Court Opinion

ID: 9941388
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:31:00.534941+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:37.385173
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                             PANEL VII

                                                  CERTIORARI
ROGELIO SANCHEZ                                   Procedente del
MARTINEZ                                          Tribunal de Primera
                                                  Instancia, Sala
Parte Recurrida                                   Superior de Carolina

                                              Civil Núm.:
v.                              KLCE202301302 CA2018CV02827
                                              (401)

                                                  Sobre:
MUNICIPIO
AUTONOMO DE                                       Prohibición sobre
CAROLINA Y OTROS                                  Represalias contra
                                                  el Empleado
Parte Peticionaria

Panel integrado por su presidenta la juez Domínguez Irizarry, la juez
Grana Martínez y el juez Pérez Ocasio

Pérez Ocasio, juez ponente

                                RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

        Comparece el Municipio Autónomo de Carolina (en adelante

Municipio o peticionaria) y solicita que revisemos varias órdenes

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Carolina, en adelante TPI-Carolina. Entre ellas, una orden emitida

y notificada el 19 de octubre de 2023, donde el TPI-Carolina sostuvo

la decisión de permitir la deposición al Hon. José Carlos Aponte

Dalmau.1 La Peticionaria solicitó una Reconsideración a la misma

que fue denegada por el Foro a quo el 15 de septiembre de 2023.

        Por otro lado, la parte peticionaria solicita la revocación de la

orden emitida el 19 de octubre de 2023, donde se sostuvo la

determinación y añadiendo determinaciones, en relación con el

carácter en que se representa al codemandado Jesús Morales

Trujillo. Dicha orden fue notificada el 20 de octubre de 2023.2

1 Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 67.
2 Id. pág.   275 a, 275 b

Número Identificador
RES2023___________________
KLCE202301302                                                       2

        Hacemos constar que, el 2 de noviembre del año de 2023, la

peticionaria radicó un Certiorari ante este Tribunal mediante una

Moción en Auxilio de Jurisdicción solicitando una Petición de

Revocación y Paralización de los Procedimientos.3 Este Tribunal

ordenó mediante Resolución declarando “Ha lugar” la “Moción de

Auxilio de Jurisdicción” y paralizando los trámites ante el Foro

Primario.4 Posteriormente, este Tribunal denegó el recurso solicitado

y dejo sin efecto la paralización mediante Resolución emitida el 19

de diciembre de 2023.

        Por los fundamentos que se exponen a continuación, se

deniega el auto de Certiorari solicitado. Veamos.

                                   I.

        El 12 de octubre de 2018, el señor Rogelio Sánchez Martínez,

en adelante Sánchez Martínez o recurrido, instó una demanda en

contra de la parte peticionaria, sobre la Ley Núm. 115-1991, 29

LPRA sec. 194 et seq, mejor conocida como la Ley de Represalias.

En esencia, alegó que trabajó en el Municipio Autónomo de Carolina

desde el 3 de agosto de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2017. Para

entonces, ocupaba el puesto de conductor de vehículos de motor

pesado. Adujo que fue despedido en represalia por unas presuntas

quejas presentadas ante el Alcalde del referido Municipio.

        Como parte del proceso de descubrimiento de prueba, las

partes habían establecido fecha para las deposiciones de los

testigos. El Municipio proveyó las fechas disponibles para que

fueran depuestos los testigos, a saber, el 18 y 25 de octubre de 2023,

8, 9 y 13 de octubre de 2023. Así las cosas, el 8 de septiembre de

2023, Sánchez Martínez por conducto de su representación legal,

envió un Aviso de Toma de Deposición Oral Duces Tecum, dirigido al

Alcalde, con fecha para la deposición para el 18 de octubre de 2023

3 Recurso de Certiorari KLCE202301213.
4 Id.
KLCE202301302                                                       3

y 8 de noviembre de 2023, a las 10:30 am.5 Dicho aviso incluía el

lugar en donde se realizarían las deposiciones, esto es, en la oficina

del representante legal de Sánchez Martínez en Utuado. Dicho aviso

fue remitido a la representación legal del Municipio con idéntico

contenido dirigido al señor Jesús Morales Trujillo, codemandado,

citado el 18 de octubre de 2023 y 8 de noviembre de 2023, a la 1:30

pm en Utuado.

       Así las cosas, el 13 de octubre de 2023, el Municipio informó

mediante Moción Urgente en Solicitud de Orden, que el Alcalde

tendría compromisos en las fechas provistas por ellos mismos, y que

se le hacía muy oneroso comparecer a la deposición, por lo que

solicitaron el traslado de la deposición al Municipio de Carolina o a

otro lugar.6 El TPI- Carolina autorizó el traslado y le proveyó un

término a Sánchez Martínez para que justificara una razón de peso

para no trasladar a Carolina la deposición.7 El recurrido se opuso

oportunamente y el Municipio replicó mediante un escrito intitulado

Moción Urgente Oposición a Mociones del Demandante y Moción de

Reconsideración, alegando ciertos requisitos para justificar la

deposición del Alcalde.8

       Mediante Orden emitida por el TPI- Carolina, el 19 de octubre

de 2023 y notificada el 20 de octubre de 2023, el Foro Primario

sostuvo la determinación de la deposición del Alcalde, a ser llevada

a cabo en el Municipio de Carolina.9

        Simultáneamente a esos incidentes procesales sobre las

deposiciones de la parte demandada-peticionaria, el 18 de

septiembre de 2023, el Foro de Instancia, a petición del Municipio,

le impuso una fianza a la parte demandante quien reside fuera de

5 Apéndice XXXIII del Recurso de Certiorari, pág. 132.
6 Id. Apéndice XLVII, pág.180-185.
7 Id. Apéndice XLIX, pág. 192.
8 Id. Apéndice LI, pág. 196-205
9 Id. Apéndice LXIII, pág. 275 A- 275B.
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Puerto Rico para garantizar las costas, gastos y honorarios de

abogados a los que pueda ser condenado bajo la Regla 69.5, de las

de Procedimiento Civil. Posteriormente esta orden fue reconsiderada

por el TPI-Carolina, toda vez que la imposición de fianza de no

residente, bajo la Regla 69.5, supra, va en contravención de las leyes

laborales, tales como la Ley de Reclamaciones Laborales, Ley Núm.

2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA 3118 et seq. De la misma

forma, el Foro Primario aseveró, que el Artículo 2 de la Ley que

Regula la Concesión de Honorarios de Abogado en los Casos de

Reclamaciones de Trabajadores o Empleados contra sus Patronos,

Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, 32 LPRA sec. 3115, detallaba

que cuando se dicte sentencia a favor del patrono o querellado, no

se condenará al empleado querellante al pago de honorarios de

abogado. Así pues, sostuvo que la Regla 69. 5, supra, iba en contra

de los objetivos que perseguían las leyes laborales. En virtud de lo

anterior, el recurrido solicitó al tribunal que reconsiderara la fianza

impuesta. El 2 de octubre de 2023, notificada, el 3 del mismo mes y

año, el Foro Primario emitió una Orden en la que declaró Con Lugar

la solicitud de reconsideración y dejó sin efecto la fianza impuesta.

      Inconforme con dicha determinación, el 2 de noviembre del

2023, la parte peticionaria acudió ante nos, cuestionando la orden

donde se dejó sin efecto la determinación de requerirle fianza de no

residente a la parte demandante. A su vez, nos solicitó la

paralización de los procedimientos mediante una Moción en Auxilio

de Jurisdicción, hasta la disposición final del recurso de epígrafe.

      Como mencionáramos, evaluada la petición, el 3 de noviembre

de 2023, emitimos una Resolución en la que declaramos Con

Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción y ordenamos la

paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera

Instancia. A su vez, solicitamos a la parte recurrida a presentar su
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posición conforme dispone la Regla 37 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 37.

      Posteriormente, mediante Resolución emitida el 19 de

diciembre de 2023, denegamos la expedición del auto solicitado y se

dejó sin efecto la paralización de los procedimientos que fuera

emitida el 3 de noviembre de 2023. El caso fue devuelto al TPI-

Carolina para la continuidad de los procedimientos.

      No obstante, quedando pendiente la controversia de las

deposiciones, e inconforme con el proceder del Foro Primario, el

Municipio recurre ante este Foro y en su recurso le imputa al TPI-

Carolina sendos señalamientos de errores:

         PRIMERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL AUTORIZAR LA DEPOSICIÓN DEL
         ALCALDE DE CAROLINA DADO A QUE EL
         RECURRIDO NO CUMPLIÓ CON LA NORMATIVA Y
         LOS CRITERIOS QUE SE REQUIEREN CUANDO SE
         CITA A UN FUNCIONARIO DE ALTO NIVEL.

         SEGUNDO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL AUTORIZAR LA DEPOSICIÓN DEL
         ALCALDE DE CAROLINA SIN TOMAR EN
         CONSIDERACIÓN QUE EL ALCALDE YA HABIA
         SIDO NOTIFICADO DE UN REQUERIMIENTO DE
         ADMISIONES Y DE UN REQUERIMIENTO DE
         ADMISIONES (SIC).

         TERCERO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA AL COMETER ABUSO DE DISCRECIÓN
         AL AUTORIZAR LA DEPOSICIÓN DEL ALCALDE DE
         CAROLINA SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL
         DERECHO APLICABLE, EL INCUMPLIMIENTO DEL
         RECURRIDO CON EL MISMO, EL EXPEDIENTE
         JUDICIAL Y LAS CIRCUNSTANCIAS HABIDAS EN
         EL CASO.

         CUARTO: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA
         INSTANCIA   AL   DETERMINAR    QUE    LOS
         REPRESENTANTES LEGALES DEL MUNICIPIO
         NUNCA DISTINGUIERON LA CAPACIDAD BAJO LA
         CUAL ASUMÍAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL
         CODEMANDADO,     QUE  EL   MUNICIPIO   ES
         RESPONSABLE DE CITARLO PARA LA DEPOSICIÓN
         CON    LAS    CONSECUENCIAS     QUE    SU
         INCUMPLIMIENTO PUEDA CONLLEVAR, QUE
         TIENE CONTROL DE UN TESTIGO QUE YA NO ES
         EMPLEADO, QUE ERRÓ AL PERMITIR QUE SE
         NOTIFIQUEN REQUERIMIENTOS DE ADMISIONES
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             Y DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS
             A DICHO TESTIGO, POR CONDUCTO DE LOS
             REFERIDOS ABOGADOS, COMO SI SE HUBIESE
             SOMETIDO   A   LA   JURISDICCIÓN Y   LO
             REPRESENTARAN EN CARÁCTER PERSONAL.

      La parte recurrida compareció el 2 de enero en su Recurso de

Oposición.

      Con el beneficio de   la   comparecencia     de   las   partes,

procedemos a resolver.

                                 II

   A. Certiorari

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una

decisión de un tribunal inferior. Rivera Gómez y otros v. Arcos de

Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023);

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR 821

(2023); Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994,

1004 (2021); 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174-175

(2020). Ahora bien, tal discreción no opera en lo abstracto. Con

respecto a lo anterior y para revisar los dictámenes interlocutorios

del Tribunal de Primera Instancia, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en su parte pertinente, lo

siguiente:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones u
      órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia, solamente será expedido por el
      Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una
      resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este
      apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter
      dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos
      o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar
      a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
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      justicia. Al denegar la expedición de un recurso de
      certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no
      tiene que fundamentar su decisión.
      [. . .]

      Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente,

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la

justicia, entre otras contadas excepciones. Mun. de Caguas v. JRO

Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019).

      Luego de auscultar si el recurso discrecional cumple con las

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, el

tribunal procederá a evaluar el recurso a la luz de la Regla 40 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

La mencionada regla expone los criterios que esta Curia deberá

considerar para ejercer sabia y prudentemente su decisión de

atender o no las controversias ante sí. Rivera Gómez y otros v. Arcos

de Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, supra; Pueblo v. Rivera Montalvo,

205 DPR 352, 372 (2020); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175

DPR 83, 96-97 (2008).

      Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra, funge como complemento a la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. La

precitada Regla dispone lo siguiente:

      El [T]ribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      (A) Si el remedio y la disposición de la decisión
      recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
      contrarios a derecho.
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      (B) Si la situación de hechos planteada es la más
      indicada para el análisis del problema.

      (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto en la apreciación de la prueba por el
      Tribunal de Primera Instancia.

      (D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      (E) Si la etapa de los procedimientos en que se
      presenta el caso es la más propicia para su
      consideración.

      (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito
      y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
      B, R. 40.

      Sin embargo, ninguno de los mencionados criterios es

determinante, por sí solo, para este ejercicio y no constituye una

lista exhaustiva. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). Por lo

que, de los factores esbozados “se deduce que el foro apelativo

intermedio evaluara tanto la corrección de la decisión recurrida, así

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio”.

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. (Énfasis

omitido).

      Nuestro Tribunal Supremo ha expresado también que, de

ordinario, el tribunal revisor “no intervendrá con el ejercicio de la

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio

sustancial”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).
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Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992);

citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).

      Finalmente, precisa señalar que la denegatoria a expedir un

recurso discrecional no implica la ausencia de error en el dictamen,

cuya revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus

méritos. Al contrario, responde a la facultad discrecional del foro

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

supra, pág. 98.

   B. Descubrimiento de Prueba

      El procedimiento para llevar a cabo el descubrimiento de

prueba está regido por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto

Rico, 32 LPRA Ap. V, R 23.1 (2009). El descubrimiento de prueba es

“la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la

deportiva teoría de justicia que tanta mina la fe del pueblo en el

sistema judicial”. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras

II, 206 DPR 659, 672 (2021); Rivera et al. v. Arcos Dorados et al.,

2023 TSPR 65; 212 DPR___ (2023); Alvarado v. Alemany, 157 DPR

672, 682 (2002).    El descubrimiento de prueba es el mecanismo

utilizado por las partes para “obtener hechos, título, documentos u

otras cosas que están en poder del demandado o que son de su

exclusivo conocimiento y que son necesarias [...] para hacer valer

sus derechos”. (Citas omitidas).

      Los foros primarios gozan de amplia discreción para regular

el descubrimiento de prueba, por lo que los foros apelativos no

deben intervenir con dicha discreción, salvo que medie prejuicio,

parcialidad o error manifiesto en la aplicación de una norma

procesal o sustantiva. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra;

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra (2000). Este criterio también
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concierne a la intervención de los foros apelativos con las

determinaciones interlocutorias de los tribunales de primera

instancia. McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 206

DPR 659, 672 (2021); Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151 DPR

649, 664 (2000).

      De la misma forma, en términos generales, el propósito del

descubrimiento de prueba es: (1) delimitar las controversias; (2)

facilitar la consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el

juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar la

prueba. Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec.

2802, págs. 333-334. Es por ello, que nuestro Máximo Foro Judicial

ha reiterado que el alcance del descubrimiento de prueba es

amplio y liberal. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, Cruz

Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc. 210 DPR 465, 29 (2022).

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra; Scotiabank v. ZAF

Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019); Casasnovas et al. v. UBS

Financial et al., 198 DPR 1040, 1054-55 (2017). (Énfasis suplido).

      Ese alcance amplio y liberal claramente propende a que,

mediante el buen uso del descubrimiento, se aceleren “los

procedimientos, se propicien las transacciones y se eviten las

sorpresas indeseables durante el juicio. McNeil Healthcare v. Mun.

Las Piedras II, supra.   De igual forma, el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha expresado que los tribunales de instancia tienen

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento,

pues es su obligación garantizar una solución justa, rápida y

económica del caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Cruz

Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc., supra. (Énfasis suplido).
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                                  III

      La parte peticionaria recurre ante nos solicitando que dejemos

sin efectos las órdenes emitidas por el TPI-Carolina, atacando el

proceso del descubrimiento de prueba donde se ordenó la deposición

del Alcalde de Carolina. Sin embargo, el descubrimiento de prueba

no constituye un asunto a ser evaluado bajo la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, supra, ni constituye un fracaso de la justicia.

       Luego de analizar la Regla 52.1, antes citada y habida cuenta

de que, entendemos que no medió pasión, prejuicio, parcialidad o

error manifiesto, y que el criterio rector se basa en la razonabilidad,

encontramos que no surge evidencia suficiente que pruebe las

alegaciones de la parte peticionaria y rebata la presunción de

corrección que merece nuestra deferencia hacia el Foro Primario.

      En virtud de lo anterior, y luego de un examen sosegado del

expediente ante nos, denegamos expedir el auto.

                                  IV

      Por los fundamentos que anteceden, se deniega el auto de

Certiorari solicitado.

      Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

      La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.

                           LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones