Court Opinion

ID: 9941352
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:27:16.9211+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.172792
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

 COMISIÓN ESTATAL DE                                  Apelación
     ELECCIONES                                       procedente del
                                                      Tribunal de
        Apelante                                      Primera Instancia,
                                                      Sala de San Juan

             v.                KLAN202301134          Civil Núm.:
                                                      SJ2023CV09305

  ESPACIOS ABIERTOS,                                  Sobre:
  PUERTO RICO, INC.                                   Recurso Especial
                                                      de Revisión
        Apelada                                       Judicial para el
                                                      Acceso a la
                                                      Información
                                                      Pública (Ley Núm.
                                                      141-2019, según
                                                      enmendada)

 Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
 Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez
 y la jueza Prats Palerm

 Figueroa Cabán, Juez Ponente

                               SENTENCIA

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2024.

       Comparece la Comisión Estatal de Elecciones, en

 adelante CEE o la apelante, quien nos solicita que

 revoquemos       la    Sentencia    emitida      por    el   Tribunal   de

 Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI.

 Mediante la misma, el TPI declaró ha lugar el Recurso

 especial    de     revisión       para    el   acceso    a   información

 pública, presentado por Espacios Abiertos, en adelante

 EA o la apelada, y ordenó a la apelante la entrega de

 la información solicitada.

       Por        los      fundamentos          que      expondremos     a

 continuación, se confirma la Sentencia apelada.

                                     -I-

       Según       surge     del     expediente         del    pleito    de

 epígrafe, EA presentó un Recurso especial de revisión

Número Identificador

SEN2024_________________
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para el acceso a información pública en el que alegó

que la apelante no le suministró el sexo y la fecha de

nacimiento          de    todos      los      legisladores             municipales,

dentro        del     término          establecido          por        la     Ley    de

Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso

a la Información Pública, en adelante Ley Núm. 141-

2019.1

        Por    su    parte,       la    CEE      presentó        una        Moción   de

Desestimación y Oposición a Recurso de Revisión. En la

misma adujo que, por la naturaleza de la información

requerida,           es      menester            acumular          como        partes

indispensables a las legislaturas municipales y a los

legisladores municipales.2 Por otro lado, indicó que la

controversia no se encontraba madura porque la CEE no

había finalizado el trámite                      administrativo              sobre el

pleito     de       epígrafe,       por     lo    que   el       tribunal       debía

abstenerse de atender el asunto hasta que se agotaran

los     remedios          administrativos.           Además,           afirmó        que

revelar       la     fecha    de     nacimiento         y    el    sexo       de     los

legisladores             municipales          lesionaría          sus        derechos

fundamentales porque “otras personas” podrían utilizar

la    información          para     “descubrir       otra        información”          y

“comprometer la seguridad de estos terceros en bancos

o en instituciones financieras”, ocasionarles pérdidas

económicas o afectar su expectativa de privacidad. Por

lo    tanto,       alegó     que,      de   suministrar           la    información

solicitada, violentaría el Registro de Electores, la

Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, en

adelante Ley Núm. 122-2019, y la                            Regla 514 de las

Reglas        de    Evidencia.          Añadió,     a       su     vez,       que     la

1   Apéndice de la apelante, pág. 1.
2   Id., págs. 19-33.
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divulgación        de        las   fechas           de    nacimiento          “sería

perjudicial a los intereses del Estado, en la medida

que tal divulgación podría desalentar la presentación

de futuras candidaturas a cargos electos”. Finalmente,

la      apelante      destacó           que     accedió          por       error    a

suministrar los datos relacionados a la edad de los

legisladores municipales, pero el análisis legal antes

expuesto,        le         permitió          dejar        sin         efecto      su

determinación y actuar conforme a derecho.

        En   desacuerdo,           EA    presentó          una     Oposición       a

Solicitud de Desestimación, en la que arguyó que la

CEE custodia los datos solicitados y conforme lee el

artículo 3 de la Ley Núm. 141-2019, esa información se

presume pública y accesible al Pueblo y a la prensa.3

También, adujo que los fundamentos de la apelante son

incorrectos        porque          “los         datos          solicitados         no

corresponden a personas privadas ajenas a la función

pública,       sino         por    el         contrario,         se        limita[n]

exclusivamente          a    los   ciudadanos            que    fueron       electos

para representar y legislar a nivel municipal”. Bajo

esta premisa, rebatió la alegada violación al Registro

de Electores e indicó que la apelante, erróneamente,

“equipar[a] la información electoral suministrada a la

Comisión por un elector que es un ciudadano privado

con la información que provee un aspirante a un puesto

público      electivo…”.           Por        otro       lado,        la     apelada

argumentó que la fecha de nacimiento, “más allá de ser

un dato personal es lo único que permite validar que

cumple con el requisito estatutario de la edad mínima

requerida      para         convertirse        en    funcionario            electo”.

Finalmente, destacó que el artículo 4(vi) de la Ley

3   Id., págs. 36-42.
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Núm.     122-2019,         al    que    alude        la    CEE     para       negar     la

divulgación          de     la    información,             es     genérico        y     no

dispone expresamente que la fecha de nacimiento de un

funcionario público es información confidencial.

        Posteriormente,           la     CEE    presentó          una        Moción     en

Solicitud       de    Desestimación,            al        Amparo       del    Artículo

13.2 del Código Electoral de Puerto Rico, en la que

alegó que, luego de celebrar una reunión ordinaria y

determinar que no proveería las fechas de nacimiento

de      los        legisladores              municipales,              remitió         la

notificación          de         su     determinación                 mediante        una

Resolución a EA. Sin embargo, la apelada no presentó

un recurso de revisión o moción de reconsideración en

los     términos          provistos.4          Así        pues,        concluyó       que

procedía desestimar la causa de acción, porque el TPI

no tenía jurisdicción para atender el asunto objeto de

una Resolución final y firme.

        En total desacuerdo, EA impugnó los argumentos de

la      apelante.5          Arguyó        que        la      desestimación              es

improcedente en derecho, en tanto, según dispone la

Ley Núm. 141-2019, cuando una entidad gubernamental no

contesta       dentro           del     término           establecido          por     el

estatuto, el solicitante puede recurrir al tribunal.

Así pues, destacó que la CEE no le proveyó las fechas

de nacimiento en el término dispuesto por dicha ley.

Además,       alegó       que    la    CEE     extendió          el    término        motu

proprio       para        celebrar       una    reunión           y     entonces       le

remitió       la     mencionada          Resolución.             En     su    opinión,

argumentar         falta     de       jurisdicción          no    es    más     que    un

subterfugio          de     la    CEE        para     que        las     agencias       o

4   Id., págs. 47-56.
5   Id., págs. 57-63.
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custodios de información pública puedan “denegar una

petición de acceso a información pública, incumplir

con los términos que establece la Ley [Núm.] 141-2019

y…    convertir     artificialmente              la     petición         de

información     pública     en      una     supuesta     controversia

administrativa     interna          para    así       arrebatarle        la

jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia”. A su

vez, adujo que el Código Electoral de Puerto Rico nada

dispone sobre el derecho de acceso a información, por

lo   que   el   pleito    de     epígrafe        debe   ser    resuelto

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 141-2019.

Por ende, descartó la aplicabilidad del artículo 13.2

del mencionado Código, en tanto, EA no es parte de

ninguna    controversia        interna      de    la    CEE,        ni   un

comisionado electoral.

     Con   el   beneficio      de    la    comparecencia       de    ambas

partes, el TPI arribó a las siguientes conclusiones:

     La    CEE   pretende    que     se    utilicen    los
     procedimientos de revisión de determinaciones de
     la entidad para un asunto sobre acceso a la
     información pública que tiene un procedimiento
     especial diseñado para este tipo de casos
     establecido por la Ley Nm. 141. No estamos ante
     un asunto electoral, sino ante un asunto de
     acceso a la información pública, según lo
     establece la Ley Núm. 141. Aunque la CEE es una
     entidad sui generis, esta no es una entidad que
     no le es de aplicación lo que dispone la Ley Núm.
     141, las cuales aplican "al Gobierno de Puerto
     Rico, entiéndase la Rama Legislativa, Rama
     Judicial y Rama Ejecutiva, incluyendo en esta a
     todas      las      entidades       gubernamentales,
     corporaciones públicas y los municipios. De igual
     forma [,]     aplica a terceros custodios de
     información o documentos públicos". 3 LPRA sec.
     9912. La amplitud del artículo 2 de la Ley Núm.
     141   incluye   a    la   CEE   como    una   entidad
     gubernamental,    por   lo    que   le    aplica   el
     procedimiento    establecido    por   este,   no   el
     procedimiento que establece el Código Electoral.
     La   CEE   no    contestó   el    requerimiento    de
     información dentro del término de 10 días que
     dispone la ley. En consecuencia, no procede la
     desestimación por falta de jurisdicción, puesto
     que EA presentó su acción según lo establecido
     por la Ley Núm. 141.

     . . . . . . . .
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        La fecha de nacimiento está incluida en los
        documentos necesarios para que una persona pueda
        solicitar para un puesto electivo, como deben
        hacerlo los Legisladores Municipales… Ahora bien,
        lo que está solicitando son las fechas de
        nacimiento de las personas que fueron ya electas
        como Legisladores Municipales… Todas las personas
        que desean ser aspirantes para un cargo público
        electivo tienen la obligación de llenar una serie
        de   formularios  y   presentar   una  serie   de
        documentos y certificaciones. Véase el Art. 7.2
        del Código Electoral de 2020, 16 LPRA sec. 4612.
        Por lo tanto, los formularios que crea la CEE, y
        que están obligados a presentar los aspirantes a
        un puesto político, son creados por la CEE.
        Adicionalmente,   estos    formularios   y    los
        documentos que presentan los aspirantes se
        conservan y reciben por la CEE. Por lo tanto, la
        información que está solicitando EA se debe
        considerar como información pública. No estamos
        ante el caso de que se está solicitando la
        información de un elector, sino la información de
        un aspirante que, al presente, es un funcionario
        público electo.6

        Aún inconforme, la CEE presentó una Apelación en

la que invoca la comisión de los siguientes errores:

        ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (TPI), AL HACER
        UNA APLICACIÓN INCORRECTA EN DERECHO DE LA PETICIÓN
        DE INFORMACIÓN, APLICANDO LA LEY 141-2019, EN LUGAR
        DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL VIGENTE; Y
        AL NO DESESTIMAR POR FALTA DE JURISDICCIÓN EL RECURSO
        INTERPUESTO.

        ERRÓ EL TPI, AL NO HABER DESESTIMADO EL RECURSO DE
        ESPACIOS POR FALTA DE PARTES INDISPENSABLES.

        ERRÓ EL TPI, AL DECIDIR QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA
        NO DEBE SER MANTENIDA CONFIDENCIALMENTE POR LA CEE, A
        PESAR DE QUE ES PARTE DEL REGISTRO GENERAL DE
        ELECTORES.

        Oportunamente, EA presentó su alegato.

        Luego de revisar los escritos de las partes y los

documentos que obran en autos, estamos en posición de

resolver.

                                -II-

                                  A.

        En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido

que el derecho de acceso a la información pública goza

de rango constitucional. Este derecho “faculta a la

ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas

sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr

6   Id., págs. 66-77. (Énfasis en el original).
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una   mayor       transparencia           gubernamental”.7              En    aras    de

cumplir con esta obligación, la Asamblea Legislativa

aprobó la Ley Núm. 141-2019, cuyo objetivo es:

           [F]omentar una cultura inequívoca de apertura
        sobre las gestiones del Gobierno, establecer una
        política pública proactiva sobre rendición de
        cuentas a la ciudadanía, desalentar los actos de
        corrupción    o     antiéticos,   promover    la
        participación ciudadana e instituir normas y
        principios claros, ágiles y económicos para el
        ejercicio pleno del derecho de acceso a la
        información pública.8

        Las disposiciones de la Ley Núm. 141-2019 rigen

sobre      las         gestiones          de        todas         las        entidades

gubernamentales, incluyendo a las Ramas Legislativa,

Judicial      y       Ejecutiva,        así    como    a    las     corporaciones

públicas, los municipios, e incluso terceros custodios

de información o documentos públicos.9 En particular,

el Artículo 4 expone el marco de referencia para la

divulgación de información pública al establecer que

la “entidad gubernamental tiene el deber de divulgar

en su página electrónica oficial, de forma periódica,

proactiva         y    actualizada,           la     información             sobre   su

funcionamiento,              la     ejecución         y      control          de     las

funciones         delegadas,            así    como        toda     documentación

pública    que         sea   realizada         por    la    entidad          de    forma

rutinaria”.10 En la alternativa, la ciudadanía puede

optar     por         “solicitar        información          pública          mediante

solicitud escrita o por vía electrónica, sin necesidad

de acreditar algún interés particular o jurídico”.11

        Además, el mencionado estatuto dispone para que

su    interpretación              sea   “en    la     forma       más    liberal      y

beneficiosa para la persona solicitante de información

7  Exposición de Motivos, Ley Núm. 141-2019 (3 LPRA sec. 9911 et
seq.).
8 Id.
9 Art. 2 de la Ley Núm. 141-2019 (3 LPRA sec. 9912).
10 Art. 4 de la Ley Núm. 141-2019 (3 LPRA sec. 9914).
11 Art. 6 de la Ley Núm. 141-2019 (3 LPRA sec. 9916).
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pública.      En        caso        de        conflicto            entre         [sus

disposiciones] y la[s] de cualquier otra legislación,

prevalecerá aquella que resulte más favorable para la

persona     solicitante        de    información             y    documentación

pública.”12

      A tenor con la Ley Núm. 141-2019, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha interpretado que cuando se

pretenda utilizar una ley o reglamento para negar al

ciudadano el acceso a información pública, el Estado

debe satisfacer el escrutinio judicial estricto.13 En

concreto, deben cumplirse los siguientes requisitos:

(1)   que     una       ley    así       lo     declara;          (2)      que    la

comunicación        está      protegida         por         algún        privilegio

evidenciario; (3) que la divulgación de la información

puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4)

que se trate de un confidente, según la Regla 515 de

Evidencia de 2009 (32 LPRA Ap. VI), o (5) que sea

información       oficial      conforme             a   la       Regla     514    de

Evidencia de 2009 (32 LPRA Ap. VI).14 Así pues, en caso

de controversia, la balanza debe inclinarse a favor

del   derecho       a    la    información              y    en     contra        del

privilegio.15 De modo que, no puede prevalecer ninguna

legislación         que        establezca                una         norma        de

confidencialidad           absoluta           si        no       contiene        los

estándares     apropiados           para      determinar            el    tipo    de

documento     e      información              que       estará       sujeta       al

escrutinio público.16

12 Art. 12 de la Ley Núm. 141-2019 (3 LPRA sec. 9922).
13 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., 207 DPR 200, 210 (2021).
14 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra. Véase, además,

Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 178 (2000).
15 Kilómetro 0 v. Pesquera López et al., supra, pág. 218. López

Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 233 (1997).
16 Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 104 (2003).
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       Finalmente,           resulta      conveniente          destacar         que

según la Ley Núm. 141-2019, la entidad gubernamental a

la que se le haya solicitado la información deberá

producirla en un término no mayor de diez (10) días

laborables,       o     quince     (15)     días    si    es    una       oficina

regional,        los     cuales     son      prorrogables           dentro      del

término provisto.17 Si dicha entidad no contesta dentro

del    término         establecido,       se    entenderá           que   la     ha

denegado     y     el       solicitante        podrá     recurrir         al    TPI

mediante un Recurso Especial de Revisión Judicial.

                                       B.

       La    acumulación           indispensable         de     partes         está

gobernada por la Regla 16 de Procedimiento Civil.18 Así

pues, una parte indispensable es aquella persona cuyos

derechos     e     intereses        podrían        quedar      destruidos        o

inevitablemente afectados por una sentencia dictada en

su    ausencia.19       Esta      regla     persigue     el     propósito        de

proteger a la persona ausente de los posibles efectos

perjudiciales          de    un   dictamen      judicial        y    evitar     la

multiplicidad de pleitos.20

       Específicamente, la Regla 16.1 de Procedimiento

Civil dispone:

       Las personas que tuvieren un interés común sin
       cuya   presencia   no   pueda    adjudicarse   la
       controversia, se harán partes y se acumularán
       como demandantes o demandadas según corresponda.
       Cuando   una  persona  que    deba   unirse  como
       demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como
       demandada.21

       Una    vez           se    concluya       que      una        parte       es

indispensable, el pleito no podrá adjudicarse sin su

17 Art. 7 de la Ley Núm. 141-2019 (3 LPRA sec. 9917).
18 Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. III, R. 16.
19  Pérez Ríos v. Luma Energy LLC., 2023 TSPR 136, __ DPR __
(2023).
20 Pérez Ríos v. Luma Energy LLC., supra.
21 Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 16.1.
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presencia.22    En   tal    caso,      dicha     persona     tiene     que

hacerse formar parte en el pleito.

      De tal arraigo es el interés de proteger a las
      partes indispensables, que la no inclusión en el
      pleito de una parte indispensable constituye una
      defensa irrenunciable, la cual puede presentarse
      en cualquier momento durante el proceso. Incluso,
      los tribunales apelativos deben levantar motu
      proprio la falta de parte indispensable, debido a
      que ésta incide sobre la jurisdicción del
      tribunal. De reconocerse que está ausente una
      parte indispensable, debe desestimarse la acción.
      Sin embargo, dicha desestimación no tendrá el
      efecto de una adjudicación en los méritos ni, por
      ende, de cosa juzgada.23

      Finalmente,    el estándar que debe              cumplir quien

alega ser parte indispensable en un pleito consiste en

establecer un interés común con el que demuestre que

sin su presencia no puede adjudicarse la controversia.

Adviértase que no se trata de un mero interés en la

controversia, sino de aquel de tal orden que impida la

confección de un decreto adecuado sin afectarlo.24 Este

debe ser, además, de índole real e inmediato.25

                               -III-

      En síntesis, la apelante alega que el TPI debió

desestimar     la    causa        de     acción      por     falta      de

jurisdicción.    Específicamente,           porque    al     momento    en

que   la   apelada      presentó       el    Recurso       Especial     de

Revisión     Judicial      para     el      Acceso     a    Información

Pública, la CEE había emitido una Resolución final y

firme. Arguye que, por tratarse de un asunto técnico,

la CEE cuenta con jurisdicción exclusiva y la EA debió

agotar los remedios administrativos conforme dispone

el    Código    Electoral         de     2020.       Aduce     que      la

22 Pérez Ríos v. Luma Energy LLC., supra; Pérez Rosa v. Morales
Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).
23  Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, págs. 223-224. (Citas
omitidas).
24 Pérez Ríos v. Luma Energy LLC., supra; Deliz Muñoz v. Igartúa,

158 DPR 403 (2003); Sánchez Encarnación v. Sánchez Brunet, 154
DPR 645 (2001).
25 FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 531 (2023).
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desestimación           también       era    procedente           por    falta     de

partes indispensables, a saber, las legislaturas y los

legisladores municipales. A su entender, divulgar sus

fechas de nacimiento afecta adversamente los derechos

propietarios       de        estos    funcionarios          públicos,       porque

los expondría a diversos riesgos como fraudes en sus

cuentas     bancarias.         Por        otro    lado,     argumenta       que    la

información       solicitada          es     confidencial          porque    forma

parte del Registro General de Electores y “no se puede

divulgar para fines ajenos o divorciados de los fines

electorales            para     los        cuales         dichos        ciudadanos

proveyeron        la    información”.             A   su    vez,        colige    que

suministrar            las      fechas           de       nacimiento         “sería

perjudicial a los intereses del Estado, en la medida

que tal divulgación podría desalentar la presentación

de futuras candidaturas a cargos electos”.

       En cambio, EA alega que el derecho de acceso a

información está regulado por la Ley Núm. 141-2019 y

no    por   el    Código       Electoral          2020.     Por    consiguiente,

afirma que        el     artículo 13.2 de dicho                   Código no es

aplicable,        en    tanto        la    controversia           se    trata     del

reclamo de un derecho constitucional y no de un asunto

de naturaleza electoral. Finalmente, insiste en que la

información solicitada es sobre funcionarios públicos

electos y no de electores o personas privadas. A su

vez,    destaca         la     inexistencia           de     legislación          que

establezca        la     confidencialidad              de     las       fechas     de

nacimiento y el sexo de los funcionarios públicos.

       De la normativa previamente expuesta se desprende

que    la   Ley    Núm.       141-2019           es   una   ley        especial   en

materia del derecho de acceso a información pública en

Puerto Rico, por lo que las reglas de hermenéutica
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establecen       que        esta     debe          prevalecer          sobre        las

disposiciones del Código Electoral de 2020, que nada

dispone       sobre    el      derecho       de     acceso       a     información

pública.       Como    cuestión         de    hecho,       es     la    única       ley

existente      en     Puerto       Rico      que    viabiliza          el    derecho

constitucional            de    acceso        a     información             pública,

corolario del derecho a la libertad de expresión. Así

pues, de una lectura atenta de las disposiciones de la

Ley Núm. 141-2019, no se puede concluir, bajo ningún

supuesto razonable, que a la CEE no le aplica dicho

ordenamiento.

        Debemos añadir, que la información solicitada no

es de naturaleza confidencial, en tanto concierne a

funcionarios          electos      que,       entre        otros       requisitos,

deben cumplir con una edad mínima para ejercer como

legisladores          municipales             y     no      sobre        electores

individuales.          En      otras      palabras,          las       fechas        de

nacimiento,         así     como    el       sexo     de     cada       legislador

municipal se presume información pública, en la medida

en que no existe legislación o privilegio alguno que

le imprima carácter confidencial.

        Por    otro       lado,    la     apelante         no     nos       puso     en

posición       para    determinar            que,     de    no       incluir        como

partes indispensables a las legislaturas municipales y

a   los       legisladores         municipales,             sus        derechos       e

intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente

afectados.       Las      alegaciones          presentadas           son,      en    el

mejor     de    los       casos,     generales,            imprecisas         y      muy

especulativas.

        Finalmente, el intento artificioso de construir

jurisdicción          administrativa           para      atender        como       foro

primario la controversia ante nuestra consideración,
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tiene que ceder ante la interpretación liberal y a

favor de la divulgación de la Ley Núm. 141-2019. En

consecuencia, la determinación del Tribunal de Primera

Instancia amerita nuestra deferencia.

                         -IV-

    Por los fundamentos antes expuestos, se confirma

la Sentencia apelada.

    Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones