Court Opinion

ID: 9381074
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:13:42.643784+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.655564
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL V

  DANIEL DELIZ NIEVES                             REVISIÓN
                                                  JUDICIAL del
         Recurrente                               DEPARTAMENTO
                                                  DE CORRECCIÓN Y
              v.                                  REHABILITACIÓN
                                KLRA202200648
   DEPARTAMENTO DE                                Núm.:
     CORRECCIÓN Y                                 F1-279-22
    REHABILITACIÓN

         Recurrido

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard.

Álvarez Esnard, jueza ponente

                              SENTENCIA

      En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

      El 30 de noviembre de 2022, el Sr. Daniel Deliz Nieves (“Sr.

Deliz Nieves” o “Recurrente”), quien se encuentra confinado en la

Institución Correccional Ponce 501, presentó por derecho propio e

in forma pauperis recurso de revisión judicial intitulado Certiorari.

Nos solicita que revisemos la Respuesta de Reconsideración al

Miembro de la Población Correccional emitida el 24 de octubre de

2022 y notificada 2 de noviembre de 2022. Mediante dicho

dictamen, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DCR”)

denegó la petición de remuneración económica y bonificación

extraordinaria solicitada por el Recurrente por concepto de labores

realizadas en la institución correccional.

      Por los fundamentos que expondremos, revocamos la

determinación recurrida.

                                   I.

      En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración,

el Sr. Deliz Nieves actualmente se encuentra confinado en la

Institución Correccional Custodia Mínima de Ponce. Surge de su

escrito ante nos, que el Recurrente alega que realizó labores en la

Número Identificador

SEN(RES)2022____________
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aludida institución carcelaria como trimero, albañil y electricista,

entre otras, por aproximadamente dos (2) años. Además, arguyó,

que conforme a la Tabla de Compensación a Confinados (“Tabla de

Compensación”) procedía que se le remunerara económicamente por

las labores realizadas. De igual forma, destacó ser “diestro y tener

pleno dominio y conocimiento del oficio”.1 A esos fines, presentó

Solicitud de Remedios Administrativos el 31 de agosto de 2022.

         Así las cosas, el 13 de septiembre de 2022, notificada el 28 de

septiembre de 20222, el DCR emitió Respuesta por conducto de la

evaluadora, Maritza Valentín Lugo. En esta, expuso lo siguiente:

         El confinado en referencia este asignado en el área de
         mantenimiento interior desde el 11 de marzo de 2021.
         Ha sido orientado en varias ocasiones de que esta
         labor no gana bonificación extraordinaria; ni
         compensación económica. En sus alegaciones de que
         ha realizado tareas como albañil, electricista, etc. Se
         ha orientado de que esto no consta en sus
         evaluaciones de trabajo, y su asignación de trabajo es
         a mantenimiento interior. Se ha discutido con el
         Superintendente Sr. Harry Feliciano y se ha
         determinado que no realiza labores extraordinarias,
         que ameritan solicitar bonificación especial, ni
         compensación económica. (Énfasis nuestro).

         Inconforme con la determinación, el Recurrente presentó

Reconsideración el 3 de octubre de 2022. La aludida solicitud fue

denegada el 18 de octubre de 2022 y notificada el 2 de noviembre

del mismo año. Mediante esta, la coordinadora de la Oficina de

Remedios        Administrativos       de    Ponce,    Joan       Mariani   Ortiz,

fundamentó la determinación en lo siguiente:

         El Sr. Harry Feliciano Maldonado, superintendente,
         informa que la remuneración periódicamente fue
         suspendida basado en las instrucciones emitidas por el
         Secretario[sic], José Negrón Fernández con el fin de
         minimizar gastos en la agencia. La directriz no ha sido
         cancelada, a pesar de ser emitida en el año 2014. En
         ese periodo el área de sociales realizó el ejercicio de
         orientar a toda la población correccional y se enfatizó
         que después de esa fecha, los confinados que se asigne
         a trabajar solamente se le concederá bonificación
         adicional.

1   Apéndice de Escrito un Cumplimiento de Resolución, pág. 4.
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    Insatisfecho, el 18 de noviembre de 2022, recibido el 30 de

noviembre de 2022, el Recurrente acude ante esta Curia y solicita

que revoquemos el dictamen emitido por el DCR.

                                  II.

      A. Revisión de las determinaciones administrativas

      La Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada y

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et

seq., dispone el alcance de la revisión judicial de las determinaciones

de las agencias. Sec. 4.5 de la LPAU, supra. Tanto la referida Ley

como la jurisprudencia aplicable, establecen que la función revisora

de las decisiones administrativas concedida a los tribunales

apelativos consiste esencialmente en determinar si la actuación de

la agencia fue dictada dentro de las facultades que le fueron

conferidas por ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v.

Caguas Centrum, 148 DPR 70 (1999).

     En lo concerniente a las órdenes o resoluciones finales

emitidas por una agencia, la Sección 3.14 de la LPAU, supra,

dispone   que   se   “deberá   incluir   y   exponer   separadamente

determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado,

conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la

disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea

el caso”. 3 LPRA sec. 9654. (Énfasis nuestro). Por otro lado, la

precitada Sección 3.14 dispone que luego de emitida la orden o

resolución, se apercibirá a la parte sobre “el derecho de solicitar la

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de revisión

como cuestión de derecho en el Tribunal de Apelaciones, así como

las partes que deberán ser notificadas del recurso de revisión, con

expresión de los términos correspondientes”. Íd.
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B. Manual de Normas de Procedimientos sobre Oportunidad de
   Empleo y Trabajo para Miembros de la Población
   Correccional

      El Manual de Normas de Procedimientos sobre Oportunidad de

Empleo y Trabajo para Miembros de la Población Correccional de 22

de junio de 2000 (“Manual”) fue promulgado con el fin de establecer

como política pública del Departamento de Corrección el “proveer a

los miembros de la población correccional experiencias de trabajo o

empleo remunerado para fortalecer su autoestima, combatir el ocio

y proveerles de experiencias y destrezas que viabilicen su

rehabilitación”. Parte I del Manual, supra. Mediante la aprobación

del aludido Manual se establecieron unas “guías uniformes en el

referido y seguimiento de los miembros de la población correccional

en programas de trabajo mientras permanecen en instituciones

correccionales […].”

   Particularmente, el inciso III (A)(2) del citado Manual, supra,

dispone que “[t]oda asignación de trabajo se hará sobre bases

objetivas, dando igual oportunidad a todos los miembros de la

población correccional”. Siendo así, se tomarán en consideración los

siguientes criterios: destrezas, preparación académica o vocacional,

habilidades    espaciales,     patrones   de     conducta,    intereses

individuales, nivel de custodia y recursos disponibles en la

institución. Íd. Cabe destacar que la participación de los miembros

de la población correccional en los programas de trabajo “será

estrictamente voluntaria, pero la selección y naturaleza del trabajo

quedará a discreción del Comité de Clasificación y Tratamiento”.

Parte III (B) del Manual, supra.

   En cuanto a la remuneración de los trabajados realizados por los

miembros de la población correccional, el inciso G de la parte III del

precitado Manual, supra, establece que se les pagará según

establezca     el      (la)   Administrador(a)     mediante     orden

administrativa, con excepción del salario o jornal que devenguen la
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población correccional de los programas de la Corporacion de

Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) o programas

especiales en la comunidad. (Énfasis nuestro). A su vez, el acápite

IV (D)(5) añade que los miembros de la población correccional

recibirán una bonificación a su sentencia según corresponda en ley.

   Por otro lado, al amparo de la Orden Administrativa DCR-2016-

11 de 2 de noviembre de 2016, se estableció la Tabla de

Compensación a Confinado.        Esta,   dispone   la   compensación

monetaria diaria de la labor realizada por los confinados,

dependiendo del trabajo que realice y de los criterios de evaluación

establecidos en la misma.

                                 III.

      En el presente recurso, el Recurrente nos solicita que

revisemos la determinación emitida por el DCR, en la que le denegó

compensación monetaria por las labores realizadas durante dos (2)

años en la institución correccional. Señala en el recurso presentado

que las labores realizadas ameritan una bonificación extraordinaria,

particularmente en los trabajos realizados como handyman, tales

como electricista, plomero, albañil y áreas verdes.

      Es la contención del DCR que el Sr. Deliz Nieves fue asignado

el 11 de marzo de 2021 a realizar labores en el área de

mantenimiento interior y áreas verdes. De igual forma, esboza que

el 19 de abril de 2021 se le orientó al Recurrente de que dichas

labores a las que fue asignado recibirían bonificación adicional, pero

no compensación económica. Sostiene que el Sr. Deliz Nieves no

presentó evidencia ni ha planteado en ocasiones anteriores que tiene

derecho a compensación por las labores realizadas. Además, arguye

que el Recurrente tampoco presentó evidencia de que se haya

negado a realizar las labores a pesar de tener conocimiento de que

no recibiría compensación económica.
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         El 11 de marzo de 2021 el Comité de Clasificación y

Tratamiento llevó a cabo una reunión donde asignó al Recurrente a

realizar labores en el área de mantenimiento interior (todas las áreas

verdes). Surge del Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento,

que la realización de dichas tareas daría lugar a una bonificación de

conformidad con las evaluaciones recibidas por el Recurrente y que

dichas tareas no recibirían compensación económica. El aludido

documento no está firmado ni contiene las iniciales del Recurrente,

sin embargo, el DCR alega que la reunión fue realizada en ausencia

del Recurrente por motivo de la pandemia.2 Posteriormente, el 28 de

octubre de 2022, el Comité de Clasificación y Tratamiento asignó al

Recurrente a realizar labores de construcción en el área de

lavandería. Surge del documento intitulado Acuerdos del Comité de

Clasificación y Tratamiento (Para Uso Exclusivo de Actividades), que

las labores a realizarse serían remuneradas económicamente.3 Cabe

destacar que este documento contiene las iniciales del Recurrente.

         En el presente caso, el Recurrente nos alega que los trabajos

que realizó como “handy man”, no fueron remunerados, a pesar de

estar vigente la Orden Administrativa DCR 2016-11, la cual dispone

la compensación de los miembros de la población correccional para

los diferentes trabajos a realizarse. Sobre ello, el DCR admite en su

oposición al recurso que la Orden Administrativa DCR-2016-11 es

la orden vigente, la cual establece las labores que recibirán

compensación y la cantidad a ser remunerada.

         A pesar de la contención del DCR sobre que los Acuerdos del

Comité de Clasificación y Tratamiento no constaba que el

Recurrente realizaría labores como electricista, consta en el

expediente del caso ante nos, una comunicación interna del DCR

(correo electrónico), en la cual esboza que el Recurrente realizó

2   Apéndice Escrito un Cumplimiento de Resolución, págs. 22-23.
3   Íd, págs. 24.
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labores de electricista en la institución penal dentro del periodo de

7 de febrero de 2019 a 12 de noviembre de 2020.4 No empece a

ello, la aludida comunicación establece que dicha labor realizada

por el Recurrente no conlleva una remuneración económica.

Discrepamos del criterio utilizado por el DCR para determinar que

no aplica remuneración en el caso de las labores como electricista

realizadas por el Recurrente. Veamos.

          El inciso G de la parte III del precitado Manual, supra,

establece que se les pagará a los miembros de la población

correccional por las labores realizadas según establezca el (la)

Administrador(a) mediante orden administrativa, con excepción

del salario o jornal que devenguen la población correccional de los

programas de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y

Trabajo (CEAT) o programas especiales en la comunidad. De

conformidad, la Orden Administrativa DCR-2016-11 dispone que la

compensación diaria por los trabajos de electricista se pagará a

$5.00. Dicha Orden Administrativa estaba vigente a la fecha de

asignación de las labores al Recurrente en febrero de 2019 y hasta

la culminación de las mismas en noviembre de 2020 y así lo

reconoce el DCR en su escrito en oposición al recurso.5 En vista de

que la política pública del Departamento de Corrección es “proveer

a los miembros de la población correccional experiencias de trabajo

o empleo remunerado para fortalecer su autoestima, combatir el ocio

y proveerles de experiencias y destrezas que viabilicen su

rehabilitación”, resolvemos que erró el DCR al no remunerar los

trabajos de electricista realizados por el Recurrente durante el

periodo del 7 de febrero de 2019 al 20 de noviembre de 2020.

          Además, el DCR no demostró que el Recurrente haya sido

notificado de que dichas labores no serían remuneradas, a pesar de

4   Íd, págs. 20-21.
5
    Escrito un Cumplimiento de Resolución, pág. 13.
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que se desprende de la Orden Administrativa DCR-2016-11 que las

funciones de electricista conllevan remuneración económica. Los

documentos que utiliza el DCR como evidencia de que se informó al

Recurrente    sobre   el   hecho   de    que   no   tendría       derecho   a

remuneración económica, meramente disponen que las tareas a

realizarse no recibirán compensación económica y no evidencian

que este hecho haya sido notificado al Recurrente. Tampoco consta

en el expediente de autos que se le haya provisto el documento

titulado Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento para las

labores como electricista, el cual contiene las condiciones de trabajo

y las labores asignadas, además de las iniciales del confinado.

Recordemos que la participación de los miembros de la población

correccional en los programas de trabajo “será estrictamente

voluntaria”, por lo que le correspondía al DCR evidenciar que el

Recurrente fue informado previo a iniciar los trabajos como

electricista que estos no serían remunerados.

      En cuanto a las labores relacionadas al mantenimiento

interno de áreas verdes, no nos convence la postura del DCR de que

el Recurrente fue informado de que no recibiría remuneración

económica. Sin embargo, la Tabla de Compensación establecida en

la Orden Administrativa DCR-2016-11 no dispone de una cuantía

específica para el puesto de mantenimiento interno (todas las áreas

verdes) el cual efectuaba el Recurrente, por lo tanto, no procede

remuneración económica.

                                   IV.

      Por    los   fundamentos     antes     expuestos,     revocamos       la

Respuesta    de    Reconsideración      al   Miembro   de    la    Población

Correccional emitida por el DCR. En consecuencia, ordenamos al

DCR a que emita el pago correspondiente al señor Daniel Deliz por

los trabajos realizados como electricista desde el 7 de febrero de

2019 hasta el 20 de noviembre de 2020.
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     Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones