Court Opinion

ID: 9374173
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2023-02-22 16:27:07.225837+00
Date Added: 2024-06-11T17:16:45.269985
License: Public Domain

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                     TRIBUNAL DE APELACIONES
                          PANEL ESPECIAL1

    EAGLE EYE DISASTER                                Apelación procedente
        RELIEF, LLC                                   del Tribunal de Primera
                                                      Instancia, Sala
                                                      Superior de San Juan
           APELANTE

                                      KLAN202201047
                 V.                                   Caso Núm.:
                                                      SJ2019CV12037

    EXCEL CONTRACTORS,
      LLC F/K/A EXCEL                               Sobre:
     CONTRACTORS INC.                               Incumplimiento de
                                                    Contrato Cobro de
          APELADO                                   Dinero
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero
García y el Juez Rivera Torres

Ortiz Flores, Jueza Ponente

                                    SENTENCIA

       En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

       Comparece ante nosotros Eagle Eye Disaster Relief, LLC (Eagle

Eye; apelante) mediante el presente recurso de apelación y nos solicita que

revoquemos, tanto la Sentencia como la Resolución, emitidas por el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 3 de

marzo de 2022,2 y el 19 de noviembre de 2022,3 respectivamente.

       Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a

continuación confirmamos los dictámenes apelados.

                                           I

       Por los hechos que se detallan a continuación, el 20 de noviembre

de 2019, Eagle radicó Demanda en contra de Excel Contractors, LLC f/k/a

Excel Contractors, Inc. (Excel; demandada; apelada) por incumplimiento

contractual.4 Lo anterior, a base del documento titulado “Master Service

Agreement for Excel Subcontractors” (Subcontrato) suscrito entre Excel y

Egle Eye (las partes), para que esta última realizara los trabajos del

1 Conforme OAJP2021-086.
2 Notificada el 4 de marzo de 2022.
3 Notificada el 21 de noviembre de 2022.
4 Apéndice del recurso, pág. 1.

Número Identificador
SEN2023______________
KLAN202201047                                                             2

Programa “Sheltering and Temporary Essential Power” (Programa STEP).5

El referido acuerdo tuvo lugar, posterior al Contrato para Trabajos de

Reparación de Construcción de conformidad con el Programa de Refugio

y Poder Esencial Temporal (Contrato) entre Excel y el Departamento de la

Vivienda de Puerto Rico, suscito el 16 de enero de 2018.6 El propósito de

este Contrato fue realizar la reparación de viviendas de familias

puertorriqueñas que se afectaron por el paso del Huracán María, mediante

el Programa STEP.7

         Luego de varios trámites procesales, el 22 de septiembre de 2020,

Eagle Eye presentó Moción para que se dicte Sentencia Sumaria Parcial

por Incumplimiento de Contrato en contra de Excel Contractors,8 un

Memorandum de Eagle en Apoyo a Moción de Sentencia Sumaria Parcial

por Incumplimiento de Contrato,9 y una Declaración de Hechos Esenciales

y Pertinentes en apoyo de Moción de Sentencia Sumaria por

Incumplimiento de Contrato.10 La alegación de Eagle Eye consistió en que

Excel le debía cierta cantidad por concepto de retrasos en los pagos, según

establecido en la Sección 5 del Subcontrato.

         En específico, la demandante adujo que conforme a la Sección

antes indicada, Excel debía emitir dos pagos a Eagle Eye para cubrir el

monto de cada factura. El primer pago debía efectuarse dentro de 15 días

y el segundo, dentro de 45 días, ambos términos contados a partir de que

Eagle Eye presentara una factura.11 Sin embargo, la demandante señaló

que, a pesar de lo acordado, Excel pagó de forma tardía ambos pagos,

incurriendo así en incumplimiento contractual. A esos efectos, Eagle Eye

solicitó que se le impusiera a Excel la penalidad de $100 por cada día de

atraso en el pago de las facturas, según se había establecido en la referida

Sección 5.

5 Id., a la pág. 65.
6 Id., a la pág. 21.
7 Id., a la pág. 22.
8 Id., a la pág. 165.
9 Id., a la pág. 261.
10 Id., a la pág. 271.
11 Id., a la pág. 263.
KLAN202201047                                                                       3

       Consecuentemente, Excel presentó Oposición a Moción de

Sentencia Sumaria Parcial por Incumplimiento de Contrato.12 La apelada

trajo a la atención del tribunal una cláusula suspensiva contenida en la

referida Sección 5 del Subcontrato, razón por la cual, los pagos emitidos a

Eagle Eye no se efectuaron tardíamente. Por otro lado, Excel también

radicó Moción de Sentencia Sumaria en la cual alegó que por no existir

hechos materiales en controversia procedía desestimar la demanda.13

       Luego de los trámites de rigor, el TPI emitió la Sentencia apelada en

la cual declaró “NO HA LUGAR la Moción para que se dicte Sentencia

Sumaria Parcial por Incumplimiento de Contrato en contra de Excel

Contractors, Memorandum de Eagle Eye en apoyo a Moción de Sentencia

Sumaria Parcial por Incumplimiento de Contrato y Declaración de Hechos

Esenciales y Pertinentes en apoyo de Moción de Sentencia Sumaria Parcial

por Incumplimiento de Contrato presentado por Eagle Eye”, y declaró “HA

LUGAR la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Excel”.14 Por lo

anterior, el TPI desestimó la demanda enmendada.

       El 14 de marzo de 2022, Excel presentó una Moción de

Reconsideración sobre Sentencia15 en la que expuso que aun cuando el

TPI declaró ha lugar su Moción de Sentencia Sumaria y desestimó la

demanda de Eagle Eye, el TPI no realizó la imposición de costas ni de

honorarios a Eagle Eye. Por lo anterior, Excel procedió a fundamentar

nuevamente su reclamo a los fines que se reconsidere la sentencia, “en

aras de imponer costas y honorarios de abogado a [Eagle Eye] en las

cuantías establecidas en el Memorando de Costas16 radicado [el 14 de

marzo de 2022 ante el TPI, conjuntamente con la moción de

reconsideración].”

12 Id., a la pág. 274.
13 Se toma conocimiento del expediente electrónico del caso civil número SJ2019CV12037
en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), Entrada Núm.
50.
14 Apéndice del recurso, pág. 381.
15 SUMAC, Entrada Núm. 79.
16 SUMAC, Entrada Núm. 80.
KLAN202201047                                                                 4

       El 22 de marzo de 2022, Eagle Eye presentó su Oposición a moción

de reconsideración sobre sentencia y memorando de costas.17 Asimismo,

Excel presentó, el 23 de marzo de 2022, una moción de réplica con relación

a la moción en oposición presentada por Eagle Eye.18 Antes de proceder a

resolver lo anterior, el TPI emitió una Orden, el 28 de abril de 2022,

mediante la cual concedió 10 días a Eagle Eye para presentar una dúplica,

de estar interesado en ello. Transcurrido este término, el asunto quedaría

sometido.19

       Aún pendiente el asunto anterior, Eagle Eye acudió ante este

Tribunal mediante un recurso de apelación, ocasión en que emitimos

Sentencia para desestimar por prematuro. Consecuentemente, instruimos

al apelante a presentar un nuevo recurso, una vez resuelta la Moción de

Reconsideración por el TPI.20 Devuelto el caso al foro primario, el Tribunal

emitió Resolución el 19 de noviembre de 2022, notificado a las partes el 21

del mismo mes y año, la cual dispuso lo siguiente:

       Atendida la solicitud de costas y honorarios, así como la
       oposición y la réplica a la misma, este tribunal resuelve que
       toda vez que las partes pactaron en el contrato que de tener
       que llegar al tribunal la parte que prevaleciere tenía derecho
       a recibir las costas y una suma razonable de honorarios de
       abogado procede la imposición de los mismos. Sin embargo,
       atendida la moción de costas y honorarios se declara ha lugar
       [las costas]. En cuanto a los honorarios, considerando que el
       desglose de las gestiones no incluye las horas invertidas, ni
       la tarifa por hora, considerando además la cuantía por
       honorarios incluida en la oferta de sentencia se establecen
       los honorarios de abogado en $25,000.00.

       Por lo que se ordena a la parte demandante a pagar al
       demandado $25,090.00.

       Inconforme con la determinación del TPI, el apelante acude ante

nosotros, a través del presente recurso de apelación y nos señala la

comisión de los siguientes errores:

       Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir
       que bajo el contrato entre Eagle Eye y Excel “Prime
       Contractor” se refiere al Departamento de la Vivienda y no a
       Excel.

17 SUMAC, Entrada Núm. 82.
18 SUMAC, Entrada Núm. 83.
19 SUMAC, Entrada Núm. 85.
20 Véase, Sentencia emitida el 2 de junio de 2022 en el caso KLAN202200242.
KLAN202201047                                                                          5

        Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al
        declarar con lugar [la] moción de sentencia sumaria de Excel
        saliéndose de los parámetros del contrato y levantando una
        cláusula suspensiva e inexistente. (No se cometió este error.)

        Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer
        $25,090 en costas y honorarios a Eagle Eye bajo la Regla
        35.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

        Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a

resolver el recurso ante nuestra consideración.

                                           II

                                           A

        El Artículo 1042 del Código Civil de 1930,21 hoy derogado, atendía

lo relativo a las fuentes de obligaciones. En lo pertinente, la citada

disposición legal establecía que las obligaciones nacían –y nacen– “de la

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” 31 LPRA sec.

2992.22 Asimismo, el Artículo 1044 disponía que, “[l]as obligaciones que

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”.

31 LPRA sec. 2994. En armonía con lo anterior, el principio de pacta sunt

servanda establece la obligatoriedad del contrato según sus términos y las

consecuencias necesarias derivadas de la buena fe. BPPR v. Sucn.

Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).

        Por otro lado, el Código Civil de 1930, disponía en su Artículo 1206,

que “[e]l contrato existe desde que una o varias personas consienten en

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún

servicio.” 31 LPRA sec. 3371. A su vez, un contrato se concretiza cuando

concurren los siguientes requisitos: consentimiento de los contratantes; el

objeto cierto; y la causa de la obligación. Artículo 1213 del Código Civil, 31

LPRA sec. 3391. En todo caso, “[l]os contratos se perfeccionan por el mero

consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo

21 El Código Civil de 1930 fue derogado por Ley Núm. 55 del 1 de junio de 2020, 31 LPRA
sec. 5311 et seq., vigente desde el 28 de noviembre de 2020. No obstante, a los hechos
del presente caso le es aplicable el ordenamiento jurídico anterior. Véase, Artículo 1812
del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11717.
22 Análogo al Artículo 1063 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 8984.
KLAN202201047                                                                6

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según

su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Art. 1210 del

Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.

       En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la autonomía

de la voluntad el cual le concede amplia libertad de acción a las partes que

desean obligarse. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR, a la pág. 693. La

aludida norma está recogida por el Artículo 1207 del antiguo Código Civil,

el cual disponía de la siguiente forma: “Los contratantes pueden establecer

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre

que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” 31

LLPRA sec. 3372; Álvarez de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 17

(2005), que cita a Irizarry López v. García Cámara, 155 DPR 713, 724

(2001).

       Estas normas reconocen un doble postulado en la teoría general de

los contratos. Por un lado la libertad de contratación, y del otro, la total

autonomía de la voluntad de los contratantes que han escogido obligarse

mutuamente para determinar el contenido de dicha relación jurídica. Dicha

autonomía está limitada únicamente por los parámetros que impongan la

ley, la moral social y el orden público. De tal forma, una vez los contratantes

eligen pactar entre sí, estos pueden establecer el contenido y alcance

normativo de su relación jurídica, sin otra intromisión del Estado que la

impuesta por los criterios antes mencionados. Por lo tanto, los tribunales

de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a

hacer mediante un contrato, cuando el mismo es legal y válido. De Jesús

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999), que cita a Cervecería Corona

v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984); Olazábal v. U.S. Fidelity,

etc., 103 DPR 448, 462 (1975).

       De otra parte, el Artículo 1233 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

sec. 3471, disponía que, si los términos de un contrato son claros y no

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal

de sus cláusulas. Sin embargo, de surgir controversia sobre “la voluntad o
KLAN202201047                                                              7

intención de los contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas

contractuales, deberá recurrirse a evidencia extrínseca para juzgarla,

utilizando principalmente los actos anteriores, coetáneos y posteriores de

los contratantes, el uso o costumbre y demás circunstancias indicativas de

la intención contractual, incluyendo la ocasión, las circunstancias, las

personas y el acuerdo que se intentó llevar a cabo.” Artículos 1234 y 1239

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3472 y 3477; Nissen Holland v. Genthaller,

172 DPR 503, 518-519 (2007), que cita a Municipio Mayagüez v. Lebrón,

167 DPR 713 (2006); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713 (2001).

      Particularmente, los Artículos 1233 y 1235 al 1237 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA secs. 3471, 3473-3475, establecían lo siguiente:

      Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda
      sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido
      literal de sus cláusulas.

      Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente
      de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas.
      [...]

      Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un
      contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas
      distintas y casos diferentes de aqu[e]llos sobre que los
      interesados se propusieron contratar.

      Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos
      sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que
      produzca efecto.

      Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas
      por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte
      del conjunto de todas.

      El mencionado Artículo 1233 del Código Civil regulaba la forma en

que los tribunales debían interpretar un contrato cuando el significado de

sus términos estaba en disputa. Cónsono con esta norma –aún vigente–

los tribunales debemos hacer valer el contrato en su sentido literal, a menos

que haya palabras contrarias a la intención evidente de las partes. Sobre

este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo

siguiente:

      En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los términos,
      las condiciones y las exclusiones de un contrato […] son
      claros, específicos y libres de ambigüedades, se hará valer la
      clara voluntad de los contratantes. Los términos de un
      contrato son claros cuando ‘por sí mismos son bastante
KLAN202201047                                                                  8

          lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar
          a dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y sin
          necesitar para su comprensión razonamientos o
          demostraciones susceptibles de impugnación.’23 En
          ausencia de ambigüedad, las cláusulas del contrato son
          obligatorias pues no se admitirá una interpretación que
          vulnere el claro propósito y voluntad de las partes.
          (Énfasis nuestro.) S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176
          DPR 372, 387 (2009).

          En consecuencia, si el grado de claridad del contrato es tal que

solamente es posible atribuirle un significado, debemos abstenernos de

hacer otra interpretación que sea ajena a la intención de las partes

contratantes. Finalmente, con relación a la interpretación de los contratos,

el Artículo 1237 del Código Civil de 1930 establecía que: “Las cláusulas de

los contratos [han] interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las

dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.” 31 LPRA sec. 3475.

                                             B

          Como norma general, será exigible toda obligación, “cuyo

cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso

pasado, que los interesados ignoren.” Artículo 1066 del Código Civil de

1930, 31 LPRA sec. 3041 (derogado). Ahora bien, conforme al Artículo

1067 del derogado Código Civil, “[e]n las obligaciones condicionales la

adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya

adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición.” 31

LPRA sec. 3042. Estas obligaciones se caracterizan por la incertidumbre

de si el vínculo jurídico adquirirá eficacia o la perderá por no cumplirse un

hecho futuro e incierto, o del conocimiento de un hecho pasado, cuya

ocurrencia se desconocía. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,

4ta ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, pág. 84.

          Las obligaciones condicionales pueden ser suspensivas o

resolutorias. Las suspensivas “tienen la particularidad de que su eficacia

depende de que se cumpla un hecho futuro e incierto.” Jarra Corp. v. Axxis

Corp., 155 DPR 764, 773 (2001). De tal modo, si se cumple esa condición

cobra eficacia la obligación, y si no se cumple, las partes quedan liberadas.

23   En una cita a Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 DPR 357, 361 (1959).
KLAN202201047                                                             9

Id. De otra parte, nuestro más alto foro ha resuelto que, las obligaciones

sujetas a una condición suspensiva quedaran extinguidas de no cumplirse

la condición, por lo que, no se pueden exigir las prestaciones hasta tanto

esta se haya cumplido. Id., que cita a Mercedes Bus Line v. Rojas, 70 DPR

540 (1949); Meléndez v. Jiménez Realty, Inc., 98 DPR 892 (1970).

       De igual forma, el efecto de la condición va a depender del tipo de

obligación que se trate, ya sea de dar, hacer o no hacer. Véase, Artículo

1073 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3048 (derogado). Concretamente, en

una interpretación del artículo anterior, nuestro Tribunal Supremo expresó

lo siguiente:

       En cuanto a las obligaciones de dar, una vez cumplida la
       condición, los efectos de la obligación se retrotraen al día de
       su constitución. En cuanto a las obligaciones de hacer o no
       hacer, la retroactividad será consecuencia, en cada caso, de
       un dictamen judicial. López v. González, 163 DPR 275, 283
       (2004).

       Como resultado, si la condición se cumple, surge la obligación, y por

el contrario, si no ocurre, “‘el vínculo de derecho no llega a aparecer’.”

López v. González, 163 DPR, a la pág. 283, que cita a Meléndez v.

Jiménez Realty, Inc., 98 DPR, a la pág. 897.

                                     C

       En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.

36 (Regla 36). La norma procesal dispone que, para poder adjudicar en los

méritos una moción de sentencia sumaria, lo que se requiere es que se

presente “una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de

hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia

sumariamente” ya sea sobre la totalidad de la reclamación o parte de esta.

Regla 36.

       Quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar que no

existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material,

es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción”.

(Énfasis nuestro.) Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110
KLAN202201047                                                               10

(2015). Un hecho material “es aqu[e]l que puede afectar el resultado de la

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. J. A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2011,

Tomo III, en la pág. 1041. Por otra parte, quien se opone a una sentencia

sumaria debe presentar, a su vez, documentos y declaraciones que

contradigan los hechos presentados por el promovente. Rivera et al. v.

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992). Es decir, la parte

opositora viene obligada a contestar de forma detallada la solicitud de

sentencia sumaria.

       Ahora bien, el mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un

remedio de carácter extraordinario y discrecional. Sucn. Maldonado v.

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). Tiene como finalidad

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no

contengan controversias genuinas de hechos materiales”. Const. José

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Por lo dicho, “‘[e]l sabio

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada,

puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en corte’, principio

elemental del debido proceso de ley’.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000), que cita a Roig Com. Bank v. Rosario

Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990).

       Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el derecho aplicable

y el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para

poder resolver la controversia”. Meléndez González v. M. Cuebas, 193

DPR, a las págs. 109-110, que cita a Const. José Carro v. Mun. Dorado,

186 DPR, a la pág. 129. De haber alguna duda acerca de la existencia de

una controversia sobre los hechos medulares y sustanciales del caso,

deberá resolverse contra la parte que solicita la moción, haciendo

necesaria la celebración de un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et

al., 132 DPR, a la pág. 133.
KLAN202201047                                                             11

      Según se ha establecido jurisprudencialmente, como tribunal

intermedio, nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de

Primera Instancia al determinar si procede o no una sentencia sumaria. Por

lo cual, nuestra revisión es de novo y debemos examinar el expediente de

la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la resolución

sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias

permisibles a su favor. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR, a la

pág. 118.

      Sin embargo, al evaluar la determinación del tribunal a quo, estamos

limitados de dos maneras: (1) sólo podemos considerar los documentos

que se presentaron ante el TPI; y (2) únicamente podemos determinar

si existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. Es decir, que

no estamos facultados para adjudicar los hechos materiales esenciales en

disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). El deber de

adjudicar los hechos materiales y esenciales es una tarea que le compete

al Tribunal de Primera Instancia y no al foro revisor. En Meléndez González

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 118, el Tribunal Supremo dispuso,

además, que debemos revisar que, tanto la solicitud de sentencia sumaria

como su oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la

Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia pertinente.

      Por último, de encontrar que los hechos esenciales están realmente

incontrovertidos, entonces, debemos revisar si el Tribunal de Primera

Instancia aplicó el Derecho de forma correcta a los hechos del caso.

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 119.

                                     D

      La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 44.1,

permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de las

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. En su parte

pertinente, el inciso (d) de la mencionada norma establece lo siguiente: “En

caso [de] que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con
KLAN202201047                                                             12

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al

responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.” 32

LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). (Énfasis nuestro.)

      Nuestro Tribunal Supremo ha definido el concepto de temeridad

“como aquella conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar,

que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en

gestiones evitables.” Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476,

504 (2010). Cabe señalar que esta misma conducta se toma en cuenta

tanto para la imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla

44.1 (d) de Procedimiento Civil, como para la imposición del interés legal

por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil, 32

LPRA Ap. V, R. 44.3 (b). Según lo ha expresado el Tribunal Supremo,

“[a]mbas penalidades persiguen el mismo propósito de disuadir la litigación

frívola y fomentar las transacciones mediante sanciones que compensen a

la parte victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la

temeridad de la otra parte.” 178 DPR, a la pág. 505.

      El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es

penalizar a la parte perdidosa “que por su terquedad, obstinación,

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga

a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito.” Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695,

702 (1999). La determinación de si una parte obró con temeridad descansa

en la sana discreción del tribunal sentenciador. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR

486, 511 (2005). La imposición del pago de honorarios de abogado es

imperativa cuando el tribunal sentenciador concluye que una parte incurrió

en temeridad. Id. Además, debemos señalar que la norma es que “[e]n

ausencia de una conclusión expresa a tales efectos, un pronunciamiento

en la sentencia condenando al pago de honorarios de abogado, implica que

el tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así condenada.”

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). Es
KLAN202201047                                                              13

decir, no es necesaria una determinación expresa de temeridad si el foro

sentenciador impuso el pago de una suma por honorarios de abogado en

su sentencia. Por constituir un asunto discrecional del tribunal

sentenciador, los tribunales revisores solo intervendremos en dicha

determinación cuando surja que un claro abuso de discreción. 164 DPR, a

la pág. 511, que cita a Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR, a la pág. 779.

       Sin embargo, es importante aclarar que se entiende que no existe

temeridad cuando lo que se presenta ante el foro primario son

planteamientos complejos y novedosos que no han sido resueltos en

nuestra jurisdicción. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006).

De igual manera, “[no] existe temeridad en aquellos casos en que el

litigante actúa de acuerdo con la apreciación errónea de una cuestión de

derecho y no hay precedentes establecidos sobre la cuestión.” Id., que cita

a Cabanilla v. Gelpí, 65 DPR 945, 949 (1946). Tampoco se incurre en

temeridad “cuando existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién

favorece el derecho aplicable a los hechos del caso.” 166 DPR, a la pág.

821, que cita a Cándido, Inc. V. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936

(1996).

       Por otra parte, la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, R. 35.1, contempla otro escenario en el que proceden los honorarios

de abogado. Al respecto, la citada disposición legal establece lo siguiente:

       En todo caso en que la sentencia que obtenga finalmente la
       parte a quien se le hizo la oferta sea igual o menos favorable,
       ésta tendrá que pagar las costas, los gastos y los honorarios
       de abogado incurridos con posterioridad a la oferta.

       La referida norma, provee un mecanismo a la parte demandante

para que esta pueda recibir una compensación, en un pleito en cual quizás

no hubiese recibido nada, al momento de su disposición. Por otro lado, esta

brinda un mecanismo dual a la parte demandada, ya que le permite a esta

“librarse de los costos de un pleito, de todos los contratiempos que conlleva

este proceso y de poder ser responsabilizada por una suma de dinero

mucho mayor a la ofrecida.” Morell Corrada v. Ojeda, 151 DPR 864, 874

(2000). Igualmente, la citada regla resulta beneficiosa para el sistema
KLAN202201047                                                                   14

judicial, pues contribuye a la pronta solución de las reclamaciones, de

forma que reduce la carga de los tribunales. Id. A modo de resumen, la

Regla 35.1 dispone un mecanismo para que las partes en el pleito evalúen

los riesgos y costos del litigio, y así consideren la posibilidad de transigir

las reclamaciones en una etapa previa al juicio. Id.

                                           III

          En el presente recurso, el apelante nos señala que incidió el foro

primario al concluir que en el Subcontrato, “Prime Contractor” se refiere al

Departamento de la Vivienda, y no a Excel. Además, que el TPI erró al

declarar con lugar la moción de sentencia sumaria de Excel, al amparo de

“una cláusula suspensiva inexistente“. Por último, Eagle Eye aduce como

tercer error que, el TPI no debió imponerle $25,090.00 por concepto de

costas y honorarios de abogado, bajo la Regla 35.1 de las de

Procedimiento Civil de Puerto Rico.24 No tiene razón. Veamos.

          A la luz del marco jurídico antes esbozado, al revisar una

denegatoria o concesión de una moción de sentencia sumaria, lo primero

que debemos examinar es, si dicha moción, al igual que su oposición,

obedecieron los requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento

Civil. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 118. En el

presente caso, luego de evaluar las mociones y sus respectivas

oposiciones, resolvemos que ambas cumplieron con los requisitos de forma

dispuestos en la Regla 36.

          En segundo lugar, nos corresponde evaluar si en realidad existen

hechos materiales en controversia, y cuáles están incontrovertidos.

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 118. Del expediente

ante nuestra consideración surge que, en mayo de 2018 Excel y Eagle Eye

suscribieron       un    acuerdo,     entiéndase,   el   Subcontrato   objeto   de

interpretación ante el foro primario.25 A través de dicho documento, Eagle

24   Escrito de Apelación, pág. 4.
25   Apéndice del recurso, pág. 65.
KLAN202201047                                                            15

Eye se obligó a realizar los trabajos del Programa STEP, a cambio de una

remuneración ascendiente a dos millones de dólares ($2,000,000.00).26

       Finalizadas las obras para las cuales Eagle Eye fue contratada,

inclusive, luego de haber recibido los pagos, según las facturas emitidas a

Excel, la apelante presentó la Demanda de epígrafe para reclamar una

cuantía adicional por concepto de penalidades por alegados atrasos en los

pagos. Además, en su demanda exigió que Excel le pagara el 5% de

retención, según establecido en el Subcontrato.27 Luego de evaluar las

mociones de las partes, y los documentos que las acompañaron, el TPI

procedió a resolver el caso de forma sumaria. Luego de realizar un

cuidadoso estudio del expediente del caso, queda meridianamente claro

que no existen hechos esenciales en controversia. Por lo cual, sólo nos

resta “revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó

correctamente el Derecho” a los hechos del caso. Meléndez González v.

M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 119. En específico, nos corresponde

determinar si fue correcto el razonamiento del foro primario respecto a la

cláusula número 5 del Subcontrato,28 la cual incluyó las siguientes

disposiciones:

       PAYMENTS- If complete, and timely received, EXCEL shall
       include the approved amounts reflected in Subcontractor’s
       invoice with its next application for payment submitted to the
       Prime Contractor. Subcontractor will be allowed to bill on the
       1ˢᵗ and 15ᵗʰ of every month. If untimely or returned to the
       Subcontractor       for  revision,    EXCEL    shall    submit
       Subcontractor’s application with the next application it is
       entitled to submit to the Prime Contractor following
       Subcontractor’s complete and timely submission. Subject to
       this Agreement, amounts approved by EXCEL, less retainage
       and any other amounts Excel is entitled to withhold, shall be
       made within FIFTEEN (15) days after EXCEL has received
       invoice billings from the Subcontractor. Subcontractor agrees
       to receive 50% of their Subcontractor’s Schedule of Unit
       Prices attached as Exhibit 3 (which is 75% of the approved
       line items for the FEMA STEP Program in Puerto Rico), plus
       any change orders or deductive change orders. Contractor
       agrees to pay remaining 50% retainage to the Subcontractor
       within 45 days of receiving the original invoice for said work
       orders/ scope of work. The 5% retainage will stay enforced as
       outlined in section 4 above. Excel will make payment within
       15 days after submission from the Subcontractor on the 1ˢᵗ or
       15ᵗʰ of every month for the amount of the approved lines items

26 Véase, Apéndice del recurso, pág. 102 y SUMAC, Entrada Núm. 54.
27 Este asunto no está incluido en el recurso de apelación.
28 Apéndice del recurso, págs. 67-68.
KLAN202201047                                                             16

       that the Subcontractor’s Schedule of Unit Prices attached as
       Exhibit 3 has been given. Subcontractors payment/ invoices
       will be solely base on a Final Site Visit approval in the field
       (FSV) by the program. After the FSV has passed in the field,
       then the subcontractor may submit on the corresponding
       dates above for approved billing days (1ˢᵗ and the 15ᵗʰ of every
       month). Any quality control process from the program or
       Contractor after the FSV in the field has been approved, will
       not impede the ability of the Subcontractor to submit for
       invoicing as long as the FSV for any approved work order has
       “PASSED” at the FSV in the field. The subcontractor will make
       every effort necessary to provide any missing photos or
       needed documents that are directly related to the scope of
       work (work order) given to the subcontractor in a timely
       manner, but the quality control process for the contractor or
       program will not impede or stop the subcontractor from
       submitting and getting paid for the work performed on the
       work orders. Contractor agrees that if payment is not made
       after the 15 days after submission on the above mentioned
       and approved billing days, then there will be a 100.00 penalty
       per day per work order paid from the Contractor to the
       subcontractor per work order in the invoices submitted for
       payment. The language used in section 5 exceeds any and all
       other language in this agreement, not withstanding, any
       documents needed that the Contractor needs from the
       Subcontractor for the billing with the program ie. Lien waivers,
       warranty work, insurance requirements, needed photos and
       proper invoicing on behalf of the Subcontractor.
       Subcontractor agrees that a condition precedent to any
       and all payments to Subcontractor under this Agreement
       is EXCEL’s receipt of payment from the Prime Contractor.
       (Énfasis nuestro.)

       En primer lugar, de una lectura de la sección anterior, se desprende

que las partes acordaron que Excel pagaría a Eagle Eye en dos periodos

de pago diferentes. El primero de estos, a los 15 días y el segundo a los 45

días, a partir de la fecha en que Eagle Eye presentara las facturas por los

montos aprobados. De acuerdo con lo establecido en la Sección 5, dichos

pagos se debían basar únicamente en un Final Site Visit Approval (FSV).

Adicional, las partes acordaron imponer una penalidad de cien dólares

($100.00) por cada día de retraso en los pagos, según antes indicado.

       Asimismo, se desprende de la aludida cláusula que, previo a surgir

la obligación de Excel de emitir los pagos, debía cumplirse una condición

suspensiva. En específico, se incluyó la siguiente disposición: “El

Subcontratista acepta que una condición previa a cada uno de los pagos al

Subcontratista en virtud [del] Acuerdo es que EXCEL reciba el pago del

‘Contratista principal’.” (Traducción nuestra.)
KLAN202201047                                                                       17

          El apelante señala como primer error que ‘Prime Contractor’ se

refiere a la propia compañía Excel, y no al Departamento de la Vivienda

como concluyó el TPI. No obstante, no nos convence. Tal como señala el

apelado en su escrito de oposición,29 dicha interpretación resulta

improcedente, contraria, e ilógica. De la misma forma, lo interpretó el foro

primario al resolver que, acoger la postura del apelante “se traduciría a que

el pago de Eagle Eye está [condicionado a] que Excel le pague a Excel,

conclusión que resulta en un contrasentido.”30 Por tanto, resulta

improcedente concluir que ‘Prime Contractor’ es el propio Excel. No se

cometió el primer error.

          Atendido el señalamiento de error anterior, pasemos a discutir el

segundo, en cuanto a la condición suspensiva incluida en el Subcontrato.

Una lectura de la aludida sección revela que las partes acordaron que, las

cantidades        aprobadas       por    Excel,    tras   realizar   las   retenciones

correspondientes, serían pagadas a Eagle Eye –en dos pagos– dentro de

los 15 y 45 días posteriores a que Excel recibiera las facturas de Eagle Eye.

Ante un incumplimiento con los periodos establecidos, se activaría una

cláusula penal por la cual Excel le pagaría a Eagle Eye cien dólares

($100.00) por cada día de retraso. No obstante, el TPI tuvo la tarea de

interpretar la Sección 5 del Subcontrato a los fines de determinar, a partir

de qué día comenzaba a transcurrir el término antes indicado, para que se

activara la cláusula penal. El foro primario concluyó que ese periodo

comenzaba a decursar desde que Excel recibiese el pago por parte del

Departamento de la Vivienda, conclusión que resulta razonable a base de

los documentos que surgen del expediente. Por lo anterior, resolvemos que

Eagle Eye aceptó como condición que, previo a recibir su compensación,

primero Excel debía recibir el pago del ‘Prime Contractor’. No se cometió el

segundo error.

29   Alegato de oposición a la apelación, págs. 1-2.
30   Apéndice del recurso, pág. 379, Sentencia del TPI.
KLAN202201047                                                                       18

       Nos resta atender el tercer señalamiento de error de Eagle Eye,

referente a la imposición de honorarios de abogado. Esto así, ya que el

TPI, mediante la Resolución emitida el 19 de noviembre de 2022, notificada

el 21 del mismo mes y año, impuso al demandante-apelante el pago de

$25,090.00 por concepto de costas y horarios de abogado. Lo anterior,

“toda vez que las partes pactaron en el [Subcontrato] que de tener que

llegar al tribunal la parte que prevaleciera tenía derecho a recibir las costas

y una suma razonable de honorarios de abogado”.31

       Especialmente, las partes acordaron en la Sección número 22 del

Subcontrato lo siguiente:

       ENFORCEMENT- Should either party retain counsel to
       enforce the terms of this Agreement, the party who
       substantially prevails in nay dispute shall be paid by the other
       party all costs and expenses arising out of or relating to
       such enforcement (including reasonable attorney’s fees).

        De lo anterior, surge que las partes habían acordado la imposición

de costas y honorarios de abogado en caso de tener que litigar algún

asunto relativo al Subcontrato. En específico, estas pactaron que la parte

perdidosa debía compensar a quien prevaleciera.

       Si bien es cierta la alegación del apelante, en cuanto a que la

imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 35.1 procede

cuando una parte haya actuado con temeridad, este no es el caso de autos.

Véase, Morell Corrada v. Ojeda, 151 DPR 864, 881-882 (2000).32 Esto así,

pues de la Resolución del foro primario se desprende que al imponer la

sanción de costas y honorarios de abogado, el Tribunal consideró la

Sección 22 del Subcontrato y no la Regla 35.1 de Procedimiento Civil.

Además, cabe mencionar que, contrario a lo que señala el apelante,33

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia de una conclusión

expresa [de temeridad], un pronunciamiento en la sentencia condenando

31 Apéndice del recurso, pág. 399.
32 El Tribunal Supremo resolvió que la Regla 35.1 de Procedimiento Civil no opera de
manera automática en la situación prevista en la misma, de modo que, para imponer
honorarios de abogado conforme dicha normativa, no basta que la parte demandante haya
rechazado una oferta de transacción que era “más favorable”, sino que es necesario una
determinación previa de temeridad o arbitrariedad por parte del Tribunal de Primera
Instancia.
33 Escrito de Apelación, págs. 9-10.
KLAN202201047                                                                          19

al pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador

consideró temeraria a la parte así condenada.” Montañez Cruz v.

Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR, a las págs. 39-40. Es decir, no es

necesaria una determinación expresa de temeridad si el foro sentenciador

impuso el pago de una suma por honorarios de abogado en su sentencia.

        Ahora bien, las partes no acordaron una cuantía en particular por

concepto de honorarios de abogado. No obstante, nuestro más alto foro ha

establecido que los tribunales pueden tomar en consideración factores

tales como, el esfuerzo y actividad profesional desplegada por los

abogados, la labor realizada por estos, “la naturaleza del litigio, las

cuestiones envueltas, la cuantía en controversia y el tiempo invertido por

dichos abogados durante la prolongada duración del caso”. Pan Am v.

Tribunal Superior, 100 DPR 413, 420 (1972); Serrano Vda. de Cartagena

v. Lugo Ramírez, 83 DPR 300, 303 (1961).

        El caso de autos inició en noviembre de 2019. Ha tenido una

duración de más de tres (3) años. La parte apelada, expuso una narración

detallada de los gastos incurridos en costas y horarios de abogado en su

moción titulada Memorando de Costas,34 en la cual solicitó un total de

$53,720.00. De acuerdo con los criterios antes establecidos, resolvemos

que es razonable la partida de veinticinco mil dólares ($25,000.00) que el

TPI impuso al apelante.

        Según señalamos antes, la imposición de honorarios de abogado

descansa en la sana discreción del foro de instancia. P.R. Oil v. Dayco, 164

DPR, a la pág. 511. Por ello, como tribunal revisor, debemos otorgar

deferencia a la concesión de esta sanción procesal, que persigue castigar

la temeridad y evitar la presentación de causas frívolas. Por tanto, debemos

abstenernos de intervenir con la determinación del TPI, toda vez que el

apelante no demostró la comisión de error ni una actuación con prejuicio o

parcialidad por parte del foro primario.35

34 SUMAC, Entrada Núm. 80.
35  Los foros apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la discreción de los
tribunales de primera instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de
discreción, perjuicio, error manifiesto o parcialidad.” Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle
KLAN202201047                                                                      20

        Cónsono con lo anterior y luego de un sosegado análisis, somos del

criterio que no existe nada en el expediente, ni en los argumentos del

apelante, que nos lleve a concluir que en el presente caso se cometió algún

error   que    conlleve    la   revocación     de   la   determinación      judicial.

Consiguientemente, procede la confirmación del dictamen.

                                         IV

        Por lo antes expuesto, se confirma ambos dictámenes apelados.

Por un lado, la Sentencia que declaro No Ha Lugar la Moción para que

se dicte Sentencia Sumaria Parcial por Incumplimiento de Contrato en

contra de Excel Contractors, Memorandum de Eagle Eye en apoyo a

Moción de Sentencia Sumaria Parcial por Incumplimiento de Contrato,

y la Declaración de Hechos Esenciales y Pertinentes en apoyo de

Moción de Sentencia Sumaria Parcial por Incumplimiento de Contrato

presentado por Eagle Eye; y que declaró Ha Lugar la Moción de

Sentencia Sumaria presentada por Excel. Asimismo, se confirma la

Resolución del TPI que impuso las costas y honorarios de abogado al

apelante.

        Notifíquese.

        Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729,
745 (1986).