Court Opinion

ID: 9952375
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:24.298956+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:05.259539
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL VI

    POPULAR AUTO LLC,                             Apelación procedente
           antes                                  del Tribunal de Primera
    RELIABLE FINANCIAL                            Instancia, Sala Superior
      SERVICES, INC.                              de Ponce
        APELADOS
                                              Caso Núm.:
              V.                KLAN202301158 PO2022CV02046

            JOSÉ L.
     RIVERA VÁZQUEZ                              Sobre:
          APELANTE                               Cobro de dinero
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera
Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

      El Sr. José L. Rivera Vázquez comparece ante este Tribunal

mediante el recurso de apelación de autos en el que impugna la Sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, el 4

de octubre de 2023 y notificada el 10 de octubre de 2023. Por medio del

referido dictamen, el foro de instancia dictó sentencia sumaria en la cual

impuso a la parte demandada el pago de lo adeudado, así como los

intereses acumulados y costas del litigio.

      Por los fundamentos a continuación, confirmamos la Sentencia

apelada.

                                     I

      El 28 de julio de 2022, Popular Auto LLC presentó una demanda en

cobro de dinero en contra del Sr. Rivera Vázquez para reclamar el pago de

una deuda. Precisamente, alegó que era cesionario de un contrato de venta

al por menor a plazos otorgado por Reliable Financial Services, Inc. con

fecha de 20 de agosto de 2016. Mediante dicho contrato el Sr. Rivera

Vázquez adquirió un vehículo Honda, modelo HRV del 2016 y se obligó a

un primer pago mensual de $620.50 y ochenta y tres (83) pagos mensuales

de $479.00. Sostuvo que el apelante incumplió su obligación de pago

mensual.

Número Identificador
RES2024______________
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       Luego de múltiples trámites procesales, Popular Auto presentó una

moción de sentencia sumaria en la que adujo que no existían controversias

de hecho que requirieran la celebración del juicio. Por su parte, el Sr. Rivera

Vázquez expuso que permanecía en disputa lo siguiente: la cantidad

exacta de la deuda; si los apelados realizaron requerimientos de pago

previos a la presentación de la demanda; y, si al momento de los hechos

estaba vigente una póliza de seguro. Atendidas estas mociones, el Tribunal

de Primera Instancia dictó sentencia sumaria en la que ordenó el pago de

la deuda ascendente a $18,097.54, así como los intereses acumulados al

6.5% anual desde la presentación de la demanda y las costas del litigio.

       Inconforme, tras una moción de reconsideración declarada no ha

lugar, el Sr. Rivera Vázquez presentó el recurso ante nuestra consideración

en el que sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió los

siguientes errores:

       Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia (Juez
       Francisco J. Rosado Colomer) al desestimar el caso,
       mediante sentencia sumaria, cuando existen controversias
       sobre hechos materiales.

       Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia (Juez
       Francisco J. Rosado Colomer) al desestimar el caso,
       mediante sentencia sumaria, basándose en prueba de
       referencia.

       Asimismo, la parte apelada presentó Oposición a escrito de

apelación en la que sostuvo que no existe controversia alguna en cuanto a

su incumplimiento contractual. Precisamente, argumentó que el apelante

descansó en meras aseveraciones y que este, durante el descubrimiento

de prueba, admitió su deuda. Asimismo, alegó que el apelante había

admitido que recibió una carta de cobro del Banco. Finalmente, respecto a

la alegada póliza de seguro, sostuvo que no existía evidencia de seguro

vigente a la fecha del accidente.

                                      II

       A. Sentencia Sumaria

       En nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia sumaria responde al

propósito de aligerar la conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su
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fondo, pero siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a

ser dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”.

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001). Véase, además,

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018). Conforme a

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar una moción de

sentencia sumaria se requiere la presentación de “una moción fundada en

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia

de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para

que el tribunal dicte sentencia sumariamente” bien sea sobre la totalidad

de la reclamación o parte de esta.

         En este sentido, un hecho material “es aquel que puede afectar el

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo

aplicable”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110

(2015). Por ello, “[l]a controversia debe ser de una calidad suficiente como

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario”.

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Asimismo, [e]l tribunal

no tendrá obligación de considerar aquellos hechos que no han sido

específicamente enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en

evidencia donde se establecen.”. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil,

supra.

         En armonía con lo anterior, la sentencia sumaria solo debe dictarse

en casos claros. Si no existe certeza sobre todos los hechos materiales en

la controversia, no procede que se dicte sentencia sumaria. Sin embargo,

se ha establecido que la sentencia sumaria, “[p]rocede, aunque se hayan

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el

promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los

hechos medulares.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 577. Ante

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, es

decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia admisible.” Id.
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        En fin, toda vez que la sentencia sumaria es un remedio de carácter

discrecional, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su

día en corte’, principio elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. Adm.

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). Siendo esto así, solo

procede que se dicte la sentencia sumaria “cuando surge de manera clara

que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de

todos     los    hechos      necesarios      para     poder     resolver     la

controversia.” Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 109-

110. De haber alguna duda acerca de la existencia de una controversia

sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá resolverse

contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la celebración de

un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115,133 (1992).

        Según se ha reiterado jurisprudencialmente, este tribunal revisor se

encuentra en la misma posición que el foro de primera instancia al

determinar si procede o no una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar

la determinación del tribunal primario, estamos limitados de dos maneras:

(1) considerar solamente los documentos que se presentaron ante el foro

de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna controversia

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de

forma correcta. Esto es, estamos impedidos de adjudicar los hechos

materiales esenciales en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335

(2004). El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea

que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio. Por

consiguiente, el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, estableció el estándar que debemos utilizar como tribunal

revisor al momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que

se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria.

        En lo pertinente, dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de

Apelaciones es de novo y debe examinar el expediente de la manera más
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favorable hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria

en el foro primario”. Id. en la pág. 118. Además, reiteró que por estar en la

misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de

forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento Civil. Id. Asimismo, se

ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los hechos o

documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de sentencia

sumaria” y que “[d]eben considerar todos los documentos en autos, sean o

no parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones que hagan las

partes.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).

       B. Cobro de dinero

       El Código Civil de Puerto Rico dispone en su Artículo 1230 que “[e]l

contrato es el negocio jurídico bilateral por el cual dos o más partes

expresan su consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear,

regular, modificar o extinguir obligaciones. 31 LPRA sec. 9751. Además,

“[l]o acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus

sucesores y ante terceros en la forma que dispone la ley”. Id. sec. 9754.

Así pues, los contratos se perfeccionan “desde que las partes manifiestan

su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en los casos en que se

requiere el cumplimiento de una formalidad solemne o cuando se pacta una

condición suspensiva. Id. sec. 9771.

       En Puerto Rico el principio de la autonomía de la voluntad rige la

contratación. Este principio le concede amplia libertad de acción a las

partes que desean obligarse. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693

(2008). En nuestro ordenamiento jurídico esta norma está recogida en el

Artículo 277 del Código Civil, el cual dispone que “[e]s facultativo contratar

o no hacerlo, y hacerlo, o no, con determinada persona. 31 LPRA sec.

9753. Además, establece que “[l]as partes pueden acordar cualquier

cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público”. Id.;

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García,

155 DPR 713, 724 (2001). Estas normas reconocen la autonomía de la
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voluntad de las partes contratantes que han escogido obligarse

mutuamente.

       En cuanto a la interpretación de los contratos, si los términos de un

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes,

se estará al sentido literal de sus palabras. 31 LPRA sec. 6342. Los

términos de un contrato son claros cuando pueden ser entendidos en un

único sentido, sin lugar a dudas o controversias, sin diversidad de

interpretaciones para su compresión. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170

DPR 443, 450 (2007).

       Respecto al contrato de préstamo, el Código Civil dispone que este

consiste en aquel en que “el prestamista se obliga a entregar al prestatario,

a título de propiedad, una determinada cantidad de bienes fungibles y este

se obliga a restituir al prestamista esa misma cantidad de bienes, de la

misma especie y calidad”. 31 LPRA sec. 10081. Los elementos para que

proceda una acción de cobro por incumplimiento de contrato basta con que

el demandante demuestre: (a) que existe una deuda válida; (b) que no se

ha pagado, y (c) que es el acreedor y el demandado su deudor. General

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). Una deuda es

exigible cuando el acreedor requiere que esta debe ser satisfecha y

reclama su cumplimiento. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772

(2001). Cuando haya controversias sobre si la deuda es líquida y exigible

o no, la cuantía debe ser objeto de prueba. Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., 174 DPR 921, 937 (2008).

       C. Prueba de referencia

       El propósito principal de las Reglas de Evidencia “es el

descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos judiciales”. Regla

102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Estas Reglas definen prueba de

referencia como una declaración que no sea la que la persona declarante

hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad

de lo aseverado. Id. R. 801(c). Como norma general, este tipo de evidencia

es inadmisible en los procedimientos judiciales. Id. R. 804. Sin embargo,
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existen excepciones al principio general de exclusión de prueba de

referencia, entre estas se encuentra la contemplada por la Regla 805(f) de

Evidencia, Id.

      Como es sabido, los récords de actividades que se realizan con

regularidad constituyen declaraciones que podrían ser admisibles como

excepción a la regla de exclusión si la parte con interés de presentarlos

cumple los parámetros fijados por la Regla 805(f), a saber:

      1) que el documento se haya preparado en o cerca del
         momento en que ocurrieron los sucesos o actividades allí
         mencionadas;
      2) que este haya sido realizado por una persona que tiene
         conocimiento de dichos asuntos o mediante información
         transmitida por esta;
      3) que esos récords se hayan efectuado en el curso de una
         actividad de negocios realizada con regularidad;
      4) que la preparación de estos se hizo en el curso regular de
         la referida actividad de negocio; y
      5) que el custodio o alguna otra persona testigo cualificada
         declare sobre estos asuntos, o se presente una
         certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla
         902(k) de Evidencia o con algún estatuto que autorice
         dicha certificación, a menos que la fuente de información,
         el método o las circunstancias de su preparación inspiren
         falta de confiabilidad en cuyo caso el tribunal excluirá la
         evidencia.

      Solo mediante la presentación de la antepuesta evidencia es que la

parte que interesa someter como prueba los “récords de actividades que

se realizan con regularidad” sienta adecuadamente las bases para su

admisión y por tanto cumple con el requisito de autenticación. “Los

fundamentos de esta excepción a la regla general de exclusión de prueba

de referencia descansan en razones de necesidad, confiabilidad,

experiencia y en el carácter rutinario del documento”. Muñiz Noriega v.

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010).

                                    III

      El apelante sostiene en el recurso de epígrafe que existían hechos

en controversia que impedían que el Tribunal de Primera Instancia dictara

sentencia sumaria y que ameritaban dilucidarse mediante la celebración

del juicio en su fondo. Específicamente, apuntó que se encuentra en

controversia el monto de la deuda, lo que constituye una cuestión
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fundamental que no puede resolverse sumariamente. Añadió que existía

una discrepancia en cuanto a los requerimientos de pago aducidos por los

apelados. Finalmente, como segundo señalamiento de error, argumentó

que la declaración jurada de Lourdes Mojica Fernández constituye prueba

de referencia que no cumple con los estándares para fundamentar una

moción de sentencia sumaria. La moción de sentencia sumaria planteó los

siguientes hechos incontrovertidos:

      1. La parte demandante, Popular Auto, LLC, es una
         Institución Bancaria debidamente inscrita y autorizada a
         hacer negocios en Puerto Rico, con oficinas localizadas
         en el edificio Caparra Center 1451 Ave. F.D. Roosevelt,
         San Juan, P.R. 00920-2717 y con dirección postal en el
         P.O. Box 70370, San Juan P.R. 00936-8370, teléfonos:
         (787) 792-9292 y (787) 751-4848, con número de seguro
         social patronal #XX-XXXXXXX.
      2. La dirección de la parte demandada es Urb. Glenview,
         Calle W-23 #A-40, Ponce P.R. 00731 y dirección postal
         en Urb. Glenview, A-40 Calle Estancia, Ponce, P. R.
         00730-1619.
      3. La parte demandada suscribió el 20 de agosto de 2016 un
         contrato de venta al por menor a plazos con Popular Auto
         LLC. con el número 83000121259650001, mediante el
         cual adquirió un vehículo de motor marca HONDA del año
         2016, modelo HRV, serie 3CZRU5H58GM731625.
         (Exhibit 1 - Contrato de Venta al Por Menor a Plazos de
         Vehículos).
      4. El Sr. José L. Rivera Vázquez compareció en dicho
         contrato como comprador. (Exhibit 1 - Contrato de Venta
         al Por Menor a Plazos de Vehículos).
      5. Bajo dicho contrato la parte demandada se obligó a
         efectuar un primer pago mensual de mensual [sic.] de
         $620.50 dólares y 83 pagos mensuales posteriores de
         $479.00 dólares. (Exhibit 1 - Contrato de Venta al Por
         Menor a Plazos de Vehículos).
      6. Que la parte demandante ha realizado gestiones para el
         cobro de las sumas adeudadas, habiendo resultado las
         mismas infructuosas. (Exhibit 2 - Declaración Jurada de
         la Sra. Lourdes Mojica Fernández).
      7. La parte demandada conocía que la falta de pago del
         vehículo objeto del Contrato de Venta al Por Menor a
         Plazos de Vehículos, tendría la consecuencia de hacer
         líquida y exigible la deuda resultante de dicho
         incumplimiento. (Exhibit 1 - Contrato de Venta al Por
         Menor a Plazos de Vehículos).
      8. La parte demandada es responsable de la cantidad
         adeudada tras el incumplimiento con el Contrato de Venta
         al Por Menor a Plazos de Vehículos. (Exhibit 2 -
         Declaración Jurada de la Sra. Lourdes Mojica
         Fernández).
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       9. Que ante dicho incumplimiento la parte demandada le
          adeuda a la parte demandante la suma total de
          $18,097.54 dólares, más los honorarios de abogado, por
          el incumplimiento del contrato y según pactados
          ascienden a la cantidad de $904.88 dólares. (Exhibit 2 -
          Declaración Jurada de la Sra. Lourdes Mojica
          Fernández).

       Respecto a los hechos #1 y #2, el apelante los reconoció como

incontrovertidos. Sin embargo, en cuanto a los hechos #3, #4, #5 y #7

sostuvo que los apelados incumplieron los requisitos de la Regla 36.3 de

Procedimiento Civil, supra, la cual establece que la moción debe incluir una

“indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra

prueba admisible en evidencia”. Adujo que al no consignar los párrafos o

páginas específicas expuso al Tribunal y a la propia parte a adivinar en qué

parte de los exhibits se encuentra lo propuesto como hecho incontrovertido.

Por lo cual, expuso que el Tribunal de Primera Instancia debía tomarlos por

no puestos.

       Por otro lado, sobre los hechos incontrovertidos sugeridos por los

apelados #8 y #9 sostuvo que estos se encontraban en controversia. Alegó

que estos en realidad eran conclusiones de derecho que, mediante una

declaración jurada, pretendían establecer un hecho libre de controversias.

Así, expuso que, conforme a Corp. Presiding Bishop CJC v. Purcell, 117

DPR 714, 722 (1986), “en un procedimiento de sentencia sumaria las

declaraciones juradas que contienen sólo conclusiones, sin hechos

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto,

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye”. Razón

por la cual, sostuvo que había controversia sobre la cantidad exacta de la

deuda. Para fundamentar su reclamo de controversia, adujo que en la

pregunta 11 del interrogatorio expresó lo siguiente:

       Luego para el mes de marzo al verificar la cuenta del
       préstamo de auto con el banco Popular, el balance era 0 y no
       marcaba ningún balance en la cuenta del préstamo. Luego de
       esto me comunique con un funcionario del Banco Popular
       para verificar el estatus del préstamo y el mismo me indic[ó]
       que el préstamo ya estaba cancelado en su totalidad.
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       Además, señaló que, ante la pregunta 20 en la que se le cuestionó

la suma total adeudada, contestó “ninguna”.

       En segundo lugar, respecto al hecho #6, adujo que había

controversia sobre si Popular Auto hizo requerimientos de pago sobre las

deudas reclamadas. Fundamentó su reclamo en su contestación a la

pregunta 17 del interrogatorio que le fue cursado cuando, respecto a si le

habían hecho requerimientos de pago, respondió que “[n]o, solo los de la

presente demanda”. Por consiguiente, adujo que había controversia de

hechos al respecto.

       Tercero, arguyó que existía controversia sobre si el vehículo en

cuestión tenía una cubierta de seguro para cubrir los gastos. Precisó que,

al contestar la demanda, levantó como defensa afirmativa que “[e]l vehículo

mencionado en la demanda para la fecha del accidente estaba asegurado

para cubrir los gastos reclamados en la demanda”. De igual forma contestó

la pregunta 49 del interrogatorio en la que indicó que “[l]a cuenta ten[í]a un

seguro de cuenta con el banco que garantizaba la deuda del préstamo”,

“[p]or lo que el banco debió haber reclamado el balance adeudado”.

       Debido a que se trata de una adjudicación mediante el mecanismo

de sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en posición

para revisar de novo. Veamos.

       Respecto al primer señalamiento de error, el apelante sostiene que

existían hechos en controversias que impedían la disposición de la

demanda en su contra mediante el mecanismo de sentencia sumaria.

Precisó que los hechos #8 y #9 fueron debidamente controvertidos por este

al hacer referencia a sus contestaciones al interrogatorio cursado por

Popular Auto.

       En primer lugar, sostuvo que el hecho #8 constituye una conclusión

de derecho que correspondía al Tribunal adjudicar. El hecho #8 estableció

lo siguiente:

       8. La parte demandada es responsable de la cantidad
       adeudada tras el incumplimiento con el Contrato de Venta al
       Por Menor a Plazos de Vehículos. (Exhibit 2 -Declaración
       Jurada de la Sra. Lourdes Mojica Fernández).
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       Este hecho no constituye una conclusión de derecho puesto que lo

establecido es que el apelante fue parte contratante en el convenio en

controversia. Así surge del contrato en el que el Sr. José L. Rivera Vázquez

se obligó a responder por los pagos adeudados conforme a los términos

allí pactados. Además, dicha contención no constituye una oposición valida

a un propuesto hecho incontrovertido. Recuérdese que para demostrar la

existencia de controversias de hecho se requiere hacer referencia a

declaraciones juradas o evidencia que demuestre la existencia de

elementos que requieren ser dirimidos en un juicio plenario.

       Segundo, el apelante señaló que existía controversia sobre el monto

adeudado, sobre los requerimientos de pago previos a la presentación de

la causa de acción y sobre la existencia de una póliza de seguro. Por otro

lado, el hecho incontrovertido #9 sugerido por la parte apelada, estableció

lo siguiente:

       9. Que ante dicho incumplimiento la parte demandada le
       adeuda a la parte demandante la suma total de $18,097.54
       dólares, más los honorarios de abogado, por el
       incumplimiento del contrato y según pactados ascienden a la
       cantidad de $904.88 dólares. (Exhibit 2 - Declaración Jurada
       de la Sra. Lourdes Mojica Fernández).

       Según surge del expediente ante nuestra consideración, el Tribunal

de Primera Instancia tuvo la oportunidad de atender el reclamo del apelante

en cuanto a la existencia de una póliza de seguros vigente al momento de

los hechos. Precisamente, el foro primario emitió una Minuta el 19 de mayo

de 2023 en la que se documentó el descubrimiento de prueba, en el cual la

parte apelada sostuvo que la alegada póliza de seguros venció doce (12)

meses antes del accidente.1 La parte apelante quedó pendiente de producir

los documentos que evidenciaban la vigencia de una cubierta de seguros,

así como un documento del Banco Popular que reflejaba que la deuda

había sido salda. El Tribunal ordenó la producción de los documentos en el

término de quince (15) días. Así las cosas, ante la falta de producción de

1 Minuta, Apéndice de Apéndice de la Oposición a apelación, en las págs. 7-9.
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los referidos documentos, la parte apelada presentó su moción de

sentencia sumaria, la cual fue adjudicada por el foro primario.

        Examinado           el   expediente     ante     nuestra      consideración,

particularmente la moción de sentencia sumaria y su oposición,

confirmamos la sentencia apelada. Precisamente el apelante no logró

controvertir los hechos sugeridos por los apelados. Su contención de que

existía controversia sobre el monto de la deuda quedó rebatida por prueba

admisible que surge de la declaración jurada de la Sra. Lourdes Mojica

Fernández y la producción de documentos solicitados por el apelante

durante el descubrimiento de prueba.

        Precisamente, el apelante cursó un interrogatorio en el que solicitó

a los apelados que “[p]rovea copia de toda la evidencia documental que

usted se propone utilizar en la vista del juicio en su fondo”. Entre los

documentos provistos a partir de dicho requerimiento se encuentran avisos

de cobro,2 notificación de venta del vehículo en cuestión,3 contrato de

venta,4 facturas,5 solicitud de préstamo,6 documentos relacionados a la

entrega del vehículo,7 y sobre el estado del préstamo.8 Revisados estos

documentos, surge del “portfolio” de préstamo que, al 25 de mayo de 2022

el balance adeudado por el Sr. Rivera-Vázquez, Jose L. ascendía a

$18,097.54. Por tanto, no existe controversia respecto al monto adeudado

por el apelante. El Tribunal de Primera Instancia no erró al dictar sentencia

sumaria debido a que, conforme surge de una Minuta, el apelante quedó

pendiente de producir un alegado documento que reflejaba la contención

de este sobre el balance $0 de su deuda. Sin embargo, transcurrió el

término establecido por el foro de instancia para culminar el descubrimiento

de prueba sin que produjera el referido documento.

2 Contestación a interrogatorio, Apéndice de la Oposición a apelación, en las págs. 18 y

20.
3 Id. en la pág. 19.
4 Id. en las págs. 3-6.
5 Id. en las págs. 23-24.
6 Id. en la pág. 25.
7 Id. en las págs. 26-29.
8 Id. en las págs. 30-31.
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        Además, a pesar de que el apelante sostuvo que al momento del

accidente estaba vigente una póliza de seguro, surge del expediente ante

nuestra consideración lo contrario. Mediante una moción por derecho

propio, el apelante sometió ante el Tribunal de Primera Instancia evidencia

sobre una cubierta de seguros vigente desde el 01/02/2018 hasta el

01/02/2019.9 Sin embargo, el accidente en el que el vehículo en cuestión

se afectó aconteció en diciembre del 2019. Por consiguiente, la evidencia

provista para sostener la cubierta de algún seguro fue insuficiente para

controvertir el hecho propuesto bajo ese fundamento.

        Por otro lado, tampoco procedía el argumento del apelante de que

los apelados no particularizaron las páginas y párrafos sobre los que se

fundamentaron los hechos incontrovertidos propuestos. Sabido es que el

foro de instancia retiene discreción para adjudicarlos. La Regla 36.3(d) de

Procedimiento Civil, supra, establece que el foro primario no tiene la

obligación “de considerar cualquier parte de una declaración jurada u otra

prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en

una relación de hechos”. Por consiguiente, la falta de estas indicaciones no

representaba un impedimento para que el foro de instancia ejerciera su

autoridad al atender la moción de sentencia sumaria.

        Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia tampoco incurrió en el

segundo señalamiento de error referente a que la declaración jurada de la

Sra. Lourdes Mojica Fernández constituía prueba de referencia. Conforme

a lo antes expresado, constituye prueba de referencia aquella aseveración

oral o escrita, o conducta no verbalizada que hace una persona para probar

la verdad de lo aseverado. En este caso, el apelante adujo que la

declaración jurada de la Sra. Lourdes Mojica Fernández no cumplió las

disposiciones de la Regla 805(f) para ser admisible. Específicamente

apuntó a que de la declaración jurada no surge que esta fuera responsable

de la custodia de los documentos generados en el curso ordinario del

negocio de los apelados.

9 Moción, Apéndice de la Oposición a apelación, en la pág. 38.
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        No obstante, del expediente ante nuestra consideración surge que

el rol de la declarante fue objeto de descubrimiento de prueba. Entre las

contestaciones al interrogatorio, se declaró que este era supervisora en la

división legal de Banco y que llevaba treinta (30) años ocupando esa

posición.10 Además, los documentos acompañados por los apelados los

cuales fueron admitidos y utilizados para dictar sentencia sumaria cumplen

los criterios contemplados por las Reglas de Evidencia. Precisamente,

constituye un informe o compilación de datos preparado cerca del momento

por una persona que tiene conocimiento sobre estos como empleada de la

institución.

                                           IV

        Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la Sentencia

apelada.

        Notifíquese.

        Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Contestación a interrogatorio, Apéndice de la Oposición a apelación, en la pág. 12.