Court Opinion

ID: 9928613
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-01-31 19:29:44.176251+00
Date Added: 2024-06-11T09:52:40.444893
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
                  EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES
                            PANEL III

     RAFAEL NEGRÓN RIVERA                        REVISIÓN
                                                 ADMINISTRATIVA
          Recurrente                             procedente de
                                                 Administración de
              v.               KLRA202300536     Corrección

     ADMINISTRACIÓN DE                           Caso Núm.:
     CORRECIÓN                                   PA-449-23

          Recurrido                              Sobre:
                                                 Revisión

 Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán,
 el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez.

 Bonilla Ortiz, Juez Ponente

                                 SENTENCIA

         En San Juan, Puerto Rico, a 11 de diciembre de 2023.

         Comparece ante este foro el Sr. Rafael Negrón Rivera

 (señor Negrón o recurrente), por derecho propio, mediante

 recurso de revisión judicial presentado el 17 de octubre

 de 2023.1         Nos solicita que revisemos la Respuesta al

 Miembro     de    la    Población   Correccional    emitida    por    la

 División         de     Remedios    Administrativos        (DRA)     del

 Departamento           de   Corrección      y   Rehabilitación       (el

 Departamento o “agencia recurrida”), la cual fue notificada

 el 8 de septiembre de 2023.

         Por los fundamentos que expondremos a continuación,

 DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de jurisdicción,

 al haberse tornado académico.

                                     I.

         El 15 de marzo de 2023, el señor Negrón, quien se

 encuentra confinado en la Institución Correccional Ponce

 1,000, presentó una Solicitud de Remedio Administrativo,

 núm. PA-449-23, ante la DRA.2            Mediante esta, indicó que

 1  El 10 de otubre de 2023, el señor Negrón presentó ante el
 Departamento de Corrección y Rehabilitación, el recurso de revisión
 judicial relacionado a una Respuesta de Reconsideración al Miembro
 de la Población Correccional.
 2 Solicitud de Remedio Administrativo, anejo II, pág. 2 del apéndice

 del recurso.

Número Identificador
SEN2023 ______________
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el 13 de marzo de 2023, mientras era transportado a una

cita médica en Bayamón, otro confinado lo agredió.            Añadió

que, al llegar al área de admisiones de corrección, le

tomaron una foto, pero que no fue llevado al área médica,

siendo   así,   un acto    negligente    por parte     del   Oficial

Vázquez.    A su vez, solicitó que se le brindara el nombre

de los dos (2) oficiales que lo transportaron ese día.

      El 12 de junio de 2023, el recurrente presentó una

segunda Solicitud de Remedio Administrativo, núm. PA-582-

23, en la cual indicó que habían transcurrido más de 30

días desde que había presentado la solicitud núm. PA-449-

23, y no había recibido respuesta.3

      El 27 de junio de 2023, la DRA emitió una Respuesta

al Miembro de la Población Correccional para la solicitud

núm. PA-582-23, en la que expresaron que estaban realizando

las gestiones pertinentes para emitir una respuesta a la

solicitud   núm.    PA-449-23.4     A   su   vez,   presentaron     la

respuesta a la solicitud núm. PA-449-23,5 acompañada de una

Respuesta   del    Área   Concernida/Superintendente,        la   cual

dispuso lo siguiente:6

         Sr. Rafael Negrón Rivera confinado, entiendo
         su preocupación por lo tanto le oriento, el
         día 13 de marzo de 2023 como usted indica en
         el remedio, estuvo en una ruta médica donde
         usted alega unos hechos, pero no es hasta el
         día siguiente que usted baja al área de
         admisiones donde yo advine en conocimiento de
         sus reclamos y supuesta agresión, le tomo las
         fotos y hice las gestiones pertinente para
         que usted fuera llevado al área de la Ponce
         500 donde se le brindaron los servicios
         médicos. Se llamó al área de Rutas y Escoltas
         donde los oficiales asignados a esa ruta
         indicaron que nadie se había quejado ni en
         esa ni en ninguna ruta programada para ese
         día. Sr. Negrón Rivera la petición de los
         nombres de los oficiales de Ruta y Escoltas
         asignados para esa ruta medica creo y entiendo

3 Solicitud de Remedio Administrativo, anejo VI, pág. 6 del apéndice
del recurso.
4 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, anejo V, pág.

5 del apéndice del recurso.
5 Respuesta al Miembro de la Población Correccional, anejo I, pág.

1 del apéndice del recurso.
6 Respuesta del Área Concernida/Superintendente, pág. 7 del apéndice

del recurso del Departamento.
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        que usted debe hacer este mismo protocolo de
        solicitarlo al área correspondiente. Yo
        contesto mi parte como usted así lo solicitó.

     No obstante, el 14 de julio de 2023, el recurrente

presentó una Solicitud de Reconsideración.7         En esencia,

expresó que no estaba de acuerdo con la respuesta recibida,

puesto que, no le han brindado el nombre de los dos

oficiales de Ruta y Escolta del día 13 de marzo de 2023.

     El 8 de septiembre de 2023, el señor Negrón recibió

la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población

Correccional, mediante la cual le denegaron la petición de

reconsideración.8 En síntesis, señalaron que, la respuesta

emitida por el oficial de corrección certificó que había

sido referido al área médica para su evaluación.         Además,

que de Ruta y Escolta indicaron no hubo incidente durante

la travesía del 13 de marzo de 2023.

     No conforme con lo anterior, el 10 de octubre de 2023,

señor Negrón presentó el recurso de epígrafe, el cual fue

presentado ante la Secretaría de este Foro el 17 de octubre

de 2023.    Mediante este, adujo que la agencia recurrida

cometió los siguientes errores:

        Primer Error: Erró la División de Remedios al
        no brindar los nombres de los oficiales de
        ruta, escolta.

        Segundo Error: Erró la División de Remedios
        Administrativos, no le dio el seguimiento
        conforme lo solicitado.

        Tercer Error: Erró la División de Remedios
        Administrativos, ya que esta no resolvió
        según lo establecido, violando así la igual
        protección de las leyes.

        Cuarto Error: Erró la División de Remedios
        Administrativos, estas personas amparándose
        en parámetros amplios de medias verdades y
        ocultando información.

7 Solicitud de Reconsideración, anejo IV, pág. 4 del apéndice del
recurso.
8  Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población
Correccional, anejo III, pág. 3 del apéndice del recurso.
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      Por    su   parte,     el   4   de    diciembre      de   2023,      el

Departamento compareció ante este foro, mediante Escrito

en Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación.

Consecuentemente, solicitan la desestimación del recurso,

puesto que, el remedio solicitado por el recurrente ya fue

concedido.

      Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

                                   II.

                                   -A-

      La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de

Puerto    Rico,   Ley   Núm.      201-2003,    establece        que,    como

Tribunal de Apelaciones, estamos facultados para revisar

las   “decisiones,      órdenes       y    resoluciones      finales       de

organismos o agencias administrativas”.                  Art. 4006(c), 4

LPRA sec. 24(y)(c).          Por su parte, la Ley Núm. 38-2017,

mejor conocida como Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), es el cuerpo

normativo que delimita el alcance de la revisión judicial

de las decisiones administrativas.

      Específicamente, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9672, establece que la revisión administrativa ante

este foro apelativo intermedio se hará respecto a órdenes

o resoluciones finales, luego de que el recurrente haya

agotado     los   remedios     provistos      por   la    agencia      o   el

organismo administrativo correspondiente.

                                   -B-

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto

de “jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal

para considerar y decidir casos o controversias”.                          SLG

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011);

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963).               Las cuestiones

jurisdiccionales son privilegiadas, por lo que deben ser
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resueltas con preferencia.              Más aún, cuando tenemos el

deber    ineludible       de   examinar   prioritariamente      nuestra

jurisdicción.       González v. Mayagüez Resort & Casino, 176

DPR 848, 856 (2009).

        Si el tribunal carece de jurisdicción, el único curso

de acción posible es así declararlo, sin necesidad de

discutir los méritos del recurso en cuestión.              González v.

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).                   De no

hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería

de eficacia.      Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005).

        Como es sabido, los tribunales estamos llamados a ser

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez

et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); SLG

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).

Por     ello,    antes    de   entrar     en   los    méritos   de    una

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos

jurisdicción para actuar.

        Es norma reiterada que “[u]na apelación o un recurso

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción

al tribunal al cual se recurre”.           SLG Szendrey-Ramos v. F.

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Juliá et al. v. Epifanio

Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001). Según se ha definido,

un recurso prematuro es uno que se ha presentado en la

secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o antes

de que haya comenzado el término para que dicho foro

apelativo pueda adquirir jurisdicción.               Torres Martínez v.

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).

        Todo    recurso    presentado     prematuramente     carece    de

eficacia y por tanto no produce efecto jurídico alguno.

Íd.     Esto, pues al momento de ser presentado, el tribunal

no tiene autoridad para acogerlo. Véase SLG Szendrey-Ramos
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v. F. Castillo, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis,

Inc., 158 DPR 345, 370 (2003); Juliá et al. v. Epifanio

Vidal S.E., supra, citando a Pueblo v. Santana Rodríguez,

148 DPR 400 (1999).

      A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a

desestimar        motu     proprio       un    recurso       apelativo     si    se

satisface alguno de los criterios contenidos en la Regla

83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla, en lo

pertinente, dispone lo siguiente:

         […]

         (B) Una parte podrá solicitar en cualquier
         momento la desestimación de un recurso por
         los motivos siguientes:

         (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de
         jurisdicción;

         […]

         (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa
         propia, podrá desestimar un recurso de
         apelación o denegar un auto discrecional por
         cualesquiera de los motivos consignados en el
         inciso (B) de esta Regla. Véase, además, Plan
         de Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR
         714 (2011) y Dávila Pollock et als. V. R.F.
         Mortgage, 182 DPR 86 (2011).

                                         -C-

      El principio de justiciabilidad es una doctrina de

autolimitación del poder judicial.                  Ésta responde al papel

asignado a la judicatura, en una distribución tripartita

de   poderes,      que     está    diseñada       para       asegurar     que   los

tribunales no intervendrán en áreas sometidas al criterio

de otras ramas de gobierno.                    Véase, Com. de la Mujer v.

Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980); Flast v. Cohen,

392 US 83 (1968).            Por lo tanto, el poder de revisión

judicial   únicamente            puede    ejercerse      en     un    asunto    que

presente     un     caso     o    controversia,          y    no     en   aquellas

circunstancias en que se presente una disputa abstracta,
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cuya solución no tendrá consecuencias para las partes.

Véase, ELA v. Aguayo, 89 DPR 552, 558-559 (1958).

     La referida doctrina responde a que “los tribunales

existen únicamente para resolver controversias genuinas

surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real

de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones

jurídicas.”        ELA v. Aguayo, supra, pág. 559.                       Véase,

además, Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992).

De esta forma, nos aseguramos de que el promovente de una

acción posea un interés en el pleito “de tal índole que,

con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de

acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del

tribunal las cuestiones en controversia.”                          Noriega v.

Hernández, 135 DPR 406, 427 (1994).

     Al asegurarse de que los asuntos que se traigan a su

consideración      sean     justiciables,        los       tribunales     deben

evaluar   que   dichos      asuntos:      1)     no   envuelvan       aspectos

relacionados       con    la    política        pública      que    paute     el

Ejecutivo;    2)    las     partes     tengan     capacidad        jurídica    o

legitimación       activa      para    promover       el    pleito;      3)   la

controversia    no       sea académica      o    consultiva;        y,   4)   la

controversia esté madura.             Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz,

164 DPR 875, 885 (2005). (Énfasis suplido). Véase, además,

UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 280 (2010);

Noriega v. Hernández, supra, pág. 421.

     Así las cosas, una controversia puede convertirse en

académica cuando “su condición viva cesa por el transcurso

del tiempo.”        Véase, UPR v. Laborde Torres y otros I,

supra, pág. 281.          Nuestro Tribunal Supremo ha expresado

que “[l]a doctrina de academicidad es una manifestación

del principio de justiciabilidad.”               Amador Roberts et als.

v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014).                Conforme a lo anterior,

es forzoso concluir que un caso no es justiciable si la
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controversia se ha tornado académica.                 Íd.     Lo anterior,

debido a que el remedio que se pueda obtener del tribunal

no tendrá efecto real alguno respecto a dicha controversia.

Noriega    v.     Hernández,      supra;    Asoc.    de   Periodistas       v.

González,    127    DPR     704   (1991);    El     Vocero   v.    Junta   de

Planificación, 121 DPR 115 (1988).                Por tanto, cuando los

casos     pierden      su      carácter      adversativo          tornándose

académicos, es nuestro deber abstenernos de considerar los

méritos     del    mismo.         Misión    Industrial       v.   Junta    de

Planificación, 146 DPR 64 (1998).

                                    III.

        Examinado    el   recurso     de    epígrafe,     concluimos       que

carecemos de jurisdicción para entrar en los méritos.

Esto, pues estamos ante un recurso de revisión judicial

que se ha tornado académico, luego de su presentación.

        El recurso del señor Negrón gira en torno a que no

recibió la atención médica luego del alegado incidente con

otro confinado, el 13 de marzo de 2023.                      Además, había

solicitado los nombres de los dos oficiales que lo llevaron

a su cita médica en la misma fecha, y el DRA no le había

brindado.       No obstante, en el escrito presentado por la

agencia recurrida, nos informaron que el recurrente, el 14

de marzo de 2023, fue evaluado por el Dr. Edwin Martínez

Rosario en la Sala de Emergencias del Complejo Correccional

de Ponce.9        A su vez, certificaron que le brindaron los

dos nombres de los oficiales de Ruta y Escolta que lo

transportaron el 13 de marzo de 2023 a su cita médica en

Bayamón.10

        Siendo ello así y no estando presente alguna de las

excepciones contempladas en el derecho antes expuesto,

9 Véase, Physician Correctional, anejo II, pág. 12 del apéndice del
recurso del Departamento.
10 Véase, Información Solicitada para MPC Rafael Negrón Rivera,

anejo III, pág. 13 del apéndice del recurso del Departamento.
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desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción,

al haberse tornado académico.

                           IV.

     Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el

recurso interpuesto.

     Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
         Secretaria del Tribunal de Apelaciones