Court Opinion

ID: 9916168
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:26:45.400169+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:14.932597
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL XI

      INTEGRATED                                  CERTIORARI
     CONSTRUCTION                                 procedente del
     SERVICES, LLC                                Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
       Peticionario                               Sala Superior de
                                                  Arecibo
             v.
                               KLCE202301081      Caso número:
   CARLOS BELTRÁN,                                SJ2021CV03512
 JESSICA BELTRÁN POR
   SI Y LA SOCIEDAD
       LEGAL DE                                   Sobre: COBRO DE
     GANANCIALES                                  DINERO
   COMPUESTA POR
         AMBOS

        Recurridos
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                           RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2023.

      Comparece la parte peticionaria, Integrated Construction

Services, LLC (ICS), quien nos solicita que revisemos la Resolución

emitida el 22 de agosto de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de Arecibo. Mediante dicho dictamen, el

foro recurrido denegó la moción de Sentencia Sumaria Parcial

radicada ICS, en la cual solicitaba la desestimación de la causa de

acción de daños y perjuicios, por entender que el Acuerdo de

Transacción pactado entre las partes no impedía a los Recurridos

incoar dicha acción.

      En el referido dictamen, el foro inferior, a su vez, denegó una

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte recurrida,

por entender que existen hechos en controversia que impiden

resolver el caso por la vía sumaria.

 Número Identificador
 RES2023 _______________
KLCE202301081                                                                 2

       Examinada la solicitud de autos y la totalidad del expediente,

denegamos la expedición del Certiorari por los fundamentos que

expondremos a continuación.

                                        I

       Según surge del expediente, el matrimonio Beltrán contrató a

ICS el 16 de julio de 2019, para la remodelación de su apartamento

en el Condominio Puerta del Condado, ubicado en el Municipio de

San Juan, por la cantidad de $415,690.00.1 Debido a unos

desacuerdos       relacionados      a       los   trabajos,   incluyendo     el

incumplimiento con la fecha de entrega de la obra, las partes

pactaron un Acuerdo de Transacción el 23 de diciembre del 2020, el

cual estipulaba un nuevo balance de $56,631.54.2 En este

acordaron que ICS tenía un tiempo máximo de siete (7) semanas

para culminar los trabajos explícitamente detallados en el acuerdo,

a cambio de que los Beltrán renunciaran a cualquier reclamación

procedente del contrato original.3 Se pactó, además, que el pago del

balance final se efectuaría cuando los Beltrán estuvieran satisfechos

con el trabajo de ICS.4

       No obstante, el 15 de febrero de 2021 —ya expirado el término

pactado de siete (7) semanas—, ICS solicitó dos (2) semanas

adicionales para culminar el proyecto, lo cual provocó que los

Beltrán exigieran que ICS se retirase del apartamento.5 Tres (3) días

luego, ICS presentó su factura por el balance estipulado en el

Acuerdo de Transacción.6 Ante la negativa del matrimonio Beltrán

de cumplir con el pago, ICS instó una demanda en cobro de dinero

1
  Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, Determinación de hechos #1, pág. 3.
2
  Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, Determinación de hechos #8, pág. 4.
3
  Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, Determinación de hechos #9-11, pág.
5.
4
  Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, Determinación de hechos #18, pág.
7.
5
  Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, Determinación de hechos #26-27,
pág. 9.
6
  Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, Determinación de hechos #30, pág.
10.
KLCE202301081                                                              3

el 7 de junio de 2021.7 Acto seguido, los Beltrán reconvinieron

alegando dos causas de acción, a saber, los alegados gastos

incurridos para completar los trabajos, en adición a daños

emocionales tras un alegado trato impredecible, irrespetuoso y poco

profesional de parte de ICS.8

       Continuado el caso, el 28 de abril de 2023 la parte recurrida

presentó una moción de Sentencia Sumaria Parcial en la cual adujo

que    procedía     que    se   dictara    sentencia     que   declarase    el

incumplimiento de ICS con el Acuerdo de Transacción.9 De igual

forma, ICS presentó su propia moción de Sentencia Sumaria Parcial

el 1 de mayo de 2023, donde arguyó que toda causa de acción o

reclamo de daños y perjuicios debía ser desestimada ya que el

Acuerdo de Transacción le relevó de toda causa de acción,

controversia, y daño relacionado al contrato original —de 16 de julio

de 2019— que no fuese relacionado a los trabajos listados en el

acuerdo.10

       El TPI denegó ambas mociones. En cuanto a la moción de la

parte recurrida, determinó que estaba impedido de resolver la

controversia por la vía sumaria debido a que desconocía cuales

trabajos faltaban por completar para el 15 de febrero de 2023 y por

entender que existía incertidumbre sobre quien fue la parte

responsable de la demora.11 Con relación a la moción de ICS, el TPI

entendió que no procedía desestimar la causa de acción de daños y

perjuicios    ya   que    los   daños     que   se   reclaman    nacen     del

incumplimiento del Acuerdo de Transacción, y no del contrato

original, y que no existía una cláusula en el Acuerdo de Transacción

7 Véase Apéndice del recurso #6, pág. 23-26.
8 Véase Apéndice del recurso #5, pág.40-43.
9 Véase Apéndice del recurso #6, pág.45-89.
10 Véase Apéndice del recurso #7, pág.90-141.
11 Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, pág. 17.
KLCE202301081                                                         4

que sugiriera que el matrimonio Beltrán renunció a presentar una

reclamación de daños y perjuicios por algún incumplimiento.12

          Insatisfecho, ICS presentó un recurso de Certiorari el 29 de

septiembre de 2023 donde alega los siguientes errores:

              “Erró el Tribunal de Primera Instancia en sus
              determinaciones de hechos, debido a que
              varios hechos determinados no se sostienen
              con la prueba presentada”

              “Erró el Tribunal de Primera Instancia al
              declarar no ha lugar la solicitud de sentencia
              sumaria parcial radicada por el Peticionario
              por entender que la causa de acción de daños
              y perjuicios contenida en la Segunda Causa de
              Acción no fue renunciada en el acuerdo de
              transacción.”

              “Erró el Tribunal de Primera Instancia al no
              resolver que el efecto de un incumplimiento
              parcial de ICS es la reducción de la prestación
              su favor, no así la eliminación de la obligación
              de pago de los Beltrán. Así también erró el TPI
              al emitir expresiones que prejuzgan la
              controversia a resolver”

              “Erró el Tribunal de Primera Instancia al
              detallar  las   controversias de  hechos
              pendientes por resolver’’

          Luego de varias incidencias procesales ante este Tribunal, el

25 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó su Alegato en

Oposición. Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes y

examinados los escritos presentados, procedemos a resolver.

                                         II.

          A. Certiorari

          El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ (2023); 800 Ponce de León

12
     Véase Resolución del 22 de agosto de 2022, pág. 18.
KLCE202301081                                                      5

Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176

DPR 913, 917 (2009). En particular, es un recurso mediante el cual

se solicita la corrección de un error cometido por un foro inferior.

Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la

determinación de expedir o denegar un recurso de certiorari está

enmarcada en la discreción judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG,

supra. No obstante, la discreción judicial para expedir o no el auto

de certiorari solicitado no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos

parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
      denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No
      obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente,
      el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
      resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
      esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios,
      anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de
      familia, en casos que revistan interés público o en
      cualquier otra situación en la cual esperar a la
      apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia, al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,
KLCE202301081                                                        6

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari, o de una orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida
       a diferencia de sus fundamentos son contrarios a
       derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.
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      Ahora       bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de     la     discreción   judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).

      B. La sentencia sumaria
      La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece

lo pertinente en cuanto a la Sentencia Sumaria. Dicho mecanismo

procesal, es un remedio discrecional y extraordinario el cual tiene

como fin la solución justa, rápida y económica de controversias en

que lo único por dirimir sean controversias de derecho. Rodríguez

Méndez et al. v. Laser Eye Surgery, 195 DPR 769, 785 (2016). Por

tanto, quien promueva la sentencia sumaria deberá establecer su

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia

sustancial sobre algún hecho material. Ello, se hará cumpliendo con

unos requisitos al momento de presentar la moción, entre estos,

deberá incluir:

      […]
      (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
      enumerados de todos los hechos esenciales y
      pertinentes sobre los cuales no hay controversia
      sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas
      de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en
      evidencia donde se establecen estos hechos, así como
      de cualquier otro documento admisible en evidencia que
      se encuentre en el expediente del tribunal;
KLCE202301081                                                           8

      […] Regla 36.3 (a)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA
      Ap.V.

      A   su    vez,   la   parte   que   se   oponga   a   la   solicitud

de sentencia sumaria, también, está obligada a cumplir con los

requisitos de la mencionada Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, específicamente:

      […]
      (2) una relación concisa y organizada, con una
      referencia a los párrafos enumerados por la parte
      promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que
      están realmente y de buena fe controvertidos, con
      indicación de los párrafos o las páginas de las
      declaraciones juradas u otra prueba admisible en
      evidencia donde se establecen estos hechos, así como
      de cualquier otro documento admisible en evidencia que
      se encuentre en el expediente del tribunal;
      […]

      En su oposición a la sentencia sumaria, la parte deberá

“contestar en forma tan detallada y específica como lo haya hecho

la   parte     promovente.     De    no    hacerlo   así,   se    dictará

la sentencia sumaria en su contra si procede”. Regla 36.3 (c) de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

      Al momento de resolver una moción de sentencia sumaria es

necesario que el tribunal considere a fondo las alegaciones de la

demanda y las defensas presentadas. Ello, con el fin de establecer

si existe controversia con relación a los hechos esenciales o no. Por

lo que, de existir dicha controversia, el tribunal no debe declarar ha

lugar una petición de sentencia sumaria. Además, cualquier duda

debe resolverse en contra de la parte promovente.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, como

regla general, no procede la sentencia sumaria en casos donde estén

en controversia “elementos subjetivos, de intención, propósitos

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial

y está en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219

(2010) (Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).

Tampoco procede si: (1) existen hechos materiales controvertidos (2)
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hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido

refutadas (3) surge de los propios documentos que se acompañan

con la moción una controversia real sobre algún hecho material o

(4) como cuestión de derecho no procede. Vera Morales v. Bravo, 161

DPR 308, 333-334 (2004).

      Nuestro más alto Foro ha recalcado que una decisión

discrecional emitida por el TPI solo podrá ser revocada si se

demuestra la existencia de abuso de su discreción. SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Al mismo tiempo,

reafirmó lo pautado en el caso Vera Morales v. Bravo, supra; en

cuanto al estándar a utilizar en los casos en que tengamos que

examinar    las   determinaciones    del   TPI   sobre   las   mociones

de sentencia sumaria que se interpongan. En esencia, nuestro

Tribunal Supremo ha reiterado que este Foro apelativo intermedio

habremos de utilizar:

      . . . los documentos que se presentaron ante el foro de
      primera instancia. Las partes no pueden añadir en
      apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no
      fueron presentados oportunamente en el foro de
      primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o
      esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro
      apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo puede
      determinar si existe o no alguna controversia genuina
      de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se
      aplicó de forma correcta. No puede adjudicar los hechos
      materiales y esenciales en disputa. Esa tarea le
      corresponde al foro      de primera instancia. Meléndez
      González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 114-115
      (2015) (Citando a Vera Morales v. Bravo, supra, pág.
      334-335)

      Si se cumplen con estos requisitos y con los criterios

establecidos por la precitada Regla 36 de Procedimiento Civil, este

Tribunal podrá revisar la Sentencia emitida por el foro judicial

primario.    Siendo     esta   una     revisión     a    la    solicitud

de sentencia sumaria de novo; cumpliendo a su vez con la Regla 36

de Procedimiento Civil, supra. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 116.
KLCE202301081                                                                         10

        Por último, este Tribunal de Apelaciones deberá: (1) examinar

el expediente de la manera más favorable hacia la parte que se opuso

a la moción de sentencia sumaria en el foro primario (2) revisar que

la moción de sentencia sumaria y su oposición cumplen con los

requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil y (3) evaluar la

existencia de hechos materiales en controversia y en caso de

haberlos, el foro intermedio deberá cumplir con los criterios de la

Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Meléndez González et al. v. M.

Cuebas, supra, pág. 102-103.

        C. Derecho de contratos

        Nuestro      sistema       de    derecho      permite       la   libertad     de

contratación; siempre y cuando, los pactos, cláusulas y condiciones

no sean contrarios a la ley, la moral o al orden público. Art. 1232

del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 9753.13 Si se

cumple con lo dispuesto, el contrato tendrá fuerza de ley entre las

partes, por lo que ambas se obligan al cumplimiento de lo allí

pactado y de sus consecuencias. Arts. 1233 y 1062 del Código Civil

de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 9754 y 8982, respectivamente.

En adición, “cuando los términos de un contrato son claros y no

crean ambigüedades, estos se aplicarán en atención al sentido literal

que tengan”. Corporación del Fondo del Seguro del Estado v. Unión

de Médicos de la CFSE, 170 DPR 443, 450 (2007).

        Respecto al contrato de transacción sabemos que éste es un

“acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo o

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito

o ponen fin a uno ya comenzado, con el propósito de evitar los

pesares que conllevaría un litigio.” López Tristani v. Maldonado, 168

DPR 838 (2006) (citas omitidas); Art. 1497 del Código Civil de Puerto

13 Toda mención subsiguiente al Código Civil de Puerto Rico se entenderá al Código Civil

de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., por ser el vigente al momento que se pactó el
contrato de transacción.
KLCE202301081                                                        11

Rico, 31 LPRA sec. 10641. Véase, además, Rivera Rodríguez v. Rivera

Reyes, 168 DPR 193 (2006) Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 5 (1998).

A         saber,      los      elementos        constitutivos        de

un contrato de transacción son: (1) una relación jurídica incierta

litigiosa; (2) la intención de los contratantes de componer el litigio y

sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable; y (3) las

recíprocas concesiones de las partes. Art. 1497 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10641; López Tristani v. Maldonado

Carrero, supra; Neca Mortg. Coorp. V. A & W. Dev. S.E., 137 DPR 860,

870 (1995); S. Tamayo Haya, El contrato de transacción, Thomson

Civitas, Madrid, España pág. 75 (2003). En términos generales, toda

transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez o

corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por

resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones. Citibank

v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 512 (1988); Suc. Román

v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 791 (1981).

      Como todo contrato, un acuerdo transaccional debe contener

objeto, consentimiento y causa. Art. 1237 del Código Civil, 31 LPRA

sec. 9771. Sobre la causa de un contrato de transacción, nuestro

Tribunal Supremo ha expresado que “[e]n conjunto, el litigio y las

recíprocas prestaciones constituyen los elementos de la causa”.

López Tristani v. Maldonado Carrero, supra, citando a E. López de

Barba, El contrato de transacción, su resolución por incumplimiento,

Murcia,     España,   Ediciones   Laborum,    2001,    pág.   78).   Por

consiguiente, en todo contrato de transacción, “[e]s necesario que

cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique a favor de otro

una parte de sus exigencias a cambio de recibir una parte de aquello

objeto del litigio [….]” Tamayo Haya, op. cit., pág. 141. Véase,

además, E. López de Barba, op cit., pág. 89. Las recíprocas

concesiones son sumamente importantes porque estas “constituyen
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no tan sólo el medio esencial para el desarrollo de la causa del

negocio transaccional, sino que éstas pasan a formar parte de la

causa”. López Tristani v. Maldonado Carrero, supra.

      De manera similar, Santos Briz plantea que la “reciprocidad

en las prestaciones es la base indispensable de este contrato …” J.

Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, 1ra ed., Barcelona,

Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo IV, pág.583. Por tanto, es

necesario que las partes en este tipo de contrato “sacrifiquen y

concedan al mismo tiempo alguna cosa en función de la superación

del litigio sobre la cosa controvertida”. Tamayo Haya, op. cit., pág.

210; López Tristani v. Maldonado Carrero, supra.

                                 III.

      Luego de examinar detenidamente el expediente del recurso

ante nuestra consideración, no encontramos indicio de que el foro

recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, ni que haya

abusado al ejercer su discreción, o cometido algún error de

derecho. Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709

(2012). Además, no identificamos fundamentos jurídicos que nos

motiven a expedir el auto de certiorari solicitado, conforme a los

criterios que guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad

revisora en este tipo de recurso. Devolvemos el asunto al foro de

origen para la continuación de los procedimientos.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar

parte del presente dictamen, denegamos la expedición del auto

de Certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones