Court Opinion

ID: 9962821
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:55:41.148687+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:36.980827
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

       AUTORIDAD DE                                           Certiorari
       ACUEDUCTOS Y                                           procedente del
    ALCANTARILLADOS DE                                        Tribunal de
        PUERTO RICO                                           Primera
                                        KLCE202400077         Instancia, Sala
             Recurrida                                        Superior de San
                                                              Juan

                                                              Civil Núm.:
                  v.                                          K EF2008-0179
                                                              Sala: 1002

      JAAV, INC. Y OTROS                                      Sobre:
                                                              Expropiación
           Peticionarios                                      Forzosa

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni
Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

       Comparece, JAAV, Inc. (en lo sucesivo, “el peticionario”), mediante

una Petición de Certiorari. En su recurso, nos solicita que se expida el

auto solicitado y se revoque la Resolución emitida el 18 de diciembre de

2023, notificada el 20 de diciembre de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, “TPI”). Mediante dicho

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento presentada

por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico (conocida

por sus siglas “AAA”, y en lo sucesivo “la recurrida”)

       Por    los      fundamentos    que     expondremos     a   continuación,

desestimamos el recurso presentado.

                                         I.

       El 2 de abril de 2008, la recurrida, representada por su presidente

ejecutivo, Jorge Rodríguez Ruiz instó Demanda de expropiación forzosa,

a los efectos de adquirir un predio de terreno de 100,6845 metros

cuadrados, equivalentes a 0.0256 cuerdas, radicado en el Barrio Palmas

Número Identificador

SEN-RES2024 _______________
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y cuatro calles del término municipal de Arroyo, Puerto Rico. La recurrida

incluyó a el peticionario y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como

partes con interés en el pleito correspondiente. En su solicitud, alegó que

la adquisición en pleno dominio sobre el predio de terreno en el cual se

ubicaba el pozo de agua propiedad objeto de esta acción era de

necesidad y utilidad pública, ello, dado que cumplía con los propósitos de

la Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de

Puerto Rico, Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, 22 LPRA sec. 141. Así

pues, la recurrida solicitó que se declarara Ha Lugar la Demanda de

epígrafe y se ordenara la entrega, la investidura y la inscripción del título

de pleno dominio de la propiedad objeto de la acción a su favor. Además,

peticionó que se determinara una compensación justa y razonable por

dicha propiedad a las personas con derecho a esta. En respuesta, el 31

de octubre de 2008, TPI emitió una Resolución, mediante la cual declaró

el pleno dominio y la expropiación de la propiedad a favor de la recurrida.

Se ordenó la notificación y entrega de copia de la resolución a las partes

con interés.

       Luego de ser debidamente emplazadas las partes y de varios

tramites procesales que no son pertinentes para la controversia de autos,

el 17 de mayo de 2023, la recurrida presentó Moción de Desistimiento de

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Mediante esta, planteó la

inexistencia del fin público que se pretendía obtener cuando se presentó

la petición de expropiación forzosa. Apoyó su solicitud, al amparo de lo

dispuesto en la Regla 58.8 (c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA.

En consecuencia, solicitó al foro recurrido el desistimiento del caso.

Además, peticionó que se ordenara al Registrador de la Propiedad la

realización de los trámites correspondientes, en los Libros del registro.

       En desacuerdo, el 9 de junio de 2023, el peticionario presentó una

Réplica y Oposición a Moción de Desistimiento. Sostuvo, que desistir de

la reclamación bajo el supuesto de que la propiedad no cumple con el fin

público consiste en un abuso del derecho. Ello, toda vez que, había
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expropiado y utilizado por quince (15) años la propiedad sin una justa

compensación y sin resarcir los daños ocasionados. Argumentó, que la

Carta de Derechos de los Estados Unidos, en su Quinta Enmienda,

establece que ninguna persona será privada de su propiedad para uso

público sin justa compensación. Del mismo modo arguyó, que la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico, establece que no se tomará

ni perjudicará la propiedad privada para uso público sin la debida

compensación. Art. II, Sec. 9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Ante tales

argumentos, el peticionario solicitó que la recurrida demostrara que su

desistimiento no era perjudicial al interés público y que su costo no es

superior a la expropiación misma; que se prepararan los informes de valor

del bien expropiado y que se pusieran a disposición los expedientes del

pozo.

        De la misma forma, el 10 de julio de 2023, la recurrida, presentó

Réplica a Moción en Oposición a Desistimiento. En esta moción, la

recurrida, argumentó que los planteamientos constitucionales esbozados

por la parte con interés son inconsecuentes en esta etapa de los

procedimientos. En segundo lugar, planteó que el peticionario, no había

provisto fundamento alguno en apoyo de su posición y que la Sec. 5 (d)

de la Ley de Expropiaciones, 32 LPRA sec. 2910, autoriza el

desistimiento. Por último, alegó que el hecho de que hubiese una política

púbica no impedía un desistimiento.

        El 18 de diciembre de 2023, el TPI, notificó la determinación que

nos ocupa. En dicho dictamen, el foro recurrido declaró Ha Lugar la

Moción de Desistimiento, pautando juicio para la adjudicación de daños.

        Inconforme, el 19 de enero de 2023, el peticionario, compareció

ante este Tribunal mediante el presente auto de certiorari. En su escrito

señaló los siguientes errores:

        Primer señalamiento de Error
        Erró el Honorable Tribunal de Expropiaciones al
        autorizar el desistimiento de la expropiación sin requerir
        a la Peticionaria someter Exhibit A, o evidencia
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       fehaciente de cúal fue el bien incautado, a la fecha de la
       Petición.

       Segundo señalamiento de Error
       Erró el Honorable Tribunal de Expropiaciones al
       autorizar el desistimiento de la expropiación sin requerir
       a la Peticionaria que evidencia la existencia actual del
       inmueble incautado.

       Tercer señalamiento de Error
       Erró el Honorable Tribunal de Expropiaciones al
       autorizar el desistimiento de la expropiación sin requerir
       a la Peticionaria que presentara declaración sobre que
       el fin público ya no existe, por parte de persona
       autorizada, según lo dispone la Regla 58 de las de
       Procedimiento Civil.

       Cuarto señalamiento de Error
       Erró el Honorable Tribunal de Expropiaciones al
       autorizar el desistimiento de la expropiación sin requerir
       a la Peticionaria celebración previa de vista, según lo
       requiere la Regla 58 de las de Procedimiento Civil.

                                    II.
   A. Certiorari

   El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un

tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR

994, 1004 (2021); Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto

Rico de 1933, 32 LPRA sec. 3491. Al atender un recurso de certiorari

para revisar alguna orden o resolución interlocutoria emitida por el foro

de instancia, el Tribunal de Apelaciones solo podrá expedir el auto

cuando se recurra de una orden o resolución al amparo de las Reglas

56 y 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Torres González v.

Zaragosa Meléndez, 211 DPR 821, 847 (2023). De igual forma, para

que un Tribunal de mayor jerarquía pueda rectificar aquellos errores

jurídicos cometidos por el TPI, es necesario que se tomen en

consideración aquellos criterios establecidos en la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, estos

criterios son:

        (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
        a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
        derecho.
        (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
        para el análisis del problema.
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        (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
        manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
        de Primera Instancia.
        (D) Si el asunto planteado exige consideración más
        detenida a la luz de los autos originales, los cuales
        deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
        (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
        caso es la más propicia para su consideración.
        (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
        una dilación indeseable en la solución final del litigio.
        (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
        causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del
        Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.
        XXII-B

   Es importante señalar, no obstante, que la discreción judicial “no se

da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”. En el caso

particular del TA, sus oficios se encuentran enmarcados dentro de los

criterios esbozados, los cuales pautan para la expedición del certiorari.

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).

   B. Perfeccionamiento del recurso

   Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo ciudadano el derecho

estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo inferior. Isleta v.

Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 589 – 590. No obstante, este

derecho está sujeto a las limitaciones legales y reglamentarias

pertinentes, entre ellas, su correcto perfeccionamiento. Íd. La apelación

en nuestro sistema no es automática; presupone una notificación, un

diligenciamiento y su perfeccionamiento. Morán v. Martí, 165 DPR 356,

367 (2005). Los abogados están obligados a dar fiel cumplimiento al

trámite prescrito en las leyes y en los reglamentos aplicables para el

perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al arbitrio de los

abogados decidir qué disposiciones reglamentarias aplican y cuándo.

Pueblo v. Pérez Delgado, 211 DPR 654, 671 – 672 (2023).            De esta

forma, es tarea del peticionario presentar al foro revisor la prueba oral

bajo la que se pretende impugnar las determinaciones del tribunal a quo.

Íd. El perfeccionamiento adecuado de un recurso depende, entre otras
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cosas, de la oportuna representación y notificación del escrito a las

partes. Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 209 (2022).

   Es necesario destacar que la Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, establece el término para presentar un recurso de

certiorari. Específicamente, esta dispone:

Regla 32 — Término para presentar el recurso de “certiorari”

        (C) El recurso de certiorari para revisar las resoluciones
        finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria
        dictadas por el Tribunal de Primera Instancia se
        formalizará mediante la presentación de una solicitud
        dentro de los treinta días siguientes a la fecha de archivo
        en autos de una copia de la notificación de la resolución u
        orden recurrida. Este término es jurisdiccional.
        4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(c)

       Según Peña Lacern v. Martínez Hernández et al., 210 DPR 425,

443 (2022) “un plazo fatal o jurisdiccional es improrrogable, es decir, no

se puede extender a discreción, además que su incumplimiento no es

subsanable.         El incumplimiento de       una        parte       con

un término jurisdiccional o fatal establecido por ley priva al tribunal

de jurisdicción para atender los méritos de la controversia.” Precisamente

la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, recoge todo lo

relacionado al proceso de desistimiento y desestimación. Esencialmente

en sus incisos (b) y (c) establece:

Regla 83 — Desistimiento y desestimación

        (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la
        desestimación de un recurso por
        los motivos siguientes:
        (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;
        (2) que el recurso fue presentado fuera del término de
        cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista
        justa causa para ello;
        (3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o
        de buena fe;
        (4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se
        ha presentado una controversia sustancial o que ha sido
        interpuesto para demorar los procedimientos, o
        (5) que el recurso se ha convertido en académico.

        (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá
        desestimar un recurso de apelación o denegar un auto
        discrecional por cualquiera de los motivos consignados en
        el inciso (B) precedente.
        4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83
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       Por otro lado, para que se perfeccione el recurso de certiorari es

necesario que se les notifique debidamente a las partes. La Regla 33(b)

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, requiere que la parte

peticionaria notifique “la solicitud de certiorari, debidamente sellada con la

fecha y la hora de presentación, a los abogados o abogadas de récord, o

en su defecto, a las partes”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(b). Es importante

destacar, que la parte peticionaria deberá cumplir con aquellos requisitos

que se han establecido en el contenido de la solicitud de certiorari.

Específicamente la Regla 34(b) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, requiere que haya “un índice detallado de la solicitud y de

las autoridades citadas conforme a lo dispuesto en la Regla 75 de este

Reglamento.” 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(b). Así pues, la Regla 75 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, detalla lo que se debe incluir en

esos índices. Esencialmente, esta dispone lo siguiente:

Regla 75 — Índices

        Cualquier escrito al Tribunal de Apelaciones que
        conforme a estas reglas requiera un índice, excepto los
        índices a un Apéndice y los índices al legajo, Reglas 74 y
        77, respectivamente, se ajustarán a las normas
        siguientes:
        (A) Habrá un Índice de Materias en el que se señalarán
        las páginas del escrito donde comienzan las diferentes
        partes de éste. Cuando en el índice se haga referencia a
        los puntos planteados por el recurso, se expondrá en el
        propio índice el texto íntegro de los respectivos
        planteamientos.
        (B) Seguirá al Índice de Materias un Índice Legal
        detallado que indicará todos los casos citados en el
        escrito en orden alfabético y las páginas en que éstos se
        citan. Se ordenarán por separado los casos de Puerto
        Rico, los casos federales y los casos de otras
        jurisdicciones. Se hará otro tanto con toda la legislación
        citada y luego con los comentaristas, artículos de revistas
        y otras fuentes análogas.
        4 LPRA Ap. XXII-B, R. 75
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                                      III.

      El 19 de enero de 2024, último día para presentar su recurso ante

este Tribunal, el peticionario presentó Alegato del Recurrente. En dicho

escrito solicitó, que se revocara la Resolución emitida por el foro de

Instancia, declarando Ha Lugar la Moción de Desistimiento presentada

por la recurrida y pautó el inicio del Juicio de daños por desistimiento. Sin

embargo, al presentar su recurso no lo notificó a la otra parte de una

forma adecuada, al no incluir los índices requeridos por el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra. Pasada la fecha límite para presentar su

recurso, el 20 de enero de 2024, el peticionario decide notificarle a la

parte recurrida los índices correspondientes. En reacción, la parte

recurrida presentó una Moción de Desestimación por Falta de

Jurisdicción. En síntesis, alegó la falta de jurisdicción de este Tribunal,

pues el recurso presentado por el peticionario no estaba perfeccionado.

      Para que un recurso de certiorari quede perfeccionado es

necesario que el peticionario cumpla a cabalidad con nuestras

disposiciones reglamentarias. Como fue discutido anteriormente, es

requisito esencial que el recurso de certiorari sea presentado dentro del

término de treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos.

Además, es necesario que antes de expirado el referido término el

recurso sea notificado adecuadamente a la otra parte.

      En el presente caso, el peticionario incumplió al no notificar al

recurrido su recurso junto al sello con la hora y fecha de la presentación,

así como los índices que se requiere que se muestren en su contenido. El

peticionario no mostró justa causa para no cumplir con dichas

disposiciones reglamentarias, lo cual es de estricto cumplimiento. Las

referidas inadvertencias, conllevan la desestimación del recurso, ya sea a

iniciativa propia del Tribunal o a solicitud de parte. Así pues, actuó

diligentemente   la   parte   recurrida      al   presentar   su   Moción   de

Desestimación, luego de percatarse que el peticionario había incumplido
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con el requisito de una notificación adecuada. Por ello, procede que

desestimemos el recurso presentado por el peticionario.1

                                           III.

       Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de

epígrafe.

       Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                         Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

1
 Destacamos, que aun si el peticionario hubiera presentado una justa causa, por la cual
se hubiera evitado la desestimación de su recurso, nuestra decisión se hubiera inclinado
a denegar el auto de certiorari presentado. Ello, por no cumplir con los requisitos
dispuestos en la Regla 40 de este Tribunal.