Court Opinion

ID: 9374133
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:14.344458+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.100153
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                         TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

 JOSEAN MEDINA                                    Apelación
 SERRANO                                          procedente del
                                                  Tribunal de Primera
           Apelante                               Instancia, Sala
                                                  Superior de Arecibo
                                KLAN202200630
               v.
                                                  Civil Núm.:
                                                  C CU2019-0133
 KIARA I. RODRÍGUEZ
 SOTOMAYOR
                                                  Sobre:
            Apelado                               Custodia

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

         Comparece el señor Josean Medina Serrano (señor Medina

Serrano o apelante), mediante recurso de apelación y nos solicita

que revoquemos la Sentencia1 emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de Arecibo (TPI o foro primario), el 28 de julio de

2022 y notificada el 1 de agosto de 20222. En el referido dictamen,

el foro primario adjudicó la custodia del menor SDMR a favor de la

señora Kiara Rodríguez Sotomayor (señora Rodríguez Sotomayor o

apelada).

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

confirmamos la Sentencia apelada.

                                        I.

         Según surge del expediente ante nos, el señor Medina Serrano

y la señora Rodríguez Sotomayor procrearon al menor SDMR, quien

actualmente cuenta con cuatro (4) años de edad. El menor SDMR

1   Véase Apéndice 23 del Recurso de Apelación.
2   Véase Apéndice 22 del Recurso de Apelación.

Número Identificador
SEN2022_______________
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estuvo bajo la custodia de la señora Rodríguez Sotomayor, hasta el

9 de enero de 2020.

         El 29 de agosto de 2019, el apelante presentó Demanda para

establecer plan de custodia compartida 3. En esta, alegó que, a pesar

de haber solicitado a la apelada poder relacionarse con el menor

SDMR, esta se ha negado y ha dificultado que la relación sea una

de manera consistente. En respuesta, el 2 de diciembre de 2019, la

apelada presentó su Contestación a Demanda y Reconvención4, en la

cual solicitó que se le concediera la custodia monoparental del

menor SDMR y que el caso fuese referido a la Unidad Social para

evaluación. El 10 de diciembre de 2019, el apelante presentó su

Contestación a Reconvención5 en la cual negó las alegaciones en su

contra y aceptó que el caso fuese referido a la Unidad Social para la

correspondiente evaluación.

         El 9 de enero de 2020, el TPI celebró una vista en la que, entre

otras cosas, concedió la custodia provisional del menor SDMR al

señor Medina Serrano debido a un incidente y estableció las

relaciones maternofiliales provisionales.

         Luego de varios incidentes procesales, el 3 de julio de 2020, el

foro primario ordenó a la Unidad Social de Familia y Menores del

Centro Judicial de Arecibo (Unidad Social) realizar un estudio social

forense de custodia, custodia compartida y relaciones filiales. Ante

ello, el 29 de abril de 2022, la trabajadora social de la Unidad Social,

Priscila Nieves Goy (T.S. Nieves Goy), emitió un Informe Social

Forense (Informe) en el cual recomendó que el menor SDMR

permanezca bajo la custodia de la señora Rodríguez Sotomayor.

         Inconforme, el apelante notificó al TPI su intención de

impugnar el referido Informe y ambas partes contrataron peritos en

3   Véase Apéndice 1 del Recurso de Apelación.
4   Véase Apéndice 2 del Recurso de Apelación.
5   Véase Apéndice 3 del Recurso de Apelación.
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Trabajo Social. El foro primario celebró Juicio en su Fondo los

siguientes días: 25 de febrero de 2022, 18 de marzo de 2022, 16 de

mayo de 2022, 19 de mayo de 2022, 21 de julio de 2022 y 22 de julio

de 2022.

      Con la anuencia de las partes, el foro primario admitió en

evidencia el Informe emitido por la Unidad Social y ordenó que el

mismo, junto con las evaluaciones psicológicas adjuntas, fuese

marcado como prueba documental estipulada.

      El apelante presentó la siguiente prueba documental, la cual

fue marcada como exhibits, a saber:

      Exhibit I - Curriculum Vitae del T.S. Luis M. Rivera Santiago.

      Exhibit II - Análisis pericial del T.S. L Rivera Santiago.

      Exhibit II A - Bloque de mensajes de textos intercambiados
      por las partes (admitidos con la objeción de la parte
      demandada).

      Exhibit III - Primer bloque de mensajes de WhatsApp
      (admitido con la objeción de la parte demandada).

      Exhibit IV - Certificaciones de servicios de la Autoridad de
      Acueductos y Alcantarillados y hoja de detalle del cliente
      (admitido con la objeción de la parte demandada).

      Exhibit V - Segundo bloque de mensajes de WhatsApp
      (admitido con las objeciones de la parte demandada).

      La identificación número 4 del apelante no fue admitida en
      evidencia. Esta consistía en una foto de 8 de mayo de 2022;
      el apelante preservó la objeción para fines de la apelación.

      Por su parte, la apelada presentó la siguiente prueba

documental:

      Exhibit I - Curriculum vitae del Dr. Larry E. Alicea Rodríguez.

      Exhibit II - Revisión pericial realizada por el Dr. Larry E.
      Alicea Rodríguez.

      Además, el foro primario tuvo ante sí el testimonio de las

siguientes personas:

      T.S. Priscila Nieves Goy de la Unidad Social.

      T.S. Luis M. Rivera Santiago, perito de la parte apelante.

      Sr. Josean Medina Serrano, apelante.

      Sra. Ashley Vázquez Muriel, esposa del apelante.

      Dr. Larry E. Alicea Rodríguez, perito de la parte apelada.
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         Sra. Kiara I. Rodríguez Sotomayor, apelada.

         Así las cosas, el 28 de julio de 2022, notificada el 1 de agosto

de 2022, el TPI emitió Sentencia6 en la cual determinó que ambas

partes están “perfectamente capacitados para ejercer la custodia

monoparental del menor”. No obstante, concluyó, al igual que el

Informe de la Unidad Social, que la custodia monoparental del

menor SDMR la debe tener su madre, la señora Rodríguez

Sotomayor7.

         En su determinación, el foro primario formuló veinticinco (25)

determinaciones         de     hechos.      Resaltamos     las    siguientes

determinaciones de hechos relacionadas a las alegaciones del señor

Medina Serrano en cuanto al tiempo en que la señora Rodríguez

Sotomayor tenía la custodia monoparental del menor SDMR:

         […]

         8. En cuanto al asunto de las vacunas, no hay duda de que
         había tres vacunas atrasadas. No obstante, la doctora
         Miriam Mirabal Cordero, Neumóloga pediátrica que atendió
         al menor, expresó que por la bronquiolitis el menor no debía
         recibir la vacuna. Esto fue contemporáneo al tiempo en que
         el menor estaba bajo la custodia de la madre.

         […]

         10. En cuanto a las marcas en el cuerpo, el señor Medina
         Serrano aceptó que nunca realizó un referido al
         Departamento de la Familia por ello. Por tal razón, al
         suscribiente no le merece credibilidad su testimonio en ese
         aspecto.

         11. En cuanto al incidente de falta de agua potable, la
         trabajadora social de la Unidad Social corroboró en su visita
         presencial que había agua potable. Mediante prueba de
         refutación, el señor Medina presentó una certificación de la
         Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la cual se
         desprende que, en algún momento, el servicio se inactivó. No
         obstante, la prueba demostró que el presente servicio está
         conectado y que el evento de la desconexión del servicio fue
         uno aislado.

         12. El evento ocurrido el 5 de enero de 2020 fue el que causó
         el cambio de custodia. Ese día, la señora Rodríguez le dejó el
         menor al señor Medina y éste comenzó a investigar por varias
         vías si la madre se encontraba realmente trabajando, como
         había informado. Durante la noche de ese día, molesta por
         las llamadas de teléfono constantes recibidas de parte del
         señor Medina, la señora Rodríguez se molestó y abofeteo al
         caballero en presencia de su pareja y de su madre. Esta

6   Véase Apéndice 23 del Recurso de Apelación.
7   Véase Apéndice 23 del Recurso de Apelación, pág. 1.
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       agresión de la madre hacia el padre ocurrió solo una vez por
       lo que se puede catalogar como violencia situacional no
       constitutiva de un patrón.

       […]

       21. Ambos progenitores han incurrido en dinámicas
       conductuales que tiene el efecto de limitar o restringir las
       relaciones con el hijo que tienen en común.

       […] 8.

       Además, el TPI concluyó que el informe pericial rendido por el

T.S. Rivera Santiago fue severamente impugnado por el informe

rendido por el T.S. Alicea Rodríguez9. El foro primario aclaró que el

perito del apelante reconoció (1) que no hay acuerdo entre los padres

para la custodia compartida, y (2) que no hay comunicación

adecuada por los padres. De la Sentencia apelada no surgen

determinaciones de hechos específicas sobre el Informe de la Unidad

Social.

       Consecuentemente, el TPI le dio entera fe y crédito al Informe

impugnado, el cual concluyó que, debido a los problemas de

comunicación entre las partes, la distancia entre los hogares, las

restricciones    paternas     al   plan    de   relaciones     maternofiliales

establecido por el Tribunal y la información provista por el terapeuta

de las partes, recomendó que la custodia del menor sea devuelta a

la señora Rodríguez10.

      Insatisfecho, el 10 de agosto de 2022, el señor Medina Serrano

presentó el recurso de apelación que nos ocupa, en el que imputó al

TPI los siguientes señalamientos de error:

      PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
      DE ARECIBO AL OTORGAR CREDIBILIDAD ABSOLUTA AL INFORME
      SOCIAL   FORENSE    DEFECTUOSO,  IMPRECISO,   FALTO    DE
      INVESTIGACIÓN Y CORROBORACIÓN.

      SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA,
      SALA DE ARECIBO AL OTORGAR PESO AL TESTIMONIO DE LA PARTE
      APELADA    AUN    HABIÉNDOSE     PROBADO    MEDIANTE     EVIDENCIA

8 Véase Apéndice 23 del Recurso de Apelación, págs. 5-7.
9 Véase Apéndice 23 del recurso de la Apelación, pág. 11.
10 El Informe de la Unidad Social concluye que hubo un referido al Departamento

de la Familia y esta agencia determinó que no había fundamento para imputar
maltrato a la parte apelada. Véase Apéndice 15 del recurso de Apelación, pág. 85.
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      TESTIFICAL Y DOCUMENTAL LAS INCONGRUENCIAS CON EL INFORME
      PERICIAL.

      TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
      DE ARECIBO, AL MINIMIZAR Y CATALOGAR COMO VIOLENCIA
      SITUACIONAL LOS HECHOS QUE PROVOCARON LA ADJUDICACIÓN DE
      LA CUSTODIA PROVISIONAL DEL MENOR AL APELANTE.

      CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAS, SALA
      DE ARECIBO, AL EMITIR UNA SENTENCIA CON DETERMINACIONES DE
      HECHOS BASADOS EN FUNDAMENTOS DUDOSOS, FICTICIOS Y
      PARCIALIZADOS QUE COMO CONSECUENCIA PROVOCAN LA
      ADJUDICACIÓN DE LA CUSTODIA DEL MENOR A LA APELADA EN
      GRAVE MENOSPRECIO DEL BIENESTAR DE S.D.M.R.

      El 31 de agosto de 2022, la apelada presentó una Moción

Urgente Solicitando Desestimación. Por su parte, el 3 de octubre de

2022, el apelante presentó Moción Urgente al Amparo de la Regla 18

del   Reglamento   del   Tribunal   de   Apelaciones   y   Moción   en

Cumplimiento de Orden. En esta misma fecha, la apelante presentó

Moción Urgente Reiterando Solicitud de Desestimación. Este Foro

emitió varias Resoluciones para atender las mociones antes

mencionadas y establecer las normas a seguir durante el proceso

apelativo.

      Posteriormente, el 7 de noviembre de 2022, la apelada

presentó Moción Solicitando Orden para que se Someta Transcripción

del Juicio en su Fondo y Término Adicional Conforme a la Regla 22.

El 15 de noviembre de 2022, el apelante presentó una Moción en

Torno a Transcripción y en Cumplimiento de Orden.

      El 9 de diciembre de 2022, este Tribunal emitió una Resolución

en la que dispuso que, habiendo transcurrido el término concedido

a las partes para estipular la transcripción, se acoge la transcripción

del 22 de julio de 2022 presentada por el apelante el 15 de

noviembre de 2022, como estipulada entre las partes. Asimismo, se

le ordenó al TPI remitir a este foro en el término de diez (10) días la

regrabación de los procedimientos en el juicio en su fondo.

Finalmente, el 28 de diciembre de 2022, la apelada presentó su

Alegato en Oposición de Parte Apelada.
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      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así

como la trascripción de la prueba oral y la regrabación de los

procedimientos ante el foro primario, procedemos a disponer del

recurso de epígrafe.

                                       II.

                                      -A-

       En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el

más poderoso instrumento reservado a los jueces11. La discreción se

nutre “de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”12. Asimismo,

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del Derecho”13.

       El Tribunal Supremo de Puerto Rico14 indicó que existen

ciertas guías para determinar cuándo un tribunal abusa de su

discreción y, en torno a este particular, estableció lo siguiente:

       …[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción,
       inter alia: cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la
       decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho
       material importante que no podía ser pasado por alto;
       cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni
       fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho
       irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en
       éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta
       todos los hechos materiales e importantes y descartar los
       irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente15.

       En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el

alcance    de   nuestro     rol   como       Foro   Apelativo   al   intervenir

precisamente con la discreción judicial. Así pues, es norma reiterada

11 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos,
110 DPR 721, 725 (1981).
12 Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte

v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459
(2011).
13 Pueblo v. Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).
14 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).
15 García v. Padró, supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203,

211 (1990).
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que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción

del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que

hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o

parcialidad”16.

                                        -B-

       La custodia sobre los hijos menores de edad, la patria

potestad y la toma de decisiones personales en cuestiones de la vida

familiar, es un derecho de raigambre constitucional, que dimana del

interés libertario que protege el debido proceso de ley, tanto en la

Constitución de Puerto Rico, como en la Decimocuarta Enmienda de

la Constitución de los Estados Unidos17. En Puerto Rico, el derecho

a las relaciones familiares también se enmarca en el derecho a la

intimidad, cuyo ejercicio no depende de legislación que lo habilite,

debido a que opera ex proprio vigore18.

       Debemos puntualizar que el derecho a mantener relaciones

paterno o materno filiales, según sea el caso, es uno apremiante y

repercute sobre la política pública a tal punto que los tribunales

“pueden regular las relaciones paternofiliales, pero no pueden

prohibirlas totalmente, a menos que existan causas muy graves

para hacerlo”19. Una vez el tribunal sentenciador otorga la custodia

a uno de los progenitores, el progenitor no custodio conserva el

derecho de mantener relaciones paterno o materno filiales con el

menor.      Estas     relaciones      están     revestidas      de     protección

constitucional, al amparo del derecho a la libertad garantizado por

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos20.

16 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch
v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
17 Véase, Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 753-754 (1982); Wisconsin v. Yoder,

406 U.S. 205, 232 (1972).
18 Véase, Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250, 259 y 275 (1978).
19 Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 (1985).
20 Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 302 (1985).
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       Claro está, la norma en cuanto al establecimiento de

relaciones filiales tiene preminentemente como norte la protección y

el mejor interés del menor21. Es decir, el derecho a las relaciones

familiares no es absoluto, por lo que puede limitarse a fines de

propiciar el interés apremiante del Estado de proteger el bienestar

de los menores22.

       Al adjudicar asuntos de esta naturaleza, el tribunal tiene la

obligación de sopesar integradamente todos los factores que tenga a

su alcance para lograr la solución más justa posible23. Un tribunal,

enfrentado a un litigio donde se dilucida la custodia, patria potestad

o las relaciones paternofiliales, no puede actuar livianamente. De

ahí que debe contar con la información más completa y variada

posible para resolver correctamente. En casos de esta naturaleza, el

tribunal puede “ordenar la comparecencia de cuanta persona

entienda pueda ayudarle en el descargo de su delicada misión y

puede, asimismo, ordenar aquellas investigaciones de índole social

que    entienda     procedentes       y     convenientes24”.    Así,   se    hace

indispensable que todas las partes involucradas cooperen “de buena

fe para que se fortalezcan, en lugar de que se debiliten, los lazos

afectivos entre [los hijos menores y] sus progenitores y de esta forma]

afinar la sensibilidad humana para intuir dónde está el mejor

bienestar del menor”25.

                                          III.

       Tras un estudio meticuloso de los escritos de las partes, los

documentos que obran en el expediente, la transcripción de la

prueba oral, así como la regrabación de las vistas sobre la

21 Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418 (1991).
22 Véase, Rivera Aponte v. Morales Martínez, 167 DPR 280, 290 (2006); Rexach v.
Ramírez, 162 DPR 130, 146 (2004).
23 Véase, Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, supra, a la pág. 431; Nudelman v. Ferrer

Bolívar, 107 DPR 495, 511 (1978).
24 Santana Madrano, 116 DPR 298, 301 (1985); Castro v. Meléndez, 82 DPR 573,

578 n. 4 (1961).
25 Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 484 (1967).
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impugnación del informe social, procedemos a evaluar el recurso de

apelación presentado. Por estar estrechamente relacionados entre

sí, discutiremos los señalamientos de error aducidos por el apelante

de manera conjunta.

      En apretada síntesis, el apelante adujo en su recurso que

incidió el TPI y cometió un craso abuso de discreción al dar

credibilidad absoluta al Informe de la Unidad Social. Sostuvo que la

apreciación de la prueba realizada por el foro sentenciador fue

incorrecta debido que descartó elementos probatorios y creyó

testimonio improbables o imposibles.

      Sin embargo, el tracto procesal del caso de epígrafe, y el

contenido de la Sentencia impugnada, claramente evidencian que

no incidió el TPI al resolver la controversia. Las circunstancias

fácticas que alega el apelante fueron consideradas por el foro

primario y atendidas en el Informe de la Unidad Social sometido ante

la consideración del foro primario. Por tanto, le damos total

deferencia a la apreciación de la prueba que realizara el foro

primario.

      No encontramos que el foro primario haya incurrido en

pasión, prejuicio o abuso de discreción al tomar la decisión

impugnada. A la luz de la totalidad de la prueba presentada, se

demostró que el Informe Social Forense preparado por la

trabajadora social, Priscila Nieves Goy, no fue impugnado. La

determinación que concede la custodia a la señora Rodríguez

Sotomayor y establece las relaciones paternofiliales, redunda en el

mejor bienestar del menor.

                                 IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos

la Sentencia dictada por el foro primario.

      Se ordena el desglose de las fotografías del menor.

      Notifíquese inmediatamente.
KLAN202200630                                                     11

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones