Court Opinion

ID: 9962750
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:48:45.37593+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:31.710390
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                     REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO
                                 PANEL X

 DARANGELYS YANTÍN                                Apelación
 LUBERZA, CARMEN I.                               procedente del
COLÓN PÉREZ, YESENIA                              Tribunal de
    COLÓN BÁEZ                                    Primera Instancia,
                                                  Sala Superior de
         Apelantes                                Arecibo

                                KLAN202301149     Caso Núm.:
              V.                                  C DP2015-0215
                                                  Consolidado con:
                                                  C DP2016-0075,
  JOSÉ NIEVES PÁGAN,                              C DP2016-0078
        ET ALS.
                                                  Sobre:
          Apelados                                Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2024.

      El 26 de diciembre de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones, la señora Darangelys Yantín Luberza (en adelante,

señora Yantín Luberza), la señora Carmen I. Colón Pérez, et al. (en

adelante, señora Colón Pérez, y en conjunto, parte apelante)

mediante Apelación. En la misma, nos solicita que revoquemos la

Sentencia Parcial dictada el 21 de noviembre de 2023 y notificada el

28 de noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Arecibo. En virtud del aludido dictamen, el foro a quo

desestimó, con perjuicio, la causa de acción en contra del doctor

Millán J. García Cuevas (en adelante, doctor García Cuevas o parte

apelada) por prescripción.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

confirma el dictamen apelado.

Número Identificador
SEN2024 ________________
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                                  I

      Los eventos fácticos y procesales que dan inicio al caso que

nos ocupa son los que en adelante se reseñan.

      Según surge del expediente, el 23 de mayo de 2015, el señor

Andrés Ortiz Colón (en adelante, señor Ortiz Colón) se encontraba

conduciendo un vehículo de motor por la carretera número 22,

jurisdicción de Arecibo, en compañía de su hijo menor de edad, AOV

y la señora Yantín Luberza, cuando fueron impactados por el señor

José L. Nieves Pagán (en adelante, señor Nieves Pagán o parte

apelada). Como consecuencia del accidente, el señor Ortiz Colón

perdió la vida, mientras que el hijo de éste y la señora Yantín

Luberza quedaron gravemente heridos. Posteriormente, el menor

AOV falleció en el hospital a raíz de los traumas ocasionados en el

accidente.

      El 16 de mayo de 2016, la parte apelante incoó una

Demanda sobre daños y perjuicios en contra del señor Nieves Pagán,

por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por éste y Fulana de Tal; los Médicos Desconocidos A, B,

C; las Farmacias Desconocidas D, E, F; la Aseguradora Mapfre;

Aseguradores G, H I; Individuos Desconocidos J, K L, sus

respectivas esposas y las Sociedades Legales de Gananciales

compuesta por éstos; y Corporaciones Desconocidas X, Y, Z. En

síntesis, alegó que, el accidente y los daños causados por el señor

Nieves Pagán fueron como consecuencia de conducir bajo los efectos

de fármacos recetados y/o despachados de manera negligente e/o

ilegal por algunos de los codemandados.

      Al día siguiente, la parte apelante presentó Demanda

Enmendada para incluir como codemandados a la doctora María

Lourdes Ortiz de la Cruz (en adelante, doctora Ortiz de la Cruz) y la

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ésta y su esposo
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Sutano de Tal; así como también, al Negocio de Farmacia conocido

como Súper Farmacia Villa Toledo.

      En respuesta, el 7 de noviembre de 2016, la doctora Ortiz de

la Cruz presentó su Contestación a la Demanda Enmendada.

Respectivamente, el señor Nieves Pagán presentó la suya el 17 de

noviembre de 2016.

      Tras      varias   incidencias    procesales,     innecesarias

pormenorizar, el 16 de agosto de 2021, la parte apelante presentó

una      Segunda   Demanda     Enmendada      para    incluir   como

codemandado al apelado doctor García Cuevas. En esta, arguyó que,

el doctor García Cuevas respondía por los daños reclamados, toda

vez que, incurrió en actuaciones negligentes y culposas al expedir,

en reiteradas ocasiones, recetas de medicamentos controlados al

señor Nieves Pagán.

      El 13 de enero de 2022, el doctor García Cuevas presentó una

Moción de Desestimación por Prescripción. En contestación a la

misma, el 8 de febrero de 2022, la parte apelante presentó la Moción

en Oposición a Desestimación por Prescripción, en la cual, alegó que,

conforme la teoría cognoscitiva del daño, la causa de acción en

contra    del   doctor   García   Cuevas    no   estaba    prescrita.

Particularmente, acotó que, el término prescriptivo comenzó a

transcurrir a partir del mes de diciembre de 2020, cuando obtuvo el

expediente médico del doctor García Cuevas, con relación al señor

Nieves Pagán. En adición, arguyó que, el doctor García Cuevas

ocultó de manera maliciosa, deliberada y contumaz el expediente

médico que lo identificaba como uno de los co-causantes de los

daños reclamados en la Demanda.

      Así las cosas, el 23 de febrero de 2022, el doctor García

Cuevas presentó una Moción Replicando Moción en Oposición a

Desestimación por Prescripción, en la que, planteó que, se

encontraba protegiendo información privilegiada contenida en el
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expediente médico solicitado. El 11 de marzo de 2022, la parte

apelante presentó una Urgente Dúplica a Moción de Réplica del Co-

demandado Dr. Millán J. García Cuevas, en la cual reafirmó los

argumentos anteriormente esbozados en sus escritos.

      Evaluadas las mociones presentadas por las partes, el 21 de

noviembre de 2023 y notificada el 28 de noviembre de 2023, el

Tribunal de Primera Instancia, emitió una Sentencia Parcial

mediante la cual declaró Ha Lugar la moción de desestimación

presentada por el doctor García Cuevas. En consecuencia,

desestimó, con perjuicio, la causa de acción incoada en contra de

dicha parte.

      Inconforme con la determinación, la parte apelante acudió

ante este foro revisor el 26 de diciembre de 2023, mediante recurso

de Apelación y formuló el siguiente señalamiento de error:

      Incurrió en error manifiesto y abuso de discreción el
      Honorable Tribunal de Primera Instancia al desestimar,
      con perjuicio y a la manera de sanción o castigo, la
      reclamación en contra del codemandado, Dr. Millán J.
      García Cuevas, bajo el fundamento patentemente
      incorrecto de que dicha reclamación estaba prescrita
      por la alegada falta de diligencia de la parte demandante
      en indagar y conocer la identidad del galeno como uno
      de los co-causantes de los daños reclamados.

      El 29 de enero de 2024, compareció la parte recurrida

mediante Alegato. Con el beneficio de la comparecencia de las

partes procedemos a resolver.

                                 II

A. La Moción de Desestimación

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2, faculta a la parte contra la cual se presente una alegación

en su contra a presentar una moción de desestimación, por los

fundamentos siguientes: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 2)

falta de jurisdicción sobre la persona; 3) insuficiencia del

emplazamiento;     4)   insuficiencia   del   diligenciamiento    del

emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación que justifique
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la concesión de un remedio, y 6)      dejar de acumular una parte

indispensable. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR

384, 396 (2022); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR

38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013).

La precitada regla permite a la parte demandada presentar una

moción de desestimación debidamente fundamentada previo a

contestar la demanda instada en su contra. Casillas Carrasquillo v.

ELA, 209 DPR 240, 247 (2022); Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205

DPR 1043, 1065 (2020).

      Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido

que, al momento de considerar una moción de desestimación, los

tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma

más favorable a la parte demandante. Cobra Acquisitions v. Mun.

Yabucoa et al., supra; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra; Rivera

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra, pág. 49; Cruz Pérez v.

Roldán Rodríguez, 206 DPR 261, 267 (2021); Colón Rivera et al. v.

ELA, supra, pág. 1049. Es por lo que, para que proceda una moción

de desestimación, “tiene que demostrarse de forma certera en ella

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier

estado de [D]erecho que se pudiere probar en apoyo a su

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a

su favor”. Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., supra; Casillas

Carrasquillo v. ELA, supra; Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, supra,

págs. 267-268; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra,

pág. 49; Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654

(2013); López García v. López García, 199 DPR 50, 69-70 (2018).

B. La prescripción extintiva

      En nuestra jurisdicción, la prescripción es una institución de

derecho sustantivo, no procesal, que constituye una de las formas

de extinción de las obligaciones. Birriel Colón v. Supermercado Los
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Colobos, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023); Serrano Rivera v. Foot

Locker Retail Inc., 182 DPR 824, 831 (2011). “[E]l propósito de la

prescripción es fomentar el pronto reclamo de los derechos a la vez

que se procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna

pendencia de una acción civil en su contra [y se elimina] la

incertidumbre de las relaciones jurídicas”. Umpierre Biascoechea v.

Banco Popular, 170 DPR 205, 212-213 (2007)1. La prescripción,

además, castiga la inercia en el ejercicio de los derechos, ya que el

mero transcurso del periodo de tiempo establecido por ley, sin que

el titular del derecho lo reclame, da lugar a una presunción legal de

abandono. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372

(2012). En particular, el término prescriptivo busca fomentar el

establecimiento oportuno de las acciones, en aras de asegurar que

el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento

de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de

la cuantía. Íd., pág. 374.

       En lo pertinente a la controversia de marras, las obligaciones

por responsabilidad civil extracontractual están establecidas por

nuestro Código Civil.2 El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto

Rico de 1930 establecía que: “El que por acción u omisión causa

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 5141. El término

prescriptivo de estas acciones es de un (1) año, según dispuesto en

el Artículo 1868 del mismo cuerpo legal. 31 LPRA sec. 5298. La

brevedad de este plazo responde a la inexistencia de una relación

jurídica previa entre el demandante y el demandado. Fraguada

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374; Culebra Enterprises

Corp. v. ELA, 127 DPR 943, 951-952 (1991).

1 Véase, Sentencia (Rodríguez Rodríguez, opinión de conformidad).
2 El derecho aplicable en el caso de epígrafe se remite al Código Civil de Puerto

Rico de 1930, puesto que, los hechos que dan base a esta tuvieron su lugar antes
de la aprobación del nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 55-2020, según
enmendado.
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      Sobre el momento en que comienza a decursar el término

prescriptivo   para        ejercer   una    acción     por    responsabilidad

extracontractual, la teoría cognoscitiva del daño establece que el

mismo comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció, o

debió conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los

elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su

causa de acción. CSMPR v. Carlo Marrero et al., 182 DPR 411, 425-

426 (2011); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793,

806 (2010). (Énfasis nuestro). Reiteradamente, nuestro Tribunal

Supremo ha expresado que, si el desconocimiento se debe a falta

de diligencia, entonces no son aplicables estas consideraciones

sobre la prescripción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra,

pág. 373; Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000); Vega v.

J. Pérez & Cía., Inc., 135 DPR 746 (1994). (Énfasis suplido).

      El ordenamiento jurídico vigente permite la interrupción de

los términos prescriptivos. A esos efectos, el Código Civil dispone

que, “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. 31

LPRA sec. 5303. Una vez el término queda interrumpido, comienza

a computarse nuevamente desde el momento en que se produce el

acto interruptor. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568

(2001).

      Esbozada        la     normativa      jurídica    que     enmarca    la

controversia de epígrafe, procedemos a resolver.

                                      III

      En esencia, la controversia ante nuestra consideración gira en

torno a determinar si incidió el Tribunal de Primera Instancia al

desestimar la causa de acción, con perjuicio, en contra del apelado

García Cuevas, bajo el fundamento de prescripción. Veamos.
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      En su escrito, la parte apelante arguye que, incluyó al doctor

García Cuevas como codemandado dentro del término prescriptivo

de un (1) año, toda vez que, según la teoría cognoscitiva del daño,

advino en conocimiento de su identidad para diciembre de 2020,

cuando obtuvo el expediente médico del galeno, con respecto al

señor Nieves Pagán. No nos persuade.

      A los fines de determinar si la causa de acción de la parte

apelante está prescrita o no, es necesario remitirnos a los eventos

procesales y fácticos del caso previamente esbozados.          Como

dijimos, el accidente de tránsito que desembocó en el fallecimiento

del señor Ortiz Colón y posteriormente de su hijo AOV, ocurrió el 23

de mayo de 2015.

      Del expediente ante nos, se desprende que, el 16 de mayo de

2016, la parte apelante interpuso una Demanda sobre daños y

perjuicios en contra del señor Nieves Pagán, por sí y en

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por

éste y Fulana de Tal; los Médicos Desconocidos A, B, C; las

Farmacias   Desconocidas    D,   E,   F;   la   Aseguradora   Mapfre;

Aseguradores G, H I; Individuos Desconocidos J, K L, sus

respectivas esposas y las Sociedades Legales de Gananciales

compuesta por éstos; y Corporaciones Desconocidas X, Y, Z. En

síntesis, alegó que, el accidente y los daños causados por el señor

Nieves Pagán fueron como consecuencia de conducir bajo los efectos

de fármacos recetados y/o despachados de manera negligente e/o

ilegal por algunos de los codemandados.

      El 17 de mayo de 2016, y, dicho sea de paso, dentro del

término prescriptivo de un año, la parte apelante enmendó la

Demanda, a los fines de traer al pleito como codemandados, a la

doctora Ortiz de la Cruz y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ésta y su esposo Sutano de Tal; así como también,

al Negocio de Farmacia conocido como Súper Farmacia Villa Toledo.
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       Al examinar ponderadamente las alegaciones de la parte

apelante contenidas en la Demanda Enmendada, interpuesta el 17

de mayo de 2016, notamos que, desde el inicio, entabló el pleito

bajo la teoría de que el codemandado, el señor Nieves Pagán, al

momento del accidente, conducía su vehículo de motor bajo los

efectos de fármacos y/o sustancias controladas, a sabiendas de que

los efectos de estos le producían incapacidad para conducir un

vehículo de motor.3

       Por igual, en el mismo pliego alegó respecto a la doctora Ortiz

de La Cruz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su

esposo de nombre desconocido, que:

       […..] Estos son responsables, por acción u omisión, en
       todo o en parte y le responden a los demandantes por
       los hechos y los daños a que se refiera la presente
       acción por su culpa, negligencia, al expedir recetas u
       órdenes médicas al Sr. José Nieves, para que éste
       obtuviese medicamentos controlados, los cuales no
       podían ser utilizados a la vez o mezclados, por sus
       componentes y efectos secundarios. Esto, a sabiendas
       de que este padecía de condiciones psiquiátricas,
       enfermedades fisiológicas y no se encontraba yendo a
       los especialistas correspondientes. El Sr. Nieves Pagán
       acudía a la oficina de ésta para repetir sus recetas de
       fármacos. [.….].4

       Cabe destacar que, del Apéndice del recurso se desprende

que, desde octubre de 2016, la doctora Ortiz de la Cruz, presentó

ante el foro primario Moción para que se Ordene Producir Récord

Médico, en la cual peticionó que se emitiera una orden al doctor

García Cuevas para que este produjera copia certificada del

expediente médico y/o tratamiento del paciente, señor Nieves

Pagán.5

       La aludida Orden fue expedida por el foro a quo el 22 de

noviembre de 2016.

3 Véase Anejo 3 del recurso, página 36.
4 Id, págs. 36-37.
5 Véase Anejo 6 del recurso.
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       El 3 de marzo de 2020, por primera vez, la parte apelante le

solicitó al Tribunal que emitiera una orden dirigida a los planes

médicos Humana y Parte D. de Medicare para que le proveyeran

copia de los expedientes médicos del señor Nieves Pagán durante los

últimos cinco (5) años.6 La aludida orden fue expedida por el foro

primario el 9 de marzo de 2020.7

       Con posterioridad, es la doctora Ortiz de la Cruz quien, en

junio, agosto y septiembre de 2020, acude al Tribunal en solicitud

de que se le ordenara al doctor García Cuevas, la producción de los

récords médicos del señor Nieves Pagán.8

       No fue sino hasta el 16 de agosto de 2021, que la parte

apelante instó una Segunda Demanda Enmendada, a los fines de

incluir como codemandado al doctor García Cuevas. Ello, luego de

haber transcurrido poco más de seis (6) años de la ocurrencia del

daño reclamado.         Particularmente, en cuanto al doctor García

Cuevas, alegó lo siguiente:

       [……..]
       5) La presente acción se dirige contra el Dr. Millán J.
       García Cuevas, psiquiatra que trató durante años al
       co-demandado José L. Nieves Pagán y quien responde a
       la parte demandante por razón de sus actuaciones
       negligentes y culposas al constantemente expedir
       recetas de medicamentos controlados al Sr. Nieves
       Pagán, sin tomar en consideración c[ó]mo éstos le
       afectaban a él y a terceros; ni tampoco ordenar
       laboratorios que evaluaran la interacción entre estos
       medicamentos y lo que le causaban los mismos al Sr.
       Nieves Pagán, y sin tomar en consideración como podía
       afectar a terceros. No surge del expediente advertencias
       de los efectos que podrían tener en el Sr. Nieves Pagán
       y advertirle que éste debería abstenerse de guiar
       vehículos de motor mientras estuviese tomando esos
       medicamentos. Tampoco surge del expediente del Dr.
       Millán J. García Cuevas que se haya consultado con
       algún médico especialista en dolor o médico especialista
       en los problemas de dependencia física o efectos
       adictivos de estos medicamentos en la persona y como
       eso podría afectar no solamente al co-demandado Sr.
       Nieves Pagán sino a terceros como efectivamente
       ocurrió en los hechos que están ante la consideración
       de este Ilustre Tribunal.

6 Véase anejo 8 del recurso.
7 Véase anejo 9 del recurso.
8 Véase Anejos 11 al 17 del recurso.
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       Cabe señalar que el Dr. Millán J. García Cuevas actuó
       igualmente de forma negligente y/o culposa al no tomar
       en consideración los efectos secundarios que podrían
       tener estos medicamentos incluyendo entre otros;
       mareos, soñolencia, sensación de desmayo, visión
       borrosa, alucinaciones, confusión. Lo que resulta
       evidentemente esencial que fuese advertido por sus
       médicos y que surgiese de forma escrita en los
       correspondientes expedientes médicos bajo la firma del
       entonces paciente aquí co-demandado Sr. Nieves
       Pagán, evidenciando la explicación de estas
       advertencias y el entendimiento que debería tener el Sr.
       Nieves Pag[á]n de dichas advertencias. Ellos siendo un
       elemento que incidió en los hechos que están ante la
       consideración del Tribunal por lo que le responde a la
       parte demandante de forma solidaria con las demás
       partes demandadas. Resulta evidente que la falta de
       evidencia de estas advertencias constituye un acto
       negligente o culposo del psiquiatra, Dr. Millán J. García
       Cuevas.     Este co-demandado Dr. García Cuevas
       responde a la parte demandante por sus acciones
       negligentes y/o culposas al recetar medicamentos que
       no podían ser utilizados a la misma vez o mezclados por
       razón de sus componentes y efectos secundarios. Que
       al momento de los hechos arriba descritos, el co-
       demandado Dr. Millán J. García Cuevas realizaba
       actividades para beneficio de la Sociedad Legal de
       Gananciales compuesta por éste y su esposa
       desconocida Fulana m[á]s Cual.

       6) Que la presente acción se dirige contra los médicos,
       cuya identidad se desconoce y se han identificado como
       Médicos Desconocidos A, B, y C, que se asume son
       médicos ofreciendo tratamientos bajo las leyes del
       Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los cuales son
       directamente responsables, por acción u omisión, en
       todo o parte de los daños ocasionados a los
       demandantes, al expedir recetas u órdenes médicas de
       forma negligente, ilegal y/o contraria a derecho, al co-
       demandado Sr. José L. Nieves Pagán.
       [……..]

       Es de notar que, en ningún momento, la parte apelante alegó

en esa Segunda Demanda Enmendada en qué fecha advino en

conocimiento de que el doctor García Cuevas brindó tratamiento

médico al codemandado Nieves Pagán. Tampoco alegó que trae al

pleito al galeno en sustitución de uno de los médicos desconocidos.9

       Si bien en nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría

cognoscitiva del daño, la cual establece que el término prescriptivo

9 No surge de los anejos del recurso de apelación que la parte apelante haya
presentado moción al foro primario en solicitud de autorización para enmendar la
demanda por segunda ocasión.
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de (1) año en reclamaciones por daños extracontractuales comienza

a transcurrir cuando el reclamante conoció, o debió conocer que

sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos necesarios para

poder ejercitar efectivamente su causa de acción10, esto no opera de

manera ilimitada o de forma irrestricta. En específico, nuestra

jurisprudencia ha reconocido que “si el desconocimiento se debe

a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas

consideraciones sobre la prescripción”.11 (Énfasis nuestro).

       La parte apelante aduce que, “durante la etapa del

descubrimiento de prueba”, salió a relucir que el doctor García

Cuevas había brindado tratamiento médico al señor Nieves Pagán.

Arguye que, en una moción presentada el 13 de julio de 2020, por

la doctora Ortiz de la Cruz, la parte apelante advino en conocimiento

de la existencia de un nuevo facultativo médico que había tratado al

señor Nieves Pagán.

       Empero, al examinar el expediente surge que, como mínimo,

desde octubre de 2016, ya la parte apelante tenía conocimiento o,

al menos, indicios, de que el doctor García Cuevas había atendido

al señor Nieves Pagán.         Ello, a raíz de que la codemandada, la

doctora Ortiz de la Cruz, presentara ante el foro primario, Moción

para que se Ordene Producir Récord Médico, en la cual peticionó que

se emitiera una Orden dirigida al doctor García Cuevas para que este

produjera copia certificada del expediente médico y/o tratamiento

del paciente, señor Nieves Pagán.

       Lo anterior, nos lleva forzosamente a concluir que, de la parte

apelante haber ejercido un mínimo grado de diligencia, pudo haber

indagado más a fondo sobre el tratamiento médico, si alguno, que le

10 CSMPR v. Carlo Marrero et al., supra, págs. 425-426; COSSEC et al. v. González

López et al., supra, pág. 806.
11 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; Padín v. Cía. Fom. Ind.,

supra, pág. 411; Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., supra.
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hubiese brindado el doctor García Cuevas al señor Nieves Pagán

para la fecha de la ocurrencia del fatídico accidente.

       Sin embargo, la parte apelante, por el contrario, se cruzó de

brazos y descansó su argumento en que, no pudo conocer la

identidad del galeno y, por tanto, todos los elementos necesarios

para ejercitar su causa de acción, hasta tanto se proveyó el

expediente médico. Dicho lo anterior, no podemos acoger el

argumento planteado por la parte apelante en su recurso. Pues,

lamentablemente, no procuró indagar con premura sobre la

identidad de uno de los presuntos co causantes del daño reclamado,

particularmente, el apelado García Cuevas.

       Según es sabido, las determinaciones de hechos y de

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de

gran deferencia por parte de los foros apelativos12. Sin embargo, la

deferencia judicial no es absoluta, pues podrá ser preterida en

ciertas instancias.      Nuestra Máxima Curia ha reiterado que los

tribunales      apelativos     “no     debemos        intervenir     con     las

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo que

medie pasión prejuicio, parcialidad o error manifiesto”13.

       En fin, al evaluar concienzuda y ponderadamente los eventos

procesales al palio de la normativa jurídica antes esbozada,

coincidimos con las conclusiones del foro apelado, a los efectos de

que, la causa de acción está prescrita en cuanto al doctor García

Cuevas.

                                       IV

       Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Parcial apelada.

12 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92,

111 (1987); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 (2009).
13 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera,

165 DPR 1, 25 (2005); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579, 593 (1970);
Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909.
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     Notifíquese.

     Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones