Court Opinion

ID: 9928620
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:18.078896+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:45.589003
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                                           PANEL VII

         H. CALERO CONSULTING                                Apelación
               GROUP, INC.                                   procedente del
                                                             Tribunal de
                       Apelada                               Primera Instancia,
                                                             Sala Superior de
                         V.                                  San Juan

            EDITH DÍAZ Y OTROS             KLAN202300929     Caso Núm.:
                                                             SJ2019CV04942
                   Apelante                                  (903 CIVIL)

                                                             Sobre:
                                                             COBRO DE
                                                             DINERO -
                                                             ORDINARIO
         Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
         Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

         Grana Martínez, Jueza Ponente

                                         SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2023.

                La apelante, Cellubeep Inc., solicita que revoquemos la

         sentencia en la que el Tribunal de Primera declaró HA LUGAR la

         demanda de cobro de dinero en su contra.

                La apelada, H. Calero Consulting Group Inc., presentó su

         oposición al recurso.

                Los hechos pertinentes a la controversia que hoy nos ocupa

         son los siguientes.

                                               I

                El 17 de mayo de 2019, la apelada presentó una demanda

         por cobro de dinero contra la apelante. La apelada alegó que la

         apelante contrató sus servicios de perito economista, para que

         estimara la compensación por daños que procedía reclamar en el

         caso civil K AC2015-0567 y se ha negado a pagarle por la totalidad

         de los servicios prestados.

                La apelante negó las alegaciones en su contra y la existencia

         de una deuda líquida y exigible y presentó una reconvención.

Número Identificador
SEN2023 _____________________
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Cellubeep adujo que la apelada incumplió con sus obligaciones

contractuales, porque no presentó el informe final, entregó un

borrador preliminar tardíamente plasmado de errores, se negó a

ser depuesta y a comparecer al proceso judicial.

      Según consta en la sentencia apelada, las partes estipularon

en el Informe Preliminar los hechos a continuación. El 20 de

noviembre de 2018, la apelada envió al Lcdo. Ramírez de Arellano

una oferta de servicios profesionales, dirigida a la apelante. El 25

de enero de 2019, la señora Díaz firmó la propuesta que se

convirtió en el contrato entre las partes. La apelada se obligó a: (1)

analizar el contrato de servicios entre la apelante y Telecorp Sun

Com, bajo el programa de venta de celulares, (2) preparar un

banco de datos con los ingresos y gastos recibidos e incurridos por

su cliente relacionados a dicho contrato, desde el año 2002 al

presente, (3) preparar un estimado de la alegadas pérdidas de

ingresos dejados de recibir por la apelante como consecuencia del

contrato con el bufete Cancio, (4) analizar los ingresos de la

apelante, según las planillas de contribución sobre ingresos desde

el año 2002 al presente, (5) evidenciar la mitigación de daños, si es

posible, (6) redactar un informe en español con los hallazgos,

análisis y conclusiones de daños que sería presentado en el TPI

Sala de San Juan, (7) reunirse con clientes y su representación

legal, (8) preparar las preguntas sugeridas para testimonio en el

tribunal y (9) comparecer a deposiciones y a declarar en el

tribunal. Determinaciones de hecho 1-3 de la sentencia apelada

estipulados en el Informe Preliminar.

      El   Informe   Preliminar,   además,     incluye   los   hechos

estipulados siguientes. La apelante pagó $5,200.00 por la Orden

de Proceder. La apelante entregó el cheque número 6206 del Banco

Santander de Puerto Rico a nombre de la apelada. El 23 de marzo

de 2019, la apelada remitió al representante de la apelante, Peter
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Acosta, copia del borrador del informe parcial para que lo revisara.

La apelada pidió que hiciera los comentarios y revisiones, no más

tarde del 25 de marzo de 2019 y antes de las cuatro de la tarde. La

apelada hizo gestiones de cobro, previo a la presentación de la

demanda. El 11 de abril de 2019 cursó una carta de cobro a la

apelante y le ofreció un descuento del 12.5% de la factura

pendiente de pago y del monto reclamado en la demanda. El caso

Civil K AC2015-0567 culminó con sentencia de Estipulación de

Desistimiento con perjuicio. Determinaciones de hecho 4-9 de la

sentencia apelada estipulados en el Informe Preliminar.

      Ambas partes estipularon los documentos a continuación:

(1) Carta del 20 de noviembre de 2018 firmada por Edith Díaz el 25

de enero de 2019, (2) Informe Final del 28 de marzo de 2019, (3)

Borrador del Informe del 26 de marzo de 2019 y (4) los correos

electrónicos entre las partes.

      Durante la vista en su fondo se presentaron los testimonios

de la señora Heidie Calero y el señor Pedro Acosta. El TPI

determinó los hechos siguientes. La apelante le pidió a la apelada

una propuesta de servicios para un informe pericial que debía

presentar en el mes de noviembre de 2018. La solicitud se realizó

mediante un correo electrónico en el que la apelante anejó copia

del informe preparado por Estudios Técnicos Inc. La señora Heidie

Calero es la dueña y presidenta de HCCG, tiene 47 años en la

práctica de Economía y se encarga de todos los pagos y

administración de esa empresa. El 21 de noviembre de 2018, la

apelada informó a la apelante que el costo del informe podía oscilar

de $8,500 hasta más de $30,000.00, cuando los procedimientos

son extremadamente litigiosos. La señora Calero recomendó a la

apelante que esperara a que el tribunal le concediera utilizar

perito. Determinaciones de Hecho 1-4 de la sentencia apelada.
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      El TPI también determinó los hechos a continuación. El 14

de enero de 2019, la apelada recibió copia de una resolución del

caso K AC2015-0567, en la que el tribunal concedió 20 días a la

apelante para presentar el informe pericial. La señora Calero envió

la propuesta de sus servicios a la apelante el 14 de enero de 2019,

pidió cinco mil dólares ($5,000.00) al momento y el 4% aplicable al

impuesto sobre Ventas y Uso. La apelante contrató a la apelada el

25 de enero de 2019, mediante la firma y aceptación de la

propuesta de servicios del 20 de noviembre de 2018. Las partes

acordaron que la apelada tenía de 5 a 7 semanas, después de

recibir toda la información solicitada, para terminar el informe. El

costo del informe se determinaría, a base de una tarifa de $195 la

hora por los servicios de la señora Calero y $175.00 por los

servicios de otros economistas. Los contratantes acordaron el pago

de una cantidad fija de cinco mil dólares ($5,000.00) al comienzo

del estudio pericial. La apelada se limitó a presentar el informe

pericial, ya que no compareció a deposiciones, ni a declarar en el

tribunal. Los correos electrónicos entre las partes evidenciaron que

la apelante proveyó la información solicitada por la apelada. El

contrato entre las partes no autorizó a la apelada a subcontratar

otros economistas que no fueran empleados de HCCG. Así lo

confirmó la apelada en su testimonio. Determinaciones de hecho 5-

11 de la sentencia apelada.

      La sentencia, además, incluyó los hechos siguientes. Las

partes se reunieron previo a firmar el contrato. Durante esas

reuniones discutieron estrategias para que el tribunal concediera

una extensión de tiempo para presentar el informe pericial y

acordaron que la apelante iba a preparar una carta justificando la

dilación. La señora Calero declaró que la apelante preparó parte

del contenido de esa carta y que luego de varios cambios, la

demandante preparó la carta final que se presentó en una moción
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en el tribunal. El 21 de enero de 2019, la apelada notificó a la

apelante que la señora Calero estaba en medio de una mudanza y

que tenía un viaje pautado del 14 de febrero al 1 de marzo de

2019. Aun así, la apelante contrató sus servicios el 25 de enero de

2019. El 11 de febrero de 2019, la apelada informó a la apelante

que buscaría un recurso para que la ayudara con el modelo de

daños, mientras la señora Calero estaba de viaje. El 12 de febrero

de 2019, el señor Pedro Acosta le replicó a la señora Calero. Si

dejas a alguien adelantando me dejas saber y cualquier pregunta se

puede comunicar conmigo para lo(s) que necesite. El 13 de febrero

de 2019 a las 6:15 p.m., la señora Calero notificó a la apelante que

habló con Diego Iribarren y le envió la información que había

recibido para que conceptualizara el modelo de daños que la

señora Calero discutió con él. El señor Acosta le replicó SUENA

BIEN y se mantuvo en comunicación con Iribarren y con el señor

Daniel Santiago. Determinaciones de hecho 12-18 de la sentencia

apelada.

      Por último, el TPI determinó los hechos a continuación. El 23

de marzo de 2019, la apelada envió a la apelante el Borrador de

Informe de Daños e informó que recibiría los comentarios y

revisiones el lunes, 25 de marzo, mientras se terminaran los

apéndices. El 28 de marzo de 2019, la apelada remitió el informe

de daños final a los abogados de la apelante con las correcciones

solicitadas. Las partes estipularon que el 5 de abril de 2019, la

apelada le remitió al señor Acosta la factura por 233.5 horas

trabajadas y copia del Relevo de Hacienda. La factura no se

discutió en el juicio, como tampoco su procedencia, ni cómo se

determinó la cantidad de horas facturadas. La señora Calero

declaró que la apelante le adeuda $38,633.40 por los servicios

facturados y no pagados. Determinaciones de Hecho 19-22 de la

sentencia apelada.
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       El TPI concluyó que las partes acordaron que la demandante

cobraría sus servicios por la cantidad de horas trabajadas. La

evidencia    presentada    y   el   testimonio   de   la   señora   Calero

convencieron al foro primario de que también acordaron que la

facturación podía fluctuar dependiendo de lo litigioso del asunto.

Igualmente quedó convencido de que la apelada cumplió con sus

obligaciones contractuales. No obstante, hizo hincapié en que

durante el juicio no se presentaron las facturas, no se discutió

cómo se determinaron las horas facturadas, ni cuál fue la

proporción entre las dos tarifas incluidas en el contrato entre las

partes. El tribunal advirtió que solo tenía el testimonio de la señora

Calero de que la apelante le debía $38,633.40.

       Aunque el foro apelado dio credibilidad al testimonio de la

señora Calero, determinó la cantidad adeudada a base del

siguiente análisis. El TPI partió de la comunicación del 21 de

noviembre de 2018, en la que la señora Calero advirtió a la

apelante que el costo de sus servicios podía fluctuar entre

$8,500.00 hasta más de $30,000.00, si los procedimientos eran

extremadamente litigiosos. El TPI descartó que la deuda fuera

mayor de treinta mil ($30,000), porque la apelada únicamente

preparó el informe y no hizo trabajos propiamente relacionados al

litigio.

       Posteriormente le restó a los $30,000.00 los cinco mil

dólares ($5,000.00) que la apelante pagó previamente y determinó

que    el   tope   de   facturación   era   veinte    cinco   mil   dólares

($25,000.00). A esa cantidad le aplicó el descuento de 12.5% que la

apelada le ofreció a la apelante equivalente a $3,125.00. Según el

TPI, la nueva cuantía era de $21,875.00.

       Finalmente, el TPI determinó que debía restar el 4% de

impuesto que la apelada incluyó en la cuantía reclamada e hizo el

ejercicio matemático siguiente. Según el tribunal, el 4% de los
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$25,000.00 antes del descuento de 12.5% es $1,000.00. A los

$21,875.00 les restó esos mil dólares ($1,000.00) y resolvió que la

apelada tenía derecho a facturar $20,875.00.

       El 15 de septiembre de 2023, el TPI declaró HA LUGAR la

demanda y ordenó a la apelante pagar a la apelada $20,875.00 y

los intereses desde la fecha de la sentencia hasta su saldo.

       Inconforme, la apelante presentó este recurso en el que alega

que:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
       EMITIR UNA DETERMINACIÓN ARBITRARIA Y
       ABUSANDO     DE    SU  DISCRECIÓN  JUDICIAL
       DECLARANDO      CON   LUGAR   LA  DEMANDA
       PRESENTADA, SIN QUE LA PARTE DEMANDANTE
       RECURRIDA HAYA PRESENTADO EVIDENCIA QUE
       SUSTENTARA SUS ALEGACIONES, POR LO QUE LA
       DEUDA RECLAMADA ES UNA NO VENCIDA NI
       LÍQUIDA NI EXIGIBLE.

                                  II

                                  A.

       Los tribunales apelativos actuamos esencialmente como

foros revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los

tribunales inferiores aplican el derecho a los hechos particulares

de cada caso. El Tribunal de Primera Instancia es el foro que

desarrolla el expediente completo del caso, que incluye los hechos

determinados como ciertos, a base de la prueba presentada. El

ejercicio de nuestra función de aplicar y pautar el derecho requiere

saber cuáles son los hechos y esa es tarea del Tribunal de Primera

Instancia.   Los   tribunales   apelativos   no   celebramos   juicios

plenarios, no presenciamos el testimonio oral de los testigos, no

dirimimos credibilidad, ni hacemos determinaciones de hecho, ya

que esa es función del Tribunal de Primera Instancia. Gómez

Márquez v. Periódico El Oriental Inc., 203 DPR 783, 792-793 (2020);

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770. 771 (2013);

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444-445 (2012).
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      Los   foros   apelativos   aceptamos   como    correctas,   las

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual

que su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba

presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió,

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la

prueba presentada. Los jueces de instancia son los que tienen la

oportunidad de ver el comportamiento de los testigos mientras

ofrecen su testimonio y escuchar su voz. No obstante, los

tribunales apelativos podemos descartar las determinaciones de

hecho del Tribunal de Primera Instancia cuando el juzgador de los

hechos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad o incurrió en error

manifiesto. La deferencia cede cuando, luego de analizar la

totalidad de la evidencia, quedamos convencidos de que las

conclusiones del foro primario confligen con el balance más

racional, justiciero y jurídico de toda la prueba recibida. Dávila

Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 771-772; Méndez v.

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996); Rivera Pérez v. Cruz Corchado,

119 DPR 8, 14 (1987).

      La parte apelante que señala algún error relacionado con la

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación que hizo el

Tribunal de Primera Instancia tiene que presentar una exposición

narrativa de la prueba para que el tribunal apelativo pueda

cumplir cabalmente con su función revisora. Álvarez v. Rivera, 165

DPR 1, 13 (2005).

      La falta de indicios de que el foro primario incurrió en error

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la evidencia

desfilada, impide al foro revisor intervenir con la apreciación de la

prueba. La ausencia de la prueba oral no permite que el Tribunal

de Apelaciones tenga los elementos para descartar la apreciación
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razonada y fundamentada del foro de instancia. Hernández

Maldonado v. The Taco Maker Inc., 181 DPR 281, 289 (2011).

      En Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117

(2019), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en un caso de

revisión administrativa que el recurrente que impugna las

determinaciones de hecho basadas en la prueba oral está obligado

a traer a la consideración del foro revisor la transcripción de la

vista celebrada o una exposición narrativa de la prueba. Los

tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la

prueba oral de la agencia, cuando no tienen forma de evaluar la

evidencia presentada, debido a que la parte promovente no elevó

una transcripción o una exposición narrativa de tal prueba.

      Tan reciente como en Pueblo de Puerto Rico v. Pérez Delgado,

2023 TSPR 35, 211 DPR ___ (2023), el Tribunal Supremo de Puerto

Rico ratificó que los recursos apelativos en los que se cuestiona la

apreciación de la prueba del foro primario tienen que estar

acompañados de una transcripción o una exposición narrativa de

la prueba. El peticionario que cuestiona la apreciación de la

prueba está obligado a ubicar al tribunal revisor en tiempo y

espacio sobre lo ocurrido en el foro primario. La forma de hacerlo

es a través de alguno de los mecanismos de recopilación de la

prueba oral. Los mecanismos reconocidos son la transcripción de

la prueba, la exposición estipulada o la exposición narrativa. Los

tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir su función

revisora a cabalidad, sin la prueba que el foro primario tuvo ante

su consideración.

      Las disposiciones reglamentarias que gobiernan los recursos

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse con rigurosidad.

Los abogados están obligados a cumplir fielmente el trámite

prescrito en las leyes y en los reglamentos aplicables para el

perfeccionamiento de los recursos. No puede quedar a su arbitrario
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decidir qué disposiciones aplican y cuándo. El peticionario es

quien tiene la tarea de presentar al foro revisor la prueba oral al

amparo de la cual pretende impugnar las determinaciones del

tribunal a quo. Pueblo de Puerto Rico v. Pérez Delgado, supra;

Hernández Maldonado v. The Taco Maker Inc., supra, pág. 290.

      La Regla 76 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII, establece los requisitos para presentar la

transcripción. Su texto es el siguiente:

      Transcripción de la prueba oral en recursos de
      apelación y certiorari:

             Una parte en una apelación o en un recurso de
      certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al
      Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez días
      desde que se presentó el escrito de apelación o se
      notificó la expedición del auto solicitado, que se
      propone transcribir la prueba oral. En esa moción, la
      parte proponente expresará las razones por las cuales
      considera que la transcripción es indispensable y que
      propicia mayor celeridad en los procesos que la
      presentación de una exposición estipulada o de una
      exposición narrativa.

      El inciso B de la Regla 76, supra, dispone que, una vez

autorizada la transcripción, su proponente podrá solicitar al

Tribunal    de   Primera    Instancia      la   regrabación   de   los

procedimientos. La moción a esos efectos será presentada dentro

de los diez (10) días siguientes a la notificación de la orden del

Tribunal de Apelaciones,

      Las   disposiciones    reglamentarias     pertinentes   también

establecen los términos para la presentación de la exposición

narrativa. Regla 76.1 del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap.

XXII. La Regla 76.1(A)(1) establece que la parte apelante deberá

notificar a la apelada que presentará la exposición narrativa. El

término para hacerlo es dentro de los diez días de notificado el

escrito de apelación. 4 LPRA Ap. XXII-B. El inciso 2 de ese precepto

dispone que la parte apelante preparará y someterá al Tribunal de
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Apelaciones un Proyecto de Exposición Narrativa de la Prueba Oral

pertinente al recurso. Regla 76.1 (A)(2), 4 LPRA Ap. XXII-B.

      Por su parte, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19, dispone que la parte

apelante que señala un error relacionado a la suficiencia de la

prueba testifical o con la apreciación errónea del tribunal apelado,

tiene que someter una transcripción, o una exposición estipulada o

una exposición narrativa de la prueba.

                                  III

      La parte apelante ataca la apreciación de la prueba y la

credibilidad que el TPI dio a los testimonios ante su consideración.

Cellubeep Inc. aduce que el testimonio de la señora Calero no

estableció la existencia de una deuda vencida, líquida y exigible.

Según la apelante, la señora Calero se limitó a reclamar una deuda

de $38,633.40, pero no presentó prueba para corroborar su

existencia, no especificó las gestiones por las que reclama esa

cantidad, el tiempo que le tomó realizar el trabajo y las tarifas que

facturó. La apelante argumentó que el TPI reconoció que la señora

Calero no evidenció los trabajos realizados y que pasó por alto el

testimonio de Pedro Acosta.

      La apelada sostiene que estamos impedidos de realizar

nuestra función revisora, porque la apelante no sometió una

transcripción, ni una exposición estipulada o narrativa, que nos

permita evaluar la apreciación de la prueba y adjudicación de

credibilidad del foro primario.

      H. Calero Consulting tiene razón. La parte cuestiona la

apreciación de la prueba testifical que hizo el foro primario. Sin

embargo, incumplió con la Regla 76 (A) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, porque no informó el método que

utilizaría para presentar la exposición narrativa de la prueba oral.

Nos es imposible ejercer nuestra función revisora sobre el valor
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probatorio que el TPI dio a los testimonios ante su consideración,

en ausencia de una transcripción de la prueba o una exposición

estipulada o narrativa.

      La apelante tiene el peso de la prueba para demostrar que el

testimonio de la señora Calero no estableció la existencia de una

deuda vencida, líquida y exigible. No obstante, para que podamos

evaluar si la apelada demostró los elementos de su causa de acción

es necesario que examinemos la prueba que desfiló ante el TPI. La

imposibilidad de evaluar y revisar la prueba y los testimonios

presentados en el juicio en su fondo, no nos permite intervenir con

la adjudicación de credibilidad del tribunal sentenciador que vio y

escuchó la prueba de primera mano. Ante ese escenario, estamos

obligados a respetar la norma de la deferencia que cobija a las

decisiones del TPI.

                                 IV

      Por lo antes expuesto, se confirma la sentencia apelada.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones