Court Opinion

ID: 9388073
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:10:39.735587+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.321661
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

    FRANCES RODRÍGUEZ                                 Certiorari procedente del
        FONTÁNEZ                                      Tribunal de Primera
         Recurrida                                    Instancia, Sala Superior
                                                      de Humacao
                v.                    KLCE202300294

      EXCEL SERVICE                             Caso Número:
    STATION LLC H/N/C                           YB2021CV00111
 GARAJE GULF Y OTROS
          Peticionaria                          Sobre: Daños
Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa

Ortiz Flores, Juez Ponente

                                      RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

        Comparece la parte peticionaria, Excel Service Station LLC (Excel;

peticionaria), ante este Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de

certiorari. Excel recurre de una Resolución emitida el 17 de febrero de

2023, y notificada el 21 de febrero de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Yabucoa (TPI),1 en el caso del título, que

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración para que el TPI

ordenara la reapertura del término de descubrimiento de prueba para

permitir prueba pericial.

        Adelantamos que denegamos la expedición del auto de certiorari.

                                          I

        El 4 de mayo de 2021 se presentó una demanda por la señora

Frances Rodríguez Fontánez (Sra. Rodriguez; recurrida) contra Excel. La

recurrida alegó que sufrió una caída el 22 de mayo de 2020, en Excel

Service Station y solicitó el resarcimiento de daños a la peticionaria, una

corporación dueña de ese negocio.2 El 28 de julio de 2021, Excel

presentó su Contestación a la Demanda.3

        Luego de los trámites de rigor, el 3 de marzo de 2022, las partes

presentaron el Informe para el Manejo del Caso, en el cual Excel anunció

1 Apéndice del recurso, pág. 48.
2 Apéndice, págs. 1-6.
3 Apéndice del recurso, págs. 7-12.

Número Identificador
RES2023_______________
KLCE202300294                                                                         2

que se proponía utilizar como prueba pericial al Dr. Carlos Grovas, sobre

los daños físicos de la demandante y determinación de impedimentos.4

En la vista de Conferencia Inicial celebrada ese mismo día, 3 de marzo

de 2022, se calendarizó descubrimiento de prueba por las partes, que

incluyó deposiciones, interrogatorios, y la parte demandante mencionó

que "de ser necesario se contratará un perito ingeniero".5 Además, el TPI

dispuso lo siguiente:

       Se señala Conferencia con Antelación a Juicio por
       videoconferencia para el 12 de octubre de 2022. Se
       imparten instrucciones para la presentación de la prueba
       documental junto al informe de conferencia con antelación al
       juicio.6

       El foro recurrido emitió el 5 de octubre de 2022 una Resolución,

notificada el 6 de octubre de 2022,7 que dispuso lo siguiente:

       Ante la moción presentada por la parte demandante, se deja
       sin efecto la vista de conferencia con antelación al juicio del
       12 de octubre de 2022 y se transfiere para el 6 de febrero
       de 2023 a las 10:30 AM por video conferencia. Informe
       debe ser presentado por lo menos 10 días antes de la
       conferencia: la prueba marcada y entrada en Sumac en
       moción       independiente    como     prueba     estipulada,
       identificación parte demandante e identificación parte
       demandada. (Énfasis nuestro.)

       Llamado el caso para Conferencia con Antelación a Juicio por

videoconferencia, el 6 de febrero de 2023, comparecieron las partes y sus

abogados. Surge de la minuta de esa vista, en cuanto al manejo del

caso por el Tribunal, lo siguiente:

       El licenciado Figueroa dice envió interrogatorio en octubre
       de 2021, ha enviado comunicaciones y no han contestado.
       Se calendarizó deposición del dueño y fue cancelada; no se
       ha podido coordinar nuevamente. Añade, la demandante fue
       depuesta. El licenciado menciona contrataron un ingeniero y
       remitieron en octubre el informa pericial. Explica no se ha
       hecho oferta ya que no cuentan con todas las herramientas.

       La licenciada González aclara notificó contestación a
       interrogatorio con toda la prueba y documentos que la parte
       demandante solicitó a través del licenciado Cobián. En
       septiembre recibió el Informe médico de la parte
       demandante. Expresa no tiene informe pericial de ningún
       ingeniero. Sobre la deposición desconocía de ella y no le fue

4 Apéndice, pág. 21.
5 Apéndice, pág. 26 (Minuta de la Conferencia Inicial por videoconferencia celebrada el
3 de marzo de 2022).
6 Id.
7 Apéndice, pág. 33.
KLCE202300294                                                               3

        reclamada por una 34.1. Indica cursó Informe pericial
        médico del perito de la parte demandada.

        Ante la insistencia del licenciado Figueroa, la licenciada
        González revisa sus correos electrónicos y aclara recibió el
        Informe pericial del ingeniero e informa la parte demandada
        no contratara perito de negligencia.

        El licenciado Figueroa hace constar que la vista de CAJ fue
        suspendida de octubre para febrero para poder rendir el
        Informe del perito ingeniero Otto González y el Informe fue
        remitido con todos los anejos.8

        Finalmente, “[e]l Tribunal da por concluido el descubrimiento de

prueba con la prueba existente y dispone”9 en corte abierta lo siguiente:

        1. concede “5 días antes de la vista presentar Memorando
           de Derecho sobre valoración de daños;
        2. ordena que “el representante de la parte demandante y
           de la demandada deberán estar disponibles para la vista
           transaccional;
        3. señala “Vista transaccional 14 de marzo de 2023, a las
           3:00pm”;
        4. ordena que “en o antes del 6 de marzo [se presente]
           Informe de pre-trial”; y
        5. concede “5 días a la parte demandante para remitir
           oferta y 5 días a la parte demandada para contestar.”10

        Excel presentó el 16 de febrero de 2023 una Solicitud de

reconsideración sobre prueba pericial11 en la que reclama que se

reconsidere la orden en corte abierta el 6 de febrero de 2023 que dio por

concluido el descubrimiento de prueba, y que permita el uso del ingeniero

Emilio Solís por la compareciente. El TPI emitió la resolución recurrida el

17 de febrero de 2023, notificada el 21 de febrero siguiente, que declaró

no ha lugar la solicitud de reconsideración de la peticionaria.

        Inconforme, Excel presentó el recurso de certiorari ante nosotros,

con el siguiente señalamiento de error:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al abusar de su
        discreción y no permitir a la peticionaria el uso de su perito
        de negligencia, Ingeniero Emilio Solís, aún cuando la parte
        demandante tardó en exceso de un (1) año y cinco (5)
        meses, en notificar su informe pericial de negligencia,
        posterior a la fecha del señalamiento de la conferencia con
        antelación a juicio original; y haber sido notificado el informe
        pericial del Ingeniero Emilio Solí[s] a diez (10) días de la
        vista del 6 de febrero, lo que no ocasionaba perjuicio alguno
        a la parte demandante, ni dilataba el calendario del TPI,
        según lo había hecho la demandante anteriormente.

8 Apéndice del recurso, págs. 34-35.
9 Apéndice del recurso, pág. 35.
10 Id.
11 Apéndice del recurso, págs. 36-43.
KLCE202300294                                                                  4

       Prescindimos de la comparecencia de la parte peticionada, sin

trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).12

                                       II

       El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario “que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338

(2012), que cita a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso

discrecional, para el cual existen unos parámetros que sirven de guía al

momento de decidir si debemos expedir o denegar el auto. IG Builders v.

BBVAPR, supra. De esta forma, el asunto que se nos plantee en el

recurso de certiorari debe tener cabida dentro de alguna de las materias

reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1 (Regla 52.1).

       La Regla 52.1 dispone lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las
       Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de
       carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión. […]

       De acuerdo con la anterior disposición legal y la jurisprudencia

interpretativa, nos corresponde realizar un análisis dual para determinar si

se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte

objetiva y otra parte subjetiva. Por ello, en primer lugar, tenemos que

12  Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos,
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra]
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”.
KLCE202300294                                                            5

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida

dentro de una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1,

toda vez que esta enumera taxativamente bajo qué materias, solamente,

se podrá expedir el auto de certiorari. En aquellos en los que la materia

no esté comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a

expedir el auto de certiorari automáticamente.

      Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (Regla 40),

debemos o no expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40

establece los criterios que debemos tomar en consideración para

determinar si expedimos o no un auto de certiorari, como sigue:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
         para el análisis del problema.
      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
         manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
         de Primera Instancia.
      D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
         a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
         elevados, o de alegatos más elaborados.
      E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
         es la más propicia para su consideración.
      F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
         dilación indeseable en la solución final del litigio.
      G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
         evita un fracaso de la justicia.

      A su vez, los foros apelativos “no debemos intervenir con el

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error

manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184

DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986). Asimismo, con relación a determinaciones interlocutorias

discrecionales procesales, no debemos sustituir nuestro criterio por el

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, “salvo cuando dicho foro

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v.

Caribbean Int´l News, 151 DPR 649, 664 (2000).
KLCE202300294                                                                   6

       Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un

auto de certiorari de acuerdo con la Regla 52.1, este Tribunal no tiene que

fundamentar su decisión.

                                       III

       Según señalamos antes, al determinar si debemos expedir o no el

auto discrecional de certiorari, en primer lugar, nos corresponde

determinar si la materia planteada está contemplada entre los supuestos

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. La contestación a dicha

interrogante es en la negativa, ya que se recurre de una orden que dio por

concluido descubrimiento de prueba. Por otro lado, al examinar el recurso

de certiorari presentado el 23 de marzo de 2023, así como los

documentos adjuntados al mismo, somos del criterio que no se justifica

nuestra intervención, pues no vemos que, en el manejo del caso ante el

TPI, se haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya actuado

bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que, el foro recurrido

se haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma

procesal y que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial

contra la parte peticionaria. Por consiguiente, no se nos persuadió sobre

la deseabilidad de intervenir en esta etapa de los procedimientos.13

                                       IV

       Por lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición del

auto de certiorari.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).