Court Opinion

ID: 9962752
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:55.426908+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:40.493289
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VIII

TAILI TEE THULA TOVAR                                       Apelación,
                                                            procedente del Tribunal
       Parte Apelante                                       de Primera Instancia,
                                                            Sala Superior de
                                                            Bayamón
                                     KLAN202400014
               v.                                           Caso Núm.:
                                                            SJ2020RF00274

                                                            Sala: 3001
ASDRÚBAL SIMÓN MATA
     CABELLO                                                Sobre:
                                                            Divorcio y Custodia
        Parte Apelada

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Monge
Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Monge Gómez, Juez Ponente

                                     SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

        Compareció ante este Tribunal la parte apelante, la Sra. Taili Tee

Thula Tovar (en adelante, la “señora Thula Tovar” o la “Apelante”),

mediante un recurso de apelación presentado el 4 de enero de 2024. Nos

solicitó la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante, el “TPI”), el 4 de

diciembre de 2023, notificada y archivada en autos al día siguiente.1 Dicho

dictamen fue objeto de una “Moción de Relevo de Resolución conforme

a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil” interpuesta por la señora Thula

Tovar, la cual fue declarada “No Ha Lugar” mediante Orden de 11 de

diciembre de 2023.

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma

el dictamen apelado.

                                            I.

1 Por tratarse de un dictamen que pone fin a la controversia relacionada con la pensión

alimentaria, aun cuando fue titulado Resolución, el dictamen impugnado constituye una
sentencia por lo que el recurso adecuado para recurrir de ella es la apelación. Figueroa v.
Del Rosario, 147 DPR 121, 129 (1998).

Número Identificador
SEN2024______________
KLAN202400014                                                               2

       El caso de autos se originó el 19 de febrero de 2020, con la

presentación de una “Demanda de Divorcio por la Causal de Adulterio,

Trato Cruel e Injurias Graves” (en adelante, la “Demanda”) por parte de

la Apelante en contra del Sr. Asdrúbal Simón Mata Cabello (en adelante, el

“señor Mata Cabello o el “Apelado”). A través de dicho escrito, la señora

Thula Tovar solicitó la disolución del vínculo matrimonial, la custodia de los

hijos menores procreados por las partes, la división de la masa conyugal y

el establecimiento de las pensiones alimentarias para los menores y para

ella. Alegó que conforme al Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles

del Secuestro Internacional de Niños de 25 de octubre de 1980 (en

adelante “Convenio de la Haya”), la residencia habitual de los menores era

Puerto Rico y que por tal razón, los tribunales de Puerto Rico tenían

autoridad y competencia para proteger el bienestar de éstos.

       Más adelante, el 6 de marzo de 2020, el señor Mata Cabello

presentó “Moción en Solicitud de Desestimación y en Solicitud de

Orden de Retorno de los Menores a Bogotá, Colombia, en virtud de

las Disposiciones de la Convención de la Haya sobre los Aspectos

Civiles del Secuestro Internacional de Niños y el “International Child

Abduction Remedies Act”, mediante la cual argumentó que el TPI carecía

de jurisdicción para atender el divorcio y la custodia de los hijos. No

obstante, enfatizó que el foro primario sí poseía jurisdicción para

implementar las disposiciones del Convenio de la Haya y ordenar el regreso

de los menores a Colombia. Siguiendo esta misma línea, el 12 de marzo

de 2020, el Apelado presentó una “Demanda de Divorcio” en contra de la

Apelante ante el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C., Rama

Judicial del Poder Público de la República de Colombia, bajo el núm.

11001-31-10029-2020-00141-00 (en adelante, “Juzgado 29 de Familia de

Bogotá”).

       Posteriormente, el 30 de octubre de 2020, el TPI emitió una

Resolución en la que desestimó la “Demanda”, por carecer de jurisdicción

para decretar el divorcio, ya que el Artículo 97 del Código Civil, 31 LPRA
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sec. 3312, establece que, para radicar una demanda de divorcio, la persona

debe haber residido en Puerto Rico un año antes de instar la acción.

Asimismo, concluyó que la Apelante y los menores eran residentes de

Bogotá, Colombia desde febrero de 2018. En desacuerdo con esta

determinación, el 19 de noviembre de 2020, la señora Thula Tovar presentó

una “Moción de Reconsideración”, la cual fue declarada “No Ha Lugar” el

24 de noviembre de 2020.

        Así las cosas, el 28 de diciembre de 2020, la señora Thula Tovar

presentó un recurso de apelación bajo el alfanumérico KLAN202001039. El

12 de marzo de 2021, un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones

resolvió que no se atendieron todos los reclamos presentados en la

“Demanda”, por lo que, ordenó la continuación de los procedimientos e

instruyó al TPI a que determinara si poseía jurisdicción sobre la materia o

autoridad para atender todo asunto al amparo del Convenio de la Haya y el

“International Child Abduction Remedies Act”, 42 USC sec. 11601 et seq.

(en adelante, “ICARA”). De igual manera, expresó que, de determinar que

poseía autoridad sobre las referidas leyes, el foro primario debía resolver:

(1) si Puerto Rico es la residencia habitual de los menores y (2) establecer

un estado de derecho provisional relacionado con la custodia, relaciones

paternofiliales, alimentos provisionales y litis expensas.

        El 6 de julio de 2021, el TPI emitió otra Resolución en la cual resolvió

lo siguiente: (1) los hijos menores de edad son residentes habituales de

Bogotá, Colombia; (2) el Tribunal posee jurisdicción plena para atender los

reclamos basados en las disposiciones del Convenio de la Haya y el

ICARA, supra; (3) la Apelante sustrajo ilícitamente a los menores de su

residencia habitual; (4) corresponde a los tribunales de Colombia atender

cualquier asunto relacionado al divorcio, la custodia de los menores, las

relaciones filiales, los alimentos de los menores y la pensión excónyuge; y

(5) por último, ordenó la restitución inmediata de los menores a su

residencia habitual en Colombia.

2 Se cita el Código Civil anterior por ser el aplicable a los hechos del caso.
KLAN202400014                                                              4

      Inconforme con dicho dictamen, el 12 de julio de 2021, la señora

Thula Tovar presentó otro recurso de apelación ante este foro apelativo

intermedio, caso núm. KLAN202100519. Así pues, el 29 de septiembre de

2021, este Tribunal emitió Sentencia mediante la cual confirmó la

Resolución emitida por el TPI, excluyendo la parte sobre el retorno de los

menores a Colombia. A su vez, el panel hermano ordenó la celebración de

una vista evidenciaria para determinar la residencia habitual de los

menores.

      Así las cosas, el 4 de marzo de 2022, el Juzgado 29 de Familia de

Bogotá decretó el divorcio del matrimonio que contrajeron el señor Mata

Cabello y la señora Thula Tovar, dispuso que la patria potestad sería

ejercida por ambos padres, impuso las condiciones mediante las cuales se

llevarían a cabo las relaciones filiales y fijó una pensión alimentaria de

$5,000.00 millones de pesos colombianos mensuales. Este dictamen fue

modificado por la Sentencia emitida por la Sala de Familia del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2022, a los fines

de realizarle algunos cambios al régimen de visitas paternofiliales.

      Luego de la celebración de una vista, el 1 de junio de 2023, el TPI

tomó conocimiento judicial de la Sentencia de Exequátur dictada el 26 de

mayo de 2023, en el caso núm. BY2022CV05569, mediante la cual se le

concedió entera fe y crédito en Puerto Rico a las Sentencias dictadas por

los foros judiciales de Colombia el 4 de marzo de 2022 y el 10 de agosto

de 2022, respectivamente. El 27 de marzo de 2023, el Informe de la

Examinadora de Pensiones Alimenticias Provisional fue acogido mediante

Resolución. Así pues, se le ordenó al señor Mata Cabello a proveer una

pensión alimentaria de $4,099.18 mensuales. El 5 de julio de 2023, el

apelado presentó “Moción en Solicitud de Relevo de Resolución del 27

de marzo de 2023 al amparo de la Regla 9.2 (E)” (en adelante, “Moción

en Solicitud de Relevo de Resolución”). Señaló que dicha determinación

incidía sobre la pensión alimentaria impuesta por el Juzgado 29 de Familia

de Bogotá. Posteriormente, el 6 de enero de 2022, la señora Thula Tovar

presentó una “Demanda Enmendada” para incluir una causa de acción
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adicional sobre suspensión de patria potestad y otra en cobro de dinero por

pago por tercero.

      Finalmente, el TPI emitió una Resolución en la cual esbozó que, al

momento del traslado de los menores, éstos eran residentes de Colombia

y fueron sustraídos ilícitamente de su lugar de residencia habitual por su

madre. También concluyó que el foro con jurisdicción para atender los

asuntos relacionados al divorcio, a la custodia de los menores, las

relaciones filiales, los alimentos de los menores y la pensión excónyuge es

el Juzgado 29 de Familia de Bogotá. Además, indicó que, conforme al

interés óptimo de los menores, éstos deben permanecer en Puerto Rico

sujetos a los términos y condiciones de las Sentencias de los tribunales de

Colombia.

      De igual manera, concluyó el foro revisado que habiéndose

impartido valor jurídico en Puerto Rico por vía de exequatur a la Sentencia

de Divorcio dictada en Colombia, la cual establece un plan de relaciones

paternofiliales y una pensión alimentaria a favor de los menores, declaró

“Con Lugar” la “Moción en Solicitud de Relevo de Resolución del 27 de

marzo de 2023” presentada por el Apelado el 5 de julio de 2023. A esos

efectos, dejó sin efecto la Resolución de 27 de marzo de 2023, así como la

pensión alimentaria allí establecida, junto al balance retroactivo en ella

computado. Del mismo modo, ordenó el TPI al demandado el cumplimiento

estricto con la Sentencia del Juzgado 29 de Familia de Bogotá, en

específico con el pago de la pensión alimentaria allí establecida de

5,000,000.00 de pesos colombianos mensuales, o su equivalente en

dólares americanos, efectivo al 10 de agosto de 2022. Igualmente, dispuso

que cualquier revisión o modificación de dicha pensión alimentaria, habrá

de ser presentada y atendida en los foros judiciales de Colombia.

      Inconforme con lo anteriormente resuelto, la Apelante acudió ante

este Tribunal mediante el recurso de epígrafe, en el que señaló los

siguientes errores:

      PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR- ERRÓ EL TPI AL
      DECLARAR CON LUGAR LA MOCIÓN EN SOLICITUD DE
      RELEVO DE RESOLUCIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2023 AL
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      AMPARO DE LA REGLA 9.2 (E), PRESENTADA POR EL
      DEMANDADO EL 5 DE JULIO DE 2023.

      SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR- ERRÓ EL TPI AL
      DEJAR SIN EFECTO UN DICTAMEN DE PENSIÓN
      ALIMENTARIA LUEGO DE QUE EL ALIMENTISTA
      ADMITIERA CAPACIDAD ECONÓMICA, Y LUEGO DE QUE
      LAS PARTES ESTIPULARAN TANTO LAS PARTIDAS
      ECONÓMICAS COMO LA DEUDA POR EL EFECTO
      RETROACTIVO DEL ACUERDO.

      TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR- ERRÓ EL TPI AL
      INTERPRETAR    I.C.A.R.A. EN  CUANTO   A    LA
      DESIGNACIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL O DOMICILIO
      Y CEDER EL EJERCICIO DE SU JURISDICCIÓN EN
      FAVOR DE LA JURISDICCIÓN DE COLOMBIA.

      CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR- ERRÓ EL TPI EN
      SU APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y
      TESTIFICAL Y EN CUANTO A SU SUFICIENCIA PARA
      APOYAR SUS CONCLUSIONES.

      El 10 de enero de 2024, emitimos Resolución mediante la cual le

concedimos al Apelado hasta el 17 de enero de 2024 para presentar su

alegato en oposición. Dicho plazo fue extendido hasta el 22 de enero de

2024, por vía de la Resolución emitida el 16 de enero de 2024. Ese mismo

día, compareció la señora Thula Tovar mediante “Moción acreditando

método de reproducción de la prueba oral”.

      En el ínterin, el señor Simón Mata presentó su alegato en oposición

al recurso ante nuestra consideración. Así el trámite apelativo, el 23 de

enero de 2024, emitimos otra Resolución concediéndole a la Apelante el

plazo solicitado para presentar la exposición narrativa de la prueba y

establecimos los términos posteriores conducentes al perfeccionamiento

del recurso, luego de la presentación de la misma. A pesar de lo anterior,

el 11 de marzo de 2024, la señor Thula Tovar compareció ante este

Tribunal mediante “Moción para que se dé por perfeccionado [el]

Recurso”. Expresó que se encontraba en estado de indefensión

económica e impedida de financiar la exposición narrativa de la prueba, por

lo que solicitó que diéramos por perfeccionado el recurso que nos ocupa.

      En vista de lo anterior, y con el beneficio de la comparecencia de

ambas partes, procedemos a resolver.
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                                        II.

                                     A.

      El 25 de octubre de 1980, se aprobó el Convenio de la Haya, supra,

con el objetivo de proteger a los menores a nivel internacional de los

efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o retención ilegal

y velar porque los derechos de custodia y de visita provistos por un Estado

contratante, se respeten en los demás Estados Contratantes. La

Convención ha sido definida como procesal y jurisdiccional, pues no ofrece

parámetros internacionales uniformes para determinar los derechos de

custodia. De Los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282, 316-317 (1996)

(Sentencia). Este tratado permite que todas las controversias de custodia

sean litigadas en la jurisdicción donde el menor es un residente habitual.

Íd., pág. 317. Los países que se unen a la Convención acuerdan devolver

a todos los menores que han sido sustraídos o retenidos ilícitamente al

estado de su residencia habitual. Íd.

      El Artículo 3 del referido Convenio dispone que un traslado se

considerará ilegal en las siguientes circunstancias:

      1. Cuando se hayan producido con infracción de un derecho
         de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una
         persona, a una institución, o a cualquier otro organismo,
         con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el
         menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes
         de su traslado o retención; y

      2. Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva,
         separada o conjuntamente, en el momento del traslado o
         de la retención, o se habría ejercido de no haberse
         producido dicho traslado o retención.

      De la misma forma, el Artículo 17 del Convenio de la Haya, supra,

indica que la existencia de una decisión sobre custodia en el estado en que

se encuentran los menores ilegalmente sustraídos no debería ser motivo

para denegar la orden de retorno del menor. Así pues, las sentencias

dictadas en contravención de este Tratado no pueden modificar el lugar de

residencia habitual del menor.

      Por su parte, la legislación ICARA, supra, fue promulgada con el

propósito de definir el procedimiento a seguir para la implementación del

Convenio de la Haya en Estados Unidos. Según este estatuto, un
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peticionario establece un caso prima facie de remoción ilegal demostrando,

por preponderancia de la evidencia, que: (1) el país extranjero era la

residencia habitual del menor justo antes de la fecha de su traslado; (2) la

remoción violó los derechos de custodia del peticionario bajo las leyes del

país extranjero, y (3) el peticionario ejercitaba la custodia del menor al

momento de la remoción. 42 USC sec. 11603(e)(1)(A).

       De otro lado, el “Federal Full Faith and Credit for Child Support

Orders Act”, 28 USC sec. 1738B et seq., fue creado con objetivo de que

ningún estado pueda alterar una determinación de pensión alimentaria que

cumpla con las leyes del estado en que se emite. Cancel Rivera v.

González Ruiz, 200 DPR 319, 331 (2018). Con este fin, esta ley exige el

cumplimiento del dictamen original de pensión alimentaria establecido por

el estado emisor. Íd. Por lo tanto, los tribunales de Puerto Rico deben

otorgar entera fe y crédito a los decretos sobre pensión alimenticia emitidos

en otros estados o jurisdicciones. Íd. De igual modo, esta obligación se

extiende a otras jurisdicciones, cuando la orden es emitida por los

tribunales de Puerto Rico.

       Para que una orden de pensión alimentaria sea compatible con los

parámetros del “Federal Full Faith and Credit for Child Support Orders Act”,

supra, debe cumplir con los siguientes requisitos:

          (1) a court that makes the order, pursuant to the laws of
         the State in which the court is located and subsections (e),
         (f), and (g)—
         (A) has subject matter jurisdiction to hear the matter and
         enter such an order; and
         (B) has personal jurisdiction over the contestants; and
         (2) reasonable notice and opportunity to be heard is given
         to the contestants. 28 USC sec. 1738B(c).

       En otras palabras, si el tribunal emisor poseía jurisdicción sobre la

materia y sobre las partes, y siguió el debido proceso de ley al notificar del

proceso y concederle a las partes la oportunidad de ser oídos, el dictamen

se realizó conforme a las disposiciones de la “Federal Full Faith and Credit

for Child Support Orders Act”, supra; Cancel Rivera v. González Ruiz,

supra, pág. 336. Del mismo modo, este estatuto define el término “child’s

home state” o residencia habitual como el lugar donde un menor vivió con

uno de sus progenitores o una persona que actúe como progenitor durante
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al menos seis (6) meses consecutivos inmediatamente antes del momento

de la presentación de la petición de pensión de alimentos. 28 USC

sec.1738B(b)(3).

                                     B.

      Según el derecho internacional privado, cada jurisdicción goza de

una soberanía jurídica, la cual va en contra de la validez automática de

sentencias dictadas en otros estados o países. Rodríguez Contreras v.

E.L.A., 183 DPR 505, 514 (2011). El exequátur es el mecanismo procesal

mediante el cual se convalidan y reconocen judicialmente las sentencias

emitidas por otras jurisdicciones por los tribunales del foro donde se

pretende hacer efectiva. 32 LPRA Ap. V, R. 55.1. Se consideran sentencias

extranjeras aquellas dictadas por tribunales de países extranjeros y por

tribunales estatales de los Estados Unidos. Gulf Petroleum et al. v.

Camioneros, 199 DPR 962, 966 (2018). Este procedimiento tiene como

objetivo garantizarles a las partes afectadas por la sentencia en una

jurisdicción distinta, el derecho al debido proceso de ley y la oportunidad

de ser oídas y presentar sus defensas. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co.,

177 DPR 369, 375 (2009).

      En nuestro ordenamiento jurídico las sentencias extranjeras no

operan ex propio vigore. Márquez Estrella, Ex parte, 128 DPR 243, 252

(1991). Es decir, se requiere el reconocimiento de los tribunales locales

para concederles validez. Íd. Según la Regla 55.5 de Procedimiento Civil,

el procedimiento a seguir es el siguiente:

      El tribunal, luego de resolver los planteamientos de índole
      procesal que sean pertinentes, determinará si la sentencia de
      otra jurisdicción cumple con las siguientes normas:
                                     […]
      (b) Si se trata de una sentencia dictada en otra jurisdicción
          que no sea un estado de Estados Unidos o sus territorios:
          (1) Que se haya dictado por un tribunal con jurisdicción
              sobre la persona y el asunto que sea objeto de la
              misma;
          (2) que se haya dictado por un tribunal competente;
          (3) que el tribunal que la emitió haya observado los
              principios básicos del debido proceso de ley;
          (4) que el sistema bajo el cual fue dictada se distinga por
              su imparcialidad y por la ausencia de perjuicio por las
              personas extranjeras;
          (5) que no sea contraria al orden público;
          (6) que no sea contraria a los principios básicos de
              justicia, y
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          (7) que no se haya obtenido mediante fraude. 32 LPRA
              Ap. V, R. 55.5.

       Es importante destacar que el tribunal que lleve a cabo este proceso

no puede entrar a considerar los méritos de la sentencia extranjera. Mench

v. Mangual, 161 DPR 851, 856 (2004). Por tal razón, sólo se admitirá

aquella prueba indispensable para esclarecer la aplicación de las normas

relacionadas a la procedencia del exequátur. Rodríguez Contreras v.

E.L.A., supra, pág. 519. Así pues, el tribunal se limitará a resolver los

planteamientos pertinentes de índole procesal y a determinar si la

sentencia dictada cumplió con todas las normas del Derecho internacional

privado. Íd.

                                     C.

       Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que, ante la

ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se favorece

la intervención de los tribunales apelativos para revisar la apreciación de la

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Ortiz Ortiz v. Medtronic

Puerto Rico Operations, Co., 209 DPR 759, 779 (2022). Al respecto, la

Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone que “[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar

la credibilidad de los testigos”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

       Es decir, un tribunal apelativo no tiene facultad de sustituir por sus

propias apreciaciones las determinaciones del foro de instancia. Serrano v.

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). La razón jurídica detrás de esta

normativa se fundamenta en la apreciación que hace el adjudicador de los

hechos de la prueba testifical, porque al ser una tarea llena de elementos

subjetivos, es él quien está en mejor posición para aquilatarla. Sucn.

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). El Tribunal de

Primera Instancia es el foro que tiene la oportunidad de escuchar el

testimonio y apreciar el comportamiento de los testigos. Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Basándose en ello, adjudica la
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credibilidad que le merecen los testimonios. Así, la declaración directa de

un sólo testigo, de ser creída por el juzgador de hechos, es prueba

suficiente de cualquier hecho. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR

345, 357 (2009).

       A tenor con lo anterior, se le concede respeto a la adjudicación de

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos, dado que el

foro apelativo cuenta solamente con “récords mudos e inexpresivos”.

Trinidad v. Chade, supra, pág. 291. No obstante, la norma de deferencia

judicial tiene límites y no supone una inmunidad absoluta frente a la función

de los tribunales revisores. El Tribunal Supremo aclaró en Dávila Nieves v.

Meléndez Marín, supra, por primera vez, qué constituye que un juez

adjudique con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su determinación sea

un error manifiesto. Allí se concluyó que un juzgador incurre en pasión,

prejuicio o parcialidad si actúa “movido por inclinaciones personales de tal

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la

prueba recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”.

Íd., pág. 782.

       Por otro lado, se consideran claramente erróneas las conclusiones

del foro revisado si de un análisis de la totalidad de la evidencia, el foro

apelativo queda convencido de que “se cometió un error, [...] [porque] las

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, justiciero y

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Íd., pág. 772. En otras

palabras, incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de esa

prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o

increíble”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018).

       Por lo tanto, la facultad de los tribunales apelativos para sustituir el

criterio de los tribunales de instancia se reduce a aquellas circunstancias

en las que, a la luz de la prueba admitida, “no exista base suficiente que

apoye su determinación”. Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR

783, 794 (2020). Como es conocido, las diferencias de criterio jurídico no

cumplen con el referido estándar de revisión. Íd.
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                                    III.

      Los primeros dos errores están íntimamente relacionados, por lo

tanto, se abordarán de manera conjunta en la presente discusión. La

señora Thula Tovar sostiene que el TPI erró al declarar “Con Lugar” la

“Moción en Solicitud de Relevo de Resolución” y al dejar sin efecto el

dictamen previo de pensión alimentaria recogido en la Resolución emitida

por el foro apelado el 27 de marzo de 2023.

      Surge del expediente del caso que la señora Thula Tovar contrajo

matrimonio con el señor Mata Cabello el 21 de marzo de 2008, en el estado

de la Florida, Estados Unidos de América. En el año 2012, por motivos de

empleo, la pareja se mudó para Puerto Rico, donde procrearon dos hijos.

Posteriormente, en el mes de julio de 2018, la familia se relocalizó a la

ciudad de Bogotá, Colombia. Así las cosas, para el 8 de febrero de 2020,

las partes estaban enfrentando varias desavenencias en su matrimonio,

por lo que contemplaron la disolución del vínculo matrimonial. El 11 de

febrero de 2020, mientras el Apelado estaba de viaje, la Apelante abandonó

la jurisdicción de Colombia junto a sus dos hijos menores de edad, sin el

consentimiento del señor Mata Cabello y se regresó a Puerto Rico.

      Como hemos adelantado, según el Convenio de la Haya, supra,

ocurre un traslado ilegal cuando se haya transgredido un derecho de

custodia que una persona ostenta de acuerdo con la legislación en vigor en

el estado donde el menor tenía su residencia habitual. Es decir, que el país

extranjero era la residencia del menor antes de ser removido sin el

consentimiento del progenitor. 42 USC sec. 11603(e)(1)(A). De la misma

manera, el Tratado permite que las controversias sean litigadas en la

jurisdicción donde el menor es un residente habitual. De Los Rios v.

Meléndez, supra, pág. 317. Por otro lado, el “Federal Full Faith and Credit

for Child Support Orders Act”, supra, dispone que la residencia de un menor

o el “child’s home state” es el lugar donde un niño residió durante un

período de al menos seis (6) meses consecutivos antes de presentar una

acción de alimentos. Esta legislación prohíbe la alteración de
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pensiones alimenticias válidamente emitidas en otros estados o

países extranjeros.

      En vista de lo anterior, somos de la opinión de que en nuestro caso

hubo un traslado ilícito de los menores J.A.M.T. y A.I.M.T. Esto es así, ya

que desde el año 2018 los menores vivieron ininterrumpidamente en

Bogotá, Colombia hasta el día de su traslado, el 11 de febrero de 2020.

Esto es, habitaron más de seis (6) meses consecutivos en dicho país. Cabe

destacar que uno de los menores cursó Kindergarden y primer grado en el

Colegio Nueva Granada de Bogotá, mientras que el otro asistió al centro

prescolar llamado “Sésamo Kids” en Bogotá, Colombia. Por tales motivos,

correspondía a los tribunales de Colombia y no a los de Puerto Rico,

determinar las relaciones paternofiliales e imponer una pensión alimentaria.

      Según la normativa vigente, las sentencias dictadas por estados o

países extranjeros deben ser validadas y reconocidas por nuestro

ordenamiento a través del mecanismo conocido como exequátur. 32 LPRA

Ap. V, R. 55.1. Relativo a lo anterior, conviene establecer que el 4 de marzo

de 2022, el Juzgado 29 de Familia de Bogotá, además de decretar el

divorcio y establecer las relaciones parentales, impuso una pensión

alimentaria a favor de los menores habidos durante el matrimonio de

las partes de epígrafe. Dicho dictamen fue modificado en cuanto a las

relaciones filiales se refiere mediante Sentencia de 10 de agosto de 2022.

      Posterior a que el Juzgado 29 de Familia de Bogotá impusiera la

pensión alimentaria a favor de los menores, a saber, el 27 de marzo de

2023, el TPI emitió una Resolución mediante la cual fijó una pensión

alimentaria distinta. Así las cosas, el 26 de mayo de 2023, el TPI dictó una

Sentencia de Exequátur en la cual se le brindó entera fe y crédito a ambas

Sentencias dictadas por los foros judiciales de Colombia.

      A la luz del tracto procesal y fáctico anterior, es evidente que la

pensión alimentaria del Juzgado 29 de Familia de Bogotá se impuso

primero que aquélla dispuesta por el foro apelado en la Resolución de 27

de marzo de 2023. Nótese que los foros judiciales colombianos impusieron

y adjudicaron la controversia sobre los alimentos 10 meses antes que la
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determinación que efectuó el TPI a esos fines. Por tanto, de conformidad

con el estado de derecho vigente, es forzoso concluir que el señor Mata

Cabello debe satisfacer la suma impuesta por el Juzgado 29 de Familia de

Bogotá, ascendente a 5 millones de pesos colombianos o su equivalente

en dólares americanos. Así pues, actuó correctamente el TPI al declarar

“Con Lugar” la “Moción en Solicitud de Relevo de Resolución” y al dejar

sin efecto el dictamen de pensión alimentaria emitido por dicho foro el 27

de marzo de 2023.

       Lo anterior, puesto que el “Federal Full Faith and Credit for Child

Support Orders Act”, supra, persigue que se cumpla el dictamen original

de pensión alimentaria establecido por el estado emisor. Por lo tanto, los

tribunales de Puerto Rico debemos otorgar entera fe y crédito a los

decretos sobre pensión alimenticia emitidos en otros estados o

jurisdicciones.   Habiéndose    establecido    que    los   foros   judiciales

colombianos poseían jurisdicción sobre la materia y sobre las partes, y

garantizaron el debido proceso de ley al notificar del proceso y concederle

a las partes la oportunidad de ser oídos, el decreto alimentario se realizó

conforme a las disposiciones del “Federal Full Faith and Credit for Child

Support Orders Act”, supra y procede que sea ejecutado en nuestra

jurisdicción. No se cometieron los errores señalados.

       Como tercer y cuarto señalamiento de error, la Apelante arguye que

el TPI erró al interpretar ICARA, supra, en cuanto a la designación de

residencia habitual o domicilio y ceder al ejercicio de su autoridad en ley en

favor de la jurisdicción de Colombia, pues incidió en la apreciación de la

prueba documental y testifical presentada. No le asiste la razón, veamos

por qué.

       Del expediente del caso se desprende que los menores J.A.M.T. y

A.I.M.T residieron en Bogotá, Colombia, de manera continua durante un (1)

año y siete (7) meses antes de ser trasladados a Puerto Rico sin la

autorización del Apelado, a saber: del 14 de julio de 2018 hasta el 11 de

febrero de 2020. Asimismo, la señora Thula Tovar y los menores contaban

con familiares y amistades en Colombia con quienes compartían
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regularmente. Según las determinaciones de hechos realizadas por el foro

primario y la prueba creída por el juzgador, al mudarse a Colombia, las

partes no tenían contemplado regresar a la jurisdicción de Puerto Rico.

        La Apelante alude a que el TPI no distinguió del concepto de

permanencia y de exclusividad del domicilio, más no efectúa un análisis

legal con las fuentes de derecho que sustentan su postura o hace

referencia a evidencia alguna. Además, el análisis de la documentación que

obra en los autos del caso en unión con el estado de derecho reseñado,

conduce a la conclusión de que no se desprende ningún indicio de que el

TPI se hubiera equivocado al negarse a intervenir en la adjudicación de la

custodia efectuada por el Juzgado 29 de Familia de Bogotá y hacerla valer

en Puerto Rico. Ello puesto que carecemos de elementos para concluir lo

contrario; más aún cuando existe una admisión de la propia señora Thula

Tovar en la “Demanda de Divorcio”, a los efectos de que aprovechó que

el Apelado se encontraba fuera del país el 11 de febrero de 2020 para

regresar a Puerto Rico con los menores, con la intención de quedarse aquí

permanentemente.3 Nótese que, de por sí, dicha admisión demuestra la

sustracción de los menores del lugar en donde tuvieron su residencia

habitual por espacio de casi dos (2) años antes de que fueran trasladados

a Puerto Rico por su madre y sin contar con el consentimiento del Apelado.

        Adicionalmente, es norma conocida en nuestro ordenamiento

jurídico que, ante la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o

pasión, no se favorece la intervención de los tribunales apelativos para

revisar la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las

determinaciones de hechos formuladas por el foro de instancia. Ortiz Ortiz

v. Medtronic Puerto Rico Operations, Co., supra. Asimismo, es sabido que,

en nuestra jurisdicción, las partes que recurren ante este Tribunal tienen la

ineludible responsabilidad de cumplir rigurosamente con las pautas

reglamentarias aplicables que regulan el proceso de perfeccionamiento de

los recursos que se presentan ante nuestra consideración. Hernández

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). Nuestro Reglamento

3 Véase, Apéndice del recurso, pág. 7, ¶23.
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establece que la parte apelante está en la obligación de presentar una

transcripción de la prueba, una exposición estipulada de la misma o una

exposición narrativa de la evidencia oral presentada ante el foro de

instancia cuando esgrime planteamientos de error cuestionando la

apreciación errónea de la evidencia y las determinaciones de hechos del

tribunal de instancia.4

       Según se desprende del expediente, tenemos ante nuestra

consideración planteamientos relativos a la apreciación de la prueba y

tendentes a sugerir que las determinaciones de hechos no están

sostenidas por la evidencia desfilada. No obstante, el expediente no cuenta

con una exposición narrativa de la prueba oral que nos permita evaluar la

validez de los planteamientos traídos ante nuestra consideración, toda vez

que la Apelante renunció a así hacerlo mediante la “Moción para que se

dé por perfeccionado [el] Recurso”. Por lo tanto, en ausencia de ello,

este Tribunal está obligado a abstenerse de revisar las determinaciones de

hechos y la apreciación que le dio el foro primario en su ejercicio de

aquilatar la prueba que tuvo ante su consideración.

       En fin, a pesar de que los argumentos ante nos están centrados en

que el TPI cometió error al apreciar la evidencia desfilada y que sus

conclusiones de derecho no se ajustan a la prueba admitida durante la vista

celebrada, la Apelante entendió que este Tribunal bien podría evaluar los

méritos del recurso sin el beneficio de la reproducción de la prueba oral.

Sostenemos, en cambio, que dicha herramienta era indispensable para

ejercer nuestra función revisora. La ausencia de la exposición narrativa de

la prueba oral que justifique nuestra intervención no permite que el Tribunal

de Apelaciones tenga los elementos para descartar la apreciación

razonada y fundamentada del foro de instancia. Hernández Maldonado v.

Taco Maker, supra, pág. 289.

       En otras palabras, estamos ante un panorama en el que contamos

con simples alegaciones que no derrotan la presunción de corrección que

4 Véanse, Reglas 19 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, RR. 19 y 76.
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cobija las determinaciones de hechos y conclusiones basadas en la prueba

oral, ni la adjudicación de credibilidad que efectuó el foro primario. Por lo

tanto, huérfano el expediente apelativo de evidencia específica tendente a

establecer que el TPI actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto, no estamos en condiciones de variar el dictamen apelado. A la

luz de ello, este foro apelativo no se encuentra en posición de atender los

reclamos que allí se le plantean, por lo que resulta forzoso confirmar el

dictamen apelado. Por tanto, concluimos que el TPI no erró en su

determinación.

                                     IV.

       Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos formar

parte de la presente Sentencia, confirmamos el dictamen apelado.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones