Court Opinion

ID: 9941417
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-02-16 15:33:43.342809+00
Date Added: 2024-06-11T13:46:47.071223
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                   TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL IX

    SUN WEST MORTGAGE                          Certiorari
       COMPANY, INC.                           procedente del
                                               Tribunal de
            Recurrido                          Primera Instancia,
                                               Sala Superior de
               V.                KLCE202400024 Arecibo

    VANESSA AYALA OCASIO                             Caso Núm.:
                                                     MT2018CV00275
           Peticionaria
                                                     Sobre:
                                                     Cobro de Dinero y
                                                     Ejecución de
                                                     Hipoteca (Vía
                                                     Ordinaria)

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el
Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

                               SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2024.

       El 8 de enero de 2024 Vanessa Ayala Ocasio (señora Ayala

Ocasio o peticionaria), presentó un recurso de Certiorari para que

revisemos y revoquemos una orden del 2 de noviembre de 2023

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí (TPI).

Mediante esta orden el foro primario decretó referir a las partes al

Centro de Mediación de Conflictos y dejar en suspenso la solicitud

de Sentencia Sumaria que presentó Sun West Mortgage Company,

Inc., (Sun West o recurrido) hasta el resultado de mediación.

       Este 24 de enero, la peticionaria presentó una Moción

en Auxilio de Jurisdicción.

       Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente

y     el    estado        de   derecho   aplicable     ante   nuestra

consideración, desestimamos el recurso por falta de jurisdicción

por tardío. Exponemos.

Número Identificador
SEN2024 _______
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                                 I.

      El 12 de noviembre de 2018 Sun West Mortgage Company,

Inc., presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de

hipoteca por la vía ordinaria, contra Vanessa Ayala Ocasio.

      El 1 de marzo de 2019 Ayala Ocasio contestó la demanda e

interpuso una Reconvención. Luego de otros trámites, el 24 de

agosto de 2023, Sun West presentó un escrito titulado Enmienda

a Solicitud de Sentencia Sumaria.

      El 19 de septiembre de 2023, Ayala Ocasio presentó una

Moción en Cumplimiento de Orden: Carece en la actualidad de

jurisdicción el Honorable Tribunal para disponer por vía de

sentencia sumaria u otra medida dispositiva del caso de autos. En

síntesis, la peticionaria alegó que no se había llevado a cabo la

mediación hipotecaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley

para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los

procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal,

Ley Núm. 184-2012. A esos efectos, solicitó al foro primario que

declarase No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria.

      Luego de otros escritos, el 2 de noviembre de 2023 el TPI

emitió y notificó la siguiente orden:

      Se refiere a las partes de epígrafe al Centro de
      Mediación de Conflictos.

      A la solicitud de Sentencia Sumaria quedará en
      suspenso hasta el resultado de mediación. Véase
      orden de referido.

      El sábado, 18 de noviembre de 2023 Ayala Ocasio

presentó una Moción de Reconsideración. Luego de otros trámites,

el Tribunal denegó la reconsideración el 8 de diciembre de 2023.

      En desacuerdo, Ayala Ocasio presentó el presente recurso

de Certiorari, en el que arguyó que el foro primario incidió al:

      Error Primero: Erra el Tribunal de Primera Instancia al
      disponer que la Sentencia Sumaria queda en
      suspenso, toda vez que impone un elemento de
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      coacción sobre la Parte Demandada Recurrente,
      privándola del ejercicio de voluntariedad y libre
      determinación de sus actos de conformidad con la
      reglamentación y la jurisprudencia vigente para
      procesos de mediación general, y de mediación
      hipotecarias vigentes en Puerto Rico según la Ley 184-
      2012, según enmendada.

     Error Segundo: Erra el Tribunal de Primera Instancia
     al dejar en suspenso la Sentencia Sumaria, lo cual
     constituye una violación a la Reglamentación X, de la
     Ley Dodd-Frank Act de 2010, la cual expresamente
     prohíbe el llamado doble carril en la litigación, o dual
     tracking en inglés, al dejar en suspenso una moción
     dispositiva luego que la Parte Demandada hace unos
     meses atrás presentara una solicitud completa de
     Mitigación de Perdida, luego de haber comparecido a
     todas las secciones de mediación, pese a la
     incomparecencia de la Parte Demandante.

     Luego     de    una     evaluación    preliminar   del    recurso,   le

concedimos término a la parte recurrida para presentar su

posición en torno a lo solicitado en el Recurso.              No obstante,

prescindimos    de    este    escrito,    en   virtud   de    la Regla 7 del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

R.7, con el propósito de disponer el recurso de manera eficiente.

     Entretanto y según informamos, el 24 de enero, la

peticionaria presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción.

                                    II.

                                    A.

      La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para

considerar y decidir casos y controversias con efecto vinculante

para las partes. MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, et al., 211

DPR 135 (2023); Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 DPR 586,

600 (2021); Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374,

385-386 (2020); Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89,

101 (2020). Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por

alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado

por éstas, el foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto
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jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues éste incide

directamente     sobre     el   poder      mismo   para   adjudicar     una

controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495

(2019).

        De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente a

un tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde

procede el recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra; Véase,

además, MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, supra.

        Por consiguiente, los asuntos relacionados a la jurisdicción

de un tribunal son privilegiados y deben atenderse con primacía a

cualesquier otros. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra. Así

pues,      cuando     un        tribunal     determina     que    carece

de jurisdicción sobre la materia para atender determinado asunto,

solo resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en

los   méritos    de   la    controversia. MCS Advantage,         Inc.    v.

Fossas Blanco, supra; Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, supra,

pág. 386. De esta forma, la Regla 83 de nuestro reglamento, 4

LPRA Ap. XXII-B, R. 83, nos faculta para desestimar motu

proprio o a solicitud de parte un recurso sobre el cual no tenemos

jurisdicción.

                                     B.

        La Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, establece que “el recurso de certiorari para
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revisar cualquier otra resolución u orden […] se formalizará

mediante la presentación de una solicitud dentro de los treinta

(30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la

notificación de la resolución u orden recurrida.   Este término es

de cumplimiento estricto.”

      A su vez, la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, dispone que,

      Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
      para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de
      Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar
      las demás sentencias o resoluciones finales del
      Tribunal de Apelaciones en recursos discrecionales o
      para revisar cualquier resolución interlocutoria del
      Tribunal de Apelaciones deberán ser presentados
      dentro del término de treinta (30) días contados
      desde la fecha de notificación de la resolución u
      orden recurrida. El término aquí dispuesto es de
      cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando
      medien circunstancias especiales debidamente
      sustentadas en la solicitud de certiorari. (Énfasis
      dado)

      Así pues, los recursos de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias,

deberán presentarse dentro del término de treinta (30) días desde

la fecha de notificación de la resolución u orden. AFI v. Carrión

Marrero y otros, 209 DPR 1, 5 (2022). De igual forma, la Regla

52.2 establece múltiples instancias en las que el aludido término

puede ser interrumpido.      En lo pertinente, la Regla 52.2(g)

dispone lo siguiente:

      (g) Interrupción del término para presentar una
      solicitud de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
      El transcurso del término para presentar ante el
      Tribunal de Apelaciones una solicitud de certiorari se
      interrumpirá y comenzará a contarse de nuevo en
      conformidad con lo dispuesto en la Regla 47.

      La aludida Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V,

R. 47, dispone en lo aquí pertinente como sigue:

      La parte adversamente afectada por una orden o
      resolución del tribunal de Primera Instancia podrá,
      dentro del término de cumplimiento estricto de
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      quince (15) días desde la fecha de la notificación de
      la orden o resolución, presentar una moción
      de reconsideración de la orden o resolución.
      […]

      Una vez presentada la moción de reconsideración
      quedarán interrumpidos los términos para recurrir en
      alzada para todas las partes. Estos términos
      comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en
      que se archiva en autos copia de la notificación de la
      resolución resolviendo la moción de reconsideración.

      La moción de reconsideración se notificará a las
      demás partes en el pleito dentro de los quince (15)
      días establecidos por esta regla para presentarla ante
      el tribunal de manera simultánea. El término para
      notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis
      suplido).

      La     moción    de reconsideración es       uno    de     los   actos

determinados      que,      para    que   surta   efectividad,    demanda

el cumplimiento con los requisitos que postula la Regla 47 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Regla 47).

      La Regla 47 es una herramienta que permite que el foro

adjudicativo enmiende o corrija los errores incurridos al dictar una

sentencia, resolución u orden. Simons y otros v. Leaf Pretroleum

Corp., 209 DPR 216 (2022). La presentación de la moción de

reconsideración repercute en la interrupción automática del

término para invocar el socorro de un foro revisor. A tenor con la

norma      procesal,   la   parte    promovente     de   la    solicitud   de

reconsideración tendrá el término de quince días contado desde la

fecha en que el tribunal archive en autos copia de la notificación

de la sentencia, resolución u orden. Cuando el dictamen es una

sentencia, el término es jurisdiccional y si son resoluciones u

órdenes, el plazo es de cumplimiento estricto. Simons y otros v.

Leaf Pretroleum Corp., 209 DPR 216 (2022); Medina Nazario v.

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016); Morales y otros

v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).
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         Como es conocido, para saber si la moción interrumpió el

término para ir en alzada, el tribunal tiene que examinar si el

promovente cumplió con los requisitos de la norma procesal. Es

decir,     una    vez   que     el   foro   adjudicativo       evalúe     que

la presentación y la notificación fue oportuna, resta que

examine la particularidad y especificidad de los hechos y el

derecho que el promovente entiende que el tribunal debe

reconsiderar. Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., supra. Así

pues, el efecto de interrupción automática de la moción de

reconsideración siempre está sujeto a los requerimientos de

la Regla 47. Simons y otros v. Leaf Petroleum Corp., supra; que

cita a Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 8

(2014).

         A diferencia de un término jurisdiccional, un término

de cumplimiento estricto puede prorrogarse siempre y cuando

exista una justa causa. Ahora bien, los tribunales no gozamos de

discreción para prorrogar los términos de cumplimiento estricto

automáticamente. Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, 196 DPR

157,     170     (2016); Toro    Rivera     v.   ELA,    194    DPR      393,

414 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84

(2013); Montañez Leduc v. Robinson Santana, supra.

         Los foros adjudicativos poseen discreción para extender un

término de cumplimiento estricto, solamente cuando la parte que

lo   solicita    demuestra justa causa para       la    tardanza.       Rivera

Marcucci v. Suiza Dairy Inc., supra, pág. 171. Al ser así, se le

requiere a quien solicita la prórroga o a quien actúe fuera del

término que presente justa causa por la cual no puede o pudo

cumplir con el término establecido. Íd.

         La justa causa se acredita mediante explicaciones concretas

y particulares, -debidamente evidenciadas en el escrito- que le
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permitan       al    tribunal        concluir     que        hubo   una     excusa

razonable para la tardanza o la demora. Rivera Marcucci v. Suiza

Dairy Inc., supra, pág. 171; citando a Soto Pino v. Uno Radio

Group, supra. Por otro lado, no constituyen justa causa las

"vaguedades y las excusas o planteamientos estereotipados". De

lo contrario, la acreditación de la justa causa se convertiría en un

juego de "mero automatismo" con justificaciones genéricas

carentes de los detalles que causaron la dilación. Rivera Marcucci

v. Suiza Dairy Inc., supra, pág. 171-172.

      Por consiguiente, para establecer justa causa, la parte

deberá       demostrar          al     tribunal     1)        que    en     efecto

exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre

detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para

la dilación,    es   decir,      que     acredite       de    manera      adecuada

la justa causa aludida. Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, supra,

pág. 171.      En ausencia de alguna de estas dos condiciones, los

tribunales     carecen    de         discreción   para       prorrogar    términos

de cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra,

pág. 93.

      Las partes litigantes deben atender estos requerimientos

con seriedad, ya que "[n]o se permitirá desviación alguna del

plazo[...] so pena de desestimación del recurso, a menos que la

tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad".

Rivera Marcucci et al v. Suiza Dairy, supra, pág. 171, citando a

Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980).

      Es un deber acreditar la existencia de justa causa, incluso

antes de que un tribunal se lo requiera, si no se observa un

término de cumplimiento estricto". Rivera Marcucci et al v. Suiza

Dairy, supra, citando a Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág.

97. (Énfasis suplido).
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                                    III.

      Al examinar el tracto procesal que se siguió en esta causa,

a la luz del marco jurídico antes expuesto, debemos concluir

que Moción de Reconsideración que presentó la Peticionaria fue

inoportuna.      Por consiguiente, no interrumpió el término para

recurrir en Certiorari.

      La Orden de la cual recurre la Peticionaria fue emitida y

notificada el 2 de noviembre de 2023. A partir de esa fecha,

comenzó a transcurrir el término de quince (15) días de estricto

cumplimiento que disponía la parte que no estuviese conforme,

para presentar la moción de reconsideración. Este término venció

el 17 de noviembre de 2023. No obstante, surge del apéndice

del recurso ante nuestra consideración, según corroboramos en el

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)

entrada   199,    que     la   Peticionaria   presentó    la   Moción   de

Reconsideración el sábado, 18 de noviembre de 2023 a las

12:31pm. Esto sin acreditar justa causa para la dilación en la

presentación de la solicitud de Reconsideración, así como en la

notificación a la otra parte. Incluso la Peticionaria, en el recurso

que atendemos, aseveró que la Orden fue notificada el 2 de

noviembre de 2023 y la reconsideración fue presentada el 18 de

noviembre de 2023. Por tanto, a todas luces, la Reconsideración

fue inoportuna.

      Aun cuando el Tribunal de Primera Instancia atendió la

moción de reconsideración, esa actuación no subsana el error en

el incumplimiento       con el término        dispuesto    para   solicitar

reconsideración y en acreditar justa causa. Más aun cuando los

tribunales carecen de autoridad para prorrogar el término de

cumplimiento estricto automáticamente.
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      Por consiguiente, al evaluar nuestra jurisdicción y la del foro

de primera instancia, forzosamente debemos concluir que la

moción de Reconsideración presentada al TPI fue tardía y no tuvo

el efecto de interrumpir el término de treinta (30) día para acudir

en Certiorari ante nos, a tenor con la Regla 52.2(b) de las de

Procedimiento Civil y la Regla 32(D) de nuestro Reglamento. A

tenor con lo anterior, carecemos de jurisdicción para atenderlo.

                                IV.

      Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el

recurso por falta de jurisdicción, junto con la solicitud de auxilio

de jurisdicción presentada posteriormente, conforme a la Regla 83

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

      Notifíquese inmediatamente.

      Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones