Court Opinion

ID: 9928560
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:25:16.399806+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:45.329314
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                              PANEL I

                                               Apelación
                                               procedente del
                                               Tribunal de Primera
  FERNANDO FIGUEROA                            Instancia, Sala de
   ALEJANDRO, RENÉ                             Bayamón
 FIGUEROA ALEJANDRO,
                                               Civil Núm.:
   BLANCA FIGUEROA                             D AC2018-0161
       MÉNDEZ
                             KLAN202300980 Sobre:
 Demandantes - Apelados                        Impugnación de
                                               Testamento; Acción
              v.                               de Testamento
                                               Inoficioso;
  AIXA CATALINA DÁVILA                         Preterición/Nulidad
 RODRÍGUEZ T/C/C AIXA                          de Institución de
   DÁVILA RODRÍGUEZ                            Herederos; Apertura
                                               de Declaratoria de
                                               Herederos; Partición y
  Demandada - Apelantes                        Liquidación de
                                               Comunidad
                                               Hereditaria y
                                               Solicitud de Órdenes
                                               Apelación
                                               procedente del
  FERNANDO FIGUEROA                            Tribunal de Primera
   ALEJANDRO, RENÉ                             Instancia, Sala de
 FIGUEROA ALEJANDRO,                           Bayamón
   BLANCA FIGUEROA
                                               Civil Núm.:
       MÉNDEZ                                  D AC2018-0161

 Demandantes - Apelantes     KLAN202300990 Sobre:
                                               Impugnación de
              v.                               Testamento; Acción
                                               de Testamento
  AIXA CATALINA DÁVILA                         Inoficioso;
 RODRÍGUEZ T/C/C AIXA                          Preterición/Nulidad
   DÁVILA RODRÍGUEZ                            de Institución de
                                               Herederos; Apertura
                                               de Declaratoria de
  Demandados - Apelados
                                               Herederos; Partición y
                                               Liquidación de
                                               Comunidad
                                               Hereditaria y
                                               Solicitud de Órdenes
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                           SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

      Luego de un juicio, y en conexión con una acción de división

de herencia entre una viuda y los hijos del causante producto de un

matrimonio anterior, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”)

Número Identificador
SEN2023________________
KLAN202300980, KLAN202300990                                       2

determinó que el causante pagaba la hipoteca de un inmueble con

fondos privativos y que los pagos de hipoteca realizados por la viuda

luego del fallecimiento del causante se tomarían como el pago de la

renta que esta debía por ocupar un inmueble privativo del causante.

Según se explica en detalle a continuación, al no haber reproducido

la prueba oral, la viuda no nos colocó en posición de evaluar los

errores que plantea se cometieron; en cuanto a la apelación de los

hijos, la misma se presentó de forma tardía, por lo cual estamos

obligados a desestimarla.

                                 I.

      En abril de 2018, Fernando Figueroa Alejandro, René

Figueroa Alejandro y Blanca Figueroa Méndez (los “Hijos”)

presentaron la acción de referencia, sobre impugnación de

testamento y división de comunidad hereditaria (la “Demanda”), en

contra de la Sa. Aixa Catalina Dávila Rodríguez (la “Viuda”).

Alegaron que, entre los bienes que dejó su padre (el Sr. Porfirio

Figueroa Ayala, o el “Causante”), se encuentra una propiedad

privativa ubicada en la urbanización Villas de Buena Vista, G1 Calle

Hera, en Bayamón, valorada en $163,000.00 (el “Inmueble”).

Adujeron, además, que el Inmueble se encontraba en posesión de la

Viuda. La Viuda contestó la Demanda.

      Luego de varios trámites, el TPI anuló un testamento del

Causante, abrió la sucesión intestada y, determinó que los

herederos del Causante eran los Hijos y la Viuda, en la cuota

usufructuaria que dispone la Ley. El juicio en su fondo se celebró

el 19 y 20 de julio de 2022; desfiló prueba testimonial y documental.

      Mediante una sentencia notificada el 6 de septiembre de 2023

(la “Sentencia”), el TPI adjudicó la Demanda; en la misma, se

formularon varias determinaciones de hechos, de las cuales

destacamos las siguientes:
KLAN202300980, KLAN202300990                                   3

         3.   El causante contrajo segundas nupcias con
              Aixa Catalina Dávila Rodríguez y estuvieron
              casados desde el 28 de febrero de 2006 hasta
              el 3 de febrero de 2018, fecha de su
              fallecimiento.

         4.   El causante y la demandada no otorgaron
              capitulaciones matrimoniales, por lo que se
              estableció una sociedad legal de bienes
              gananciales como el régimen económico
              matrimonial.

         7.   Previo a su matrimonio con la demandada, el
              causante era titular de un inmueble
              localizado en Villas de Buena Vista, GI, Calle
              Hera, Bayamón, Puerto Rico adquirido
              durante su primer matrimonio (en adelante
              “el inmueble”). El inmueble perteneció a la
              extinta sociedad de gananciales entre el
              causante y su primera esposa, Doña
              Ricarda.

         9.   El causante residió en el inmueble con la
              demandada hasta la fecha de su muerte.

         11. El mencionado inmueble está gravado por
             una hipoteca, con un pago mensual de
             $698.45. El causante realizaba los pagos
             de la hipoteca.

         12. Luego del fallecimiento del causante, la
             demandada ha realizado el pago del
             préstamo hipotecario.

         14. La demandada ha residido en el inmueble
             desde el fallecimiento del causante hasta el
             presente sin el pago de renta.

         16. El causante también era titular de dos (2)
             vehículos de motor:

              a. Honda CR-V LX, año 2004, tablilla
                 FNM812, valorado en $5,000.00; y

              b. Honda Civic DX VP, año 2009, tablilla
                 HKE139, valorado en $7,500.00.

         18. El causante era titular de varias cuentas
             bancarias. […]

         19. El total depositado en las cuentas bancarias
             es de $9,208.53.

         21. Con relación al vehículo Honda CR-V LX del
             año 2004, la Sra. María del Carmen Díaz,
             hija de la demandada, declaró durante el
             juicio que el causante le vendió el vehículo
             por $3,000.00, los cuales ella estaba
             pagando a plazos y en efectivo. La testigo
             declaró que a la fecha del fallecimiento del
             causante          todavía          adeudaba
KLAN202300980, KLAN202300990                                        4

                aproximadamente $1,050.00, pero su madre
                -la demandada- le indicó que se podía llevar
                el vehículo y ella así lo hizo. Al Tribunal no le
                mereció credibilidad el testimonio en torno a
                la venta del vehículo y los pagos en efectivo.

            22. La demandada dispuso del vehículo Honda
                CR-V LX, de manera unilateral, en perjuicio
                de los demás miembros de la sucesión.

            24. La demandada dispuso, de forma unilateral,
                de las pertenencias personales y recuerdos
                familiares del causante, sin el conocimiento
                de los codemandantes. (Citas omitidas).

      Como el TPI determinó que el Inmueble fue adquirido antes

del matrimonio del Causante con la Viuda, y que su hipoteca se

pagaba con dinero privativo del Causante vigente dicho matrimonio,

el TPI determinó que la Viuda no era acreedora a crédito alguno por

dichos pagos. Además, el TPI concluyó que, como la Viuda reside y

mantiene el control del Inmueble desde la muerte del Causante,

debía pagar a los Hijos por el uso del mismo; al respecto, el TPI

estimó que, como el “pago mensual de la hipoteca es de $698.45,

nos parece razonable acreditar los pagos de la hipoteca a la renta

que la [Viuda] debió pagar por el uso exclusivo” del Inmueble.

      Inconformes, el 21 de septiembre, ambas partes solicitaron la

reconsideración de la Sentencia; el TPI denegó las referidas

mociones mediante unos dictámenes notificados el 4 de octubre.

      El 3 de noviembre, la Viuda presentó uno de los recursos que

nos ocupa (KLAN202300980); formula los siguientes señalamientos

de error:

            1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no
               conceder créditos a la Apelante por el pago de
               la hipoteca que grava el inmueble privativo con
               dinero ganancial.

            2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no
               conceder créditos a la Apelante por el pago de
               la hipoteca que grava el inmueble privativo
               luego del fallecimiento del causante.
KLAN202300980, KLAN202300990                                          5

          Por su parte, el 6 de noviembre (lunes), los Hijos presentaron

el otro recurso que nos ocupa (KLAN202300990); formulan los

siguientes señalamientos de error:

                1. Erró el TPI al no tomar en consideración que
                   la demandada-apelada entró al matrimonio
                   con el causante teniendo éste bienes privativos
                   (dinero    en    sus    cuentas       bancarias)
                   pertenecientes a los herederos de su difunta
                   esposa anterior. Por tanto, en la liquidación de
                   la comunidad hereditaria debe computarse la
                   deuda que tiene el causante con sus herederos
                   codemandantes-apelantes Fernando Figueroa
                   y René Figueroa, hijos de su anterior esposa
                   antes de liquidar la comunidad hereditaria
                   compuesta de los herederos del causante y la
                   demandada-apelada.

                2. Erró el TPI al no resolver sobre el perjurio
                   cometido por la demandada-apelada, y sus
                   consecuencias, según fuera señalado por el
                   mismo TPI y recogido en la Minuta de la Vista
                   de PT, Apéndice XXI, pág. 152, primer y
                   segundo párrafo.

                3. Erró el TPI y abusó de su discreción al no
                   incluir en la liquidación de los bienes la deuda
                   de la hipoteca, a pesar de contar con prueba
                   producida por la propia parte demandada-
                   apelada donde se desglosaba el balance
                   adeudado de la hipoteca (Apéndice XIX, pág.
                   127-129). Además, el TPI erró en el cómputo
                   de la liquidación al concluir que los herederos
                   le adjudicaban a la demandada el vehículo
                   Honda Civic DX VP, año 2009, sin solicitar
                   crédito alguno sobre éste.

                4. Erró el TPI al adjudicar un usufructo a la
                   demandada-apelada, que por sus actos debe
                   perder dicho derecho; la demandada no
                   custodió bienes de la herencia como buen
                   padre de familia y dispuso de ellos sin
                   autorización de los herederos.

          Mediante una Resolución emitida el 9 de noviembre,

consolidamos ambos recursos y concedimos un término a las partes

para informar si reproducirían la prueba oral desfilada durante el

juicio.

          El 14 de noviembre, la Viuda nos informó que no reproduciría

la prueba oral, pues los errores apuntados “se sostienen por la

prueba documental admitida en el juicio e incluida en el apéndice
KLAN202300980, KLAN202300990                                         6

del escrito, y por los hechos incontrovertibles que se recogieron en

la sentencia”.

      Además, la Viuda solicitó la desestimación de la apelación de

los Hijos.       Los Hijos se opusieron; aunque admitieron que

presentaron el recurso luego de expirado el término jurisdiccional

de 30 días, arguyeron que, como consecuencia de la presentación

por la Viuda de su apelación, el término de los Hijos de algún modo

se había extendido.

      Por otra parte, los Hijos presentaron un alegato en oposición

a la apelación de la Viuda. Resolvemos.

                                  II.

      En cuanto al recurso KLAN202300990, concluimos que

carecemos de jurisdicción para considerarlo y, por tanto, procede su

desestimación, pues el mismo fue presentado de forma tardía.

      La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay.

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra

jurisdicción. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882

(2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado.

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

      Por su parte, la Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA

Ap. XXII-B R. 13(A), establece que el término para presentar el

recurso de apelación será dentro “de treinta (30) días contados desde

el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia”. Dicho

término es de carácter jurisdiccional. Íd.; véase también la Regla

52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). Como es

sabido, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e

insubsanable. Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7
KLAN202300980, KLAN202300990                                        7

(2000). Por ello, no puede acortarse, ni extenderse. Torres v. Toledo,

152 DPR 843, 851 (2000).

      Ahora bien, el referido término se interrumpe cuando una de

las partes oportunamente presenta una moción de reconsideración

dentro del término jurisdiccional de quince (15) días establecido en

la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. En

tal caso, el término para recurrir mediante el recurso de apelación

comenzará a transcurrir a partir de la notificación de la resolución

adjudicando la moción de determinaciones de hechos adicionales

y/o de reconsideración. Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192

DPR 989 (2015); Caro Ortiz v. Cardona Rivera, 158 DPR 592, 603

(2003); Castro Martínez v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR

213, 221 (1999).

      En este caso, el TPI notificó la Sentencia el 6 de septiembre de

2023. El 21 de septiembre, los Hijos y la Viuda presentaron sus

respectivas   mociones   de   reconsideración,   las   cuales   fueron

denegadas mediante Resoluciones notificadas por el TPI el 4 de

octubre.

      Por tanto, el término para apelar la Sentencia comenzó a

transcurrir el 4 de octubre y, así, ambas partes tenían 30 días, hasta

el 3 de noviembre (viernes), para presentar y notificar una apelación.

Sin embargo, los Hijos presentaron su apelación el lunes, 6 de

noviembre, es decir, luego de expirado el correspondiente término

jurisdiccional. Contrario a lo planteado (sin referencia a autoridad

alguna) por los Hijos, la presentación de una apelación por la Viuda

no tuvo efecto alguno sobre el término de ellos para apelar la

Sentencia.    En consecuencia, carecemos de jurisdicción para

atender el recurso KLAN202300990.

                                 III.

      La sociedad legal de bienes gananciales es el régimen

económico matrimonial que rige de manera supletoria en ausencia
KLAN202300980, KLAN202300990                                         8

de capitulaciones matrimoniales válidas. Ésta comienza con la

celebración del matrimonio y concluye con su disolución mediante

muerte, divorcio o nulidad. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR

967, 978 (2010).

      Contraído el matrimonio bajo el régimen de la sociedad legal

de gananciales, la gestión que realiza cada cónyuge se hace en

beneficio de dicha sociedad y no para beneficio individual. Íd.

Durante la existencia de la sociedad legal de gananciales, los

cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad del

patrimonio matrimonial, sin distinción de cuotas. Montalván v.

Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004); véase, además, los Artículos

1295-1326 del Código Civil de 1930 y Artículos 488-489 del Código

Civil de 2020, 31 LPRA secs. 6911-6912.

      En consecuencia, este régimen económico tiene personalidad

jurídica distinta a los cónyuges que la componen, pero a su vez,

ambos poseen titularidad conjunta sobre el patrimonio ganancial.

Montalván, supra. Es decir, los bienes que componen el patrimonio

matrimonial en la sociedad legal de gananciales pertenecen a ambos

cónyuges. Reyes v. Cantera Ramos Inc., 139 DPR 925 (1996).

      Según el Artículo 513 del Código Civil, 31 LPRA sec. 6965, son

bienes   gananciales   los   adquiridos   durante   la   vigencia   del

matrimonio a expensas del caudal común, así como los obtenidos

por la industria, el sueldo o trabajo de cualquiera de los cónyuges y

los frutos, rentas o intereses devengados mientras subsiste la unión,

procedentes de bienes comunes o privativos.

      Por otro lado, el Artículo 509 del Código Civil, 31 LPRA sec.

6961, establece que son bienes privativos de cada uno de los

cónyuges:

            (a) los que le pertenecen desde antes de contraer
                matrimonio, o desde antes de que la sociedad
                adquiera vigencia si esta se establece después;
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            (b) los que adquiere por título gratuito durante la
                vigencia de la sociedad, sea por donación, por
                legado o por herencia;

            (c) los que adquiere a costa o en sustitución de
                otros bienes privativos;

            (d) los bienes y los derechos patrimoniales
                inherentes a su persona y los no transmisibles
                o indisponibles en vida a favor de un tercero;

            (e) el resarcimiento por los daños inferidos a su
                persona o a sus bienes privativos;

            (f) las cantidades o los créditos adquiridos antes
                de la vigencia de la sociedad y pagaderos en
                cierto número de años, aunque las sumas
                vencidas se reciban durante la vigencia de
                esta; y

            (g) los adquiridos por el derecho de retracto sobre
                bienes que le pertenecían antes de estar
                vigente la sociedad.

      Al disolverse el vínculo matrimonial, se extingue la sociedad

legal de bienes gananciales y surge una comunidad de bienes. Esta

estará compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, y

cada participante posee una cuota con el correspondiente derecho a

intervenir en la administración de la comunidad post ganancial.

Dicha comunidad perdurará hasta que todas las operaciones

conducentes a su eventual liquidación concluyan. Island Holdings

v. Sucn, Hernández Ramírez, 201 DPR 1026 (2019).

                                 IV.

      Al ejercer nuestra función revisora, le debemos gran respeto y

deferencia a las determinaciones de hechos que hacen los foros de

instancia, así como a su apreciación sobre la credibilidad de testigos

y el valor de la prueba desfilada. Dávila Nieves v. Meléndez Marín,

187 DPR 750, 770-772 (2013); González Hernández v. González

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). Lo anterior responde a

que los jueces del TPI están en mejor posición para evaluar la prueba

ya que tienen la oportunidad de escuchar a los testigos mientras

declaran y de observar su comportamiento. Íd.
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      Es preciso señalar que la norma de deferencia antes descrita

no es absoluta y cuando el juzgador de primera instancia haya

actuado mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o cuando haya

incurrido en error manifiesto, podremos intervenir con las

determinaciones de hechos emitidas. Íd. Para determinar si el TPI

cometió un error o incurrió en la conducta antes descrita, debemos

analizar la totalidad de la evidencia presentada. Íd. De tal manera,

será meritoria nuestra intervención “cuando la apreciación de la

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico

de la totalidad de la prueba”. Íd.

      A esos efectos, la Regla 19 de nuestro Reglamento dispone lo

siguiente:

             Cuando la parte apelante haya señalado algún
             error relacionado con la suficiencia de la prueba
             testifical o con la apreciación errónea de ésta por
             parte del tribunal apelado, someterá una
             transcripción, una exposición estipulada o una
             exposición narrativa de la prueba. 4 LPRA Ap.
             XXII-B, R. 19(A).

      En consecuencia, ante la ausencia de la transcripción de

prueba oral o cualquier otra prueba que nos coloque en posición de

ponderar la prueba presentada ante el juzgador o juzgadora de los

hechos, no contaremos con los elementos para descartar la

apreciación razonada y fundamentada de la prueba realizada por el

foro de primera instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181

DPR 281, 289 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90

(2013); Hernández Maldonado, supra.

                                     V.

      Concluimos que no es posible evaluar los errores señalados

por la Viuda sin conocer la prueba oral que desfiló en el juicio.

Adviértase que ambos señalamientos de la Viuda dependen de la

prueba que desfiló; es decir, versan sobre cuál era la procedencia

del dinero con el cual se pagaba la hipoteca del Inmueble durante el

matrimonio entre el Causante y la Viuda, si hubo un requerimiento
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de pago de renta por los Hijos a la Viuda luego del fallecimiento del

Causante, y cuál sería el monto razonable de tal renta.

      No obstante, a pesar de que le ordenamos a las partes

informar si reproducirían la prueba oral, la Viuda consignó que no

lo haría, por entender que su recurso se podía adjudicar sin el

beneficio de la misma. Sin embargo, por la naturaleza de los errores

señalados, sin la oportunidad de examinar la totalidad de la prueba

que tuvo ante sí el TPI, no tenemos en este caso los elementos de

juicio para evaluar dichos errores o para descartar la apreciación

razonada y fundamentada de la prueba realizada por el TPI, razón

por la cual no intervendremos con la misma. Hernández Maldonado,

181 DPR a las págs. 281, 288-289.

      Más aún, de todos los documentos que obran en el expediente,

no encontramos prueba alguna que nos permitiría, aun en ausencia

de prueba oral, alterar las determinaciones del TPI. Es decir, la

Viuda tampoco apuntó a prueba documental específica que pudiese

sustentar sus contenciones.          Debemos recordar que meras

alegaciones no constituyen prueba. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 431 (2003). En fin, ante la omisión de la Viuda de reproducir

la prueba oral desfilada en juicio, y ante la ausencia de apoyo en el

récord para sus señalamientos, prevalece la presunción de

corrección de la Sentencia.

                                   VI.

      Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso

KLAN202300990 por haber sido presentado luego de expirado el

término   jurisdiccional    aplicable    y,   en   cuanto   al   recurso

KLAN202300980, se confirma la sentencia apelada.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones