Court Opinion

ID: 9952145
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:21:33.431668+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:07.696495
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

 MUNICIPIO AUTÓNOMO                               CERTIORARI
     DE CAGUAS                                    procedente     del
                                                  Tribunal       de
        Recurridos                                Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
             v.                                   Caguas
                             KLCE202301446
  IRENE RODRÍGUEZ                                 Caso    número:
       AGUAYO                                     CG2022CV00635
 HOUSING INVESTMENT
  CORP., CENTRO DE                                Sobre:
   RECAUDACIONES,                                 EXPROPIACIÓN
      INGRESOS                                    FORZOSA
     MUNICIPALES

       Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

      Comparecen el Lcdo. Christian J. Francis Martínez (Lcdo.

Francis Martínez o el peticionario) y el Bufete Francis & Gueits Law

Offices P.S.C. y solicitan la revocación de la Orden emitida el 16 de

noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Caguas (TPI o foro primario), notificada el 22 de

noviembre del mismo año. Mediante la referida Orden, el foro

primario declaró No Ha Lugar la solicitud del Lcdo. Christian J.

Francis Martínez, para obtener la regrabación de la vista celebrada

el 8 de noviembre de 2023 ante el TPI, en el pleito de expropiación

forzosa instado ante dicho foro por el Municipio Autónomo de

Caguas (Municipio de Caguas o parte recurrida), en contra de Irene

Rodríguez Aguayo (señora Rodríguez Aguayo), Housing Investment

Corp., (Housing Investment), y el Centro de Recaudación de Ingresos

Municipales (CRIM), (en conjunto, los peticionarios). Concluyó el

foro primario que el Lcdo. Francis Martínez ya no es abogado en el

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
KLCE202301446                                                               2

caso de expropiación forzosa, con designación alfanumérica

CG2022CV00635, luego de que el Municipio de Caguas le solicitara

la renuncia públicamente e instruyó a la Secretaría del TPI a

remover al Lcdo. Francis Martínez de las notificaciones del caso de

epígrafe.

       Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos el recurso de certiorari.

                                     I.

       El 3 de marzo de 2022, el Municipio de Caguas, representado

en esa fecha por el Lcdo. Francis Martínez, presentó ante el TPI una

Petición de expropiación forzosa de un inmueble que se encuentra

en su demarcación municipal, y que fue declarado estorbo público

por la Oficina de Permisos del Municipio de Caguas, en el caso REP-

2018-01141. La propiedad consiste en un solar de 336 metros

cuadrados de terreno en el que enclava una estructura construida

en hormigón en desuso ubicado en la Urbanización Villa del Rey II,

Calle Carlo Magno 2D-11, Caguas PR 00725.1 En síntesis, alegó el

Municipio de Caguas que la propiedad lleva muchos años en estado

de abandono y atenta contra la seguridad y salubridad de vecinos.

       Tras varios incidentes procesales, el 11 de octubre de 2023, el

foro primario emitió Orden en la que aceptó la nueva representación

legal anunciada por Municipio de Caguas.2

       En lo pertinente, el 8 de noviembre de 2023, se celebró una

vista ante el foro primario a la que compareció el Lcdo. Francis

Martínez.      En esa fecha, el peticionario presentó Moción de

Regrabación de Vista en la que solicitó al TPI la regrabación de la

vista celebrada el 8 de noviembre de 2023.3

1 Véase Anejo 2 de la Petición de Certiorari, páginas 2-5 del Apéndice.
2 Véase Entrada Núm. 41 de SUMAC
3 Véase Anejo 9 de la Petición de Certiorari, páginas 49-50 del Apéndice.
KLCE202301446                                                                3

       Mediante Orden emitida el 16 de noviembre de 2023,

notificada el 22 de noviembre de 2023, el foro primario declaró No

Ha Lugar la Moción de Regrabación de Vista presentada por el Lcdo.

Francis Martínez. El TPI fundamentó su denegatoria en que el Lcdo.

Francis Martínez ya no es abogado en el caso de expropiación

forzosa luego de que el Municipio de Caguas le solicitara la renuncia

públicamente. Así las cosas, en la aludida Orden, el foro primario

instruyó a la Secretaría del TPI a remover al Lcdo. Francis Martínez

de las notificaciones del caso.4

       Inconforme, el 27 de noviembre de 2023, el Lcdo. Francis

Martínez solicitó reconsideración al foro primario.5 También, el 29

de noviembre de 2023, el Lcdo. Francis Martínez presentó Moción

Dirigida a la Jueza Administradora en Solicitud de Regrabación y en

igual fecha el TPI emitió Orden en la que dispuso que ya el asunto

había sido resuelto por el Juez Elías Rivera Fernández.6

       En desacuerdo, el Lcdo. Francis Martínez recurre ante nos

mediante el recurso de epígrafe presentado el 21 de diciembre de

2023 y como único señalamiento de error sostiene lo siguiente:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       DENEGAR LA SOLICITUD DEL BUFETE FRANCIS &
       GUEITS LAW OFFICES P.S.C. DE QUE SE LE PROVEA
       COPIA DE LA REGRABACIÓN DE LA VISTA
       CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE.

       El 2 de febrero de 2024, el Municipio de Caguas compareció

ante nosotros mediante Contestación a Recurso de Certiorari. En

síntesis, la parte recurrida sostiene que toda vez que el Lcdo. Francis

Martínez no representa al Municipio de Caguas desde el 11 de

octubre de 2023, éste carece de legitimación para solicitar la

regrabación de la vista celebrada en el pleito de epígrafe, a la cual

no tenía derecho a comparecer por no ser parte ni representante

4 Véase Anejo 1 de la Petición de Certiorari, página 1 del Apéndice.
5 Véase Anejo 10 de la Petición de Certiorari, páginas 51-59 del Apéndice.
6Véase Anejo 11 y anejo 12 de la Petición de Certiorari, páginas 60-65 del
Apéndice.
KLCE202301446                                                       4

legal de ninguna de las partes en esa fecha. Razona el Municipio de

Caguas que, por ello, el Lcdo. Francis Martínez debe hacer su

reclamo en un pleito independiente, de conformidad con lo

dispuesto en el Artículo 9 de la Ley Núm. 141-2019, conocida como

Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la

Información Pública.

                               II.

                               A.

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. Y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. V. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. V. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:
KLCE202301446                                                            5

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
      al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
      orden de mostrar causa:

      A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
             diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

      B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
             para el análisis del problema.

      C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
             manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
             de Primera Instancia.
KLCE202301446                                                                 6
       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
          a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,   el   Tribunal      Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción      judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

                                  III.

       Es la contención principal del Lcdo. Francis Martínez en el

caso de epígrafe, que la regrabación de la vista solicitada al foro

primario constituye información pública y que, además, figuró como

abogado de récord en la vista cuya regrabación es objeto de su

solicitud. Sin embargo, contrastada su postura con la valoración del

foro recurrido en cuanto a que con su renuncia ya no existe la base
KLCE202301446                                                        7

que cimentó su comparecencia, resulta claro que el Tribunal de

Primera Instancia no excedió el marco razonable de su discreción.

      Al examinar el trámite procesal del caso, específicamente, la

Moción de Regrabación de Vista que presentó el Lcdo. Francis

Martínez y la Orden que emitió el TPI el 16 de noviembre de 2023,

no encontramos indicio de que el TPI haya actuado de forma

arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o

cometido algún error de derecho. Pueblo v. Rivera Santiago, supra;

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, supra. Véase, además, Trans-

Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709 (2012).

      En el caso que nos ocupa, el foro primario evaluó la Moción de

Regrabación de Vista y, en consecuencia, declaró No Ha Lugar la

solicitud del Lcdo. Francis Martínez. Con tal proceder, el foro

primario actuó dentro de su discreción y conforme a derecho. Así,

no debemos perder de perspectiva que, el Tribunal tiene amplia

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).

      En conclusión, conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, y evaluados los criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos denegar

el certiorari solicitado, pues no identificamos fundamentos jurídicos

que nos motiven a expedir el mismo. La Orden que se pretende

revisar fue dictada por un tribunal con jurisdicción y no amerita

nuestra revisión inmediata.

                                IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos el

recurso de certiorari que presentó el Lcdo. Francis Martínez.
KLCE202301446                                                     8

     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones