Court Opinion

ID: 9916032
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:16:21.74126+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:38.548080
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL

                                              Certiorari
 OLGA MÉNDEZ OLIVIERI                         procedente del
                                              Tribunal de Primera
      Parte Recurrida                         Instancia, Sala de
                                KLCE202301262 Carolina
              v.
                                                      Civil núm.:
 CONSEJO DE TITULARES                                 CA2018CV00795
   DEL CONDOMINIO                                     (406)
  SURFSIDE MANSION Y
        OTROS                                         Sobre:
                                                      Daños y Perjuicios

      Karen Santiago
     Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

      Comparece la señora Karen Santiago (Sra. Santiago) y solicita

que revoquemos la orden emitida y notificada el 11 de octubre de

2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina.

Mediante ésta, el TPI dio por admitido el requerimiento de

admisiones cursado por la señora Olga Méndez Olivieri a la Sra.

Santiago.

      Evaluado el escrito, los documentos que conforman el

apéndice y el estado de derecho aplicable, denegamos la expedición

del auto de certiorari.

                                    I.

      El 11 de mayo de 2018, la Sra. Olga Méndez Olivieri (Sra.

Méndez) presentó una demanda de daños y perjuicios contra el

Condominio     Surfside     Mansions,     Monitoreo     24   Hours,    Inc.

(Monitoreo)    y     su   empleada,      Sra.   Santiago,    entre    otros

codemandados. En síntesis, adujo haber sido sometida a actos

discriminatorios, ofensivos, denigrantes y difamatorios, dirigidos a

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301262                                                             2

mancillar su reputación, honra y buen nombre. En cuanto a la Sra.

Santiago, arguyó que estaba haciendo expresiones falsas a los

demás titulares del Condominio Surfside Mansions, lugar en el que

residía la Sra. Méndez.1

      Luego de varios incidentes procesales, y como parte de los

mecanismos de descubrimiento de prueba, el 21 de agosto de 2023,

la Sra. Méndez notificó a la Sra. Santiago un Primer Pliego de

Interrogatorio, Requerimiento de Admisiones y Producción de

Documentos.

      El 11 de octubre de 2023, la Sra. Méndez presentó una Moción

Solicitando que se den por Admitidos los Requerimientos de

Admisiones.2     Indicó   que   la   Sra.   Santiago    no    contestó    el

requerimiento de admisiones dentro del término de veinte (20) días

que provee la Regla 33 de Procedimiento Civil3, ni dentro de la

prórroga de quince (15) días acordada por las partes, que venció el

10 de octubre de 2023.

      El 11 de octubre de 2023, el TPI emitió una Orden mediante

la cual dio por admitido el requerimiento de admisiones cursado por

la Sra. Méndez a la Sra. Santiago. A continuación, transcribimos el

dictamen del foro recurrido:

      Con lugar. Procede en derecho conforme lo dispone la
      Regla 33 de Procedimiento Civil que se den por
      admitidos los requerimientos de admisiones que se
      cursaron a la Sra. Santiago.

      Lo anterior fundamentado en lo siguiente:

      El 21 de agosto de 2023, la Sra. Méndez cursó un
      requerimiento de admisiones a la Sra. Karen Santiago
      (“Sra. Santiago”). Conforme a la Regla 33 de
      Procedimiento Civil la Sra. Santiago tenía veinte (20)
      días para contestar dicho requerimiento. Dicho término
      vencía el 11 de septiembre de 2023. El 18 de septiembre
      de 2023, Monitoreo 24 Horas, Multinational Insurance
      Company (en conjunto “Monitoreo”) y la Sra. Santiago
      presentaron una solicitud de orden protectora que le

1 La demanda se enmendó a los efectos de acumular demandados adicionales. El

TPI autorizó la enmienda mediante orden emitida el 5 de diciembre de 2019 y
notificada el 18 de diciembre de 2019.
2 Apéndice del recurso, págs. 41-42.
3 32 LPRA Ap. V, R. 33.
KLCE202301262                                                       3

       eximiera de contestar los requerimientos de
       admisiones. El 21 de septiembre de 2023, fue denegada
       la solicitud de Monitoreo y la Sra. Santiago y se ordenó
       contestar el descubrimiento cursado. El 25 de
       septiembre de 2023, la Sra. Santiago solicitó un término
       adicional de quince (15) días para contestar lo
       solicitado, dicho término venció el 10 de octubre de
       2023.

       Resolvemos esta moción, toda vez que el término
       otorgado por el tribunal está vencido y en efecto, surge
       del expediente que no se cumpli[ó] a pesar de la
       prórroga concedida. Tampoco se presentó, moción
       informando al tribunal dentro del término de la
       prórroga las razones para no poder cumplir con la
       misma.4

       El mismo 11 de octubre de 2023, Monitoreo y la Sra. Santiago

instaron una Moción de Reconsideración en la aludieron a la

dificultad para coordinar una reunión con la Sra. Santiago y cumplir

con el plazo acordado. Ante ello, solicitaron que se les permitiera

presentar la contestación al requerimiento de admisiones en un

término a vencer el 13 de octubre de 2023. La contestación al

requerimiento fue remitida por correo electrónico a la Sra. Méndez

el 12 de octubre de 2023.

       Así las cosas, la Sra. Méndez presentó su Oposición a Moción

de Reconsideración el 12 de octubre de 2023.

       Ese mismo día, 12 de octubre de 2023, notificada el 13 de

octubre de 2023, el TPI dictó orden mediante la cual denegó la

moción de reconsideración y reafirmó la orden emitida el 11 de

octubre de 2023, y por los mismos fundamentos.

       Inconforme con el aludido dictamen, el 13 de noviembre de

2023, la Sra. Santiago incoó el presente recurso de certiorari y

apuntó los siguientes señalamientos de error:

       Primer señalamiento de error: Erró el TPI, abusó de su
       discreción y erró en la aplicación del Derecho, al dar por
       admitidos unos requerimientos de admisiones dirigidos
       a la negligencia de la recurrida en su orden del 11 de
       octubre de 2023 cuando los mismos fueron contestados
       dentro del término solicitado y aprobado por la parte
       recurrida de “al menos 15 días”. En la alternativa,

4 Apéndice del recurso, pág. 45.
KLCE202301262                                                                 4

       fueron contestados a sólo dos (2) días de vencido el
       término de 15 días.

       Segundo señalamiento de error: Erró el TPI, abusó de
       su discreción, erró en la aplicación del Derecho e
       incurrió en un error craso y manifiesto, al dar por
       admitidos unos requerimientos dirigidos a la cuestión
       última que la parte recurrida tendría que probar en la
       vista en su fondo: la negligencia, a pesar de que la
       peticionaria se ha estado defendiendo vigorosa y
       celosamente de las alegaciones de la recurrida por los
       pasados cinco (5) años y a pesar de que la
       demandante/recurrida ha disfrutado de múltiples
       prórrogas solicitadas y concedidas por el TPI.

                                      II.

       El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un

tribunal    de    mayor      jerarquía      revisar   las   determinaciones

interlocutorias realizadas por un foro inferior. La expedición del auto

descansa en la sana discreción del tribunal.5

       En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil6,

delimita las instancias en las que procede que este Tribunal de

Apelaciones expida el recurso de certiorari.7 La citada Regla

establece que el recurso sólo se expedirá cuando se recurra de una

orden o resolución bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57, o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Por excepción, y en el ejercicio discrecional del

foro apelativo, se podrá expedir el recurso cuando se recurre de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones

de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de

interés público o cualquier otra situación, en la que esperar por una

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.8 Según

lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, al denegar la expedición de un

5 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce

De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).
6 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
7 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., supra.; Scotiabank v. ZAF Corp., 202

DPR 478, 486 (2019).
8 Íd.
KLCE202301262                                                        5

recurso de certiorari, el Tribunal de Apelaciones no tiene que

fundamentar su decisión.

       Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones9      instituye los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de

certiorari. Estos criterios son:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
       a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el

curso corriente de los casos ante ese foro.10 Por tanto, de no estar

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de

expedir el auto solicitado.

       En fin, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o

9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).
KLCE202301262                                                                     6

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.11

                                        -B-

       El requerimiento de admisiones es “un instrumento sencillo y

económico para delimitar las controversias del caso”.12 La Regla 33

de Procedimiento Civil13, que regula lo relativo al requerimiento de

admisiones, busca aligerar los procedimientos para definir y limitar

las controversias del caso.14

       Mediante un requerimiento de admisiones una parte puede

requerir a la otra que admita la veracidad de cualquier materia que

esté dentro del alcance de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil15,

respecto a cuestiones u opiniones de hechos o con la aplicación de

la ley a los hechos, o que admita la autenticidad de cualquier

documento que se acompañe con el requerimiento.16 El efecto de la

admisión es que se releva a la parte adversa de tener que presentar

en el juicio prueba del hecho admitido y de esta forma propicia que

se acorte la audiencia y que no se incurra en gastos innecesarios.

Por tanto, la admisión de un requerimiento se considerará definitiva,

salvo que el tribunal permita su retiro o una enmienda a ésta.17

       Sujeto a lo dispuesto en la Regla 37 de Procedimiento Civil18,

que regula las enmiendas de una orden dictada en conferencia con

antelación al juicio, el tribunal podrá permitir el retiro o la enmienda

de la admisión si ello contribuye a la disposición del caso en sus

méritos y la parte que obtuvo la admisión no demuestra al tribunal

11 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, además, Cruz

Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Bco.
Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
12 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 171 (2007).
13 32 LPRA Ap. V, R. 33.
14 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra; Audiovisual Lang. v. Sist. Est.

Natal Hnos., 144 DPR 563, 571 (1997).
15 31 LPRA Ap. V, R. 23.1.
16 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 572
17 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra.
18 32 LPRA Ap. V, R. 37.
KLCE202301262                                                                 7

que el retiro o la enmienda afectará adversamente su reclamación o

defensa.19

       Ahora bien, la parte interpelada tiene que admitir o negar lo

requerido bajo juramento o presentar una objeción escrita sobre la

materia en cuestión dentro del término de veinte (20) días. Si ésta

no cumple con dicho término, las cuestiones sobre las cuales se

solicitó la admisión automáticamente se tendrán por admitidas.20

No se requiere que el tribunal emita una orden.21

                                        III.

       La Sra. Santiago aduce que el TPI erró al dar por admitido el

requerimiento de admisiones que le cursó la Sra. Méndez el 21 de

agosto de 2023. Entiende que el TPI abusó de su discreción al no

permitirle contestar el requerimiento luego de dos días de vencido el

término adicional acordado por las partes para hacerlo.

       Sin embargo, conforme a la norma jurídica esbozada, el

asunto planteado no está contemplado dentro de los supuestos de

la Regla 52.1de Procedimiento Civil, supra, en los que procede

expedir el auto de certiorari. La Sra. Santiago tampoco demostró la

existencia de alguna de las circunstancias excepcionales dispuestas

en la precitada regla, o de cualquiera de los criterios enumerados en

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifique intervenir

con el trámite pautado por el foro recurrido.

       Como vemos, ésta no sólo incumplió con el término

reglamentario de veinte (20) días para producir sus contestaciones,

sino que las partes acordaron extender el término hasta el 10 de

octubre de 2023 y la Sra. Santiago tampoco                          contestó el

requerimiento. Así que, al adjudicar el asunto, el TPI actuó de

19 Regla 33 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 33 (b).
20 Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, págs. 171-172; Audiovisual Lang.

v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 573.
21 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra.
KLCE202301262                                                       8

conformidad con las normas que prevalecen en la materia que

atendemos.

      Por tanto, en ausencia de los criterios de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, o de algún otro de los consignados en la

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos abstenemos de

intervenir con el dictamen recurrido.

                                 IV.

      Conforme a lo anteriormente expuesto, se deniega la

expedición del auto de certiorari.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones
                    Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL ESPECIAL

     OLGA MÉNDEZ OLIVIERI                          Certiorari
                                                   procedente del
          Parte Recurrida                          Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala
                  V.                               Superior de
                                                   Carolina
 CONSEJO DE TITULARES KLCE202301262
   DEL CONDOMINIO                   Civil núm.:
  SURFSIDE MANSION Y                CA2018CV00795
        OTROS                       (406)

                                                   Sobre:
         Karen Santiago                            Daños y Perjuicios
        Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

                VOTO DISIDENTE JUEZ LEBRÓN NIEVES

En San Juan Puerto Rico a, 30 de noviembre de 2023.

          En esencia, nos corresponde dirimir si, conforme a los hechos

del presente caso, procedía dar por admitido el requerimiento de

admisiones que le fue cursado a la parte peticionaria, por no haber

contestado el mismo dentro del término provisto. La Mayoría de este

Panel ha optado por denegar el recurso. Esta Juez, por el contrario,

considera que dadas las particularidades del caso que nos ocupa,

procedía revocar el dictamen impugnado. Me explico.

          Como sabemos, la Regla 33 de Procedimiento Civil22,

reglamenta lo pertinente al alcance del requerimiento de admisiones

y en lo particular, dispone:

          Regla 33. Requerimiento de Admisiones

          (a) Requerimiento de admisión. —A los efectos de la
          acción pendiente únicamente, una parte podrá requerir
          por escrito a cualquier otra parte que admita la
          veracidad de cualesquiera materias dentro del alcance
          de la Regla 23.1 de este apéndice contenidas en el
          requerimiento, que se relacionen con cuestiones de
          hechos u opiniones de hechos o con la aplicación de la

22
     32 LPRA Ap. V, R. 33.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301262                                                      2

     ley a los hechos, incluyendo la autenticidad de
     cualquier documento descrito en el requerimiento. Se
     notificarán copias de los documentos conjuntamente
     con el requerimiento, a menos que hayan sido
     entregadas o suministradas para inspección y copia. El
     requerimiento podrá notificarse, sin el permiso del
     tribunal, a la parte demandante luego de comenzado el
     pleito y a cualquier otra parte luego de haber
     transcurrido el término de los treinta (30) días a la fecha
     de su emplazamiento. Si la parte demandada inicia
     cualquier tipo de descubrimiento dentro del referido
     plazo, dicha limitación no será de aplicación.

     Cada materia sobre la cual se requiera una admisión
     deberá formularse por separado. Todas las cuestiones
     sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán
     por admitidas, a menos que dentro de los veinte (20)
     días de haberle sido notificado el requerimiento, o
     dentro del término que el tribunal concediese
     mediante moción y notificación, la parte a quien se
     le notifique el requerimiento le notifica a la parte
     que requiere la admisión, una contestación suscrita
     bajo juramento por la parte o una objeción escrita
     sobre la materia. A menos que el tribunal acorte el
     término, una parte demandada no estará obligada a
     notificar contestaciones u objeciones antes de
     transcurridos veinte (20) días a partir de haberle sido
     entregada copia de la demanda y el emplazamiento,
     debiéndose en este caso apercibirle en el requerimiento
     que de no contestarlo en el término dispuesto se
     entenderá admitido. Si se objeta el requerimiento de
     admisión, deberán hacerse constar las razones para
     ello. La contestación deberá negar específicamente la
     materia o exponer en detalle las razones por las cuales
     la parte a quien se le requiere la admisión no puede
     admitir o negar lo requerido. Toda negación deberá
     responder cabalmente a la sustancia de la admisión
     requerida, y cuando la buena fe exija que una parte
     cualifique su contestación o niegue solamente una
     parte de lo requerido, deberá especificarse lo que sea
     cierto y negarse solamente el resto. Una parte a quien
     se le requiere una admisión no podrá aducir como razón
     para así no hacerlo la falta de información o de
     conocimiento, a menos que demuestre que ha hecho las
     gestiones necesarias para obtener dicha información y
     que la información conocida u obtenida es insuficiente
     para admitir o negar. Una parte no podrá objetar el
     requerimiento basándose únicamente en que la materia
     requerida presenta una controversia justiciable; podrá,
     sujeto a lo dispuesto en la Regla 34.4 de este apéndice,
     negar lo requerido o exponer las razones por las cuales
     no puede admitir o negar.

     La parte que ha requerido las admisiones podrá,
     mediante una moción, cuestionar la suficiencia de las
     contestaciones u objeciones. A menos que el tribunal
     determine que una objeción está justificada, ordenará
     que se conteste lo requerido. Si el tribunal determina
     que una contestación no cumple con los requisitos de
     esta regla, podrá ordenar que se dé por admitido lo
     requerido o que se notifique una contestación
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      enmendada. El tribunal podrá, en su lugar, determinar
      que se dispondrá finalmente del requerimiento en una
      conferencia con antelación al juicio o en una fecha
      señalada antes del juicio. Las disposiciones de la Regla
      34.2(c) de este apéndice son de aplicación a la
      imposición de gastos en que se incurra con relación a la
      moción.

      (b) Efecto de la admisión.—Cualquier admisión hecha
      en conformidad con esta regla se considerará
      definitiva, a menos que el tribunal, previa moción al
      efecto, permita el retiro o enmienda de la admisión.
      Sujeto a lo dispuesto en la Regla 37 de este apéndice,
      que regula las enmiendas de una orden dictada en
      conferencia con antelación al juicio, el tribunal podrá
      permitir el retiro o enmienda de la admisión si ello
      contribuye a la disposición del caso en sus méritos y la
      parte que obtuvo la admisión no demuestra al tribunal
      que el retiro o la enmienda afectará adversamente su
      reclamación o defensa. Cualquier admisión de una
      parte bajo estas reglas sólo surtirá efecto a los fines del
      pleito pendiente y no constituirá una admisión de dicha
      parte para ningún otro fin, ni podrá ser usada en su
      contra en ningún otro procedimiento. (Énfasis nuestro).

      Conforme lo dispone nuestro ordenamiento procesal, a través

de un requerimiento de admisiones una parte puede requerir a la

otra que admita la veracidad de cualquier materia que esté dentro

del alcance de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, respecto a

cuestiones u opiniones de hechos o con la aplicación de la ley a los

hechos, o que admita la autenticidad de cualquier documento que

se acompañe con el requerimiento. Audiovisual Lang. v. Sist. Est.

Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997). Cuevas Segarra, Tratado de

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, Tomo

I, pág. 565. El efecto de dicha admisión es que releva a la parte

adversa de tener que presentar en el juicio prueba del hecho

admitido y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y no se

incurran en gastos innecesarios. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 566.

      Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se considerará

definitiva, salvo que el tribunal permita su retiro o una enmienda a

ésta. La parte interpelada tiene que admitir o negar lo requerido

bajo juramento o presentar una objeción escrita sobre la materia en

cuestión dentro del término de 20 días. Si ésta no cumple con este
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término, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó la admisión,

automáticamente se tendrán por admitidas.” Audiovisual Lang. v.

Sist. Est. Natal Hnos., ante, pág. 573. El requerido tiene un deber

afirmativo de responder y de efectuar las gestiones necesarias para

obtener la información para admitir o negar. Rivera Prudencio v.

Municipio de San Juan, 170 DPR 149 (2007).

      La   Regla   33   de   Procedimiento   Civil,   supra,   sobre

requerimiento de admisiones, persigue el propósito de aligerar los

procedimientos, definiendo y limitando las controversias del caso,

proporcionando así un cuadro más claro sobre las mismas.

Mediante esta regla procesal, aunque no es propiamente un

mecanismo de descubrimiento de prueba, se pueden lograr

“admisiones que pueden usualmente evadirse al contestar las

alegaciones o interrogatorios o las preguntas formuladas en el curso

de una deposición”. Rosado v. Tribunal Superior, 94 DPR 122, 133

(1967). Véase, además: Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 373

(1973) y 8A Wright, Miller & Marcus, Federal Practice and

Procedure: Civil 2d Secs. 2251-2252.

      Al amparo de la antes citada Regla 33 se puede requerir que

se admita la veracidad de cualquier materia que esté dentro del

alcance de la Regla 23.1. Esto incluye hechos que están en

controversia y opiniones relacionadas con los hechos o con la

aplicación de la ley a éstos.   Bajo la Regla 33, no se permiten

requerimientos de admisiones sobre una materia puramente legal,

aunque sí se puede requerir la admisión de la aplicación de la ley a

los hechos. 8A Wright, Miller & Marcus, supra, sec. 2255; Diederich

v. Department of Army, 132 FRD 614, 617 (SDNY 1990). Luego de

los cambios introducidos a la Regla 33 en el 1979, esta puede

utilizarse como base para la presentación de una moción solicitando

sentencia sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil. 8A

Wright, Miller & Marcus, supra, sec. 2254.
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      Para poderse confrontar efectivamente con un requerimiento

de admisiones, la parte tiene que, bajo juramento, admitir o negar lo

requerido, u objetarlo. Para negar u objetar tendrá un término de

veinte (20) días, contados desde que se le notificó el requerimiento o

dentro del término que el tribunal le hubiese concedido. Si la parte

no cumple con este término, las cuestiones sobre las cuales se

solicitó la admisión, automáticamente se tendrán por admitidas. No

se requiere que el tribunal emita una orden. Regla 33(a) de

Procedimiento Civil, supra. Esta admisión se considerará definitiva,

a menos que el tribunal, previa moción al efecto, permita su retiro o

una enmienda a la misma. Regla 33 (b) de Procedimiento Civil,

supra.

      En el caso de marras, llama la atención el hecho que, al

notificársele el requerimiento de admisiones a la parte peticionaria,

a pesar de que se brindaron múltiples instrucciones y definiciones,

no se le apercibió a la parte requerida, de las implicaciones de

no contestar dentro del término provisto para ello.

      Del mismo modo, cuando el foro a quo prorrogó por cinco (5)

días, el término para contestar el aludido requerimiento de

admisiones, tampoco apercibió a la parte peticionaria, a los efectos

de que transcurrido dicho término, los requerimientos se darían por

admitidos.

      Del    expediente   se   desprende     que,   las   respectivas

representaciones legales de las partes sostuvieron comunicaciones

entre sí, relacionadas al descubrimiento de prueba cursado. Entre

estas, el 25 de septiembre de 2023, el abogado de la parte

peticionaria se comunicó con el representante legal de la parte

recurrida para informarle sobre los inconvenientes que estaba

confrontando para conseguir a la peticionaria Karen Santiago y le

solicitó un término no menor de quince (15) días para proveerle la

contestación al requerimiento de admisiones.
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      El 11 de octubre de 2023, la parte recurrida instó ante el

foro primario Moción Solicitando que se den por Admitidos los

Requerimientos de Admisiones.

      El 12 de octubre de 2023, la parte peticionaria le cursó a la

parte recurrida Contestaciones a Interrogatorios y Respuestas a

Requerimiento de Producción de Documentos y Admisiones. Empero

ese mismo día, el foro de primera instancia emitió la Orden recurrida

en la que dio por admitidos los aludidos requerimientos de

admisiones. A pesar de que oportunamente, la parte peticionaria le

solicitó reconsideración al foro primario, la misma fue denegada.

      Ciertamente, si la parte a quien se le cursa un requerimiento

de admisiones no cumple con este término de veinte (20) días,

provisto por la Regla 33, supra, “las cuestiones sobre las cuales se

solicitó la admisión, automáticamente se tendrán por admitidas.”

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., ante, pág. 573.        El

requerido tiene un deber afirmativo de responder y de efectuar las

gestiones necesarias para obtener la información para admitir o

negar.

      Ahora bien, nuestra última instancia judicial ha sido enfática

al señalar que, en el ejercicio de su discreción, el tribunal debe

interpretar la regla de forma flexible, favoreciendo, en los casos

apropiados, que el conflicto se dilucide en los méritos. Debe de

ejercer especial cuidado cuando se trata de una admisión tácita,

o sea, por no haberse contestado el requerimiento dentro del

término establecido para ello. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal

Hnos., ante, pág. 573.

      Las disposiciones de la Regla 33 son mandatorias, no

meramente directivas, lo que requiere que haya un cumplimiento

sustancial con las mismas. Sin embargo, al igual que ocurre con

cualquier otra regla procesal, al aplicarla e interpretarla, no se

puede permitir que consideraciones técnicas prevalezcan en
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detrimento       de   la   justicia   sustancial.   Las   Reglas   de

Procedimiento Civil “[s]e interpretarán de modo que garanticen

una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”.

Regla 1 de Procedimiento Civil, supra; 8A Wright, Miller & Marcus,

supra, sec. 2252.

      Como mencionamos previamente, en el caso de marras, la

parte peticionaria hizo actos afirmativos para cumplir con el

descubrimiento de prueba que le fuera cursado, particularmente,

respecto al requerimiento de admisiones. Por lo que, no estamos

ante un caso caracterizado por la desidia y la dejadez, ni en el que

se hayan retrasado innecesariamente los procedimientos del caso.

      A juicio de esta Juez, ante el cuadro procesal y fáctico del

presente caso, y en ausencia de las consabidas advertencias de las

consecuencias de no contestar dentro del término reglamentario,

deben prevalecer los fines de la justicia. Máxime, cuando pudieran

verse afectados derechos de estirpe constitucional como lo es el

debido proceso de ley.

      Por las razones antes expuestas, disiento del curso decisorio

de la Mayoría.

                      GLORIA L. LEBRÓN NIEVES
                         Juez de Apelaciones