Court Opinion

ID: 9941563
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:46:48.472539+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:46.129991
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL IX

                                                    Certiorari
  PROPIETARIOS PASEOS                               procedente del
   DE AGUADILLA, INC.                               Tribunal de
                                                    Primera Instancia,
         Peticionarios                              Sala Superior de
                                                    Aguadilla
               v.              KLCE202301155
                                                    Caso Núm.:
     EDGARDO VARGAS                                 AG2021CV00539
        SANTIAGO
                                                    Sobre: Cobro de
          Recurrido                                 Dinero - Ordinario

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez
Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                            SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 8 de enero de 2024.

      Comparece ante nos la entidad, Propietarios Paseos de

Aguadilla, Inc., (Paseos de Aguadilla o peticionario) para que

revoquemos una Orden emitida el 3 de septiembre de 2023 y

notificada el 13 de septiembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Municipal de Aguadilla (TPI o foro primario), que

declaró No Ha Lugar una Solicitud de Relevo de Sentencia.

      Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como

certiorari. Recibido el alegato de la parte recurrida y luego de

examinar el recurso presentado, se expide el auto de certiorari

solicitado y se confirma la Resolución recurrida.

                                 -I-

      Según surge del expediente, Paseos de Aguadilla es una

asociación compuesta por los residentes de la Urbanización Paseos

de Aguadilla. El 13 de febrero de 2023, presentó una demanda

contra el señor Edgardo Ramón Vargas Santiago (señor Vargas

Santiago o el recurrido) por cobro de dinero bajo el proceso de

Número Identificador
SEN2024 ________
KLCE202301155                                                                    2

sumario al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil.

Alegó que el recurrido era dueño de la casa No. 1 en la Urbanización

Paseos de Aguadilla, y como parte de la compra del bien inmueble,

se obligó a satisfacer una cuota de mantenimiento a razón de

$110.00 mensuales con un recargo por pago tardío de $10.00. Adujo

que el señor Vargas Santiago había incumplido con los pagos de la

cuota de mantenimiento y que, al mes de diciembre de 2020,

adeudaba una suma líquida y exigible ascendente a $13,015.00.

       Luego de varios tramites procesales relacionados a la

incomparecencia del señor Vargas Santiago,1 el TPI celebró vista en

su fondo el 23 de noviembre de 2022. En la vista, declaró el señor

Héctor Rodríguez Babilonia (señor Rodríguez Babilonia), tesorero de

la Junta de Directores de la Asociación de Titulares en Paseos de

Aguadilla. Por medio de su testimonio, se autenticó y se admitió

como evidencia un documento intitulado Certificación de Balance de

Cuota de Mantenimiento para el mes de noviembre del año 2022. En

ese entonces, el balance adeudado ascendía a $15,785.00.

Culminado el desfile de prueba de la parte peticionaria, el caso fue

sometido.

       Por su parte, el señor Vargas Santiago solicitó y argumentó la

desestimación de la demanda por insuficiencia de la prueba. En

apretada síntesis, el recurrido argumentó que Paseos de Aguadilla

no    probó     dos    elementos       esenciales      de    su    reclamación.

Primeramente, como ente corporativo, no le acreditó al foro primario

tener legitimación activa ni estar en good standing para incoar una

reclamación sobre cobro de dinero. Segundo, no demostró la

existencia de un vínculo obligacional o contractual entre la parte

1 El 3 de mayo de 2022, las partes fueron citadas para una vista el 1 de junio de

2022; no obstante, el 31 de mayo de 2023 el señor Vargas Santiago compareció a
través de su representante legal y solicitó mediante moción que la vista fuera por
videoconferencia. Llegado el 1 de junio de 2022, el TPI tuvo que reseñalar la vista
para el 29 de junio de 2022, ya que no había atendido la moción radicada por el
señor Vargas Santiago. El recurrido no compareció a dicha vista debido a que se
encontraba recibiendo tratamiento médico.
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peticionaria y el recurrido que acreditara la legalidad o exigibilidad

de la obligación reclamada.

      El 25 de mayo de 2023 el TPI emitió una Sentencia que fue

notificada el 31 de mayo de 2023. Allí, declaró no ha lugar la

demanda de cobro de dinero por insuficiencia de la prueba. En

específico, hizo las siguientes determinaciones de hechos:

   1. El señor Héctor Rodríguez Babilonia, testigo de la parte
      demandante, expresó que es titular de la residencia número
      16 de la Urbanización Paseos de Aguadilla y que, al momento
      de la vista, fungía como el tesorero de la Junta de Directores
      de la Asociación de Titulares. Expresó además que entre sus
      funciones estaba trabajar con las finanzas, con la buena
      administración de la urbanización y que dentro de los
      informes que preparan, hay un informe mensual que el mismo
      notifica a los titulares por correo electrónico, a partir del día
      11 de cada mes, donde les informa el balance de sus cuotas
      de mantenimiento.
   2. Sobre el origen de la obligación de los titulares al pago de la
      cuota de mantenimiento, el testigo no fue claro, ni preciso. Por
      un lado expreso que la cuota estaba desde el inicio de la
      urbanización; luego testificó que la cuota se impuso en la
      Primera Junta de Titulares y luego que la cuota se impuso en
      el primer reglamento. Expresó que es una cuota de $110
      dólares mensuales, pagaderos del 1-10 de cada mes; que
      luego del día 10 de mes se impone un recargo por cuota tardía
      de $10 dólares adicionales.
   3. En relación al cómputo, a la corrección o certeza de la deuda
      reclamada en este caso, el testigo declaró que la deuda surge
      de todos los récords de la demandante que indican que el
      titular de la residencia número 1 dejó de pagar desde enero
      de 2012, por lo que les adeuda 10 años y 11 meses.
   4. En cuanto a este testimonio, se admitió en evidencia como
      Exhibit 1 con la objeción de la demandada. Es un documento
      intitulado Certificación de Balance de Cuota de
      Mantenimiento, residencia #1 - Urb. Paseos de Aguadilla. La
      certificación la preparó y firmó el propio testigo y el señor
      Orlando Rosa, quien es el presidente, indicando que es una
      certificación del balance de cuota al 30 de noviembre de 2022,
      de la cual surge que la cuota cubre el mantenimiento de áreas
      comunes como lo son el portón eléctrico, piscina y recogido de
      basura.
   5. El testigo no supo contestar quién era el dueño de la residencia
      número 1, sino hasta que el abogado le produce el nombre de
      la parte demandada.
   6. El testigo declara que tiene un registro de titulares.
   7. El testigo declara que el demandado adquirió la propiedad
      cuando se hizo la Urbanización.
   8. El testigo reclama que la deuda al 30 de noviembre de 2022
      por concepto de pagos mensuales y recargos es de $15,785.00
      y que estaba reclamando en total la cantidad de $20,520.50,
      que incluye otra penalidad según el Art. 30 del reglamento.
      Esto produce objeción de la parte demandada, pues ello no
      fue ni alegado, ni reclamado en la demanda.
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       El TPI razonó que Paseos de Aguadilla no presentó prueba

alguna que acreditara que la corporación vecinal se creó en

cumplimiento con la Ley General de Corporaciones, 2 como una

corporación sin fines de lucro y/o en cumplimiento con la Ley de

Control de Acceso. Tampoco ofreció documento alguno que

evidenciara la existencia del alegado vínculo contractual entre

Paseos de Aguadilla y el señor Vargas Santiago. Además, el

testimonio del señor Rodríguez Babilonia fue contradictorio, pues

ofreció tres eventos distintos en los que se impuso la cuota de

mantenimiento, mas no pudo establecer las fechas en las que

ocurrieron. Añadió que, contrario a lo alegado por la parte

peticionaria en su demanda, no logró probar que la obligación de

contractual surgía del contrato de compraventa del inmueble.

       La Sentencia antes dicha, advino final y firme. No obstante, el

28 de julio de 2023 la parte peticionaria presentó una Moción al

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil (Relevo de

Sentencia). 3 En síntesis, alegó que aun cuando el señor Vargas

Santiago sabía que los intereses de su ex esposa y cotitular, señora

Santiago González se verían afectados por la demanda en cobro de

dinero, este no lo divulgó al tribunal. Esto, a pesar de que la señora

Santiago González era parte indispensable sin la cual no se podía

disponer de la controversia. Indicó que advino en conocimiento de

este hecho cuando examinó la Escritura Pública Núm. 290 de

compraventa del inmueble en cuestión, otorgada ante el notario

Miguel A. Román Villanueva. Por ello, solicitó que se le relevara de

la Sentencia por ser nula y por representar una violación al debido

proceso de ley, ya que privó a la señora Santiago González de ser

notificada y la oportunidad de ser oída.

2 Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 14 LPRA secc.

3501 et seq.
3 Véase, Apéndice de los Peticionarios, págs. 10-15.
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       Oportunamente,         el   señor      Vargas   Santiago   compareció

mediante Oposición a Moción Solicitando Relevo de Sentencia Bajo la

Regla 49.2 y Solicitud de Honorarios por Temeridad. 4 En síntesis,

arguyó que Paseos de Aguadilla carecía de legitimación activa y que

los intereses de la señora Santiago González no se vieron afectados,

puesto que el TPI desestimó la demanda por cobro de dinero. Razonó

que —si el foro primario le hubiese impuesto responsabilidad

pecuniaria a la señora Santiago González— entonces sería nula la

sentencia, pues ella no figuró como parte en el pleito. Por ello,

solicitó que se declarara no ha lugar la moción de relevo de sentencia

y se le impusiera a la peticionaria el pago de $1,000.00 por

conceptos de honorarios de abogados.

       El 3 de septiembre de 2023, el TPI emitió Orden en la que

declaró no ha lugar la moción de relevo de sentencia y la solicitud de

imposición de honorarios de abogados.5

       Inconforme, el 13 de octubre de 2023 la parte peticionaria

comparece ante nos y señaló el siguiente error:

       Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala
       Municipal de Aguadilla al haber declarado no ha lugar una
       Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia Nula por falta de
       parte indispensable dictada en violación al debido proceso de
       ley.

       El 9 de noviembre de 2023, el recurrido presentó Memorando

en Oposición a Solicitud para que se Expida Certiorari. Con el

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a exponer

la normativa jurídica aplicable al caso de autos.

                                       -II-

       Como bien se ha señalado el auto de certiorari constituye un

medio procesal de carácter discrecional que permite a un tribunal

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal de

4 Véase, Apéndice de los Peticionarios, págs. 94-98.
5 Notificada el 13 de septiembre de 2023.
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menor rango.6 Con el fin de que podamos ejercer nuestra facultad

discrecional sabiamente, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 7 establece los siguientes criterios para determinar la

procedencia de la expedición de este recurso: siguiente:

       Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean
       justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
       representante legal de una sentencia, orden o procedimiento
       por las razones siguientes:

       a)     Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
              a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
              derecho.
       b)     Si la situación de hechos planteada es la más indicada
              para el análisis del problema.
       c)     Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
              manifiesto en la apreciación de la prueba por el
              Tribunal de Primera Instancia.
       d)     Si el asunto planteado exige consideración más
              detenida a la luz de los autos originales, los cuales
              deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
       e)     Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
              es la más propicia para su consideración.
       f)     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
              no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
              dilación indeseable en la solución final del litigio.
       g)     Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
              evita un fracaso de la justicia.

                                     B.

       La Regla 49.2 de Procedimiento Civil,8 establece el mecanismo

procesal que se tiene disponible para solicitar al TPI el relevo de los

efectos de una sentencia. En ese sentido la referida Regla 49.2,

dispone lo siguiente:

       Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean
       justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su
       representante legal de una sentencia, orden o procedimiento
       por las razones siguientes:

       a)     error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
       b)     descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de
              una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta
              a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con
              la Regla 48;
       c)     fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado
              ―intrínseco y el también llamado ―extrínseco), falsa
              representación u otra conducta impropia de una parte
              adversa;
       d)     nulidad de la sentencia;
       e)     la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha
              cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se

6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
8
  32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
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                fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin
                efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe
                en vigor, o
        f)      cualquier otra razón que justifique la concesión de un
                remedio contra los efectos de una sentencia. 9

        Cabe resaltar que constituye una decisión discrecional el

relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo en los

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.10

        Por otra parte, nuestra jurisprudencia ha establecido como

norma procesal reiterada que la Regla 49.2, supra, no puede

utilizarse para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser

planteadas mediante los recursos de reconsideración y

apelación.11

                                      -III-

        En síntesis, la parte peticionaria arguye que el TPI erró al

declarar no ha lugar su solicitud de relevo de sentencia, puesto que

la Sentencia recurrida es nula por falta de parte indispensable. No

tiene razón.

        De entrada, la Sentencia de epígrafe advino final y firme, por

lo que no tiene efecto sobre ninguna persona relacionada a la parte

recurrida. En la Sentencia en cuestión, el TPI no encontró probado

que el señor Vargas Santiago hubiese contraído una obligación

contractual con Paseos de Aguadilla, por lo que desestimó la

demanda en cobro de dinero por cuota de mantenimiento adeudada.

Por otro lado, la alegación de falta de parte indispensable que en la

moción de relevo de sentencia presenta la peticionaria, se basa en

que al examinar la escritura pública otorgada el 10 de diciembre de

2019 sobre la compraventa de la propiedad inmueble, descubrió que

la señora Santiago González y el señor Vargas Santiago compraron

la misma bajo la Sociedad Legal de Gananciales. A todas luces, la

parte peticionaria pudo haber descubierto esa información con un

9 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.
10 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 - 540 (2010).
11 Id., pág. 541.
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mínimo de diligencia; razón por la cual, pretende utilizar como

subterfugio la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para re

litigar una Sentencia final y firme.

      En virtud de lo anterior, la moción de relevo de sentencia

presentada por la parte peticionaria no cumple con los criterios

establecidos en la mencionada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, y

de igual forma, no hallamos criterio alguno bajo la referida Regla 40

de nuestro Reglamento para variar la Resolución recurrida de No Ha

Lugar al relevo de sentencia.

                                 -IV-

      Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de

certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones