Court Opinion

ID: 9941554
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:46:02.515259+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:45.652948
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                                            PANEL VII

                KARINA MASSIEL                             Certiorari
               DUARTE VENTURA                              procedente del
                                                           Tribunal de Primera
                       Recurrida                           Instancia, Sala
                                                           Superior de Mayagüez
                          V.
                                        KLCE202301269 Caso Núm.:
              CARLOS LUIS ORTIZ                       LJ2023RF00003
                   RAMOS                              (301)

                   Peticionario                        Sobre:
                                                       ALIMENTOS –
                                                       MENORES DE EDAD
            Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
            Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

            Grana Martínez, Jueza Ponente

                                          RESOLUCIÓN

            En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2024.

                   Comparece ante este tribunal, el señor Carlos Luis Ortiz Ramos.

            Mediante recurso de certiorari, este nos solicita la revocación de una

            determinación del Tribunal de Primera Instancia que rechazó su

            petitorio para desestimar la petición de alimentos presentada en su

            contra.     Explicamos   brevemente     los   hechos   esenciales   para

            comprender la determinación que hoy tomamos.

                                                I

                   El señor Ortiz Ramos es padre de dos menores de edad que

            nacieron y siempre han vivido en la República Dominicana. Según el

            peticionario, la madre de sus hijos y estos no residen y nunca han

            residido en Puerto Rico. La madre, Karina Massiel Duarte Ventura, en

            representación de los dos menores de edad, presentó ante el Tribunal

            de Primera Instancia una fijación inicial de pensión alimentaria para

            beneficio de los menores procreados por las partes.

                   El peticionario sostiene que el TPI carece de jurisdicción sobre

            la materia para atender un reclamo de alimentos internacionales, al

            amparo de la Ley de Sustento de Menores de Puerto Rico y las Guías

            Mandatorias para la Fijación de Pensiones Alimentarias en Puerto

Número Identificador

RES2024________________
KLCE202301269                                                               2

Rico, debido a que, en el caso de autos, los menores alimentistas y la

madre       custodia   son    residentes    y   domiciliados   en   República

Dominicana.

      Afirma que, el foro recurrido se equivocó al entender que se

había sometido a la jurisdicción de Puerto Rico señalando que, desde

su primera comparecencia, se ha asegurado de especificar que sus

planteamientos los hace sin someterse a la jurisdicción del tribunal.

Para el señor Ortiz Ramos, cualquier trámite para la reclamación y/o

fijación de una pensión alimentaria debe ser entablada en el país en el

cual nacieron y han residido sus hijos toda su vida.

      En la alternativa alega que, del foro primario entender que

posee jurisdicción sobre la materia, no debió haber referido el caso a

la Examinadora de Pensiones (EPA), pues sus facultades son

limitadas y no puede intervenir en “casos complejos”, y quien, a su

vez, está obligada a utilizar las guías mandatorias para la fijación de

pensiones alimentarias en Puerto Rico. O sea, que no puede aplicar

las guías mandatorias en casos de alimentos internacionales,

especialmente si el país de residencia de los menores es uno donde el

costo de vida es menor al de Puerto Rico.

                                       II

                                       A.

      El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una

decisión de un tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491; Caribbean

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR

994, 1004 (2021); 800 Ponce de Leon Corp. v. American International

Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. de

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019). Aunque la

característica principal del recurso reside en el carácter discrecional

del mismo, tal determinación no es irrestricta, está sujeta a los

criterios    señalados   en    la   Regla   52.1   de   Procedimiento   Civil.
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Resaltamos que esta regla ha sufrido modificaciones a través del

tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros

revisores en la expedición del recurso.

      En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será

expedido:

      … para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias
      dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se
      recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57
      o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

      No obstante, y por excepción a lo dispuesto
      anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar
      órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el
      Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de
      decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios
      evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de
      relaciones de familia, en casos que revistan interés
      público o en cualquier otra situación en la cual esperar a
      la apelación constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia.

      Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en
      estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que
      fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u
      orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera
      Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación
      que se interponga contra la sentencia, sujeto a lo
      dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no
      perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

      Superado      el   análisis   al   amparo   de   la   Regla   52.1   de

Procedimiento Civil, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para guiar su

discreción al intervenir con la resolución u orden interlocutoria. La

Regla 40 dispone:

      El tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto de
      certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida,
      a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a
      derecho.

      B) Si la situación de los hechos planteada es la más
      indicada para analizar el problema.
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      C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y
      manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal
      de Primera Instancia.

      D) Si el asunto planteado exige consideración más
      detenida a la luz de los autos originales, por los cuales
      deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

      E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el
      caso es la más propicia para su consideración.

      F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y
      una dilación indeseable en la solución final del litigio.

      G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar
      causa evita un fracaso de la justicia.

      Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir no implica la

ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó, ni

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por

el foro de instancia. Se entiende que la parte afectada por la

denegatoria a expedir el auto de certiorari, de entenderlo pertinente,

podrá revisar esta determinación cuando el Tribunal de Primera

Instancia dicte sentencia final. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty,

175 DPR 83, 98 (2008).

                                 B.

      Tanto en la ASUME como en los tribunales del país,

continuamente se presentan casos de alimentos en los que una de las

partes se encuentra fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos de

América. Para ambos foros, ello representa afrontar los retos que

conlleva el tratar de preservar y asegurar el derecho de un menor a

recibir alimentos cuando en muchos casos no puede llevarse a cabo

un proceso sin menoscabar derechos tales como el que le asiste a las

partes a un debido proceso de ley, o cuando no se cuenta con el

andamiaje administrativo adecuado que permita la celebración de un

proceso relacionado con una persona que reside fuera de la
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jurisdicción de los Estados Unidos. Con la adopción de la UIFSA1

2008,2 los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos podrán

procesar los casos de otros países que hayan ratificado el Convenio,

por lo que ello significará un paso de avance en Puerto Rico, pues, se

contará con el marco legal y procesal necesario al amparo del cual se

podrán ventilar dichos casos internacionales.3

       La Ley Uniforme Interestatal sobre Alimentos para la Familia,

conocida como UIFSA, define país extranjero como aquel país distinto

a Estados Unidos que: (a) ha sido declarado país extranjero recíproco

en virtud de la ley de los Estados Unidos; (b) ha otorgado con Puerto

Rico un acuerdo recíproco para el sustento de menores, según

provisto en la Sección 308 de esta Ley; (c) ha promulgado una ley o

establecido procedimientos para el establecimiento y la ejecución de

órdenes de pensión alimentaria que son sustancialmente similares a

los procedimientos contenidos en esta Ley; o (d) es un país sobre el

cual el Convenio tiene fuerza de ley con respecto a los Estados

Unidos.4 La UIFSA aplica a un procedimiento sobre alimentos que

implique, un alimentista, un alimentante o un menor que resida en

un país extranjero.5 En un procedimiento para establecer una orden

de pensión alimentaria, un tribunal de Puerto Rico podrá ejercer

jurisdicción sobre un individuo no residente si el individuo se somete

a la jurisdicción de Puerto Rico, mediante un consentimiento que

consta    en   récord,    mediante     la   comparecencia       voluntaria    sin

1 Uniform Interstate Family Support Act, adoptada mediante la Ley 180-1997.
2 La UIFSA 2008 enmendó la versión anterior de la UIFSA, principalmente en lo
relacionado con los procedimientos de los casos internacionales y, entre otros
cambios, integró las disposiciones apropiadas del Convenio de la Haya sobre el
Cobro Internacional de Alimentos con respecto a los Niños y otras formas de
Manutención de la Familia, adoptado en la Conferencia de la Haya sobre Derecho
Internacional Privado de 23 de noviembre de 2007. Exposición de Motivos Ley 103-
2015.
3 Exposición de Motivos Ley 103-2015.
4 8 LPRA sec. 1291 (5).
5 8 LPRA sec. 1294.
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cuestionar la jurisdicción del tribunal.6 El tribunal de Puerto Rico

sirve como tribunal iniciador.7

       Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño fue

aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de

noviembre de 1989. En esta se reconocen los derechos humanos de

los niños y las niñas, a quienes define como personas menores de 18

años.8 La Convención, como primera ley internacional sobre los

derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los

Estados firmantes. Entre estos se encuentra Estados Unidos y la

República Dominicana, entre otros. Se reconoce que todo niño tiene

derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,

espiritual, moral y social. A tales efectos, a los padres u otras

personas encargadas del niño, les incumbe la responsabilidad

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios

económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el

desarrollo del niño. Los Estados tomarán todas las medidas

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte

de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad

financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte, como si viven

en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la

responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente

de aquel en que resida el niño, los Estados Parte promoverán la

adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos

convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos

apropiados.9

       A tal extremo, la Constitución de Estados Unidos nos recuerda

la supremacía de “esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos

6 8 LPRA sec. 1301 (a)(2).
7 8 LPRA sec. 1303.
8           Véase          Parte          I,      Artículo         1         en
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. Última fecha de
visita 19 de diciembre de 2023.
9 Artículo 27. Véase, https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.

Última fecha de visita 19 de diciembre de 2023.
KLCE202301269                                                                  7

que en virtud de ella sean creadas; y todos los tratados previamente

celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos

serán la ley suprema de la Nación; y los jueces de cada estado estarán

obligados a acatarla, aun cuando hubiere alguna disposición en

contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado.”10

                                        III.

       Como asunto de primer orden, la Regla 52.1 de Procedimiento

Civil, supra, autoriza nuestra intervención, porque el peticionario

solicita que revisemos la denegatoria del TPI a una moción de carácter

dispositivo, en un caso sobre alimentos de menores revestido de un

alto interés público. Rodríguez Rivera v. De León Otano, 191 DPR 700,

711 (2014); Peña v. Warren, 162 DPR 764, 773 (2004).

       Nos llama la atención que el peticionario resume acertadamente

toda la normativa que sostiene la obligación de los progenitores de

alimentar a sus hijos menores de edad. Aun cuando reconoce que esa

obligación es parte esencial del derecho a la vida y que está fundada

en principios de solidaridad humana, cuestiona la jurisdicción de los

tribunales de Puerto Rico para atender el reclamo de alimentos para

sus hijos menores de edad que residen en la República Dominicana.

       No    obstante,     nos    queda        claro   que   las   circunstancias

particulares de este caso, no ameritan nuestra intervención en esta

etapa procesal y que lo correcto es denegar el recurso.

                                         IV

       Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición

del auto solicitado.

       Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de

Apelaciones.

                       Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones

10 Artículo VI de la Constitución de Estados Unidos.