Court Opinion

ID: 9554694
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:18:03.811468+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:20.185108
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                              TRIBUNAL DE APELACIONES
                                        PANEL III

           CRAIG NEIL PROTHERS                            Certiorari
                                                          procedente del
                   RECURRIDA                              Tribunal de Primera
                                                          Instancia, Sala
                          v.                              Superior de Rincón

             MICHAEL O. TAPIA                             Civil núm.:
            RODRÍGUEZ Y OTROS                             RN2022CV00032
                                                          (SALÓN 0002)
                  PETICIONARIA          KLCE202300572
                                                         Sobre:
                                                         INCUMPLIMIENTO
                                                         DE CONTRATO,
                                                         DAÑOS,
                                                         SENTENCIA
                                                         DECLARATORIA,
                                                         COBRO DE
                                                         DINERO -
                                                         ORDINARIO
         Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
         Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                      SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

                El 18 de mayo de 2023 compareció ante este tribunal el señor

         Michael O. Tapia mediante recurso de certiorari. En este nos solicita

         que revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera

         Instancia el 17 de abril de 2023. En la antedicha Orden, el foro

         primario impuso ciertos remedios provisionales al peticionario con

         los cuales está en desacuerdo. Los hechos pertinentes para

         comprender nuestra decisión son los siguientes.

                                            I

                El señor Craig Neil Prothers y su esposa Michelle Prothers

         presentaron una reclamación en contra de Michel O. Tapia, en

         adelante el peticionario o señor Tapia. En esta reclamaron el

         incumplimiento de cierto contrato entre las partes, los daños

         productos del alegado incumplimiento contractual, cobro de dinero

         y solicitaron una sentencia declaratoria. En lo pertinente a nuestro

         escrito, los Prothers o recurridos alegaron en su escrito que ambas

Número Identificador

SEN2023________________
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partes eran accionistas, cada uno con un 50% de la Corporación

Rincón Club Náutico LLC, entidad inscrita en el Registro de

Corporaciones el 14 de enero de 2019. Alegaron en la demanda que,

el 28 de febrero de 2020, Rincón Club Náutico LLC había adquirido

una propiedad inmueble en Rincón. En relación con dicha

propiedad, ambas partes habían suscrito un Acuerdo de Accionistas

(el contrato), para la administración, uso, disfrute y explotación

comercial sobre la propiedad de la cual ambas partes eran socios en

partes iguales. Sostuvieron que en el contrato se ratificaron los

acuerdos previos entre las partes tales como, entre otros: que el

primer piso de la propiedad sería dividido en partes iguales entre las

partes; el segundo piso le correspondería a Prothers; el tercer piso

le correspondería a Tapia; el vuelo del área de restaurante podría ser

utilizada por Tapia para colocar mesas para el propio negocio; un

ingeniero acordado por las partes evaluaría la propiedad para

auscultar la posibilidad de edificar sobre el restaurante y las

mejoras a efectuarse en el edificio; la exclusividad del negocio de

comida y bebida (restaurante) sería para Tapia.

      Así las cosas, los Prothers afirmaron que Tapia había

incumplido el contrato adjudicándose derechos y el uso de porciones

de la propiedad que no le correspondían. Específicamente, Prothers

aludió en su demanda, que Tapia se había apoderado del segundo

piso en contravención a los acuerdos entre las partes; que había

cerrado el acceso al apartamento en el segundo piso y el área de

laundry donde se encuentran los contadores de energía eléctrica.

Particularmente   Prothers    reclamó   que   Tapia   se   enriquecía

injustamente de él, pues había gestionado, a su costo, la instalación

de cuatro contadores de agua para la propiedad con la intención de

que cada socio o inquilino pudiese tener una cuenta de agua

particular del agua que consumía. Sin embargo, señaló que Tapia

se negaba a conectarse a uno de esos contadores, mientras operaba
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un restaurante, enfatizando en el uso de agua en ese tipo de negocio,

mientras estaba conectado a la cuenta de agua a nombre de su hija,

sin aportar el costo de los servicios. Así Prothers indicó que tuvo que

pagar una factura de agua ascendente a $5,302.58 para impedir que

le cortaran el agua a la propiedad y que de dicho costo entendía que

Tapia era responsable del 70%.

       Explicó que intentó solucionar mediante el diálogo sin éxito,

razón por la cual se vio precisado a presentar la Demanda. En

específico solicitó que el foro primario emitiera una sentencia

declaratoria declarando el contrato suscrito como uno valido y

vinculante entre las partes. Como remedio solicitó al tribunal; (1)

ordenar a Tapia a abandonar el apartamento en el segundo piso y

devolverlo a su estado original, (2) ordenar a Tapia a restaurar los

accesos de toda área común, incluyendo el laundry y los contadores

eléctricos de la propiedad, (3) el pago de $3,711.80 por concepto de

servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, (4) se

emitiese una orden a Tapia para que conectara su negocio de

restaurante a su propio contador y bajo su cuenta, (5) el

resarcimiento de daños por los ingresos dejados de devengar por el

alquiler de los apartamentos del segundo piso que había ocupado

Tapia.1

       Por su parte, Tapia contestó la Demanda y presentó

reconvención en la que mayormente negó las alegaciones en su

contra según redactadas y afirmó que la totalidad de los acuerdos

entre las partes se encontraban en el Contrato. Particularmente en

su escrito señaló que había sido Prothers quien había incumplido

sus obligaciones contractuales, específicamente; (a) no había

cumplido con la obligación de que la exclusividad de la comida y

bebida en la propiedad fuera exclusivamente de Tapia; (b) provocó

1 Véase, Demanda, págs. 1 a 8 del apéndice.
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un pleito judicial con un colindante, (c) había efectuado gestiones

ante agencias de gobierno y creado una entidad sin autoridad legal,

(d) apropiación de las concesiones de agua y luz de la propiedad, (e)

limitado el uso de la propiedad que le corresponde a Tapia, (f) el uso

indiscriminado de los espacios de estacionamiento, entre otros.2

       Posteriormente, el 26 de enero de 2023, Tapia presentó una

Moción urgente en solicitud de remedios provisionales al amparo de

la Regla 56 de Procedimiento Civil, en la cual, y en lo pertinente,

señaló que Prothers de manera unilateral y sin aviso, suspendió el

servicio de agua del inmueble, paralizando la operación del negocio

de su restaurante y había amenazado con suspender el servicio de

electricidad. Además, seguía construyendo en la propiedad en

perjuicio de los intereses de ambas partes y llevaba a cabo actos

dirigidos a enajenar a un colindante de su propiedad. Por la

gravedad de estas situaciones peticionó los siguientes remedios

provisionales: se ordenara a Prothers a: abstenerse de suspender los

servicios de agua y luz en el inmueble; continuar cometiendo actos

de enajenación en el inmueble; cesar de hacer gestiones unilaterales

ante agencias de gobierno y el cese de cualquier actividad de

construcción o alteración del inmueble.3

       Trabada la controversia sobre la solicitud de remedios

provisionales al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, el foro primario celebró el 27 de enero del año en curso

Conferencia Inicial de los procesos. A raíz de la argumentación de

los abogados de las partes, el TPI efectuó varias determinaciones, en

particular, entendió que no habría más suspensiones de utilidades

en el inmueble hasta la conclusión del pleito. Tampoco se

permitirían construcciones adicionales. Muy particularmente, el

2 Véase, Contestación a Demanda y Reconvención, págs. 34 a 41 del apéndice.
3 Véase. Moción Urgente en Solicitud de Remedios Provisionales al amparo de la

Regla 56 de Procedimiento Civil, págs. 42-46 del Apéndice.
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foro primario en dicha vista ordenó a Tapia a hacer las gestiones

para tener una toma de agua en su negocio. El foro le solicitó a las

partes que expusieran por escrito los remedios provisionales

peticionados. Finalmente señaló Vista Evidenciaria sobre los

remedios peticionados para el 17 de febrero de 2023.4

       El 7 de febrero, Prothers presentó su escrito en el cual delimitó

los remedios provisionales solicitados a lo siguiente:

       a) Desalojar, devolver al estado original y entregar a
          Prothers el apartamiento localizado en el segundo
          piso del edificio el cual fue ilegalmente apropiado por
          Tapia, y el cual ha continuado utilizando en violación
          del contrato.

       b) Restaurar y dejar libre de obstáculos los accesos a
          toda área común del edificio incluyendo las
          escaleras.

       c) Conectar su negocio de restaurante a sus propios
          contadores de agua y electricidad, bajo sus propias
          cuentas y que cese de utilizar las utilidades de agua
          y luz de Prothers.

       d) Reembolsar a Prothers al menos 50% de las facturas
          de agua que Prothers ha pagado de la cual Tapia ha
          consumido para explotar su negocio de restaurante.

       e) Que se ordene al demandado Tapia a consignar en
          la secretaría de este Honorable Tribunal la cuantía
          de $5,000 para asegurar la efectividad de la
          sentencia en lo que se refiere al consumo de agua y
          luz.

       f) Que Tapia cese y desista de lanzar amenazas,
          insultos e improperios a las personas que visitan la
          propiedad de los Prothers.

       g) Que Tapia cese y desista de reclamar y hostigar a las
          personas que visitan la propiedad de los Prothers por
          el uso de un estacionamiento que no le pertenece a
          Tapia.

       h) Cualquier otro remedio que a tenor con las
          circunstancias del caso y el derecho aplicable tienda
          a garantizar la efectividad de la sentencia que en su
          día pueda dictarse en este caso.5

       Por su parte, Tapia presentó una Moción de Desestimación por

falta de parte indispensable al no haberse incluido como parte la

4 Véase, Minuta de 27 de enero de 2023, págs. 47-48 del Apéndice.
5 Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Remedios Provisionales bajo

la Regla 56 de Procedimiento Civil, págs. 49 a 52 del Apéndice.
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corporación Rincón Club Náutico LLC, siendo esta dueña de la

propiedad en controversia.6

       Así las cosas, llegada la fecha de la vista señalada, el 17 de

febrero, el representante legal de Tapia excusó su incumplimiento

en cuanto a los remedios provisionales, aduciendo que la muerte de

un familiar le había impedido cumplir con el término señalado desde

el 27 de enero. El foro primario señaló vista para el 1 de marzo.

       El 27 de febrero de 2023, Tapia mediante Moción en

cumplimiento     de    orden    delimitó     los   remedios     provisionales

solicitados a lo siguiente:

       a) Determine que aun cuando del Acuerdo de
          Accionistas objeto de las controversias surge que el
          uso y disfrute de las unidades existentes del segundo
          nivel del inmueble propiedad de Club Náutico
          Rincón, LLC, pertenecen a la parte demandante, la
          Parte Demandante entregó la posesión de una de las
          unidades de apartamento voluntariamente hasta
          tanto se cumplieran varias condiciones, y que dichas
          condiciones no han sido cumplidas, por lo cual de la
          Parte Demandada tiene derecho a mantener la
          posesión     durante     la   pendencia      de    los
          procedimientos, y en su consecuencia dicte ordena
          la Parte Demandante para que permita el uso y
          disfrute pacífico de dicho inmueble durante la
          pendencia de los procedimientos;

       b) Determine que con el Acuerdo de Accionistas las
          partes convinieron la contratación de un ingeniero
          para que evalúe la posibilidad de edificar sobre el
          área de restaurante y las mejoras a ser realizadas en
          el edificio, y en su consecuencia, dicte orden
          provisional a las partes para que contraten a dicho
          profesional en conjunto, y que sus servicios sean
          pagados en partes iguales durante la pendencia de
          los procedimientos;

       c) Determine que con el Acuerdo de Accionistas las
          partes convinieron que la exclusividad de bebida y
          comida le pertenece a la Parte Demandada, y en su
          consecuencia, ordene a la Parte Demandante a cesar
          y desistir de cualquier actividad en conflicto con
          dicha clara disposición durante la pendencia de los
          procedimientos;

       d) Determine que el propósito de las partes al suscribir
          el Acuerdo de Accionistas era dividir el inmueble en
          partes iguales, incluyendo facilidades accesorias,
          tales como los servicios de agua y luz en su

6 Véase, Moción de Desestimación por falta de parte indispensable, págs. 53 a 56

del Apéndice.
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          consecuencia, ordene la división de los servicios
          existentes de agua y luz en partes iguales;

       e) Determine que el propósito de las partes al suscribir
          el Acuerdo de Accionistas era que cada parte pagara
          por servicios de agua y luz en su consecuencia,
          ordene (i) la entrega de las facturas de utilidades y
          (ii) el pago a prorrata de los servicios conjuntos
          existentes de agua y luz durante la pendencia de los
          procedimientos;

       f) Determine que el propósito de las partes al suscribir
          el Acuerdo de Accionistas era dividir el inmueble en
          partes iguales, incluyendo facilidades accesorias,
          tales como los espacios de estacionamientos, en su
          consecuencia ordene que dichos espacios de
          estacionamiento sean utilizados en partes iguales
          durante la pendencia de los procedimientos;

       g) Ordene la entrega de todos documentos relacionados
          con la operación de la entidad Rincón Club Náutico,
          LLC, incluyendo, pero sin limitarse a, estados
          financieros; cuenta(s) de banco, y/o cualquier
          documento relacionado con la operación de dicha
          entidad jurídica.

       Además, informó al TPI que el 16 de febrero había solicitado

una acometida comercial a la AAA para un contador existente.7

       Delimitados los remedios provisionales solicitados, celebrada

Vista Evidenciaria, el 13 de marzo, el TPI emitió Resolución

mediante la cual concedió los siguientes remedios:

       a)    Se ordena al demandado Tapia a desalojar y
       devolver a su estado original, el apartamiento que ha
       venido ocupando en el segundo piso y a hacer entrega
       del mismo al demandante Prothers. Cuenta el
       demandado con 30 días, contados desde la notificación
       de la presente, para cumplir con lo ordenado, so pena
       de sanciones.

       b)     El demandado Tapia debe remover la barrera
       localizada en el pasillo del segundo piso y proveer a
       Prothers copias de las llaves de acceso a las escaleras
       que llevan al segundo piso, el cual está asignado en su
       totalidad a Prothers, según el contrato.

       c)    Cuenta el demandado con 30 días para conectar
       su negocio de restaurante a sus propios contadores de
       agua y luz.

       d)     Se ordena al demandante Prothers a hacer
       entrega a Tapia de los recibos de pagos hechos a la AAA.
       Cuenta el demandado con 10 días para reembolsar a
       Prothers el 50% de los pagos realizados, contados desde
       el recibo de los documentos que acreditan el pago.

7 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 58 a 60 del Apéndice.
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      e)    Se ordena al demandado Tapia a desalojar el
      apartamento que ocupa en el segundo piso y hacer
      entrega del mismo al demandante Prothers, sin
      obstaculizar los accesos. Cuenta el demandado con 30
      días, contados desde la notificación de la presente
      Orden, para cumplir con lo ordenado, so pena de
      sanciones.

      f)    Se ordena a ambas partes el estricto
      cumplimiento con los términos del contrato. Se ordena
      a las partes demandante cesar y desistir de toda y
      cualquier actividad en conflicto con la cláusula que
      estipula la exclusividad del negocio de comida y bebida
      a favor del demandado Tapia.

      g)     El contrato estipulado no contiene disposición
      específica sobre el uso del estacionamiento, por lo que
      los espacios de estacionamiento deberán ser utilizados
      y disfrutados igualmente por ambas partes.

      h)     Se ordena a ambas partes la entrega recíproca de
      toda documentación existente y en poder de las partes
      relacionada a la operación de Rincón Club Náutico,
      LLC.

      Inconforme con dichas determinaciones, Tapia presentó

Solitud de reconsideración. En esta señaló que se le permitiera

devolver el apartamento del segundo piso con las mejoras que había

efectuado en la propiedad, toda vez que la orden fue devolverlo en

su estado original, lo que implicaba desmejorar el mismo, perdiendo

su utilidad inmediata. Además, en cuanto a la orden de remover la

barrera localizada en el pasillo del segundo piso y proveer a Prothers

copias de las llaves de acceso a las escaleras que llevan al segundo

piso pidió que, toda vez que Prothers tenía acceso independiente al

área del segundo piso, se reconsiderara el acceso según ordenado,

ya que implicaba el acceso al área de circulación de la cocina del

restaurante en operación, lo que a su vez podría incidir sobre la

concesión emitida por el Departamento de Salud. Por último, en

cuanto al mandato de conectar su negocio de restaurante a sus

propios contadores de agua y electricidad, bajo sus propias cuentas

y que cese de utilizar las utilidades de agua y luz de Prothers solicitó

reconsideración. Alegó que la conexión no estaba en sus manos,

dependía de un tercero, AAA. Y esta última, el 27 de febrero de 2023,
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le había requerido una serie de documentos que estaba compilando

para ser sometidos. Cabe resaltar que, desde el 27 de enero de 2023,

el TPI había ordenado a Tapia hacer la conexión de su restaurante

a un contador de la AAA. Recibida la oposición de Prothers, el TPI

finalmente, el 17 de abril, emitió una Orden mediante la cual acogió

la solicitud para que se devolviera el apartamento en las condiciones

que se encontraba. No obstante, aclaró el foro que Tapia debía

remover la barrera colocada en el pasillo del segundo piso. La

solicitud de acceso para Prothers mediante vía alterna la declaró no

ha lugar. Finalmente, en cuanto a la conexión al servicio de AAA, el

foro reconoció que dependía de un tercero, pero enfatizó que debía

ocurrir “sin demoras ni retrasos. No debe ser la fecha más viable,

sino la más próxima.”

      Inconforme    con   los   remedios   provisionales   finalmente

concedidos por el foro primario presentó el recurso que nos ocupa

en el cual presentó dos señalamientos de error, estos son:

      PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL RECONSIDERAR
      RESOLUCIÓN DICTADA EL 18 DE ABRIL DE 2023
      DONDE EMITIÓ ÓRDENES CONTRARIAS A LA
      INTENCIÓN DE LAS PARTES EN ACUERDOS
      ALCANZADOS.

      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI, AL CONCEDER UN
      REMEDIO QUE NO TOMA EN CONSIDERACIÓN LOS
      INTERESES DE TODAS LAS PARTES SEGÚN
      REQUERIDO POR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO
      DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 56 DE LAS DE
      PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V.

      En apoyo a los errores señalados afirma que el TPI no tomó en

consideración la totalidad de la prueba testifical y documental

desfilada, en particular, la intensión de las partes de dividir el uso

del inmueble de manera tal que el uso y disfrute de una parte no

infringiera el derecho de uso y disfrute de la otra parte. Para Tapia

el TPI erró, ya que luego de considerada la totalidad de la prueba

testifical y documental desfilada emitió una Orden que no tomó en

consideración los intereses de las partes, según lo requiere la
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justicia sustancial y las circunstancias del caso conforme la Regla

56 de las de Procedimiento Civil, supra. Arguye que el foro primario

no tomó en consideración todos los criterios, a saber: que fuesen

provisionales, que tuviesen el propósito de asegurar la efectividad de

la sentencia que en su día se dictara y que tomara consideración los

intereses de todas las partes, según lo requiera la justicia sustancial

y las circunstancias del caso. Sin más fundamentos sometió su

recurso ante este tribunal.

      El 23 de mayo, Tapia solicitó la presentación de la

transcripción de la prueba oral y que se elevara el expediente del

TPI. Concedimos un término de aproximadamente 40 días para

presentar la transcripción y 30 días adicionales para la presentación

de alegato suplementario, si alguno. Por su parte, Prothers

compareció y señaló que la decisión del foro recurrido había sido

una que catalogó como sumamente sobria, prudente y razonada y

que contenía unas disposiciones que favorecían a Tapia y otras a él.

Advirtió que toda la prueba presentada durante la Vista Evidenciaria

había sido presentado únicamente por él, presentado solamente

Tapia su testimonio.

      Como primer punto, argumentó que este tribunal solo ostenta

jurisdicción para revisar los tres remedios que fueron objeto de la

reconsideración    presentada    por   Tapia.   Específicamente    las

condiciones en que se devolvería el apartamento en el segundo piso;

la remoción de la barrera localizada en el pasillo del segundo piso y

la entrega de las llaves de acceso a las escaleras que llevan al

segundo piso, así como el mandato de conectar el restaurante a sus

propios contadores de agua y electricidad. Sobre la entrega del

apartamento en las condiciones existentes, Prothers dijo haberse

allanado. Las escaleras, arguyó que lo que Tapia pretendía era

seguir impidiendo el acceso al segundo piso por estas y por los

pasillos que constituyen áreas comunes del inmueble. Sostuvo que
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presentó fotografías ante el TPI de la entrada a las escaleras que

conducen al segundo piso con una reja cerrada con llave, cuando el

segundo piso conforme al contrato, le corresponde a Prothers en su

totalidad. También sostuvo que, conforme acordado por las partes,

tanto las escaleras como los pasillos del edificio constituían áreas

comunes a las cuales ambas partes tenían derecho a tener igual

acceso. Sobre el acceso a la cocina, Prothers indicó que para subir

por las escaleras al segundo piso no hay que entrar a la cocina, ni

tocar la puerta. Afirma que proveyó fotografías que demuestran que

el acceso a las escaleras no tiene nada que ver, ni requiere acceso a

la cocina del restaurante. Finalmente, y en cuanto a la conexión de

las utilidades, asevera que Tapia no ha sido claro cuando ocultó que,

durante abril, en dos ocasiones, personal de la AAA estuvo

disponible para acudir a la propiedad a efectuar la conexión, pero

Tapia no estuvo disponible. Sostiene que el recurso de certiorari

presentado por Tapia no es más que un último intento de seguir

posponiendo y evadiendo el cumplimiento con lo ordenado por el TPI

e igualmente evadiendo el cumplimiento de sus obligaciones bajo el

contrato.

      Posteriormente y ante nuestra orden concediendo un término

al peticionario para presentar la transcripción de la prueba oral,

Prothers presentó una Breve y Urgente Solicitud de Reconsideración.

En la mismo, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de trascribir

la totalidad de la prueba, cuando la única controversia se

circunscribe a la entrega de las llaves de la escalera al segundo piso.

      Tomando       en   consideración    que   estamos    ante    una

impugnación    de    ciertos   remedios   provisionales   de   carácter

inmediato, acogimos parcialmente su petitorio y ordenamos que se

nos remitiera la regrabación de los procedimientos. De esta manera,

podremos evaluar y disponer de las controversias con celeridad.
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                                 II

                                 A.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012);

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La discreción judicial es

la autoridad para elegir entre diversas opciones sin enajenarnos del

derecho. Los tribunales deben ejercer su discreción de forma

razonable al momento de pasar juicio sobre una controversia, para

así poder llegar a una condición justiciera. IG Builders v. BBVAPR,

supra, pág. 338; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); García v. Padró, supra, págs. 334–335.

      Por otro lado, la autoridad del Tribunal de Apelaciones para

expedir un recurso de certiorari está limitada por la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone lo siguiente:

      el recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión. Cualquier otra
      resolución u orden interlocutoria expedida por el
      Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
      recurso de apelación que se interponga contra la
      sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los
      errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V.
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      Superado los criterios esbozados en la regla antes reseñada,

venimos obligados a considerar una segunda revisión al amparo de

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
         recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
         contrarios a derecho.

         (B) Si la situación de hechos planteada es la más
         indicada para el análisis del problema.

         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
         y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
         Tribunal de Primera Instancia.

         (D) Si el asunto planteado exige consideración más
         detenida a la luz de los autos originales, los cuales
         deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
         el caso es la más propicia para su consideración.

         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa no causan un fraccionamiento indebido del
         pleito y una dilación indeseable en la solución final
         del litigio.

         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.

      Puntualizamos que, no se favorece la revisión de asuntos

interlocutorios en ausencia de los criterios antes mencionados. 800

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of

Puerto Rico, 205 DPR 163, 175-176 (2020); IG Builders et al. v.

BBVAPR, supra, pág. 338. Esto por representar un inconveniente

para el desenvolvimiento lógico y funcional del proceso que se

permita recurrir de las diversas resoluciones que recaen en los

diversos actos procesales que finalmente han de culminar en una

sentencia final, pues se interrumpe la marcha ordenada del proceso

litigioso. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723,

730 (2016).
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      Se ha resuelto que, el denegar la expedición de un auto de

certiorari, no constituye una adjudicación en los méritos, sino que

“es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

                                  B.

      La Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, sobre

remedios provisionales permite a los tribunales conceder remedios

temporeros en todo pleito para “asegurar la efectividad de las

sentencias y reivindicar ... no s[ó]lo la justicia debida a las partes,

sino también la dignidad de la función judicial”. Román v. S.L.G.

Ruiz, 160 DPR 116, 120 (2003), citando a Stump Corp. v. Tribunal

Superior, 99 DPR 179, 183–84 (1970). “Su única limitación es que

la medida sea razonable y adecuada al propósito esencial de la

misma, que es garantizar la efectividad de la sentencia que en su

día pudiera dictarse.” F.D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 DPR 158,

176 (1970); Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304,

315 (2008). La misma es extensiva a cualquier pleito, sin importar

el tipo de obligación que se reclame. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc.

Fom. Educ., supra, pág. 316; Suárez Martínez v. Tribunal Superior,

85 DPR 544, 550 (1962). La Regla 56 vislumbra la concesión de un

injunction preliminar que pretende mantener el status quo, mientras

se dilucida el pleito en los méritos. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc.

Fom. Educ., supra, pág. 322. Al adjudicar una solicitud de remedios

provisionales, cuyo efecto será el de un injunction preliminar, los

tribunales deben tomar en cuenta la naturaleza de los daños que

pueden ocasionárseles a las partes; la probabilidad de que la parte

promovente prevalezca en los méritos; la probabilidad de que la

causa se torne académica y el posible impacto sobre el interés

público, el tiempo que tardó el peticionario en presentar su reclamo
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y el efecto del tiempo en los intereses de las partes, según la justicia

sustancial. Como norma general, en todo caso en el cual se solicite

algún remedio provisional se deberá notificar a la parte adversa y

celebrar una vista previa. Rivera Rodriguez & Co. v. Stowell Taylor,

133 DPR 881, 896 (1993).

      Como     la   concesión    de   remedios    provisionales   tiene

características de un injunction preliminar se puede convertir en

una limitación provisional del derecho de la parte afectada por la

orden a la libre disposición de sus bienes. Freeman v. Tribunal

Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). El tribunal, por lo tanto, debe

garantizar al reclamante, pero no oprimir al demandado o causarle

innecesarias dificultades. Íd. Debemos recordar que el remedio

provisional   de    injunction   preliminar   pretende   evitar   daños

adicionales, mientras el tribunal evalúa el caso en los méritos.

Además, permite al tribunal preservar la efectividad de su dictamen

judicial final y asegura que el remedio final sea eficaz.

      Como consecuencia, en un pleito como el que nos ocupa, el

tribunal debe prevenir aquel tipo de daño que no se puede remediar

en una etapa posterior del litigio. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom.

Educ., supra, pág. 325. Al respecto, debemos puntualizar que el

propósito de una vista de remedio provisional es atender un

incidente dentro de un pleito, conforme a los intereses de las partes

y a los hechos del caso. Como corolario de ello, al celebrar la vista,

le corresponde al tribunal hacer un balance entre los intereses del

peticionario y el daño que una orden de injunction preliminar puede

causarle a la parte que la sufre. En esta tarea, el tribunal posee

discreción para limitar el tipo de evidencia que se admitirá en la

vista, siempre que le provea a las partes una oportunidad justa y

adecuada de presentar prueba y argumentar.

      En todo pleito antes o después de sentencia, por moción de la

parte reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden
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provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la

sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de

fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la

reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden

para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o

podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según

las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un

remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas

las partes y dispondrá, según requiera la justicia sustancial. 32

LPRA Ap. V., R. 56.

      El tribunal podrá compeler el cumplimiento de una orden

dictada bajo esta Regla 56 mediante su poder de desacato civil. 32

LPRA Ap. V, R. 56.8.

                                   III

      Hemos examinado el expediente detalladamente y escuchado

la regrabación de la vista evidenciaria celebrada el 27 de febrero. No

se nos ha señalado en el recurso, más allá de unas alegaciones de

derecho, carentes de hechos que las apoyen, que nos den algún

margen   a   pensar    que   el   juez   de   instancia   no   consideró

sosegadamente los intereses de todas las partes y dispuso conforme

requiere la justicia sustancial. Todo lo contrario, el foro fue

prudente,    sereno,   aquilató    prueba,    concedió    prórrogas    y

oportunidades para resolver las controversias entre las partes sin

éxito. Por tal razón, concedió remedios provisionales a favor de

ambas partes, según las circunstancias específicas.

      Los abogados, en ocasiones, pierden de perspectiva que los

casos de sus clientes no les pertenecen y que su función ha de ser,

ante todo, una de funcionario del tribunal promoviendo las causas

de buena fe y diligentemente. Después de todo, la dignidad y la

conciencia de promover causas justas ha de ir sobre toda

consideración ulterior. Como conocedores del derecho tienen la
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preparación y el deber ético de subsanar controversias entre partes

antagónicas.

      No hay un ápice de ilegalidad, error o parcialidad que nos

provoque que este tribunal revoque las muy bien pensadas

determinaciones provisionales tomadas por el foro recurrido, en

ausencia de acuerdo entre las partes. Estas se tomaron, luego de

celebrar una vista evidenciaria, en donde el tribunal aquilató el

testimonio de las partes, sus testigos y recibió prueba documental,

por lo que tomó su determinación considerando los intereses de

todos y dispuso remedios justos, algunos favorables para el

peticionario y otros para el recurrido, pero todos en consideración a

la prueba recibida y los elementos de la Regla 56, supra.

                                 IV

      Por lo antes expuesto, se expide el auto y se confirma la

resolución recurrida en todos sus aspectos.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      Notifíquese inmediatamente.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones