pormenores que no son necesarios mencionar, el 3 de junio

de 2022, y notificada el 7 de junio del mismo año, el TPI-Carolina

emitió “Orden” para la continuación de los procedimientos.19

       El 13 de junio de 2022, el peticionario presentó una “Moción

de Desestimación y Acción Independiente Denulidad [sic] de

Sentencia por Mala Fe”.20 La misma fue rechazada por el Foro a quo

11 Id. pág. 29.
12 Id. pág. 33.
13 Id. pág. 39.
14 Id.pág. 45.
15 Id. pág. 46.
16 Id. pág. 54.
17 Id. pág. 58.
18 Id. pág. 64.
19 Apéndice del recurso, pág. 90.
20 Id. págs. 91-98.
KLCE202300636                                                        5

mediante “Resolución” emitida el 16 de septiembre de 2022 y

notificada el 4 de octubre de 2022.21

       Oportunamente, el 19 de octubre de 2022, Suárez Guillén

presentó una “Moción de Reconsideración”.22 El 12 de diciembre de

2022, Estrella presentó “Moción en Cumplimiento de Orden y

Oposición a ‘Moción de Reconsideración’”.23 No obstante, el 3 de

mayo de 2023, y notificado el 5 de mayo del mismo año, el TPI-

Carolina emitió “Orden” denegando la solicitud del peticionario.24

       Inconforme con el proceder del Foro Primario, el peticionario

recurre ante este Tribunal, y en su recurso le imputa al TPI-Carolina

sendos señalamientos de errores:

           PRIMERO: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL
           FORO DE INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA
           MOCIÓN    DE    DESESTIMACIÓN    Y   ACCIÓN
           INDEPENDIENTE DE NULIDAD DE SENTENCIA DE
           LA PARTE RECURRENTE DEL 13 DE JUNIO DE
           2022 PESE A QUE EL EXPEDIENTE DEL CASO DE
           EPÍGRAFE REVELA QUE LA PARTE RECURRIDA
           DENEGÓ LA SOLICITUD DE MITIGACIÓN DE
           PÉRDIDAS DE LA PARTE RECURRENTE EN
           CONTRAVENCIÓN DE RESPA Y DEL DEBIDO
           PROCESO DE LEY; NO PROVEYÓ A LA PARTE
           RECURRENTE TODAS LAS ALTERNATIVAS DE
           MITIGACIÓN DE PÉRDIDAS PARA EVITAR LA
           EJECUCIÓN DE HIPOTECA DE SU VIVIENDA
           PRINCIPAL EN CONTRAVENCIÓN DE VARIAS
           LEYES, UNA DE ELLAS DE NATURALEZA
           JURISDICCIONAL; INCURRIÓ EN LA PRÁCTICA
           DEL “DUAL TRACKING” Y NO SE LE HA PERMITIDO
           A LA PARTE RECURRENTE EJERCER SU
           DERECHO      DE    POSESIÓN     SOBRE    EL
           INSTRUMENTO NEGOCIABLE DE ESTE CASO
           CONFORME A LA SECCIÓN 2-306 DE LA LEY DE
           TRANSACCIONES       COMERCIALES      SEGÚN
           ENMENDADA, SUPRA.

           SEGUNDO: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL
           FORO DE INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA
           MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE
           RECURRENTE DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 Y
           POR NO HABERLA ADMITIDO SIN OPOSICIÓN
           PESE A QUE LA PARTE RECURRIDA INCUMPLIÓ

21 Id. pág. 148.
22 Id. pág. 152.
23 Id. pág. 170.
24 Id. pág. 202.
KLCE202300636                                                     6

             CON SU DEBER DE FIJAR OPORTUNAMENTE SU
             POSICIÓN SOBRE DICHA MOCIÓN.

             TERCERO: ERRÓ Y ABUSO DE SU DISCRECIÓN EL
             FORO DE INSTANCIA AL NO DECLARAR LA
             NULIDAD DE SU SENTENCIA SUMARIA DEL 2017
             CONFORME A LA REGLA 49.2 DE LAS DE
             PROCEDIMIENTO CIVIL, SUPRA, PESE A LA
             EXISTENCIA EN ESTE CASO DE HECHOS
             MATERIALES ESENCIALES EN CONTROVERSIA
             QUE DELATAN LA VIOLACIÓN CRASA DE LEYES
             QUE PROTEGEN AL DEUDOR HIPOTECARIO.

      La recurrida compareció el 10 de julio de 2023 con su Recurso

de Oposición.

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                II.

      A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004, (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174-175

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
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      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este Foro Apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Rivera Gómez y otros v.

Arcos de Dorado Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Mun. de Caguas v.

JRO Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo,

205 DPR 352, 372 (2020). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 96-97 (2008);

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848

La precitada Regla dispone lo siguiente:
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      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluara tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o
KLCE202300636                                                           9

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000);

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

      B. Reconsideración

      La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, reza

de la siguiente manera:

      La parte adversamente afectada por una orden o resolución
      del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha
      de la notificación de la orden o resolución, presentar una
      moción de reconsideración de la orden o resolución.
      La parte adversamente afectada por una sentencia del
      Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término
      jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo
      en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar
      una moción de reconsideración de la sentencia.
      La   moción    de   reconsideración     debe   exponer     con
      suficiente particularidad y especificidad los hechos y el
      derecho que la parte promovente estima que deben
      reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales
      relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes
      o conclusiones de derecho materiales.
      La moción de reconsideración que no cumpla con las
      especificidades de esta regla será declarada "sin lugar"
      y se entenderá que no ha interrumpido el término para
      recurrir.
KLCE202300636                                                    10

      Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán
      interrumpidos los términos para recurrir en alzada para
      todas las partes. Estos términos comenzarán a correr
      nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos
      copia de la notificación de la resolución resolviendo la
      moción de reconsideración.

      (Énfasis nuestro)

      El mecanismo procesal de la moción de reconsideración fue

introducido en nuestra jurisdicción en el 1937, mediante el Código

de Enjuiciamiento Civil de 1904. Ley Núm. 67 de 8 mayo de 1937,

la cual enmendó el Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA antes sec. 1251. El propósito de este mecanismo es permitirles

a los tribunales rectificar cualquier error cometido en sus

determinaciones. Div. Empleados Públicos UGT v. CEMPR, 2023

TSPR 107, 213 DPR ___ (2023); Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y

otros, 192 DPR 989, 995 (2015); Morales y otros v. The Sheraton

Corp., 191 DPR 1, 7 (2014); Interior Developers v. Mun. de San Juan,

177 DPR 693, 701 (2009); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 612

(1997). La moción de reconsideración debe exponer con suficiente

particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la

parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. Rivera

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157,167 (2016); 32 LPRA Ap.

V, R. 47.

      Según lo dispone la misma regla, es importante señalar que

cuando una moción de reconsideración no cumple con las

especificidades de la disposición estatutaria aludida, los términos

para recurrir no quedan interrumpidos. Marrero Rodríguez v. Colón

Burgos, 201 DPR 330, 341 (2018); 32 LPRA Ap. V, R. 47. Con

relación a esto último, para acudir en revisión ante el Tribunal de
KLCE202300636                                                      11

Apelaciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que

las Reglas de Procedimiento Civil establecen la suspensión

automática de los mismos con la presentación oportuna y que

cumpla con los requisitos de la Regla 47 de Procedimiento

Civil, supra. Marrero Rodríguez v. Colón Burgos, supra, pág. 338;

Morales y otros v. The Sheraton Corp, supra, pág. 8; J.A. Echevarría

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, pág.

292. Cuando una moción de reconsideración es presentada

conforme a derecho, los términos para apelar a un tribunal de

mayor jerarquía quedan interrumpidos, hasta tanto el Tribunal

de Primera Instancia archive en autos copia de la notificación de la

resolución resolviendo la moción de reconsideración. Marrero

Rodríguez v. Colón Burgos, supra, pág. 338; Mun. Rincón v.

Velázquez Muñíz, supra, pág. 1,000; Morales y otros v. The Sheraton

Corp, supra, pág. 8.; Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR

714, 719 (2011).

      Ahora bien, es de gran importancia entender el razonamiento

legislativo detrás del requisito de especificidad. El mismo fue

integrado a la regla en cuestión en el año 2009. Surge del Informe

de las Reglas de Procedimiento Civil, hecho por el Comité Asesor

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, en adelante,

Informe del Comité Asesor, que esta enmienda busca evitar

mociones frívolas que tienen el propósito o efecto de dilatar

innecesariamente las ejecuciones de dictámenes judiciales.

Además, el requisito aludido tiene el efecto de poner en mejor

posición al foro judicial para evaluar si los términos para recurrir

quedan     o   no   interrumpidos      con    las    mociones      de

reconsideración. Informe del Comité Asesor, supra, Secretariado

de la Conferencia Judicial y Notarial, 2008, págs. 523, 551-552.

      Lo cierto es que, de acuerdo con el requisito de particularidad

de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, una moción de
KLCE202300636                                                       12

reconsideración no puede ser utilizada como subterfugio para

argumentar hechos que debieron o pudieron ser presentados,

especialmente si no hay justa causa para no haberlo hecho

anteriormente, o para dilatar los procedimientos. Insular Highway

v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 809 (2008); Rivera Marcucci et al. v. Suiza

Dairy, supra, pág. 166; Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR 799, 806

(2001); Lagares v. E.L.A., supra, pág. 612. J. Cuevas Segarra,

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo IV, pág. 1374 (Editorial JTS,

2011). J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil:

Suplemento Acumulativo 2001-2005, Tomo IV, pág. 258 (Editorial

JTS, 2005).

       Si la especificidad es un requisito para la eficacia de una

reconsideración, y resulta, además, insuficiente para la misma traer

argumentos que no fueron levantados oportunamente, es forzoso

concluir que utilizar, o incluso copiar, los argumentos ya

utilizados, es también improcedente. Estamos de acuerdo con la

opinión disidente de la Honorable Juez Pabón Charneco en Morales

y otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 25, al indicar que no era

suficiente repetir los argumentos de mociones o escritos pasados,

sino que hacerlo de manera ad verbatim – o copiando y pegando

– agravaba la falta. Añadió que quien así procede “no pone al

juzgador en posición de poder evaluar qué parte, si alguna,

debe    ser    reconsiderada      o    enmendada        para    añadir

determinaciones de hechos o conclusiones de derecho adicionales”.

Morales v. The Sheraton Corp., supra, pág. 26. (Énfasis nuestro).

       C. Regla 49.2 de Procedimiento Civil

       Las adjudicaciones finales de un tribunal gozan de una

presunción de validez y corrección, por lo que son recipientes de una

acostumbrada deferencia. SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe, et al,

207 DPR 636, 657 (2021); López García v. López García, 200 DPR
KLCE202300636                                                            13

50, 59 (2018). Ahora bien, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 49.2, es el vehículo procesal mediante el cual una

parte adversamente afectada por una sentencia, solicita el relevo de

esta. Pérez Ríos y otros v. Luma Energy, LLC, 2023 TSPR 136, 213

DPR ___ (2023); SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe et al, supra, pág.

656-657; HRS ERASE vs. CMT, 205 DPR 689, 698-699 (2020); López

García v. López García, supra. El propósito de la precitada regla es

proveer un justo balance entre dos intereses conflictivos de nuestro

ordenamiento jurídico. López García v. López García, supra, pág. 60.

      La regla en cuestión contempla seis (6) escenarios en los

cuales el tribunal podrá relevar a una parte de los efectos de una

sentencia dictada en su contra. Estos son:

      (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
      (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una
      debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo
      para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;
      (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
      “intrínseco” y el también llamado "extrínseco"), falsa
      representación u otra conducta impropia de una parte
      adversa;
      (d) nulidad de la sentencia;
      (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
      cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba
      ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería
      equitativo que la sentencia continúe en vigor, o
      (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un
      remedio contra los efectos de una sentencia.

      Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

      Además, la regla dispone un término fatal de seis (6) meses

para la presentación del relevo de sentencia, al amparo de esta regla.

Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243

(1996). Sin embargo, en cuanto a la controversia planteada, la

misma regla aclara que:

      Esta   regla   no   limita   el   poder   del   tribunal   para:
      (1) Conocer de un pleito independiente con el propósito
KLCE202300636                                                           14

      de relevar a una parte de una sentencia, una orden o un
      procedimiento;
      (2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya
      sido emplazada, y
      (3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al
      tribunal.

      Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.

      Con relación a esta disposición en la regla precitada, nuestro

más alto Foro explica que “[se] admite generalmente el ejercicio de

la acción independiente en casos de sentencias nulas, ya que [é]stas

son inexistentes”. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp, supra,

244, citando a Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689

(1979).

      De la misma manera, en García Colón et al. v. Sucn. González,

178 DPR 527, 543-544 (2010) se clarificó que:

      [E]l inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra,
      otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte de los
      efectos de una sentencia cuando se determine su nulidad.
      Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin
      jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el
      debido proceso de ley. […] Es importante destacar que
      según este fundamento no hay margen de discreción, como
      sí lo hay bajo los otros fundamentos de la Regla 49.2 de
      Procedimiento Civil, supra; si una sentencia es nula, tiene
      que dejarse sin efecto independientemente de los méritos que
      pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado.

      (Énfasis suplido).

      Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

enfatizado sobre atacar una sentencia final y firme que:

      [C]abe apuntar que “[u]na vez que se archiva en autos la
      notificación y se registra la sentencia, ésta se considera
      final.   A   partir   de   ese   momento    los   derechos   y
      obligaciones de las partes quedan adjudicados y la
      sentencia goza de una presunción de corrección”.
      (Énfasis nuestro) (citas omitidas). Por consiguiente, “la
      sentencia se convierte en firme según el transcurso del
      tiempo. Es firme una vez transcurrido el término para
      pedir reconsideración o apelar sin que esto se haya
KLCE202300636                                                        15

      hecho, o al concluir el proceso apelativo”. (citas
      omitidas). Es decir, una sentencia es final y definitiva
      “‘cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el
      litigio entre las partes, en tal forma que no queda
      pendiente nada más que la ejecución de la sentencia’.
      (citas omitidas). Mientras, “[l]a adjudicación se presume
      válida y correcta hasta tanto sea reconsiderada, modificada
      o revocada mediante un remedio o recurso”. (citas omitidas).

      SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR
      133,156-157 (2011). (Énfasis suplido).

                                  III.

      Luego de evaluar detenidamente el expediente que nos ocupa,

justipreciamos que el foro primario no abusó de su discreción en la

evaluación de la prueba ante sí. No hallamos sugerencia alguna en

los documentos evaluados que indique error de derecho o abuso

discrecional por parte del Foro recurrido.

      En esta etapa de los procedimientos, entendemos que no

existe razón en derecho que nos permita obviar la norma de

abstención judicial que, en procedimientos como el de autos, regula

nuestras funciones.

      Al evaluar los documentos que nos ocupan, coincidimos con

que, al adjudicar el asunto, el Foro Primario actuó de conformidad

con las normas que prevalecen en la materia que atendemos. Ello,

nos hace concluir que nuestra intervención, en esta etapa de los

procedimientos, no resulta oportuna.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de

certiorari solicitado.
KLCE202300636                                                   16

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

     La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones