Court Opinion

ID: 9939454
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-09 21:21:07.314324+00
Date Added: 2024-06-11T13:41:15.915862
License: Public Domain

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:
                                                 2024 TSPR 9

                                                213 DPR ___
 Rafael H. Román Jiménez

 (TS-9,606)

Número del Caso:    AB-2023-0057

Fecha:    6 de febrero de 2024

Oficina de Inspección de Notarías:

     Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús
     Director

Abogada del promovido:

     Lcda. Daisy Calcaño López

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio
de la notaría por el término de tres (3) meses por apartarse de los
principios cardinales recogidos en el Art. 2 de la Ley Notarial de
Puerto Rico y por infracción a los Cánones 18, 19 y 35 del Código
de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
            EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
Rafael H. Román Jiménez           AB-2023-0057        Conducta
                                                      profesional
(TS-9,606)

                               PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

      Nos     corresponde         ejercer          nuestra    autoridad

disciplinaria     sobre   un    miembro     de   la    profesión    de   la

abogacía por sus ejecutorias en calidad de notario. Tras

concluir que el Lcdo. Rafael H. Román Jiménez (licenciado

Román Jiménez o promovido) se apartó de los principios de

puntillosidad     y   honradez     que      deben      caracterizar      al

notariado, decretamos su suspensión inmediata del ejercicio

de la notaría por el término de tres (3) meses. Veamos.

                                   I

     El licenciado Román Jiménez fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 8 de agosto de 1990 y al notariado el 7

de septiembre de 1990. En lo que aquí nos concierne, el

pasado 14 de marzo de 2023, la Sra. María de Lourdes Adorno

Montañez (señora Adorno Montañez o promovente) presentó una

Queja contra este primero.

     Según esbozó la promovente en su escueta alegación, el

licenciado Román Jiménez había incumplido ciertas gestiones

atinentes    al    otorgamiento        de    una      escritura,    había

consignado un precio incorrecto en el instrumento público

y no había atendido una deuda que la propiedad objeto del
AB-2023-0057                                                                      2

negocio tenía con el Centro de Recaudación de Impuestos

Municipales (CRIM).

      Tras concederle una prórroga para ello, el promovido

contestó     la   Queja     y   rechazó    haberse      apartado           de   los

postulados éticos que le exigen la Ley Notarial de Puerto

Rico, infra, y el Código de Ética Profesional, infra. Fue

su postura, que las omisiones que le imputaba la promovente

en realidad se trataban de funciones que no le competían

como notario y que estaban fuera de su control.

      Así las cosas, la Oficina de Inspección de Notarías

(ODIN)      rindió     un    Informe      tras     haber     realizado           la

investigación correspondiente. A continuación, relatamos el

trasfondo fáctico según recogido por dicha dependencia.

      Alla para el 24 de julio de 2020, el promovido fungió

como notario autorizante de la Escritura Núm. 74 sobre

Compraventa y Designación de Hogar Seguro. Surge de los

autos que al otorgamiento de dicha escritura comparecieron

los   hermanos       Enid   Vargas     Algarín,    Edith     Gladys        Vargas

Algarín, Hilda Luz Vargas Algarín y Rafael Eugenio Vargas

Algarín en calidad de vendedores. A su vez, compareció la

señora Adorno Montañez en calidad de compradora.

      Del     historial         encontramos       que      los        vendedores

constituían la Sucesión de Rafael Eugenio Vargas Rosa y la

Sucesión     de    Francisca         Algarín   Carrillo.         Mediante        el

instrumento       público,      la    promovente     adquirió         de    estos

primeros una propiedad ubicada en el Municipio de Río

Grande,      la   cual      constaba      inscrita      en       el    Registro
AB-2023-0057                                                              3

Inmobiliario Digital (RID) en favor de los fenecidos esposos

Rafael Eugenio Vargas Rosa y Francisca Algarín Carrillo.

       En la escritura se hizo constar que los vendedores

habían    adquirido      la    propiedad       mediante   la    sucesión

intestada de sus progenitores. No obstante, se aclaró que

las    respectivas       Resoluciones      sobre     Declaratoria        de

Herederos, emitidas por el Tribunal de Primera Instancia,

se encontraban pendientes de presentación. Por ello, al

momento de otorgarse la escritura, el derecho hereditario

de los vendedores no estaba inscrito en el RID.

       Por otra parte, surge que para esa misma fecha no se

habían    radicado    en      el   Departamento     de    Hacienda      las

respectivas Planillas de Caudal Relicto correspondientes a

ambas sucesiones. Como consecuencia de ello, tampoco se

habían obtenido los Certificados de Cancelación de Gravamen

respecto a cada uno de los causantes.

       Sobre este particular, la ODIN señala que la ausencia

de    estos   trámites   obedece     a   que   existía    una   deuda    de

contribuciones territoriales sobre el inmueble debidas al

CRIM que, al 20 de julio de 2020, ascendía a $11,467.87.

Así las cosas, para la fecha en la cual la ODIN presentó su

Informe, no se habían radicado aún las Planillas de Caudal

Relicto ante el Departamento de Hacienda ni se habían

obtenido los correspondientes relevos.

       En su escrito, la ODIN concluyó que el promovido

carecía de autoridad legal para impartirle la fe pública

notarial a la escritura pues al momento del otorgamiento no
AB-2023-0057                                                        4

contaba con la certificación de cancelación de deuda o

relevo de herencia, emitida por el Departamento de Hacienda.

Lo anterior, en contravención a la Sec. 2054.05 del Código

de Rentas Internas, infra. Más aun, el promovido reconoció

en su contestación que obtener ese relevo no era posible

hasta en tanto se saldara la deuda con el CRIM.

      A juicio de la ODIN, tales omisiones constituyen una

infracción al deber de competencia que surge del Art. 2 de

la Ley Notarial de Puerto Rico, infra, y el Canon 18 del

Código de Ética Profesional, infra. Por otra parte, la ODIN

sostiene que el promovido igualmente se apartó de los

postulados del Canon 19 del Código de Ética Profesional,

infra, en tanto no mantuvo a la promovente informada de las

gestiones atinentes a la escritura por espacio de más de

tres (3) años.

      Por tales motivos, la ODIN recomendó, entre otras

sanciones,1    suspender    al   licenciado    Román   Jiménez    del

ejercicio de la notaría por el término de tres (3) meses.

Además, recomendó que le apercibiéramos a este de su deber

de dar fiel cumplimiento en el futuro a los postulados que

emanan de la Ley Notarial de Puerto Rico, infra, y el Código

de Ética Profesional, infra.

      Así las cosas, previo a que le ordenásemos a las partes

que se expresaran sobre el Informe de la ODIN, el promovido

     1  Al momento de rendir su Informe, la ODIN recomendó un referido
simultaneo a la Oficina del Procurador General para la investigación
de rigor. No obstante, como señalaremos posteriormente, la ODIN omitió
esta recomendación en ocasión de suplementar su Informe y únicamente
mantuvo la recomendación de suspender y apercibir.
AB-2023-0057                                                                            5

interpuso        una    Moción    en      la       que    nos    informó    que    había

presentado        ante    el   RID     las         correspondientes         instancias

sobre      derechos       hereditarios             y     sobre    la   escritura       de

compraventa. Enterados de ello, le concedimos un término a

las partes para expresarse sobre el Informe.

        En cumplimiento de ello, el licenciado Román Jiménez

presentó una Reacción al Informe de la Oficina de Inspección

de Notarías y nos informó que la escritura objeto de esta

Queja había sido inscrita en el Registro de la Propiedad el

pasado 3 de octubre de 2023. Por lo demás, concedió que “si

bien       es    cierto     que      la    conducta             desplegada    por      el

compareciente          puede     llevar        a    la    determinación       de    esta

Honorable Curia que incurrió de los cánones señalados, no

obstante, saltan a la vista circunstancias que deben ser

evaluadas por esta Honorable Curia a la hora de ejercer su

función disciplinaria”.2 (Negrillas suplidas).

        En resumen, atribuyó su conducta “a circunstancias que

no estuvieron bajo su control absoluto” y alegó que no hubo

ánimo      de    lucro    ni   se      causó        daño    a     terceros    o    a   la

promovente.3           (Negrillas      suplidas).           Por     estos     motivos,

solicitó que archiváramos la Queja, tras considerar los

atenuantes que había expresado.

        Finalmente, le concedimos un término a la ODIN para

que suplementara su Informe a la luz de lo expuesto por el

promovido. Consecuentemente, la ODIN presentó una Moción en

       2   Reacción al Informe de la Oficina de Inspección de Notarías,
pág. 7.
       3   Íd.
AB-2023-0057                                                               6

Cumplimiento         de    Orden     y   reiteró    su   recomendación    de

suspender del ejercicio de la notaría al promovido por

espacio de tres (3) meses, acompañado del correspondiente

apercibimiento sobre su conducta futura. En esta ocasión,

omitió una recomendación de darle trámite ulterior al asunto

mediante un referido a la Oficina del Procurador General

(OPG).

         La ODIN destacó, que, aun cuando se hubiese logrado la

inscripción de la escritura, el promovido “no debió haber

esperado que sus faltas fuesen traídas a la atención de

este         Tribunal     como      resultado      de    un    procedimiento

disciplinario para corregirlas”.4 (Negrillas suplidas).

         En respuesta a ello, el promovido reiteró que, si bien

su conducta bien pudiese conducirnos a una determinación de

que este incurrió en las violaciones éticas imputadas,

deberíamos igualmente evaluar ciertos factores atenuantes

a   la       hora   de    ejercer    nuestra    función       disciplinaria.5

Consecuentemente, afirmó que este Tribunal debería darle la

oportunidad de presentar y contrainterrogar testigos en un

procedimiento posterior ante un(a) Comisionado(a) Especial,

tras ordenar a la OPG que investigue el asunto y presente

una Querella.6

         4 Moción en Cumplimiento de Orden, pág. 3.
         5 Reacción a Moción en Cumplimiento de Orden, pág. 6.
         6 Íd., págs. 7-8.
AB-2023-0057                                                           7

                                      II

          A.   Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico

      Dispone el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico,

que

      El notario es el profesional del Derecho que
      ejerce una función pública, autorizado para dar
      fe y autenticidad conforme a las leyes, de los
      negocios jurídicos y demás actos y hechos
      extrajudiciales que ante él se realicen, sin
      perjuicio   de   lo  dispuesto   en   las   leyes
      especiales. Es su función recibir e interpretar
      la voluntad de las partes, dándole forma legal,
      redactar las escrituras y documentos notariales
      a tal fin y conferirle autoridad a los mismos. La
      fe pública al notario es plena respecto a los
      hechos que, en el ejercicio de su función
      personalmente ejecute o compruebe y también
      respecto a la forma, lugar, día y hora del
      otorgamiento.7

      Esta disposición recoge el principio rector de la fe

pública notarial, lo que hemos llamado reiteradamente la

espina dorsal del notariado.8 En virtud de este precepto el

notario viene llamado a ejercer su ministerio con esmero,

diligencia y estricto celo profesional.9 La fe pública del

notario implica que el documento otorgado ante sí cumple

con todas las formalidades exigidas en ley y que este

constituye una transacción válida y legítima.10

      Tan      importante   es   el   principio   de   la   fe   pública

notarial que hemos resuelto que no es necesario que el

notario falte a la verdad intencionalmente para que incurra

      7 4 LPRA sec. 2002.
      8 In re: Vázquez Margenat, 204 DPR 968, 977 (2020).
      9 Íd.
      10 Íd.
AB-2023-0057                                                               8

en una violación a ella.11 Además, el notario tiene un deber

ineludible de ofrecer asesoramiento legal a los otorgantes

sobre las circunstancias del otorgamiento, así como las

posibles     consecuencias      jurídicas   que   puede       entrañar    el

negocio celebrado.12 Cuando, a juicio del notario, “el acto

o negocio jurídico que va a autorizar sea contrario a las

leyes, a los postulados éticos o a la moral, deberá negarse

a dar fe de tal acto”.13

       B.    Sec. 2054.05 del Código de Rentas Internas de

      2011

      La Sec. 2054.05 del Código de Rentas Internas recoge

una    serie   de   prohibiciones      respecto        a    la   propiedad

perteneciente a un caudal relicto con relación al cual no

se    haya   presentado    el    certificado      de       cancelación    de

gravamen.14 De tratarse de un bien que no cuente con el

correspondiente      relevo       de   deuda,          “ningún     notario

autorizará,     expedirá   o    certificará    documento         alguno   de

división o distribución, venta, entrega, cesión o hipoteca

de tal propiedad”.15 (Negrillas suplidas).

       C.    Canon 18 del Código de Ética Profesional

      El Canon 18 del Código de Ética Profesional recoge el

deber que tienen los profesionales del derecho de ejercer

sus funciones de manera competente, cuidadosa y diligente.16

      11 Íd., pág. 978.
      12 In re: Torres Rivera, 204 DPR 1, 12(2020)
      13 Íd.
      14 13 LPRA sec. 31165.
      15 Íd.
      16 4 LPRA Ap. IX.
AB-2023-0057                                                                    9

En lo atinente a la notaría, “[i]nfringe este canon el

notario que toma livianamente el celo de la custodia de la

fe pública notarial, al no ejercer la profesión con el

cuidado y la prudencia que esta requiere”.17 A su vez, hemos

resuelto que la función notarial es de carácter personal,

indivisible e indelegable, de completa responsabilidad del

notario          autorizante.18              Consecuentemente,                “el

desconocimiento      de     las     normas   jurídicas      al     ejercer    la

profesión    vulnera      la    naturaleza        misma   del    notariado     e

implican una violación al Canon 18”.19

     D.     Canon 19 del Código de Ética Profesional

     Por    su     parte,      el   Canon    19    del    Código    de   Ética

Profesional le exige al abogado mantener a sus clientes

informados    de    todo    asunto     importante         que   surja    en   el

desarrollo del caso.20 De este modo, “cuando el notario no

advierte a los otorgantes sobre las circunstancias del

negocio jurídico y sus efectos, infringe también el Canon

19”.21 Viola también esta disposición un notario que no

mantiene a su cliente informado del estado de presentación

de una escritura.22 (Negrillas suplidas).

     E.     Canon 35 del Código de Ética Profesional

     Finalmente, el Canon 35 del Código de Ética Profesional

recoge el deber que tienen los profesionales del derecho de

     17 In re: Vázquez Margenat, supra, pág. 979.
     18 Íd.
     19 In re: Sánchez Reyes, 204 DPR 548, 567 (2020).
     20 4 LPRA Ap. IX.
     21 In re: Sánchez Reyes, supra, pág. 571.
     22 Íd.
AB-2023-0057                                                                   10

comportarse de forma sincera y honrada.23 Respecto a cómo

esta obligación afecta a los notarios, hemos dicho que “el

notario       que    asevere       cualquier      hecho   en   un   instrumento

público que no concuerde con la verdad, infringe la fe

pública notarial que, a su vez, constituye una violación al

Canon        35     del    Código         de   Ética   Profesional,      supra,

independientemente de si hubo intención de faltar a la

verdad”.24 (Negrillas suplidas). No es defensa la ausencia

de   haber        obrado     de    mala     fe,   deliberadamente    o   sin   la

intención de engañar como tampoco lo es que no se haya

causado daño a un tercero.25

                                            III

        De        entrada,        debemos      considerar      si   el   asunto

disciplinario ante nos se encuentra presto para ser resuelto

en sus méritos. Esto, pues la ODIN y la representación del

promovido discrepan sobre el curso procesal que debe seguir

este asunto. Consideremos a continuación.

        Un examen integral de este expediente nos dirige a la

naturaleza real de esta controversia. Aquí, no hay en

realidad una divergencia de criterios entre ambas partes

sobre los hechos en controversia. El promovido, en todos

sus escritos, no rebate los hechos que alegó la promovente

y que confirmó mediante investigación la ODIN, salvo lo

atinente al precio de la compraventa. Respecto a esto, basta

mencionar que la ODIN coincidió con el licenciado Román

      23 4 LPRA Ap. IX.
      24 In re Villalona Viera, 206 DPR 360, 374 (2021).
      25 In re: Vázquez Margenat, supra, pág. 979.
AB-2023-0057                                                       11

Jiménez respecto a que no hay prueba que sugiera que el

precio convenido en este negocio jurídico sea uno distinto

al que se consignó en el documento.

     Ahora    bien,   respecto    a   las   demás   alegaciones,   el

promovido no alega que los hechos fueron distintos. Más

bien, nos invita a justipreciar estos eventos bajo una lupa

distinta a la que utilizó la ODIN. Así las cosas, nos es

forzoso concluir que en este asunto no hay razón alguna

para postergar una determinación en los méritos sobre las

faltas que se le han imputado al promovido en el descargo

de su ministerio notarial.

     Nada    aprovecharía    aplazar    este   asunto   mediante   un

referido a la OPG y el nombramiento de un(a) Comisionado(a)

Especial. Como discutiremos a continuación, la realidad de

este caso es que las omisiones que se le imputaron al

promovido se circunscriben casi totalmente a su función

como notario. Ciertamente, es indudable que algunas de sus

ejecutorias    convergen    con   sus   obligaciones    éticas   como

abogado. No obstante, esto no nos obliga a darle trámite

ulterior a un asunto si concluimos que basta con atender la

dimensión notarial del caso.

      Así pues, retornando a lo que hoy nos ocupa, colegimos

que el promovido conocía que el derecho hereditario de los

vendedores no había sido inscrito, toda vez que no se había

gestionado el relevo de gravamen contributivo que concede

el Departamento de Hacienda a la sucesión de una persona

fallecida. Además, conocía que el inmueble adeudaba cierta
AB-2023-0057                                                                      12

cantidad en contribuciones territoriales destinadas para el

CRIM.

      No empece a esto, el promovido les facturó a los

otorgantes por las gestiones relacionadas a (1) la obtención

del relevo de hacienda, (2) el cambio de titularidad ante

el    CRIM,       (3)     la    presentación          de    las     respectivas

declaratorias de herederos y (4) la presentación para su

inscripción de la escritura de compraventa. Transcurridos

más   de   tres     (3)       años    desde    que    había    autorizado         el

instrumento público, el licenciado Román Jiménez no había

encaminado ninguno de estos procesos.

      En su defensa, la postura reiterada del promovido es

que la ausencia de estos trámites era algo conocido para

los otorgantes. En lo atinente a la deuda del CRIM, ha

insistido     que       los    otorgantes      fueron      advertidos        de   la

necesidad de obtener una certificación de deuda emitida por

esa agencia. Afirma, que la gestión de pagar la deuda al

CRIM le competía a la parte vendedora y que el hecho de que

no se hubiera hecho no le es imputable. A su entender,

bastaba con el hecho de que se había obtenido un cheque de

gerente     para    saldar       la    deuda,       pese   a   que      no   tenía

conocimiento de si el dinero había sido pagado al CRIM.

Como ya sabemos, ese pago no se hizo hasta hace escasos

meses.     Peor     aún,       sabiendo       que    existía      una   deuda      y

desconociendo si esta se había pagado, el promovido afirmó

en la escritura de compraventa que el inmueble se encontraba

libre de cargas y gravámenes.
AB-2023-0057                                                                            13

      Todo lo anterior representa una crasa desviación de

los deberes de puntillosidad, honestidad y competencia que

deben caracterizar al notariado. El promovido, por mandato

del Código de Rentas Internas, supra, debió haberse negado

a autorizar la escritura hasta en tanto se satisficiera la

deuda al CRIM, se radicara exitosamente cada Planilla de

Caudal Relicto y se obtuvieran los correspondientes relevos

de gravamen contributivos.

      Permitir que el asunto se alargara por espacio de tres

(3)   años    sin    mantener       comunicación            con    los       otorgantes

resulta      en    una    clara     violación          de    las       disposiciones

imputadas. Evidentemente, el licenciado Román Jiménez se

apartó de los principios cardinales recogidos en el Art. 2

de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra. Ademas, infringió

los deberes de competencia, comunicación y honradez que

establecen los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética

Profesional, supra.

      Ponderando          así    las    omisiones           incurridas           por    el

promovido,        solo    nos     resta     determinar            la       sanción     que

corresponde.        Para        ello,     hemos     de       considerar           varios

factores, incluyendo: (1) la buena reputación del abogado

en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si esta

constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado

perjudicada;        (4)    la    aceptación       de     falta         y    su   sincero

arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada;

(6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7)

resarcimiento        al     cliente,        y     (8)       cualesquiera             otras
AB-2023-0057                                                                   14

consideraciones,          ya    sean     atenuantes       o    agravantes,    en

relación con los hechos.26

                                         IV

        Por      los      fundamentos         previamente           consignados,

decretamos la suspensión inmediata del licenciado Román

Jiménez del ejercicio de la notaría por el término de tres

(3) meses.27

        Le ordenamos notificar a todas las personas que han

procurado sus servicios notariales de su inhabilidad para

atender los trabajos que tenía pendientes y devolverles

tanto      los    expedientes       como      los   honorarios       notariales

recibidos por trabajos no rendidos.

        Además,    deberá        acreditar     y    certificar       ante    este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término

de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar

que no se le reinstale al ejercicio de la notaría de

solicitarlo en el futuro.

        Se le ordena al Alguacil de este Tribunal que proceda

inmediatamente a incautar el sello y la obra notarial del

licenciado        Román        Jiménez     para     que       sea   debidamente

custodiada e inspeccionada por la Oficina de Inspección de

Notarías.

      26 In re: Stacholy Ramos, 207 DPR 521, 531 (2021); In re: Rivera
Contreras, 202 DPR 73, 92 (2019).
      27  Para efectos comparativos, véase, In re: Velez Torres, 209
DPR 848 (2022). Destacamos adicionalmente, que el licenciado Román
Jiménez fue objeto de una suspensión de treinta (30) días del ejercicio
de la notaría. In re: Román Jiménez, 161 DPR 727 (2004).
AB-2023-0057                                                       15

         De conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo de

1911, según enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da por

terminada la última fianza otorgada. Así se garantizan las

funciones notariales del notario y la fianza se considerará

buena y válida por tres (3) años después de su terminación

para los actos realizados por el fiado durante el periodo

en que estuvo vigente.

     Se le apercibe al licenciado Román Jiménez que en el

futuro    deberá   dar   fiel   y   estricto   cumplimiento   a   los

postulados ético-legales que surgen de la Ley Notarial de

Puerto Rico, el Reglamento Notarial, el Código de Ética

Profesional y las otras leyes que inciden en el ejercicio

del notariado.

             Se dictará Sentencia de conformidad.
         EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:
Rafael H. Román Jiménez      AB-2023-0057   Conducta
                                            Profesional
(TS-9,606)

                          SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

     Por los fundamentos previamente expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, decretamos la suspensión
inmediata del licenciado Román Jiménez del ejercicio de la
notaría por el término de tres (3) meses.

     Le ordenamos notificar a todas las personas que han
procurado sus servicios notariales de su inhabilidad para
atender los trabajos que tenía pendientes y devolverles
tanto los expedientes como los honorarios notariales
recibidos por trabajos no rendidos.

     Además, deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término
de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta
Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera
conllevar que no se le reinstale al ejercicio de la notaría
de solicitarlo en el futuro.

     Se le ordena al Alguacil de este Tribunal que proceda
inmediatamente a incautar el sello y la obra notarial del
licenciado Román Jiménez para que sea debidamente
custodiada e inspeccionada por la Oficina de Inspección de
Notarías.

     De conformidad con la Ley Núm. 69 de 9 de marzo de
1911, según enmendada, 30 LPRA sec. 1725 et seq., se da
por terminada la última fianza otorgada. Así se garantizan
las funciones notariales del notario y la fianza se
considerará buena y válida por tres (3) años después de su
terminación para los actos realizados por el fiado durante
el periodo en que estuvo vigente.

     Se le apercibe al licenciado Román Jiménez que en el
futuro deberá dar fiel y estricto cumplimiento a los
postulados ético-legales que surgen de la Ley Notarial de
Puerto Rico, el Reglamento Notarial, el Código de Ética
Profesional y las otras leyes que inciden en el ejercicio
del notariado.
AB-2023-0057                                          2

     Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no
intervino.

                        Javier O. Sepúlveda Rodríguez
                       Secretario del Tribunal Supremo