Court Opinion

ID: 9912784
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-12-22 22:13:43.387288+00
Date Added: 2024-06-11T13:02:57.205061
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

 In re:

 Marcos A. Rivera Ortiz                         2023 TSPR 141
 (TS-5,398)
                                                213 DPR ___
 John Ward Llambías
 (TS-7,532)

Número del Caso:    CP-2019-0008

Fecha:    7 de diciembre de 2023

Oficina del Procurador General:

     Lcda. Lorena Cortés Rivera
     Subprocuradora General

     Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
     Subprocuradora General

     Lcdo. Omar Andino Figueroa
     Subprocurador General

     Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
     Procuradora General Auxiliar

Abogados de los querellados:

     Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz:

     Lcda. Daisy Calcaño López
     Lcdo. Donald Millán Guindín

     Lcdo. John Ward Llambías:

     Por derecho propio

Comisionada Especial:

     Hon. Ygrí Rivera Sánchez

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio
de la abogacía por infracción a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del
Código de Ética Profesional.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
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              EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

    In re:

    Marcos A. Rivera Ortiz
         TS-5,398                   CP-2019-008

    John Ward Llambías
         TS-7,532

                              PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

        Una vez más nos vemos obligados a suspender a dos

miembros de la profesión legal del ejercicio de la abogacía.

En esta ocasión, por sus infracciones a los Cánones 9, 12,

18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Veamos.

                                   I.

        El Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz (licenciado Rivera

Ortiz) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de

diciembre de 1976.1 Por su parte, el Lcdo. John Ward Llambías

1 El Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz prestó juramento de notario el 21 de
enero de 1977, pero fue suspendido del ejercicio de la notaría mediante
Opinión Per Curiam y Sentencia de 6 de julio de 1992 por dejar de adherir
y cancelar sellos de rentas internas.
CP-2019-008                                                           2

(licenciado Ward Llambías) fue admitido al ejercicio de la

abogacía el 30 de noviembre de 1982.2

      El 15 de mayo de 2006, la Sra. Elizabeth Rodríguez

Flecha presentó una queja ética en contra del licenciado

Rivera Ortíz y el licenciado Ward Llambías (promovidos).

Expuso que ella, junto a otras cincuenta y nueve                   (59)

personas    (promoventes),      trabajaban    en   la   compañía   Life

Savers,    Inc.   de    donde   se   retiraron   por    condiciones   de

incapacidad. La compañía estaba asegurada por Medical Card

System (MCS), el cual administraba el Plan de Incapacidad a

largo plazo. Alegaron que este beneficio les fue suspendido

de forma arbitraria.

      El 24 de julio de 2002, los promoventes contrataron los

servicios profesionales del licenciado Rivera Ortiz para

llevar una acción en contra de la aseguradora, quien presentó

una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de

Primera Instancia el 14 de agosto de 2002.3 Sin embargo, la

acción fue trasladada al Tribunal de Distrito Federal a

petición de la parte demandada. Por ello, el licenciado

Rivera Ortiz le comunicó a los promoventes la necesidad de

contratar a un abogado con experiencia en el foro federal y

les   recomendó    al    licenciado    Ward   Llambías.    Las   partes

firmaron un contrato de servicios profesionales el 8 de enero

2  El Lcdo. John Ward Llambías prestó juramento de notario el 16 de
diciembre de 1982. El 29 de abril de 2016 fue suspendido de forma
inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por
incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y con
nuestras órdenes. El 24 de octubre de 2016 fue reinstalado al ejercicio
de la abogacía.
3 Graciano Álamo Rodríguez v. MCS Life Insurance Company, et. al., civil

núm. HSCI200200802.
CP-2019-008                                                             3

de 2003 y el licenciado Rivera Ortiz se mantuvo como parte

de la representación legal para colaborar con el licenciado

Ward Llambías.

      Luego de varios trámites procesales e incomparecencias

de la representación legal de los promoventes, el Tribunal

de Distrito Federal ordenó la desestimación con perjuicio de

la    acción   por    incumplimiento      con      sus    órdenes.4   Los

promoventes advinieron en conocimiento de la desestimación

con   perjuicio      de   la   demanda    debido     a    que   acudieron

directamente al Tribunal para obtener información de su caso

y entonces se comunicaron con los promovidos. Así las cosas,

el 17 de septiembre de 2003, el licenciado Ward Llambías

presentó un escrito titulado Notice of Attorney Appearance

para que se le anotara como nuevo abogado activo en el caso.

      Finalmente, el licenciado Ward Llambías optó por apelar

la desestimación de la acción ante el Tribunal de Apelaciones

de Estados Unidos para el Primer Circuito.5 Principalmente,

argumentó que su incomparecencia a la vista de conferencia

inicial se debió a que no había sido notificado a pesar de

ser el abogado activo en dicho caso, presentar previamente

ciertas    mociones       y    sostener   comunicaciones        con   los

representantes legales de los demandados.                Sostuvo que solo

habían notificado al licenciado Rivera Ortiz, quien surgía

como abogado de récord. El foro apelativo declaró no ha lugar

4 Véase el Informe de la Oficina de la Procuradora General, Anejo IV,
págs. 18-21.
5 Véase el Informe de la Oficina de la Procuradora General, Anejo V,

págs. 22-24.
CP-2019-008                                                                 4

el recurso. Concluyó que el licenciado Ward Llambías fue

frívolo al no notificar que era el abogado activo hasta

después que se desestimó la causa, razón por la cual no

recibió   las   notificaciones.6        Sin      embargo,   al    licenciado

Rivera Ortiz sí recibirlas, concluyó que el foro primario

tuvo razón al desestimar, pues bastaba con que se notificara

a uno de los abogados del caso.

      El 9 de mayo de 2005, los promoventes presentaron una

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia por daños y

perjuicios contra los promovidos.7 En vista de que la demanda

versaba   sobre     los    mismos    hechos      alegados    en   la   queja,

ordenamos la paralización del procedimiento disciplinario

hasta su culminación.

      Luego de varios trámites procesales,                   incluyendo la

anotación de rebeldía de los promovidos, el 18 de mayo de

2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

en   la   que   declaró     con     lugar   la    demanda    de    impericia

profesional.8

      El Procurador General sometió la querella disciplinaria

el 22 de noviembre de 2019. En esta imputó al licenciado

Rivera Ortiz violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 de

Ética Profesional, supra, y al licenciado Ward Llambías

violaciones     a    los    Cánones     12,       18   y    38,   de    Ética

Profesional,supra.

6 Id.
7 Graciano Álamo-Rodríguez, et als. v. John Ward Llambías, et als., Civil
Núm. KAC2005-3440.
8 Los promoventes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones, foro que

modificó y confirmó el dictamen recurrido. Posteriormente acudieron ante
este Tribunal. Estos recursos fueron denegados.
CP-2019-008                                                                     5

     El licenciado Rivera Ortiz expuso que trabajó de manera

rápida y efectiva en la primera fase del caso, y cuando se

trasladó al foro federal, descansó en el licenciado Ward

Llambías       para   que     cumpliera    con      toda    la     exigencia   y

especialización        que     requiere        el   proceso      federal.      El

licenciado Rivera Ortiz sostuvo que estaba para ayudar, por

lo que él alegó que no se le puede exigir el mismo rigor

profesional.

     El licenciado Ward Llambías, por su parte, solicitó una

prórroga de quince (15) días, pero al cumplirse el término

no compareció         por lo que le concedimos               diez    (10) días

adicionales para contestar. El licenciado Ward Llambías se

limitó     a    reiterar      en   que    no    incurrió      en    error,     ni

negligencia,          separándose         de        cualquier        tipo      de

responsabilidad. Insistió en que la responsabilidad recaía

en el licenciado Rivera Ortiz, ya que él era el abogado de

récord y era quien estaba siendo notificado por el Tribunal.

     Consecuentemente, referimos el asunto a la Comisionada

Especial,      Hon.    Ygrí    Rivera     Sánchez,     quien       presentó    su

Informe el 23 de junio de 2023. En el mismo, concluyó que

los promovidos habían incumplido con los Cánones imputados

en la querella y esto quedó probado de manera clara, robusta

y convincente según la prueba presentada por estipulación de

las partes.

      Además,          le      otorgó      entera          credibilidad        al

arrepentimiento mostrado por el licenciado Rivera                           Ortiz

sobre sus omisiones éticas y recomendó a este Tribunal tomar
CP-2019-008                                                                        6

en consideración la existencia de atenuantes e imponer una

sanción proporcional a las faltas éticas objeto del presente

procedimiento.

        A la luz de este tracto fáctico procedemos a exponer el

derecho aplicable.

                                           II.

        El Canon 9 de Ética Profesional, supra,                       expresa    que

"[e]l     abogado        debe   observar          para       con   los tribunales

una conducta que se caracterice por el mayor respeto".

La profesión de la abogacía por su propia naturaleza requiere

de sus funcionarios la más escrupulosa atención y diligencia

ante    cualquier        tribunal      o    foro      que    estén    obligados   a

comparecer. In re Pagán Ayala, 130 DPR 678, 681 (1992); In

re Colón Torres, 129 DPR 490 (1991). Tanto así que “la

desatención por parte de los letrados de los requerimientos

realizados durante un proceso disciplinario no sólo denota

indisciplina,       desobediencia            y     falta      de   respeto    hacia

las      autoridades,           sino        que       además         causa   demoras

irrazonables        en    el    trámite          de    los     casos,    afectando

la     administración           de     la        justicia”.        In re Cardona

Estelritz, 2023 TSPR 100, 212 DPR __; In re López Santiago,

199 DPR 797, 808-809 (2018); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR

433,     444 (2008).

        Por su parte, el Canon 12 de Ética Profesional, supra,

expresa que “[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus

compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su

asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación
CP-2019-008                                                                      7

de las causas”. Esto implica que, en virtud de ello, todo

letrado está “obligado a           realizar         todas    las    diligencias

necesarias        para    asegurarse          de     no      causar      demoras

indebidas    en    el    trámite       de    las    causas    de    acción     que

le   sean    encomendadas”.        In re Lugo Quiñones I, 206 DPR 1

(2021); In re Pérez           Guerrero, 201         DPR 345 (2018);       In    re

Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In re López Montalvo, 173

DPR 193 (2008). Esto forma parte del deber fundamental que

tienen los abogados para con su cliente. In re Lugo Quiñones

I, supra; In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729 (2019); In re

Otero Calero, 200 DPR 561 (2018); In re Morell Bergantiños,

195 DPR 759 (2016). Siendo ello así, el deber de diligencia

profesional es incompatible con la desidia, despreocupación,

inacción y displicencia. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).

     Ahora    bien,      el    Canon    18    del      Código       de       Ética

Profesional, supra,           expresa que:

     Será   impropio   de   un   abogado   asumir   una
     representación profesional cuando está consciente
     de que no puede rendir una labor idónea competente
     y que no puede prepararse adecuadamente sin que
     ello apareje gastos o demoras irrazonables a su
     cliente o a la administración de la justicia.
     Es deber del abogado defender los intereses del
     cliente diligentemente, desplegando en cada caso
     su más profundo saber y habilidad y actuando en
     aquella forma que la profesión jurídica en general
     estima adecuada y responsable…

     Nosotros le hemos exigido a nuestros abogados que en

los trámites judiciales que ocupan sean celosos, cuidadosos

y diligentes. In re Cardona Estelritz, supra. Si de lo

contrario,    el     comportamiento           del    letrado       "exhibe     una

conducta negligente que pueda acarrear o, en efecto acarree,
CP-2019-008                                                                   8

la desestimación de un caso", infringe los preceptos del

Canon 18 de Ética Profesional. In re Rivera Nazario, 193 DPR

573 (2015); véase, también, In re Hoffman Mouriño, 170 DPR

968(2007); In re Guadalupe Díaz, 155 DPR 135, 154-155,

(2001).

     Algunos   de   los        comportamientos      que    esta     Curia   ha

sancionado como violaciones a este deber de diligencia, son:

1) no comparecer a los señalamientos del tribunal, 2) no

contestar   interrogatorios         que   le    son      sometidos,    3)   no

informar a las partes sobre la presentación de un perito, 4)

desatender o abandonar el caso, 5) permitir que expire el

término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, y 6)

cualquier tipo de actuación negligente que puede conllevar

o, en efecto, resulte en la desestimación o archivo del caso.

In   re   Collazo   I,    supra.      Esta     conducta      es     altamente

reprochable,   pues      los    intereses      de   su    cliente    son    los

verdaderamente afectados. In re Lugo Quiñones I, supra; In

re Rodríguez Lugo, supra; In re López Santiago, supra; In re

Nieves Nieves, supra.

     Asimismo, el Canon 19 del Código de Ética Profesional,

supra, expresa que “[e]l abogado debe mantener a su cliente

siempre informado de todo asunto importante que surja en el

desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. En la

relación abogado-cliente es fundamental el deber de mantener

al cliente informado. Este Tribunal ha expresado que cuando

el abogado "[n]o atiende los reclamos de información que le

hace el cliente; no le informa del resultado adverso de una
CP-2019-008                                                                   9

gestión; ocurre la desestimación o el archivo de la acción;

no    mantiene    al    cliente       al     tanto     del    estado   de   los

procedimientos del caso; o le niega información sobre el

mismo" se infringe este Canon. In re: Lugo Quiñones I, supra;

In re Pérez Guerrero, supra; In re Vázquez Bernier, 198 DPR

459 (2017); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739(2014).

      Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional,

supra,   expresa       que    “[e]l   abogado        deberá   esforzarse,    al

máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia”. Las actuaciones de cada abogado se

ven reflejadas en la profesión, por tal razón, “siempre deben

actuar      con         el      más         escrupuloso         sentido     de

responsabilidad         que      impone       la      función social        que

ejercen”. In re Lugo Quiñones I, supra; In                       re    Vázquez

Bernier,    supra;       In     re        Rivera     Nazario, supra; In re

Gordon Menéndez, 183 DPR 628 (2011).

                                      III.

      Como mencionamos anteriormente, el asunto fue referido

a una Comisionada Especial quien al examinar meticulosamente

la prueba presentada concluyó que los Querellados violaron

los   Cánones     del   Código       de    Ética   Profesional     imputados.

Coincidimos con dicha apreciación.

      Primero,     el    licenciado         Rivera    Ortiz    quebrantó    sus

deberes profesionales al no cumplir con las órdenes que le
CP-2019-008                                                                          10

fueron      notificadas          por    el   Tribunal.        El    no    mostrar    la

diligencia necesaria para con ese foro ocasionó que la

demanda a la cual se comprometió a representar y recibió

honorarios         para    ello,       fuese   desestimada          con    perjuicio,

causándole severos daños a sus clientes. De igual forma, al

no informarle oportunamente la desestimación del caso a sus

clientes violó su deber de mantener informado al cliente.

Por tal razón, el licenciado Rivera Ortiz infringió los

Cánones 9, 12, 18, 19 y 38.

       Al igual que el licenciado Rivera Ortiz, el licenciado

Ward Llambías no fue diligente con los trámites procesales

del caso que aquí nos ocupa, lo que ocasionó que fuese

desestimado con perjuicio. Contrario a lo que el letrado

expuso en su contestación, el no recibir las notificaciones

del Tribunal no lo excusa de sus deberes con el cliente.                             Su

conducta fue negligente al no comparecer como abogado activo

en el caso hasta luego de que la demanda fuese desestimada,

lo que refleja indiferencia y dejadez en el asunto. Por tal

razón, infringió los Cánones 12, 18 y 38.

       La     conducta         aquí    esbozada    es    una       que    merece    ser

sancionada. Previo a determinar la sanción correspondiente

a un     profesional            del    Derecho     que        ha    infringido      los

Cánones       de    Ética        Profesional,       hemos          adoptado     varios

criterios      o factores         a    considerarse:          (1)    la    reputación

del     abogado           en     la     comunidad;        (2)        su     historial

disciplinario;            (3)    si    la conducta       es    una    aislada;      (4)

si    medió    ánimo       de    lucro;      (5)   si    presentó         una   defensa
CP-2019-008                                                                                 11

frívola     de       su     conducta;             (6)    si ocasionó perjuicio a

alguna parte; (7) si resarció al cliente o la clienta; (8)

si demostró aceptación o arrepentimiento sincero                                     por    la

conducta que le fuera imputada y, (9) otros atenuantes

o    agravantes       que        surjan       de        los    hechos. In re Roldán

González, 195 DPR 414 (2016).

                                             IV.

      A   tenor       de     todo       lo    antes          expuesto,        se    suspende

inmediatamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Marcos

A.   Rivera   Ortiz         por    un    término         de    tres      (3)       meses.   El

licenciado       Rivera       Ortiz          ha    sido       objeto      de       sanciones

disciplinarias previamente por su incumplimiento con las

disposiciones        de     la    Ley     Notarial.           Sin    embargo,        también

tomamos     en       consideración            que        el     letrado        se     mostró

arrepentido por su conducta.

      En cuanto al Lcdo. John Ward Llambías, tampoco estamos

ante una primera falta disciplinaria.                           Por lo tanto, se le

suspende inmediatamente del ejercicio de la abogacía por un

término de cuatro (4) meses.

      En consecuencia, se le impone a estos el deber de

notificar a       todos      sus    clientes             de    su    inhabilidad           para

continuar        representándolos,                      devolver              cualesquiera

honorarios        recibidos         por           trabajos          no   realizados          e

informar inmediatamente                 de    su        suspensión        a    los     foros

judiciales       y        administrativos               en    donde      tengan        casos

pendientes. Además, tienen la obligación de acreditar y
CP-2019-008                                                      12

certificar    ante   este   Tribunal   el   cumplimiento   con   lo

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros

a quienes le notifican de su suspensión       dentro   del término

de treinta (30) días a partir de la notificación de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar

que no se les reinstale a la práctica de la profesión legal,

de solicitarlo en el futuro.

     Se dictará Sentencia de conformidad.
           EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marcos A. Rivera Ortiz
     TS-5,398                CP-2019-008

John Ward Llambías
     TS-7,532

                         SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

     Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, se suspende inmediatamente del ejercicio de la
abogacía al Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz por un término de
tres (3) meses. El licenciado Rivera Ortiz ha sido objeto de
sanciones disciplinarias previamente por su incumplimiento
con las disposiciones de la Ley Notarial. Sin embargo,
también tomamos en consideración que el letrado se mostró
arrepentido por su conducta.

     En cuanto al Lcdo. John Ward Llambías, tampoco estamos
ante una primera falta disciplinaria. Por lo tanto, se le
suspende inmediatamente del ejercicio de la abogacía por un
término de cuatro (4) meses.

     En consecuencia, se le impone a estos el deber de
notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para
continuar   representándolos,      devolver    cualesquiera
honorarios   recibidos   por   trabajos   no realizados   e
informar inmediatamente de su suspensión a los foros
judiciales y administrativos en donde tengan          casos
pendientes. Además, tienen la obligación de acreditar y
certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo
anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros
a quienes le notifican de su suspensión dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación de esta
CP-2019-008                                               2

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar
que no se les reinstale a la práctica de la profesión legal,
de solicitarlo en el futuro.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado
señor Rivera García no intervino. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez inhibida.

                         Bettina Zeno González
               Secretaria del Tribunal Supremo Interina