Court Opinion

ID: 9928512
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:21:05.548516+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:45.023660
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                    REGIÓN JUDICIAL DE FAJARDO
                                 PANEL X

                                                  Certiorari
YARILYN RÍOS FIGUEROA                             procedente del
                                                  Tribunal de
         Recurrida                                Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
                                                  Fajardo
              V.                KLCE202301338
                                                  Caso Núm.:
                                                  FA2022RF00258
 IRMA LÓPEZ MAISONET
                                                  Sobre:
        Peticionaria                              Alimentos entre
                                                  Parientes

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

      El 29 de noviembre de 2023, compareció ante este Tribunal

de Apelaciones, la señora Irma López Maisonet (en adelante, señora

López Maisonet o peticionaria), mediante recurso de certiorari. En

virtud de este, nos solicita que revisemos la Orden del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, emitida el 6 de

noviembre de 2023, notificada al día siguiente. Mediante el aludido

dictamen, el tribunal a quo declaró No Ha Lugar la Moción de

Desestimación por no existir Derecho a la Concesión de Remedio

presentada por la peticionaria, el 6 de octubre de 2023.

      Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a

continuación, se expide el auto de certiorari, se revoca el dictamen

recurrido y se desestima la demanda.

                                    I

      El 7 de diciembre de 2022, la señora Yarilyn Ríos Figueroa (en

adelante, señora Ríos Figueroa o recurrida), presentó Petición de

alimentos contra la peticionaria, a favor de su hijo, el menor JJVR.

Número Identificador
SEN2023 ________________
KLCE202301338                                                                    2

Surge de la petición que, la señora López Maisonet es la abuela

paterna del menor JJVR.

        Tras      múltiples      incidencias         procesales,     innecesarias

pormenorizar para atender el asunto que nos ocupa, el 25 de abril

de 2023, la peticionaria presentó Contestación a Demanda1. Por

medio de esta, admitió ser la abuela paterna del menor JJVR.

Manifestó que, laboraba como empleada del sistema de educación,

y que devengaba menos dinero que la recurrida. Asimismo, sostuvo

que padecía de varias condiciones de salud que le ocupaban gran

parte de su salario, por lo que no tenía capacidad económica para

proveer una pensión. En adición, alegó que, no veía al menor JJVR

desde que el mismo tenía tres (3) meses de edad. Como defensas

afirmativas, indicó que la demanda dejaba de exponer la concesión

de un remedio, y levantó, falta de parte indispensable e incapacidad

económica.

        Tras llevar a cabo el descubrimiento de prueba, la señora Ríos

Figueroa presentó Moción en Solicitud de Vista, el 31 de agosto de

2023, requiriendo un señalamiento para celebrar la vista en su

fondo. El 1ro de septiembre de 2023, el foro de instancia intimó

Orden, señalando la vista para el 10 de octubre de 2023, a las

10:30am, por medio de videoconferencia.

        Previo a la celebración de la vista, el 19 de septiembre de 2023,

la señora López Maisonet presentó Moción sobre Estipulaciones. A

través de esta, y “en aras de que las situaciones, controversias y

tiempo       en   la   vista”2   fuesen   menor,        realizó    las   siguientes

estipulaciones:

        1.     El joven Jerry John Vázquez López es el padre
               biológico del menor [JJVR].

        2.     La demandante procreó el menor JJVR sin haber
               estado casados.

1 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 18-19.
2 Íd., pág. 21.
KLCE202301338                                                                 3

       3.   El menor nació el 25 de noviembre de 2009.

       4.   El padre Jerry J Vázquez López (finado) falleció el
            9 de abril de 2010.

       5.   La Sra. Ríos Figueroa y el finado nunca se casaron.

       6.   El finado es hijo de la señora López Maisonet
            (demandada).

       7.   La Sra. Irma López Maisonet nació el 23 de
            septiembre de 1961.

       8.   El Sr. Orlando Ríos Cintrón es el padre de la
            demandante que falleció el 29 de septiembre de
            2021.

       9.   La madre de la demandante se llama Norma
            Figueroa Colón.

       10. El menor cursa el octavo grado.

       11. El menor estudia en la Escuela Irma Pedraza Ruiz
           en Ceiba, Puerto Rico[.]3

       El 2 de octubre de 2023, el Tribunal se dio por enterado.4

Varios días luego, el 6 de octubre de 2023, la peticionaria incoó

Moción de Desestimación por no Existir Derecho a la Concesión de

Remedio. A través de esta, argumentó que, la obligación legal de los

abuelos, de alimentar a sus nietos, era de naturaleza subsidiaria.

En particular, indicó que, dicha obligación podía surgir cuando los

progenitores no pudiesen suplir las necesidades alimentarias en su

totalidad o, cuando sólo pudiesen cubrirlas parcialmente. A esos

efectos, arguyó que, toda vez que el padre del menor JJVR había

fallecido cuando este tenía tres (3) meses de nacido, la obligación de

prestar alimentos se había extinguido, y no podía subsistir su

obligación supletoria.

       El 10 de octubre de 2023, las partes comparecieron a la vista

pautada. No obstante, la señora Ríos Figueroa requirió de un

3  Íd., págs. 21-22. Cabe destacar que, del expediente no surge que las
estipulaciones hayan sido objetadas por la señora Ríos Figueroa.
4 Véase, entrada número 67 del expediente electrónico en el Sistema Unificado de

Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Hacemos constar que, además de
darse por enterado, el tribunal a quo refirió el asunto a EPA (Examinador de
Pensiones Alimentarias). Sin embargo, tras una solicitud de reconsideración,
presentada por la peticionaria, el foro primario dejó sin efecto el referido.
KLCE202301338                                                              4

término de veinte (20) días para contestar la solicitud de

desestimación, y el Tribunal lo concedió5. Consecuentemente, dejó

el caso sin señalamiento, y dispuso que, se haría lo procedente en

derecho, una vez recibida la réplica a la solicitud de desestimación.6

       El 31 de octubre de 2023, la recurrida presentó Réplica a

Moción de Desestimación. Por un lado, argumentó que, la solicitud

de desestimación debió haberse presentado previo a la contestación

a la demanda. Explicó que, la recurrida contestó la demanda el 25

de abril de 2023, por lo que no procedía la desestimación. Por otro

lado, esgrimió que, la responsabilidad de brindar alimentos era de

ambos progenitores y, puesto que uno de ellos no estaba, debía

activarse la obligación subsidiaria de la abuela, a saber, la señora

López Maisonet. Cabe destacar que, de manera contradictoria, la

recurrida también argumentó en su réplica que, la responsabilidad

era subsidiaria siempre y cuando estuviesen presentes ambos

progenitores.7

       Así las cosas, el 6 de noviembre de 2023, notificada al día

siguiente, la primera instancia judicial emitió Orden, disponiendo lo

siguiente:

       Examinada tanto la Moci[ó]n de Desestimaci[ó]n como
       su correspondiente oposici[ó]n, el Tribunal declara No
       Ha Lugar la primera. En este caso, la parte demandada
       constest[ó] la demanda desde el 25 de abril de 2023 y el
       descubrimiento de prueba se encuentra en proceso.

       Se señala vista en su fondo para el 30 de noviembre de
       2023 a las 2:00p.m.8

       Inconforme con la determinación, el 29 de noviembre de 2023,

la señora López Maisonet acudió ante este foro revisor mediante

Certiorari, y realizó los siguientes señalamientos de error:

5  El Tribunal intimó Orden en la misma fecha, haciendo constar el término
concedido a la recurrida, para que replicara a la solicitud de desestimación.
6 Véase, entrada número 76 del expediente electrónico en SUMAC, a saber, la

Minuta de la vista, notificada el 11 de octubre de 2023.
7 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 29-32.
8 Íd., pág. 33.
KLCE202301338                                                                 5

       Primer error: Erró el TPI al no desestimar bajo la Regla
       10.2 la demanda de epígrafe por no haber razón que
       justifique la concesión de un derecho.

       Segundo error: Erró el TPI al no declarar que
       habi[é]ndose extinguido por fallecimiento la obligación
       principal del padre de alimentar no corresponde
       imponer alimentos entre parientes a una abuela.

       Junto a su recurso, la peticionaria presentó Moción de Orden

Provisional de Auxilio de Jurisdicción. Por medio de esta, nos solicitó

la paralización de los procedimientos pendientes ante el tribunal de

instancia. Evaluada la misma, emitimos Resolución el 30 de

noviembre de 2023, declarándola No Ha Lugar. Ello, toda vez que,

la moción en auxilio de jurisdicción no cumplía con las exigencias

procesales que impone la Regla 79 (E) del Reglamento de esta Curia.9

       El mismo 30 de noviembre de 2023, la peticionaria incoó

Moción Urgente de Reconsideración a No Auxilio sic por Haber

Cumplido y Sometiendo Prueba de ello, la cual declaramos No Ha

Lugar.

       Posteriormente, el 5 de diciembre de 2023, mediante

Resolución, concedimos a la parte recurrida hasta el lunes, 11 de

diciembre de 2023, para que expusiera su posición, advirtiéndole,

además, de que, transcurrido dicho término, el recurso se tendría

por perfeccionado para su adjudicación final.

       El 11 de diciembre de 2023, compareció la señora Ríos

Figueroa mediante Moción en Solicitud de Prórroga, requiriendo de

un término adicional de diez (10) días. Mediante Resolución emitida,

el 12 de diciembre de 2023, concedimos a la recurrida hasta el

viernes, 15 de diciembre de 2023, a las 10:00am, para exponer su

posición.

9 La regla 79(E) de nuestro Reglamento, requiere que, todo escrito en auxilio de

jurisdicción se notifique a la otra parte de manera simultánea a la presentación
del recurso de certiorari. Además, dispone que, se entenderá realizada la
notificación simultánea, cuando la misma se lleve a cabo (1) personalmente, (2)
por teléfono o, (3) por correo electrónico, de forma que, las partes advengan en
conocimiento de la solicitud de orden y el recurso, inmediatamente a su
presentación.
KLCE202301338                                                                    6

       En cumplimiento con lo ordenado, el 15 de diciembre de 2023,

la señora Ríos Figueroa presentó Oposición al Recurso de Apelación.

       Perfeccionado       el   recurso,    y     con   el   beneficio    de     la

comparecencia de las partes, resolvemos.

                                       II

A. El Certiorari

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior.10 Ahora bien, tal “discreción no

opera en lo abstracto. A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones11, dispone los criterios que dicho foro

deberá       considerar,   de   manera      que    pueda     ejercer     sabia   y

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que le

son planteadas”.12 La precitada Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
           recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
           contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
           indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el
           Tribunal de Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
           detenida a la luz de los autos originales, los cuales
           deberán ser elevados, o de alegatos más
           elaborados.

       (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
           presenta el caso es la más propicia para su
           consideración.

       (F)    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
              causa no causa un fraccionamiento indebido del

10 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare
LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v. Rivera

Montalvo, supra.
KLCE202301338                                                            7

                 pleito y una dilación indeseable en la solución final
                 del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
           causa evita un fracaso de la justicia.13

       No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”.14 Por lo que, de los factores

esbozados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento

indebido o una dilación injustificada del litigio”.15

       Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil16, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

       El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
       órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
       Primera Instancia, solamente será expedido por el
       Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
       resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
       denegatoria de una moción de carácter dispositivo.
       No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
       o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés
       público o en cualquier otra situación en la cual esperar
       a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
       justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
       certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
       tiene que fundamentar su decisión. (Énfasis Nuestro).

       [. . .]

13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
14 García v. Padró, 165 DPR 324, 327 (2005).
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra.
16 32 LPRA, Ap. V, R.52.1.
KLCE202301338                                                                  8

       Según se desprende de la precitada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones.

       El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.17 Este

procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario.18 Nuestro

Tribunal Supremo ha expresado también que “de ordinario, el

tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de

los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”.19

B. Moción de Desestimación

       En    nuestro      ordenamiento        jurídico,   la   Regla   10.2   de

Procedimiento Civil20, permite que el demandado solicite la

desestimación de la reclamación instada en su contra cuando, de

las alegaciones de la demanda, advierte que alguna de las defensas

afirmativas prosperará.21 La norma dispositiva contempla que una

parte pueda solicitar la desestimación de la acción en su contra a

base de varios supuestos. La citada Regla dispone lo siguiente:

17 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).
18 Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).
19 Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
20 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
21 Trans-Oceanic Life, Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012); Sánchez

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).
KLCE202301338                                                                  9

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una
       reclamación se expondrá en la alegación responsiva
       excepto que, a opción de la parte que alega, las
       siguientes defensas pueden hacerse mediante una
       moción debidamente fundamentada:

       1)    Falta de jurisdicción sobre la materia.

       2)    Falta de jurisdicción sobre la persona.

       3)    Insuficiencia del emplazamiento.

       4)    Insuficiencia        del       diligenciamiento          del
             emplazamiento.

       5)    Dejar de exponer una reclamación que justifique
             la concesión de un remedio.

       6) Dejar de acumular una parte indispensable.
        (Énfasis nuestro).22

       Como se observa, la referida regla permite que un demandado

o reconvenido solicite al tribunal la desestimación de la demanda en

su contra por el fundamento de que la acción no expone una

reclamación que justifique la concesión de un remedio.23 Ante una

solicitud basada en dicha modalidad, nuestro Máximo Foro ha

expresado que, los tribunales tienen que dar por ciertas las

alegaciones contenidas en la demanda y, considerarlas de la manera

más favorable para la parte demandante.24

       Del    mismo     modo,     nuestro     Tribunal     Supremo       reiteró

en Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., que, para que pueda

prevalecer una moción bajo esta modalidad, es necesario que el

demandado demuestre que el demandante no tiene derecho a

remedio alguno, a base de las alegaciones formuladas en la

demanda.25 Ahora bien, esto solo aplica a los hechos bien alegados

y expresados de manera concluyente y que de su faz no den margen

22 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
23 El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Torres Torres v.

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).
24 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); Rivera Sanfeliz et al. v.

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); El Día, Inc. v. Mun. de
Guaynabo, supra; Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); García v. ELA, 163
DPR 800, 814 (2005).
25 184 DPR 407, 423 (2012); Véase también, El Día, Inc. v. Mun. de

Guaynabo, supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 497, 505
(1994).
KLCE202301338                                                                    10

a duda alguna.26 En consecuencia, la demanda no deberá ser

desestimada, a menos que se desprenda con razonable certeza que

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su

reclamación.27

C. Obligación alimentaria

       En nuestro ordenamiento jurídico, los casos sobre alimentos

de menores están revestidos del más alto interés público. El

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que la obligación

alimentaria tiene su fundamento en el derecho constitucional a la

vida y en la solidaridad familiar. Por tanto, nuestro más Alto Foro

ha resuelto que, en nuestra jurisdicción, los menores tienen un

derecho fundamental a recibir alimentos.28 Más aún, el máximo foro

ha reconocido que el derecho a reclamar alimentos constituye parte

del derecho a la vida, protegido por la Constitución de Puerto Rico.29

       En consonancia con lo anterior, el Artículo 590 del Código

Civil de Puerto Rico30, establece que los progenitores tienen, sobre

el menor sujeto a su patria potestad, el deber de alimentarlo y

proveerle lo necesario para su desarrollo y formación integral. El

Código Civil define alimentos como “todo lo que es indispensable

para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la

asistencia médica de una persona, según la posición social de su

familia”.31 Cuando el alimentista es menor de edad, el referido

artículo expresa además que, “los alimentos comprenden también

su educación, las atenciones de previsión acomodadas a los usos y

a las circunstancias de su entorno familiar y social y los gastos

26 Colón v. Lotería, supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., supra.
27  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, supra; Consejo de Titulares v. Gómez
Estremera et al., supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., supra.
28 Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706, 716 (2022); Umpierre Matos v.

Juelle, Mejías, 203 DPR 254, 265 (2019); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez,
180 DPR 623, 632 (2011).
29 Const. PR art. II, § 7; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738

(2009); Umpierre Matos v. Juelle, Mejías, supra, pág. 266.
30 31 LPRA § 7242. Antes, artículo 153 del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 601.
31 31 LPRA § 7531. Antes, artículo 142 del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 561.
KLCE202301338                                                                11

extraordinarios para la atención de sus condiciones personales

especiales”.32 Es por lo que, la pensión se reducirá o aumentará en

proporción a los recursos del primero y a las necesidades del

segundo. De acuerdo con este principio de proporcionalidad, se

tomarán en consideración los recursos del alimentante y la posición

social de la familia, así como el estilo de vida que lleva el

alimentante.33

       Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico dispone que, “el

derecho a recibir alimentos es personalísimo, imprescriptible,

continuo e indivisible. No puede ser objeto de transacción, renuncia,

gravamen o embargo. Tampoco puede compensarse la cantidad

adeudada por dicho concepto con la que el alimentista deba al

alimentante”.34 Asimismo, nuestra más Alta Curia ha expresado

que, la obligación de proveer alimentos es personal de cada uno de

los progenitores, consecuentemente, debe ser satisfecha del propio

peculio y de manera proporcional a sus recursos y a la necesidad

del menor.35

       Ahora bien, a modo de excepción, nuestro ordenamiento

jurídico impone a los abuelos la obligación de proveer alimentos a

sus nietos.36     Dicha obligación es de naturaleza subsidiaria. Es

decir, surge en instancias en las que los progenitores no pueden

proveer los alimentos a sus hijos, “ya sea porque están física o

mentalmente incapacitados para hacerlo o[,] porque no cuentan con

suficientes recursos económicos.”37 La obligación de los abuelos

surge, además, tanto cuando los progenitores no puedan suplir en

32 31 LPRA § 7531.
33 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 634.
34 31 LPRA § 7535.
35 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra.
36 Véase, artículos 658, 660 y 662 del Código Civil de 2020, 31 LPRA §§ 7541,

7543 y 7545 respectivamente. Estos artículos recogen las disposiciones de los
artículos 143 y 144 del Código Civil de 1930, 31 LPRA §§ 562 y 563.
37 Martínez de Andino v. Martínez de Andino, 184 DPR 379, 385 (2012), citando a

Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 DPR 246, 252-253 (1941).
KLCE202301338                                                               12

su totalidad las necesidades alimentarias de sus hijos, así como

cuando sólo puedan cubrirlas de manera parcial.38

       No obstante todo lo anterior, la obligación de dar alimentos se

extingue por, entre otras causas, la muerte del alimentista o del

alimentante.39

       Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia

de epígrafe, procedemos a aplicarla.

                                      III

       En el caso que nos ocupa, la peticionaria nos plantea, en

esencia, que el foro primario erró al no desestimar el caso de

epígrafe, a tenor con lo dispuesto en la Regla 10.2(5) de las de

Procedimiento Civil, supra. Arguye que, el tribunal a quo abusó de

su discreción al no desestimar la demanda, toda vez que no existe

derecho a lo reclamado.

       Tras evaluar detenidamente el recurso presentado por la

señora López Maisonet, colegimos que, le asiste la razón. Veamos.

       Conforme reseñáramos, el 7 de diciembre de 2022, la señora

Ríos Figueroa presentó una Petición sobre alimentos entre parientes,

solicitando pensión alimentaria a favor de su hijo, el menor JJVR.

La Petición, fue presentada contra la señora López Maisonet, abuela

paterna del referido menor. Tras múltiples trámites procesales, el 6

de octubre de 2023, la peticionaria incoó una solicitud de

desestimación. A grandes rasgos, manifestó que, la obligación de

prestar alimentos al menor JJVR se había extinguido, toda vez que

su padre había fallecido cuando este tenía tres (3) meses. Añadió

que, como consecuencia de ello, y puesto que la obligación

alimentaria de los abuelos es de naturaleza subsidiaria, no podía

subsistir su obligación.

38 Martínez de Andino v. Martínez de Andino, supra, págs. 385-386; S. Torres
Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el derecho alimentario en Puerto Rico,
San Juan, Pubs. STP, 2006–2007, T. 1, pág. 5.60.
39 31 LPRA § 7581. Antes, artículo 150 del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 569.
KLCE202301338                                                                  13

       Luego, específicamente el 31 de octubre de 2023, la recurrida

replicó, argumentando en primer lugar que, la moción dispositiva

debió haberse presentado previo a la contestación a la demanda. En

segundo lugar, adujo que, la responsabilidad de brindar alimentos

era de ambos progenitores y, puesto que uno de ellos no estaba,

debía activarse la obligación subsidiaria de la peticionaria. Tras

examinar ambos escritos, el tribunal de instancia declaró No Ha

Lugar la moción dispositiva.40

       Conforme al derecho expuesto, la obligación de proveer

alimentos es personal de cada uno de los progenitores.41 No

obstante, en instancias en las que los progenitores no puedan

proveer los alimentos a sus hijos, ya sea por impedimento físico o

mental, o por insuficiencia económica, la obligación de proveer

alimentos se impone a los abuelos del menor.42                 Ahora bien, la

obligación de los abuelos es de naturaleza subsidiaria, es decir,

complementaria. De modo que, para que se pueda implementar la

obligación legal de los abuelos, debe existir la obligación del padre o

la madre del menor.

       En adición a lo anterior, expusimos también que, la obligación

del alimentante deja de existir por, entre otras razones, la muerte

del mismo.43 Así pues, en instancias en las que la madre o el padre

del menor haya fallecido, la obligación de dicho progenitor queda

extinta, y no procede la obligación supletoria de los abuelos.

       En el presente caso, quedó estipulado que, el padre del menor

JJVR, el señor Jerry John Vázquez López (en adelante, señor

Vázquez López), falleció el 9 de abril de 2010.44 Tras su muerte, su

40 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 33.
41 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra.
42 Martínez de Andino v. Martínez de Andino, supra, pág. 385, citando a Piñero

Crespo v. Gordillo Gil, supra; Artículos 658, 660 y 662 del Código Civil de 2020,
31 LPRA §§ 7541, 7543 y 7545 respectivamente. Antes, artículos 143 y 144 del
Código Civil de 1930, 31 LPRA §§ 562 y 563.
43 31 LPRA § 7581. Antes, artículo 150 del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 569.
44 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 20 y 21-22.
KLCE202301338                                                         14

obligación alimentaria para con el menor JJVR dejó de existir. Como

consecuencia de ello, y toda vez que, insistimos, la obligación de dar

alimentos de los abuelos es complementaria, no procede la

imposición de tal obligación a la abuela del menor JJVR, a saber,

la señora López Maisonet.

       Por último, es menester señalar lo siguiente, con respecto a la

presentación de la moción de desestimación. En su Oposición al

recurso de Certiorari, la recurrida expone que, la referida solicitud

no procede puesto que, se presentó luego de la contestación a la

demanda. Si bien es cierto que la peticionaria formuló su moción

dispositiva luego de replicar la demanda, surge de manifiesto de las

Reglas 10.7 y 10.8(b) de las de Procedimiento Civil45, que la defensa

de haber dejado de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio, es irrenunciable. Así pues, la moción

dispositiva fue presentada oportunamente.

       De conformidad a todo lo anterior y, toda vez que, la demanda

no expone una reclamación que justifique la concesión de un

remedio, procede la desestimación de la misma.

                                          IV

       Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari,

se revoca el dictamen recurrido y se desestima la demanda.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.           La Juez Barresi Ramos emite Voto

Disiente por escrito.

                                 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones

45 32 LPRA Ap. V, R. 10.7 y R. 10.8(b).
             ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL X

    YARILYN RÍOS FIGUEROA                      Certiorari
   DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                  procedente del
                                               Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                 V.                            Superior de
                                 KLCE202301338 FAJARDO

     IRMA LÓPEZ MAISONET                                Caso Núm.
  DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                        FA2022RF00258
                                                        (203)

                                                        Sobre:
                                                        Alimentos entre
                                                        Parientes

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

          VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ BARRESI RAMOS

        En San Juan, Puerto Rico, hoy día 19 de diciembre de 2023.

        Por entender que no procede denegar el recurso ante nuestra

consideración,        respetuosamente      disentimos     de    la   opinión

mayoritaria por las razones que exponemos a continuación.

                                     -I-

        Los principios del derecho de alimentos en Puerto Rico, y en

particular, de los hijos menores no emancipados a recibir alimentos

de sus progenitores, están firmemente establecidos. El contenido

legal del derecho a recibir alimentos, y de la correlativa obligación

de proveerlos, emana del principio fundamental del derecho a la vida

consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto

Rico.1 Su fundamento ético descansa en el derecho natural, en los

lazos indisolubles de amor, solidaridad humana y de profunda

responsabilidad de las personas por los hijos que traen al mundo,

valores de la más alta jerarquía para toda sociedad civilizada.2

1 Const. PR Art. II, § 7.
2 Sarah Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho Alimentario

de Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, Inc., Edición 2006, Tomo I, pág.
1.11; Argüello López v. Argüello García, 155 DPR 62, 70 (2001).

Número Identificador:
SEN2023___________
KLCE202301338                                                      Página 2 de 17

       Con ello en mente, es menester resaltar que, en nuestra

jurisdicción, los casos de derecho a alimentos de menores están

revestidos del más alto interés público, siendo el interés principal el

bienestar del menor o el interés óptimo del menor.3 Ante ello, se

entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el

sustento, la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia

médica de una persona, según la posición social de su familia.4

       La obligación de alimentar al menor es inherente a la

maternidad y la paternidad por lo que, recae sobre los obligados

desde el momento en que la relación filial queda establecida

legalmente, independientemente de las fuentes de las cuales emana

la obligación de alimentar.5 Esta obligación es personal de cada uno

de los progenitores por lo que debe ser satisfecha del propio peculio

y de forma proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor.6

       Asimismo, el derecho a recibir alimentos es personalísimo,

imprescriptible, continuo e indivisible.7 Esto quiere decir que, no

puede ser objeto de transacción, renuncia, gravamen o embargo. Tal

naturaleza es personalísima porque pertenece a una persona en

particular    y   depende      exclusivamente        de   las   circunstancias

económicas particulares del que los brinda y del que los recibe.8 En

esa misma dirección, cabe resaltar que dicha obligación alimentaria

no es transmisible, ni por muerte a los sucesores, ni por razón

alguna a terceras personas.9 El Artículo 660 del Código Civil de

Puerto Rico de 2020, instituye la prelación entre alimentantes

llamados a prestarse alimentos: (a) el cónyuge; (b) los descendientes

3  Díaz Rodríguez v. García Neris, 208 DPR 706 (2022); Santiago, Maisonet v.
Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012); Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176
DPR 528 (2009). (énfasis nuestro).
4 Artículo 653 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 7531.
5 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 12; Santiago, Maisonet v. Maisonet

Correa, supra, págs. 560-561.
6 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 12; Pesquera Fuentes v. Colón Molina,

202 DPR 93, 108 (2019).
7 Artículo 657 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 7535. Véase,

además Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 721 – 722 (1993).
8 Id., 31 LPRA sec. 7535.
9 Id.
KLCE202301338                                                   Página 3 de 17

del grado más próximo; (c) los ascendientes del grado más próximo;

y (d) los hermanos.10

       Ahora bien, ciertamente la obligación de alimentar a los hijos

recae en primer orden a los progenitores como resultado de la

relación filial. No obstante, aunque el derecho a recibir alimentos es

uno de naturaleza personal, ello no quiere decir que se extinga con

la muerte del alimentante. Es decir, la responsabilidad de un

progenitor se extingue con su muerte, mas no el derecho de su hijo

menor a recibir alimentos hasta advenir la mayoría de edad.11

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que existe una obligación

subsidiaria para garantizar el interés óptimo de los menores.12

Cuando el progenitor del menor alimentista no cuenta con los

medios para suministrarle alimentos o cuando no esté capacitado

física o mentalmente para proporcionárselos, es necesario acreditar

que los llamados preferentemente a esa prestación carecen de

medios para sufragarlos.13 Después de todo, lo que se persigue es

garantizar el mejor interés óptimo de los menores. Por ende, ante el

fallecimiento del señor Jerry John Vázquez López, este queda

relevado (extinción) de cualquier obligación de alimentos más

procede el reclamo de la obligación subsidiaria.

       En consideración al poder de parens patriae y el derecho a

alimentos de todo menor, el tribunal de instancia tiene la obligación

de examinar las circunstancias del caso para determinar si procede

o no la imposición de la pensión alimentaria, ello en conformidad

con la ley y la jurisprudencia interpretativa. Ante la existencia de un

derecho a alimentos, no procede la desestimación de la petición por

existir una reclamación que justifica la concesión de un remedio.

                             Eileen J. Barresi Ramos
                               Juez de Apelaciones

10 Artículo 660 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 31 LPRA § 7543.
11 Artículo 662 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 31 LPRA § 7545.
12 Vega v. Vega Oliver, 85 DPR 675 (1962).
13 Artículo 662 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 31 LPRA § 7545.