Court Opinion

ID: 9952426
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:51:48.211674+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:13.782065
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL ESPECIAL1

                                                  Certiorari
ZUEÉ ADORNO RIVERA Y                              procedente del
OTROS                                             Tribunal de
                                                  Primera
Demandantes -                                     Instancia, Sala
Peticionarios                       KLCE202301364 Superior de
                                                  Bayamón
     Vs.
                                                           Caso Núm.:
MANUEL ADORNO                                              BY2020CV03341
CABRERA Y OTROS                                            (505)

    Demandados-Recurridos                                  Sobre:
                                                           Nulidad de
     Vs.                                                   Compraventa,
                                                           Daños y
LCDO. IVÁN LUIS                                            Perjuicios,
MONTALVO BURGOS                                            Interdicto
                                                           Posesorio
Tercero Demandado-
Peticionario
________________________                                   Caso Núm.:
                                                           BY2020CV03488
MANUEL ADORNO                                              (505)
CABRERA
                                                           Sobre:
    Demandante - recurrida                                 Dolo, Fraude,
                                                           Explotación
     Vs.                                                   Económica,
                                                           Nulidad de
CARMEN L. RIVERA                                           Donación de
CINTRÓN Y OTROS                                            Inmueble y Daños
                                                           y Perjuicios
    Demandado - Peticionario

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Bermúdez Torres y el Juez Marrero Guerrero.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

                                RESOLUCIÓN

           En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2024.

           Comparecen ante nos la señora Zueé Adorno Rivera y su

esposo el señor Carlos Figueroa Miranda (peticionarios – matrimonio

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden
Administrativa OAJP-2021-086, el 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para la
asignación de recursos nuevos previamente presentados en el Tribunal de
Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo
recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de
Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel. Véase, además,
la Orden Administrativa OATA-2023-214 del 8 de diciembre de 2023, mediante la
cual se modificó la composición del panel que atendió los correspondientes
recursos anteriores (KLCE202200164 y KLCE202201190).

Número Identificador
RES2024_____________
KLCE202301364                                                                     2

Figueroa Adorno), para que revisemos la Resolución emitida el 14 de

octubre de 2023,2 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Bayamón (TPI). Allí, se declaró No Ha Lugar la solicitud

de sentencia sumaria presentada por el matrimonio Figueroa

Adorno. Oportunamente, estos solicitaron reconsideración, sin

embargo, el TPI mantuvo su determinación.

       Evaluada la totalidad de los autos, denegamos la petición de

certiorari epígrafe.

                                         -I-

       Del expediente surge que el 24 de octubre de 2020 el

matrimonio Figueroa Adorno sometió una Demanda sobre nulidad

de compraventa, interdicto posesorio y daños contra Manuel Adorno

Cabrera (señor Adorno Cabrera),3 Jorge Adorno Giusti (señor Adorno

Giusti) y Santa Enid Nieves Rivera (señora Nieves Rivera).4 En suma,

adujo que el 14 de julio de 2020 el señor Adorno Cabrera donó a

través de una escritura pública —ante el notario Iván Luis Montalvo

Burgos (Lcdo. Montalvo Burgos)— un inmueble a la peticionaria

Zueé Adorno Rivera. Dicho inmueble está ubicado en la parcela #2,

Villas del Olimpo #2, en Bayamón, Puerto Rico, (para este caso se

identifica como la propiedad B). Nos obstante, el 8 de agosto de

2020, ante otro notario, el señor Adorno Cabrera otorgó una

escritura pública de compraventa —del inmueble antes donado—

a favor del señor Adorno Giusti y la señora Nieves Rivera. En la

misma fecha, la escritura de compraventa fue presentada en el

Registro de la Propiedad.

       Por su parte, el señor Adorno Cabrera y el señor Adorno Giusti

contestaron la demanda y reconvinieron.5 En síntesis, adujeron

2 Notificada el 16 de octubre de 2023.
3 El Sr. Manuel Adorno Cabrera es padre del Sr. Jorge Adorno Giusti y tío de la Sra.

Zueé Adorno Rivera.
4 Anejo I de la Petición de Certiorari, págs. 7 – 21.
5 Anejo II de la Petición de Certiorari, págs. 1 – 6.; Anejo VI de la Petición de

Certiorari, págs. 46 – 54.
KLCE202301364                                                                    3

fraude, dolo y explotación financiera. Además, que el señor Adorno

Cabrera no tenía intención de donar el mencionado inmueble.

       Surge del expediente que,6 concluido el descubrimiento de

prueba, el matrimonio Figueroa Adorno sometió una solicitud de

sentencia sumaria.7 Entre los argumentos, adujo, ausencia total de

prueba que validara las alegaciones de fraude y dolo. Referente al

dolo, señalaron, que éste tiene que probarse. Tanto el señor Adorno

Cabrera como el señor Adorno Giusti se opusieron a la solicitud de

sentencia sumaria.8

       Evaluada la solicitud de sentencia sumaria, el TPI emitió una

Resolución el 16 de octubre de 2023,9 en la que determinó los

siguientes hechos como no controvertidos:

       1.      El 14 de julio de 2020, don Manuel y la señora
               Adorno Rivera comparecieron ante el Notario Iván Luis
               Montalvo Burgos, para otorgar la “Escritura número 27
               sobre donación y aceptación”.
       2.      Mediante dicha escritura, se donaba un inmueble
               ubicado en Villas del Olimpo #2, en Bayamón,
               Puerto Rico, descrito en el Registro Inmobiliario
               de Puerto Rico como Parcela número 2, localizada
               en el Barrio Cerro Gordo de Bayamón con una
               cabida de 3,565.041 m/c.
       3.      El tercero demandante, Jorge Adorno Giusti, no estuvo
               presente durante el otorgamiento de la referida
               “Escritura número 27”, sobre donación y aceptación.
       4.      El licenciado Montalvo era conocido por don Manuel, ya
               que éste lo había contratado para otros asuntos
               notariales. Don Manuel había otorgado al menos 5
               escrituras ante el Lcdo. Montalvo, entre ellas, una
               escritura de testamento abierto y dos donaciones.
       5.      Como parte de la preparación para la autorización del
               instrumento público, el licenciado Montalvo obtuvo un
               estudio de título el 7 de julio de 2020, preparado por el
               Sr. Federico L. Morales Señeríz, investigador de títulos.
       6.      Conforme a dicho estudio de título, el dominio de la
               finca constaba inscrito a favor de don Manuel y sus
               hijos Jorge y Manuel Adorno Giusti, en comunidad de
               bienes hereditaria.
       7.      No obstante lo anterior, el licenciado Montalvo
               recibió copia de la “Escritura número 13”, sobre

6 El 19 de noviembre de 2020, el señor Adorno Giusti y la señora Nieves Rivera

sometieron una Demanda contra tercero contra el Lcdo. Montalvo Burgos. Véase;
Anejo VIII de la Petición de Certiorari, págs. 60 – 62.
7 Anejo XIII de la Petición de Certiorari, págs. 91 – 105.
8 Anejo XIV de la Petición de Certiorari, págs. 106 – 134.; Anejo XV de la Petición

de Certiorari, págs. 135 – 143.
9 Anejo XVI de la Petición de Certiorari, págs. 144 – 159.
KLCE202301364                                                                     4

               liquidación de sociedad de gananciales, liquidación,
               adjudicación y partición de herencia, ratificación de
               compraventa de participación, otorgada el 30 de
               agosto de 2019, ante el Notario Héctor Cora Santiago.
       8.      En la “Escritura número 13” comparecieron el
               demandado, don Manuel y los terceros demandantes.
       9.      En la escritura de partición surge que, entre otros
               bienes muebles e inmuebles objeto de la liquidación
               hereditaria entre don Manuel y los terceros
               demandantes, figuraba la finca número 2, ubicada
               en Villas del Olimpo #2, en Bayamón, Puerto Rico,
               objeto de este pleito. Se identifica como la
               propiedad B.
       10.     Mediante la escritura de partición, la exclusiva
               titularidad de la propiedad B objeto de este pleito,
               valorada en $285,000.00, fue adjudicada a favor de
               don Manuel.
       11.     La “Escritura número 13” fue presentada en el Registro
               de la Propiedad el 5 de septiembre de 2019, pero fue
               notificada con faltas. El documento fue retirado y se
               presentó nuevamente el 3 de octubre de 2019 y
               nuevamente fue notificado por tener faltas. Fue retirado
               el 21 de noviembre de 2019. Finalmente, fue
               presentado nuevamente el 29 de julio de 2020.
       12.     El relevo de Hacienda, sobre la donación, fue expedido
               el 15 de septiembre de 2020.
       13.     Don Manuel tenía plena confianza en la señora Rivera
               y por ello otorgó a favor de ella un “Poder general” para
               que ella realizara gestiones en su nombre tales como
               procurar el mantenimiento de sus bienes en Puerto
               Rico, pagar por los servicios de mantenimiento de sus
               bienes en Puerto Rico y comprar sus medicamentos,
               entre otros.
       14.     El 8 de agosto de 2020 el don Manuel y los esposos
               Adorno-Nieves comparecieron ante la Notaria Carla
               Martínez Caraballo, para otorgar la Escritura Número
               12 de Compraventa. La propiedad objeto de la venta
               fue la misma que fue donada por don Manuel a su
               sobrina Zueé Adorno, mediante la referida Escritura
               Número 27, sobre Donación y Aceptación. El precio de
               venta de la propiedad fue $225,000.00.10

       No obstante, determinó que los siguientes hechos estaban en

controversia:

       1.      Si don Manuel estaba plenamente consciente y era su
               intención donarle el inmueble a la señora Adorno-
               Rivera.
       2.      Si el licenciado Montalvo realizó todas las advertencias
               y averiguaciones necesarias para conocer la verdadera
               intención de don Manuel.

10 Anejo XVI de la Petición de Certiorari, a las págs. 149 – 151. El TPI añadió como

hechos probados los esbozados en la Resolución y orden del 14 de enero de 2022
[Entrada 176]. Énfasis nuestro.
KLCE202301364                                                                        5

        3.      Si alguno o todos: señora Adorno-Rivera, la señora
                Rivera y el licenciado Montalvo cometieron algún
                fraude o dolo.
        4.      Si la señora Rivera conocía que la intención de don
                Manuel era vender el inmueble objeto de la
                controversia.11

        A tono con las determinaciones de hechos antes citadas, el

TPI concluyó, en lo pertinente, lo siguiente:

               [A]hora bien, en este momento no podemos
        desestimar las acciones de don Manuel y el Sr. Jorge Adorno,
        porque existe una controversia real sobre la intención
        de don Manuel, al donar el inmueble, y si este fue intimidado
        o se cometió fraude por parte de la señora Adorno Rivera, su
        madre la señora Rivera y el licenciado Montalvo, actuando
        como notario. Aunque es cierto que el fraude y dolo no se
        presumen, sino que deben probarse, y que las escrituras
        públicas gozan de la presunción de corrección, no es
        menos cierto que en el presente caso los hechos que puedan
        dar pie a la acción de don Manuel y su hijo ocurrieron al
        momento de la otorgación de la escritura de donación. Esto
        quiere decir que la prueba demostrativa de dolo y
        fraude es testimonial, pues se retrotrae al momento en que
        las partes comparecieron a otorgar la escritura de donación y
        el tribunal debe examinar en sala la credibilidad de
        cada testigo. No podemos olvidar que don Manuel es una
        persona de edad avanzada. Tampoco podemos dejar pasar el
        hecho de que el inmueble donado parece constituir una porción
        considerable de los activos de este demandado y que al menos
        por un tiempo don Manuel quiso y llevó a cabo gestiones para
        vender el inmueble. Tampoco podemos pasar por alto que la
        señora Rivera era la apoderada de don Manuel y que es su
        hija la que se benefició con la donación del inmueble, aun
        cuando la señora Rivera pudo haber conocido que don Manuel
        realmente quería vender el inmueble. En fin, en este
        momento hay suficientes dudas que ninguna parte ha
        logrado despejar para este tribunal poder resolver la
        controversia, mediante sentencia sumaria. Mas bien,
        según los hechos debemos examinar a las partes en un juicio
        plenario, y determinar la credibilidad de cada testigo para
        luego proceder conforme a derecho.12

        En consecuencia, el TPI denegó la solicitud de sentencia

sumaria presentada por los peticionarios. En específico, expresó:

                “[D]enegamos la “Moción solicitando se dicte sentencia
                sumaria por ausencia de prueba y omisión al exponer
                alegaciones de fraude y dolo” (Entrada 208),
                presentada por la parte demandante, la Sra. Zueé
                Adorno Rivera, y su esposo Carlos Figueroa Miranda
                […]. [sic].”13

11 Anejo XVI de la Petición de Certiorari, a las págs. 151 – 152. Énfasis nuestro.
12 Id., a las págs. 157 – 158. Énfasis nuestro.
13 Id., a las pág. 158.
KLCE202301364                                                               6

       Oportunamente, el matrimonio Figueroa Adorno solicitó una

reconsideración.14 Sin embargo, el TPI mantuvo su determinación.15

       Inconforme, el 5 de diciembre de 2023 los peticionarios

recurrieron ante nos y señalaron el siguiente error:

       ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR
       UNA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE LA
       PARTE DEMANDANTE ZUEÉ ADORNO RIVERA, LA CUAL SE
       PRESENTÓ BAJO LA MODALIDAD DE AUSENCIA DE PRUEBA
       Y POR FALTA DE ESPECIFICIDAD EN LAS ALEGACIONES DE
       FRAUDE Y DOLO.

       El 28 de diciembre de 2023, comparecieron los recurridos,

el señor Adorno Giusti y la señora Nieves Rivera en oposición a la

expedición del presente recurso. En igual posición, el 29 de

diciembre de 2023 compareció el señor Manuel Adorno Cabrera.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, damos por

sometido el asunto.

                                        -II-

                                        -A-

       El recurso de certiorari es un vehículo procesal de carácter

discrecional, que a su vez, permite a un tribunal de mayor jerarquía

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.16 Así, se

entiende por discreción como el poder para decidir en una forma u

otra; esto es, para seleccionar entre uno o varios cursos de acción.17

       En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita

las instancias en que habremos de atender —vía certiorari— las

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia:

       [E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes
       interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,
       solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones
       cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas
       56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter
       dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
       anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar
       órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal
       de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la
       admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales,

14 Anejo XVII de la Petición de Certiorari, págs. 160 – 168.
15 Anejo XVIII de la Petición de Certiorari, págs. 169 – 170.
16 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
17 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).
KLCE202301364                                                                  7

       asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de
       rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que
       revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual
       esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de
       la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari
       en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
       fundamentar su decisión. […].18

       Bajo esa discrecionalidad, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal de Apelaciones establece los siguientes criterios para la

mostrar causa o para la expedición del certiorari:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
           diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
           para el análisis del problema.
       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
           manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal
           de Primera Instancia.
       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
           a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
           elevados, o de alegatos más elaborados.
       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
           es la más propicia para su consideración.
       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
           dilación indeseable en la solución final del litigio.
       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
           evita un fracaso de la justicia. 19

       En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

dispuesto que:

       [d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción
       de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que
       hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con
       prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación
       o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho
       sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un
       perjuicio sustancial.20

       De manera, que si la actuación del foro recurrido no está

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de instancia a

quien le corresponde la dirección del proceso.21

                                      -B-

       En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos

18 Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.
19 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
20  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);
Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
21 SLG Zapata- Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013).
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casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.22 A tal

efecto, la Regla 36 de las de Procedimiento Civil dispone el proceso

mediante el cual cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal

que dicte sentencia sumaria a su favor.23

         De esta forma, cuando cualquier parte le solicite al tribunal

que el pleito sea resuelto por la vía sumaria, deberá demostrar en

su solicitud, “la inexistencia de una controversia sustancial de

hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la

reclamación”.24

         Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las

Reglas de Procedimiento Civil son los que se conocen como “hechos

materiales”.25 Al respecto, un hecho material es aquel que puede

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima

a través de un juicio plenario.26

         Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, detalla el

procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar

que se dicte una sentencia sumaria a su favor.27 A esos efectos, la

mencionada regla establece que una solicitud al amparo de ésta

deberá incluir: (1) una exposición breve de las alegaciones de las

partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la

22 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018).
23 32 LPRA Ap. V., R. 36.
24 32 LPRA Ap. V., R. 36.1 y 36.2.
25 Id.
26 32 LPRA Ap. V., R. 36.1.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214
(2010).
27 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.
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sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las

cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho

aplicable; y (6) el remedio que debe ser concedido.28

       Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.29

                                       -III-

       El matrimonio Figueroa Adorno nos señalan que el TPI erró al

no conceder la sentencia sumaria presentada.

       Pese a que los peticionarios señalan que no se presentó

prueba sobre las alegaciones de dolo y/o fraude, no es menos cierto

que la misma puede ser de carácter testimonial, como señala el foro

recurrido. Por lo tanto, al estar en igual posición que el TPI en la

revisión de una sentencia sumaria, adoptamos los hechos que no

están en controversia; y de igual modo, concurrimos con los hechos

que están en controversia recogidos en la Resolución recurrida.

28 Id.; Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc., 203 DPR 687, 698 (2019).
29 Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 941.
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      Es decir, surge de los autos que existen controversias sobre

hechos esenciales que impiden disponer el recurso por la vía

sumaria a favor de los peticionarios. Por lo cual, no nos parece

irrazonable que el TPI permita la continuación de los procesos, y,

posteriormente,   proceda   a   dilucidar     aquellas   cuestiones   de

credibilidad sobre los asuntos en controversia.

      En consecuencia, en el ejercicio de la sana discreción que nos

permite la citada Regla 40 del Tribunal Apelaciones, resolvemos

denegar la presente petición de certiorari.

                                 -IV-

      Por lo antes expuestos, denegamos la petición de certiorari

epígrafe.

      Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
               Secretaria del Tribunal de Apelaciones