Court Opinion

ID: 9896835
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-11-14 16:23:34.501731+00
Date Added: 2024-06-11T09:14:21.776848
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL III

   GRETCHEN Y. FALCÓN                          Revisión de
         AYALA                                 Decisión
                                               Administrativa
       Parte Recurrente                        Procedente de la
                                               Oficina de
                                               Apelaciones del
               v.                KLRA202300026 Sistema de
                                               Educación

    DEPARTAMENTO DE                              Caso Núm.:
       EDUCACIÓN                                 2016-08-0172

       Parte Recurrida
                                                 Sobre:
                                                 Reclutamiento y
                                                 Selección

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez
Grana Martínez, el Juez Rodríguez Flores y el Juez Monge Gómez.1

Rodríguez Flores, Juez Ponente.

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2023.

      La parte recurrente, Gretchen Y. Falcón Ayala, comparece

mediante solicitud de revisión judicial y solicita que revoquemos la

Resolución dictada y notificada el 19 de diciembre de 2022, por la

Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación (OASE). Mediante

el referido dictamen, el ente recurrido denegó la solicitud de

reconsideración presentada por la Sra. Falcón Ayala y sostuvo la

Resolución emitida el 22 de julio de 2022, mediante la cual

desestimó la apelación presentada por la Sra. Falcón Ayala, por

académica.

      Mediante Resolución emitida el 6 de marzo de 2023,

ordenamos a la OASE a someter copia certificada del expediente

administrativo 2016-08-0172, el cual la agencia nos presentó el 14

de marzo de 2023.

1 Véase Orden Administrativa OAJP-2022-099A.

Número Identificador
SEN2023____________________
KLRA202300026                                                                 2

       Evaluados los escritos presentados por las partes, así como la

copia certificada del expediente administrativo, confirmamos la

resolución recurrida.

                                       I.

       La Sra. Falcón Ayala solicitó la permanencia de su puesto

como maestra de cuarto a sexto grado2, en virtud de la Ley Núm.

312 del 15 de mayo de 19383, conocida como Ley de Permanencia

de Maestros y de conformidad con la Carta Circular del Secretario

del Departamento de Educación del 31 de mayo de 20164.

       El 15 de julio de 2016, el Secretario del Departamento de

Educación notificó a la Sra. Falcón Ayala Notificación de Solicitud de

Reclamo sobre Elegibilidad para Otorgación de Estatus Permanente

Conforme a la Ley 312 de 15 de mayo de 1938, según enmendada5.

En esta, le informó a la Sra. Falcón Ayala que su solicitud de

permanencia no procedía, puesto que no trabajó consecutivamente

los años 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016 en la misma categoría.

También, le informó sobre su derecho a apelar la determinación ante

la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

       Así, el 9 de agosto de 2016, la Sra. Falcón Ayala presentó por

derecho propio6, una Solicitud de Apelación7 ante la Comisión

Apelativa del Servicio Público. En síntesis, alegó ser maestra de

cuarto    a    sexto    grado    y   empleada       transitoria-elegible    del

Departamento de Educación. Adujo que solicitó la permanencia de

dicho puesto en virtud de la Ley 312 del 15 de mayo de 1938 y la

Carta del Secretario de Educación del 31 de mayo de 2016. Señaló

que el Secretario le notificó que su solicitud de permanencia no

2 La Sra. Falcón Ayala laboraba en la Escuela S.U. María C. Santiago en Comerío.
3 18 LPRA sec. 214 et seq.
4 Solicitud de Información sobre el Proceso de Otorgación de Permanencias, Carta

del Secretario de Educación del 31 de mayo de 2016, expediente administrativo
de OASE.
5 Véase, expediente administrativo de OASE.
6 Posteriormente, la Sra. Falcón Ayala compareció representada por abogado.
7 Véase, expediente administrativo de OASE.
KLRA202300026                                                                3

procedía por no haber trabajado consecutivamente los años

escolares 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. Argumentó que, la

Ley 312-1938, supra, establece como elemento categórico para la

otorgación de la permanencia el haber trabajado satisfactoriamente

de forma consecutiva durante dos (2) años escolares y que dicho

estatuto no limita cuáles dos años se tomarán en consideración, ni

faculta al Secretario del Departamento de Educación a escoger

cuáles dos años escolares se tomarán en consideración. La Sra.

Falcón Ayala arguyó que sí trabajó dos años escolares de forma

consecutiva en la misma categoría8. Por lo anterior, sostuvo que sí

cumple con los requisitos establecidos y que el Secretario del

Departamento de Educación tenía la obligación legal de otorgar la

permanencia por cumplir con los requisitos establecidos por dicha

ley, indistintamente de cuáles dos años consecutivos fueron

trabajados de forma satisfactoria.

       El 14 de marzo de 2017, el Departamento de Educación

presentó Contestación a la Apelación. En resumen, el Departamento

negó la mayoría de las alegaciones y levantó varias defensas

afirmativas. Luego, el 31 de enero de 2019, la CASP ordenó el

traslado del caso a la Oficina de Apelaciones del Sistema de

Educación9. A la fecha del traslado, no se había celebrado vista en

su fondo ni había señalamientos pendientes, quedando el caso

pendiente de determinación final.10

       Tras varias incidencias procesales, el 30 de marzo de 2022, el

Departamento de Educación presentó una Moción en Solicitud de

Desestimación por Academicidad11. En síntesis, el Departamento

8 La Sra. Falcón Ayala adujo que trabajó consecutivamente los años escolares
2004-2005 y 2005-2006.
9 El 29 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley Núm. 85-2018, Ley de Reforma

Educativa de Puerto Rico que creó la Oficina de Apelaciones del Sistema de
Educación la cual obtuvo jurisdicción primaria para revisar las determinaciones
finales sobre asuntos de personal del Departamento de Educación.
10 Véase, Traslado a la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación.
11 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 15-16.
KLRA202300026                                                                  4

informó que la Sra. Falcón Ayala se encontraba inactiva de la

plantilla de empleados del Departamento, por lo que no es empleada

del sistema. Por ello, solicitaron la desestimación del pleito, por

entender que, ante la inactividad de la Sra. Falcón Ayala en el

sistema, la controversia se tornó académica. El 11 de abril de

202212, la OASE ordenó a la Sra. Falcón Ayala replicar la solicitud

de desestimación. La Sra. Falcón Ayala no replicó a la referida

moción de desestimación.

       Surge del expediente administrativo que, el 22 de abril de

2022, la OASE celebró una vista sobre el estado de los

procedimientos13. En igual fecha, la OASE emitió una Orden a los

efectos de que el Departamento de Educación especificara los datos

de inactividad de la Sra. Falcón Ayala y, además, concedió un

término final a la recurrente para replicar, so pena de conceder lo

solicitado14. La Sra. Falcón Ayala no presentó escrito en réplica.

       Finalmente, el 22 de julio de 2022, la OASE emitió Resolución

en la que declaró Ha Lugar la solicitud de desestimación por

academicidad presentada por el Departamento y ordenó el archivo

con perjuicio de la apelación de la Sra. Falcón Ayala. En su

dictamen, la OASE señaló que la Sra. Falcón Ayala había solicitado

se le otorgara estatus permanente y, una vez notificado el hecho de

que ésta se encontraba inactiva en la plantilla de empleados del

Departamento       de    Educación,      dejó    de    ser    empleada        del

Departamento de Educación, por lo que no existía una controversia

justiciable que adjudicar.

       Insatisfecha con el dictamen, la Sra. Falcón Ayala presentó

Solicitud de Reconsideración en Torno a Resolución15. El 19 de

12 Véase, Orden del 11 de abril de 2022, expediente administrativo de OASE.
13 Del expediente administrativo no surge acta o minuta. No obstante, consta
Orden emitida por la OASE el 22 de abril de 2022, en la que hace mención de la
vista celebrada.
14 Véase, Orden del 22 de abril de 2022, expediente administrativo de OASE.
15 Véase, Anejo 3, Solicitud de Reconsideración en Torno a Resolución, págs. 22-

26.
KLRA202300026                                                           5

diciembre de 2022, la OASE emitió resolución en la que declaró No

Ha Lugar la solicitud de reconsideración y mantuvo en pleno vigor

la Resolución del 22 de julio de 2022.

      Inconforme, la Sra. Falcón Ayala acude nos mediante solicitud

de revisión judicial y le imputa a la OASE la comisión de los

siguientes errores:

      1. Erró la Honorable Jueza Administradora en su
         Resolución al declarar No Ha Lugar la Reconsideración
         presentada por la parte apelante y dictaminar que se
         mantiene en pleno vigor la Resolución emitida el 22 de julio
         de 2022, a pesar de que dicha Resolución así confirmada
         tiene la adjudicación de un hecho esencial (que la
         apelante pasó a ser empleada inactiva de Educación
         porque se acogió a los beneficios del retiro) que no ha[ll]a
         respaldo ni tiene sustento en la evidencia documental que
         obra en el expediente administrativo, ni en las
         alegaciones de las partes; y tampoco haya respaldo en
         prueba testimonial alguna toda vez que en este caso no
         se celebró una vista adjudicativa en sus méritos.

      2. Erró […] la Honorable Jueza Administrativa en su
         interpretación y aplicación del derecho al no tomar en
         consideración y/o dejar pasar por desapercibido que, tal
         y como dicta la doctrina sobre academicidad en nuestro
         ordenamiento, una reclamación no se ha tornado
         académica cuando la situación de hecho ha sido
         cambiada por la parte promovida y no tiene visos de
         permanencia.;

      3. Erró […] la Honorable Jueza Administrativa en su
         Resolución al declarar No Ha Lugar la Reconsideración
         presentada por la parte apelante y dictaminar que se
         mantiene en pleno vigor la Resolución emitida el 22 de julio
         de 2022, a pesar de que el motivo por el cual la apelante
         se encontraba inactiva en el Sistema de Educación al 30
         de marzo de 2022, luego de seis (6) años de presentado el
         recurso de apelación administrativo, se […] ha[ll]a en
         controversia; también se ha[ll]a en controversia si dicha
         situación de hecho (la modificación en el estatus activo
         de la parte apelante en el Sistema de Educación) fue
         cambiado por la parte promovida o si dicho cambio
         responde a un acto voluntario de la parte apelante; y si
         dicho cambio tiene o no visos de permanencia, todo lo
         cual constituye hechos esenciales para la determinación
         de si la presente reclamación se ha tornado o no
         académica.

                                II.

                                A.

      Es norma firmemente establecida que los tribunales han de

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones de los

organismos     administrativos.       Ello,   dado   que   las    agencias
KLRA202300026                                                                 6

administrativas cuentan con vasta experiencia y conocimiento

especializado     en   cuanto    a   los   asuntos     que    les   han    sido

encomendados16.

       Como resultado, la decisión de una agencia administrativa

gozará de una presunción de legalidad y corrección que será

respetada, siempre que la parte que la impugna no produzca

evidencia suficiente para rebatirla17. Así, en cuanto a las

determinaciones de hecho que realiza una agencia, el Tribunal

Supremo ha resuelto que los tribunales revisores tienen que

sostenerlas si se encuentran respaldadas por evidencia suficiente

que surja del expediente administrativo al ser considerado en su

totalidad18. Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada

para sostener una conclusión”19. Por lo tanto, la parte afectada

deberá reducir el valor de la evidencia impugnada o demostrar la

existencia de otra prueba que sostenga que la actuación del ente

administrativo no estuvo basada en evidencia sustancial20. En fin,

el tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la determinación

de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar que el tribunal

revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo21.

       Por otro lado, respecto a las conclusiones de derecho, la Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico, Ley Núm. 38-2017, señala que éstas pueden ser revisadas en

todos sus aspectos. Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Ahora

bien, lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen la

16
   Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021), citando a OCS
v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185
DPR 800 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).
17
   Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).
18
   Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Véase, además, Sec. 4.5 de la
LPAU, 3 LPRA sec. 9675.
19
   Rolón Martínez v. Superintendente, 201 DPR 26, 36 (2018); González Segarra et
al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729
(2005).
20
   Otero v. Toyota, supra, pág. 728.
21
   Id.
KLRA202300026                                                                   7

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e

interpretaciones de la agencia”22. Consecuentemente, cuando un

tribunal llega a un resultado distinto al de la agencia, éste debe

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la

apreciación de la prueba23. Dicho de otro modo, “[e]l tribunal podrá

sustituir el criterio de la agencia por el propio solo cuando no pueda

hallar una base racional para explicar la decisión administrativa” 24.

        Por consiguiente, la deferencia concedida a las agencias

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el

organismo      administrativo      haya     errado    en    la   aplicación     o

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo

actúe     arbitraria,     irrazonable      o    ilegalmente,       al   realizar

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la

actuación      administrativa       lesione     derechos      constitucionales

fundamentales.25

                                   B.

        La Ley 312 de 15 de mayo de 1938, según enmendada,

conocida como la Ley de Permanencia de Maestros, 18 LPRA secs.

214-218, fue creada para establecer el nombramiento permanente

de los maestros de instrucción pública, después de transcurrido

cierto periodo probatorio, determinar el procedimiento para su

separación y otros fines. Dicho estatuto establece los requisitos con

los que un maestro que aspira a un nombramiento permanente debe

22
   Otero v. Toyota, supra, pág. 729.
23
   Id.
24
   Id.
25 Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803, 819 (2021); Torres Rivera v. Policía

de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos,
184 DPR 712, 744-745 (2012).
KLRA202300026                                                            8

cumplir. En específico, la Sección 1 de la Ley 312-1938 establece lo

siguiente:

      Todo maestro en servicio activo en las escuelas
      públicas, mediante nombramiento hecho de
      conformidad con la Ley Escolar […], los reglamentos
      del Departamento de Educación y los reglamentos
      de la Junta Estatal de Instrucción Vocacional,
      Técnica y de Altas Destrezas, y que haya ejercido
      como tal en cualquier categoría de escuela durante el
      periodo probatorio que se especifica más adelante,
      tendrá derecho a ser contratado con carácter
      permanente en la categoría correspondiente en que
      esté ejerciendo al expirar dicho periodo probatorio,
      sin otras pruebas de calificación o capacidad
      profesional que la posesión de una licencia regular de
      la misma categoría del puesto que ocupa el maestro y
      haber realizado, a juicio del Departamento de
      Educación, labor satisfactoria. Para los efectos de esta
      ley, no se tomará en consideración el tiempo que los
      maestros ejerzan en calidad de provisionales. Tales
      maestros tendrán derecho a ser contratados con
      carácter permanente en el municipio en que están
      ejerciendo al expirar el período probatorio. El tiempo
      trabajado por los maestros con certificado regular en
      calidad de sustituto y que hayan realizado labor
      satisfactoria en puestos de la misma categoría se
      convalidará     como      periodo     probatorio.    La
      equivalencia de los dos (2) años de período
      probatorio comprenderá el trabajo realizado con
      contrato sustituto o probatorio durante dos (2) años
      consecutivos. Tales maestros tendrán derecho a ser
      contratados con carácter probatorio o permanente en el
      municipio donde estén trabajando cuando les
      corresponda una plaza en propiedad. (Énfasis
      suplido).

18 LPRA sec. 214.

                                C.

      La Ley 85-2018, 3 LPRA sec. 9801 et seq., conocida como la

Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, se aprobó a los fines de

establecer la nueva política pública del Gobierno de Puerto Rico en

el área de educación26. Como parte de su declaración de política

pública, el Artículo 1.02, inciso (d)(5) establece lo siguiente:

      Los maestros serán profesionales capacitados que
      probadamente y evidenciariamente dominen las
      materias que han de impartir con excelencia. La
      certificación de maestro que emite el Secretario es una

26
  La Ley 85-2018, supra, derogó la Ley 149-1999, según enmendada, conocida
como la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, estatuto
vigente a la fecha de presentación de la apelación de epígrafe.
KLRA202300026                                                        9

         garantía al padre o encargado de que así ha sido
         constatado.

3 LPRA sec. 9801a

         El Artículo 2.02 establece lo concerniente al Secretario de

Educación. Es específico, dicho artículo expone lo siguiente:

         El Secretario es el funcionario designado por el
         Gobernador de Puerto Rico con arreglo a la Constitución
         de Puerto Rico. El Secretario es el funcionario de más
         alto rango en el Departamento y entre otras
         funciones y encomiendas, podrá establecer la visión,
         misión, prioridades y metas del Sistema de
         Educación     Pública,    a    través    de    normas,
         reglamentos, órdenes administrativas o directrices,
         cónsonas con el ordenamiento jurídico vigente, pero
         en ningún caso podrá afectar los derechos
         adquiridos de los maestros. El Secretario tendrá
         aquellas facultades ejecutivas, administrativas y
         académicas establecidas en esta Ley o dispuesta en
         cualquier otra ley aplicable. (Énfasis suplido).

3 LPRA sec. 9802a.

         Por otra parte, el Artículo 2.04, establece lo relativo a los

deberes y responsabilidades del Secretario de Educación. En

específico, el inciso (b)(29), establece que el Secretario deberá:

         Formular     las   normas   relacionadas  con   la
         administración y evaluación del personal de las
         escuelas, sin afectar ningún derecho adquirido por
         los maestros previo a la aprobación de esta Ley.
         (Énfasis suplido).

3 LPRA sec. 9802c

         El Art. 3.01 dispone todo lo concerniente al sistema de

personal del Departamento de Educación. En síntesis, dicho artículo

dispone que el Departamento administrará su propio sistema de

personal y que reconocerá los derechos adquiridos por los maestros

previo a la aprobación de esta Ley y adoptará sus reglamentos de

personal incorporando el principio de mérito a la administración de

sus recursos humanos27. El Departamento tendrá empleados de

confianza, empleados de carrera y empleados transitorios28. En

cuanto a los empleados transitorios, estos serán contratados para

27 3 LPRA sec., 9803.
28 Id.
KLRA202300026                                                      10

trabajos de duración fija y no tendrán derecho propietario de su

posición29. Los derechos de los empleados del Departamento están

supeditados a los derechos educativos de los estudiantes, quienes

son la razón de ser del Sistema de Educación Pública. Sobre las

determinaciones finales sobre asuntos de personal, las mismas

serán revisadas, a solicitud de parte, en la Oficina de Apelaciones

del Sistema de Educación, la cual tendrá jurisdicción primaria para

atenderlas30.

         A tenor de ello, el Artículo 3.02 establece la jurisdicción y

funcionamiento de la Oficina de Apelaciones del Sistema de

Educación (OSAE). En resumen, la OASE estará compuesta por

jueces administrativos contratados por el Departamento y la

organización y operación interna de la OASE será establecida

mediante reglamento promulgado por el Secretario. Además,

establece que los jueces y juezas tendrán total independencia en la

adjudicación de las apelaciones y/o asuntos ante su consideración.

También, dispone que la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017 (LPAU), regirá los

procedimientos administrativos ante su consideración31.

         Conforme dispone el Artículo 16.01 de la Ley 85-2018, supra,

todos los casos que a la fecha de aprobación de dicho estatuto estén

pendientes de resolución y adjudicación ante la Comisión Apelativa

del Servicio Público (CASP), deberán ser transferidos a la Oficina de

Apelaciones del Sistema de Educación (OASE)32.

                                      D.

         El Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema

Educativo, Reglamento Núm. 9099 de 29 de mayo 2019 se promulgó

al amparo de la Ley 85-2018, supra, y la Ley 38-2017, supra.

29 Id.
30 Id.
31 3 LPRA sec. 9803a.
32 3 LPRA sec. 9816.
KLRA202300026                                                                              11

Conforme surge del Artículo 3 del Reglamento, el propósito de este

es establecer el proceso a seguirse para la presentación de una

apelación ante la OASE y el manejo y trámite adecuado del recurso.

Añade que estas reglas deberán interpretarse de forma que

propicien una solución justa, rápida y eficiente de los casos a tenor

con la política pública establecida en la Ley 85-2018, supra33. En el

Artículo 4 del referido Reglamento, se establece que este aplicará a

todas las apelaciones presentadas por aquellos empleados no

sindicados del Departamento de Educación inconformes con una

resolución, orden o determinación final sobre asuntos de personal,

a tenor con lo dispuesto en la Ley 85-2018, supra.

        Por otro lado, sobre la adjudicación sumaria de casos ante la

OASE, el Reglamento establece en sus artículos 12.1 y 12.2 lo

siguiente:

        Artículo 12.1 – Adjudicación sumaria de casos
        En cualquier caso en el que el juez administrativo tenga
        ante sí una controversia de derecho, podrá emitir una
        resolución sumaria sin sujeción a ningún otro trámite
        procesal.

        Artículo 12.2 – Solicitud de resolución sumaria
        Concluido el término para efectuar el descubrimiento de
        prueba, las partes podrán solicitar la resolución
        sumaria del caso. La parte que se oponga a una
        solicitud de resolución sumaria tendrá un término
        de diez (10) días calendario a partir de la
        notificación de la solicitud para presentar su
        oposición. Si luego de evaluar la solicitud de resolución
        sumaria, la oposición a dicha solicitud y los
        documentos contenidos en el expediente de la agencia
        el juez administrativo determina que no es necesario
        celebrar una vista para adjudicar la(s) controversia(s)
        podrá dictar resolución sumaria final o parcial
        resolviendo la(s) controversia(s) entre las partes34.
        (Énfasis nuestro).

                                             E.

        El Tribunal Supremo ha expresado que un pleito se torna

académico cuando se intenta obtener una sentencia sobre un

33
   Depto. Educ., Reglamento de la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación, Núm. 9099
(29 de mayo de 2019), https://www.de.pr.gov/wp-content/uploads/2019/04/reglamento-de-oase.pdf
34
   Id.
KLRA202300026                                                     12

asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos

prácticos sobre una controversia existente. P.P.D. v. Gobernador I,

139 DPR 643, 675 (1995). Es decir, una controversia puede

convertirse en académica cuando su condición viva cesa por el

transcurso del tiempo. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR

253, 281 (2010).

      El Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales pierden

su jurisdicción sobre un caso por academicidad. Ello sucede cuando

ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia

particular, que hacen que la misma pierda su actualidad, de modo

que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener

efecto real alguno en cuanto a esa controversia y las partes. CEE v.

Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935-936 (1993).

      Con el marco fáctico y legal anteriormente expuesto, estamos

en posición de resolver.

                                 III.

      En el presente recurso, la Sra. Falcón Ayala impugna la

Resolución emitida por la OASE mediante la cual desestimó su

apelación por académica. En esencia, la recurrente alega que está

en controversia el motivo por el cual quedó inactiva del Sistema de

Educación, luego de seis años de presentada la apelación ante la

OASE. Aduce que también está en controversia si el cambio de

estatus en el Sistema de Educación responde a un cambio realizado

por el Departamento de Educación, o si dicho cambio responde a un

acto voluntario de la Sra. Falcón Ayala; y si dicho cambio tiene o no

visos de permanencia—hechos que la Sra. Falcón Ayala entiende

son esenciales para determinar si su reclamación se ha tornado

académica. Veamos.

      Conforme surge del expediente administrativo, la Sra. Falcón

Ayala presentó su apelación ante la OASE el 9 de agosto de 2016.

En dicha fecha, la Sra. Falcón Ayala era empleada transitorio
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elegible en el Sistema de Educación. Sin embargo, el 30 de marzo de

2022— estando aún pendiente de adjudicación de la OASE, el

Departamento de Educación solicitó la desestimación del pleito por

academicidad. Lo anterior, ante el hecho de que la Sra. Falcón Ayala

estaba inactiva en el Sistema de Educación, lo cual significa que

esta no es empleada del sistema. Por ello, el Departamento de

Educación alegó que ante la inactividad de la Sra. Falcón Ayala en

el sistema, el remedio solicitado por esta resulta académico pues no

surtirá efecto legal o jurídico alguno.

        La OASE concedió término en dos ocasiones a la Sra. Falcón

Ayala para replicar la solicitud de desestimación presentada. No lo

hizo.

        Por   el   contrario,      el    Departamento       de    Educación

oportunamente presentó copia impresa de la información obtenida

del sistema de personal que administra el Departamento de

Educación. Dicha copia tiene fecha del 30 de marzo de 2022 y

expresa que la Sra. Falcón Ayala está inactiva en el sistema.

Además, en el espacio de estatus del puesto, este indica terminado.

Por su parte, la Sra. Falcón Ayala no presentó prueba que rebatiera

la presentada por el Departamento de Educación sobre su estado

inactivo en el sistema. Como expusimos anteriormente, la Sra.

Falcón    Ayala    no    replicó   los    escritos   presentados     por   el

Departamento de Educación. Tampoco cumplió con las órdenes de

la OASE a tales efectos. Ante la prueba presentada por el

Departamento       y    la   evidencia   que   obra    en    el   expediente

administrativo, concluimos que la OASE actuó correctamente al

desestimar por academicidad la apelación de la Sra. Falcón Ayala.

Nos explicamos.

        La inactividad de la Sra. Falcón Ayala en el sistema fue un

cambio que ocurrió estando pendiente el trámite administrativo.

Este hecho era esencial a la controversia de la que trataba la
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apelación: otorgarle a la Sra. Falcón Ayala estatus como empleada

permanente. Sin embargo, debido a que la Sra. Falcón Ayala se

encuentra    inactiva   en   sistema,   esta   no   es   empleada   del

Departamento de Educación, por lo que la controversia perdió su

actualidad, de modo que el remedio solicitado por esta no tendría

efecto real alguno. La controversia se tornó académica.

      En virtud de lo anterior, concluimos que la OASE actuó

correctamente al desestimar por académica la apelación de la Sra.

Falcón Ayala, por lo que procede confirmar la resolución recurrida.

                                  IV.

      Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución

recurrida.

      Notifíquese.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones