Court Opinion

ID: 9896809
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:21:09.471945+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:13.365443
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

SUCESIÓN DE MIMOSA                               RECURSO DE
  RULLÁN DE MARÍN                                REVISIÓN
 compuesta por María                             procedente del
  del Carmen, Teresa             KLRA202300489   Departamento de
  Eminé, Pedro Juan,                             Asuntos del
Jeannette Rebecca, Luis                          Consumidor
   Guillermo y Jorge
    Arturo todos de                              Querella núm.:
apellidos Rullán Marín;                          C-SAN-2022-
  LUIS G. RULLÁN Y                               00011730
        OTROS
                                                 Sobre: Condominios
        Recurridos

             v.

     CONSEJO DE
 TITULARES COND. EL
     CENTRO I & II

        Recurrente

Panel integrado por su presidente el juez Rivera Torres, el
juez Salgado Schwarz y el juez Pérez Ocasio.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             SENTENCIA
                           NUNC PRO TUNC

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

      Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Consejo de

Titulares del Condominio I & II (el Consejo de Titulares o el

recurrente), mediante el recurso de epígrafe, y nos solicita que

revoquemos una Resolución emitida por el Departamento de

Asuntos del Consumidor (DACo) el 31 de marzo de 2023, notificada

el 28 de abril siguiente. Mediante este dictamen, el foro revisado

declaró Ha Lugar a la querella instada en contra del recurrente y en

su consecuencia, le ordenó pagar $11,000 a “la parte querellante”

(los recurridos) por los daños ocasionados al Apartamento 1504.

      Por   los    fundamentos     que   exponemos   a   continuación,

revocamos la Resolución recurrida.

                                    I.

Número Identificador
SEN2023_______________________
KLRA202300489                                                          2

          Surge del expediente que, el 4 de agosto de 2022, los

miembros de la Sucesión de Pedro J. Rullán Rodríguez, la

Sra. Mimosa Marín de Rullán (viuda)1 y el arrendatario Law Offices

of Luis G. Rullán, PSC instaron una querella ante el DACo en contra

del Consejo de Titulares. En síntesis, alegaron ser los titulares del

Apartamento 1504 (Apartamento), el cual colinda con la azotea del

Condominio y que, a pesar de sus reclamos, la Junta de Directores

se ha negado a compensar los daños causados al interior del mismo.

Adujeron que los daños fueron causados por unas filtraciones en el

techo. Por ello, solicitaron al DACo que ordenara al Condominio

sufragar los gastos de reparación del plafón y la luminaria del

Apartamento, así como la limpieza, restauración o sustitución de los

pisos manchados. Además, peticionaron el pago de costas y

honorarios de abogado.

          Ese mismo día, el DACo remitió al Consejo de Titulares el

documento intitulado NOTIFICACIÓN DE QUERELLA, en el que se le

informó el término de veinte (20) días para presentar la

contestación.2 Se le apercibió, además, que de no recibirse en dicho

plazo se le anotaría la rebeldía.

          El 24 de agosto de 2022, la representación legal del recurrente

presentó una Moción para Asumir Representación Legal y Solicitud

de Prórroga, en la que peticionó hasta el 23 de septiembre posterior

para contestar la querella. El 31 de agosto, el foro administrativo

emitió una notificación declarando Ha Lugar a la moción.

          El 22 de septiembre de 2022, la agencia emitió una

NOTIFICACIÓN Y ORDEN, en la cual indicó lo siguiente: 3

             El 4 de agosto de 2022 se presentó la querella de
             epígrafe. De los documentos presentados no surge que
             la titularidad del apartamento 1504 pertenezca a la
             Sra. Mimosa de Rullán ni al Sr. Luis G. Rullán. De las
             alegaciones surge que la Sra. Mimosa de Rullán es
             titular junto a su difunto esposo, Pedro J. Rullán

1 Destacamos que el nombre correcto es Mimosa Marín de Rullán.
2
    Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 1.
3 Íd., a la pág. 16.
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           Rodríguez, tal como una Declaratoria de Herederos o
           un testamento.
           Por otra parte, de la querella surge que se solicita se
           incluya a Law Office of Luis G. Rullán como parte
           querellante al ser arrendatario. Al no ser titular del
           apartamento, este foro carece de jurisdicción para
           atender cualquier reclamo que pueda tener el
           arrendatario de un apartamento, toda vez que esa
           legitimación activa pertenece exclusivamente al titular
           del apartamento. Cónsono con lo anterior, no se
           permitirá la inclusión de Law Office of Luis G. Rullán
           como parte querellante.

           Se concede un término perentorio de diez días para que
           la parte querellante presente la escritura que acredite
           su titularidad. De ser parte de una sucesión, deberá
           presentar ante este foro documento fehaciente que es
           la sucesión el titular del apartamento y la autorización
           de representación de la sucesión ante este
           Departamento. Pasado el término sin que se cumpla
           con nuestra orden, procedemos a desestimar su
           querella. [Énfasis nuestro.]

        El 28 de septiembre de 2022, el Lcdo. Luis G. Rullán Marín,

en representación de “la parte querellante”, presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden, en la que se incluyó el Certificado de

Defunción del Sr. Pedro J. Rullán Rodríguez expedido el 30 de junio

de 2004, la Escritura Núm. 18 sobre Testamento Abierto otorgada

por este el 26 de septiembre de 2001 y certificación del 29 de junio

de 2005 expedida por la Oficina de la Directora de Inspección de

Notarías del Tribunal Supremo.4 En la referida moción, se alegó que

“[l]a escritura de compraventa del [apartamento], que data del 1969,

no ha podido ser localizada. Por ello sometimos, junto a la Querella,

los folios digitalizados del Sistema Karibe del Registro de la

Propiedad de la Finca 25,291, Tomo 873, Folio 151, identificándolos

como “Escritura”.5

        Pendiente de adjudicación dicha moción, el 17 de octubre, el

licenciado Rullán Marín instó una Moción Solicitando Anotación de

Rebeldía por haber transcurrido el término concedido sin que el

Consejo de Titulares hubiese presentado la contestación a la

querella. En respuesta a esto, el 23 de octubre, el Consejo de

4 Íd., a las págs. 19-34.
5 Íd., a la pág. 19.
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Titulares presentó una Oposición a Moción Solicitando Anotación de

Rebeldía y Solicitud de Desestimación, en la que argumentó que los

documentos que anejaron a la moción en cumplimiento de orden no

establecen la titularidad del Apartamento 1504. Adujo que, para

demostrar la titularidad, los recurridos debieron haber presentado

la escritura de partición mediante la cual se acredite a quién se le

adjudicó el inmueble o la instancia del Registro de la Propiedad en

la que se solicitara la inscripción del derecho hereditario a favor de

los herederos del causante, previo a la partición. Añadió que, ante

la ausencia de dichos documentos, se desconoce si alguno de los

herederos mencionados en el testamento premurió al causante o

falleció posteriormente, repudió la herencia o si el apartamento se le

adjudicó a una de las personas mencionadas en el testamento.

      Asimismo, señaló que, si bien solicitó un término para

contestar la querella, entendía que ello resultaría en un ejercicio fútil

hasta tanto el DACo no emitiera una determinación final sobre si

desestimaba o no el reclamo.

      El 25 de octubre, los recurridos replicaron a dicha moción

apuntalando que los argumentos del Consejo de Titulares eran

frívolos. Ello, ante el hecho de que a la muerte del causante el

inmueble pasó, sin necesidad de acto alguno, a ser un bien

indiviso de la Sucesión. Por lo que, no se requiere una partición

para instar la causa de acción. Además, estos advirtieron que el

recurrente no cumplió con la orden del DACo para contestar la

querella por lo que reiteraron la petición de la anotación de rebeldía.

      Aún sin resolver las referidas mociones, el 15 de noviembre de

2022, el DACo emitió una orden señalando la vista administrativa

para el 26 de enero de 2023 mediante videoconferencia. La vista

adjudicativa no fue celebrada; sin embargo, surge de los escritos de

las partes que luego de argumentadas las mociones pendientes se le

anotó la rebeldía al Consejo de Titulares y alegadamente se resolvió
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que la Sra. Mimosa Marín de Rullán sería quien único tendría

legitimación activa. Ninguno de estos dictámenes fue emitido por

escrito.

        La vista en su fondo fue celebrada el 21 de marzo siguiente.

A la misma compareció el Lcdo. Fernando Rivera Casellas en

representación de los recurridos y la Lcda. Johanny Martínez

Batista como abogada del Consejo de Titulares. El 31 de marzo

siguiente, la Jueza Administrativa, Lcda. Christine Auger Pinzón,

emitió la Resolución recurrida, en la cual plasmó trece (13)

determinaciones de hechos.6 En esta, declaró Ha Lugar a la querella

instada en contra del recurrente y en su consecuencia, le ordenó

pagar $11,000 a “la parte querellante” por los daños ocasionados

dentro del Apartamento.

        Inconforme, el 18 de mayo de 2023, el Consejo de Titulares

instó una Moción de Reconsideración y ese mismo día, el DACo le

remitió un correo electrónico a su representación legal informándole

que se registró la moción presentada y que se evaluaría

próximamente.7 Previo a que concluyera el término para que la

agencia emitiera una orden o resolución alguna disponiendo

finalmente dicho petitorio, el recurrente acudió ante esta Curia.

Mediante la Sentencia emitida el 21 de agosto de 2023, se desestimó

el recurso incoado al entender que el mismo era prematuro,

KLRA202300335.

        El 15 de septiembre de 2023, el Consejo de Titulares presentó

el recurso de autos, dentro del término de 30 días a partir del 16 de

agosto de 2023, último día del plazo que tenía el DACo para resolver

la reconsideración. En el escrito de revisión judicial el recurrente le

imputó al foro administrativo haber incurrido en los siguientes

errores:

6 Íd., a las págs. 64-65.
7 Íd., a la pág. 83.
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        PRIMER     ERROR:     EL    DACO     ACTUÓ
        ARBITRARIAMENTE AL ANOTAR LA REBELDÍA A LA
        PARTE QUERELLADA-RECURRENTE SIN HABER
        RESUELTO LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN QUE
        FUE PRESENTADA POR DICHA PARTE NI NINGUNA
        DE LAS MOCIONES QUE TENÍA ANTE SU
        CONSIDERACIÓN.

        SEGUNDO ERROR: EL DACO INCURRIÓ EN ERROR
        MANIFIESTO Y VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY
        DE LA PARTE QUERELLADA-RECURRENTE AL
        ANOTARLE LA REBELDÍA Y NO PERMITIRLE
        PRESENTAR DEFENSAS Y PRUEBA EN EL CASO.

        TERCER ERROR: EL DACO ERRÓ Y ABUSÓ DE SU
        DISCRECIÓN AL NO DESESTIMAR LA QUERELLA A
        PESAR DE QUE DEL TESTIMONIO DEL LCDO. LUIS G.
        RULLÁN SURGE QUE LA RECLAMACIÓN ESTÁ A
        TODAS LUCES PRESCRITA.

        CUARTO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU
        DISCRECIÓN AL ADMITIR EN EVIDENCIA EL
        TESTIMONIO DE UN CONTRATISTA QUE NO FIGURA
        EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE LA PROPIA
        AGENCIA Y DAR POR BUENO LO DECLARADO POR
        ESTE EN CUANTO AL COSTO ESTIMADO DE
        REPARAR   LOS   ALEGADOS   DAÑOS    EN  EL
        APARTAMENTO.

      El 22 de septiembre de 2023, emitimos una Resolución

concediendo a la parte recurrida el término de treinta (30) días para

expresarse. El 25 de octubre siguiente se cumplió con lo ordenado;

por lo que nos damos por cumplidos y, a su vez, decretamos

perfeccionado el recurso.

      Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo;

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.

                                    II.

Revisión Judicial

      La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley.

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-92 (2008). Los

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las

decisiones emitidas por las agencias debido a la vasta experiencia y

conocimiento especializado en los asuntos que le han encomendado

a estas. Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940
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(2010); Véanse, también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 589

(2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003). No obstante, la

deferencia a las agencias administrativas cede cuando esta no se

fundamenta en evidencia sustancial, cuando la agencia erró en la

aplicación de la ley y cuando su actuación resulta ser arbitraria,

irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR

800, 822 (2012) (énfasis suplido). Por tanto, la revisión judicial de

una determinación administrativa se circunscribe a analizar: (1) si

el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones están

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar

la ley. Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty et al. II, supra, en la pág. 940.

En consecuencia, nuestra función se circunscribe a considerar si la

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo.

Otero v. Toyota, supra, a la pág. 728.

      A pesar de que las determinaciones de hechos merecen la

mayor deferencia, las conclusiones de derecho son revisables en

toda su extensión. Sección 4.5, Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley núm. 38-2017, 3 LPRA

sec. 9675 (LPAUG). “Sin embargo, esta revisión no implica que los

tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”. Otero

v. Toyota, supra, a la pág. 729. Cuando un tribunal llega a un

resultado distinto, este debe determinar si la divergencia es a

consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones

de política pública o en la apreciación de la prueba. Íd. (citando a

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998). En conclusión,

el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio

cuando no pueda encontrar una base racional para explicar la
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determinación administrativa. Hernández, Álvarez v. Centro Unido,

168 DPR 592, 616 (2006).

      La deferencia judicial hacia determinaciones de las agencias

administrativas también se extiende al poder sancionador de estas.

Ante el cuestionamiento de una sanción administrativa, “la revisión

judicial no será para determinar si la sanción guarda proporción con

la conducta por la cual se impone o si es demasiado fuerte”. O.E.G.

v. Román, 159 DPR 401, 417 (2003). La proporcionalidad es un

elemento que le corresponde determinarlo a las agencias, puesto que

estas gozan de experiencia especializada, están en mejor posición

para conocer los efectos de una violación a los intereses protegidos,

pueden asegurar cierto grado de uniformidad y coherencia en la

imposición de sanciones. Íd., en la pág. 417. De nuevo, los

tribunales deben validar una sanción administrativa si está apoyada

en evidencia sustancial que conste en el expediente visto en su

totalidad, no constituye una actuación ultra vires y guarda una

relación razonable con los actos que se pretenden prohibir. Íd.

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo)

      El DACo fue creado como una agencia especializada con el

propósito primordial de vindicar e implantar los derechos del

consumidor, proteger los intereses de los compradores. Artículo 3

de la Ley núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, mejor

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del

Consumidor, 3 LPRA sec. 341b. De igual manera, el Artículo 6

establece los poderes y facultades del Secretario del DACo, 3 LPRA

sec. 341e, entre ellos, establecer las reglas y normas necesarias para

la conducción de los procedimientos administrativos, tanto de

reglamentación como de adjudicación. Íd., inciso (g).

      Por otra parte, la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley

núm. 129-2020, encomendó al DACo la rápida adjudicación de los

reclamos de los condómines. El legislador confirió a ese organismo
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administrativo la jurisdicción exclusiva para entender en las

impugnaciones de: (1) los acuerdos del Consejo de Titulares, (2) las

determinaciones, actuaciones u omisiones del Director o de la Junta

de Directores, relacionadas con la administración de inmuebles que

comprendan por lo menos un apartamento destinado a vivienda.

Artículo 65 de la Ley núm. 129-2020, 31 LPRA sec. 1923(j); Consejo

de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407,420 (2010);

Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 DPR 495, 500 (2002). El DACo

tendrá una división especial de adjudicación de querella para

atender todo lo relacionado a condominios en los que exista al

menos un apartamento dedicado a vivienda. El Secretario nombrará

el personal necesario para la pronta atención de las querellas

presentadas por los titulares de apartamentos contra el Consejo de

Titulares, o Agente Administrador o la Junta de Directores. Artículo

66 de la Ley núm. 129-2020, 31 LPRA sec. 1923(k).

         Ahora bien, de conformidad con la LPAUG, y conforme a los

poderes delegados, el DACo aprobó el Reglamento de Procedimientos

Adjudicativos,     Reglamento     8034     del   13    de   junio   de 2011

(Reglamento Núm. 8034).8 Lo anterior, con el fin de asegurar la

solución justa, rápida y económica de las querellas presentadas ante

o por el DACo y así promover un procedimiento uniforme para su

adjudicación. Regla 1 del Reglamento Núm. 8034.

         En lo pertinente, la Regla 4, inciso (u), del aludido Reglamento

define     querellante   como     “consumidor      o   su   representante

autorizado que reclama un derecho o servicio en su capacidad

personal. En adición, el Departamento podrá ser querellante para

hacer cumplir las leyes y reglamentos, e imponer multas o

sanciones.” [Énfasis nuestro]. A su vez, la Regla 7.3 del cuerpo

reglamentario establece lo siguiente:

8 Puntualizamos que las querellas que se presenten ante el DACo, al amparo del

Reglamento Núm. 9386 del 6 de junio de 2022, intitulado Reglamento de
Condominios deberá cumplir con los criterios del Reglamento de Procedimientos
Adjudicativos. Regla 25 del Reglamento Núm. 9386.
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         Todo abogado que asuma representación legal y/o
         renuncia a la misma está obligado a notificarlo
         mediante escrito al Departamento y a todas las
         partes de la querella, así como todos los escritos
         radicados. No se aceptarán mociones globales para
         asumir o renunciar a una representación legal. [Énfasis
         nuestro]

      Asimismo, destacamos que la Regla 29.1 del Reglamento

Núm. 8034 claramente establece que la parte adversamente

afectada por una resolución u orden parcial interlocutoria podrá

solicitar la reconsideración del dictamen.

Debido Proceso de Ley

      En su concepción abarcadora, el debido proceso de ley se

refiere al “derecho de toda persona a tener un proceso justo y con

todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como

en el administrativo”. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138

DPR 215, 220 (1995), citado en Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417,

428 (2012). Por tanto, el procedimiento adjudicativo ante las

agencias debe ceñirse a las garantías mínimas del debido proceso

de ley. PVH Motor v. ASG, 209 DPR 122, 131 (2022).

      La dimensión procesal del debido proceso de ley en el contexto

adjudicativo exige como mínimo: (1) la notificación adecuada del

proceso; (2) el proceso ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de

ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar

la evidencia presentada en su contra; (5) el tener asistencia de un

abogado, y (6) que la decisión se base en el expediente. Vázquez

González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010); Garriga

Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 DPR 182, 197 (2009). Estas

salvaguardas constitucionales se encuentran, de igual forma,

reconocidas en la Carta de Derechos de la Ley núm. 38-2017, supra.

Específicamente, la Sección 3.1 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9641,

enumera las garantías procesales que deben ser salvaguardadas en

todo procedimiento adjudicativo celebrado ante una agencia, como

lo son: la notificación oportuna de los cargos contra una parte, a
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presentar evidencia; a una adjudicación imparcial y que la decisión

sea basada en el expediente. Además, nuestro alto foro ha

establecido que la garantía de notificación, salvaguardada por el

debido proceso de ley, debe caracterizarse como “real y efectiva,

ajustada a los preceptos estatutarios aplicables”. [citas omitidas].

PVH Motor v. ASG, supra, a las págs. 131-132.

      Por último, destacamos la norma trillada que establece que

las   agencias    administrativas    están   obligadas   a   observar

estrictamente sus propios reglamentos. Torres v. Junta Ingenieros,

161 DPR 696, 715 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited,

148 DPR 70, 81 (1999). Así, el DACo no tiene facultad para aplicar

sus reglamentos solo cuando le plazca. DACO v. Toys “R” Us,

191 DPR 760, 771 (2014).

                                    III.

      En esencia, el recurrente adujo en los primeros errores

señalados que el DACo violentó el debido proceso de ley y actuó

arbitrariamente al anotarle la rebeldía sin atender previamente las

controversias que estaban ante su consideración. Incluso, indicó

que la rebeldía le fue anotada “en sala abierta” sin tener la

oportunidad de solicitar su reconsideración. Además, señaló que el

Lcdo. Fernando Rivera Casellas compareció como representante

legal de la “parte querellante” por primera vez en la vista

administrativa.

      Como señalamos, el debido proceso de ley en su vertiente

procesal establece unas garantías mínimas que se extienden a los

procedimientos adjudicativos de las agencias administrativas, entre

ellas, derecho a la notificación oportuna de los reclamos, a presentar

evidencia y a una adjudicación imparcial. Del Apéndice del Recurso

surge que la Querella fue presentada por derecho propio por el

“querellante” identificado como Mimosa Marín de Rullán, Luis G.
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Rullán y otros.9 Entonces, como consecuencia de las alegaciones

contenidas en esta, la Jueza Administrativa emitió una Notificación

y Orden para que los querellantes demostraran la titularidad del

apartamento, so pena de desestimación de la querella.

        De igual manera, claramente le requirió a estos que de ser

parte    una     sucesión     debían     presentar   la   autorización   de

representación. No obstante, sin haberse emitido determinación

alguna sobre la titularidad del apartamento ni en cuanto a la

representación de la sucesión, es decir, sin resolver quién

efectivamente era la persona querellante se señaló la vista en

su fondo. Incluso, no se evaluaron los documentos que se

acompañaron con la Moción en Cumplimiento de Orden instada por

los recurridos ni la alegación respecto a que los querellantes no

poseen copia de la escritura de compraventa. Además, según consta

en los escritos de ambas partes, fue en la vista celebrada el 26 de

enero de 2023 donde supuestamente se le anotó la rebeldía al

Consejo de Titulares, se denegó la desestimación y se estableció que

la única persona con legitimación era la Sra. Mimosa Marín de

Rullán. Aún tomando como cierto que estos dictámenes fueron

emitidos en “corte abierta”, ninguno fue resuelto por escrito

conforme ordena el propio reglamento del DACo. Inclusive, en el

dictamen final, la Jueza Administrativa no hace mención de ninguna

de las controversias “supuestamente” resueltas en la referida vista.

        Al respecto, destacamos que la Sección 3.10 de la LPAUG,

3 LPRA sec. 9650, dispone que el funcionario que presida la vista o

los procedimientos podrá declarar a una parte en rebeldía, pero

deberá notificar por escrito dicha determinación. Además, la Regla

29.1 del Reglamento Núm. 8034, dispone que, una vez atendidos

todos los asuntos interlocutorios, la parte que entienda que fue

9 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 5.
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afectada por la determinación tiene derecho a solicitar una

reconsideración. Esto, para cumplir con el debido proceso de ley.

       Por otra parte, la Regla 7.3 del Reglamento Núm. 8034

establece que todo abogado que asuma representación legal está

obligado a notificarlo por escrito a la agencia y a todas las partes.

Como vimos del trámite procesal antes consignado, la querella fue

presentada on line por “derecho propio”. Luego, y según surge de la

Resolución recurrida, comparecieron a la vista adjudicativa como

representantes legales de la “parte querellante” el licenciado Rullán

Marín y el Lcdo. Fernando Rivera Casellas, sin haber dado

cumplimiento a la Regla 7.3, antes citada.10 Puntualizamos,

además, que en el escrito intitulado Alegato de la Parte Recurrida no

se argumentó sobre este hecho por estos entender que no fue un

error señalado por el recurrente.

       Por último, en el dictamen recurrido no se identifica quién

exactamente es la parte querellante conforme a la Notificación y

Orden que se emitiera el 22 de septiembre de 2022. Tampoco “los

recurridos” en su alegato en oposición argumentaron sobre esta

controversia. Únicamente se limitaron a señalar que el Consejo de

Titulares “no alega error sobre este particular.”11 Asimismo, en nota

al calce indicaron que la Sra. Mimosa Marín de Rullán falleció el 6

de junio de 2023 a sus 98 años.

       En resumen, en el caso de autos se celebró la vista

administrativa sin que se resolvieran los asuntos expuestos en la

Notificación y Orden del 22 de septiembre de 2022, los que sin duda

alguna debían ser atendidos primariamente por estar íntimamente

relacionados      a   la   capacidad       jurídica       de   los   “querellantes-

10 Destacamos que el Lcdo. Rullán Marín es miembro de la Sucesión de Pedro J.

Rullán Rodríguez.
11 Véase el Alegato de la Parte Recurrida, a la pág. 2.
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recurridos”, lo cual incide en la jurisdicción del DACo para resolver

el caso.

      De igual forma, reafirmamos que el organismo administrativo

celebró dicha vista sin disponer por escrito en cuanto a la moción

en oposición a la anotación de la rebeldía al Consejo de Titulares, y

sin haber tenido previamente ante su consideración la notificación

por escrito de la representación legal de la “parte querellante”.

      En consecuencia, resulta forzoso concluir que el DACo

incumplió con su propio reglamento violentando a su vez el debido

proceso de ley que le cobija al Consejo de Titulares. Por ende, los

errores primero y segundo se cometieron.

      Reiteramos    y   advertimos      como   normativa   de   derecho

administrativo que, una vez una agencia ha promulgado unos

reglamentos para facilitar su proceso decisional y limitar el alcance

de su discreción, viene obligada a observarlos estrictamente y no

queda a su voluntad el reconocer o no los derechos que ella misma

ha extendido. Así también, está obligada a velar que los trámites

sean acordes con las disposiciones de la LPAUG.

      En virtud de lo antedicho, y ante el incumplimiento craso del

DACo con su propio Reglamento y las disposiciones de la LPAUG

discutidas, procede revocar el dictamen recurrido y devolver el caso

ante el foro administrativo para que atienda todas las controversias

que tiene ante su consideración, de manera especial, la oposición a

la anotación de rebeldía y si efectivamente se cumplió con lo

requerido en la Notificación y Orden dictada el 22 de septiembre de

2022. Entonces, una vez atendidas todas estas controversias y

pasados los términos dispuestos en la Regla 29.1 del Reglamento

Núm. 8034, procede señalar la vista adjudicativa.          Por último,

destacamos que, a tenor de la decisión arribada, se hace innecesario

discutir los errores tercero y cuarto.

                                  IV.
KLRA202300489                                                      15

      Por   los   fundamentos   antes   expuestos,   revocamos     la

Resolución recurrida y devolvemos el caso ante el DACo para la

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones