Court Opinion

ID: 9381081
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:14:12.639794+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.680972
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                PANEL ESPECIAL

      MARILU CENTENO                             Apelación
         MORALES                                 procedente del
                                                 Tribunal de Primera
             Apelante                            Instancia, Sala
                                   KLAN202201006 Superior de San Juan

                 v.                                   Sobre: Despido
                                                      Injustificado (Ley 80),
                                                      y otros
    SENADO DE PUERTO
          RICO                                        Caso Núm.
                                                      SJ2022CV04848
             Apelado

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero
Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente

                                    SENTENCIA

          En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

          Comparece la Sra. Marilú Centeno Morales (Sra. Centeno

Morales o apelante), a través de un Recurso de Apelación para que

revoquemos una determinación del Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan (TPI), emitida el 9 de noviembre de 2022

y notificada el 10 de noviembre de 2022. Allí, declaró no ha lugar

una Moción de Reconsideración presentada por la apelante.1

          Considerando el recurso a la luz del derecho aplicable,

decidimos confirmar la resolución recurrida. Veamos.

                                                -I-

          El presente caso tuvo su génesis el 3 de junio de 2022,

cuando la parte apelante presentó una Demanda contra el Senado

de Puerto Rico representado por su presidente, (Senado de P.R. o

parte apelada), por alegado despido injustificado al amparo de la Ley

Núm. 80 de 1976 conocida como la Ley Sobre Despidos

1   Apéndice I, recurso de apelación, pág. 1.

Número Identificador

SEN2023 _______________
KLAN202201006                                                                   2

Injustificados,2 y violación a la Ley Núm. 45 de 1935, Ley del Sistema

de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45 de

1935).3

       En resumen, la Sra. Centeno Morales trabajó para el Senado

de P.R., desde el 1 de mayo de 2013 como Auditora en la Oficina

de Auditoría Interna con una jornada regular. Durante ocho (8) años

la apelante realizó diferentes funciones entre las cuales se

encontraban formular borradores de informes, preparar planes de

trabajo, revisar registros, entre otras.4

       Según se desprende del expediente, la Sra. Centeno Morales

recibió el 15 de julio de 2021, una carta de terminación de empleo

con efectividad el 31 de julio de 2021, fecha en la que terminaba

su contrato.

       Cabe destacar que el 13 de mayo de 2021, la Sra. Centeno

Morales habría sufrido un accidente en el lugar de empleo, mientras

trabaja a favor de los intereses de su patrono y fue debidamente

atendida por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

(CFSE).5 Así, el 17 de mayo de 2021 la apelante fue examinada por

la CFSE y le ordenaron descansar hasta el 26 de mayo de 2021,

por tensión lumbar.6

       No obstante, durante el mes de junio del 2021, la Sra. Centeno

Morales presentó dos (2) certificados médicos tras un diagnóstico de

micoplasma.7 El primer certificado fue presentado el 7 de junio de

2021, y le ordenaba un descanso de quince (15) días hasta el 25 de

junio de 2021. Luego, presentó un segundo certificado el 28 de junio

2 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley Sobre Despidos Injustificados. 29 LPRA
sec. 185a.
3 Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo. 3 LPRA sec. 1451.
4 Apéndice VI, recurso de apelación, pág. 20.
5 Id. Núm. de caso: 20211128491. pág. 20.
6 Id.
7 Según se desprende de la Demanda, los certificados médicos fueron emitidos

por Transforma Medical Mall y firmados por un profesional de la salud con licencia
número 14690. Véase, pág. 21 de la Demanda.
KLAN202201006                                                               3
de 2021, que le ordenaba descansar por un periodo de diecinueve

(19) días adicionales, hasta el 15 de julio de 2021.8

       Al llegar la fecha del 15 de julio de 2021 —día en que la

apelante regresó a sus labores— recibió una carta de terminación

de empleo debidamente firmada.9 La misma expresó:

       Le informo que la fecha de terminación de su nombramiento
       como Auditora en el Senado de Puerto Rico, será efectivo el
       31 de julio del año en curso… [e]l [p]residente o su
       representante autorizado, podrá remover libremente a los
       empleados de sus puestos, sin que medie formulación de
       cargos. No será necesario indicar los fundamentos para tal
       acción.10

       Ante la demanda presentada el 3 de junio de 2022 de la parte

apelante, el 29 de agosto de 2022, el Senado de P.R., presentó una

Moción en Solicitud de Desestimación. Adujo que la Demanda

presentada por la apelante deja de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio. Además, alegó que es norma

reiterada que la Ley Núm. 80 de 1976 solo es de aplicabilidad al

sector privado, y que, por tanto, sus disposiciones no se extienden

a empleados del Gobierno.11

       Ante ello, el 17 de septiembre de 2022, la Sra. Centeno

Morales replicó con una Moción en Oposición a Desestimación. En

resumen, reconoció que la Ley Núm. 80 de 1976 no aplicaba al

Senado de Puerto Rico ser una entidad pública del Estado. Sin

embargo, adujo que de los hechos alegados en la demanda se

desprende una causa de acción válida al amparo de la Ley Núm. 45

de 1935.12

       Trabada ahí la controversia, el 28 de septiembre de 2022, el

TPI emitió la Sentencia apelada exponiendo que:

        [L]a demandante acepta que no tiene una causa de acción
       por despido injustificado, toda vez que la parte demandada
       es un ente gubernamental y que es la única causa de acción
       que invocó… disponemos declarar ha lugar a la Moción de

8 Id. pág. 21.
9 La comunicación fue firmada por el Sr. Gilbert Hernández Agosto. Véase, pág.
43 del apéndice.
10 Apéndice IX, recurso de apelación, pág. 43.
11 Apéndice V, recurso de apelación, págs. 14 – 18.
12 Apéndice VII, recurso de apelación, págs. 24 – 37.
KLAN202201006                                                         4

          Desestimación que presentara la parte demandada y ordenar
          la desestimación de la demanda sin perjuicio.13

          El 4 de octubre de 2022, la Sentencia fue debidamente

registrada y notificada a las partes.14

          Por consiguiente, el 18 de octubre de 2022, la Sra. Centeno

Morales presentó una Reconsideración. En resumen, solicitó que el

TPI reconsiderara su determinación. La Sra. Centeno Morales

fundamentó que su causa de acción por despido injustificado se

podía desestimar, más no así la causa de acción por violación a la

reserva de empleo que provee la Ley Núm. 45 de 1935.15

          Por su parte, el 3 de noviembre de 2022, el Senado de P.R.,

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Reconsideración. En

resumen, solicitó que se mantuviera la Sentencia apelada, pues la

Sra. Centeno Morales no había logrado establecer cuál era el

derecho que poseía al amparo de la Ley Núm. 45 supra. Además,

añadió que no existe un nexo causal entre el despido y su causa de

acción.16

          Finalmente, el 10 de noviembre de 2022, la Sra. Centeno

Morales replicó a la oposición mediante Breve Réplica a Oposición.

En síntesis, reiteró que existe una causa de acción al amparo de la

Ley Núm. 45 de 1935 conocida como la Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, y que ella fue despedida

durante la vigencia de un contrato recién renovado.17

          Cónsono con lo anterior, el mismo 10 de noviembre de 2022,

el TPI notificó a las partes su determinación del 9 de noviembre de

2022, mediante la cual declaró no ha lugar a la Moción de

Reconsideración incoada por la Sra. Centeno Morales.18

13   Apéndice IV, recurso de apelación, pág. 12.
14   Id. pág. 13.
15   Apéndice III, recurso de apelación, págs. 3 – 11.
16   Apéndice VIII, recurso de apelación, págs. 28 – 39.
17   Apéndice IX, recurso de apelación, págs. 40 – 41.
18   Apéndice I y II, recurso de apelación, págs. 1 – 2.
KLAN202201006                                                                    5
         Inconforme, la Sra. Centeno Morales presentó un recurso de

apelación ante este Tribunal de Apelaciones, señalando el siguiente

error:

         Erró el TPI al desestimar la causa de acción por Ley 45 en
         contravención al derecho aplicable en cuanto a
         desestimaciones a tenor con la Regla 10.2.19

         Oportunamente el Senado de P.R., compareció, así, con el

beneficio de los alegatos de ambas partes, resolvemos.

                                       -II-

                                       -A-

         La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, establece que las

defensas de hecho o de derecho contra una reclamación se deben

exponer en la alegación responsiva.20 Sin embargo, dichas reglas

establecen unas excepciones: (1) falta de jurisdicción sobre la

materia; (2) falda de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte

indispensable.21

         Una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, es aquella que presenta el demandado

antes de contestar la demanda solicitando que se desestime la

misma presentada en su contra.

         Nuestra más Alta Curia ha expresado que para propósitos de

considerar     una    moción      de   desestimación       radicada     por    un

demandado se tienen que dar por ciertos todos aquellos hechos que

hayan sido bien alegados en la demanda.22

19 Se refiere a la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA
Ap. V, R. 10.2.
20 32 LPRA Ap. V., R. 10.2.
21 Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1067 (2020); Trans-Oceanic Life

Ins. V. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).
22 El Día v. Municipio de Guaynabo, 187 D.P.R. 811 (2013); García v. E.L.A., 163

D.P.R. 800 (2005); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991).
KLAN202201006                                                                   6

         Ahora bien, aunque una moción de desestimación al amparo

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, corresponde entender

como ciertos los hechos bien alegados en la demanda e

interpretarlos de forma favorable para el demandante, lo cierto es

que cuando se demuestra que éste no tiene derecho a remedio

alguno, procede conceder la desestimación solicitada.23

         A la luz de ello, una demanda no debe de desestimarse por no

alegar adecuadamente una causa de acción si la misma puede ser

enmendada para así evitar la desestimación.24

         En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

reiterado que no procede una desestimación bajo la defensa número

cinco (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, a menos que

se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho

a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser

probados en apoyo a su reclamación.25

                                       -B-

         Por su parte, la Ley Núm. 45 de 1935, Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, provee unos remedios

superiores a los empleados que son despedidos sin justa causa que

los que provee la Ley Núm. 80 de 1976.26

         De hecho, además de concederle al empleado una protección

meramente económica, salvaguarda, esencialmente, su tenencia de

empleo.27 De esta manera, desincentiva que los patronos despidan

a los empleados que disfrutan de los beneficios que les provee la

ley.28

         De forma específica, el artículo 5-A de la Ley Núm. 45 de 1935

dispone dos tipos de protección para el empleado inhabilitado por

23 Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 D.P.R. 139 (2007).
24 Clemente v. Departamento de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983).
25 El Día v. Municipio de Guaynabo, supra; Consejo de Titulares v. Gómez

Estremera et als., 184 D.P.R. 407 (2012); Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002).
26 Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., 135 D.P.R. 500, 515 (1994).
27 Id.
28 Id.
KLAN202201006                                                                     7
un accidente o enfermedad ocupacional: (1) obliga al patrono a

reservarle el empleo por doce (12) meses, desde el momento en que

ocurre el accidente —período durante el cual el patrono no debe

despedir al empleado, salvo que exista justa causa— y (2) tan pronto

como el empleado sea dado de alta por la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado (CFSE), tiene derecho a que se le reponga en su

empleo, y el patrono está obligado a reinstalarlo, siempre que se

cumplan los requisitos que establece el propio artículo.29

       Así pues, el legislador quiso prevenir que el patrono despidiera

al empleado acogido a los beneficios de la Ley Núm. 45 de 1935,

excepto cuando tenga justa causa para así hacerlo, y lograr así un

balance entre los intereses del obrero y los del patrono.30

       Los requisitos para que el empleado tenga derecho a la reserva

de empleo antes dicha son: (1) que el accidente o enfermedad

ocupacional inhabilite al empleado para trabajar; (2) que el

empleado se acoja a los beneficios de la Ley Núm. 45 de 1935; (3)

que dentro de los quince (15) días de haber sido dado de alta y

autorizado a trabajar por la CFSE, el empleado solicite al patrono la

reposición en su empleo; (4) que dicho requerimiento de reposición

se haga dentro de los doce (12) meses de haber ocurrido el accidente

o enfermedad; (5) que al solicitar su reposición el empleado esté

física y mentalmente capacitado para desempañarse en las

funciones del empleo que ocupaba; y (6) que dicho empleo subsista

al momento de la solicitud de reinstalación.31

       Así, si el patrono no cumple con dicha reserva debe

compensar al empleado por los salarios que hubiese devengado de

29 Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., 148 D.P.R. 839, 846-847 (1999).
30 Santos et. al. v. Lederle, 153 D.P.R. 812, 822 (2001); Cuevas v. Ethicon Div. J&J
Prof. Co., supra, pág. 852.
31 11 LPRA sec. 7; Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra.; Torres v. Star Kist

Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1024 (1994).
KLAN202201006                                                                    8

haber sido reinstalado y responder por todos los daños y perjuicios

que su incumplimiento produzca.32

       No obstante, una vez transcurrido dicho término, el patrono

está en la libertad de despedir al obrero, aun cuando este todavía no

hubiese sido dado de alta.33 De igual modo, no se puede interpretar

que la Ley Núm. 45 de 1935 tiene el efecto de extender la vigencia

de un contrato de empleo, cuando este haya finalizado.

                                          -III-

       De acuerdo con la Demanda presentada y que obra en el

expediente, el 13 de mayo de 2021, la Sra. Centeno Morales sufrió

un accidente en su lugar de empleo que le ocasionó tensión

lumbar.34 A raíz de ello, fue atendida en la CFSE y le ordenaron

descansar hasta el 26 de mayo de 2021.35 Posteriormente —y en

un evento completamente aislado— recibió un diagnóstico de

micoplasma, por lo que, presentó dos (2) certificados médicos cuyas

vigencias en conjunto se extendieron desde el 7 de junio hasta el

15 de julio de 2021.36 Es decir, la apelante estuvo en descanso por

treinta y cuatro (34) días adicionales.

       En lo pertinente, la Ley Núm. 45 de 1935 en su inciso (6)

establece de forma específica, que para que el empleado tenga

derecho a la reserva de empleo debe subsistir al momento de la

solicitud de reinstalación.37

       En ese sentido, es preciso señalar que la Sra. Centeno

Morales, fue ordenada a descansar por la CFSE hasta el 26 de

mayo de 2021, por lo tanto, al comenzar el mes de julio ya la misma

había sido dada de alta. Su indisponibilidad se debió a una

32 García v. Darex, P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 380 (1999).
33 Santos, et al. v. Lederle, supra.; Alvira v. SK & S Laboratories Co., 142 D.P.R.
803, 813 (1997); Véase, además: Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182
D.P.R. 937 (2011).
34 Apéndice VI, recurso de apelación, pág. 20.
35 Id.
36 Id. pág. 21.
37 11 LPRA sec. 7.
KLAN202201006                                                              9
enfermedad infecciosa, que es independiente a su accidente en el

lugar de empleo.

          No obstante, al examinar las alegaciones de la Demanda,

notamos que solamente la alegación #20 de la Demanda,38 menciona

de manera breve la Ley Núm. 45 de 1945, más no se realiza

alegación responsiva ni reclamación alguna.39

          Como indicamos —y referente a este caso— la Regla 10.2

inciso (5) de Procedimiento Civil, supra, establece que una parte

puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su

contra cuando dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio.40

          En ese sentido, del expediente se desprende que la parte

apelante tenía conocimiento de que: (1) era una empleada de libre

nombramiento, y por ende de libre remoción; (2) no tenía balance de

licencia de clase alguna; y (3) su contrato no fue renovado.

          Por tanto, al momento en que regresó a su lugar de empleo,

no fue despedida sin justa causa, sino que su contrato no fue

renovado.

          Noten que, el Reglamento Núm. 2, denominado: Reglamento

de Personal para los Empleados adscritos a las Oficinas de los

Senadores, las Comisiones y Administrativos del Senado de Puerto

Rico, así como al personal pagado por hora, el Artículo X, Sección

10.19       establece    que:    El   [p]residente     o   su   representante

autorizado, podrá remover libremente a los empleados de sus

puestos, sin que medie formulación de cargos. No será necesario

indicar los fundamentos para tal acción.41

          En consecuencia, el Senado de Puerto Rico posee facultad

para remover libremente a los empleados de sus puestos, cuando

38   Véase: Apéndice VL, recurso de apelación, págs. 19 – 23.
39   Apéndice VI, recurso de apelación, pág. 22.
40   32 LPRA Ap. V., R. 10.2 (5).
41   Apéndice IX, recurso de apelación, pág. 43.
KLAN202201006                                                         10

estos no poseen un empleo de carrera. Ello es así, debido a que los

empleados mediante contrato renovable y de libre remoción son

considerados empleados de confianza. El Tribunal Supremo de P.R.,

ha dictaminado que los empleados de confianza carecen de

expectativa de retención por tratarse de empleados de libre selección

y remoción.42

         En fin, en el presente caso la Sra. Centeno Morales era

empleada de confianza mediante contrato renovable y, por lo tanto,

de libre remoción. En consecuencia, no erró el Presidente del Senado

de Puerto Rico, Hon. José Luis Dalmau Santiago al concluir el

contrato de empleo de la parte apelante.

                                           -IV-

          Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de

Apelaciones confirma la Sentencia apelada dictada el 9 de noviembre

de 2022 y notificada el 10 de noviembre de 2022 por el TPI.

         Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

42   Matías v. Mun. de Lares, 150 DPR 546 (2000).