Court Opinion

ID: 9394868
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-05-16 15:17:45.410683+00
Date Added: 2024-06-11T17:19:03.688004
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL VIII

   GABRIEL ROJAS ORTIZ                            APELACIÓN
                                                  procedente del
             Apelado                              Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala de
                v.                  KLAN202300358 Aibonito

   ELIENID BERRÍOS DEL                                Caso número:
    HOYO, POR SÍ Y EN                                 AI2022RF00307
  REPRESENTACIÓN DE SU
       HIJO MEBDH                                     Sobre:
                                                      Filiación,
            Apelantes                                 Reconocimiento
                                                      Voluntario

Panel integrado por su presidenta, la juez Domínguez Irizarry, la juez
Rivera Marchand y la juez Aldebol Mora.

Aldebol Mora, Juez Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2023.

      Comparece ante esta Curia la parte peticionaria, Elienid Berrios del

Hoyo, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revocación de la

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, el 28

de febrero de 2023, notificada el 6 de marzo del mismo año. En el referido

dictamen, el foro recurrido ordenó a las partes a realizarse una prueba de

ácido desoxirribonucleico (ADN) o de paternidad. Junto a su recurso,

presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

      Por tratarse de un dictamen interlocutorio, acogemos el recurso

como un certiorari y conservamos el alfanumérico asignado para propósitos

administrativos.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, declaramos

No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la

expedición del auto de certiorari. Veamos.

                                      I

      El 27 de septiembre de 2022, Gabriel Rojas Ortiz (Rojas Ortiz o

recurrido) incoó una Demanda sobre filiación y reconocimiento voluntario

en contra de Elienid Berrios del Hoyo (Berríos del Hoyo o peticionaria) y su

 Número Identificador
 RES2023 _______________
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hijo menor de edad, MEBH.1 En síntesis, alegó que, el 18 de septiembre

de 2021, el menor MEBH nació producto de la relación consensual de

convivencia que mantuvo con Berríos del Hoyo. Según adujo, el menor

MEBH fue inscrito en el Registro Demográfico con los apellidos de Berríos

del Hoyo, sin haber sido reconocido por este, su padre biológico. Sostuvo

que quería reconocer como su hijo al menor MEBH, ejercer sus facultades

inherentes de la patria potestad sobre este y relacionarse con él. En virtud

de lo anterior, solicitó que (1) se le permitiera participar en el proceso de

escoger el nombre de su hijo, (2) inscribirlo en el Registro Demográfico con

un nombre escogido entre las partes, incluyendo el apellido de ambos

progenitores, y (3) que se establecieran las relaciones paternofiliales.

       Por su parte, el 8 de diciembre de 2022, Berríos del Hoyo presentó

su Contestación a Demanda.2 En esencia, negó las alegaciones vertidas

en la acción de epígrafe. Planteó que existía una Orden de Protección a su

favor. A su vez, arguyó que Rojas Ortiz había realizado una alegación de

culpabilidad por violación a los Artículos 3.1 (maltrato), 3.2(d) (maltrato

agravado; en la presencia de menores de edad) y 3.4 (maltrato mediante

restricción de la libertad) de la Ley de Prevención e Intervención con la

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según

enmendada, mejor conocida como la Ley de Violencia Doméstica, 8 LPRA

secs. 631, 632(d) y 634 (Ley Núm. 54-1989).

       Así las cosas, el 23 de febrero de 2023, se celebró una Conferencia

sobre el Estado de los Procedimientos.3 Según surge de la Minuta, en lo

pertinente, el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a las partes que se

realizaran las pruebas de ADN y les exhortó a que se reunieran para

escoger un laboratorio. Ante ello, Berríos del Hoyo indicó que no iba a

comparecer al laboratorio donde Rojas Ortiz estuviera, toda vez que el foro

primario conocía la situación de Ley Núm. 54-1989, supra, en este caso.

Berríos del Hoyo sostuvo que había que tomar las medidas necesarias para

1Anejo 4 del recurso.
2Anejo 5 del recurso.
3 Véase, Caso Civil Núm. AI2022RF00307 en el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC).
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realizar la referida prueba. Atendido el planteamiento, el foro a quo hizo

constar     que    entendía   que   las   partes   no   iban   a   comparecer

simultáneamente. No obstante, Berríos del Hoyo expresó estar en

desacuerdo con lo ordenado.

        De conformidad con lo anterior, el 28 de febrero de 2023, notificada

el 6 de marzo del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la

Orden que nos ocupa.4 En específico, ordenó a las partes a realizarse una

prueba de ADN o de paternidad. Dictaminó que el recurrido, a través de su

representación legal, debía realizar las gestiones necesarias en un

laboratorio clínico de referencia o de su predilección para realizarse las

pruebas de ADN o de paternidad. Asimismo, ordenó a las partes que, una

vez lo coordinaran, incluyendo el conocer las instrucciones a impartirse por

el laboratorio, se realizaran las pruebas de ADN. Apercibió a las partes que,

ante la negatoria de comparecer y practicarse las pruebas, podían ser

sancionadas económicamente o encontrarse incursas en desacato. Por

otro lado, particularizó que el costo lo asumirá a razón de un cincuenta por

ciento (50%) cada parte. Añadió que, luego de conocer los resultados, la

parte perdidosa tendrá que reembolsar el otro cincuenta por ciento (50%)

a la parte que prevalezca.

        En desacuerdo, el 23 de marzo de 2023, la parte peticionaria

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración en Torno a Prueba

de ADN.5 Evaluado el petitorio, el 27 de marzo de 2023, el foro primario

emitió y notificó una Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la

solicitud de reconsideración.6

        Inconforme con dicha determinación, el 26 de abril de 2023, la parte

peticionaria acude ante nos mediante el recurso de epígrafe y realiza el

siguiente señalamiento de error:

        Erró el Tribunal Superior al ordenar realizar pruebas de ADN a
        las partes sin antes celebrar vista evidenciaria donde se
        demuestre con prueba documental o testifical, hechos
        concretos que razonablemente puedan llevar al juzgador a
        creer que el promovente es padre biológico del menor, tomando

4 Anejo 1 del recurso.
5 Anejo 2 del recurso.
6 Anejo 3 del recurso.
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       en consideración el patrón de violencia doméstica ejercido por
       el demandante/apelado hacia la demandada/apelante y el
       derecho constitucional a la intimidad y el debido proceso de ley.

       Junto a su recurso, presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice sometido por

la parte peticionaria y optamos por prescindir de los términos, escritos o

procedimiento ulteriores “con el propósito de lograr su más justo y eficiente

despacho”. Regla 7(b)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(b)(5). Resolvemos.

                                      II

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una decisión de un

tribunal inferior. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46,

resuelto el 12 de abril de 2023; Caribbean Orthopedics v. Medshape et al.,

207 DPR 994, 1004 (2021). Ahora bien, tal discreción no opera en lo

abstracto. Con respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte

pertinente, lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción
       de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo
       dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá
       revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público
       o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión. (Énfasis nuestro).

       [. . .]

       Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, cuando

se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
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peritos   esenciales,   asuntos   relativos   a   privilegios   evidenciarios,

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia o que revistan

interés público, o en aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen

evitaría un irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas

excepciones.

       A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios a considerar

para ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las

controversias ante sí. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-

97 (2008). Véase, además, Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372

(2020). Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra,

funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La precitada Regla dispone

lo siguiente:

       El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una
       orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
       indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

       Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es determinante,

por sí solo, para este ejercicio y no constituye una lista exhaustiva. García

v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). Por lo que, de los factores
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esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en

que es presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.

(Énfasis omitido).

       Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de ordinario,

el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un

perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR

170, 181 (1992), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986). Véase, además, Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155

(2000).

       Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso ante

nos.

                                       III

       La parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera Instancia

incidió al ordenar realizar pruebas de ADN a las partes sin antes celebrar

vista evidenciaria. En particular, sostiene que, previo a las pruebas, hay

que demostrar, con prueba documental o testifical, hechos concretos que

razonablemente puedan llevar al juzgador a creer que el recurrido es padre

biológico del menor. Además, alega que el foro primario debe tomar en

consideración el patrón de violencia doméstica ejercido por el recurrido

hacia esta, así como el derecho constitucional a la intimidad y el debido

proceso de ley.

       Luego de examinar con detenimiento la totalidad del expediente ante

nuestra consideración, no se desprende que el foro primario haya actuado

con pasión, prejuicio o parcialidad o haya incurrido en craso abuso de
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discreción o en un error manifiesto o de derecho, al ordenar a las partes a

realizarse una prueba de ADN o de paternidad.

       En ausencia de algún factor o situación que apunte a un error

manifiesto en derecho o en un fracaso a la justicia, el foro primario,

específicamente la sala de relaciones de familia, merece deferencia y está

en mejor posición para entender sobre la controversia que nos ocupa, ello

en el interés óptimo del menor en este caso. Por consiguiente, y evaluada

la precitada Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que no

nos encontramos ante ninguno de los escenarios allí establecidos, por lo

que nos abstenemos de intervenir sobre el dictamen recurrido.

                                      IV

       Por los fundamentos que anteceden, declaramos No Ha Lugar la

Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de

certiorari.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

       NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones