Court Opinion

ID: 9381039
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:11:15.32353+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.312907
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

     YEISSA VÉLEZ COLÓN                                         APELACIÓN
     DEMANDANTE(S)-APELANTE(S)                                  procedente del Tribunal
                                                                de Primera Instancia,
                                       KLAN202200494            Sala Superior de
                 V.                                             BAYAMÓN

                                                                Civil Núm.:
     IMANOL AUTO, INC.;                                         AR2022CV00274 (605)
     POPULAR AUTO, LLC;
         COMPAÑÍAS                                              Sobre:
    ASEGURADORAS X, Y y Z;                                      Incumplimiento de
       SUTANO DE TAL                                            Contrato, Daños y
      DEMANDADA(S)-APELADA(S)
                                                                Perjuicios, Vicios
                                                                Ocultos

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Pagán
Ocasio, y la Juez Barresi Ramos

Barresi Ramos, juez ponente.

                                   SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 28 de febrero de 2023.

        La señora Yeissa Vélez Colón (señora Vélez Colón) comparece ante

este Tribunal de Apelaciones, mediante Alegato instado el 27 de junio de

2022. En su recurso, nos solicita que revisemos la Sentencia dictada el 1ro de

junio de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

(TPI).1 En dicho dictamen, el foro primario desestimó, sin perjuicio, la

Demanda contra Imanol Auto, Inc. (Imanol Auto); Popular Auto, LLC

(Popular Auto); Compañías Aseguradoras X, Y, y Z; Zutano de Tal.

        Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

                                             I.

        En enero de 2019, la señora Vélez Colón instó una reclamación sobre

desperfectos mecánicos de su vehículo de motor Hyundai Elantra 2017 ante

1
 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 2 de junio de 2022. Véase
Apéndice de Alegato, pág. 1.

Número Identificador:
SEN2022____________
KLAN202200494                                                                              2

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).2 Posteriormente, el 14

de mayo de 2020 ,el DACo emitió una Resolución en la cual declaró con lugar

la Querella; decretó la nulidad de los contratos de compraventa y de ventas

al por menor a plazos otorgados con relación al vehículo de la señora Vélez

Colón; ordenó a Imanol Auto el reembolso del pronto pagado; y ordenó el

pago por concepto mensualidades por el financiamiento del automóvil tanto

a Imanol Auto como a Popular Auto.3

        El 4 de junio de 2020, Imanol Auto presentó Moción Solicitando

Desestimación de la Querella o que Se Deje Sin Efecto la Resolución del 14 de

Mayo de 2020.4 El fundamento de este petitorio es que la notificación fue

ineficaz e incumplió con las garantías mínimas procesales del debido proceso

de ley ello debido a que el DACo notificó todas las gestiones del caso a una

dirección incorrecta. Así las cosas, el 30 de septiembre de 2020, DACo

decretó Relevo de Resolución expresando:

        “Se deja sin efecto y se releva a las partes de la totalidad de la
        Resolución emitida por este Departamento el 14 de mayo de
        2020 y notificada el 19 de mayo de 2020 en el caso ARE-2019-
        0001718”.5

        Luego, el 14 de diciembre de 2020, DACo expidió una Notificación de

Informe de Inspección acompañado del Informe de Inspección Vehículos de

Motor suscrito por el señor Edgar Cotto González, técnico de investigación.6

En dicho informe, se determinó que el vehículo de la señora Vélez Colón

tenía varios hallazgos, entre ellos, el canister del sistema de evaporamiento

roto, y al “airbag” le faltan los cubre faltas de abajo del motor.

        El 17 febrero de 2022, la señora Vélez Colón presentó Moción

Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio.7 Ante esta solicitud, ese mismo día,

DACo dictaminó Resolución en la cual, entre otras cosas, dejó sin efecto el

2
  Véase Apéndice de Alegato de Popular Auto, LLC en Oposición a la Apelación, págs. 1- 5.
3
  Id., pág. 15.
4
  Id., págs. 6- 11.
5
  Este dictamen fue notificado y archivado en autos el 1ro de octubre de 2020. Íd., págs. 15-
18.
6
  Íd., págs. 19- 22.
7
  Íd., pág. 23.
KLAN202200494                                                                                  3

señalamiento de audiencia administrativa pautada para el 28 de febrero de

2022, se desestimó la querella y se ordenó el cierre y archivo, sin perjuicio.8

        El 22 de febrero de 2022, la señora Vélez Colón incoó una Demanda

ante el Tribunal de Primera Instancia.9 El 28 de febrero de 2022, el foro

primario expidió los emplazamientos; y a principios de marzo de 2022, se

diligenciaron ambos emplazamientos.10

        Más tarde, el 4 de mayo de 2022, Popular Auto presentó una Moción

de Desestimación, planteando que la señora Vélez Colón no había agotado

todos los remedios administrativos conforme a lo requerido por la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU).11

Dos días después, el 6 de mayo de 2022, Imanol Auto presentó su Moción de

Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.12 Ante ello,

el 11 de mayo de 2022, la señora Vélez Colón presentó una Moción en

Oposición a Solicitud de Desestimación Presentada por Imanol Auto, Inc. y

otra titulada Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación Presentada

por Popular Auto, LLC.13

        El día 1 de junio de 2022, el foro a quo pronunció la Sentencia apelada.

Ante su inconformidad, el 27 de junio de 2022, la señora Vélez Colón

presentó ante este Tribunal de Apelaciones un escrito intitulado Alegato. En

su recurso, señala el siguiente error:

        Erró el Honorable Tribunal al desestimar (sin perjuicio) la
        causa de acción bajo la teoría de la necesidad de agotar
        remedios administrativos.

        El 29 de junio de 2022, intimamos Resolución en la cual, entre otras

cosas, concedimos un plazo de treinta (30) días para presentar alegato en

oposición. Ulteriormente, el 28 de julio de 2022, Popular Auto presentó su

Alegato de Popular Auto, LLC en Oposición a la Apelación en la cual solicita

la desestimación del recurso de Apelación, basándose en que la señora Vélez

8
   Íd., págs. 24- 27. Este dictamen fue notificado y archivado en autos el 22 de febrero de 2022.
9
   Véase Apéndice de Alegato, págs. 6- 11.
10
    Íd., págs. 12- 15.
11
   Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017. Íd., págs. 22- 30.
12
    Íd., págs. 16- 21.
13
    Véase Apéndice de Alegato, págs. 31- 36 y 37- 42.
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Colón no agotó los remedios administrativos requeridos por la LPAU.

Empero, Imanol Auto no presentó contención alguna.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el

beneficio de la comparecencia de Popular Auto, exponemos las normas de

derecho pertinentes a la controversia planteada a los fines de adjudicar.

                                           II.

        La sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017 mejor conocida como la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

dispone lo siguiente:14

        “Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
        final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
        provistos por la agencia o por el organismo
        administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
        una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
        dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de
        la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la
        orden o resolución final de la agencia…” (Énfasis nuestro).

        Mediante la precitada disposición legal se recoge la llamada doctrina

de agotamiento de remedios administrativos la cual es, junto a la doctrina de

jurisdicción primaria, una norma de autolimitación judicial que pretende

lograr que las reclamaciones sometidas inicialmente a la esfera

administrativa lleguen al foro judicial en el momento apropiado.15           El

propósito principal de dicha doctrina es evitar una intervención judicial

innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con el cauce y desenlace

normal del procedimiento administrativo.16 Esta doctrina implica que, antes

de acudir ante un tribunal, la parte que desea obtener un remedio deberá

utilizar todos los medios administrativos disponibles, pues, de lo contrario,

la revisión judicial no estará disponible.17

        Por lo que, necesariamente, “[e]l agotamiento de remedios presupone

la existencia de un procedimiento administrativo que comenzó, o que debió

14
   3 LPRA sec. 9672.
15
   Moreno Ferrer v. JRCM, 209 DPR 430 (2022).
16
   Íd.
17 AAA v. UIA, 200 DPR 903, 913 (2018).
KLAN202200494                                                                            5

haber comenzado, pero que no finalizó porque la parte concernida recurrió

al foro judicial antes de que se completase el referido procedimiento

administrativo”.18

        De esta forma, se logra que los pleitos lleguen al foro judicial en el

momento apropiado, y a su vez, se cumplen los siguientes objetivos, a saber:

(1) permite que la agencia desarrolle un historial completo del asunto y utilice

su expertise para adoptar medidas conforme la política pública formulada por

éste; (2) evita intervenciones inoportunas de los tribunales; (3) facilita la

revisión judicial; y (4) promueve la distribución eficiente de tareas entre los

poderes ejecutivo y judicial.19

        Ahora bien, dicha doctrina no es absoluta, y admite excepciones. A

esos efectos, la sección 4.3 de la LPAU, supra, establece lo siguiente:

        “El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que
        agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos
        en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el
        requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al
        promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar
        dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de
        derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los
        remedios administrativos por la dilación excesiva en los
        procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de
        jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto
        estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia
        administrativa.”

        Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado sobre las alegaciones que

realizan las partes respecto a las excepciones al requisito de agotamiento de

remedios. En síntesis, enunció que cuando la parte alega que es un “remedio

inadecuado” o hay una “dilación en los procedimientos”, resulta impráctico

que se recurra ante un proceso y se vea obligado a agotar remedios

administrativos ante la inacción de una agencia para hacer cumplir con sus

requerimientos.20 También manifestó que el que un remedio administrativo

sea lento no debe considerarse como una justificación para prescindir del

18
   J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 4ta ed. rev., San Juan, Ed.
SITUM, 2017, pág. 71.
19
   AAA v. UIA, supra, a la pág. 914.
20 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pro. Del Rey, 155 DPR 906 (2001).
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requisito de agotamiento, pues se requiere, además, que el trámite

administrativo resulte una gestión inútil o permita un daño irreparable.21

        Le corresponde a la parte reclamante probar, con hechos específicos y

bien definidos, la necesidad de obviar el cauce administrativo. 22 A su vez,

para preterir agotar remedios administrativos, la violación debe ser de tal

magnitud y debe constituir un agravio tan intenso que justifique desviarse

del cauce administrativo.23            Por consiguiente, ante los supuestos

mencionados, se justifica el preterir el trámite administrativo, y el tribunal

podrá conceder el remedio solicitado. De lo contrario, los tribunales deberán

abstenerse de intervenir hasta tanto la agencia atienda el asunto.24

                                          III.

        La señora Vélez Colón arguye, en lo aquí pertinente, que el foro

primario erró al sostener que Imanol Auto y Popular Auto prevalecieron

en su alegación respecto a que no había agotado los remedios administrativos

ante DACo. En su escrito de Alegato presentado ante este Tribunal, razona

que cuando el DACo no logró advertir que la dirección a la cual se estaban

notificando todos y cada uno de los documentos era incorrecta, no proveyó

un procedimiento ágil y sencillo debido a su incompetencia.                   También

enuncia que “la falta de diligencia de la agencia al no percatarse que Imanol

Auto continúa utilizando en sus contratos una dirección que afirma no es la

correcta pero que sigue apareciendo en sus contratos, provocó que el largo y

tedioso trámite administrativo inicial, donde la parte demandante-apelante

prevaleció, terminara por convertirse en una gestión inútil e inefectiva

cuando la propia agencia llamada a proteger (DACO) levantó dicha

resolución y le obligó a reiniciar nuevamente el proceso”.25 Manifiesta que

los daños que esto provocó fueron irreparables de tiempo consumido,

duplicidad de recursos, inversión económica adicional y frustración al ver

21
  SLG Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133
DPR 42, (1993).
22 Procuradora Paciente v MCS, 163 DPR 21 (2004); Guadalupe v Saldaña, Pres. UPR, supra.
23 Moreno Ferrer v. JRCM, supra.

24 SLG Flores-Jiménez v. Colberg, supra.
25 Véase página 8 del Alegato.
KLAN202200494                                                                   7

que cuando se les hace justicia, su victoria fue dejada sin efecto al ver que

Imanol Auto se beneficiara de una conducta impropia y negligente

provocada por el mismo DACo.26

           Por su parte, Popular Auto sustenta en su Alegato de Popular Auto,

LLC en Oposición a la Apelación que esta inició su causa de acción en el foro

administrativo, empero, presentó una Moción Solicitando Desistimiento Sin

Perjuicio y decidió culminar la tramitación de su caso porque no estaba de

acuerdo con la decisión del DACo en la cual acogió una petición de Imanol

Auto para que se dejara sin efecto la Resolución pronunciada el 14 de mayo

de 2020.

           De entrada, debemos examinar si la señora Vélez Colón tenía que

agotar el cauce administrativo antes de recurrir al foro judicial. Así mismo,

debemos determinar si el caso ante nuestra consideración presenta

excepción alguna por la cual la señora Vélez Colón podría preterir el trámite

administrativo. Veamos.

           Como expusimos antes, el procedimiento que debe seguir una parte

adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia, es que presente

una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Al respecto, sirve

recordar lo establecido en la sección 4.2 de la LPAU, supra:

           “Una parte adversamente afectada por una orden o resolución
           final de una agencia y que haya agotado todos los remedios
           provistos por la agencia o por el organismo
           administrativo apelativo correspondiente podrá presentar
           una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones,
           dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de
           la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la
           orden o resolución final de la agencia…”

           En el caso ante nuestra consideración, la señora Vélez Colón,

posterior a la Resolución dictaminada el día 30 de septiembre de 2020 por

DACo, presentó una Moción Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio el 17 de

febrero de 2022, en la cual solicitaba el desistimiento, sin perjuicio, de la

26
     Véase Apéndice de Alegato, pág. 9.
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causa de acción. Ese mismo día, DACo dictó una Resolución acogiendo el

petitorio de desistimiento presentado por la señora Vélez Colón; dejó sin

efecto la audiencia administrativa pautada; y desestimó, sin perjuicio, la

querella. Dicha Resolución fue notificada el día 22 de febrero de 2022, y unos

días después, la señora Vélez Colón acudió ante el Tribunal de Primera

Instancia instando una Demanda.

        Por lo tanto, había un procedimiento administrativo comenzado, pero

no finalizó porque la parte concernida, en este caso la señora Vélez Colón,

presentó     una     Moción Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio                       con

posterioridad a la Resolución dejando sin efecto su determinación expedida

en mayo de 2020. Así las cosas, el procedimiento que correspondía seguir

era, que de la señora Vélez Colón presentara nuevamente una reclamación

por la vía administrativa ante el DACo. Eso es lo que requiere la doctrina de

agotamiento de remedios administrativos codificada en el Artículo 4.2 de la

LPAU, supra.

        Ahora bien, la señora Vélez Colón alega que le cobijan las

excepciones a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. En

específico alega que le aplica: “cuando es una cuestión de derecho que no

requiere el ejercicio de discreción o pericia administrativa”. También hace

alusión a las excepciones de la doctrina, citando el caso de Delgado Rodríguez

v Nazario Ferrer. 27 No le asiste la razón.

        Debemos recordar que las excepciones para la doctrina de

agotamiento de remedios administrativos se encuentran reglamentada en la

sección 4.3 de la LPAU, supra. Son cinco (5) excepciones las que contempla

la ley. Estas son: (1) cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño

27
  121 DPR 347 (1988). Es fundamental mencionar que el caso citado por la señora Vélez
Colón es del año 1988, por lo que se regía para ese entonces por la Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU). Las excepciones que ese caso
establecía son las siguientes: (1) cuando el remedio administrativo es inútil e inadecuado, (2)
cuando existe un peligro de daño inminente, (3) cuando existe una evidente ausencia de
jurisdicción y (4) cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación
excesiva en los procedimientos. Consecuentemente, las excepciones que para ese tiempo la
LPAU establecía no son vigentes a la fecha de los hechos del caso presentado ante nuestra
consideración.
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irreparable al promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar

dichos remedios; (2) cuando se alegue la violación sustancial de derechos

constitucionales; (3) cuando sea inútil agotar los remedios administrativos

por la dilación excesiva en los procedimientos; (4) cuando sea un caso claro

de falta de jurisdicción de la agencia; o (5) cuando sea un asunto

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa. No se

discutirá la aplicación de los incisos dos (2) y cuatro (4) toda vez que no se

hacen referencia alguna a ellos.

       En cuanto a la primera excepción podemos concluir que no le asiste la

razón a la señora Vélez Colón puesto que los daños que reclama, este

Tribunal considera son reparables. Estos daños se pueden reparar mediante

el cumplimiento estricto o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Respecto a la aplicación de la tercera excepción, tampoco le asiste la razón.

La señora Vélez Colón, luego de recibir la Resolución emitida en mayo de

2020 que dejaba sin efecto el dictamen anterior del foro administrativo y

relevaba a las partes de los remedios, solicitó un desistimiento del pleito. No

es inútil agotar los remedios administrativos cuando la persona agraviada

desiste del pleito, por lo tanto, correspondía en esa instancia que, de querer

presentar su reclamación nuevamente, debía hacerlo ante la agencia

administrativa pertinente, que tiene las facultades y los recursos concedidos

por su ley orgánica para resolver este tipo de querellas.

       Por último, la señora Vélez Colón alega que el inciso cinco (5) de las

excepciones a la doctrina de agotamiento es de aplicación por lo siguientes

fundamentos: “En cuanto a Imanol Auto Inc., la controversia principal es si

debe o no responder por vicios ocultos, lo cual es un asunto de estricto

derecho que no requiere del experti[se] de una agencia”. No le asiste la razón.

Precisamente DACo es una agencia que está facultada para vindicar e

implementar los derechos del consumidor. Dicha agencia tiene los poderes

para adjudicar las querellas que se presenten ante su consideración y
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conceder los remedios pertinentes conforme a derecho.28                       Asimismo,

mediante los reglamentos que promulga la agencia, se ha elaborado, de

conformidad a los deberes y funciones impuestos estatutariamente, el

Reglamento Núm. 7159 el cual tiene como propósito proteger adecuadamente

a los consumidores en la adquisición de vehículos de motor, así como para

procurar que el automóvil sirva al consumidor para el propósito para el que

fue adquirido, y reúna las condiciones mínimas para garantizar la protección

de su vida y propiedad”.29

        Ante este cuadro fáctico y procesal, es forzoso concluir que la

determinación del foro primario no constituyó un error en su facultad

discrecional.

                                            V.

        Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia

apelada pronunciada el 1 de junio de 2022.

        Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones

28
   Estas facultades de DACo son otorgadas bajo la ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según
enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3
LPRA sec. 341, et seq. Véase Ortiz Rolón v Armando Soler Auto Sales, Inc., 202 DPR 689, 696
(201).
29
   DACO, Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Núm. 7159 DACo, R, 2 (1 de junio
de 2006).