Court Opinion

ID: 9388074
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-04-19 19:10:43.932612+00
Date Added: 2024-06-11T17:18:17.266007
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VIII

 MIGUEL G. RIVERA GARCÍA                          CERTIORARI
                                                  procedente del
            Recurrido                             Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
                                                  Superior de San
                v.                  KLCE202300072 Germán

                                                      Caso número:
     NATALIA LARTIGAUT                                MZ2019RF00082
         TORRES
                                                      Sobre:
           Peticionaria                               Relaciones
                                                      Paterno/Materno
                                                      Filiales

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez
Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2023.

      Comparece ante nos la peticionaria, Natalia Lartigaut Torres, y nos

solicita que revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI) el 22 de diciembre de 2022 y notificada al día siguiente. En

la determinación, el tribunal otorgó la custodia monoparental al recurrido

Miguel G. Rivera García de los dos hijos menores de edad habidos entre

las partes. Por otro lado, la peticionaria solicita la revisión de otra

Resolución emitida y notificada por el TPI el mismo día, mediante la cual

encontró a la peticionaria incursa en desacato criminal; imponiéndole el

pago de mil dólares ($1,000.00) por concepto de honorarios de abogado a

favor del recurrido y el pago de quinientos dólares ($500.00) por concepto

de sanción económica.

      Sobre el error que hace referencia a la Resolución emitida por el TPI

en cuanto a la custodia de los menores, adelantamos que lo acogemos

como apelación dejando inalterada su designación alfanumérica de

conformidad con los resuelto en Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121

(1998).

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLCE202300072                                                                         2

       Con relación al dictamen interlocutorio recurrido y por los

fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el auto de

certiorari, modificamos el dictamen sobre el desacato y, así modificado, se

confirma. En cuanto al dictamen de custodia, se confirma. Veamos.

                                          I

       La controversia ante nuestra consideración inició el 10 de

septiembre de 2021, cuando la peticionaria solicitó la custodia

monoparental de los dos menores habidos entre esta y el recurrido. En su

escrito relató las desavenencias que le impidieron cumplir cabalmente con

los acuerdos de custodia compartida. En consecuencia, solicitó la custodia

monoparental.1

       Por su parte, el 30 de septiembre de 2021, el recurrido presentó su

escrito titulado Moción en Cumplimento de Orden y en Oposición a

Custodia Monoparental. En esencia, sostuvo que las alegaciones de la

demanda para solicitar la custodia monoparental eran frívolas y no procedía

alterar el decreto de custodia previamente emitido.2

       Así las cosas, el 1ro de octubre de 2021, el foro de instancia emitió

una orden a la Unidad de Trabajo Social de la Oficina de Relaciones de

Familia (ORF) con el fin de que dicha unidad realizara un Estudio Social

Forense, a través del cual se evaluara la custodia compartida y las

relaciones filiales, según previamente estipuladas por las partes. No

obstante, previo a que se sometiera el Informe Social Forense, el 15 de

diciembre de 2021, la trabajadora social, Inés Vázquez Cintrón, sometió

una Moción Informativa y en Solicitud de Orden Urgente con el fin de que

el TPI ordenara la investigación de ciertas alegaciones de maltrato hacia

los menores por parte de la peticionaria. En atención a la solicitud realizada,

el 27 de diciembre de 2021, el foro primario emitió una orden a la Unidad

de Investigaciones Especiales del Departamento de la Familia para que

realizara la investigación correspondiente y se informara, a la trabajadora

1
  Véase, Moción Custodia Monoparental, Anejo XXI, páginas 64 a la 66 del Alegato en
Oposición a la Apelación.
2 Véase, Anejo XXII, páginas 68 a la 69 del Alegato en Oposición a la Apelación.
KLCE202300072                                                                  3

social de la Unidad de Trabajo Social de la ORF, el resultado de dicha

gestión.

          Consecuentemente, el 24 de mayo de 2022, se unió al expediente

judicial el Informe Social Complementario.3 De dicho informe surge, entre

otros asuntos, que las alegaciones de maltrato que fueron remitidas al

Departamento de la Familia fueron encontradas con fundamento. Además,

indica que ambos padres exhibían capacidades protectoras debilitadas que

requerían ser fortalecidas para garantizar la salud y seguridad de los

menores. Ante los hallazgos de la investigación realizada, la trabajadora

social Vázquez Cintrón le recomendó al TPI lo siguiente:

              [Otorgar] custodia al padre.

              Relaciones maternofiliales: Plan mínimo de visitas los
              sábados de 9:00 am a 6:00 pm. No obstante, si hay algún
              acuerdo o los menores desean pernoctar con esta así se
              le permita. No debe haber conflictos o discusiones entre
              ellos durante la estancia de los niños. Llamadas
              telefónicas con los menores diariamente. La madre en
              función de patria potestad compartida puede continuar
              participando de los servicios médicos y escolares de sus
              hijos.

              Se recomienda las terapias de comunicación intensivas a
              los padres y terapias familiares que incluya a los hijos. Si
              estos mejoran la misma en un futuro pueden retomar la
              custodia compartida.

              Que se le prohíba a cualquiera de los padres incurrir en
              situaciones de maltrato hacia sus hijos.

              Se ordene al Departamento de la Familia proveer
              servicios intensivos de orientación a la Sra. Natalia
              Lartigaut.

              Las partes y los menores acudan a evaluación privada por
              si requieren tratamiento lo comiencen con el mismo
              médico.

          Según surge de la Resolución que atendió el asunto de la custodia,

las partes tuvieron la oportunidad de expresarse sobre el referido informe.

El 3 de junio de 2022, el recurrido sometió un escrito mediante el cual

expresó estar de acuerdo con las determinaciones y las recomendaciones

del informe. Ese mismo día, la peticionaria se opuso al contenido de dicho

informe.

3   Véase, Apéndice 3, páginas 27 a la 42 del apéndice del Certiorari Civil.
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       En atención a ello y tras varias incidencias procesales, el foro de

instancia señaló una Vista de Impugnación del Informe Social Forense.

A dicha vista comparecieron las partes con su representación legal y la

trabajadora social de relaciones de familia. Evaluada la prueba documental

y testifical sometida ante su consideración y de conformidad con la

credibilidad que le mereció, el foro primario, en atención al bienestar de los

menores, resolvió lo siguiente:

       Se entrega la custodia monoparental de los menores: [GNRL]
       y [MARL] al padre, Sr. Miguel G. Rivera García.

       Se ordena el establecimiento [de] relaciones maternofiliales,
       acogiendo como un plan mínimo para ellas, el que los
       menores se relacionarán con su madre todos los sábados.
       Esto a partir del 25 de noviembre de 2022 desde las 9:00 a.m.
       hasta las 6:00 p.m. Si hay algún acuerdo y los menores
       desean pernoctar con la madre, se autoriza a que se les
       permita hacerlo.

       Se instruye a las partes de que no debe haber conflictos o
       discusiones durante la estancia de los menores en sus
       hogares.

       Se permitirán llamadas telefónicas con los menores, en
       relación a la madre no custodia, diariamente.

       Se aclara a las partes, que la señora Natalia Lartigaut, en el
       ejercicio de la patria potestad que ostenta sobre sus hijos,
       podrá participar de los servicios médicos y escolares de los
       menores.

       Se ordena a las partes, recibir terapias de comunicación
       intensivas y terapias familiares que incluya a los menores,
       bajo apercibimiento de desacato. Aclarándose además a las
       partes, que si eventualmente mejora la situación, no se
       descarta que en un futuro se pueda retomar la custodia
       compartida.

       Tomen conocimiento las partes que las custodias no son
       definitivas y se pueden reevaluar en cualquier momento.

       Se prohíbe a las partes incurrir en situaciones de maltrato
       hacia sus hijos.

       Se emite Orden dirigida al Departamento de la Familia de
       Puerto Rico, para que provea servicios intensivos de
       orientación a ambos padres biológicos.

       Se ordena a las partes y a los menores, a acudir a evaluación
       privada por un psiquiatra, a los fines de que se les pueda
       ofrecer tratamiento, de ser requerido.

       En atención a la custodia otorgada al Sr. Miguel G. Rivera
       García y el ejercicio inmediato de la misma por el padre
       custodio, se ordena a la señora Natalia Lartigaut entregar
       a la menor Natalia, con sus pertenencias al padre, a las
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       8:00 p.m., en el Burger King del pueblo de Cabo Rojo,
       bajo apercibimiento de desacato.

       Se le concede a la demandada (Natalia Lartigaut Torres)
       hasta el domingo a las 5:00 p.m. para entregar las
       pertenencias de los menores, que no se hayan entregado el
       18 de noviembre de 2022 al padre.

       Como medida cautelar, además, el Tribunal le concede a la
       trabajadora social, Sra. Inés Vázquez Cintrón, cuarenta y
       cinco (45) días, para someter al Tribunal las
       recomendaciones en cuanto a los peritos a los cuales las
       partes puedan ser referidas. Además, asegurarse que el
       Departamento de la Familia le ofrezca a las partes los
       servicios que ameritan, según ordenado.

       De igual forma, se le concede a la trabajadora social Inés
       Vázquez Cintrón veinte (20) días a partir de hoy para que de
       manera preventiva realice una visita al hogar de papá, para
       que se asegure que todo está encaminado. (Énfasis nuestro).

       En atención a lo resuelto por el foro primario, el 21 de noviembre de

2022, la peticionaria presentó la Moción Urgente en Solicitud de Remedio.4

En su escrito, expuso que, en cumplimiento con lo ordenado por el TPI,

había acudido acompañada de su hija al lugar determinado para entregar

a la menor, junto con sus pertenencias, al recurrido. Sin embargo, indicó

que la menor se negó a irse con el recurrido debido a la alegada situación

emocional de esta. Además, radicó una querella de incidente ante la

policía. En la súplica, solicitó que la trabajadora social del tribunal evaluara

a la menor y fungiera como intermediaria en el proceso de entrega de esta.

A su vez, le solicitó al tribunal que le requiriera a la psicóloga de la menor

emitir alguna recomendación atemperada a la realidad actual del estado

emocional de la menor, con el fin de facilitar el cumplimiento de la orden.

       Por su parte, en esa misma fecha, el recurrido presentó la Moción

Urgente en Solicitud de Desacato y en Solicitud de Remedio.5 En esencia,

alegó que la peticionaria nunca tuvo la intención de entregar a la menor,

toda vez que estuvo casi dos horas negándose a entregarla y no llevó los

medicamentos que esta ingería. En vista de ello, le solicitó al TPI que

encontrara a la peticionaria incursa en desacato; ordenara su ingreso

4 Véase, Moción Urgente en Solicitud de Remedio, Apéndice 4, páginas 43 a la 45 del
apéndice del Certiorari Civil.
5 Véase, Moción Urgente en Solicitud de Desacato y en Solicitud de Remedio, Apéndice

5, páginas 46 a la 47 del apéndice del Certiorari Civil.
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inmediato en una institución penal del país; y le impusiera el pago de mil

dólares ($1,000.00) por concepto de honorarios de abogado a favor de

este. Cabe señalar que, el mismo 21 de noviembre de 2022, la peticionaria

presentó la Breve Réplica6 y, a su vez, la Moción sobre Cita con la

Psicóloga de Menor y Reiterada Solicitud de Remedio.7 En lo pertinente,

se opuso a la solicitud de desacato y alegó que, a pesar de realizar

esfuerzos para que una psicóloga atendiera a la menor, esto no fue posible

debido a que no contaba con la autorización del recurrido. De igual forma,

reiteró la solicitud para que el TPI ordenara la intervención, tanto de la

psicóloga como de la trabajadora social del tribunal.

        En atención a la solicitud de desacato presentada por el recurrido,

el TPI señaló una vista urgente para el 22 de noviembre de 2022 y le ordenó

a la peticionaria que compareciera a mostrar causa por la cual no se le

debía encontrar incursa en desacato por el incumplimiento con la orden.8

        Celebrada la vista el 22 de noviembre de 2022, el TPI encontró a la

peticionaria incursa en desacato criminal por haber incumplido con la

Resolución y Orden emitida en corte abierta el 18 de noviembre de 2022.

No obstante, en lugar de ordenar su arresto e ingreso, le impuso a la

peticionaria el pago de mil dólares ($1,000.00) por concepto de honorarios

de abogado a favor del recurrido, a tenor con lo dispuesto en la Regla 44.1

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, y una sanción

económica de quinientos dólares ($500.00) a favor del Estado, al amparo

de la Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.2.

Igualmente, le apercibió que el incumplimiento con lo ordenado podría

conllevar que fuera encontrada incursa en desacato criminal.

        Inconforme, el 7 de diciembre de 2022, la peticionaria presentó la

Moción de Reconsideración en Corte Abierta de 22 de noviembre de 2022.9

6 Véase, Breve Réplica, Apéndice 6, páginas 48 a la 49 del apéndice del Certiorari Civil.
7 Véase, Moción sobre Cita con la Psicóloga de Menor y Reiterada Solicitud de Remedio,
Apéndice 7, páginas 50 a la 51 del apéndice del Certiorari Civil.
8 Véase, Orden de Mostrar Causa, Apéndice 8, página 52 del apéndice del Certiorari Civil.
9 Véase, Moción de Reconsideración en Corte Abierta de 22 de noviembre de 2022,

Apéndice 10, páginas 64 a la 66 del apéndice del Certiorari Civil.
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Mediante la misma, solicitó al foro primario que reconsiderara la imposición

de los honorarios de abogado y las sanciones impuestas.

       Insatisfecha, el 23 de enero de 2023, la peticionaria comparece ante

nos y formula los siguientes señalamientos de error:

       Erró y abusó de discreción el TPI al imponerle a la madre el
       pago de $1,000.00 de honorarios de abogado y una sanción
       de $500.00 al encontrarla incurso en desacato por no
       entregar a la menor cuando su actuación fue en protección
       de su hija.

       Erró y abusó de discreción el TPI al determinar un cambio de
       custodia y relaciones filiales en un proceso parcializado en
       contra de la madre sin tomar en consideración los deseos de
       la menor [GNRL] y la recomendación de la trabajadora social
       del Tribunal.

       El 25 de enero de 2023, la peticionaria sometió la Moción en

Solicitud de Reproducción de Prueba Oral. En ella, advirtió que estaría

utilizando como medio de prueba la regrabación de los procedimientos de

la vista celebrada el 22 de noviembre de 2022, donde el TPI atendió los

planteamientos relacionados al desacato. En atención a dicha solicitud, el

2 de febrero de 2023, emitimos una Resolución mediante la cual le

concedimos un término de treinta (30) días, contados a partir de la entrega

de la regrabación, para someter la transcripción estipulada de la vista del

22 de noviembre de 2022. A su vez, otorgamos a la parte recurrida el

término de quince (15) días para presentar su escrito en oposición,

contados a partir de la fecha en que se presentara la transcripción de la

regrabación estipulada.

       Tras varios incidentes procesales, entre ellos la presentación de la

transcripción estipulada, el 6 de marzo de 2023, compareció la parte

recurrida y presentó el Alegato en Oposición a la Apelación.

       Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

                                       II

                                       A

            El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional que

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un
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foro inferior. 800 Ponce de León Corporation v. American International

Insurance Company, 205 DPR 163 (2020); IG Builders Corp. v. BBVAPR,

185 DPR 307, 337–338 (2012). La determinación de expedir o denegar un

recurso de certiorari está enmarcada en la discreción judicial. Íd.

       Reiteradamente, se ha resuelto que la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este

Tribunal de Apelaciones habrá de expedir un recurso de certiorari para

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia. Es decir, cuando “se recurra de una resolución u orden

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo”. Íd. Asimismo, dispone los supuestos en que este foro apelativo

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional y a manera de

excepción, en las siguientes instancias:

       [C]uando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de
       testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a
       privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos
       de relaciones de familia, en casos que revistan interés público
       o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd.

       Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, establece los criterios que debemos

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de este

recurso discrecional. La referida Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para el análisis del problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
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       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

                                     B

       El Art. 2.017 de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la Ley

de la Judicatura, dispone que los jueces y las juezas tienen el poder para

castigar por desacato. 4 LPRA sec. 24o(j). El procedimiento de desacato

en nuestra jurisdicción proviene de tres fuentes jurídicas y se fundamenta

en “el poder inherente de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes”.

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999). Dicho mecanismo

está dirigido a que los jueces puedan guardar e imponer el orden en su

presencia y en los procedimientos ante su consideración. Por esta razón,

se utiliza para que los tribunales vindiquen su autoridad y dignidad, además

de hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias. In re Velázquez

Hernández, 162 DPR 316, 326 (2004). Este mecanismo también se utiliza

para realizar u ordenar cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir

a cabalidad sus funciones. Íd.

       En nuestra jurisdicción coexiste el desacato civil con el desacato en

el ámbito penal, regulado por la Regla 242 de Procedimiento Criminal, 34

LPRA Ap. II, R. 242. Dicha regla le concede al acusado en todo caso de

desacato criminal, previo aviso, la oportunidad de ser oído. El aviso

expondrá el sitio, hora y fecha de la vista, concederá al acusado un tiempo

razonable para preparar su defensa, hará saber al acusado que se le

imputa un desacato criminal y expondrá los hechos esenciales constitutivos

del mismo. Ahora bien, en aquellas instancias en que el juez certifique que

vio u oyó la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en

presencia del tribunal, el desacato podrá castigarse de forma sumaria. La

orden condenando el desacato expondrá los hechos y será firmada por el

juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal. Íd.
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       La autoridad de condenar por desacato es un poder inherente de

todos los tribunales; su existencia es esencial para la conservación de

orden en los procedimientos judiciales y para hacer cumplir las sentencias,

órdenes y autos de los tribunales y, por lo tanto, para la debida

administración de la justicia. Pueblo v. Pérez Díaz, 99 DPR 788, 800

(1971).

       Por otra parte, cuando nos referimos al desacato civil, el debido

proceso de ley exige que, previo a su imposición, se conceda una orden

para mostrar causa dentro de un término razonable, la oportunidad de

conocer la falta que se le imputa, las circunstancias bajo las cuales, y el

sitio y fecha en que la incurrió, y los hechos que la constituyen, de manera

que la persona tenga una oportunidad razonable de presentar su defensa.

La sentencia mediante la cual se castiga con la imposición del desacato

civil ha de establecer el acto o actos constitutivos de dicho desacato, así

como la fecha y lugar de su comisión y las circunstancias de la misma.

Pueblo v. Pérez Diaz, supra, pág. 802.

                                     C

       Las Reglas de Procedimiento Civil le permiten a los tribunales

imponer el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado a

una parte que actúa con temeridad durante el proceso judicial. A esos

efectos, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.44.1

(d), en lo pertinente dispone:

       […]

       (d) En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya
       procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá
       imponerle en su sentencia al responsable el pago de una
       suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal
       entienda correspondan a tal conducta.

       El    Tribunal   Supremo    de    Puerto   Rico   ha    definido   el

concepto temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte innecesariamente a

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito. Flores

Berger v. Colberg, 173 DPR 843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa,
KLCE202300072                                                             11

148 DPR 695, 701 (1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 DPR 690, 706

(2002). La determinación de temeridad es un asunto discrecional de los

tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden intervenir

ante la existencia de abuso de discreción. Íd.

       El requisito de la existencia de una actuación temeraria hace que

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, tenga el propósito de penalizar

o sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha regla.

Véase, Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 DPR 724 (1990).

En Corpak, el Tribunal Supremo enumeró algunos requisitos que los

tribunales de instancia debemos evaluar al momento de cuantificar la

partida de honorarios de abogado que se impondrá, tales como:

“[L]a naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho envueltas en el

mismo, la cuantía en controversia, el tiempo invertido, los esfuerzos y

actividad profesional que hayan tenido que desplegarse, y la habilidad y

reputación de los abogados envueltos”. Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers

Printing, Inc., supra.

       Por otro lado, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.44.2, autoriza al tribunal a imponer costas interlocutorias a las partes o

sanciones económicas a las partes o a sus abogados en todo caso o en

cualquier etapa de los procedimientos si éstos incurren en “demora,

inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la

eficiente administración de la justicia”. El Tribunal Supremo ha expresado

que su propósito primordial es “proveer al tribunal un instrumento adicional

para agilizar los procedimientos y de esta manera evitar la demora y

congestión en los tribunales”. Pérez Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, 182

DPR 1016, 1027 (2011), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 748-49 (1986).

                                     D

       El Tribunal Supremo ha reiterado en múltiples ocasiones que las

disposiciones reglamentarias que gobiernan los recursos que se presentan

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente. Pueblo
KLCE202300072                                                              12

v. Valentín Rivera, 197 DPR 636 (2017); Hernández Maldonado v. Taco

Maker, 181 DPR 281 (2011).

       Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró que, en consideración a

la norma de corrección que cobija a las determinaciones realizadas por el

Tribunal de Primera Instancia, cuando un peticionario señala errores

dirigidos a cuestionar la apreciación o suficiencia de la prueba, la

naturaleza del derecho apelativo requiere que este ubique al foro revisor

en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro primario. Utilizando alguno de

los mecanismos de recopilación de prueba oral, como lo son: (1)

transcripción de la prueba, (2) exposición estipulada o (3) exposición

narrativa. Pueblo de Puerto Rico v. Pérez Delgado, 2023 TSPR 35, resuelto

el 23 de marzo de 2023. En su opinión, el más Alto Foro resaltó que los

tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a cabalidad su función

revisora sin que se le produzca, mediante alguno de estos mecanismos, la

prueba que tuvo ante sí el foro primario. A su vez, subrayó que es tarea del

peticionario presentar al foro revisor la prueba oral bajo la cual se pretende

impugnar las determinaciones del tribunal a quo. Íd. Además, precisó que:

              [C]uando la impugnación de las determinaciones de
       hecho se base en la prueba oral desfilada, así como en la
       credibilidad que le mereció a la agencia administrativa, este
       Tribunal ha expresado que “[e]s imprescindible que se traiga
       a la consideración del foro revisor la transcripción de la vista
       celebrada o una exposición narrativa de la prueba”. (Cita
       omitida). Dicho de otro modo, los tribunales apelativos no
       deben intervenir con la apreciación de la prueba oral hecha
       por la agencia recurrida cuando no se tiene forma de evaluar
       la evidencia presentada debido a que la parte promovente no
       elevó una transcripción o una exposición narrativa de tal
       prueba. J.A. Echevarría Vargas, Derecho administrativo
       puertorriqueño, San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 325. Íd.,
       citando a Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202
       DPR 117 (2019). (Énfasis omitido).

       En lo pertinente, y con relación a las transcripciones de la prueba

oral, las Reglas 19 y 20 del Reglamento de Apelaciones establecen, lo

siguiente:

       Regla 19 — Reproducción de la prueba oral

       (A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error
       relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la
       apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado,
KLCE202300072                                                             13

      someterá una transcripción, una exposición estipulada o una
      exposición narrativa de la prueba.

      (B) La parte apelante deberá acreditar, dentro del término de
      diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el
      método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el
      que propicia la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el
      tribunal determinar el método que alcance esos propósitos.

      (C) El tribunal podrá imponer costas y sanciones a la parte o
      a su abogado o abogada de determinar que obstaculizaron el
      logro de la reproducción de la prueba oral y ocasionaron
      retraso en cuanto a la solución del recurso. Asimismo, podrá
      imponer sanciones a cualquier parte o a su abogado en los
      casos en que intencionalmente se le haya hecho una
      representación incorrecta al Tribunal de Apelaciones sobre el
      contenido de la prueba testifical. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.19

      Regla 20 — Transcripción; exposición estipulada; exposición
      narrativa

      La reproducción de la prueba oral mediante transcripción se
      hará conforme las disposiciones de la Regla 76 y mediante
      exposición narrativa o exposición estipulada, conforme las
      disposiciones de la Regla 76.1, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.20

                                     III

      En su segundo señalamiento de error, la peticionaria sostiene que

el foro primario erró y abusó de su discreción al determinar un cambio de

custodia y relaciones filiales durante un proceso parcializado en contra de

esta sin tomar en consideración los deseos de la menor y la recomendación

de la trabajadora social del tribunal. Ciertamente, el referido señalamiento

va dirigido a cuestionar la apreciación de la prueba por parte del TPI y los

acontecimientos ocurridos en las vistas de Impugnación de Informe

celebradas el 9 y 18 de noviembre de 2022, de cuya Resolución se recurre.

      Para poder entender señalamientos de error sobre apreciación de la

prueba, la parte peticionaria tiene el deber de cumplir con lo dispuesto en

las Reglas 19, 20, 76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R.19, R. 20, y R. 76, en lo relativo a la reproducción de

la prueba oral y la transcripción, exposición estipulada o narrativa de la

prueba oral. En ausencia de la transcripción de la prueba oral, la norma

general es que la evaluación de credibilidad del foro de instancia merece

todo nuestro respeto y consideración. Las apreciaciones del TPI deben ser

objeto de gran deferencia en ausencia de circunstancias extraordinarias o
KLCE202300072                                                            14

indicios de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto que amerite

nuestra intervención. En este caso, la peticionaria se limitó a presentar la

transcripción estipulada de la vista del 22 de noviembre de 2022, en la cual

se ventilaron los asuntos pertinentes al desacato por incumplimiento de

orden. Por tanto, ante la ausencia de transcripción de prueba que nos

pusiera en posición de considerar el error señalado, se confirma la

determinación sobre custodia y relaciones maternofiliales.

      Ahora bien, en el primer señalamiento de error, la peticionaria alega

que el TPI incidió al imponerle el pago de $1,000.00 por concepto de

honorarios de abogado y una sanción de $500.00. Además, aduce que erró

el foro primario al encontrarla incursa en desacato. Arguye, que la

actuación mediante la cual incumplió con la orden dictada por el foro

primario fue en protección de su hija, quien al momento de los hechos se

encontraba emocionalmente descompensada y negó irse con el recurrido.

      Luego de examinar la totalidad del expediente, colegimos que, si

bien la peticionaria incumplió con la orden emitida en corte abierta por el

TPI el 18 de noviembre de 2022, estamos ante un desacato civil, no

criminal. Veamos.

      Según discutimos, cuando se pretende imponer un desacato

criminal a una parte, la Regla 242 Procedimiento Criminal, supra, dispone

que el desacato criminal podrá castigarse en forma sumaria siempre que el

juez o la jueza certifique que la conducta constitutiva de desacato se

cometió en presencia del tribunal. Por otro lado, la citada Regla establece

que, en las instancias en las que el acto no se comete en presencia del

juez o jueza, debe utilizarse el procedimiento ordinario, en el que son

necesarias las garantías de todo procedimiento criminal incluyendo, entre

otras: la oportunidad de ser oído; una notificación adecuada que deberá

exponer los hechos esenciales constitutivos del desacato criminal que se

le imputa, así como el sitio, hora y fecha de la vista; un tiempo razonable

para preparar su defensa; y el derecho a libertad provisional bajo fianza.
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       Evaluado el expediente, con el beneficio de la transcripción de la

vista y de conformidad con la normativa expuesta, colegimos que el TPI no

incidió al encontrar incursa en desacato a la peticionaria, toda vez que esta

incumplió con una orden del tribunal y este ostenta el poder de vindicar su

autoridad. Si bien no surge expresamente que se encontrara a la

peticionaria incursa en desacato criminal, de la Resolución emitida el 22 de

noviembre de 2022, se desprende que el foro primario hizo alusión al

desacato criminal al citar la Regla 242 de Procedimiento Criminal, supra, y

el Artículo 279 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5372, en

las conclusiones de derecho de dicha determinación. De la Orden para

Mostrar Causa emitida por el TPI el 22 de noviembre de 2022, surge que

este se limitó a mencionar la palabra “desacato”, por lo que esta no

contiene un apercibimiento de desacato criminal, conforme lo exige la

Regla 242 de Procedimiento Criminal, supra, incumpliendo así con las

exigencias procesales y de debido proceso de ley. Por tal razón, en este

caso, contrario a lo aludido por el TPI, no estamos ante un procedimiento

de desacato criminal, sino ante uno civil.

       Ello no priva al foro primario de la imposición de honorarios de

abogado y sanciones al amparo de las Reglas 44.1 y 44.2 de Procedimiento

Civil, supra, tal cual lo hizo en la Resolución recurrida sobre desacato. Por

tanto, confirmamos la imposición de las sanciones por entender que el foro

primario actuó correctamente en su determinación.

       En vista de lo anterior, concluimos que el primer error no se cometió.

Sin embargo, aclaramos que, en el caso de autos, estamos ante un

desacato civil, por lo que modificamos dicha Resolución a tales efectos.

                                     IV

       Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y

modificamos la Resolución emitida el 22 de noviembre de 2022 sobre

desacato para que se entienda que se encontró a la peticionaria incursa en

desacato civil. Así modificada, se confirma. Por otra parte, se confirma la

Resolución sobre la custodia y relaciones filiales emitida en igual fecha.
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      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones