Court Opinion

ID: 9952387
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:36.289606+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:07.219120
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                   Apelación
     INMOBILIARIA                                  Procedente del
     GALIANI, INC.                                 Tribunal de Primera
                                                   Instancia, Sala de
         Apelante                                  SAN JUAN
                                KLAN202400010
             v.                                    Núm.:
                                                   SJ2023CV04109
  LUMA ENERGY, INC.
                                                   Sobre:
         Apelada                                   Incumplimiento de
                                                   contrato, Daños y
                                                   perjuicios

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez
Bonilla Ortiz y la Jueza Prats Palerm.

Prats Palerm, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

      Comparece        la   parte   demandante-apelante,   Inmobiliaria

Galiani, Inc. (¨apelante¨ o ¨Inmobiliaria Galiani¨) mediante recurso

de Apelación Civil y solicita que revoquemos una Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (¨TPI¨) dictada el

12 de octubre de 2023 y notificada el 18 de octubre de 2023.

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó una Demanda

presentada por la parte apelante.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso por falta de jurisdicción.

                                     I.

      El 5 de mayo de 2023 Inmobiliaria Galiani presentó una

Demanda sobre incumplimiento de contrato en contra de LUMA

Energy, Inc. (¨apelada¨ o ¨LUMA¨). Inmobiliaria Galiani sostuvo que

es la propietaria de un inmueble localizado en 122 Avenida Eleanor

Roosevelt, San Juan, Puerto Rico. Alegó que sobre dicho inmueble

pesa un derecho real de servidumbre predial a favor de la Autoridad

Número Identificador

SEN2024____________
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de Energía Eléctrica (¨AEE¨), hoy en manos de la apelada. Además,

señaló que existe un contrato entre las partes para el suministro de

servicio eléctrico.

      Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios

pormenorizar, el 17 de julio de 2023, LUMA presentó una Moción de

Desestimación. Alegó que el TPI carecía de jurisdicción para

dilucidar la controversia. Así las cosas, el 18 de octubre de 2023, el

TPI emitió una Sentencia desestimando la Demanda presentada por

falta de jurisdicción, bajo el supuesto de que el Negociado de Energía

Eléctrica retenía jurisdicción primaria exclusiva para atender el

asunto.

      El 29 de octubre de 2023 Inmobiliaria Galiani presentó una

Moción de Reconsideración solicitando que se revocara la Sentencia.

LUMA presentó una Oposición a Reconsideración el 1 de diciembre

de 2023. Posteriormente, el TPI emitió una Orden el 6 de diciembre

de 2023 denegando la solicitud de reconsideración.

      Inconforme, el 3 de enero de 2024, Inmobiliaria Galiani

presentó un recurso de Apelación Civil. Solicitó que revoquemos la

Sentencia del 18 de octubre de 2023. Realizó los siguientes

señalamientos de error:

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el
      Negociado de Energía de Puerto Rico tiene jurisdicción
      primaria o exclusiva para resolver una controversia sobre
      incumplimiento contractual entre partes privadas y solicitud
      de adjudicación de daños.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al menoscabar las
      obligaciones contractuales entre apelante y apelada que
      emergen del contrato de servidumbre constituido en 1994,
      que obligan al proveedor de servicio eléctrico a proveer
      mantenimiento, reparación y operación adecuada del sistema
      eléctrico secundario creado.

      El Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al
      darle la espalda al contrato de servidumbre constituido entre
      la apelante y el proveedor de servicio que establece claramente
      los derechos y las obligaciones entre las partes.

      El Tribunal de Primera Instancia violó el debido proceso de ley
      al hacer caso omiso de los derechos de la apelante emergentes
      del contrato de servidumbre constituido.
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      Erró el Tribunal de Primera Instancia al tratar a la apelante
      como un cliente que solicita un servicio nuevo del proveedor
      del servicio eléctrico y no como un nuevo cliente cuyos
      derechos se establecieron contractualmente con el proveedor
      de servicio eléctrico.

      Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar una
      demanda que presenta una reclamación plausible a tenor con
      la jurisprudencia local y federal.

      El 19 de enero de 2024, este Tribunal emitió una Resolución

concediéndole a LUMA un término de treinta (30) días para

presentar su posición.

      Seguidamente, el 25 de enero de 2023, Inmobiliaria Galiani

presentó una Moción Notificando Devolución por el Servicio Postal del

Recurso de Apelaciones Presentado e Informando Subsanación. En la

referida moción informaron que habían intentado notificar a LUMA

el 3 de enero de 2024, pero que el 19 de enero de 2024 el servicio

postal devolvió el recurso notificado. Dicha devolución fue recibida

el 23 de enero de 2024. Explicó que, al recibir de vuelta la

notificación enviada, la parte apelante se percató de que la había

enviado a una dirección incorrecta. Subsiguientemente, el 25 de

enero de 2024, Inmobiliaria Galiani le envió a LUMA la notificación

a la dirección correcta. La parte apelante solicitó de este Tribunal

que los autorizáramos a subsanar la notificación defectuosa.

      El 5 de febrero de 2024, LUMA presentó una Solicitud de

Desestimación por Falta de Notificación del Recurso de la Parte

Demandada-Apelada. Alegó que Inmobiliaria Galiani incumplió con

la Regla 13 (B) del Reglamento de este Tribunal, al no notificar el

recurso dentro del término dispuesto para la presentación del

recurso apelativo.

      Evaluadas los escritos de las partes y a la luz del derecho

aplicable, resolvemos.
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                                  II.

A. Jurisdicción

      En   reiteradas   ocasiones       nuestra   Máxima   Curia    ha

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su

propia jurisdicción. (Citas omitidas). Así, nuestro Tribunal Supremo

ha reafirmado que los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con esta

son privilegiados y deben atenderse de manera preferente. Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).

      Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal,

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide directamente

sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Ruiz Camilo

v. Trafon Group, Inc., supra.

      Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el análisis,

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación

ante sí sin entrar en sus méritos. Lo anterior, basado en la premisa

de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires. Cordero et al. v.

ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012).

      Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad

a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de parte
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desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional

cuando este foro carece de jurisdicción.

B. Perfeccionamiento de los recursos apelativos

      Como es sabido, ¨[l]a apelación en nuestro sistema no es

automática; presupone una notificación, un diligenciamiento y su

perfeccionamiento¨. Morán v. Marti, 165 DPR 356 (2005).

      En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha manifestado

que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos

apelativos   deben   observarse   rigurosamente. García    Ramis    v.

Serrallés, 171 D.P.R. 250 (2007), Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122

(1998). Sobre el particular, nuestra más alta Curia ha expresado:

      El apelante tiene, por lo tanto, la obligación de perfeccionar
      su recurso según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal
      de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición
      de poder revisar al tribunal de instancia. Si no se perfecciona
      un recurso dentro del término jurisdiccional provisto para
      ello, el foro apelativo no adquiere jurisdicción para entender
      en el recurso presentado. Morán v. Marti, supra.

      La Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 13 regula el trámite de presentación y

perfeccionamiento de los recursos de apelación. A esos efectos, la

Regla 13 (A) establece un término jurisdiccional de treinta (30) días

para su presentación, contados desde el archivo en autos de la copia

de la notificación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia. Por su parte, la Regla 13 (B) (1) dispone que la parte

apelante deberá notificar el recurso apelativo dentro del término

dispuesto para la presentación del recurso, siendo este uno de

estricto cumplimiento.

      En lo aquí pertinente, la Regla 13 (B) (3) claramente establece

que la fecha de notificación a las partes será la que conste en el

certificado postal como la fecha de su depósito en el correo.

      Conforme lo anterior, ¨la falta de notificación a todas las

partes en el litigio conlleva la desestimación del recurso de

apelación. El recurso que no se notifica a todas las partes, priva de
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jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad revisora. González

Pagán et al. v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062 (2019). El Tribunal

Supremo ha enfatizado que ¨los tribunales en nuestra jurisdicción

carecen de discreción para prorrogar estos términos de manera

automática¨. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).

      En García Ramis v. Serrallés, supra, el Tribunal Supremo

resolvió que los tribunales apelativos solo tenemos discreción para

prorrogar un término de cumplimiento estricto cuando la parte que

lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. Sobre la justa

causa han expresado que:

      […] no es con vaguedades, excusas o planteamientos
      estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa,
      sino con explicaciones concretas y particulares, debidamente
      evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la
      tardanza    o    demora     ocurrió    razonablemente,    por
      circunstancias especiales. Arriaga v. F.S.E., supra.

Además, ¨[a]legaciones como […] que el incumplimiento fue

¨involuntario¨, que ¨no se debió a la falta de interés¨, que no hubo

¨menosprecio al proceso¨, o de que ahora ¨existe un firme propósito

de enmienda¨, no constituyen justa causa¨. Íd.

                                 III.

      Como Tribunal Apelativo, en primer lugar, estamos obligados

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso

presentado.

      En el caso de autos, Inmobiliaria Galiani nos solicita que

revoquemos la Sentencia emitida el 12 de octubre de 2023,

notificada el 18 del mismo mes y año. Por su parte, el término de

treinta (30) días para presentar un escrito de apelación fue

interrumpido por la presentación de la Moción de Reconsideración el

29 de octubre de 2023. Dicho término comenzó nuevamente a

transcurrir el 6 de diciembre de 2023 tras la notificación de la Orden

declarando No Ha Lugar la reconsideración.
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      El 3 de enero de 2024, Inmobiliaria Galiani presentó un

recurso de Apelación ante este Tribunal. Luego, el 23 de enero de

2024, advinieron en conocimiento de que, por inadvertencia, no

habían logrado notificar a LUMA debido al envío de la notificación a

una dirección incorrecta. El 25 de enero de 2024 intentaron

subsanar su error al enviar la notificación a la dirección correcta.

Como resultado, la notificación a la parte apelada se llevó a cabo el

25 de enero de 2024, fecha que consta en el certificado del envío

postal.

      Ese mismo día, la parte apelante nos solicitó que aceptáramos

la subsanación del defecto en la notificación del escrito de apelación

a la parte apelada. Según discutimos, la excusa de que el

incumplimiento fue involuntario no constituye justa causa para

permitir la prórroga del término. A falta de justa causa para la

tardanza, los tribunales apelativos no tenemos discreción para

prorrogar un término de cumplimiento estricto.

      La Regla 13 del Reglamente del Tribunal de Apelaciones,

supra, establece el término jurisdiccional de treinta (30) días para

perfeccionar un recurso de apelación. En otras palabras, la parte

apelante deberá presentar el escrito ante el Tribunal y notificarlo a

las partes dentro del término. El incumplimiento con el referido

término conlleva la desestimación del recurso, conforme a la Regla

83 de nuestro Reglamento, supra.

      El término para perfeccionar el recurso y, en consecuencia,

notificar a todas las partes venció el 5 de enero de 2024. No fue

hasta veinte (20) días luego de la fecha en que venció el término para

perfeccionar el recurso que la parte apelada fue notificada. Al así

actuar, la parte peticionaria privó de jurisdicción a este Tribunal.

Por consiguiente, estamos impedidos de atender, en los méritos, el

presente recurso.
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                                   IV.

      Por todo lo anterior, DESESTIMAMOS el recurso de Apelación

Civil por falta de jurisdicción.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones