Court Opinion

ID: 9890327
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:15:45.370697+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:42.167296
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
               TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL VI
HENRY AREIZAGA RIVERA               Apelación procedente
      APELADO                       del Tribunal de Primera
                                    Instancia, Sala Superior
                                    de San Juan
         V.

   COMISIONADO DEL      KLAN202300666 Caso Núm.:
       NEGOCIADO                      SJ2023CV03059
DE LA POLICIA DE PUERTO
 RICO P/C HON. ANTONIO
    LÓPEZ FIGUEROA
                                      Sobre:
       APELANTES                      Revisión administrativa
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres y la Jueza Rivera Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                    SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

       Comparece la parte apelante, Gobierno de Puerto Rico (Estado), por

conducto de la Oficina del Procurador General, en representación del

Negociado de la Policía (Negociado). Solicita la revocación de una

Resolución emitida y notificada el 15 de mayo de 2023, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), en la cual el TPI

concluyó que el Negociado estaba impedido de considerar las convicciones

por delitos grave de la parte apelada, señor Henry Areizaga Rivera (Sr.

Areizaga; apelante), en consideración a la solicitud de licencia de armas

que este presentó. El TPI determinó que los delitos graves por los cuales

fue convicto el apelado no estaban contenidos en el Artículo 2.09 de la Ley

de Armas de 2020 y, a su vez, porque la convicción había sido eliminada

del certificado de antecedentes penales. En consecuencia, le ordenó al

Negociado expedir la licencia de armas solicitada.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos

la sentencia apelada.

                                            I

       El apelante sometió ante el Comisionado del Negociado de la Policía

una solicitud de licencia de armas, identificada con el número 547906.1 La

1 Apéndice del recurso (Apéndice) pág. 1.

Número Identificador

RES2023______________
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solicitud del apelante fue denegada por el Negociado “por el Artículo 2.09

y [por no cumplir]” con los requisitos en Ley.”2 Surge del expediente ante

nuestra consideración que la denegatoria fue por incumplir con el Artículo

2.09 de la Ley Núm. 168-2019 por haber sido convicto por delitos graves

que conllevan conducta constitutiva de violencia doméstica bajo lo

dispuesto en la Ley Núm. 54-1989 y por maltrato de menores conforme a

lo dispuesto en la Ley Núm. 246-2011.3

        Inconforme con la denegatoria, el Sr. Areizaga presentó una

solicitud de reconsideración, bajo lo dispuesto en el Artículo 2.02 (d)(4) de

la Ley de Armas de 2020 y el Artículo 2.07 del Reglamento para Administrar

la Ley de Armas de Puerto Rico, titulada Solicitud de Revisión y/o Vista

Administrativa ante el Comisionado de la Policía, recibida por este el 7 de

marzo de 2023. Transcurrido el término desde la presentación de la

solicitud de reconsideración sin recibir respuesta, el Sr. Areizaga presentó

el 10 de abril de 2023, una demanda en contra del Estado, titulada Revisión

Administrativa4 y una Moción solicitando expedición de emplazamientos.5

El demandante reiteró ante el foro judicial su oposición a la denegatoria de

la solicitud de licencia de armas y expuso que no surge de la carta recibida

del Negociado “cu[á]les son los hechos que dieron razón a la revocación

de la licencia, o cuales requisitos de la Ley de Armas de 2020 [no cumple]”

y que eso es “contrario a la Ley de Procedimiento[ ] Administrativo[ ]

Uniforme, Ley 38 de 30 de junio de 2017.”

        El Estado presentó Moción de Desestimación,6 el 27 de abril de

2023, y expuso lo siguiente:

        No existe duda que la parte demandante no cumple con el
        requisito del Artículo 2.09 de la de la Ley Núm. 168-2019,
        supra, de no tener convicciones por delitos graves. El aludido
        Artículo es diáfano al proscribir la expedición de una
        licencia de armas a una persona que haya sido convicta
        en Puerto Rico —o en otra jurisdicción estadounidense—

2 Apéndice, pág. 1.
3 Apéndice, pág. 1. Indicó que la denegatoria fue “mediante carta del 9 de febrero de 2023,

depositada en el correo el 17 de febrero de 2023, y recibida por el Demandante el 22 de
febrero de 2023.” La ley era la vigente al momento de los hechos y luego entro en vigor la
Ley Núm. 57-2023.
4 Apéndice del recurso (Apéndice), págs. 1-3, con anejos a las págs. 4-13.
5 Véase: Expediente electrónico en SUMAC, Caso civil número SJ2023CV03059, Entrada

Núm. 2.
6 Apéndice, págs. 13-23, con anejos a las págs. 24-26.
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       por delitos graves, por conducta constitutiva de violencia
       doméstica y por conducta constitutiva de maltrato de
       menores. A la luz de lo anterior, el [Negociado] actuó
       correctamente al denegar la expedición de la licencia de
       armas a la parte demandante ya que, según surge, de la
       investigación realizada por el NPPR en los archivos digitales,
       de los anejos presentados junto al recurso de revisión, y de
       la admisión que hace la parte demandante en la alegación
       núm. 10 de ese recurso, esta fue convicta por violación al
       Artículo 76 de la derogada Ley Núm. 177-2003, conocida
       como Ley para el bienestar y la protección integral de la niñez,
       8 LPRA sec. 450 y por violación al Artículo 3.1 de la Ley Núm.
       54 de 15 de agosto de 1989, conocida como “Ley para la
       [P]revención e Intervención con la Violencia Doméstica”, 8
       LPRA 631, fundamentos establecidos por el legislador en el
       Artículo 2.09 de la de la Ley Núm. 168-2019, supra, para
       rehusar expedir licencia de armas.

       Por lo tanto, aun dando por ciertas las alegaciones bien
       hechas, el peticionario no ha expuesto una reclamación
       que justifique la concesión de los remedios solicitados.
       Este Ilustre Foro no puede avalar que se le conceda una
       licencia de armas a una persona que fue convicta por maltrato
       de menores y violencia doméstica, aspecto proscrito por
       legislación. Particularmente, este Ilustre Foro debe ponderar
       no solo el marco de ley, sino al contexto histórico de violencia
       que vive Puerto Rico y la política pública actual del Gobierno,
       que declaró un estado de emergencia ante el aumento de
       casos de violencia de género en Puerto Rico.10
       Consecuentemente, el Estado sostiene que el presente
       recurso debe ser desestimado al amparo de la Regla 10.2(5)
       de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2(5). (Énfasis
       nuestro.) (Notas al calce omitidas.)7

       Añade el Estado, en cuanto a los antecedentes penales y el efecto

de su eliminación en la investigación a los fines de expedir licencia de arma

de fuego, lo siguiente:

       [E]l [Negociado], por mandato legislativo, está autorizado a
       investigar más allá de lo que pueda aparecer en un
       certificado de antecedentes penales, y así lo hizo el NPPR
       en este caso. Conforme lo exige el Artículo 2.02 (d)(3) de la
       Ley Núm. 168- 2019, supra, el [Negociado] investigó a la
       parte demandante y encontró que la parte demandante
       todavía tiene un historial criminal. En atención a ello, el
       Artículo 2.02 (d)(4) de la Ley Núm. 168-2019, supra, dispone
       que si tras una investigación realizada de los archivos
       digitales, el peticionario no cumple con todos los requisitos
       establecidos en esa Ley, no le será concedida la licencia de
       armas. De manera que, confrontado el [Negociado] con el
       historial criminal de la parte demandante que incluye
       convicciones por maltrato de menores y violencia
       doméstica, estaba obligado por Ley a denegarle la
       licencia de armas.

       Dado lo anterior, la determinación que tomó el [Negociado]
       de denegarle la licencia de armas a la parte demandante, se
       le debe conceder deferencia ya que se fundamenta en la Ley

7 Apéndice, págs. 14-15.
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        Núm. 168-2019, supra, el derecho vigente y la política pública
        del Estado de que ninguna persona con historial criminal
        tenga acceso a una licencia de armas. En ausencia de
        arbitrariedad, irracionabilidad o ilegalidad, el criterio de la
        [Negociado] debe prevalecer. La parte demandante tampoco
        ha logrado impugnar la presunción de corrección que le cobija
        a la denegatoria del NPPR a expedir o conceder la licencia
        de armas, pues solo se limitar a alegar que cumple con todos
        los requis[i]tos de la Ley Núm. 168-2019, supra, postura que
        queda derrotada por los documentos que obran en el
        expediente de autos que demuestran las convicciones
        previas de la parte demandante. Así pues, es forzoso concluir
        que el [Negociado] actuó razonablemente al considerar las
        convicciones previas de la parte demandante, por lo que
        procede confirmar la determinación que deniega la petición
        de licencia de armas presentada por la parte demandante.
        (Énfasis nuestro.) (Nota al calce omitidas.)8

        El TPI emitió y notificó, el 28 de abril de 2023, una Orden que

dispuso lo siguiente: “Parte Demandante replique.” 9

        El 15 de mayo de 2023 se emitió y notificó la Sentencia10 apelada,

la cual revocó “la Resolución emitida por el Departamento de Seguridad

Pública el 9 de febrero de 2023, SAIC-NILIAF-DRAEL-7-195” y ordenó “al

Departamento de Seguridad Pública que emita la licencia de armas al Sr.

Areizaga Rivera según solicitada.”11 El Estado presentó, el 26 de mayo de

2023, una Moción de reconsideración12 y el TPI la declaró no ha lugar

mediante una Resolución emitida y notificada el 30 de mayo de 2023.

        Inconforme, el Estado presentó el 31 de julio de 2023 un Escrito de

apelación, con el siguiente señalamiento de error:

        Erró el Tribunal de Primera Instancia al revocar la
        determinación del Negociado de la Policía que denegó la
        solicitud de la licencia de armas del apelado de conformidad
        con el Artículo 2.09 de la Ley Núm. 168-2019, el cual dispone
        que no se expedirá una licencia de armas a alguna persona
        que ha sido convicta de un delito grave, que conlleve
        conducta constitutiva de violencia doméstica al amparo de la
        Ley Núm. 54-1989 y maltrato de menores, según tipificada en
        la Ley 246-2011.

        El 11 de septiembre de 2023, la representación legal del Sr.

Areizaga presentó el Alegato en oposición. Con el beneficio de los escritos

de ambas partes, resolvemos.

8 Apéndice, pág. 22.
9 Véase: Expediente electrónico en SUMAC, Caso civil número SJ2023CV03059, Entrada

Núm. 10.
10 Apéndice, págs. 27-33.
11 Apéndice, pág. 33.
12 Apéndice, págs. 34-41.
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                                          II

                   A. Ley de Armas de Puerto Rico de 2020

       Por virtud de la doctrina de incorporación selectiva y lo dispuesto en

la Decimocuarta Enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución de

los Estados Unidos de América, el Tribunal Supremo federal ha hecho

extensivo a los estados de la Unión los derechos fundamentales allí

consagrados; entre estos, el derecho fundamental a poseer y portar armas,

contemplado en la Segunda Enmienda. Véase, Emdas. II y XIV, Const. EE.

UU., LPRA, Tomo I. Además, el Alto Foro estadounidense ha reconocido

los mismos derechos fundamentales a los ciudadanos americanos en

Puerto Rico. Pueblo v. Rodríguez López, et al., 210 DPR 753, 757 (2022).13

Si bien es de carácter fundamental, el derecho de la Segunda Enmienda

no es ilimitado ni irrestricto. Aun cuando garantiza el derecho individual a

poseer y portar armas y se proscribe una prohibición absoluta, el Tribunal

Supremo federal aclaró que la Segunda Enmienda “no reconoce un

derecho a poseer y a portar cualquier arma, de cualquier manera y para

cualesquiera propósitos.” Id., a la pág. 17, que cita a District of Columbia v.

Heller, 554 US 570, 627 (2008); véase, además, Rolón Martínez v. Caldero

López, 201 DPR 26, 37 (2018).

       En District of Columbia v. Heller, supra, el Tribunal Supremo federal

identificó ciertas instancias, en las que las limitaciones al referido derecho

constitucional se presumen válidas (longstanding prohibitions). En Pueblo

v. Rodríguez López, et al., supra, nuestro Alto Foro, a modo de ejemplo y

sin que se entienda como un listado taxativo, mencionó como válidas “las

medidas que prohíban la posesión de armas a aquellas personas que son

incapaces mentales o convictos por delitos graves;14 en lugares

13 Opinión de 28 de octubre de 2022.
14 En la nota al calce número 5 de   Pueblo v. Rodríguez López, et al., supra, nuestro
Tribunal Supremo aludió a U.S. v. Moore, 666 F.3d 313 (4to Cir. 2012), en que el Cuarto
Circuito de Apelaciones sostuvo que la prohibición a la posesión y portación de armas a
personas convictas de delito grave no violaba la Segunda Enmienda de la Constitución
federal, pues era una medida presuntamente válida a la luz de District of Columbia v.
Heller, 554 US 570 (2008). Idéntico resultado se observó en U.S. v. Williams, 616 F.3d
685 (7mo Cir. 2010). El Séptimo Circuito de Apelaciones determinó “que criminalizar la
posesión y portación de armas de una persona convicta de un delito grave sobrevivía el
escrutinio intermedio.”
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sensitivos, como las escuelas o edificios de gobierno; o que impongan

ciertas cualificaciones para la venta de armas.” (Énfasis nuestro.) Pueblo

v. Rodríguez López, et al., a las págs. 18-19; District of Columbia v. Heller,

supra, a las págs. 626-627.

        En armonía con los pronunciamientos judiciales federales, la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la Ley Núm. 168 de 11 de

diciembre de 2019, “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, 25 LPRA sec.

461, et seq. En su Artículo 2.02, incisos (a) (b) (c), se establecen los

requisitos generales para que la solicitud de licencia de armas pueda ser

radicada.15 En lo que nos compete, el Artículo 2.02, inciso (a) (2), de la Ley

de Armas de 2020, 25 LPRA sec. 462a (a) (2), estatuye que todo

peticionario debe tener un expediente negativo de antecedentes

penales y no estar acusado o en proceso de juicio por algunos de los

delitos enumerados en el Artículo 2.09 del estatuto o sus equivalentes,

tanto en Puerto Rico, como en cualquier jurisdicción de Estados Unidos, a

nivel federal o en cualquier país extranjero.

        Asimismo, en el ejercicio delegado al Negociado para la expedición

de licencias de armas, la Agencia está facultada en ley para realizar las

investigaciones que sean necesarias en los archivos digitales a los que

tenga acceso. En específico, el Artículo 2.02 (d) (1) (3) (4) de la Ley de

Armas de 2020, 25 LPRA sec. 462a (d) (1) (3) (4), establece lo siguiente:

        (d) Radicación de Solicitudes de Licencia de Armas:

        (1) Toda solicitud de Licencia de armas por residentes en
        Puerto Rico, cumplimentada conforme a esta Ley, junto al
        pago correspondiente, habrá de radicarse en las Oficinas de
        Licencias de Armas, o en la Comandancia de Área de donde
        reside el peticionario, la cual deberá remitir dicha solicitud en
        un término no mayor de cinco (5) días a la Oficina de
        Licencias de Armas. Recibido el pago por los derechos y
        los documentos, debidamente cumplimentados, se
        procederá de inmediato a realizar el cotejo electrónico,
        sobre el expediente negativo de antecedentes penales
        del peticionario.16
         .        .        .         .       .        .       .         .
        (3) A partir de que se acepte la solicitud para la
        expedición de una licencia de armas, la Oficina de

15 Véase, Artículos 2.01-2.02 del “Reglamento para Administrar la Ley de Armas de Puerto

Rico de 2020”, de 17 de marzo de 2020 (Reglamento Núm. 9172).
16 Véase, Artículo 2.03 (3) del Reglamento Núm. 9172.
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       Licencias de Armas, determinará y certificará por escrito
       si el peticionario cumple o no, con los requisitos
       establecidos en esta Ley para la expedición de la licencia
       de armas. Esto deberá lograrse mediante una
       investigación en los archivos digitales de cualquier
       agencia gubernamental de Puerto Rico, de Estados Unidos o
       cualquier subdivisión política de este, de cualquier entidad
       extranjera o internacional a la que pueda tener acceso,
       incluyendo los archivos del National Crime Information Center
       (NCIC), del National Instant Criminal Background Check
       System (NICS), el Sistema de Información de Justicia
       Criminal (SIJC-PR) y el Registro Criminal Integrado (RCI).17

       (4) De resultar la investigación realizada por la Oficina de
       Licencias de Armas de los archivos digitales en una
       determinación de que la persona no cumple con todos
       los requisitos establecidos en esta Ley, no le será
       concedida la licencia de armas, pero sin menoscabo a que
       el peticionario pueda solicitarla nuevamente en un futuro. […]
       (Énfasis nuestro.)

       Es decir, el Artículo 2.02, incisos (a) (b) (c), de la Ley de Armas de

2020, supra, enumera los requisitos generales que todo peticionario debe

cumplir para que pueda presentar su solicitud de licencia de armas y esta

sea aceptada para evaluación. Entre tales requisitos se encuentra un

certificado negativo de antecedentes penales. De ninguna manera implica

la concesión automática de la credencial. Luego, el Artículo 2.02, inciso (d)

(1) (3) (4) de la Ley de Armas de 2020, supra, dispone que el expediente

negativo de antecedentes penales debe ser cotejado por el Negociado.

Este, además, deberá certificar mediante una investigación de los archivos

digitales accesibles que el peticionario cumple con los requisitos del

estatuto. De incumplir con algún requisito, no se expedirá la licencia de

armas.

       Al respecto, el Artículo 2.09 de la Ley de Armas de 2020, 25 LPRA

sec. 462h, que versa sobre los fundamentos para rehusar la expedición

de licencias, dispone en lo pertinente lo siguiente:

       La Oficina de Licencias de Armas no expedirá licencia de
       armas, o de haberse expedido se revocará, la licencia de
       armas de cualquier persona que haya sido convicta, en
       Puerto Rico, en cualquier otra jurisdicción estadounidense
       de cualquier delito grave o su tentativa, por delito menos
       grave que conlleve violencia, por conducta constitutiva de
       violencia doméstica, según tipificada en la Ley Núm. 54 de 15
       de agosto de 1989, según enmendada, o conducta
       constitutiva de acecho, según tipificada en la Ley 284-1999,

17 Véase, Artículo 2.04 (2) del Reglamento Núm. 9172.
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        según enmendada, ni por conducta constitutiva de maltrato
        de menores, según tipificada en la Ley 246-2011, según
        enmendada, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección
        de Menores”.18 [...] (Énfasis nuestro.)

        Surge literalmente del estatuto que el Negociado deberá rehusar

expedir la credencial de armas a quien incumpla el Artículo 2.09 de la Ley

de Armas de 2020, supra; o, de haberla expedido, revocarla. Entre otras

instancias, la imposibilidad de expedir la licencia se extiende cuando el

peticionario ha sido convicto de cualquier delito grave o su tentativa, por

delito menos grave que conlleve violencia, por conducta constitutiva de

violencia doméstica o maltrato de menores.

     B. Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de
                      Certificados de Antecedentes Penales

        De otra parte, la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, “Ley para

Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de

Antecedentes Penales”, 34 LPRA sec. 1725 et seq., creó el marco legal

para encomendar a la Policía de Puerto Rico la expedición de

certificaciones de antecedentes penales; y para que se estableciese la

reglamentación necesaria para la eliminación de ciertas convicciones del

expediente penal. En el caso de delitos graves, siempre y cuando la

persona exconvicta no esté sujeta al “Registro de Personas Convictas por

Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores” ni al “Registro de

Personas Convictas por Corrupción”, podrá solicitar en el Tribunal de

Primera Instancia una orden para que se elimine la convicción del

certificado de antecedentes penales. Entre los requisitos a cumplir se

encuentran el que hayan transcurrido cinco años desde que se cumplió la

sentencia y la persona no haya cometido otro delito; tenga buena

reputación en la comunidad; y se haya sometido a la muestra requerida por

la Ley del Banco de Datos de ADN, de estar sujeta a ello. Art. 4 Ley Núm.

254-1974, 34 LPRA sec. 1725a-2. Por igual, el Artículo 7 de la Ley Núm.

254-1974, 34 LPRA sec. 1725, dispone que se deberá expedir un

18  El lenguaje se reproduce en el Artículo 2.12, Fundamentos para rehusar expedir
licencias, del Reglamento Núm. 9172.
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certificado negativo, cuando de los archivos de la Policía no surja un

expediente abierto de la persona.

        Se desprende de la letra del estatuto que, luego del cumplimiento de

los requisitos legales pertinentes, se autoriza al Negociado a eliminar del

certificado de antecedentes penales las condenas por los delitos graves y

menos graves. El Tribunal Supremo ha expresado que la intención de la

Asamblea Legislativa al promulgar el estatuto fue “potenciar la inserción

de los exconvictos en la fuerza laboral y su consiguiente

rehabilitación mediante la eliminación de convicciones previas trascurrido

el término dispuesto en ley.” (Énfasis nuestro.) Garib Bazaín v. Hosp. Aux.

Mutuo, et al., 204 DPR 601, 622 (2020). Dicha intención se fortalece en el

Artículo 1 de la Ley Núm. 254-1974, el cual dispone que, en el caso de que

no hayan transcurrido los términos establecidos, el exconvicto puede

obtener un certificado de rehabilitación y capacitación para trabajar que

podrá sustituir el denominado certificado de buena conducta. Sin embargo,

el estatuto reserva el derecho del patrono a “solicitar el certificado de buena

conducta, en adición al certificado de rehabilitación”. 34 LPRA sec. 1725.

        En lo atinente al caso del epígrafe, en Rivera Pagán v. Supte. Policía

de P.R., 135 DPR 789 (1994), el Tribunal Supremo enfrentó una

controversia similar. Allí, el señor Rivera Pagán, quien había eliminado sus

convicciones del certificado de antecedentes penales y ostentaba buena

reputación entre sus vecinos, demandó al Estado por denegarle una

licencia de armas. El recurrido prevaleció en la primera instancia judicial.

        En ese caso, mientras la derogada Ley de Armas de 1951 aplicable

en aquel momento impedía la expedición de la licencia de armas a los

convictos de los delitos enumerados o sus tentativas,19 la Ley Núm. 108 de

21 de junio de 1968, “Ley de Eliminación de Convicciones de Delitos Menos

19 Refiérase al Artículo 17 de la Ley de Armas de 19 de enero de 1951, 25 LPRA sec. 427

(derogado), el cual disponía, en parte, que “[e]l Superintendente de la Policía de Puerto
Rico no expedirá licencia para tener y poseer un arma de fuego a persona alguna que
haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de cualquiera de los siguientes delitos o de
tentativa para cometer los mismos: asesinato en cualquier grado, homicidio, secuestro,
violación, mutilación, tentativa de cualquier delito grave, agresión agravada, cuando este
delito se haya realizado con un arma cortante, punzante o de fuego, robo, escalamiento,
apropiación ilegal, apropiación ilegal agravada, incendio, incendio agravado, incesto, […].”
KLAN202300666                                                                          10

Graves del Récord Penal”, 34 LPRA sec. 1731, et seq. (derogada),

equivalente a la Ley Núm. 254-1974, permitía la eliminación de cualquier

convicción, salvo ciertos delitos especificados y aquellos que implicaran

depravación moral. Nuestro Tribunal Supremo analizó si las dos tentativas

de asesinato, por las cuales el señor Rivera Pagán fue convicto junto a

otros delitos, implicaban depravación moral. Contestó en la afirmativa. Por

consiguiente, la Máxima Curia revocó al foro impugnado y sostuvo la

denegación del Superintendente de la Policía, como sigue:

        […] resolvemos que actuó acertadamente el Superintendente
        de la Policía de Puerto Rico al descartar la resolución
        dictada por la Sala de Manatí del Tribunal de Distrito de
        Puerto Rico, mediante la cual se ordenó la eliminación del
        expediente penal del recurrido Luis Rivera Pagán (sus dos
        (2) convicciones por los delitos de tentativa de asesinato),
        cuando denegó la solicitud de este para tener y poseer un
        arma de fuego por razón de la prohibición contenida en
        el Art. 17 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.
        (Énfasis nuestro.) Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R.,
        supra, a la pág. 801.

        Ahora, sobre la prohibición expresamente estatuida en el referido

Artículo 17 de la Ley de Armas de 1951, que guardaba similitud con el

actual Artículo 2.09 de la Ley de Armas de 2020, supra, el Alto Foro opinó

que, de su lectura, se desprendía con claridad que una persona convicta

por los delitos exceptuados “no podrá gozar del privilegio de obtener una

licencia para tener y poseer un arma de fuego.” Rivera Pagán v. Supte.

Policía de P.R., supra, a la pág. 794.20

        En el contexto del ordenamiento anterior, Ley Núm. 404 de 11 de

septiembre de 2000, 25 LPRA sec. 455 et seq. (derogada), el Tribunal

Supremo resolvió el caso Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26

(2018). Si bien el mencionado estatuto incluía la prohibición de expedir

licencias a los convictos de cualquier delito grave o su tentativa,21 también

20 Cabe señalar que, en Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., supra, a las págs. 806-

809, la Opinión disidente del juez asociado, Hon. Rebollo López, se adhirió a lo resuelto
en Pueblo v. Ortiz Martínez, 123 DPR 820 (1989) y Muñoz, Torres v. Superintendente
Policía, 125 DPR 603 (1990), los casos bajo los cuales, en esencia, se fundamentó el
dictamen apelado.
21 Véase el Artículo 2.11 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 456j (derogado) que

rezaba, en lo pertinente, como sigue: “El Superintendente no expedirá licencia de armas
ni el Secretario del Departamento de Hacienda expedirá licencia de armero, o de haberse
expedido se revocarán y el Superintendente se incautará de la licencia y de las armas y
municiones de cualquier persona que haya sido convicta, en o fuera de Puerto Rico, de
cualquier delito grave o su tentativa, […].”
KLAN202300666                                                                          11

aludía al historial de violencia.22 En ese caso, que versaba sobre una

revocación de la licencia de armas, nuestro Tribunal Supremo concluyó que

no era necesario ser encontrado culpable en el ámbito penal (lo que

equivale a poseer un certificado negativo de antecedentes penales) para

sostener una determinación de que la persona tenía un historial de

violencia y, en consecuencia, no tener derecho a la licencia de armas, ya

fuera no concediéndola o revocándola. Por tanto, la mera tenencia de un

certificado negativo de antecedentes penales, por sí, resultaba insuficiente,

ya que “ser encontrado culpable por algún delito y tener un historial de

violencia son dos requisitos distintos y separados.” Id., a la pág. 44.23

C. Ley del Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre
   los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de
   Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal

        La Ley Núm. 143 de 26 de agosto de 2014 “Ley del Protocolo para

Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de

Justicia Criminal”, 4 LPRA sec. 533 et seq., tiene como propósito establecer

“un sistema tecnológico y procedimiento uniforme que permita el

intercambio       efectivo      de     información        entre      las    entidades

gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

relacionadas con la seguridad pública del país y aquellas que se

encuentran estrechamente vinculadas con las mismas, de manera tal que

se alcance el mejor funcionamiento del Sistema de Información de Justicia

Criminal.” (Énfasis nuestro.) Art. 2, Ley Núm. 143-2014, 4 LPRA sec. 533.

El Art. 3a (a) del estatuto, 4 LPRA sec. 534a (a), define Sistema de

Información de Justicia Criminal (SIJC) o Sistema como “el sistema

encargado de proveer información completa y correcta a los varios

integrantes del Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico.” (Énfasis

nuestro.) El SIJC, adscrito al Departamento de Justicia, está compuesto

por los integrantes del Sistema de Justicia Criminal en Puerto Rico, a saber:

22 Refiérase al Artículo 2.02 (a) (7) de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 456a (a)

(7) (derogado).
23 Es meritorio mencionar que la Ley de Armas de 2020, supra, suprimió la frase historial

de violencia.
KLAN202300666                                                              12

el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, el Poder Judicial, el

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de la

Familia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Instituto

de Ciencias Forenses. Art. 4 Ley Núm. 143-2014, 4 LPRA sec. 533b.

       En cuanto al “Protocolo”, el Art. 3a (c) de la Ley Núm. 143-2014, 4

LPRA sec. 534a (c), lo describe como “aquel conjunto de normas y

procedimientos preparado por el Comité [Intergubernamental] y

adoptado por todas las entidades gubernamentales con inherencia en

la seguridad pública del país y aquellas que se encuentran estrechamente

relacionadas con las mismas, las cuales se describen en esta Ley.” (Énfasis

nuestro.) De esta forma, se puntualiza lo siguiente:

       En el Protocolo se podrá disponer cualquier otra
       información de naturaleza criminal que las que las
       entidades gubernamentales que componen el Comité
       entiendan que debe formar parte de la información
       disponible en el Sistema, por su relevancia para la
       seguridad en el país y para el cumplimiento de los
       propósitos del Sistema. […] Asimismo, tomará todas las
       medidas necesarias para asegurarse de que todo dato
       relativo a convicciones cuya eliminación del récord penal
       de una persona haya sido ordenado por un Tribunal
       competente sea efectiva y totalmente eliminada del
       Sistema de Información de Justicia Criminal, incluyendo,
       pero sin que esto se entienda como una limitación, las
       memorias de cualesquiera computadoras utilizadas por
       el Sistema. (Énfasis nuestro.) Art. 8 Ley 143-2014, 4 LPRA
       sec. 533e.

                                     III

       La parte apelante nos señala que el TPI se equivocó al resolver que

el Negociado no puede considerar las convicciones por los delitos graves

que conllevan conducta constitutiva de violencia doméstica bajo lo

dispuesto en el Ley Núm. 54-1989 y por maltrato de menores conforme

a lo dispuesto en la Ley Núm. 246-2011 del señor Areizaga para

denegarle la licencia de armas, porque esos delitos no estaban contenidos

en el Artículo 2.09 de la Ley de Armas de 2020, supra, y porque el apelado

cumplió con la presentación de un certificado negativo de antecedentes

penales. El Estado, por su parte, plantea que el señor Areizaga está

excluido de poseer una licencia de armas por disposición expresa de la Ley

de Armas de 2020, supra. Sostiene que la convicción de cualquier delito
KLAN202300666                                                              13

grave está incluida en el Artículo 2.09 de la Ley de Armas de 2020, supra,

e impide la expedición de la credencial.

       Según reseñamos, el señor Areizaga fue convicto por delitos graves

que conllevan conducta constitutiva de violencia doméstica bajo lo

dispuesto en el Ley Núm. 54-1989 y por maltrato de menores conforme a

lo dispuesto en la Ley Núm. 246-2011 por delito de Agresión Grave, Artículo     Commented [CRP1]: Faltaba un espacio.

122 del Código Penal de 2004, tipificado como un delito grave de cuarto

grado y por el que fue sentenciado a cinco años en probatoria. Extinguida

la sentencia y cumplidos los requisitos de rigor de la Ley Núm. 254-1974,

en el año 2020, por virtud de una Resolución dictada por un tribunal

competente, el apelado obtuvo la eliminación de esos delitos de su

expediente penal. Consiguientemente, se expidió a su favor un certificado

negativo de antecedentes penales. De conformidad con la Ley Núm. 143-

2014, la eliminación de la convicción aplica también al SIJC.

       Posteriormente, el señor Areizaga presentó la Solicitud de Licencia

de Armas en controversia. Para ello, cumplió con los requisitos del Artículo

2.02 (a) (b) (c) de la Ley de Armas de 2020, supra, incluyendo el certificado

negativo de antecedentes penales. De conformidad con el estatuto, el

siguiente paso era el cotejo electrónico del expediente negativo de

antecedentes penales, así como la certificación del cumplimiento con

los requisitos de ley, mediante una investigación en los archivos

digitales en los que el Negociado tuviera acceso, según mandata el

Artículo 2.02 (d) (1) (3) (4) de la Ley de Armas de 2020, supra. Realizada

la investigación, esta produjo un resultado desfavorable para el señor

Areizaga, al desvelarse las aludidas convicciones de delito grave. El Estado

expone en su recurso ante nosotros lo siguiente:

       [S]i bien la Ley Núm. 254-1974 provee para la eliminación de
       convicciones en el certificado de antecedentes penales, esto
       no implica que el Sr. Areizaga Rivera tiene derecho a la
       concesión de la licencia de armas de forma automática al
       presentar un certificado negativo de antecedentes penales.
       Por el contrario, la Ley Núm. 168 no autoriza al Negociado de
       la policía a expedir automáticamente una licencia de armas
       únicamente cuando el solicitante presenta un certificado
       negativo de antecedentes penales, sin tomar en cuenta otras
KLAN202300666                                                               14

           consideraciones que dispone la legislación, como los
           archivos digitales.24

           Ciertamente, existen registros de dependencias estatales, federales

e internacionales, en los que el Negociado no tiene potestad alguna. El

Negociado, sin embargo, puede y debe acceder estos registros de datos

en el ejercicio de sus investigaciones para, entonces, poder certificar que

los peticionarios de licencias de armas cumplen o no con los requisitos de

la Ley de Armas de 2020.

           Al amparo del Artículo 2.09 de la Ley de Armas de 2020, supra, que

estatuye los fundamentos para rehusar y revocar la expedición de la

licencia de armas, la persona convicta de cualquier delito grave está

excluida de la tenencia de una licencia de armas. A la luz de esta

disposición, la Asamblea Legislativa desautorizó al Negociado a expedir

licencias de armas a aquellas personas convictas de cualquier delito

grave y, en el caso de haberlas emitido, entonces, revocarlas. Esto es, el

hecho de la convicción por delito grave es un fundamento

independiente para denegar la expedición de la licencia de armas. Así

pues, el TPI incidió al determinar que los delitos por los cuales fue convicto

el apelado no estaban contenidos en el Artículo 2.09 de la Ley de Armas

de 2020, supra.

           En cuanto a la presentación de un certificado negativo de

antecedentes penales, luego de un análisis integral de los estatutos

aplicables, concluimos que, aun cuando el apelado cuente con el referido

documento, este es insuficiente para que el Negociado considere su

Solicitud de Armas. La investigación realizada por el Negociado en las

plataformas digitales a las que tiene acceso arrojó las convicciones del

apelado por delito grave. A pesar de que la Ley Núm. 254-1974 provee para

la eliminación de convicciones del certificado de antecedentes penales, con

el fin de propender a la rehabilitación de los exconvictos y facilitar su

inserción en la fuerza laboral, la Asamblea Legislativa proscribió la

24
     Véase, Apelación, a la pág. 15.
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concesión de una licencia de armas a quien presente una convicción

por cualquier delito grave. Huelga decir que dicha prohibición ha sido

consistente en las legislaciones predecesoras y refrendada por la

jurisprudencia.

       Como se sabe, cuando la letra de una ley no tiene ambigüedades y

su lenguaje es claro y sencillo, como en efecto ocurre en el caso de autos,

en nuestra función interpretativa, los tribunales no estamos autorizados a

añadir o restar condiciones que no fueron contempladas por el legislador al

momento de promulgar el estatuto. Cancio Ex parte, 161 DPR 479, 490

(2004). La intención del legislador al aprobar la Ley de Armas de 2020 fue

que el Negociado determine y certifique por escrito si un peticionario

cumple o no con todos los requisitos estatuidos para la expedición de la

licencia de armas. Para ello, se deben cumplir varios criterios generales,

como la presentación de un certificado negativo de antecedentes penales,

sujeto a cotejo mediante una investigación en los archivos digitales de

cualquier agencia gubernamental de Puerto Rico, Estados Unidos o el

extranjero a los que pueda tener acceso el Negociado, de manera que no

exista fundamento alguno para rehusar de plano la expedición de la licencia

de armas. En el presente caso, es forzoso concluir que el señor Areizaga

no satisfizo la totalidad de los requisitos estatuidos para obtener una

licencia de armas. Somos del criterio que el Negociado estaba impedido de

ignorar los hallazgos de la investigación y, tal como lo hizo, podía descartar

el certificado negativo de antecedentes penales ante sí y, en consecuencia,

denegar la licencia de armas solicitada, por el incumplimiento del Artículo

2.09 de la Ley de Armas de 2020, supra.

                                     IV

       Por   los   fundamentos     expuestos,    revocamos     la   Sentencia

impugnada. En consecuencia, se restituye la denegación del Negociado de

la Policía de Puerto Rico.

       Notifíquese.
KLAN202300666                                                         16

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones