Court Opinion

ID: 9962836
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:11.545908+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.680696
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                           PANEL IV

 LONGBRIDGE FINANCIAL                                  Apelación
         LLC.                                          procedente del
                                                       Tribunal de
            Apelado                                    Primera Instancia,
                                                       Sala de Caguas
               v.
                                  KLAN202400169 Caso Número:
    HÉCTOR MANUEL                               CG2020CV00634
  FERNÁNDEZ SOTO T/C
 HÉCTOR M. FERNÁNDEZ                                   Sobre:
  SOTO T/C HÉCTOR M.                                   Ejecución de
  FERNÁNDEZ Y OTROS                                    Hipoteca:
                                                       Propiedad
           Apelante                                    Residencial

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

       Comparece ante esta Curia Ana Paula Fernández Borges (Sra.

Fernández Borges o apelante) y solicita que revoquemos la

Sentencia1 que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI

o foro primario) notificó el 24 de octubre de 2023. Mediante el

referido dictamen, el foro primario ordenó la ejecución de la

hipoteca, entre otros remedios.

       Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a

continuación, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de

jurisdicción

                                      I.

       El 24 de febrero de 2020, Reverse Mortgage Funding LLC

(demandante o apelado) instó una Demanda2 sobre ejecución de

hipoteca en contra de Héctor Manuel Fernández Soto, la Sucesión

Neida Priscilla Borges Rivera, los Estados Unidos de América y el

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (demandados).

1 Apéndice, págs. 206-209.
2 Apéndice, págs. 1-5. La demanda fue objeto de dos enmiendas. Apéndice, págs.

76-80 y 113-117.

Número Identificador:

SEN2024________
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Sostuvo que, el 23 de marzo de 2013, los demandados obtuvieron

un préstamo hipotecario el cual garantizaron con una hipoteca

revertida por la suma de $270,000.00. Arguyó que, el codemandado

Héctor    Manuel     Fernández     Soto    adeuda    el   seguro    y/o   las

contribuciones sobre la propiedad por lo cual el préstamo

garantizado por la hipoteca resulta vencido, líquido y exigible.

       Surge del expediente que, los Estados Unidos de América, el

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Héctor Manuel

Fernández Soto y Héctor Enrique Fernández Borges fueron

emplazados personalmente.3           Durante el diligenciamiento del

emplazamiento de Héctor Enrique Fernández Borges, el demandante

advino en conocimiento de otros nombres de los miembros de la

Sucesión Neida Priscilla Borges Rivera. A esos efectos, el 3 de

noviembre de 2021, el demandante solicitó enmendar la demanda4

para incluir como codemandados a: Héctor Enrique, Ana Paula,

Priscilla y Stefanie todos de apellidos Fernández Borges. Además,

solicitó autorización para emplazar por edicto a Ana Paula, Priscilla

y Stefanie de apellidos Fernández Borges quienes residen fuera de

Puerto Rico.

       En respuesta, el TPI autorizó el emplazamiento por edicto

dirigido a Ana Paula Fernández Borges, Priscilla Fernández Borges,

Stefanie Fernández Borges, John Doe y Jane Doe como posibles

miembros desconocidos de la Sucesión Neida Priscilla Borges

Rivera.5 Surge del expediente que, el edicto correspondiente se

efectuó el 3 de diciembre de 2021.6

       El 27 de febrero de 2023, el demandante instó una Segunda

Demanda Enmendada7 a los fines de añadir como codemandada y

3 Apéndice, págs. 64-71. Cabe señalar que, Héctor Enrique Fernández Borges fue

emplazado a través de un emplazamiento dirigido a John Doe como posible
miembro desconocido de la Sucesión Neida Priscilla Borges Rivera.
4 Apéndice, págs. 76-80.
5 Apéndice, págs. 81-82 y 111-112.
6 Apéndice, págs. 87-88.
7 Apéndice, págs. 113-117.
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como miembro de la Sucesión Héctor Manuel Fernández Soto a

Patricia Fernández y a los demandados de nombre desconocido

John Roe y Jane Roe. El 3 de abril de 2023, el demandante instó

una Moción solicitando se expida emplazamientos.8 En ella hizo

constar que, el 28 de febrero de 2023, el foro primario ordenó la

expedición del emplazamiento personal dirigido a Patricia Fernández

y los emplazamientos por edicto dirigidos a John Roe y Jane Roe los

cuales hasta la fecha no han sido expedidos. En respuesta, el TPI

expidió los referidos emplazamientos el 11 de abril de 2023,9 y surge

en el expediente la publicación del edicto correspondiente el 19 de

abril de 2023.10

       Así las cosas, el 24 de abril de 2023, el foro primario notificó

una Sentencia Parcial en la cual desestimó con perjuicio las

alegaciones en contra de Héctor Enrique Fernández Borges, luego

de que este repudiara la herencia del codemandado Héctor Manuel

Fernández Soto, quien falleció luego de la presentación de la

demanda de epígrafe.11 El 5 de septiembre de 2023, y a solicitud de

Reverse Mortgage Funding LLC, el foro primario autorizó sustituir

como parte demandante a Longbridge Financial, LLC.12

       Culminados los procesos ante el Centro de Mediación de

Conflictos, y vencido el término para que los demandados

acreditaran su alegación responsiva, el 6 de septiembre de 2023, el

demandante solicitó al TPI dictar sentencia. Expuso que fueron

infructuosas las múltiples gestiones de cobro realizadas para lograr

que los demandados paguen los cánones vencidos, por lo cual,

procede dictar sentencia a su favor.

       En respuesta, el TPI ordenó la ejecución de la hipoteca

mediante la Sentencia impugnada, notificada el 24 de octubre de

8 Apéndice, págs. 229-230.
9 Apéndice, págs. 235-236.
10 Apéndice, págs. 139-140.
11 Apéndice, pág. 122.
12 Apéndice, págs. 124-125 y 136.
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2023. En desacuerdo, la Sra. Fernández Borges instó un petitorio

de reconsideración el 7 de noviembre de 2023.13 Allí sostuvo que, el

referido dictamen es nulo debido a que ella no fue emplazada

conforme a Derecho y tampoco participó de los procesos de

mediación compulsoria.

       De otra parte, el 28 de diciembre de 2023, el demandante

instó una Moción solicitando se expida notificación de sentencia por

edicto.14 Expuso que, por error o inadvertencia la Sentencia

impugnada no fue expedida o notificada por edicto. A tales efectos,

solicitó al TPI que ordene a la Secretaría dar cumplimiento a la Regla

65.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

65.3(c). Es de notar que, el expediente no refleja que el foro primario

haya actuado sobre la referida solicitud.

       Posteriormente, mediante una Resolución15 notificada el 24 de

enero de 2024, el TPI denegó la moción de reconsideración de la Sra.

Fernández Borges. Inconforme aun, la Sra. Fernández Borges insta

el recurso de apelación de epígrafe en donde señala la comisión de

dos errores:

       Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al
       emitir su sentencia del 8 de septiembre de 2023 porque
       la parte apelante no ha sido emplazada personalmente
       ni por edicto ni se le ha anotado la rebeldía. Tampoco
       ha estado sujeta al proceso jurisdiccional de la
       mediación compulsoria conforme a la Ley Núm. 184-
       2012. Por lo tanto, dicha sentencia es completamente
       nula y permite el relevo de la parte apelante de dicha
       sentencia conforme a la Regla 49.2 de las de
       Procedimiento Civil, supra. Abona a dicha nulidad la
       falta del ejercicio del derecho de propiedad o posesión
       de la parte apelante, a la luz de la Ley de Transacciones
       Comerciales según enmendada, 19 LPRA sec. 606 y
       otras leyes que exigen el ofrecimiento de todas las
       alternativas de mitigación de pérdidas por parte del
       acreedor hipotecario al deudor hipotecario.

       Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al no
       acoger la Moción asumiendo representación legal en
       reconsideración pese a no existir fundamento fáctico ni
       legal alguno que impida a los abogados suscribientes el
       representar legalmente a la parte apelante y la

13 Apéndice, págs. 211-224.
14 Apéndice, págs. 225-226.
15 Apéndice, pág. 227.
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       inexistencia de prueba en el expediente del caso de
       epígrafe que demuestre que el foro de instancia ha
       adquirido jurisdicción sobre la persona de la parte
       apelante.

       Hemos examinado con detenimiento el recurso sometido por

la apelante y optamos por prescindir de los términos, escritos o

procedimientos ulteriores "con el propósito de lograr su más justo y

eficiente despacho". Regla 7 (b) (5) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).

                                      II.

   A. La notificación de sentencias y su efecto en la jurisdicción
      de los tribunales

       La notificación y el archivo en autos de una copia de la

notificación de una sentencia resulta ser una etapa crucial del

proceso adjudicativo. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96,

114 (2015.) Es a partir de ese momento que, la sentencia se

considera final, mas no firme, y que comienza a decursar el término

para apelar. Íd., pág. 105. Este deber de notificar las sentencias no

constituye un mero requisito impuesto por las Reglas de

Procedimiento Civil, sino del debido proceso de ley. Íd.16 Su

imperiosidad radica, además, en el efecto que tiene dicha

notificación sobre los procedimientos posteriores a la sentencia. Íd.

Por eso, la correcta y oportuna notificación de las órdenes y

sentencias es un requisito sine qua non de un ordenado sistema

judicial. PR Eco Park et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 525, 538

(2019). Su omisión puede conllevar graves consecuencias, además

de crear demoras e impedimentos en el proceso judicial. Yumac

Home v. Empresas Masso, supra.17

       A esos efectos, la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 65.3, versa en parte, sobre cómo se debe notificar una

16 Véase, además, Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 183 (2015).
17 Citas omitidas.
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sentencia a un demandado, que fue emplazado por edicto, pero que

no ha comparecido, y por consiguiente ha sido anotada su

rebeldía.18 El Tribunal Supremo resolvió en Yumac Home v.

Empresas Masso, supra, que, cuando se conoce la identidad y la

dirección de una parte que no ha comparecido, a pesar de haber

sido emplazada por edicto, la sentencia que en su momento se

dicte deberá ser notificada por edicto, aunque dicha parte se

encuentre en rebeldía por nunca haber comparecido. Es decir que,

aun estando en rebeldía por su incomparecencia, la parte ha de ser

notificada de la sentencia emitida de la misma manera en que fue

emplazada. Yumac Home v. Empresas Masso, supra, pág. 110.

       Sobre la importancia en la corrección de las órdenes y sentencias

emitidas por los tribunales, el Tribunal Supremo expresó en PR Eco

Park et al. v. Mun. de Yauco, supra, que una notificación defectuosa

priva al foro revisor de jurisdicción para entender en el asunto

impugnado, con el efecto de que, el recurso que se presente sería

prematuro. Esto, por razón de que "[n]o podemos pasar por alto que

la   falta   de   jurisdicción     sobre    la   materia     es   una    defensa

irrenunciable, que puede ser planteada a petición de parte o el

tribunal motu proprio y en cualquier etapa de los procedimientos,

incluso en fases apelativas. Como la falta de jurisdicción incide

sobre el poder mismo para adjudicar la controversia, los tribunales

tienen el deber ministerial de evaluar el planteamiento con

rigurosidad". Íd., a la pág. 539. (Nota omitida.)

       Es norma reiterada que, la jurisdicción es el poder o autoridad

de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias.

Muñoz Barrientos v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros,

2023 TSPR 105, resuelto el 1 de septiembre de 2023. Por

18 Sabido es que, conforme a lo dispuesto por la Regla 45.1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 45.1, cuando una parte no contesta la demanda o no se
defiende como las leyes y las reglas estipulan, el Tribunal podrá anotarle la
rebeldía por iniciativa propia o por solicitud de parte. González Pagán v. Moret
Guevara, 202 DPR 1062, 1068 (2019).
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consiguiente, el primer factor a considerar en toda situación jurídica

que   se   presente   ante   un    foro   adjudicativo   es   el   aspecto

jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 503

(2019). Ello, pues los tribunales tienen la responsabilidad

indelegable   de   examinar,      en   primera   instancia,   su    propia

jurisdicción, así como la del foro de donde procede el recurso ante

su consideración. Íd., pág. 500.

      En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo

ha expresado que, los tribunales debemos ser celosos guardianes de

nuestra jurisdicción y, por tanto, debemos atender con preferencia

los asuntos concernientes a la jurisdicción. FCPR v. ELA et al., 211

DPR 521, 530 (2023). Como se sabe, la falta de jurisdicción de un

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar

una controversia. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374,

385 (2020).

      Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Pueblo v. Rivera Ortiz, 209

DPR 402 (2022). Ello, pues su presentación carece de eficacia y no

produce ningún efecto jurídico, ya que en ese momento todavía no

ha nacido autoridad judicial o administrativa para acogerlo. Torres

Alvarado v. Madera Atiles, supra. De ese modo, si el tribunal no tiene

jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar la reclamación

sin entrar en los méritos de la controversia. Íd. Es decir, procede la

inmediata desestimación del recurso apelativo, según lo dispuesto

en las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento de estos

recursos. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra.

      A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), faculta al foro apelativo a

actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo

ante la ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un

defecto que no puede ser subsanado. Íd. Cabe señalar, sin embargo,
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que "la desestimación de un recurso por prematuro le permite a la

parte que recurre volver a presentarlo, una vez el foro apelado

resuelve lo que estaba ante su consideración". PR Eco Park et al. v.

Mun. de Yauco, supra (nota 25), citando a Yumac Home v. Empresas

Massó, supra.

                                 III.

      Surge del expediente ante nuestra consideración que, la

Sentencia que el foro primario emitió el 8 de septiembre de 2023 y

notificó el 24 de octubre del mismo año, no fue notificada por edicto.

La referida deficiencia incide en nuestra autoridad para revisar el

dictamen impugnado. Por ser un asunto de índole jurisdiccional,

habremos de atenderlo con prioridad. Nos explicamos.

      Tal cual adelantamos, la Sra. Fernández Borges fue

emplazada por edicto y nunca compareció a los procesos ante el TPI.

Por consiguiente, al emitir su sentencia, el foro de instancia debió

expedir un aviso de notificación de sentencia a ser publicado

mediante edicto, de conformidad con la Regla 65.3 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra. Entiéndase que, como la apelante fue

emplazada por edicto, el dictamen impugnado debió también

notificársele por edicto, a tenor de la normativa de Yumac Home v.

Empresas Masso, supra. Consta en el expediente el esfuerzo del

demandante dirigido a lograr que el TPI expidiera una notificación

de sentencia por edicto. Sin embargo, no surge de autos que la

sentencia impugnada haya sido en efecto publicada por edicto,

conforme lo exige la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra.

      Puntualizamos que, no es hasta el momento en que se publica

la sentencia por edicto que comienza a transcurrir el término del

cual disponen las partes para acudir ante esta Curia mediante un

recurso de apelación. El expediente ante nos carece de una

declaración jurada del administrador o agente autorizado de un

periódico, junto a un ejemplar del edicto publicado. Tampoco surge
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alguna nota de la Secretaría del TPI consignando la fecha y la forma

en que fue efectuada la notificación por edicto y la persona o las

personas notificadas.

      Bajo el crisol de la doctrina antes expuesta, así como de la

jurisprudencia interpretativa, colegimos que las deficiencias en la

notificación de la adjudicación del foro primario nos privan de

jurisdicción, pues el plazo para acudir en apelación no ha comenzado

a transcurrir. La presentación del recurso resulta prematura, por lo

que procede la desestimación del recurso.

                                 IV.

      Por    los   fundamentos   antes   expuestos,   ordenamos    la

desestimación del recurso presentado por la Sra. Ana Paula

Fernández Borges por falta de jurisdicción ante su presentación

prematura.

      Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones