Court Opinion

ID: 9962835
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:57:07.220349+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:38.651230
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                               PANEL VIII

María I. Rivera                                 APELACIÓN
Maldonado                                       procedente del
                                                Tribunal de Primera
         Apelante                               Instancia, Sala
                                KLAN202400137   Superior de San
             vs.                                Juan

Truenorth Corporation                           Civil Núm.:
                                                SJ2017CV01547
         Apelado
                                                Sobre: Laboral

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez
Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Rivera Colón, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos, la señora María I. Rivera Maldonado

(Sra. Rivera Maldonado o apelante), quien presenta recurso de

apelación en el que solicita la revocación de la “Sentencia Parcial”

emitida el 12 de enero de 2024,1 por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante este dictamen, el

foro primario declaró Ha Lugar la “Moción de Sentencia Sumaria

Parcial” presentada por Truenorth Corporation (Truenorth o

apelado), y desestimó la reclamación por represalias presentada en

su contra, en virtud de la Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194 et

seq.   A su vez, ordenó la continuación de los procedimientos en

cuanto a la reclamación por salarios y beneficios dejados de

percibir.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración,

desestimamos el recurso presentado mediante los fundamentos

que expondremos a continuación.

1 Notificada el 16 de enero de 2024.

Número Identificador

SEN2024 ___________
KLAN202400137                                                           2

                                  I.

      El 21 de agosto de 2017, la Sra. Rivera Maldonado presentó

una “Querella” contra Truenorth por represalias y reclamando

salarios   y   beneficios   dejados    de    percibir,   al   amparo   del

procedimiento sumario estatuido en la Ley Núm. 2 del 17 de

octubre de 1961, infra. En síntesis, alegó ser empleada del

apelado, y ocupar el puesto de Gerente de Recursos Humanos.

Arguyó que, sin embargo, no se le estaban honrando ciertos

beneficios, por ejemplo, plan médico, vacaciones, seguro social,

bono navideño y salarios. Asimismo, adujo que el apelado tomó

represalias en su contra, toda vez que, debido a sus reclamos

exigiendo los beneficios, el apelado cambió sus términos y

condiciones de empleo, reduciéndole el salario significativamente.

      Por su parte, el 1 de septiembre de 2017, Truenorth presentó

su “Contestación a Querella”, y negó la mayor parte de las

alegaciones contenidas en la reclamación. En la afirmativa, alegó

que la apelante prestó servicios como contratista independiente, y

que no tenía derecho a recibir los beneficios reclamados. A su vez,

negó que la compañía hubiese tomado algún tipo de acción en

represalias y/o discriminatoria contra la apelante.

      Tras varios incidentes procesales, el 23 de diciembre de

2022, Truenorth presentó una “Moción de Sentencia Sumaria

Parcial”, y solicitó la desestimación de la reclamación por

represalias. Lo anterior, por entender que la apelante no pudo

demostrar un caso prima facie.              Argumentó que, la prueba

demostró: (1) la apelante ahora es empleada, (2) debido a esto,

posee beneficios económicos que no tenía como contratista

independiente y, tomando en cuenta dichos beneficios, el valor de

compensación actual es mayor, y (3) la propia apelante declaró que

el trato por parte de su supervisor directo y el dueño de la
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compañía siempre ha sido de respeto, y nunca han tomado

represalias en su contra.

       El 2 de febrero de 2023, la Sra. Rivera Maldonado presentó

su “Moción de Oposición a Sentencia Sumaria Parcial”, y sostuvo

que la solicitud presentada por el apelado resulta improcedente en

derecho.     En apoyo a sus contenciones, esgrimió que: (1) la

petición de sentencia sumaria presentada por la apelante se apoya

en una declaración jurada que es inadmisible, (2) la declaración

jurada     contradice    admisiones    del   apelado,   y   (3)   persisten

controversias sobre hechos materiales que impiden la resolución

del pleito por la vía sumaria.

       Evaluados los escritos presentados por ambas partes, el 12

de enero de 2024,2 el Tribunal de Primera Instancia emitió

“Sentencia Parcial” mediante la cual declaró Ha Lugar la “Moción

de Sentencia Sumaria Parcial” presentada por Truenorth, y

desestimó la reclamación por represalias presentada en su contra,

en virtud de la Ley Núm. 115-1991, supra. A su vez, ordenó la

continuación de los procedimientos en cuanto a la reclamación por

salarios y beneficios dejados de percibir.

       Insatisfecha, el 15 de febrero de 2024, la Sra. Rivera

Maldonado recurre ante este foro apelativo intermedio, y señala la

comisión de los siguientes errores, a saber:

       Erró el TPI al concluir que la apelante no llevó a cabo
       una acción protegida bajo la Ley 115-1991 de
       Represalias de Puerto Rico.
       Erró el TPI [al] concluir que la apelante no sufrió una
       acción adversa al amparo de la Ley 115-1991.

       Erró el TPI al considerar como evidencia admisible la
       declaración jurada del Sr. Morales Zavala en apoyo de
       la Sentencia Sumaria Parcial presentada por el apelado.

2 Notificada el 16 de enero de 2024.
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                                  II.

      Los tribunales tienen la responsabilidad de examinar su

propia jurisdicción, así como la del foro de donde procede el

recurso ante su consideración. Torres Alvarado v. Madera Atiles,

202 DPR 495, 500 (2019). La jurisdicción se refiere al “poder o la

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o

controversias”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR

652, 660 (2014). Los tribunales deben ser celosos guardianes de

su jurisdicción y no tienen discreción para asumir jurisdicción

donde no la hay. Pueblo v. Ríos Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022).

Por consiguiente, los foros judiciales de Puerto Rico tienen

autoridad para atender cualquier causa de acción, salvo que no

tengan jurisdicción sobre la materia. Rodríguez Rivera v. De León

Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014).

      La jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto

legal”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño,

[s.l.], [ed. del autor], 2010, pág. 25. “[P]ara privar a un ‘tribunal de

jurisdicción general’ de su actividad para entender en algún asunto

en particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente

en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación

necesaria”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme 582 (3ra ed. 2013). La

ausencia de jurisdicción sobre la materia da lugar a las

consecuencias siguientes:

         (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las
         partes no pueden voluntariamente conferírsela a un
         tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3)
         conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4)
         impone a los tribunales el ineludible deber de
         auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los
         tribunales apelativos el deber de examinar la
         jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y
         (6) puede presentarse en cualquier etapa del
         procedimiento, a instancia de las partes o por el
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         tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón et al v. ELA et
         al, 204 DPR 89, 101-102 (2020).

      Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta declararlo

así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, a la

pág. 660. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, enumera los criterios que dicho foro

deberá considerar para poder decidir si atiende o no las

controversias que le son planteadas. Pueblo v. Ríos Nieves, supra,

a la pág. 274. La referida regla dispone que, al determinar si el

recurso fue presentado en la etapa más oportuna para su

consideración, el tribunal considerará los siguientes factores, a

saber:

      (1) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho. (2) Si la situación de hechos
      planteada es la más indicada para el análisis del
      problema. (3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o
      error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
      por el Tribunal de Primera Instancia. (4) Si el asunto
      planteado exige consideración más detenida a la luz de
      los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o
      de alegatos más elaborados. (5) Si la etapa del
      procedimiento en que se presenta el caso es la
      más propicia para su consideración. (6) Si la
      expedición del auto o de la orden de mostrar causa no
      causa un fraccionamiento indebido del pleito y una
      dilación indeseable en la solución final del litigio. (7) Si
      la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
      evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento
      del Tribunal de Apelaciones, supra.

      (Énfasis nuestro).

      A tenor, le corresponde al foro apelativo intermedio evaluar

la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que

es presentada, con el propósito de determinar si es la más

apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 97 (2008). Así, este foro apelativo está impedido de

atender recursos prematuros o tardíos, pues ambos adolecen del

mismo defecto insubsanable: privar de jurisdicción al tribunal al

cual se recurre. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96,
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107 (2015).   Un recurso es prematuro cuando se ha presentado

con relación a una determinación que aún no ha sido finalmente

resuelta. Íd. O sea, es aquel que se presenta en la secretaría de un

tribunal apelativo antes de que éste adquiera jurisdicción. Pueblo

v. Ríos Nieves, supra, a la pág. 274. En cambio, un recurso tardío

es el que se presenta luego de transcurrido el término dispuesto

para recurrir. Yumac Home v. Empresas Massó, supra, a la pág.

107. Ahora bien, las consecuencias de uno y otro son distintas.

Un recurso desestimado por tardío priva fatalmente a la parte de

presentarlo nuevamente. Íd. Sin embargo, un recurso desestimado

por prematuro le permite a la parte volver a presentarlo cuando el

foro apelado resuelva lo que tenía ante su consideración. Íd. En

sintonía con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede

desestimar motu proprio un recurso por falta de jurisdicción.

                                III.

      En el caso de autos, la Sra. Rivera Maldonado presenta

recurso de apelación, cuestionando la “Sentencia Parcial” emitida

por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de enero de 2024, y

notificada el 16 de enero de 2024. Según se desprende del

trámite procesal discutido, la reclamación fue presentada al

amparo del procedimiento sumario estatuido en la Ley Núm. 2 del

17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, mejor conocida como la

Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, según

enmendada. En lo que nos concierne, la Sección 4 del precitado

estatuto, provee que:

      (…) la parte afectada por la sentencia dictada en los
      casos mencionados en esta sección podrá acudir
      mediante auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones,
      en el término jurisdiccional de diez (10) días
      siguientes a la notificación de la sentencia para
      que se revisen los procedimientos exclusivamente.

      (Énfasis provisto).
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        La naturaleza sumaria del procedimiento dispuesto en la Ley

Núm. 2, supra, requiere diligencia y prontitud en la tramitación de

las reclamaciones laborales, incluyendo la etapa apelativa.

Conforme ha expresado nuestra Alta Curia, “la naturaleza sumaria

que provee la Ley 2 constituye su característica esencial, por lo que

tanto las partes como los tribunales deben respetarla”.           Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018).

        Según adelantamos, la “Sentencia Parcial” recurrida fue

notificada el 16 de enero de 2024. Conforme la Sección 4 de la

Ley Núm. 2, supra, la Sra. Rivera Maldonado tenía 10 días para

para presentar su recurso apelativo ante este Foro, entiéndase,

hasta el 26 de enero de 2024. Sin embargo, no fue hasta el 15

de febrero de 2024 que la apelante recurrió ante nos, o sea,

luego de transcurrido el término jurisdiccional de 10 días que

establece la ley. Por esta razón, el recurso de apelación resulta

tardío y, consecuentemente, este foro apelativo está impedido de

atender el recurso en sus méritos, por carecer de jurisdicción para

ello.

                                   IV.

        Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar

parte de este dictamen, desestimamos el recurso de apelación

presentado por la parte apelante, por falta de jurisdicción.

        Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones