Court Opinion

ID: 9962610
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:34:26.265006+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:12.846904
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                           TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
                             TRIBUNAL DE APELACIONES
                                      PANEL X

      KATIRIA’S CAFÉ, INC.                                Revisión de Decisión
           PETICIONARIA(S)                                Administrativa
                                                          procedente de la Oficina
                                                          de Permisos del
                  V.                     KLRA202300482    Municipio Autónomo de
                                                          San Juan

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE                                     Caso Núm.
       SAN JUAN                                           063-077-947-18
            RECURRIDA(S)

                                                          Sobre:
                                                          Multa Administrativa
                                                          (No. de Boleto: 002949)

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi
Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

                                      SENTENCIA

           En San Juan, Puerto Rico, hoy día 27 de marzo de 2024.

           Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, KATIRIA’S CAFÉ, INC.

(KATIRIAS CAFÉ) mediante una Revisión Judicial instada el 13 de septiembre

de 2023. En su escrito, nos solicita que revisemos la Multa Administrativa

expedida el 7 de julio de 2023 por la Oficina de Permisos del MUNICIPIO

AUTÓNOMO DE SAN JUAN (MUNICIPIO) por la cuantía de dos mil dólares

($2,000.00).1 En la multa administrativa, se alegó que KATIRIAS CAFÉ opera

una “barra como uso principal”.

           Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente

controversia.

                                                –I–

           El 7 de julio de 2023, el inspector Carlos Ríos, de la Oficina de

Permisos del MUNICIPIO, visitó el establecimiento KATIRIAS CAFÉ. Como

1
    Véase Apéndice de la Revisión Judicial, págs. 1- 2.

Número Identificador:
SEN2024___________
KLRA202300482                                                               Página 2 de 8

parte de su inspección determinó la comisión de una falta administrativa a la

Ley 161- 2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del

Proceso de Permisos de Puerto Rico.2 Así las cosas, emitió el boleto número

002949, con número de catastro 063 – 077 – 947 – 18, e impuso una multa por

la suma de dos mil dólares ($2,000.00).3

        El 31 de julio de 2023, KATIRIAS CAFÉ presentó una Solicitud de

Reconsideración ante la Oficina de Permisos del MUNICIPIO.4 Adujo que el

negocio se dedica a la venta de alimentos preparados como negocio principal

y el expendio o venta de bebidas alcohólicas es uno accesorio. Además,

arguyó que la Multa Administrativa infringió su debido proceso de ley, en su

vertiente procesal, debido a que no proveyó la oportunidad de solicitar una

audiencia, en la cual pudiese demostrar las razones por las cuales la falta

administrativa es improcedente.

        Ante la inacción del foro administrativo, el 13 de septiembre de 2023,

KATIRIAS CAFÉ acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante Revisión

Judicial. En su recurso, señaló el siguiente error:5

            Erró la parte recurrida al emitir una multa contra la
            peticionaria y luego negarle el derecho a una vista
            administrativa en donde esta pueda presentar evidencia a
            su favor y confrontar la prueba con la que cuenta el
            Municipio para sostener dicha penalidad.

        Ante ello, el 15 de septiembre de 2023, este foro revisor decretó

Resolución mediante la cual concedimos un término perentorio de treinta

(30) días para presentar su(s) alegato(s) en oposición al recurso al MUNICIPIO.

        Consecuentemente, el 3 de noviembre de 2023, dictaminamos

Resolución confiriendo un plazo de veinte (20) días para presentar copia fiel

y exacta del expediente administrativo concerniente al boleto número

002949 expedido el 7 de julio de 2023, por el señor Carlos Ríos, inspector de

2
  23 LPRA § 9011 y ss.
3
  Véase Apéndice de la Revisión Judicial, págs. 1 – 2.
4
  Cabe mencionar que el MUNICIPIO tuvo un receso administrativo durante la semana de 24
de julio de 2023 hasta 28 de julio de 2023.
5
   Transcurrido el plazo de quince (15) días desde la presentación de la Solicitud de
Reconsideración, sin que se expresara el MUNICIPIO, se consideró el petitorio rechazado de
plano.
KLRA202300482                                                                   Página 3 de 8

la Oficina de Permisos; y apercibiendo sobre incumplimiento al MUNICIPIO.

        El pasado 26 de febrero, pronunciamos Resolución proporcionando un

plazo final de veinte (20) días para suministrar copia fiel y exacta del

expediente administrativo. Al día de hoy, no ha comparecido el MUNICIPIO.

        Evaluado concienzudamente el expediente del caso; nos encontramos

en posición de resolver. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a

las (s) controversia(s) planteada(s).

                                           – II –

                                           –A–

        La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico (LPAU) provee un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los

procesos de adjudicación y reglamentación en la administración pública.6 Su

sección 4.1 instituye la revisión judicial por este Tribunal de Apelaciones de

las determinaciones finales de las agencias.7

        La revisión judicial tiene como propósito limitar la discreción de las

agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones conforme a la

ley.8 El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una decisión de un

foro administrativo es la razonabilidad de la actuación de la agencia.9 Nuestra

evaluación de la decisión de una agencia se circunscribe, entonces, a

determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o irrazonable, o si sus

acciones constituyen un abuso de discreción.10

        No obstante, las decisiones de los organismos administrativos

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que,

sus conclusiones e interpretaciones merecen gran consideración y respeto.11

Por ello, al ejecutar nuestra función revisora, este Tribunal está obligado a

6
   Conocida como la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 LPRA § 9601-
9713; SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 621 (2018).
7
   3 LPRA § 9671.
8
   Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 707 (2004). Véase, además Javier A. Echevarría
Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones Situm (2017), págs. 304 – 306.
9
   Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353 (2016); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). D.
Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 543.
10
    Pérez López v. Depto. Corrección, 208 DPR 656, 660 (2022).
11
   García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891 (2008).
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considerar la especialización y experiencia de la agencia, distinguiendo entre

cuestiones de interpretación estatutaria —sobre las que los tribunales son

especialistas—      y   cuestiones      propias    de     la    discreción   o    pericia

administrativa.12

        Ahora bien, tal norma no es absoluta. Nuestro más alto foro

ha instaurado que no podemos dar deferencia a las determinaciones

administrativas que sean irrazonables, ilegales o contrarias a

derecho.13 Particularmente, concretó las normas básicas sobre el

alcance de la revisión judicial al expresar:

        [L]os tribunales deben dar deferencia a las decisiones de una
        agencia administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la
        determinación administrativa no está basada en evidencia
        sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o
        interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha
        encomendado administrar; (3) el organismo administrativo
        actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando
        determinaciones carentes de una base racional, o (4) la
        actuación administrativa lesionó derechos constitucionales
        fundamentales. Es importante destacar que, si el tribunal no
        se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque
        exista más de una interpretación razonable de los hechos
        procede que se valide la interpretación que realizó la agencia
        administrativa recurrida.

        El   alcance     de   la   revisión    judicial    de    las   determinaciones

administrativas se ciñe a determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido

por la agencia fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la

agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente

administrativo, y (3) si las conclusiones de derecho fueron las correctas.14

        En cuanto a las determinaciones de hechos, estas serán sostenidas por

los tribunales si están respaldadas por evidencia sustancial que surja del

expediente administrativo considerado en su totalidad.15 La evidencia

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como

adecuada para sostener una conclusión.16 Debido a la presunción de

regularidad y corrección que cobija a las decisiones de las agencias

12
   OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1028 (2020).
13
   Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625- 626 (2016).
14
   Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675; OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022).
15
   Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).
16
   Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
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administrativas, quien alegue ausencia de evidencia sustancial debe presentar

prueba suficiente para derrotar dicha presunción.17 Es decir, estas

determinaciones serán respetadas mientras la parte que las impugne no

produzca evidencia suficiente para derrotarlas.18 Para ello “tiene que

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe

el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se

pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo

con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”.19 A esto se le

conoce como la norma de la evidencia sustancial, con la cual se persigue

evitar sustituir el criterio del organismo administrativo en materia

especializada por el criterio del tribunal revisor.20 Por lo tanto, aun cuando

exista más de una interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe

dar deferencia a la agencia, y no sustituir su criterio por el de esta.21

        De otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia son revisables

en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno. 22 Aun así,

debemos dar deferencia a las interpretaciones que los organismos

administrativos hacen de las leyes y reglamentos que administran. A esto se

le conoce como la norma de la evidencia sustancial, con la cual se persigue

evitar sustituir el criterio del organismo administrativo en materia

especializada por el criterio del tribunal revisor.23

        En suma, si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su

confirmación.24 A contrario sensu, los tribunales revisores podemos

intervenir con la decisión recurrida cuando no está basada en evidencia

17
   Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019).
18
   Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra, pág. 128.
19
   Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007).
20
   Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003).
21
   Id.
22
   Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).
23
   Pacheco v. Estancias, supra.
24
   García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 893.
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sustancial, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable o ilegal, o cuando

afecta derechos fundamentales.25

                                            –B–

        La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce

como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, la libertad y

el disfrute de la propiedad.26 Igualmente, prescribe que ninguna persona será

privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley.27 De manera

similar es reconocido en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los

Estados Unidos. El debido proceso de ley presenta dos (2) vertientes; la

sustantiva y la procesal. En su modalidad sustantiva, procura proteger y

salvaguardar los derechos fundamentales de la persona.28 Por otro lado, en

su vertiente procesal propicia al Estado ejercer su poder contra una persona,

siempre y cuando le garantice el derecho a un procedimiento imparcial y

justo, en el cual el individuo pueda cuestionar las razones y legalidad de la

acción.29

        En ese marco, para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley,

en su vertiente procesal, se deben cumplir los siguientes requisitos: (1)

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3)

oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar

evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que

la decisión se base en el récord.30

        Por tanto, ese derecho que tienen las personas a ser oídas, antes

de ser despojadas de algún interés protegido, es un requisito

fundamental del debido proceso de ley.31 El ejercicio de ese derecho tiene

que concederse en el momento y en el modo adecuado.32

25
   Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 204 DPR 581 (2020); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero
Badillo, 177 DPR 177 (2009).
26
   Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA sec. 7.
27
   Íd.
28
   Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992).
29
    Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR
881 (1993).
30
   Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 889.
31
   Íd., (énfasis nuestro).
32
   Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra.
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        Se ha identificado como propósitos del debido proceso de ley: dar

participación a la ciudadanía; proteger a la ciudadanía contra decisiones

arbitrarias; proveerle información al Estado en su quehacer de hacer justicia

y legitimar la acción institucional al concederle una oportunidad de

participación a aquel que podría verse afectado.33 De esta modo, se le asegura

al ciudadano que la agencia ha tomado en consideración toda la evidencia

desfilada y su participación en la audiencia sea realmente efectiva.34 Esto

resulta cónsono, a su vez, con el requisito de que las decisiones

administrativas reflejen que el organismo ha considerado y resuelto los

conflictos de prueba, y ha determinado tanto los hechos probados como los

que fueron rechazados.35

        La revisión judicial permite evaluar el cumplimiento de los foros

administrativos con los mandatos constitucionales que gobiernan su función

como, por ejemplo, que respeten y garanticen los requerimientos del debido

proceso de ley que le asiste a las partes.36 Como parte de las determinaciones

administrativas sujetas a revisión judicial, se encuentran aquellos

procedimientos mediante los cuales una agencia impone el pago de multas

por violaciones a la ley o reglamento cuya implantación o promulgación le ha

sido delegada.37 Empero, la revisión judicial se limitará a evitar que las

agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en exceso de lo permitido por ley

o en ausencia de evidencia sustancial que justifique la medida impuesta, en

otras palabras, a evitar que éstas actúen movidas por el capricho o en exceso

“de su discreción”.38

33
   San Gerónimo Caribe Project v. ARPE, 174 DPR 640 (2008); López y otros v. Asoc. de Taxis
de Cayey, 142 DPR 109 (1996).
34
   Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002).
35
   Mun. de San Juan v. JCA, 152 DPR 673 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144
DPR 425 (1997).
36
   Comisión Ciudadanos v. GP Real Property, 173 DPR 998 (2008).
37
   Comisionado de Seguros v. Prime Life Partners Inc., 162 DPR 334, 340-341 (2004); Assoc. Ins.
Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, supra, pág. 441.
38
   Comisionado de Seguros de Puerto Rico v. Antilles Insurance Company, 145 DPR 226, 234
(1998).
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                                    – III –

       En el caso de marras, KATIRIAS CAFÉ señaló como único error que el

MUNICIPIO incidió al expedir una multa administrativa por la cantidad de dos

mil dólares ($2,000.00), por presuntamente vender bebidas alcohólicas como

“uso principal”. KATIRIAS CAFÉ aseguró que las ventas principales del

establecimiento son los alimentos preparados y el expendio de alcohol es una

actividad accesoria a la venta de comida.

       Cuando evaluamos la totalidad del expediente no podemos –

razonablemente - hallar prueba que nos demuestre que KATIRIAS CAFÉ, en

efecto, posee permiso para la venta de alimentos preparados. En nuestro

expediente, no obra copia del permiso de uso otorgado a KATIRIAS CAFÉ. Ante

la ausencia de un documento fundamental como lo es el permiso de uso, se

nos dificulta evaluar si, en efecto, el establecimiento poseía autorización para

vender bebidas alcohólicas como producto accesorio o si, por el contrario, se

estaba utilizando como barra principal. Por lo que, no nos ha presentado

prueba alguna que pueda rebatir la presunción de corrección que cobija el

dictamen administrativo. Ante esta situación, brindamos la deferencia al

organismo administrativo por su expertise; y nos abstenemos de intervenir.

                                     - IV –

       Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Multa

Administrativa emitida el 7 de julio de 2023 por la Oficina de Permisos del

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN.

       Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaría del Tribunal de

Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones