Court Opinion

ID: 9890365
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-10-12 19:19:15.242715+00
Date Added: 2024-06-11T13:26:12.031801
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL ESPECIAL

                                                  CERTIORARI
 El PUEBLO DE PUERTO                              procedente del
         RICO                                     Tribunal de
                                                  Primera Instancia,
       Peticionario                               Sala Superior de
                               KLCE202300745      Mayagüez
             v.
                                                  Caso número:
                                                  ISCR202200393-
DERRICK BARTOLOMEI                                395
R. BARTOLOMEI RIVERA
      Recurridos                              Sobre: Arts. 401 (2
                                              cargos) y 412 de la
                                              Ley de Sustancias
                                              Controladas
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                            SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

      Comparece el peticionario, Pueblo de Puerto Rico, por

conducto de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, y nos

solicita que revoquemos la Resolución emitida en corte abierta el 10

de abril de 2023, y notificada por escrito el 26 de abril de 2023 por

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Con Lugar una

Moción de Supresión de Evidencia presentada por la parte recurrida,

Derrick R. Bartolomey Rivera, en el caso criminal número

ISCR202200393.

      Por   los     fundamentos    que   exponemos,      expedimos   y

confirmamos la Resolución del TPI.

                                  I.

      El 12 de abril de 2022, el Ministerio Público presentó varias

acusaciones en contra del señor Bartolomey Rivera, por presuntos

hechos ocurridos el 8 de junio de 2021. Particularmente, en contra

 Número Identificador
 SEN2023 _______________
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de éste, se presentaron cargos por infracción de los Arts. 401 (2

cargos) y 412 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

24 LPRA sección 2101 et seq.

       Así las cosas, el 13 de abril de 2022, se llevó a cabo el acto de

lectura de acusación contra el recurrido. En atención a ello, el 10

de febrero de 2023, el recurrido presentó una Moción de Supresión

de Evidencia. El recurrido sustentó su solicitud en que la orden de

registro y allanamiento estuvo basada en una declaración

estereotipada del agente Acevedo Santiago y que hubo una tardanza

injustificada entre las observaciones del agente, la toma de la

declaración jurada y el diligenciamiento de la orden de registro.

       Oportunamente, la parte peticionaria presentó su Oposición a

la Moción de Supresión de Evidencia el 1 de marzo de 2023. Argulló,

que el testimonio del agente Acevedo Santiago no puede ser

considerado como estereotipado, en la medida en que su declaración

se podía corroborar por la grabación del video que éste tomó durante

la vigilancia1. Añadió, que el término transcurrido entre la vigilancia,

toma de declaración jurada y diligenciamiento de la orden de registro

y allanamiento fue uno razonable.             Finalmente, solicitó que la

Moción de Supresión de Evidencia fuera denegada de plano.

        Así las cosas, el TPI señaló la vista de supresión de evidencia

para el 21 de marzo de 2023. Luego de celebrada la vista de

supresión, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de supresión de

evidencia. En su Resolución, el TPI fundamentó su determinación

en que identificó contradicciones, lagunas y vaguedades en el

testimonio del agente Acevedo Santiago2, por lo que resultó

inverosímil e irreal en cuanto a los motivos fundados que expresó

para la expedición de la orden de registro y allanamiento. En

1
 Anejo XVI de la parte peticionaria.
2
 El agente Acevedo Santiago realizó la vigilancia que motivó la expedición de la
orden de registro y allanamiento.
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adición, el TPI expresó que los hechos observados y grabados por el

agente Acevedo Santiago y presentados ante su consideración, no

configuraron la causa probable necesaria para la liberación de una

orden de registro y allanamiento3.

          En desacuerdo, la parte peticionaria presentó una Solicitud de

Reconsideración el 11 de mayo del 2023. En reacción, la parte

recurrida presentó su oposición el 30 de mayo de 2023. Evaluada la

postura de ambas partes, el TPI declaró No Ha Lugar la

reconsideración, mediante Resolución notificada el 2 de junio de

2023.

          Inconforme, la parte peticionaria compareció ante nos,

mediante el recurso de Certiorari, presentado el 5 de julio de 2023,

y alegó la comisión de los siguientes errores:

           El Tribunal de Primera Instancia cometió error de
           derecho y abusó de su crasamente de su
           discreción al suprimir la evidencia incautada, por
           entender que de la declaración jurada que dio base
           a la orden no hubo causa probable para emitir la
           orden, a pesar de que surge clara y
           particularmente la base razonable para registrar
           al señor Bartolomey Rivera y el apartamento 8048
           de 8P Cluster.

           El Tribunal de Primera Instancia cometió un error
           de derecho y abusó crasamente de su discreción
           al revisar de novo la declaración jurada que dio
           base a la orden de registro y allanamiento, en
           contravención a nuestro ordenamiento jurídico.

           El Tribunal de Primera Instancia cometió un error
           de derecho y abusó crasamente de su discreción
           al catalogar el testimonio del agente como uno
           estereotipado, a pesar de que toda su declaración
           está documentada en un video de vigilancia.

          Por su parte, el recurrido presentó su alegato el 11 de

septiembre de 2023. Con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a resolver.

3
    Anejo XVIII, pág. 59.
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                                 II.

A. El auto de Certiorari

      El auto de certiorari es el recurso extraordinario mediante el

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su

discreción, una decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de

León, 176 DPR 913, 917 (2009).

      Con el fin de que podamos ejercer de una manera sensata

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que son planteados mediante el recurso, la Regla 40 de

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que

debemos considera al atender una solicitud de expedición de un

auto de certiorari. En lo pertinente, la precitada disposición

reglamentaria dispone lo siguiente:

            El Tribunal tomará en consideración los
      siguientes criterios al determinar la expedición de un
      auto de certiorari, o de una orden de mostrar causa:

            A. Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida a diferencia de sus fundamentos son
      contrarios a derecho.

            B. Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

            C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
      craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

           D. Si el asunto planteado exige consideración
      más detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

            E. Si la etapa del procedimiento en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

              F. Si la expedición del auto o de la orden de
      mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido
      del pleito y una dilación indeseable en la solución final
      del litigio.

           G. Si la expedición del auto o de la orden de
      mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

      Nótese que, distinto al recurso de apelación, el auto de

certiorari, por ser un recurso discrecional, debemos utilizarlo con
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cautela y por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, supra, pág.

918.

       Ahora     bien,       el     Tribunal    Supremo       de    Puerto   Rico

reiteradamente ha indicado que la discreción significa tener poder

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o

varios cursos de acción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559,

580 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El adecuado

ejercicio   de    la     discreción         judicial   está        “inexorable   e

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Pueblo v.

Ortega Santiago, supra, pág. 211. Así pues, un tribunal apelativo no

intervendrá con las determinaciones discrecionales de un tribunal

sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este último

sean arbitrarias o en abuso de su discreción. Pueblo v. Rivera

Santiago, supra, pág. 581; S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173

DPR 843 (2008).

B. La supresión de evidencia

       En virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal

y el Art. II, Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico, todo

ciudadano      goza    del        derecho   a   protección    contra    registros,

incautaciones y allanamientos irrazonables que puedan afectar a

sus personas, casas, papeles y efectos. Dicha norma prohíbe el

arresto de personas o registros o allanamientos: 1) sin previa orden

judicial, 2) basada en causa probable, 3) apoyada en juramento o

afirmación, 4) describiendo particularmente el lugar a registrarse, y

5) las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Los propósitos

de la garantía constitucional contra registros y allanamientos

irrazonables consisten en: "1) proveer un remedio efectivo a la

víctima del registro y allanamiento irrazonables o ilegales; 2) evitar

que el Gobierno se beneficie de sus propios actos ilegales; 3)

preservar la integridad del tribunal y, 4) disuadir a los oficiales del
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orden público a que en el futuro no repitan las acciones objeto de la

impugnación." Añade el Art. II, sección 10 que evidencia ocupada en

contravención a lo allí dispuesto, es inadmisible en los tribunales.

Sobre el particular, la Regla 231 de Procedimiento Criminal 34 LPRA

Ap. II, R. 231 dispone que no se librará orden de allanamiento o

registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un

magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos

que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada

y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de

que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la

orden en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la

persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a

ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para

expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones

juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida

registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique,

en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la

orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden

dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a

menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia,

dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la

noche.

      Por su parte, la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II R. 234 (1998), es el medio procesal que permite que,

aun en aquellos casos en los que se ha expedido orden judicial para

realizar un registró o allanamiento, la persona agraviada por éste

pueda solicitar al tribunal la supresión de cualquier evidencia

obtenida. Esta Regla permite la supresión de evidencia en casos en

los que:

            a. la orden de allanamiento o registró fuere insuficiente
               de su propia faz;
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             b. la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado
                no corresponde a la descripción hecha en la orden
                de allanamiento o registró.

             c. no había causa probable para creer en la existencia
                de los fundamentos en que se basó la orden de
                allanamiento o registró.

             d. a  orden   de    allanamiento        fue   librada    o
                cumplimentada ilegalmente;

             e. la declaración jurada que sirvió de base para la
                expedición de la orden fue insuficiente por la
                falsedad, total o parcial, de lo afirmado bajo
                juramento.

      Nos parece necesario señalar que, en la vista para atender

la supresión de evidencia, el tribunal está facultado para aquilatar

la credibilidad de los testigos que declaren en la misma, ya que ello

es inherente a la función del tribunal al celebrar la vista evidenciaria

para oír prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la

resolución de la solicitud. Si el tribunal está facultado para oír

prueba sobre “cualquier cuestión de hecho necesaria para la

resolución de la solicitud” y uno de los fundamentos para declarar

con lugar la misma precisamente lo es que “lo afirmado bajo

juramento en la declaración [que sirvió de base para la expedición

de la orden de allanamiento] es falso, total o parcialmente”, resulta

obvio que el tribunal tiene el poder para adjudicar credibilidad en

dicha vista. Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 109-110 (1987).

      Asimismo, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la

apreciación de la prueba hecha por el foro de instancia merece gran

deferencia por parte de un tribunal apelativo. En ausencia de error

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos

no intervendrán con la apreciación de la prueba hecha por el

TPI. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991); Pueblo v.

Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986) Pueblo v. Bonilla Romero, supra,

a la pág.111. Esas apreciaciones de prueba que hace el foro primario
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deben ser objeto de gran deferencia, pues dicho foro es el que se

encuentra en la mejor posición para evaluar la credibilidad de un

testigo. Muñoz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967 (2010).

      En Pueblo v. Bonilla Romero, supra, a la pág.111, el Tribunal

Supremo expresó que examinó cuidadosamente la resolución

emitida por el foro primario y que allí se ofrece en detalle, las razones

en apoyo de su determinación de que el testimonio del agente que

declaró en la vista es indigno de crédito. Además, el Tribunal

Supremo dispuso expresamente lo siguiente:

       “No puede perderse de vista que fue dicho magistrado
       quien tuvo ante sí los testigos y quien estuvo en mejor
       posición para apreciar el comportamiento de éstos
       mientras declararon y la forma en que lo hicieron, la
       naturaleza o carácter del testimonio prestado, etc. Si
       a ello le añadimos, repetimos, que el procurador
       General no impugna dicha actuación, forzoso es
       concluir que no tenemos fundamento alguno para
       intervenir con esa apreciación.” Id., a las págs. 111-
       112.

                                  III.

      Por estar intrínsicamente relacionados entre sí, procedemos a

discutir los tres señalamientos de error de forma conjunta.

      La parte peticionaria alega que incidió el TPI al suprimir la

evidencia incautada por entender que, de la declaración jurada que

dio base a la expedición de la orden de registro y allanamiento, no

hubo causa probable. Añade, que el TPI erró al revisar de novo la

declaración jurada que dio base a la expedición de la orden. Por

último, indica que el TPI cometió un error al catalogar el testimonio

del agente Acevedo Santiago como uno estereotipado. En otras

palabras, la parte peticionaria solicita que se revise la apreciación

que hizo el TPI sobre la prueba que tuvo ante su consideración.

      De una lectura de la Resolución de la cual se recurre, podemos

concluir, sin duda alguna, que el TPI basó su determinación en la

apreciación de la prueba desfilada en la vista de supresión de

evidencia. Particularmente, el TPI aquilató el testimonio del agente
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Acevedo Santiago y los videos de las vigilancias que motivaron la

orden de registro y allanamiento. En dicho ejercicio, el TPI concluyó

que hubo inconsistencias, lagunas y vaguedades en el testimonio

del agente y que éste no era consistente con los videos presentados.

      Dicho de otro modo, el TPI no le otorgó credibilidad a la prueba

desfilada en la vista de supresión de evidencia. Ante ello, debemos

recordar que la Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra, permite

la supresión de evidencia en casos en los que la declaración jurada

que sirvió de base para la expedición de la orden fue insuficiente

por la falsedad, total o parcial, de lo afirmado bajo juramento.

Por lo tanto, el TPI está facultado para aquilatar la credibilidad de

los testigos que declaren en la misma

      En consecuencia, concluimos que el TPI no abusó de su

discreción al dirimir credibilidad en la vista de supresión. En

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no

intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por el TPI.

Los errores señalados no fueron cometidos.

                                 IV.

      Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar parte

de este dictamen, expedimos el auto de Certiorari y confirmamos la

Resolución recurrida.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones