Court Opinion

ID: 9381052
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-03-21 19:12:11.235385+00
Date Added: 2024-06-11T17:17:29.417622
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                          TRIBUNAL DE APELACIONES
                                    PANEL X

  ING. VÍCTOR M. NEGRÓN                               Revisión Judicial
        RAMOS, P.E.                                   Procedente de la
                                                      Oficina de Gerencia de
      Proponente-Recurrido                            Permisos

  JUAN R. RAMOS MELECIO

 Dueño del Proyecto-Recurrido KLRA202300013 Caso Núm.:
                                            2018-232562-CCO-
              v.                            002780

   IRAIDA TORRES RIVERA

     Interventora-Recurrente                          Sobre:
                                                      Construcción techo de
  OFICINA DE GERENCIA DE                              zinc para área de
         PERMISOS                                     mecánica liviana

        Agencia Recurrida

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza
Mateu Meléndez y el Juez Marrero Guerrero.

Mateu Meléndez, Jueza ponente

                                  SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

       El 11 de enero de este año, la Sra. Iraida Torres Rivera compareció

ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de Revisión

Administrativa en el que impugna la Resolución emitida por la Oficina de

Gerencia de Permisos (OGPe o agencia recurrida) en el caso de consulta de

construcción número 2018-232562-CCO-002780. Por virtud del aludido

dictamen, la OGPe declaró favorable la solicitud sometida por el Sr. Juan R.

Ramos Melecio (señor Ramos o recurrido) para la operación de un taller de

mecánica liviana, lavado de autos, cambio de aceite y filtro y venta de

accesorios de auto.

       Por los fundamentos que más adelante consignamos, confirmamos

la decisión recurrida. Veamos.

Número Identificador

SEN2023 _________________
KLRA202300013                                                                                   2

                                                I

        Los hechos del presente caso guardan relación con aquellos

consignados en la Sentencia que un panel hermano de este Tribunal de

Apelaciones emitió el 8 de marzo de 2022 con relación al pleito de epígrafe.1

Por razón de ello, a continuación, incorporamos a la presente Sentencia

aquellos hechos reseñados en dicha ocasión que son pertinentes a la

controversia que hoy debemos resolver. Estos son como a continuación se

detalla.

        El 30 de enero de 2007, la OGPe en el caso núm.05PU6- 00000-00297,

emitió un Permiso de Uso solicitado por el señor Ramos para la operación de

un taller de mecánica liviana, lavado de autos, cambio de aceite y filtro y

venta de accesorios de auto. Debido a que la recurrente se sentía afectada

por las obras de construcción en el taller en cuestión, presentó ante la Junta

de Planificación de Puerto Rico (en adelante, JP) la Querella núm. 2018-

SRQ-003354. En mérito de tal querella, la JP realizó una inspección de

campo en la propiedad y observó que, en efecto, había trabajos de

construcción sin evidencia de los permisos requeridos. Así, el 21 de junio

de 2018, la JP emitió una Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa

ordenándole al señor Ramos Melecio a mostrar causa de por qué no debía

imponerle multa de quinientos dólares ($500.00), por cierta construcción sin

los correspondientes permisos.

        Posteriormente, el 19 de julio de 2018, la señora Torres Rivera

presentó ante la Sala Municipal de Toa Baja una querella bajo la Ley de

Controversias y Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de

julio de 1974 (en adelante, Ley Núm. 140). Ese día, se emitió una Orden de

Citación. Ulteriormente, el 24 de octubre de 2018, notificada el 26, el TPI

emitió Orden en la que le ordenó al querellado, quien no compareció a pesar

1
 Así pues, tomamos conocimiento judicial de la Sentencia dictada en el aludido caso, en particular
de los hechos ahí consignados
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de haber sido citado en sala, tomar las medidas necesarias para mitigar los

sonidos y ruidos procedentes de los diferentes equipos que utiliza y

prohibir que los camiones permanezcan encendidos en los predios de su

negocio.

      En adición a los trámites ya detallados, la recurrente también

presentó contra el señor Ramos una querella por ruido de maquinaria ante

la Junta de Calidad Ambiental (en adelante, JCA). El 25 de septiembre de

2018 la JCA, a través del Inspector Edwin Borrás Otero, recomendó una

reinspección a través del Informe de Caso Investigado con las siguientes

observaciones:

      Al momento de la inspección la fuente emisora se encontraba
      operando. Se tomó una lectura de sonido en la colindancia de la
      parte querellante la Sra. Iraida Torres Rivera esto para conocer el
      nivel de sonido de las maquinarias utilizadas en el taller de
      mecánica del querellado el Sr. Juan R. Ramos Melecio. Los
      resultados obtenidos fueron de 88 db(A) proveniente de la pistola
      de impacto, 83 db(A) martilleo en superficie de metal, 68 db(A)
      compresor de aire y 75 db(A) de golpe al tirar las herramientas.
      Estos ruidos sí tienen el potencial de sobrepasar los niveles
      establecidos por el Reglamento para el Control de la
      Contaminación por Ruido (RCCR). El nivel de sonido de fondo en
      ese momento fue de 50 db (A). Se orientó a la parte querellante
      sobre la querella y el RCCR. Se le enviará una carta de orientación
      a la parte querellada sobre los niveles de las maquinarias que
      sobrepasaron los niveles establecidos por el reglamento.

      Así las cosas, la Gerente Interina del Área de Control y

Contaminación de Ruido y Lumínica, la Sra. Vanessa Villafañe Cruz,

orientó al señor Ramos Melecio sobre el Reglamento antes referido por

tener las maquinarias el “potencial de exceder el límite de sonido

establecido para una zona residencial en el período diurno que comprende

de 7:00 am a 10:00 pm y el nivel reglamentado es de 65db(A)”.

      El 4 de septiembre de 2018, el señor Ramos Melecio, por conducto

del Ing. Negrón Ramos, sometió ante la consideración de la OGPe la

Solicitud de Construcción Núm. 2018-232562-CCO-002780, donde propuso

la legalización de la ampliación del Taller de Mecánica Liviana en material

mixto (Tubo Galvanizado y Zinc Acanalado).
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       El 5 de noviembre de 2019 la parte recurrente, quien reside en la

colindancia del taller, presentó una Solicitud de Intervención para la

Solicitud de Permiso Núm. 2018-232562-CCO-002780. Dicha solicitud fue

aprobada a través de la Resolución Sobre Solicitud de Intervención el 29 de

marzo de 2019. Así las cosas, la señora Torres Rivera presentó una Moción

Solicitando Vista Administrativa el 12 de julio de 2019. La OGPe celebró vista

administrativa.

       El 17 de julio de 2019, la Junta Adjudicativa de la OGPe dictó

Resolución sobre Consulta de Construcción mediante la cual determinó

favorable la consulta de construcción solicitada por el señor Ramos.

Inconforme con esa determinación, Torres Rivera compareció ante este

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso KLRA202000106 en el que

alegó que se cometieron los siguientes errores:

       Erró en derecho la Oficina de Gerencia de Permisos pues,
       según la conclusión de derecho núm. 3, identificó la
       propuesta y su adjudicación al amparo del plan territorial de
       Peñuelas, por lo que viola el debido proceso de ley a la
       recurrente.

       Erró en derecho la Oficina de Gerencia de Permisos pues, la
       consulta de construcción no es el vehículo procesal para este
       caso.

       Erró en derecho la Oficina de Gerencia de Permisos pues, el
       uso lo evaluó como uso principal, permitiendo así la
       intensificación del uso de la tierra, donde ya existen dos usos
       principales, por lo que la propuesta conlleva una consulta de
       ubicación.

       Erró en derecho la Oficina de Gerencia de Permisos, al
       conceder a esta operación la exclusión categórica núm.
       (relación de hechos núm. 10, apéndice 1, pág.1)

       Con fecha del 8 de marzo de 2022, este Tribunal de Apelaciones dictó

Sentencia mediante la cual, debido a que la determinación emitida fue

basada en el Plan Territorial de Peñuelas cuando el predio en controversia

ubicaba en el Municipio de Toa Baja, se revocó la resolución recurrida y se

devolvió el caso al foro administrativo para que continuara el trámite
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administrativo y resolviera conforme a los planos territoriales y la

legislación correcta.

       En cumplimiento con ello, finalmente el 15 de diciembre de 2022 la

OGPe emitió la Resolución sobre consulta de construcción objeto de revisión en

el recurso de epígrafe. En esta, concluyó que el Plan Territorial de Toa Baja

vigente, así como el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de

Construcción y Uso de Terrenos, vigente del 29 de noviembre de 2010 son

los cuerpos reglamentarios aplicables a la consulta de construcción

evaluada. Asimismo, habida cuenta las determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho consignadas, la OGPe emitió una determinación

favorable para la solicitud de consulta de construcción. Esto, condicionado

al cumplimiento con el Artículo 807 del Código Civil de Puerto Rico sobre

las distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones,31 LPRA Sec.

8070. Igualmente, debía actualizarse la Recomendación de la División de

Salud (DS) y Seguridad (CB); recogerse las aguas pluviales de manera que

caigan en la propiedad del señor Ramos y no afecten terrenos colindantes y

proveer aislamiento sónico y garantizar cumplimiento con el Reglamento

para el Control de la Contaminación por Ruido.

       En desacuerdo, la señora Torres instó el recurso de revisión

administrativa de epígrafe en el que como único señalamiento de error

apunta que incidió la OGPe al meramente enmendar la resolución

previamente emitida y violentar así la Sentencia emitida en el caso Número

KLRA202000106, así como el debido proceso de ley que le cobija. Atendido

el recurso, el 17 de enero de 2023 emitimos Resolución concediendo a las

partes recurridas término para comparecer a someter su posición.

       El 10 de febrero de este año, el señor Ramos presentó una Moción

solicitando desestimación y solicitud de desglose, en la que señaló que la señora

Torres incluyó con su recurso documentación que no forma parte del

expediente administrativo y que esta en su exposición de hechos relató
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asuntos que nada tienen que ver con el trámite acaecido en la agencia

administrativa por lo que deben ser desglosados. Así, de igual forma,

reclama que la acción de la recurrente incumple con varias de las

disposiciones reglamentarias del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

que ameritan su desestimación. El 14 de febrero de 2023, la señora Torres se

opuso a la solicitud de desestimación presentada por el señor Ramos, quien

el 17 de febrero de 2023 sometió réplica. En su oposición, la peticionaria

asevera que los argumentos del señor Negrón demuestran su contumacia

en incumplir con las decisiones judiciales que se han emitido sobre la

controversia. Más aun, afirma que ante la incorrecta acción de la OGPe de

no comenzar desde el principio el proceso administrativo, no hay un

expediente administrativo nuevo que producirse.

       Evaluado el expediente, resolvemos declarar No Ha Lugar la

solicitud de desestimación del señor Ramos y procedemos a resolver el

recurso. Sobre este, el 17 de febrero de este año la OGPe compareció y

sometió su Oposición a revisión administrativa. Así pues, con el beneficio de

la comparecencia de las partes, así como de la agencia recurrida,

resolvemos.

                                     II

       La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU

dispone sobre la revisión judicial que las disposiciones de dicha ley serán

aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas

finales dictadas por agencias, las que serán revisadas por el Tribunal de

Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 LPRA Sec. 9671. Asimismo,

la Sección 4.2 de la LPAU establece que la parte adversamente afectada por

una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los
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remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo

apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión dentro

de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la

notificación de la orden o resolución final. 3L.P.R.A. Sec. 9672.

          Sabido es que en cuanto a la revisión judicial a la que se refiere la

Sección 4.2. antes señalada, los tribunales apelativos estamos llamados a

otorgar amplia deferencia a las decisiones administrativas. Esto, debido a

la experiencia y pericia que se presume tienen tales organismos

administrativos para atender y resolver los asuntos que por virtud de ley le

han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202

D.P.R. 117, 127 (2019), Rolón Martínez v. Caldero López, 201 D.P.R. 26

(2018).

          La doctrina de revisión judicial dispone que, al revisar las

determinaciones administrativas, los tribunales tienen la encomienda de

auscultar si las mismas fueron emitidas en virtud de los poderes delegados

a la agencia y de su política pública. Capó Cruz v. Junta de Planificación, et

al., 204 DPR 581 (2020) al citar a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606,

625-626 (2016). Para ello, los tribunales revisores deben conceder deferencia

a las decisiones de las agencias administrativas, pues éstas gozan de

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos ante su

consideración, lo que ampara sus dictámenes con una presunción de

legalidad y corrección. Íd. Así, al realizar esta tarea, los tribunales

analizarán si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; si las

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por

evidencia sustancial y si las conclusiones de derecho fueron correctas. Asoc.

Fcias v. Caribe Speciality et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).

                                       III

          En apretada síntesis, la peticionaria arguye que la OGPe erró al

emitir la recomendación favorable solicitada por el señor Negrón, toda vez
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que la Sentencia emitida el 8 de marzo de 2022 en el recurso

KLRA2020000106 le ordenó comenzar el proceso completo, incluyendo la

celebración de una nueva vista administrativa. Además, de forma indirecta

propone que la decisión recurrida está fundamentada en una disposición

legal inaplicable, ya que en la discusión de sus errores hace alusión al

Reglamento Conjunto del 2020, y no aquel bajo el cual se realizó la

evaluación del caso (Reglamento Conjunto 2010). Tal planteamiento es

repetido con mayor claridad por la señora Torres en su oposición a la

desestimación del recurso. No tiene razón la parte recurrente.

      En primer lugar, una lectura de la Sentencia emitida el 8 de marzo de

2022 en el recurso KLRA202000106 no nos convence que la disposición

alcanzada en dicha ocasión por un panel hermano de este Tribunal de

Apelaciones tenga la aplicación pretendida por la peticionaria. La

revocación de la resolución emitida previamente en el caso de epígrafe y

devolución del caso al foro administrativo fue a los efectos de que se

realizara nuevamente la evaluación completa del expediente y se resolviera

la consulta al amparo de las disposiciones legales correctas. Al final de

cuentas, la revocación decretada se debió a que la Resolución indicaba que

la adjudicación fue hecha al amparo del plan territorial del Municipio de

Peñuelas, cuando el predio en controversia está ubicado en el Municipio de

Toa Baja.

      Segundo, en Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007),

nuestro Tribunal Supremo adoptó la normativa de “reglamentación

pendiente”. Así, dado que un solicitante no adquiere un derecho a obtener

una consulta por el mero hecho de presentar su solicitud en un momento

en el que la reglamentación vigente permite la misma, si a la fecha de la

presentación de la solicitud existe una nueva reglamentación pendiente de

aprobación, y la misma se aprueba antes de que la solicitud se resuelva, tal

reglamentación puede ser utilizada a la hora de conceder o denegar la
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solicitud. Quiere decir esto, que contrario a lo que parece entender la

peticionaria, la aplicación del Reglamento Conjunto 2020 a la consulta del

recurrido es una discrecional y no obligatoria. Por tanto, no había

impedimento para que la OGPe resolviera como hizo, utilizando

Reglamento Conjunto 2010.

      Más allá de argumentar que la decisión administrativa recurrida no

cumple con una sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones y

argumentar, sin abundar, que el Reglamento Conjunto 2010 no es la

reglamentación aplicable, la peticionaria no presenta argumento adicional

a los fines de impugnar la misma. La discusión ofrecida por la señora Torres

al argumentar su señalamiento de error con miras a impugnar la Resolución

sobre consulta de construcción recurrida es insuficiente para derrotar la

deferencia que debemos observar hacia las decisiones administrativas.

Recordemos que como arriba expusimos, dicha deferencia cede cuando las

determinaciones administrativas son irrazonables, ilegales o simplemente

contrarias a derecho.

      Definitivamente, al considerar que las determinaciones de hechos de

organismos y agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne no

produzca evidencia suficiente para derrotarlas, y no habiendo cumplido la

peticionaria con tal requisito, no estamos en posición de concluir como

propone, que procede la revocación de la Resolución recurrida.

                                        IV

      Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Resolución

emitida por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe o agencia recurrida)

en el caso de consulta de construcción número 2018-232562-CCO-002780.
KLRA202300013                                                     10

      Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del

Tribunal.

                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones