Court Opinion

ID: 9952239
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:32:29.641689+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.873640
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL

     CARMEN E. REYES                                     Certiorari
         COBIÁN                                          procedente del
  DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)                             Tribunal de Primera
                                                         Instancia, Sala
                                                         Superior de SAN JUAN
               V.                 KLCE202300445

                                                         Caso Núm.
     AUTORIDAD DE LOS                                    SJ2022CV09298
    PUERTOS DE PUERTO                                    (504)
          RICO
 DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)
                                                         Sobre:
                                                         Discrimen
                                                         (Ley Núm. 100)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente.

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, hoy día 26 de febrero de 2024.

       Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la AUTORIDAD

DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO (AUTORIDAD) mediante Petición de

Certiorari instado el 24 de abril de 2023. En su recurso, nos solicita

que revisemos la Resolución decretada el 4 de abril de 2023 por el

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.1

Mediante dicho dictamen, el foro a quo dispuso: “[n]o ha lugar a la

solicitud para que se dicte sentencia por insuficiencia de

alegaciones. No obstante, a la luz de los hechos que se presentan en

el caso, se ordena tramitar la querella por la vía ordinaria. Berríos

v. González et al., 151 DPR 327 (2000); Rivera Torres v. UPR, 2022

TSPR 67; Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 256 (1996).

No ha lugar a la solicitud de desestimación, bajo el planteamiento

de que APPR no es patrono bajo la Ley Núm. 100. No ha lugar a la

1 Esta determinación judicial fue notificada y archivada en autos el 12 de abril

de 2023. Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1- 3.

Número Identificador: SEN2024___________
KLCE202300445                                                    Página 2 de 16

solicitud de desestimación por no agotar remedios administrativos.

El peso de la prueba recae sobre el [p]atrono y meras alegaciones no

constituyen prueba. No obstante, en el día de hoy [,] se emite referido

al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del

Poder Judicial, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 29

LPRA sec. 3120”.

       Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la

presente controversia.

                                       -I-

       El 21 de octubre de 2022, la señora CARMEN E. REYES COBIÁN

(señora REYES COBIÁN) incoó una Querella alegando, entre otras

cosas, ser bombero de profesión y trabajar para la AUTORIDAD; dirigir

la Unidad de Rescate Aéreo (URA) del Aeropuerto de Isla Grande;

haber sido trasladada unilateralmente; y ser objeto de un ambiente

hostil de trabajo y discrimen por razón de género.2

       Tiempo después, el 3 de noviembre de 2022, la AUTORIDAD

presentó una Contestación a Querella exponiendo sus Defensas

Afirmativas.3 En síntesis, argumentó que las alegaciones de

discrimen son conclusivas, ambiguas y vagas. Además, aseguró no

ser patrono al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959.4

También, arguyó que no se ha cumplido con el requisito de

agotamiento de remedios dispuesto por el Artículo 10 de la Ley Núm.

90- 2020, por lo que, debe desestimarse la Querella.5 Igualmente,

2 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 21- 30.
3 Íd., págs. 31- 58. Dicho escrito está acompañado de los siguientes documentos:

(i) Verificación de Empleo fechado 13 de octubre de 2022; (ii) Acción de Personal
de 4 de diciembre de 2015; (iii) comunicación suscrita el 29 de octubre de 2015
por la señora Joseline Izquierdo Valle, Directora de Recursos Humanos; Alegación
de Acto de Discrimen en el Empleo presentada el 26 de abril de 2019 por la señora
REYES COBÍAN; misiva rubricada el 7 de mayo de 2019 por el licenciado Julián M.
Baynes Hernández (Sub-Director Ejecutivo) y los señores Ezequiel Miranda
Delgado (DEA en Administración) y Susana Figueroa Liggett (Gerente de Igualdad
de Oportunidad) dirigida a la señora REYES COBÍAN; Informe de Enfermedad o
Accidente de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado cumplimentado el 22
de junio de 2016.
4 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley

contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA § 146.
5 Ley Núm. 90 de 7 de agosto de 2020, conocida como Ley para Prohibir y Prevenir

el Acoso Laboral en Puerto Rico, 29 LPRA § 3111.
KLCE202300445                                                  Página 3 de 16

indicó que los daños reclamados por la señora REYES COBÍAN son

improcedentes, excesivos y exagerados.

        Así las cosas, el 29 de noviembre de 2022, la señora REYES

COBIÁN presentó su Réplica a Moción de Desestimación en la cual

argumentó que las alegaciones contenidas en la Querella son

suficientemente claras y específicas.6 Asimismo, manifestó que la

AUTORIDAD es una corporación pública. Añadió haber agotado los

remedios administrativos desde el año 2019 cuando presentó

querella formal ante la Oficina de Recursos Humanos.

        El 19 de diciembre de 2022, la AUTORIDAD presentó una

Réplica de la Autoridad de los Puertos a “Réplica a Moción de

Desestimación”.7 Ante esta situación, el 9 de enero de 2023, el foro

primario decretó Orden expresando: “Se toma conocimiento de la

réplica a oposición, radicada por la APPR. En consideración con que

el término para radicar dúplica a réplica venció, el Tribunal da por

sometido el asunto, para la determinación correspondiente”.8

        Más tarde, el 21 de febrero de 2023, el tribunal a quo emitió

una Orden de Calendarización del Caso y Orden Permanente

pautando una Conferencia con Antelación al Juicio para el 30 de

agosto de 2023.9

        Poco después, el 1 de marzo de 2023, la AUTORIDAD presentó

una     Moción     en   Solicitud    de   que    se   Resuelva “Moción    de

Desestimación y/o que se Dicte Sentencia por las Alegaciones”.10

Entre otras cosas, reiteró que la señora REYES COBIÁN no alegó

hechos específicos de acoso laboral o discrimen, por lo que sus

reclamaciones deben ser desestimadas.

        En consecuencia, el 4 de abril de 2023, el foro primario

dictaminó dos (2) Resoluciones. La primera es la decisión recurrida

6 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 59- 67.
7 Íd., págs. 68- 74.
8 Íd., pág. 80.
9 Íd., págs. 78- 79.
10 Íd., págs. 75- 77.
KLCE202300445                                                Página 4 de 16

y la segunda refirió a las partes al Negociado de Métodos Alternos

para la Solución de Conflictos (Negociado).11 Específicamente,

expresó:

       El Tribunal observará el estricto cumplimiento de las [p]artes
       con los procedimientos que se llevarán a cabo ante el
       Negociado. Si, una vez concluido el procedimiento y con la
       debida orientación, el mediador o mediadora no recomienda
       dicho método alterno para el presente caso o las partes no lo
       aceptan, deberán presentar documentación acreditativa
       dentro de un término de 20 días, de modo que podamos
       entendernos con jurisdicción para continuar con los
       procedimientos del caso.

       Inconforme con la antedicha conclusión, el 24 de abril

de 2023, la AUTORIDAD acudió ante este Tribunal de Apelaciones

mediante una Petición de Certiorari. En su escrito, señala el(los)

siguiente(s) error(es):

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar
       no ha lugar la solicitud de desestimación y/o que se dicte
       Sentencia por las alegaciones presentada por la parte
       peticionaria, cuando las mismas son insuficientes, generales
       y conclusorias. Sin hechos que pongan a la peticionaria en
       posición de defenderse adecuadamente.

       Erró como cuestión de derecho el Honorable Tribunal de
       Primera Instancia al declarar no ha lugar la solicitud de
       desestimación bajo el planteamiento de que la peticionaria
       no es un “patrono” bajo la Ley 100 de 1959.

       Erró como cuestión de derecho el Honorable Tribunal de
       Primera Instancia al declarar no ha lugar la solicitud de
       desestimación al amparo de la Ley 90 de 2020, cuando la
       recurrida no cumplió- ni cumple- con el requisito de
       agotamiento de remedios administrativos y ordenando el
       referido al Negociado de Métodos Alternos para la Solución
       de Conflictos incumpliendo así con el debido proceso en su
       vertiente procesal.

       El 26 de abril de 2023, dictaminamos Resolución en la cual,

entre otras cosas, se concedió un plazo perentorio de diez (10) días

para mostrar causa por la cual no debemos expedir el auto de

certiorari y revocar el dictamen impugnado.

       Ante ello, el día 12 de mayo de 2023, la señora REYES COBIÁN

presentó su Réplica en Oposición a Petición de Certiorari y Solicitud

11 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 81.
KLCE202300445                                                   Página 5 de 16

de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Unos días después, el

16 de mayo de 2023, pronunciamos Resolución en la cual

concedimos a la AUTORIDAD un término de diez (10) días para

exponer su posición sobre la solicitud de desestimación.

       En consonancia, el 30 de mayo de 2023, la AUTORIDAD

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. El 1 de junio de

2023, intimamos Resolución declarando no ha lugar la solicitud de

desestimación.

       Evaluado concienzudamente el expediente del caso, y

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes; nos

encontramos en posición de adjudicar. Puntualizamos las normas

de derecho pertinentes a la(s) controversia(s) planteada(s).

                                    - II -

                                    -A-

       El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor

jerarquía revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia

judicial.12 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo

de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción

judicial.13

       De ordinario, la discreción consiste en “una forma de

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una

conclusión justiciera”.14 Empero, el ejercicio de la discreción

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una

u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho”.15

       Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones

12 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___

(2023); Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023);
McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021).
13 Íd.
14 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).
15 Íd.
KLCE202300445                                                    Página 6 de 16

contenidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.16

La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un recurso de

certiorari cuando, “se recurra de una resolución u orden bajo

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.17 En ese

sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto

discrecional cuando:

       (1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
       de hechos o peritos esenciales;
       (2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;
       (3) en casos de anotaciones de rebeldía;
       (4) en casos de relaciones de familia;
       (5) en casos revestidos de interés público; o
       (6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación
       constituiría un fracaso irremediable de la justicia.18

       Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro

análisis sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun

cuando un asunto esté comprendido entre las materias que las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el

ejercicio prudente de esta facultad nos requiere tomar en

consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.19

       Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se

da en el vacío o en ausencia de otros parámetros.20 Para ello, la Regla

40 de nuestro Reglamento instituye los indicadores a considerar al

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema;
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia;

16 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.
17 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
18 4 LPRA Ap. XXII – B, R. 40; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339–

340 (2012).
19 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v.

AIG, 205 DPR 163 (2020).
20 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v.

AIG, supra.
KLCE202300445                                                    Página 7 de 16

       (D) Si el asunto planteado exige una consideración más
       detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán
       ser elevados, o de alegatos más elaborados;
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración;
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio; y
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.21

       Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista

exhaustiva, y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo,

para justificar el ejercicio de nuestra jurisdicción.22 En otras

palabras, los anteriores criterios nos sirven de guía para poder

determinar de la forma más sabia y prudente si se justifica nuestra

intervención en la etapa del procedimiento en que se encuentra el

caso.23 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal

posee discreción para expedir el auto de certiorari.24 La delimitación

que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del

recurso de apelación.”25

       Finalmente,      este   Tribunal      solo   intervendrá      con    las

determinaciones       interlocutorias     discrecionales     procesales     del

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en un

craso abuso de discreción.26 Esto es, “que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”.27

21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera

Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580 (2011).
22 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
23 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).
24 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).
25 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v.

JRO Construction, Inc., supra.
26 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).
27 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
KLCE202300445                                                     Página 8 de 16

                                      -B-

       La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales

prescribe un trámite especial, de naturaleza sumaria, para la pronta

consideración y adjudicación de las querellas de empleados contra

sus patronos relacionadas con sus derechos laborales.28 La premura

que instituye la legislación responde a la política pública de proteger

el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero

despedido los medios económicos para su subsistencia mientras

consigue un nuevo empleo.29

       En esa dirección, el mencionado estatuto provee una serie de

medidas que agilizan el trámite de una querella entablada por un

obrero u obrera, a saber: (1) la aplicación de términos cortos para la

contestación de la querella; (2) la exención en el pago de aranceles;

(3) la limitación de los mecanismos de descubrimiento de prueba; y

(4) la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando

el patrono querellado no cumpla con los términos provistos para

contestar la querella.30 Incluso, el andamiaje procesal de la Ley

Núm. 2-1961, supra, se diseñó “tomando en consideración la

disparidad económica entre el patrono y el obrero, y el hecho de que

la mayor parte de la información sobre la reclamación salarial está

en poder del patrono […]”.31

       Empero, y aun cuando el procedimiento sumario de la Ley

Núm. 2-1961, supra, sitúa al patrono en una posición procesal

levemente más onerosa que la del obrero, “es evidente que [dicho

procedimiento] le concede al patrono las oportunidades básicas de

defensa que comprende el debido proceso de ley”.32

                                      -C-

28 Conocida como la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LRPA § 3118; Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018).
29 Id.
30 Rivera Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923-924 (1996).
31 Id., pág. 923.
32 Rivera Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 928; León v. Rest. El

Tropical, 154 DPR 249, 281 (2001).
KLCE202300445                                                      Página 9 de 16

       Con la aprobación de la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso

Laboral en Puerto Rico se creó una causa de acción a favor de los

empleados y empleadas que son víctimas de acoso laboral en su

lugar de empleo.33 En específico, esta legislación declara “una

vigorosa política pública contra todo tipo de acoso laboral que afecte

el desempeño del trabajador, altere la paz industrial y atente contra

la dignidad de los trabajadores, no importa cuál sea su categoría o

clasificación de empleo”.34 Sus disposiciones amparan a aquellos

trabajadores, sin importar la naturaleza del empleo, su categoría,

jerarquía o clasificación, ni la duración del contrato de empleo, que

sean objeto de la conducta denominada como acoso laboral.35

       En el Artículo 10 de la Ley Núm. 90-2020 se le impone al

empleado el deber de agotar los remedios allí dispuestos como

condición previa a presentar una querella ante el Tribunal de

Primera Instancia.36 Dicho artículo lee como sigue:

       Toda persona que reclame ser víctima de acoso laboral
       deberá comunicarlo siguiendo el procedimiento y protocolo
       adoptado por su patrono, el cual, según ya dispuesto, deberá
       ser amparado en las guías uniformes establecidas por el
       Departamento del Trabajo y Recursos Humanos […].
       Si las gestiones realizadas conforme al procedimiento y
       protocolo adoptado por el patrono resultan infructuosas, el
       empleado afectado acudirá al Negociado de Métodos Alternos
       para la Solución de Conflictos de la Rama Judicial. Si
       habiéndose orientado, las partes no aceptan la mediación o
       el mediador no recomienda la misma, entonces se podrá
       acudir ante la sala del tribunal competente presentando
       evidencia acreditativa de que se agotó dicho mecanismo
       alterno y radicar la acción civil que provee este capítulo.

       De manera que, antes de acudir a los tribunales el empleado

deberá, en primer término, comunicar la situación de acoso en el

empleo y seguir el protocolo que haya adoptado el patrono. Si las

33 Conocida como la Ley Núm. 90 de 7 de agosto de 2020, 29 LPRA § 3111.
34 Véase 29 LPRA § 3112.
35 29 LPRA § 3113.
36  29 LPRA § 3120. En el contexto del derecho administrativo, la doctrina del
agotamiento de remedios sirve para determinar la etapa idónea en la que un
litigante puede acudir ante un tribunal para solicitar la revisión de una actuación
de un foro administrativo. Oficina de la Procuradora del Paciente v. Aseguradora
MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). Como resultado de su aplicación, los tribunales se
abstienen de revisar la actuación del foro administrativo hasta que la persona
afectada agote todos los remedios disponibles, de modo que la decisión
administrativa refleje la posición final del foro en cuestión. Id.
KLCE202300445                                                  Página 10 de 16

gestiones realizadas al amparo del protocolo resultan infructuosas,

el empleado deberá, en segundo término, acudir ante el Negociado

de Métodos Alternos del Poder Judicial. El empleado podrá, en

última instancia, acudir al Tribunal de Primera Instancia si, tras

haberse orientado, las partes no aceptan la mediación o el mediador

no recomienda el procedimiento. En este caso, el empleado deberá

acreditar mediante evidencia que agotó el mecanismo alterno de la

mediación.

                                    -D-

      La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 instituye

que las defensas de hecho o de derecho contra una reclamación

deben presentarse antes de una alegación responsiva. Una moción

de desestimación bajo la precitada regla es aquella que presenta la

parte demandada previo a contestar la demanda solicitando que se

desestime la causa de acción presentada en su contra.37

      Dicha      Regla    dispone       como     fundamentos       para    la

desestimación: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;

o (6) dejar de acumular una parte indispensable.38

      La falta de jurisdicción constituye “una defensa irrenunciable,

que puede ser planteada a petición de parte o el tribunal motu

proprio y en cualquier etapa de los procedimientos, incluso en fases

apelativas”.39

      El   estándar      adjudicativo    al    evaluar   una     moción    de

desestimación exige que los tribunales tomen como ciertos “todos

los hechos bien alegados de la demanda y que hayan sido

37  Véase: Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Civil, 6ta edición, Lexis Nexis, (2017)., págs. 305– 306.
38 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
39 PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 539 (2019).
KLCE202300445                                                     Página 11 de 16

aseverados de manera clara y concluyente”. 40 La obligación de tomar

como ciertos únicamente los hechos bien alegados de la demanda

supone excluir del análisis las conclusiones de derecho o las

alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte

hipotético.41

       Como parte de este estándar adjudicativo, los tribunales están

llamados      a   interpretar      las   alegaciones       de     la   demanda

conjuntamente y de forma liberal a favor de la parte demandante,

resolviendo toda duda a su favor y concediendo el beneficio de

cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos bien alegados en

la demanda.42 Ante ello, “debemos considerar, ‘si a la luz de la

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a

favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una

reclamación válida’”.43 Luego, debe determinar si, a base de esos

hechos que aceptó como ciertos, la demanda establece una

reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio.

Así, si de este análisis el Tribunal entiende que no se cumple con el

estándar de plausibilidad entonces debe desestimar la demanda,

pues no debe permitir que proceda una demanda insuficiente bajo

el pretexto de que se podrán probar las alegaciones con el

descubrimiento de prueba.44

       De esta forma, solo procederá una moción de desestimación

cuando la parte demandante no demuestre tener derecho a remedio

alguno bajo cualesquiera hechos y estado de derecho que pudiera

probar en un juicio.45 Esto es, no “procede la desestimación, si la

40 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213 (2016).
41 José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs.
JTS, 2011, T. II, págs. 529 (citado en Asociación Puertorriqueña de Importadores
de Cerveza, Inc. v. ELA, 171 DPR 140, 149 (2007) (Rebollo López, opinión de
conformidad)).
42 González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 234.
43 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008).
44 Véase: Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan,

LexisNexis, 2017, pág. 307.
45 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández

Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231.
Ortiz Matías v. Mora Development Corp., 187 DPR 649 (2013).
KLCE202300445                                          Página 12 de 16

demanda es susceptible de ser enmendada”.46

                                     - III -

       La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 nos

permite expedir el auto de certiorari cuando se recurre de una

resolución u orden bajo remedios provisionales de las Reglas 56 y

57 de las de Procedimiento Civil de 2009 o de la denegatoria de una

moción de carácter dispositivo. En este caso, estamos ante una

determinación revisable por este foro intermedio y sobre la cual

podemos expedir el auto de certiorari.

       En el caso ante nuestra consideración, tras presentarse una

Querella sobre acoso laboral y discrimen, la AUTORIDAD presentó una

moción de desestimación bajo los fundamentos de que: (i) no surge

de las alegaciones hechos específicos sobre acoso laboral o

discrimen lo cual resulta en que la causa de acción no expone una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (ii) ante la

falta de agotar los remedios administrativos provistos, el tribunal de

instancia carece de jurisdicción para atender la Querella sobre acoso

laboral y, además, (iii) la causa de acción no contiene alegaciones

específicas sobre la supuesta conducta constitutiva de discrimen.

       Ciertamente, el Artículo 10 de la Ley Núm. 90-2020, supra,

requiere que las partes querellantes agoten el procedimiento allí

establecido antes de presentar un reclamo ante el Tribunal de

Primera Instancia. En primer lugar, el empleado o la empleada debe

comunicar la situación de acoso laboral al patrono y seguir el

protocolo adoptado por este último para el manejo de estos casos.

Si estas gestiones resultan infructuosas y la situación de acoso

laboral continúa, entonces el empleado debe acudir al Negociado de

Métodos Alternos del Poder Judicial. “Si habiéndose orientado, las

partes no aceptan la mediación o el mediador no recomienda la

46 Ortiz Matías v. Mora Development Corp., supra.
KLCE202300445                                                         Página 13 de 16

misma, entonces se podrá acudir a la sala del tribunal competente

presentando        evidencia     acreditativa       de   que     se    agotó    dicho

mecanismo alterno […]”.47

       Cuando abordamos la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil

de 2009 a la luz de las alegaciones expuestas por la señora Reyes

Cobián resulta necesario mencionar que las mismas se alejan de los

criterios de especificidad establecidos. En concreto, después de

brindarle veracidad a los hechos alegados, es fundamental

determinar si a base de estos la Querella cimenta una reclamación

plausible que justifique la concesión de un remedio. Nótese que

después de evaluar la totalidad del historial judicial entendemos que

las alegaciones respecto a los actos discriminatorios o de acoso

laboral incumplen con el estándar de plausibilidad necesario para

la concesión de un remedio.48

       En la Querella, la señora REYES COBIÁN no alegó que la

AUTORIDAD (patrono) y sus oficiales de recursos humanos tuviesen

conocimiento del patrón de acoso laboral al que fuese sometida, así

como tampoco que hubiese acudido ante el Negociado de Métodos

Alternos. Al interpretar la Querella, de forma liberal, a favor de la

señora REYES COBIÁN debemos concluir que ésta no cumplió con la

47 29 LPRA § 3120.
48 Al analizar concienzudamente la Querella presentada por la señora Reyes
Cobián notamos que en la alegación del inciso 20 de la señora Reyes Cobián
expresó que: “[l]os superiores continuamente ignoran las solicitudes formales que
les hace Reyes”. Añadió en el inciso 21 que: “sus superiores continuamente hacen
comentarios altamente impropios de corte machista y sexista dirigidos a reyes o en
alusión a ella, ya sea por su estatura, su constitución física o su preferencia sexual”.
Así mismo, en el inciso 23, alegó que “desde el año 2021, el patron de conducta
descrito se ha acentuado, provocando que Reyes padezca de su salud emocional”.
Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 24. Adviértase que, para cumplir
con el estándar de plausibilidad era necesario que la señora Reyes Cobián
especificara quienes son sus superiores que incurrieron en la conducta
inadecuada; cuáles fueron los comentarios altamente impropios sobre su persona;
fechas o instantes en el que ocurrieron; y si realizó alguna notificación sobre la
presunta conducta o acción discriminatoria a su patrono. Sabido es que cuando
un empleado alega discrimen por parte de su patrono, se establece una
presunción - para facilitar al empleado su caso -. Sin embargo, ello no le releva
de la necesidad de presentar evidencia para probar sus alegaciones incluyendo
una relación concisa y específica de sus alegaciones. Por ende, la mera alegación
de un hecho básico, sin haberlo establecido debidamente, no activa una
presunción que permita la inferencia de un hecho presumido. Véase Rivera
Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); SLG v. TOLIC, 151 DPR 754
(2000).
KLCE202300445                                          Página 14 de 16

obligación que le impone la Ley Núm. 90-2020, supra, de dar

conocimiento a su patrono sobre la situación de acoso laboral y/o

acudido ante el Negociado de Métodos Alternos.

      Pese a lo anterior, en su réplica a la solicitud de

desestimación, la señora REYES COBIÁN alegó que: en múltiples

ocasiones dio conocimiento a su patrono (inciso 5); en el inciso 16

de la parte III de la Contestación a Querella surge que el 26 de abril

de 2019 instó una querella ante la Oficina de Recursos Humanos la

cual fue desestimada el 7 de mayo de 2019 (inciso 5); agotó el

remedio administrativo ante la agencia desde el 2019 cuando

presentó querella formal (inciso 30); aceptó no haber acudido ante

el Negociado de Métodos Alternos del Poder Judicial para recibir

orientación (inciso 30); dicho incumplimiento no es de carácter

jurisdiccional que impida que el tribunal pueda atender la querella

(inciso 30); y la señora REYES COBIÁN no interesa resolver la

controversia mediante dicho método alterno (inciso 30). Argumentó

que cumplió con el requerimiento del Artículo 10 de la Ley

Núm. 90 2020. Empero no detalló las gestiones realizadas ante la

AUTORIDAD: fechas de sus comunicaciones y nombre de la(s)

persona(s) que le atendieron. El Artículo 10 de la Ley Núm. 90-2020,

supra, no exige que las partes efectivamente completen el

procedimiento de mediación, pues basta con que el empleado o la

empleada se haya orientado, y el mediador no haya recomendado el

procedimiento. El precitado Artículo ordena, además, que el

empleado presente ante el tribunal “evidencia acreditativa de que se

agotó dicho mecanismo alterno”, es decir, la mediación ante el

Negociado de Métodos Alternos. La señora REYES COBIÁN no anejó

documento alguno que acreditara que agotó remedios y/o recibió

servicios de orientación en el Negociado de Métodos Alternos previo

a acudir ante el foro impugnado.
KLCE202300445                                                     Página 15 de 16

       Como cuestión de umbral, hay que señalar que, ante el

planteamiento concerniente al agotamiento de remedios, el foro a

quo debió ponderar si la señora REYES COBIÁN cumplió o no con el

Artículo 10 de la Ley Núm. 90-2020, supra, a los fines de determinar

su propia jurisdicción o autoridad para atender la reclamación sobre

acoso laboral. De entender necesario, mediante la celebración de

una audiencia evidenciaria a esos efectos. “[L]a ley reconoce que el

proceso de formar consciencia judicial exige la comprobación ‘de

cualquier aseveración’ mediante prueba”.49

       Tras justipreciar concienzudamente los respectivos escritos

presentados, es forzoso colegir que el foro recurrido debió

desestimar la Querella en conformidad con la Ley para Prohibir y

Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico, supra; la Guía sobre el Acoso

Laboral en el Sector Privado de Puerto Rico del Departamento del

Trabajo por falta de jurisdicción sobre la materia; y la Ley Núm. 100

de 30 de junio de 1959, según enmendada.50

49 Continental Insurance Co. v. Isleta Marina, Inc., 106 DPR 809, 817 (1978). En el

contexto de una solicitud de desestimación por falta jurisdicción sobre la persona,
el Tribunal Supremo ha realizado las siguientes expresiones: Al plantearse la
defensa de falta de jurisdicción sobre la persona, ya fuere en la contestación como
defensa afirmativa o mediante moción para desestimar, le corresponde al que
alega la jurisdicción probarla. El tribunal, por su parte, tiene una gran discreción
sobre cómo proceder. Reglas 10.2 y 10.4 de las de Procedimiento Civil de 1979,
supra. Al ejercer esta discreción deberá balancear la necesidad de determinar la
suficiencia de la defensa con prontitud para así evitar una costosa litigación y
promover la rápida solución de la controversia contra la deseabilidad de que se
celebre una vista evidenciaria para así poder tener ante sí todos los elementos
necesarios para llegar a una determinación final sobre la falta de jurisdicción
sobre la persona. Además, debe ponderar la posibilidad que la controversia
jurisdiccional esté tan entrelazada con los méritos del caso que posponer su
decisión sea aconsejable. Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330,
337 (1987).
50 El 3 de febrero de 2021, se adoptó la Guía sobre el Acoso Laboral en el Sector

Privado de Puerto Rico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El
Articulo VII expresa sobre las reclamaciones laborales lo siguiente: “El Artículo 10
de la Ley 90-2020 estructura los pasos que deberá seguir el empleado para
presentar su reclamo. El estatuto establece un esquema de agotamiento de
remedios internos y de mediación, previo a la presentación de una demanda
en el Tribunal de Primera Instancia. De esta forma, se le provee al patrono la
oportunidad de conocer sobre la situación de alegado acoso laboral, investigar la
misma y llevar a cabo las medidas correspondientes. El esquema de agotamiento
de remedios que deberán seguir los empleados es el siguiente: 1. El empleado
debe comunicar las alegaciones de acoso laboral siguiendo el procedimiento
interno y protocolo adoptado por el patrono. 2. Si las gestiones realizadas
conforme al procedimiento y protocolo adoptado por el patrono resultan
infructuosas, el empleado que alegue ser afectado por el acoso laboral deberá
acudir al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos de la
Rama Judicial de Puerto Rico. 3. Si luego de haberse orientado, las partes no
aceptan la mediación o el mediador no recomienda la misma, se podrá acudir
KLCE202300445                                                       Página 16 de 16

                                       - IV -

       Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de

Certiorari promovido el 24 de abril de 2023 por la AUTORIDAD, en

consecuencia, se revoca la Resolución intimada el 4 de abril

de 2023; y se desestima, con perjuicio, la Querella entablada el

21 de octubre de 2022.51

       Notifíquese inmediatamente.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

ante la sala de tribunal competente donde se deberá evidenciar que se agotó
el mecanismo alterno de mediación y se presentará la acción civil (demanda)
para dilucidar la responsabilidad civil de los involucrados según provee el
Artículo 11 de la Ley 90-2020. El Artículo 12 de la Ley 90-2020 establece que
el empleado tendrá un año para presentar su causa de acción a partir del
momento en que se sintió sometido al acoso laboral. En todo pleito judicial que
se inste por violación a las disposiciones de la Ley 90-2020, el perjudicado podrá
escoger entre tramitar su reclamación siguiendo el procedimiento sumario que
establece la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida
como "Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, o mediante el
procedimiento judicial ordinario. Énfasis suplido.
51 El Artículo 12 Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico, supra,

expresa: Prescripción (29 LPRA § 3122) Toda persona que tenga una causa de
acción bajo las disposiciones de la presente Ley, tendrá un término de un (1) año
para presentar su causa de acción a partir del momento en que el empleado se
sintió sometido al acoso laboral alegado.