Court Opinion

ID: 9952238
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:22.545958+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.866310
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                     PANEL VII

           IRIS A. SANTANA BÁEZ                        Revisión
                                                       administrativa
                 RECURRENTE                            procedente del
                                                       Departamento de
                         v.                            Desarrollo
                                                       Económico y
            JOSÉ M. GONZÁLEZ                           Comercio, Oficina de
          APONTE, IDALIS OCASIO                        Gerencia de
                 LOZADA                                Permisos
                                     KLRA202400039
                  RECURRIDA                            Caso Núm.
                                                       2023-508116-SDR-
           DEPARTAMENTO DE                             013383
             DESARROLLO
             ECONÓMICO Y                               Sobre:
         COMERCIO, OFICINA DE                          CONSULTA DE
         GERENCIA DE PERMISOS                          CONSTRUCCIÓN DE
                                                       OBRAS
            AGENCIA RECURRIDA
        Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
        Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

        Grana Martínez, Jueza Ponente

                                    SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

               La recurrente, Iris A. Santana Báez, mediante un recurso de

        revisión administrativa, nos solicita que revoquemos una Resolución

        emitida por la División de Revisiones Administrativas de la Oficina

        de Gerencia de Permisos (OGPe) del 27 de diciembre de 2023.

               El 31 de enero de 2024, los recurridos, José M. González

        Aponte e Idalis Ocasio Lozada, presentaron su oposición, en

        conjunto con una solicitud de desestimación. Igual ruego presentó

        OGPe mediante una Moción de Desestimación.

               Los hechos que permiten entender el curso de acción que hoy

        tomamos se incluyen a continuación.

                                        I.

               El 1 de febrero de 2023, la recurrente sometió a la

        consideración del Departamento de Permisos Urbanísticos del

        Municipio de Carolina una Consulta sobre Construcción para la

        edificación de una nueva marquesina, una escalera para acceso al

Número Identificador

SEN2024_____________
KLRA202400039                                                                    2

techo en el patio lateral derecho y la legalización de ampliaciones

hacia el patio delantero y patio posterior de su residencia. El 10 de

agosto de 2023, la mencionada consulta fue autorizada.

       Inconformes, el 29 de agosto de 2023, el señor González

Aponte y la señora Ocasio Lozada, vecinos de la recurrente,

presentaron un Recurso de Revisión ante la División de Revisiones

Administrativas de la OGPe. Plantearon que conforme al Art. 9.8 de

la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley

161-2009, 23 LPRA sec. 9019(g),1 la señora Santana Báez tenía que

notificarle a todos los colindantes de su propiedad sobre la consulta

de construcción. Indicaron que la propiedad de la recurrente

colindaba con seis (6) propiedades. Sin embargo, esta, únicamente,

notificó la referida consulta a tres (3) de sus vecinos, Luis Escobar,

Luis Carrasquillo y José González. Los vecinos a los cuales,

alegadamente, no le notificó eran: Nancy A. Pérez Feliz, Dorys A.

Fermín Martínez y Gerardo Arroyo Ortiz. En virtud de lo anterior,

solicitaron al referido organismo que revocara la autorización de la

consulta de construcción.

       El 23 de octubre de 2023, la señora Santana Báez solicitó que

se desestimara el recurso de revisión instado por los recurridos.

Alegó, esencialmente, que notificó la consulta de construcción a

todos los colindantes de su propiedad.

       Evaluadas las posturas de las partes, el 27 de diciembre de

2023, el organismo recurrido declaró Ha Lugar la revisión

administrativa. Basó su determinación en que la recurrente no

1  Salvo por los permisos ministeriales, el solicitante notificará sobre la
presentación de una solicitud de permiso a los colindantes inmediatos de la
propiedad donde se propone la acción y el término dentro del cual el solicitante
presentará evidencia a la Oficina de Gerencia de Permisos o Municipios
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según corresponda, de haber realizado
dicha notificación, el cual se establecerá mediante reglamento. Dicha notificación
se hará mediante correo certificado con acuse de recibo o mediante cualquier otro
mecanismo que se determine por reglamento en aquellos casos en que la dirección
postal de dichos colindantes no sea accesible al solicitante. En casos de
propiedades adyacentes a vías de tránsito, caminos, servidumbres, cuerpos de
agua o que sean de dominio público, se notificará al propietario al otro lado de la
vía de tránsito, camino, servidumbre o cuerpo de agua.
KLRA202400039                                                                     3

notificó la mencionada consulta a todos los colindantes de su

propiedad dentro de los cinco (5) días siguientes a la radicación de

la solicitud, según requería la Sección 2.2.2.2 del Reglamento

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados

al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios de 2 de

diciembre de 2020 (Reglamento Conjunto de 2020). Por otra parte,

señaló que la señora Santana Báez no cumplió con presentar una

lista certificada de colindantes, según disponía la Sección 2.1.9.2

del referido cuerpo reglamentario. Así, pues, la agencia solicitó que

se le notificara de la determinación a las partes. Entre la lista de

personas a notificar se encontraban Nancy Pérez, Doris A. Fermín

Martínez, Luis Carrasquillo y Gerardo Arroyo Ortiz.2

       En desacuerdo, el 26 de enero de 2024, la señora Santana

Báez acudió a esta Curia mediante un escueto recurso de 4 páginas.

Este adolece de un apéndice que nos permita acreditar nuestra

jurisdicción o conocer una relación fiel y concisa de los hechos

procesales e importantes y pertinentes del caso, así como la

discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de

ley y la jurisprudencia aplicables. En su recurso, certificó que

notificó copia fiel y exacta del escrito a las personas siguientes:

       1. Los recurridos por conducto de la Lcda. Ileana
          Fontánez Fuentes,

       2. El Departamento de Permisos Urbanísticos del
          Municipio Autónomo de San Juan,

       3. Luis Antonio Escobar, y

       4. La OGPe.

       El 30 de enero de 2024, la recurrente presentó una solicitud,

para    que    este   Tribunal       admitiera   un    escrito    de    revisión

administrativa enmendado.3 En la misma, reconoció que el anterior

2 Apéndice 3 del recurso, pág. 54.
3 Adelantamos que la misma se tiene por no puesta, toda vez que el término para

la presentación de un recurso de revisión administrativa es uno jurisdiccional.
KLRA202400039                                                                  4

escrito no cumplió con las formalidades requeridas por el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La

referida solicitud y el recurso enmendado fueron notificados a las

mismas personas a quienes se les había informado sobre la

presentación del recurso inicial, o sea, a los recurridos por conducto

de la Lcda. Ileana Fontánez Fuentes, al Departamento de Permisos

Urbanísticos del Municipio Autónomo de San Juan4, Luis Antonio

Escobar y la OGPe.5

       El 31 de enero de 2024, el señor González Aponte y la señora

Ocasio Lozada solicitaron la desestimación de este recurso.

Plantearon que la recurrente, nuevamente incurrió en el error de no

notificar a todas las partes del mismo. Puntualizaron que no le

notificó el recurso de revisión administrativa a: Nancy Pérez, Doris

A. Fermín Martínez, Gerardo Arroyo Ortiz y Luis Carrasquillo,

quienes son parte del trámite administrativo ante OGPe.

       Posteriormente, el 9 de febrero de 2024, la OGPe presentó una

Moción de Desestimación, en la cual indicó que se unía a los

planteamientos y a la solicitud presentada por la parte recurrida.

       Luego de evaluar detenidamente el expediente ante nuestra

consideración, nos disponemos a esbozar la doctrina jurídica

aplicable.

                                       II.

   A. Notificación a las partes

       El Tribunal Supremo ha sido enfático en que los abogados

están obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes

y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Arriaga v.

F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998); Matos v. Metropolitan Marble

4 Asumimos que la notificación al Municipio de San Juan fue un error tipográfico

y a quien notificó, lo es el Municipio de Carolina.
5 Véase, Solicitud de que el Tribunal Admita Solicitud de Revisión Administrativa

Enmendada, pág. 2; y Solicitud de Revisión Enmendada, pág. 6.
KLRA202400039                                                        5

Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). En cuanto al requisito de

notificación de la presentación de un recurso a la parte adversa,

constituye un requerimiento ineludible para el perfeccionamiento

adecuado del mismo, ya que su objetivo es colocar a la parte

contraria en conocimiento del recurso en el cual se solicita la

revisión de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. Metro

Senior v. AFV, 209 DPR 203, 209 (2022); Soto Pino v. Uno Radio

Group, supra, pág. 90.

      En lo pertinente, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley

Núm. 38-2017, establece que:

      “[u]na parte adversamente afectada por una orden o
      resolución final de una agencia […] podrá presentar una
      solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones
      dentro de un término de treinta días (30) días contados
      a partir del archivo en autos de la copia de la
      notificación de la orden o resolución final de la agencia
      […]”.

      3 LPRA sec. 9672.

      Ahora bien, uno de los requisitos que establece el referido

estatuto para presentar un recurso de revisión judicial ante el

Tribunal de Apelaciones es que la parte recurrente notifique su

presentación a la agencia y a todas las partes dentro del término

para solicitar revisión. Íd. Igualmente, la Regla 58(B)(1) del Tribunal

de Apelaciones, reitera que la parte recurrente de una decisión

administrativa tiene que notificar su escrito de revisión dentro del

término para presentar el recurso. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58. La

notificación deberá ser remitida a los de récord del trámite

administrativo o, en su defecto, a las partes, así como a la agencia

o al funcionario administrativo de cuyo dictamen se recurre. Metro

Senior v. AFV, supra, pág. 209.

      El Art. 13.2 de la Ley y para la Reforma del Proceso de

Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA sec. 9023a dispone que;
KLRA202400039                                                                   6

       La parte recurrente notificará con copia de la
       presentación de la solicitud del recurso de revisión de
       decisión administrativa a todas las partes, incluyendo a
       la Oficina de Gerencia de Permisos, el Municipio
       Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o el Profesional
       Autorizado, según aplique, el mismo día de haber
       presentado el recurso, mediante el procedimiento
       establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo
       Uniforme. Este requisito es de carácter jurisdiccional.

       En el escrito la parte peticionaria certificará al Tribunal
       de Apelaciones su cumplimiento con este requisito. La
       notificación podrá hacerse por correo y por cualquier
       medio electrónico que se establezca por ley o
       reglamento.

       En lo referente a quienes se consideran parte en un proceso

administrativo, la Ley 161-2009 refiere a la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG), 3

LPRA sec. 9601 et seq., para la interpretación de quiénes serán

considerados como parte en el proceso. 23 LPRA sec. 9011 (56). Por

su parte, la LPAUG y la jurisprudencia interpretativa han

expresamente señalado que el concepto incluye:

       1. la persona a quien se dirige la acción;

       2. la agencia a quien se dirige la acción;

       3. el interventor;

       4. quien ha presentado una petición para la revisión o
          el cumplimiento de la orden;

       5. la persona designada como tal en el procedimiento,
          y

       6. quien     participó  activamente    durante    el
          procedimiento administrativo, y cuyos derechos y
          obligaciones pueden verse afectados adversamente
          por la acción o inacción de la agencia. (Énfasis
          Omitido).

       Sección 1.3.(k) de la Ley Núm. 38-2017, supra, 3 LPRA
       sec. 9603; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177
       DPR 177, 187-188 (2009).6

       Es menester señalar que, recientemente, en el contexto de un

recurso de revisión administrativa, el Tribunal Supremo afirmó que

el requisito de notificar a las partes es de carácter jurisdiccional. Íd.,

6 Por su parte, la Ley 161-2019, define quién es parte, según la Ley 38-2017.
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pág. 209. Sabido es que los términos jurisdiccionales son fatales,

improrrogables e insubsanables. Así, pues, el incumplimiento con

la notificación a las partes incide en la jurisdicción del tribunal y

acarrea la desestimación del foro apelativo. Pérez Soto v. Cantera

Pérez, 188 DPR 98, 105 (2013).

      B. Jurisdicción

        Como es sabido la jurisdicción es la autoridad o el poder de

los tribunales para atender y decidir un caso o controversia. Las

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas. Por esa razón, deben

resolverse con preferencia. Metro Senior v. AFV, supra, págs. 208-

209; Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018). Los

tribunales tienen la responsabilidad indelegable y ministerial de

examinar, en primera instancia, su propia jurisdicción. Igualmente

están obligados a evaluar la jurisdicción del foro de donde procede

el recurso ante su consideración. Los tribunales tienen que ser

guardianes celosos de su jurisdicción. La falta de jurisdicción incide

sobre el poder adjudicativo de los tribunales. Metro Senior v. AFV,

supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268 (2018).

        La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias

siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada, (2) las partes no

pueden conferirla voluntariamente a un tribunal y este tampoco

puede arrogársela, (3) la nulidad del dictamen emitido, (4) impone a

los    tribunales   el   ineludible   deber   de   auscultar   su   propia

jurisdicción, (5) impone a los tribunales apelativos el deber de

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso y (6)

puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento. Metro

Senior v. AFV, supra, pág. 373. El tribunal que carece de autoridad

para atender un recurso solo tiene facultad para así declararlo y

desestimar el caso. Lozada Sánchez Inc. et al. v. JCA, 184 DPR 898,

909 (2020).
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                                III.

      Ante el recurso presentado, este foro no ostenta jurisdicción

por múltiples razones. Como anticipáramos, el recurso presentado

dentro del término jurisdiccional, no incluía un apéndice que nos

permitiera acreditar nuestra jurisdicción o conocer una relación fiel

y concisa de los hechos procesales e importantes y pertinentes del

caso, así como la discusión de los errores señalados, incluyendo las

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables, que constituyen

defectos en el debido perfeccionamiento de un recurso cuyo término

de presentación es uno jurisdiccional, fatal o improrrogable. Pero

sobre todo vicio del recurso que se nos ha presentado sobresale la

ausencia de notificación a las partes por la implicación que la

notificación de un recurso tiene, como parte del debido proceso de

ley. No hay duda alguna que la parte recurrente omitió notificarle

sobre este recurso a Nancy Pérez, Doris A. Fermín Martínez, Gerardo

Arroyo Ortiz y Luis Carrasquillo.

      Precisa señalar que el organismo recurrido expresamente

dispuso en la resolución administrativa que nos ocupa, que las

personas mencionadas eran partes en el caso de epígrafe. Este

recurso versa, esencialmente, sobre si la recurrente les notificó a

dichas partes sobre la consulta de construcción conforme requería

el Reglamento Conjunto de 2020.

      Según reseñamos, la notificación a las partes constituye un

requerimiento jurisdiccional e ineludible para el perfeccionamiento

del recurso, por lo que el incumplimiento con el mismo incide en

nuestra jurisdicción y acarrea la desestimación del recurso.

                                IV.

      Por lo antes expuesto, se desestima el recurso por falta de

jurisdicción.
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     Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones