Court Opinion

ID: 9890371
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:48.299358+00
Date Added: 2024-06-11T13:11:41.321435
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL IV

UNIVERSIDAD DE PUERTO                           CERTIORARI
RICO representada por su                        procedente del
Presidente LUIS A. FERRAO                       Tribunal de
DELGADO y el RECINTO                            Primera
UNIVERSITARIO DE                                Instancia, Sala
MAYAGÜEZ, representada                          Superior de
por el Rector AGUSTÍN             KLCE202301057 Mayagüez
RULLÁN TORO
Recurridos                                          Civil Núm.:
                                                    MZ2023CV01404
             v.
                                                    Sobre:
FEDERACIÓN LABORISTA                                Injunction
DE EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DEL
RECINTO UNIVERSITARIO
DE MAYAGÜEZ representado
en este acto por su
Presidente DANIEL
ECHEVARRÍA, FULANO DE
TAL, SUTANO DE TAL
Peticionarios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

                           RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2023.

      Comparece ante este Foro la Federación Laborista de

Empleados Universitarios del Recinto de Mayagüez, (Federación

Laborista, FLEURUM o parte peticionaria) y solicita que revisemos

la Resolución y Orden emitida el 25 de agosto de 2023, notificada el

8 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI),

Sala Superior de Mayagüez. Por medio de dicha decisión, el TPI

determinó que ostentaba jurisdicción sobre la materia y sobre la

persona para atender el recurso de Injunction instado por la

Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez

(parte recurrida), en cuanto al acceso a las instalaciones del Recinto

Universitario de Mayagüez (RUM).

Número Identificador
RES2023 ______________
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      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.

                                     I.

      Según surge del expediente, el 14 de agosto de 2023, la

Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez,

presentaron una Demanda de Entredicho Provisional, Injunction

Preliminar y Permanente en contra de la FLEURUM. Ello,

relacionado a varias manifestaciones organizadas por dicha

Federación     en   la   UPR-RUM          durante    el   mes   de     agosto,

específicamente los días 2 y 10 de agosto de 2023, donde se

manifestaron en el portón del Departamento de Edificios y Terrenos,

el cual fue bloqueado por zafacones y miembros de esa organización

impidieron el acceso de los empleados que allí trabajan.

      En esencia, la Universidad de Puerto Rico y el Recinto

Universitario de Mayagüez alegaron que un grupo de empleados

pertenecientes a la FLEURUM impidió la entrada de los estudiantes,

profesores y empleados a la institución el primer día de clases del

semestre     agosto-diciembre   de        2023.     Añadieron   que,    como

consecuencia de la manifestación, la universidad amaneció

totalmente cerrada con los accesos bloqueados por miembros de la

FLEURUM. Adujeron que dicha acción concertada de la FLEURUM

tenía la intención específica de paralizar todas las funciones

académicas y administrativas del RUM, lo cual es ilegal y no forma

parte de la libertad de expresión. A su vez, argumentaron que la

acción concertada de la FLEURUM le causaba un daño y peligro

inminente y que no tenían otro remedio en ley para proteger los

derechos de la comunidad universitaria a la que representaba.

Específicamente, esbozaron que la acción de la parte demandada no

estaba cobijada bajo el derecho a la libre expresión y/o asociación,

toda vez que no tenían derecho a obstaculizar las funciones de
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trabajo y enseñanza de miles de estudiantes y empleados docentes

y no docentes de la UPR-RUM.

      Así las cosas, la Universidad de Puerto Rico y el Recinto

Universitario de Mayagüez solicitaron al TPI los siguientes remedios:

      1. Dictara orden de entredicho provisional al amparo
         de la Regla 57.1 de las de Procedimiento Civil
         ordenando a la parte demandada cesar y desistir de
         bloquear y cerrar los portones e impedir el libre
         acceso a las facilidades de la UPR-RUM.

      2. Dictara Sentencia de remedio interdictal al amparo
         del artículo 277 de la Ley de Estorbo Público de
         Puerto Rico, 32 LPRA 2761, declarando estorbo todo
         vehículo, valla u objeto colocado en los portones y
         acceso a la UPR-RUM y ordenando su remoción
         inmediata.

      3. Expidiera orden de interdicto preliminar instruyendo
         a la parte demandada cesar y desistir de las
         actuaciones que estaban causando daño irreparable
         a la UPR- RUM, sus empleados, estudiantes,
         contratistas y la comunidad en general y evitando así
         que los demandados continúen impidiendo la
         entrada y salida al Recinto, prohibiendo la
         realización de cualquier otra actividad que bloquee
         los accesos al RUM y obstruya las
         labores académicas y de cualquier otra naturaleza.

      4. Ordenara la celebración de una vista sobre interdicto
         permanente ya que las acciones concertadas de la
         FLEURUM son repetidas y continuamente paralizan
         las funciones de la universidad causando daños
         irreparables.

      El 15 de agosto de 2023 el Tribunal, a solicitud de la

Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez,

emitió una Orden de entredicho provisional, y señaló vista de

injunction para el 25 de agosto de 2023. El foro a quo ordenó a la

FLEURUM      cesar   y   desistir   inmediatamente    de   continuar

bloqueando y cerrando los portones del RUM e impidiendo el libre

acceso a las facilidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto

Universitario de Mayagüez. Asimismo, decretó que la FLEURUM

debía remover cualquier vehículo u objeto que esté impidiendo o

interfiriendo con el libre acceso a la institución de manera

inmediata. El TPI destacó que, durante la vigencia de la Orden, la

FLEURUM debía abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que
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tenga el efecto de bloquear, impedir o interferir con cualquiera de

los portones y accesos al RUM.

       La FLEURUM compareció mediante representación legal el 25

de agosto de 2023, sin someterse a la jurisdicción. En la vista de

injunction, la FLEURUM solicitó la desestimación de la demanda de

autos por las siguientes razones; (1) falta de jurisdicción sobre la

persona, debido a que, según alegado, la FLEURUM no había sido

emplazada conforme a derecho, y (2) por falta de jurisdicción, por la

prohibición de los tribunales de emitir injunctions conforme a la Ley

Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, según enmendada, conocida como

"Ley para Limitar la Facultad de los Tribunales para Expedir

Injunctions en Casos de Disputas Obreras" (en adelante Ley Núm.

50).

       Luego de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar

los documentos que obran en el expediente, el Tribunal de Primera

Instancia emitió el dictamen que hoy revisamos. A través de este, y

en lo concerniente al asunto bajo nuestra consideración, el TPI

denegó la solicitud de desestimación incoada por la FLEURUM.

Particularmente, concluyó que tiene jurisdicción sobre la materia y

sobre la persona para atender el recurso de injunction de la UPR y

el RUM, en cuanto al acceso a las instalaciones del RUM. El foro

primario hizo las siguientes expresiones:

       Por otro lado, de las alegaciones presentadas en la
       demanda, no surge que en el presente caso se fuera a
       atender ninguna disputa obrera. De hecho, las
       alegaciones presentadas que dieron base a la emisión
       del entredicho provisional se desprende que el asunto
       planteado y ante nuestra consideración es un asunto de
       acceso a las facilidades del Recinto Universitario de
       Mayagüez (en adelante RUM) y van dirigidas
       exclusivamente a que se cerraron todos los accesos al
       RUM, impidiendo el acceso a profesores, estudiantes,
       contratistas y demás personal; lo que afectó el sistema
       público de enseñanza en dicho recinto.

       En desacuerdo, el 25 de septiembre de 2023, la FLEURUM

acudió ante nos y alega que el foro a quo cometió el siguiente error:
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      Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitir la
      celebración de una vista y el correspondiente desfile de
      prueba para determinar si en el presente caso es de
      aplicación la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, Ley
      para Limitar la Jurisdicción de los Tribunales en la
      Expedición de Injunctions en Disputas Obreras.

      Junto a su recurso, la FLEURUM instó una Solicitud de Auxilio

de   Jurisdicción.   En   esta,   requirió   la   paralización   de   los

procedimientos ante el TPI por entender que este no tiene

jurisdicción sobre la materia. Además, solicitó que dejáramos sin

efecto la Resolución y Orden emitida por el TPI y le ordenáramos a

dicho foro que dilucidara a base de la prueba, si el caso de autos

trata de un asunto que surge de una disputa obrero-patronal, por

lo cual la solicitud de injunction presentada por la UPR y el RUM

debía ser evaluada conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 50

de 1947. El 25 de septiembre de 2023 emitimos Resolución, a los

fines de declarar no ha lugar la solicitud de paralización de la

FLEURUM.

      A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia

de la Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de

Mayagüez.

                                   II.

                                   A.

      El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. Rivera

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; León v. Rest. El Tropical, 154 DPR

249 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.
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52.1, dispone taxativamente los asuntos que podemos atender

mediante el referido recurso. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR

478 (2019).

      Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324,

334-335 (2005).

      Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la

referida Regla dispone lo siguiente:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
          recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
          contrarios a derecho.
      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
          indicada para el análisis del problema.
      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
          manifiesto en la apreciación de la prueba por el
          Tribunal de Primera Instancia.
      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
          detenida a la luz de los autos originales, los cuales
          deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.
      (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
         caso es la más propicia para su consideración.
      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
          causa no causan un fraccionamiento indebido del
          pleito y una dilación indeseable en la solución final
          del litigio.
      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
         causa evita un fracaso de la justicia.
         4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

      Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder,

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede
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o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración,

no procede nuestra intervención.

      Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y

actuaciones judiciales se presumen correctas, por lo que le compete

a la parte que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González,

149 DPR 859, 866 (1999).

                                 B.

      La Ley para Limitar la Jurisdicción de los Tribunales en la

Expedición de Injunctions en Disputas Obreras, Ley Núm. 50 de 4 de

agosto de 1947, según enmendada, 29 LPRA sec. 101 et seq.,

establece que ningún tribunal de justicia de Puerto Rico tendrá

jurisdicción para expedir orden alguna de entredicho o de injunction

preliminar o permanente en un caso que envuelva o que surja de

una disputa obrera, salvo de estricta conformidad con las

disposiciones de esta ley. Artículo 1 de la Ley Núm. 50.

      El Artículo 2 de la mencionada Ley, 29 LPRA sec. 102, dispone

los actos específicos exentos de órdenes de entredicho o de

injunction. En lo que nos atañe, estos son:

      […]

      (b) Los tribunales de justicia de Puerto Rico para
         expedir órdenes de entredicho o de injunction
         preliminar o permanente en caso de actos ilegales,
         violentos o torticeros en los que pueda o puedan
         incurrir cualquier persona o personas participantes
         o interesadas en una disputa obrera. Además, los
         tribunales de justicia de Puerto Rico tendrán
         jurisdicción para expedir órdenes de entredicho o de
         injunction preliminar o permanente en caso de:

         (1) actos intencionales, vandálicos, torticeros o de
             intimidación contra terceros que atenten contra
             la paz, la dignidad humana o la privacidad; o
         (2) actos que constituyan perturbaciones que fueren
             perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que
             interrumpan el libre uso de la propiedad, de modo
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            que impidan el cómodo goce de la vida o de los
            bienes; o
         (3) el parar, detener, o estacionar un vehículo,
            dejarlo abandonado en las vías públicas en forma
            tal que estorbe u obstruya el tránsito o cuando
            por circunstancias excepcionales se hiciere difícil
            el fluir del mismo; o
         (4) cualquier otro acto, que configure la conducta de
             un estorbo público según definido en nuestro
             ordenamiento;
         (5) que provoque daño a la propiedad de terceros; o
         (6) actos de incautación de las facilidades del
            patrono mediante obstrucción física al acceso a la
            propiedad, acoso, acecho, intimidación, daños a
            la propiedad o amenazas.

      Cónsono con lo anterior, el Art, 4 (c) de la Ley Núm. 50 define

el término “disputa obrera” como aquel que incluye cualquier

controversia relativa a término o condiciones de empleo o relativa a

la asociación o representación de personas al negociar, fijar,

mantener, cambiar, o tratar de llegar a un acuerdo sobre términos

o condiciones de empleo, aunque las partes se encuentren o no en

la relación inmediata de patrono y empleado. 29 LPRA sec. 106.

                                III.

      En síntesis, la parte peticionaria alega que la solicitud de

injunction presentada por la parte recurrida está relacionada con

controversias obrero-patronales existentes entre la UPR y los

empleados unionados de la FLEURUM, así como las acciones

concertadas de la FLEURUM dirigidas a que el patrono atienda los

justos reclamos de los empleados. Añade que las disputas obrero-

patronales se desprenden diáfanamente de una comunicación

circulada por la FLEURUM el día de la manifestación del 14 de

agosto de 2023. Discute que, el hecho de que hubiese empleados

manifestándose frente a los portones del recinto demuestra por sí

mismo que se trataba de una disputa obrero-patronal. Así, alega que

una vez se establece este hecho, procede que se apliquen los

requisitos dispuestos en la Ley Núm. 50.
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      Por lo anterior, la parte peticionaria argumenta que el foro

primario carece de jurisdicción para entender en la demanda de

injunction presentada por la parte recurrida. Arguye que el TPI debe

permitir una vista evidenciaria a los fines de dilucidar jurisdicción

sobre la materia al amparo de la Ley Núm. 50, supra, legislación

especial sobre la materia. No le asiste la razón.

      Según expuesto, mediante el pronunciamiento impugnado, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que al caso de autos no le

es de aplicación la Ley Núm. 50 y determinó que tiene jurisdicción

sobre la materia y sobre la persona para atender la demanda de

injunction en cuanto al acceso a las instalaciones del RUM. Ello,

toda vez que de la demanda no surgían alegaciones sobre ninguna

disputa obrera. El tribunal fue claro en apuntar que la demanda

bajo su consideración versa sobre un asunto de acceso a las

facilidades del RUM, dirigidas exclusivamente a que se cerraron

todos los accesos al RUM, impidiendo el acceso a profesores,

estudiantes, contratistas y demás personal; lo que afectó el sistema

público de enseñanza en dicho recinto. También el Tribunal fue

claro en expresar que, al emitir la orden de entredicho provisional,

nunca entró; ni entrará, al evaluar los méritos del interdicto

preliminar y permanente, en ningún aspecto laboral.

      Luego de revisar el expediente del caso de epígrafe y el derecho

aplicable, entendemos que, aunque la controversia es revisable

conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, por tratarse

de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo— resulta

evidente que no nos encontramos en el momento idóneo para

intervenir con la disposición discrecional del foro primario. Ello, toda

vez que la continuación de la vista de injunction permanente ya dio

inicio y continuará los días 26 y 28 de septiembre de 2023. Por

tanto, denegamos expedir el auto solicitado. Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.
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      Advertimos que la denegatoria de un recurso de certiorari, no

prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, y, por tanto,

la   misma   puede    ser   reproducida    nuevamente   mediante    el

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, supra,

citando a Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749(1992). Por

tanto, de surgir alguna circunstancia dentro de los procedimientos

del caso, las partes tendrán la oportunidad de acudir ante este foro,

de entenderlo necesario.

                                     IV.

      Por los fundamentos que preceden, denegamos la expedición

del auto de certiorari solicitado.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones