Court Opinion

ID: 9896813
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:21:31.556642+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:14.616201
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IV

   HACIENDA TULIPANES                            Certiorari
       INC Y OTROS                               procedente del
                                                 Tribunal de
         Peticionario                            Primera Instancia,
                                                 Sala de Caguas
               v.
                              KLCE202300888 Caso Número:
CRIADERO LA GLORIA INC                      CG2023CV00717
       Y OTROS
                                                 Sobre:
           Recurrido                             Daños y otros

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

       Comparecen Hacienda Tulipanes, Inc., Florencio Berríos

Castodad, Irma Sara Casillas Santos y la sociedad legal de

gananciales compuesta por ambos (peticionarios) y solicitan que

revoquemos la Resolución emitida el 13 de julio de 2023 y notificada

el 14 de julio de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de

Caguas (TPI o foro primario). En esta el TPI denegó una solicitud de

reconsideración correspondiente a una Resolución notificada en

autos el 10 de julio de 2023 en la cual dicho foro no autorizó la

expedición de un emplazamiento por edicto para la Asociación de

Caballistas de Puerto Rico Corp. (Asociación o recurrida).

       Por los fundamentos que exponemos a continuación, se

expide el auto de certiorari, se modifica el dictamen recurrido y así

modificada, se confirma la referida determinación.

                                 I.

       El pleito de epígrafe inició el 3 de marzo de 2023 y el 14 de

marzo de 2023, el TPI expidió varios emplazamientos para ser

diligenciados conforme la Regla 4.3 de las Reglas de Procedimiento

Número Identificador:

SEN2023________
KLCE202300888                                                               2

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. A pesar de sus esfuerzos para emplazar,

el demandante no logró emplazar personalmente a la Asociación y a

Julián André Quintana Mathew, por lo que el 24 de mayo de 2023

suplicó al TPI que autorizara los referidos emplazamientos por

edicto. Junto a su moción1 incluyó una declaración jurada del

emplazador, Antonio Luis González Sánchez, sobre sus gestiones

para emplazar a la Asociación y otra de Juan Carlos Carrasco

Collazo sobre sus gestiones para emplazar a Julián André Quintana

Mathew.

       Evaluado lo anterior, el 30 de mayo de 2023, el TPI denegó la

solicitud, por entender que, los emplazadores no realizaron

gestiones efectivas para intentar emplazar a los demandados.2

       No obstante, los codemandados, Javier Ortiz y la Asociación,

representados por el Lic. Luis H. Hernández Santiago, presentaron

una Contestación a la Demanda “sin someterse a la jurisdicción del

Tribunal”.3 En esta, consignaron sus defensas especiales e

incluyeron una reconvención, así como una demanda contra coparte

(Criadero La Gloria, Inc., Edgardo Vélez Ríos, Gloribel Miranda

Navarro y la Corporación de Gananciales compuesta por ellos).4

       Con posterioridad, el 29 de junio de 2023, la parte

demandante instó una segunda solicitud de emplazamiento por

edicto5 junto a la cual acompañó una declaración jurada de otro

emplazador, Osvaldo Lamberty Henríquez.

       Nuevamente el TPI negó el petitorio correspondiente a la

Asociación. En esta ocasión, el foro primario indicó lo siguiente:

       Alegándose que la Asociación de Caballistas de Puerto
       Rico es una corporación, no surge que el emplazador
       haya realizado gestiones en el Departamento de Estado
       para identificar el agente residente y oficiales mediante
1 Apéndice, págs. 62-68.
2 Apéndice, págs. 71-72.
3 Apéndice, págs. 73-74.
4 Apéndice, pág. 75. Cabe señalar que también dicha parte acreditaron una
moción en la cual alegaron que el emplazamiento era nulo, pues no se había
realizado conforme a lo requerido por ley y solicitaron la desestimación de la
demanda.
5 Apéndice, págs. 76-83.
KLCE202300888                                                             3

      los cuales la corporación puede ser emplazada. A la
      solicitud de emplazar por edicto a dicha co-demandada,
      No Ha Lugar. 6

      Tras la segunda denegatoria, el demandante volvió a

presentar su solicitud de emplazamiento por edicto el 6 de julio de

2023.7 En esta explicó que el emplazador sí realizó gestiones para

emplazar a la corporación a través del agente residente, quien es el

mismo que el oficial e incorporador, a saber, Luis J. Ortiz Millán y

que como error involuntario no se incluyó el concepto de agente

residente en la declaración juramentada el 28 de junio de 2023.

Como prueba de lo anterior, acompañó otra declaración jurada del

emplazador (juramentada el 6 de julio de 2023) sobre sus gestiones

para localizar al agente residente. Además, en su escrito destacó que

sostuvo conversaciones con el Lic. Luis H. Hernández Santiago

quien presentó una contestación a la demanda sin someterse a la

jurisdicción, una reconvención y demanda contra coparte. Añadió

que, luego de lo conversado, el 26 de junio de 2023 le cursó a dicho

letrado, por correo certificado, los documentos correspondientes a

la renuncia de emplazamiento.

      No obstante, nuevamente, por tercera ocasión, el 10 de julio

de 2023, el TPI denegó la solicitud de emplazamiento por edicto. Es

de notar que el foro primario no hizo referencia a lo informado

atinente a lo informado sobre presuntas gestiones con el abogado de

la otra parte y expresó lo siguiente:

      A la solicitud de emplazar por edicto a la Asociación de
      Caballistas de Puerto Rico Corp., No Ha Lugar. Surge
      de la documentación sometida que Luis Ortiz Millán es
      presidente y agente residente de dicha corporación,
      mientras que Luz Velázquez es la vicepresidente. No
      surge de la declaración jurada que el emplazador
      hubiese     indagado    sobre    ellos,  como     agente
      residente/oficiales de la empresa, con los vecinos del
      Sector La Sierra, kilómetro 5.9, Caguas, Puerto Rico.8

6 Apéndice, pág. 86. El mismo día el TPI expidió el emplazamiento por edicto
correspondiente a Julián André Quintana Mathew. Véase, la entrada Núm. 46
del expediente digital del caso número CG2023CV00717 en el Sistema Unificado
de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
7 Apéndice, págs. 87-90.
8 Apéndice, págs. 100-101.
KLCE202300888                                                          4

       En virtud de lo anterior, la parte demandante solicitó

reconsideración9 el 11 de julio de 2023, y el TPI la declaró No Ha

Lugar el 14 de julio de 2023.10 Cabe señalar que, surge del

expediente que el demandante instó una moción el 8 de agosto de

2023, en la que hace referencia a una moción del licenciado

Hernández Santiago en la que narra sucesos sobre gestiones para

emplazar a sus clientes, una supuesta entrega de un emplazamiento

para sus clientes y la figura de renuncia del emplazamiento, entre

otros.11

       Inconforme, los peticionarios acuden ante esta Curia y

señalan la comisión del siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a
       autorizar el emplazamiento por edicto de la Asociación,
       por haber cumplido la compareciente con todos los
       requisitos de las Reglas de Procedimiento Civil y la
       jurisprudencia para ello, violándose de ese modo acceso
       a la justicia contra una parte a la compareciente y al no
       conceder los gastos de las gestiones de emplazar a la
       compareciente, quien gestionó la renuncia al
       emplazamiento de conformidad con la Regla 4.5 de las
       de Procedimiento Civil.

       Ante nos compareció el Lic. Luis H. Hernández Santiago en

representación de la parte recurrida/codemandados y expuso su

posición en cuanto al recurso. En particular informó lo siguiente:

       Lo cierto es que el abogado que suscribe acordó con la
       representante legal de la demandante que luego de realizar
       una investigación sobre la confusión de los codemandados
       que se estaban demandando, la estaría llamando para
       decidir si aceptaba la oferta que establece la Regla 4.5 en
       relación a la aceptación de un emplazamiento, no se finalizó
       la conversación de la investigación porque la licenciada
       sometió inmediatamente los emplazamientos como que no
       había acordado con ella un acuerdo basado en la Regla 4.5.

       Que este abogado entiende que se tiene que enmendar la
       contestación que se radicó en contestación a que mis clientes
       contestaban la demanda de la parte demandante sin
       someterse a la jurisdicción para aclarar que no estoy
       representando a Javier Ortiz y sí a Luis J. Ortiz Millán. La
       anterior confusión que mencionó surgió cuando me
       entregaron el emplazamiento que realizó el emplazador
       Antonio Luis González Sánchez donde informaba que había
       emplazado a Javier Ortiz el 30 de abril de 2023 que a base
       de la investigación que realicé descubrí que tal mencionada

9 Apéndice, págs. 102-107.
10 Apéndice, pág. 108.
11 Apéndice, págs. 109-110.
KLCE202300888                                                             5

       Caballista Ortiz ACPR y Javier Ortiz no existen y que
       realmente lo que existe es la Asociación de Caballistas de
       Puerto Rico y Luis J. Ortiz Millán que son los que estoy
       representando y considero si el Tribunal considera que tanto
       la Asociación que representa mi cliente como [é]l fueron
       válidamente    emplazados,      estaré    enmendando      mi
       contestación a la Demanda para informar que estoy
       representando a Luis J. Ortiz Millán y la Asociación que [é]l
       represente.

       De otra parte y pendiente lo anterior, emitimos una Resolución

el 8 de septiembre de 2023 en la que ordenamos a la peticionaria

mostrar causa por la cual no deberíamos proceder conforme lo

resuelto en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, et al., 203 DPR 982

(2020). En cumplimiento con nuestra Resolución12 comparece la

recurrida mediante Escrito en Cumplimiento de Orden Escrito de

Oposición. Contando con el beneficio de las posturas de las partes,

procedemos a resolver.

                                       II.

   A. Certiorari

       El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico,

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

       Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes

12 Véase, Resolución emitida por este panel el 8 de septiembre de 2023.
KLCE202300888                                                        6

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que, el

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56,

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

      No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción,

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia,

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias,

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.;

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

      Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

La citada Regla dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
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      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

   B. Emplazamiento

      El emplazamiento es el mecanismo procesal utilizado para

permitirle   al   tribunal   adquirir   jurisdicción   sobre   la   parte

demandada. Martajeva v. Ferré Morris y otros, 2022 TSPR 123,

resuelto el 12 de octubre de 2022. A través del emplazamiento, la

parte demandada queda notificada de que se ha presentado una

acción judicial en su contra de manera que dicha parte pueda

ejercer su derecho a ser oída y a defenderse. Caribbean Orthopedics

v. Medshape et al., 207 DPR 994 (2021). Ahora bien, nuestro más

Alto Foro enfatizó recientemente que la falta de un emplazamiento

correcto “produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de

jurisdicción sobre el demandado”. SLG Rivera-Pérez v. SLG Díaz-Doe

et al., 207 DPR 636, 647 (2021).

      Sobre el término para diligenciar el emplazamiento, el inciso

(c) de la Regla 4.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 4.3, dispone:
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      [e]l emplazamiento será diligenciado en el término de
      ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la
      demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento
      por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los
      emplazamientos el mismo día en que se presenta la
      demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el
      mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo
      adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar
      los emplazamientos una vez la parte demandante haya
      presentado de forma oportuna una solicitud de
      prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya
      diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar
      sentencia decretando la desestimación y archivo sin
      perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por
      incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el
      efecto de una adjudicación en los méritos.

      El   Tribunal   Supremo      resolvió   en Bernier   González    v.

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), que el término dispuesto

en la Regla 4.3 antes citada es improrrogable. Por tanto,

transcurridos los 120 días sin que el demandante haya podido

diligenciar el emplazamiento produce la desestimación automática

de la causa de acción.

      Por otro lado, surge del inciso (c) de la Regla 4.3 de

Procedimiento Civil, supra, que la Secretaría del foro de instancia

deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que la demanda

fue presentada, siempre y cuando, esta estuvo acompañada de los

formularios de emplazamiento. En la eventualidad, de que, la

Secretaría del tribunal de instancia no cumpla con lo anterior, el

tiempo que la Secretaría del tribunal de instancia demore en

expedirlos, será el mismo término adicional que tendrá la parte

demandante para diligenciarlos. Bernier González v. Rodríguez

Becerra, supra, pág. 649. Ello, tras la parte demandante presentar

una   moción    solicitando   al   foro   primario   que    expida    los

emplazamientos. Íd.

      La Regla 4.6(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 4.6(a), establece que:

      “Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de
      Puerto Rico, que estando en Puerto Rico no pudo ser
      localizada después de realizadas las diligencias
      pertinentes o se oculte para no ser emplazada, o si es
KLCE202300888                                                            9

      una corporación extranjera sin agente residente y así se
      comprueba a satisfacción del tribunal mediante una
      declaración jurada que exprese dichas diligencias, y
      aparezca también de dicha declaración o de la demanda
      presentada que existe una reclamación que justifica la
      concesión de algún remedio contra la persona que ha
      de ser emplazada, o que dicha persona es parte
      apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una
      orden para disponer que el emplazamiento se haga por
      un edicto. No se requerirá un diligenciamiento negativo
      como condición para dictar la orden que disponga que
      el emplazamiento se haga mediante edicto.”

      Sobre el particular, el Tribunal Supremo resolvió en Sánchez

Ruiz v. Higueras Pérez et al., 203 DPR 982, 994 (2020), que el

término para emplazar por edicto comienza una vez se autoriza y se

expide   el   emplazamiento     por   edicto.   Ahora      bien,   la parte

demandante ha de solicitar su expedición antes de que transcurra

el término para diligenciar el emplazamiento personal. Íd. De

manera que, el emplazamiento por edicto constituye un nuevo

emplazamiento cuyo término comienza a partir de que el tribunal lo

expide, siempre que dicha expedición se haya solicitado antes de

que venza el término original de 120 días para emplazar

personalmente, contados a partir de la presentación de la demanda.

Íd.

      Es importante resaltar que nuestro Tribunal Supremo expresó

que es política pública de nuestro ordenamiento jurídico evitar el

fraude y los procedimientos judiciales que priven a una persona de

su propiedad sin el debido proceso de ley. Bernier González v.

Rodríguez Becerra, supra, pág. 644. Por ello es la razón por la cual

se le permite al demandado impugnar el emplazamiento a fines de

asegurar      el   estricto   cumplimiento      de   las    reglas    sobre

emplazamientos. Quiñones Román v. Supermercado Pueblo, 152 DPR

367 (2000).

                                   III.

      En el presente recurso, los peticionarios alegan, en apretada

síntesis, que erró el foro primario al negarse a autorizar el
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emplazamiento por edicto a la Asociación, cuando aseguran haber

cumplido    con los    requisitos   requeridos por   las Reglas de

Procedimiento Civil, violándose así su derecho de acceso a la

justicia. En específico, arguyen que las gestiones realizadas para

efectuar el emplazamiento personal a la Asociación fueron

infructuosas, por lo que en más de una ocasión solicitaron al TPI su

intervención para que expidiera el emplazamiento por edicto.

      Por otra parte, los recurridos arguyen en su escrito en

oposición que hubo una confusión en cuanto a los demandados en

este caso, por lo que los emplazamientos fueron realizados

incorrectamente. Puntualizan que los peticionarios realizaron

gestiones para indagar sobre una persona llamada Javier Ortiz, y no

procuraron por el presidente y agente residente de la Asociación, el

Sr. Luis J. Ortiz Millán.

      Conforme esbozamos en nuestra previa exposición doctrinal,

la Regla 4.6(a) de Procedimiento Civil, supra, dispone que para

solicitar al tribunal un emplazamiento por edicto es necesario que

la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, o que estando

en Puerto Rico no pueda ser localizada después de realizadas las

diligencias pertinentes, entre otras.     Ahora bien, sobre este

particular y atinente a la presente causa, el Tribunal Supremo

resolvió en Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez, supra, que el término de

ciento veinte (120) días para emplazar por edicto comienza a partir

de la expedición del emplazamiento por edicto. Además, el

demandante debe solicitar su expedición del emplazamiento por

edicto antes de que transcurra el término de 120 días para

diligenciar el emplazamiento personal.

      Establecido lo anterior, del expediente del caso surge que la

Demanda fue incoada el 3 de marzo de 2023. Conforme la normativa

antes expuesta aplicada al cuadro fáctico ante nos, concluimos que,

el término para emplazar expiraba el 3 de julio de 2023, contando
KLCE202300888                                                                     11

como fecha inicial, el día en que se presentó la Demanda.13 Para ser

precisos, los peticionarios solicitaron al tribunal la expedición del

emplazamiento por edicto para la Asociación en tres ocasiones: el

24 de mayo de 2023, el 29 de junio de 2023 y el 6 de julio de 2023.

De una revisión del tracto procesal resulta evidente que, los

peticionarios solicitaron en dos ocasiones dentro del término

aplicable que se expidiera el emplazamiento por edicto para la

Asociación. Sin embargo, el TPI no expidió el emplazamiento por

edicto según suplicado por los peticionarios. Añádase a ello que, la

tercera solicitud para emplazar por edicto tampoco fue autorizada y

fue presentada el 6 de julio de 2023 cuando ya había vencido el

término de 120 días.

       En este último contexto es menester destacar que, en Bernier

González v. Rodríguez Becerra, supra, nuestro más Alto Foro

expresó que se requiere que el emplazamiento sea diligenciado

dentro del término de ciento veinte días a partir de la presentación

de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por

edicto. Por lo tanto, aun cuando las partes solicitaron el

emplazamiento por edicto al Tribunal, -dos veces dentro del término

y uno luego de vencido- este nunca fue autorizado ni expedido, por

lo que, la prórroga nunca tuvo el efecto de interrumpir el referido

término de ciento veinte (120) días.

       Es importante destacar que, el 8 de septiembre de 2023,

emitimos Resolución a los efectos de ofrecer una oportunidad a los

peticionarios, tomando en consideración el tracto procesal del caso,

de mostrar causa por la cual no debíamos resolver la presente causa

conforme la doctrina y términos establecidos en Sánchez Ruiz v.

Higuera Pérez, supra. El 15 de septiembre de 2023, mediante

13 Es importante aclarar que el término expiraba el 1 de julio de 2023. No obstante,

al ser sábado, el término se desplaza hasta el próximo día laborable, el cual es el
3 de julio de 2023.
KLCE202300888                                                        12

moción presentaron su posición, sin embargo, los peticionarios no

nos pusieron en posición para determinar lo contrario.

      Cónsono con lo anterior y por entender que nos encontramos

en la etapa apropiada para intervenir en los procesos según los

criterios expuestos en la Regla 40, supra, expedimos el auto de

certiorari y modificamos la Resolución emitida por el TPI a los únicos

efectos de anular la parte explicativa referente a la justificación para

denegar la solicitud de emplazamiento por edicto, toda vez que

conforme a lo resuelto en Bernier González v. Rodríguez Becerra,

supra, a esa fecha, el TPI había perdido jurisdicción para expedir el

emplazamiento por edicto, por lo que no incidió al denegar la

solicitud interpuesta. Ahora bien, de una lectura cuidadosa del

expediente ante nos, reconocemos que el TPI podría tener asuntos

presentados sin resolver, por lo que, lo aquí resuelto no prejuzga las

determinaciones atinentes y pendientes en el caso de epígrafe.

                                  IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de

certiorari, se modifica el dictamen recurrido y así modificada, se

confirma.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones