Court Opinion

ID: 9554704
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-08-09 18:19:16.996649+00
Date Added: 2024-06-11T15:36:14.302898
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                                PANEL III

               ALEXANDER MONGE                                        Apelación procedente
                ADORNO; IVIA CRUZ                                     del Tribunal de
               HERNÁNDEZ Y OTROS                                      Primera Instancia,
                                                                      Sala Superior de
                          Apelante                                    Carolina

                             V.                                       Caso Núm.
                                                                      FECI2016-00855
                COOPERATIVA DE                                        (409)
                VIVIENDA CIUDAD
              UNIVERSITARIA; IVÁN A.                                  Sobre:
                                                KLAN202300352
              OTERO LÓPEZ Y OTROS                                     DAÑOS Y
                                                                      PERJUICIOS;
                          Apelada                                     INCUMPLIMIENTO
                                                                      DE DEBER
                                                                      FIDUCIARIO; ABUSO
                                                                      DE FACULTADES;
                                                                      NEGLIGENCIA
                                                                      CRASA; DOLO;
                                                                      MALA FE;
                                                                      DISCRIMEN POR
                                                                      IMPEDIMENTOS Y
                                                                      OTROS
             Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza
             Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

             Grana Martínez, Jueza Ponente

                                               SENTENCIA

             En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

                       El señor Alexander Monge Adorno y otros (apelantes) han

             presentado un recurso apelativo ante este Tribunal. Solicitan que

             revoquemos la Sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia

             (TPI)     desestimó     con   perjuicio   la   demanda   instada   contra   la

             Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria y otros (apelados),

             debido a que la mayoría de las causas de acción estaban prescritas,

             no agotaron remedios administrativos y no lograron probar los daños.

                                                       I

                       Según surge del expediente, el 24 de junio de 2016, el Sr.

             Alexander Monge, su esposa, la Sra. Ivia Cruz, y sus hijos, Alexander

             Monge Cruz, Alexandra Monge Cruz y Gabriela Monge Cruz

             presentaron una Demanda por daños y perjuicios, incumplimiento del

Número Identificador

SEN2023_______________
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deber fiduciario, abuso de facultades, negligencia crasa, dolo, mala fe

y discrimen por impedimento contra la Cooperativa de Vivienda

Ciudad Universitaria, el Sr. Iván Otero, la Sra. Carmen Muñoz, la Sra.

Carmen Rosado, la Sra. Renata López, la Sra. Edna González, la Sra.

Nelly Díaz y el Sr. Alejandro Torres.1

       Las reclamaciones expuestas en la demanda surgen a raíz de

unos alegados hechos ocurridos desde el año 2008, cuando los

apelantes presentaron una querella ante la Administradora de la

Cooperativa, la Sra. Carmen Nelly Díaz (Sra. Díaz), por ruidos

excesivos provenientes de otro apartamento, sin embargo, señalaron

que no recibieron la atención necesaria.

       Luego de otros incidentes, la Junta de Directores de la

Cooperativa inició un procedimiento por la alegada conducta indebida

del Sr. Monge. No obstante, los apelantes señalaron que la Junta de

Directores incumplió con varios requisitos establecidos en la Ley de

Cooperativas de Vivienda y el Reglamento, entre ellos, falta de

notificación. Consecuentemente, el 15 de octubre de 2013, los

apelantes     presentaron      una   querella   (Q13-239-398-13)   ante   la

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de

Puerto Rico (COSSEC) contra los apelados. Entre lo solicitado se

encontraba que ordenaran a la Junta de Directores a proveer un

acomodo razonable al Sr. Adorno, debido a su condición de salud

mental; ordenaran una investigación contra la Administradora de la

Cooperativa y celebraran una vista conciliatoria, entre otras. No

obstante, COSSEC denegó la querella por encontrarse sin jurisdicción

sobre la materia, ya que la Cooperativa estaba atendiendo las

querellas presentadas contra ellos.

       A su vez, manifestaron que, a pesar de los reclamos a la

Administradora y a la Junta de Directores, fueron víctimas de actos

1 Índice del apéndice, págs. 1-33.
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de persecución, hostigamiento, actos de vandalismo, entre otros.

Sostienen se debió como consecuencia de las actuaciones ilegales e

incumplimientos con el Reglamento por parte de los apelados,

incumpliendo su deber de protegerlos como socios.

       Por su parte, los apelados, de manera individual, contestaron la

demanda aceptando algunos hechos y negando otros.2 A su vez,

presentaron varias defensas afirmativas, entre ellas: prescripción,

falta de jurisdicción, cosa juzgada o impedimento colateral por

sentencia, falta de parte indispensable y negligencia comparada. Por

su parte, el Sr. Alejandro Torres especificó que no se sometía a la

jurisdicción, por no haber sido emplazado personalmente. Además,

expresó que el matrimonio con la Sra. Carmen Nelly Díaz estaba

sujeto al régimen de capitulaciones matrimoniales, por lo que no

existía una sociedad legal de gananciales.

       Luego de varios incidentes procesales, el 7 de marzo de 2022, el

Sr. Alejandro Torres presentó una moción de desestimación.3 En esta

alegó que, él y su esposa se casaron por capitulaciones, por lo que no

existe sociedad legal entre ambos; a su vez, que el emplazador había

señalado que le había entregado personalmente el emplazamiento, no

obstante, sostuvo que es falso, y, por lo tanto, no se obtuvo

jurisdicción sobre su persona. De igual forma, señaló que los alegados

hechos en su contra se remontan al año 2013 o previos a marzo de

2015, por lo que al haber transcurrido más de 1 año sin haberse

interrumpido de manera extrajudicial, verbal o por escrito, la causa

de acción había prescrito.

       El 29 de marzo de 2022, la Sra. Carmen Díaz presentó Moción

de Desestimación por Prescripción.4 En síntesis, adujo que las acciones

presentadas en su contra fueron por alegados actos u omisiones en

2 Íd., págs. 34-77.
3 Íd., págs. 96-111.
4 Íd., págs. 78-95.
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su desempeño como Administradora de la Cooperativa, y para junio

de 2014, había terminado sus funciones. Por consiguiente, al

momento de presentarse la demanda y habiendo transcurrido el

término para presentar las causas de acción en su contra, éstas

estaban prescritas. A su vez, señaló que los apelantes no contestaron

en el término correspondiente la moción presentada, por lo que,

posteriormente, presentó Moción Solicitado Quede Sometida sin

Oposición y se Adjudique en sus Méritos la Moción para Desestimar por

Prescripción.

       De otra parte, el Sr. Iván Otero, la Sra. Carmen Muñoz, la Sra.

Carmen Rosado, la Sra. Renata López, la Sra. Edna González y la Sra.

Wanda Rosario, presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria.5

Expusieron que la Cooperativa, según la Ley 239-2004, es quien

ostenta personalidad jurídica mas no así la Junta de Directores y que

la responsabilidad fiduciaria de sus miembros es ante la Cooperativa,

y no ante cada uno de sus socios, por lo que, sostienen que no

procedía una causa de acción en contra de estos en su carácter

oficial. A su vez, expusieron como alegación responsiva cosa juzgada y

falta de parte indispensable.

       En cuanto a la causa de acción por discrimen al haber ignorado

la solicitud de acomodo razonable, sostuvieron que la Cooperativa le

ofreció una alternativa, pero la Sra. Cruz se negó. A su vez,

sostuvieron que sí evaluaron la solicitud, ésta fue denegada y no

volvieron a recibir otra solicitud.

       Así las cosas, el 18 de agosto de 2022, los apelantes

presentaron su oposición a la moción presentada por el Sr. Alejandro

Torres.6 Sostuvieron que el emplazador le entregó el emplazamiento

del Sr. Alejandro Torres, a su esposa, la Sra. Carmen Nelly Díaz,

quien le había manifestado que estaba autorizada a recibirlo.

5 Íd., págs. 112-176.
6 Íd., págs. 177-182.
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Finalmente, arguyeron que la causa de acción en su contra no estaba

prescrita, puesto que, los ruidos excesivos han continuado.

       Luego de evaluadas las posiciones de las partes, el TPI dictó

Sentencia y determinó que los siguientes hechos no están en

controversia:7

       1. Los Demandantes Alexander Monge Adorno (Monge
       Adorno) e Ivia Cruz Hernández (Cruz Hernández) son un
       matrimonio y componen la Sociedad Legal de Gananciales
       Monge-Cruz.

       2. Los demandantes Alexander Monge Cruz (AMC),
       Alexandra M. Monge Cruz (AMMC) y Gabriela A. Monge
       Cruz (GMC) son hijos de los demandantes Monge Adorno
       y Cruz Hernández.

       3. La dirección física de los Demandantes es: Cooperativa
       de Vivienda Ciudad Universitaria, Apartamento 807-B,
       Trujillo Alto, P.R. Su dirección postal es: 2 Ave. Periferial,
       Cooperativa Ciudad Universitaria, Apt. 807-B, Trujillo
       Alto, Puerto Rico, 00976.

       4. La demandada Cooperativa de Vivienda Ciudad
       Universitaria (la “Cooperativa”), es una cooperativa de
       vivienda creada al amparo de las leyes del Estado Libre
       Asociado de Puerto Rico, cuya dirección física es 2 Ave.
       Periferial, Suite Adm., Trujillo Alto, P.R., cuya dirección
       postal es 2 Ave. Periferial, Suite Adm., Trujillo Alto, P.R.,
       00976-2130.

       5. El Demandado, Iván A. Otero López (Otero), es Socio de
       la Cooperativa y residente del complejo de vivienda
       Ciudad Universitaria.

       6. La Demandada, Carmen Muñoz Hernández (Muñoz), es
       Socia de la Cooperativa y residente del complejo de
       viviendas Ciudad Universitaria.

       7. La Demandada, Carmen Rosado de León (Rosado), es
       Socia de la Cooperativa y residente del complejo de
       viviendas Ciudad Universitaria.

       8. La Demandada, Renata López Colón (López), es Socia
       de la Cooperativa y residente del complejo de viviendas
       Ciudad Universitaria.

       9. La Demandada, Edna I. González (González), es Socia
       de la Cooperativa y residente del complejo de viviendas
       Ciudad Universitaria.

       10. La Demandada, Wanda Rosario (Rosario), es Socia de
       la Cooperativa y residente del complejo de viviendas
       Ciudad Universitaria.

7 Íd., págs. 183-208. Los hechos no controvertidos, fueron estipulados por las partes

en el Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al Juicio.
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    11. La Demandada, Nelly Díaz Adorno (Díaz), es residente
    del complejo de viviendas Ciudad Universitaria.

    12. El Demandado, Alejandro Torres Rivera (Torres-
    Rivera), es Socio y residente de la Cooperativa, y esposo
    de la Demandada Díaz.

    13. “La Cooperativa de Viviendas Ciudad Universitaria es
    una cooperativa de viviendas que se organizó y se rige por
    la Ley Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004 y está
    localizada en Trujillo Alto. Además, se rige por el
    Reglamento interno de la Cooperativa, así como por la
    jurisprudencia aplicable a las cooperativas de Puerto
    Rico.”

    14. Las facultades y deberes del Principal Ejecutivo o
    Agente Administrador de la Cooperativa son los que
    surgen de la Ley 239-2004, del Reglamento interno de la
    Cooperativa    y  del  Contrato    de   Administración
    correspondiente.

    15. El 15 de octubre de 2013, los demandantes
    presentaron una querella ante la Corporación Pública
    para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto
    Rico (COSSEC), Querella (Q13-239-398-13) contra la
    Cooperativa de Vivienda, contra su Junta de Directores y
    contra la Administradora Díaz.

    16. El 3 de junio de 2013 el Codemandado ATR le escribió
    a la socia Ivia Cruz.

    17. El 20 de junio de 2013 la socia demandante Ivia Cruz
    le escribió carta a ATR rechazando que los ruidos
    provinieran de su unidad de vivienda, solicitando se
    verificara los ruidos generados desde dos pisos superiores
    a la unidad de vivienda de ATR en el 907-B.

    18. El 3 de julio de 2013 ATR contestó la carta de la
    Codemandante Ivia Cruz reafirmando su queja por los
    ruidos, golpes y palabras soeces provenientes de su
    unidad de vivienda 807-B.

    19. La condición de socio de la unidad de vivienda 707-B
    la ostenta el Codemandado Alejandro Torres Rivera.

    20. Nelly Díaz Adorno, comenzó a trabajar con la CVCU,
    el 3 de septiembre de 1996, mediante un contrato de
    servicios profesionales.

    21. Nelly Díaz Adorno, terminó sus funciones como
    Administradora, por contrato de servicios profesionales
    con CVCU, el 3 de mayo de 2014.

    22. El 10 de octubre de 2013, la demandante presentó
    una Queja de Discriminación en la Vivienda, ante la U.S.
    Department of Housing and Urban Development.

    23. El 21 de febrero del 2014, la HUD, determinó:
    “Después de revisar los documentos presentados a esta
    oficina, hemos determinado que no cualifica como una
    persona ofendida y por lo tanto le informamos que no
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      tenemos ninguna jurisdicción en la pregunta que nos
      hizo.”

      24. Nelly Díaz Adorno, comenzó a trabajar con la CVCU,
      el 3 de septiembre de 1996, mediante un contrato de
      servicios profesionales.

      25. Nelly Díaz Adorno, terminó sus funciones como
      Administradora, por contrato de servicios profesionales
      con CVCU, el 31 de mayo de 2014.

      26. Del 12 de febrero de 2006 al 2 de febrero de 2006 el
      demandante Monge Adorno estuvo internado en el
      Hospital San Juan Capestrano con síntomas de ansiedad,
      minusvalía, insomnio, aislado, pobre autoestima,
      agresividad, irritabilidad, llanto frecuente, pobre control
      de impulsos, falta de concentración y anhedonia.8

      27. El demandante fue referido al Hospital San Juan
      Capestrano por presentar trastornos de estrés post
      traumático.

      28. Del expediente médico del demandante en el Hospital
      Capestrano surge que éste tiene historial psiquiátrico y
      psicológico desde un incidente con unos guardias de
      seguridad en el año 2003.

      29. El 17 de febrero de 2006, fue evaluado por psiquiatra
      en el Hospital San Juan Capestrano quien diagnosticó
      depresión mayor severa recurrente con rasgos psicóticos
      y recomendación de admisión a hospitalización parcial.
      Fue evaluado presentando agresividad contra el juez que
      lleva su caso y depresión.

      30. Del 23 de febrero de 2006 al 3 de marzo de 2006
      estuvo hospitalizado de forma parcial en el Hospital San
      Juan Capestrano para recibir atención médica por
      depresión mayor severa con rasgos psicóticos.

      31. Durante dicho tiempo presentó un patrón de
      comportamiento egocéntrico, grandioso y sin empatía por
      los demás. Durante dicha hospitalización el 2 de marzo
      de 2006 el demandante se dirigió al baño y al ver que
      estaba ocupado el de caballeros comenzó a darle golpes a
      la puerta; la persona que estaba en el baño el psiquiatra
      Dr. Cardona quien le llamó la atención. Luego de dicho
      incidente el demandante solicitó ser dado de alta, a pesar
      de las recomendaciones de continuidad de tratamiento.
      Se le recomendó luego del alta continuar los
      medicamentos y seguimiento médico y psiquiátrico.

      32. La Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria
      (Cooperativa)   es    una     cooperativa de vivienda
      mancomunada que se rige por la Ley 239-2004 y su
      jurisprudencia interpretativa.

8 Entendemos que la inconsistencia en las fechas citadas en el hecho #26 de la
Sentencia que es como aparecen en el Informe Preliminar de Conferencia con
Antelación al Juicio del 9 de mayo de 2022, corresponde a un error de forma.
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    33. La Cooperativa es una cooperativa de vivienda
    debidamente inscrita ante COSSEC y registrada ante el
    Departamento de Estado de Puerto Rico.

    34. La Cooperativa tiene un Reglamento interno aprobado
    en Asamblea Extraordinaria del 20 de mayo de 2006 y
    debidamente aprobado por la Oficina del Inspector de
    Cooperativas [ahora COSSEC].

    35. El codemandado Iván Otero ha sido miembro de la
    junta de Directores de la Cooperativa.

    36. El codemandado Iván Otero no está casado ni ha
    tenido una sociedad legal de gananciales.

    37. La codemandada Carmen Muñoz ha sido miembro de
    la Junta de Directores de la Cooperativa.

    38. La codemandada Carmen Muñoz no estaba casada ni
    tenía una sociedad legal de gananciales para las fechas de
    los hechos alegados en la demanda.

    39. La codemandada Carmen Rosado ha sido miembro de
    la Junta de Directores de la Cooperativa.

    40. La codemandada Carmen Rosado no estaba casada ni
    tenía una sociedad legal de gananciales para las fechas de
    los hechos alegados en la demanda.

    41. La codemandada Renata López ha sido miembro de la
    Junta de Directores de la Cooperativa.

    42. La codemandada Renata López no estaba casada ni
    tenía una sociedad legal de gananciales para las fechas de
    los hechos alegados en la demanda.

    43. La codemandada Wanda Rosario ha sido miembro de
    la Junta de Directores de la Cooperativa.

    44. La codemandada Wanda Rosario no estaba casada ni
    tenía una sociedad legal de gananciales para las fechas de
    los hechos alegados en la demanda.

    45. La codemandada Edna González no fue miembro de la
    Junta de Directores para ninguna de las fechas
    correspondientes a los hechos pertinentes alegados en la
    Demanda.

    46. La codemandada Edna González no está casada ni
    tenía una sociedad legal de gananciales.

    47. La demandante Ivia Cruz Hernández es socia de la
    Cooperativa y reside en la Cooperativa junto a su esposo,
    Alexander Monge Adorno, y los hijos de ambos, Alexander
    Monge Cruz y Gabriela Monge Cruz, quienes son parte de
    la composición familiar de la socia en la Cooperativa y
    parte demandante en el caso.

    48. El Reglamento de la Cooperativa, en su Art. VII(k),
    define “socio” como “la persona natural que haya sido
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    admitida como tal por la Junta de Directores para formar
    parte de la Cooperativa y ocupar una unidad de vivienda
    junto a su composición familiar, si alguna”.

    49. El Reglamento de la Cooperativa, en su Art. VII(k),
    define “composición familiar” como “los miembros de la
    familia que residan en una unidad de vivienda y que
    hayan sido informados a la Cooperativa por el socio
    utilizando el formulario provisto para ello y proveyendo la
    totalidad de los documentos requeridos por la
    Cooperativa y que hayan sido registrados como residentes
    de la Cooperativa mediante un proceso de certificación o
    recertificación y que, por lo tanto, figuren en los
    formularios oficiales de la Cooperativa”.

    50. El Reglamento de la Cooperativa, en su Art. VII(k),
    define “mora o morosidad” como “el incumplimiento o el
    cumplimiento tardío de las responsabilidades de tipo
    económico del socio. […] Cuando un socio incurra en
    mora, la Cooperativa, a través de la Oficina de
    Administración o la Junta de Directores, hará las
    gestiones de cobro que permitan la Ley 239, este
    Reglamento y las leyes del Estado Libre Asociado de
    Puerto Rico e impondrá las sanciones y penalidades
    establecidas en la Ley y este Reglamento para tales
    casos.”

    51. El Reglamento de la Cooperativa, en su Art. VII(o),
    define “conducta indebida” como “cualquier violación de
    un socio por sí o a través de algún miembro de su
    composición familiar o visitante, a este Reglamento, a la
    Ley 239 del 1 de septiembre de 2004, al contrato de
    ocupación, a los acuerdos y Resoluciones de la Junta de
    Directores o la Asamblea, o cualquier reglamento o norma
    de HUD que aplique a la Cooperativa. El socio responderá
    por acciones de conducta indebida incurridas por él, así
    como por cualquier integrante de su composición familiar
    o visitante. Cualquier acción de conducta indebida podrá
    conllevar sanciones de parte de la Oficina de
    Administración o la Junta de Directores, según dispuesto
    en este Reglamento y en la Ley.”

    52. La conducta indebida está regulada en el Reglamento
    de la Cooperativa, Art. XVI, Sec. 1, así como en los Arts.
    35.4-35.8 de la Ley 239.

    53. La Junta de Directores de la Cooperativa tiene, por
    virtud la Ley 239-2004 y del Reglamento interno de la
    Cooperativa, Art. XVI, Sec. 2, la facultad de llevar a cabo
    un procedimiento adjudicativo para atender los casos de
    socios que incurran en conducta indebida y/o morosidad.

    54. El 24 de octubre de 2011, la Junta de Directores de la
    Cooperativa emitió una Resolución mediante la que
    encontró a la Sra. Ivia Cruz incursa en conducta
    indebida, tras determinarse que su esposo y miembro de
    su composición familiar en la Cooperativa, Sr. Alexander
    Monge Adorno, había incurrido en actos de conducta
    indebida.
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    55. En la mencionada Resolución se impuso a la Sra. Ivia
    Cruz Hernández, una sanción de tres (3) años de
    probatoria, vencedero el 24 de octubre de 2014.

    56. De presentarse y probarse cargos por conducta
    indebida de cualquier naturaleza contra la Sra. Ivia Cruz
    Hernández dentro de dicho periodo probatorio, se
    procedería con su separación como socia de la
    Cooperativa.

    57. La Sra. Ivia Cruz Hernández recurrió de la Resolución
    del 24 de octubre de 2011 de la Junta de Directores ante
    el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Caso Civil
    Núm. FAC2011-3221.

    58. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia
    sumariamente el 24 de agosto de 2012, notificada y
    archivada en autos el 29 de agosto de 2012.

    59. En la Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia
    concluyó que:

    De la totalidad de la prueba evaluada por la Junta de
    Directores surge que dicha condición de salud [del Sr.
    Alexander Monge Adorno] nunca fue comunicada a la
    Junta de Directores, ni al personal administrativo de la
    Cooperativa previo a los hechos que nos ocupan. La
    señora Cruz no presentó en ningún momento prueba
    documental o científica sobre la alegada condición de su
    esposo, el señor Monge.

    Este Tribunal considera que carece de pertinencia la
    alegada condición de salud del señor Monge, debido a que
    no se ha presentado evidencia alguna, que sugiera que
    dicha enfermedad de alguna manera justifique la
    conducta indebida por la cual fue sancionada la
    demandante. De igual forma, no es pertinente para fines
    de la resolución del presente caso, la alegación de que los
    empleados de la Cooperativa no hayan sido adiestrados
    para atender pacientes de una condición emocional. De la
    prueba presentada, no surge que los empleados se hayan
    apartado de una conducta prudente y razonable.

    La señora Cruz alega que todo el procedimiento
    disciplinario llevado en su contra es motivado por un
    deseo de la “Cooperativa” de confiscar la equidad de su
    apartamento. Revisado el expediente del caso, surge que
    la señora Cruz no presentó ninguna evidencia que apoye
    sus alegaciones al respecto. S[í] pudimos constatar, que
    existen declaraciones de la señora Cruz, durante la vista
    en la Cooperativa, en las que ésta admite que la Junta de
    Directores, siempre realizó arreglos para que pudiera
    ponerse al día en el pago de sus mensualidades hoy y no
    perdiera su apartamento. Por lo tanto, no nos convence a
    la alegación de la señora Cruz, sobre un esquema ilegal
    para separarla permanentemente de la Cooperativa.

    60. La Sentencia en el Caso Civil Núm. FAC2011-3221 y,
    por lo tanto, la Resolución del 24 de octubre de 2011 que
    fue confirmada por virtud de ella, es final y firme,
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    habiendo transcurrido el término para recurrir de la
    mencionada Sentencia.

    61. El 18 de noviembre de 2011 la Administración emitió
    un aviso a la comunidad sobre incidentes de vandalismo
    ocurridos en el piso 8, en el que se encuentra la unidad
    de vivienda de los demandantes.

    62. El 5 de diciembre de 2011 la Administración dirigió
    una carta a la Sra. Cruz relacionada a un incidente de
    vandalismo en el que se había derramado pintura de
    aceite en la puerta de la unidad de vivienda de los
    demandantes. Se informó que se había cambiado la
    puerta y se había intensificado la seguridad en el piso 8
    para evitar futuros incidentes como ese.

    63. El 23 de febrero de 2011 la Administración dirigió una
    carta a la Sra. Cruz relacionada al incidente de
    vandalismo reportado por la Sra. Cruz el 4 de diciembre
    de 2011, así como informando que habían ocurrido otros
    incidentes de vandalismo en ese piso y que no se habían
    podido identificar a las personas que habían realizado
    dichos actos.

    64. La Sra. Ivia Cruz presentó una querella en la
    Cooperativa sobre hechos ocurridos el 28 de marzo de
    2012. En la querella alegó que el Sr. Manuel Freyre, hijo
    de la socia Marisol Morales, se había personado esa tarde
    en la puerta del apartamento de los demandantes,
    vociferando y golpeando fuertemente la puerta del
    apartamento. Durante el incidente se encontraban en el
    apartamento solo la Sra. Ivia Cruz y sus 3 hijos.

    65. La puerta del apartamento sufrió daños por el
    incidente y la Sra. Cruz pagó $51.70 por la puerta y
    $100.00 por la instalación.

    66. En atención a su querella, la Junta de Directores
    celebró una vista administrativa contra la socia Marisol
    Morales el 3 de abril de 2013. Como resultado, la Junta
    de Directores emitió una Resolución el 30 de abril de
    2013 mediante la que le impuso a la socia Marisol
    Morales una multa de $500.00 para compensar el costo
    de la reposición de la puerta. Se impuso, además, un
    periodo probatorio de un año dentro del que el Sr. Freyre
    solo podía entrar a la Cooperativa de lunes a viernes, de
    4:00 PM a 8:00 PM, exclusivamente al apartamento de su
    madre.

    67. La Sra. Morales cumplió con la penalidad económica
    de 500 impuestas y la Cooperativa emitió un pago por la
    suma de $351.70 a la Sra. Ivia Cruz que fue recibido por
    ésta.

    68. La Sra. Ivia Cruz admite que el dinero que pagó por el
    daño a la puerta le fue reembolsado.

    69. La Sra. Cruz recibió copia de la Resolución emitida
    por la Junta de Directores el 10 de mayo de 2013.
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    70. La Administración de la Cooperativa ha emitido
    comunicados a la Sra. Ivia Cruz sobre incidentes en los
    que se imputa ha estado envuelto el Sr. Alexander Monje
    Adorno. Por estos incidentes no se han impuesto multas o
    penalidades a la Sra. Cruz, ni se ha citado a la socia a
    vista administrativa. Las comunicaciones fueron en las
    siguientes fechas:

          a.    8 de febrero de 2011
          b.    28 de marzo de 2012
          c.    1 de junio de 2012
          d.    19 de septiembre de 2012
          e.    26 de octubre de 2012
          f.    8 de marzo de 2013

    71. Sobre las alegaciones 128-130 de la Demanda,
    relacionadas a ruidos excesivos provenientes del
    apartamento de la Sra. Nelly Díaz y el Sr. Alejandro
    Torres, apartamento que queda debajo de la residencia de
    los demandantes, la Sra. Cruz admitió que son los
    mismos a los que se refirió el Sr. Alejandro Torres en
    unas cartas remitidas por este “con relación a una
    construcción que había habido en su propiedad”. El Sr.
    Torres envió una carta a la Administración al respecto,
    así como la hizo llegar una carta sobre el asunto a la
    señora Cruz.

    72. En atención a la alegación de que cada vez que los
    demandantes pasaban por Apt. 131, que ubica frente a
    su residencia, las personas que se encontraban dentro del
    mismo comenzaban a proferir palabras insultantes y
    soeces hacia los demandantes, la Sra. Ivia Cruz admitió
    que no han solicitado la intervención de la Policía.

    73. El 6 de junio de 2013 la Administración refirió a la
    Junta de Directores ciertas quejas presentadas por
    vecinos, socios y/o empleados de la Cooperativa, sobre
    ruidos fuertes provenientes de la unidad de vivienda
    ocupada por los demandantes, fuerte olor a incienso
    proveniente de la unidad de vivienda e incidentes que se
    imputaron al Sr. Alexander Monge Adorno.

    74. Mediante citaciones fechadas a 15 de agosto de 2013
    y 9 de septiembre de 2013, la Junta de Directores citó a
    la socia Ivia Cruz a vista administrativa.

    75. El día 24 de septiembre de 2013 se celebró una vista
    a la que asistió la socia Ivia Cruz, acompañada de
    abogado.

    76. Mediante Resolución y Tercera Citación para Vista por
    Conducta Indebida del 1 de octubre de 2013, la Junta de
    Directores concedió la transferencia de la vista solicitada
    por la representante legal de la socia y se citó a la socia
    nuevamente a la vista administrativa el 22 de octubre de
    2013.

    77. La representación legal de la Sra. Cruz presentó una
    Solicitud de Enmienda a “Resolución y Tercera Citación
    para Vista por Conducta Indebida” y Otros Extremos, con
    fecha de 19 de octubre de 2013.
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    78. La moción fue declarada no ha lugar por la Junta de
    Directores, mediante Resolución del 21 de octubre de
    2013.

    79. Previo a ello, el 16 de octubre de 2013 la Sra. Cruz y
    el Sr. Monge Adorno habían presentado una Querella y
    Solicitud Urgente de Cese y Desista ante COSSEC,
    solicitando     la     paralización   del   procedimiento
    administrativo de la Cooperativa y que se ordenara a la
    Cooperativa a conceder un acomodo razonable al Sr.
    Alexander Monge Adorno, entre otros asuntos.

    80. La Querella fue declarada no ha lugar por COSSEC el
    1 de octubre de 2014.

    81. La parte querellante en el caso presentó una Solicitud
    de reconsideración a la desestimación de la Querella el 22
    de octubre de 2014.

    82. Mediante Resolución del 20 de enero de 2015,
    COSSEC reiteró su falta de jurisdicción sobre el asunto
    planteado en la Querella, pero ordenó la paralización de
    los procedimientos en la Cooperativa únicamente en
    cuanto a los planteamientos levantados por los
    querellantes sobre la representación legal de la
    Cooperativa.

    83. El 5 de febrero de 2015 la representación legal de la
    Cooperativa presentó su renuncia, tanto en el caso ante
    COSSEC como en el procedimiento administrativo ante la
    Cooperativa.

    84. En atención a ello, COSSEC emitió Resolución final el
    2 de marzo 2015 levantando la paralización del
    procedimiento administrativo en la Cooperativa.

    85. La Sra. Ivia Cruz admitió que no se recurrió en
    apelación de esa determinación de COSSEC.

    86. Al preguntársele en deposición en qué consistía el
    acomodo solicitado a la Cooperativa, la Sra. Ivia Cruz
    expresó que consistía en que:

    a.    La vecina del apartamento que ubica frente a su
    residencia cerrara la puerta para que no hubiese ruido
    que afectara al Sr. Monge Adorno. Testificó la Sra. Ivia
    Cruz que esta solicitud la hizo verbalmente a la
    Administración;

    b.    Que la Administración los ayudara a evitar
    confrontaciones entre personas de la Cooperativa y el Sr.
    Alexander Monge Adorno;

    c.    Que los ayudara a resolver la situación de los
    ruidos del apartamento ubica arriba de su residencia, en
    el que la residente de nombre Paola camina con tacos.
    Sobre esta situación, admitió que el Sr. Monge Adorno en
    ocasiones tomaba “hoy doble medicación que no le
    correspondía para poder dormir”, así somo este se
    molestaba y le gritaba a ella;
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    d.    Que lo empleados de la Cooperativa no caminaran
    detrás o delante del Sr. Monge Adorno;

    e.   Que los guardias de seguridad y el personal de
    Administración tuvieran un entrenamiento especial para
    atender al Sr. Alexander Monge Adorno;

    f.   Que también se educara a los vecinos, el entorno,
    para manejar la condición médica del Sr. Alexander
    Monge.

    87. La Sra. Ivia Cruz admite que se le ofreció mudar a su
    familia para la Torre A de la Cooperativa para resolver el
    problema de los ruidos, pero ella no aceptó.

    88. En relación con la solicitud de acomodo razonable, el
    11 de septiembre de 2013 la Sra. Nelly Díaz,
    Administradora, envió una contestación a la Sra. Ivia
    Cruz Hernández, mediante la que se le solicitó
    información y documentación necesaria para poder
    procesar la solicitud.

    89. La Sra. Ivia Cruz Hernández contestó esa carta de la
    Sra. Nelly Díaz, mediante carta dirigida a ésta y a la
    Junta de Directores, fechada a 19 de septiembre de 2013.

    90. La Junta de Directores, mediante carta del 17 de
    octubre de 2013, expresó a la Sra. Cruz Hernández que
    su carta del 19 de septiembre de 2013 “no provee la
    información solicitada por la administradora de la
    Cooperativa, Sra. Nelly Díaz Adorno, en carta del 11 de
    septiembre de 2013 y que es indispensable para que la
    Junta de Directores pueda evaluar una solicitud de
    acomodo razonable”. Igualmente, expresó que se había
    determinado que la Sra. Cruz Hernández no había
    presentado la “información necesaria para atender la
    solicitud de acomodo razonable”.

    91. Mediante carta del 21 de octubre de 2013 la Lcda.
    Nydia Irizarry, en representación de la Sra. Ivia Cruz, se
    dirigió a la Junta de Directores y a la Administración en
    relación a la solicitud de acomodo razonable para el Sr.
    Monge Adorno.

    92. La Junta de Directores, mediante carta del 10 de
    marzo de 2014, contestó la comunicación de la Lcda.
    Irizarry, con copia para el Sr. Alexander Monge.

    93. En esta carta del 10 de marzo de 2014, La Junta de
    Directores expresó que se denegaba la solicitud “por
    entender que la misma no era razonable ni adecuada”.

    94. Mediante la carta del 10 de marzo de 2014 la Junta
    de Directores denegó y cerró la solicitud de acomodo
    razonable.

    95. Luego del 10 de marzo 2014, la Sra. Ivia Cruz
    Hernández no hizo una petición de acomodo razonable
    ante agencias administrativas ni tribunales.
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    96. La Sra. Ivia Cruz Hernández admite que lo que
    solicitaban como acomodo no era un cambio de unidad de
    vivienda ni de torre y que eso no le interesaba.

    97. La Sra. Ivia Cruz Hernández no recurrió de, ni apeló,
    esa determinación de HUD.

    98. Tampoco el Sr. Alexander Monge Adorno presentó una
    queja ante HUD sobre el discrimen alegado contra la
    Cooperativa.

    99. El Sr. Alexander Monge Adorno expresó que desde el
    2008 su condición de salud emocional le impide “estar al
    lado de la gente”.

    100. El Sr. Alexander Monge Adorno no está incapacitado
    por el Seguro Social.

    101. El Sr. Alexander Monge Adorno no ha sido declarado
    incapaz judicialmente, ni tiene tutor.

    102. Según los demandantes, la condición emocional de
    estrés postraumático y psicosis atípica del Sr. Alexander
    Monge Adorno surgió desde el año 2003.

    103. El Sr. Alexander Monge Adorno estuvo ingresado en
    el Hospital San Juan Capestrano del 12 al 16 de febrero
    de 2006.

    104. En la hoja de cernimiento para esa hospitalización
    se anotó que el Sr. Monge Adorno había referido que “del
    viernes para acá mi mujer no me aguanta. Yo le tiré con
    una silla al juez y él me humilló al frente de todos y el
    perjudicado soy yo.”

    105. El Diagnóstico inicial de dicha hospitalización fue
    trastorno de estrés postraumático.

    106. Entre      los   eventos    precipitantes   para   esa
    hospitalización, según referido por el Sr. Monge Adorno,
    se encuentra un caso legal federal e ideas homicidas
    contra el juez que atendió ese caso, ansiedad,
    irritabilidad, llanto frecuente, pobre control de impulsos,
    falta de concentración, anhedonia, agresividad verbal,
    pobre autoestima, aislado, escucha que lo llaman a que
    se mate.

    107. El diagnóstico de alta para esa hospitalización fue
    depresión   mayor    severa    recurrente  /    episodio
    postraumático.

    108. El 17 de febrero 2006 el Sr. Alexander Monge Adorno
    fue evaluado ambulatoriamente por el Dr. Padró, quien lo
    diagnosticó con depresión mayor severa recurrente con
    rasgos psicóticos y recomendó admisión a hospitalización
    parcial.

    109. El Sr. Monge Adorno fue recluido nuevamente en el
    Hospital San Juan Capestrano del 23 de febrero de 2006
    al 3 de marzo de 2006.
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    110. Para esa hospitalización, el Sr. Monge Adorno refirió
    tener historial ambulatorio con el Dr. Padró, quien “me
    había mandado dos semanas pa’ aquí y yo no vine.”

    111. Refirió, además, que la causa de la hospitalización
    anterior había sido que “no le gustó lo que dijo o hizo el
    juez y su instinto fue tirarle a éste con una silla.”

    112. Para el 2 de marzo de 2006 se anotó que hubo una
    intervención individual con el Sr. Monge Adorno porque
    había incitado un incidente en el que se dirigió al baño de
    caballeros, que se encontraba ocupado por el Dr.
    Cardona, y comenzó a darle golpes repetidos en la puerta.
    Al salir del baño el Dr. Cardona, le llamó la atención. El
    Sr. Monge Adorno se volteó y comenzó a comentar por los
    pasillos que el Dr. Cardona le había faltado el respeto
    alterando a los pacientes.

    113. Sobre el mismo incidente con el Dr. Cardona, el 3 de
    marzo de 2006 se anotó en la Nota Especial de
    Coordinadora que el Sr. Monge Adorno había solicitado el
    alta porque no le había gustado la forma en que el Dr.
    Cardona le llamó la atención. ¿Refirió que el Dr. Cardona
    no puso un letrero en la puerta de que se iba a tardar, “él
    es hombre, “se está maquillando?”. Se anotó que se le
    aclaró que lo que estaba solicitando no era razonable y
    que la conducta presentada era la misma que en otras
    ocasiones había presentado y le había traído problemas.

    114. En la nota de seguimiento para el 3 de marzo de
    2006 se anotó que el Sr. Monge Adorno hoy había
    exhibido un patrón de comportamiento egocéntrico,
    grandioso y sin empatía por los demás que aparenta estar
    relacionado a su estado de ánimo, así como que debía
    explorar en tratamiento el patrón de personalidad y
    actitud hostil.

    115. Para esa hospitalización, el Sr. Monge Adorno hoy
    fue dado de alta en contra de la recomendación médica,
    con diagnóstico de trastorno de ánimo no especificado y
    trastorno de personalidad.

    116. La Sra. Ivia Cruz admitió en deposición que las
    políticas de acomodo razonable de la Cooperativa le
    fueron entregadas.

    117. La Sra. Ivia Cruz admitió en deposición que la última
    comunicación que envió a la Administración relacionada
    con los incidentes en los que encontró aceite y sal frente a
    la puerta de su residencia fue el 19 de agosto de 2013.

    118. La Sra. Ivia Cruz admitió en deposición que la última
    ocasión en que se querelló con los guardias de seguridad
    de la Cooperativa por los incidentes de aceite y sal fue el
    6 de agosto de 2013. O sea, más de dos años antes de la
    radicación de la Demanda.

    119. La Sra. Ivia Cruz admitió que no vio a ninguno de los
    codemandados miembros de la Junta de Directores
    echarle aceite o sal, así como tampoco pudo referir
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     ningún incidente al respecto en el que hubiesen estado
     envueltos los codemandados comparecientes.

     120. En relación al párrafo 37 de la Demanda, en el que
     alega contra los codemandados comparecientes que han
     avalado, por acción u omisión, un trato contra los
     demandantes por parte de la Administradora, Nelly Díaz
     Adorno que ha sido desigual, discriminatorio, amiguismo,
     abuso de poder, de facultades y prerrogativas, violaciones
     reiteradas al deber fiduciario y violaciones intencionales a
     la Ley 239-2004, la Sra. Cruz ha admitido que: a) a lo que
     se refería era al deber fiduciario de éstos como miembros
     de la Junta de Directores; y b) las omisiones consistieron
     en las comunicaciones de ella “sobre las situaciones por
     las que estaba pasando y ellos no hicieron absolutamente
     nada”.

     121. La Sra. Ivia Cruz presentó una querella contra la
     Administradora, Nelly Díaz, mediante carta del 23 de
     agosto de 2013 dirigida al Sr. Iván Otero, como Presidente
     de la Junta de Directores en ese momento.

     122. Dicha querella fue atendida por la Junta de
     Directores, mediante carta del 17 de octubre de 2013. En
     esa carta se informó a la Sra. Cruz Hernández que se
     había atendido su querella contra la Sra. Nelly Díaz y
     que, en reunión ordinaria del 16 de octubre de 2013, se
     había determinado que las imputaciones contra la
     Administradora no se sostenían.

     123. Además, la Junta de Directores, mediante carta del
     10 de marzo de 2014, contestó la comunicación de la
     Lcda. Irizarry, con copia a la Sra. Ivia Cruz Hernández.
     En esta carta expresó nuevamente que, la querella
     presentada contra la Administración ya había sido
     atendida y que se había determinado que no existían los
     elementos para que la Junta de Directores tomara
     medidas correctivas o disciplinarias contra la Sra. Nelly
     Díaz.

     124. Las notas de los demandantes Alexandra, Gabriela y
     Alexander Monge Cruz no se vieron afectadas por los
     hechos que alegan en la Demanda.

     125. Los demandantes Ivia Cruz y Alexandra, Gabriela,
     Alexander Monge Cruz no han sido referidos ni han
     recibido atención por profesionales de salud mental por
     los hechos que alegan en la Demanda.

     126. A los demandantes Ivia Cruz y Alexandra, Gabriela,
     Alexander Monge Cruz no se les han ordenado ni han
     ingerido medicamentos para su salud mental.

     El foro primario desestimó con perjuicio la demanda contra la

Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria, los miembros de la

Junta de Directores y su administradora, la Sra. Carmen Nelly Díaz.

La sentencia concluyó que, por no existir controversia sustancial de
KLAN202300352                                                         18

hechos, la mayoría de las alegaciones estaban prescritas, además, que

no habían agotado los remedios administrativos, no lograron probar

daños y tampoco hubo discrimen en su contra.

        En desacuerdo con la decisión, los apelantes presentaron una

moción en reconsideración.9 Evaluada la moción y los argumentos en

oposición, el TPI denegó la moción.10

        Inconforme con la determinación, los apelantes presentaron

este recurso en el que alegan que el TPI cometió los siguientes

señalamientos de error:

            Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar
            que el emplazamiento del codemandado Alejandro
            Torres no fue diligenciado adecuadamente pues para
            ello debía dirimir credibilidad, asunto que requería la
            celebración de una vista evidenciaria.

            Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar
            que las causas de acción estaban prescritas.

            Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar las
            causas de acción de los menores a pesar de haber
            prueba incontrovertible de daños que requería ser
            dirimida en un juicio plenario.

            Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar las
            reclamaciones de los codemandados individuales en su
            carácter personal.

                                     II

                                    A.

        La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36.2, permite a una parte, contra la cual se ha presentado una

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre

la totalidad o cualquier parte de esta. Ramos Pérez v. Univisión, 178

DPR 200, 212-214 (2010). El propósito de este mecanismo es

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la

causa que trate. González Santiago v. Baxter Healthcare of PR, 202

9 Íd., págs. 209-216.
10 Íd., pág. 252.
KLAN202300352                                                                   19

DPR 281, 290, 291 (2019); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182

DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 212-214.

      La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria

deberá demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se

dicte sentencia a su favor. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20

(2020). Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v.

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005).

      La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria debe

controvertir la prueba presentada. La oposición debe exponer de

forma detallada y específica, los hechos pertinentes para demostrar

que existe una controversia fáctica material; de lo contrario, se dictará

la sentencia sumaria en su contra, si procede en derecho. 32 LPRA

Ap. V, R. 36 (c). Cuando la moción de sentencia sumaria está

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer

evidencia para demostrar la existencia de una controversia en torno a

un hecho material. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7, 25

(2014).

                                          B.

      El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual el

tribunal adquiere jurisdicción sobre el demandado. Martajeva v. Ferré

Morris, 2022 TSPR 123 (2022), 210 DPR 612; Rivera Torres v. Díaz

López, 207 DPR 636, 646-647 (2021). Su propósito principal es

notificar a la parte demandada que existe una acción judicial en su

contra.   De     esta   manera,     la    parte    puede     comparecer   en    el

procedimiento, ser oído y presentar prueba a su favor. De esta

manera, la parte puede comparecer en el procedimiento, ser oído y

presentar prueba a su favor. Íd.

      Por      consiguiente,   no        es    hasta   que    se   diligencia   el

emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la persona puede ser

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el
KLAN202300352                                                           20

epígrafe de la demanda, hasta ese momento, sólo es parte nominal.

Véanse: Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015);

Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR

927 (1997).

      En nuestro ordenamiento jurídico, la figura del emplazamiento

está regulada por la Regla 4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V. En particular, dicho precepto legal dispone que una parte que

interese   demandar   a   otra   deberá   presentar   el   formulario   de

emplazamiento conjuntamente con la demanda para que el Secretario

o Secretaria del Tribunal lo expida inmediatamente. Regla 4.1 de las

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Una vez expedido el

emplazamiento, la parte que lo solicita tiene 120 días para poder

diligenciarlo. Pasado el término de 120 días y éste no se diligencie, el

tribunal deberá dictar sentencia en la que decrete su desestimación y

archivo sin perjuicio del caso ante su consideración. Íd. Martajeva v.

Ferre Morris, supra; Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458,

467-468 (2017).

      Las dos maneras para diligenciar un emplazamiento son de

forma personal o mediante edicto. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203

DPR 982, 987 (2020). El emplazamiento personal es el método idóneo

para adquirir jurisdicción. No obstante, mediante excepción y en

circunstancias específicas, nuestras Reglas de Procedimiento Civil

permiten que se utilice el mecanismo del emplazamiento por edicto.

Regla 4.6(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a).

Caribbean Orthopedics v. Medshape et al, 207 DPR 994, 1005 (2021).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los requisitos que

dispone la regla de emplazamiento son de estricto cumplimiento.

Véanse: Rivera Torres v. Díaz López, supra, pág. 647; Quiñones Román

v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375 (2000). La falta de un correcto

emplazamiento a la parte contra la cual un Tribunal dicta sentencia,

“produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción
KLAN202300352                                                      21

sobre el demandado […]”. Lanzo Llanos v. Banco de la Vivienda, 133

DPR 507, 512 (1993). Véase, además: Rivera Torres v. Díaz López,

supra, págs. 647-648. Dicho de otro modo, “[t]oda sentencia dictada

contra un demandado que no ha sido emplazado o notificado

conforme a derecho es inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de

un caso de nulidad radical por imperativo constitucional”. (Citas

omitidas). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., supra, págs. 468-

469.

       Sin embargo, el derecho al emplazamiento es renunciable. La

renuncia puede suceder cuando la parte demandada se somete

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. Sánchez Rivera v.

Malavé Rivera, supra, págs. 872-873. “La sumisión voluntaria suple la

omisión del emplazamiento, ya que tiene el efecto de que el tribunal

adquiera jurisdicción sobre la persona. Una parte puede someterse al

tribunal de forma explícita o implícita. La sumisión voluntaria puede

suceder cuando comparece voluntariamente y realiza algún acto

sustancial que la constituya parte en el pleito”. Íd.

       En cuanto a la sumisión voluntaria, el Alto Foro ha expresado

también que esto se “puede hacer al cumplir voluntariamente con las

órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, presentar documentos

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte

demandante en su contra”. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721

(2003).

                                    C.

       La responsabilidad civil por daños extracontractuales surge del

Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141, en el que se

establece que “el que por acción u omisión causa daño a otro

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño

causado”. La responsabilidad que emana de dicho artículo es el deber

de resarcir al damnificado, otorgándole un valor económico al daño

sufrido que sea suficiente para compensar el interés del perjudicado.
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SLG García Villega v. ELA, 190 DPR 799, 808 (2014). El texto del

Artículo 1802, supra, hace claro que para que prospere una acción

por daños y perjuicios a su amparo es necesario que se demuestre la

ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que ocasione

un daño y la existencia del nexo causal entre ambos. Colón Santos v.

Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008).

      La causa de acción que provee el Art. 1802 del Código Civil,

supra, para exigir la reparación de un daño extracontractual causado

por culpa o negligencia tiene un término prescriptivo de un año. Art.

1868 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5298. Este término

comenzará a transcurrir una vez el perjudicado conoció o debió

conocer que sufrió un daño, quién se lo causó y los elementos

necesarios   para   ejercitar   efectivamente   su   causa   de   acción.

Maldonado Rivera v. Suárez y Otros, 195 DPR 182, 193-194 (2016).

No obstante, si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, no

son aplicables las consideraciones sobre la prescripción. COSSEC et al

v. González López et al, 179 DPR 793, 806-807 (2010).

      Ahora bien, “contrario a lo que sucede con los adultos, los

derechos y las causas de acciones de los menores no se extinguen por

el paso natural del término prescriptivo establecido por ley.” Rivera

Serrano v. Mun. De Guaynabo, 191 DPR 679, 689–690 (2014). Esta

norma surge del Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, el

cual dispone, en lo pertinente que, “si la persona con derecho a

ejercitar una acción es, al tiempo de nacer la causa de la acción, un

menor de edad, el tiempo que dure tal incapacidad no se considerará

parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción.” Íd., pág.

690. Lo anterior quiere decir que: “[l]a prescripción se suspende

durante todo el período de incapacidad del menor.” De Jesús v.

Chardón, 116 DPR 238, 253 (1985).
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                                       D.

         La Ley 239-2004, según enmendada, mejor conocida como la

“Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, 5

LPRA sec. 4381 et seq., fue promulgada con el propósito de facilitar el

manejo adecuado de las cooperativas en Puerto Rico. Su exposición de

motivos define el cooperativismo como “un sistema socioeconómico

que busca la liberación, y facilita el perfeccionamiento integral del ser

humano, mediante la justicia económica y la cooperación social.”

Asimismo, señala que, las cooperativas de vivienda son aquellas “que

se dedican a la administración, compra, construcción, venta, alquiler

y a cualquier otra actividad relacionada con la vivienda y la

convivencia comunitaria.” 5 LPRA sec. 4580.

         Según dispuesto en la referida ley, son los socios de la

cooperativa quienes ejercen el poder de decisión. Un socio es “toda

persona que sea admitida como miembro de una cooperativa de

conformidad con esta Ley y el reglamento general de dicha cooperativa

[…]” 5 LPRA sec. 4381. En el caso de las cooperativas de vivienda, “los

derechos y deberes del socio aplican solamente a las personas

naturales mayores de edad que integran la misma familia y que

residan en la misma unidad de vivienda.” 5 LPRA sec. 4581. Estos

socios    deberán   aprobar   un       reglamento   interno   que   contenga

cláusulas    de   incorporación    y    toda   disposición    que   entiendan

conveniente para el mejor funcionamiento de la cooperativa. 5 LPRA

sec. 4404. El reglamento interno deberá contener, entre otras cosas:

           […]

           h. la condición de socio, los requisitos precedentes a la
           condición de socio; la forma de determinar y de pagar
           al socio su interés en la cooperativa al ocurrir su
           muerte, retiro, separación u otra circunstancia que le
           haga cesar en su condición de socio; las condiciones y
           fechas en que cualquier miembro dejará de serlo; la
           forma y efecto de la suspensión y expulsión de un
           socio;

           […]
KLAN202300352                                                        24

         m. las penalidades por infracciones al reglamento
         interno y el procedimiento para radicar querellas; y

         n. normas de convivencia social sobre integración
         cooperativa. Íd.

      Las cooperativas de vivienda tienen la obligación de informarle a

todo aquel candidato a ser socio sobre los reglamentos, condiciones,

responsabilidades y derechos adquiridos una vez adviene socio,

incluyendo las causas y condiciones para perder su calidad de socio.

5 LPRA sec. 4581. El Artículo 9 de la referida ley dispone que un socio

podrá ser separado o privado de sus derechos cuando muera,

renuncie, sea expulsado o la cooperativa sea disuelta. 5 LPRA sec.

4441. El Artículo 9.4 dispone que la Junta de Directores podrá

separar o expulsar a un socio cuando, entre otras cosas, haya

realizado actos impropios que perjudiquen a la cooperativa o haya

incurrido en cualquier falta considerada por el reglamento como

causa de separación. 5 LPRA sec. 4445. En cuanto al procedimiento

de separación ante la Junta, la Ley 239-2004 dispone:

      Cuando la Junta determine que procede una acción para
      separar un socio, deberá notificar por correo certificado al
      socio afectado, especificando las causas para ello. La
      notificación lo citará a comparecer ante la Junta, que
      celebrará una vista administrativa dentro de un término
      no menor de diez (10) días ni mayor de treinta (30) días
      desde el recibo de la notificación.

      El socio afectado podrá asistir a la vista acompañado de
      abogado, y tendrá derecho a examinar la prueba
      presentada en su contra, a contrainterrogar testigos y a
      ofrecer prueba en su favor. La Junta evaluará la prueba
      presentada y emitirá su decisión dentro del plazo de
      quince (15) días a partir de la vista administrativa y
      notificará a la parte afectada por correo certificado dentro
      de cinco (5) días siguientes a la fecha que se emita la
      decisión. Toda decisión de la Junta separando a un socio
      de una cooperativa será efectiva desde la fecha de
      notificación al socio afectado. En cuanto a las
      cooperativas de vivienda se aplicará lo dispuesto en los
      Artículos 35.4 al 35.8 de esta Ley. 5 LPRA sec. 4446.

      Si la Junta de Directores entiende que un socio incurrió en

conducta indebida, según dispuesto en el Artículo 35.4 de la Ley, 5

LPRA sec. 4584, podrá citar al socio a una vista. Posteriormente, la

Junta de Directores podrá hacer una de varias determinaciones,
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incluyendo separar al socio y privarlo de sus derechos. 5 LPRA sec.

4585. Para ello, será necesario seguir el siguiente procedimiento:

        […]

        a. La Junta deberá concederle al socio la oportunidad
        previa de ser escuchado en vista celebrada ante ellos,
        previa notificación realizada por los menos diez (10) días
        antes de la vista. La notificación se efectuará
        personalmente o por correo certificado a la última
        dirección conocida del socio.

        b. La notificación deberá incluir la fecha, sitio y hora de la
        vista, una declaración de la autoridad legal para celebrar
        la vista, y una declaración corta de las alegaciones en
        contra del socio.

        c. La vista se llevará a cabo de forma sencilla e informal,
        sin necesidad de cumplir estrictamente con el
        procedimiento procesal y evidenciario establecido para el
        sistema adjudicativo, administrativo y judicial.

        d. El socio podrá ir representado o asistido por un
        abogado.

        e. Si el socio no compareciere a la vista y no justifica su
        ausencia, la Junta podrá proceder a separarlo como
        socio, privándole en su totalidad de los derechos que
        tenga como tal y concederle un término de treinta (30)
        días para que desaloje la unidad. 5 LPRA sec. 4586.

        El Artículo 35.8 de la Ley dispone que todo aquel perjudicado

por una determinación final de la Junta de Directores podrá, luego de

agotar los recursos ante dicho cuerpo, acudir ante el TPI en revisión

judicial. Ello podrá hacerlo dentro de los treinta (30) días de habérsele

notificado la determinación final de la Junta mediante correo

certificado. Sin embargo, la decisión impugnada se mantendrá en

vigor, excepto si el Tribunal ordenara la suspensión de la misma,

mediante justa causa, mientras se dilucida el recurso. 5 LPRA sec.

4588.

                                     III

        A la luz de la norma antes expuesta, nos corresponde

determinar si erró el TPI al desestimar la demanda, debido a que la

mayoría de las causas de acción estaban prescritas y tampoco

lograron probar los daños.
KLAN202300352                                                                     26

                                           A.

       En el primer señalamiento de error, los apelantes alegan que el

TPI erró al no celebrar una vista evidenciaria, puesto que había un

factor de credibilidad. Alegan que el emplazamiento dirigido al señor

Torres le fue entregado a su esposa, quien le manifestó que tenía

autoridad para recibir el emplazamiento de su esposo. Por lo tanto,

aducen que al haber dos versiones encontradas sobre lo que ocurrió,

el TPI no podía disponer de la controversia ni pasar juicio sobre la

declaración jurada del emplazador, sin celebrar una vista en la que

dilucidara la credibilidad del emplazador y la señora Díaz.

       Por su parte, el señor Torres manifiesta que, de asumir que la

versión del emplazador es correcta, de todas formas, la señora Díaz no

estaba autorizada a recibir la demanda y su emplazamiento, ya que el

emplazador omitió indicar que le había exigido a la esposa prueba

documental que indicara que estaba autorizada. En cuanto al factor

de    credibilidad,    sostiene      que   quien      adoleció    de   ausencia   de

credibilidad    fue      el   emplazador,        ya     que      hay   afirmaciones

contradictorias que realizó bajo juramento.

       Nuestro ordenamiento jurídico establece que, uno de los

fundamentos para solicitar la desestimación de la demanda es cuando

hay    falta   de     jurisdicción    sobre     la    persona.     Regla   10.2   de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Por lo tanto, para

adquirir    jurisdicción      sobre   la    persona     es    necesario    que    sea

emplazada. Cirino v. Administración de Corrección, 190 DPR 14, 30

(2014). Cuando se diligencia el emplazamiento a una persona mayor

de edad, se le emplaza entregándole copia de la demanda y del

emplazamiento, o a un agente autorizado. No obstante, el emplazador

deberá exigir prueba documental de la autoridad conferida al agente

autorizado. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico,

Derecho Procesal Civil, San Juan, Lexis Nexis de Puerto Rico, 2017,

pág. 263.
KLAN202300352                                                              27

      A tenor con lo anterior, determinamos que el emplazamiento no

le fue entregado al señor Torres, ni a una persona autorizada para

recibirlo, tal como dispone la Regla 4.4(a) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 4.4. A su vez, éste no renunció a su derecho de ser

emplazado y tampoco optó por someterse voluntariamente a la

jurisdicción   del   Tribunal.   Todo    lo   contrario,   el   señor   Torres

oportunamente argumentó ante el TPI, de manera reiterada, que no

fue emplazado en su capacidad personal. Por consiguiente, al

emplazador indicar que, primero lo había dirigido personalmente, y

luego señalar que, había sido entregado a su esposa, se contradijo,

por lo que incumplió con las exigencias de la ley. Así las cosas, nunca

se emplazó ni se obtuvo jurisdicción sobre la persona del señor

Torres.

                                    B.

      En cuanto al segundo señalamiento de error, los apelantes

disponen que erró el foro primario al determinar que las causas de

acción estaban prescritas.

      La prescripción es una institución de derecho sustantivo que

extingue un derecho por el mero lapso del tiempo fijado por la ley o la

inercia de una parte en incoar su causa de acción. J. Puig Brutau,

Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed.

Bosch, 1996, pág. 32. En lo pertinente a las reclamaciones

extracontractuales, el Art. 1868 del Código Civil establece un término

prescriptivo de un (1) año, el cual comienza a correr, no sólo cuando

el perjudicado conoció el daño o razonablemente debió conocerlo, sino

desde que conoció quién fue su autor y los elementos necesarios para

poder ejercitar su causa de acción efectivamente. 31 LPRA ant. sec.

5298; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 194.

      La prescripción se puede interrumpir por el “[e]jercicio de la

acción ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor
KLAN202300352                                                           28

y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor. Art.

1873 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5303.

      Según reseñamos, los hechos alegados en la Demanda instada

por los apelantes el 24 de junio de 2016, incluye causas de acción

sobre alegados hechos ocurridos desde el 2008 cuando presentaron

una querella ante la Administradora de la Cooperativa, la señora Díaz,

por ruidos excesivos provenientes del apartamento de la Sra. Marisol

Morales.     A   su   vez,   sostuvieron   que   continuaron   los   ruidos

innecesarios y excesivos, afectando la condición de salud del señor

Monge. Como consecuencia, le solicitaron a la Junta de Directores

que atendieran sus reclamos, sin embargo, alegaron que estos nunca

fueron atendidos y, al contrario, que recibieron una querella por la

alegada conducta indebida del señor Monge hacia la señora Díaz.

      Los apelados, por su parte, manifiestan que los reclamos de los

apelantes fueron atendidos. Sobre el incidente con el hijo de la señora

Morales, el cual surgió entre el 2012-2013, la Junta de Directores

emitió una Resolución mediante la cual le impusieron una sanción

económica y una probatoria. En cuanto a la solicitud de acomodo

razonable para el señor Monge, manifiestan que le ofrecieron mudarse

de unidad, lo cual la señora Cruz rechazó, a su vez, fue evaluado y

posteriormente denegado, no obstante, tampoco recibieron una nueva

solicitud.

      Sobre los ruidos provenientes del apartamento del señor Torres

y la señora Cruz, los apelantes expresaron que, para el 2013, habían

enviado cartas a la Junta de Directores y a la Administradora, sin

embargo, no presentaron una querella sobre dichos ruidos. Además,

tampoco pudieron identificar que fueran éstos quienes generaron los

alegados ruidos.

      Finalmente, la acción disciplinaria contra los apelantes aún

está pendiente ante la Junta de Directores, y según dispone el

Artículo 35.8 de la Ley 239-2004, supra, todo aquel perjudicado por
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una determinación final de la Junta de Directores podrá, luego de

agotar los recursos ante dicho cuerpo, acudir ante el TPI en revisión

judicial.

      En vista de lo anterior, coincidimos con lo resuelto por el foro

apelado, a los efectos de que la mayoría de las alegaciones estaban

prescritas. Los apelantes, para poder presentar una causa de acción

contra los apelados, tenían hasta el 24 de junio de 2015, y cabe

destacar que, no surge del expediente que los apelantes hayan

interrumpido, de forma alguna, el término prescriptivo de un año. A

su vez, la señora Cruz admitió que no había hecho una reclamación

extrajudicial por los daños a los apelados. Por lo que, determinamos

que el tribunal a quo no incidió en su dictamen.

                                  C.

      En su tercer señalamiento de error, los apelantes aducen que

incidió el TPI al desestimar las causas de acción de los menores. De

conformidad con el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil,

supra, la prescripción contra los menores se suspende por el periodo

que dure la minoridad.

      Según las constancias del expediente, los hechos que dieron

paso a la demanda ocurrieron cuando los hijos de los apelantes eran

menores de edad. Sin embargo, no fue hasta el 24 de junio de 2016

que presentaron la demanda, y para esa fecha, Alexander Monge Cruz

tenía 24 años, Alexandra Monge Cruz tenía 21 años, y Gabriela

Monge Cruz tenía 16 años.

      Ahora bien, Alexander Monge Cruz advino en mayoría de edad

al menos 3 años antes de la radicación de la demanda, y según el

expediente, éste no interrumpió el término de 1 año, por lo que, de

igual forma prescribieron las causas de acción. En cuanto a las hijas

de los apelantes, Alexandra y Gabriela, al momento de presentarse la

demanda eran menores y conforme a la disposición legal antes citada,

las acciones de los menores quedan suspendidas mientras dure ese
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estado de minoría. Sin embargo, éstas sostuvieron que los alegados

daños que recibieron, y por los cuales acudieron a terapia familiar,

fueron causados por otras personas, las cuales no fueron incluidas en

la demanda de epígrafe. Además, cabe señalar, que durante el tiempo

en que ocurrieron los alegados incidentes, mantuvieron un buen

promedio en sus notas, no recibieron tratamiento médico prolongado,

ni fueron medicadas.

      Por consiguiente, del presente recurso no surge que el foro

primario haya abusado de su discreción al determinar que los

apelantes no lograron probar los daños de los hijos.

      Finalmente,   es   inmeritorio   pasar   juicio   sobre   el   cuarto

señalamiento de error, puesto que no proceden las alegaciones en el

carácter personal de los apelados, ya que se determinó que las causas

de acción están prescritas contra estos.

                                  IV

      Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia

apelada.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones