Court Opinion

ID: 9928556
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:24:58.485369+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:40.554564
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL XI

                                                  Certiorari procedente
  PASCUAL LLANO ALICEA                            del Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
        RECURRIDO                                 Superior de Guaynabo

              V.                              Civil Núm.:
                                KLCE202301060 GB2022CV00995
    DIEGO L. PERDOMO
     FERRER Y OTROS             Consolidado con: Sala:701

       PETICIONARIO                               Sobre:

                                                  Incumplimiento de
                                                  Contrato

                                              Certiorari procedente
                                              del Tribunal de Primera
  PASCUAL LLANO ALICEA                        Instancia, Sala
                                KLCE202301061 Superior de Guaynabo
        RECURRIDO
                                                  Civil Núm.:
              V.                                  GB2022CV00995

    DIEGO L. PERDOMO                              Sala:701
     FERRER Y OTROS
                                                  Sobre:
       PETICIONARIO
                                                  Incumplimiento de
                                                  Contrato
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                              RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2023.

      Perdomo Ferrer & Company, PSC y Diego L. Perdomo 1 y Perdomo

Ferrer, LLC 2 (denominados en conjunto “peticionarios”) presentaron dos

recursos de Certiorari en los que solicitan que revoquemos la Resolución

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón

(TPI) el 26 de junio de 2023. En el aludido dictamen el foro de instancia

declaró No Ha Lugar las peticiones de desestimación instadas por los

peticionarios. Mediante nuestra Resolución del 27 de septiembre de 2023,

ordenamos la consolidación de los recursos.

1 KLCE202301060.
2 KLCE202301061.

Número Identificador
SEN-RES2023 ________
KLCE202301060 consolidado con KLCE202301061                                             2

        Luego de un detenido análisis de la controversia ante nuestra

consideración denegamos la expedición de los recursos.

                                            I

        El 28 de octubre de 2023, Pascual Llano Alicea (señor Llano Alicea

o recurrido) presentó una Demanda sobre pago de dividendos y liquidación

de acciones en contra de Perdomo Ferrer & Company, PSC y Diego L.

Perdomo Ferrer y Perdomo Ferrer, LLC (denominados en conjunto

“peticionarios”). En esencia alegó que era accionista minoritario de

Perdomo Ferrer & Company, PSC (en adelante PFC), que había solicitado

la liquidación y el pago correspondiente del 20% de las acciones en dicha

corporación, así como el pago de dividendos desde el año 2006 hasta el

presente.

        El 21 de marzo de 2023, Perdomo Ferrer LLC presentó una Solicitud

de Desestimación alegando en esencia que de la demanda no surgen

alegaciones suficientes en contra de dicha empresa que justifiquen la

concesión de un remedio.

        Asimismo, el 17 de abril de 2023, PFC presentó una Moción de

desestimación fundamentada en la doctrina de cosa juzgada en su

modalidad de fraccionamiento de causas y prescripción. En cuanto a la

alegación de cosa juzgada alegó que el señor Llano Alicea tuvo la

oportunidad de reclamar sus derechos en dos casos previos, pero optó por

no hacerlo. Hace referencia a la Querella sobre despido injustificado y

salarios que instara en contra de PFC. 3 Así como a la Demanda sobre

sentencia declaratoria que presentó en contra de PFC y del señor Perdomo

Ferrer, solicitando al tribunal que declarara su derecho como accionista a

examinar los documentos relacionados con los estados financieros y

corporativos desde el 2009. 4 De otro lado sostuvo que la reclamación

3 Querella instada el 30 de septiembre de 2014, KPE2014-2719. En el referido caso, el 7

de noviembre de 2019, el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar la Estipulación de
Desistimiento Voluntario con Perjuicio presentada por ambas partes luego de alcanzar un
acuerdo transaccional.
4 Demanda instada el 30 de abril de 2015, SJ2015CV00124. En el referido caso, el 31 de

octubre de 2016, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia emitida por el TPI
desestimando la demanda. En su lugar, el foro apelativo resolvió que el señor Llano Alicea
era accionista de PFC y como tal tenía derecho a la información solicitada.
KLCE202301060 consolidado con KLCE20231061                                  3

estaba prescrita toda vez que la acción para cobrar dividendos por acciones

prescribe a los seis (6) años de haberse emitido ilegalmente los pagos de

dividendos; que la acción para recobrar y retener la posesión de las

acciones prescribe al año; y en la alternativa, la alegada imputación de

responsabilidad extracontractual, también prescribe al año.

       El 26 de junio de 2023 el TPI emitió la Resolución recurrida en la

que declaró No Ha Lugar las mociones de desestimación instadas por los

peticionarios. Al así decidir el foro de instancia concluyó lo siguiente:

       … Según surge de la acción en contra de PF LLC, no hay
       dudas que la causa de acción contra esta empresa se debe a
       que, según alega el señor Llano, esta empresa utiliza activos
       de PFC, específicamente la lista de clientes de dicha
       empresa, para lucrarse sin que esto redunde en ganancias
       para el señor Llano, ni que este haya sido notificado. Alega el
       señor Llano que esta actividad resulta en un perjuicio para él
       y por tanto esta empresa, al utilizar estos activos, también se
       convierte en responsable del pago que este alega merecer.
       Si esta alegación se sostendrá con el tiempo o no, no
       estamos en posición de resolver, pero en este momento
       entendemos que no procede desestimar hasta que haya
       comenzado el descubrimiento. Lo que sí podemos resolver
       es que hay alegaciones suficientes de la demanda como para
       que PF LLC sepa porqué se le demanda y porqué habría de
       responder, por lo que se cumple con los requisitos de
       alegaciones claras y concisa. Si esta alegación se sostendrá
       más adelante es una cuestión de descubrimiento.
               En cuanto a las alegaciones de PFC, sobre
       prescripción, y cosa juzgada, entendemos que estas no se
       sostienen. De los hechos queda bastante claro que ninguno
       de los pleitos previos a la presenta demanda constituye cosa
       juzgada, los temas son distintos, laboral y examinar los libros
       de la empresa, claramente fuera de lo que se alega en la
       presente demanda. Según no existe fraccionamiento de
       acciones, pues la acción de examinar los libros es claramente
       distinta a la de pago de dividendos. En la primera acción, solo
       se quiere examinar los libros para determinar si procede o no
       una causa de acción posterior, como ocurre en el presente
       pleito. En el pleito laboral no hay mucho que explicar, las
       reclamaciones de tipo laboral no tienen relación alguna con
       el reclamo presente. En cuanto a la prescripción debemos
       señalar dos cosas, en primer lugar, la parte demandante
       alega que PFC reconoció su deuda en una reunión celebrada
       en el año 2021, por lo cual no aplica la prescripción. Además,
       debemos tener en cuenta que no es hasta que el Tribunal de
       Apelaciones en el caso KLAN201600065, resuelto el 31 de
       octubre de 2016, y notificado el 4 de noviembre de 2016, que
       se resuelve absolutamente que el señor Llano es accionista
       de PFC, por lo que sería desde ese momento que esta
       sentencia es final y firme que comienza a correr cualquier
       acción, pues hasta esa fecha había dudas de si el señor Llano
       era o no accionista de PFC. Entonces, como vemos, no solo
       tenemos que examinar si ocurrió el reconocimiento de
       deudas por parte de PFC, sino que existen grandes
KLCE202301060 consolidado con KLCE202301061                                 4

       posibilidades de que la acción del señor Llano no haya
       prescrito, pues no es hasta diciembre del 2016 que queda
       absolutamente claro que él es accionista y que tiene derecho
       a reclamar sobre ella desde esa fecha. Por todo lo anterior,
       aun no podemos desestimar la demanda, presentada por el
       señor Llano.5

       Los peticionarios solicitaron reconsideración a lo que el señor Llano

Alicea se opuso. Sin embargo, el foro de instancia declaró No Ha Lugar las

solicitudes de reconsideración mediante Resolución del 25 de agosto de

2023. Aun en desacuerdo, PFC y Diego L. Perdomo Ferrer presentaron una

Petición de Certiorari en la que solicitan que revoquemos la Resolución

emitida pues a su juicio:

       Erró el Honorable TPI al no declarar con lugar la Solicitud de
       Desestimación bajo la Regla 10.2(5) cuando la parte
       demandante no aduce una causa de acción de
       incumplimiento de contrato o de daños y perjuicio que
       justifique la concesión de un remedio por aplicar la doctrina
       de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de
       causa y por estar las reclamaciones prescritas.

       Ese mismo día Perdomo Ferrer LLC presentó un Recurso de

Certiorari en el que solicita a su vez que revoquemos la determinación pues

según intima:

       Erró el Honorable TPI al no declarar con lugar la Solicitud de
       Desestimación bajo la Regla 10.2(5) cuando la parte
       demandante no aduce una causa de acción de
       incumplimiento de contrato o de daños y perjuicio que
       justifique la concesión de un remedio.

       En ambos recursos los peticionarios reprodujeron los argumentos

expuestos ante el TPI en sus respectivas solicitudes de desestimación. Por

su parte, el señor Llano Alicea presentó su oposición a la expedición de

ambos recursos.

                                       II

       El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un

tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933,

conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491;

5 Véase Apéndice del KLCE202301060, pág. 125.
KLCE202301060 consolidado con KLCE20231061                                5

Caribbean Orthopedics v. Medshape et al, 207 DPR 994 (2021); 800 Ponce

de León Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020).

Por tanto, la expedición del auto de certiorari descansa en la sana

discreción del tribunal revisor. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC,

194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012).

       La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes

interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente:

       [e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
       Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
       decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
       peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
       evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de
       relaciones de familia, en casos que revistan interés público o
       en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar
       la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el
       Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su
       decisión. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

       Ahora bien, aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos

jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la

adjudicación en sus méritos es un asunto discrecional. Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96 (2008). Sin embargo, tal discreción no

opera en el abstracto. Íd. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones establece los criterios que este foro tomará en consideración

para ejercer prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de

certiorari, a saber:
KLCE202301060 consolidado con KLCE202301061                               6

       A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
          diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.
       B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada
          para analizar el problema.
       C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y
          manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
          de Primera Instancia.
       D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida
          a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser
          elevados, o de alegatos más elaborados.
       E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
          es la más propicia para su consideración.
       F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
          dilación indeseable en la solución final del litigio.
       G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
          evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

       De   otra   parte,   este   Tribunal   solo   intervendrá   con   las

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad

o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689,

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745

(1986).

                                     III

       En ambas peticiones de certiorari los peticionarios nos solicitan que

revisemos la Resolución del 26 de junio de 2023 en la que el foro de

instancia denegó sus respectivas mociones de desestimación. Tratándose

de una determinación en la que se deniegan mociones dispositivas la Regla

52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta a intervenir de manera

interlocutoria. No obstante, luego de revisar los argumentos esbozados por

los peticionarios no encontramos cumplido ninguno de los criterios que la

Regla 40 de nuestro Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, nos

invita a evaluar para expedir un auto certiorari. A tales efectos no vemos

razón para intervenir con el razonamiento del tribunal a quo en esta etapa.

                                     IV

       Por los fundamentos antes expuestos denegamos la expedición de

los recursos solicitados.

       Notifíquese inmediatamente.
KLCE202301060 consolidado con KLCE20231061                                  7

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones