Court Opinion

ID: 9941415
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:33:21.821318+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.150072
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

                                                  Apelación
                                                  procedente del
CENTRO DE PERIODISMO                              Tribunal de Primera
  INVESTIGATIVO, INC.                             Instancia, Sala de
                                                  San Juan
            Apelada
                               KLAN202400016 Civil núm.:
              v.                             SJ2023CV10892
                                             (907)
 COMPAÑÍA DE TURISMO
   DE PUERTO RICO                               Sobre: Recurso
                                                Especial de Acceso
          Apelante                              a la Información
                                                Pública (Ley núm.
                                                141-2019)
Panel integrado por su presidente, el juez Sánchez Ramos, el juez
Pagán Ocasio, el juez Marrero Guerrero y la jueza Boria Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2024.

      El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó a la Compañía

de Turismo de Puerto Rico (“Turismo”) entregarle al Centro de

Periodismo Investigativo, Inc. (el “CPI” o “Centro”), una lista de la

siguiente información relacionada con cada una de las propiedades

en Puerto Rico registradas para operar como alquiler a corto plazo:

dirección física, nombre comercial y nombre del propietario del

inmueble.    Concluimos que actuó correctamente el TPI, pues la

información solicitada no ha sido designada como confidencial.

                                   I.

      El 15 de mayo de 2023, el Sr. Luis Joel Méndez González (el

“Periodista”) le envió un correo electrónico a la Sa. Leslie Díaz López,

Directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Turismo,

mediante el cual solicitó una lista con la información antes

mencionada.        Al no recibir respuesta, el Periodista reenvió su

solicitud original el 25 de mayo, con un mensaje de seguimiento.

Tampoco recibió respuesta. El 5 de junio, el Periodista reiteró su

petición de información a la Sa. Ana Leticia Vélez Santiago,

Número Identificador
SEN2024________________
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Ayudante      Especial     del   Director   Ejecutivo   de   Turismo   (la

“Ayudante”).

       El 12 de junio, la Ayudante respondió que la información

podía entregarse en totales, pero no en la manera en que los solicitó

el Periodista porque la información de “récord contributivo … no

puede ser divulgada”.1 Turismo hizo referencia al Artículo 52 de la

Ley 272-2003 (la “Ley 272”), conocida como Ley del Impuesto sobre

el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, 13 LPRA sec. 2272p, así como al Artículo 14 del

Reglamento Núm. 8395 de 13 de octubre de 2013, Reglamento para

la Fiscalización y Cobro del Impuesto sobre el Canon por Ocupación

de Habitación y sus Procedimientos Adjudicativos (el “Reglamento”).

       Ese mismo día, el Periodista le envió a la Ayudante un

mensaje de parte de la Sa. Wilma Maldonado Arrigoitia, Directora

Editorial del CPI. En síntesis, aseveró que la información solicitada

no era de índole contributiva. Ante la falta de respuesta, el 15 de

junio, el Periodista envió un mensaje de seguimiento a la Ayudante.

       Subsiguientemente, a raíz de una conversación telefónica, el

16 de junio, la Ayudante cursó al Periodista una tabla en formato

Excel con datos agregados sobre “estadísticas de arrendamiento a

corto plazo” y subrayó que Turismo lo que mantiene es “un registro

de hosteleros por lo cual por cada número de hostelero registrado

pueden existir una o varias propiedades a su nombre”.

       Se acompañó la tabla en formato Excel de una misiva suscrita

por el Sr. Gustavo González Serrano, Principal Oficial Financiero de

Turismo, en la cual esbozó varias razones para denegar la solicitud

de información del CPI.           Turismo sostuvo que la información

solicitada era de carácter contributivo y, por tanto, confidencial.

Resaltó que, para cumplir con el canon por ocupación de habitación

1 Apéndice IX del recurso, pág. 93.
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(la “Contribución”), todo hostelero debe someter una “Declaración”,

la cual, según el Reglamento, sólo podrá inspeccionarse por “partes

interesadas”.

      En respuesta, el 11 de octubre, el Centro, a través de su

representación legal, le envió una carta por correo electrónico a

Turismo. En la misma, se afirmó que el Periodista no solicitaba la

entrega de las “Declaraciones”, sino información pública, no de

naturaleza contributiva. En vista de lo cual, requirió la entrega de

la información solicitada en o antes del 25 de octubre.

      Al no recibir la información solicitada, el 21 de noviembre, el

CPI presentó ante el TPI la acción de referencia (Recurso Especial de

Acceso a la Información Pública, o el “Recurso”), ello al amparo del

procedimiento expedito que provee la Ley 141-2019. El Centro alegó

que Turismo se había rehusado a proveer un listado de todas las

propiedades disponibles para alquiler a corto plazo (short term

rentals), junto con las direcciones físicas correspondientes, sus

nombres comerciales y los nombres de los propietarios. Aclaró que

no solicitaban las declaraciones que someten las personas

hosteleras relacionada con la Contribución.

      El 22 de noviembre, el TPI le ordenó a Turismo comparecer en

el término de diez (10) días. El 8 de diciembre, Turismo presentó

una Contestación a Demanda. En síntesis, planteó que no podía

proveer lo que catalogó como información confidencial, toda vez que

la Ley 272 establece el deber de Turismo de salvaguardar la

confidencialidad de las Declaraciones, pagos y contribuyentes. A

pesar de lo anterior, informó que le proveyó al CPI toda la

información que consideró que no era confidencial.

      El   13   de   diciembre,   el   TPI   celebró   una   vista   por

videoconferencia.    De acuerdo con la Minuta que recoge las

incidencias de la vista, al TPI le quedó claro que la información

solicitada por el CPI es la lista de propiedades registradas para
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operar como alquileres a corto plazo, direcciones físicas, nombres

comerciales y nombres de sus propietarios, no información

contributiva, ni de ingresos o deudas.        Así pues, escuchados los

argumentos de las partes, el TPI dio por sometido el asunto e indicó

que lo resolvería y emitiría el correspondiente dictamen.

      El 19 de diciembre, el TPI notificó una Resolución (el

“Dictamen”), mediante el cual ordenó a Turismo entregar la

información solicitada por el CPI. El TPI razonó que la información

solicitada no tenía el mismo alcance personal que la información

incluida en una planilla de contribución sobre ingresos.           El TPI

resaltó que la información solicitada no revela patrones, estilos de

vida o la situación económica de alguna persona, por lo que no era

información contributiva ni confidencial.             Concluyó que la

información requerida por el CPI es pública y que Turismo “no

descargó       su   responsabilidad    probatoria   para   demostrar     la

aplicabilidad en este caso de alguna de las excepciones reconocidas

en el derecho constitucional de acceso a información pública, como

lo sería un reclamo de confidencialidad y/o un interés apremiante

sobre esta”.

      Inconforme,       el   21   de   diciembre,   Turismo   solicitó   la

reconsideración del Dictamen. En igual fecha, el CPI interpuso una

Solicitud de Orden de Desacato y Cumplimiento de Resolución Final.

Mediante una Resolución dictada y notificada el propio 21 de

diciembre, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración

de Turismo. Además, el 22 de diciembre, el TPI notificó una Orden

Enmendada en la cual señaló una vista de desacato para el 9 de

enero de 2024.

      En desacuerdo, el 8 de enero de 2024, Turismo interpuso el

recurso que nos ocupa; arguye que el TPI cometió los siguientes tres

(3) errores:
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       1. Respetuosamente planteamos que erró y abusó de su
       discreción el Honorable Tribunal de Primera Instancia
       al declarar “Ha Lugar” el recurso de epígrafe pasando
       por alto lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley 272, ante y
       el Art. 14 del Reglamento 8395 de la CTPR.

       2. Respetuosamente planteamos que erró y abusó de su
       discreción el Honorable Tribunal de Primera Instancia
       al concluir que la Compañía de Turismo de Puerto Rico
       no cumplió con el peso de la prueba.

       3. Respetuosamente plantemos que erró y abusó de su
       discreción el Honorable Tribunal de Primera Instancia
       al proveer un remedio que no es contemplado por la Ley
       141, ante, y en inobservancia con la Regla 21.3 y la
       Regla 59.5 de Procedimiento Civil.

       Turismo acompañó su recurso con una Urgente Moción en

Auxilio de Jurisdicción para Paralizar Vista de Desacato. Mediante

una Resolución dictada el 8 de enero, denegamos la solicitud de

paralización. A su vez, le concedimos al CPI un término a vencer el

12 de enero para presentar su alegato en oposición. El 12 de enero,

el CPI presentó un Escrito en Cumplimiento de Resolución y en

Oposición a la Expedición del Recurso Presentado por la Compañía de

Turismo de Puerto Rico. Resolvemos2.

                                        II.

       Como cuestión de umbral, aclaramos que el recurso indicado

para revisar ante este Tribunal el Dictamen es la apelación.                    El

Centro plantea que, como el Artículo 9 de la Ley 141-2019, 3 LPRA

sec. 9919, establece que el TPI resolverá este tipo de acción mediante

una “resolución fundamentada”, ello significa que el recurso

aplicable es del certiorari. No obstante, la utilización de este término

en la Ley 141-2019 no tiene el alcance que el Centro le adscribe.

       En lo sustantivo, el Dictamen es equivalente a una sentencia

final en un caso civil, la cual se revisa mediante apelación. Véase

Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

2 Contrario a lo planteado por el Centro, no estamos ante un caso académico.
Adviértase que el Centro nos ha planteado que Turismo aún no ha entregado la
totalidad de la información que el TPI ordenó se les entregara. Ante la vigencia de
esta controversia, el caso ante el TPI no ha concluido y la controversia entre las
partes no se ha tornado académica.
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XXII-B, R. 13(A). Si bien una “resolución u orden” del TPI se revisa

mediante el recurso de certiorari, ordinariamente ello se refiere a

dictámenes interlocutorios, que son los que el TPI emite a través de

una resolución u orden. Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D).

       Consideramos que todo dictamen final en una acción civil se

revisa mediante el recurso de apelación, salvo que se haya

consignado explícitamente que el dictamen final en cierto tipo de

proceso se revisará mediante un recurso de certiorari (como sucede,

por ejemplo, con los casos de jurisdicción voluntaria), al menos

cuando, como ocurre aquí, la naturaleza del proceso ante el TPI tiene

características suficientemente análogas a las de una acción civil

ordinaria.

       En fin, no podemos concluir que la utilización del término

“resolución” en la Ley 141 tenga el alcance de un mandato expreso

a los efectos de que la parte adversamente afectada por el dictamen

final del TPI no tenga disponible el recurso de apelación para revisar

el mismo.

                                       III.

       “En nuestro ordenamiento existe un derecho fundamental al

acceso a información pública.”                Trans Ad de P.R. v. Junta de

Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera

López, 207 DPR 200, 207 (2021), citando a Art. II, Sec. 4, Const.

ELA, LPRA, Tomo 1; Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR

161 (2000); Soto v. Srio. De Justicia, 112 DPR 477, 485-486 (1982).3

       Este derecho garantiza que toda persona pueda examinar el

contenido de los expedientes, informes y documentos que hayan

sido    recopilados      por     el   Estado       durante     sus     gestiones

3 Este imperativo constitucional también ha sido ratificado por la vía legislativa,

mediante el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32
LPRA sec. 1781.
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gubernamentales. Kilómetro 0, Inc., supra, citando a Ortiz, supra.

Ello porque, “[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar;

tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales

mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las

urnas cada cuatro (4) años”.     Soto, 112 DPR a la pág. 485.      Su

importancia radica en la noción de que el conocimiento de las

gestiones públicas facilita la libre discusión de los asuntos

gubernamentales y, por ende, el ejercicio pleno de la libre expresión.

Kilómetro 0, Inc., 207 DPR a la pág. 208, citando a Colón Cabrera v.

Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007).          Sin acceso a

información pública, se “contravendría[n] nuestros principios

democráticos que garantizan el derecho del pueblo a pasar juicio

fiscalizador sobre todas las acciones y determinaciones del

Gobierno.” Trans Ad de P.R., 174 DPR a la pág. 67. Ello, a su vez,

promueve    la   transparencia   en   la   función   gubernamental,

estimulando, así, la sana administración pública. Bhatia Gautier v.

Gobernador, 199 DPR 59, 80–81 (2017).

      Sin embargo, el derecho de acceso a información pública

depende, en primer lugar, de que la información solicitada sea,

propiamente, pública. Bhatia Gautier, 199 DPR a la pág. 81. A tales

efectos, el Artículo 1(b) de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955,

conocida como Ley de Administración de Documentos Públicos de

Puerto Rico, según enmendada, 3 LPRA sec. 1001(b), define

documento público como:

      [T]odo documento que se origine, conserve o reciba en
      cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de
      Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el
      manejo de los asuntos públicos y que de conformidad
      con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga
      conservar que se requiera conservar permanentemente
      o temporalmente como prueba de las transacciones o
      por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma
      electrónica que cumplan con los requisitos establecidos
      por las leyes y reglamentos.
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      Es decir, “un documento público es el que un organismo

estatal recibe en el curso de sus procedimientos y que está obligado

a preservar.” Kilómetro 0, Inc., 207 DPR a la pág. 209, citando a

Trans Ad de P.R., 174 DPR a la pág. 69. Una vez un documento se

ubica dentro de una de las categorías citadas, el mismo es de

carácter público, teniendo cualquier ciudadano derecho de acceso a

dicho material. Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 103 (2003).

      En otras palabras, una vez el documento es catalogado como

público, todo ciudadano y ciudadana tiene legitimación activa para

solicitar y acceder a tal información. Kilómetro 0, Inc., supra, citando

a Colón Cabrera, 170 DPR a la pág. 589. Así pues, en la medida en

que todo ciudadano tiene el derecho a inspeccionar cualquier

documento público, el acto de denegar el acceso, por sí mismo,

causa al solicitante un daño claro, palpable y real. Íd., citando a

Ortiz, 152 DPR a la pág. 177. Cuando el Estado injustificadamente

impide al ciudadano inspeccionar un récord público, lesiona su

derecho fundamental a estar informado. Ortiz, supra.

      Cuando el Estado reclama la confidencialidad de algún

documento público, éste “tiene la carga de probar que satisface

cualquiera de las excepciones antes enumeradas”. Colón Cabrera,

170 DPR a la pág. 591. Por consiguiente, la negación por parte del

Estado a la divulgación de información pública debe estar

fundamentada      y    justificada,   pues    “[n]o   bastan     meras

generalizaciones”. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR

153,159 (1986).    Así pues, le corresponde al Estado el peso de

justificar cualquier reclamo de confidencialidad.      E.L.A. v. Casta

Developers, 162 DPR 1, 11 (2004).

      Sin embargo, el derecho al acceso a información pública no es

absoluto, ni ilimitado, sino que pueden existir intereses apremiantes

del Estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su

parte. Trans Ad de P.R., 174 DPR a la pág. 68; Angueira v. JLBP,
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150 DPR 10, 24 (2000).           Para que triunfe un reclamo de

confidencialidad,   el   Estado      debe    demostrar          precisa     e

inequívocamente la aplicabilidad de alguna de las siguientes

excepciones: (1) que una ley así lo declara; (2) que la comunicación

está protegida por algún privilegio evidenciario; (3) que la

divulgación   de    la   información    puede        lesionar        derechos

fundamentales de terceros; (4) que se trate de un confidente, según

la Regla 515 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, o (5) que sea

información oficial conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009,

32 LPRA Ap. VI. Kilómetro 0, Inc., 207 DPR a la pág. 210, citando a

Santiago, 117 a la pág. 159.

      El examen judicial al cual deberá someterse cualquier reclamo

de confidencialidad de documentos e información pública dependerá

de la excepción que invoque el Estado como fundamento vis à vis el

pedido de información. Ortiz, 152 DPR a la pág. 178. En particular,

cuando el Estado le niega a un ciudadano el acceso a información

en su poder, sobre la base de lo dispuesto en una ley o un

reglamento, dicha ley o reglamento será evaluada utilizando el

escrutinio judicial “estricto”. Íd.; Bhatia Gautier, 199 DPR a la pág.

82; Colón Cabrera, 170 DPR a la pág. 593. Al momento de invocar

alguna de las excepciones precitadas, el Estado no puede negar el

acceso a la información pública de forma caprichosa o arbitraria.

Colón Cabrera, 170 DPR a la pág. 590.

      Para ser sostenido bajo este examen judicial, la ley o

reglamento debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) que caiga

dentro del poder constitucional del gobierno; (ii) que propulse un

interés   gubernamental        apremiante;   (iii)    que       el    interés

gubernamental no esté directamente relacionado con la supresión

de la libertad de expresión; y (4) que la restricción no sea mayor de

la necesaria para propulsar dicho interés. Ortiz, supra; Soto, 112

DPR a las págs. 493-494. Por eso, toda ley que pretenda ocultar
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información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene

que justificarse a plenitud y contener normas claras y precisas que

permitan identificar adecuadamente el material y las circunstancias

en que habrá de aplicarse la norma de accesibilidad. Angueira, 150

DPR a las págs. 24-25.        Aquella legislación que no contenga

estándares apropiados para determinar el tipo de documento e

información que habrá de estar sujeta al escrutinio público y que,

por el contrario, establezca una norma de confidencialidad absoluta,

no puede superar el rigor de la cláusula constitucional que garantiza

el derecho a la libre expresión. Íd; López Vives v. Policía de P.R., 118

DPR 219, 233 (1987).

                                  IV.

      Por otra parte, la Ley 141-2019 fue promulgada a los fines de

implantar una política pública de acceso a la información pública;

ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles

y económicos de acceso real a los documentos e información

pública; consignar principios e instrumentos de garantía al acceso;

ordenar la designación de Oficiales de Información en cada entidad

gubernamental; y para otros fines relacionados. Exposición de

Motivos de la Ley 141-2019.

      El Artículo 3 de la Ley 141-2019, 3 LPRA sec. 9913, reafirma

la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del modo

siguiente:

      (1) La información y documentación que produce el
      gobierno se presume pública y accesible a todas las
      personas por igual.

      (2) La información y documentación que produce el
      gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio
      de la autoridad pública, de manera directa o delegada,
      son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.

      (3) El derecho constitucional de acceso a la
      información    requiere    la    transparencia
      gubernamental.

      (4) Toda información o documento que se origine,
      conserve o reciba en cualquier dependencia del
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      Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un
      tercero, se presume público y debe estar accesible al
      Pueblo y la prensa.

      (5) El derecho de acceso a la información pública es
      un pilar constitucional y un derecho humano
      fundamental.

      (6) El acceso a la documentación e información pública
      tiene que ser ágil, económico y expedito.

      (7) Toda persona tiene derecho a obtener la información
      y documentación pública, sujeto a las normas y
      excepciones aplicables.

      (8) El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente
      Ley una política de apertura a la información y
      documentación, que incluya la disponibilidad de la
      tecnología y los avances necesarios para hacer valer
      el derecho de los solicitantes a acceder a la
      información y documentación publica de forma
      oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable,
      procesable y disponible en formatos accesibles,
      inalterados e íntegros. (Énfasis suplido).

      Con el propósito de llevar a la práctica la aludida política

pública, la Ley 141-2019 requiere que todas las entidades

gubernamentales designen, de entre sus empleados o funcionarios,

Oficiales de Información, quienes se encargarán de producir la

información pública solicitada de manera expedita para ser

inspeccionada, reproducida o ambas, según se solicite. Art.5 de la

Ley 141-2019, 3 LPRA sec. 9915. De igual modo, esta ley establece

términos cortos, de diez (10) días, para hacer entrega o hacer

disponible la información solicitada. Art. 7 de la Ley 141-2019, 3

LPRA sec. 9917.

      Los Oficiales de Información cumplen con los parámetros del

estatuto si, según las preferencias del solicitante, realizan una de

estas acciones: a) hacen la información disponible al solicitante en

las oficinas de la entidad gubernamental para su inspección y

reproducción; b) envían información al solicitante por correo

electrónico; c) envían copia de la información por correo federal

(First Class), siempre y cuando, el solicitante esté dispuesto a pagar

por sello y otros costos asociados; o d) proveen al solicitante una
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dirección de internet (URL) de una página web con instrucciones

para acceder a la información solicitada. Íd. Además, el precitado

Artículo 7 dispone que “[t]oda decisión de denegar la divulgación de

información    pública      tiene   que   especificar   por   escrito   los

fundamentos jurídicos en los que se basa la denegatoria o negativa

de entregarla en el término establecido”. 3 LPRA sec. 9917.

      Por otra parte, si la entidad gubernamental deniega la entrega

de la información solicitada, o no contesta dentro del término

establecido, en cuyo caso se entenderá que ha denegado la solicitud

de información, el solicitante podrá recurrir al TPI. La Ley 141-2019

establece un recurso de revisión especial. Al respecto, el Artículo 9

de la Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA sec. 9919, dispone, en lo

pertinente, lo siguiente:

      Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental
      le haya notificado su determinación de no entregar la
      información solicitada o que no haya hecho entrega de
      la información dentro del término establecido o su
      prórroga, tendrá derecho a presentar, por derecho
      propio o a través de su representación legal, ante la sala
      del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial
      donde reside, un Recurso Especial de Acceso a
      Información Pública.

      […]

      La notificación del recurso a la entidad gubernamental
      deberá ser realizada por el propio Tribunal sin costo
      alguno. Para esto, el Secretario del Tribunal de Primera
      Instancia en que se haya presentado el recurso, emitirá
      una notificación a la entidad gubernamental que haya
      notificado al solicitante su determinación de no
      entregar la información o que no haya hecho entrega de
      la información dentro del término establecido para que
      esta comparezca por escrito, apercibiéndole que si así
      no lo hiciere, se estaría allanando a las alegaciones de
      la demanda y se procedería a expedir el remedio
      solicitado que proceda conforme a esta Ley, sin más
      citarle ni oírle.

      El recurso en cuestión deberá presentarse dentro del
      término de cumplimiento estricto de treinta (30) días,
      contados a partir de la fecha en que la entidad
      gubernamental haya notificado su determinación de no
      entregar la información solicitada o de la fecha en que
      venció el término disponible para ello si no hubo
      contestación.

      La entidad gubernamental notificada con un recurso
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      bajo esta Ley vendrá obligada a comparecer por medio
      de su escrito, en un término de diez (10) días laborables,
      salvo justa causa en cuyo caso no podrá ser un término
      menor a cinco (5) días laborables, contados a partir de
      la fecha de la notificación emitida a tales efectos por el
      Secretario del Tribunal de Primera Instancia. El
      Tribunal ostentará discreción para acortar el término de
      diez (10) días establecido siempre que entienda que
      existe justa causa para así hacerlo en protección de los
      intereses del solicitante.

      El Tribunal tendrá que celebrar una vista dentro del
      término de tres (3) días laborables de recibir la
      contestación de la entidad gubernamental de entender
      que las circunstancias particulares del caso y de la
      información solicitada así lo requieren.

      El Tribunal deberá resolver por escrito la controversia,
      mediante resolución fundamentada en derecho
      declarando con o sin lugar la solicitud de producción de
      información pública en un término de diez (10) días
      contados desde que la entidad gubernamental emitió su
      contestación al tribunal o desde que se celebró la vista,
      de haberse celebrado la misma.

      Por último, el Artículo 12 de la Ley 141-2019 establece

expresamente una cláusula de interpretación “en la forma más

liberal y beneficiosa para la persona solicitante de información

pública”. 3 LPRA sec. 9922. (Énfasis nuestro).

                                 V.

      No existe controversia en cuanto a que la información

solicitada por el CPI es pública, dentro del significado del término

bajo la Ley de Documentos Públicos de Puerto Rico, supra. “Una vez

el documento es catalogado como público, todo ciudadano y

ciudadana tiene legitimación activa para solicitar y acceder a tal

información”. Colón Cabrera, 170 DPR a la pág. 589. Tampoco hay

controversia en cuanto a la legitimidad del CPI en requerir la

información solicitada e interponer un recurso especial ante el TPI.

Soto, 112 DPR a la pág. 485; Art. 9 de la Ley 141-2019, supra; Ortiz,

152 DPR a la pág. 177.

      Contrario a lo planteado por Turismo, concluimos que ni la

ley ni la reglamentación vigente le otorga carácter de confidencial a

la información solicitada por el Centro.          Lo que la ley y
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reglamentación establecen es que las “Declaraciones” relacionadas

con la Contribución se divulgarán únicamente a parte interesada.

Véanse Artículo 52 de Ley 272 y el Art. 14 del Reglamento4.

       No obstante, esta restricción no es aplicable en este caso, pues

el Centro no solicitó, ni el TPI ordenó la divulgación de, las referidas

“Declaraciones” o alguna información de naturaleza contributiva

que puedan contener las mismas. Únicamente se solicitó un listado

de las propiedades destinadas para alquileres a corto plazo, su

ubicación, el nombre comercial y el nombre del propietario del

inmueble. Nada más. El simple hecho de que esta información

también pueda surgir de las “Declaraciones” no le otorga carácter de

confidencialidad.       Ello por la misma razón que es pública la

información sobre el nombre de los empleados de una agencia,

independientemente de que esos nombres también consten en el

expediente de personal que mantiene la agencia, el cual se considera

confidencial.     Adviértase que, más allá de invocar la supuesta

confidencialidad establecida por la Ley 272 y el Reglamento,

Turismo ni siquiera ha intentado plantear alguna otra razón por la

cual la información solicitada deba ser considerada confidencial.

       Nuestra interpretación del alcance de la Ley 272 y su

reglamentación también evita que se suscite una controversia

4 El Artículo 52 de la Ley 272-2003, ante, establece lo siguiente

Confidencialidad de la Declaración y otros documentos.
A. La Declaración que se rinda en virtud de las disposiciones de esta Ley,
constituirá un documento público. No obstante, y excepto según se establece en
este Artículo, solamente podrá inspeccionarse por terceras personas en
conformidad con las reglas y reglamentos que adopte la Oficina de Turismo. La
Oficina de Turismo podrá requerir que, como requisito mínimo para la inspección,
el peticionario sea parte interesada.

B. Ningún funcionario o empleado de la Oficina de Turismo divulgará o dará a
conocer bajo ninguna circunstancia, excepto conforme a lo dispuesto en esta Ley,
la información contenida en la Declaración, libros, récords u otros documentos
suministrados por el Contribuyente, ni permitirá el examen o inspección de los
mismos a personas que no estén legalmente autorizadas.

Por su parte, el Artículo 14(a) del Reglamento 8395 dispone:

(a) La Compañía tiene la obligación legal de salvaguardar la confidencialidad de
las Declaraciones y los pagos. A tales efectos, solamente las partes interesadas
podrán tener acceso a esos documentos.
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constitucional sustancial. En efecto, los tribunales debemos, en la

medida que sea posible, interpretar las leyes de forma que se eviten

potenciales problemas de índole constitucional.                  Véanse, por

ejemplo, Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 421 (1997); Domínguez

Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 954 (1995); Molina v. C.R.U.V., 114

DPR 295 (1983).

       Finalmente, y contrario a lo planteado por Turismo, no tiene

pertinencia en esta etapa que el TPI no hubiese notificado al

Secretario de Justicia bajo lo dispuesto en la Regla 21.3 de las de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 21.3. Dicha regla contempla

que el TPI notifique al Estado Libre Asociado cuando se impugna la

constitucionalidad de un estatuto. No obstante, en este caso, no

está claro que el TPI tuviese dicha obligación, pues el Centro

únicamente impugnó la constitucionalidad de la Ley 272 en la

alternativa. De todas maneras, aun si hubiese tenido la referida

obligación, la omisión de notificar al Secretario de Justicia habría

constituido un error no perjudicial, que no conllevaría la revocación

del Dictamen, pues el TPI no pasó juicio sobre la validez

constitucional del estatuto.5

                                      VI.

       Por   los   fundamentos        que    anteceden,     se   confirma     la

Resolución apelada. Aunque consideramos que la presentación del

recurso de referencia no suspendió los procedimientos ante el TPI,

ello ante la aplicabilidad de la Regla 18 (B) de nuestro Reglamento,

para despejar cualquier duda, determinamos, bajo la Regla 18(A) de

nuestro Reglamento, que el Tribunal de Primera Instancia puede

proceder de conformidad con lo aquí resuelto, sin que tenga que

esperar por nuestro mandato. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 18.

5 De igual forma, tampoco tiene pertinencia aquí lo dispuesto en la Regla 59.5 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.5, en cuanto a sentencias
declaratorias. El Recurso fue correctamente presentado al amparo de la Ley 141-
2019, y no es aplicable lo dispuesto en la referida regla.
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     Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones