Court Opinion

ID: 9952211
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:29:04.343664+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:12.806971
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL VI

     GUADALUPE CRUZ                              Apelación
        SANTANA                                  procedente del
      JESENIA CRUZ                               Tribunal de Primera
       RODRÍGUEZ                                 Instancia, Sala
                                                 Superior de
            Apelante                             Humacao

                v.                  KLAN202301132 Civil Núm.
                                                  HU2019CV00709
    MARITZA MOJICA                                (Salón 208)
       SANABRIA
  KRISTAL CRUZ MOJICA                            Sobre:
    WILLIAM G. CRUZ
        MOJICA                                   Sentencia
                                                 Declaratoria,
             Apelada                             Liquidación de
                                                 Comunidad
                                                 Hereditaria

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez
Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                 SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2024.

       Comparecen el Sr. Guadalupe Cruz Santana y la Sra. Jesenia

Cruz Rodríguez mediante un recurso de apelación y nos solicitan

que revisemos la Sentencia Sumaria Parcial dictada y notificada el

25 de abril de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Humacao (en adelante TPI).1 Mediante este dictamen, el

TPI declaró Ha Lugar la Moción de Solicitud de Sentencia Sumaria

presentada el 17 de diciembre de 2021 por la parte demandante-

apelante en cuanto a la causa de acción de sentencia declaratoria;

y No Ha Lugar en cuanto a la de liquidación de comunidad

hereditaria.

1 Apéndice I de la Apelación, págs. 1- 23.

Número Identificador

SEN2024 _________
KLAN202301132                                                                   2

       Por los fundamentos que expondremos, se confirma la

Sentencia Sumaria Parcial apelada.

                                        I

       El 17 de mayo de 2019, el Sr. Guadalupe Cruz Santana y su

hija Sra. Jesenia Cruz Rodríguez (en adelante, parte demandante-

apelante) presentaron una Demanda sobre desahucio en precario en

contra de la Sra. Maritza Mojica Sanabria,2 la joven Kristal Cruz

Mojica, y el menor W.G.C.M.3 (en adelante, parte demandada-

apelada).4 Posteriormente, la demanda fue enmendada con el fin de

incluir una solicitud de sentencia declaratoria y liquidación de la

comunidad hereditaria de la Sra. Francisca Rodríguez García.5 En

la demanda, la parte demandante-apelante alegó que el Sr.

Guadalupe Cruz Santana y su fenecida esposa, la Sra. Francisca

Rodríguez García, eran los titulares de una propiedad sita en el

Barrio Arenas del Municipio de Las Piedras, sobre la cual

construyeron una estructura para uso residencial. Luego del

fallecimiento de la Sra. Francisca Rodríguez García, el Sr.

Guadalupe Cruz Santana otorgó una escritura pública mediante la

cual le cedió el derecho de superficie sobre el vuelo de la estructura

existente a su hijo William Cruz Rodríguez para que este

construyera su residencia.6 El Sr. William Cruz Rodríguez

posteriormente falleció y los demandados y aquí apelados (viuda e

hijos del Sr. William Cruz Rodríguez) continuaron viviendo en la

residencia que se construyó en el segundo nivel.

2  La Sra. Maritza Mojica Sanabria es viuda del Sr. William Cruz Rodríguez,
fenecido hijo del Sr. Guadalupe Cruz Santana y su fenecida esposa, la Sra.
Francisca Rodríguez García; y hermano de la Sra. Jesenia Cruz Rodríguez.
3 La joven Kristal Cruz Mojica, y el menor W.G.C.M. son hijos del Sr. William Cruz

Rodríguez y la Sra. Maritza Mojica Sanabria, por lo que también son nietos del Sr.
Guadalupe Cruz Santana y la Sra. Francisca Rodríguez García y sobrinos de la
Sra. Jesenia Cruz Rodríguez
4 Apéndice V de la Apelación, págs. 46-48.
5 Apéndice VI de la Apelación, págs. 49-51.
6 Escritura Núm. 4 sobre Cesión de Derecho de Superficie otorgada el 20 de febrero

de 2010 ante la Notaria Público Roxana I. Soto Aguilú.
KLAN202301132                                                              3

       La parte demandante-apelante alegó en la demanda que dicha

escritura de cesión era nula debido a que no comparecieron para su

otorgamiento todos los miembros de la Sucesión de la Sra. Francisca

Rodríguez García, quien era cotitular de la propiedad;7 y que, no

obstante, los demandados y aquí apelados detentaban la posesión

de la residencia que construyó el Sr. William Cruz Rodríguez

alegando tener un derecho de superficie sobre el segundo nivel de la

propiedad, en virtud de dicha escritura.

       Entre otros remedios, la parte demandante-apelante solicitó

en la demanda que se declarara nula la escritura de cesión en

cuestión; se liquidara la comunidad hereditaria de la Sra. Francisca

Rodríguez García, y se ordenara el desahucio de la parte

demandada-apelada de la propiedad por detentar su posesión

precariamente sin pagar canon alguno. En la alternativa, solicitó

que se ordenara a la parte demandada-apelada el pago de un canon

de arrendamiento.

       El 13 de junio de 2019, el TPI dictó y notificó una Sentencia

Sumaria Parcial, ordenando el desistimiento de la causa de acción

de desahucio en precario, a solicitud de la parte demandada-

apelada; y ordenando la conversión del caso al procedimiento

ordinario.8

       El 19 de agosto de 2019, la parte demandada-apelada

presentó su Contestación a Demanda, en la cual negó las alegaciones

en su contra, levantó varias defensas afirmativas, e incluyó una

reconvención solicitando la liquidación de la comunidad hereditaria

habida entre los miembros de la Sucesión del Sr. William Cruz

Rodríguez.9

7 En particular, alegó que no compareció para su otorgamiento la codemandante

Jesenia Cruz Rodríguez.
8 Véase, entrada Núm. 8 del expediente digital del Caso Núm. HU2019CV00709

en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
9 Apéndice VII de la Apelación, págs. 52-53.
KLAN202301132                                                          4

        Luego de varios trámites procesales, el 17 de diciembre de

2021, la parte demandante-apelante presentó una Moción de

Sentencia Sumaria acompañada de prueba que alegadamente

acreditaba la inexistencia de una controversia sustancial de hechos

materiales para que el tribunal dictara sentencia sumariamente

sobre la totalidad de las reclamaciones solicitadas en la demanda.10

        El 25 de enero de 2022, la parte demandada-apelada presentó

su Oposición a Solicitud de que se Dicte Sentencia Sumaria.11 En su

moción, la parte demandada-apelada se opuso a la solicitud de la

parte    demandante-apelante           alegando   que   existían   hechos

materiales en controversia que impedían su resolución sumaria de

la reclamación. En lo pertinente, alegó que la propiedad objeto en

controversia fue adquirida en parte por dinero de la Sociedad Legal

de Bienes Gananciales compuesta por el Sr. Guadalupe Cruz

Santana y la Sra. Francisca Rodríguez García y la otra parte por una

herencia dejada a la Sra. Francisca Rodríguez García; que el Sr.

William Cruz Rodríguez aportó una suma de dinero sustancial para

la construcción de la segunda planta de la casa; que el negocio

jurídico de cesión de derecho de superficie celebrado entre el Sr.

William Cruz Rodríguez y el Sr. Guadalupe Cruz Santana no era

nulo y que la parte demandante-apelante no tenía evidencia

sustancial para sostener dicha alegación, y que además existía una

tercera planta que se encontraba en la parte posterior de la

propiedad, la cual el Sr. Guadalupe Cruz Santana y la Sra.

Francisca Rodríguez García le habían donado a la Sra. Jesenia Cruz

Rodríguez.

        El 25 de abril de 2022, el TPI dictó y notificó la Sentencia

Sumaria Parcial apelada declarando Ha Lugar la Moción de Solicitud

de Sentencia Sumaria presentada el 17 de diciembre de 2021 por la

10 Apéndice VIII de la Apelación, págs. 54-69.
11 Apéndice IX de la Apelación, págs. 145-155.
KLAN202301132                                                     5

parte demandante-apelante en cuanto a la causa de acción de

sentencia declaratoria; y No Ha Lugar en cuanto a la solicitud de

liquidación de la comunidad hereditaria de la Sra. Francisca

Rodríguez García.12 En su dictamen, el TPI formuló las siguientes

determinaciones de hechos materiales incontrovertidos:

       “1. El Sr. Guadalupe Cruz Santana y la Sra. Francisca
       Rodríguez García estaban casados al momento del
       fallecimiento de la causante Rodríguez García.
       2. La Sra. Francisca Rodríguez García y el Sr.
       Guadalupe Cruz Santana adquirieron durante su
       matrimonio la siguiente propiedad inmueble:
       RUSTICA; Solar número uno sito en el Barrio Arenas de
       Las Piedras, Puerto Rico, con una cabida superficial de
       cuatrocientos treinta y seis metros con treinta y siete
       centímetros cuadrados (436.37 mc), en lindes por el
       Norte en ocho (8) metros con la finca principal por el
       Sur en catorce metros (14) con Solar ¨B¨; por el Este en
       treinta y nueve metros con cuarenta y cuatro
       centímetros (39.44) con remanente de la finca principal
       y por el Oeste en treinta y nueve metros con sesenta y
       siete centímetros (39.67) con solar número dos.
       3. La Propiedad Inmueble fue adquirida por el
       matrimonio Cruz Rodríguez mediante escritura número
       diecinueve (19) sobre Cesión de acciones y Derecho y
       División de Comunidad otorgada el 20 de marzo de
       1983, ante el Notario Manuel Medina Delgado.
       4. La Propiedad Inmueble se le adjudicó al matrimonio
       Cruz-Rodríguez de la siguiente forma, la mitad del valor
       en pago de la participación hereditaria de la causante
       Francisca García y la otra mitad al matrimonio Cruz
       Rodríguez mediante compraventa.
       5. La participación de la causante Francisca Rodríguez
       García en la Propiedad Inmueble es de 75% de su valor.
       Dicho por ciento se distribuye de la siguiente forma:
       50% privativamente y la mitad del 50% que le pertenece
       a la comunidad post ganancial, es decir el 25%.
       6. El Sr. Guadalupe Cruz Santana tiene una
       participación equivalente a la mitad del 50% que le
       pertenece a la comunidad post ganancial, es decir el
       25% de la totalidad del valor de la propiedad.
       7. El Sr. Guadalupe Cruz Santana, mediante su mano
       de obra, construyó la primera planta que enclava en la
       Propiedad Inmueble.
       8. El matrimonio Cruz-Rodríguez adquirió un pagaré
       hipotecario que gravaba la Propiedad Inmueble para el
       24 de mayo de 1996 para hacer mejoras a la primera
       planta y completar la construcción de la segunda
       planta.
       9. La causante Francisca Rodríguez García falleció
       intestada el 8 de abril de 2005.
       10. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao,
       declaró, mediante Resolución dictada el 16 de
       noviembre de 2005, como únicos herederos de la

12 Apéndice I de la Apelación, págs. 1- 23.
KLAN202301132                                                   6

    causante Francisca Rodríguez García a sus dos hijos,
    William Cruz Rodríguez y Yesenia Cruz Rodríguez, y al
    Sr. Guadalupe Cruz Santana en la cuota viudal
    usufructuaria.
    11. El Departamento de Hacienda emitió el Certificado
    de cancelación de gravamen contributivo (Certificado)
    de la causante Francisca Rodríguez García el 2 de
    febrero de 2006.
    12. En la Propiedad Inmueble enclava una estructura
    destinada para residencia. A su vez, en la superficie se
    edificó    una     segunda     estructura     residencial
    independiente de la primera.
    13. En la Propiedad Inmueble existe una tercera
    residencia, la cual fue construida por el codemandante,
    Sr. Guadalupe Cruz, para el beneficio de la
    codemandante, Sra. Yesenia Cruz Rodríguez.
    14. La Administración de Reglamentos y Permisos
    (ARPE) autorizó la construcción de la segunda planta
    mediante Notificación de Aprobación de permisos de
    construcción con fecha del 29 de noviembre de 1995,
    dirigida al Sr. Guadalupe Cruz por conducto del
    Ingeniero Juan R. Castro.
    15. Las estructuras residenciales que enclavan en la
    Propiedad Inmueble no surgen del Registro de la
    Propiedad. 16. La mano de obra de la segunda planta
    fue realizada por el Sr. Guadalupe Cruz Santana.
    17. El Sr. William Cruz Rodríguez aportó dinero para la
    construcción de la segunda planta.
    18. El matrimonio Cruz-Rodríguez autorizó al
    matrimonio compuesto por el causante William Cruz y
    Maritza Mojica (Cruz Mojica) a vivir en la segunda
    planta junto a su hija primogénita.
    19. A la fecha en que el matrimonio Cruz-Mojica ocupó
    la segunda planta, la construcción de la estructura no
    había finalizado.
    20. El matrimonio Cruz-Rodríguez aportó dinero para la
    construcción de la segunda planta.
    21. El Sr. William Cruz Rodríguez falleció con
    posterioridad a la causante Francisca Rodríguez García.
    22. El Sr. William Cruz Rodríguez y la codemandada,
    Sra. Maritza Mojica comenzaron su relación
    sentimental cuando el Sr. William Cruz Rodríguez tenía
    la edad de 17 años.
    23. El causante William Cruz Rodríguez falleció
    intestado el 12 de noviembre de 2016.
    24. Al momento del fallecimiento del causante William
    Cruz Rodríguez, este se encontraba casado legalmente
    con la codemandante, Sra. Maritza Mojica Sanabria.
    25. El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao,
    mediante Resolución dictada el 2 de marzo de 2017 en
    el caso HICI201700130, declaró únicos y universales
    herederos del causante William Cruz Rodríguez a sus
    hijos: Kristelle Marie y William Gabriel, ambos de
    apellidos Cruz Mojica, y a su viuda, Maritza Mojica
    Sanabria en la cuota viudal usufructuaria.
    26. El Sr. Guadalupe Cruz Santana y el causante
    William Cruz Rodríguez otorgaron una escritura sobre
    cesión de derecho de superficie sobre la Propiedad
    Inmueble el día 20 de febrero de 2010, ante la Notaria
    Roxanna I. Soto Aguilú.
KLAN202301132                                                         7

         27. A la fecha de la escritura sobre Cesión de derecho
         de superficie sobre la Propiedad Inmueble el Sr. William
         Cruz Rodríguez se encontraba casado.
         28. A la escritura de cesión de derechos de superficie no
         compareció la Sra. Yesenia Cruz Rodríguez.
         29. A la escritura de cesión de derechos de superficie no
         compareció la codemandada, Sra. Maritza Mojica.
         30. Uno de los propósitos principales para otorgar la
         escritura de cesión de derecho de superficie sobre la
         Propiedad Inmueble fue separar la estructura y evitar el
         pago del Centro de Recaudaciones e Impuestos
         Municipales (CRIM).
         31. Conforme la escritura número cuatro del 20 de
         febrero de 2010, autorizada por la Notaria Roxanna
         Soto Aguilú y otorgada por el Sr. Guadalupe Cruz
         Santana y el Sr. William Cruz Rodríguez, bajo la fe
         notarial la Notaria autorizante acreditó que ambos
         comparecientes leyeron por sí la escritura otorgada.”13

         Además, el TPI formuló las determinaciones de hechos

materiales controvertidos siguientes:

         “1. La fecha en que comenzó y finalizó la construcción
         de la segunda planta que enclava en la Propiedad
         Inmueble.
         2. La cantidad de dinero [que] aportó el Sr. William Cruz
         Rodríguez para la construcción de la segunda planta.
         3. La cantidad de dinero [que] aportó el matrimonio
         Cruz-Rodríguez para la construcción de la segunda
         planta.
         4. El inventario de todos los activos y pasivos
         perteneciente a la Sra. Francisca Rodríguez García al
         momento de su fallecimiento.
         5. El valor del caudal hereditario de la sucesión de
         Francisca Rodríguez García, sujeto a liquidación de
         comunidad de bienes.
         6. Determinar a cuánto asciende la cuota viudal
         usufructuaria a favor del Sr. Guadalupe Cruz Santana.
         7. Determinar si la tercera residencia que enclava en la
         Propiedad Inmueble pertenece a la comunidad
         hereditaria o es un activo privativo de la codemandante,
         Sra. Yesenia Cruz Rodríguez.
         8. Si el costo de la construcción de la tercera residencia
         es colacionable.”14

         Luego de analizadas las controversias, el TPI concluyó lo

siguiente:

         “[E]stamos ante un negocio jurídico donde se requería
         el dominio de la Propiedad Inmueble, el que surge como
         hecho     incontrovertido   que   no    le    pertenecía
         exclusivamente al Sr. Guadalupe Cruz para este
         disponer de la propiedad. Ante la actuación ultra vires
         del Sr. Guadalupe, para que el negocio jurídico
         celebrado cobre eficacia corresponde la ratificación por
         parte de la Sra. Yesenia Cruz Rodríguez.

13 Íd.
14 Íd.
KLAN202301132                                                               8

       Sin embargo, resulta evidente que en esta ocasión no
       hay espacio para una ratificación por parte de la Sra.
       Yesenia Cruz Rodríguez por ser esta parte demandante
       quien solicita la nulidad del negocio jurídico. Por lo
       tanto, al no haberse transmitido eficazmente el dominio
       del derecho de superficie, declaramos el negocio jurídico
       nulo.”15

       Por otra parte, en cuanto a la causa de acción de liquidación

de comunidad hereditaria, el TPI concluyó lo siguiente:

       “[L]os demandantes no demostraron la inexistencia de
       controversia en cuanto al caudal hereditario sujeto a
       liquidación perteneciente a la sucesión de Francisca
       Rodríguez García, por lo que no colocó al Tribunal en
       posición de poder disponer de esta causa de acción por
       la vía sumaria. Conforme con lo anteriormente
       discutido, se determina la necesidad de celebrar una
       vista evidenciaria para disponer de la acción de
       liquidación de comunidad hereditaria, en la cual las
       partes tengan la oportunidad de presentar evidencia
       fehaciente sobre aquellos aspectos medulares que están
       en controversia y de los cuales no se puede pasar juicio
       bajo el mecanismo que provee la Regla 36 de
       Procedimiento Civil.”16

       El 26 de abril de 2022, la parte demandante-apelante

presentó      una      Moción    en     Reconsideración     solo   a    varias

Determinaciones Contenidas en su Sentencia Sumaria Parcial y

Solicitud de Vista para su Discusión,17 la cual fue declarada No Ha

Lugar por el TPI el 21 de noviembre de 2023.

       Inconforme       con     la    determinación   del   TPI,   la   parte

demandante-apelante acudió el 18 de diciembre de 2023 ante nos

mediante un recurso de Apelación, en el que señala los errores

siguientes:

       Primer Error: Erró y abusó de su discreción el TPI al
       emitir las Determinaciones de Hecho Cuatro (4), Cinco
       (5), Seis (6), Trece (13) y Diecisiete (17) por cuanto todas
       son inconsistentes y contrarias a los hechos estipulados
       por las partes al contestar las alegaciones, y los hechos
       que surgen de los documentos que se acompañaron en
       la sentencia sumaria y a las declaraciones bajo
       juramento acumuladas y no refutadas. Pues, de las
       escrituras de compra, e hipoteca de los demás
       documentos y admisiones bajo juramento es evidente
       que la propiedad fue adquirida de forma ganancial y no

15 Íd, en la pág.19.
16 Apéndice I de la Apelación, págs. 1- 23.
17 Apéndice II de la Apelación, págs. 24-43.
KLAN202301132                                                      9

      como erróneamente concluye en las determinaciones,
      Cinco (5), Seis (6), Trece (13), Diecisiete (17) y Veinte
      (20). Pues la única propiedad comunal (que es la de dos
      plantas) fue edificada en su totalidad por la sociedad
      legal de gananciales compuesta por los esposos
      Guadalupe Cruz y Francisca [Rodríguez García]; sin
      ninguna aportación de su hijo William Cruz Rodríguez.

      Segundo Error: Al no considerar la norma sobre
      accesión a la inversa, que es de aplicación al presente
      caso; siendo lo único privativo aportado por la señora
      González Rivera fue de $1,000.00 reconocidos como
      crédito hereditario al comprar.

      Tercer Error: Cuando se examina la demanda
      enmendada que gobierna el caso (Apéndice VI, paginas
      49-51), y particularmente la contestación ofrecida por
      los apelados (Apéndice VII páginas 52-53) y la
      valoración o tasación por el perito judicial estipulada
      (Apéndice VIII, páginas 132-142) la única estructura
      objeto de herencia y objeto de litigio lo es la estructura
      de dos plantas. Por tanto, resulta evidente que la
      estructura que alude el TPI en su determinación de
      hechos Trece (13), no forma parte de la controversia en
      este caso, por lo que erró.

      Cuarto Error: De la declaración jurada de Don
      Guadalupe, (Apéndice VIII, páginas 71-74), de la prueba
      documental no refutada que acompaño a la Moción de
      Sentencia Sumaria, (Apéndice páginas 75-124 y 132-
      144) y las admisiones bajo juramento en deposición de
      la co-apelada, Maritza Mojica Sanabria (Apéndice VIII,
      páginas 200-221 (hechos reiterados en mociones
      posteriores según relacionado), surge inequívocamente
      que no existe prueba alguna de aportación económica
      de William Cruz Rodríguez, según se desprende de la
      prueba, hechos y prueba que no consideró el TPI en su
      sentencia.

      Quinto Error: Erró y abusó de su discreción el TPI
      particularmente el nuevo juez nombrado, al no referir el
      asunto a la juez Rendón, quien emitió la sentencia
      parcial persona que sigue siendo juez aun cuando sea
      de otra jurisdicción o sala; pues, recibió el insumo oral
      en vista argumentativa de las partes y estaba en mejor
      posición de resolver el asunto y al no cumplirse con la
      obligación que tiene el Tribunal bajo la Regla 36.4 y la
      norma aplicable.

      El 7 de febrero de 2024 la parte demandada-apelada presentó

su Alegato de la Parte Apelada.

      Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a resolver.

                                  II.
KLAN202301132                                                     10

                                 A.

      La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36,

regula todo lo relacionado a la moción de sentencia sumaria. Dicho

mecanismo procesal es utilizado en aquellos litigios que no

presentan controversias genuinas de hechos materiales y que, por

consiguiente, la celebración de un juicio en su fondo no es necesaria

en la medida que solo resta por dirimir determinadas controversias

de derecho. Acevedo y otros v. Depto. Hacienda y otros, 2023 TSPR

80, 212 DPR ___ (2023); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,

208 DPR 310, 334 (2021); León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20,

41 (2020); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).

      El propósito que se persigue con el mecanismo de la sentencia

sumaria es que los pleitos civiles sean solucionados de forma justa,

rápida y económica. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra,

pág. 335; León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 43. Para ello, la

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, establece

cual será el contenido y los requisitos de forma que deberán

observarse tanto en la solicitud de sentencia sumaria que inste la

parte promovente, como en la oposición que pueda presentar la

parte promovida. Véase, también, León Torres v. Rivera Lebrón,

supra, pág. 43.

      La Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra, dispone que

la sentencia sumaria solicitada será dictada inmediatamente:

      “si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a
      interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
      declaraciones juradas, si las hay, u otra evidencia
      demuestran que no hay controversia real sustancial en
      cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como
      cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia
      sumaria a favor de la parte promovente.” Véase,
      además, Rodríguez García v. UCA, supra; Roldán Flores
      v. M. Cuebas, supra.
KLAN202301132                                                      11

      Como regla general, una moción de sentencia sumaria no

procederá cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la demanda que

no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho, no proceda.

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra, págs. 335-336; S.L.G.

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). De

igual forma, es también norma reiterada que el mecanismo de

sentencia sumaria no es el adecuado cuando existen controversias

de hechos materiales sobre elementos subjetivos de intención,

propósitos mentales o negligencia. Velázquez Ortiz v. Mun. De

Humacao, 197 DPR 656 (2017); Const. José Carro v. Mun. Dorado,

186 DPR 113, 129 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200,

219(2010).

      La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, regula que ocurre

cuando no se dicta una sentencia sumaria en su totalidad, sobre la

misma expone:

      “Si en virtud de una moción presentada bajo las
      disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre
      la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio
      solicitado o se deniega la moción, y es necesario
      celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva
      la moción mediante una determinación de los hechos
      esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay
      controversia sustancial y los hechos esenciales y
      pertinentes que están realmente y de buena fe
      controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los
      daños u otra reparación no está en controversia,
      ordenando los procedimientos ulteriores que sean
      justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria
      limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el
      juicio, se considerarán probados los hechos así
      especificados y se procederá de conformidad.
       A base de las determinaciones realizadas en virtud de
      esta regla, el tribunal dictará los correspondientes
      remedios, si alguno.”

      Es importante puntualizar que, al momento de atender una

solicitud de revisión de sentencia sumaria, los foros apelativos

estamos llamados a “examinar el expediente de novo y verificar que
KLAN202301132                                                                  12

las partes cumplieron con las exigencias” pautadas en las Reglas de

Procedimiento Civil. Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra,

pág. 338 citando a Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR

1010, 1025 (2020). En ese proceder, y de encontrar que los hechos

materiales realmente están incontrovertidos, nos corresponde

entonces revisar si el foro primario aplicó correctamente el Derecho.

Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al., supra; González Santiago v.

Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

                                        B.

         Los bienes privativos son todos aquellos bienes que fueron

aportados al matrimonio o aquellos que fueron adquiridos mediante

título    gratuito   u    oneroso     con    otros    bienes     pertenecientes

exclusivamente a uno de los cónyuges. R. Serrano Geyls, Derecho de

Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 1ra ed. San Juan,

Programa       de     Educación        Jurídica      Continua       Universidad

Interamericana de Puerto Rico Facultad de Derecho, 1997, Vol. I,

pág. 339. Respecto a que se considera bienes privativos, el Artículo

1299 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 363118, expresa que:

         “Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
         (1) Los que aporte al matrimonio como de su
         pertenencia.
         (2) Los que adquiera durante él, por título lucrativo,
         sea por donación, legado o herencia.
         (3) Los adquiridos por derecho de retracto o por
         permuta con otros bienes, pertenecientes a uno
         solo de los cónyuges.
         (4) Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o
         del marido.” (Énfasis suplido)

         Por otra parte, en la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (en

adelante, SLG) los cónyuges son dueños y administradores en

conjunto de la totalidad del patrimonio matrimonial, compuesta por

18 El “Código Civil de Puerto Rico”, Edición de 1930, fue derogado y sustituido por

la Ley Núm. 55-2020, según emendada, conocida como “Código Civil de Puerto
Rico” de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq. No obstante, los hechos que originan la
presente controversia tomaron lugar durante la vigencia del código anterior, por
lo cual esta es la ley que aplica al caso.
KLAN202301132                                                     13

bienes y derechos, sin algún tipo de distinción en cuotas. Montalván

v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). El Artículo 1295 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec.3621, dispone que en la SLG “los

cónyuges harán suyos por mitad, al disolverse la misma, las

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de

los cónyuges durante la sociedad”.

      La SLG concluye al disolverse el matrimonio por razón de la

muerte de uno de los cónyuges, el divorcio o declaración de nulidad

de un matrimonio. Artículos 95, 1315 y 1328 del Código Civil de

1930, 31 LPRA secs. 301, 3681 y 3712.19 Como producto de dicha

disolución se crea una Comunidad de Bienes Post Ganancial, que

subsiste hasta el momento en que se liquide o se divida la

comunidad. (citas omitidas) Island Holdings v. Sucn. Hernández

Ramírez, 201 DPR 1026, 1034 (2019). Existen ocasiones en donde

coincide la liquidación de una Comunidad de Bienes Post Ganancial

y la liquidación de una Comunidad Hereditaria, sobre dicho aspecto

el Tribunal Supremo se ha expresado, de la siguiente manera:

      “Antes de liquidar la Comunidad de Bienes
      Postganancial es necesario determinar cuáles bienes
      son privativos y cuáles son gananciales. De ese modo,
      se identifican los bienes privativos que corresponden a
      cada cónyuge y se establecen las responsabilidades
      imputables al caudal común, así como aquellas que se
      hayan utilizado para beneficio exclusivo de uno de los
      comuneros. No es hasta la liquidación de la Comunidad
      de Bienes Postganancial, proceso que requiere la
      formación de un inventario, el avalúo y la tasación de
      los bienes, así como el pago de las obligaciones de la
      extinta sociedad de gananciales, que se puede dividir y
      adjudicar la ganancia o sobrante entre los excónyuges
      o sus correspondientes herederos.
      […]
      Cuando coincidan una Comunidad de Bienes
      Postganancial y una Comunidad Hereditaria, procede
      liquidar primero la Comunidad de Bienes Postganancial
      y luego la Comunidad Hereditaria.” (citas omitidas)
      Island Holdings v. Sucn. Hernández Ramírez, supra.

                                C.
KLAN202301132                                                     14

       El Artículo 287 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec.1131,

regula lo relacionado a la figura de accesión. Este Artículo dispone

que:

       “La propiedad de los bienes, ya sean muebles o
       inmuebles, lleva consigo el derecho por accesión, a todo
       lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural
       o artificialmente.”

       Respecto a los bienes inmuebles, el Artículo 294 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec.1131, dispone que:

       “Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y
       las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen
       al dueño de los mismos, con sujeción a lo que se
       dispone en los artículos siguientes.”

       No obstante, a lo dispuesto anteriormente, se ha reconocido

en nuestro ordenamiento jurídico que existe la figura de accesión a

la inversa. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219 (1984).

Cuando nos encontramos en el supuesto donde la figura de accesión

a la inversa es utilizada entre cónyuges, el Artículo 1304 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA sec.3644, dispone que:

       “Las expensas útiles, hechas en los bienes peculiares de
       cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones de
       la sociedad o por la industria del marido o de la mujer,
       son gananciales.
       Lo serán también los edificios construidos durante el
       matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges,
       abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien
       pertenezca.”

       El   Tribunal   Supremo    ha    interpretado   la   normativa

anteriormente esbozada de la siguiente manera:

       “Como norma general las edificaciones son accesorias
       al suelo. Bajo esta premisa, si se construyen a costa de
       la sociedad legal de gananciales serían del cónyuge
       dueño del solar conforme el primer párrafo del precepto.
       Sin embargo, según su segundo párrafo estos edificios
       son gananciales y se abona el valor del terreno al
       cónyuge propietario del suelo. O sea, la sociedad de
       gananciales, que es la propietaria de la edificación,
       adquiere el terreno.” (citas omitidas) Calvo Mangas v.
       Aragones Jimenez, supra, en la pág.222.

                                 III.
KLAN202301132                                                                  15

       En su recurso de Apelación, la parte demandante-apelante

señala, en esencia, que erró el TPI al formular determinaciones de

hechos que establecen que la propiedad objeto del presente pleito

fue adquirida por conducto de una herencia privativa de la fenecida

Sra. Francisca Rodríguez García y de dinero aportado por la

Sociedad de Bienes Gananciales que estaba compuesta entre el Sr.

Guadalupe Cruz Santana y la Sra. Francisca Rodríguez García y al

no utilizar la doctrina de accesión a la inversa para determinar que

la propiedad era completamente de naturaleza ganancial. Además,

señala que erró el foro primario al haber formulado determinaciones

de hechos que establecen que el fenecido Sr. William Cruz Rodríguez

aportó dinero para la edificación del segundo plantel de la

propiedad. Por estar relacionados todos los señalamientos de error,

procedemos a atenderlos en conjunto.

       Examinada de novo la Moción de Sentencia Sumaria y su

Oposición    a   Solicitud    de   Sentencia       Sumaria,    acogemos      las

determinaciones de hechos no controvertidos formuladas por el TPI

por entender que estas se sostienen en la prueba presentadas por

las partes.20 A base de estas determinaciones, concluimos que, tal y

como resolvió el TPI, procedía la resolución sumaria de la causa de

acción sobre sentencia declaratoria.

       Como bien resolvió el foro primario, procedía disponer por la

vía sumaria de la causa de acción sobre sentencia declaratoria, pues

el negocio jurídico de cesión de derecho de superficie21 celebrado

entre el Sr. Guadalupe Cruz Santana y su fenecido hijo, Sr. William

Cruz Rodríguez, era nulo. Al tratarse de un acto de disposición de

un bien que formaba parte de una comunidad hereditaria y al no

haber comparecido al acto jurídico uno de los herederos llamados a

20 Véase Apéndice VIII de la Apelación, págs. 54-69; Apéndice IX de la Apelación,

págs. 145-155.
21 Véase Anejo 9 de la Apelación, págs. 125-129.
KLAN202301132                                                                16

consentir, en este caso la Sra. Jesenia Cruz Rodríguez, no se

transmitió eficazmente el derecho de superficie sobre el vuelo de la

estructura. Su validez requería el consentimiento de todos sus

herederos.22 Véase Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 651-655

(1990). De igual forma, al, la Sra. Jesenia Cruz Rodríguez no haber

querido ratificar la escritura de cesión de derecho de superficie,

concluimos, al igual que el foro primario, que no se trasmitió

eficazmente el derecho de superficie sobre el segundo nivel de la

propiedad.23

         En cuanto a los errores señalados por la parte demandante-

apelante alegando que se debió considerar que la propiedad objeto

de controversia era de naturaleza ganancial, concluimos que no

tienen méritos. Conforme al derecho expuesto, se consideran bienes

privativos de un cónyuge aquellos que fueron adquiridos mediante

herencia durante la vigencia del matrimonio. Artículo 1299 del

Código Civil de 1930, supra. Por su parte, la figura de accesión a la

inversa opera cuando sobre un solar de carácter privativo se realiza

una edificación de carácter ganancial. Torres Vélez v. Soto

Hernández, 189 DPR 972, 991 (2013).

         De la prueba presentadas por las partes surge que la

propiedad objeto del presente caso fue adquirida por conducto de

una liquidación de herencia adjudicada en su mitad a la Sra.

Francisca Rodríguez García y la otra mitad adjudicada a la SLG

compuesta por ella y el Sr. Guadalupe Cruz Santana.

         Por lo tanto, determinamos que no erró el TPI al formular las

determinaciones de hechos materiales incontrovertidos (4), (5) y

(6).24 De igual forma, determinamos no es de aplicación la figura de

accesión a la inversa, pues la residencia construida en la segunda

22 Véase Apéndice I de la Apelación, en la pág.19.
23 Íd.
24 Véase Anejo 2 de la Apelación, págs. 75-81; Anejo 3 de la Apelación, págs. 82-

84; Apéndice IX de la Apelación, en las págs. 170-172.
KLAN202301132                                                                   17

planta no era completamente ganancial. Surge de la prueba que el

Sr. William Cruz Rodríguez, quien era hijo del Sr. Guadalupe Cruz

Santana y la Sra. Francisca Rodríguez García, aportó dinero para la

construcción de dicha residencia. Por lo tanto, tampoco erró el foro

primario al formular las determinaciones de hechos que establecen

que el Sr. William Cruz Rodríguez aportó dinero para la construcción

de la residencia del segundo nivel de la propiedad y al concluir que

no procedía en derecho aplicar la doctrina de accesión a la inversa.25

       Finalmente, luego de evaluados los argumentos expuestos por

la   parte   demandante-apelante           en   su       escrito   de   apelación,

entendemos que no tiene méritos el quinto error señalado. El TPI no

incidió al no referir la moción de reconsideración a la Juez que

atendió la sentencia sumaria, pues la Regla 64 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 64, permite que otro Juez, distinto al Juez

que estaba atendiendo el asunto, actúe en su lugar. Debemos

también recalcar que en situaciones donde se sustituyan jueces,

otro juez puede actuar en su lugar y si entiende que debe tomar

medidas para poder resolver y cumplir con sus funciones, las reglas

lo facultan. Regla 64 de Procedimiento Civil, supra. Véase, además,

Canon 9 de Ética Judicial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. IV, B C. 9.

       Por lo tanto, en el presente caso, habiendo examinado de novo

la Moción de Sentencia Sumaria y su Oposición a Solicitud de

Sentencia Sumaria y acogidas las determinaciones de hechos no

controvertidos realizadas por el TPI concluimos que procedía que se

dictara sentencia sumaria declarando nula la escritura de cesión en

cuestión; y que se ordenara a que la causa de acción de liquidación

de comunidad hereditaria se dilucidara mediante la celebración de

un juicio en su fondo.

25 Véase Anejo 9 de la Apelación, págs. 125-129; Apéndice IX de la Apelación, en

las pág. 173; Anejo 4 de la Apelación, en la pág. 213.
KLAN202301132                                                    18

                               IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Sentencia Sumaria Parcial apelada.

     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones