Court Opinion

ID: 9916075
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:29.284273+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.324005
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL III

     GAMALIEL RODRÍGUEZ                        REVISIÓN
     LÓPEZ                                     ADMINISTRATIVA
                                               procedente de DACO
         Recurrente
                             KLRA202300533     Caso Núm.:
             v.                                C-SAN-2021-0002802

     JUNTA DE DIRECTORES                       Sobre:
                                               Condominios
          Recurrido

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa
 Cabán, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                              SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

         Comparece ante este foro el Sr. Gamaliel Rodríguez

 López (señor Rodríguez o “el recurrente”) y nos solicita

 que revisemos una Resolución emitida por el Departamento

 de Asuntos del Consumidor (DACo) el 27 de septiembre de

 2023.     Mediante el referido dictamen, el DACo desestimó

 la Querella contra del Sr. Alberto Rivera (señor Rivera

 o “parte recurrida”), como presidente de la Junta de

 Directores del Condominio Torruella.

         Por los fundamentos que se exponen a continuación,

 CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.

                                    I.

         El 15 de septiembre de 2021, el señor Rodríguez

 presentó ante el DACo una Querella en contra de la parte

 recurrida.1      Solicitó que el DACo emitiera una orden de

 cese y desista contra la Junta de Directores, por haber

 cortado     el   servicio     de    energía   eléctrica     en   su

 apartamento.      En esencia, planteó que el 15 de noviembre

 1 Formulario Presentación Querella Propiedad Horizontal, anejo I,
 págs. 1-41 del apéndice del recurso.

Número Identificador
SEN2023 ______________
KLRA20230053                                                                      2

de   2019,    adquirió         su    apartamento,       y     al      comenzar    a

restaurarlo, encontró daños en las tuberías comunales,

e inmediatamente lo notificó al señor Rivera.                                   Sin

embargo, alegó que hicieron caso omiso, por lo que, se

vio en la obligación de reparar las tuberías comunales.

Posteriormente, solicitó a la Junta de Directores que

acreditaran        los    gastos         a    las   cuotas,      no    obstante,

sostuvo que la parte recurrida se negó.

      Por su parte, el 6 de octubre de 2021, el señor

Rivera,      presentó      Solicitud           de   Resolución        Sumaria     y

Contestación a la Querella.2                    Arguyó que, procedía la

resolución sumaria de la querella, puesto que, desde el

1 de septiembre de 2012, el recurrente tenía una deuda

por concepto de cuotas de mantenimiento y seguros al 1

de octubre de 2021, ascendente a $101,446.02.                                   Sin

embargo,      alegó       que       la       cantidad   original         era     de

$25,141.07, pero aumentó por la penalidad del Artículo

59 de la Ley 120-2020, al habérsele desconectado el

servicio      de    luz    y    el       recurrente     reconectarla            sin

autorización. A su vez, añadió que, al momento de asumir

la   presidencia         en     septiembre          2020,   no     había       sido

informado por el titular o la Junta anterior de la

reclamación hecha por el señor Rodríguez.                               De igual

forma, señaló que había ido con su personal a cotizar y

evaluar los alegados problemas, sin embargo, la tubería

había sido reparada sin la autorización e inspección de

la Junta y/o Administración.                   Por consiguiente, sostiene

le enviaron un comunicado al señor Rodríguez, mediante

el cual le indicaron que no estaba autorizado a realizar

dichas reparaciones en áreas comunes y que se haría

2 Solicitud de Resolución Sumaria y Contestación a la Querella,
anejo II, págs. 42-49 del apéndice del recurso.
KLRA202300533                                                               3

responsable       de     los    costos       incurridos.        Finalmente,

expresó     que       luego    de    varios    avisos     por   escrito    al

recurrente,       concediéndole          tiempo    adicional      para     que

realizara el pago, procedieron con el corte de servicio

de electricidad.

      Así las cosas, previo a resolver la solicitud de

resolución sumaria, el 2 de mayo de 2022, el DACo llevó

a   cabo        una    vista        administrativa        mediante    video

conferencia, que solo contó con la comparecencia de la

parte recurrida, y Urbana Property Management, Inc.,

parte co-querellada.                Tras evaluar la prueba, el 1 de

junio de 2022, el DACo notificó una Resolución.3 En

virtud     de    esta,    ordenó       el    cierre   y    archivo    de    la

Querella.

      En desacuerdo, el 7 de septiembre de 2022, el señor

Rodríguez solicitó la reconsideración de la Resolución.4

El 22 de septiembre de 2022, el DACo acogió la moción de

reconsideración,          y     dejó     sin    efecto     la    Resolución

notificada el 2 de mayo de 2022.5

      Luego de varias incidencias procesales, el 15 de

noviembre         de     2022,         fue     celebrada        una   vista

administrativa,          en    la    cual     comparecieron      todas     las

partes.6        Conforme surge de la Minuta, el recurrente

solicitó se le permitiera enmendar la querella para

añadir unos alegados daños sufridos en su apartamento

por el paso del Huracán Fiona, sin embargo, fue declarara

no ha lugar.          De igual forma, el DACo determinó que:

           Toda vez que [el recurrente] no incluyó como
           parte de las alegaciones de su querella
           impugnación alguna a la deuda que mantiene

3 Resolución, anejo III, págs. 50-53 del apéndice del recurso.
4 Moción de Reconsideración, anejo IV, págs. 54-57 del apéndice del
recurso.
5 Resolución en Reconsideración, anejo V, págs. 58-59 del apéndice

del recurso.
6 Minuta y Orden, anejo VII, págs. 74-75 del apéndice del recurso.
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          con el Consejo de Titulares del Condominio
          Torruella, ni enmendó su querella para
          impugnar la deuda previo a la celebración
          de la vista administrativa, se le concedió
          un término de veinticinco días para que
          salde la deuda por concepto de cuotas y/o
          derramas   que  [sic]   mantiene  con   el
          condominio.

        El 8 de diciembre de 2022, el señor Rodríguez

presentó una Moción de Reconsideración.7                  Mediante esta,

manifestó que la Resolución debía dejarse sin efecto,

puesto     que,    contradice      los   principios         de     política

pública que dispone la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,

según     enmendada,       como     también        el    Reglamento        de

Condominios Núm. 9386 de 6 de junio de 2022.                     A su vez,

también alegó que dicha determinación violentó el debido

proceso de ley al exigir el pago de unas cuotas sin que

la parte recurrida haya aportado evidencia.

        Posteriormente,      el     recurrente          presentó     Moción

Complementaria, mediante la cual incluyó una declaración

jurada    negando     la   deuda,    como     a    su    vez,    que     haya

realizado     la    reconexión      en   el       apartamento       de    los

servicios de agua o electricidad.8

        Tras aquilatar la prueba presentada por las partes,

el DACo emitió el 28 de septiembre de 2023 la Resolución

recurrida.9       Como parte de las determinaciones de hechos

formuladas en el dictamen impugnado, el DACo manifestó,

en lo pertinente, lo siguiente:

        1. El querellante es titular del apartamento
           101 del Condominio Torruella mediante
           Escritura de Compraventa otorgada el 15 de
           noviembre de 2019 ante el notario Milton
           Hernández Cott.

        2. El   Condominio        Torruella  se           encuentra
           sometido    al         régimen   de            propiedad
           horizontal.

7 Moción de Reconsideración, anejo VIII, págs. 76-142 del apéndice
del recurso.
8 Moción Complementaria, anejo IX, págs. 143-146 del apéndice del

recurso.
9 Resolución, anejo X, págs. 147-157 del apéndice del recurso.
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    3. El 15 de septiembre de 2021 el querellante
       presentó la querella de epígrafe, por
       derecho propio. Mediante la querella, el
       querellante solicita que se emita un cese y
       desista toda vez que la parte querellada
       había desconectado el servicio de energía
       eléctrica. No surge de la querella razón
       alguna que amerite la orden solicitada.
       Tampoco surge de la querella la razón por
       la que alegadamente se llevó a cabo el corte
       del servicio.

    4. La querella contiene además una alegación
       referente a unos daños en unas tuberías
       comunales   encontrados  al   comenzar  a
       restaurar el apartamento luego de su
       compra. Alega el querellante que la Junta
       de Directores hizo caso omiso a sus
       requerimientos y que, ante la inacción de
       la Junta de Directores, se vio obligado a
       costear las reparaciones las cuales la
       parte querellada no quiere acreditar a su
       cuota de mantenimiento.

       […]

    9. El 4 de mayo de 2021, la parte querellada
       envió una comunicación al querellante
       requiriéndole el pago por la cantidad
       $23,169.62 por concepto de cuotas, póliza
       de seguro, intereses, penalidades y/o
       derramas. Se apercibió al querellante que,
       de no recibirse el pago en su totalidad en
       o antes del 19 de mayo de 2021, procederían
       a realizar el corte de servicios.

       […]
       15. El 13 de septiembre de 2021, el
       querellante envió comunicación a la parte
       querellada en respuesta a la comunicación
       de 18 de agosto de 2021. El querellante
       informa que ha solicitado el balance
       actualizado y no se le ha remitido. Además,
       informa que es su intención pagar el balance
       adeudado,   condicionado   a   que   se   le
       acrediten las facturas de las labores
       realizadas para la corrección de tuberías
       comunales.

       16. Ninguna de las comunicaciones enviadas
       por la parte querellada fueron impugnadas
       por el querellante ante este foro. La parte
       querellada procedió a cortar el servicio de
       energía eléctrica.

       17. El estado de cuenta del apartamento
       propiedad del querellante, el 4 de octubre
       de 2021, refleja un balance de $101,446.02.
       La cantidad indicada en el estado de cuenta
       surge debido a que la parte querellada
       aplicó   el   equivalente  a   una   triple
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         penalidad   al   haberse   realizado   una
         reconexión del servicio de forma ilegal.

         18. El querellante no enmendó su querella
         en ningún momento para impugnar esa
         penalidad.

         19. Toda vez que la querella ante nos no
         contiene impugnación de deuda alguna y,
         habiendo transcurrido más de treinta días
         desde la primera comunicación de 24 de marzo
         de 2021, sin que el querellante impugnase
         la acción de la Junta de Directores, este
         Departamento ordenó el pago de la totalidad
         de la deuda el 17 de noviembre de 2022,
         luego de haberse citado a las partes a una
         vista administrativa. A esta fecha no se
         había presentado enmienda alguna.

         […]

      Así pues, el DACo desestimó la Querella incoada por

el señor Rodríguez.       Según concluyó, el recurrente en su

Querella no impugnó la cantidad reclamada por el Consejo

de Titulares, sino que esperó hasta que la agencia le

ordenara saldar la deuda, para que luego solicitara

enmendar su reclamo.       Asimismo, el DACo resaltó que el

señor Rodríguez no solicitó enmendar la Querella dentro

del    término      permitido      por    el     Reglamento      de

Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034 de 14

de junio de 2011.10        Por consiguiente, expresó que el

recurrente     mantiene    una   deuda    con    el   Consejo    de

Titulares desde que adquirió el apartamento.

      Aún inconforme, el señor Rodríguez, presentó el 16

de octubre de 2023 el recurso de revisión de epígrafe.

Mediante este, adujo que el DACo cometió los siguientes

errores:

         PRIMER ERROR: Erró el Departamento de
         Asunto de Consumidor (DACO) al denegarle a
         la parte querellante-recurrente enmendar la

10La Regla 16.1 del referido Reglamento explica que “el querellante
podrá enmendar su querella en cualquier momento después de radicada,
pero antes del término de veinte (20) días antes de la vista
administrativa […] y de enmendarse la querella el Departamento
notificará la querella enmendada a la parte querellada que tiene a
su vez veinte (20) días para contestarla”.       (Énfasis nuestro).
Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, pág. 16.
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         querella   para  alegar   una   reclamación
         surgida   posterior   a   presentarse,   en
         específico a consecuencia de los daños del
         huracán Fiona sobre Puerto Rico, y que
         estaban relacionados con los defectos
         reclamados en la querella original.

         SEGUNDO ERROR: Incidió en error DACO al
         ordenar que el querellante pagara la
         cantidad de $101,446.02 (triple penalidad)
         como condición previa para concederle una
         vista evidenciaria, cuando el querellante
         impugnó   durante   el   procedimiento  la
         cantidad de mantenimiento alegada por la
         administración del condominio.

         TERCER ERROR: Erró DACO al reconocer como
         cierta, sin una vista evidenciaria previa,
         una deuda de mantenimiento acumulada como
         triple penalidad.

         CUARTO ERROR: DACO violentó el debido
         proceso de ley al emitir una resolución
         ordenando una medida que requería una vista
         evidenciaria previa como lo dispone la Ley
         orgánica de la agencia (Ley Núm. 5 del 3 de
         abril de 1973) en su artículo trece (13).

       El 19 de octubre de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte recurrida el término dispuesto

en el Reglamento de este Tribunal. No obstante, la Junta

de    Directores   no    presentó       su   alegato    por   lo    que

disponemos del presente recurso sin el beneficio de su

comparecencia.

                                  II.

                                  -A-

       La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar

las   “decisiones,      órdenes    y    resoluciones      finales    de

organismos o agencias administrativas”.                Art. 4006(c) 4

LPRA sec. 24(y)(c).

       La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAU),

delimita el alcance de la revisión judicial de las

decisiones administrativas.
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       En cuanto al estándar de revisión que este tribunal

debe    observar      al    evaluar        los    recursos       de      revisión

judicial presentados al amparo de la LPAU, destacamos

que, por razón de la experiencia y pericia de las

agencias      respecto      a   las   facultades          que       se   les   han

delegado, debemos considerar con gran deferencia las

decisiones de los organismos administrativos.                            Batista,

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).                               Por

consiguiente, en el ejercicio de esa deferencia, las

decisiones de las agencias administrativas tienen una

presunción de legalidad y corrección que los tribunales

deben respetar mientras que la parte que las impugna no

produzca suficiente evidencia para derrotarlas.                            Íd.

       En     síntesis,         la    revisión          judicial         de    las

determinaciones            administrativas              está     limitada         a

determinar si la actuación del foro administrativo fue

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si,

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió

abuso de discreción.            Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited,

148 DPR 70, 80 (1999).

       Así pues, la revisión judicial de una decisión

administrativa se circunscribe a determinar si: 1) el

remedio concedido por la agencia fue apropiado; 2) las

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas

por    evidencia      sustancial       que       obra    en    el    expediente

administrativo; y 3) las conclusiones de derecho fueron

correctas.      Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).

       Como    foro    revisor        lo    que     nos       corresponde        es

determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o de

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un

abuso de discreción.            Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR
KLRA202300533                                                                 9

116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133

DPR 521 (1993).          En ese sentido, las decisiones de los

organismos administrativos merecen la mayor deferencia

judicial.    Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).                       Por esa

razón,    tanto    los        procesos     administrativos           como   sus

determinaciones          de    hechos      están        cobijados    por     una

presunción de regularidad y corrección.                        Vélez v. ARPE,

167 DPR 684 (2006).

     Esa presunción de regularidad y corrección debe ser

respetada por los tribunales mientras la parte que la

impugne     no      produzca          evidencia          suficiente         para

derrotarla.       Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64 (1998).

     En lo que respecta a las determinaciones de hecho

de un organismo administrativo, los tribunales no deben

intervenir si las mismas están sostenidas por evidencia

sustancial       que     surja      del    expediente          administrativo

considerado en su totalidad.                     Batista, Nobbe v. Jta.

Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. Dir.

Cond., 182 DPR 485 (2011).                Respecto a las conclusiones

de   derecho        de        la    agencia,           distinto      de     las

determinaciones de hecho, el tribunal las puede revisar

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio

alguno.    OPP v. Aseguradora MSC, 163 DPR 21, 37 (2004).

No obstante, ello no significa que, al ejercer su función

revisora, el tribunal pueda descartar libremente las

conclusiones       e      interpretaciones               de     la   agencia,

sustituyendo el criterio de esta por el propio. Batista,

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Rebollo v.

Yiyi Motors, supra, pág. 77.

     Cónsono      con     lo       anterior,       si    una    parte     desea

impugnar las determinaciones de hecho realizadas por la

agencia    deberá      presentar          ante    el     foro    judicial    la
KLRA20230053                                                                      10

evidencia      necesaria          que   permita,     como          cuestión       de

derecho, descartar la presunción de corrección de la

determinación administrativa.                 Camacho Torres v. AAFET,

168 DPR 66 (2006).            Pues el peso de la prueba descansa

sobre la parte que impugna la determinación.                            Comité de

Vecinos Pro-Mej., v. Jta. De Planificación, 147 DPR 750

(1999).

      En ausencia de tal prueba, las determinaciones de

hecho de la agencia deben ser sostenidas.                          Domínguez v.

Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387 (1999).                              Cuando

las determinaciones de hecho impugnadas se basen en

prueba testifical desfilada en el proceso administrativo

y la credibilidad que la misma le mereció al juzgador,

es imprescindible que se traiga a la consideración del

foro revisor la transcripción de la vista celebrada o

una exposición narrativa de la prueba.                        Camacho Torres

v.    AAFET,    supra.             En    ausencia       de        dicha    prueba

difícilmente       se      podrá        descartar       la        determinación

impugnada.      Íd.

      Por lo tanto, los tribunales apelativos no debemos

intervenir con las determinaciones de hechos del foro

recurrido      cuando        no    tenemos     forma         de     evaluar       la

evidencia presentada debido a que la parte concerniente

no elevó una exposición narrativa de la prueba.                           Benítez

Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302 (1990).

                                        -B-

      El   Departamento            de   Asuntos     del      Consumidor       fue

creado mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,

conocida    como      la     Ley    Orgánica      del     Departamento            de

Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341, et seq.                              Este

fue   creado    con     el    propósito       primordial           de     velar   y

establecer los derechos del consumidor y proteger los
KLRA202300533                                                        11

intereses de los compradores.         Art. 3 de la Ley Núm. 5,

3 LPRA sec. 341b.        Asimismo, los poderes conferidos al

Secretario de esa agencia están el atender, investigar

y   resolver      las     querellas       presentadas      por      los

consumidores      de    bienes   y    servicios        adquiridos     o

recibidos del sector privado de la economía.               Art. 6 de

la Ley Núm. 5, 3 LPRA sec. 341e(c).

     Con la intención de asegurar la solución justa,

rápida y económica de las querellas presentadas ante o

por el Departamento y proveer un procedimiento uniforme

para su adjudicación, el 13 de junio de 2011 se aprobó

el Reglamento Núm. 8034 de Procedimientos Adjudicativos

del DACO.      Regla 1 del Reglamento Núm. 8034.                 Estas

reglas    aplicarán       a   las     investigaciones        y      los

procedimientos          administrativos          sobre     querellas

iniciadas   por    consumidores,      o    por    el   Departamento.

Regla 3 del Reglamento Núm. 8034.

     En relación con las enmiendas a las querellas, la

Regla 16.1 del Reglamento Núm. 8034 establece que:

         El querellante podrá enmendar su querella
         en cualquier momento después de radicada,
         pero antes del término de veinte (20) días
         antes de la vista administrativa, si la
         enmienda a la querella se presenta dentro
         del término de veinte (20) días antes de la
         vista administrativa quedará a discreción
         del     Juez    Administrativo,     Oficial
         Examinador, Secretario o Panel de Jueces el
         aceptar o no la enmienda a la querella y de
         enmendarse la querella el Departamento
         notificará la querella enmendada a la parte
         querellada que tiene a su vez veinte (20)
         días para contestarla, si el querellante
         está representado por abogado, éste estará
         obligado a notificarla. La enmienda a la
         querella inicia nuevamente los términos
         para resolver la querella en el término
         establecido en la Ley Número 170 de 12 de
         agosto de 1988, según enmendada, Ley de
         Procedimiento Administrativo Uniforme.

     Por su parte, la Regla 16.2 del referido Reglamento

dispone que “[l]a querella podrá entenderse enmendada
KLRA20230053                                                     12

durante la vista administrativa para ajustarla a la

prueba   presentada;     excepto      en    casos   celebrados   en

rebeldía”. Regla 16.2 del Reglamento Núm. 8034.

                                -C-

      La Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, Ley de

Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq.,

dispone el ordenamiento jurídico sobre la gobernanza de

los   inmuebles       sujetos   al     régimen      de   propiedad

horizontal.        A este estatuto, le siguen la escritura

matriz y el reglamento del condominio de que se trate.

Con Tit. Centro Int’l Torre II v. PRCI, 210 DPR 403,

413-414 (2022).       La primacía del estatuto implica que

cualquier cláusula o regla claramente contraria a sus

disposiciones sería nula.        Íd., pág. 414; Brown III v.

J.D. Cond. Playa Grande, 154 DPR 225, 238-239 (2001).

Del mismo modo, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que

las disposiciones del estatuto especial son de carácter

mandatorio y no supletorio.        Con Tit. Centro Int’l Torre

II v. PRCI, supra; Condominio First Federal Savings v.

LSREF Island Holdings, 202 DPR 934, 940 (2019).

      De otro lado, es conocida la obligación de todo

titular de un apartamento de contribuir con los gastos

comunes para el adecuado         sostenimiento del inmueble

sometido al régimen de propiedad horizontal.             D.A.Co. v.

Cond. Castillo del Mar, 174 DPR 967, 973 (2008).                 El

Artículo 59 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1923d,

establece     la    obligatoriedad     de    los    condóminos   de

contribuir para cubrir los gastos de administración y

conservación.       Añade lo siguiente:

         Ningún titular podrá librarse de contribuir
         a tales gastos por renuncia al uso o
         disfrute de los elementos comunes, ni por
         abandono del apartamento que le pertenezca,
         ni por haber incoado una reclamación
KLRA202300533                                                         13

            administrativa o judicial contra el Consejo
            de Titulares o la Junta de Directores por
            asuntos relacionados con la administración
            o el mantenimiento de las áreas comunes,
            salvo que el tribunal o foro competente así
            la autorice. (Énfasis nuestro). Íd.

       De otra parte, los Artículos 65 y 66 de la Ley de

Condominios, así como la Regla 23 del Reglamento de

Condominios, Reglamento Núm. 9386 de 6 de junio de 2022,

conceden jurisdicción primaria y exclusiva al DACo para

conocer y adjudicar acciones de impugnación que radiquen

los titulares de un condominio en que haya al menos una

unidad      destinada    a   vivienda    contra      los     acuerdos,

omisiones, o actuaciones de la Junta de Directores, del

administrador interino, del presidente y el secretario,

concernientes a la administración del inmueble y su

escritura matriz y reglamento.            Ley Núm. 129-2020, 31

LPRA   secs.      1923j-1923k;    Reglamento        de    Condominios,

Reglamento Núm. 9386 de 6 de junio de 2022.

       Así pues, el Artículo 65 de la Ley de Condominios

establece que estos acuerdos, omisiones, o actuaciones

podrán      ser   impugnados     por    los    titulares      en     los

siguientes supuestos:

            a. cuando sean contrarios a esta Ley, la
            escritura   matriz   y   reglamento  del
            condominio;

            b. cuando resulten gravemente perjudiciales
            a los intereses de la comunidad o a un
            titular;

            c. cuando resulten gravemente perjudiciales
            para algún titular que no tenga obligación
            jurídica para soportarlo y no haya sido
            previsible al momento de la compra.    Art.
            65 de la Ley Núm. 129-2020, supra.

       En    lo   aquí   pertinente,    la    Ley    de    Condominios

establece unos requisitos para que los titulares de

unidades      residenciales    puedan    instar      su     acción    de

impugnación en el foro administrativo.               Al respecto, su
KLRA20230053                                                           14

Artículo 65 dispone que el titular deberá “demostrar que

no tiene ningún tipo de deuda con el Consejo de Titulares

[…]”.    Íd.      Establece, además, que será una excepción al

requisito de no deuda “cuando la impugnación sea para

cuestionar la deuda que alegadamente tiene”.                     Íd.   De

modo, que no se tiene que cumplir con el requisito de no

ser un titular deudor cuando lo que se impugna es la

deuda misma.

                                    III.

      En el caso de autos, el recurrente imputó al DACo

cuatro      señalamientos         de     error.       En    el    primer

señalamiento de error, el señor Rodríguez alega que el

DACo incidió al no permitirle enmendar su Querella para

reclamar       los    daños   que      surgieron   posteriores     a   su

presentación, como consecuencia del Huracán Fiona, y los

cuales están relacionados con los defectos reclamados.

      De otra parte, los siguientes tres señalamientos de

error, por estar relacionados entre sí, los discutiremos

en conjunto.         En síntesis, el recurrido plantea que erró

el   DACo    al      ordenarle    pagar    las    cuotas   alegadamente

adeudadas, sin la celebración de una vista evidenciaria,

violentando así el debido proceso de ley.

      De umbral, es menester recordar que las decisiones

administrativas están acompañadas de una presunción de

legalidad y corrección y la parte recurrente es quien

tiene la obligación de derrotarla.

      En el presente caso, el 15 de septiembre de 2021,

el recurrente presentó una Querella ante el DACo contra

la   Junta      de     Directores       del   Condominio    Torruella.

Mediante esta, solicitó como remedio el cese y desista

de la Junta de Directores por haber cortado el servicio

de energía eléctrica.            Sostuvo que, tuvo que reparar las
KLRA202300533                                                           15

tuberías comunales, ante la dejadez e irresponsabilidad

de la parte recurrida.           A su vez, alegó que la Junta de

Directores no ha querido acreditar los gastos incurridos

a su cuota de mantenimiento.

       De las determinaciones de hechos se desprende que,

el señor Rodríguez no enmendó la querella para incluir

alegaciones específicas sobre la deuda por concepto de

la    cuota   de    mantenimiento.          Por    el   contrario,      el

recurrente llegó a informar que era su intención pagar

el balance adeudado, condicionado a que se le acrediten

las    facturas      de    las    labores       realizadas     para    la

corrección de tuberías comunales.11

       A su vez, conforme surge del expediente, el Consejo

de Titulares reclamó en varias ocasiones una deuda por

concepto      de    cuotas,      póliza    de     seguro,     intereses,

penalidades y/o derramas, y finalmente le reclamaron al

recurrente la cantidad de $101,446.02.                  Como a su vez,

le    reclamaron     una   penalidad       por    la    reconexión     del

servicio de energía eléctrica de forma ilegal.                   Por tal

motivo, el DACo ordenó el pago de la totalidad de la

deuda, luego de haber citado a las partes a una vista

administrativa.

       El Artículo 59 de la Ley de Condominios, supra,

establece      la   obligatoriedad         de     los   titulares      del

condominio     a    contribuir      para    cubrir      los   gastos   de

administración y conservación.                  Añade que, “[n]ingún

titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por

renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes […]

ni por haber incoado una reclamación administrativa o

judicial contra el Consejo de Titulares o la Junta de

11 Véase, inciso número 15 de las determinaciones de hecho en la
Resolución emitida el 28 de septiembre de 2023 por el DACo.
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Directores      por     asuntos        relacionados       con      la

administración o el mantenimiento de las áreas comunes.”

       A su vez, el Artículo 65 de la precitada Ley,

establece    que   quien    pretenda    impugnar    una   acción    u

omisión de la Junta de Directores, del Administrador

Interino, del Agente Administrador o un acuerdo del

Consejo de Titulares tendrá que demostrar que no tiene

ningún tipo de deuda con el Consejo de Titulares.

      De otra parte, la Regla 16.1 del Reglamento de

Procedimiento Adjudicativos, supra, determina que para

poder enmendar una querella una vez radicada, tendrá

hasta veinte (20) días antes de la vista administrativa.

      Así las cosas, concluimos que el recurrente no

enmendó su querella dentro del término dispuesto en el

reglamento.        De   igual    forma,     el   señor    Rodríguez

reconoció que mantiene una deuda con el Consejo de

Titulares, y la cual dejó de pagar, hasta que no le

fueran acreditados los gastos incurridos.             Sin embargo,

el caso de autos no fue presentado para impugnar la deuda

y lo eximiera de la obligación continua a contribuir a

las   cuotas,   seguros     y   derramas,   según   establece      el

Artículo 59 de la Ley de Condominios, supra.               El señor

Rodríguez, como titular de una unidad en el Condominio

Torruella, tenía la obligación de mantenerse al día con

las cuotas de mantenimiento.

      En fin, concluimos que el dictamen recurrido es

correcto en derecho, ya que se ampara en prueba que obra

en    el   expediente      administrativo.         Así    pues,    el

recurrente no derrotó la presunción de corrección de la

determinación administrativa impugnada.

                                 IV.
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    Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la

Resolución emitida el 28 de septiembre de 2023 por el

Departamento de Asuntos del Consumidor.

    Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones