Court Opinion

ID: 9381072
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:34.093627+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.644419
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                          PANEL II

       EL PUEBLO DE PUERTO RICO                                Certiorari
                                                               procedente del
                     Peticionario                              Tribunal de
                                                 KLCE202201066 Primera Instancia,
                           v.                                  Sala de San Juan

       JUAN MALDONADO DE JESÚS                                  Caso Núm.
              AARON VICK                                        K VP2021-2767
                                                                al 2771
                     Recurridos                                 K VP2022-1281
                                                                al 1284

                                                         Sobre:
                                                         Art. Tent. 202,
                                                         217, 254 y 212
                                                         Código Penal de
                                                         Puerto Rico
        Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
        Grana Martínez y el Juez Adames Soto.

        Bermúdez Torres, Juez Ponente

                                           SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

                 Aunque en Pueblo v. Muñoz Noya,1 nuestro Tribunal Supremo

        pareció contestarla, aún subsiste la interrogante de si tiene, la

        Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI),

        autoridad para procesar criminalmente a una persona privada, sin

        que se le impute haber cometido conducta delictiva contra la función

        pública o el erario, en concierto y común acuerdo con un funcionario

        público. Por imperativos del deber que impone la Constitución de

        Puerto Rico al Poder Ejecutivo de hacer cumplir las leyes,2

        encausando criminalmente a sus ciudadanos a través de los fiscales

        del Departamento de Justicia, respondemos que no. Elaboramos.

                                                  I.

                 El 4 de noviembre de 2021 el Ministerio Público presentó

        cargos contra los señores Aaron W. Vick y Juan Maldonado De

        1   Infra.
        2   Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo I.

Número Identificador

SEN2023_____________
KLCE202201066                                                                  2

Jesús por violación a los artículos 202, 211, 212, 217 y 254 del

Código Penal de Puerto Rico, en grado de tentativa. En la vista de

determinación de causa probable para arresto, el imputado

Maldonado de Jesús solicitó la desestimación de sus cargos. Alegó

que la OPFEI, no tenía jurisdicción sobre él por tratarse de una

persona privada y no haberse presentado denuncias en coautoría

con algún funcionario público. Denegada su petición y celebrada la

vista, el Tribunal de Primera Instancia (Hon. Iraida B. Rodríguez

Castro), determinó causa por los delitos según imputados e impuso

una fianza total de $250,000.00 a Maldonado De Jesús y

$200,000.00 a Aaron W. Vick.3 La vista preliminar quedó señalada

para el 22 de noviembre de 2021.4

       Llegado el día de la vista preliminar, ambos imputados

solicitaron la desestimación de los cargos. Insistieron en que, siendo

ellos personas privadas, el Panel del Fiscal Especial Independiente

(Panel), no tenía jurisdicción para procesarles. Tras una breve

argumentación, el 13 de junio de 2022, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó a las partes someter sus posiciones por escrito.

       El 1 de septiembre de 2022, dicho Foro (Hon. Jimmy

Sepúlveda Lavergne), notificó sendas Resoluciones, el 31 de agosto

de 2022 y 1 de septiembre de 2022. Mediante las Resoluciones

emitidas el 31 de agosto de 2022, determinó que el Informe de

Investigación Preliminar emitido por el Departamento de Justicia de

Puerto Rico contenía prueba exculpatoria y ordenó su entrega a los

coimputados. En las Resoluciones expedidas el 1 de septiembre de

2022, el mismo Foro recurrido concluyó que el Panel no tenía

3  Expedida contra el coimputado Aaron W. Vick la orden de arresto luego de
celebrarse en su ausencia la vista de determinación el 4 de noviembre de 2021,
este se entregó voluntariamente a las autoridades.
4 Inconforme, Maldonado de Jesús recurrió ante esta Curia, mediante Recurso de

Certiorari. En dicha ocasión nos negamos a intervenir en los méritos de la
controversia, basados en que, según la jurisprudencia vigente de nuestro Tribunal
Supremo, debía esperar a la celebración de una vista preliminar para elevar los
planteamientos ante un foro revisor. De nuestra determinación Maldonado De
Jesús acudió, sin éxito, al Tribunal Supremo.
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jurisdicción ni facultad en ley para encausar criminalmente a los

coimputados y ordenó la desestimación de todos los cargos.

       Insatisfecho, el 27 de septiembre de 2022, el Pueblo de Puerto

Rico, representado por el Fiscal Especial Independiente, recurrió

ante nos mediante Certiorari. Plantea:

       PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
       DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN AL
       DETERMINAR QUE EL PANEL SOBRE EL FISCAL
       ESPECIAL INDEPENDIENTE NO TIENE JURISDICCIÓN
       PARA   PROCESAR    CRIMINALMENTE     A   LOS
       IMPUTADOS DE EPÍGRAFE.
       SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
       DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN JUAN AL
       DETERMINAR QUE EL INFORME DE INVESTIGACIÓN
       PRELIMINAR CONTIENE PRUEBA EXCULPATORIA Y
       ORDENAR SU ENTREGA A LOS IMPUTADOS DE
       EPÍGRAFE.
       El 5 de octubre de 2022, dimos plazo de veinte (20) días a los

recurridos Maldonado De Jesús y Aaron W. Vick para que se

expresaran sobre el recurso incoado. El 26 de octubre de 2022,

compareció Aaron W. Vick mediante Alegato en Oposición a la

Expedición del Auto de Certiorari. Ese mismo día, hizo lo propio

Maldonado De Jesús mediante Memorando en Oposición de

Expedición de Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de las

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a

resolver.

                                     II.

       Consustancial con el poder que la Constitución del ELA

concede al Ejecutivo de hacer cumplir las leyes, la Ley Orgánica del

Departamento de Justicia, Ley 205-2004,5 otorga, como norma

general, la facultad y responsabilidad de investigar, acusar y

procesar conducta delictiva al Departamento de Justicia.6 Sin

embargo, como excepción a esa norma general, la Asamblea

5 3 LPRA § 291 et seq.
6 Pueblo v. Colón Bonet, 200 DPR 27 (2019); Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592
(2012); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273 (1992). Véase, además, Ley
Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 205-2004, 3 LPRA § 292.
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Legislativa aprobó la Ley de la OPFEI, Ley Núm. 2-1988,7 para

atender los múltiples conflictos de intereses reales y potenciales al

encausar funcionarios gubernamentales. Esta legislación visualiza

la figura del Fiscal Especial Independiente (FEI), como un foro

neutral e independiente, capaz de dilucidar rápidamente los actos

atribuibles     a    funcionarios       gubernamentales          y    realizar

investigaciones     objetivas,    imparciales,     independientes       y   de

excelencia.

       Entre los métodos o mecanismos mediante los cuales el Panel

puede adquirir jurisdicción para ejercer las facultades que le delega

la Ley especial, el más común y frecuente ocurre cuando el

Secretario de Justicia le refiere los hallazgos de una investigación

preliminar. Según el Art. 4 del precitado estatuto,8 “(1) El Secretario

de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso

en que obtenga información bajo juramento que a su juicio

constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido

cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma

transacción o evento, o cualquier delito contra los derechos civiles,

la función pública o el erario.”

       Los funcionarios sujetos a ser procesados por el Panel, según

enumerados en el Art. 4(1) de la Ley son: 1) el Gobernador; 2) los

secretarios y subsecretarios de los departamentos de Gobierno; 3)

los jefes y subjefes de agencias; 4) los directores ejecutivos y

subdirectores de las corporaciones públicas; 5) los alcaldes; 6) los

legisladores; 7) los asesores y ayudantes del Gobernador; 8) Jueces;

9) los fiscales; 10) los registradores de la propiedad; 11) los

procuradores de relaciones de familia, y menores, así como

cualquier persona que haya ocupado estos cargos y se les impute

delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o

7 Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Ley de la
OPFEI), Ley Núm. 2-1988, 3 LPRA § 99h.
8 3 LPRA § 99k.
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evento, o cualquier delito contra los derechos civiles, la función

pública    o   el   erario    mientras     ocupaba       uno    de   los   cargos

mencionados.9       Los      casos   que    involucren      a   funcionarios   o

exfuncionarios públicos que no están enumerados en el Art. 4(1)

de la Ley, el Secretario debe solicitar la designación de un Fiscal

Especial si determina que el realizar esa investigación podría

constituir algún conflicto de interés.10

       Igualmente, el Art. 5 de la Ley,11 dispositivo de la jurisdicción

del Panel sobre otros funcionarios, empleados o individuos no

enumerados en el Art. 4(1), concede autoridad al FEI para

encausar a individuos particulares que hayan participado como

autores o coautores en la conducta delictiva que involucraba a

un funcionario público, inicialmente investigado bajo la

jurisdicción del Panel. Esto, siempre y cuando los delitos

imputados a los funcionarios públicos sean contra la función

pública o el erario. Dispone:

       (1) Cuando el Secretario recibiere información bajo
       juramento que a su juicio constituyera causa suficiente
       para investigar si cualesquiera de los funcionarios, ex
       funcionarios, empleados, ex empleados, autores,
       coautores o individuos no enumerados en el Artículo 4,
       de esta Ley ha cometido cualesquiera de los delitos a
       que hace referencia al Artículo 4 de esta Ley efectuará
       una     investigación   preliminar     y   solicitará   el
       nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine
       que, de ser la investigación realizada por el Secretario
       de Justicia, podría resultar en algún conflicto de
       interés.
       (2) Cuando el Secretario determine que no existe
       conflicto de interés alguno que impida la investigación
       objetiva por parte del Departamento de Justicia, en tal
       caso el Secretario designará el funcionario que
       conducirá la investigación y el Departamento de
       Justicia asumirá jurisdicción sobre la misma.
        (3) Cuando el Secretario de Justicia recibiere
       información bajo juramento que a su juicio constituyera
       causa suficiente para investigar si algún funcionario, ex
       funcionario, empleado, ex empleado o individuo no
       enumerado en el Artículo 4 de esta Ley participó,
       conspiró, indujo, aconsejó, provocó, instigó, o de algún
       otro modo fue autor o coautor en cualquiera de los

9 3 LPRA § 99k (1).
10 Art. 5 (1)-(2), Ley de la OPFEI, 3 LPRA § 99l. Énfasis nuestro.
11 Íd.
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       delitos a que se hace referencia en el Artículo 4 de esta
       Ley, efectuará una investigación preliminar y rendirá
       un informe conforme los criterios establecidos en el
       Artículo 4 de esta Ley, sobre si procede o no la
       designación de un Fiscal Especial Independiente. Una
       vez remitido el Informe, el Panel tendrá la facultad
       de determinar si investiga y procesa al autor o los
       coautores, como parte de la encomienda que haga al
       Fiscal Especial Independiente de conformidad con
       el Artículo 11 (2) de esta Ley, solamente cuando los
       delitos imputados a los funcionarios públicos bajo
       su jurisdicción sean contra la función pública o el
       erario.12 Si el Panel determinare que no procede el
       nombramiento      de    un    Fiscal   Especial    dicha
       determinación será final y firme y no podrá presentarse
       querella nuevamente por los mismos hechos.13

       De manera que, la jurisdicción que otorga la Ley al Panel,

abarca también “los funcionarios, ex funcionarios, empleados o ex

empleados,       o   individuos      que,     primero,      hayan      participado,

conspirado, provocado, o de algún otro modo sean autores o

coautores en la conducta delictiva imputada a los funcionarios bajo

la jurisdicción de la Ley,14 y segundo, siempre que la conducta

delictiva imputada a los funcionarios públicos bajo su jurisdicción,

sea contra la función pública o el erario.

       Evidentemente, esta norma, constitutiva de una limitación

adicional a la prerrogativa del Panel para incluir en la investigación

y procesamiento al autor o coautor que no es funcionario o

exfuncionario público, presupone que la conducta penalmente

relevante imputada al individuo particular a ser encausado por el

FEI, fue llevada a cabo en concierto y común acuerdo con un

funcionario o exfuncionario público. Si bien no requiere que la

acusación o el procesamiento del funcionario o exfuncionario

público se haga juntamente con la persona privada, debe

12
  Énfasis nuestro.
13 A pesar de que la Ley 3-2012 insertó en el inciso (3) una oración dirigida a
limitar la jurisdicción concedida al Panel sobre aquellos funcionarios, empleados
o individuos no enumerados en el Art. 4(1), a que los delitos imputados a los
funcionarios públicos bajo su jurisdicción sean contra la función pública o el
erario, ninguna colección oficial --Leyes de Puerto Rico (LPR) y Leyes de Puerto
Rico Anotadas (LPRA) que constituye y es admitida como evidencia prima facie en
los tribunales de justicia-, u otra colección no oficial o plataforma digital, contiene
el texto íntegro de la Ley 3-2012 según fue promulgada por el Departamento de
Estado.
14 Pueblo v. Muñoz Noya, 204 DPR 745 (2020).
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demostrarse, al menos, el nexo entre las actuaciones de la

persona privada y el funcionario o exfuncionario público y que

las actuaciones son un agravio a la función pública o el erario,

como elementos indispensables que otorgan jurisdicción al

Panel. Es decir, si no se les imputan delitos o conducta delictiva a

funcionarios públicos o los delitos que se le imputen a dichos

funcionarios no son contra la función pública o el erario, el Panel no

tiene prerrogativa ni autoridad para incluir en la investigación y

procesamiento al autor o coautor particular/privado. En tal

sentido, la jurisdicción del Panel sobre la persona privada es

accesoria a la acción u omisión típica imputada al funcionario o al

exfuncionario público. Descartada dicha accesoriedad, se priva de

jurisdicción al Panel sobre la persona privada. Ello, a menos que el

Secretario de Justicia haga determinaciones de conflicto de

interés que justifiquen el referido, a tenor con el Art. 5(1) de la

Ley.15

          Luego que el Panel adquiere válidamente jurisdicción, procede

a designar y delimitar la encomienda del FEI. Nombrado el FEI, cesa

la jurisdicción del Secretario de Justicia sobre la investigación.16

Ciertamente, la Ley faculta al Panel a ampliar su encomienda y

jurisdicción a solicitud del FEI designado, del Secretario de Justicia

o a iniciativa propia, o a determinar si incluye la investigación y

procesamiento del autor o autores, o del coautor o coautores o

cooperadores, como parte de la encomienda que haga al FEI. Sin

embargo, el Panel ni el FEI designado pueden utilizar dicha

facultad para adquirir o conservar jurisdicción sobre personas

en casos en que la Ley no le concede jurisdicción. Es decir, el

Panel no puede concederle jurisdicción al FEI que el propio Panel no

ostenta. Finalmente, cuando el Panel determine no incluir al

15   3 LPRA § 99l. Énfasis nuestro.
16   Art. 12 (7), Ley de la OPFEI, 3 LPRA § 99s (7).
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autor o coautor, autores o coautores dentro de la encomienda

al FEI, el Secretario de Justicia asumirá jurisdicción sobre éste

o éstos.

          Con    la   doctrina     expuesta     como     marco    conceptual,

examinemos si el Panel, a través del FEI, tiene jurisdicción para

procesar a los señores Maldonado De Jesús y Aaron W. Vick, siendo

estos, personas privadas.

                                        III.

          Como punta de lanza en favor de su tesis jurisdiccional, el FEI

sostiene, en primer lugar, que el alcance y delimitación de su

ejercicio jurisdiccional está exclusivamente en manos del Panel,

según su Ley habilitadora. Expresa que, en virtud de ese poder y

debido a que la investigación preliminar del caso incluyó

expresamente a los señores Aaron W. Vick y Maldonado De Jesús

como autores o coautores, el Panel le otorgó total y amplia

jurisdicción sobre los asuntos, las personas y demás pormenores

relacionados a la totalidad de las circunstancias objeto de la

investigación. Argumenta, que, no era necesario que la conducta

delictiva atribuida a los imputados se llevara a cabo en concierto y

mutuo acuerdo con un funcionario público o haber conspirado con

un funcionario público. No nos convence. Veamos por qué.

                                         A.

          Según relacionamos previamente, uno de los delitos por el que

el FEI presentó Denuncias17 contra Maldonado De Jesús y Aaron W.

Vick, fue Tentativa de Fraude.18 Se les imputó que, en concierto y

común acuerdo, intentaron cometer fraude al inducir a funcionarios

públicos del Gobierno de Puerto Rico a realizar actos que pudieron

afectar       derechos      o    intereses     patrimoniales     del   Estado.

Evidentemente, aunque los hechos alegados cumplen con el

17
     Véase, Apéndice de Certiorari, págs. 4 y 9.
18   Art. 202 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 5272.
KLCE202201066                                                       9

requisito de que el delito se cometa contra la función pública o el

erario, no está presente el elemento esencial que otorgaría

jurisdicción al Panel sobre las personas privadas imputadas, esto

es, que la conducta de estos se realizó en concierto y común acuerdo

con algún funcionario o exfuncionario público de los enumerados en

el Art. 4(1) del Estatuto. Ni siquiera se imputa que algún funcionario

o exfuncionario público estuvo involucrado como actor activo en la

conducta delictiva.

         A Maldonado De Jesús y a Aaron W. Vick también se les

imputó el delito de Falsedad Ideológica.19 Al examinar las Denuncias

de estos delitos,20 notamos que las alegaciones se circunscriben a

conducta delictiva realizada en concierto y mutuo acuerdo por

Maldonado de Jesús y Aaron W. Vick, siendo ambos personas

privadas. Igual que en el anterior pliego de Denuncia, no se les

imputó haber actuado en concierto y común acuerdo con un

funcionario o un exfuncionario públicos, ni que su conducta

involucrara como sujeto activo del delito a un funcionario o un

exfuncionario público.

         Además, a Maldonado De Jesús y a Aaron W. Vick se les

imputó la comisión del delito de Posesión y Traspaso de Documentos

Falsificados.21 Según las Denuncias,22 ambos imputados cometieron

el delito actuando en concierto y común acuerdo, sin incluir el

elemento jurisdiccional esencial de que el acuerdo o la conducta

concertada incluyó como sujeto activo a un funcionario o un

exfuncionario público. Las Denuncias establecen que, un particular

en concierto y mutuo acuerdo con otro particular con el propósito

de defraudar, utilizó una resolución corporativa falsificada en el

19   Art. 212 del Código   Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 5282.
20   Véase, Apéndice de    Certiorari, págs. 1 y 6.
21   Art. 217 del Código   Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 5287.
22   Véase, Apéndice de    Certiorari, págs. 3 y 8.
KLCE202201066                                                             10

proceso de obtener un contrato de compra de bienes con el Gobierno

de Puerto Rico, a sabiendas de que era falsificada.

         El FEI también presentó cargos contra Maldonado De Jesús y

Aaron W. Vick por el delito de Intervención Indebida en Operaciones

y Contratos Gubernamentales.23 Igual que las anteriores, las

Denuncias24 por este delito adolecen del defecto de no imputar a

Maldonado De Jesús ni a Aaron W. Vick conducta concertada con

algún funcionario o exfuncionario público.

         En la quinta y última Denuncia,25 relativa a la violación al Art.

211 del Código Penal de Puerto Rico, es decir, el delito de

Falsificación,26 se le imputó a Maldonado De Jesús haber falsificado

la firma del Sr. José Rodríguez en una resolución corporativa que

utilizó en el proceso de obtener un contrato de compra de bienes con

el Gobierno de Puerto Rico. Como puede apreciarse, esta Denuncia

ni siquiera cumple con el requisito básico de que Maldonado De

Jesús falsificó el documento en concierto y común acuerdo con un

funcionario o exfuncionario público, para que el Panel pueda asumir

jurisdicción sobre él, siendo una persona privada.

         En resumen, las primeras cuatro Denuncias, no imputan a

Maldonado De Jesús ni a Aaron W. Vick conducta delictiva llevada

a cabo en concierto y común acuerdo con algún funcionario o

exfuncionario         público.    Tampoco,       que     hayan   participado,

conspirado, inducido, aconsejado, provocado, instigado, o de algún

otro modo, hayan sido autores o coautores de conducta delictiva

realizada por algún servidor o ex servidor público. Todas exponen

que, dos personas particulares y privadas, actuaron en concierto y

común acuerdo, únicamente entre ellas, para cometer la conducta

prohibida. Ello así, la Ley de la OPFEI no faculta al Panel a asumir

23   Art. 254 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 5345.
24   Véase, Apéndice de Certiorari, págs. 2 y 7.
25   Íd., pág. 5.
26   Art. 211 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA § 5281.
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jurisdicción para procesar a Maldonado De Jesús ni Aaron W. Vick

por dichos delitos, por estos ser individuos particulares o privados.

      A pesar de que no existe un requisito de simultaneidad en el

procesamiento del funcionario público y la persona privada, lo cierto

es que, en este caso, distinto a Pueblo v. Muñoz Noya, la conducta

delictiva imputada a Maldonado De Jesús simplemente incluye

actuaciones concertadas o acordadas con Aaron W. Vick, otro sujeto

privado. Recordemos que, en el citado caso, a Muñoz Noya se le

imputó delinquir en común y concierto acuerdo con un funcionario

público -el Expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico-, Jaime Perelló Borrás. Aunque a Perelló Borrás no se le

acusara simultáneamente, la jurisdicción del Panel sobre Muñoz

Noya se irguió sobre la base de que su actuación delictiva fue

concertada o acordada con el exfuncionario público.

      Por el contrario, nada hay en los hechos alegados en las

Denuncias que originan este recurso, que releve al Departamento de

Justicia de su deber de procesar a los imputados y en su lugar, ceda

su autoridad al Panel para que sea el FEI quien los encause

penalmente. En tales circunstancias, corresponde al Departamento

de Justicia su encausamiento, a menos que demuestre existencia

de conflicto de interés que le impida asumir su rol y descargar

responsablemente su obligación.

      En tal sentido, el FEI indica, esta vez sin mucha elucubración,

que debido a que el Departamento de Justicia expresó estar

impedido de procesar a los imputados por posible conflicto de

intereses al inicialmente no haber recomendado la designación de

un FEI, ahora es el FEI quien único tiene jurisdicción para encausar

a los imputados. La poco fundamentada contención del FEI refiere

a una carta firmada y enviada por el Secretario de Justicia Domingo

Emanuelli, que, según el FEI, contiene el conflicto de intereses al
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que se refiere la Ley en su Art. 5(1). Tampoco le asiste la razón.

Veamos por qué.

          La adecuada atención de este planteamiento nos obliga a

relatar el intercambio epistolar entre el Departamento de Justicia y

la OPFEI, en relación con este asunto. El 23 de septiembre de 2021

el FEI -Lcdo. Ramón Mendoza Rosario-, le remitió a la Presidenta del

Panel -Lcda. Nydia M. Cotto Vives-, una carta titulada “RE:

Investigación Lillian Sánchez Pérez y otros (Pruebas COVID-19)”. En

ella le expresó: “En este caso estamos considerando que procede a

presentar cargos criminales. Dichos cargos estarían dirigidos a

personas privadas. Debido a lo anterior, es necesario auscultar y

definir los aspectos jurisdiccionales aplicables.”27 A raíz de dicha

comunicación, el 23 de septiembre de 2021, la Lcda. Cotto Vives

envió al Secretario del Departamento de Justicia -Lcdo. Domingo

Emanuelli Hernández-, carta titulada “RE: Compra de pruebas

COVID”. En la misma le comunicó lo siguiente:

          [H]emos recibido una comunicación de los Fiscales
          Especiales Independientes (FEI) en el caso de
          referencia. En la misma, nos informan que -luego de
          culminar la investigación a fondo-, han determinado
          presentar cargos penales contra tres de los coautores,
          que no son funcionarios públicos.
          Al no presentarse cargos penales contra ninguno de los
          funcionarios públicos investigados, los cuales
          participaron de proceso de la compra de las pruebas
          COVID, queda pendiente determinar si el proceso
          continuará a cargo de los fiscales especiales
          independientes o, en su defecto, el Departamento de
          Justicia se hará cargo de dicho procedimiento. Sin
          embargo, para que los FEI puedan continuar con el
          mismo, es necesario que usted así lo determine a la luz
          de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Núm. 2-1988[…].28

          El 24 de septiembre de 2021, el Lcdo. Emanuelli Hernández,

remitió misiva a la Lcda. Cotto Vives titulada, “Caso DJ Núm. 2020-

31-102-00023 Investigación relacionada a la compra de pruebas

para la detección de COVID-19”. Le expresó que:

          [E]n atención a su comunicación del 23 de septiembre
          de 2021, le informamos que es completamente

27   Véase, Apéndice Certiorari, pág. 278.
28   Íd., pág. 279.
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          incompatible y conlleva un serio conflicto de intereses
          que los fiscales del Departamento de Justicia se
          hagan cargo del procesamiento de los funcionarios
          públicos que participaron en este caso en el proceso
          de compra de las pruebas de COVID. Ello en vista de
          que en el informe de la investigación preliminar que fue
          remitido el 10 de diciembre de 2020 al Panel sobre el
          Fiscal   Especial    Independiente     (PFEI)   por    el
          Departamento de Justicia, no se recomendó la
          designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI)
          basado en los hallazgos de la investigación.29
          En atención a dicha respuesta, el 27 de septiembre de 2021,

la Lcda. Cotto Vives le comunicó al FEI, en una carta titulada “RE:

Caso Pruebas COVID”, lo siguiente:

          En atención a la comunicación que enviaron al Panel el
          pasado 23 de septiembre de 2021, relacionada con el
          caso de referencia, procedimos a remitir una
          comunicación al Hon. Domingo Emanuelli Hernández,
          Secretario del Departamento de Justicia para que éste
          evaluara el aspecto jurisdiccional y nos notificara su
          decisión sobre el particular.
          Mediante escrito fechado el 24 de siempre de 2021, el
          Secretario de Justicia nos indica su determinación de
          que el caso continúe siendo atendido por los fiscales
          especiales independientes.
          Atendido lo anterior, quedan facultados para proceder
          de conformidad con dicha determinación.30

          Posteriormente, el 21 de octubre de 2021, el Lcdo. Emanuelli

Hernández envió otra misiva a la Lcda. Cotto Vives titulada “Caso

DJ Núm. 2020-31-102-00023 Investigación relacionada a la compra

de pruebas para la detección de COVID-19” en la que le expresó:

          [L]e informamos que es completamente incompatible y
          conlleva un serio conflicto de intereses que el Ministerio
          Público se haga cargo del procesamiento de personas
          privadas o de los coautores que participaron en el
          proceso de la compra [de] las pruebas de COVID-19.
          Por tal razón, el Departamento de Justicia no se hará
          cargo del procesamiento criminal de dichas personas
          con relación a este asunto.31
          A poco examinamos el intercambio epistolar entre las

máximas figuras de las oficinas del Departamento de Justicia y el

Panel, vemos que, inicialmente, el Secretario del Departamento de

Justicia aludió a que era incompatible y conllevaba un serio

29   Íd., pág. 280. Énfasis nuestro.
30   Íd., pág. 281.
31   Íd., pág. 282.
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conflicto de interés que sus fiscales encausaran a los funcionarios

públicos involucrados. Justificó su postura en que, en el

Informe de la Investigación Preliminar preparado por el

Departamento de Justicia, no se recomendó la designación de

un FEI. Aunque en su comunicado, el Secretario de Justica no

aludió a que el Departamento de Justicia tuviera algún conflicto de

interés al procesar criminalmente a las personas privadas

Maldonado de Jesús y Aaron W. Vick, la Presidenta del Panel

autorizó al FEI a continuar con el procesamiento criminal de estos.

Un   mes    después,   el   Secretario   de   Justicia   remite   nueva

comunicación a la Presidenta del Panel informándole que no

intervendrían en el caso, aludiendo a la existencia de un serio

conflicto de intereses que impedía al Ministerio Público hacerse

cargo del procesamiento de personas privadas o de los coautores

que participaron en el proceso de la compra de las pruebas de

COVID-19.

      Más allá de expresar genérica y ambiguamente, la existencia

de un conflicto de interés, el Departamento de Justicia no ha

demostrado en qué consiste dicho conflicto y si, de existir el mismo,

pudiera ser válidamente subsanado. Sobre todo, luego de que el

Panel excluyera de la alegada comisión de delitos a los funcionarios

públicos que originalmente provocaban el conflicto invocado por el

Departamento de Justicia. Tampoco de las constancias del

expediente surge existencia de conflicto de interés, real o potencial,

que impida al Departamento de Justicia asumir su jurisdicción y

ejercer su obligación de procesar criminalmente a Maldonado De

Jesús y a Aaron W. Vick o determinar, como hiciera inicialmente

en su Informe de Investigación Preliminar, que estos no

cometieron delito.

      Ciertamente, la ausencia de una descripción concreta y

precisa del alegado conflicto nos impide evaluar si en efecto, es
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válidamente posible preterir la facultad primaria de nuestro

Departamento de Justicia de procesar criminalmente a las personas

particulares -lo que incluye determinar que no existe prueba

suficiente de delito para encausarlos criminalmente, si ese fuera el

caso-, y ceder dicha facultad al Panel del FEI. Peor aún, tampoco

podría, aquel ciudadano afectado por la determinación del

Departamento de Justicia, impugnar en los foros pertinentes dicha

determinación, si así lo entiende necesario, por desconocer cuales

razones tuvo dicha Agencia para abdicar su autoridad y cederla al

Panel.

       Reiteramos que, no podemos livianamente desatender el

principio general de que “la jurisdicción para investigar y procesar

los delitos que se cometen en Puerto Rico corresponde al

Departamento de Justicia”.32 Acoger en el vacío, la pobremente

fundamentada tesis del FEI de que la disposición establecida en el

Art. 5(1) de la Ley, le concede jurisdicción al Panel sobre personas

privadas en casos de conflictos de interés de parte del Departamento

de Justicia, constituiría una desviación impermisible de los

principios de hermenéutica legal aplicables. La Ley de la OPFEI

establece claramente la jurisdicción excepcional que tiene el Panel

para el encausamiento criminal, y el FEI no tiene “la facultad para

determinar el alcance de su propia jurisdicción”.33

       En fin, somos del criterio de que el Tribunal de Primera

Instancia no erró al intimar, que, bajo el Art. 5 de la Ley de la OPFEI

y su jurisprudencia interpretativa, el Panel no tiene autoridad para

procesar a las personas privadas Maldonado De Jesús y Aaron W.

Vick. Fue correcto decretar la desestimación de los cargos.34

32 Íd., Véase, además: Pueblo, 204 DPR, pág. 756, Pueblo, 200 DPR, págs. 35-36.
33 Pueblo v. Pérez Casillas, 126 DPR 702, 712 (1990).
34 La decisión a la que hemos llegado hace innecesario abordar el segundo

señalamiento de error planteado por el FEI, atinente a la prueba exculpatoria que
alegadamente contiene el Informe de Investigación Preliminar.
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                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el Auto de

Certiorari y confirmamos la decisión recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. El Juez Adames Soto emite por escrito

Voto Particular de Conformidad. La Jueza Grana Martínez emite

por escrito Voto Concurrente.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                          Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL II

                                                             Certiorari
            EL PUEBLO DE PUERTO RICO                         procedente del
                    Peticionario                             Tribunal de
                                                             Primera
                                               KLCE202201066 Instancia, Sala
                                                             de San Juan
                             v.
                                                                 Caso Núm.
                                                                 K VP2021-
                                                                 2767
            JUAN MALDONADO DE JESÚS                              al 2771
            y AARON VICK                                         K VP2022-
                   Recurridos                                    1281
                                                                 al 1284

                                                                 Sobre:
                                                                 Art. Tent. 202,
                                                                 217, 254 y
                                                                 212 del Código
                                                                 Penal de
                                                                 Puerto Rico

        Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
        Grana Martínez y el Juez Adames Soto

                       VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD DEL
                             JUEZ NERY E. ADAMES SOTO

                                                a.

                Iniciaré abordando un asunto procesal. En la Resolución de

        13 de enero de 20221 que el Panel al cual estoy adscrito emitió entre

        las    mismas     partes   de   este   caso,   mis   compañeros   jueces

        determinaron denegar expedir el recurso de certiorari presentado

        por los recurridos, al tildarlo de prematuro, juzgando que la solicitud

        de desestimación presentada por estos, por alegada falta de

        jurisdicción del PFEI para encausarlos, no procedía en la etapa del

        proceso en que fue instada. En específico, la moción de

        desestimación presentada por los recurridos en aquel momento fue

        hecha durante la celebración de la vista de causa para arresto, Regla

        6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6.

        1   KLCE202200033.

Número Identificador

SEN2023_____________
KLCE202201066                                                                 2

       Al explicarse en la referida Resolución por qué resultaba

prematura la petición de certiorari, mis compañeros de Panel

acentuaron (utilizando negrillas), que el momento oportuno para

presentar una moción de desestimación en casos de delitos

graves, adviene luego de la presentación de una acusación2.

(Subrayado provisto). Precedió a esta aseveración, además, la

citación de Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803 (1998), en términos

de que la determinación positiva de causa probable para acusar,

luego de celebrada la vista preliminar, subsana cualquier error en la

determinación de causa probable3. (Subrayado provisto).

       Es decir, para los respetados compañeros de Panel, los

recurridos tenían que haber esperado la celebración y el resultado

de la vista preliminar, Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 23, para que, luego de la presentación de la

acusación, entonces estar en posición de instar la moción de

desestimación.      Admito     que    mis     compañeros       cuentan     con

precedentes de nuestro Tribual Supremo para sustentar tal

proceder4.

       Con todo, a raíz del razonamiento expuesto por mis

compañeros jueces para denegar el referido recurso certiorari, en esa

misma Resolución emití un voto concurrente, con el propósito de

hacer constar que, a mi juicio, cabría reconocer un limitado número

de situaciones excepcionales que permitan instar una petición de

desestimación en la vista de causa para arresto, sin tener que

esperar a la celebración y determinación de causa para acusar de la

Regla 23, supra. En específico, identifiqué la falta de jurisdicción

como una de las tales situaciones excepcionales. Con el propósito

de elaborar sobre mi posición, hice alusión a dos votos previos que

2 Íd., pág. 7.
3 Íd., págs. 6 y 7.
4 Ver, Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 DPR 803 (1998); cuyo precedente se reafirma

en sendas Sentencias, Pueblo v. Almodóvar Negrón y Pueblo v. Nazario Aponte, 198
DPR 724 (2017), y 198 DPR 962 (2017), respectivamente.
KLCE202201066                                                        3

suscribí    sobre   el   mismo    asunto   en   el   KLCE20170144     y

KLCE201701049. Pero advertí, además, que, aunque nuestro

Tribunal Supremo ha hecho expresiones muy tajantes al dictaminar

que la etapa adecuada para presentar una moción de desestimación

cuando ya se ha determinado causa para acusar; en Pueblo v. Muñoz

Noya, 204 DPR 745 (2020), consideró los méritos de una moción

de desestimación que había sido presentada durante la vista de

causa para arresto. En dicho caso, bien pudo haber dictaminado el

alto foro que la parte imputada de delito debía esperar hasta luego

de celebrada la vista preliminar para alzar su reclamo ante el

Tribunal de Apelaciones, pero no lo hizo, sino que entró a los méritos

de la controversia.

      Entonces, retornando al recurso de certiorari de epígrafe, me

resulta evidente que, según se hizo constar en el tracto procesal

de la Sentencia que hoy suscribo, los recurridos volvieron a

presentar    una    moción   de    desestimación,    por   los   mismos

fundamentos alzados previamente en el KLCE202200033, sin que

se hubiese propiamente celebrado la vista preliminar para acusar.

Entiéndase, la moción de desestimación que hoy atendemos

precedió una determinación de causa para acusar, pues ni

siquiera se llegó a celebrar la vista bajo la Regla 23, supra, ante

el hecho de que el foro recurrido admitió y resolvió dicha

petición, antes de que se presentara prueba alguna, (o se

renunciara a su celebración), por tanto, sin que se hubiese

determinado si existía causa para acusar.

      Ergo, si como se dijo en el KLCE202200033, el momento

oportuno para presentar una moción de desestimación en casos de

delitos graves, adviene luego de la presentación de una acusación,

valga advertir que tal condición nunca ocurrió en este caso. No

obstante, por las razones que expresé en el citado voto concurrente,

juzgo que acontecen una de las razones que nos habilitan para
KLCE202201066                                                           4

dirimir la moción de desestimación presentada por recurridos en

esta etapa de los procesos, aunque no esté precedida por una

determinación de causa para acusar, pues resulta necesario

atender la presunta falta de jurisdicción del foro primario para

entender en el asunto.

                                       b.

      Por otra parte, en el mismo voto concurrente que emití en el

KLCE202200033, expresé que, en Pueblo v. Muñoz Noya, supra,

nuestro Tribunal Supremo ya había reconocido amplia jurisdicción

al Fiscal Independiente para encausar individuos particulares que

delinquieron en común y mutuo acuerdo con un funcionario público 5,

por tanto, se debía entender como rechazada la contención de los

recurridos levantada a través de la moción de desestimación ante

nuestra consideración. A pesar de lo cual, como queda visto, hoy

emito mi voto de conformidad en este caso, asunto que merece una

breve explicación.

      Al releer Pueblo v. Muñoz Noya, supra, me percato que allí se

citó de manera incompleta la sección 3era del Artículo 5 de la Ley 2-

1988, según fue enmendada por la Ley 3-2012, muy probablemente

por causa de lo que se explica en la nota al calce decimotercera de

la Sentencia que hoy suscribo, (la enmienda aparece incompleta en

L.P.R.A., que fue el texto citado por el Tribunal Supremo). En lo

pertinente, la oración íntegra de la sección aludida indica que “Una

vez remitido el Informe, el Panel tendrá la facultad de determinar si

investiga y procesa al autor o los coautores, como parte de la

encomienda     que   haga    el   Fiscal    Especial   Independiente   de

conformidad con el Artículo 11 (2) de esta Ley, solamente cuando

los delitos imputados a los funcionarios públicos bajo su

jurisdicción sean en contra la función pública o el erario”.

5 Advertí, además, que, con relación a la Opinión citada, me resultaba más
persuasivo el razonamiento expuesto por el Juez Asociado Colón Pérez en su
disidencia.
KLCE202201066                                                     5

(Énfasis provisto). La porción del texto legal que ennegrecí no fue

incluida por nuestro Tribunal Supremo en la Opinión aludida, y, tal

como mis respetados compañeros jueces de este Panel, juzgo que

resulta de la mayor importancia al pronunciarnos sobre los límites

jurisdiccionales del PFEI para encausar a individuos no enumerados

en el Artículo 4 de la misma ley citada, (y muestra mayor apego o

consonancia con la Exposición de Motivos de la Ley 3-2012).

Francamente, juzgo que sería un ejercicio de hermenéutica

demediado ofrecer una interpretación aminorada a la porción del

texto legal preterida, en tanto limitativa de la jurisdicción

excepcional concedida al PFEI sobre los individuos, según estos son

concebidos en el estatuto. Por cuanto estimo que este asunto fue

cuidadosamente explicado en la Sentencia que hoy suscribo, basta

con lo que hasta aquí dicho.

                                     c.

      Por último, me permito unas breves expresiones sobre el

alegado conflicto de intereses del Departamento de Justicia a las

personas investigadas, en el que ancló el PFEI su presunta

jurisdicción sobre los recurridos.

      Según se sabe, la sección primera del Artículo 5 de la Ley 3-

2012, faculta al Secretario de Justicia a investigar, entre otros, a

individuos, como los recurridos, cuando se hubiere presentado una

declaración jurada, que constituya causa suficiente, indicando que

estos han cometido cualesquiera de los delitos a que se hace

referencia en el Artículo 4 del mismo estatuto. Continúa indicando

dicha sección, que el Secretario de Justicia podrá solicitar el

nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de ser

realizada la investigación por el primero, podría resultar en

algún conflicto de interés.

      Es decir, una de las causas por las cuales el Secretario de

Justicia puede solicitar la intervención o el nombramiento de un
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Fiscal Especial Independiente es que, efectuada la investigación

preliminar sobre las imputaciones hechas a individuos por la

comisión de los delitos bajo la jurisdicción de la Ley 2-1988, juzga

que la continuación de los procesos bajo su atención podría resultar

en conflicto de interés.

        Teniendo en consideración lo anterior, pero aplicándolo al

tracto procesal en este caso, me parece clarísimo que, una vez el

Secretario de Justicia concluyó su investigación preliminar en este

caso: (1) no encontró causa para procesar criminalmente a ninguna

de las personas referidas para ser investigadas en este caso, es decir,

contra los funcionarios públicos, ni contra los recurridos; (2)

tampoco hizo expresión alguna sobre posible conflicto de

interés ante la posibilidad de tener que presentar cargos en

contra de los investigados, entre los cuales se encontraban los

recurridos. Mirada con detenimiento la referida investigación, no

es difícil arribar a la conclusión de que, del Secretario de Justicia

haber previsto siquiera la posibilidad de un conflicto de intereses en

dicho punto, -sobre la posibilidad de encausar a cualquiera de los

investigados-, así      lo hubiese     tenido   que   manifestar,     por

disposición de ley, (no podía dejar una determinación tal para un

momento posterior), pero no lo hizo porque, a todas luces, no

apreció algún conflicto de interés. Aunque resulte reiterativo,

asevero que, concluida la extensa investigación que llevó a cabo el

Departamento de Justicia antes de plasmar que, a su juicio, no

había    causa   para      presentar   cargos   criminales   contra   los

funcionarios públicos bajo investigación, ni contra los recurridos, de

haber juzgado en ese momento que podría haber un conflicto de

interés, era su obligación ministerial, por imposición de ley,

haberlo manifestado, y en ese mismo momento solicitar el

nombramiento de un Fiscal Especial Independiente para que
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continuara con el proceso, evitando así el posible conflicto de

interés.

      Por causa de lo explicado en el párrafo que antecede, estoy

convencido que el PFEI tenía herméticamente cerrada la puerta que

le daba acceso a asumir jurisdicción para encausar a los recurridos,

al menos, a través de esgrimir un supuesto conflicto de interés del

Secretario de Justicia, que no existía, bajo el fundamento que provee

el inciso primero del Artículo 5 de la Ley 3-2012.

      Entonces, no queda otro remedio que aludir al intercambio

epistolar   entre   el   Secretario   de   Justicia   y   el   PFEI,   -que

minuciosamente fue captado en la Sentencia que suscribo-,

acontecido en un momento posterior a la culminación de la

investigación del Secretario de Justicia, donde, como explicado,

a pesar de auscultar toda la prueba ante su consideración,

originalmente no detectara conflicto de interés alguno. Según el

claro recuento que hicimos de las referidas cartas intercambiadas,

el denominado conflicto de interés descubierto por el Secretario para

encausar a los recurridos, presuntamente surgió a posteriori de

haber realizado la investigación sobre las imputaciones que recaían

sobre los recurridos, y solo por la exclusiva causa de ser

requerido por el PFEI que hiciera una determinación a dichos

efectos. Véase que la endeble razón o fundamento que presentó el

Secretario de Justicia para identificar un posible conflicto de interés

post investigación sobre los hechos, ni expresión previa alguna

sobre conflicto de interés, fue que, previamente, no había

recomendado que se presentaran cargos contra los recurridos.

      Bajo la lógica de los acontecimientos procesales aquí

discutidos, siempre que el Secretario de Justicia investigue a unos

individuos, y concluya que no se justifica su encausamiento, cabría

la posibilidad de que el PFEI termine reclamando jurisdicción para

procesarlos porque, preguntado al primero sobre posible conflicto de
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interés, este -siguiendo la premisa del caso ante nosotros-

invariablemente tendrá que dar la misma respuesta, que sí hay

conflicto de interés porque el Departamento de Justicia no recomendó

la designación de un Fiscal Especial Independiente. Este argumento

es, como mínimo, circular, carente de sustento legal que lo sostenga,

de fondo, subvierte el propósito de delimitar la jurisdicción del PFEI

respecto a los individuos.

      Por las razones expuestas, emito un voto de conformidad y

suscribo la Sentencia emitida por este Panel.

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

                              Nery Enoc Adames Soto
                               Juez de Apelaciones
                        Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                           TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      PANEL II

       EL PUEBLO DE PUERTO RICO                        Certiorari
                                                       procedente del
                  Peticionario                         Tribunal de
                                         KLCE202201066 Primera Instancia,
                       v.                              Sala de San Juan

       JUAN MALDONADO DE JESÚS                              Caso Núm.
              AARON VICK                                    K VP2021-2767
                                                            al 2771
                   Recurridos                               K VP2022-1281
                                                            al 1284

                                                         Sobre:
                                                         Art. Tent. 202,
                                                         217, 254 y 212
                                                         Código Penal de
                                                         Puerto Rico
        Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza
        Grana Martínez y el Juez Adames Soto.

                                 Opinión Concurrente
                                 Juez Grana Martínez

               Aunque estoy conforme, con la mayoría en que la Oficina del

        Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no tiene jurisdicción

        para encausar al recurrido, estoy en desacuerdo con algunas

        expresiones hechas en la decisión mayoritaria.

               Nos referimos a la opinión que la mayoría emite en las páginas

        14 y 15 sobre las comunicaciones en las que el Secretario de Justicia

        informó a la Presidenta de la Oficina del Fiscal Independiente la

        existencia de conflictos de intereses. El tribunal concluyó que la

        agencia únicamente hizo expresiones genéricas y ambiguas sobre

        un conflicto de interés, sin demostrar en que consiste dicho conflicto

        y si podía subsanarse. Sobre todo, luego de que el Panel

        excluyera de la alegada comisión de delitos a los funcionarios

        públicos que originalmente provocaron el conflicto invocado

        por el Departamento de Justicia. La decisión mayoritaria advierte

        que en el expediente no hay evidencia de un conflicto de intereses

Número Identificador

SEN2023_____________
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real o potencial que impida al Departamento de Justicia asumir su

jurisdicción y ejercer su obligación de procesar criminalmente al

recurrido y a Aaron W. Vick o a determinar como hizo inicialmente

que no cometieron delito. No obstante, este tribunal concluye que la

ausencia de una descripción concreta y precisa del alegado conflicto

le impide evaluar si procede preterir la facultad primaria del

Departamento de Justicia de procesar criminalmente a las personas

particulares, y si no existe prueba suficiente para encausar

criminalmente y ceder dicha facultad a la OPFEI. Finalmente

advierte que peor aún el ciudadano afectado no podrá impugnar la

decisión en los foros pertinentes, porque desconoce las razones por

las que el Departamento de Justicia declinó su autoridad y la cedió

al panel.

      No avalamos dichas expresiones, porque a nuestro juicio no

son pertinentes a la controversia planteada. A este tribunal no le

corresponde evaluar situaciones que no forman parte de las

controversias ante nuestra consideración ni emitir juicio sobre

asuntos hipotéticas que tampoco están ante nuestra atención. Por

esa razón, concluyó que no estamos llamados a evaluar la

suficiencia de las razones que tuvo el Secretario de Justicia para

inhibirse.

      Nos corresponde enfocarnos en atender y resolver, la

controversia que se reduce a determinar, si la OPFEI tiene

jurisdicción para procesal criminalmente al recurrido. La OPFEI

no   tiene   jurisdicción,   porque   no   se   cumplen   los   criterios

establecidos por el legislador ya que al recurrido no se le imputa la

comisión de un delito contra el erario público en común acuerdo con

un funcionario público. El historial de la ley que creó esa oficina y

de sus enmiendas hace clara la intención de proveer un foro neutral

e independiente para dilucidar actos indebidos atribuibles a

funcionarios gubernamentales. La legislación cumple con el
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propósito de fomentar la dedicación de los funcionarios y empleados

públicos y el desempeño del servicio público con honestidad,

excelencia profesional y dedicación absoluta. 3 LPRA Sección 99 h.

      La ley habilitadora ha sido enmendada en múltiples

ocasiones para dotar a la OPFEI de herramientas que le permitan

realizar su función de manera más efectiva. Así ocurrió en el año

2012, cuando la ley fue enmendada sustancialmente. Una vez más

se reconoce que el propósito primordial de la ley es establecer una

entidad neutral e independiente, libre de presiones para la

investigación y procesamiento criminal de actos ilegales realizados

por altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno. Además, de

subsanar los posibles conflictos o apariencia de conflictos del

Secretario de Justicia en procesar altos funcionarios del aparato

gubernamental del que es parte. Las enmiendas le concedieron a la

OPFEI jurisdicción para encausar criminalmente a individuos que

hubiese participado conspirado, provocado o de algún otro modo

fuesen autores o co autores en la conducta delictiva imputada a los

funcionarios bajo la jurisdicción de la OPFEI y siempre y cuando los

delitos imputados sean contra la función pública. Exposición de

Motivos de la Ley Número 2 de 2012.

      No me cabe duda de que para que la OPFEI tenga jurisdicción

para procesar a un individuo tiene que estar atado a un funcionario

público, ya sea porque participó de un delito como autor, co autor o

simplemente participe. Su jurisdicción está ineludiblemente atada a

la imputación de delito contra un funcionario público, aunque el

procesamiento no sea simultaneo. No obstante, en este caso los

funcionarios públicos fueron exonerados de responsabilidad.

Por eso rechazamos las alegaciones de la OPFEI de que la

inhibición del Secretario de Justicia le confiere jurisdicción

para procesar al recurrido. En ausencia de imputación a un

servidor público la OPFEI no tiene jurisdicción, ni cabe hablar de la
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renuncia de la jurisdicción del Departamento de Justicia. Las

comunicaciones entre el Secretario de Justicia y la Presidenta de la

OPFEI correctas o incorrectas carecen de relevancia en este caso,

porque no tiene ninguna repercusión sobre asunto jurisdiccional.

Nada subsana el incumplimiento con los requisitos señalados.

      Por las razones expuestas concurro con la opinión mayoritaria

en confirmar al TPI, porque la OPFEI no tiene jurisdicción para

encausar al recurrido.

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

                     Grace M. Grana Martínez
                      Jueza de Apelaciones