Court Opinion

ID: 9374142
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:24:55.721442+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.116281
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL I

                                                Certiorari
 ITZEL GARCÍA CATALÁN                           procedente del
                                                Tribunal de Primera
           Peticionaria                         Instancia, Sala
                                                Superior de San
                 v.               KLCE202300041 Juan

  PEDRO ANTONIO ROSA                                  Civil núm.:
        RIVERA                                        SJ2022RF01357
                                                      (705)
            Recurrido
                                               Sobre: Divorcio
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

                               RESOLUCIÓN

      En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2023.

      El    Tribunal      de   Primera    Instancia   (“TPI”)   acogió   una

estipulación sobre el monto y la fecha de efectividad de una pensión

alimentaria provisional (1 de noviembre de 2022, o 12 días luego de

presentada la demanda de referencia). En el ejercicio de nuestra

discreción, declinamos la invitación de la peticionaria a modificar el

dictamen recurrido a los fines de hacer la pensión provisional

efectiva en una fecha anterior a la acordada por las partes y acogida

por el TPI, y también declinamos intervenir con la discreción del TPI

al abstenerse de ordenar al recurrido que pagase una cuantía por

honorarios de abogado.

                                     I.

      La acción de referencia, sobre divorcio, custodia y alimentos

(la “Demanda”), se presentó el 20 de octubre de 2022 por la Sa. Itzel

García Catalán (la “Esposa”) contra el Sr. Pedro Antonio Rosa Rivera

(el “Esposo”).

      Poco después, el 8 de noviembre, y en una vista ante la

Examinadora de Pensiones Alimentarias (la “Examinadora”), y

según el Informe de Estipulación Pensión Alimentaria Provisional (el

Número Identificador
RES2023________________
KLCE202300041                                                       2

“Informe”) emitida por esta, las “partes acordaron voluntariamente”

lo siguiente (énfasis suplido):

             1. El padre alimentante proveerá una Pensión
                Alimentaria Provisional, para beneficio de los
                menores habidos entre las partes, la suma de
                $2,100.00 mensuales, pagadera a razón de
                $1,050.00 quincenales (los días 15 y 30 de
                cada mes), efectiva al 1 de noviembre de
                2022.

             2. Con este pago la demandante pagara
                directamente, el pago mensual de la hipoteca
                del hogar.

             3. Los gastos de matrícula, uniformes, libros,
                materiales escolares serán atendidos en
                proporción 60% el padre y 40% la madre. La
                parte demandante solicitó para estos gastos
                esta porción en la Pensión Alimentaria
                Provisional y la recomendamos y estipularon.

             4. La madre provee el plan médico. Cada padre
                atenderá al 50% todo gasto médico n[o]
                cubierto por el plan médico, mayor de $50.00.

             5. La pensión alimentaria será depositada en
                cuenta bancaria de la demandante de Banco
                Popular de Puerto Rico. Posteriormente, se
                abrirá cuenta en ASUME.

             6. No se está computando deuda o crédito de
                retroactividad de pensión alimentaria en
                este momento.

      El 21 de noviembre, el TPI notificó una Resolución aprobando

el Informe (la “Resolución”). A tales efectos, el TPI dispuso (énfasis

suplido):

             […] según estipulado, se fija una Pensión
             Alimentaria Provisional a beneficio de los
             menores, […] por la cantidad de $2,100.00
             mensuales, pagadera a razón de $1,050.00
             quincenales (los días 15 y 30 de cada mes),
             efectiva al 1 de noviembre de 2022.

             […]

             No se está computando deuda o crédito de
             retroactividad de pensión alimentaria en este
             momento, hasta la determinación final.

      El 6 de diciembre, la Esposa solicitó la reconsideración de la

Resolución. Planteó, en lo pertinente, que la pensión provisional

debió imponerse retroactivo, no al 1 de noviembre, sino a la fecha
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de la presentación de la Demanda (20 de octubre); además, planteó

que el TPI debió imponerle el Esposo el pago de honorarios de

abogado.

         El Esposo se opuso a la referida moción de reconsideración.

Adujo que cualquier retroactivo al 20 de octubre debía aguardar por

la fijación de la pensión final. Además, expuso que, en la vista ante

la Examinadora, “claramente se indicó que las razones del por qué

no se iba a computar … retroactivo en ese momento se basó en la

alegación del padre alimentante de que este ya había pagado la vasta

[sic] mayoría de los gastos de los menores hasta la fecha del 31 de

octubre de 2022, e imputarle en ese momento una alegada deuda

por concepto de retroactividad era exponerlo a un posible pago

doble”. Apéndice a la pág. 44 (énfasis en original). En cuanto a los

honorarios de abogado, el Esposo planteó que la Esposa no los

solicitó a la Examinadora y que, de todas maneras, este asunto no

debía considerarse hasta que se fijase la pensión final. En esencia,

se opuso a que se pretendiese “variar los acuerdos a través de una

moción de reconsideración”.

         Luego de que la Examinadora así lo recomendase, el TPI

denegó la moción de reconsideración presentada por la Esposa, ello

mediante una Resolución notificada el 15 de diciembre.

         Inconforme, 17 de enero1, la Esposa presentó el recurso que

nos ocupa; señala que erró el TPI:

                 1)   al establecer una pensión alimentaria
                      provisional a partir del 1 de noviembre de
                      2022 en vez del 20 de octubre de 2022 que
                      fue la fecha en que se solicitó y a tenor con la
                      norma de derecho que dispone que las
                      pensiones alimentarias serán retroactivas a
                      la fecha en que se solicitaron.

                 2)   al no imponer el pago de honorarios a favor
                      de la parte alimentista a tenor con el Artículo
                      22 de la Ley Orgánica de la Administración
                      para el Sustento de Menores, mejor conocida
                      como ASUME, 8 L.P.R.A. sec. 521.

1   Día laborable en el Poder Judicial siguiente al viernes 13 de enero.
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                                  II.

      El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v.

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913,

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de

asuntos interlocutorios.    Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83,

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

      La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V,

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:

             El recurso de certiorari para revisar resoluciones
             u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
             de Primera Instancia, solamente será expedido
             por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra
             de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
             de este apéndice o de la denegatoria de una
             moción de carácter dispositivo. No obstante, y por
             excepción a lo dispuesto anteriormente, el
             Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o
             resoluciones interlocutorias dictadas por el
             Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra
             de decisiones sobre la admisibilidad de testigos
             de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos
             a privilegios evidenciarios, anotaciones de
             rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
             casos que revistan interés público o en cualquier
             otra situación en la cual esperar a la apelación
             constituiría un fracaso irremediable de la justicia.
             […]

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los

criterios a examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo

siguiente:

             El Tribunal tomará en consideración los
             siguientes criterios al determinar la expedición de
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            un auto de certiorari o de una orden de mostrar
            causa:

            (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
            contrarios a derecho.

            (B) Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

            (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
            por el Tribunal de Primera Instancia.

            (D) Si el asunto planteado exige consideración
            más detenida a la luz de los autos originales, los
            cuales deberán ser elevados, o de alegatos más
            elaborados.

            (E) Si la etapa del procedimiento en que se
            presenta el caso es la más propicia para su
            consideración.

            (F) Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa no causan un fraccionamiento
            indebido del pleito y una dilación indeseable en la
            solución final del litigio.

            (G) Si la expedición del auto o de la orden de
            mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

      La denegación, o desestimación, de una petición de expedición

del auto de certiorari no impide a la parte afectada reproducir su

planteamiento en apelación. Torres Martínez, supra.

                                 III.

      Aunque no está claro si podríamos expedir el auto solicitado

bajo los términos de la Regla 52.1, supra, no es necesario resolver

al respecto en este caso, ello porque hemos determinado, en el

ejercicio de la discreción que nos confiere la Regla 40, supra, no

intervenir con la Resolución.

      En cuanto a la fecha de efectividad de la pensión provisional,

consideramos razonable la decisión del TPI, a la luz del propósito

que tiene la fijación de dicha pensión y del hecho de que ambas

partes estipularon la cuantía y fecha de vigencia de la misma. Más

aún, tanto el TPI como la Examinadora resaltaron que, una vez se

fijase una pensión final, la misma sería retroactiva al 20 de octubre
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de 2022, y ese sería el momento para computar la deuda o crédito

correspondiente.

      En cuanto al asunto de los honorarios, no podemos concluir

que el TPI hubiese abusado de su discreción al denegarlos en las

particulares circunstancias de este caso.       En primer lugar, y

contrario a lo que plantea la Esposa, la imposición de dichos

honorarios cuando se fija una pensión provisional no es obligatoria,

contrario a lo que ocurre cuando se fija una pensión final.

      En efecto, el Artículo 22(2) de la Ley de Sustento de Menores

establece que el TPI “podrá” imponer al alimentante el pago de

honorarios de abogado a favor del alimentista al fijarse una pensión

provisional. 8 LPRA sec. 521(2). Ello en contraste con el inciso (1)

del referido artículo, el cual establece que se “deberá[n]” imponer

honorarios a favor del alimentista cuando este prevalece en cuanto

a la “fijación, modificación o para hacer efectiva una orden de

pensión alimentaria”. 8 LPRA sec. 521(1).

      En segundo lugar, pesa en nuestro ánimo que la pensión se

fijó como resultado de una estipulación en una vista realizada

menos de un mes luego de presentada la Demanda, por lo cual el

TPI podía razonablemente considerar que el costo o tiempo invertido

para alcanzar el acuerdo no justificaba la concesión de honorarios.

Ello especialmente ante el hecho de que, al formalizarse dicho

acuerdo, la Esposa no solicitó la imposición de honorarios.

      Así pues, al no surgir de la Resolución algún error de derecho

o abuso de discreción, y al no estar ante algún fracaso de la justicia

o alguna determinación fáctica claramente errónea, no se justifica

nuestra intervención. Regla 40(A), 40(C) y 40(G), supra.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de

certiorari solicitado.
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     Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones