Court Opinion

ID: 9916074
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-09 15:19:25.779136+00
Date Added: 2024-06-11T13:23:50.165414
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                 TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL XI

  HAYDEE SÁNCHEZ                            Apelación procedente
       ORTÍZ                                del Tribunal de Primera
      Apelante                              Instancia, Sala
                                            Superior de Fajardo
            v.
                                            Caso Núm.:
MARGARITA SÁNCHEZ                           FA2021CV00852
ORTÍZ,     su    esposo
FULANO DE TAL y la
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES                                 Sobre: Remedio
COMPUESTA          POR KLAN202300726 Provisional (Regla 56.1)
AMBOS; EMMA IRIS                            Impugnación de
SÁNCHEZ ORTÍZ su                            Declaratoria de
esposo MENGANO DE                           Herederos, Sentencia,
TAL Y LA SOCIEDAD                           Declaratoria; Partición
LEGAL                DE                     de Herencia y División
GANANCIALES                                 y Adjudicación de
COMPUESTA          POR                      Bienes Hereditarios; y
AMBOS;         SANDRA                       Daños y Perjuicios
SÁNCHEZ ORTIZ, su
esposo SUTANO DE TAL
y la SOCIEDAD LEGAL
DE       GANANCIALES
COMPUESTA          POR
AMBOS;          GISELA
SÁNCHEZ ORTÍZ, su
esposo, MENGANO DE
TAL y la SOCIEDAD
LEGAL                DE
GANANCIALES
COMPUESTA          POR
AMBOS; MARÍA DE
LOURDES       SÁNCHEZ
ARGUINZONI; NADIA A.
SÁNCHEZ; Y BANCO
POPULAR DE PUERTO
RICO
       Apelados
Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez
Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

      Comparece ante nos, Haydee Sánchez Ortiz y nos solicita que

revisemos y revoquemos la Sentencia emitida el 3 de junio de 2023

y notificada el 6 de junio de 2023, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI), Sala Superior de Fajardo. Mediante dicho dictamen,

el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación, que presentó el

Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular).

Número Identificador
RES2023__________________
KLAN202300726                                                       2

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

desestimamos el recurso de Apelación presentado.

                               I.

      El 21 de octubre de 2021, Haydee Sánchez Ortiz presentó una

Demanda en contra de Banco Popular y otros, sobre partición de

herencia, división y adjudicación de bienes hereditarios, y daños y

perjuicios. En apretada síntesis, alegó que el señor Pablo Sánchez

Salamán, su padre, falleció intestado el 15 de febrero de 2014. Adujo

que, a días del fallecimiento de su padre, fueron vaciadas y cerradas

varias cuentas bancarias que este tenía en el Banco Popular.

Manifestó que, el retiro de los fondos se llevó a cabo sin haberse

presentado al banco un testamento o una declaratoria de herederos.

Así pues, indicó que las demás coherederas tienen total posesión y

control de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al caudal

hereditario de su padre. Por lo cual, solicitó, entre otras cosas, la

división y adjudicación de los bienes hereditarios y $40,000.00 por

los daños ocasionados por el Banco Popular.

      El 31 de enero de 2022, las codemandadas Margarita Sánchez

Ortiz, Emma Iris Sánchez Ortiz, Sandra Sánchez Ortiz y Gisela

Sánchez Ortiz, presentaron una Contestación a Demanda y

Reconvención. A grandes rasgos, negaron los hechos de la Demanda.

Señalaron que la parte apelante no ha realizado gestiones de buena

fe para solucionar las controversias con relación al caso de epígrafe.

Indicaron que, no desean continuar en indivisión, por lo que

solicitaron que se proceda con el inventario, avalúo y división de

bienes y deudas.

      Posteriormente, el 28 de marzo de 2022, el Banco Popular

presentó una Moción de Desestimación. Arguyó que procede la

desestimación de la Demanda presentada en su contra por ausencia

de una causa de acción que amerite la concesión de un remedio.

Esbozó que los certificados de depósito que mantenía el señor Pablo

Sánchez Salamán contenían fondos que también pertenecían –
KLAN202300726                                                      3

indistintamente – a Emma Ortiz Ventura, Margarita Sánchez Ortiz

o a Emma Iris Sánchez Ortiz. Explicó que, según surge de los

documentos, Emma Ortiz Ventura, Margarita Sánchez Ortiz y

Emma Iris Sánchez Ortiz, como titulares de los fondos, los retiraron.

Añadió que no fue notificado del fallecimiento del señor Pablo

Sánchez Salamán. Así, sostuvo que no había razón legal alguna para

negarle el retiro de los fondos y el cierre de las cuentas a las

personas que, bajo las disposiciones contractuales, eran dueñas de

estas.

         Oportunamente, el 9 de mayo de 2022, la parte apelante

presentó un Escrito en Oposición a la Moción de Desestimación […].

En la misma, señaló que no procede la desestimación de la Demanda

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V),

pues los hechos bien alegados en esta justifican la concesión de un

remedio a su favor. Esbozó que el Banco Popular permitió el retiro

de los fondos sin que se le hubiera presentado una declaratoria de

herederos ni testamento. Añadió que en un solo día se retiraron de

las cuentas del señor Pablo Sánchez Salamán una cantidad

aproximada de $70,000.00, luego de su fallecimiento y la institución

bancaria no emitió ningún reporte o alerta relacionada a esta

actividad sospechosa. Además, adujo que el Banco Popular sabía o

debió saber que el acto de haber retirado todos los fondos del

causante en menos de diez (10) días era una actividad sospechosa

que se debía investigar. Consecuentemente, sostuvo que no procedía

la desestimación de la causa de acción presentada en contra del

Banco Popular.

         Así las cosas, el 3 de junio de 2022, el TPI emitió una

Sentencia Parcial, notificada el 6 de junio de 2022, mediante la cual

desestimó la causa de acción que se presentó en contra del Banco

Popular. En dicha Sentencia Parcial, el foro de instancia determinó

que no existía una causa de acción que amerite un remedio contra
KLAN202300726                                                        4

el Banco Popular, cuando no surge que dicha entidad incumplió con

sus obligaciones contractuales para con los cotitulares, codueños y

firmantes de las cuentas bancarias y de los certificados de depósito,

al permitirles a estos retirar los fondos a los cuales tenían derecho.

Asimismo, el TPI razonó que la Demanda carece de alegaciones de

hechos demostrativos de que los fondos relacionados a dichas

cuentas y certificados de depósito hayan sido retirados por personas

distintas a sus cotitulares o codueños. Agregó que tampoco existen

alegaciones de hechos demostrativos sobre que actuaciones u

omisiones del banco le causaron daño a la apelante. Finalmente, el

foro de instancia determinó que la Demanda carece de hechos

demostrativos de que Banco Popular haya violentado alguna

legislación o regulación al permitir el retiro de los fondos de cuentas

y certificados de depósitos cuando dichos fondos no pertenecían

solamente al causante, sino indistintamente.

      El 21 de junio de 2022, la parte apelante presentó una

Solicitud de Reconsideración a Sentencia Parcial. Luego de varios

incidentes procesales, el 17 de julio de 2023, el TPI emitió una

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de

Reconsideración a Sentencia Parcial.

      Insatisfechos con esa determinación, el 16 de agosto de 2023,

la parte apelante presentó un recurso de Apelación y señaló la

comisión de los siguientes errores:

      Primer error:
      Erró el TPI al desestimar la demanda contra el BPPR
      por vía de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, a
      pesar [sic] que los hechos bien alegados establecen
      la plausibilidad de la causa de acción de la Apelante,
      toda vez que la controversia planteada no versó –
      como entendió el TPI – en el derecho de un cotitular
      a retirar fondos en cuentas de tipo indistinto “y/o”,
      sino en la omisión de deberes contractuales y
      estatutarios del Banco ante actividad sospechosa en
      la cuenta de persona fallecida.

      Segundo error:
      Erró el TPI al abusar de su discreción y desestimar
      con perjuicio la causa de acción de la Apelante
      contra el Banco.
KLAN202300726                                                           5

      Examinado el recurso de Apelación, este Tribunal emitió una

Resolución el 24 de agosto de 2023, concediéndole un término de

treinta (30) días a la parte apelada para que expresara su posición

al recurso. El 25 de septiembre de 2023, Banco Popular presentó

una Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. En esta,

solicitó la desestimación del recurso de Apelación por falta de

jurisdicción. Manifestó que la Solicitud de Reconsideración a

Sentencia Parcial que presentó la parte apelante ante el foro de

instancia no le fue notificada. Sostuvo que solo se le notificó a la

representación legal de la parte apelante y al de la coheredera

Margarita   Sánchez      Ortiz.   Concluyó   que    la   solicitud   de

reconsideración que presentó la apelante no interrumpió el término

jurisdiccional de treinta (30) días para apelar la Sentencia Parcial.

      Subsiguientemente, el 27 de septiembre de 2023, este

Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término de diez

(10) días a la parte apelante para que expresara su posición a la

solicitud de desestimación. El 10 de octubre de 2023, la parte

apelante presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden. A grandes

rasgos, se opuso a la solicitud de desestimación que presentó Banco

Popular. Indicó que con base en ese aparente e inusitado error del

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC),

el Banco Popular pretende afectar sus derechos procesales,

sustantivos y apelativos. Arguyó que el Banco Popular debió solicitar

que el caso se devolviera al TPI con instrucciones para que se corrija

el error interno de SUMAC. Aseveró que el Banco Popular pretende

valerse de la aparente falla de SUMAC para alegar falta de

jurisdicción y así evadir el proceso apelativo.

      Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,

procedemos a resolver.
KLAN202300726                                                        6

                               II.

   A. La jurisdicción

      La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un

tribunal para considerar y decidir casos o controversias con efecto

vinculante para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco,

2023 TSPR 8, 211 DPR ___ (2023). Así pues, la falta de jurisdicción

de un tribunal incide directamente sobre el poder mismo para

adjudicar una controversia. Allied Mgmt. Group, Inc. v. Oriental

Bank, 204 DPR 374 (2020).

      Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la falta de

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada.

S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). La

jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y

acreditarla toda vez que, previo a considerar los méritos de un

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo

en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000). Además, los

tribunales tenemos siempre la obligación de ser guardianes de

nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos

autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. Carattini v.

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).

      De conformidad con lo anterior, se entiende que un recurso

prematuro es aquel presentado en la Secretaría de un tribunal

apelativo antes de que éste tenga jurisdicción. Hernández v.

Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997). Consecuentemente, un

recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del grave e

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se

recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). Por

tanto, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto

jurídico, pues en el momento de su presentación, no ha habido
KLAN202300726                                                        7

autoridad judicial o administrativa para acogerlo. Juliá et al. v.

Epifanio Vidal, S.E., supra.

      Asimismo, los tribunales no tenemos discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109

DPR 839, 842 (1980). La falta de jurisdicción no puede ser

subsanada, ni podemos arrogarnos la jurisdicción que no tenemos.

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007). Incluso,

aunque las partes no lo planteen, estamos obligados a velar por

nuestra jurisdicción. Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997).

Por tanto, un recurso prematuro nos impide entrar en sus méritos

puesto que, en tales circunstancias, carecemos de jurisdicción. Juliá

et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.

      De conformidad con lo anterior, la Regla 83 de nuestro

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, la cual regula el desistimiento y la

desestimación, nos da la facultad para desestimar por iniciativa

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción.

      Así, también, es norma reiterada que el perfeccionamiento

adecuado de los recursos ante este Tribunal debe observarse

rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281,

290 (2011); García Ramos v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007).

   B. Notificación

      La Regla 65 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) regula la

manera en que la Secretaría habrá de notificar las órdenes,

resoluciones y sentencias que emita el foro de instancia. Así, la Regla

65.3 (a) de Procedimiento Civil, supra, dispone, entre otras cosas,

que, inmediatamente después de archivarse en autos copia de la

notificación del registro y archivo de una orden, resolución o

sentencia, el Secretario o la Secretaria notificará tal archivo en la

misma fecha a todas las partes que hayan comparecido en el pleito

en la forma preceptuada en la Regla 67. Además, la precitada regla
KLAN202300726                                                       8

dispone que “[e]l depósito de la notificación en el correo será aviso

suficiente a todos los fines para los cuales estas reglas requieran

una notificación del archivo en autos de una orden, resolución o

sentencia”.

      Asimismo, el inciso (b) de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil,

supra, establece que el Secretario o la Secretaria notificará a la

última dirección que se haya consignado en el expediente por la

parte que se autorrepresenta o a la dirección del abogado o abogada

que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir

notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9, toda orden,

resolución o sentencia que de acuerdo con sus términos deba

notificarse a las partes que hayan comparecido en el pleito.

      Por su parte, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA

Ap. V), establece que se notificará a todas las partes toda orden

emitida por el tribunal y todo escrito presentado por las partes. La

notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden o se

presente el escrito. Íd.

      Ahora bien, a tenor con las disposiciones antes citadas,

nuestro máximo Foro ha interpretado que el término para acudir en

alzada en un caso civil, tanto de una resolución interlocutoria como

de una sentencia final, no comienza a transcurrir si el tribunal deja

de notificar dicho dictamen a alguna de las partes. Sánchez Torres

v. Hospital Dr. Pila, 158 DPR 255, 260 (2002). Es decir, para que se

activen y comiencen a transcurrir los términos jurisdiccionales o de

cumplimiento      estricto   para   presentar    una    moción     de

reconsideración o un certiorari para que el tribunal apelativo revise

una resolución u orden interlocutoria, es necesario que la

notificación de la resolución u orden interlocutoria se haya hecho

correctamente. Íd.

      Así, para que un dictamen judicial adquiera validez legal no

solo tiene que ser emitido, sino que también tiene que ser
KLAN202300726                                                        9

debidamente notificado. Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003). Ello

pues adjudicarle efectos procesales a una determinación judicial no

notificada trastocaría el andamiaje procesal y socavaría los

cimientos del debido proceso de ley. Íd. Véase, además, Rodríguez

Mora v. García Llorens, 147 DPR 305 (1998).

                              III.

      En el presente caso, la parte apelante presentó una Demanda

en contra de Banco Popular y otros. Consecuentemente, antes de

presentar la correspondiente alegación responsiva, el Banco Popular

presentó una Moción de Desestimación. Subsiguientemente, el foro

a quo emitió una Sentencia Parcial mediante la cual desestimó la

causa de acción que se presentó en contra del Banco Popular, por

entender que no existía una causa de acción que amerite la

concesión de un remedio.

      Inconforme con esa determinación, la parte apelante presentó

una Solicitud de Reconsideración a Sentencia Parcial. Sin embargo,

según surge del expediente ante nos, la solicitud de reconsideración

que presentó la parte apelante no le fue notificada a la parte apelada.

Así pues, la solicitud de reconsideración solo se le notificó a la

representación legal de la parte apelante y al de la coheredera

Margarita Sánchez Ortiz.

      Aplicada la normativa expuesta a los hechos procesales del

caso, y particularmente a los datos que surgen del expediente ante

nos y del SUMAC, no podemos más que concluir que el recurso aquí

incoado es prematuro y, por consiguiente, carecemos de jurisdicción

para atenderlo.

      Según señaláramos, el recurso de apelación que nos ocupa se

presentó   sin    que   se   hubiera   notificado   la   Solicitud   de

Reconsideración a Sentencia Parcial, las órdenes y resoluciones

posteriores a todas las partes tal y como exige nuestro ordenamiento

jurídico. Por lo tanto, habiéndose presentado el presente recurso de
KLAN202300726                                                       10

apelación con antelación a que se haya notificado adecuadamente

la solicitud de reconsideración y que comenzara a transcurrir el

término para poder apelar, estamos ante un recurso prematuro.

      Conforme a lo anterior, no tenemos jurisdicción para

considerar el recurso en sus méritos. La falta de jurisdicción no

puede ser subsanada, ni el Tribunal puede asumir la jurisdicción

que no ostenta. En tales situaciones solo contamos con facultad

para declarar la ausencia de jurisdicción y no entrar en los méritos

del recurso. Véase, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

                               IV.

      Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso

de Apelación que presentó la parte apelante por ser uno prematuro.

Se le ordena al TPI a que tome las medidas necesarias para que se

incluya nuevamente a los representantes legales del Banco Popular

en las notificaciones electrónicas del SUMAC. Véase, Directrices

Administrativas Para la Presentación y Notificación Electrónica de

Documentos    Mediante    el   Sistema   Unificado   de    Manejo    y

Administración de Casos (según enmendadas).

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones
KLAN202300726   11