Court Opinion

ID: 9962801
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-04-23 20:53:42.452652+00
Date Added: 2024-06-11T08:19:35.761906
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                      TRIBUNAL DE APELACIONES
                                 PANEL X

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                       Certiorari
                                               procedente del
         Recurrido                             Tribunal de Primera
                                               Instancia, Sala
                                               Superior de Mayagüez
                              KLCE202400280
             v.                                Caso Núm.:
                                               ISCR202300183-184

                                               Sobre:
     WALTER CASTILLO                           Art. 404 Ley de
                                               Sustancias
        Peticionario                           Controladas
                                               Art. 6.05 Ley 168

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

                            RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2024.

       Comparece ante nos el señor Walter Castillo (señor Castillo o

peticionario) mediante Petición de Certiorari y Moción Solicitando

Paralización de los Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción

presentadas el 6 de marzo de 2024. En su recurso, el peticionario

solicita la revisión y revocación de la Resolución emitida el 16 de

enero de 2024, notificada el 22 de enero de 2024, por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Mediante el referido

dictamen, el foro primario declaró no ha lugar una Moción en

solicitud supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de las de

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario.

       Por   los    fundamentos   que   exponemos    a    continuación,

denegamos la expedición del auto de certiorari y declaramos no ha

lugar la Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en

Auxilio de Jurisdicción.

Número Identificador
RES2024__________
KLCE202400280                                                      2

                                       I.

       Conforme surge del expediente ante nuestra consideración,

por hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2022, el Ministerio

Público presentó contra el señor Castillo dos denuncias por

infracción al Artículo 404(a) de la Ley Núm. 4-1971, según

enmendada, conocida como Ley de Sustancias Controladas de

Puerto Rico1 y una denuncia por infracción al Artículo 6.05 de la Ley

Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como la Ley de Armas

de Puerto Rico de 20202. En síntesis, al peticionario se le imputó

poseer ilegalmente dos bolsitas de marihuana, una bolsita de

cocaína y un arma de fuego sin tener licencia para ello3.

       El 13 de marzo de 2023, el TPI celebró la Vista Preliminar al

amparo de la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal4, en la que

determinó causa probable en uno de los cargos bajo el Artículo

404(a), en específico, posesión de marihuana, y el cargo por

infracción al Artículo 6.05 de la Ley Núm. 168-20195. El 24 de marzo

de 2023, el Ministerio Público presentó las correspondientes

acusaciones6.

       Posteriormente, el 10 de agosto de 2023, el señor Castillo

presentó una Moción en solicitud supresión de evidencia al amparo

de la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal7. En dicha moción,

alegó que la intervención llevada a cabo contra el peticionario fue

realizada sin que mediara orden judicial previa, por lo cual, la

evidencia ocupada fue obtenida ilegalmente. Además, arguyó que el

agente Miguel Rodríguez Arocho (agente Rodríguez) intervino sin

tener motivos fundados. Particularmente, sostuvo que el agente

Rodríguez no tenía justa causa, ni motivos fundados para intervenir

1 24 LPRA sec. 2404.
2 25 LPRA sec. 466d.
3 Véase apéndice del recurso, págs. 1-2.
4 32 LPRA Ap. V, R. 23.
5 Véase apéndice del recurso, págs. 3-8.
6 Véase apéndice del recurso, págs. 12-15.
7 Véase apéndice del recurso, págs. 16-24.
KLCE202400280                                                        3

con el peticionario porque éste no estaba cometiendo algún delito o

infracción de tránsito. Por último, indicó que el testimonio del agente

Rodríguez fue uno estereotipado. Por consiguiente, solicitó la

supresión de la evidencia ocupada, es decir, la sustancia controlada

y el arma de fuego.

          Por su parte, el 5 de octubre de 2023, el Ministerio Público

presentó Contestación a moción en solicitud de supresión de

evidencia al amparo de la Regla 234 de las de Procedimiento

Criminal8. Señaló que la moción de supresión de evidencia

presentada por el señor Castillo no cumplía con las exigencias de la

Regla 234 de las de Procedimiento Criminal9. Sin embargo, alegó

que el peticionario no podía “poseer una expectativa razonable de

que el Estado no intervendría en el lugar registrado, ya que los

hechos ocurrieron en una vía pública, abierta al público,

concurrida” y el agente Rodríguez “no actuó ilegalmente al acudir a

verificar la aparente condición en que ese encontraba” el

peticionario10. Asimismo, argumentó que el testimonio del agente

Rodríguez fue uno claro, libre de contradicciones, abarcador y

preciso, mediante el cual expresó detalles específicos sobre las

circunstancias que motivaron la intervención con el peticionario.

          Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 24

de octubre de 2023, el TPI celebró una Vista de Supresión de

Evidencia. En dicha vista, el Ministerio Público presentó el

testimonio del agente Rodríguez, quien fue contrainterrogado por la

defensa del señor Castillo. Igualmente, el Ministerio Público

presentó como prueba documental las advertencias Miranda, la

prueba de campo y el Inventario de Propiedad Ocupada. Por su

8 Véase apéndice del recurso, págs. 25-32.
9 34 LPRA Ap. II, R. 234.
10
     Véase apéndice del recurso, pág. 31.
KLCE202400280                                                             4

parte, la defensa presentó como prueba con admisión limitada el

Informe de Incidente.

       Así las cosas, el 16 de enero de 2024, notificada el 22 de enero

de 2024, el TPI emitió Resolución11 en la que declaró no ha lugar la

solicitud de supresión de evidencia presentada por la defensa del

peticionario. Según se desprende de la Resolución recurrida, el

agente Rodríguez testificó como sigue:

              […] Específicamente, del año 2005 al 2019, realizó
       gestiones como encubierto y, a partir de ese momento,
       regresó a la División de Drogas de Mayagüez. Para el 23 de
       septiembre de 2022, trabajaba en el Área Policíaca de
       Mayagüez, adscrito a dicha división.

               El agente interventor continuó declarando que, para
       dicha fecha, participaba de un Plan de Trabajo Especial por
       motivo del paso del Huracán Fiona por Puerto Rico, dado lo
       ocurrido por el paso del fenómeno atmosférico y de que, como
       resultado, varias áreas carecían del servicio de energía
       eléctrica. Tomó servicio a las 6:00 am, en un turno de doce
       (12) horas de duración, dadas las circunstancias
       previamente aludidas.

              […]

              A tales efectos, [el agente] Rodríguez Arocho… señaló
       que el Teniente Jesús Rodríguez Rodríguez, en unión al
       Sargento Laboy, establecieron el plan de patrullaje
       preventivo […]. Como parte de ello, se le asignó un vehículo
       rotulado en el que iban el Agte. Sigfredo Arce Izquierdo;
       conduciendo el vehículo; el Agte. Agdel Torres Román,
       Rodríguez Arocho y el mismo Tte. Rodríguez. Estuvieron
       patrullando desde las 7:30 am, aproximadamente, y, a eso
       de la 1:13 pm, iban por Avenida Corazones, desde la
       Carretera PR 2, en dirección a Villa Felisa en Mayagüez.
       Dicha carretera o avenida tiene un área que comprende
       cuatro (4) señales de Pare [en cuatro (4) direcciones
       distintas]. Allí, realizaron un viraje hacia la izquierda, hacia
       el Camino José Bechara.

       Rodríguez Arocho indicó que; de ordinario, al hacer ese
       viraje; en ese camino se encuentra un quisco, o puesto de
       venta de verduras y viandas a la mano derecha. Sin embargo,
       en esa ocasión había un vehículo, Tablilla GLK 279, Toyota
       Corolla, color verde, con sus luces intermitentes (de
       emergencia) encendiendo y apagando o “flasheando”. Dicho
       auto, estacionado en la carretera. Al pasar por su lado, se
       percató de que el asiento del conductor estaba reclinado y
       había un caballero ocupándolo. El vehículo de anterior
       referencia [quedaba] a su mano derecha y le pasó por el lado
       muy cerca, a unos cuatro (4) a cinco (5) pies de distancia,
       aproximadamente, lo que le permitió ver lo previamente
       aludido.

              El agente dijo al testificar que el único ocupante en el
       interior del carro resultó ser el acusado y que tenía puestas
       una gorra negra y gafas oscuras, aparentando estar en

11 Véase apéndice del recurso, págs. 47-55.
KLCE202400280                                                              5

       estado de inconciencia, o dormido, mientras estaba en la vía
       pública. Acto seguido, le pidió al Agte. Arce que virara más
       adelante para corroborar estado y circunstancias del
       caballero que había observado ocupando el vehículo en
       cuestión.

       Luego de desmontarse de la patrulla y dirigirse al auto
       identificado, [el agente] Rodríguez manifestó que se acercó a
       la puerta del conductor, lo observó y señaló que estaba en la
       misma posición y en el mismo estado, como dormido o
       inconsciente. El agente le tocó bastante fuerte en el cristal
       de su lado, el cual estaba un poco bajado, unas tres (3) a
       cinco (5) pulgadas, aproximadamente. Se identificó como la
       Policía de Puerto Rico, pero [el señor] Castillo no respondió.
       Entonces, volvió a tocar el cristal con más fuerza y,
       nuevamente, se identificó como Policía, con voz también más
       fuerte, y, como resultado, el acusado reaccionó e intentó
       acomodarse o erguirse en el asiento. En ese momento, el
       agente interventor percibió un fuerte olor a marihuana que
       salía del vehículo.

              Acto seguido, [el agente] Rodríguez se percató que, en
       el mismo asiento del conductor, pinchada entre el muslo
       derecho del ocupante y la consola central, donde se
       encuentra la palanca de los frenos de mano o de emergencia,
       había un arma de fuego que tenía las cachas de color negro
       y era una pistola cromada. Al percatarse del arma,
       presumiéndola ilegal, el agente dijo que desenfundó su arma
       de reglamento, más le indicó al acusado que abriera la puerta
       y se bajara del vehículo.

               Tan pronto el acusado se disponía a abrir la puerta
       para bajarse, [el señor] Castillo le indicó al agente que se iba
       a poner sus zapatos tenis, toda vez que estaba descalzo.
       Mientras lo observaba doblarse, o inclinarse hacia el piso, o
       la alfombra del carro, donde estaba ubicado su calzado, al
       lado de sus pies, el Agente Rodríguez Arocho notó que había
       una envoltura de cigarrillo, color marrón, quemada en uno
       de sus extremos, pero que estaba apagado. El agente expresó
       que, por su experiencia, dedujo se trataba de un cigarrillo de
       marihuana. [Asimismo], testificó que, tan pronto se puso los
       tenis, le verbalizó las advertencias de ley al señor [Castillo] y
       lo puso bajo arresto.

       […]12

       En virtud de lo anterior, el foro primario concluyó que el

testimonio del agente Rodríguez “posee suficientes garantías de

confiabilidad y detalles sobre las circunstancias en que llevó a cabo

la intervención, el término de su investigación y los resultados

obtenidos, dando este Tribunal credibilidad al mismo”13.

       En desacuerdo con la determinación, el 6 de febrero de 2024,

el   señor     Castillo    presentó       una   Moción   en    Solicitud   de

12 Véase apéndice del recurso, pág. 48-49.
13 Véase apéndice del recurso, pág. 54.
KLCE202400280                                                              6

Reconsideración14. En esencia, adujo que el Ministerio Público no

presentó prueba suficiente para justificar una intervención sin

orden previa. Añadió que del testimonio del agente Rodríguez no

surge que se hubiera cometido algún delito en su presencia o tuviera

motivos fundados para creer que el señor Castillo había cometido

un delito. Por último, señaló que el Ministerio Público nunca

manifestó que se tratara de una intervención de emergencia.

       El 12 de febrero de 2024, notificada el 14 de febrero de 2024,

el TPI emitió una Resolución15, mediante la cual declaró no ha lugar

la moción de reconsideración.

       Inconforme aún, el 6 de marzo de 2024, el señor Castillo

acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe, en el cual señaló al

TPI la comisión del siguiente error:

       Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar
       la Moción de Supresión de Evidencia, toda vez que el
       testimonio del Agente Rodríguez Arocho es uno estereotipado
       a los fines de justificar lo que fue una intervención, arresto y
       registro ilegal, violando así el Artículo II, Sec. 10 de la Carta
       de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de
       Puerto Rico.

       Asimismo, el señor Castillo acompañó su Petición de Certiorari

con una Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en

Auxilio de Jurisdicción, mediante la cual solicitó la paralización de

los procedimientos ante el TPI debido a que el juicio en su fondo está

señalado para el 11 de marzo de 2024.

       En esta misma fecha, emitimos una Resolución en la que

concedimos término al peticionario para acreditar haber notificado

de forma simultánea copia del recurso de epígrafe y de la moción en

auxilio de jurisdicción de conformidad con la Regla 79(E) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones16. Además, concedimos

término a El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del

14 Véase apéndice del recurso, págs. 56-62.
15 Véase apéndice del recurso, págs. 63-64.
16 4 LPRA Ap. XXII-B, r. 79(E).
KLCE202400280                                                                 7

Procurador General de Puerto Rico (Procurador), para expresar su

posición.

       El 7 de marzo de 2024, el peticionario compareció mediante

Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden en la que acreditó

haber notificado copia del recurso de epígrafe y de la moción en

auxilio de jurisdicción. En esta misma fecha, el Procurador presentó

Escrito en Cumplimiento de Orden.

       Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

estamos      en   posición    de   resolver    el    recurso   ante    nuestra

consideración.

                                      II.

                                      -A-

       El auto de certiorari constituye un vehículo procesal

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar

las determinaciones de un tribunal inferior17. La determinación de

expedir o denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada

dentro de la discreción judicial18. De ordinario, la discreción consiste

en “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial

para llegar a una conclusión justiciera”19. Empero, el ejercicio de la

discreción    concedida      “no    implica     la    potestad    de    actuar

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del

resto del derecho”20.

       Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones21, señala los

17 Véase Torres González v Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); 800 Ponce de

León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307,
337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de
Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001).
18 Íd.
19 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v.

Srio. de Justicia, supra, pág. 91.
20 Íd.
21 4 LPRA XXII-B, R. 40.
KLCE202400280                                                             8

criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

       (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a
       diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

       (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada
       para el análisis del problema.

       (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
       manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de
       Primera Instancia.

       (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida
       a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser
       elevados, o de alegatos más elaborados.

       (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso
       es la más propicia para su consideración.

       (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una
       dilación indeseable en la solución final del litigio.

       (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa
       evita un fracaso de la justicia.

       Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el

ordenamiento       impone    que    ejerzamos     nuestra    discreción   y

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la

misma, se requiere nuestra intervención.

                                    -B-

       La Regla 234 de las de Procedimiento Criminal, supra, provee

el mecanismo para hacer valer la protección constitucional contra

actuaciones irrazonables del Estado bajo la Cuarta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos de nuestra

Constitución. Dicha Regla instituye, en lo pertinente, lo siguiente:

               La persona agraviada por un allanamiento o registro
       ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la Regla
       233 la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud
       de tal allanamiento o registro, o la devolución de la
       propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:

             (a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin
       orden de allanamiento o registro.

               […]22
       El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una

solicitud de supresión de evidencia deberá exponer “los hechos

22 34 LPRA Ap. II, R. 234.
KLCE202400280                                                             9

precisos o las razones específicas que sostengan el fundamento o

fundamentos en que se basa la moción de supresión presentada”23.

Luego, el Tribunal oirá la prueba y celebrará una vista evidenciaría

ante un magistrado distinto al que atenderá el juicio, siempre y

cuando haya mediado orden judicial y la parte promovente

demuestre que existe una controversia sustancial de hechos que

amerite la vista24. Si no se demuestra esta controversia sustancial,

no es necesaria la celebración de la vista para resolver la moción25.

      La vista de supresión de evidencia no es el “acto del juicio”

que contempla nuestro ordenamiento jurídico26. No está en

controversia la culpabilidad o inocencia del acusado, lo único que

tiene que determinarse es la legalidad o razonabilidad del registro

realizado27. Por lo cual, el quantum de prueba requerido en una

vista de supresión de evidencia es el de la preponderancia de la

prueba28.

      Por último, es preciso destacar que si bien la determinación

de si una actuación gubernamental es razonable --y, por ende,

válida-- dependerá de los hechos particulares de cada caso, la

adjudicación de una moción de supresión de evidencia no es de

naturaleza fáctica. Deberán aquilatarse las cuestiones de hecho,

empero, el procedimiento bajo la Regla 234 de Procedimiento

Criminal, supra, “se refiere a asuntos de derecho que hay que dirimir

como paso previo a la admisibilidad de evidencia”29.

23 Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437 DPR (2009); Pueblo v. Blase Vázquez,

148 DPR 618, 633 (1999); Pueblo v. Maldonado, Rosa, 135 DPR 563, 569 (1994).
24 34 LPRA, Ap. II, R. 234.
25 Pueblo v. Maldonado, Rosa, supra, pág. 569.
26 Pueblo v. Rivera Rivera, 117 DPR 283, 289 (1986).
27 Íd.
28 E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 333.
29 Pueblo v. Blase Vázquez, supra, pág. 633.
KLCE202400280                                                       10

                                 III.

      En el presente recurso, el señor Castillo solicita la revisión de

la determinación del TPI, mediante la cual denegó su solicitud de

supresión de evidencia. En síntesis, el peticionario alega que la

intervención realizada por el agente Rodríguez fue realizada sin una

orden judicial previa ni motivos fundados. Por tanto, sostiene que la

evidencia ocupada fue obtenida ilegalmente.

      Luego de analizar el expediente apelativo, los argumentos de

las partes, así como la regrabación de la vista celebrada el 24 de

octubre de 2023, a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal

de Apelaciones, supra, no encontramos razón por la cual este Foro

deba intervenir. Al examinar el proceder del foro primario no

identificamos que se haya excedido en el ejercicio de su discreción,

actuado de manera arbitraria o errado en la aplicación del derecho.

En consecuencia, denegamos la expedición del auto de certiorari y

declaramos no ha lugar la Moción Solicitando Paralización de los

Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción.

                                 IV.

      Por   los   fundamentos    que    anteceden,    denegamos      la

expedición del auto de certiorari solicitado y declaramos no ha lugar

la Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos en Auxilio de

Jurisdicción.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones