Court Opinion

ID: 9408099
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-07-11 15:17:12.195763+00
Date Added: 2024-06-11T17:20:41.678396
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VIII

     INÉS NYDIA CORUJO                            APELACION
          MARTÍNEZ                                procedente del
                                                  Tribunal de Primera
            Apelante                              Instancia, Sala
                                                  Superior de San
                v.                  KLAN202300247 Juan

   REPARTO INDUSTRIAL                                   Caso número:
  CORUJO, INC., GLADYS A.                               SJ2022CV07062
   CORUJO MARTÍNEZ, EN
   CARÁCTER DE AGENTE                                   Sobre:
  RESIDENTE DE REPARTO                                  Cobro de Dinero –
 INDUSTRIAL CORUJO, INC.                                Ordinario
        Y OTROS

            Apelados

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez
Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2023.

       Comparece la parte apelante, Inés N. Corujo Martínez, y nos solicita

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan, el 12 de diciembre de 2022, notificada el 14 de

diciembre de 2022. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró

Ha Lugar la solicitud de desestimación instada por Reparto Industrial

Corujo, Inc., y, en consecuencia, desestimó la causa de acción en contra

de los apelados.

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos

el dictamen apelado. Veamos.

                                      I

       El 8 de agosto de 2022, Inés N. Corujo Martínez (Corujo Martínez o

apelante) incoó una Demanda sobre sentencia declaratoria, derechos

reales, derecho de comunero, cobro de dinero y daños y perjuicios en

contra de la corporación Reparto Industrial Corujo, Inc. (Reparto Industrial),

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
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Gladys A. Corujo Martínez,1 como agente residente de la referida

corporación, por sí y en representación de la sociedad de bienes

gananciales compuesta por esta y Fulano de Tal, al igual que las

Aseguradoras A, B y C (apelados).2 Específicamente, esbozó las

alegaciones reproducidas a continuación:

        [. . .]

        5. Las hermanas de la demandante, de nombres Gladys A.
        Corujo Martínez, Betzie M. Corujo Martínez, Adele M. Corujo
        Martínez, Lizzie T. Corujo Martínez y Germie M. Corujo
        Martínez son dueñas-accionistas de REPARTO INDUSTRIAL
        CORUJO, INC., conjuntamente con la demandante.

        6. Las hermanas de la demandante, antes mencionadas, han
        usurpado y ejercen la administración y gerencia de
        REPARTO INDUSTRIAL CORUJO, INC[.] en total exclusión
        de la parte demandante, a quien han privado y continúan
        privando de todos los beneficios que[,] de conformidad con la
        Sentencia de Declaratoria de Herederos, tendría derecho.

        7. La codemandada Gladys A. Corujo Martínez ha violado el
        deber de fiducia que tienen hacia [la] codueña demandante.

        8. La Corporación Reparto Industrial Corujo, Inc. ha
        incumplido con el deber de fiducia que le corresponde
        proteger en favor de la demandante, no reconociéndola como
        oficial ni accionista ni pagándole dividendos, salarios, ni
        beneficios de tipo alguno.

        9. La codemandada Gladys A. Corujo Martínez, responde
        personalmente por cualquier gravamen o contribución
        adeudada al Gobierno de Puerto Rico, con cualquier otro
        cargo que sea imputado contra Reparto Industrial Corujo, Inc.

        10. La codemandada Gladys A. Corujo Martínez, responde
        personalmente por cualquier menoscabo que sufra o haya
        sufrido la demandante en la participación que le corresponde
        de los bienes de Reparto Industrial Corujo, Inc.

        11. La codemandada Gladys A. Corujo Martínez, responde
        personalmente por los daños y perjuicios sufridos por la
        demandante por la privación de su participación en los bienes
        de Reparto Industrial Corujo, Inc.[,] cuyo valor estima en una
        suma igual a lo que debió haber recibido como suma de
        beneficios, dividendos, salarios y otras participaciones.3

        [. . .]

1 Precisa señalar que, el 28 de septiembre de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió
y notificó una Resolución mediante la cual le anotó la rebeldía a la codemandada Gladys
A. Corujo Martínez. Véase, Entrada 13 del Caso Núm. SJ2022CV07062 en el Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
2 Anejo 3 del recurso, págs. 4-8.
3 Íd., pág. 5.
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        En virtud de ello, Corujo Martínez solicitó lo siguiente: (1) que se le

reconociera como comunera, con los mismos derechos y privilegios que los

demás comuneros; (2) una indemnización no menor de $100,000.00

anuales desde el año 1996, por concepto del derecho comunero que le

correspondía; (3) una compensación de $1,000,000.00 por concepto de

daños y perjuicios; (4) el pago de costas y la suma de $250,000.00 por

concepto de honorarios de abogado.

        Luego de varios trámites procesales, el 21 de noviembre de 2022,

Reparto Industrial instó una Moción [de] Desestimación al Amparo de la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil.4 En lo pertinente, argumentó que la

Demanda no exponía una reclamación que justificara la concesión de un

remedio, aun tomando como ciertas todas las alegaciones de Corujo

Martínez. Según adujo, Corujo Martínez solo alegó daños especulativos,

pues de la acción de epígrafe no surgían los daños palpables que había

sufrido esta por los presuntos actos de Reparto Industrial. Sobre ese

particular, añadió que Corujo Martínez recitó remedios aleatorios contra

daños hipotéticos que no justificaban la concesión de un remedio. Solicitó

que se desestimara con perjuicio la Demanda y que se le impusiera a la

apelante honorarios de abogado, así como costas, por una cantidad no

menor de $10,000.00.

        En respuesta, el 11 de diciembre de 2022, Corujo Martínez se

opuso.5 En esencia, adujo que el propósito de incoar la acción de epígrafe

era para que la corporación, Reparto Industrial, cumpliera con su deber

legal con esta, como accionista de dicha compañía. Planteó que la parte

apelada era responsable de pagar el dinero adeudado a esta, como

accionista, desde el año 1996 hasta el presente. Sostuvo que, para que

pudiese prosperar la solicitud de desestimación, la parte apelada debía

4 Anejo 4 del recurso, págs. 9-17. Cabe destacar que, en su escrito, Reparto Industrial le
solicitó al foro primario que tomara conocimiento judicial sobre los múltiples pleitos que
Corujo Martínez había incoado ante ese foro sobre remedios idénticos al caso de autos, a
saber: “a. Caso Núm. KAC2012-0673[,] Inés Corujo Martínez v. Sucn. Corujo Mangual,
Desestimado Con Perjuicio mediante Sentencia notificada y archivada en autos el 21 de
marzo de 2013[;] b. Caso Núm. SJ202[1]CV04640[,] Inés Corujo Martínez v. Reparto
Industrial Corujo, Inc., [Desistido] Sin Perjuicio mediante Sentencia notificada y archivada
en autos el 25 de octubre de 2022”. Íd., págs. 10-11. (Énfasis omitido).
5 Anejo 5 del recurso, págs. 18-22.
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demostrar que le había pagado lo adeudado. Por tanto, señaló que no

procedía la desestimación del pleito bajo la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

         Evaluadas las posturas de las partes, el 12 de diciembre de 2022,

notificada el 14 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia

emitió la Sentencia que nos ocupa.6 Mediante el referido dictamen, el foro

primario declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida por

Reparto Industrial. En su consecuencia, desestimó y archivó la causa de

acción de epígrafe contra la parte apelada.

         En desacuerdo, el 29 de diciembre de 2022, Corujo Martínez

presentó una Moción de Reconsideración,7 la cual fue declarada No Ha

Lugar por el foro a quo el 23 de febrero de 2023.8

         Inconforme, el 24 de marzo de 2023, la parte apelante presentó el

recurso de epígrafe y le imputó al foro primario la comisión del siguiente

error:

         Erró el Tribunal de Primera Instancia al despachar de forma
         automática y sin permitir una vista evidenciar[i]a o
         argumentativa, que la Parte Demandante presentara su caso
         sobre la falta de pago de sus derechos como accionista, por
         parte de la Parte Demandada. No hacerlo, provoca una
         indefensión total a la Parte Demandante, y la deja sin
         remedios. Lo mínimo que procedía en este caso era convocar
         a una vista, para que la Parte Demandante presentara su
         prueba de todos los esfuerzos que ha hecho por cobrar su
         dinero como accionista de la corporación Reparto Industrial
         Corujo, Inc., lo cual al día de hoy no ha cobrado.

         En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 28 de marzo de

2023, y luego de una prórroga a esos efectos, la parte apelada compareció

el 15 de mayo de 2023 mediante Alegato en Oposición a Apelación.

         Con el beneficio de la comparecencia de las partes, nos disponemos

a resolver el recurso que nos ocupa.

6 Anejo 1 del recurso, págs. 1-2.
7 Anejo 6 del recurso, págs. 23-31.
8 Anejo 2 del recurso, pág. 3.
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                                        II

                                        A

       Nuestro ordenamiento jurídico promueve el interés de que todo

litigante tenga su día en corte. Esta postura responde al principio

fundamental y política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos

y se resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Banco Popular v. S.LG. Negrón, 164 DPR 855,

874 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992);

Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993). No

obstante, nuestro ordenamiento permite la presentación de mociones

dispositivas con el propósito de que todos o algunos de los asuntos en

controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio en su fondo. Los

tribunales tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de Procedimiento

Civil, de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de una parte,

sin embargo, ese proceder se debe ejercer juiciosa y apropiadamente.

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). Es decir,

la desestimación de un pleito constituye el último recurso al cual se debe

acudir. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005).

       La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula la parte demandada

antes de presentar su alegación responsiva, mediante la cual solicita que

se desestime la demanda presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR

625, 649 (2006). Dicho petitorio deberá basarse en uno de los siguientes

fundamentos: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación

que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte

indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Cobra Acquisitions v. Mun.

Yabucoa et al., 2022 TSPR 104, 210 DPR ___ (2022); Conde Cruz v. Resto

Rodríguez et al., 205 DPR 1043, 1065-1066 (2020).
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      Al resolver una moción de desestimación bajo el inciso 5 de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal tomará como ciertos todos

los hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. Eagle

Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, S.E. y otros, 2023 TSPR 5, resuelto

el 20 de enero de 2023; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240 (2022);

Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261, 267 (2021).

Asimismo, tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente,

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte

demandante. Íd.; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs.

428-429; Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998). En vista

de ello, la desestimación procedería únicamente cuando de los hechos

alegados no podía concederse remedio alguno a favor de la parte

demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013),

citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan,

Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Tampoco procede la desestimación si la

demanda es susceptible de ser enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz

Dev. Corp., supra, pág. 429. En otras palabras, se debe considerar, “si a la

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994);

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).

                                     B

      Sabido es que el propósito de las alegaciones es notificarle de forma

general a la parte demandada cuáles son las reclamaciones en su contra

para que pueda comparecer a defenderse si así lo desea. Eagle Security

Police, Inc. v. Efrón Dorado, S.E. y otros, 2023 TSPR 5, resuelto el 20 de

enero de 2023. A tenor con ello, al analizar una solicitud de desestimación,

los tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 6.1, solo exige que las alegaciones contengan una
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relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte

peticionaria tiene derecho a un remedio. Íd.

      Ahora bien, en el ámbito federal, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos tuvo ocasión de interpretar la contraparte federal de nuestra Regla

6.1, la Regla 8(a) de Procedimiento Civil Federal, al resolver Bell Atlantic

Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007), y Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662

(2009). Por medio de los citados casos, el Alto Foro federal incorporó la

plausibilidad como criterio de desestimación. Dicho parámetro exhorta a los

tribunales de instancia a eliminar de la demanda aquellas alegaciones

conclusorias que no deben presumirse como ciertas. R. Hernández Colón,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., Ed. Lexis

Nexis, 2017, sec. 2604, pág. 307. De esta manera, el foro sentenciador

estará en posición de auscultar si las alegaciones bien fundamentadas

establecen una reclamación plausible, “que justifique que el demandante

tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el

sentido común”. Íd. Incumplido el criterio de plausibilidad, procede

desestimar la demanda e impedir que la causa de acción prosiga bajo el

supuesto de que en el descubrimiento de prueba se probarán las

alegaciones conclusorias. Íd. Ello “persigue una mayor precisión en los

hechos bien alegados para lograr una mejor definición de la controversia

trabada en las alegaciones”. Íd.

                                     C

      Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, los

tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se aplicó

correctamente el derecho a los hechos particulares del caso. Dávila Nieves

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como regla general, los

foros apelativos no tenemos facultad para sustituir las determinaciones de

hechos del tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones. Íd.,

pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). De

manera que, si la actuación del tribunal no está desprovista de base

razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe
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prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección

del proceso. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013);

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).

       Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra su

excepción y cede cuando la parte promovente demuestra que hubo un

craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Además, se

requiere que nuestra intervención en esta etapa evite un perjuicio

sustancial. Rivera Gómez y otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y

otros, 2023 TSPR 65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Lluch v. España

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

       Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una forma

u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García

v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005), citando a Pueblo v. Ortega

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). No obstante, “el adecuado ejercicio

de la discreción está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de

la razonabilidad”. Íd. A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha indicado cuáles son situaciones que constituyen un abuso de discreción,

a saber:

       [C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta
       e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material
       importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el
       contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para
       ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e
       inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o
       cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los
       hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes,
       el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Ramírez v.
       Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002), citando a
       Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212.

       Así, pues, la discreción no implica que los tribunales puedan actuar

de una forma u otra en abstracción del resto del derecho. Rivera Gómez y

otros v. Arcos de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

       A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a disponer de

la controversia ante nuestra consideración.
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                                      III

       Como único señalamiento de error, la parte apelante sostiene que el

Tribunal de Primera Instancia erró al declarar Ha Lugar la solicitud de

desestimación del apelado sin permitir la celebración de una vista

evidenciaria o argumentativa en la cual pudiera demostrar el impago de sus

derechos como accionista de Reparto Industrial. Arguye que, para que

pudiese prosperar la referida solicitud de desestimación, la parte apelada

tendría que demostrar, por lo menos, que le ha pagado consistentemente

a esta lo adeudado. Según aduce, ello no se ha demostrado y es materia

del caso que amerita la celebración de una vista.

       En oposición, la parte apelada alega, en síntesis, que, al revisar las

alegaciones bien hechas de la Demanda, la apelante no tiene derecho a la

concesión de un remedio. Sostiene que, aun interpretando de la forma más

liberal las alegaciones vertidas en la acción de epígrafe, la apelante no

dispone de una causa de acción para solicitar derechos comuneros, si

tuviese alguno, en contra de Reparto Industrial.

       Hemos examinado cuidadosamente el trámite procesal, los escritos

de las partes, así como la normativa aplicable y concluimos que el Tribunal

de Primera Instancia no incidió al desestimar la causa de acción en contra

de la apelada. Nos explicamos.

       Según reseñáramos, el inciso (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra, permite que la parte demandada presente una moción de

desestimación levantando como defensa que la demanda incoada en su

contra deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio. Al resolver este tipo de moción dispositiva bajo dicho fundamento,

se tomarán como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y

que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente; y que de su faz

no den margen a dudas. Dichas alegaciones deben contener una relación

sucinta y sencilla de los hechos y la solicitud del remedio. Ello sin perder

de vista el criterio de plausibilidad, el cual exhorta a eliminar de la demanda

aquellas alegaciones conclusorias que no deben presumirse como ciertas.
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Asimismo, tales alegaciones se interpretarán conjuntamente, liberalmente

y de la forma más favorable posible para la parte demandante. La demanda

no deberá desestimarse, a menos que se demuestre que la parte

demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos

que pueda probar. Tampoco procede la desestimación, si la demanda es

susceptible de ser enmendada.

          Al evaluar las alegaciones contenidas en la Demanda de epígrafe

en cuanto a la parte apelada, concluimos que estas no superan los criterios

establecidos en las Reglas 6.1 y 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra,

según discutidos previamente. La parte apelante se limitó a desglosar siete

(7) alegaciones en contra de la parte apelada.9 Luego de entender sobre

las alegaciones esbozadas en la acción de epígrafe, colegimos que estas

carecen de especificidad que puedan dar base a una posible reclamación

que justifique la concesión de un remedio. Conforme a lo resuelto por el

Tribunal de Primera Instancia, de los hechos alegados en la acción de

autos no puede inferirse que la parte apelada incurriera en conducta que

pueda justificar los remedios solicitados, sino que se trata de alegaciones

conclusorias. En atención a lo anterior, concluimos que el foro primario no

incidió al declarar Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida por

Reparto Industrial, por lo que no se cometió el error señalado.

          En mérito de lo anterior y como correctamente determinó el foro

apelado, procedía desestimar la causa de acción instada en contra de la

parte apelada. En consecuencia, confirmamos la determinación apelada.

                                            IV

          Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia

apelada.

          Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

9   Véase, Alegaciones 5-11 de la Demanda, Anejo 3 del recurso, pág. 5.