Court Opinion

ID: 9896844
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:24:18.198952+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:19.703571
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                        PANEL ESPECIAL

MANUEL PORRO VIZCARRA                                  Apelación
       Y OTROS                                         procedente del
                                                       Tribunal de
            Apelantes                                  Primera Instancia,
                                                       Sala de Aguadilla
                 v.                    KLAN202300315
                                                       Sobre: Cobro de
      ÁREA LOCAL DE                                    Dinero – Ordinario
  DESARROLLO LABORAL                                   y Otros
   DEL NOROESTE, ALDL
  T/C/C CONSORCIO DEL                                  Caso Número:
    NOROESTE Y OTROS                                   AG2022CV00909

             Apelados

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la
Juez Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Casillas.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                 SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2023.

         Los abogados Manuel Porro Vizcarra y Eduardo Dávila

Carrión nos solicitan la revocación de la Sentencia Parcial

Enmendada emitida el 13 de marzo de 2023,1 por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de Superior de Aguadilla (TPI). Allí, se

declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por Área

Local de Desarrollo Laboral Noroeste t/c/c/ Consorcio del Norte y

otros.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

resolvemos confirmar la sentencia parcial apelada. Veamos.

                                        -I-

         El 20 de septiembre de 2022 los abogados Manuel Porro

Vizcarra y Eduardo Dávila Carrión (parte apelante o los abogados)

presentaron una demanda,2 por incumplimiento de contrato, cobro

de dinero, enriquecimiento injusto, y daños económicos en contra

1 Notificada el 14 de marzo de 2023.
2 Apéndice 1 de la Apelación, págs. 1 – 16.

Número Identificador

SEN2023________________
KLAN202300315                                                                2

de Área Local de Desarrollo Laboral Noroeste t/c/c/ Consorcio del

Norte, la Sra. Heida Enid Colón Vientós (señora Colón Vientós), su

esposo y la Sociedad de Legal de Gananciales compuesta por ambos

(SLG), y otros (parte apelada, ALDLN o Consorcio).3

       El 18 de octubre de 2023, parte apelada sometió una Moción

de Desestimación Parcial,4 en la que adujo que los abogados

otorgaron un contrato de servicios profesionales con ALDLN, por lo

que era innecesaria la acumulación de otras partes que nada tienen

que ver con el acuerdo contractual. En particular, la inclusión de la

señora Colón Vientós, su esposo y la SLG carecen de alegación que

justifique su acumulación, dado que las actuaciones de la señora

Colón Vientós fueron en el ejercicio de su cargo oficial. Referente al

enriquecimiento injusto, el Consorcio adujo que la existencia de un

contrato derrota cualquier posibilidad de invocar la doctrina de

enriquecimiento injusto. Arguyó que la norma se agrava cuando se

trata de contratos gubernamentales, ya que se debía cumplir con los

requisitos contractuales y estatutarios. Por consiguiente, procedía

la desestimación de la causa de acción contra los co-apelados que

no   fueron    parte    contratantes     en    el   acuerdo    de   servicios

profesionales.    También,     debía desestimarse la acción sobre

enriquecimiento injusto por tratarse de un reclamo contractual.

       En oposición a la solicitud de desestimación,5 el 7 de

diciembre de 2022 los abogados alegaron que en la demanda se

presentaron 58 párrafos con suficiente especificidad. También,

3 La parte demandada estaba compuesta por: Área Local De Desarrollo Laboral

Del Noroeste a través de su directora ejecutiva, la Sra. Lourdes Ríos Muñiz; La
Junta Local De Desarrollo Laboral del Noroeste por medio de su presidente, el
Lcdo. Pedro García Morell; La Junta De Alcaldes, compuesta por los alcaldes de
los municipios de Aguadilla, Hon. Julio Roldán Concepción y el Mun. De
Aguadilla; Aguada, Hon. Christian E. Cortes Feliciano y el Mun. de Aguada;
Añasco, Hon. Kabir Solares; Isabela, Hon. Miguel “Ricky” Méndez Pérez y el Mun.
de Isabela; Moca, Hon. Angel “Beto” Pérez y el Mun. de Moca; Rincón, Carlos A.
López Bonilla y el Mun. de Rincón; San Sebastián, Hon. Javier D. Jiménez Pérez
y el Mun. de San Sebastián; la Sra. Heida Enid Colón Vientós, directora de
finanzas del ALDL Noroeste, su esposo el Sr. David Medina y la Sociedad de
Gananciales compuesta por ellos.
4 Apéndice 2 de la Apelación, págs. 17 – 38.
5 Apéndice 3 de la Apelación, págs. 39 – 53.
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adujeron que las razones por las cuales se incluyó a todos los

demandados, se debió a las causas de acción y la responsabilidad

de los municipios, en caso de que el ALDLN no pudiese responder.

Aunque admitieron haber contratado solamente con ALDLN,

alegaron que esto no tenía el efecto de inmunizar a los demás

codemandados. Por esa razón, no procedía la desestimación contra

aquellos co-apelados que no fueron parte del contrato. Con respecto

a la inclusión de la señora Colón Vientós, su esposo y la SLG en la

demanda, adujeron que las acciones de la co-apelada obstaculizaron

la inscripción de los contratos sin justificación. En específico, sus

actuaciones ilegales, intencionales, negligentes, culposas y/o

contrarias a su deber ministerial. Por lo que, sin ser parte

contratante, los co-apelados debían responder. Además, rechazaron

la desestimación de la causa de acción sobre enriquecimiento

injusto, ya que la parte apelada se enriqueció a expensas de los

abogados. Manifestaron, que la norma de cumplimiento con los

requisitos gubernamentales, so pena de asumir la responsabilidad,

no aplicaba a este caso. Arguyeron que la ALDLN fue quien no

presentó los contratos al Contralor, por lo que no incumplieron con

los criterios de la contratación gubernamental. Apuntaron que dicho

incumplimiento se debió a los actos ilegales de la señora Colón

Vientós como Directora de Finanzas del Consorcio. Señalaron que,

—de manera ilícita y contrario a las órdenes de su superior— la

señora Vientós ocasionó que el Consorcio incumpliera con sus

obligaciones contractuales.

       Evaluadas las mociones antes dicha, el 23 de diciembre de

2022 el TPI notificó una Sentencia Parcial,6 en la que desestimó

la demanda parcialmente contra la señora Colón Vientós, su esposo

y la SLG; además, denegó la causa de acción sobre enriquecimiento

6 Apéndice 4 de la Apelación, págs. 54 – 75.
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injusto. Razonó que los abogados dejaron de exponer una

reclamación que justificara la concesión de un remedio, pues —aun

tomando como ciertas las alegaciones sobre la señora Colón

Vientós— no se justificaba la concesión de un remedio. En cuanto a

la acción sobre enriquecimiento injusto no aplicaba, ya que estaban

ante una relación contractual entre ALDLN y los apelantes, por lo

cual se ceñían a las cláusulas y leyes sobre este tipo de contratación.

        La parte apelada sometió una Moción Aclaratoria y/o de

Reconsideración sobre Sentencia Parcial.7 En síntesis, adujo

que, según se desestimó la causa de acción contra la señora Colón

Vientós, su esposo y la SLG, se debió desestimar la causa de acción

contra la Junta Local de Desarrollo Laboral del Noreste (Junta), ya

que tampoco fue parte contratante. Así, el 13 de marzo de 2023 el

TPI emitió una Sentencia Parcial Enmendada,8 en la cual

desestimó la causa de acción contra la Junta. Esbozó que: “[c]omo

bien    señalaron       los   codemandados,      el   contrato   de    servicios

profesionales bajo el cual la parte demandante pretende reclamar fue

otorgado exclusivamente con el ALDLN, quien tiene personalidad

jurídica y separada de estos organismos”.9

        En 13 de abril de 2023 los abogados apelaron ante nos y

señalaron los siguientes errores:

        PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL
        DESESTIMAR    LA     DEMANDA      CONTRA     LOS
        CO-DEMANDADOS HEIDA ENID COLON VIENTÓS, SU
        ESPOSO DAVID MEDINA, LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES
        GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS, Y LA JUNTA
        LOCAL DE DESARROLLO LABORAL DEL NOROESTE POR
        MEDIO DE SU PRESIDENTE, EL LCDO. PEDRO GARCÍA
        MORELL PORQUE LA DEMANDA SÍ EXPUSO UNA
        RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN
        REMEDIO AUNQUE NO FUERAN PARTES EN EL CONTRATO
        QUE OTORGARON LOS DEMANDANTES EN EL CONSORCIO.

        SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL
        DESESTIMAR    LA    CAUSA   DE   ACCIÓN     POR
        ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

7 Por medio de su presidente, el Lcdo. Pedro García Morell.
8 Notificada el 14 de marzo de 2023.; Apéndice 6 de la Apelación, págs. 77 – 85.
9 Id., en la pág. 84.
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         El 24 de mayo de 2023, la parte apelada compareció en el

escrito “Alegato de la Parte Apelada”.

                                       -II-

                                       -A-

         El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia,      salvo     cuando      estén     presentes     circunstancias

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error

manifiesto.10 La citada norma de deferencia también es aplicable a

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo

siguiente:

         No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el
         ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas
         situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con
         prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de
         discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación
         de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 11

         Lo importante al momento de ejercer la función revisora es

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello,

no constituye una tarea fácil.12 Por lo tanto, para realizarla

adecuadamente nuestro Alto Foro Judicial indica expresamente que

el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente

relacionado con el concepto de razonabilidad.13

                                       -B-

         Sabido es que las alegaciones de una demanda tienen como

propósito bosquejar o notificar a grandes rasgos cuáles son las

reclamaciones y las defensas de las partes. En ese sentido, la Regla

6.1(a) de Procedimiento Civil dispone que una alegación que

exponga una solicitud de remedio debe contener “una relación

10 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
12 Id.
13 Id.
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sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el

peticionario tiene derecho a un remedio”.14

       Cónsono con lo anterior, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil

establece, en adición a otras, la defensa de dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio como

fundamento para solicitar la desestimación de una causa de

acción.15 En lo pertinente, esta regla dispone, que:

       Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación
       se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción
       de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse
       mediante una moción debidamente fundamentada:
          (1) falta de jurisdicción sobre la materia;
          (2) falta de jurisdicción sobre la persona;
          (3) insuficiencia del emplazamiento;
          (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;
          (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la
          concesión de un remedio;
          (6) dejar de acumular una parte indispensable. […].16

       En lo concerniente a nuestra controversia se ha establecido

que, ante la presentación de una moción de desestimación basada

en la quinta defensa de dicha Regla, los foros judiciales deben

tomar como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas

en la demanda.17 En ese sentido, están obligados a interpretar las

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las

inferencias que puedan asistirle.18

       De esta forma, los tribunales deben razonar —si a la luz de la

situación más favorable al demandante y resolviendo las dudas a su

favor— la demanda es suficiente para constituir una reclamación

válida.19

       Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre

14 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1(a). Énfasis suplido.
15 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
16 Id. Énfasis suplido.
17 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR

883, 889 (2000). Énfasis suplido.
18 Colón v. Lotería, supra, pág. 649.
19 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Énfasis suplido.
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que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo

de cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en

apoyo a su causa de acción.20

       En consecuencia, la desestimación procede cuando existen

circunstancias que permiten a los tribunales determinar, sin

ambages, que la demanda adolece de todo mérito o que la parte

no tiene derecho a obtener remedio alguno.21 En ese sentido, es

apropiado reiterar que nuestro Tribunal Supremo ha sostenido

firmemente la clara política pública judicial de que los casos se

ventilen en sus méritos.22 Como corolario a esa política, ha recalcado

que existe un trascendental interés en que todo litigante tenga su

día en corte.23

                                        -C-

         La acción por enriquecimiento injustificado surge cuando no

se ha provisto un remedio para una situación en la que se produce

un desplazamiento patrimonial que beneficia a uno y enriquece a

otro sin explicación razonable o justificada en el ordenamiento

vigente.24

       Antes de la vigencia del nuevo Código Civil del 2020, la acción

de enriquecimiento era una basada en el principio de equidad.25 Sin

embargo, el nuevo Código Civil de Puerto Rico de 2020 estatuyó el

enriquecimiento sin causa.26 Así, el referido Código dispuso que, “[s]i

una persona, sin justa causa, se enriquece a expensas de otra, está

obligada a indemnizarla de la correlativa disminución patrimonial en

20 Colón v. Lotería, supra, pág. 649. Énfasis suplido.
21  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Énfasis
suplido.
22 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004).
23 Id.
24 ELA v. Cole, 164 DPR 608, 632 (2005).
25 Id.
26 Ley Núm. 55 – 2020, según enmendado conocida como Código Civil de Puerto

Rico de 2020, 31 LPRA sec. 10771.
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la medida de su propio enriquecimiento, ya sea que este provenga de

la obtención de una ventaja o de la evitación de un perjuicio”.27

         Para   que    proceda    la     aplicación   de   la    doctrina     del

enriquecimiento injusto es necesario que concurran ciertos

requisitos básicos, a saber: (1) existencia de un enriquecimiento; (2)

un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre dicho

empobrecimiento y enriquecimiento; (4) falta de una causa que

justifique el enriquecimiento; (5) inexistencia de un precepto legal

que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.28

         Ahora bien, estatutariamente se estableció que la acción de

restitución no procede: (a) si la ley deniega la acción; (b) si la ley

atribuye otros efectos al enriquecimiento; (c) si la ley permite al

empobrecido ejercer otra acción; o (d) si entre las partes o

interesados existe una relación contractual.29

         La aplicación de la citada doctrina dependerá de las

circunstancias        de   cada   caso     y   es   invocable,    entre     otras

circunstancias, cuando no se han observados ciertas formalidades

de ley que sean fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido

ejecutadas con asesoramiento debido.30 No obstante, se ha reiterado

que dicha doctrina no puede ser aplicada cuando resulte contraria

a una clara política pública plasmada en un estatuto o en la

Constitución.31

                                       -III-

         A manera de resumen, surge del expediente ante nos que los

apelantes son abogados contratados por servicios profesionales para

Consorcio. De acuerdo con sus alegaciones, el referido Consorcio le

adeuda la suma de $32,655.46 en concepto de servicios rendidos,

27 Id.
28 ELA v. Cole Vázquez, supra, pág. 633.
29 31 LPRA sec. 10772.
30 Plan de Bienestar v. Municipio de Cabo Rojo, 114 DPR 697, 702-703 (1983).
31 Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR 817, 823 (1988).; Hatton v. Municipio de Ponce,

134 DPR 1001, 1011 (1994).
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pero no pagados.32 Aducen que por unas actuaciones ilegales de la

señora Colón Vientós las enmiendas a sus contratos no se

registraron en la Oficina de Contralor, razón por la cual se les negó

el pago por los servicios que rindieron. Ello provocó la presentación

de esta demanda en la que incluyeron múltiples demandados, y

alegaron, entre otras cosas, enriquecimiento injusto.

       De     manera      conjunta,      la   parte     apelada     solicitó    la

desestimación de la demanda para aquellos que no fueron parte

contractual en el acuerdo de servicios profesionales. Además,

arguyó que no aplicaba el enriquecimiento injusto, ya que en este

caso había un contrato entre el Consorcio y los apelantes.33

       El TPI desestimó la causa de acción contra la señora Colón

Vientós, su esposo, la SLG y la Junta; además, desestimó la acción

sobre enriquecimiento injusto.

       Inconforme, los apelantes apelan ante nos, —y en síntesis—

plantean que el TPI incidió al desestimar tanto la causa de acción

contra la señora Colón Vientós, su esposo, la SLG y la Junta, como

la acción de enriquecimiento injusto. No tienen razón.

       Primero, los apelantes aceptaron que el contrato de servicios

profesionales fue otorgado entre ellos y ALDLN, y no hubo, otra parte

involucrada en el mismo. Por lo que no se justifica la inclusión de la

señora Colón Vientós, su esposo, la SLG y la Junta, como parte

demandada en el presente caso. Nótese, que la ALDLN tiene una

personalidad jurídica y separada de los demás organismos. Por

consiguiente, no erró el TPI al desestimar la causa de acción contra

señora Colón Vientós, su esposo, la SLG y la Junta.

       Segundo, el TPI no incidió al desestimar la causa de acción

sobre enriquecimiento injusto. Resulta claro que en este caso existe

32 Según surge del expediente, los contratos se realizaron de manera individual.

Por lo que, alegadamente al Lcdo. Porro – Vicarra se le adeuda la cantidad de
$22,855.46, y al Lcdo. Dávila Carrión se le adeuda la suma de $9,800.00.
33 Los apelantes aceptaron que las partes contratantes fueron ellos y el Consorcio.
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un contrato entre los abogados y el Consorcio. Pese a los

argumentos de los apelantes, en el presente caso hay una causa que

justifica el enriquecimiento, un contrato de servicios profesionales

entre el Consorcio y los apelantes, por lo que no aplica la doctrina

de enriquecimiento injusto.

      En virtud de lo antes dicho, resolvemos confirmar la Sentencia

Parcial Enmendada.

                                -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Parcial Enmendada dictada por el TPI.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones