Court Opinion

ID: 9928627
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:30:55.080707+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:44.962093
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                       TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL VI

     DANIEL APONTE                                 APELACIÓN
        FLECHA                                     procedente del
                                                   Tribunal de Primera
          Apelante                                 Instancia, Sala
                                                   Superior de
              v.                KLAN202300908      Bayamón

     CC1 LIMITED                                   Civil núm.:
  PARTNERSHIP H/N/C                                BY2023CV02000
      COCA-COLA                                    (505)
     PUERTO RICO
      BOTTLERS                                     Sobre: Ley núm. 2
                                                   de 17 de octubre de
            Apelada                                1961; Ley núm. 100
                                                   de 30 de junio de
                                                   1959; Ley núm. 115
                                                   de 21 de diciembre
                                                   de 1961

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, el juez Rivera
Torres y la jueza Rivera Pérez.

Rivera Torres, Juez Ponente

                             SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2023.

      Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Daniel Aponte

Flecha (el apelante o el señor Aponte Flecha) mediante el recurso de

apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos la Sentencia

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón (el TPI), el 3 de octubre de 2023, notificada al día siguiente.

Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Con Lugar la

moción de desestimación presentada por CC1 Limited Partnership

h/n/c Coca-Cola Puerto Rico Bottlers (la apelada o Coca-Cola); y,

en consecuencia, desestimó con perjuicio la querella instada por el

apelante.

      Por     las     razones   que   expondremos    a     continuación,

modificamos la Sentencia y ordenamos la continuación del

Número Identificador
SEN2023____________________________
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procedimiento sumario en cuanto a la alegación dieciocho (18) de la

Querella; y así modificada, confirmamos.

                                       I.

       Conforme surge del expediente, el presente caso se remonta a

la radicación de una primera querella ante el TPI el 7 de octubre de

2022 por el señor Aponte Flecha.1 La misma trataba sobre una

reclamación de discrimen por edad en el empleo y represalia a base

de la Ley núm. 100 de 30 de junio de 1959, Ley Antidiscrimen de

Puerto Rico, 29 LPRA sec. 146 et seq., (Ley núm. 100) y de la Ley

núm. 115 de 21 de diciembre de 1991, Ley de Represalias, 29 LPRA

sec. 194 et seq., (Ley núm. 115). Además, este se acogió al

procedimiento sumario provisto por la Ley núm. 2 de 17 de octubre

de 1961, Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales,

32 LPRA sec. 3118 et seq., (Ley núm. 2). Indicó que tenía 58 años

de edad,2 y alegó que su supervisor, el Sr. Nelson Creque Torres (el

señor Creque Torres), mostró hacia él una conducta hostil, a través

de comentarios discriminatorios3 sobre su edad, críticas a su

desempeño y amenazas de despido. Igualmente, adujo que la esposa

del señor Creque Torres, la Sra. Leticia Díaz, también le hizo

comentarios de índole discriminatoria y lo amenazaba con que su

esposo lo iba a despedir.

       En respuesta a esta primera querella, la apelada presentó el

24   de   octubre     de   2022     una     contestación     y   solicitud    de

desestimación.4 Allí, negó la mayoría de las alegaciones y solicitó la

desestimación del reclamo bajo el principio de la Regla 10.2 (5) de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 10.2, la cual

permite a una parte solicitar la desestimación por la falta de exponer

1 A la referida querella se le asignó la clasificación alfanumérica Y2022CV05164.

Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 77-80.
2 Íd., a la pág. 77.
3 Íd., a la pág. 78.
4 Íd., a la pág. 82. Advertimos que tomamos conocimiento judicial del expediente

electrónico del caso BY2022CV05164, entrada 8, en el Sistema Unificado de
Manejo y Administración de Casos (SUMAC).
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una reclamación que justifique la concesión de un remedio. El 11

de noviembre de 2022, el señor Aponte Flecha sometió una

oposición,5 a la cual la apelada presentó una réplica.6

        Luego de los trámites procesales mencionados, el 2 de febrero

de 2023, el TPI dictaminó Ha Lugar al petitorio desestimatorio al

razonar que esta primera querella no fue lo suficientemente

específica (plausible) ni se demostraron prima facie los criterios

rectores de la Ley núm. 100 ni de la Ley núm. 115 como para ejercer

una causa de acción válida en derecho.7 Adicionalmente, respecto a

la Ley núm. 100 el foro apelado enfatizó que “… comentarios

aislados que no conlleven una decisión negativa sobre un empleado,

no constituyen evidencia de discrimen, y en consecuencia, no

pueden activar presunción alguna”.8 Del mismo modo, en cuanto a

la Ley núm. 115 expresó que al amparo de este estatuto “el empleado

deberá establecer prima facie que participó en una actividad

protegida, y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o

discriminado. Para ello, es menester probar un nexo causal entre la

conducta querellada y el daño sufrido, cosa que aquí ni siquiera se

ha alegado concretamente, mucho menos se ha ofrecido prueba

alguna para evidenciarlo”.9 El señor Aponte Flecha no solicitó

reconsideración ni presentó recurso de apelación, por lo que la

Sentencia advino final, firme e inapelable.

        Así las cosas, el 15 de abril de 2023, el apelante presentó una

segunda querella también al palio de la Ley núm. 100 y la Ley núm.

115.10 Como en la ocasión anterior, se acogió al procedimiento

sumario establecido en la Ley núm. 2. En síntesis, alegó

5 Íd., SUMAC, entrada 10.
6 Íd., SUMAC, entrada 11.
7 Íd., a las págs. 89-90.
8 Íd., a la pág. 90.
9 Íd.
10 Íd., a la pág. 8.
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nuevamente         haber     sido    objeto     de    comentarios   y   trato

discriminatorios por razón de su edad.

        El 1 de mayo de 2023, Coca-Cola instó una Moción de

desestimación y contestación a la querella. En esta, solicitó

primariamente que se desestimase el reclamo acorde con la

aplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada y lo dispuesto en la

Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, supra, por entender que

la segunda querella, una vez más, no aducía una causa de acción

que justificara la concesión de un remedio en ley.11 Al respecto,

abundó que en la primera querella ya se había resuelto lo

peticionado por el señor Aponte Flecha en la segunda querella,

según surgía de la Sentencia dictada el 2 de febrero de 2023 en el

caso BY2022CV05164.12

        Ante esto, el apelante presentó una Oposición a moción de

desestimación con relación a la doctrina de cosa juzgada.13 En

esencia, alegó que era improcedente la aplicación de cosa juzgada,

ya que, aunque esta fuese aplicada, no impedía que el apelante

pudiese radicar una segunda querella para plantear eventos

anteriores e incluir hechos nuevos que no fueron adjudicados en la

primera causa. Sostuvo también que, en cuanto a los hechos ya

adjudicados en la primera querella, estos fueron probados y por tal

motivo, tienen que ser interpretados como ciertos en la segunda

reclamación.14 A su vez, adujo que, al interpretar todas las

alegaciones de manera conjunta, se cumplía con el criterio de

presentar un caso prima facie de discrimen y represalias.

        Analizadas las mociones, el TPI dictó la Sentencia apelada

razonando que “... el señor Aponte no logra, otra vez, presentar

hechos que demuestre[n] que tiene un caso prima facie por

11 Íd., a las págs. 13-54, con anejos a las págs. 55-69.
12 Íd., a las págs. 13-20.
13 Íd., a las págs. 70-76.

14 Íd. a la pág. 71.
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discrimen o por represalias. De los hechos presentados, tanto en la

querella como en la solicitud de desestimación e, incluso, en la

oposición, queda claro que lo que realmente el señor Aponte desea

es presentar una apelación fuera de tiempo y ante el foro

incorrecto”.15 Con relación a la aplicación de la doctrina de cosa

juzgada; dispuso lo siguiente:16

               No hay dudas de que la primera querella, presentada
            en el caso civil núm. BY2022CV05164, por el señor
            Aponte, en lo esencial, es idéntica a la que atendemos
            en este momento. Aunque la querella ante nuestra
            consideración se presenta con algunas cosas
            distintas, como fechas en que supuestamente
            ocurrieron los hechos, realmente esto no es otra cosa
            que un intento de presentar los mismos hechos bajo
            una descripción más específica, por ejemplo, cuando
            ocurrieron los supuestos hechos de discrimen, y al
            igual que en la primera querella, no hay realmente
            nada que podamos decir que es nuevo y no fue
            atendido y resuelto por el tribunal, anteriormente. En
            esencia, todo lo que el querellante alega fue resuelto
            por la jueza Pintado, cuando desestimó la querella con
            perjuicio. Además, no hay duda de que las partes son
            las mismas, por lo que podemos decir que existen
            identidad de causas; una acción de discrimen por
            edad y represalias contra su patrono CCPRB. [Énfasis
            nuestro]

        Inconforme, el apelante recurre ante esta Curia imputándole

al foro primario haber incurrido en los siguientes errores:17

            PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA
            Y DESESTIMAR LA QUERELLA RADICADA POR EL
            APELANTE BAJO LAS DOCTRINAS DE COSA
            JUZGADA E IMPEDIMENTO COLATERAL, DEBIDO A
            QUE LA QUERELLA DESESTIMADA ESTABA BASADA
            EN HECHOS OCURRIDOS POSTERIORES A LA
            SENTENCIA DICTADA POR EL TPI EN UN CASO
            RADICADO POR EL APELANTE PREVIAMENTE.

            SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI, POR MOTIVO A QUE
            AQUILATÓ Y EVALUÓ LAS ALEGACIONES EN LA
            MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN RADICADA POR LA
            APELADA BAJO LA [R]EGLA 10.2 DE LAS REGLAS DE
            PROCEDIMIENTO CIVIL Y TOMÓ COMO CIERTAS, Y
            LE   DIO   COMPLETA    CREDIBILIDAD    A  LAS
            ALEGACIONES DE LA APELADA SIN TOMAR COMO
            CIERTAS, Y SIN TAN SI QUIERA CONSIDERAR LAS
            ALEGACIONES DEL APELANTE EN SU QUERELLA.

            TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR
            SENTENCIA Y DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN
            DE APONTE DE REPRESALIA[S] CUANDO LA
            ACTIVIDAD PROTEGIDA EN QUE INCURRIÓ APONTE

15 Íd., a la pág. 6.
16 Íd., a la pág. 5.
17
  Precisa advertir que resumimos los señalamientos de error formulados por el
apelante en el recurso.
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          OCURRIÓ POSTERIOR A LA PRIMERA QUERELLA
          RADICADA Y POSTERIOR TAMBIÉN A LA SENTENCIA
          DICTADA EN ESE PRIMER CASO.

       El 17 de octubre de 2023, emitimos una Resolución

concediéndole a la parte apelada el término de treinta (30) días para

expresarse. Transcurrido dicho término, sin que la parte cumpliera

con dicha orden, decretamos perfeccionado el recurso y resolvemos

sin su comparecencia.

       Analizado el expediente apelativo; así como estudiado el

derecho aplicable, resolvemos.

                                      II.

Doctrina de cosa juzgada y su modalidad de impedimento
colateral por sentencia

       El Código Civil de 2020, Ley núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 5311

et seq., no contiene una disposición específica que contenga los

postulados de la doctrina o excepción de cosa juzgada o exceptio rei

judicatae.18 Sin embargo, se mantiene en nuestro ordenamiento

dicha doctrina de raigambre romana basada en el Artículo 1204 del

Código Civil de 1930. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR

139 (2008).

       El efecto de esta doctrina es que la sentencia decretada en un

pleito anterior impide que en un pleito posterior se litiguen entre

las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las

cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción

previa. Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Pagán

Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 732-733 (1978); Mercado Riera

v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 950 (1972).

       En reiteradas ocasiones, se ha determinado que la aplicación

de la doctrina de cosa juzgada es provechosa y necesaria para la

 Refiérase al derogado Artículo 1204 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec.
18

3343.
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sana administración de la justicia. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo &

Assoc., supra, a la pág. 151. A través de esta se promueve el interés

del Estado en ponerle punto final a los litigios, de manera que estos

no se eternicen y se otorgue la debida dignidad a las actuaciones

de los tribunales. Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).

      De otra parte, mediante la referida doctrina se protege a los

ciudadanos de las molestias y vicisitudes que supone litigar dos

veces la misma causa de acción o aquellas que pudieron haberse

litigado en dicha ocasión. Pérez v. Bauzá, supra; Parrilla v.

Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). De lo anterior podemos colegir

que el propósito de cosa juzgada es imprimir finalidad a los

dictámenes judiciales, de manera que las resoluciones contenidas

en estos concedan certidumbre y certeza a las partes en el

litigio. Parrilla v. Rodríguez, supra.

      Como es sabido, la doctrina de cosa juzgada es una defensa

afirmativa y para ser invocada exitosamente, es preciso que entre el

caso resuelto por la sentencia y en el caso que se invoca la misma,

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas,

las personas de los litigantes y la calidad con que lo

fueron. Méndez v. Fundación, supra, a la pág. 267. Es solo cuando

se cumplen con estos requisitos que se activa la presunción de res

judicatae. Ello así, siempre y cuando la sentencia anterior fue

emitida por un tribunal competente, con jurisdicción y dicha

decisión advino final y firme. Bonafont Solís v. American Eagle,

143 DPR 374, 383 (1997). No obstante, aun cuando concurran los

mencionados requisitos, en ciertas ocasiones se ha declinado la

aplicación de la defensa de cosa juzgada para evitar una injusticia o

cuando se plantean consideraciones de interés público. Meléndez v.

García, 158 DPR 77, 92 (2002). Ahora bien, no se favorece la

aplicación liberal de excepciones a la doctrina de cosa juzgada

puesto que se puede afectar la finalidad de las controversias
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adjudicadas, y por ende el buen funcionamiento del sistema

judicial. Parrilla v. Rodríguez, supra, a la pág. 271.

      Por otro lado, se reconoce en nuestro acervo jurídico la figura

del impedimento colateral por sentencia como una modalidad de la

doctrina de cosa juzgada. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc.,

supra, a la pág. 152. El impedimento colateral por sentencia “surte

efectos cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una

sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia válida y

final, [y] tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre

las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción

distintas.” A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762

(1981). Es decir, el impedimento colateral por sentencia impide que

se litigue, en un litigio posterior, un hecho esencial que fue

adjudicado mediante sentencia final en un litigio anterior. P.R.

Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, a la pág. 152. No obstante,

a diferencia de la doctrina de cosa juzgada, la aplicación de la figura

de impedimento colateral por sentencia no exige la identidad de

causas, esto es, que la razón de pedir plasmada en la demanda sea

la misma en ambos litigios. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas,

131 DPR 212, 219 (1989).

      Sobre la identidad de causas, en A & P Gen. Contractors, v.

Asoc. Caná, supra, a la pág. 765, el Tribunal Supremo señaló que

en el contexto particular de la doctrina de cosa juzgada y

de impedimento colateral por sentencia, tal requisito significa el

fundamento capital, es decir, el origen de las acciones o

excepciones planteadas y resueltas. Al igual que la doctrina de cosa

juzgada, el propósito de la figura del impedimento colateral por

sentencia es promover la economía procesal y judicial y amparar a

los ciudadanos del acoso que necesariamente conlleva litigar en

más de una ocasión hechos ya adjudicados. P.R. Wire Prod. v. C.

Crespo & Assoc., supra, a la pág. 152. El impedimento colateral por
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sentencia se manifiesta en dos modalidades, la defensiva y la

ofensiva. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, a la pág. 758.

La modalidad defensiva le permite al demandado levantar la

defensa de impedimento colateral por sentencia, a los fines de

impedir la litigación de un asunto levantado y perdido por el

demandante de un pleito anterior frente a otra parte. Íd. De otro

lado, la modalidad ofensiva es articulada por el demandante en

un litigio posterior para impedir que el demandado relitigue los

asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte. Íd. Como se

puede apreciar, el denominador común entre ambas modalidades es

que la parte afectada por la interposición del impedimento colateral

ha litigado y ha perdido el asunto en el pleito anterior. Íd.; Véase,

además, P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, a la pág. 153.

      Como corolario de lo anterior, es inevitable concluir que no

procede la interposición de la doctrina de impedimento colateral por

sentencia -ya sea en su vertiente ofensiva o defensiva- cuando la

parte contra la cual se interpone (1) no ha tenido la oportunidad de

litigar previamente el asunto, y (2) no ha resultado ser la parte

perdidosa en un litigio anterior. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo &

Assoc., supra, a la pág. 153.

Moción de desestimación

      Nuestro máximo foro ha expresado que, una moción de

desestimación que alegue que la demanda deja de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio se dirige a los

méritos de la controversia. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157

DPR 96, 104 (2002). Por tal razón, la desestimación de la causa de

acción versará sobre los méritos del caso y no sobre los aspectos

procesales que contemplan los demás incisos de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra, a las

págs. 104-105 (cita omitida). En lo pertinente, consignamos que la

desestimación de una reclamación es un pronunciamiento judicial
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que, cuando se entiende como una resolución del caso en los

méritos, ha sido caracterizada como “la sanción máxima, la pena de

muerte procesal, contra una parte”. VS PR, LLC v. Drift-Wind, 207

DPR 253, 264 (2021).19

       La importancia de conocer el efecto de la desestimación

estriba en que, si se considera una adjudicación terminante, no

podría volverse a presentar una demanda sobre la misma

controversia por ser de aplicación la doctrina de cosa juzgada. Íd., a

la pág. 265.20

       Por    último,    destacamos       la   Regla     39.2(c)    de   las    de

Procedimiento Civil, la cual indica que: “A menos que el tribunal lo

disponga de otro modo en su orden de desestimación, una

desestimación       bajo     esta    Regla      39.2    y     cualquier        otra

desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de

jurisdicción o por haber omitido acumular una parte indispensable,

tienen el efecto de una adjudicación en los méritos”.21 32 LPRA

Ap. V, R. 39.2. De igual manera, una desestimación con perjuicio se

entenderá que hubo una adjudicación en los méritos, lo que

impediría que el demandante pueda presentar nuevamente su

reclamo. Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453,

461 (2012).

                                       III.

       El apelante señaló tres errores cometidos por el foro inferior

al desestimar la querella, los cuales por estar relacionados entre sí,

procederemos a discutirlos conjuntamente.

       En primer lugar, se nos alega un error cometido en cuanto a

la desestimación de la segunda querella al tenor de la doctrina de

cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. Al respecto, y

19 Citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, a la pág. 250.
20 Citando a Díaz Maldonado v. Lacot, 123 DPR 261, 274-275 (1989).
21 Énfasis nuestro.
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como indicamos, el TPI concluyó que la primera querella es idéntica

a la que atendemos, y solo es otro intento del apelante de presentar

los mismos hechos bajo una descripción más específica. Por ende,

se hace necesario que analicemos los criterios a satisfacer para que

proceda la doctrina de cosa juzgada, puesto que su aplicación no es

automática. Parrilla v. Rodríguez, supra, a las págs. 270-271. En

este sentido, su aplicación se trata, ab ovo, de cumplir con la más

perfecta identidad entre las cosas; las causas; las personas de los

litigantes y la calidad con que lo fueron.

       En cuanto al último criterio, “[e]ste requisito se extiende a

querer intervenir en el proceso a nombre, y en interés propio. En

otras palabras, las personas que son parte en ambos procedimientos

deben ser las mismas …”.22 Es evidente que el requerimiento acerca

de las personas de los litigantes se cumple en esta ocasión, puesto

que en esta segunda querella están las mismas partes que

integraron la primera: el señor Aponte Flecha y Coca-Cola.23

       Ahora bien, respecto a la identidad entre las causas, este

supuesto se refiere a que las dos acciones ejercitadas implican un

mismo motivo o razón de pedir.24 Es decir, si ambas reclamaciones

se basan en la misma transacción o núcleo de hechos.25 A lo cual

añade que “[s]on los hechos, y no la forma en que se titule el recurso

lo que debe servir de base para resolver sobre la identidad de las

acciones en casos de cosa juzgada”.26 Asimismo sobre este criterio,

menciona la Dra. Ruth E. Ortega Vélez que “[p]oco importa si ambos

pleitos se originan bajo leyes diferentes, pues el mismo derecho

puede ser protegido por más de una disposición legal. Lo importante

es que la causa o razón para reclamar de ambos pleitos surja de un

22  Véase, J. Cuevas Segarra, Las Medidas Cautelares y la Ejecución de la
Sentencia, Barcelona, Ed. BOSCH, 2020, a la pág. 474.
23 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, a la pág. 3.
24 Véase, Cuevas Segarra, op. cit., a la pág. 473.
25 Íd., a la pág. 474 (citas omitidas).
26 Íd. (cita omitida).
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núcleo común de hechos operacionales, que sea una repetición

fáctica, o que surja de una misma conducta, transacción u

ocurrencia”.27

       A la luz de lo mencionado, resulta que, en la controversia que

nos compete también concurre una identidad de causas porque los

hechos alegados entre la primera y la segunda querella, como se

ilustrará más adelante, son los mismos, y en especial, cuando

fechan desde el 2019.28 Ciertamente el motivo de pedir entre la

primera y la segunda querella es el mismo, o sea, una causa de

acción que nace de la ilegalidad de discriminar a un empleado en el

ambiente de trabajo por razón de su edad y las represalias que

presuntamente esto acarreó a base a los hechos ocurridos hasta ese

momento en la primera querella. Por tanto, la causa en ambas

reclamaciones surge de un núcleo común y una misma conducta.

       Por último, se exige que también concurra la más perfecta

identidad entre las cosas. Lo esencial sobre este particular es

determinar que ambos litigios se refieran a un mismo asunto.29

Además, para corroborar que existe identidad de cosas, es menester

determinar si un juez está expuesto a contradecir una decisión

anterior afirmando un derecho nacido o naciente. Para esto, se tiene

que identificar el bien jurídico cuya protección o concesión se

solicita del juzgador.30 Así, se constituye el requisito de identidad de

causas “cuando la nueva acción estuviera como embebida en la

primera, o fuese consecuencia inseparable de la misma”. José María

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII,

Vol. II, a las págs. 303-04 (Sexta Edición, 1967), citado con

aprobación en Mercado Rivera v. Mercado Rivera, supra, a las págs.

951-952. Por ambas causas de acción referirse al mismo asunto, el

27 R. Ortega Vélez, Doctrinas Jurídicas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2da

ed., San Juan, Ed. SITUM, 2021, a la pág. 65.
28 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 9.
29 Véase, Cuevas Segarra, op. cit., a la pág. 473 (citas omitidas).
30 Íd.
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caso de autos también cumple con el requisito de identidad de cosas.

Del mismo modo, al concurrir las mismas causas, no amerita

indagar sobre la aplicación de la modalidad de impedimento

colateral.

          En fin, de una somera lectura es evidente que la segunda

querella es una copia casi exacta de la primera. En la segunda

reclamación se parafrasean las alegaciones anteriores y se

añaden detalles tales como fechas. Ello, como bien señaló el foro

primario. Incluso, las fechas añadidas corresponden a eventos que

fueron o debieron ser incluidos en la primera causa de acción. A

manera ilustrativa, veamos algunas alegaciones según plasmadas

en ambos reclamos, a las que hemos impartido énfasis con fines

comparativos:31

             Primera querella

             10. Creque, le ha quitado deberes y responsabilidades
             de importancia a Aponte y le ha asignado los mismos a
             otros empleados, lo que ha afectado negativamente el
             que Aponte pueda realizar los deberes y funciones que
             Creque le ha dejado a este, que son los deberes y
             funciones que requieren un mayor esfuerzo físico de
             Aponte para poder realizar los mismos. Aponte, por
             motivo a las acciones de Creque en su contra
             anteriormente descritas, y a las asignaciones de trabajo
             de Creque al querellante, se ha lesionado en varias
             ocasiones por motivo a esfuerzo físico que tiene que
             hacer solo, para poder realizar las funciones asignadas
             por Creque.

             13. La Sra. Leticia, quien es la esposa de Creque, y
             trabaja en la querellada, en las ocasiones en que tiene
             que realizar algún trabajo con Aponte y/o que necesita
             alguna información de Aponte, constantemente le hace
             comentarios a Aponte, de que no sirve, de que no sabe
             hacer nada, de que la información y el trabajo efectuado
             por Aponte, no sirve, y de que, su esposo eventualmente
             lo despedirá.

             16. Creque, en las reuniones con otros empleados y
             supervisores, constantemente se dedica a ridiculizar a
             Aponte y humilla a Aponte, a criticar el desempeño de
             Aponte por razones falsas e injustificadas, y
             constantemente amenaza a Aponte con que lo va a
             despedir, no empecé a que Aponte, en todo momento
             ha cumplido con todos sus deberes y funciones.

31
     Itálicas y subrayado nuestro.
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        Segunda querella

        10. Creque, desde aproximadamente el mes de enero
        del 2019, hasta el presente, le ha quitado deberes y
        responsabilidades     de    importancia    a   Aponte
        relacionados a la supervisión de empleados y le ha
        asignado los mismos al Sr. Orlando Serrano, lo que ha
        afectado negativamente el que Aponte pueda realizar
        los deberes y funciones que Creque le ha dejado a este,
        que son los deberes y funciones cargando y moviendo
        máquinas y equipos en rutas, que requieren un mayor
        esfuerzo físico de Aponte para poder realizar los
        mismos. Aponte, por motivo a las acciones de Creque
        en su contra anteriormente descritas, y a las
        asignaciones de trabajo de Creque al querellante,
        cargando y moviendo máquinas, por motivo de lo cual
        se ha lesionado en varias ocasiones por motivo a
        esfuerzo físico que tiene que hacer, solo, para poder
        cumplir con las metas asignadas por Creque.

        13. La Sra. Leticia, quien es la esposa de Creque, y
        trabaja en la querellada, desde el mes de enero del
        2020, hasta el presente, en las ocasiones en que tiene
        que realizar algún trabajo con Aponte y/o que necesita
        alguna      información     de     Aponte,    que     es
        aproximadamente 1 o 2 veces a la semana,
        constantemente le hace comentarios a Aponte, de que
        Aponte no sirve, y que Aponte no sabe hacer nada, de
        que la información y el trabajo efectuado por Aponte, no
        sirve, y de que su esposo eventualmente lo despedirá
        porque está viejo y no sirve.

        16. Creque, en las reuniones semanales con otros
        empleados y supervisores, constantemente se dedica a
        ridiculizar a Aponte y humilla a Aponte frente a los otros
        empleados, y hasta inclusive le grita a Aponte, y critica
        negativamente el desempeño de Aponte, por razones
        falsas e injustificadas, y constantemente amenaza a
        Aponte con que lo va a despedir, no empecé a que
        Aponte, en todo momento ha cumplido con todos sus
        deberes y funciones.

      Como indicamos, el efecto de la doctrina de cosa juzgada es

que la sentencia decretada en un pleito anterior impide que en uno

posterior se disputen entre las mismas partes y sobre la misma

causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas,

y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con

propiedad en la acción previa. Por ende, no hay duda alguna que

las alegaciones contenidas en la segunda querella son las mismas.

Recordemos que la primera querella fue desestimada por motivo de

lo que concierta la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, y

dicha desestimación constituye una adjudicación en los méritos. Por

consiguiente, el apelante no podía argüir nuevamente los mismos
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hechos que alegó en la primera querella, ni mucho menos pretender

enmendar las alegaciones de la primera querella presentando una

segunda querella solamente añadiendo ciertos detalles y fechas, los

cuales debieron ser expuestos en su primer reclamo.

        En este sentido, y en su lugar, el apelante debió solicitar una

reconsideración del primer dictamen al foro primario o apelar ante

esta Curia, dentro de los términos correspondientes para ello. Sin

embargo, este se cruzó de brazos. Reiteramos las palabras del

Tratadista Hernández Colón, en cuanto a que la desestimación ha

sido caracterizada como “la sanción máxima, la pena de muerte

procesal, contra una parte”. Hernández Colón, op. cit., a la pág. 250.

        Añadimos, como correctamente determinó el foro apelado,

“[d]e los hechos presentados, tanto en la querella como en la

solicitud de desestimación e, incluso, en la oposición, queda claro

que lo que realmente el señor Aponte desea es presentar una

apelación fuera de tiempo y ante el foro incorrecto. Si el

querellante no estaba de acuerdo con lo resuelto por la Honorable

Vanessa Pintado, este debió presentar un recurso ante el Tribunal

de Apelaciones dentro del término señalado en las Reglas de

Procedimiento Civil”.32 [Énfasis nuestro]

        Ahora bien, al analizar el criterio de identidad de cosas,

encontramos que este no aplica a la represalia alegada en el inciso

dieciocho (18) de la querella de autos, la cual reza como sigue:

           “Posterior a la radicación de la Querella, el 10 de
           diciembre de 2022, y luego de que la misma fuera
           desestimada, Creque, semanalmente, se burla de
           Aponte por motivo a que su Querella fue desestimada y
           se refiere a Aponte con comentarios de que Aponte es
           un viejo embustero y que por motivo a Aponte radicar
           una querella en su contra, va a despedir a Aponte, y
           que la compañía iba a despedir a Aponte por motivo a
           la Querella radicada”.33

32 Véase, Apéndice del Recurso, a las págs. 6-7.
33 Íd., a la pág. 11.
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      Este suceso manifiestamente demuestra ser uno nuevo, cosa

distinta, y no esbozado en la primera querella, ya que según se

alegó, ocurre después de finalizado el pleito BY2022CV05164. Por

ende, la identidad de cosas no se cumple en cuanto a lo especificado

en la alegación del inciso citado. Esto es así, porque al tratarse de

un hecho ocurrido con posterioridad y por motivo de la presentación

de la primera querella, este no fue considerado al momento de

dictarse la sentencia en el caso previo. Así pues, su adjudicación no

estaría expuesta a contradecir la decisión final y firme ya emitida en

un caso anterior.

      En fin, concluimos que, en cuanto a este suceso en específico,

el TPI cometió el error al aplicarle la doctrina de cosa juzgada y de

impedimento colateral por sentencia. Decididamente, al examinar la

alegación citada lo más liberalmente posible a favor del apelante, y

tomando el hecho incluido como cierto, la misma establece una

nueva reclamación plausible de represalias al amparo de la Ley

núm. 115.

      De otra parte, recordemos que los criterios dispuestos en

nuestra casuística para el análisis de una solicitud de desestimación

al palio de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra,

requiere que las alegaciones, aun cuando no son hechos probados,

deben tomarse como ciertas e interpretadas liberalmente a favor del

demandante. Por lo que, la causa de acción únicamente debe

desestimarse   cuando,    de   las   alegaciones   analizadas,   surge

indubitadamente que no procede conceder remedio alguno a favor

del demandante.

      En consecuencia, es contrario a derecho los argumentos del

apelante al señalar que los hechos de la primera querella fueron

adjudicados por lo que pueden ser parte de la segunda querella para

en conjunto establecer un caso prima facie. En relación a esto,

destacamos que una vez alegados los elementos que dan lugar a una
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causa de acción, establecer un caso prima facie requiere también la

presentación de prueba y luego de activada la presunción lo que

corresponde entonces al patrono es derrotar la misma. López

Fantauzzi, et. al. v. 100% Natural, et al., 181 DPR 92 (2011). En el

caso de autos, le correspondía al señor Aponte Flecha alegar

correctamente los hechos nuevos que entendía daban a lugar una

querella distinta, tal y como lo hizo con la represalia alegada en el

inciso número 18 de esta segunda querella. Como es alto conocido

los argumentos presentados en las mociones no enmiendan la

demanda. Además, no obviemos que estamos ante un procedimiento

sumario, al amparo de la Ley núm. 2 el cual instituye un

procedimiento de adjudicación de pleitos laborales dirigido a la

rápida consideración y resolución. Esto, concediendo un trámite

procesal con términos cortos y criterios limitados en la aplicación de

las Reglas de Procedimiento Civil. Además, una vez contestada la

querella el juicio se celebrará sin sujeción a calendario a instancias

del querellante, previa notificación al querellado. 32 LPRA sec. 3121.

      Por último, no era menester del TPI entrar en los méritos de

la decisión referente a la primera querella cuando dicha Sentencia

constituyó una adjudicación en sus méritos que advino final, firme

e inapelable. Lo correspondiente era evaluar si aplicaba la

doctrina de cosa juzgada al pleito ante sí. Por lo que, resultó

contradictorio en derecho y totalmente desacertado dar por

probados todos los hechos presentados por el apelado y determinar

que esencialmente, demostraban antes y ahora que el querellante no

fue discriminado, ni sufría de un patrón de represalias. Asimismo,

destacamos que en un procedimiento sumario el apelante no tiene

que negar los hechos aducidos en la contestación a la querella como

señaló el foro apelado. Por ende, erró al entrar a adjudicar los hechos

alegados en ambas querellas al amparo de la Ley núm. 100. Sin
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embargo, este error en nada incide sobre nuestro dictamen relativo

a la doctrina de cosa juzgada.

      En resumen, el TPI no erró al considerar que al presente caso

le aplicaba la doctrina de cosas juzgada. Ahora bien, sí actuó

incorrectamente al extender la misma a la alegación número 18 de

la segunda querella instada, según explicamos. Ello así, ya que, a

nuestro juicio, dicha alegación sí expone una nueva reclamación que

justifica la concesión de un remedio. Por lo cual, procede que

modificamos el dictamen apelado solo a estos fines.

                                 IV.

      Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la

Sentencia apelada a los únicos efectos de que continúe el

procedimiento sumario, en cuanto a la alegación 18 de la querella

de autos sobre represalias, por no aplicarle la doctrina de cosa

juzgada. Así modificada, confirmamos.

      Notifíquese.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones