Court Opinion

ID: 9928465
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:16:50.34035+00
Date Added: 2024-06-11T09:51:33.143867
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IV

  JUAN VÁZQUEZ TORRES                                Apelación
                                                     procedente del
             Apelante                                Tribunal de
                                                     Primera Instancia,
                v.                                   Sala de Caguas
                                   KLAN202300975
     ANDREA LINNETTE                                 Caso Número:
     ACEVEDO PIÑERO                                  CG2022RF00573

             Apelado
                                                     Sobre: Filiación-
                                                     Impugnación de
                                                     presunción de
                                                     paternidad/
                                                     maternidad
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                              SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

       Comparece Juan A. Vázquez Torres (Sr. Vázquez Torres o

apelante) y nos solicita la revocación de la Sentencia que emitió y

notificó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI o foro

primario) el 1 y 11 de septiembre de 2023, respectivamente. En ella,

el foro primario desestimó con perjuicio la Demanda1 sobre

impugnación de paternidad que instó el Sr. Vázquez Torres en

contra de Andrea Linnette Acevedo Piñero (Sra. Acevedo Piñero).

       Por   los     fundamentos   que   exponemos    a   continuación,

confirmamos el dictamen apelado.

                                    I.

       El 18 de agosto de 2022, el Sr. Vázquez Torres incoó la causa

de acción de epígrafe y allí expuso haberse realizado dos pruebas de

paternidad que arrojaron un resultado genético negativo. Como

parte de su reclamación, solicitó que se ordene al Registro

Demográfico eliminar su nombre del encasillado correspondiente al

nombre del padre del menor (SAVA). En respuesta, la Sra. Acevedo

1 Apéndice, págs. 14-15.

Número Identificador

SEN2023________
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Piñero presentó una alegación responsiva2 en la cual expuso que, el

Sr. Vázquez Torres reconoció voluntariamente al menor SAVA como

hijo el 2 de enero de 2008 y que, presuntamente, declinó su derecho

a realizarse la prueba de paternidad a la fecha de su nacimiento, a

sabiendas de que la relación de pareja entre las partes no era

exclusiva. Allí, también, solicitó la desestimación de la demanda por

prescripción, para lo cual invocó el Artículo 575 del Código Civil de

Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 7129.

       Al cabo de varios meses y en igual fecha, el foro primario le

designó al menor una defensora judicial y ordenó al Sr. Vázquez

Torres mostrar causa por la cual no debe desestimar su causa de

acción. Lo antes, debido a que SAVA es parte indispensable y no

obra como parte demandada.

       En respuesta, el Sr. Vázquez Torres solicitó autorización para

enmendar la demanda, producto de lo cual, el foro primario emitió

una Orden y en ella le concedió un término perentorio de diez días

para dar cumplimiento a su requerimiento previo. En atención a lo

anterior, el 21 de marzo de 2023, el Sr. Vázquez Torres instó una

Urgente Moción Solicitando Tiempo Adicional y Orden de Protección

del Bienestar del Menor S.A.V.A. En ella, hizo constar que, el menor

desconoce de la demanda de epígrafe por lo cual propuso remedios

alternos que, a su entender, redundan en la protección y el bienestar

del menor, entre ellos, que su emplazamiento se autorice a través de

la Sra. Acevedo Piñero.

       Separadamente, pero en igual fecha, el Sr. Vázquez Torres

presentó la Demanda Enmendada3 a los fines de incluir al menor

como demandado. Por último, compareció mediante una moción en

cumplimiento de orden.4 En ella argumentó que, la Regla 4.5 de las

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.5, autoriza que

2 Apéndice, págs. 24-25.
3 Apéndice, págs. 37-38.
4 Apéndice, págs. 39-40.
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el emplazamiento a un menor se realice a través de la defensora

judicial o de la madre custodia. Lo antes, en su intento de evitar

emplazar directamente al menor, quien desconoce sobre la

existencia de la presente causa de acción. En respuesta, el foro

primario decretó prematura la enmienda a la demanda.5

       De otra parte, la Sra. Acevedo Piñero insistió en que procede

la desestimación de la reclamación de epígrafe debido a que el Sr.

Vázquez Torres no dio cumplimiento a la orden de mostrar causa

del TPI. Expuso, además, que el Sr. Vázquez Torres declinó

voluntariamente hacerse la prueba de paternidad hace 15 años.6 A

esos efectos, citó el Artículo 575 del Código Civil de Puerto Rico,

supra, el cual provee un año para instar una acción de impugnación

de paternidad, contado a partir de que el impugnador tiene indicios

o conoce hechos que confieren una duda verdadera sobre un error

en la filiación.

       A lo antes, el Sr. Vázquez Torres ripostó que no es hasta el

mes de julio de 2022 que conoció hechos que crearon duda sobre su

paternidad cuando obtuvo un resultado negativo de la primera

prueba genética realizada. Añadió que, la Sra. Acevedo siempre le

hizo creer que SAVA era su hijo.

       Análogamente, la Lic. Madeline Rosa Flores, defensora judicial

de SAVA, instó un petitorio de desestimación7 y allí discutió que el

menor de edad cuya filiación se impugna es parte indispensable, sin

que sea suficiente demandar a quien ostenta su patria potestad.

Sostuvo que, el menor ha de ser emplazado personalmente con copia

de la demanda, sin intermediarios, lo cual no ha ocurrido. Arguyó

además que, la causa de epígrafe carece de especificidad en cuanto

a las razones que motivaron al Sr. Vázquez Torres a realizarse la

5 Apéndice, pág. 41.
6 Moción en cumplimiento de orden, Apéndice, págs. 42-43.
7 Apéndice, págs. 55-69.
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prueba de paternidad y a la fecha cierta en que se originó la duda

de su filiación.

       En reacción, el TPI ordenó al Sr. Vázquez Torres emplazar al

menor conforme a las Reglas de Procedimiento Civil en un término

no mayor de 20 días. El 7 de julio de 2023, el Sr. Vázquez Torres

compareció mediante Moción aclaratoria y en solicitud que se expida

emplazamiento para cumplimiento de orden.8 Alegó que, mantuvo en

suspenso el emplazamiento del menor luego de que el TPI dispuso

que la enmienda a la demanda era prematura. Allí, también, solicitó

al foro primario que ordene la expedición del emplazamiento a favor

del menor.

       Luego de varias incidencias procesales que no es necesario

pormenorizar, el foro primario se negó a desestimar la causa de

epígrafe y ordenó el diligenciamiento del emplazamiento al menor

mediante Resolución notificada el 10 de agosto de 2023. Sin

embargo, el 24 de agosto de 2023, el Sr. Vázquez Torres instó una

solicitud para expedir un nuevo emplazamiento. Ello, debido a que,

el nombre del menor a emplazar consta escrito en el emplazamiento

originalmente sometido con ambos apellidos de la madre, debido a

un presunto error clerical.9

       En reacción, el 4 de septiembre de 2023, la defensora judicial

reiteró su petitorio de desestimación. Ello, bajo el fundamento de

que, tomando como cierto que el 21 de julio de 2022 es cuando el

Sr. Vázquez Torres conoció los hechos que crearon duda sobre su

filiación con SAVA, ha transcurrido más de un año sin que el menor

haya sido emplazado, por lo cual, a su entender, la presente causa

de acción caducó por sus propios términos.

        Evaluado lo anterior, el TPI emitió la Sentencia impugnada

mediante la cual desestimó con perjuicio la demanda de epígrafe.

8 Apéndice, págs. 70-71.
9 Apéndice, pág. 72.
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En su dictamen, el foro primario dispuso que, el menor es parte

indispensable en la presente causa de acción de impugnación de

paternidad y, por consiguiente, debió ser emplazado dentro del

término de caducidad de un año que establece el Artículo 575 del

Código Civil de Puerto Rico de 2020, supra. El referido dictamen fue

objeto de reconsideración producto de lo cual, el 3 de octubre de

2023, el TPI notificó su Resolución sobre Reconsideración en la cual

proveyó no ha lugar.

      Inconforme, el apelante acude ante esta Curia mediante el

recurso de epígrafe y argumenta que:

      Erró el TPI al tratar la contestación a demanda como
      una moción de desestimación sin la Apelada levantar
      defensas afirmativas y no aplicando la norm[a] de dar
      por ciertas las alegaciones en la demanda.

      Erró el TPI al resolver que el término de caducidad de
      un año en el Artículo 575 del Código Civil absorbe el
      término para emplazar de 120 días en la Regla 4.3 de
      Procedimiento Civil, pero al mismo tiempo, extendiendo
      el mismo lo suficiente para subsanar su error de no
      emitir emplazamiento a nombre del menor junto con su
      orden para emplazarlo dentro del término de caducidad
      que según su Sentencia absorbe el término para
      emplazamiento.

      Erró el TPI al computar contra el Apelante el término de
      meses que mantuvo la Demanda Enmendada
      paralizada al declararla “prematura” hasta el 5 de julio
      de 2023, cuando ordenó emplazar al Apelado S.A.V.A. y
      no adjudicar la moción solicitando autorización para
      enmendar la demanda por meses en violación a la Regla
      24 de las Reglas para Administración del Tribunal de
      Primera Instancia.

      En cumplimiento con nuestra Resolución, separadamente, la

defensora judicial y la Sra. Acevedo Piñero comparecieron mediante

sus respectivos alegatos en oposición. Argumentaron ambas que,

ante un procedimiento de impugnación de paternidad, gobierna el

Código Civil por encima de las Reglas de Procedimiento Civil.

Añadieron que, el Sr. Vázquez Torres enmendó la demanda

oportunamente a los fines de incluir al menor como demandado, sin

embargo, no lo emplazó conforme a derecho y dentro del término de

caducidad de un año que provee el Artículo 575 del Código Civil de
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Puerto Rico, supra. Sobre tales bases exponen que, el foro primario

actuó correctamente al desestimar la demanda de epígrafe.

      Con el beneficio de las comparecencias de las partes,

procedemos a resolver.

                                 II.

   A. Impugnación de paternidad

      El Artículo 575 del Código Civil de Puerto Rico, supra, dispone

un término de caducidad para instar una acción impugnatoria de

paternidad o maternidad. En particular establece que: “[l]a acción

para impugnar la paternidad o la maternidad caduca al año desde

que el impugnador tiene indicios o conoce hechos que crean una

duda verdadera sobre la inexactitud de la filiación.”

      En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 675-676

(2012), el Tribunal Supremo resolvió que, transcurrido el término de

caducidad que establece el Artículo 117 del Código Civil (hoy

Artículo 575), la acción de impugnación de paternidad habrá muerto

sin que el presunto padre legal pueda ejercer acción impugnatoria

alguna, independientemente de que la paternidad se haya originado

bajo la presunción matrimonial o por reconocimiento voluntario.

   B. Caducidad y prescripción

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, la

diferencia crucial entre la caducidad y la prescripción es que la

prescripción admite interrupción mientras que la caducidad no.

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra. Por consiguiente, ante una

causa de acción con término de caducidad, el mero transcurso del

tiempo extingue el derecho a instarla. Íd.

      Surge claramente del Artículo 575 del Código Civil, supra, que

el término aplicable a una causa de acción sobre impugnación de

paternidad es de caducidad. Lo antes responde al interés del Estado

de promover la estabilidad sobre las relaciones filiatorias. Íd.

Transcurrido el término de caducidad, el estado filiatorio adviene
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final, sin la posibilidad de que el padre ejercite una acción de

impugnación, independientemente de si coincide o no la realidad

biológica con la registral.

   C. Regla 10.2(6) de Procedimiento Civil

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, viabiliza

que un demandado solicite la desestimación de la causa de acción

en su contra, antes de contestarla, si de las alegaciones de la

demanda surge claramente que alguna de las defensas afirmativas

prosperará. Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, S.E. y otros,

2023 TSPR 5, resuelto el 20 de enero de 2023. Particularmente, la

Regla 10.2, supra¸ enumera las siguientes defensas:(1) falta de

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar

de acumular una parte indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra.

      Al evaluar una solicitud de desestimación bajo la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, el tribunal ha de tomar como ciertos todos

los hechos claros y concluyentes, bien alegados en la demanda.

Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022). Asimismo, el

tribunal deberá examinar si la demanda es suficiente para constituir

una reclamación válida, luego de interpretar las alegaciones,

conjunta y liberalmente, de la forma más favorable a la parte

demandante, y resolviendo toda duda a su favor. Íd.

      Ante una solicitud de desestimación bajo el inciso (6) de la

citada Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, es necesario aclarar

quiénes son parte indispensable. En lo pertinente, la Regla 16.1 de

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, dispone

que son parte indispensable: “[l]as personas que tengan un interés

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia [...]”
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Entiéndase que, es indispensable aquella parte a quien se le

violentaría su debido proceso de ley si se adjudica la controversia

sin su presencia. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462

(2019).

      Como se sabe, el propósito de la Regla 16.1, supra, es proteger

a las personas, naturales o jurídicas, que no formen parte de un

pleito, de los efectos que acarrea la sentencia dictada. López García

v. López García, 200 DPR 50, 65 (2018). Al mismo tiempo, evita la

multiplicidad de pleitos. Íd. Sobre el particular, nuestro más Alto

Foro ha resuelto que, la falta de parte indispensable constituye una

defensa irrenunciable, susceptible de invocarse en cualquier etapa

de los procedimientos. Íd., pág. 66. Lo anterior, debido a que, el

efecto de no traer a una parte indispensable redunda en una

violación a su debido proceso de ley. Íd. Por tanto, la ausencia de

parte indispensable es un fundamento para dejar sin efecto una

sentencia por nulidad. HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 697 (2020).

Ello, con el efecto de dejar sin jurisdicción al tribunal para resolver

la controversia en ausencia de una parte indispensable. López

García v. López García, supra, pág. 65.

      De conformidad y debido a que la falta de parte indispensable

afecta su jurisdicción, los tribunales pueden levantar la falta de

parte indispensable motu proprio. Fideicomiso de Conservación de

Puerto Rico y Para la Naturaleza, Inc. v. Oficina de Gerencia de

Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de

Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 26, resuelto el 14 de marzo de 2023.

Valga recordar que, los tribunales deben ser celosos guardianes de

su jurisdicción, por lo cual, todo asunto relacionado a la jurisdicción

ha de ser atendido con primacía. Allied Mgmt. Group v. Oriental

Bank, 204 DPR 374, 386 (2020).

                                 III.
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      En el presente caso, nos corresponde resolver si el TPI actuó

correctamente al desestimar la demanda sobre impugnación de

paternidad que instó el Sr. Vázquez Torres. Por su estrecha relación

entre sí, discutiremos los errores conjuntamente.

      Surge del tracto procesal que, el apelante no incluyó al menor

SAVA en la demanda original. Conforme a lo resuelto en Rivera

Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462, 479 (2019), el menor

SAVA es parte indispensable en esta acción sobre impugnación de

paternidad, en consideración al efecto que una acción de esta

naturaleza puede tener sobre él.

      A los fines de añadir al menor como demandado, el apelante

enmendó la demanda. Ahora bien, no lo emplazó conforme a derecho

antes de que caducara el año para la acción de impugnación.

Puntualizamos que, por SAVA ser un menor de 15 años, era

necesario entregarle una copia del emplazamiento y de la demanda

a él personalmente, además de a su madre con patria potestad.

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra. Cabe destacar que, el

incumplimiento con lo anterior privó al TPI de jurisdicción sobre

dicho menor. Íd.

      Según    la   normativa   aplicable,   los tribunales   estamos

llamados a ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, sin

discreción para asumirla donde no la hay. Allied Mgmt. Group v.

Oriental Bank, supra. En el ejercicio de dicho deber, y según lo

autoriza nuestro ordenamiento jurídico, ante la falta de parte

indispensable el TPI, motu proprio, advirtió al apelante sobre la

referida deficiencia.

      Puntualizamos que, la causa de acción por impugnación de

paternidad se rige por los términos que establece el Artículo 575 de

nuestro Código Civil, supra, por encima de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra. Según expusimos anteriormente, a tenor

del Artículo 575 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, supra, el
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término de un año para impugnar la paternidad es de caducidad y

comienza a contar desde que quien la impugna conoce de hechos

que le generan una duda verdadera sobre la inexactitud filiatoria.

       El Sr. Vázquez Torres alega que, presentada la acción de

impugnación de paternidad dentro del año de caducidad, comienza

separadamente a transcurrir el término de 120 días que establece

la citada Regla 4.3 de Procedimiento Civil para emplazar al menor.

Reiteramos que, el Código Civil gobierna la acción de impugnación

de paternidad para lo cual establece el término de caducidad de un

año.

       En el presente caso, el año de caducidad comenzó a partir del

21 de julio de 2022, fecha que consta en el resultado de la prueba

genética del menor. Al tomar el 21 de julio de 2022 como punto de

partida, el término de caducidad de un año venció el 21 de julio de

2023. Constatamos del expediente que, a esa fecha, el Sr. Vázquez

Torres había instado la demanda original y la Demanda Enmendada

incluyendo al menor SAVA como demandado. Sin embargo, no lo

había emplazado. Valga aclarar que, el emplazamiento que sometió

el apelante el 7 de julio de 2023 nunca fue diligenciado y adolecía

de un error en el nombre del menor, específicamente, contenía los

dos apellidos maternos. Es de notar que, el 9 de agosto de 2023, la

Secretaría del TPI expidió el emplazamiento a favor del nombre

incorrecto del menor, sin embargo, este nunca fue diligenciado.

       Por todo lo anterior concluimos que, el foro primario actuó

correctamente al ordenar al Sr. Vázquez Torres emplazar al menor

SAVA conforme a derecho y previo al vencimiento del año que provee

el Código Civil para este tipo de causa de acción. Vencido el término

improrrogable de caducidad sin que el menor de 15 años fuese

debidamente emplazado, a pesar de ser parte indispensable, la

causa de epígrafe se extinguió por el mero transcurso del tiempo por
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lo cual procede su desestimación con perjuicio. El TPI no incidió al

decretar su desestimación. Los errores señalados no se cometieron.

                                 IV.

      Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el dictamen

apelado.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones. El Juez Rodríguez Flores, disiente con la siguiente

expresión: No puedo imputarle la extinción de la causa de acción al

peticionario, ante el accidentado trámite del foro primario, al atender

la desestimación, la demandada enmendada y orden para expedir el

emplazamiento para el menor.           No hay controversia que el

peticionario “instó” el pleito dentro del año (incluyendo al menor) y

dentro del mismo término solicitó su emplazamiento. Por otra parte,

y a la luz de los hechos del caso, entiendo que el periodo de 120 días

para emplazar, comenzó una vez el TPI autorizó a emplazar

al menor. Es decir, el término para emplazar es uno adicional al

término para instar la acción de impugnación de paternidad. Por lo

anterior, revocaría el dictamen del TPI, que desestimó sumariamente

y sin vista.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones