Court Opinion

ID: 9890320
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:15:01.629278+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:17.272481
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

                                                   Certiorari
        EL PUEBLO DE                               procedente del
        PUERTO RICO                                Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala de
            Recurrido                KLCE202300952 Ponce

                 v.                                  Casos Núm.:
                                                     JVI2016G0001 AL
GUARIONEX CANDELARIO                                 JVI2016G0006
       RIVERA                                        JDC2016G0001 AL
                                                     JDC2016G0003
            Peticionario
                                                     Sobre:
                                                     ART. 93(c) (2
                                                     cargos), ART. 93(a) y
                                                     ART. 156 (3 cargos)
                                                     DEL CÓDIGO
                                                     PENAL; ART. 5.15
                                                     LEY 404 (3 cargos)

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, Juez Ponente

                                   RESOLUCIÓN

       En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2023.

       El     peticionario,    señor     Guarionex   Candelario   Rivera

(peticionario), presentó su recurso por derecho propio y de forma

pauperis, el 21 de agosto de 2023, recibido por nuestra Secretaría el

29 de agosto de 2023. Solicita que revoquemos una orden emitida el

24 de julio de 2023, y notificada el 26 de julio de 2023, por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce. La referida orden

dispuso, en respuesta a una moción presentada por el peticionario,

que “[s]e emitió Minuta Resolución el 13 de marzo de 2023, la cual

fue notificada el 13 de abril de 2023”.1

       La parte recurrida, Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la

Oficina del Procurador General, presentó Solicitud de Desestimación

del recurso. Señaló que el peticionario solicita la revisión de la

1 Apéndice del recurso, pág. 36.

Número Identificador
RES2023_________________
KLCE202300952                                                                2

Minuta Resolución notificada el 13 de abril de 2023, cuyo término

para acudir en revisión ante este Foro venció el 13 de mayo de 2023.

        Evaluados     los    escritos,        y   por   los   fundamentos   que

expondremos a continuación, se desestima el recurso por falta de

jurisdicción, al haberse presentado tardíamente.

                                         I.

        Según surge de los autos, el 20 de diciembre de 2016, el TPI

dictó varias sentencias en contra del peticionario, imponiéndole

pena de cárcel y el pago de la pena especial que establece la Ley

Núm. 183 de 19 de julio de 1998, conocida como Ley para la

Compensación a Víctimas de Delito.2

        El 4 de abril de 2022, el peticionario presentó una Moción en

Solicitud para que se Exima del Pago de la Pena Especial Ley 183, en

la que solicitó que se le relevara del pago de la referida pena especial,

por razón de falta de capacidad económica.3 El 21 de abril de 2022,

el TPI notificó la orden que rechazó de plano dicha solicitud.4

        Ante ello, el 23 de mayo de 2022, el peticionario presentó una

solicitud de reconsideración.5 El TPI denegó la moción mediante

resolución emitida el 7 de junio de 2022, y notificada el 8 de junio

de 2022.

        Inconforme con ese dictamen, el peticionario acudió ante este

Foro mediante una petición de certiorari.6 El 6 de diciembre de 2022,

este foro intermedio revocó la determinación del TPI y ordenó la

celebración de la vista que estipula la sección 6 de la Ley Núm. 34-

20217 para aquilatar la solicitud de relevo del pago de la pena

especial.

2 Íd., págs. 14-21.
3 Apéndice del recurso, págs. 11-13.
4 Íd., pág. 6.
5 Íd., págs. 7-8.
6 Pueblo de Puerto Rico v. Guarionex Candelario Rivera, KLCE202200749.
7 Conocida como Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de

Puerto Rico, 4 LPRA, a la sec. 1666.
KLCE202300952                                                                 3

       El TPI celebró la vista de indigencia el 13 de marzo de 2023.

Conforme surge de la fundamentada Minuta Resolución, notificada

el 13 de abril de 2023, el TPI denegó la solicitud de exención del

peticionario y le impuso un plan de pago para saldar la pena

especial.8 En la referida Minuta Resolución se hizo constar, en lo

pertinente, lo siguiente:

       […]

       El Tribunal hace constar que se hizo petición por parte
       del convicto para que se eximiera del pago de los
       aranceles de la Ley 183. (…)

       […]

       A preguntas del tribunal, informa el convicto que su
       solicitud está basada en que, aunque trabaja en la
       institución donde se encuentra confinado, se le
       imposibilita pagar los aranceles impuestos en la
       sentencia, toda vez que no devenga sueldo alguno. (…)
       Expresa que su casa fue saldada con un dinero que
       obtuvo de una demanda, no obstante, esa casa es hogar
       seguro para su familia. Señala que no recibe nada más.

       […]

       El convicto expresa que la representación legal fue
       pagada por la Organización COPS y solicita que el
       Ministerio Público le facilite una copia de ese
       documento porque quiere tenerlo consigo. Este informa
       además que como parte de su expediente tiene el
       documento de una solicitud que hizo al tribunal
       Supremo donde fue declarado indigente.

       […]

       Se admitieron como Exhibit por parte del convicto los
       siguientes documentos mencionados:

       Exhibit 1    Solicitud   para     la   Asignación   de
       Representación Legal de Oficio.
       Exhibit 2    Declaración en Apoyo de Solicitud para
       Litigar como Indigente (in forma pauperis).
       Exhibit 3    Informe de transacciones del confinado
       (detallado) consta de 17 páginas.
       Exhibit 4    Resolución del Tribunal Supremo de Puerto
       Rico, número de caso MC-2023-16, fechado 17 de
       febrero de 2023.
       Exhibit 5    Resolución del Tribunal Apelativo, número
       KLAN201900784, fechado 6 de septiembre de 2019.[9]

8 Apéndice del recurso, págs. 37-39. Este foro apelativo gestionó y obtuvo copia

de la aludida Minuta Resolución, por haberse incluido de manera incompleta en el
apéndice del recurso.
9 El recurso fue desestimado por incumplir con los requisitos para su

perfeccionamiento.
KLCE202300952                                                          4

         […]

         Escuchada la prueba que se ha presentado, testifical,
         documental y la solicitud que se ha hecho, así como se
         ha examinado el expediente de este caso, puede
         reconocer que hay alguna dificultad para hacer pagos
         de inmediato con relación al arancel de las penas
         especiales aquí impuestas, no obstante, se puede
         conceder un plan de pago para que el convicto se pueda
         beneficiar en relación con otras cosas administrativas
         que el Depto. de Corrección aplica a los confinados.
         Entiende que no aplica exonerar al convicto del pago de
         los aranceles, por lo que le impone un plan de pago con
         un término de 12 meses, para que pueda hacer los
         pagos correspondientes de los aranceles y esta
         resolución se notificará al Depto. de Corrección para
         que teniendo el convicto un plan de pago pueda ir
         beneficiándose de unas bonificaciones o lo que ellos
         entiendan administrativamente con el cumplimiento del
         mismo. No se imponen cantidades, tiene un periodo de
         12 meses para cumplir con el pago de los aranceles
         especiales en cada uno de los casos, entendiendo que la
         sociedad legal de gananciales tiene capacidad
         económica para pagar en beneficio de la Ley 183 de
         Víctimas y Testigos.10

         Así las cosas, el 6 de julio de 2023, el peticionario presentó

una Moción, que el TPI atendió mediante la orden recurrida,

notificada el 26 de julio de 2023, que dispuso que “[s]e emitió Minuta

Resolución el 13 de marzo de 2023, la cual fue notificada el 13 de

abril de 2023”.11 El peticionario no incluyó en el apéndice de su

recurso la moción que originó dicha orden.

         Inconforme con dicho dictamen, el 21 de agosto de 2023, el

peticionario incoó el recurso que nos ocupa. Apuntó los siguientes

señalamientos de error:

         1. El T.P.I. erró al no reconocer la realidad económica
         del peticionario y su imposibilidad de pago de la pena
         especial.

         2. El T.P.I. no reconoció el estatus de indigente que
         otros tribunales ya habían emitido sobre el peticionario.

         3. El T.P.I. no resolvió conforme al certiorari ya emitido
         por este Honorable Tribunal.

         En síntesis, repitió lo articulado en la vista celebrada ante el

TPI el 13 de marzo de 2023; a decir, que carece de ingresos

10 Íd.
11 Íd., pág. 36.
KLCE202300952                                                                 5

económicos, que la residencia que constituye el hogar familiar está

protegida por el programa de hogar seguro, que la organización

COPS pagó los honorarios de su abogado defensor y que evidenció

las instancias en las que anteriormente se le ha autorizado a litigar

como indigente.

                                        II.

       La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal

para considerar y decidir casos o controversias.12 Por esa razón, lo

primero que se debe considerar en toda situación jurídica

presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional.

Cónsono con ello, los tribunales tienen la responsabilidad

indelegable     de    examinar,    en     primera   instancia,     su   propia

jurisdicción. Esto debido a que el foro judicial está obligado a

auscultar el cumplimiento de los requisitos jurisdiccionales que la

ley establece, antes de considerar los méritos de una controversia.13

       Así, el Tribunal Supremo ha reafirmado que los entes

adjudicativos tienen que ser guardianes celosos de su jurisdicción y

no     poseen        discreción    para       asumirla     si    no     existe.

Consecuentemente, cuando un tribunal carece de jurisdicción, está

obligado a desestimar el recurso.14

       Una de las instancias en que un tribunal carece de

jurisdicción es cuando se presenta un recurso prematuro o tardío,

pues “[…] adolece del grave e insubsanable defecto de privar de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre […] puesto que su

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico

[…]”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).

12 Muñoz Barrientos v. ELA, 2023 TSPR 105, 2023 TSPR 105, 212 DPR ___ (2023);

Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586, 600 (2021); Allied Mgmt. Group v.
Oriental Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al,
204 DPR 89, 101 (2020).
13 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).
14 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 157, 165 (2016).
KLCE202300952                                                         6

         El Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA

sec. 24y(b), establece que este Tribunal conocerá de cualquier

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia

mediante certiorari. Por su parte, la Regla 32 (D) Reglamento del

Tribunal de Apelaciones dispone que el recurso de certiorari para

revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia se

formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro de los

treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia

de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este término

es de cumplimiento estricto.15

         Con relación a los términos de cumplimiento estricto, el

Tribunal Supremo ha expresado que, “el foro apelativo no goza de

discreción para prorrogar tales términos automáticamente”.16 El

tribunal “sólo tiene discreción para extender un término de

cumplimiento estricto ‘solo cuando la parte que lo solicite demuestre

justa causa para la tardanza’”.17 En ausencia de justa causa,

carecemos de discreción para prorrogar el término y acoger el

recurso ante nuestra consideración.18 La acreditación de la justa

causa se cumple con explicaciones concretas y particulares,

debidamente evidenciadas.19

         Por último, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones20 nos autoriza a desestimar un recurso cuando

carecemos de jurisdicción para atenderlo.

                                      III.

         El peticionario solicita que revoquemos la orden emitida el 24

de julio de 2023, y notificada el 26 de julio de 2023, mediante la

cual, en respuesta a una moción por él presentada, dispuso que “[s]e

15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D).
16 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).
17 Íd.
18 Íd.
19 Íd., pág. 565.
20 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.
KLCE202300952                                                        7

emitió Minuta Resolución el 13 de marzo de 2023, la cual fue

notificada el 13 de abril de 2023”. El peticionario no incluyó en el

apéndice de su recurso la moción que originó esa orden.

      No obstante, hemos hecho un análisis comparado de la Minuta

Resolución notificada el 13 de abril de 2023 y los señalamientos de

error del presente recurso. En la aludida Minuta Resolución, en la

que el TPI denegó la solicitud del peticionario para que se le eximiera

del pago de la pena especial, dicho foro esbozó los documentos y

argumentos de las partes, así como los fundamentos para su

determinación. Conforme surge de la relación de hechos apuntada

en la primera parte de nuestra resolución, el peticionario repite los

mismos argumentos evaluados y adjudicados por el TPI en la

aludida Minuta Resolución.

      La reglamentación aplicable establece que el peticionario

contaba con un término de treinta (30) días para impugnar la Minuta

Resolución notificada el 13 de abril de 2023. Dicho término venció el

13 de mayo de 2023.

      Sin embargo, y sin articular justa causa alguna para ello, el

peticionario instó su recurso de certiorari de manera tardía, el 21 de

agosto de 2023. En ausencia de justa causa, carecemos de

discreción para prorrogar el término y acoger el recurso ante nuestra

consideración. Siendo así, nos encontramos privados de autoridad

para examinarlo en sus méritos.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se desestima el recurso

por falta de jurisdicción, al haberse presentado tardíamente.

      Notifíquese.

      Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones