Court Opinion

ID: 9916143
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:24:54.423454+00
Date Added: 2024-06-11T13:24:20.718265
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL I

ALTERNATIVE ENERGY                             Apelación procedente
STORE INC.                                     del Tribunal de
                                               Primera Instancia,
         Apelados                              Sala Superior de San
                                               Juan
              v.
                              KLAN202300871
ALEJANDRO URIARTE                              Caso Núm.
OTHEGUY                                        SJ2019CV11645

         Apelante
                                               Sobre:
             v.                                Cobro de Dinero,
                                               Incumplimiento de
MSI ENERGY LLC; NEW                            Contrato, Daños y
ENERGY CONSULTANTS                             Perjuicios
AND CONTACTORS;

 TERCEROS DEMANDADOS

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos,
el Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

                             S EN T EN C I A

       En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2023.

                                       I.

       El 29 de septiembre de 2023, el señor Alejandro Uriarte

Otheguy (señor Uriarte Otheguy o el apelante) presentó una

Apelación en la que solicitó que revoquemos una Sentencia Parcial

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San

Juan (TPI) el 22 de junio de 2023, notificada y archivada en autos el

23 de junio de 2023.1 En el dictamen, el TPI condenó al apelante a

pagar a Alternative Energy Store, Inc. (Alternative Energy o la parte

apelada) la cantidad de cincuenta y un mil ochocientos treinta y

cinco dólares ($51,835) más intereses. De esta forma, el foro

primario dictó sentencia en cuanto a la causa de acción por

incumplimiento de contrato y cobro de dinero promovidas por

1 Apéndice de la Apelación, págs. 294-307.

Número Identificador
SEN2023________________
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Alternative Energy en contra del apelante y dejó pendiente de

adjudicación la reclamación de daños y perjuicios contractuales.

      Ese mismo día, el apelante radicó una Moción solicitando

término para entregar apéndice en la que notificó a esta Curia que

tuvo problemas para digitalizar los documentos que conformarían el

apéndice del caso y que podría entregarlo en o antes del 4 de octubre

de 2023. En consecuencia, solicitó un término adicional para

someterlo.

      El 3 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que

le concedimos al apelante hasta el 4 de octubre de 2023 para

presentar el apéndice correspondiente del recurso. Asimismo, le

concedimos a la parte apelada hasta el 30 de octubre de 2023 para

presentar su alegato en oposición.

      El 4 de octubre de 2023, el señor Uriarte Otheguy presentó

una Moción en cumplimiento en la que anejó el apéndice

correspondiente a la Apelación.

      Ese mismo día, el apelante radicó una Moción informativa en

la que notificó a esta Curia sobre dos errores de fácil corrección

respecto a la enumeración de los anejos en el escrito.

      El 5 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que

dimos por cumplida nuestra orden al apelante, según fue dictada el

3 de octubre de 2023.

      El 30 de octubre de 2023, Alternative Energy presentó su

Oposición a apelación civil en la que solicitó que confirmemos la

Sentencia Parcial emitida por el TPI.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos los hechos atinentes a la Apelación.

                                  II.

      El caso de marras tiene su génesis el 6 de noviembre de 2019

cuando Alternative Energy presentó una Demanda sobre cobro de

dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en contra
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del señor Uriarte Otheguy, su esposa y la sociedad legal de

gananciales compuesta por ambos.2 En la reclamación, la parte

apelada alegó que el apelante era el garantizador personal o fiador

solidario de un contrato entre New Energy Consultants and

Contractors LLC (NECC) y Alternative Energy, en el que este último

le proveyó una variedad de bienes muebles. Según la parte apelada,

el señor Uriarte Otheguy se obligó en su carácter personal al

cumplimiento        del   contrato,   lo   cual   también   reconoció   en

comunicaciones posteriores. Producto de ello, planteó que el señor

Uriarte Otheguy debía el pago por los materiales brindados y los

gastos incurridos por Alternative Energy, los cuales ascendían a

cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete dólares con

dieciocho centavos ($59,887.18) y que acumulaban intereses a

razón de veinticinco dólares con cincuenta y seis centavos ($25.56)

diarios. En adición a la cuantía, solicitó la concesión de costas,

gastos y honorarios de abogado no menores de doce mil quinientos

dólares ($12,500) y daños por la cantidad de diez mil dólares

($10,000). Asimismo, informó que NECC se acogió a una quiebra

voluntaria, pero, al ser una deuda personal del apelante, la

obligación subsistía respecto a él.

        El 26 de diciembre de 2019, el señor Uriarte Otheguy radicó

su Contestación a demanda en la que planteó que no era el

garantizador personal o fiador solidario del contrato suscrito entre

NECC y Alternative Energy.3 Al contrario, adujo que firmó el

contrato como Chief Executive Officer de NECC, no en su carácter

personal. Asimismo, alegó que cualquier comunicación posterior no

constituyó un reconocimiento de la deuda porque ocurrieron en

calidad de empleado de dicha compañía. Igualmente, negó que

estuviese casado y aclaró su dirección física.

2 Íd., págs. 1-4.
3 Íd., págs. 5-8.
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       Luego de múltiples trámites procesales, relacionados a la

consolidación del pleito con uno promovido por la parte apelada en

contra de NECC, el 25 de marzo de 2021, el apelante presentó una

Demanda contra tercero contra NECC y su principal accionista, MSI

Energy LLC.4

       El 11 de agosto de 2021, NECC radicó una moción titulada

Comparecencia especial y moción solicitando se ponga en vigor la

paralización automática de los procedimientos en la que informó que

se había acogido a la quiebra y sometió una orden de paralización

de los procedimientos emitida por el Tribunal de Quiebras de

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de

Quiebras).5

       El 12 de agosto de 2021, el TPI dictó Sentencia Parcial en la

que ordenó el archivo de la causa en contra de NECC.6

       El 23 de septiembre de 2021, MSI Energy presentó una

Contestación a demanda contra tercero en la que alegó no ser

responsable por las acciones de NECC.7

       El 7 de febrero de 2022, MSI Energy sometió una Moción

informativa        y   solicitando   paralización   en   cuanto   al   tercero

demandado MSI Energy LLC por haberse acogido a la Ley de

Quiebras en la que solicitó al TPI que ordenara la paralización de los

procesos y el archivo de la causa en su contra tras haberse acogido

a la quiebra.8

       El 8 de febrero de 2022, el TPI emitió una Sentencia Parcial en

la que ordenó el archivo de la causa en contra de MSI Energy.9

       Posteriormente, continuado el procedimiento y luego de

celebrada la Conferencia con Antelación a Juicio, el 17 de enero de

4 Íd., págs. 186-189.
5 Íd., págs. 193-196.
6 Íd., pág. 197.
7 Íd., págs. 198-199.
8 Íd., págs. 204-206.
9 Íd., pág. 208.
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2023, el señor Uriarte Otheguy radicó una Moción solicitando

sentencia sumaria en la que, en síntesis, solicitó la desestimación

del pleito, debido a que la garantía personal que firmó no era válida

en derecho, según alegó.10 En la moción, planteó que únicamente

estaba en controversia si la solicitud de crédito: (1) era válida, dado

que ni NECC ni el señor Uriarte Otheguy fueron notificados sobre la

cantidad aprobada en crédito ni la cuantía garantizada por el

apelante; (2) era válida, porque no se revisó el crédito del señor

Uriarte Otheguy ni se evaluó su nivel económico para corroborar su

capacidad de garantizar el crédito; (3) tuvo el efecto de formalizar un

acuerdo contractual que obligara al señor Uriarte Otheguy a

garantizar el contrato entre las dos compañías.

       Respecto a ello, en lo pertinente, aseguró que no estaba en

controversia que: (1) el 21 de noviembre de 2018, Alternative Energy

y NECC comenzaron relaciones comerciales; (2) antes de iniciar la

relación, Alternative Energy le exigió una solicitud de crédito de

NECC, la cual incluía una garantía personal; (3) el 19 de noviembre

de 2018, el señor Uriarte Otheguy firmó la garantía personal

contenida en la solicitud de crédito; (4) Alternative Energy no entregó

documentos aprobando el crédito ni notificó la cantidad o límites

aprobados al NECC o al apelante; (5) no se indagó el crédito del señor

Uriarte Otheguy para verificar su capacidad como garantizador; (6)

el 14 de junio de 2019, el apelante fue despedido; (7) el 10 de octubre

de 2019, los nuevos dueños de NECC radicaron quiebra y dejaron

de pagar la deuda de la corporación.

       Según esos hechos, adujo que se obtuvo la firma del señor

Uriarte Otheguy para cumplir con la exigencia de Alternative

Energy, lo cual siguió un proceso informal y pro forma sin que se

tuviese la intención de hacer valer las exigencias que imponía el

10 Íd., págs. 241-263.
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documento. Es decir, que NECC y sus socios nunca llevaron a cabo

los tramites internos conducentes a formalizar la garantía personal.

Además, planteó que el vínculo contractual no respetó las

disposiciones del entonces vigente Art. 1727 del Código Civil de 1930

(Código Civil de 1930), 31 LPRA ant. sec. 5141, puesto que la

persona a obligarse como fiador debía poseer tanto capacidad para

obligarse como bienes suficientes para responder por la obligación

garantizada. A su entender, Alternative Energy no tuvo la intención

de indagar el crédito de NECC ni el apelante y tampoco le notificó a

este último sobre qué era lo que estaba garantizando. Por último,

arguyó que el alegado contrato de crédito no fue oficialmente

cumplimentado por el departamento de crédito de Alternative

Energy, ni fue firmado por representante alguno de la empresa.

        El 16 de febrero de 2023, Alternative Energy presentó una

Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria de la parte

demandada y solicitud para que se dicte sentencia sumaria a favor

de la parte demandante en la que solicitó al TPI que dictara

sentencia a su favor, condenando al señor Uriarte Otheguy al pago

de la deuda reclamada en su totalidad.11 En suma, planteó que el

apelante asumió la responsabilidad personal del pago de cualquier

deuda que tuviera NECC con Alternative Energy, lo cual se

desprendía del acuerdo suscrito entre las partes el 19 de noviembre

de 2018. Según esbozó, en dicho acuerdo, Alternative Energy le

vendió mercancía a crédito a NECC, mientras que, entre otras cosas,

el señor Uriarte Otheguy se comprometió a lo siguiente:

        Personal Guarantee
        In consideration for AltE extending credit to the business
        identified below (NECC) for materials and/or services after
        this date at the request of applicants or its agents, the
        undersigned individual hereby personally guarantees
        unconditionally and irrevocably the prompt payment of any
        sums now or hereafter owed to AltE by the business
        identified below whether said sums are due under open
        account, contract or otherwise.12 (Subrayado nuestro).

11 Íd., págs. 265-292.
12 Íd., pág. 275.
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A su vez, sostuvo que, luego de que NECC incumpliera los términos

de pago, la parte apelada comenzó trámites con el señor Uriarte

Otheguy para que este satisficiera la deuda. Según adujo, en las

comunicaciones subsiguientes como parte del trámite, el apelante

reconoció la deuda y propuso un plan de pago. En adición, como

cuestión de hecho, planteó que no estaba en controversia que: (1)

las partes suscribieron un contrato el 19 de noviembre de 2018, el

cual demuestra que el señor Uriarte Otheguy se comprometió

solidariamente al pago de toda deuda incurrida por NECC, así como

los intereses que devengara la misma; (2) la deuda estaba vencida,

era líquida y exigible; (3) una cadena de comunicaciones por correo

electrónico demostraba que el apelante reconoció la deuda y se

comprometió a su saldo; y (4) el apelante continuaba teniendo un

interés sobre la mercancía que Alternative Energy proveyó en

crédito, por su carácter de accionista de NECC.

       El 23 de junio de 2023, el TPI emitió la Sentencia Parcial

recurrida en la que declaró No Ha Lugar la Moción solicitando

sentencia sumaria promovida por el señor Uriarte Otheguy y, en

cambio, declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria

presentada por Alternative Energy.13 Consecuentemente, condenó al

apelante al pago de cincuenta y un mil ochocientos treinta y cinco

dólares ($51,835), más intereses. A su vez, declaró que continuaba

vigente la reclamación por daños instada por Alternative Energy en

contra del señor Uriarte Otheguy.

       En su dictamen, el foro primario llegó a las siguientes

determinaciones de hechos:

       1. Alternative comenzó relaciones comerciales con New
          Energy el 21 de noviembre de 2018.
       2. Para dar comienzo a dicha relación comercial, Alternative
          exigió una aplicación de solicitud de crédito a New
          Energy, con una garantía personal de uno de sus socios,
          la cual se firmó el 19 de noviembre de 2018 por Alejandro
          Uriarte Otheguy.

13 Íd., págs. 294-307.
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       3. No existe controversia de que Alejandro Uriarte suscribió
          un documento titulado Credit Application, el cual
          contenía una sección llamada Personal Guarantee.
       4. La sección llamada Personal Guarantee establece lo
          siguiente: "the undersigned individual hereby personally
          guarantees unconditionally and irrevocably the prompt
          payment of any sums now or hereafter owed to altE® by
          the business identified below whether said sums are due
          open account, contract or otherwise".
       5. Una vez presentada la solicitud de crédito, las partes
          comenzaron una relación de negocios mediante la cual
          Alternative proveía equipo a New Energy, cumpliendo así
          con sus respectivas prestaciones.
       6. Uriarte, mediante una comunicación escrita que sostuvo
          por correo electrónico con los representantes de
          Alternative, reconoció la deuda y se comprometió a
          presentar un plan de pago.
       7. Alejandro Uriarte Otheguy, Fidencio Aldamuy Colón, Luis
          Acosta Benítez y Giovanni Cordero Bonini, fueron
          miembros de New Energy hasta el 11 de febrero de 2019,
          cuando vendieron su participación e intereses
          propietarios de dicha compañía a MSI.
       8. Al presente, Alternative reclama una deuda ascendiente
          a cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete
          dólares con dieciocho centavos ($59,887.18) más
          intereses.
       9. Previo a la radicación de la presente demanda, Alternative
          llevó a cabo gestiones de cobro con Uriarte por la
          totalidad de la deuda.14

A partir de estas, concluyó que el señor Uriarte Otheguy era el fiador

solidario de cualquier deuda que tuviese NECC con Alternative

Energy. Resolvió el foro primario que la obligación nació del

documento titulado Credit Application, firmado por el apelante, el

cual contenía una sección nominada Personal Guarantee que

estableció, inequívocamente, la intención de este de obligarse

personal y solidariamente al pago de cualquier cantidad de dinero

que se le adeudara a Alternative Energy. En adición, coligió que: (1)

el acuerdo cumplió con todos los requisitos necesarios de un

contrato de fianza; (2) la responsabilidad de corroborar el crédito del

señor Uriarte Otheguy o NECC no le correspondía a Alternative

Energy, sino a la persona obligada a presentar al fiador; (3) el Credit

Application,     junto   a   la   garantía   personal,   eran   requisitos

indispensables para establecer la relación de negocio entre las dos

compañías; (4) después de la entrega del documento, se perfeccionó

14 Íd., págs. 296-297.
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el contrato y las partes comenzaron a cumplir sus respectivas

prestaciones; (5) NECC recibió el crédito y realizó las adquisiciones

correspondientes, contrario a lo alegado por el apelante de que

desconocía si el crédito se había aprobado; (6) el señor Uriarte

Otheguy reconoció la deuda y se comprometió a un plan de pago, lo

cual quedó demostrado por comunicaciones entre las partes

mediante correo electrónico; y (7) no se encontraba en la mejor

posición para resolver sumariamente el asunto de los daños

reclamados por Alternative Energy y, por lo tanto, se reservó la

adjudicación de esa controversia para una etapa posterior.

        El 8 de julio de 2023, el apelante sometió una Moción

solicitando reconsideración a sentencia parcial por la vía sumaria en

la que solicitó al TPI que dejara sin efecto su dictamen.15 En su

escrito, cuestionó la declaración jurada en la que Alternative Energy

basó su solicitud de sentencia sumaria, así como la autenticidad del

documento presentado para establecer la existencia de la deuda. A

su entender, no existía documentación oficial alguna de la deuda,

salvo por una secuencia de correos electrónicos que no fueron

autenticados conforme a derecho.

        El 28 de julio de 2023, Alternative Energy se opuso a la

petición de reconsideración, argumentando que no procedía la

petición y, aún más, solicitó la imposición de sanciones por

temeridad en contra del apelante.16

        El 30 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución en la

que declaró No Ha Lugar la reconsideración.17

        Inconforme, 29 de septiembre de 2023, el señor Uriarte

Otheguy acudió ante nos y le imputó al TPI la comisión del siguiente

error, además de cuestionar sus determinaciones de derecho:

        Erró el tribunal al declarar Ha Lugar la solicitud de Sentencia
        Sumaria presentada por la parte demandante cuando la

15 Íd., págs. 308-327.
16 Íd., págs. 329-332.
17 Íd., pág. 333.
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      misma no cumplió con ninguno de los requisitos de la Regla
      36.3 de Procedimiento Civil, además de que la prueba
      presentada en evidencia como apoyo a la solicitud de
      Sentencia Sumaria de la parte no era admisible en derecho.

En suma, argumentó que la moción de Alternative Energy en

respuesta a la petición de sentencia sumaria apenas cumplió con

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en cuanto a la

contestación y, más aún, no debió ser considerada como una

solicitud de sentencia sumaria propiamente. A su entender, la parte

apelada no presentó prueba que le permitiera al TPI tomar una

decisión conforme a derecho.

      Para sustentar su señalamiento de error, planteó que, en dos

ocasiones anteriores, Alternative Energy había presentado mociones

de   sentencia   sumaria   que   incumplían    con   las   Reglas   de

Procedimiento Civil, supra. Aún más, sostuvo que el escrito fue

acompañado únicamente por tres documentos, los cuales eran

inadmisibles. Según arguyó, en el expediente judicial no obró un

documento oficial de Alternative Energy que certificara la deuda con

una factura ni se presentó la declaración de un empleado o custodio

que evidenciara la veracidad de la solicitud de crédito y garantía

personal.

      Sobre esto último, expresó que la declaración jurada que

acompañó la solicitud fue prestada por el licenciado Jaime Aponte

Parsi (Lcdo. Aponte Parsi), quien, según alegó, era el agente

residente de Alternative Energy y no un empleado de la corporación

ni estaba autorizado para ejercer como el custodio o la persona

autorizada con conocimiento del documento. En adición, esbozó que

las comunicaciones de correo electrónico entre el señor Uriarte

Otheguy y Alternative Energy sucedieron en su carácter de

empleado de la compañía y no en su carácter personal. En ese

sentido, cualquier reconocimiento de deuda contenido en esos

mensajes era un reconocimiento por NECC como deudora y no del
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apelante como garantizador de la deuda. Además, alegó que los

propios mensajes del Lcdo. Aponte Parsi demostraron que no tenía

autoridad para hacer negocios en nombre de Alternative Energy o

aceptar cualquier plan de pago propuesto por el apelante.

      El 30 de octubre de 2023, Alternative Energy presentó una

Oposición a apelación civil en la que solicitó que confirmemos la

Sentencia Parcial emitida por el TPI. En apoyo de su petición,

argumentó que la determinación se fundamentó correctamente

tanto en los hechos como en el derecho. Según planteó, este caso se

trata sobre un cobro de dinero, debidamente demostrado por la

parte apelada y reconocido por el propio apelante. Respecto al error

señalado, adujo que sometió la evidencia correspondiente según lo

establecido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3.

Por ello, sostuvo que, mediante el Credit Application suscrito por el

apelante, quedó evidenciado que el señor Uriarte Otheguy aceptó la

obligación de pagar la deuda como fiador solidario del contrato entre

NECC y Alternative Energy. De igual manera, esbozó que, mediante

las comunicaciones por correo electrónico, se probó que el apelante

reconoció la deuda y se comprometió al cumplimiento de un plan de

pago. Más allá, alegó que, además de los correos electrónicos,

sometió evidencia de recibos enviados al apelante para intentar

cobrar la acreencia. En otro extremo, sobre la capacidad del Lcdo.

Aponte Parsi, arguyó que este tenía conocimiento personal de la

deuda, toda vez que gestionó los esfuerzos de cobro y la negociación

de los planes de pago. En ese mismo sentido, aseveró que la

declaración jurada suscrita por el letrado cumplió con los requisitos

de la Regla 902(K) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.

902 (K) para su admisibilidad.
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                                  III.

                                   A.

      El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. El propósito de

esta regla es facilitar la solución justa, rápida y económica de litigios

civiles en los cuales no existe controversia real y sustancial de

hechos materiales que no requieren ventilarse en un juicio plenario.

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Bobé et al. v.

UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017); SLG Zapata-

Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).

      Mediante este mecanismo, una parte puede solicitar que el

tribunal dicte sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o

de parte de esta. De esta forma se promueve la descongestión de

calendarios, así como la pronta adjudicación de controversias

cuando una audiencia formal resulta en una dilación innecesaria.

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).

      Sin embargo, el mecanismo de sentencia sumaria solo está

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros;

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc.

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).

      El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto

Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317.

      De acuerdo con las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil,

supra, R. 36.1 & 36.2, el promovente de la moción de sentencia

sumaria deberá establecer, mediante declaraciones juradas o con

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real
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respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3(a), tendrá que

desglosar lo siguiente:

             1) una exposición breve de las alegaciones de las
      partes;
             (2) los asuntos litigiosos o en controversia;
             (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a
      la cual es solicitada la sentencia sumaria;
             (4) una relación concisa, organizada y en párrafos
      enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes
      sobre los cuales no hay controversia sustancial, con
      indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones
      juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se
      establecen estos hechos, así como de cualquier otro
      documento admisible en evidencia que se encuentre en el
      expediente del tribunal;
             (5) las razones por las cuales debe ser dictada la
      sentencia, argumentando el derecho aplicable, y
             (6) el remedio que debe ser concedido.

      En cambio, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra, R.

36.3(b) dispone que la contestación a la moción de sentencia

sumaria debe contener, además de los sub incisos (1), (2) y (3) de la

inciso (a): una relación de los hechos esenciales y pertinentes que

están en controversia, con referencia a los párrafos enumerados por

la parte promovente y con indicación de la prueba en la que se

establecen esos hechos; una enumeración de los hechos que no

están en controversia; y las razones por las cuales no se debe dictar

la sentencia, argumentando el derecho aplicable.

      En este sentido, el promovido tiene el deber de controvertir la

prueba presentada por la parte promovente de la moción de

sentencia   sumaria.      Este   no   puede    descansar     en       meras

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c) de Procedimiento

Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra;

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010); Cruz

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). En

otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de presentar
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evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que están en

disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020).

      Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. De haber dudas sobre la

existencia de controversias de hechos materiales, deberán resolverse

a favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015).

Esto, con el propósito de evitar que una de las partes se vea

impedida de ejercer su día en corte. Íd.

      De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas,

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 21-22. La revisión que realice el foro

apelativo deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo,

supra, págs. 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser

a favor de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de

forma que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia

dicha parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág.

118. Además, deberá constatar que las partes cumplan con los

requisitos de forma que dispone la Regla 36, supra, tanto en la

moción de sentencia sumaria, como en la oposición, y deberá revisar
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si existen hechos materiales en controversia. Íd. Si existiesen, el foro

apelativo tendrá que exponer los hechos en controversia y los que

no, como dispone la Regla 36.4, supra. Si el Tribunal Apelativo no

encuentra hechos controvertidos, deberá revisar de novo si el foro

inferior aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119.

                                  B.

      En nuestra jurisdicción impera una regla general de exclusión

de prueba de referencia, la cual se define como aquella declaración

que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que

se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado. Regla

801 de las Reglas de Evidencia, supra, R. 801. Ahora bien, dentro

de ese mismo marco, se reconocen diversas excepciones, las cuales

se recogen en la Regla 805 de las Reglas de Evidencia, supra, R. 805,

aun cuando la persona declarante está disponible como testigo, y la

Regla 806 (B) de las Reglas de Evidencia, supra, R. 806 (B) cuando

el declarante no esta disponible para declarar. En lo pertinente, el

inciso (F) de la Regla 805, supra, permite que, aunque una persona

declarante esté disponible como testigo, una declaración no será

excluida en la siguiente circunstancia:

      (F) Récords de actividades que se realizan con regularidad:
      Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de
      datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos,
      condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan
      preparado en o cerca del momento en que éstos surgieron,
      por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos,
      o mediante información transmitida por ésta, si dichos
      récords se efectuaron en el curso de una actividad de
      negocios realizada con regularidad, y si la preparación de
      dicho escrito, informe, récord, memorando o compilación de
      datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de
      negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o
      de alguna otra persona testigo cualificada, o según se
      demuestre mediante una certificación que cumpla con las
      disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que
      permita dicha certificación, a menos que la fuente de
      información, el método o las circunstancias de su
      preparación inspiren falta de confiabilidad. El término
      negocio, según se utiliza en este inciso, incluye, además de
      negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo
      tipo de institución, asociación, profesión, ocupación y
      vocación, con o sin fines de lucro.
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       Ahora bien, la Regla 902 (K) de las Reglas de Evidencia, supra,

R. 902 (K) dispone que no se requerirá evidencia extrínseca de

autenticación como condición previa para la admisibilidad de

récords certificados de actividades que se realizan con regularidad.

En específico, el inciso establece lo siguiente:

               El original o un duplicado de un récord de actividades
       que se realizan con regularidad dentro de la jurisdicción del
       Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos
       de América, el cual sería admisible conforme a la Regla
       805(F), si se acompaña de una declaración jurada de la
       persona a cargo de su custodia o de alguna otra persona
       cualificada, que certifique que dicho récord:
               (1) se preparó en o cerca del momento en que
       ocurrieron los sucesos o las actividades mencionadas por
       una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o
       mediante información transmitida por ésta;
               (2) se llevó a cabo en el curso de la actividad realizada
       con regularidad, y
               (3) se preparó como una práctica regular de dicha
       actividad.
               La parte que se proponga someter un récord como
       evidencia, conforme a lo dispuesto en este inciso, tendrá que
       notificar por escrito su intención a todas las partes
       contrarias. Además, tendrá que tener el récord y la
       declaración jurada disponibles para inspección con
       suficiente antelación a su presentación como evidencia a fin
       de brindar a la parte contraria una oportunidad justa para
       refutarlos.

                                        C.

       Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que

existe un principio de la autonomía contractual entre las partes, las

cuales se encuentran obligadas a cumplir con lo pactado de acuerdo

con el principio de pacta sunt servanda. Oriental Bank v. Perapi

et al., 192 DPR 7, 15 (2014). Lo anterior permite a las partes

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y

el orden público. Véase el Artículo 1207 del Código Civil de 1930, 31

LPRA ant. sec. 3372.18

       Entre los contratos que las partes pueden suscribir, se

encuentran los contratos de garantía. Este tipo de contratos tiene

18 En este caso, el Código Civil de 1930 es el estatuto aplicable a la controversia,

puesto que era el vigente al momento de los hechos.
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por finalidad asegurar la satisfacción de un crédito contra los

peligros de la insolvencia total o parcial del deudor. Pro.

Underwriters v. Dis. Automotriz, 121 DPR 536, 542 (1988). Un

tipo de contrato de garantía es el contrato de fianza. Según

establecía el Art. 1721 del Código Civil de 1930, 31 LPRAA sec. 4871,

mediante la fianza, se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero,

en caso de que este último no lo hiciera. Es decir, una tercera

persona, conocida como el fiador, se obliga con un acreedor a

responder por un deudor en caso de que no cumpla según

convenido. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de

contratos, 1era. ed., San Juan, Universidad Interamericana de

Puerto Rico, 1990, T. IV, Vol. II, pág. 528. En nuestra jurisdicción,

la fianza: (1) es una garantía personal, dado que compromete el

patrimonio del fiador; (2) es accesoria, puesto que depende de la

vida de una obligación principal; (3) es subsidiaria, porque el fiador

únicamente se obliga a responder en caso de que el deudor

incumpla; (4) puede ser gratuita u onerosa, toda vez que, si bien se

concibe como sin costo, el fiador puede solicitar retribución por sus

servicios; (5) suele ser unilateral, debido a que si es gratuita, solo

una parte se obliga, mientras que de intercambiarse una

retribución, son al menos dos partes las que se comprometen. Íd.,

págs. 529-531. (Énfasis nuestro).

      Entre las clases de fianza reconocidas por el Art. 1722 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4872, se destaca por su

pertinencia la convencional. En esta, tres partes intervienen en el

contrato: el deudor, que es el fiado; el acreedor, quien se beneficia

de la fianza, y el fiador, el tercero. Vélez Torres, op. cit., pág. 532.

Asimismo, existen dos contratos en esta relación jurídica: el

contrato preexistente sobre el cual se establece la fianza y el contrato

de fianza. Íd.
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      En otro extremo, el entonces vigente Art. 1729 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4891, establecía que el fiador no podría

ser compelido a pagar al acreedor sin antes realizarse excusión de

todos los bienes del deudor. Sin embargo, el Art. 1730 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4892, proveía varias excepciones a

esta regla, a saber: la renuncia por el fiador; que este se haya

obligado solidariamente con el deudor; en caso de quiebra o

concurso del deudor; o cuando el deudor no pudiese ser demandado

dentro de Puerto Rico. Aplicada esta excepción, el acreedor tiene dos

personas contra las que reclamar entera y directamente el pago: el

deudor y el fiador. Vélez Torres, op. cit., pág. 542.

      En otro extremo, el Art. 1727 del Código Civil de 1930, 31

LPRA ant. sec. 4877, disponía que: “[e]l obligado a dar fiador debe

presentar persona que tenga capacidad para obligarse y bienes

suficientes para responder de la obligación que garantiza. El fiador

se entenderá sometido a la jurisdicción del tribunal o juez del lugar

donde esta obligación deba cumplirse”. (Énfasis nuestro).

      Además, es harto conocido que, en las obligaciones solidarias,

cada deudor está obligado a responder por la totalidad de la deuda.

Art. 1090 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3101. Por ello,

el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores

solidarios o contra todos simultáneamente. Art. 1097 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3108.

                                   D.

      De ordinario, en la reclamación sobre cobro de dinero, el

demandante solo tiene que probar que: (1) existe una deuda válida,

(2) la deuda no se ha pagado; (3) el demandante es el acreedor; y (4)

la parte demandada es la deudora. Gen. Elec. v. Concessionaries,

Inc., 118 DPR 32, 43 (1986).

      En cuanto a la deuda, es necesario demostrar que la misma

es líquida, vencida y exigible. Ramos y otros v. Colón y otros, 153
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DPR 534, 546 (2001). Dentro de este marco, una deuda es líquida

cuando la cantidad debida es cierta y determinada. Íd. Es decir,

cuando se conoce la cuantía que se debe. Asimismo, es exigible y

vencida cuando debe ser satisfecha por la naturaleza de la

obligación o por requerimiento del acreedor. Véase Guadalupe v.

Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).

                                  E.

      Según ha reiterado nuestro Tribunal Supremo, el Art. 7 del

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 7, les permitía a los

tribunales acudir a principios generales del derecho basados en

equidad para atender las controversias que tengan ante su

consideración, cuando no hubiese ley aplicable al caso. OCS v.

Universal, 187 DPR 164, 171-172 (2012). A partir de ello, incorporó

a nuestra jurisprudencia la regla de que nadie puede ir en contra de

sus propios actos. Íd. Esta regla se conoce también como la doctrina

de actos propios. Su fundamento se encuentra en el entendimiento

de que la buena fe se exige en el desenvolvimiento de las relaciones

jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las

obligaciones. Íd., pág. 172 (citando a Vivoni Farage v. Ortiz Carro,

179 DPR 990, 1010 (2010). De esta manera se busca conseguir una

interacción efectiva a todos los niveles de la vida diaria y se les

permite a todas las personas descansar en la veracidad de las

manifestaciones o las actuaciones de otro según lo manifiestan o

actúan. Íd. Asimismo, se protege la confianza que deposita una parte

que ha confiado razonablemente en una apariencia creada por otra.

Íd.

      Ahora bien, la doctrina de actos propios depende de la

concurrencia    de   los   siguientes   factores:   (1)   una   conducta

determinada de un sujeto; (2) que haya engendrado una situación

contraria a la realidad aparente, la cual sea susceptible de influir en

la conducta de los demás; (3) que la apariencia sea base de la
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confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por

ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su

confianza quedara defraudada. Íd., págs. 173-174 (citando a Vivoni

Farage v. Ortiz Carro, supra, págs. 1010-1011).

                                 IV.

        En el caso de marras, el TPI condenó al señor Uriarte Otheguy

al cumplimiento de una garantía personal suscrita por este, en la

que se constituyó como fiador de un contrato entre Alternative

Energy y NECC. Por ello, determinó que el apelante debía satisfacer

la suma de $51,835, más intereses, y mantuvo vigente la

reclamación en su contra por daños contractuales. A juicio del foro

primario, el apelante suscribió un contrato de fianza al firmar la

sección denominada Personal Guarantee de un Credit Application de

NECC con Alternative Energy, lo cual consideró probado por el

propio documento. Según razonó, este acuerdo cumplió con los

requisitos del contrato de fianza y, mediante este, se estableció la

obligación personal y solidaria del señor Uriarte Otheguy del pago

de cualquier cantidad de dinero que NECC adeudara a la parte

apelada, según razonó. A su vez, resolvió que el apelante reconoció

la deuda y se comprometió a un plan de pago, lo cual consideró

demostrado por una cadena de correos electrónicos entre las partes.

        En oposición, el señor Uriarte Otheguy señaló que el TPI

incidió al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la

parte    apelada   cuando   no   cumplía   con   la   Regla   36.3   de

Procedimiento Civil, supra, R. 36.3, y al considerar prueba

presentada en apoyo a la solicitud que no era admisible en derecho.

Según su posición, no debió admitirse el Credit Application ni la

cadena de correos electrónicos, dado que la declaración jurada del

Lcdo. Aponte Parsi presentada a los efectos de certificar su

autenticidad era insuficiente. Para sustentar esa alegación,

cuestionó la autoridad del licenciado porque, según alegó, era el
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agente residente de la corporación y no un testigo con conocimiento

o custodio autorizado. De este modo, argumentó que, ante la

inadmisibilidad de los documentos, el TPI estaba impedido de

condenar al señor Uriarte Otheguy, puesto que no existía un

documento oficial de Alternative Energy que certificara la deuda. En

todo caso, arguyó que, en los correos electrónicos, el apelante se

comunicaba en su carácter de empleado de NECC, no en su carácter

personal, y, que, según surge de ellos, el Lcdo. Aponte Parsi no tenía

autoridad para negociar ni acordar un plan de pago.

      En apoyo de la determinación recurrida, Alternative Energy

planteó que la causa de acción de cobro de dinero se fundamentó

correctamente. Es su posición que la evidencia no solo era

admisible, sino que probó tanto que el señor Uriarte Otheguy se

obligó como fiador solidario al pago de la deuda producto del

contrato entre NECC y Alternative Energy, como que luego reconoció

la deuda y se comprometió a satisfacerla en un plan de pago. A su

entender, el Lcdo. Aponte Parsi tenía conocimiento personal de la

deuda y su declaración jurada cumplió con los requisitos de las

Reglas de Evidencia, supra.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente

del caso, en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta forzoso

concluir que el TPI no incidió en el error señalado. La determinación

sumaria apelada fue correcta tanto procesalmente como en derecho.

Veamos.

      En primer lugar, en este caso, ambas partes presentaron

sendas solicitudes de sentencia sumaria tras entender que no

existían   controversias   de   hechos   sustanciales   y   que,   por

consiguiente, únicamente correspondía aplicar el derecho y

adjudicar el caso. Por un lado, el TPI tuvo ante su consideración la

petición del señor Uriarte Otheguy en la que, como cuestión de

hecho, aceptó la firma de la garantía personal y, a la misma vez,
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planteó que Alternative Energy no entregó documentos aprobando

el crédito, ni notificó la cantidad aprobada, ni indagó el crédito del

apelante. Aún más, alegó que el contrato de crédito no fue

cumplimentado     por   la   parte   apelada,   ni   firmado   por   su

representante. Según esos hechos, arguyó que firmó la garantía

como proceso informal y pro forma sin la intención de hacer valer

sus exigencias y sin que la parte apelada cumpliera su alegado deber

de cerciorarse de la capacidad del apelante de responder por la

obligación garantizada. Entretanto, el foro primario también

consideró la solicitud de Alternative Energy en la que, basándose en

el Credit Application suscrito por NECC y el señor Uriarte Otheguy,

así como los correos electrónicos entre este y el Lcdo. Aponte Parsi,

sostuvo que el apelante se comprometió de forma solidaria al pago

de toda deuda producto del contrato y que la deuda estaba vencida,

líquida y exigible. A estos efectos, la parte apelada acompañó su

petición con copia del Credit Application, los correos electrónicos y

una declaración jurada suscrita por el licenciado. Examinada la

moción de Alternative Energy, la cual el TPI declaró Con Lugar,

resulta forzoso concluir que el foro primario decidió correctamente

al así hacerlo. La petición cumplió con las exigencias de la Regla

36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3 y, más aún, demostró

fehacientemente la procedencia de la causa de acción de la parte

apelada. Esto último, surge claramente del Credit Application y la

garantía personal suscrita por el apelante, la cual estableció

palmariamente que se compromete a garantizar personalmente, sin

condiciones e irrevocablemente el pago de cualquier suma debida

por NECC a Alternative Energy.

      En segundo lugar, según el apelante, el TPI no debió

considerar el Credit Application ni la cadena de correos electrónicos

entre el señor Uriarte Otheguy y representantes de Alternative

Energy porque la declaración jurada suscrita por el licenciado era
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insuficiente para su admisión como prueba. No le asiste la razón.

Por un lado, en cuanto al Credit Application, el propio apelante

reconoció en su moción de sentencia sumaria que firmó la garantía

personal el 19 de noviembre de 2018, lo cual consta en el documento

sometido en evidencia por Alternative Energy. Por el otro, en cuanto

a la cadena de correos electrónicos, se presenta una situación

similar, dado que el apelante también reconoce el intercambio y no

aduce razón por la cual no deba admitirse en evidencia los mismos.

Además, según se desprende de la declaración jurada del Lcdo.

Aponte Parsi, este tenía conocimiento del intercambio de correos

electrónicos, en el cual participó, y más aún que realizó gestiones de

cobro de la deuda al apelante. Como cuestión de hecho, el propio

apelante reconoció en su Apelación que el licenciado posee

conocimiento de la factura, de la deuda y del contenido de las

conversaciones por correo electrónico.19 En este sentido, se cumplió

con los requisitos de las Reglas de Evidencia, supra, para la

admisión de las comunicaciones electrónicas. En todo caso, incluso

si no se consideraran los correos electrónicos en los que el señor

Uriarte Otheguy reconoció la deuda, el Credit Application es prueba

suficiente del carácter del apelante como fiador de la deuda.

       Sería un contrasentido permitir al apelante beneficiarse de los

créditos que se concedieron y resolver contrario a la letra clara del

documento de garantía personal suscrito por él.

       Por todo lo anterior, resulta imperativo concluir que el TPI no

cometió el error señalado por el apelante, que el dictamen es correcto

en derecho y, por lo tanto, corresponde la confirmación de la

Sentencia Parcial apelada.

19 Véase Apelación, pág. 19, párrafo número 30.
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                                 V.

      Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

Parcial apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones