Court Opinion

ID: 9962598
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:33:12.026537+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:09.398470
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                                             Panel VII

        ERICKS VÁZQUEZ GUZMÁN Y                                  Certiorari
                 OTROS                                           procedente del
                                                                 Tribunal de Primera
                       Recurrida                                 Instancia,       Sala
                                                                 Superior de Caguas
                          v.       KLCE202400206 Caso Núm.
      R & L DEVELOPMENT SE Y OTROS               CY2022CV00510
                                                 (702)
                Peticionaria
                                                 Sobre:
                                                 DAÑOS Y OTROS
      Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la Jueza
      Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

      Grana Martínez, Jueza Ponente

                                         RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

             El peticionario, el señor Leslie Cardenales Ortiz (en adelante, señor

      Cardenales Ortiz o peticionario), solicita que revisemos una Resolución en la

      que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, declaró No

      Ha Lugar la moción sobre Nulidad de Emplazamiento y Solicitud de

      Desestimación del 26 de octubre de 2023. El peticionario presentó una Moción

      de Reconsideración el 31 de octubre de 2023, la cual fue declarada No Ha

      Lugar por el Tribunal de Primera Instancia el 20 de enero de 2024 y notificada

      el 21 de enero del mismo año.

             La parte recurrida, Ericks Vázquez Guzmán y Orlandmarithz Contreras

      Rodríguez, (en adelante matrimonio Vázquez Contreras o recurridos),

      presentaron su recurso de oposición el día 11 de marzo de 2024.

             Por los fundamentos que anteceden a continuación, se deniega la

      expedición del auto de certiorari.

                                                I.

             Los hechos esenciales para comprender la determinación que hoy

      tomamos son los siguientes. Cabe destacar que el presente litigio tiene un

      trasfondo procesal extenso, relacionado con un recurso alterno, pero

Número Identificador

RES2024____________
KLCE202400206                                                               2

pertinente al que nos ocupa, que es menester puntualizar para la más cabal

comprensión del asunto.

          R & L Development S.E. (en adelante, R &L Development) se constituyó

mediante la escritura pública número 125 del 8 de abril de 1991 ante el

Notario Francisco M. Vázquez Santoni.1 El propósito de dicha sociedad

especial era dedicarse al negocio de desarrollo de terrenos, construcción,

venta y arrendamiento de edificios y estructuras, entre otras actividades. En

dicha escritura, en su artículo seis (6), los socios pactaron el tiempo de

duración de la sociedad a cinco (5) años, el cual podría prorrogarse por dos

términos adicionales de cinco (5) años cada uno.2 Posteriormente, dos de sus

miembros decidieron por acuerdo unánime extender el término de la

sociedad. Así las cosas, Jesús Manuel Rodríguez Fuentes y Manuel René

Rodríguez Meléndez, formalizaron la Escritura Núm. 123, mediante la cual

extendieron el término de vigencia de la sociedad desde el 12 de julio de 2012

y finalizó el 11 de julio de 2015.3

          Según surge del expediente, mediante una réplica a oposición a moción

de reconsideración, por primera vez el peticionario advirtió al tribunal que

existe un pleito adjudicado alterno, donde se alegó que, ante la muerte de uno

de sus miembros, hubo un proceso judicial independiente ante el Tribunal de

Primera Instancia, donde el juzgador concluyó que la sociedad especial

conformada por R & L Development se había extinguido irremediablemente el

11 de junio de 2015.4 No obstante, el foro a quo no estableció un término

específico para liquidar los activos de R & L Development. Por lo tanto, R & L

Development continuó operando posteriormente a la fecha de “extinción

irremediable”, mediante distintas resoluciones corporativas. Entre algunas de

sus actuaciones, mediante resolución corporativa, R & L Development

compareció en actos de segregación, compraventa y constitución de hipoteca,

compraventa y constitución de hogar seguro, entre otras.5

1
    Apéndice I del recurso de certiorari, págs. 10-25.
2 Id. pág. 13.
3 Apéndice I, págs. 26 a 27.
4
    Apéndice I, Sentencia del caso AI2022CV00004, pág. 286-298.
5
    Apéndice I del recurso de certiorari, págs. 56-255.
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       Cabe resaltar que, el señor Cardenales Ortiz también intervino con R &

L Development en algunos asuntos, a saber, como empleado del banco

MoneyHouse, que llevaba a cabo negocios con la sociedad y como

intermediario y emplazador en el pleito AI2022CV0004, entre otros asuntos.

Así las cosas, el peticionario fue designado vicepresidente de R & L

Development el 29 de abril de 2021, mediante Resolución Corporativa firmada

por su presidente, el señor Jesús Manuel Rodríguez Fuentes, (en adelante

señor Rodríguez Fuentes).6 Por tal razón, el peticionario compareció ante

notario para distintos negocios jurídicos en representación de R & L

Development.

       Ahora bien, resumido brevemente el tracto de R & L Development,

procedemos a la controversia que nos atañe. Según surge de los hechos, el

30 de abril de 2011, el señor René Rodríguez Meléndez, socio de R & L

Development, compareció ante el Notario Valenry J. Rivera Santiago (en

adelante Notario Rivera Santiago), donde éste último autorizó la Escritura

Núm. 49 de Segregación, Compraventa y Constitución de Hipoteca sobre el

solar G-13 a favor de los recurridos. En dicha escritura, el Notario Rivera

Santiago dio fe de que la propiedad contaba con permisos de la

Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico (en adelante,

ARPe).7 En la misma, el Notario Rivera Santiago hizo constar que ARPe aprobó

el desarrollo, según Permiso de Urbanización Número 95-70-A-513-CPCU-1

de veintinueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) para

la Urbanización Mansiones Monte Verde en Cayey. Además, hizo constar que

ARPe aprobó un Plano de Inscripción Parcial y que estos fueron presentados

ante el Registro de la Propiedad. Cónsono con lo anterior, también hizo

constar que, ante estos negocios jurídicos, R & L Development segregó la finca

objeto de controversia.

6 Apéndice I del recurso de certiorari, págs. 51-52.
7 Oposición a Certiorari, Apéndice I, págs. 1-8.

Nota: Hacemos constar que no contamos con la Escritura Núm. 49, por lo que tomamos
conocimiento de lo que surge de la Demanda de epígrafe.
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         Así las cosas, el matrimonio Vázquez Contreras adquirió una propiedad

de parte de R & L Development. Los recurridos alegaron que R & L

Development cedió, vendió y traspasó una propiedad inmueble por el precio

estipulado de $300,000.00. R & L Development recibió $10,000.00 en el acto,

por lo que el resto quedó aplazada y garantizada mediante un pagaré con un

valor de $290,000.00. Luego de un descargo en el Tribunal Federal como

parte de un proceso de quiebra, el 7 de mayo de 2021, la parte recurrida

solicitó de manera extrajudicial a R & L Development la entrega del pagaré

original por el valor de $290,000.00. Así las cosas, los recurridos

comparecieron ante el Notario Carlos A. Piovanetti Dohnert, quien autorizó la

Escritura Núm. 24 de Cancelación de Hipoteca. El 5 de octubre de 2021, los

recurridos presentaron ante el Registro de la Propiedad, las escrituras

precitadas, al igual que documentos complementarios para la inscripción de

estas.

         El 13 de junio de 2022, las escrituras previamente relacionadas fueron

notificadas por la Honorable Registradora de la Propiedad, Ana L. Robles

Lago, a saber, por falta de Resolución y Plano de Inscripción debidamente

aprobado por ARPe.8 Los recurridos solicitaron la documentación necesaria

ante R & L Development, al igual que ante el Notario Rivera Santiago. Empero,

al no obtener resultados previos a la fecha de caducidad en el Registro de la

Propiedad, retiraron los documentos presentados el 11 de agosto de 2022.

         Ante la negativa de obtener los documentos solicitados por parte de R

& L Development y el Notario Rivera Santiago, el matrimonio Vázquez

Contreras acudió a distintas oficinas gubernamentales para solicitar

documentos necesarios y relacionados con la copia del Plano de Inscripción

de la propiedad y la Resolución aprobada por ARPe. Mediante certificación

emitida a favor del matrimonio Vázquez Contreras, la Oficina de Gerencia de

Permisos, (en adelante, OGPe) (antes, ARPe), certificó que no se encontró

8 SUMAC Entrada núm. 1.
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Resolución ni Planos de Inscripción para dicho inmueble en el año 1999.9 En

ese momento, advinieron en conocimiento que la propiedad que nos ocupa no

constaba como segregada ni autorizada por dichas agencias.

      Así las cosas, el 2 de diciembre de 2022, el matrimonio Vázquez

Contreras instó una causa de acción contra R & L Development, el Notario

Rivera Santiago y otros. En esencia alegaron daños, negligencia, fraude,

impericia profesional contra R & L Development y el Notario Rivera Santiago,

por lo que reclamaron el pago de costas, honorarios de abogados, gastos y

daños económicos y angustias mentales sufridos, por no haber podido

inscribir su residencia, no haber podido beneficiarse de incentivos, préstamos

u otras ayudas. También solicitaron que tanto la sociedad especial como el

notario, proveyeran los documentos solicitados, y de no existir, que se

realizaran las obras y fueran pagaderas a costa de R & L Development y el

Notario Rivera Santiago.

      Como parte del proceso de emplazamiento, el matrimonio Vázquez

Contreras emplazó a R & L Development, por conducto del señor Cardenales

Ortiz. Posteriormente, el 18 de enero de 2023, el peticionario arguyó,

mediante una Moción sobre Nulidad de Emplazamiento y Solicitud de

Desestimación, que el 19 de diciembre de 2022 recibió un emplazamiento

dirigido a R & L Development y que, a dicha fecha, él no era agente autorizado,

ni oficial, ni gerente administrativo, ni socio de la sociedad especial. En la

alternativa, sostuvo que debía acumularse a todos los miembros y herederos

de R & L Development.

      El 8 de febrero de 2023, los recurridos presentaron un escrito intitulado

Oposición a la Moción sobre Nulidad de Emplazamiento y Solicitud de

Desestimación. En síntesis, destacaron que, desde el 29 de abril de 2021, R

& L Development otorgó un Certificado de Resolución de Sociedad Especial,

donde se designó al peticionario como vicepresidente de la Junta de

9
 Nota Aclaratoria: En el 2009, mediante la Ley Núm. 161 de ese mismo año, la Junta de
Planificación es reformada sustancialmente y la antigua ARPe desaparece, creándose la
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
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Directores de R & L Development y las facultades conferidas a su cargo.10

Especialmente, señalaron que la sociedad especial no se extinguió el 11 de

julio de 2015, toda vez que, R & L Development continuó operando el negocio

de terrenos, construcción, venta, cesión y otros.11 El 17 de febrero de 2023,

el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden dando por sometida las

mociones previamente mencionadas.12

       El 23 de febrero de 2023, el codemandado, Notario Rivera Santiago,

presentó su contestación a la demanda. Ulteriormente y sin haber ocurrido

ninguna otra actividad procesal, el 26 de octubre de 2023 y archivada en

autos el mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución donde

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por R & L

Development.

       Así las cosas, el 31 de octubre de 2023, el peticionario presentó una

Solicitud de Reconsideración.13 Adujo que mediante la Sentencia emitida el 30

de marzo de 2022 en el caso AI2022CV00004, la sociedad fue disuelta

irremediablemente mediante determinación judicial. Sostuvo que debía

acumularse a los miembros de la sucesión de la señora Marta Meléndez

Veguilla,    herederos      de    la   participación        en   R   &   L   Development.

Oportunamente, el 29 de noviembre de 2023, la parte recurrida presentó

Oposición a la Solicitud de Reconsideración. Alegaron, entre otros pormenores,

que la precitada moción no cumplía con los criterios de una solicitud de

reconsideración al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 47.

       El 5 de diciembre de 2023, el peticionario presentó una Réplica a

Oposición a la Solicitud de Reconsideración.14 En síntesis, arguyó que había

controversia sobre la existencia de la sociedad especial a la fecha del 19 de

diciembre de 2022, cuando fue emplazado. Sostuvo que por razón del trámite

procesal del caso AI2022CV0004, este no podía ser representante a la fecha

10
   Apéndice II del recurso de certiorari, págs. 51-52.
11
   Apéndice V del recurso de certiorari, págs. 267-272.
12
   Oposición a Certiorari, Apéndice IV, pág. 14.
13
   Apéndice VII del recurso de certiorari, págs. 280-285.
14 Apéndice VI del recurso de certiorari, págs. 273-276.
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del emplazamiento. Añadió que dicho litigio había sido objeto de recursos

apelativos.15 Dicha Réplica fue declara No Ha Lugar el 20 de enero de 2024 y

archivada el 21 de enero de 2024 por el foro de instancia.16

       Inconforme, el peticionario presentó este recurso, donde alega que:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR
       QUE ADQUIRIÓ JURISDICCIÓN SOBRE UNA SOCIEDAD
       ESPECIAL QUE NO TENÍA PERSONALIDAD JURÍDICA YA QUE
       SE HABÍA EXTINGUIDO PREVIAMENTE Y UN TRIBUNAL DE
       INSTANCIA HABÍA DISPUESTO LA FORMA DE SU
       LIQUIDACIÓN.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR
       QUE UN EMPLAZAMIENTO DILIGENCIADO A UN ANTIGUO
       OFICIAL DE UNA EXTINTA SOCIEDAD ESPECIAL LE
       CONCEDIÓ JURISDICCIÓN SOBRE LA MISMA.

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR
       QUE UNA EXTINTA SOCIEDAD ESPECIAL PUEDE SER TRAÍDA
       A UN PLEITO SIN INCLUIR COMO PARTES INDISPENSABLES A
       LOS SOCIOS DE LA MISMA.

       La parte recurrida compareció ante nos el 11 de marzo de 2024. Con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

                                               II

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un

tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 2023

TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207

DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020);

Mun. Caguas v. JRO Construction Inc., 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la

característica principal del recurso reside en el carácter discrecional del

mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los criterios

señalados en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 52.1.

Advertimos que esta Regla ha sufrido modificaciones a través del tiempo para

expandir el marco discrecional que ostentan los foros revisores en la

expedición del recurso.

15 KLCE202300044, CC-2023-0216
16 Apéndice VII del recurso de certiorari, pág. 279.
KLCE202400206                                                              8

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra,

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será expedido:

      [p]ara revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por
      el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de
      una moción de carácter dispositivo.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el
      Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia
      cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
      testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
      privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos
      casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión. Cualquier otra resolución u orden interlocutoria
      expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada
      en el recurso de apelación que se interponga contra la sentencia
      sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales.

      32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,

supra, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones para guiar su discreción al intervenir

con la resolución u orden interlocutoria recurrida. La Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
      determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
      de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
      diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más indicada para
      analizar el problema.

      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
      de la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
      Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
      luz de los autos originales, por los cuales deberán ser elevados,
      o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
      indeseable en la solución final del litigio.
KLCE202400206                                                                9

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
      un fracaso de la justicia.

      4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      La característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus

méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Sin embargo,

la discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la

encaminen, sino que el foro apelativo cuenta con los criterios enumerados en

dicha Regla para asistirlo y determinar si en un caso en particular procede

que se expida el auto discrecional de certiorari. Banco Popular de Puerto Rico

v. Gómez Alayón, 2023 TSPR 145, a la pág. 23, 213 DPR ___ (2023).

                                       III

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos autoriza a intervenir

en este recurso, debido a que se solicita revisión de la denegatoria a una

moción de carácter dispositivo. No obstante, en el ejercicio de discreción

característico de este tipo de recurso y a la luz de los criterios de la Regla 40

de nuestro Reglamento, supra, determinamos no intervenir en esta etapa del

proceso.

                                       IV

      Por lo antes expuesto se deniega la expedición del auto de certiorari.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones