Court Opinion

ID: 9952389
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:47:46.856145+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:07.149178
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

                                                          Certiorari
  EL PUEBLO DE PUERTO                                     procedente del
          RICO                                            Tribunal de
        Recurrido                                         Primera Instancia,
                                                          Sala de Caguas
                v.
                                    KLCE202400052 Caso Número:
                                                  E MI2023-0252
    SANTOS RODRIGUEZ
          ALSINA                                          Sobre:
        Peticionario                                      Regla 240

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                                  RESOLUCIÓN

        En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2024.

        Comparece el señor Santos Rodríguez Alsina (Sr. Rodríguez

Alsina o peticionario) y nos solicita la revocación de dos Resoluciones

notificadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas

(TPI o foro primario) el 15 de diciembre de 2023 y el 11 de enero de

2024,    respectivamente.1         Mediante    los     referidos   dictámenes

interlocutorios,     el    foro   primario    denegó    dos   solicitudes   de

descubrimiento de informe pericial y notas del perito del Tribunal,

relacionadas a los asuntos dispuestos en la Regla 240 de las Reglas

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 240. Veamos.

                                       I.

        Contra el peticionario se presentó una denuncia por la

alegada infracción al Artículo 4(b) de la Ley Núm. 284-1999, Ley

Contra el Acecho en Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4014. Celebrada la

vista preliminar y conforme dispone la Regla 240, supra, el Sr.

Rodríguez Alsina fue referido el 23 de octubre de 2023 para la

1 Apéndice, págs. 2 y 3.

Número Identificador:

RES2024________
KLCE202400052                                                          2

evaluación del perito siquiatra nombrado por el TPI, Dr. William

Lugo Sánchez. Ello, a los fines de determinar su capacidad o

incapacidad mental para encarar el proceso judicial, en preparación

para la vista de procesabilidad señalada para el 18 de diciembre de

2023.

        Del expediente surge que, el 30 de noviembre de 2023, el

peticionario instó una Urgente moción solicitando remedios en el

trámite al amparo de la Regla 240 de las de Procedimiento Criminal.2

Allí, solicitó la entrega de la evaluación, informe y notas “que

redacte” el Dr. Lugo Sánchez. En reacción, el Ministerio Público

expuso que sirve a los mejores propósitos y fines de la justicia que

ambas partes tengan acceso al informe pericial que en su día pueda

rendir el perito.3 Sin embargo, objetó la entrega de las notas del Dr.

Lugo Sánchez por considerarlas “work product”, presuntamente

protegidas por la norma jurisprudencial estatutaria de Ades v.

Zalman, 115 DPR 514 (1984). Evaluado lo anterior, el TPI emitió la

Resolución de 15 de diciembre de 2023 en la cual declaró no ha lugar

la referida moción.

        Llegado el día de la vista de procesabilidad, el perito, Dr. Lugo

Sánchez, informó al tribunal, en corte abierta, que no había

evaluado al peticionario. En su consecuencia, mediante una

Resolución y Orden4 emitida el 18 de diciembre de 2023, el TPI hizo

constar “[e]l acusado de epígrafe no fue puesto a disposición para

ser evaluado y el Dr. Lugo estaba listo para rendir su informe

verbal.”5 (Énfasis en el original.) Cónsono con lo anterior, señaló la

evaluación del imputado para el 24 de enero de 2024 y re-señaló la

vista de procesabilidad para el 29 de enero de 2024.

2 Apéndice, págs. 4-5.
3 Apéndice, págs. 6-7.
4 Apéndice, pág. 10.
5 Íd.
KLCE202400052                                                                    3

         Insatisfecho, el 9 de enero de 2024, el peticionario suplicó al

foro primario que emitiera una orden al Dr. Lugo Sánchez para

“preparar” un informe sobre la evaluación que realice al Sr.

Rodríguez Alsina y que lo entregue oportunamente a la defensa y al

Ministerio Público.6 No surge del apéndice ante nos que, el

Ministerio Público haya presentado algún escrito en reacción a lo

anterior.      No obstante, en atención al remedio solicitado por el

peticionario, el TPI expuso lo siguiente: “Véase notificación de 15 de

diciembre de 2023.”7

         Inconforme, el peticionario acude ante esta Curia y señala lo

siguiente:

         Incurrió el Tribunal de Primera Instancia de Caguas en
         una violación al debido proceso de ley al denegar una
         solicitud de defensa, a la cual se unió el Ministerio
         Fiscal, a los fines de ordenar al perito del Estado -en
         una evaluación de procesabilidad bajo la Regla 240 de
         Procedimiento Criminal- el confeccionar un informe
         pericial y entregarlo a las partes con tiempo suficiente
         previo a la vista para que éstos puedan [prepararse]
         adecuadamente. Tal negativa, irremediablemente
         desemboca en una flagrante violación al derecho
         constitucional del acusado a un debido proce[s]o de ley
         y a tener una representación legal adecuada durante
         una etapa crítica del proceso penal. (Notas omitidas.)

         En cumplimiento con nuestra Resolución, emitida el 18 de

enero de 2024,8 y luego de autorizar una breve prórroga según

solicitada, la recurrida presentó su Escrito en cumplimiento de orden.

En su oposición, la parte recurrida señaló claramente que se allana

a que “se le entregue al señor Rodriguez Alsina el informe pericial

6 Véase, Urgente moción solicitando orden, Apéndice, págs. 13-14.
7
    Apéndice pág. 3.
8 Cabe señalar que, en respuesta a la presentación del recurso de certiorari, el 18

de enero de 2024 a las 9:34 a.m., emitimos una Resolución concediendo cinco días
a la parte recurrida para expresarse, con instrucciones dirigidas a la Secretaría
para que procediera con su notificación inmediata. A pesar de nuestros esfuerzos
por atender con premura este asunto, mediante la Moción urgente solicitando
paralización en auxilio de jurisdicción que instó el peticionario, advinimos en
conocimiento de que la referida Resolución no fue notificada en autos hasta el 22
de enero de 2024, trastocando los términos dispuestos para el perfeccionamiento
del recurso. Como resultado de lo anterior, y a petición del peticionario,
ordenamos la paralización inmediata de los efectos de los dictámenes y
procedimientos ulteriores ante el TPI, en aras de garantizar un debido proceso de
ley a ambas partes. Además, ordenamos a la parte recurrida acreditar el
cumplimiento de la Resolución emitida el 18 de enero de 2024.
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que el doctor Lugo Sánchez pudiese preparar”.9 (Énfasis en el

original.) Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

procedemos a resolver.

                                       II.

   A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Es norma reiterada que,

una resolución u orden interlocutoria, contrario a una sentencia, es

revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de

certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y

otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

       A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que

debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir el

auto de certiorari. La citada Regla dispone:

       El Tribunal tomará en consideración los siguientes
       criterios al determinar la expedición de un auto de
       certiorari o de una orden de mostrar causa:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
       recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
       contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más
       indicada para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el
       Tribunal de Primera Instancia.

9 Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 1.
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       (D) Si el asunto planteado exige consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales
       deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
       caso es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
       y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
       causa evita un fracaso de la justicia.

       El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros,

2023 TSPR 145, resuelto el 19 de diciembre de 2023; Pueblo v.

Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

                                        III.

       En su petición de certiorari, el Sr. Rodríguez Alsina impugna

dos determinaciones del TPI que versan sobre la denegatoria a

ordenar al perito del Estado preparar y entregar un informe pericial

sobre sus hallazgos, luego de evaluar al peticionario al amparo de la

Regla 240, supra. En su petitorio, el Sr. Rodríguez Alsina nos solicita

que revoquemos los dictámenes recurridos, que ordenemos al Dr.

Lugo Sánchez preparar un informe pericial y que decretemos la

entrega de dicho informe a ambas partes con antelación a la

celebración de la vista de procesabilidad.10 Ello, para preparar

adecuadamente la defensa del peticionario y salvaguardar su debido

proceso de ley.

       Al entender sobre la presente causa, con el beneficio de los

documentos que surgen del apéndice, es de notar que, en su primer

requerimiento, el peticionario solicitó ampliamente al foro primario

10 Cabe señalar que, según la Petición ante nos, la defensa del Sr. Rodríguez Alsina

no incluye en su suplica que se ordene la entrega de las notas o cualquier otro
documento que el Dr. Lugo Sánchez prepare sobre el caso de autos, por lo que lo
damos por no puesto en el recurso ante nos.
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ordenar al Dr. Lugo Sánchez “la entrega de la evaluación e informe,

notas    o    cualquier     otro    documento   que   este   prepare.”11

Posteriormente, y luego de que el TPI denegara su primer intento, el

Sr. Rodríguez Alsina circunscribió su segunda súplica a que el TPI

ordene al Dr. Lugo Sánchez “preparar un informe sobre el examen

que le realice al señor Rodríguez y que el mismo sea entregado

oportunamente a la Defensa y al Ministerio Público.”12

        Mediante la primera determinación recurrida, el TPI denegó la

solicitud de entrega del informe y las notas del perito. En la segunda

determinación, sobre la solicitud de preparación del informe, el TPI

se limitó hacer referencia a lo resuelto previamente.

        Por su parte y al reaccionar sobre el recurso instado, el

Ministerio Público se allana a que, en la eventualidad de que el Dr.

Lugo Sánchez prepare un informe pericial por escrito, el mismo sea

entregado a ambas partes, previo a la vista de procesabilidad.

        Luego de un estudio sosegado del recurso de epígrafe,

apreciamos que ambos pronunciamientos recurridos se efectuaron

en una etapa procesal anterior a la propia evaluación del

peticionario y previo a la celebración de la vista de procesabilidad.

Pendiente lo anterior, el foro primario impartió instrucciones

específicas al nuevamente ordenar la evaluación del peticionario y

la celebración de la referida vista, en aras de garantizar lo dispuesto

por nuestro ordenamiento en la Regla 240, supra. Lo antes,

conforme a su amplia discreción para conducir el buen manejo del

caso dentro de un debido proceso de ley. Del expediente se

desprende que, el Dr. Lugo Sánchez fue nombrado por el Estado

para evaluar al Sr. Rodríguez Alsina y ofrecer su opinión pericial -

durante la vista bajo la Regla 240, supra- sobre si el peticionario es

o no procesable. Como se sabe, puntualizamos que, en aras de

11 Énfasis nuestro. Véase, Apéndice, pág. 5.
12 Énfasis nuestro. Véase, Apéndice, pág. 14.
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salvaguardar el debido proceso de ley, el informe del Dr. Lugo

Sánchez -que en esta etapa de los procesos desconocemos si será

verbal o escrito- estará sujeto a ser confrontado por la defensa, en

cumplimiento de las normas jurídicas y procesales establecidas.

      En armonía con lo anterior, colegimos que no se reúnen los

criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, para intervenir en esta etapa de los procesos y

en atención a lo expuesto en este recurso queda establecida la

postura del Ministerio Público, allanándose a la entrega del informe

pericial si se llegara a preparar.

                                     IV.

      Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición

del auto de certiorari. En su consecuencia, dejamos sin efecto la

paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera

Instancia y en aras de garantizar mayor agilidad y economía

procesal, el foro primario deberá proceder de inmediato con el

señalamiento de la evaluación al amparo de la Regla 240, supra, y

la vista de procesabilidad correspondiente.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones