Court Opinion

ID: 9928574
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:26:24.440062+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:51.794863
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                                  PANEL XI

     LUZ N. VÉLEZ LUGO                               CERTIORARI
          Recurrida                                  procedente del
                                                     Tribunal de
                                                     Primera Instancia,
                v.                                   Sala Superior de
                                  KLCE202301253      Bayamón

    RICHARD M. STEARNS                               Caso número: D
        Peticionario                                 DI2019-0003

                                                  Sobre: RUPTURA
                                                  INRREPARABLE
                                                  DESESTIMACIÓN,
                                                  FALTA DE
                                                  JURISDICCIÓN
  Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
  Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

  Díaz Rivera, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

  En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2023.

        Comparece ante nos, Richard M. Stearns (peticionario) y nos

  solicita que revisemos una Resolución emitida el 20 de octubre de

  2023 y notificada el 23 de octubre de 2023, por el Tribunal de

  Primera Instancia (TPI), Sala de Menores y Relaciones de Familia de

  Bayamón. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar los

  planteamientos del peticionario sobre la controversia de jurisdicción

  sobre la materia y campo ocupado con relación al Parental

  Kidnapping Prevention Act (PKPA).

        Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

  expide el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

                                    I.

        El 4 de abril de 2019, el foro de instancia emitió una Sentencia

  de divorcio mediante la cual declaró roto y disuelto el matrimonio

  habido entre las partes. En la referida Sentencia, se le concedió a la

  recurrida la custodia monoparental de los tres (3) hijos de las partes

  y la patria potestad a ambos de manera compartida.

Número Identificador
SEN2023 _______________
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      Según surge del expediente ante nuestra consideración, la

parte peticionaria adujo que el 27 de agosto de 2023, Luz N. Vélez

Lugo (recurrida) se trasladó con los menores al estado de Nuevo

México por razón de su empleo con la agencia Federal de Manejo de

Emergencias (FEMA). Sostuvo que dicho traslado ocurrió con su

anuencia. Así las cosas, el peticionario indicó que el 12 de

septiembre de 2023, la recurrida viajó a Puerto Rico dejando a los

menores solos en el estado de Nuevo México. Manifestó que el 14 de

septiembre de 2023, advino en conocimiento de que los menores se

encontraban sin supervisión y se dirigió a Nuevo México a

recogerlos.

      Asimismo, el peticionario señaló que mientras estuvo en

Nuevo México ningún adulto llegó a velar por los menores y debido

a que no podía permanecer por más tiempo en el estado se vio en la

obligación de llevarse a los menores para su hogar en Indiana. Así,

arguyó que, ante la emergencia suscitada, el 23 de septiembre de

2023, presentó una petición de custodia de emergencia en la corte

del Condado de Hamilton en Indiana. Esbozó que, en respuesta al

recurso que instó en su estado de residencia, el 25 de septiembre de

2023, la recurrida presentó ante el TPI una Urgentísima Moción en

Solicitud de Orden Urgente. En esta, la parte recurrida solicitó la

intervención del foro de instancia debido a que el peticionario había

recogido a los menores y se los había llevado a su residencia en

Indiana sin su consentimiento.

      El 26 de septiembre de 2023, el foro recurrido emitió una

Orden mediante la cual le ordenó a la recurrida que aclarara la razón

por la cual los menores estaban en Nuevo México y cuál fue su

residencia por los pasados seis (6) meses. Además, el TPI le ordenó

al peticionario que devolviera a los menores salvo que existiera justa

causa. Posteriormente, la recurrida presentó una Moción en

Cumplimiento de Orden en la cual sostuvo que los menores se
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encontraban en Nuevo México porque ella se encontraba trabajando

para FEMA, que los menores llevaban residiendo en Vega Alta,

Puerto Rico por los pasados seis (6) meses y que habían llegado a

Nuevo México el 21 de agosto de 2023.

      Luego de varios incidentes procesales, el 6 de octubre de

2023, el peticionario presentó una Moción en Cumplimiento de

Orden. En la misma, trajo a la atención del foro de instancia la

controversia sobre la jurisdicción sobre la materia. Acentuó que

contrario a lo alegado por la recurrida, los menores no residen en

Puerto Rico ni tenían la intención de regresar a Puerto Rico. Así

pues, expresó que, desde el 10 de agosto de 2023, los menores

estaban matriculados en escuelas en el estado de Nuevo México y

que la recurrida se había mudado a dicho estado sin intención de

regresar a Puerto Rico. Oportunamente, el 12 de octubre de 2023,

el TPI celebró una Vista en la cual atendió el asunto sobre la

jurisdicción.

      Consecuentemente, el 12 de octubre de 2023, el TPI emitió

una Resolución reducida a escrito el 20 de octubre de 2023 y

notificada el 23 de octubre de 2023. Mediante dicho dictamen, el

foro de instancia reiteró su jurisdicción para atender los asuntos,

ordenó la entrega de los menores a la recurrida, autorizó que los

menores viajaran a Nuevo México con su madre y expresó que de

demostrarse que los menores han perdido su domicilio y residencia

en Puerto Rico, el Tribunal podría evaluar si amerita renunciar a su

jurisdicción.

      Inconforme con esa determinación, el 10 de noviembre de

2023, la parte peticionaria acudió ante nos mediante un recurso de

certiorari y señaló la comisión de los siguientes errores:

      PRIMER ERROR: Erró el TPI al determinar que tenía
      jurisdicción sobre la materia alegadamente al tener
      jurisdicción exclusiva y continúa conferida por el
      PKPA a pesar de que en su Resolución emitida surge
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      que ninguna de las partes reside en Puerto Rico y el
      propio PKPA establece que, si ninguna de las partes
      residen [sic] en Puerto Rico, dicho estado pierde
      jurisdicción.

      SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al determinar que la
      demandada sigue siendo domiciliada/residente de
      Puerto Rico fundamentado en el hecho de que la
      recurrida tiene un “deployment” de la agencia
      federal FEMA aun cuando la recurrida no es militar
      activo de las fuerzas armadas y más importante aún,
      esta indicó que recibió una oferta de trabajo.

      El 13 de noviembre de 2023, la parte peticionaria presentó

una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Ese mismo día, emitimos una

Resolución mediante la cual se le concedió a la parte recurrida diez

(10) días para que presentara su posición al recurso. El 22 de

noviembre de 2023, la parte recurrida presentó un Alegato en

Oposición a Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de todas

las partes, procedemos a resolver.

                              II.

   A. Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y

otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212

DPR ___ (2023). Véase, además, Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205

DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). En particular, es un recurso mediante el cual se solicita la

corrección de un error cometido por un foro inferior. Torres González

v. Zaragoza Meléndez, supra. Así pues, la determinación de expedir

o denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción

judicial. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, supra. No obstante, la

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari solicitado

no ocurre en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Torres

González v. Zaragoza Meléndez, supra.
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      A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V) limita la autoridad de este Tribunal de Apelaciones para

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias que dictan los

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del

certiorari. Véase, Scotiabank of PR v. ZAF Corp., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). En lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria,

supra, dispone que:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
      solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
      cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
      56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
      en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la justicia, al denegar
      la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el
      Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
      decisión.

      Si ninguno de esos elementos está presente en la petición ante

la consideración del Tribunal, procede abstenerse de expedir el auto,

de manera que se continúen los procedimientos del caso, sin mayor

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación,

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News,

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR

729, 745 (1986).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considerar al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. En

lo pertinente, la precitada disposición reglamentaria dispone lo

siguiente:
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       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios
       al determinar la expedición de un auto de certiorari, o de una
       orden de mostrar causa:

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a
            diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con

cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora      bien,   el   Tribunal   Supremo        de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio    de    la     discreción   judicial   está        “inexorable       e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, un tribunal

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de

un tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por

este último sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v.

Rivera Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg,

173 DPR 843 (2008).
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   B. Jurisdicción

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para considerar y decidir casos o controversias con efecto

vinculante para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco,

211 DPR 135 (2023). Así pues, la falta de jurisdicción de un tribunal

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una

controversia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374

(2020).

      Así, los tribunales no tenemos discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109

DPR 839, 842 (1980). Pues, la ausencia de jurisdicción puede

conllevar la nulidad de los dictámenes emitidos. Allied Mgmt. Group,

Inc. v. Oriental Bank, supra. En efecto, la falta de jurisdicción no

puede ser subsanada, ni podemos arrogarnos la jurisdicción que no

tenemos. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).

Incluso, aunque las partes no lo planteen, estamos obligados a velar

por nuestra jurisdicción. Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601

(1997). Por lo cual, es norma reiterada que las cuestiones

jurisdiccionales son de índole privilegiada y deben ser resueltas con

preferencia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.

   C. Parental Kidnapping Prevention Act

      El Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), 28 USCA sec.

1738 A (a), es un estatuto federal que procura facilitar la ejecución

de los decretos judiciales estatales relacionados a custodia y

derechos de visita, así como prevenir la competencia y el conflicto

interjurisdiccional. Colón Vega v. Díaz Lebrón, 211 DPR 548 (2023).

Véase, además, Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319 (2018).

Consecuentemente, los tribunales de los estados están obligados a

dar entera fe y crédito a los dictámenes de custodia que emiten sus

equivalentes. Colón Vega v. Díaz Lebrón, supra. Así pues, como regla
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general no pueden modificar un dictamen de custodia que emitió

otro estado de forma compatible con la ley. Íd. Véase, además,

Collazo Dragoni v. Noceda González, 198 DPR 476 (2017); 28 U.S.C.

sec. 1738A (a).

      En cambio, el inciso (b) del PKPA define estado de residencia

como el estado donde el menor ha residido por seis (6) meses

consecutivos      antes   de   la   fecha   en   que   comenzaron   los

procedimientos de custodia. Collazo Dragoni v. Noceda González,

supra. Véase, además, 28 U.S.C. sec. 1738A (b) (8). Asimismo,

nuestro máximo Foro ha establecido que, para determinar si un

dictamen de custodia emitido es consistente con la ley, de modo que

aplique la prohibición del inciso (a), el inciso (c) establece que se

examinará: (1) si el tribunal que lo emitió tenía jurisdicción bajo las

leyes de su estado, y (2) si se cumplieron con una de varias bases

jurisdiccionales. Collazo Dragoni v. Noceda González, supra. Véase,

además, 28 U.S.C. sec. 1738A (c). Estas bases jurisdiccionales, que

tienen un orden preferencial, son: (A) jurisdicción del estado de

residencia del menor; (B) jurisdicción por contactos significativos

con el foro; (C) jurisdicción para situaciones en las que el menor fue

abandonado o se encuentra en estado de emergencia; (D)

jurisdicción cuando no existe otro estado con jurisdicción o ha

declinado ejercerla, o (E) jurisdicción continua. Íd.

      Por otra parte, el inciso (d) del PKPA establece que el estado

que haya emitido el decreto original de custodia conserva

jurisdicción continua sobre el asunto para hacer valer y revisar su

determinación original. 28 U.S.C. sec. 1738A (d). Véase, además,

Collazo Dragoni v. Noceda González, supra. Para conservar la

jurisdicción se deben cumplir los siguientes requisitos: (1) que el

decreto original de custodia sea compatible con las disposiciones del

PKPA; (2) que el foro original mantenga jurisdicción bajo sus propias

leyes, y (3) que dicho foro continúe siendo el estado de residencia
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del menor o al menos de una de las partes. Íd. Una vez establecida

la jurisdicción continua, la misma prevalece sobre cualquier otra

base jurisdiccional. Íd.

      Mientras, el inciso (e) establece otro requisito para la validez

de los decretos de custodia: notificación adecuada a los padres y

oportunidad de ser oídos previo a la determinación. 28 U.S.C. sec.

1738A (e). Así, como excepción al inciso (d), el inciso (f) reconoce a

los tribunales la autoridad para modificar una determinación de

custodia emitida originalmente por otro estado, si: (1) el estado que

pretende modificar el decreto ostenta jurisdicción, y (2) el foro

original perdió su jurisdicción para modificar el decreto o renunció

a ella. 28 U.S.C. sec. 1738A (f). Además, el inciso (g) previene los

conflictos interjurisdiccionales al prohibirle a los tribunales ejercer

jurisdicción si otro tribunal ejerció jurisdicción conforme a la ley.

Collazo Dragoni v. Noceda González, supra. Véase, además, 28

U.S.C. sec. 1738A (g). Por último, el inciso (h) prohíbe modificar el

decreto inicial a menos que el tribunal inicial haya perdido o

renunciado su jurisdicción. 28 U.S.C. sec. 1738A (h).

      De otro lado, nuestro ordenamiento jurídico establece que los

tribunales de Puerto Rico poseen jurisdicción para atender los casos

de custodia en cualquiera de las siguientes situaciones: (1) cuando

se posee jurisdicción in personam sobre todos los litigantes o aun

sobre una sola de las partes; (2) cuando el menor está domiciliado

en Puerto Rico; (3) cuando el menor está físicamente presente o tiene

su residencia habitual en Puerto Rico; y, (4) cuando el menor es

ciudadano o nacional de Puerto Rico. Collazo Dragoni v. Noceda

González, supra, citando a Marrero Reyes v. García Ramírez, 105

DPR 90 (1976). Así pues, a pesar de que una sentencia de custodia

es válida si se cumplen los requisitos jurisdiccionales, el PKPA

impone una preferencia por el estado de residencia del menor para
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que la sentencia goce de entera fe y crédito en los demás estados.

Ortega v. Morales, 131 DPR 783 (1992).

      No obstante, lo anterior, en Santiago v. Setongo Kabuka, 166

DPR 526, 536 (2005), nuestro máximo Foro estableció que,

      [S]i bien el PKPA da preferencia al estado de residencia del
      menor sobre cualquier otra jurisdicción, la ley confiere
      jurisdicción continua al estado o foro que haya emitido un
      decreto original de custodia para que haga valer o revise sus
      determinaciones originales. 28 U.S.C.A. sec. 1738A (d). Debe
      entenderse que ante la existencia de un decreto original
      que se ajuste a las disposiciones del estatuto, la
      jurisdicción continua es el criterio principal, aun cuando
      esta no sea la jurisdicción de residencia del menor.
      (Énfasis en el original).

   D. Abuso de discreción

      Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, los tribunales

apelativos no interferirán con las facultades discrecionales de los

foros primarios, exceptuando aquellas circunstancias en las que se

demuestre que estos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2)

incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocaron en

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto

Rico, Inc. y otros, supra; Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210

DPR 465 (2022). Por lo cual, se requiere que nuestra intervención

en esta etapa evite un perjuicio sustancial. Rivera Gómez y otros v.

Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

      En lo pertinente, nuestro máximo Foro ha definido la

discreción judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra.

Véase, además, Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR

651, 657-658 (1997). Así pues, el ejercicio de este discernimiento se

encuentra    estrechamente      relacionado    con    el   concepto   de

razonabilidad. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. Conforme a lo anterior, la discreción no implica
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que los tribunales puedan actuar de una forma u otra en

abstracción del resto del derecho. Íd. Véase, además, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).

      Asimismo, se ha señalado que un tribunal abusa de su

discreción:

      cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que
      emite, sin fundamento para ello, un hecho material
      importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez,
      por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno,
      concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en este, o cuando, no
      obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos
      materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez
      los sopesa y calibra livianamente. Rivera Gómez y otros v.
      Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; SLG Zapata-
      Rivera v. J.F. Montalvo, supra.

                               III.

      Tomando en consideración que los señalamientos de error

están estrechamente relacionados entre sí, procederemos a

discutirlos de forma conjunta. Veamos.

      En el recurso que nos ocupa, el peticionario plantea como

primer señalamiento de error que, incidió el foro de instancia al

determinar que tenía jurisdicción sobre la materia alegadamente al

tener jurisdicción exclusiva y continúa conferida por el PKPA, a

pesar de que en la Resolución emitida surge que ninguna de las

partes reside en Puerto Rico y que el propio PKPA establece que si

ninguna de las partes reside en Puerto Rico dicho estado pierde

jurisdicción. Además, como segundo señalamiento de error, sostiene

que erró el TPI al determinar que la demandada sigue siendo

domiciliada/residente de Puerto Rico fundamentado en el hecho de

que la recurrida tiene un deployment de la agencia federal FEMA

aun cuando la recurrida no es militar activo de las fuerzas armadas

y más importante aún, esta indicó que recibió una oferta de trabajo.

      En cambio, la recurrida señaló que es el foro de instancia

quien tiene y mantiene jurisdicción conforme al PKPA. Indicó,
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además, que el decreto original de custodia lo ostenta el foro

recurrido, pues su intención es permanecer en Puerto Rico. Así

pues, arguyó que los menores han estado domiciliados y residiendo

en Puerto Rico durante los seis (6) meses antes de que iniciaran los

procedimientos de custodia. Añadió que, el Tribunal de Indiana

declaró no ha lugar la petición de custodia de emergencia y les

reconoció jurisdicción a los tribunales de Puerto Rico.

      En el caso ante nos, el 4 de abril de 2019, se le concedió a la

recurrida la custodia monoparental de los tres (3) hijos de las partes

y la patria potestad a ambos de manera compartida. Posteriormente,

la recurrida se trasladó con los menores al estado de Nuevo México

por razón de su empleo con FEMA. Luego de que el peticionario

adviniera en conocimiento de que la parte recurrida dejó a los

menores en Nuevo México para viajar a Puerto Rico de emergencia,

este viajó a dicho Estado y se llevó a los menores para su hogar en

Indiana. Consecuentemente, el peticionario presentó una petición

de custodia de emergencia en la corte del Condado de Hamilton en

Indiana.

      Así las cosas, la recurrida presentó ante el TPI un escrito

mediante el cual solicitó la intervención del foro de instancia debido

a que el peticionario había recogido a los menores y se los había

llevado a su residencia en Indiana sin su consentimiento. Luego de

varios trámites procesales, el foro de instancia reiteró su jurisdicción

para atender los asuntos, ordenó la entrega de los menores a la

recurrida, autorizó que los menores viajaran a Nuevo México con su

madre y expresó que de demostrarse que los menores han perdido

su domicilio y residencia en Puerto Rico, el Tribunal podría evaluar

si amerita renunciar a su jurisdicción.

      Según el derecho que antecede, el PKPA procura facilitar la

ejecución de los decretos judiciales estatales relacionados a custodia

y derechos de visita, así como prevenir la competencia y el conflicto
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interjurisdiccional.        Colón    Vega   v.   Díaz    Lebrón,   supra.

Consecuentemente, los tribunales de los estados están obligados a

dar entera fe y crédito a los dictámenes de custodia que emiten sus

equivalentes. Íd. Así pues, como regla general no pueden modificar

un dictamen de custodia que emitió otro estado de forma compatible

con la ley. Íd.

      Así pues, las disposiciones del PKPA aplican ante un conflicto

interjurisdiccional, es decir, cuando se solicita que un tribunal

modifique el decreto de custodia emitido por otro estado. Collazo

Dragoni v. Noceda González, supra. En el caso de epígrafe, el

peticionario solicitó la custodia de emergencia de los menores en la

corte del Condado de Hamilton en Indiana. Consecuentemente,

manifestó que el TPI no tiene jurisdicción sobre la materia, pues

ninguna de las partes reside en Puerto Rico y el propio PKPA

establece que si ninguna de las partes reside en Puerto Rico dicho

estado pierde jurisdicción. No le asiste la razón.

      En primer lugar, es menester aclarar que el inciso (b) del PKPA

define estado de residencia como el estado donde el menor ha

residido por seis (6) meses consecutivos antes de la fecha en que

comenzaron los procedimientos de custodia. Collazo Dragoni v.

Noceda González, supra. En el caso que aquí nos ocupa, al momento

en que comenzaron los procedimientos de custodia los menores no

habían residido por seis (6) meses consecutivos en el estado de

Nuevo México.

      Además, surge de la Resolución recurrida que de la prueba

presentada en la Vista el foro de instancia consideró que el traslado

a Nuevo México es un deployment. Por lo tanto, tomando en

consideración que fue la Juez de instancia quien realizó la

apreciación       de   la   prueba    relacionada   al   deployment,   no

intervendremos con su apreciación. Así, no hay evidencia en el
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expediente ni se presentó transcripción de la Vista que nos ponga

en posición de variar las determinaciones emitidas por el foro de

instancia.

      En segundo lugar, en este caso los tribunales de Puerto Rico

tienen jurisdicción continua conforme con las disposiciones del

PKPA, debido a que: (1) el decreto de custodia original emitido el 4

de abril de 2019, fue compatible con las disposiciones de la ley; (2)

los tribunales de Puerto Rico tenían jurisdicción bajo nuestro

ordenamiento jurídico, y (3) Puerto Rico sigue siendo el estado de

residencia de una de las partes, la recurrida y los menores. Véase,

Collazo Dragoni v. Noceda González, supra; Santiago v. Setongo

Kabuka, supra. Así pues, el estado que haya emitido el decreto

original de custodia conserva jurisdicción continua sobre el asunto

para hacer valer y revisar su determinación original. 28 U.S.C. sec.

1738A (d); Collazo Dragoni v. Noceda González, supra. Una vez

establecida la jurisdicción continua, la misma prevalece sobre

cualquier otra base jurisdiccional. Íd.

      Finalmente, reiteramos lo resuelto por el Tribunal Supremo

de Puerto Rico en Santiago v. Setongo Kabuka, supra:

      [S]i bien el PKPA da preferencia al estado de residencia del
      menor sobre cualquier otra jurisdicción, la ley confiere
      jurisdicción continua al estado o foro que haya emitido un
      decreto original de custodia para que haga valer o revise sus
      determinaciones originales. 28 U.S.C.A. sec. 1738A (d). Debe
      entenderse que ante la existencia de un decreto original
      que se ajuste a las disposiciones del estatuto, la
      jurisdicción continua es el criterio principal, aun cuando
      esta no sea la jurisdicción de residencia del menor.
      (Énfasis en el original).

      En conclusión, a la luz del PKPA y ante la existencia de un

decreto original de custodia, son los tribunales de Puerto Rico

quienes ostentan jurisdicción continua sobre la materia.

                               IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, los que se hacen formar

parte del presente dictamen, se expide el auto de certiorari y se

confirma la Resolución recurrida.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones