Court Opinion

ID: 9952435
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:52:42.676134+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:16.147079
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                        TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

HÉCTOR RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ                              Certiorari
                                                       procedente del
         Peticionario                                  Tribunal de
                                                       Primera
                                                       Instancia, Sala
              v.                KLCE202301415          Superior de
                                                       Mayagüez

JUAN M. COLÓN RIVERA Y
OTROS                                                  Caso Núm.
                                                       MZ2021CV00119
          Recurrido

                                                       Sobre:
                                                       Persecución
                                                       Maliciosa

Panel integrado por su presidente, el Juez                 Bonilla   Ortiz,
el Juez Pagán Ocasio y la Juez Santiago Calderón2

Pagán Ocasio, juez ponente

                           R E SO L U C I Ó N

        En San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2024.

                                     I.

        El 13 de diciembre de 2023, el señor Héctor Rodríguez

Blázquez (señor Rodríguez Blázquez o peticionario) presentó una

Petición de Certiorari en la que solicitó que revoquemos una

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Mayagüez (TPI o foro primario) el 20 de octubre de

2023, notificada y archivada en autos ese mismo día.3 En el

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud del peticionario

para enmendar la Demanda por persecución maliciosa y difamación

que promueve en contra del señor Juan M. Colón Rivera, su esposa

la señora Nydia E. Irizarry Martínez y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos; el señor Roberto Vázquez

1 OAJP-2021-086 del 4 de noviembre de 2021.
2 Mediante Orden Administrativa OATA-2023-221, se designa a la Juez Santiago

Calderón en sustitución de la Jueza Birriel Cardona, quien dejó de ejercer
funciones como Jueza del Tribunal de Apelaciones.
3 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 979-982.

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202301415                                                       2

Ramos, su esposa la señora Irma Rivera Ramos y la Sociedad Legal

de Gananciales compuesta por ambos; el señor Javier Colón Irizarry

(señor Colón Irizarry), el señor Luis Muñiz Colón; Caribbean

Urocentre, CSP; Advanced Urology Group, LLC (Advanced Urology

Group); y West Urology Group, PSC (en conjunto, recurridos). A

juicio del foro primario, la enmienda causaría perjuicio a los

recurridos.

      Ese mismo día, el señor Rodríguez Blázquez radicó una Moción

informativa sobre notificaciones en la que informó que notificó el

recurso a las partes por correo certificado y correo electrónico.

      El 18 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la

que le concedimos a los recurridos un término de diez (10) días para

expresar su posición en cuanto a los méritos del recurso.

      El 26 de diciembre de 2023, el señor Colón Irizarry y Advanced

Urology Group presentaron una Solicitud de prórroga para presentar

oposición a expedición de Certiorari e informativa de cierre en la que

solicitaron una prórroga de veinte (20) días, entre otras cosas.

      El 27 de diciembre de 2023, el señor Roberto Vázquez Ramos,

la señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor

Juan Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology

Group PSC y Caribbean Urocentre, CSP radicaron una Oposición a

solicitud de petición de certiorari en la que argumentaron a favor de

la denegatoria de la expedición del auto solicitado o, en la

alternativa, de la confirmación de la determinación recurrida.

      El 12 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que le

concedimos al señor Colón Irizarry y Advanced Urology Group un

término final hasta el 19 de enero de 2024 para exponer su posición.

      El 19 de enero de 2024, el señor Colón Irizarry y Advanced

Urology Group presentaron una moción para adoptar por referencia

el escrito en oposición presentado el 27 de diciembre de 2023 por

los demás recurridos de epígrafe.
KLCE202301415                                                                    3

       Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes,

pormenorizaremos brevemente los hechos procesales atinentes a la

petición de Certiorari.

                                       II.

       El 29 de enero de 2021, el señor Rodríguez Blázquez presentó

una Demanda en reclamo de daños y perjuicios por persecución

maliciosa y difamación en contra de los recurridos.4 En resumen, el

peticionario les imputó haber promovido una demanda en la Corte

Federal para el Distrito de Puerto Rico por prácticas monopolísticas

con alegaciones falsas de que rindió servicios médicos inferiores, así

como haber acudido a los medios de comunicación para repetir los

supuestos      alegatos   infundados.        Por   todo     ello,    solicitó   una

indemnización de dos partidas de no menos de quinientos mil

dólares ($500,000) cada una por los daños resultantes de la

persecución maliciosa y por la difamación, respectivamente.

       El 19 y 27 de abril de 2021, los recurridos radicaron sus

contestaciones a la Demanda.5

       Luego de múltiples trámites procesales, los cuales incluyeron

el comienzo del descubrimiento de prueba escrito y la toma de

deposiciones, el 11 de septiembre de 2023, el señor Rodríguez

Blázquez presentó una Solicitud de permiso para enmendar la

Demanda en la que solicitó que se autorizara la presentación de una

Demanda Enmendada en la que cambió la identificación de los

recurridos      como    “los     urólogos    del   oeste”    y      añadió   varias

alegaciones.6 En específico, el recurrido solicitó añadir lo siguiente

a las alegaciones, según resumió en su petición de Certiorari:

       1. Para el periodo entre el 2015 al 2018, al Plan de Salud
          del Gobierno ("PSG") se le conocía como Mi Salud. La isla
          estaba dividida en ocho (8) regiones geográficas. Por
          diseño del modelo del PSG, Triple-S Salud, Inc., ("Triple-
          S") advino a ser la aseguradora a cargo de la Región
          Oeste.

4 Íd., págs. 1-11.
5 Íd., págs. 93-103 y 110-117.
6 Íd., págs. 907-924.
KLCE202301415                                                           4

       2. Cuando Triple-S asumió la administración de la Región
          Oeste, llevó a cabo un proceso para recibir propuestas
          para la provisión de servicios urológicos en el área oeste.
          El demandante Dr. Rodríguez sometió propuesta a través
          de una corporación suya de nombre Urologist, LLC. Los
          demandados "urólogos del oeste" sometieron su
          propuesta a través de una entidad de la cual todos,
          excepto Juan Colón, son miembros de nombre Puerto
          Rico Urology Group ("PRUG").
       3. De ambas propuestas Triple-S escogió la del Dr.
          Rodríguez y rechazó la de los demandados "urólogos del
          oeste".
       4. Todas las alegaciones de la Demanda en el Tribunal
          Federal siempre fueron falsas y carentes de fundamentos,
          como eventualmente determinó el propio Tribunal
          Federal al desestimar la Demanda en su totalidad. Así
          quedó confirmado por el Tribunal de Apelaciones para el
          Primer Circuito, al confirmar la desestimación en contra
          de MSO of Puerto Rico, LLC mediante opinión de 8 de
          diciembre de 2022. Con respecto a las alegaciones que
          involucraban a Triple-S, el Tribunal de Apelaciones para
          el Primer Circuito revocó y devolvió para que se lleve a
          cabo descubrimiento de prueba.
       5. Ante el Tribunal Federal los aquí demandados "urólogos
          del oeste" nunca hicieron un esfuerzo por sustentar y
          someter la evidencia que sostuviera sus imputaciones en
          cuanto a la alegada conspiración entre el Dr. Rodríguez y
          MSO of Puerto Rico, LLC. En cuanto a las alegaciones de
          la conspiración entre el Dr. Rodríguez y Triple-S, los
          demandados "urólogos del oeste" no han presentado un
          ápice de prueba que corrobore sus alegaciones en contra
          del Dr. Rodríguez.
       6. Estas actuaciones fueron motivadas por que la propuesta
          del Dr. Rodríguez fue seleccionada por Triple-S para la
          prestación de servicios urológicos a los beneficiarios del
          PSG de la Región Oeste en donde están los "urólogos del
          oeste".
       7. El 15 de diciembre de 2020, mediante Resolución y Orden
          el Tribunal desestimó la Demanda en el Tribunal Federal
          en su totalidad. Así quedó confirmado por el Tribunal de
          Apelaciones para el Primer Circuito, al confirmar la
          desestimación en contra de MSO of Puerto Rico, LLC
          mediante opinión de 8 de diciembre de 2022. Con
          respecto a las alegaciones que involucraban a Triple-S. el
          Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito revocó y
          devolvió para que se lleve a cabo descubrimiento de
          prueba.
       8. En cuanto a las alegaciones de la conspiración entre el
          Dr. Rodríguez y Triple-S, los demandados "urólogos del
          oeste" no han presentado un ápice de prueba que
          corrobore sus alegaciones en contra del Dr. Rodríguez.

       Ese mismo día, el peticionario radicó una Solicitud de

recusación o inhibición del Honorable Juez Superior Tomás E. Báez

Collado en la que solicitó que el juez que presidía el caso se inhibiera

o fuera recusado por alegada parcialidad a favor de los recurridos.7

Esta petición fue denegada por el TPI en una Resolución del 17 de

7 Íd., págs. 885-906.
KLCE202301415                                                      5

octubre de 2023, la cual fue objeto de impugnación por el

peticionario en el KLCE202301416.

       El 15 de septiembre de 2023, los recurridos radicaron una

Moción en oposición a solicitud de Demanda Enmendada en la que

solicitaron al TPI que denegara la enmienda de la Demanda.8 En

suma, alegaron que el peticionario intentó dilatar los procesos y

pretendió hacer alegaciones que no planteaban hechos nuevos

respecto a las causas de acción de la reclamación.

       El 19 de septiembre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez

presentó una Réplica a Oposición a Demanda Enmendada en la que

reiteró su solicitud al TPI de que autorizara la Demanda

Enmendada.9

       El 20 de octubre de 2023, el TPI emitió la Resolución y Orden

recurrida en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de enmendar la

Demanda promovida por el peticionario, entre otras cosas.10 El foro

primario concluyó que: (1) la enmienda le ocasionaría perjuicio a los

recurridos, provocándole gastos innecesarios a la parte contraria al

comenzar nuevamente el procedimiento de contestación de la

demanda y el descubrimiento de prueba; (2) el peticionario no

convenció ni puso en posición al Tribunal para conceder la

enmienda; (3) varias de las enmiendas eran alegaciones nuevas en

contra de los recurridos que en nada incidían en las causas de

acción por persecución maliciosa o difamación; y (4) la demora de

dos años y nueve meses en presentar la Demanda Enmendada sin

aducir razón alguna que lo justificara constituía dilación de los

procedimientos.

       El 30 de octubre de 2023, el señor Rodríguez Blázquez radicó

una Moción de reconsideración sobre la denegatoria de la Demanda

8 Íd., págs. 938-942.
9 Íd., págs. 961-965.
10 Íd., págs. 979-982.
KLCE202301415                                                       6

Enmendada en la que le solicitó al TPI que reevaluara su

determinación.11

         El 15 de noviembre de 2023, el TPI emitió una Resolución en

la que denegó la reconsideración de la denegatoria a la enmienda de

la Demanda.12

         Inconforme, el señor Rodríguez Blázquez instó la Petición de

Certiorari de epígrafe y le imputó al TPI la comisión del siguiente

error:

         ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA DEMANDA ENMENDADA DE
         LA PARTE DEMANDANTE, A PESAR DE ESTA NO CAMBIAR
         LA NATURALEZA DEL CASO, NO OBLIGAR A LOS
         DEMANDADOS A INCURRIR EN GASTOS Y NO ALTERAR LA
         ESTRATEGIA DEL CASO, ABUSANDO DE SU DISCRECIÓN
         E INCURRIENDO EN UN FRACASO A LA JUSTICIA

         Según arguyó, procesalmente, esta Curia posee jurisdicción

para atender el recurso y, en los méritos, la Demanda Enmendada

no representaría perjuicio alguno a los recurridos, no cambiaría la

naturaleza ni la estrategia del caso y no obligaría a los recurridos a

incurrir en gastos. Es su posición que la enmienda de la demanda,

presentada previo a la Conferencia con Antelación a Juicio,

únicamente buscaba conformar las alegaciones a la información que

surgió de las deposiciones tomadas en junio de 2023. Asimismo,

planteó que la determinación del TPI era contradictoria porque

concluyó      que    las   enmiendas   propuestas   eran   alegaciones

parafraseadas que no aportaban nada nuevo y, a la misma vez,

coligió que representarían perjuicio a los recurridos. En contrario,

adujo que las enmiendas se limitaron a identificar a los recurridos

por el nombre que eran conocidos en el área oeste de la Isla y añadir

ciertas alegaciones para expandir las originales.

         El 27 de diciembre de 2023, el señor Roberto Vázquez Ramos,

la señora Irma Rivera Ramos, el señor Luis Muñiz Colón, el señor

Juan Colón Rivera, la señora Nydia Irizarry Martínez, West Urology

11 Íd., págs. 995-1001.
12 Íd., pág. 1021.
KLCE202301415                                                       7

Group, PSC y Caribbean Urocentre, CSP presentaron una Oposición

a solicitud de petición de certiorari en la que solicitaron que

declaremos No Ha Lugar la Petición de Certiorari o, en la alternativa,

que confirmemos la Resolución y Orden recurrida. En síntesis,

argumentaron que enmendar la Demanda en esta etapa procesal del

caso les causaría perjuicio a los recurridos porque ocasionaría que

tuvieran que contestar la demanda nuevamente y se prestaría para

reabrir el descubrimiento de prueba. Asimismo, plantearon que las

enmiendas propuestas eran innecesarias y no debían permitirse,

toda vez que no aportaban nuevos alegatos o hechos ciertos,

concretos o evidentes sobre difamación o persecución maliciosa.

Según puntualizaron, el propio peticionario admitió que no existían

cambios sustanciales en la Demanda Enmendada. Todavía más,

alegaron que el peticionario no demostró que, al impedir las

enmiendas, el TPI causó un fracaso irremediable de la justicia o

actuó con perjuicio o parcialidad, o en abuso de su discreción.

      El 19 de enero de 2024, el señor Colón Irizarry y Advanced

Urology Group LLC radicaron una moción en la que se unieron por

referencia a la oposición de los demás recurridos.

                                 III.

      El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que

permite   a   un   tribunal    de   mayor    jerarquía   revisar   las

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).
KLCE202301415                                                                   8

        La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1,13 establece las instancias en

las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de

certiorari sobre materia civil. Scotiabank v. ZAF Corporation, et

als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso

de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703 (2019). Nuestro rol al atender recursos

de certiorari descansa en la premisa de que es el foro de instancia

quien     está    en   mejor     posición     para     resolver    controversias

interlocutorias, o de manejo del caso, y en la cautela que debemos

ejercer para no interrumpir injustificadamente el curso corriente de

los pleitos que se ventilan ante ese foro. Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).

        Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que

13 Esta Regla dispone que:

        [….]
                El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
        interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
        solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se
        recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la
        denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y
        por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
        Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias
        dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
        decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos
        esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic),
        anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos
        que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
        esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
        justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
        estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar
        su decisión.

                Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida
        por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el
        recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto
        a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.
        (Énfasis nuestro).
KLCE202301415                                                                  9

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir

y adjudicar en sus méritos el caso.

       Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los

criterios que debemos tomar en consideración al atender una

solicitud de expedición de un auto de certiorari.14

       Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez,

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”. Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare

LLC, supra, pág. 729. Lo anterior “no significa poder actuar en una

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Hietel v.

PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176

14 Esta Regla dispone lo siguiente:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al
       determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden
       de mostrar causa:
         (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
         diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
         (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para
         el análisis del problema.
         (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto
         en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera
         Instancia.
         (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la
         luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de
         alegatos más elaborados.
         (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la
         más propicia para su consideración.
         (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
         causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación
         indeseable en la solución final del litigio.
         (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita
         un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro).
KLCE202301415                                                          10

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91

(2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651,

658 (1997). Ello, ciertamente, constituiría un abuso de discreción.

      En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v.

ACBI et al., supra, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 736.

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR

689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                   IV.

      Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la Petición de

Certiorari, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio,

no   atisbamos motivo o error alguno que amerite                nuestra

intervención. No intervendremos con el manejo del caso que ha

establecido   el   TPI.   La   determinación   del   foro   primario   es

esencialmente correcta en derecho.
KLCE202301415                                                       11

                                 V.

      Por las razones esbozadas, se deniega la expedición del auto

de certiorari.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones