Court Opinion

ID: 9952230
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:30.553087+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.994898
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL II

                                                  Certiorari
EL PUEBLO DE PUERTO RICO                          procedente del
                                                  Tribunal de
            Recurrido               KLCE202301255 Primera
                                                  Instancia, Sala
                 v.                               de Aibonito

  JEAN CARLOS FIGUEROA                                  Caso Núm.
          LUGO                                          BLA2023G0022
                                                        BSC2023G0046
            Peticionario                                BSC2023G0047

                                                        Sobre:
                                                        Infr. Art. 404
                                                        L.S.C.
                                                        (2 cargos)
                                                        Infr. Art. 6.05
                                                        L.A.

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez
Adames Soto y la Juez Aldebol Mora

                             RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

                                     I.

      Producto de una intervención de tránsito llevada a cabo por la

Policía de Puerto Rico, el 3 de julio de 2022, para realizar pruebas

de fotómetro de transmisión de luz en la carretera #156 del Barrio

Naranjo en Comerío, el Ministerio Público presentó dos (2)

Denuncias en contra de Jean Carlos Figueroa Lugo (Figueroa Lugo).

Le imputó infringir el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas

de Puerto Rico1 y el artículo 6.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico

de 2020.2

      Determinada causa probable para arresto, el 14 de julio de

2023, Figueroa Lugo instó Moción de Supresión de Evidencia. Alegó

que su detención fue ilegal debido que solo hubo una “mera

1 Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada.
2 Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019, según enmendada.

Número Identificador

RES2023__________
KLCE202301255                                                              2

infracción de ley de tránsito”. El 2 de agosto de 2023, el Ministerio

Público presentó Oposición a Solicitud de Supresión de Evidencia.

       Celebrada la correspondiente vista de supresión de evidencia3,

el 19 de octubre de 2023 el Foro primario emitió Resolución

declarando “No Ha Lugar” la Moción de Supresión de Evidencia.

Inconforme, el 13 de noviembre de 2023, Figueroa Lugo acudió ante

nos mediante Certiorari. Sostiene:

       Primer error:
       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE AIBONITO, AL
       DETERMINAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE
       SUPRESIÓN DE EVIDENCIA AL AMPARO DE LA
       REGLA 234 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL,
       SUPRA, PRESENTADA POR EL PETICIONARIO.

       Segundo error:
       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE AIBONITO, AL NO
       DETERMINAR QUE LA POLICÍA DE PUERTO RICO
       REALIZÓ UN BLOQUEO ILEGAL.

       Tercer error:
       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE AIBONITO, AL
       DETERMINAR QUE EL AGENTE DEL ORDEN PÚBLICO
       TENÍA MOTIVOS FUNDADOS PARA CREER QUE SE
       ESTABA COMETIENDO UN DELITO EN SU
       PRESENCIA.

       Cuarto error:
       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE AIBONITO, AL
       DETERMINAR QUE SE CUMPLÍA CON LA DOCTRINA
       DE EVIDENCIA OBTENIDA A PLENA VISTA.
       Quinto error:
       ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA
       INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE AIBONITO, AL
       DETERMINAR    QUE    EL   TERCER   REGISTRO
       REALIZADO POR LA POLICÍA, DONDE SE DESNUDÓ
       AL PETICIONARIO, FUE RAZONABLE POR RAZÓN DE
       SEGURIDAD.

       El   27    de   noviembre      de   2023     emitimos     Resolución

concediéndole término de veinte (20) días a la Oficina del Procurador

General de Puerto Rico para que expresara su posición. El 21 de

diciembre de 2023, la Oficina del Procurador General compareció

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. Con el beneficio de la

3 Comenzó el 22 de septiembre de 2023 y culminó el 6 de octubre de 2023.
KLCE202301255                                                                   3

comparecencia de ambas partes, el derecho y jurisprudencia

aplicable, procedemos a resolver.

                                       II.

       Por su intricada relación, abordaremos en conjunto todos los

señalamientos de error alegados por Figueroa Lugo. En su sustrato,

plantea que su detención fue ilegal y por lo tanto, la evidencia

obtenida a raíz de la misma debe excluirse. No tiene razón. Veamos

por qué.

       Como sabemos, la Cuarta Enmienda de la Constitución

Federal y la Sección 10 del Artículo II de la Constitución del ELA,

limitan la intrusión injustificada del Estado cuando se realiza

irrazonablemente.4       El   propósito      de   tan   preciados     preceptos

constitucionales es proteger el derecho a la intimidad y dignidad del

individuo frente a actuaciones arbitrarias e irrazonables del Estado.5

       Nuestra Constitución dispone de forma diáfana que la

evidencia incautada sin orden previa será inadmisible por ser el

registro y/o la incautación irrazonable. Así que, como regla general

es necesario que los agentes del orden público obtengan una orden,

expedida por autoridad judicial, antes de efectuar un registro. Por

consiguiente, toda incautación o registro llevado a cabo sin orden

previamente expedida se presume irrazonable e inválido.6 En tales

circunstancias, el peso de la prueba para demostrar que los hechos

particulares del caso justificaban la intervención recae sobre el

Estado.7

4 La Sección 10 del Art. II de nuestra Constitución, proclama que “[n]o se violará

el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos
contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables […]
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos
por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada
en juramento o afirmación […]
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los
tribunales”.
5 Véase: Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601 (2009); Pueblo v. Yip Berríos, 142

DPR 386, 397 (1997); Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 DPR 230, 235 (1995); Pueblo
v. Ramos Santos, 132 DPR 363, 370 (1992).
6 ELA v. Coca Cola Bottling Co., 115 DPR 197 (1984).
7 Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 177 (1986).
KLCE202301255                                                                4

       Los propósitos de esta garantía constitucional contra registros

y allanamientos irrazonables consisten en: “1) proveer un remedio

efectivo a la víctima del registro y allanamiento irrazonables o

ilegales; 2) evitar que el Gobierno se beneficie de sus propios actos

ilegales; 3) preservar la integridad del tribunal y, 4) disuadir a los

oficiales del orden público a que en el futuro no repitan las acciones

objeto de la impugnación”.8 De esa forma, se protege el derecho a la

intimidad y dignidad del individuo frente a actuaciones arbitrarias e

irrazonables del Estado.

       La mencionada garantía constitucional se activa cuando

agentes del Estado realizan un registro en circunstancias en las que

la persona que alega la violación alberga subjetivamente una

legítima y razonable expectativa de intimidad. En la evaluación de si

la   persona    que    levanta   esta    irregularidad    albergaba     dicha

expectativa, se considera: 1) el lugar registrado o allanado; 2) la

naturaleza y grado de intrusión de la intervención policiaca; 3) el

objetivo o propósito de la intervención; 4) si la conducta de la

persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad; 5)

la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o

visibilidad al lugar registrado; 6) la cantidad de personas que tienen

acceso al lugar registrado; y 7) las inhibiciones sociales relacionadas

con el lugar registrado.

       La   Regla     234   de   Procedimiento      Criminal,9     provee    el

mecanismo procesal mediante el cual un ciudadano puede reclamar

los derechos que ésta consagra. Esta Regla dispone que toda

“persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá

solicitar al tribunal [...] la supresión de cualquier evidencia obtenida

en virtud de tal allanamiento o registro”. Resolver una solicitud de

8 Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 628 (1999); Véase, además: E.L. Chiesa,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum,
1991, Vol. I. § 6.2, págs. 284-285.
9 34 LPRA Ap. II.
KLCE202301255                                                                   5

supresión de evidencia bajo dicha Regla 234, exige: 1) analizar si el

promovente posee capacidad para invocar el privilegio; 2) en caso de

que el registro se haya efectuado sin orden judicial, evaluar la

posibilidad de que el Estado la obtuviera sin comprometer la eficacia

del registro o la seguridad de los agentes; y 3) la razonabilidad del

registro.10 Lo crucial es determinar si la conducta policiaca violó la

intimidad en la que confiaba el acusado.11

       La regla de exclusión no solo protege contra evidencia

vinculada directamente a la acción ilegal inicial, sino también contra

aquella evidencia que sea obtenida como fruto de esa actuación

ilegal.12 Es decir, “a otra evidencia cuyo origen está vinculado

estrechamente a la evidencia obtenida originalmente en violación de

la protección constitucional”.13 Por consiguiente, “es consecuencia

directa de la acción ilegal inicial”.14

       Ahora bien, existen distintas circunstancias en las cuales un

registro sin orden resulta constitucionalmente permisible15. Estas

son: 1) la existencia de motivos fundados,16 2) cuando se trata de un

registro de la persona y del área circundante, siempre que sea

incidental a un arresto legal,17 3) cuando existe consentimiento para

el registro o se ha renunciado al derecho constitucional contra

registros y allanamientos irrazonables,18 4) cuando el registro ocurre

en una situación de emergencia,19 5) cuando se trata de evidencia

10 Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, 181 DPR 426, 441 (2011).
11 Pueblo v. Costas Elena, Rusell McMillan, 181 DPR 426, 441 (2011); Véase,
Wayne R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 3ra
ed., Ed. West Publishing Co., 1996, Vol. III, pág. 418.
12 Véase: Pueblo v. Fernández Rodríguez, 188 DPR 165 (2013) (Opinión

Concurrente por el Juez Rivera García).
13 E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 317; Pueblo v. Negrón Martínez I,
143 DPR 1, 16 (1997).
14 Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 564 (2002).
15 Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 DPR 1055 (1992).
16 Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 11; Pueblo v. Calderón

Díaz, supra, pág. 557; Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 496 (1988); Pueblo v.
Serrano, Serra, 148 DPR 173 (1999).
17 Pueblo v. Malavé, 120 DPR 470 (1988).
18 Pueblo v. González Rivera, 100 DPR 651 (1972).
19 Pueblo v. Rivera Collazo, 122 DPR 408 (1988).
KLCE202301255                                                                    6

que se encuentra a plena vista,20 6) cuando la evidencia es

descubierta por medio del olfato del agente,21 7) cuando la evidencia

ha sido incautada luego de haber sido arrojada o abandonada.22

       En lo aquí pertinente, para determinar si un objeto se

encuentra a plena vista y este puede ser incautado sin una orden

judicial previa, deben estar presente los siguientes: (1) que el

artículo se haya descubierto por estar a plena vista y no en el curso

o por razón de un registro; (2) que el agente que observe la prueba

tenga derecho previo a estar en la posición desde la cual podía ver

la prueba; (3) que el objeto se haya descubierto por inadvertencia y

(4) que la naturaleza delictiva del objeto surja de la simple

observación.23

       La determinación sobre una moción de supresión de evidencia

bajo el palio de la Regla 234 de Procedimiento Criminal,24 es una

mixta, de hecho y derecho, por lo que el estándar de revisión es uno

híbrido. En aquellas cuestiones calificadas como estrictamente de

derecho, el estándar aplicable es de novo, bajo el cual no debemos

ninguna deferencia al foro primario. En cambio, de tratarse de

determinaciones de hechos, damos gran respeto y deferencia al

juzgador de primera instancia y solo intervendremos de haber

mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la

apreciación de la prueba.25

                                       III.

       Como punta de lanza, Figueroa Lugo indica que su detención

respondió a un bloqueo de carreteras llevado a cabo ilegalmente. No

nos convence.

20 Pueblo v. Báez López, 189 DPR 918 (2013); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 DPR

770 (1982); Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422 (1976).
21 Acevedo Escobar, 112 DPR a la 779.
22 Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 DPR 567 (1988); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 DPR

139 (1985).
23 Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422 (1976).
24 34 LPRA Ap. II, R. 234.
25 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011); S.L.G. Rivera Carrasquillo v.

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).
KLCE202301255                                                                  7

       La norma de bloqueos de carreteras -road blocks-, reconoce la

facultad de las autoridades de ley y orden para intervenir con

conductores en determinadas circunstancias, sin que tengan

motivos fundados previos para intervenir. Por ello, un bloqueo de

carreteras efectuada sin que exista algún grado de sospecha

individualizada es válido sujeto a un análisis de razonabilidad.26

Vale recalcar que como norma general la utilización de bloqueos con

un propósito general es ilegal, y solamente se permiten cuando el

objetivo principal del bloqueo es suficiente para justificar el nivel de

intrusión a la intimidad que es causada por la detención de un

vehículo de motor.27 Bajo nuestro esquema constitucional, detener

un vehículo de motor utilizando como criterio la raza, el sexo o la

edad del que conduce sería constitucionalmente discriminatorio.28

       Por ello, debemos examinar cuál es el motivo o razón (objetivo

principal) del bloqueo para determinar si éste es suficiente para

justificar el grado de intrusión a la intimidad individual que supone

la detención de un vehículo de motor. En este extremo nuestro más

Alto Foro coincidió con lo resuelto en casi todas las jurisdicciones

de Estados Unidos en cuanto a que la realización de un bloqueo de

carreteras con el fin de encontrar a cualquiera que haya cometido

un delito no es justificación para validar la detención29.

                                       IV.

       Contrario a la contención de Figueroa Lugo, no estamos ante

una detención en la que los agentes interventores carecían de

motivos fundados para detenerlo. Al momento de la intervención, los

26 Pueblo v. Yip Berrios, 142 DPR 386 (1997).
27 Nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Yip Berrios estableció los siguientes
criterios a la hora de evaluar la validez de un bloqueo:
(1) la magnitud del interés público que motiva la realización del bloqueo;
(2) el grado con que el mismo adelanta dicho interés;
(3) el alcance de la intrusión con la intimidad.
Cada bloqueo debe ser evaluado individualmente para determinar si se ajusta a
las exigencias constitucionales de nuestro ordenamiento y si en el balance de
intereses resulta razonable un menor alcance de la protección constitucional ante
el interés público involucrado. Íd.
28 Íd.
29 Íd.
KLCE202301255                                                      8

agentes realizaban un operativo para detectar infracciones a la Ley

Núm. 22-2000, incluyendo la prohibición del tintado de los cristales

de autos en exceso de los parámetros dispuestos en el aludido

precepto. Precisamente fue la oscuridad que presentaban los

cristales del auto manejado por Figueroa Lugo, lo que facultó a los

agentes a intervenir.

      Al realizarle la consabida prueba fotométrica para medir el

grado de oscuridad de los cristales, el sargento se percató a simple

vista que había un cigarro de marihuana en el suelo del conductor.

Ante la indagación del sargento sobre su autorización para portar

marihuana, Figueroa Lugo aceptó no poseer licencia para el uso

legal del cannabis. En tales circunstancias, no constituyó una

desviación de las exigencias constituciones de Figueroa Lugo el no

haberle hecho las advertencias de Miranda antes de constatar si

poseía la licencia. La posesión de sustancias controladas de forma

ilegal -cigarrillo de marihuana-, dio paso al arresto válido de

Figueroa Lugo. A raíz del arresto válidamente efectuado, el registro

incidental, así como el registro tipo inventario de la propiedad

existente en el vehículo ocupado, fue también constitucionalmente

válido.

      Casi como una alegación estándar en los procesos de

impugnación de este tipo, Figueroa Lugo añade que el testimonio del

agente interventor fue estereotipado. Sin embrago, no elevó ante este

foro intermedio ningún método de reproducción de la prueba oral -

testifical-, que nos permitiera evaluar de forma adecuada su

genérica alegación. Tampoco al examinar el expediente, percebimos

indicios de que el testimonio del agente haya sido uno flaco y

descarnado que tuviera que ser descartado por el juzgador. Por el

contrario, del relato de ambas partes contenidos en sus escritos, nos

parece que fue uno preciso y detallado, sin que en su valoración, el

juzgador primario incurriera en error manifiesto.
KLCE202301255                                                                    9

       Recordemos, que la determinación sobre una moción de

supresión de evidencia bajo el palio de la Regla 234 de Procedimiento

Criminal,30 es una mixta, de hecho y derecho, por lo que el estándar

de revisión es uno híbrido. En aquellas cuestiones calificadas como

estrictamente de derecho, el estándar aplicable es de novo, bajo el

cual no debemos ninguna deferencia al foro primario. En cambio, de

tratarse de determinaciones de hechos, damos gran respeto y

deferencia al juzgador de primera instancia y solo intervendremos

de haber mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto

en la apreciación de la prueba.31 Ello así, a tenor con nuestra Regla

40,32 y la doctrina interpretativa, no vamos a intervenir con dicho

dictamen.

                                        V.

       Por    los   fundamentos        antes    expuestos,      denegamos       la

expedición del presente recurso de Certiorari.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones

30 34 LPRA Ap. II, R. 234.
31 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011); S.L.G. Rivera Carrasquillo v.

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).
32 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.