Court Opinion

ID: 9890372
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:52.354563+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:41.407948
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

    JOSÉ MANUEL SOTO                                   APELACIÓN
         RAMOS                                         procedente del
                                                       Tribunal de Primera
    Demandante-Apelado                                 Instancia, Sala
                                                       Superior de Aguadilla
             Vs.                KLAN202300568
                                                       Caso Núm.
    JENNIFER I. BURGOS                                 A CU2016-0171
       RODRÍGUEZ
                                                       Sobre: RELACIONES
    Demandada-Apelante                                 PATERNO FILIALES

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Hernández Sánchez, Juez Ponente

                                RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

       El 5 de julio de 2023, la Sra. Jennifer Ivette Burgos (señora

Burgos o peticionaria) compareció ante nos mediante recurso de

Apelación Civil1 y solicitó la revisión de una Resolución que se emitió

el 12 de junio de 2023 y se notificó el 13 de junio de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).

Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud

de desacato que presentó el Sr. José Manuel Soto Ramos (señor Soto

o recurrido) en contra de la peticionaria. Consecuentemente, le

ordenó a la señora Burgos a que reestableciera las relaciones

paternofiliales según se establecieron anteriormente y le impuso

una sanción de $1,000 por su injustificado incumplimiento con las

órdenes del tribunal.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de epígrafe.

1 Acogemos la apelación de epígrafe como un certiorari, por ser el recurso
adecuado para la revisión de la determinación recurrida. Sin embargo, para fines
administrativos, mantenemos la codificación alfanumérica que la Secretaría de
este foro le asignó al caso.

Número Identificador
RES2023 _____________________
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                                       I.

        El 7 de febrero de 2022, las partes de epígrafe presentaron

una Estipulación sobre Relaciones Paterno Filiales en la cual, en lo

pertinente, acordaron que las relaciones paternofiliales se llevarían

a cabo todos los fines de semana desde el viernes en el horario que

las partes acordaran hasta Domingo a las 7:00pm.2 El TPI emitió

una Orden validando dicho acuerdo. Sin embargo, el señor Soto

presentó varias mociones informándole al TPI que la señora Burgos

no    estaba      cumpliendo     con    la   estipulación     de     relaciones

paternofiliales por lo que le solicitó que le ordenara a esta última a

cumplir con lo acordado.3 La peticionaria siguió incumpliendo con

los acuerdos paternofiliales y el 19 de diciembre de 2022, el

recurrido presentó una moción solicitándole al TPI a que encontrara

incursa en desacato a la señora Burgos con las penalidades que

dicha determinación implicara.4

        El 10 de enero de 2023, se celebró una vista y en esta, las

partes acordaron que estarían respetando la orden que emitió el TPI

validando las relaciones paternofiliales. A pesar de ello, la

peticionaria continuó incumpliendo con sus obligaciones y el 1 de

febrero de 2023, el señor Soto presentó una segunda moción

solicitándole al TPI a que encontrara a la señora Burgos incursa en

desacato.5

        El 13 de marzo de 2023 se celebró una vista de desacato.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2023, el TPI emitió una Resolución

que se notificó el 21 de marzo de 2023, en la cual expuso en resumen

de los testimonios de ambas partes y resolvió que luego de

evaluarlos, le adjudicó entera credibilidad al del señor Soto por tener

mayores      elementos     de   confiabilidad     y   consistencia     en   sus

2 Véase, págs. 15-16 del apéndice del recurso.
3 Véase, págs. 15-16 del apéndice del Alegato en Oposición.
4 Íd., pág. 17.
5 Íd., págs. 18-19.
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argumentos.6 Así pues, declaró Con Lugar la moción de desacato

que presentó el señor Soto y, por ende, encontró incursa en desacato

a la peticionaria. Además, le fijó a esta una sanción de $1,000.00

que debían ser consignadas en la Unidad de Cuentas del Tribunal.

Aclaró que se mantendrían las sanciones consignadas y se

mantendría en suspenso la Resolución hasta que el Tribunal

atendiera la controversia sobre custodia y relaciones paternofiliales

en su fondo. Por último, expresó que de cumplirse prospectivamente

con la relación paternofiliales se le devolvería el dinero a la señora

Burgos y se dejaría sin efecto el desacato.

        Ante un continuo patrón de incumplimiento, el 27 de abril de

2023, el señor Soto se encontró forzado a presentar una tercera

moción solicitándole al TPI a que encontrara la señora Burgos

incursa en desacato.7 El 8 de junio de 2023, se celebró una vista

sobre solicitud de desacato. Así pues, el 12 de junio de 2023, luego

de evaluar los testimonios de ambas partes y conforme al derecho

aplicable, el TPI emitió una Resolución que se notificó el 13 de junio

de 2023, en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de desacato que

presentó          el   recurrido     en     contra     de      la     peticionaria.8

Consecuentemente,           le     ordenó    a   la   señora        Burgos   a   que

reestableciera las relaciones paternofiliales según se establecieron

anteriormente y le impuso una sanción de $1,000 por su

injustificado incumplimiento con las órdenes del tribunal. Indicó

que de no satisfacer el pago de la sanción en el término de diez (10)

días se puede ordenar su arresto hasta la consignación total de la

sanción económica.

6 Véase, pág. 19 del apéndice del recurso.
7 Íd., pág. 20.
8 Íd., págs. 22-26.
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         Inconforme, el 5 de julio de 2023, la señora Burgos presentó

el recurso de epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de

error:

         Erró el Tribunal de Instancia al determinar que la
         compareciente había incurrido en desacato a la
         orden del Tribunal cuando la propia prueba del
         demandante-recurrido demostró que ella no incurrió
         en conducta alguna que violentara la orden del
         Tribunal ni impidiera las relaciones filiales.

         Erró el Tribunal de Instancia al imponer una sanción
         de $1,000.00 a la compareciente en contravención
         a la disposición constitucional que prohíbe los
         castigos    crueles    e   inusitados    siendo    la
         compareciente una persona de escasos recursos
         económicos.

         Erró el Tribunal de hecho y derecho al no permitir
         que    la   parte   compareciente   realizara  un
         ofrecimiento de prueba luego de declarar con lugar
         una objeción del demandante recurrente para
         excluir evidencia de incumplimiento de la
         obligación de alimentar a un menor de edad como
         prueba de impugnación.

         Atendido el recurso, el 14 de julio de 2023, emitimos una

Resolución ordenándole a las partes un término de veinte (20) días

para presentar una transcripción de la prueba oral estipulada de la

vista que se celebró el 8 de junio de 2023 sobre la solicitud de

desacato en contra de la señora Burgos. Además, le indicamos a la

parte recurrida que una vez se presente la prueba oral estipulada,

tendría veinte (20) días para presentar su alegato en oposición. En

cumplimiento con la referida orden, la parte peticionaria presentó la

transcripción de la prueba oral. Sin embargo, la parte recurrida no

compareció para estipular dicha transcripción a pesar de que se le

concedió     hasta   el   23   de   agosto   de   2023   para   hacerlo.

Consecuentemente, transcurrido el término antes expuesto, se

acogió la transcripción que presentó la señora Burgos como la

prueba oral del caso.

         Posteriormente, la parte recurrida compareció ante nos y

presentó un Alegato en Oposición. En este negó que el TPI cometiera
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los errores que la señora Burgos le imputo. Con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.

                                  II.

      El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de

derecho cometido por un tribunal inferior. Torres González v.

Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023). Los

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari

de manera discrecional. Íd. Esta discreción se define como “el poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág.

335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este foro apelativo

para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos

autoridad para actuar de una forma u otra, con abstracción total al

resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así,

“el adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd.

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d)

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público;
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y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Por su parte, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:

              El tribunal tomará en consideración los
          siguientes criterios al determinar la expedición de
          un auto de certiorari o de una orden de mostrar
          causa:

          (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.

          (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.

          (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso
          y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.

          (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

          (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta
          el caso es la más propicia para su consideración.

          (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.

          (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap.
          XXII-B, R. 40.

      Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva.

García v. Padró, supra, pág. 335. La norma vigente es que los

tribunales apelativos podremos intervenir con las determinaciones

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581

(2009).
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                                  III.

      Luego de evaluar la totalidad del expediente a la luz de los

criterios de la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir con el

dictamen recurrido. Ello, ya que no se configura ninguna de las

situaciones que allí se contemplan. Recordemos que nuestro

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en

aquellos dictámenes interlocutorios en los que el TPI haya sido

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos

que en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que

haya alguno de estos escenarios.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el recurso

de certiorari.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones