Court Opinion

ID: 9952329
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:41:52.373842+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:50.268036
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL ESPCECIAL

                                                            REVISIÓN
                                                            procedente del
AJM MANAGEMENT LLC                                          Departamento
                                                            de Hacienda,
Recurrente                                                  Secretaría de
                                              KLRA202300484 Procedimiento
                 v.                                         Adjudicativo
SECRETARÍA AUXILIAR DE
POLÍTICA CONTRIBUTIVA                                                   Caso Núm.:
                                                                        2022-EC-223
Recurrida
                                                                        Sobre:
                                                                        Exención
                                                                        Contributiva
Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

                                      SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

        Comparece ante nos AJM Management, LLC (AJM o

Recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución de 15 de

agosto de 2023, emitida por la Secretaría Auxiliar de Procedimiento

Adjudicativo del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (SPA).2

Por virtud del aludido dictamen, SPA declaró NO HA LUGAR a la

Querella radicada por AJM en contra de la Secretaría Auxiliar de

Política Contributiva (SAPC).3 SAPC había denegado la Solicitud de

AJM que pedía beneficiarse de la exención contributiva que ofrece

la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada (13 LPRA

sec. 371 et seq.) (Ley Núm. 168) a los operadores de unidades

hospitalarias.

1
   Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se designó a la
Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial en sustitución de la Hon.
Waleska I. Aldebol Mora.
2
  Apéndice del Recurso de revisión administrativa, Anejo I, págs. 1-7. Archivada y notificada en
autos el 15 de agosto de 2023.
3
  Íd., Anejo III, págs. 11-28.

Número Identificador
SEN2024 ______________
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         Por     los    fundamentos   que   exponemos   a   continuación,

revocamos parcialmente la Resolución de referencia únicamente en

cuanto a la determinación sobre los incentivos del art. 1 (b) de la Ley

Núm. 168. Así modificada, se confirma.

                                       I.

         El caso de epígrafe se originó el 23 de febrero de 2022, cuando

AJM solicitó una exención contributiva al amparo de la Ley Núm.

168.4 La Ley Núm. 168, Íd., permite que los operadores de unidades

hospitalarias se beneficien de exenciones contributivas.

         AJM había contratado con el Departamento de Asuntos de los

Veteranos del Gobierno Federal (VA) para construir un hospital,

conocido como el “VA Community-Based Outpatient Clinic of Ponce”

(Hospital), en el Municipio de Ponce.5 De acuerdo con el Contrato

suscrito entre AJM y VA, AJM asumiría todos los costos

relacionados con el material y la construcción del Hospital, y

posteriormente, VA asumiría las operaciones médico-hospitalarias

mediante arrendamiento por un periodo acordado.6 A su vez, AJM

estaría a cargo y sería responsable por las operaciones y gastos de

mantenimiento y limpieza.7 AJM también sería el titular de la

propiedad.8

         El 28 de octubre de 2022, SAPC denegó la Solicitud.9 El 23 de

noviembre de 2022, AJM presentó una Querella ante SPA solicitando

la revisión de la denegatoria por SAPC y la concesión de “todas las

exenciones dispuestas en el Artículo 1 de la Ley Núm. 168”.10 Como

parte del proceso adjudicativo del Departamento de Hacienda, el 1

de junio de 2023, SPA celebró una vista administrativa.11 Durante

4
  Íd., Anejo II, págs. 8-10.
5
  Íd., Anejo VIII, págs. 56-734.
6
  Íd.
7
  Íd.
8
  Íd.
9
  Íd., Anejo II, págs. 8-10.
10
   Íd., Anejo III, págs. 23-24.
11
   Íd., Anejo I, págs. 1-7.
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la vista, “SAPC se reafirmó en la denegación y argumentó que [AJM]

[…] no constituye una unidad hospitalaria conforme a las

disposiciones de la Ley Núm. 168, toda vez que no está operando la

misma”.12 Por su parte, AJM argumentó que, “la controversia versa

sobre una diferencia de interpretación del concepto de operación de

unidad hospitalaria”.13

          Además de considerar los argumentos de las partes, SPA

analizó el texto de la Ley Núm. 168, Íd. El artículo 1 de la Ley Núm.

168 dispone que “[t]oda persona natural o jurídica que […] se

dedique a la operación de una unidad hospitalaria […] podrá

disfrutar […] de los siguientes beneficios”. Íd., art. 1. (Énfasis

nuestro). El artículo 5 dispone que “[e]n ningún caso se considerará

como unidad hospitalaria aquella que no opere sin una licencia

expedida por el Departamento de Salud”. Íd., art. 5. SPA también

hizo referencia al Reglamento Núm. 1686, para implementar las

disposiciones de la Ley Núm. 168, aprobada en 30 de junio de 1968,

según enmendada, por la Ley 76 de junio 23 de 1971, que concede

incentivos contributivos a personas naturales o jurídicas que se

dediquen a la operación de unidades hospitalarias, Departamento

de Hacienda, del 10 de agosto de 1973 (Reglamento Núm. 1686). El

Reglamento Núm. 1686 define varios términos en la Ley Núm. 168

y aclara el proceso para las solicitudes y concesión de incentivos

contributivos al amparo de la Ley Núm. 168.

          El 15 de agosto de 2023, SPA determinó NO HA LUGAR a la

Querella.14 Concluyó que:

                 Según la prueba presentada por las partes ante
          nuestra     consideración,    [AJM]   construirá    una
          edificación, se encargará del mantenimiento de equipos,
          sistemas de construcción, incluso lo sistemas
          mecánicos, eléctricos y de plomería y se encargará de la
          limpieza de las facilidades una vez no haya actividad

12
   Íd., pág. 1.
13
   Íd.
14
   Íd., pág. 4.
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         médica. Es decir, [AJM] no operará el hospital en lo
         que a servicios médico-hospitalarios se refiere.
                Conforme al derecho expuesto [AJM] no es una
         entidad que se dedique a operar una unidad
         hospitalaria y brindar los servicios médico-
         hospitalarios en dicha unidad, por lo que […] no tiene
         derecho a disfrutar de los beneficios contributivos
         dispuestos en los apartados (a), (b), (c) o (e) del Artículo
         1 de la Ley 168.15

         En resumidas cuentas, SPA se enfocó en los deberes y

responsabilidades de AJM y de VA.16 Concluyó que sólo VA estaría

encargado de los servicios médico-hospitalarios por lo que sería el

único operador de la unidad hospitalaria.17

         Inconforme, el 14 de septiembre de 2023, AJM recurrió a

nuestro foro mediante un Recurso de revisión administrativa y

señaló los siguientes errores:

         1. ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL
         CONCLUIR QUE SE REQUIERE QUE UNA FACILIDAD
         DE   VETERANOS    DESARROLLADA    POR   EL
         GOBIERNO FEDERAL ESTÁ SUJETA AL REQUISITO
         DE LICENCIA EXPEDIDA POR EL DEPARTAMENTO
         DE SALUD.
         2. ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA AL NO
         CONCEDER     LA  EXENCIÓN   A  LA   PARTE
         RECURRENTE, A PESAR DE QUE LA PRUEBA
         REFLEJÓ QUE LAS ACTIVIDADES QUE CONDUCE
         LA RECURRENTE SON ESENCIALES PARA LA
         OPERACIÓN DEL HOSPITAL.18

         En esencia, AJM nos solicita que revisemos la determinación

de SPA, particularmente su interpretación de la frase “dedique a la

operación de una unidad hospitalaria” del art. 1 de la Ley Núm. 168,

supra. También solicita que revoquemos la Resolución y concederle

los beneficios contributivos que ofrece el art. 1 (a) y el art. 1 (b) de la

Ley Núm. 168, Íd.

         Analizados los hechos que dieron lugar a la presente

controversia, procedemos a discutir el derecho aplicable.

15
   Íd. (Énfasis nuestro).
16
   Íd.
17
   Íd.
18
   Recurso de revisión administrativa.
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                                  II.

                                  A.

      La interpretación de leyes es un ejercicio que los tribunales

deben realizar cuidadosamente. “El éxito de nuestro sistema de

poderes depende de que cada una de las ramas acepte y respete la

autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones”.

Senado v. Tribunal supremo y otros, 208 DPR 115, 135 (2021). Los

tribunales no pueden imponer sus interpretaciones sobre la

intención legislativa cuando el texto de una ley es claro y libre de

toda ambigüedad. González Hernández v. González Hernández, 181

DPR 746 (2011). El art. 22 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA

sec. 5311., dispone que las palabras del texto de una ley se

entienden por su “significado usual y corriente” y por el “use general

y popular de las voces”.

      Ante la ambigüedad, los tribunales deben interpretar el

significado de la ley a base de la intención legislativa. “Una expresión

ambigua es la que es susceptible a dos o más significados, lo que

requiere identificar, precisamente, cuál de las posibles definiciones

es la correcta”. OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1030 (2020).

El art. 23 del Código Civil, supra, dispone que “su sentido debe

buscarse en su espíritu o en su intención, en su contexto y en

comparación con otras palabras y frases que se relacionen”. Sin

embargo, “[l]os tribunales no pueden, bajo el pretexto de buscar la

intención legislativa en un estatuto, añadirle limitaciones o

restricciones que no surjan de su texto”. González Hernández v.

González Hernández, supra, pág. 763. Nuestra interpretación debe

“atribuirle un sentido que asegure el resultado que la Asamblea

Legislativa o la agencia administrativa quiso obtener”. OCS v. Point

Guard Ins., supra, pág. 1030.

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que las leyes

contributivas “deben recibir una interpretación razonable que tienda
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a llevar a efecto el propósito y la intención del legislador”. Lilly Del

Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012). Las mismas deben de

interpretarse de “forma justa y conforme a sus propios y expresos

términos”. Yiyi Motors, Inc. V. E.L.A., 177 DPR 230, 250 (2009). Sin

embargo, las exenciones contributivas son una excepción a la

norma. Deben entenderse como un privilegio concedido por el

Estado para negar los efectos de las leyes contributivas. Interior

Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693 (2009). En

consecuencia, toda duda al respecto debe resolverse en contra de la

existencia de la exención. Lilly del Caribe v. Mun. De Carolina, 210

DPR 306 (2022). Ahora bien, “también hemos hecho hincapié en que

estas normas no deben ser interpretadas restrictivamente si ello

derrota la intención legislativa”. Íd., pág. 322. (Énfasis en el

original).

                                  B.

      El artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley

Núm. 201-2003 (4 LPRA sec. 24y (c)) faculta al Tribunal de

Apelaciones a atender las decisiones, órdenes y resoluciones finales

de   organismos    o   agencias   administrativas.   Los   organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, puesto que

estos tienen el conocimiento especializado sobre los asuntos que les

han sido delegados. Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, 211

DPR 99 (2023); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016);

IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712 (2012). Al

momento de revisar una decisión administrativa, el principio rector

es el criterio de la razonabilidad de las decisiones y actuaciones de

la agencia. Íd. Todas las decisiones administrativas gozan de una

presunción de legalidad y corrección, por lo que la parte que las

impugne debe producir suficiente evidencia para derrotarla. Íd.

      Las facultades adjudicativas de una agencia están regidas por

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
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Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9601 et seq.) (LPAU) y

por la jurisprudencia aplicable. La sección 3.1 de la LPAU, Íd.,

requiere que las agencias fundamenten sus resoluciones con

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Por lo tanto,

la facultad revisora de los tribunales está limitada a determinar: (1)

que el remedio concedido por la agencia fuese el apropiado; (2)

si las determinaciones de hecho estuvieron basadas en evidencia

sustancial que obre en el expediente administrativo; y (3) si las

conclusiones de derecho fueron correctas mediante su revisión

completa y absoluta. Íd., sec. 4.5. (Énfasis nuestro).

      Sobre la facultad revisora, nuestro Tribunal Supremo ha

expresado que:

      [L]as determinaciones de hecho se deben sostener si se
      fundamentan en evidencia sustancial que surja de la
      totalidad del expediente administrativo. Mientras, la
      deferencia antes mencionada no se extiende de
      manera automática a las conclusiones de derecho
      emitidas por la agencia, ya que estas serán revisables
      en todos sus aspectos por el tribunal. Esto es, que el
      tribunal las puede revisar sin sujeción a norma o
      criterio alguno. Hernández Feliciano v. Mun.
      Quebradillas, supra, pág. 115. (citas omitidas) (Énfasis
      nuestro).

      “[L]os foros apelativos debemos diferenciar entre asuntos de

interpretación estatutaria, en la que los tribunales son especialistas,

y los asuntos propios de la discreción o la pericia administrativa”.

Íd., pág. 116. No obstante, la interpretación judicial del derecho no

constituye una sustitución automática de las conclusiones derechos

hechas por una agencia. Íd. El criterio administrativo solo debe ser

descartado cuando “no se pueda hallar fundamento racional que

explique o justifique el dictamen administrativo”. Rolón Martínez v.

Supte. Policía, 201 DPR 26, 36 (2018).

                                  C.

      Ante la escasez de facilidades hospitalarias, la Asamblea

Legislativa aprobó la Ley Núm. 168. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 168 de 30 de junio de 1968, supra. Esta tiene como propósito
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fomentar la construcción y mejoras de instalaciones hospitalarias

mediante una serie de incentivos contributivos. Íd. Para cumplir con

su propósito, el art. 1 de la Ley Núm. 168, Íd., establece lo siguiente:

             Toda persona natural o jurídica que, previo el
      cumplimiento de las formalidades de esta ley, se
      dedique a la operación de una unidad hospitalaria,
      según se define dicho término más adelante, podrá
      disfrutar por un período de diez (10) años de los
      siguientes beneficios:
      (a) Crédito contributivo de hasta el quince por ciento
      (15%) del total de gastos de nómina elegible que podrá
      utilizarse para sufragar hasta el cincuenta por ciento
      (50%) de la contribución sobre ingresos determinada
      por el Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre
      de 1994, conocida como el “Código de Rentas Internas
      de Puerto Rico de 1994” [Nota: Derogada y sustituida
      por la Ley 1-2011, según enmendada, “Código de
      Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”], sobre el
      ingreso neto proveniente de la prestación de
      servicios médico-hospitalarios en una unidad
      hospitalaria.
      (b) Exención total del pago de contribuciones sobre la
      propiedad, o aquella proporción de la propiedad,
      mueble e inmueble siempre que la misma sea utilizada
      para      prestar     servicio     médico-hospitalario,
      pertenezca a la unidad hospitalaria y esté ubicada
      dentro del perímetro de la institución cuya
      extensión a los fines de la exención aquí concedida
      está limitada a una cabida de diez (10) cuerdas. La
      exención sobre la cabida de terrenos, en casos de
      unidades hospitalarias bajo el Artículo 5(a)(4), está
      limitada a una (1) cuerda.
      (c) Exención total del pago de arbitrios estatales sobre
      toda clase de equipo, maquinaria y efecto (excluyendo
      piezas y accesorios para los mismos) que fueren
      expresamente diseñados para el diagnóstico y
      tratamiento médico de enfermedades humanas e
      introducidas por o consignados a la unidad
      hospitalaria.
      (d) Exención total del pago de patentes, arbitrios y
      cualesquiera     otras    clases    de    contribuciones
      municipales; Disponiéndose, que ningún contratista o
      subcontratista de una persona natural o jurídica que se
      dedique a la operación de una unidad hospitalaria
      estará sujeta a cualquier contribución, impuesto,
      derecho, licencia, arbitrio, tasa o tarifa por la
      construcción de obras a ser dedicadas a la operación
      de una unidad hospitalaria dentro de un municipio
      impuesto por cualquier ordenanza de cualquier
      municipio.
      (e) Exención total del pago de los impuestos y arbitrios
      estatales sobre los derivados del petróleo (excluyendo el
      residual no. 6 o bunker C) y cualquier otra mezcla de
      hidrocarburos, incluyendo el gas propano y gas natural,
      que una unidad hospitalaria utilice como combustible
      para la generación de energía eléctrica o térmica. La
      exención incluida en este inciso incluye aquellos
      impuestos o arbitrios establecidos en las Secciones
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       3020.07 y 3020.07A de la Ley 1-2011, según
       enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas
       para un Nuevo Puerto Rico”, o cualquier disposición en
       ley sobre ese tema, que le sustituya. (Énfasis nuestro).

       La Ley Núm. 168, Íd., tiene como propósito promover la

construcción y mejoras de nuevas facilidades hospitalarias en

Puerto Rico mediante la creación de incentivos contributivos.

“[C]uando la agencia interpreta el estatuto que viene llamado a

poner en vigor de forma tal que produce resultados contrarios al

propósito de la ley, dicha interpretación no puede prevalecer”.

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999). (Énfasis

nuestro). Limitar el acceso a los beneficios contributivos de la ley

solamente a las personas que operan los servicios médico-

hospitalarios no cumpliría con la intención legislativa. Por

consecuente, algunos de los incisos del art. 1 le aplican a quienes

construyen “obras a ser dedicadas a la operación de una unidad

hospitalaria”, Ley Núm. 168, supra, art. 1 (d) y a quienes pagan

contribuciones sobre la propiedad “siempre que la misma sea

utilizada para prestar servicio médico-hospitalario, pertenezca a la

unidad hospitalaria y esté ubicada dentro del perímetro de la

institución cuya extensión a los fines de la exención aquí concedida

está limitada a una cabida de diez (10) cuerdas”. Íd., art. 1. (b).

       Para    beneficiarse    de    los   incentivos        del   art.    1,   los

contribuyentes deben tener alguna relación con una unidad

hospitalaria. Para ser considerada como unidad hospitalaria, según

la ley, la persona natural o jurídica debe haber comenzado sus

operaciones, o haber sido construido, después de entrar en vigor la

Ley Núm. 168 y cumplir con los siguientes criterios y ser un hospital

general, “de tuberculosis, de enfermedades mentales o cualquier

otra   clase   de   hospital   que    se    dedique     al     tratamiento      de

enfermedades del ser humano, así como aquellas facilidades

directamente        relacionadas      con     su   operación              normal”.
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Reglamento Núm. 1686, supra, sec. 3 (a) (1). (Énfasis nuestro). El

Reglamento Núm. 1686, Íd., aclara que el “término ‘facilidades

directamente relacionadas con su operación normal’ incluye los

terrenos dedicados a área de estacionamiento”.

      El Reglamento Núm. 1686, Íd., también define lo que

constituyen servicios médico-hospitalarios para propósitos de la Ley

Núm. 168. Estos servicios se refieren a “servicios médicos en general

prestados por una ‘unidad hospitalaria’, sean [e]stos de hospital,

de laboratorio, de rayos X; y servicios prestados por facultativos y/o

demás    personal      profesional    o    [paramédico]    en   casas     de

convalecencia en relación con el tratamiento y la convalecencia de

enfermedades de seres humanos”. Íd., sec. 3 (b). (Énfasis nuestro).

      En resumen, una unidad hospitalaria contempla varios

servicios, entre ellos los servicios médico-hospitalarios como

servicios de apoyo a la operación normal de los hospitales. En

ninguna parte de la Ley Núm. 168 se limita la definición de unidad

hospitalaria     a   únicamente      las   áreas   de   servicios   médico-

hospitalarios.

                                     D.

      Tanto la Ley Núm. 168, como el Reglamento Núm. 1686,

hacen hincapié en que “en ningún caso se considerará como unidad

hospitalaria aquella que opere sin una licencia expedida por el

Departamento de Salud”. Este requisito es menester para poder

beneficiarse de los incentivos que ofrece la ley.

      Los   procesos     para   la    concesión    de   licencias   por   el

Departamento de Salud están regidos por la Ley Núm. 2 de 7 de

noviembre de 1975, (24 LPRA sec. 334 et seq.) (Ley Núm. 2) y por el

Reglamento Núm. 9084, para regir el otorgamiento de certificados

de necesidad y conveniencia, Departamento de Salud, del 17 de

mayo de 2019 (Reglamento Núm. 9084). Ni la Ley Núm. 2, ni el

Reglamento 9084, requieren de manera expresa que una entidad del
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Gobierno Federal, como es el Departamento de Asuntos de los

Veteranos, tenga que cumplir con los requisitos de licenciamiento

del Departamento de Salud de Puerto Rico.

        Un panel hermano tuvo ante su consideración un caso

similar.19 En esa ocasión, resolvimos que un contratista tenía

derecho a beneficiarse de los incentivos contributivos contemplados

en la Ley Núm. 168, supra, aunque este fuese contratista en un

hospital del VA. Concluimos que no permitir que el contratista se

beneficie de la exención resultaría en una construcción más costosa,

frustrando los propósitos de la Ley Núm. 168.

        En el caso de autos, AJM incluyó entre la prueba que obra en

el expediente una Consulta sobre certificado de necesidad y

conveniencia para establecer “VA Mental Health and Recovery

Facility” del 11 de febrero de 2021.20 En la Consulta, la Secretaría

Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

acreditó que “las disposiciones de la Ley Núm. 2 y del Reglamento

Núm. 9084 no incluyen una facilidad dedicada a pacientes

veteranos y que operará bajo las leyes del Gobierno Federal, entre

las    facilidades      sujetas       a   la    obtención        de    un     CNC      para

establecerse”.21 (Énfasis en el original).

        Analizado el derecho aplicable, procedemos a aplicarlo a los

hechos y controversias que nos ocupan.

                                             III.

        AJM ha pedido que esta Curia revise los errores señalados y

le conceda los remedios solicitados.

        En primer lugar, AJM ha señalado que SPA erró al reconocer

que VA tiene que cumplir con el requisito de licenciamiento por el

Departamento de Salud que establece la Ley Núm. 168 y el

19
   Véase, KLAN201301079, panel compuesto por su presidenta, la Juez García García, el Juez
Hernández Sánchez (juez ponente) y la Juez Grana Martínez.
20
   Apéndice del Recurso de revisión administrativa, supra, Anejo IX, págs. 760-61.
21
   Íd.
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Reglamento Núm. 1686 para poder gozar de sus beneficios.           En

cuanto a este error, le asiste la razón al Recurrente.

       Una facilidad de veteranos desarrollada por el Gobierno

Federal, como lo es el Hospital que maneja el VA, no tiene que

cumplir con los requisitos de licenciamiento por el Departamento de

Salud para poder ser considerado como una unidad hospitalaria al

amparo de la Ley Núm. 168. Resolver de forma contraria no

cumpliría con los propósitos de la Ley Núm. 168. Por consiguiente,

se cometió el primer error señalado.

       AJM también nos señaló que SPA erró al no concederle los

beneficios contributivos del art. 1 de la Ley Núm. 168, en particular

los contenidos en los incisos (a) y (b). En cuanto al segundo error

señalado, el Recurrente tiene razón únicamente en relación con su

reclamo de beneficios al amparo del art. 1 (b) de la Ley Núm. 168.

No le asiste la razón en cuanto a las reclamaciones por los incentivos

en los incisos (a), (c) y (e) del art. 1.

       Como hemos señalado, los beneficios del art. 1 de la Ley Núm.

168 no son aplicables exclusivamente a los operadores de servicios

médico-hospitalarios de unidades hospitalarias. Al amparo del art.

1 (b), existe una exención de cual se pueden beneficiar los dueños

de propiedades, o aquella porción de la propiedad, que cumpla con

los siguientes requisitos: (1) sea utilizada para prestar servicios

médico-hospitalarios, (2) pertenezca a la unidad hospitalaria; y (3)

que los perímetros de la institución no excedan diez (10) cuerdas.

Ley Núm. 168, supra, art. 1 (b).

       En primer lugar, atenderemos el primer y tercer requisito,

debido a que estos no presentan mayores controversias. Concluimos

que AJM cumple con ambos requisitos. Para recibir la exención del

art. 1 (b), la propiedad debe ser utilizada para prestar servicios

médico-hospitalarios y no puede exceder de diez (10) cuerdas. AJM

es titular de la propiedad inmueble donde opera el Hospital que
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presta servicios médico-hospitalarios. El contrato entre AJM y VA

estipula que el terreno a ser desarrollado es de ciento catorce mil

trecientos (114,300) pies cuadrados, lo cual equivale a 2.6

cuerdas.22 Al prestar servicios médico-hospitalarios y tener una

cabida de 2.6 cuerdas, se satisfacen ambos requisitos.

        En cuanto al segundo requisito, el Departamento de Hacienda

argumenta que AJM no puede beneficiarse de este incentivo por no

ser una unidad hospitalaria.23 Como hemos resaltado, la definición

de “unidad hospitalaria” en el Reglamento Núm. 1686, supra,

incluye “aquellas facilidades directamente relacionadas con su

operación normal. El término ‘facilidades directamente relacionadas

con su operación normal’ incluye los terrenos dedicados a áreas de

estacionamiento”. Íd.

        Según el contrato entre VA y AJM, AJM se comprometió con

mantener todos los equipos y sistemas del Hospital.24 Esto incluye:

“las aceras, estacionamientos, caminos de entrada, carreteras de

acceso privado, los jardines y arbustos; utilidades; y equipo de

servicio al edificio; incluyendo todo reparo y reemplazo”.25

Aunque AJM no sea responsable de los servicios médico-

hospitalarios, si contribuye de manera directa a la prestación de los

servicios mediante la operación y mantenimiento de las facilidades

sin los cuales el Hospital no puede operar normalmente. Por lo

tanto, concluimos que AJM cumple con el segundo criterio del art.

1 (b) de la Ley Núm. 138, supra.

        Por reunir los requisitos del art. 1 (b) de la Ley Núm. 168, Íd.,

el Recurrente tiene derecho a recibir los incentivos contributivos que

ofrece el art. 1 (b).

22
   Apéndice del Recurso de revisión administrativa, Anejo VIII supra, pág. 265.
23
   Íd., Alegato suplementario de la parte recurrida, pág. 8.
24
   Anejo VIII, supra, pág. 265.
25
   Íd., pág. 266. (Traducción y énfasis nuestro).
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                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, revocamos parcialmente

la Resolución de referencia únicamente a los efectos de concederle

al Recurrente los incentivos contributivos del art. 1 (b) de la Ley

Núm. 168. Así modificada, se confirma.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones