Court Opinion

ID: 9916064
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:18:45.593229+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:49.490478
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL II

  SERGIO DÍAZ RIVERA                           Apelación
                                               procedente del
            Apelante                           Tribunal de Primera
                                 KLAN202300710 Instancia, Sala de
               v.                              Caguas

POLICÍA DE PUERTO RICO                               Caso Núm.
                                                     GR2023CV00035
            Apelado
                                                     Sobre:
                                                     Petición de Licencia
                                                     de Armas de Fuego

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                               SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

                                     I.

      El 11 de julio de 2022, el Sr. Sergio Díaz Rivera recibió una

misiva del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección

de Armas de Fuego de Puerto Rico (Negociado), denegándole su

solicitud de licencia de armas de fuego #421926. El Negociado

justificó su acción en la alegada negligencia y descuido del señor

Díaz Rivera en el manejo de armas de fuego, así como en su

incumplimiento con el pago de la mitad de las multas y/o

penalidades correspondientes a la renovación de la licencia.

      Oportunamente, el 22 de julio de 2022, el señor Díaz Rivera

solicitó   Reconsideración.     Transcurrido   los    quince   (15)   días

dispuestos por la Ley de Armas y el Reglamento para Administrar la

Ley de Armas de Fuego, el Negociado nunca se expresó sobre la

Reconsideración presentada. Por ello, el 7 de febrero de 2023, el

señor Díaz Rivera presentó Demanda contra la Policía de Puerto

Rico. El mismo día, la Secretaría expidió el emplazamiento dirigido

al Comisionado de la Policía de Puerto Rico, el Sr. Antonio López

Figueroa.

Número Identificador

SEN2023__________
KLAN202300710                                                      2

      Posteriormente, el 13 de febrero de 2023, el señor Díaz Rivera

sometió ante el Foro primario Moción Informativa. Alegó que, el

Negociado había sido emplazado el 9 de febrero de 2023 y anejó el

emplazamiento diligenciado. Sin embargo, de dicho anejo se

desprende que se diligenció un emplazamiento al Negociado en el

caso civil número -GR2022CV00225-. De una búsqueda en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),

pudimos percatarnos que se trata de otra Demanda sobre el mismo

asunto que el señor Díaz Rivera presentó contra el Negociado el 22

de agosto de 2022.

      Luego, el 18 de abril de 2023, el señor Díaz Rivera le solicitó

al Tribunal de Primera Instancia que anotara la rebeldía al

Negociado. Basó su solicitud en que había trascurrido el término

establecido en nuestro ordenamiento jurídico para que el Negociado

presentara su alegación responsiva. Tras no ser atendida su

solicitud, el 15 de mayo de 2023, el señor Díaz Rivera presentó

Segunda Moción para Anotación de Rebeldía.

      Así las cosas, el 15 de mayo de 2023, notificada el 16, el

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia y desestimó la

Demanda por falta de jurisdicción. Fundó su dictamen en que el

señor Díaz Rivera no agotó los remedios administrativos provistos

por el Reglamento para Administrar la Ley de Armas de Puerto Rico

2020. Inconforme, el 18 de mayo de 2023, el señor Díaz Rivera

presentó Reconsideración. Mediante Resolución notificada el 12 de

julio de 2023, el Foro a quo declaró “No Ha Lugar” dicha

Reconsideración.

      Aún en desacuerdo, el 11 de agosto de 2023, el señor Díaz

Rivera acudió ante nos mediante Apelación [de] Revisión Judicial.

Plantea:

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
      DE CAGUAS, AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE
      REVISIÓN JUDICIAL SOBRE DENEGATORIA DE
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       RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ARMAS DE FUEGO
       POR CARECER DE JURISDICCIÓN POR NO
       HABERSE     AGOTADO     LOS     REMEDIOS
       ADMINISTRATIVOS    CONTENIDOS    EN   EL
       REGLAMENTO PARA ADMINISTRAR LA LEY DE
       ARMAS DE FUEGO.
       Evaluado su recurso, el 24 de agosto de 2023, emitimos

Resolución concediéndole término hasta el 11 de septiembre de 2023

al Negociado para que compareciera con su respectiva oposición. El

11 de septiembre de 2023, mediante Comparecencia Especial, el

Negociado alegó que no habían sido correctamente emplazados,

razón por la cual no habían comparecido incluso ante el Foro

primario. Sostuvo que el señor Díaz Rivera emplazó únicamente al

Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, y no al

Secretario de Justicia según requerido por ley. Basó su alegación en

que, el Negociado no tiene personalidad jurídica distinta y separada

al Gobierno de Puerto Rico, por lo cual, al ser demandado se tiene

que emplazar al Secretario de Justicia o a la persona a quien este le

haya delegado esa función.

       A esos efectos, el 15 de septiembre de 2023 concedimos

término de veinte (20) días al señor Díaz Rivera para que mostrara

causa por la cual no debíamos revocar la Sentencia y ordenar la

desestimación de la Demanda bajo los fundamentos expuestos en la

Comparecencia Especial. Vencido dicho plazo sin que el señor Díaz

Rivera compareciera, procedemos a resolver.

                                      II.

                                      A.

       El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una

reclamación instada en su contra.1 Mediante esta notificación el

tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona demandada

1 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019). Véase, además, Rivera

v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).
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quedando así éste obligado por el dictamen que en su día recaiga.2

Se ha resuelto que existe una política pública que exige que la parte

demandada sea emplazada y notificada debidamente en aras de

evitar el fraude y garantizar un debido procedimiento de ley.3

       En términos procedimentales, la Regla 4.1 de Procedimiento

Civil,4 exige a la parte demandante presentar el formulario de

emplazamiento conjuntamente a la demanda para que el Secretario

lo expida de forma inmediata. Se trata de un trámite ministerial,

automático, subsiguiente a la presentación de la demanda, como

evento inmediato que da inicio a la acción civil.5 Nuestro más alto

Foro   ha    establecido    que    el   adecuado     diligenciamiento      del

emplazamiento constituye un imperativo constitucional del debido

proceso de ley, por lo que se exige un cumplimiento estricto cuando

de obedecer sus requisitos se trata.6

       Por otro lado, en lo pertinente a la controversia ante nos, los

incisos (e), (f) y (g) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil7 disponen

lo siguiente:

       El emplazamiento y la demanda se diligenciarán
       conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del
       emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la
       parte demandada o haciéndolas accesibles en su
       inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará
       constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su
       firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el
       nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El
       diligenciamiento se hará de la manera siguiente:

       […]

       (e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación
       o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del
       emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente
       administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a)
       agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a)
       por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal

2 Rivera, 203 DPR, pág. 481; Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637

(2018); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).
3 Rivera, 203 DPR, pág. 481; Véase, además, Informe de Reglas de Procedimiento

Civil de diciembre de 2009. Énfasis nuestro.
4 32 LPRA Ap. V, R. 4.1.
5 Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 24 (1998).
6 Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535 (1992); Rodríguez

v. Nasrallah, 118 DPR 93, 98 (1986).
7 Íd.
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        de Gananciales, entregando copia del emplazamiento y
        de la demanda a ambos cónyuges.

        (f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
        entregando copia del emplazamiento y de la
        demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la
        persona que designe.

        (g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del
        Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una
        corporación      pública,     entregando     copia    del
        emplazamiento y de la demanda a dicho(a)
        funcionario(a) o al (a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha
        instrumentalidad. Además, será requisito indispensable
        que en todos los pleitos que se insten contra un(a)
        funcionario(a) o una instrumentalidad del Estado Libre
        Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación
        pública, la parte demandante entregue copia del
        emplazamiento y de la demanda al Secretario o
        Secretaria de Justicia o a la persona que este designe. Si
        la instrumentalidad es una corporación pública,
        entregando las copias según lo dispuesto en la Regla 4.4
        (e).

        […].8

        De la Regla anteriormente transcrita se puede colegir que el

emplazamiento dirigido al ELA deberá diligenciarse al Secretario de

Justicia o a la persona designada, mientras que un emplazamiento

dirigido a una instrumentalidad o funcionario del ELA, que no fuese

corporación pública, se diligencia con la entrega de copia de éste y

de la demanda al jefe ejecutivo de la instrumentalidad concernida y

al Secretario de Justicia. Para determinar con qué inciso de la Regla

4.4 se debe cumplir, hay que determinar si la demandada es una

corporación pública, una “instrumentalidad” o el propio Estado.9

        Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro en Fred y otros

v. ELA,10 determinó que las corporaciones públicas se emplazan

según lo dispuesto en la Regla 4.4 (e), las “instrumentalidades” que

no sean corporaciones públicas según la Regla 4.4 (g) y cuando se

trate del Estado propiamente, se recurrirá a la Regla 4.4 (f).11 En

8 Énfasis suplido.
9 Véase: González v. Administración de Corrección, 190 DPR 14 (2014).
10 150 DPR 599 (2000).
11 Íd., pág. 605.
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dicho caso se adoptaron unos criterios para distinguir entre estos

tres tipos de organismos públicos.

       En primer lugar, se diferenció entre aquellas entidades

gubernamentales que no tienen personalidad jurídica propia y

aquellas que sí la tienen. Si la entidad no posee personalidad

jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado Libre

Asociado, por lo que se debe recurrir a la Regla 4.4 (f). En esa

circunstancia, no es necesario emplazar al jefe de la agencia

para adquirir jurisdicción sobre el Estado. En segundo lugar, se

diferenció entre las entidades que son “instrumentalidades”

públicas y aquellas que son corporaciones públicas. Ya que una

corporación pública tiene facultad para demandar y ser demandada

y, a su vez, genera sus propios fondos debe ser emplazada a tenor

con la Regla 4.4 (e). Por el contrario, una ‘instrumentalidad’ pública,

aunque tenga personalidad jurídica propia y puede demandar y ser

demandada, no genera sus propios fondos ya que los mismos

provienen del Estado, y debe ser emplazada a tenor con la regla 4.4

(g). Es decir, sólo cuando se trata de ese tipo de entidad

gubernamental, el emplazamiento al Estado Libre Asociado es

inválido si solo se notifica al jefe de la entidad gubernamental pero

no se emplaza al Secretario de Justicia.

       En González v. Administración de Corrección,12 nuestro

Tribunal Supremo expuso que:

       [C]uando se demanda a un departamento ejecutivo del
       Gobierno, sin personalidad propia para demandar y ser
       demandado, la verdadera parte demandada es el ELA y
       no el Departamento. La inclusión del Departamento
       como parte querellada o demandada es improcedente
       por superflua y debe eliminarse. Como regla general, un
       departamento ejecutivo no tiene personalidad
       jurídica distinta y separada del Estado Libre
       Asociado de Puerto Rico y, por tanto, no puede
       demandar ni ser demandado independiente del
       Estado. Para que una entidad gubernamental tenga
       capacidad para demandar y ser demandada, su ley

12 190 DPR 14 (2014), citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal

Civil, Tomo I, JTS, 2000, pág. 168.
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       habilitadora ha de reconocerle expresamente esa
       facultad o, en su defecto, debe inferirse razonablemente
       del esquema estatutario. De concluir que, en efecto,
       la     dependencia       gubernamental       no    posee
       personalidad jurídica propia, estaremos ante el
       Estado propiamente. Si bien existen otros factores que
       facilitan el análisis para distinguir entre una agencia y
       una “instrumentalidad”, sin duda el más importante es
       la existencia de personalidad jurídica propia, es decir,
       su capacidad de demandar y ser demandada.13

                                     B.

       De otra parte, la Ley Núm. 20 del 10 de abril de 2017, según

enmendada, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad

Pública de Puerto Rico, dispone en el Artículo 2.01 que, al instituir el

Negociado su propósito fue crear en el Gobierno de Puerto Rico un

organismo civil de orden público.14 Así mismo, la Ley Núm. 20-2017

establece en su Artículo 2.02 que, la autoridad suprema en cuanto

a la dirección del Negociado de la Policía de Puerto Rico será ejercida

por el Gobernador de Puerto Rico, mientras que, la administración

y supervisión inmediata estará delegada en el Secretario del

Departamento de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico.

       Ello así, de un análisis de la ley orgánica del Negociado sobre

sus facultades y deberes podemos colegir que es una dependencia

del Estado, que no tiene personalidad jurídica separada. Por lo cual,

corresponde su emplazamiento a través del Secretario de Justicia o

mediante la persona que este designe.

                                     III.

       En este caso, el señor Díaz Rivera instó su Demanda contra el

Negociado para que el Foro primario ordenara la renovación de su

licencia de armas. A esos efectos, el 13 de febrero de 2023, notificó

al Tribunal de Primera Instancia que había diligenciado el

emplazamiento         de   dicha   dependencia.   Sin   embargo,   como

esbozamos previamente, el diligenciamiento del emplazamiento

13 Énfasis suplido.
14 25 LPRA § 3531.
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realizado al Negociado que se acompañó fue bajo un caso distinto

con   número   civil   -GR2022CV00225-.      Ello   convierte   dicho

diligenciamiento en uno inválido. Además, la intención del señor

Díaz Rivera fue emplazar únicamente al Negociado, pasando por alto

que dicha dependencia carece de personalidad jurídica distinta y

separada al Gobierno de Puerto Rico, para demandar y ser

demandada.

      Para poder incoar su causa de acción, el señor Díaz Rivera

debe emplazar correctamente al Secretario de Justicia como

representante del verdadero demandado que es el Estado Libre

Asociado. No hacerlo privó al Tribunal de Primera Instancia de

jurisdicción sobre la parte demandada. Aunque por un fundamento

incorrecto, actuó correctamente el Foro recurrido al desestimar la

causa de acción.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia

emitida y ordenamos la desestimación de la Demanda por no

haberse emplazado al ELA correctamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones. La Juez Aldebol Mora emite por escrito

Voto concurrente.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                     Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                   PANEL II

   SERGIO DÍAZ RIVERA                             Apelación
                                                  procedente del
           Apelante                               Tribunal de Primera
                                    KLAN202300710 Instancia, Sala de
                v.                                Caguas

POLICÍA DE PUERTO RICO                              Caso Núm.
                                                    GR2023CV00035
            Apelado
                                                    Sobre:
                                                    Petición de Licencia
                                                    de Armas de Fuego

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ WALESKA ALDEBOL MORA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2023.

       Concurro con lo resuelto mediante la Sentencia de epígrafe,

por entender que procede la desestimación del recurso por falta de

jurisdicción. Ahora bien, la Mayoría de este Panel descansa su

análisis en que la parte apelante, Sergio Díaz Rivera, debe emplazar

correctamente al Secretario de Justicia como representante del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), parte demandada en el

pleito de epígrafe, para que, así, el Tribunal de Primera Instancia

tenga jurisdicción sobre dicha parte.

       Por el contrario, desestimaría el presente recurso por falta de

jurisdicción bajo el fundamento de falta de notificación adecuada.

Ello, debido a que el Negociado de la Policía de Puerto Rico falló en

notificar adecuadamente la misiva con nomenclatura SAIC-NILIAF-

DRAEL-9-32, mediante la cual denegó la solicitud de licencia de

armas de fuego promovida por la parte apelante.1

       En particular, el referido organismo no atemperó, conforme

exige nuestro ordenamiento jurídico actual, las advertencias legales

en dicho documento, toda vez que: (1) no apercibió a la parte

1 Véase, Anejo III del recurso, págs. 3-4.

Número Identificador

SEN2023__________
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apelante que tenía derecho a solicitar una vista administrativa;

(2) el término para solicitar la reconsideración no es de quince días,

sino de veinte, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según

enmendada, 3 LPRA sec. 9655; y (3) debía apercibir que la revisión

judicial es ante el Tribunal de Apelaciones y no ante el Tribunal de

Primera Instancia.

      Debido a la notificación defectuosa de la determinación

administrativa, no solo los términos jurisdiccionales para solicitar

una revisión judicial no comenzaron a transcurrir, sino que la parte

apelante, por desconocer propiamente sus derechos, recurrió al foro

equivocado en búsqueda de un remedio que el Tribunal de Primera

Instancia no tiene jurisdicción para proveer, independientemente si

dicha parte emplaza correctamente al ELA.

      Por todo lo antes, respetuosamente concurro con el dictamen

emitido.

                       Waleska Aldebol Mora
                        Juez de Apelaciones