Court Opinion

ID: 9952344
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:43:23.485068+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:57.492486
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL V

 EMMANUEL FUENTES                                   REVISIÓN
    ENRÍQUEZ,                                       procedente del
                                                    Departamento de
         Recurrente,                                Corrección y
                                      KLRA202400025 Rehabilitación.
               v.

  DEPARTAMENTO DE                                             Sobre:
    CORRECCIÓN Y                                              incentivo federal
   REHABILITACIÓN,                                            (Covid).

        Recurrida.
Panel integrado por su presidente, el juez Hernández Sánchez, la jueza
Romero García y la jueza Martínez Cordero.

Romero García, jueza ponente.

                                      SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2024.

        La parte recurrente, señor Emmanuel Fuentes Enríquez (señor

Fuentes), instó el presente recurso por derecho propio el 17 de enero de

2023. Examinado el recurso, nos percatamos de que el señor Fuentes no

canceló los aranceles de presentación, ni presentó su solicitud para litigar

en forma pauperis. Así las cosas, este Tribunal, mediante la Resolución

emitida el 25 de enero de 2024, le otorgó un término de 10 días, computado

a partir de la notificación de esta, para someter el formulario debidamente

cumplimentado y juramentado1. Además, se le instruyó para que, en el

mismo término, presentara todos los documentos pertinentes al recurso, so

pena de desestimación.

        Según consta en autos, la Resolución emitida fue notificada el 26 de

enero de 2024. Sin embargo, a esta fecha y transcurrido el término

concedido, el señor Fuentes no ha comparecido.

        En su consecuencia, nos es forzoso desestimar el recurso por el

craso incumplimiento del recurrente con las leyes y los reglamentos

aplicables.

1 Además, se instruyó a Secretaría que hiciera llegar al señor Rivera el formulario intitulado

Declaración en apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis).
Número identificador

SEN2024______________
KLRA202400025                                                              2

                                      I

                                     A

      La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción. También,

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Martínez v. Junta

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104

DPR 778, 782 (1976). De determinarse que no hay jurisdicción sobre un

recurso o sobre una controversia determinada, procede su desestimación.

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

      De otra parte, la falta de jurisdicción sobre la materia: (1) no es

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente

otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el tribunal lo puede

hacer motu proprio; (3) los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los

tribunales deben auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales

apelativos debemos examinar la jurisdicción del foro de donde procede el

recurso; y, (6) el planteamiento sobre jurisdicción sobre la materia puede

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las partes

o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537

(1991).

      De determinarse que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre

una controversia determinada, procede su desestimación. González v.

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, a la pág. 855. Por su parte, la

Regla 83 (C) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.

XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar un recurso de apelación o

denegar un auto discrecional, a iniciativa propia, por los motivos

consignados en el inciso (B) de la Regla 83. En específico, la Regla 83 (B)

(1) provee para la desestimación de un pleito por falta de jurisdicción.

                                     B

      En nuestro sistema judicial, el recurso de apelación no es

automático;   presupone     una    notificación,   un   diligenciamiento   y
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su perfeccionamiento. Se presume, además, que nuestros tribunales

actúan con corrección, por lo que compete al apelante la obligación de

demostrar lo contrario. Por lo tanto, el apelante o en este caso la parte

recurrida, tiene la obligación de perfeccionar su recurso según lo exige la

ley y el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, para así colocar a

este foro apelativo en posición de poder revisar al tribunal primario.

Además, de no perfeccionarse un recurso dentro del término jurisdiccional

provisto para ello, el foro apelativo no adquiere jurisdicción para

entender en el recurso presentado. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 367

(2005).

       Así pues, las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Soto Pino v. Uno

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). Ello, ante la necesidad de colocar a

los tribunales apelativos “en posición de decidir correctamente los casos,

contando con un expediente completo y claro de la controversia que tiene

ante sí”. Íd.

       Es menester destacar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

sido enfático al expresar que, de no observarse las disposiciones

reglamentarias    al   respecto,   nuestro    ordenamiento     autoriza   la

desestimación del recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145

(2008). Sin embargo, ante la severidad de esta sanción, el Tribunal

Supremo exige que nos aseguremos de que el incumplimiento con las

disposiciones reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento

real y meritorio para que podamos considerar el caso en los

méritos. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). A modo

de ejemplo, “[u]n recurso que carece de un apéndice, con los documentos

necesarios para poner al tribunal en posición de resolver, impide su

consideración en los méritos”. Íd. (Énfasis nuestro; bastardillas en el

original).

       Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003 tuvo como uno

de sus propósitos hacer más accesible la justicia apelativa a la ciudadanía,
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flexibilizando los procesos apelativos. Sin embargo, ello no supuso dar

al traste con los requisitos mínimos exigidos para atender

ordenadamente los recursos que se presentan ante este foro apelativo

intermedio. Mucho menos pretendió eliminar los términos jurisdiccionales

para acudir en alzada. Morán v. Martí, 165 DPR, a las págs. 368-369.

      Debemos tener presente, además, que la verificación de todos los

requisitos de forma y de contenido previstos para las diversas gestiones

apelativas, no solo resulta en beneficio del foro intermedio, sino también de

la parte contra la cual las mismas se prosiguen. Soto Pino v. Uno Radio

Group, 189 DPR, a la pág. 90.

      Por último, debemos apuntar que el hecho de que las partes

litigantes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que

ellas incumplan con las reglas procesales. Ello cobra mayor importancia en

el caso de aquellas normas procesales que establecen términos

jurisdiccionales o de cumplimiento estricto. Febles v. Romar, 159 DPR 714,

722 (2003).

                                     C

      Entre los requisitos a satisfacer en los recursos de revisión judicial

de determinaciones finales y firmes administrativas, la Regla 59 de nuestro

Reglamento exige la inclusión de: la cubierta; el epígrafe; la información de

los abogados y las partes; la información del caso; un índice; señalamientos

de error y un apéndice, entre otros requisitos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59.

Con respecto al apéndice, este deberá contener copia de las alegaciones

de las partes ante la agencia; la determinación recurrida; toda moción,

resolución u orden necesaria para establecer la jurisdicción de este

Tribunal o que sea pertinente a la controversia. Íd.

      Reiteramos lo apuntado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a

los efectos de que el mero hecho de que una parte comparezca por

derecho propio, por sí solo, no puede justificar el incumplimiento con las

reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR, a la pág. 722.
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                                     II

      Un examen del trámite del recurso que nos ocupa revela que el

recurrente no nos colocó en posición de auscultar nuestra jurisdicción

o de ejercer nuestra función revisora. Esto, pues el señor Fuentes no

demostró que recurriese de determinación administrativa final alguna

sujeta a nuestra facultad revisora. El expediente solo contiene un recurso

escueto, mediante el cual señala que no se ha reflejado el desembolso total

del incentivo económico federal por el COVID-19 y una factura emitida por

la agencia recurrida.

      Según citado, este foro únicamente podrá revisar, como cuestión de

derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia,

las decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y, de

forma discrecional, cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal

de Primera Instancia.

                                     III

      Por tanto, ante la incomparecencia e incumplimiento del señor

Fuentes, desestimamos este recurso.

       Notifíquese.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones