Court Opinion

ID: 9952374
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:46:18.371282+00
Date Added: 2024-06-11T14:39:05.242879
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                       PANEL ESPECIAL1

JORGE IVÁN RODRÍGUEZ                              Revisión
APONTE/FISHITO FILM,                              Administrativa
CORP.                                             procedente del
                                                  Departamento de
      Parte Recurrente                            Desarrollo
                                    KLRA202300639 Económico y
                                                  Comercio (DDEC)
               v.
                                                         Sobre:

   DEPARTAMENTO DE                                       Revisión de
     DESARROLLO                                          Resolución emitida
     ECONÓMICO Y                                         por el
  COMERCIO DE PUERTO                                     Departamento de
      RICO (DDEC)                                        Desarrollo
                                                         Económico y
       Parte Recurrida                                   Comercio (DDEC) y
                                                         de su Programa de
                                                         Cine
Panel integrado por su presidente, el juez Salgado Schwarz, la Juez
Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez

Rivera Pérez, Jueza Ponente

                                SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2024.

       Comparece       la   parte   recurrente,     Jorge    Iván   Rodríguez

Aponte/Fishito Film, Corp. (en adelante, parte recurrente o Fishito

Film) y nos solicita la revisión y revocación de la Determinación Final

del 6 de octubre de 2023, la cual fue notificada mediante correo

electrónico el mismo día por el Departamento de Desarrollo

Económico y Comercio de Puerto Rico (en adelante, la parte

recurrida o el DDEC) y su programa de Cine.2 Mediante dicho

dictamen, se le comunicó a la parte recurrente que la Comisión de

Cine de Puerto Rico estaba denegando el “cash grant” solicitado para

su proyecto Forever Alone, al amparo de la “American Rescue Plan

Act, Public Law 117-2 (“ARPA”)” basado en la discreción del DDEC.3

1 De conformidad con la Orden Administrativa OATA-2023-111 de 27 de junio

de 2023.
2 Anejo 7 del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 173-174.
3 Íd.

Número Identificador
SEN2024_________
KLRA202300639                                                                  2

         Por los fundamentos que expondremos, confirmamos el

dictamen recurrido del DDEC y su Programa de Cine.

                                        I

         El 17 de marzo de 2023, Fishito Film presentó mediante

correo electrónico ante el DDEC una solicitud de fondos ARPA para

su proyecto fílmico titulado Forever Alone.4                   Luego de varios

intercambios de correos electrónicos entre las partes, se pautó una

llamada virtual para el 28 de marzo de 2023 a las 11:00 a.m.5 El

mismo día de la reunión virtual, la parte recurrida le envió a Fishito

Film un correo electrónico con la solicitud al Programa “Cash

Grant”, el borrador del contrato y un listado de documentos que

debía someter para propósitos de la contratación y le concedió un

término de treinta           (30) días para       la presentación de los

documentos.6

         Así las cosas, el 29 de marzo de 2023, Fishito Film envió un

correo electrónico a DDEC sometiendo el contrato cumplimentado,

la documentación requerida, así como los documentos corporativos,

declaraciones juradas, entre otros.7

         El 3 de abril de 2023, la parte recurrente envió correo

electrónico a la parte recurrida, solicitando confirmación de recibo

de la documentación remitida.8 Al no recibir una respuesta, el 25

de abril de 2023, Fishito Film envió una comunicación vía correo

electrónico a DDEC para darle seguimiento a su solicitud.9 Ese

mismo día, el DDEC le contestó que estarían comunicándose con el

recurrente      tan    pronto    el   Comité     hiciera       su   evaluación.10

4 Anejo 1 del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 1-3.
5 Íd.
6 Íd. en las págs. 3-23.
7 Íd. en las págs. 33-108.
8 Íd. en la pág.109.
9 Íd.
10 Íd.
KLRA202300639                                                       3

Posteriormente, el 4 de mayo de 2023, la parte aquí recurrente envió

una segunda comunicación al DDEC de seguimiento.11

         Así las cosas, el 10 de mayo de 2023, el DDEC le solicitó a

Fishito Film dos (2) documentos que faltaban, el “Shooting

Schedule” y el “Financing Plan”.12 Ese mismo día, la parte aquí

recurrente cumplió con el envío de los documentos solicitados.13

         El 16 de mayo de 2023, el DDEC notificó su determinación y

dispuso lo siguiente:

               We appreciate your interest in the Motion Picture
         and Video Industry in Puerto Rico Program. After
         consideration, the Puerto Rico Film Commission has
         determined not to move forward with the Film Project
         for a cash grant on behalf of the Department of
         Economic Development and Commerce through the
         American Rescue Plan Act, Public Law 117-2 (“ARP”)
         pursuant to the DDEC’s discretion.

               Please be aware that, as stated in the
         Program’s Guidelines, this determination is
         considered final. Should an applicant disagree with
         a determination, the applicant can resort to an
         Administrative Appeal before the Court of Appeals
         in Puerto Rico within thirty (30) days from the date
         the determination became final. (Énfasis suplido).14

         Ese mismo día, Fishito Film envió correo electrónico al DDEC

solicitándole información específica sobre la determinación adversa

informada de no aprobar el proyecto, debido a que entendía que

había cumplido con todos los requisitos y los documentos

solicitados, así como con todos los parámetros establecidos por la

agencia incluyendo el dinero de inversión privada.15

         El 17 de mayo de 2023, el DDEC contestó el correo electrónico

y le informó a la parte recurrente que, aunque muchos proyectos

“cumplieron con los requisitos básicos establecidos en las Guías,

lo cierto es que todos tenían que contar con la aprobación de un

comité evaluador, donde cada miembro ejerce su propio criterio

11 Íd.
12 Anejo 2 del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 112.
13Íd.
14 Anejo 3 del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 141.
15 Íd. pág. 142.
KLRA202300639                                                         4

discrecional para determinar la prioridad y el valor que le asigna

al proyecto”.16

         Inconforme con la determinación del DDEC, el 8 de junio de

2023, les cursó un correo electrónico en el cual incluyó una misiva

solicitando la reevaluación de asignación de fondos para el proyecto

Forever Alone.17 El 15 de junio de 2023, sin haber recibido respuesta

por parte de DDEC la parte recurrente, acudió ante nos mediante

recurso de Revisión Judicial, en el cual imputó al foro administrativo

recurrido tres señalamientos de errores.18

         Luego de varias incidencias procesales, el 17 de julio de 2023

el DDEC presentó su Alegato en Oposición a Petición de Revisión

Judicial. El 18 de agosto de 2023, este tribunal, mediante Sentencia,

desestimó el recurso de revisión por entender que era uno

prematuro.19 Sobre el mismo se expresó lo siguiente:

              “[…]determinamos que la notificación efectuada
         por el DDEC en el caso de autos no fue adecuada,
         carente de fundamentos y de las debidas advertencias
         de los mecanismos de revisión y sus términos, por lo
         cual violentó el derecho constitucional a un debido
         proceso de ley, impidiendo que comenzara a decursar el
         término para acudir ante este Tribunal de Apelaciones
         mediante un recurso de revisión judicial. Habiendo
         resuelto que el término para acudir ante nos no ha
         comenzado a decursar, la presentación del recurso de
         revisión resulta prematura y, en consecuencia, procede
         su desestimación por falta de jurisdicción”.20

         El 6 de octubre de 2023, el DDEC comunicó mediante un

correo electrónico una segunda Determinación Final denegando la

solicitud de Fishito Film sobre el “cash grant” solicitado para su

proyecto Forever Alone.21 Dicha determinación lee como sigue:

               We appreciate your interest in the Motion Picture
         and Video Industry in Puerto Rico Program.
         Unfortunately, after consideration the Puerto Rico
         Film Commission in the exercise of its' discretion
         has determined not to approve the above mentioned

16 Íd.
17 Anejo 4 del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 143-147.
18 Este recurso fue identificado con el alfanumérico KLRA202300289.
19 Anejo 6 del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 171.
20 Íd.
21 Anejo 7 del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 174.
KLRA202300639                                                                 5

         Film Project for a cash grant under the American
         Rescue Plan Act, Public Law 117-2 ("ARPA"). The
         proposal was not considered to meet the potential
         viability, marketability, and distribution criteria in
         comparison to other proposals evaluated. Although
         the proposal meets some of the criteria established
         by the Guidelines provided, the totality of the
         circumstances compared to other proposals
         considered did not persuade the Program in favor of
         its' approval.

         If interested, we will retain the proposal and should an
         approved project not follow through with the
         contractual process, we could line up for potential
         future consideration.

         Further, you are advised that pursuant to Article 3.15
         of the Uniform Administrative Procedures Act of June
         30, 2017, if you are not satisfied with this decision, you
         can move for reconsideration within 20 days of
         notification, 3 L.P.R.A. § 9655. This Office can serve
         notice of its determination within 15 days of a
         reconsideration being filed. If the reconsideration is
         denied or no action is taken, the time period for judicial
         review will commence upon notice or expiration of 15
         days, respectively. Should this Office consider the
         request, a final determination must be made and
         notified within 90 days. This Office can extend this
         period for an additional 30 days for just cause. If no
         determination is made, this Office will lose jurisdiction
         over the matter and the time period for judicial review
         will commence at that time. Any party not satisfied with
         this Office's determination can file a judicial review
         before the Puerto Rico Court of Appeals within 30 days
         of the final determination being notified. 3 L.P.R.A. §
         9672.22

         Aún inconforme con la determinación del DDEC, el 25 de

octubre de 2023, Fishito Film presentó escrito en Reconsideración

en el cual arguyó, entre otras cosas, que dicha decisión no cumplía

con la Sentencia KLRA202300289 emitida por este Tribunal, pues

no hubo una “notificación correcta” porque el DDEC obvió realizar

determinaciones        de    hechos      y    conclusiones          de   derecho

fundamentadas.23

         Al no recibir algún tipo de comunicación por parte del DDEC

y transcurrido el término establecido por ley para que las agencias

consideren las mociones de reconsideración, el 11 de diciembre de

22 Íd.
23 Anejo 8 del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 176-177.
KLRA202300639                                                      6

2023 la parte recurrente acudió ante nos mediante Recurso de

Revisión Judicial, en el cual imputó al foro administrativo recurrido

los siguientes señalamientos de error:

             Primer Error: Erró el DDEC y su Programa de
      Cine, al no aprobar y otorgar fondos solicitados por la
      Parte Apelante para su Proyecto Fílmico “Forever
      Alone”, a pesar de que la Parte Apelante cumplió total y
      cabalmente con el “Program Guidelines” del “Motion
      Picture and Video Industry in Puerto Rico Program”
      emitido por el Gobierno de Puerto Rico al amparo del
      “Coronavirus State Fiscal Recovery Fund”, y que además
      cumplió con otros requisitos y peticiones solicitados por
      el DDEC para aprobar su Proyecto Fílmico.

            Segundo Error: Erró el DDEC y su Programa de
      Cine, al notificar a la Parte Apelante que no estarían
      aprobando fondos solicitados para su Proyecto “Forever
      Alone”, al imponer criterios adicionales para otorgar
      fondos, no contemplados en ningún documento formal
      o informal, desconocidos a la presentación de este
      Recurso por la Parte Apelante al no ser comunicados de
      ninguna manera a éste, y ajenos a los criterios oficiales
      del “Program Guidelines” del “Motion Picture and Video
      Industry in Puerto Rico Program” emitido por el Gobierno
      de Puerto Rico al amparo del “Coronavirus State Fiscal
      Recovery Fund”.

             Tercer Error: Erró el DDEC y su Programa de
      Cine, al notificar a la Parte Apelante que no estarían
      aproba[n]do fondos solicitados para su Proyecto
      “Forever Alone”, al reconocer que aunque cumplió
      algunos de los requisitos emitidos por las guías para la
      otorgación de fondos, no detalló cuáles alegadamente
      no había cumplido, y además comunicó que no
      “persuadió” al Comité Evaluador, cuando el deber de los
      solicitantes era cumplir o no con los criterios
      establecidos y no “persuadir” al Comité Evaluador. Los
      criterios discrecionales y ambiguos no fueron
      comunicados a los solicitantes, y no se encuentran
      contemplados en ninguna parte del “Program
      Guidelines” del “Motion Picture and Video Industry in
      Puerto Rico Program” emitido por el Gobierno de Puerto
      Rico al amparo del “Coronavirus State Fiscal Recovery
      Fund”.

             Cuarto Error: Erró el DDEC al nuevamente no
      emitir determinaciones de hecho, conclusiones de
      derecho, ni los fundamentos de su determinación a la
      Parte Apelante, al amparo de sus propias reglas, y en
      violación a la Sentencia emitida por el Tribunal de
      Apelaciones, Región Judicial de San Juan, el 18 de
      agosto de 2023, en el caso KLRA202300289.

      El 10 de enero de 2024 el DDEC presentó su Alegato en

Oposición a Solicitud de Revisión Judicial.
KLRA202300639                                                           7

      Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así

como del examen del expediente administrativo, procedemos a

resolver.

                                    II.

                                    A.

      La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene

como fin delimitar la discreción de los organismos administrativos,

para asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma

razonable. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965

(2011); Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). A esos

efectos, la revisión judicial comprende tres aspectos: la concesión

del remedio apropiado, la revisión de las determinaciones de hecho

conforme al criterio de evidencia sustancial, y la revisión completa

de las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185

DPR 206, 217 (2012), citando a Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al.

II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de. San Juan v. J.CA., 149 DPR

263, 279-280 (1999).

      En    cuanto   al   alcance     de   la revisión   judicial en   las

determinaciones administrativas, los dictámenes de los organismos

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Pérez López v.

Depto. Corrección, 208 DPR 656 (2022); DACO v. Toys “R” Us, 191

DPR 760 (2014). Véase, además, The Sembler Co. v. Mun. de

Carolina, 185 DPR 800, 821, (2012); Torres Santiago v. Depto.

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684,

693 (2006); San Vicente v. Policía de P.R., 142 DPR 1 (1996). Esto es

así, pues, son las agencias administrativas con la vasta experiencia

y el conocimiento especializado para atender los asuntos que se le

encomiendan. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310,

323 (2006). Por tal razón, el alcance de la revisión judicial a una

determinación final de una agencia administrativa se limitará a

“determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o irrazonablemente
KLRA202300639                                                        8

en abuso a su discreción”. Pérez López v. Depto. Corrección, supra,

en la pág. 673.

      Sobre las determinaciones de hechos, el Tribunal Supremo ha

establecido que las determinaciones de hechos de las decisiones de

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo

considerado en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra,

pág. 216, citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485,

511-512 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR

387, 397-398 (1999). La evidencia sustancial es "aquella evidencia

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada

para sostener una conclusión". Íd., citando a Pereira Suárez v. Jta.

Dir. Cond., supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Dicho

análisis requiere que la evidencia sea considerada en su totalidad,

esto es, tanto la que sostenga la decisión administrativa como la que

menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. Assoc. Ins.

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). Ello

implica que, de existir un conflicto razonable en la prueba, debe

respetarse la apreciación de la agencia. Hilton Hotels v. Junta Salario

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953).

      Debido a la presunción de regularidad y corrección de los

procedimientos y las decisiones de las agencias administrativas,

quien alegue ausencia de evidencia sustancial tendrá que presentar

prueba suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo

descansar en meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR

409, 431 (2003). Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba

en el expediente, que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda concluir

que la determinación de la agencia fue razonable de acuerdo con la

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración. Gutiérrez

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245 (2007).
KLRA202300639                                                      9

      Si la parte afectada no demuestra la existencia de otra prueba

que sostenga que la actuación de la agencia no está basada en

evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el valor de la

evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones de

hecho y no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo. Otero v.

Toyota, supra.

      En cambio, las conclusiones de derecho son revisables en

todos sus aspectos. García Reyes v. Cruz Auto corp., 173 DPR 870,

894 (2008). De esta manera, los tribunales, al realizar su función

revisora, están compelidos a considerar la especialización y la

experiencia de la agencia con respecto a las leyes y reglamentos que

administra. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70,

75-76 (2000). Así pues, si el punto de derecho no conlleva

interpretación dentro del marco de la especialidad de la agencia,

entonces el mismo es revisable sin limitación. Rivera v. A & C

Development Corp., 144 DPR 450, 461 (1997).

      Sin embargo, aun cuando el tribunal tiene facultad para

revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de una

agencia, se ha establecido que ello no implica que los tribunales

revisores tienen la libertad absoluta para descartarlas libremente.

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012);

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).

      Si del análisis realizado se desprende que la interpretación

que hace una agencia de su reglamento o de la ley que viene llamada

a poner en vigor resulta razonable, el tribunal debe abstenerse de

intervenir. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005).

                                 B.

      De igual forma, se exige de la agencia una notificación

correcta que es característica imprescindible del debido proceso de

ley. El propósito que sirve la notificación es proteger el derecho de
KLRA202300639                                                          10

procurar la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen a

quo adverso. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, supra.

      La notificación concede a las partes la oportunidad de tomar

conocimiento real de la acción tomada por la agencia y otorga a las

personas,    cuyos   derechos       pudieran   quedar     afectados,   la

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva

para impugnar la determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun.

San Juan, 140 DPR 24 (1996). Ante ello, resulta indispensable que

se notifique adecuadamente cualquier determinación de la agencia

que afecte los intereses de un ciudadano. Mun. San Juan v. Plaza

Las Américas, supra; Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan,

supra.

      La notificación adecuada supone la advertencia de los

siguientes preceptos: (1) derecho a solicitar reconsideración de la

decisión tomada; (2) derecho a solicitar revisión judicial o juicio de

novo, según sea el caso; y (3) los términos correspondientes para

ejercitar dichos derechos. El incumplimiento con alguno de estos

requisitos resulta en una notificación defectuosa, por lo que no

comienzan a transcurrir los términos para solicitar los mecanismos

procesales   posteriores   o   la   revisión   judicial   del   dictamen.

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Asoc. Vec.

Altamesa Este v. Mun. San Juan, supra.           Es decir, el deber de

notificar a las partes una determinación administrativa de manera

adecuada y completa no constituye un mero requisito. Río Const.

Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 394 (2001).

      En resumen, si una parte no es notificada de la determinación

de una agencia conforme a derecho, no se le pueden oponer los

términos jurisdiccionales para recurrir de la determinación.

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008).

Para que se activen y comiencen a transcurrir los términos

jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para presentar una
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moción de reconsideración o un recurso de revisión ante el Tribunal

Apelativo, es necesario que se haya notificado la determinación

cuestionada por correo a las partes y sus abogados, a la brevedad

posible, y se deberá archivar en autos copia de la orden o resolución

y de la constancia de la notificación. No se podrá requerir a una

parte el cumplimiento con una resolución final, a menos que haya

sido notificada de la misma. Véase, Sec. 3.14 de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9654.

      La Sección 3.14 de la Ley 38-2017, según enmendada,

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobierno de Puerto Rico”, 3 LPRA sec. 9654, (LPAU), en específico,

dispone lo siguiente:

      Sección 3.14. — Órdenes o Resoluciones Finales.
      Una orden o resolución final deberá ser emitida por
      escrito dentro de noventa (90) días después de
      concluida la vista o después de la presentación de las
      propuestas determinaciones de hechos y conclusiones
      de derecho, a menos que este término sea renunciado o
      ampliado con el consentimiento escrito de todas las
      partes o por causa justificada.

      La orden o resolución deberá incluir y exponer
      separadamente determinaciones de hecho si éstas
      no se han renunciado, conclusiones de derecho, que
      fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del
      recurso de reconsideración o revisión según sea el
      caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el
      jefe de la agencia o cualquier otro funcionario
      autorizado por ley.

      La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar
      la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso
      de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de
      Apelaciones, así como las partes que deberán ser
      notificadas del recurso de revisión, con expresión de los
      términos correspondientes. Cumplido este requisito
      comenzarán a correr dichos términos.

      La agencia deberá especificar en la certificación de sus
      órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las
      personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de
      partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que
      estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la
      revisión judicial conferido por ley. La agencia deberá
      notificar con copia simple por correo ordinario o
      electrónico a las partes, y a sus abogados de tenerlos,
      la orden o resolución a la brevedad posible, y deberá
      archivar en autos copia de la orden o resolución final y
      de la constancia de la notificación. Una parte no podrá
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      ser requerida a cumplir con una orden final a menos
      que dicha parte haya sido notificada de la misma.
      […]. (Énfasis suplido).

      En cuanto a la reconsideración, la Sección 3.15 de la Ley 38-

2017, supra, 3 LPRA sec. 9655, dispone lo siguiente:

      La parte adversamente afectada por una resolución
      u orden parcial o final podrá, dentro del término de
      veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos
      de la notificación de la resolución u orden, presentar
      una moción de reconsideración de la resolución u
      orden. La agencia dentro de los quince (15) días de
      haberse presentado dicha moción deberá considerarla.
      Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los
      quince (15) días, el término para solicitar revisión
      comenzará a correr nuevamente desde que se notifique
      dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15)
      días, según sea el caso. Si se tomare alguna
      determinación en su consideración, el término para
      solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en
      que se archive en autos una copia de la notificación de
      la resolución de la agencia resolviendo definitivamente
      la moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser
      emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90)
      días siguientes a la radicación de la moción de
      reconsideración. Si la agencia acoge la moción de
      reconsideración pero deja de tomar alguna acción con
      relación a la moción dentro de los noventa (90) días de
      ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la
      misma y el término para solicitar la revisión judicial
      empezará a contarse a partir de la expiración de dicho
      término de noventa (90) días salvo que la agencia, por
      justa causa y dentro de esos noventa (90) días,
      prorrogue el término para resolver por un período que
      no excederá de treinta (30) días adicionales. Si la fecha
      de archivo en autos de copia de la notificación de la
      orden o resolución es distinta a la del depósito en el
      correo ordinario o del envío por medio electrónico de
      dicha notificación, el término se calculará a partir de la
      fecha del depósito en el correo ordinario o del envío por
      medio electrónico, según corresponda. (Énfasis
      suplido.)

      Contrario a lo dispuesto en su Sección 3.14, la Sección 3.1 de

la Ley 38-2017, supra, 3 LPRA sec. 9641, establece lo siguiente:

      […]
      Se considerarán procedimientos informales no
      cuasijudiciales y, por tanto, no estarán sujetos a
      esta Ley, excepto según se provee más adelante, la
      adjudicación de subastas, la concesión de préstamos,
      becas, subsidios, subvenciones, emisiones de deuda,
      inversiones de capital, reconocimientos o premios, y
      todos los trámites o etapas del proceso de evaluación de
      documentos ambientales requeridos por el Artículo
      4(B)(3) de la Ley 416-2004, según enmendada, “Ley
      sobre Política Pública Ambiental” y el reglamento
      aprobado al amparo de ésta. En ninguno de estos
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         procedimientos o las etapas en que éstos se dividan,
         se requerirá a la agencia que fundamente sus
         resoluciones con determinaciones de hecho y
         conclusiones     de    derecho.    El    procedimiento
         administrativo para el trámite de documentos
         ambientales se regirá exclusivamente por la
         reglamentación adoptada por la Junta de Calidad
         Ambiental para estos fines. La reconsideración de las
         decisiones emitidas en todos estos casos se regirán por
         lo dispuesto en la Sección 3.15 excepto las relativas a
         subastas que se regirán por lo dispuesto en la Sección
         3.19.[…] (Énfasis suplido).

                                     C.

         La Ley Núm. 27-2011, según enmendada, mejor conocida

como “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de

Puerto Rico”, 23 LPRA sec. 11001, se aprobó a los fines de proveer

en Puerto Rico un marco adecuado para el desarrollo continuo de la

Industria Fílmica y de Televisión; e incentivos contributivos para

atraer capital del extranjero y propiciar el desarrollo económico y

bienestar social de Puerto Rico.24 A fines de lograr lo anterior, se

facultó al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, o

DDEC, a través de la Corporación para el Desarrollo de las Artes,

Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico, a otorgar

dichos incentivos.25

         Por otro lado, los “Program Guidelines” del “Motion Picture

and Video Industry in Puerto Rico” fueron publicados el 18 de

octubre de 2022.26 Este programa, en lo pertinente, busca

establecer los criterios a considerar por el Departamento de

Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en conjunto con la

Autoridad de Asesoría Financiera Agencia Fiscal de Puerto Rico

(AAFAF), para la concesión de “cash grants” a proyectos fílmicos que

se desarrollarían en el país con los fondos asignados al amparo del

“American Rescue Plan Act, Public Law 117-2 (“ARPA”)”. Dichos

fondos tienen como nombre “Coronavirus State Fiscal Recovery

24 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 27 2011, 23 LPRA sec. 11001.
25 Íd.
26 Véase https://www.aafaf.pr.gov/wp-content/uploads/Motion-Picture-Video-

Indust-Program-Guidelines.pdf
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Fund” y son administrados por el Comité de Supervisión de

Desembolsos (Comité).27

         Sobre los requerimientos del DDEC en el proceso de

evaluación, las guías establecen lo siguiente:

                Following the introductory e-mail, the PRFC will
         conduct a preliminary evaluation of the film project. Not
         all introductory e-mails will conclude in the opportunity
         to present an application. In the event that the PRFC is
         interested in the presented project, the PRFC will
         coordinate a virtual meeting for further evaluation.
         However, this does not represent an approval for
         purposes of granting this cash grant.
                In the event that the PRFC is not interested in the
         presented project, the PRFC will inform the interested
         project and will conclude the preliminary evaluation
         process. This project will be considered non-eligible for
         purposes of presenting an application to this cash
         grant.
               The following questions will be considered by
         the PRFC as part of the preliminary evaluation process:

         a. In the absence of this grant, would the film project
         occur in Puerto Rico?
         b. Can Puerto Rico prevail as the film destination of this
         Film Project compared with other considered film
         industry jurisdictions?
         c. How much investment, employment, hotel nights and
         no resident labor [will] be generated in Puerto Rico
         through this Film Project?
         d. Will local suppliers and services benefit from this
         Film Project?
         e. Will there be new services or suppliers because of this
         Film Project?
         f. Will any other businesses in Puerto Rico loose
         employment or business due to this Film Project?
         g. Will knowledge be transferred to local crew members
         and opportunities for professional growth be stimulated
         under our cinematographic industry with this Film
         Project?
         h. Can promotional opportunities for Puerto Rico
         through cast, producers and director be accomplished?
         i. Can other governmental programs be incorporated
         into this project?28

         Por otro lado, sobre el proceso de aprobación, las guías

establecen que “[n]ot all meetings and/or presented applications

will conclude in granting the cash grant”.29

27 Véase Orden Núm. 2021-034.
28 Anejo 5 del Recurso de Revisión Administrativa, pág. 155.
29 Íd.
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                                      III.

       La parte aquí recurrente nos plantea que erró el DDEC y su

Programa de Cine, al no aprobar y otorgar los fondos solicitados para

su proyecto fílmico “Forever Alone”, a pesar de haber cumplido total

y cabalmente con las Guías y los requisitos requeridos. Además, la

parte recurrente alega que erró el DDEC y su Programa de Cine, al

denegar la solicitud de fondos, al imponer criterios adicionales, no

contemplados en ningún documento formal o informal, ajenos a los

criterios oficiales de las Guías. Por otro lado, alega la parte

recurrente que, aunque el DDEC reconoció que cumplió con todos

los requisitos emitidos por las Guías, cada miembro del Comité

Evaluador podía ejercer su criterio discrecional para determinar

prioridad y valor de un proyecto, sin que hubieran sido notificados

los solicitantes. Debido a que los primeros tres señalamientos de

errores versan sobre asuntos similares, procederemos a discutirlos

en conjunto.

       Debemos comenzar recordando que las determinaciones

finales discrecionales de las agencias administrativas gozan de gran

deferencia y su revisión se limita solamente a determinar “si la

agencia actuó arbitraria, ilegal o irrazonablemente en abuso a su

discreción”. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, en las págs.

673-674. Al tratarse el caso de marras, de un “cash grant” que es

un asunto discrecional, la decisión del DDEC goza de gran

deferencia judicial. Pérez López v. Depto. Corrección, supra, en las

págs. 673-674. Esto es así, pues el DDEC y su Programa de Cine es

la agencia con el expertise y el conocimiento especializado para

determinar a quien se le debe otorgar el “cash grant”.30 Mun. San

Juan v. Plaza Las Américas, supra, en la pág. 323. Es importante

enfatizar que desde la adopción de los “Program Guidelines” del

30 Anejo 5 del Recurso de Revisión Administrativa, págs. 148-158.
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“Motion Picture and Video Industry in Puerto Rico” se les advirtió a

los solicitantes lo siguiente: “[n]ot all meetings and/or presented

applications will conclude in granting the cash grant”.31

         Por tanto, podemos colegir de la evaluación del legajo judicial,

como del expediente administrativo certificado, presentado el 23 de

enero de 2024, que Fishito Film, parte recurrente, cumplió con los

requisitos de documentación requerida y su propuesta estaba sujeta

a la evaluación por parte del DDEC y su Programa de Cine.32 Más,

ello no garantizaba que se le otorgara la subvención en efectivo

(“cash grant”) toda vez que quedaba sujeta a la evaluación de la

Comisión de Cine de Puerto Rico.

         Por último, alega la parte recurrente que el DDEC incumplió

al no emitir determinaciones de hechos, conclusiones de derecho, ni

los fundamentos en su determinación final.

         En cuanto al cuarto señalamiento de error, las disposiciones

contenidas en la Sección 3.14 de la Ley 38-2017, supra, respecto al

requerimiento de realizar determinaciones de hechos y conclusiones

de derecho en las que se fundamentan sus decisiones en las órdenes

y resoluciones finales no son de aplicación en los procedimientos

donde están involucrados subsidios o subvención. Esto es así, pues,

la LPAU en su Sección 3.1 de la Ley 38-2017, supra, 3 LPRA sec.

9641, expone que, al tratarse de procedimientos informales y no

cuasi judiciales, las agencias no estarán obligadas a realizar

determinaciones y conclusiones de derecho en las que fundamentan

sus resoluciones. A base de lo anterior, entendemos que no le asiste

la razón a la parte recurrente en su cuarto señalamiento de error,

pues tratándose de un subsidio o subvención, el DDEC y su

Programa de Cine no venía obligado a realizar determinaciones de

hechos, conclusiones de derecho ni exponer los fundamentos para

31 Íd. en la pág. 155.
32 Íd.
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su determinación, según establecido en la Sección 3.1 de la Ley 38-

2017, supra.

      Debemos señalar, además, que contrario a la primera vez que

se acudió en revisión ante este foro, KLRA202300289, el DDEC y su

Programa de Cine cumplió esta vez en hacer las debidas

advertencias de los mecanismos de revisión y sus términos en su

Determinación Final conforme a la Sección 3.15 de la Ley 38-2017,

supra, 3 LPRA sec. 9655.

      Por todo lo anterior, concedemos deferencia al DDEC y a su

Programa de Cine en su determinación final. Debido a que no se

trató de un caso donde la agencia actuó de manera ilegal, arbitraria

o irrazonablemente en abuso a su discreción, procedemos a

confirmar la Determinación Final emitida por el DDEC y su Programa

de Cine pronunciada el 6 de octubre de 2023.

                                IV.

      Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos

el dictamen emitido por el DDEC y su Programa de Cine.

      Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones