Court Opinion

ID: 9962712
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:45:07.89329+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:28.377346
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

NILDA RAMOS COLÓN,                                   Apelación
ET AL.                                               procedente del
                                                     Tribunal de Primera
            Apelantes                                Instancia, Sala
                                       KLAN202301010 Superior de
                  v.                                 San Juan

TRANSPORTE LEÓN LLC.,                                        Civil núm.:
ET ALS.                                                      SJ2020CV06038
                                                             consolidado con
             Apelados                                        SJ2020CV06113

                                                             Sobre: Daños y
                                                             Perjuicios

Panel integrado por su presidenta la juez Barresi Ramos, la jueza
Santiago Calderón y el juez Campos Pérez1

Campos Pérez, Juez Ponente

                                    SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2024.

        Comparece la demandante contra coparte y contra tercero,

Sra. Cynthia Y. Esterás-Nieves y otros, mediante un recurso de

Apelación. Solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI),

el 31 de octubre de 2023 y notificada a las partes el 1 de noviembre

de 2023. En la aludida sentencia parcial, el TPI acogió la Solicitud

de Sentencia Sumaria presentada el 31 de julio de 2023 por la parte

codemandada, Oriental Sand & Gravel, Inc. (Oriental), y desestimó

el pleito, con perjuicio, respecto a dicha parte por entender que

Oriental no era cocausante de los daños sufridos por la parte

demandante.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Sentencia Parcial.

1 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-212 se designó al Juez José I. Campos Pérez,

en sustitución de la Hon. Gloria L. Lebrón Nieves.

Número Identificador

SEN2024____________________
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                                        I.

        Los hechos del presente recurso tienen su génesis en dos

Demandas        por    daños      y    perjuicios,     SJ2020CV06038           y

SJ2020CV06113, presentadas contra Transporte León, LLC. y otros,

por un accidente de múltiples autos ocurrido el 6 de noviembre de

2020.2 En dichas demandas, se le solicitaba al Tribunal que

declarará con lugar la reclamación y les impusiera a las partes

demandadas el pago en daños y perjuicios sufridos por las partes

demandantes.3 Según alegaron, en síntesis, el empleado de

Transporte León, LLC., señor Rafael E. Cotto Martínez (señor Cotto

Martínez), quien condujo un camión cargado, ocasionó varias

colisiones, causándole daños a los demandantes.4 Conforme a lo

anterior, el Tribunal mediante una Orden unió ambos pleitos en

uno.5

        Luego de varios incidentes procesales, el 21 de diciembre de

2020, MAPFRE Praico Insurance Company, como aseguradora de

Transporte León, LLC., presentó una Contestación a demanda

enmendada, reconvención y demanda contra terceros de interpleader

bajo la Regla 19 de las de Procedimiento Civil.6 En síntesis, solicitó

el procedimiento de Interpleader bajo la Regla 19 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V., R.19, pues estaba siendo objeto de múltiples

reclamaciones por el mismo accidente y las mismas excedían el

monto de la cubierta.7

        El 28 de septiembre de 2021, los demandantes contra coparte

y demandantes contra terceros, Sra. Cynthia Y. Esterás-Nieves, Sr.

2 La parte apelante omitió presentar ante el Tribunal de Apelaciones las demandas

SJ2020CV06038 y SJ2020CV06113. Véase SJ2020CV06038, entrada número 1
del Sistema Uniformado de Manejo y Administración del Caso (SUMAC). Véase,
además, SJ2020CV06113 entrada número 1 del Sistema Uniformado de Manejo
y Administración del Caso (SUMAC).
3 Véase SJ2020CV06038, entrada número 1 SUMAC; SJ2020CV06113 entrada

número 1 SUMAC.
4 Véase SJ2020CV06038, entrada número 1 SUMAC; SJ2020CV06113 entrada

número 1 SUMAC.
5 Véase SJ2020CV06038, entrada número 23 SUMAC.
6 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 2 págs.9-22.
7 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 2 págs.9-22.
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Manuel Ruíz, Sr. Josué Esterás-Nieves, Sra. Alicia Nieves y Sr. José

Esterás presentaron una Demanda enmendada contra coparte.8

Alegaron, en síntesis, que Oriental respondía en daños, pues este

cargó con arena el furgón del camión de Transporte León, LLC. que

iba a ser transportado hasta las facilidades de Asphalt Solutions y/o

Super Asphalt en Toa Alta sin antes cerciorarse si el conductor

estaba físicamente apto para fungir como conductor del camión.9

       Así las cosas, el 31 de julio de 2023, la parte codemandada

Oriental presentó su Contestación a demanda enmendada contra

coparte.10 En dicho escrito negó algunos hechos expuestos por la

Sra. Cynthia Y. Esterás-Nieves, el Sr. Manuel Ruíz, el Sr. Josué

Esterás-Nieves, la Sra. Alicia Nieves y el Sr. José Esterás, de igual

forma,    levantó    como    defensas     afirmativas,     entre   otras,   la

inexistencia de un nexo causal entre los daños y la actuación

alegada.11

       Ese mismo día, luego de presentar su Contestación a demanda

enmendada contra coparte, Oriental presentó una Solicitud de

sentencia sumaria.12 En síntesis, en dicha solicitud, arguyó que

procedía la desestimación de la acción respecto a Oriental, pues no

existía una relación causal entre la alegada actuación y el daño

sufrido por los demandantes.13 Esto es así pues, según alegó

Oriental, ellos únicamente se limitaron a llenar el furgón del camión

con arena para ser transportada a Asphalt Solutions y/o Super

Asphalt en Toa Alta.14

       De igual forma, arguyeron que tampoco actuaron de manera

negligente al no requerirle al señor Cotto Martínez que presentara la

documentación requerida para cerciorarse si estaba en condiciones

8 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 4 págs.35-57.
9 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 4 págs. 35-57.
10 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 5 págs. 58-62.
11 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 5 págs. 58-62.
12 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
13 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
14 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
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físicamente aptas para conducir el camión, pues no existía un deber

jurídico que le impusiera dicha responsabilidad a Oriental.15 Esto es

así, pues Oriental no tenía ningún tipo de relación contractual con

Transporte León, LLC. que le obligara a cerciorarse que los

camioneros de dicha compañía estuviesen en condiciones físicas

para ejercer sus funciones.16 De la misma manera, Oriental arguyó

que la única relación contractual existente era la que esta tenía con

Asphalt Solutions y/o Super Asphalt por lo que no existía ningún

deber jurídico.17

       Así las cosas, Oriental enlistó en su Solicitud de sentencia

sumaria los siguientes hechos materiales y pertinentes como

incontrovertidos:

       4.1 La parte codemandada Oriental Sand & Gravel, Inc.
       es una corporación organizada bajo las leyes del Estado
       Libre Asociado de Puerto Rico, que opera una cantera
       en el municipio de Yabucoa. Alegación hecha en ambas,
       la Demanda como la Demanda de Coparte que fue
       aceptada por la compareciente.

       4.2 Oriental Sand & Gravel, Inc. vendió a Asphalt
       Solution una carga consistente en arena procesada.
       Este hecho ha sido alegado por la demandante y
       demandantes de co-parte y aceptado tanto por el
       codemandado Asphalt Solution como por la
       compareciente. Véase, además, Conduce Oriental Sand
       & Gravel Inc. No. 219460 (#219585) 11/6/2020,
       Asphalt Toa Alta, el cual es un documento estipulado
       por las partes en el Informe de Conferencia con
       Antelación al Juicio y se marca como Exhibit A.

       4.3 Asphalt Solution contrató a Transporte León para el
       transporte de la carga. Este hecho ha sido alegado por
       la demandante y demandante de co-parte y aceptado
       por los codemandados Asphalt Solution, Transporte
       León y la compareciente Oriental Sand & Gravel, Inc.

       4.4 Transporte León contrató con [el] camionero Rafael
       Cotto Martínez para realizar el transporte. Este hecho
       ha sido admitido por ambos codemandados Transporte
       León y Rafael Cotto Martínez.

       4.5 Como parte del procedimiento para la entrega del
       material, los camiones hacen fila y se estacionan en el
       área designada. Sus choferes no se suponen se bajen de
       los camiones. El número de tablilla del camión que
       habrá de recoger la carga es informado por el cliente a
       Oriental previamente, por lo que antes de hacer entrega

15 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
16 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
17 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
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    del material se verifica contra el conduce u orden de
    compra del cliente para verificar la carga a ser
    entregada. Véase transcripción de la deposición tomada
    al Sr. Ramón Levy, dueño de la codemandada Oriental
    Sand & Gravel, Inc., a las páginas 21 a la 23, la cual se
    marca como Exhibit B.

    4.6 El procedimiento al cargar el camión con el material
    conlleva que el mismo sea pesado antes de recibir la
    carta y luego de recibir la carga. Véase transcripción de
    la deposición tomada al Sr. Ramón Levy, dueño de la
    codemandada Oriental Sand & Gravel, Inc., a la página
    27, la cual se marca como Exhibit B.

    4.7 El Sr. Ramón Levy, dueño de Oriental Sands &
    Gravel, Inc.[,] no conocía previamente al Sr. Raf[a]el E.
    Cotto Martínez. Véase transcripción de la deposición
    tomada al Sr. Ramón Levy, dueño de la codemandada
    Oriental Sand & Gravel, Inc., a las páginas 33 y 34, la
    cual se marca como Exhibit B.

    4.8 La Policía de Puerto Rico investigó el accidente
    ocurrido el 6 de noviembre de 2020, a las 10:05 am en
    la Carretera 52, km. 2.5, San Juan, bajo la querella
    2020-1-299-507. Hecho estipulado por las partes en el
    Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.
    Además, véase el [Informe] de la Policía de Puerto Rico
    bajo la querella 2020-1-299-507 marcado como Exhibit
    C.

    4.9 La Policía de Puerto Rico concluyó que el accidente
    se debió a que Rafael Cotto Martínez conducía a exceso
    de velocidad un camión Mack, modelo R0600 del año
    1999, tablilla RP-6692 y al percatarse de una
    congestión vehicular, quiso rebasar por el paseo,
    ocasionando el accidente. Hecho estipulado por las
    partes en el Informe de Conferencia con Antelación al
    Juicio. Además, véase el [Informe] de la Policía de
    Puerto Rico bajo la querella 2020-1-299-507 marcado
    como Exhibit C.

    4.10 La Policía de Puerto Rico examinó y pesó el camión
    y furgón, concluyendo que el peso era adecuado para el
    transporte. Véase el [Informe] de la Policía de Puerto
    Rico bajo la querella 2020-1-299-507 marcado como
    Exhibit C.

    4.11 Al momento de la ocurrencia del accidente el
    chofer Sr. Rafael Cotto Martínez contaba con licencia
    vigente número 7007371 expedida por el Departamento
    de Transportación y Obras [Públicas] de Puerto Rico.
    Véase copia de la licencia del Sr. Rafael Cotto Martínez,
    la cual es un documento estipulado por las partes en el
    Informe de Conferencia con Antelación al Juicio y se
    aneja como Exhibit D.

    4.12 Al momento de la ocurrencia del accidente el
    chofer Sr. Rafael Cotto Martínez contaba con licencia
    del Departamento de Transportación Federal conocida
    como Transportation Worker Identification Credential
    (“TWIC”) con fecha de expiración del 12 de abril de 2023.
    Véase copia del TWIC, la cual es un documento
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          estipulado por las partes en el Informe de Conferencia
          con Antelación al Juicio y se aneja como Exhibit E.18

          Luego de varios incidentes procesales, el 16 de agosto de

2023, la Sra. Cynthia Y. Esterás-Nieves, el Sr. Manuel Ruíz, el Sr.

Josué Esterás-Nieves, la Sra. Alicia Nieves y el Sr. José Esterás

presentaron        una    Oposición a moción de sentencia sumaria

presentada por Sand & Gravel. En síntesis, en su escrito alegaron

que no procedían los argumentos levantados por Oriental, pues

estos incumplieron con el deber de cerciorarse si el señor Cotto

Martínez, estaba en condiciones físicas óptimas para manejar el

camión según las Secciones 391, 391.11 del Reglamento para el

Transporte Comercial de la               Comisión del Servicio Público,

Reglamento Núm. 7470 del 4 de marzo de 2008.19

          El 31 de octubre de 2023 el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia parcial.20 Dicha sentencia declara Ha Lugar la

Solicitud de sentencia sumaria presentada por Oriental, pues el TPI

concluyó que Oriental no fue cocausante del daño sufrido por los

demandantes y que la participación de dicha compañía se limitó a

vender y cargar la arena en el furgón, desestimando la acción

respecto a Oriental con perjuicio.21

          Inconforme,      la   parte   demandante        acudió    ante       nos

oportunamente mediante el presente recurso de Apelación. En su

escrito, señala el siguiente error:

          Erró el TPI al concluir que no existía una obligación en
          ley o reglamento que le impusiera a [Oriental] Sand &
          Gravel la obligación de asegurarse que Cotto Martínez
          estuviera físicamente capacitado de acuerdo con el RTC
          para recibir la carga y manejar el Camión Mack que
          habría de transportarla en el Furgón.

          La parte apelada presentó el 8 de diciembre de 2023 su

Oposición a apelación. Contando con la comparecencia de ambas

partes, procedemos a resolver.

18 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 63-136.
19 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 8 págs. 305-477.
20 Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 10 págs. 489-496.
21
     Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 10 págs. 489-496.
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                                   II.

La Sentencia Sumaria

      La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.36,

gobierna el mecanismo de la sentencia dictada sumariamente. Esta

herramienta procesal sirve al propósito de aligerar la conclusión de

los pleitos, sin la celebración de un juicio en sus méritos, siempre y

cuando no exista una legítima controversia de hechos medulares, de

modo que lo restante sea aplicar el derecho. Véase, Jusino et als. v.

Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); Roldán Flores v. M. Cuebas et

al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

193 DPR 100, 109 (2015). Así se propende a la solución justa, rápida

y económica de los litigios de naturaleza civil en los cuales no exista

una controversia genuina de hechos materiales. Pérez Vargas v.

Office Depot, 203 DPR 687, 699 (2021). En este sentido, un hecho

material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Por ello, “[l]a controversia debe

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un

juez la dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v.

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

      La Regla 36.2 del mismo ordenamiento procesal, establece

que la parte contra la cual se haya formulado una reclamación podrá

presentar “una moción fundada en declaraciones juradas o en

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o

cualquier parte de la reclamación”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. Por su

lado, conforme la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su

contestación, la parte promovida “no podrá descansar solamente en

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino

que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica,
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como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se

dictará la sentencia sumaria en su contra si procede”. 32 LPRA Ap.

V, R. 36.3 (c). Asimismo, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,

establece unos requisitos de forma a ser cumplidos por la parte

promovente y la parte promovida. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase,

Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 698. Por consiguiente, el

incumplimiento del promovente de estas formalidades acarrea que

el tribunal no esté obligado a considerar su pedimento. Meléndez

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. En caso de que el

promovido sea quien incumple dichos requisitos “el tribunal puede

dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede

en derecho”. Id.

      En cuanto a la revisión de un dictamen sumario o la

denegación de la resolución abreviada, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al

revisar la determinación del tribunal primario, estamos limitados de

dos maneras: (1) sólo podemos considerar los documentos que se

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo podemos

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos

materiales y esenciales, así como si el derecho se aplicó de forma

correcta. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). El deber

de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea que le

compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio.

      A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció

el estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo

pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es

una de novo y debe examinar el expediente de la manera más

favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de sentencia
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sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias

permisibles a su favor”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición

que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción de

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos

estatuidos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil. Id.

       Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del

expediente, de encontrar que en realidad existen hechos materiales

y esenciales en controversia, debemos tener en cuenta el

cumplimiento de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer

concretamente cuáles hechos materiales están controvertidos y

cuáles están incontrovertidos. Por el contrario, de resultar que los

hechos materiales y esenciales realmente están incontrovertidos,

entonces nos corresponde revisar de novo si el foro impugnado

aplicó correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Id.,

pág. 119.

       Al dictar una sentencia sumaria, este tribunal deberá realizar

un análisis dual que consiste en: (1) analizar los documentos que

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen

con la moción en oposición, así como aquellos que obren en el

expediente del tribunal; y (2) determinar si el oponente de la moción

controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma

alguna por los documentos. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 333. Una

vez realizado este análisis el tribunal no dictará sentencia sumaria

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos;

(2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido

refutadas; (3) surge de los propios documentos que se acompañan

con la moción una controversia real sobre algún hecho material y
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esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede. Id., págs. 333-

334.

La Responsabilidad Civil Extracontractual

       El hoy derogado, pero vigente a los hechos, Artículo 1802 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5141,22 disponía que todo

aquél que por acción u omisión cause un daño a otro vendrá

obligado a repararlo, si ha mediado culpa o negligencia. Para poder

reclamar daños y perjuicios bajo este artículo el Tribunal Supremo

ha expresado que el demandante debe establecer la existencia de

estos tres requisitos: (1) la existencia de un daño real; (2) el nexo

causal entre daño sufrido y la acción u omisión del demandado; y

(3) que el acto u omisión es culposo o negligente. Pérez et al. v. Lares

Medical et al., 207 DPR 965, 976 (2021); López v. Porrata Doria, 169

DPR 135, 150 (2006).

       Respecto al concepto de culpa y negligencia, nuestro más alto

foro ha expresado que consiste en la:

       falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no
       anticipar y prever las consecuencias racionales de un
       acto, o de la omisión de un acto, que una persona
       prudente habría de prever en las mismas
       circunstancias.23

       Por otro lado, la omisión genera responsabilidad civil

extracontractual siempre y cuando dicha omisión constituya una

conducta antijurídica imputable. Hernández Vélez v. Televicentro,

168 DPR 803, 812 (2006); Arroyo López v. E.L.A., 126 DPR 682, 686

(1990). Para determinar si se incurrió o no en responsabilidad civil

por omisión, el Tribunal Supremo ha expresado que deben

considerarse los siguientes factores:

       (i) la existencia o inexistencia de un deber jurídico de
       actuar por parte del alegado causante del daño y (ii) si

22 Véase, Artículo 1815 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11720, el cual
dispone, en parte, que “[l]a responsabilidad extracontractual, tanto en su
extensión como su naturaleza, se determina por la ley vigente en el momento en
que ocurrió el acto u omisión que da lugar a dicha responsabilidad. […]”.
23 López v. Porrata Doria, 165 DPR 135, 151 (2006); Toro Aponte v. E.L.A., 142

DPR 464, 473 (1997).
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       de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado
       el daño.24

       Nuestro ordenamiento jurídico ha expresado que el deber de

indemnizar presupone la existencia de un nexo causal. Estremera v.

Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). El Tribunal

Supremo ha establecido que en Puerto Rico se rige por la doctrina

de la causalidad adecuada. Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra

en la pág. 977; López v. Porrata Doria; en la pág. 151. La doctrina de

causalidad adecuada presupone que “no es causa toda condición

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que

ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Pérez et al.

v. Lares Medical et al., supra, en la pág. 977; López v. Porrata Doria;

en la pág. 151-152. En otras palabras, la cuestión se limita a

determinar si la ocurrencia del daño era de esperarse en el curso

normal de un suceso o si, por el contrario, este queda fuera del

cálculo. Rivera Jiménez v. Garrido & Co. Inc., 134 DPR 840, 852

(1993).

Reglamento para el Transporte Comercial

       La Comisión del Servicio Público de Puerto Rico está facultada

por la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada,

mejor conocida como “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, 27

LPRA sec. 1001, para reglamentar y fiscalizar, entre otras, empresas

“de vehículos privados dedicados al comercio, incluyendo todos los

vehículos de motor comercial”.25 A base de este poder delegado y con

la intención de adoptar las secciones 171-173, 177-178, 180, 390-

393 y 395-397 del Título 49 del Código de Reglamentos Federales

en Puerto Rico se aprobó el Reglamento para el Transporte Comercial

de la Comisión del Servicio Público, Reglamento Núm. 7470 del 4 de

marzo de 2008.

24 Hernández Vélez v. Televicentro, supra; Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc.,

117 DPR 94, 106 (1986).
25 Artículo 14 de Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, “Ley de Servicio Público

de Puerto Rico”, 27 LPRA sec. 1101.
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       En la Sección 1.04 del Reglamento para el Transporte

Comercial, supra, se establece a que grupo de personas le será de

aplicación esta normativa. En síntesis, será de aplicación la

reglamentación a todo “patrono, empleado, conductor, acarreador

público o privado, embarcador y vehículo de motor comercial, que

transporte bienes o pasajeros por el comercio interestatal o

interestatal”. (Énfasis suplido).

       La figura del acarreador esta definida como:

       …una empresa pública o privada, dedicada a la
       transportación. El término acarreador incluye los
       agentes, oficiales y representantes del acarreador así
       como a empleados responsables de reclutar, supervisar,
       adiestrar o despacho de conductores, esto incluye
       también a los empleados responsables de la instalación,
       inspección y mantenimiento del equipo y/o accesorios
       de un vehículo de motor para propósitos de este
       Reglamento, la definición de acarreador incluye el
       término patrono.26

       Esta figura es muy importante, pues según surge de la

Sección 391.1 del Reglamento para el Transporte Comercial, supra,

se les impone un deber mínimo a los acarreadores sobre la

cualificación de sus conductores. Esto incluye cerciorarse que sus

conductores estén físicamente cualificados según la Sección 391.41.

                                      III.

       En su recurso de Apelación, la parte apelante señala que erró

el TPI al concluir que no existía una obligación en ley o reglamento

que le impusiera a Oriental Sand & Gravel la obligación de

asegurarse que el señor Cotto Martínez estuviera físicamente

capacitado de acuerdo con el RTC para recibir la carga y manejar el

camión Mack que habría de transportarla en el furgón.

       Examinada de novo la Solicitud de Sentencia Sumaria y su

Oposición    a   Moción     de   Sentencia     Sumaria,     acogemos      las

determinaciones de hechos no controvertidos realizadas por

Oriental y avaladas por el TPI, por entender que estas se sostienen

26 Sección 390.5 de Reglamento para el Transporte Comercial de la Comisión del

Servicio Público, Reglamento Núm. 7470 del 4 de marzo de 2008.
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en la prueba presentada por las partes en sus escritos. A base de

estas determinaciones, concluimos que, tal y como resolvió el TPI,

procedía la resolución sumaria de la causa de acción.

       Debemos comenzar recordando que bajo una causa de acción

en daños y perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil de 1930,

31 LPRA ant. sec. 5141, deben concurrir los siguientes requisitos:

(1) la existencia de un daño real; (2) el nexo causal entre daño

sufrido y la acción u omisión del demandado; y (3) que el acto u

omisión es culposo o negligente.27 Cuando dicha causa de acción es

por omisión deben evaluarse los siguientes factores: (i) la existencia

o inexistencia de un deber jurídico de actuar por parte del alegado

causante del daño y (ii) si de haberse realizado el acto omitido se

hubiera evitado el daño.28 Por otro lado, nuestro ordenamiento

jurídico ha reconocido que para que exista el deber de indemnizar

presupone la existencia de un nexo causal.29

       Por los fundamentos antes expuestos concluimos que no le

asiste razón a la parte apelante pues no surge de los anejos de los

escritos, de la jurisprudencia bajo el derogado Artículo 1802 del

Código Civil de 1930, supra, ni del Reglamento para el Transporte

Comercial, supra, un deber jurídico por parte de Oriental sobre las

actuaciones del señor Cotto Martínez. Como surge de los anejos, y

como bien concluyó el TPI, no existe una relación contractual entre

Oriental y Transporte León, LLC. ni mucho menos con su conductor,

señor Cotto Martínez.30 Al no existir dicha relación causal, Oriental

no tenía un deber jurídico respecto al señor Cotto Martínez, pues su

27 Pérez et al. v. Lares Medical et al., supra; López v. Porrata Doria, 165 DPR 135,

150 (2006).
28 Hernández Vélez v. Televicentro, supra; Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc.,

supra.
29 Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., supra.
30 Véase Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 91-114;

Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 8 págs. 441-446 y 450-
477.
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intervención se limitó a llenar con arena el furgón del camión de

Transporte León, LLC.31

                                       IV.

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Parcial apelada.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

31 Véase Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 6 págs. 91-114;

Apéndice de la parte demandante-apelante, en el Anejo 8 págs. 450-477.