Court Opinion

ID: 9952400
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:48:57.055921+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:57.253659
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL III

       HANI NAFEZ                                 Apelación
        IBRAHIM                                   Procedente del Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
           Apelada                                Sala de AGUADILLA
                                KLAN202300812
              v.                                  Caso Núm.:
                                                  A AC2018-0143
     DANIEL RIVERA
        QUILES                                    Sobre:
                                                  Daños por incumplimiento
           Apelante                               de contrato

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2024.

       Comparece ante nosotros Daniel Rivera Quiles (en adelante, señor

Rivera Quiles o el apelante), mediante recurso de Apelación presentado el 14

de septiembre de 2023. En este, nos solicita la revocación o, en alternativa,

la modificación de la Sentencia emitida el 20 de julio de 2023, notificada en

esa misma fecha, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla

(en adelante, foro primario o TPI). Por medio de dicho dictamen, el TPI

declaró Con Lugar la causa de acción presentada por Hani Nafez Ibrahim

(en adelante, Hani Nafez o apelado) en su contra.

       Evaluado el expediente ante nuestra consideración, por los

fundamentos que a continuación expondremos, modificamos la Sentencia

apelada.

                                       -I-

       El caso de epígrafe inició el 31 de octubre de 2018, con una Demanda

instada por M.M. Service Station Inc., contra el señor Rivera Quiles. En

síntesis, M.M. Service Station Inc. solicitó el cumplimiento específico más

los daños y perjuicios por el incumplimiento de un contrato de opción

Número Identificador

SEN2024 _________________
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otorgado por las partes para la compraventa de una propiedad comercial

en la cual ubica una estación de gasolina. En la referida Demanda, M.M.

Service Station, Inc. adujo que el 27 de septiembre de 2016 suscribió un

contrato titulado “Contrato de Opción de Compra de Propiedad Comercial con

Estación de Gasolina” con el señor Rivera Quiles, el cual fue reconocido y

suscrito ante el Notario Nasser A. Taha Montalvo. Asimismo, alegó que las

negociaciones para la compraventa de la mencionada propiedad estaban

encaminadas desde febrero de 2016, que para la adquisición de la

mencionada propiedad le adelantó al apelado la suma de $140,000.00

dólares y, posteriormente, la suma de $20,000.00 dólares, en concepto de

depósito para que fuese aplicado al precio de compraventa acordado, y que

las gestiones de financiamiento para la adquisición de la mencionada

propiedad se vieron afectadas y no pudieron concluir debido a que Rivera

Quiles no proveyó la información ambiental y el estudio de título de la

propiedad solicitado.

       El apelante presentó su Contestación a la Demanda. Al así hacer, negó

la alegación de incumplimiento contractual, que por su culpa se

entorpecieron los trámites de financiamiento, que tuviese obligación en

devolver la suma de dinero adelantada por M.M. Service Station Inc., y que

no proveyó la información ambiental. Afirmativamente, afirmó que fue

M.M. Service Station Inc. quien incumplió con su deber de gestionar el

financiamiento y entorpeció el mismo. A su vez, el apelante reconvino

alegando que por los actos temerarios de M.M. Service Station Inc. estuvo

impedido de vender la propiedad a terceros y, por ello, solicitó el pago de

$200,000.00 dólares en concepto de daños y perjuicios.1

       Tras varios trámites procesales, el TPI emitió una orden para la

consignación de los $160,000.00 dólares que se habían adelantado en

1
 En cuanto a la Reconvención, M.M. Service Station, Inc. oportunamente presentó su
Contestación a Reconvención en la que negó todas las alegaciones reconvenidas.
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concepto de depósito y, posteriormente, ordenó enmendar el epígrafe de la

Demanda reconociendo la subrogación de los derechos de la corporación

demandante a favor del señor Hani Nafez Ibrahim. Finalmente, el juicio en

su fondo se celebró los días 28 y 29 de noviembre de 2022. Durante el

mismo, como prueba testifical se presentó el testimonio de Hani Nafez,

aquel del señor Rivera Quiles y la declaración del Lcdo. Nasser A. Taha

Montalvo.

       Escuchada y aquilatada la prueba desfilada, el 20 de julio de 2023, el

foro primario dictó la Sentencia apelada. En esta, el TPI estableció treinta y

tres (33) Determinaciones de Hechos. En lo aquí pertinente, las de mayor

relevancia a los señalamientos de error efectuados por el apelante son las

siguientes:

       1. El 27 de septiembre del 2016, las partes otorgaron contrato de
          opción de compra de una estación de gasolina, localizada en
          Aguadilla, Puerto Rico, por ajustado y convenido precio de
          $800,000.00.

       2. En febrero de 2016, las partes habían otorgado un contrato
          similar;

       3. Al 27 de septiembre de 2016, la parte demandada había recibido
          de manos de la demandante la suma de $160,000.00 dólares en
          concepto de depósito para ser aplicado al precio de
          compraventa acordado;

       […]

       5. El optante no logró, dentro del término pactado para ejercer la
          opción de compraventa, obtener del vendedor el estudio
          ambiental sobre la propiedad requerido por el banco y por la
          compañía Peerless, para financiar la compra;

       […]

       13. La parte demandada, ni PUMA, le proveyeron al demandante
           copia del estudio ambiental sobre la propiedad, cual se le
           requería al demandante para completar la gestión de
           financiamiento, razón por la cual el demandante no pudo llevar
           a cabo y completar la compraventa de la propiedad;

       […]

       16. Las partes estipularon, y el propio licenciado Taha Montalvo
           testificó, que ninguno de los contratos otorgados contenía una
           cláusula penal;

       […]
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     18. Surge del testimonio de las partes durante el juicio, y así
         también esta consignado en varias Resoluciones del tribunal,
         que el demandado recibe y obtiene de PUMA la suma de
         $7,000.00 mensuales, como renta por la propiedad objeto de esta
         demanda. Las partes fueron juntos a oficinas principales PUMA
         a realizar gestiones encaminadas a lograr realizar la
         compraventa. No obstante, no quedó probado lo conversado en
         dicha revisión.

     […]

     20. Durante el juicio, el demandado no proveyó evidencia
         documental o testifical alguna, respecto a los daños alegados en
         su reconvención;

     […]

     22. Conforme el testimonio creído y vertido durante el juicio por el
         demandante, la propiedad (estación de gasolina) objeto del
         contrato de opción de compraventa, le hubiera producido un
         beneficio neto al demandante de aproximadamente $15,000.00
         dólares mensuales, de este haberla operado.

     23. Conforme el testimonio creído y vertido durante el juicio, la
         propiedad (estación de gasolina) objeto del contrato de opción
         de compraventa, le hubiera producido al demandante un
         beneficio neto de $7,000.00 dólares, producto de la renta que
         PUMA mensualmente paga por la propiedad, de este continuar
         con el alquiler y arrendamiento de la estación de gasolina;

     24. Conforme el testimonio creído y vertido durante el juicio, del
         demandado haberle devuelto los $160,000.00 dólares al
         demandante, a la fecha que los solicitó por primera vez, este
         pudo recibido, éste pudo haber adquirido otra estación de
         gasolina;

     […]

     26. El demandante le solicitó al demandado la devolución de los
         $160,000.00 dólares adelantados como opción, no mas tarde de
         junio de 2017;

     […]

     28. La parte demandante ha sufrido daños económicos por causa
         de las actuaciones, omisiones e incumplimiento del contrato,
         por parte de la demandada;

     29. La parte demandada fue temeraria al no proveer la
         información y documentos requeridos por el demandante,
         provocando con su actuación que no se pudiera concretar la
         compraventa del inmueble;

     30. La parte demandada ha sido temeraria al no querer devolver
         los $160,000.00 dólares que le fueron adelantados como
         opción;

     31. La parte demandante ejerció su derecho de opción a comprar
         la propiedad;

     32. La parte demandante tiene derecho a comprar la propiedad
         objeto de esta demanda;
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      33. La parte demandante tiene derecho de obtener de la parte
          demandada la información y documentos necesarios para
          obtener el financiamiento para la compra de la propiedad;

      […] (Énfasis nuestro)

      En virtud de dichas determinaciones y el análisis efectuado, el foro

primario condenó a Rivera Quiles a la devolución de los $160,000.00 que

habían sido adelantado por concepto de depósito por parte de Hani Nafez,

al pago de daños económicos a causa de la no devolución del dinero

adelantado por $42,933.52 y al pago de $392,000.00 por daños económicos

por falta de cumplimiento específico del arrendamiento de la estación de

gasolina a razón de $7,000.00 mensuales por 56 meses desde noviembre de

2018. Por último, le ordenó pagar $20,000.00 por conceptos de honorarios

de abogados debido a su conducta frívola y temeraria.

      Inconforme con la Sentencia emitida, el 3 de agosto de 2023 Rivera

Quiles presentó una Moción Solicitando Reconsideración y Determinaciones de

Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales. El 14 de agosto de 2023,

notificada y archivada en autos el 15 de agosto de 2023, el foro primario

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando

Reconsideración y Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho

Adicionales. Aun insatisfecho con dicha determinación, Rivera Quiles

acudió ante nosotros mediante el recurso de Apelación de epígrafe y le

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores:

      1. Erró el Tribunal de Instancia al conceder una partida de
         [$42,933.52] por daños económicos, por la falta de devolución
         de los $160,000.00 desde la radicación de la demanda.

      2. Erró el Tribunal de Instancia al conceder una partida de
         [$392,000] por daños económicos, sin fundamento en la prueba
         ni base jurídica que lo acredite; y sin el demandante tener
         derecho titular para tal determinación.

      3. Erró el Tribunal de Instancia al conceder daños económicos que
         no fueron probados, especulativos y contrarios al ordenamiento
         jurídico vigente.

      4. Erró el Tribunal de Instancia al condenar a la parte demandada
         al pago de la suma de $20,000.00 por concepto de honorarios
         por temeridad sin fundamento en hechos y en derecho para
         ello.
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        Atendido el recurso, el 15 de septiembre de 2023, emitimos

Resolución en la que establecimos el término que tenía el apelado para

expresarse. Habiéndose presentado por el apelante una Moción informando

transcripción de prueba oral, el 25 de septiembre de 2023 dejamos sin efecto el

término brindado y establecimos aquellos para la presentación de la

transcripción de la prueba oral, alegato suplementario y oposición a

recurso.

        El 18 de diciembre de 2023, tras haber solicitado y obtenido una

extensión de tiempo para ello, el apelante sometió su Alegato suplementario.

El apelado por su parte compareció el 18 de enero de 2024 mediante

Oposición a apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

damos por sometido el asunto y estando listos para resolver, así lo hacemos.

                                       -II-

                                       -A-

        En este caso, los contratos de opción a compra acontecieron en el año

2016 y la cadena de sucesos que motivó la Demanda contra Rivera Quiles

ocurrió en el año 2018, previo a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento

hoy vigente. Por ende, a la controversia ante nos le aplican los preceptos del

derogado Código Civil de 1930. Es decir, el derecho citado y aplicado en

este caso será aquel vigente al momento de los hechos.

        El Código Civil de 1930 regula lo relativo a la responsabilidad civil

extracontractual. Específicamente, el Artículo 1802 establece la obligación

de reparar daños causados en los que medie culpa o negligencia. 2 En lo

pertinente, el citado Artículo dispone:

        El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa
        o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La
        imprudencia concurrente del perjudicado no exime de
        responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.
        Id.

2 31 LPRA Sec. 5141.
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          La responsabilidad civil extracontractual surge al amparo de dicha

disposición si concurren los siguientes tres elementos: (1) un daño, (2) una

acción u omisión negligente o culposa y, (3) una relación causal entre

ambos. Camacho Rivera v. Richard Mitchell, Inc., 202 DPR 34 (2019); Nieves

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); López v. Porrata Doria, 169

DPR 135 (2006); Rivera v. SLG Díaz, 165 DPR 408 (2005); Toro Aponte v.

E.L.A. 142 DPR 464 (1997); Ramírez v. ELA, 140 DPR. 385 (1996).

          El requisito de “acción u omisión negligente o culposa” se refiere a

aquella falta del debido cuidado al no anticipar y prever las consecuencias

racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una persona prudente y

razonable habría previsto en las mismas circunstancias. Camacho Rivera v.

Richard Mitchell, Inc., supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra; Rivera

v. SLG Díaz, supra; Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Toro Aponte v. E.L.A..,

supra; Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962). El concepto de “culpa” del

Artículo 1802, supra, es tan infinitamente abarcador como lo suele ser la

conducta humana. Nieves Díaz v. González Massas, supra; López v. Porrata

Doria, supra. Por ello, ésta se debe analizar con un criterio amplio. Nieves

Díaz v. González Massas, supra; Rivera v. SLG Díaz, supra; Toro Aponte v.

E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994).

          Sobre el requisito de la “relación causal entre daño y culpa o

negligencia”, rige en Puerto Rico la doctrina de la causalidad adecuada.

Conforme a ella, se considera causa aquella condición que ordinariamente

produciría el daño, según la experiencia general. Camacho Rivera v.

Richard Mitchell, Inc., supra; Colon Santos v. Coop. Seg. Mult. PR, 173 DPR

170 (2008); Toro Aponte v. E.L.A., supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298

(1995).

          En cuanto al requisito de “daño”, nuestro más alto foro ha expresado

que éste constituye el menoscabo material o moral que sufre una persona,

ya sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio,
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causado en contravención de una norma jurídica y por el cual ha de

responder otra persona. Nieves Díaz v. González Massas, supra; Ramírez

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009); López v. Porrata Doria,

supra. En los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se

configurará una causa de acción cuando: “(1) exista un deber de actuar y se

quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido

se hubiese evitado el daño.” Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 807

(2006); Administrador v. ANR, 163 DPR 48 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R.,

125 DPR 294 (1990). Por lo anterior, en contextos caracterizados por una

especie de inadvertencia u omisión, procede determinar si existía un deber

jurídico de actuar por parte de quien alegadamente causó el daño. Arroyo

López v. E.L.A., 126 DPR 682, 686-87 (1990).

       Existen dos tipos de daños: (1) los daños especiales, conocidos como

daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o económicos; y (2) los daños

generales, conocidos como daños morales.           Por un lado, los daños

especiales se refieren a “toda aquella pérdida que recae sobre bienes

objetivos, pues éstos admiten valoración económica debido a que impactan

directamente el patrimonio del perjudicado.” Nieves Díaz v. González

Massas, supra; Rivera v. SLG Díaz, supra. Mientras que los daños generales

son aquellos infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la

estima social o la salud física o psíquica del perjudicado. Id. La valoración

de los daños generales descansa en la sana discreción del juzgador basada

en los hechos que considere probados. Id.

       En lo correspondiente a la estimación y valoración de los daños,

repetidamente se ha afirmado que la tarea judicial de estimar y valorar los

daños es una compleja y delicada debido a que no existe un sistema de

computación que permita llegar a un resultado exacto en relación con el

cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Semidey et al. v.

Fcia. Belmonte et al., 211 DPR 222 (2023), al citar a Herrera, Rivera v. S.L.G.
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Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 791 (2010) y otros. Como regla general, los

foros apelativos no deben intervenir con la estimación de los daños que

realicen los tribunales de instancia, a menos que las cuantías concedidas

sean ridículamente bajas o exagerada altas. Ese ejercicio de valoración de

daños involucra cierto grado de especulación y elementos subjetivos, tales

como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador

de los hechos. Además, el foro primario es el que tiene contacto directo con

la prueba testifical presentada y, por ende, está en mejor posición de emitir

un juicio sobre la valorización de daños. Esta norma impone a quien

propone que los daños deben ser modificados la obligación de demostrar

la existencia de circunstancias que hacen meritorio que se modifiquen.

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013).

       Al realizar la tarea de impartir daños, los tribunales deben

considerar que el conceder cuantías insuficientes por daños tiene el efecto

de aminorar la responsabilidad civil a la que debe sujetarse el causante del

daño, mientras que conceder daños exagerados conlleva un elemento

punitivo, no reconocido por nuestro ordenamiento. Íd., pág. 204. Por ello,

una manera de velar porque los daños atribuidos sean razonables es

comparar con las sumas de reclamaciones previas en condiciones parecidas,

siempre que las indemnizaciones se ajusten al valor presente. Rodríguez et

al. v Hospital et al., 186 DPR 889 (2012). No existen dos (2) casos

exactamente iguales y cada caso es distinguible por sus propias

circunstancias. No obstante, a los fines de determinar si la valorización de

los daños en un caso es o no adecuada, las cuantías concedidas en casos

anteriores similares resultan de utilidad. Santiago Montañez v. Fresenius

Medical, 195 DPR 476, 491 (2016); Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra,

pág. 205; y Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, al mencionar a

S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81-82 (1997). Ahora bien,

luego de la valoración económica, los tribunales están obligados a examinar
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las circunstancias particulares del litigio para asegurarse de que procede la

cuantía concedida. Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra, pág.

786. En todo caso, las compensaciones otorgadas en casos anteriores deben

ajustarse a su valor presente. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág.

204.

                                      -B-

       La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d)

autoriza a los tribunales a imponer el pago de honorarios de abogados a

aquella parte o su abogado que haya actuado con temeridad o frivolidad en

el trámite de un procedimiento judicial. Véase Torres Montalvo v.

Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016). A tales efectos, el aludido precepto

dispone:

       (d) Honorarios de abogado. — En caso que cualquier parte o su
       abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el
       tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de
       una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal
       entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre
       Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o
       instrumentalidades haya procedido con temeridad o frivolidad, el
       tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto
       de honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté
       expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado.

       La antes citada regla, tiene como propósito “establecer una

penalidad a un litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos,

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos,

trabajo e inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010) y casos allí citados. (Énfasis suplido)

       Ahora bien, el concepto de temeridad es uno amplio que ha sido

descrito como un comportamiento que incide en los procesos judiciales y

afecta, tanto el buen funcionamiento de los tribunales como la

administración de la justicia. Id., citando a Meléndez Vega v. El Vocero de

PR, 189 DPR 123 (2013). Este precepto, también ha sido definido como

aquella conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo
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prolonga innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en

trámites evitables. (Énfasis nuestro). Maderas Tratadas v. Sun Alliance et

al., 185 DPR 880 (2012). Véase, además, Andamios de P.R. v. Newport

Bonding, supra; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010);

Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170 (2008). A su vez, nuestro

Tribunal Supremo ha reseñado que la conducta temeraria sujeta al litigante

inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios

y a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con el

gravamen a veces exorbitante para su peculio.” Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987), citando a H. Sánchez, Rebelde Sin

Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982).

       Igualmente, existe temeridad si el demandado contesta una

demanda      y      niega   su   responsabilidad   total,   aunque   la   acepte

posteriormente; si se defiende injustificadamente de la acción; si la parte

demandada en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada y esa es

la única razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante y

no admite francamente su responsabilidad limitando la controversia a la

fijación de la cuantía a ser concedida; si se arriesga a litigar un caso del que

se desprendía prima facie la negligencia. Negar un hecho que le consta es

cierto al que hace alegación, también constituye temeridad. P.R. Oil v.

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005), citando a Fernández v. San Juan Cement

Co., Inc., supra.

       La determinación de si se ha incurrido o no en temeridad es una

tarea que recae en la discreción sana del tribunal sentenciador y,

simultáneamente, le corresponde imponer la cuantía que entienda

procedente en respuesta a la conducta temeraria. Meléndez Vega v. El

Vocero de PR, supra, a la pág. 211; S.L.G. Flores– Jiménez v. Colberg, 173

DPR 843, 866 (2008).
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       Ante ello, los tribunales apelativos no deben intervenir con el

ejercicio de esa discreción, salvo que: se demuestre que hubo un craso abuso

de discreción, que el foro recurrido actuó con prejuicio o parcialidad, que

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o

de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta sea excesiva. P.R. Oil

v. Dayco, supra.

                                    -III-

       Por virtud del señalamiento y la discusión de sus 4 errores, el señor

Rivera Quiles cuestiona la razonabilidad de las cantidades concedidas

como remedio a favor del apelado. Con tal propósito, señala que la

sentencia apelada no detalla ni explica qué parámetro fue utilizado por el

TPI para conceder la partida de daños económicos por la suma de

$42,933.52 otorgada al apelado por daños económicos; clasificándola pues,

como una arbitraria.

       Así, al discutir su primer señalamiento de error, el Rivera Quiles

plantea que, si bien el contrato de opción de compraventa suscrito por las

partes no contenía una cláusula penal, el dinero dado por el apelado en

concepto de depósito fue utilizado por él para cumplir con la obligación de

entregar el inmueble sin cargas y gravámenes que, según fue declarado por

el Lcdo. Taha Montalvo, la razón por la que el contrato no se perfeccionó

fue la falta de dinero del apelado para la compra. A su vez, y para impugnar

la partida dada por daños económicos, el apelante señala que Hani Nafez

declaró tener al menos $640,000.00 para adquirir la propiedad, por lo que

no podía concluirse que este había sufrido este tipo de daño.

       De otra parte, mediante la discusión conjunta de su segundo y tercer

señalamiento de error, Rivera Quiles también impugna la partida

concedida a Hani Nafez ascendente a $392,000.00 por daños económicos. A

tales efectos, establece que dicha partida es contraria a la prueba, toda vez

que los contratos de opción en controversia establecen que el vendedor, o
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sea él, continuaría devengando las rentas de la propiedad hasta la firma de

la escritura de compraventa. Igual contradicción señala entre la partida

conferida y algunas expresiones realizadas durante el juicio por el juzgador

de hechos en cuanto a la prueba pericial necesaria para demostrar daños.

Específicamente, señala la ausencia de prueba pericial que sostenga las

declaraciones del apelado en las que el foro primario se basó para conceder

los daños otorgados. Por último, en su cuarto señalamiento de error el

apelante discute que la imposición de $20,000.00 en concepto de honorarios

por temeridad determinada en la sentencia apelada no encuentra respaldo

en el expediente y es contraria a derecho.

       Hani Nafez, al defender las concesiones impugnadas por el apelante,

señala que, de las estipulaciones alcanzadas por las partes en el Informe sobre

conferencia con antelación al juicio sometido por las partes en el caso, así como

de las determinaciones de hechos emitidas por el TPI basadas en la

credibilidad que asignó a los testimonios dados en el juicio, surgen

suficientes elementos de juicio para aquilatar el daño sufrido por él.

Igualmente, afirma que los señalamientos del apelante son errados y

descansan en premisas equivocadas. Más aún, afirma que las sumas dadas

en resarcimiento responden a un ejercicio estrictamente matemático. Así,

explica que los $42,933.52 concedidos responden a los intereses que

hubieran rendido los $160,000.00 dados en concepto de depósito, calculados

a base de un cinco punto setenta y cinco por ciento mensual (5.75%); que la

suma de $392,000.00 trata de la cantidad de meses transcurridos- a razón de

$7,000.00 mensuales- desde la radicación de la Demanda hasta la fecha en

que se dictó la Sentencia. Igual afirmación levanta en cuanto a la imposición

de $20,000.00 en concepto de honorarios por temeridad.

       Como puede apreciarse, según lo arriba detallado, en general los

señalamientos levantados por el apelante se limitan a cuestionar las

diferentes partidas concedidas por el foro primario en la sentencia apelada.
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Tal cual correctamente este señala, el foro primario no mencionó en su

sentencia cuál es la jurisprudencia que utilizó como guía para alcanzar las

sumas dadas. Al así hacer, ignoró el llamado claro efectuado por nuestro

Tribunal Supremo en Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra a

detallar en sus dictámenes los casos que utilizan como referencia o punto

de partida para la estimación y valoración de daños.

       De otra parte, y luego de una detenida evaluación de los

planteamientos    levantados     por   las   partes,   así   como    de    los

pronunciamientos de nuestro más alto foro en cuanto a la valoración de

daños, resolvemos que la compensación concedida al apelante debe ser

variada. Ello, toda vez que tras repasar la transcripción de la prueba que

obra en el expediente estimamos que las partidas otorgadas en concepto de

daño no guardan proporción con la prueba desfilada.

       Como previamente señalamos, nuestro ordenamiento jurídico

reconoce dos tipos de daños: los daños especiales- también conocidos como

daños físicos, patrimoniales, pecuniarios o económicos- y los daños

morales. En cuanto a los daños especiales, al reclamarse estos se requiere

que se detalle el concepto de las partidas afectadas para así cuantificar el

daño reclamado y fijar la indemnización correspondiente. No obstante, el

derecho a ser compensado, aun ante daños especiales, no se derrota por el

carácter especulativo de la reclamación. Ello así, ya que, pese a cierto grado

de incertidumbre, los tribunales podrán conforme a los hechos particulares

del caso, la prueba presentada y los criterios establecidos, determinar una

cuantía razonable para indemnizar al perjudicado por los daños sufridos.

Rivera v. SLG Díaz, supra, al citar a Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66

DPR 346 (1946); SLG v. F.W. Woolworth & Co., supra y otros. Al evaluar los

daños, el juzgador debe hacerlo en estricta correlación con la prueba

presentada, procurando mantener un sentido remediador sin aproximarse

al elemento punitivo. Íd.
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         Como ya dijimos, el juicio en su fondo se celebró los días 28 y 29 de

noviembre de 2022. El desfile de prueba del primer día de juicio inició con

el testimonio de Hani Nafez, seguido del testimonio de Rivera Quiles.

Mientras que el desfile de prueba del segundo día comenzó con el

testimonio del Notario Nasser Taha Montalvo, seguido de la continuación

del testimonio de Rivera Quiles. En total testificaron cuatro personas en el

juicio de dos días.

         Durante su testimonio, el apelado expresó que Rivera Quiles era

dueño de una estación de gasolina ubicada en Aguadilla, Puerto Rico y que

está iba a ser embargada por el Banco Popular. Sostuvo que el 16 de febrero

de 2016, mediando la buena fe, le entregó a Rivera Quiles un cheque por la

cantidad de $140,000.00 para que pagara su deuda con el Banco Popular a

cambio de una opción de compra de la referida estación de gasolina.

Además, explicó que tal opción de compra se concretizó en un contrato ante

el notario Nasser Taha Montalvo en Aguadilla, Puerto Rico. 3 Asimismo,

continuó explicando que como parte del proceso de financiamiento las

instituciones financieras le requirieron un estudio del suelo para la

acreditación de la Junta de Calidad Ambiental. Sin embargo, señaló que

Rivera Quiles nunca le proveyó el referido estudio de suelo y, por ello,

venció el término para realizar la opción de compra.4 Posteriormente, Hani

Nafez testificó le hizo entrega en efectivo de $20,000.00 adicionales

solicitados por este último.5 Además, Hani Nafez declaró que, luego de 2

años del vencimiento del segundo contrato de opción a compra, le solicitó

a Rivera Quiles la devolución de su dinero. Es decir, la devolución de

$160,000.00.6

3 Véase, transcripción de Juicio en su Fondo 28 de noviembre de 2022, de la pág. 28, línea 5 a la

pág. 29, línea 5.
4 Íd., pág. 31 líneas 2-17.
5 Íd., pág. 45, líneas 11-17.
6 Íd., pág. 47, líneas 18 y 19.
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         Por otro lado, Hani Nafez indicó que era dueño de 8 estaciones de

gasolina y que contaba con más de 17 años de experiencia como

administrador de estas.7 En base a su experiencia, le comunicó al tribunal

que la mencionada estación de gasolina vende 50,000 galones de gasolina

mensual aproximadamente y que cuenta con un mini market. Siendo así,

puntualizó que hubiera generado una ganancia mensual de $15,000.00 si lo

administraba personalmente. En cambio, si lo alquilaba hubiera generado

una ganancia de $7,000.00 mensual.8 Además de esto, y en cuanto a los

daños económicos, Hani Nafez declaró como a continuación transcribimos:

             P. ¿Qué daños usted recibió por no tener para atrás los ciento
                sesenta mil (160,000) que usted dio? ¿Qué daños, ha, ha
                recibido?

             R Dos (2) negocios no le he podido comprar. Uno es en Camuy y
               uno en Arecibo. Me complicó la cosa y no he podido...

             P    ¿Y dos (2) negocios qué eran?

             R Estaciones de gasolina

             P    Y según la experiencia suya, ¿esas estaciones de ga…? Antes
                  que nada, ¿dos (2) estaciones de gasolina? ¿una en dónde?

             R Camuy y una en Arecibo

             P    La estación de gasolina en Camuy …

             R ¡Ujum!

             P    … según la experiencia suya, ¿cuánto le podía haber dejado a
                  usted mensualmente?

             R Estaba cerrado, lo que quería comprar la propiedad.

             P    Ok. ¿y la, y la otra, no la de Camuy, la de?

             R Arecibo, igual.

             P    ¿Estaba entonces cerrada?

             R También. Embargo.

             P    ¿Embargo los dos (2)?

             R Sí.

             P    Y entonces, explíquele al tribunal, esos ciento sesenta mil
                  dólares ($160,000.00)

7 Íd., pág. 25, línea 14 a la pág. 27, línea 17.
8 Íd., pág. 52, línea 19 a la pág. 54, línea 20.
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                     …

                R ¡Ujúm!

                P    … de usted haberlo obtenido, ¿cómo le hubiese ayudado a
                     poder adquirir esas dos (2) propiedades?

                R Porque las dos (2) propiedades, una en Arecibo, fueron ciento
                  veinte mil dólares ($120,000), propiedad en [embargada], la de
                  Camuy trescientos veinticinco mil dólares ($325,000.00=.

                P    ¿O sea, que usted hu… hubiese podido, si, si a usted le hubiesen
                     dado…

                R Me habría…

                P    le hubiesen devuelto…

                R Exactamente.

                P    los ciento sesenta (160)…

                R Exactamente.

                P    … usted hubiese podido comprar la propiedad de Arecibo?

                R De Arecibo, por lo menos una (1).

                P    Muy bien. ¿Eh, algún otro daño que usted haya podido detectar
                     por… por no haber podido trabajar o recibir esos ciento sesenta
                     mil (160,000)?

                R Mucho daño.

                P    ¿Pero económico, económico?

                R Económico, porque me quedé sin ca… casi “cash flow”, en estos
                  momentos, graci, en el momento cuando yo compré la opción
                  de compra a don Daniel.

                 […]9

            Por último, al preguntársele qué era lo que le solicitaba al Tribunal,

el apelado manifestó que quería que se hiciera justicia. Así, manifestó que

exigía que le vendieran la propiedad al precio acordado, y que, si el tribunal

decidía que no tenía derecho a comprar, quería su dinero y la ganancia de

su dinero en esos 7 años.10

            La única evidencia que el apelado sometió en cuanto a los alegados

daños económicos que reclama sufrió, fueron las declaraciones antes

9 Íd., pág. 57. Línea 10 a la pág. 59, línea 11.
10
     Íd., pág. 62, líneas 8-20.
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resumidas y/o transcritas. En estas, no explicó, cómo, a base de su

experiencia, llegó al cálculo de los $15,000.00 que alegó hubiera podido

generar, ni sometió prueba documental alguna que apoyara su contención.

Tales manifestaciones sin prueba adicional, a nuestro juicio, son

insuficientes para justificar las cuantías otorgadas por el foro primario. Al

final de cuentas, fundamentó las partidas en los estimados brindados por

el apelado, sin que este sometiera evidencia pericial o de cualquier otra

naturaleza que de una manera u otra justifique la concesión de las sumas

concedidas a él. A nuestro juicio, el limitado testimonio del apelado en

cuanto a cuáles fueron sus daños económicos es insuficiente para siquiera

resarcirle, por no haberlos probado. Así, coincidimos con el apelante en

cuanto a la impugnación que levanta en sus dos primeros señalamientos de

error.11

        En cambio, diferimos en cuanto al señalamiento de error que levanta

frente a la partida de $20,000.00 que el TPI le ordenó pagar al apelante por

conceptos de honorarios de abogados debido a su conducta frívola y

temeraria. Aunque es correcto que no debe estimarse como una conducta

temeraria el que una parte se defienda en un caso o a modo de reconvención

reclame lo que cree tiene derecho a reclamar, aunque no lo tenga, los

argumentos que levanta para impugnar la determinación de temeridad

ignoran que la razón por la cual se le encontró temerario no fue por haber

instado una Reconvención, sino porque pese a que en su momento se opuso

a la devolución del dinero consignado por alegadamente tener un reclamo

a su favor, al momento en que estaba llamado a someter prueba en favor de

este, no lo hizo.

11 Es meritorio señalar que las cuantías concedidas, no solamente carecen de justificación

ante la prueba de daños económicos desfilada por el apelado, sino que estas exceden por
mucho la cantidad que el propio apelado alegó como suma estimada de los daños
reclamados en la Demanda.
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       De igual manera, dado que ante nos no se sometieron argumentos

que busquen o en derecho puedan impugnar la determinación efectuada

por el foro primario en cuanto a que procede la devolución por parte del

apelante del dinero que el apelado le entregó como depósito de la opción

de compraventa, confirmamos la determinación que ordena la devolución

del mismo.

                                    -IV-

       Por los fundamentos antes enunciados, modificamos la Sentencia

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla

el 20 de julio de 2023, en la causa de epígrafe a los efectos de eliminar las

partidas concedidas al apelado en concepto de daños económicos. Así,

modificada, se confirma en cuanto al resto.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones