Court Opinion

ID: 9952418
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:50:58.891464+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:12.548606
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                    TRIBUNAL DE APELACIONES
                   REGIÓN JUDICIAL DE UTUADO
                               PANEL X

                                                        Apelación acogida
                                                        como Certiorari
                                                        procedente del
 ELVIS ANTONIO OTERO                                    Tribunal de
     CONCEPCIÓN                                         Primera Instancia,
                                                        Sala Superior de
                                                        Utuado
         EX PARTE
                                  KLAN202301082         Caso Núm.:
                                                        UT2023CV00412
        Peticionario
                                                        Sobre:
                                                        Petición de Orden –
                                                        Eliminación de
                                                        Antecedentes
                                                        Penales, Petición de
                                                        Orden – Eliminación
                                                        de Registros de
                                                        Ofensores Sexuales

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

                              SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

       El 1 de diciembre de 2023, compareció ante este Tribunal de

Apelaciones el señor Elvis Alberto Otero Concepción (en adelante,

parte peticionaria o señor Otero Concepción), por medio de recurso

de Apelación, el cual se acoge como un recurso de Certiorari por ser

lo procedente en derecho1. Mediante este, nos solicita que revisemos

la Resolución emitida el 15 de octubre de 2023 y notificada el 16 de

octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Utuado. En virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró No

Ha Lugar la petición presentada por la parte peticionaria para que

se eliminara su nombre del Registro de Ofensores Sexuales y Abuso

Contra Menores de Puerto Rico.

1 No obstante, mantenemos inalterada su identificación alfanumérica por motivos

de economía procesal.

Número Identificador
SEN2024 ________________
KLAN202301082                                                       2

         Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

expide el recurso de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

                                    I

         De acuerdo surge del expediente ante nuestra consideración,

el señor Otero Concepción fue sentenciado el 15 de agosto de 2003,

a dieciocho (18) años de reclusión en una institución carcelaria, por

haber cometido los delitos de violación y de tentativa de incesto (dos

casos) del Código Penal de Puerto Rico de 1974, por actos cometidos

en contra de una persona menor de edad.            Posteriormente, le

concedieron a la parte peticionaria la Libertad Bajo Palabra y fue

inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales y Abuso Contra

Menores de Puerto Rico (en adelante, Registro de Ofensores

Sexuales), conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 266-2004,

infra.    Para el 13 de julio de 2012, el señor Otero Concepción

completó la totalidad de su sentencia.

         Para el 12 de septiembre de 2023, la parte apelante presentó

una Petición.     Por medio de esta, le solicitó al foro de primera

instancia que se eliminara su nombre del Registro de Ofensores

Sexuales y Abuso contra Menores de Puerto Rico. Alegó que, habían

transcurrido diez (10) años desde la fecha en que cumplió la

Sentencia, que no había sido convicto de ningún otro delito y que

gozaba de buena reputación en su comunidad de residencia.

Asimismo, solicitó que se eliminara de su récord de antecedentes

penales los delitos por los cuales fue sentenciado.

         Subsiguientemente, el 13 de septiembre de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una Orden, donde le concedió veinte (20)

días al Ministerio Público para exponer su posición respecto a la

Petición. De igual manera, dispuso lo siguiente:

         Ahora bien, de la petición surge que la parte
         peticionaria está solicitando, además de la eliminación
         del récord de antecedentes penales, que se le excluya
         del Registro de Ofensores Sexuales. En ese sentido,
         muestre causa la parte peticionaria por lo cual el
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      Tribunal no deba denegar dicha petición tomando en
      consideración que bajo la Ley 226-2004, según
      enmendada por la Ley 243-2011 y subsiguientes, los
      delitos de incesto y violación (incluyendo ambos delitos
      en modo de tentativa) deben permanecer de por vida en
      el Registro de Ofensores Sexuales por ser considerada
      la persona convicta como un Ofensor Sexual Tipo III.
      Véase el Art. 2 inciso (10) de la Ley 266-2004, según
      enmendada por la Ley 243-2011, 4 LPRA sec. 536, y el
      Art. 5 de la Ley 266-2004, según enmendada, 4 LPRA
      sec. 536c. Ello sin perderse de vista que conforme al
      caso de Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974 (2019)
      se determinó que las disposiciones contenidas en las
      enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 a la
      Ley 266-2004, aplican retroactivamente y entre esas
      enmiendas se encuentra el haber cambiado el término
      de 10 años requerido previamente a las personas
      convictas para que permanecieran en el Registro de
      Ofensores Sexuales. Se le concede el mismo término
      de 20 días a la parte peticionaria para que presente
      la mostración de causa.

      Así las cosas, el 25 de septiembre de 2023, el Pueblo de Puerto

Rico, representado por el Ministerio Público (en adelante, parte

recurrida o Ministerio Público) presentó la Moción en Oposición a

Solicitud de Orden de Eliminación Registro Ofensores y Eliminación

de Antecedentes Penales. Mediante la aludida moción, el Ministerio

Público acotó que, respeto a la solicitud de la eliminación del

Registro de Ofensores Sexuales, entendía que no cumplía con lo

establecido en la Ley Núm. 266-2004, según enmendada por la Ley

Núm. 243-2011. Lo anterior, debido a que, el Art. 2 inciso 10 de la

Ley Núm. 266-2004, según enmendada, define a un Ofensor Sexual

Tipo III como aquellas “personas que resulten convictas por los

siguientes delitos o su tentativa: (i) Violación; seducción; sodomía;

actos lascivos cuando la víctima no ha cumplido los dieciséis (16)

años; incesto; secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho

(18) años y no fuere su hijo, robo de menores comprendidos en los

Artículos 99, 101, 103, 105, 122, 137-A(a) y 160, respectivamente,

de la Ley Núm. 155 de 22 de julio de 1974, según enmendada; y

agresión sexual conyugal, según tipificada en el Artículo 3.5 de la

Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada”. Indicó

además, que, el Art. 5 de la precitada ley, disponía que el ofensor
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sexual deberá mantenerse inscrito en el Registro de Ofensores

Sexuales y cumplir con los requisitos establecidos en la misma de

por vida, si el convicto es un Ofensor Sexual Tipo III. Por otro lado,

adujo que, respecto a la solicitud de eliminación de récord, bajo su

criterio, el señor Otero Concepción no cumplía con los requisitos

establecidos en el Art. 4 de la Ley Núm. 314-2004, según

enmendada, conocida como la “Ley de Certificados de Antecedentes

Penales”. A estos efectos, le solicitó al foro de primera instancia que

denegara la Petición presentada por la parte peticionaria.

       Posteriormente, la parte peticionaria presentó la Moción

Informativa al Expediente del Tribunal en Cumplimiento de Orden.

Por medio de esta, argumentó que, el Ministerio Público debió

exponer por qué en el caso particular del señor Otero Concepción se

debía denegar su petición y no limitar su razonamiento a que es un

Ofensor Sexual Tipo III. Arguyó que, no existía razón que justificara

la denegatoria de la petición de la parte peticionaria. Finalmente

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara Ha Lugar su

Petición.

       La primera instancia judicial emitió la Resolución cuya

revisión nos atiene, el 15 de octubre de 2023, mediante la cual

declaró No Ha Lugar la Petición presentada por la parte peticionaria.

El foro a quo razonó que, el estado de derecho actual le imponía

aplicar retroactivamente las enmiendas incorporadas a la Ley Núm.

266-2004,     infra,   mediante     la   Ley    Núm.    243-2011,    infra.

Consecuentemente, determinó que, debido a que el señor Otero

Concepción era considerado como un Ofensor Sexual Tipo III debía

permanecer de por vida inscrito en el Registro de Ofensores

Sexuales.

       Inconforme con tal determinación, el 30 de octubre de 2023,

el   señor   Otero     Concepción    presentó    la    Moción   Solicitando

Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, la
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cual fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia

mediante Resolución emitida el 1 de noviembre de 2023.

      Aun insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante este foro

revisor mediante recurso de Apelación y realizó los siguientes

señalamientos de error:

      •   Primer Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala Superior de Utuado, al declarar No
          Ha Lugar la petición presentada por el peticionario
          apelante a nivel de instancia sin haber celebrado
          vista y negando al peticionario su día en corte.

      •   Segundo Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
          instancia      violentando      las     protecciones
          constitucionales federales contra las protecciones
          contra castigos ex post facto, castigos crueles e
          inusitados, y la violación a la intimidad del
          peticionario apelante de epígrafe

      •   Tercer Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
          instancia haciendo caso omiso a su deber ministerial
          que [h]a sido impuesto a nuestros tribunales de
          proteger sus derechos, el debido proceso de Ley que
          les cobija y los derechos constitucionales que les
          resguardan unas garantías que deben ser
          inviolables, sin importar el delito cometido.

      •   Cuarto Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
          instancia determinando que la aplicación retroactiva
          de las disposiciones de la Ley 243-2011 son
          compulsorias cuando del mismo cuerpo de la Ley
          243 de 2011 se desprende que el legislador concedió
          la discreción para la aplicación retroactivamente de
          las disposiciones de la Ley Número 243-2011.

      •   Quinto Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
          instancia al no tomar en consideración en su
          determinación que precisamente el fin de la Ley 243-
          2011 es el evitar la reincidencia.

      •   Sexto Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
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          instancia al determinar contrario a la intención
          legislativa de que la implementación de dicha Ley no
          es uno de carácter punitivo imponiendo o un castigo
          adicional para una clase particular de ofensor.

      •   Séptimo Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
          instancia al implementar una Ley de manera
          contraria a la intención que tuvo el Legislador
          cuando expresó que dicha Ley no era una de carácter
          punitivo, convirtiéndola precisamente en eso al no
          hacer uso de la discreción que le fuera concedida por
          el Legislador a nuestros jueces.

      •   Octavo Error:
          Erró manifiestamente el Tribunal de Primera
          Instancia, Sala de Utuado, al declarar No Ha Lugar
          la petición presentada por el peticionario a nivel de
          instancia violentando el mandato constitucional de
          la rehabilitación de la persona que ha cometido un
          delito.

      Por su parte, el 2 de enero de 2024, compareció ante este foro

revisor, la parte recurrida mediante Escrito en Cumplimiento de

Orden.

      Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos

en posición de resolver el recurso ante nuestra consideración.

                                  II

A. El Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape

et al., 207 DPR 994, 1004 (2021); Pueblo v. Rivera Montalvo, 205

DPR 352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194

DPR 723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917

(2009). Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.
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Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo

v. Rivera Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo

siguiente:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.

      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada;

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.
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B. Ley Núm. 266 de 9 de septiembre de 2004

      Conforme a la política pública y el deber del Estado de

proteger a la ciudadanía y a las víctimas de delitos sexuales, la

Asamblea Legislativa creó un Sistema de Registro de Personas

Convictas por Delitos Sexuales y de Abuso Contra Menores en virtud

de la derogada Ley Núm. 28-1997. El referido estatuto fue aprobado

con el fin de cumplir con la ley federal Jacob Watterling Crimes

Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program,

42 USC secs. 14071 et seq., que requería a los estados y a Puerto

Rico, adoptar legislación dirigida a que las personas convictas por

ciertos delitos de naturaleza sexual y abuso contra menores de edad,

tuvieran que inscribirse en un registro público por un término de

por lo menos diez (10) años. Exposición de Motivos, Ley Núm. 28-

1997; Pueblo v. Ferrer Maldonado, 201 DPR 974, 981-982 (2019). El

propósito del Registro, de acuerdo a la ley federal y estatal, no era

punitivo, sino, un medio para garantizar la seguridad, protección y

bienestar general. De esta manera, el registro procuraba mantener

informadas a las autoridades gubernamentales y a la ciudadanía

sobre el paradero de las personas convictas de delitos sexuales

violentos o abuso contra menores, luego de que estas se reintegraran

a la comunidad. Exposición de Motivos, Ley Núm. 28-1997; Art. 1 de

la Ley Núm. 28-1997; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 982.

      Subsiguientemente, la Ley Núm. 28-1997, fue derogada al

aprobarse la Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos

Sexuales y Abuso Contra Menores, Ley Núm. 266 de 9 de septiembre

de 2004, según enmendada. Esta Ley, mantiene el enfoque respecto

a que su propósito no es punitivo, sino, un medio por el cual el

Estado puede velar por la seguridad, protección y bienestar general

de aquellos sectores más vulnerables y merecedores de protección

de nuestra ciudadanía. Art. 1 de la Ley Núm. 266-2004. Previo a

las enmiendas incorporadas por la Ley Núm. 243-2011, el Art. 5 de
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la Ley Núm. 266-2004, supra, disponía que la información de la

persona convicta por la comisión de los delitos enumerados en el

Artículo 3(a) de dicha ley2, se mantendría en el Registro por un

período mínimo de diez (10) años desde que cumplió la sentencia

impuesta. Art. 3 de la Ley Núm. 266-2004, supra; Pueblo v. Ferrer

Maldonado, supra, pág. 983.

       Posteriormente, con el propósito de atemperar la Ley Núm.

266-2004, supra, a la ley federal Adam Walsh Child Protection and

Safety Act of 2006, también conocida como Sex Offender Registration

and Notification Act (SORNA), 42 USC secs. 16901 et seq., la

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 243 de 14 de diciembre de

2011. Entre las enmiendas incorporadas se encuentra la creación

de tres (3) clasificaciones para los ofensores sexuales de acuerdo con

el delito sexual cometido, a saber: Ofensor Sexual Tipo I, Ofensor

Sexual Tipo II y Ofensor Sexual Tipo III. Pueblo v. Ferrer Maldonado,

supra, pág. 984. Estas clasificaciones conllevan diferentes términos

específicos para que el ofensor sexual permanezca en el Registro,

según la gravedad de los delitos. El tiempo en que un ofensor sexual

deberá permanecer en el Registro es el siguiente: Ofensor Sexual

Tipo I, 15 años; Ofensor Sexual Tipo II, 25 años; y Ofensor Sexual

Tipo III, de por vida. Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004, supra; Pueblo

v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 984-985.

2 El Art. 3 de la Ley Núm. 243-2011, supra, disponía que     serán registradas en el
Registro: (a) las personas que resulten convictas por alguno de los siguientes
delitos o su tentativa: violación, seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos;
proxenetismo, rufianismo o comercio de personas cuando la víctima fuere menor
de dieciocho (18) años y el delito agravado; delito contra la protección a menores,
incesto, restricción de libertad cuando la víctima fuere menor de dieciséis (16)
años y no fuere su hijo, secuestro cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18)
años y no fuere su hijo, robo de menores, perversión de menores cuando se
admitiere o retuviere a un menor de dieciocho (18) años en una casa de
prostitución o sodomía; maltrato agravado de un menor y agresión sexual
conyugal, comprendidos en los Artículos 99, 101, 103, 105, 110(a) y (c) y 111,
115, 122, 13l(e), 137A(a), 160 y 163(e) de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974,
según enmendada, y en los Artículos 3.2(g) y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de
agosto de 1989, y el delito de maltrato a menores establecido en los Artículos 52
y 53 de la Ley Número 177 de 1 de agosto de 2003, respectivamente.
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         Respecto a la retroactividad de las enmiendas incorporadas,

la propia ley dispone que, salvo los incisos (f) y (g) del Art. 4, todas

las otras disposiciones podrán tener efecto retroactivo. Art. 15 de la

Ley Núm. 243-2011; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 985.

Por otro lado, en Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, nuestra Máxima

Curia determinó que, por disposición expresa de la Asamblea

Legislativa, la Ley Núm. 266-2004, es una ley civil, no penal y de

carácter no punitivo. Conforme a ello, la aludida ley no cualifica

bajo ninguno de los cuatro (4) tipos de estatutos que se consideran

contrarios a nuestra cláusula constitucional ex post facto.3 Para

sustentar dicho planteamiento, en el precitado caso, el Tribunal

Supremo decidió aplicar el análisis propuesto por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en Smith v. Doe, 538 US 84 (2003) como

sigue:

         Primeramente, en nuestra jurisdicción, el requisito de
         inscribirse en el Registro, desde la primera ley
         aprobada, no se ha considerado como una actuación de
         índole punitiva por parte del Estado. Aunque aparenta
         tener un propósito disuasivo, su finalidad siempre ha
         sido,    al  igual   que    en   otras   jurisdicciones
         estadounidenses y a nivel federal, informar al público y
         servir como un medio por el cual el Estado pueda velar
         por la seguridad, protección y bienestar general.
         Tampoco estamos ante una “medida de seguridad”,
         según los parámetros del Art. 91 del Código Penal; así
         lo aclaramos en Pueblo v. Hernández García.

         En segundo lugar, nuestro ordenamiento no impone
         una incapacidad o restricción afirmativa alguna más
         allá de la obligación de inscribirse en el Registro y los
         trámites que conlleva actualizar la información allí
         contenida. La necesidad de proveer la dirección
         residencial de la persona obligada a inscribirse en el
         Registro no tiene efectos semejantes, ni tan siquiera
         cercanos, a la pena de encarcelamiento o alguno de los
         mecanismos de sentencia diferida.17

         En tercer lugar, esta ley aplica a una conducta ya
         considerada como un delito de abuso sexual; es decir,
         no penaliza una nueva conducta criminal. Al contrario,
         solo reconoce aquellas conductas ya estatuidas que la
         sociedad puertorriqueña, a través de la Asamblea
         Legislativa, considera reprochables y merecedoras de
         una difusión pública para quien así desee conocerla.

3 Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 995.
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       Por último, el Registro tiene el importante propósito de
       divulgar cierta información al público y, a su vez,
       promover la seguridad de la ciudadanía. Una persona
       podría utilizar la información contenida en el Registro a
       la hora de considerar, por ejemplo, los asuntos de su
       vida siguientes: dónde debe comprar o alquilar una
       residencia, o a cuáles parques recreacionales o escuelas
       debe llevar a sus hijos e hijas, entre varias otras. Esto,
       claro está, con la salvaguarda de que la ley protege a los
       ofensores sexuales obligados a registrarse contra
       cualquier ciudadano que intente herir, acosar o cometer
       algún delito contra ellos. Véase 4 LPRA sec. 536f. Una
       de las justificaciones de política pública para propagar
       la información contenida en el Registro, según nuestra
       Asamblea Legislativa, es que existe una probabilidad de
       reincidencia para personas convictas por delitos
       sexuales.18

       La Ley Núm. 266-2004, según enmendada, no resulta
       excesiva puesto que la obligación de registrarse es
       proporcional al interés legítimo gubernamental de
       seguridad ciudadana. El interés del Estado, en
       garantizar la protección de los sectores más vulnerables
       ante la reinserción en la sociedad de las personas
       convictas por delitos de abuso sexual, tiene que
       prevalecer frente a cualquier incomodidad o estigma
       social que un ofensor sexual pueda sufrir. Esto, en
       atención a que el legislador tiene un interés particular
       en proteger a las víctimas de abuso sexual, en
       particular, los menores de edad. En la Exposición de
       Motivos de la Ley Núm. 243-2011, la Asamblea
       Legislativa hizo hincapié en que estas enmiendas
       buscaban, “brindar mayor protección y seguridad a los
       menores de edad en cuanto a la explotación sexual y
       crímenes violentos se refiere; promover la seguridad de
       los jóvenes; atacar y prevenir el abuso infantil y la
       pornografía infantil, entre otros asuntos [...]”.
       Exposición de Motivos, Ley Núm. 243-2011 (2011 [Parte
       3] Leyes de Puerto Rico 2788).4

       Finalmente, el más Alto Foro resolvió que, la aplicación

retroactiva de las enmiendas incorporadas en virtud de la Ley Núm.

243-2011 a la Ley Núm. 266-2004, no violan la prohibición

constitucional en contra de la aplicación de leyes ex post facto.

(Énfasis suplido). Añadió, además, que, “[e]sta ley, y sus más

recientes enmiendas, es de carácter civil, no penal ni punitiva, y

cumple cabalmente con la metodología adjudicativa adoptada en

Smith v. Doe”. Íd. pág. 999. El Tribunal Supremo, de igual manera

concluyó que, “[t]odas las disposiciones contenidas en las

4 Íd. pág. 997-998.
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enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-2011 aplican de

forma retroactiva, independientemente de si la persona que

impugna su anotación en el Registro arguye que, en su situación

particular corresponde emplear el principio de favorabilidad,

conforme a lo resuelto en Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656

(2012)”. (Énfasis suplido). Íd.

C. Leyes ex post facto

      Según es sabido, el Art. II, sec. 12 de nuestra Constitución

contiene una prohibición expresa sobre la aprobación de leyes ex

post facto. Const. PR, LPRA, Tomo 1; González v. ELA, 167 DPR 400,

408 (2006). El Máximo Foro ha sido enfático en la existencia de

cuatro (4) tipos de estatutos que consideran ex post facto, estos son

las leyes que: “(1) criminalizan y castigan un acto que al ser realizado

no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen mayor de lo que era al

momento de ser cometido; (3) alteran el castigo imponiendo una

pena mayor que la fijada para el delito al momento de ser cometido,

y (4) alteran las reglas de evidencia exigiendo menos prueba que la

requerida por ley al momento de la comisión del delito para castigar

al acusado o reduciendo el quantum de evidencia necesario para

encontrarlo culpable.” Íd.; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág.

990. Véase, además Pueblo en interés menor FRF, 133 DPR 172

(1993). Esta cláusula constitucional, garantiza que los estatutos

provean al ciudadano una notificación adecuada de aquella

conducta prohibida y sobre las consecuencias penales que conlleva

realizar tal conducta. González v. ELA, supra, pág. 408.

      De igual manera, tiene como propósito [p]rohibir la aplicación

retroactiva de una ley que agrave para el acusado su relación con el

delito, la oportunidad de defenderse y la forma de cumplir con una

sentencia o su extensión”. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág.

991, citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, págs. 545–549.
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Véase, además, L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 2da

ed., San Juan, Pubs. JTS, 2013, págs. 16–17.                 Por ende, la

protección constitucional contra leyes ex post facto únicamente se

activa cuando se pretende aplicar una ley penal de manera

retroactiva. Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 991; González

v. ELA, supra, págs. 409-410. Es por lo que, como regla general, la

Asamblea Legislativa no se encuentra impedida de aplicar

retroactivamente leyes de carácter civil. Pueblo v. Ferrer Maldonado,

supra, pág. 991; González v. ELA, supra, págs. 410.

       Luego de esbozar las normas jurídicas que enmarcan la

controversia de autos, dispongamos de ésta según corresponde.

                                     III

       En su primer señalamiento de error, la parte peticionaria

sostiene que, el foro a quo incidió al declarar No Ha Lugar la petición

presentada sin haber celebrado vista y al haberle negado su día en

corte. Adelantamos que, no le asiste la razón. Veamos.

       Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración,

colegimos que, el debido proceso de ley de la parte peticionaria no

fue vulnerado, pues esta tuvo oportunidad razonable y suficiente de

exponer sus planteamientos mediante las mociones presentadas a

lo largo del caso. Por otro lado, la parte peticionaria no logró

demostrar que, se le violentó el debido proceso de ley, pues conforme

surge del expediente, fue notificada adecuadamente del proceso ante

un juzgador imparcial, tuvo la oportunidad de exponer sus

planteamientos mediante comparecencia escrita, tuvo asistencia de

su representante legal y la decisión del foro primario se basó en el

récord del caso5.

5 Véase:Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 465 (2012); Domínguez Castro v.
ELA, 178 DPR 1 (2010); López Santos v. Asociación de Taxis de Cayey, 142 DPR
109, 113-114 (1996); Feliciano Figueroa v. Toste Piñero, 134 DPR 909, 914-915
(1993).
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      Por encontrarse intrínsecamente relacionados, procedemos a

discutir los señalamientos de error dos (2) al ocho (8) de forma

conjunta.

      En su segundo señalamiento de error, la parte peticionaria

arguye que, el Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar No

Ha Lugar la petición presentada por el señor Otero Concepción y así,

violentar las protecciones constitucionales federales contra castigos

crueles e inusitados, y la violación a su intimidad.

      Como tercer señalamiento de error, el señor Otero Concepción

sostiene que, el foro de primera instancia erró al declarar No Ha

Lugar su petición, y al hacer caso omiso a su deber ministerial sobre

la protección de sus derechos, el debido proceso de ley que le cobija

y los derechos constitucionales.

      Mientras que, en el cuarto señalamiento de error, la parte

peticionaria aduce que, la primera instancia judicial desacertó al

determinar que la aplicación retroactiva de las disposiciones de la

Ley Núm. 243-2011 es compulsoria, cuando, a su juicio, de esta se

desprende que es discrecional.

      En el quinto señalamiento de error, la parte peticionaria aduce

que, el foro a quo se equivocó al denegar la Petición, sin tomar en

consideración que el fin de la Ley Núm. 243-2011, supra, es el evitar

la reincidencia.

      Por otro lado, como sexto y séptimo señalamientos de error, el

señor Otero Concepción sostiene que, el Tribunal de Primera

Instancia incidió al declarar No Ha Lugar la Petición, y al determinar

contrario a la intención legislativa de que la implementación de la

Ley Núm. 243-2011, supra, no es una de carácter punitivo, de

manera en que no ejerció la discreción concedida bajo el aludido

estatuto sobre su aplicación retroactiva.

      Finalmente, en su octavo y último señalamiento de error, la

parte peticionaria sostiene que, el Tribunal de Primera Instancia
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violentó el mandato constitucional de rehabilitación de las personas

que han cometido un delito al declarar No Ha Lugar la Petición.

      Adelantamos       que,    los    errores    antes   señalados    son

inmeritorios. Veamos.

      Según    reseñáramos,       el     señor   Otero    Concepción   fue

sentenciado a cumplir dieciocho (18) años en una institución

carcelaria, por haber cometido los delitos de tentativa de incesto, y

violación en contra de una persona menor de edad. Posteriormente,

comenzó a gozar del beneficio de libertad bajo palabra e

inmediatamente fue inscrito en el Registro de Ofensores Sexuales

conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 266-2004, supra. Cabe

destacar que, el señor Otero Concepción fue registrado como

Ofensor Sexual Tipo III.

      Más adelante, la parte peticionaria completó la totalidad de su

condena y presentó la Petición, donde solicitó al foro de primera

instancia que eliminara su nombre del Registro de Ofensores

Sexuales y que se eliminara de su récord de antecedentes penales

los delitos por los cuales había sido sentenciado.            El Ministerio

Público se opuso a tal petición ya que entendía que el señor Otero

Concepción no cumplía con lo dispuesto por la Ley Núm. 266-2004,

supra. Ello, debido a que el aludido estatuto establecía que, si la

persona convicta era un Ofensor Sexual Tipo III debía permanecer

de por vida inscrita en el Registro de Ofensores Sexuales.

      Luego    de   varias      incidencias      procesales   innecesarias

pormenorizar, la primera instancia judicial emitió la Resolución cuya

revisión nos ocupa.     En virtud de esta declaró No Ha Lugar la

Petición presentada por la parte peticionaria debido a que, el estado

de   derecho   actual   le     imponía    aplicar   retroactivamente    las

enmiendas incorporadas a la Ley Núm. 266-2004, supra, mediante

la Ley Núm. 243-2011, supra.
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        Conforme al derecho expuesto, en el caso de Pueblo v. Ferrer

Maldonado, supra, el Tribunal Supremo tuvo que determinar si

procedía la aplicación retroactiva de las enmiendas incorporadas a

la Ley Núm. 266-2004 supra, mediante la Ley Núm. 243-2011,

supra.

        En el precitado caso, el Máximo Foro resolvió que, por

disposición expresa de la Asamblea Legislativa, la Ley Núm. 266-

2004, supra, es una ley civil, no penal y de carácter no punitivo.

Consecuentemente, la aludida ley no cualifica bajo ninguno de los

cuatro (4) tipos de estatutos que se consideran contrarios a nuestra

cláusula constitucional ex post facto.6 El más Alto Foro aplicó el

análisis esbozado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Smith v. Doe, supra.        Razonó lo siguiente: en primer lugar, en

nuestra jurisdicción el requisito de inscripción en el Registro de

Ofensores Sexuales no ha sido considerada como una actuación de

índole punitiva, puesto que su intención tanto a nivel estatal como

federal es “informar al público y servir como un medio por el cual el

Estado pueda velar por la seguridad, protección y bienestar

general”.7 De igual manera, tampoco es una “medida de seguridad”

conforme a los parámetros del Art. 91 del Código Penal. En segundo

lugar, dispuso que, “nuestro ordenamiento no impone una

incapacidad o restricción afirmativa alguna más allá de la obligación

de inscribirse en el Registro y los trámites que conlleva actualizar la

información allí contenida”. Asimismo, que la exigencia de proveer

la dirección residencial del ofensor, no ostenta efectos semejantes ni

cercanos a la pena de encarcelamiento o alguno de los mecanismos

de sentencia diferida.8 En tercer lugar, según expresó el Tribunal

Supremo, la Ley Núm. 266-2004, supra, aplica a una conducta ya

6 Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág. 995.
7 Íd. págs. 996-997.
8 Íd.
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considerada como un delito de abuso sexual; esto es, no penaliza

una nueva conducta criminal. En cambio, reconoce únicamente

aquellas conductas ya estatuidas.9           Por último, indicó que, el

Registro de Ofensores Sexuales tiene el importante propósito de

“divulgar cierta información al público y, a su vez, promover la

seguridad de la ciudadanía”.10

          Concluido el análisis, nuestra más Alta Curia estableció que,

la Ley Núm. 266-2004, supra, no resulta excesiva en la manera en

que, la obligación de registrarse es “proporcional al interés legítimo

gubernamental de seguridad ciudadana”.11             Es por lo que, el

Tribunal Supremo resolvió que, la aplicación retroactiva de las

enmiendas incorporadas en virtud de la Ley Núm. 243-2011 a la Ley

Núm. 266-2004, supra, no violan la prohibición constitucional

en contra de la aplicación de leyes ex post facto.              (Énfasis

suplido). El más Alto Foro, de igual manera concluyó que, “[t]odas

las disposiciones contenidas en las enmiendas introducidas por

la       Ley   Núm.   243-2011     aplican    de    forma   retroactiva,

independientemente de si la persona que impugna su anotación en

el Registro arguye que, en su situación particular corresponde

emplear el principio de favorabilidad, conforme a lo resuelto en

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012)”.12 (Énfasis

suplido).

          Queda   meridianamente     claro   que,   los   planteamientos

esbozados por la parte peticionaria son inmeritorios, dado que,

nuestro Tribunal Supremo resolvió que todas las disposiciones

contenidas en las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 243-

2011, supra, aplican de forma retroactiva, así como que, ello no

violenta la prohibición constitucional contra leyes ex post facto. En

9 Íd.
10 Íd.
11 Íd.
12 Íd.
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el caso de epígrafe, el foro a quo no incidió al denegar la Petición

presentada por la parte peticionaria. Puesto que, el señor Otero

Concepción fue clasificado como un Ofensor Sexual Tipo III, y

conforme a las disposiciones de Ley Núm. 266-2004, según

enmendada por la Ley Núm. 243-2011, supra, deberá permanecer

inscrito de por vida en el Registro de Ofensores Sexuales13. Cabe

destacar que, al momento de incorporarse las enmiendas bajo la Ley

Núm. 243-2011, supra, la parte peticionaria se encontraba en

libertad bajo palabra, por tanto, indudablemente, le aplican tales

enmiendas.

                                       VI

       Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de

certiorari y se confirma la Resolución recurrida.

       Notifíquese.

       Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 Art. 5 de la Ley Núm. 266-2004, supra; Pueblo v. Ferrer Maldonado, supra, pág.

984-985.