Court Opinion

ID: 9952184
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:25:38.133378+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:10.317479
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                               TRIBUNAL DE APELACIONES
                                         PANEL VII

            MIGUEL BORRERO                                 CERTIORARI
                VARGAS                                     acogido como
                                                           apelación
                  Apelante                                 procedente del
                                                           Tribunal de Primera
                       v.                                  Instancia, Sala
                                                           Superior de Arecibo
             AUTORIDAD DE
          ENERGÍA ELÉCTRICA Y
                OTROS                                 Caso Núm.:
                                                      SJ2023CV08946
                                        KLCE202400078
                   Apelada                            (403 CIVIL)

                                                      Sobre:
                                                      INJUNCTION
                                                      (ENTREDICHO
                                                      PROVISIONAL,
                                                      INJUNCTION
                                                      PRELIMINAR Y
                                                      PERMANENTE) Y
                                                      OTROS
        Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la
        Jueza Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio.

        Grana Martínez, Jueza Ponente

                                       SENTENCIA

        En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

               El apelante, Miguel A. Borrero Vargas, en adelante, señor

        Borrero Vargas o apelante, solicita que revoquemos la sentencia en

        la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. Por

        su parte, LUMA Energy Service, LLC, en adelante LUMA o la

        apelada, presentó su oposición.

               El recurso ante nosotros se presentó erróneamente como un

        certiorari. No obstante, será atendido como una apelación, porque el

        señor Borrero Vargas solicita la revocación de una sentencia.

               Los hechos esenciales para comprender la determinación que

        hoy tomamos se incluyen a continuación.

                                                I.

               El apelante presentó una demanda en la que pidió al TPI que

        dictara un interdicto preliminar y permanente y una sentencia

Número Identificador

SEN2024___________________
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declaratoria contra la Autoridad de Energía Eléctrica, en adelante

AEE, y LUMA Energy. El señor Borrero Vargas cuestionó la

existencia y legalidad de una servidumbre de paso a favor de la AEE

y la legitimación activa de LUMA para representar a la corporación.

El apelante alegó que:

        (1) El adquirió el inmueble descrito en la demanda,
            libre de cargas y gravámenes.

        (2) Una Certificación Registral evidencia que su
            propiedad no tiene cargas ni gravámenes en favor
            de la AEE.

        (3) El pidió autorización a la OGPe para legalizar una
            construcción realizada sin permiso en la propiedad.

        (4) LUMA se negó a endosar la legalización de la
            construcción, porque invade una servidumbre
            existente a favor de la AEE.

        (5) LUMA condicionó su endoso a que relocalice las
            líneas primarias y secundarias de electricidad, a su
            costo.

        (6) LUMA no tiene legitimación activa porque su
            contrato con la AEE comenzó el 22 de junio de
            2020.

        El señor Borrero Vargas solicitó al TPI que dictara una

sentencia declaratoria reconociendo que su propiedad no estaba

grabada por la servidumbre a favor de la AEE. Además de que

dictara un interdicto preliminar y permanente para evitar el daño

irreparable ocasionado por la paralización de la legalización de la

obra.

        En respuesta, LUMA presentó Solicitud de desestimación de

demanda y/o oposición a solicitud de interdicto preliminar y

permanente. En esta, LUMA alegó que tiene legitimación activa,

porque la AEE le delegó y transfirió sus poderes, mediante un

contrato de alianza público-privada. Además, la apelada pidió la

desestimación de la demanda, debido a la falta de jurisdicción sobre

la materia y a que sus alegaciones no exponían una reclamación que

justifique la concesión de un remedio. LUMA argumentó que el

apelante pretendía que el tribunal legalizara una construcción, a
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pesar de que el foro con jurisdicción exclusiva primaria sobre esa

materia era la OGPe. Por igual, la apelada alegó que el apelante

tampoco tiene una causa de acción que justifique la concesión de

un remedio, porque realizó una construcción ilegal que afecta el

derecho de servidumbre válidamente constituido a favor de la AEE.

Según   LUMA,     el   propio   apelante   reconoció   en   el   proceso

administrativo que hizo una construcción ilegal y la existencia de la

servidumbre. Por último, alegó que al apelante se le proveyó una

alternativa para corregir la situación.

      Luego de evaluada tanto la solicitud de desestimación

presentada, así como la oposición de la parte apelada, el TPI emitió

la sentencia apelada, mediante la que reconoció la legitimación

activa de LUMA, conforme a la Ley de Alianzas Público Privada, Ley

Núm. 29 de 2009 y la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de

Puerto Rico, Ley Núm. 120 de 2018. Ahora bien, desestimó la

demanda por falta de jurisdicción sobre la materia, porque no existía

controversia de que la propiedad del apelante estaba gravada por

una servidumbre de paso a favor de la AEE. Así, el TPI determinó

que el apelante no tenía a su disposición un injunction, porque ese

remedio no está disponible para proteger un derecho dudoso o

controvertido. Según el TPI, la finca del apelante se segregó de la

núm. 8718 que, a su vez, se segregó de la núm. 769 que está

gravada en el Registro de la Propiedad con una servidumbre de

paso a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica. El TPI concluyó

que esa servidumbre grava la propiedad del apelante, porque fue

debidamente constituida y registrada en la finca de la cual fue

segregada. Sin embargo, aunque el tribunal reconoció que la

servidumbre no consta en la escritura pública en la que el apelante

adquirió su propiedad ni en su inscripción registral, advirtió que el

gravamen surge de un estudio registral profundo de su procedencia.

El foro primario atribuyó la omisión de inscribir el gravamen a un
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error del Registro de la Propiedad que fue subsanado conforme lo

dispone la ley. Además, señaló que el signo aparente de servidumbre

es evidente y constituye un aviso a terceros.

      El foro apelado concluyó que el apelante construyó sin los

permisos requeridos y que la edificación invade la servidumbre de

paso a favor de la AEE. Según el TPI, estos hechos fueron admitidos

por el ingeniero del apelante. El tribunal hizo constar que el

ingeniero Anthony Noriega presentó un Memorial Explicativo en la

Oficina de Gerencia de Permisos con el objetivo de legalizar la

construcción realizada por el apelante sin los permisos requeridos.

En el referido documento, Noriega reconoció: (1) la existencia de

líneas eléctricas justo en la misma colindancia con la servidumbre

de paso, (2) que los dueños y el contratista no respetaron la

servidumbre de paso por desconocimiento, (3) el dueño aceptaba el

error y que estaba dispuesto a permitir el acceso desde el techo de

su propiedad para evitar demoler la obra.

      Consecuentemente, el TPI quedó convencido de que el

apelante no tiene una causa de acción que justifique la concesión

de un remedio, aun dando como ciertas las alegaciones de la

demanda. El foro primario llegó a esa conclusión, debido a que la

construcción ilegal del apelante afectó la servidumbre de paso,

debidamente constituida y protegida por ley, a favor de la AEE.

Dicho foro determinó que la solicitud de sentencia declaratoria

carece de méritos, conforme a las claras constancias del Registro de

la Propiedad. El foro primario resolvió que la Oficina de Gerencia de

Permisos es el foro con jurisdicción sobre la materia para atender el

asunto del permiso y que el apelante tiene que agotar el

procedimiento administrativo, antes de solicitar revisión.

      El apelante presentó una moción de reconsideración que fue

declarada NO HA LUGAR. Aún inconforme, el señor Borrero Vargas

presentó este recurso en el que alega los errores siguientes:
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      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      desestimar la demanda recurrida por falta de
      jurisdicción.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      desestimar en su totalidad el recurso de injunction y
      sentencia declaratoria, al haber sido presentada la
      solicitud exclusivamente por LUMA, supra, una de las
      Partes Demandadas.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      desestimar la demanda en su totalidad, sin atender en
      sus méritos el recurso de sentencia declaratoria.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al
      desestimar la demanda de injunction y sentencia
      declaratoria, sin dar como ciertos todos los hechos bien
      alegados en la demanda y existiendo múltiples
      controversias en cuanto a:
            a) la notificación adecuada de las causas de
         denegatoria del endoso solicitado;
            b) las líneas de distribución, su carga;
            c) la autenticidad de los documentos, los
         cuales no fueron estipulados ni sometidos
         conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, las
         Reglas de Evidencia y/o la Reglamentación
         Aplicable.

      Erró el Honorable Tribunal al concluir la existencia de
      una servidumbre válidamente constituida contrario al
      derecho aplicable y a la evidencia de récord.

      Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no
      atender en sus méritos la controversia entorno(sic) a la
      falta de legitimación activa y de la naturaleza de la
      relación contractual entre LUMA y AEE; sus facultades
      y/o deberes ministeriales; y a quien corresponde la
      titularidad y/o la administración de las líneas de
      distribución objeto de controversia y el poste en relación
      al caso de epígrafe.

      Erró el Honorable Tribunal al no pasar juicio valorativo
      sobre la aplicación de la Reglamentación vigente
      correspondiente de AEE a LUMA, sin que haya sido
      aprobada reglamentación conforme a la L.P.A.U., y al
      procedimiento de publicidad requerido ante el
      Departamento de Estado, contrario a lo dispuesto por
      la Ley de Política Pública Energética de PR, Ley 17-
      2019, sobre Reglamentación de Nuevas Políticas
      Energéticas.

                                 II.

                  Jurisdicción sobre la materia

      La jurisdicción es el poder o autoridad del tribunal para

considerar y decidir los casos y controversias ante su consideración.

Por su parte, la jurisdicción sobre la materia es la capacidad del
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tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto

legal. El Estado es el que único puede otorgar, limitar o privar esa

capacidad mediante legislación. La ausencia de jurisdicción sobre la

materia: (1) no puede subsanarse, (2) las partes no pueden

voluntariamente arrogársela, (3) conlleva la nulidad de los

dictámenes emitidos, (4) impone a los tribunales el ineludible deber

de auscultar su propia jurisdicción, (5) impone a los tribunales

apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde

proceda el recurso y (6) puede presentarse en cualquier etapa del

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu

proprio. Un tribunal que determina que no tierne jurisdicción sobre

la materia, solo puede declararlo y desestimar el caso. Beltrán

Cintrón et al v. ELA et al, 204 DPR 89, 101-102 (2020); S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682-683 (2011).

      La doctrina de jurisdicción primaria es una norma de

limitación judicial, pues el Estado puede privar a un tribunal de

jurisdicción sobre la materia mediante legislación. Nos sirve para

determinar si es el foro administrativo o el judicial el que tiene la

jurisdicción para atender y adjudicar el asunto. Por esa razón, la

jurisdicción primaria no está relacionada al momento de la revisión

judicial, sino más bien a quién tiene la facultad inicial para atender

el asunto, el tribunal o el organismo administrativo. Beltrán Cintrón

et al v. ELA et al, supra; Rivera v. De León, 191 DPR 700, 709-710

(2014); D. Fernández Quiñonez, Derecho Administrativo y Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3era ed., Bogotá. Ed. Forum,

2013, pág. 562.

      Por otro lado, la jurisdicción primaria tiene dos vertientes, la

jurisdicción primaria concurrente y la jurisdicción primaria

exclusiva. La jurisdicción primaria concurrente tiene lugar cuando

la ley permite que la reclamación se inicie en la agencia o en el

tribunal. No obstante, la primacía cede a la agencia por su
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conocimiento y especialización sobre el asunto objeto de la

reclamación. La otra vertiente, la jurisdicción primaria exclusiva o

estatutaria del foro administrativo, es un mandato legislativo

conferido expresamente en la ley. La designación de la jurisdicción

exclusiva debe ser clara y precisa. Sin embargo, el legislador no

siempre usa el término exclusiva. Al determinar si un estatuto

confiere jurisdicción exclusiva al foro administrativo, es necesario

evaluar si ha sido dispuesto expresamente en la ley o si surge de

esta por implicación necesaria. La jurisdicción exclusiva no soslaya

la revisión judicial, meramente la pospone hasta tanto el organismo

administrativo emita su determinación final. No obstante, debemos

señalar que la jurisdicción primaria del foro administrativo puede

ceder ante un planteamiento de índole constitucional. Beltrán

Cintrón et al v. ELA et al, supra; Rivera v. De León, supra.

                        Legitimación Activa

      La legitimación activa es el mecanismo utilizado por los

tribunales para: (1) delimitar su propia jurisdicción, (2) no

adentrarse en los dominios de otras ramas de gobierno y (3) no

lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un

contexto inadecuado. La parte que solicita un remedio judicial tiene

que demostrar que, (1) ha sufrido un daño claro y palpable, (2) el

daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético, (3) existe

una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada y

(4) la causa de acción surge de la Constitución o de una ley.

Hernández Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 738-739

(2022); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010).

                   La Moción de Desestimación

      La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite

que el demandado solicite la desestimación de la demanda, antes de

presentar   una    contestación.   Las   razones    para   solicitar   la

desestimación son las siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la
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materia, (2) falta de jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia

del emplazamiento, (4) insuficiencia del diligenciamiento del

emplazamiento, (5) dejar de exponer una reclamación que

justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de acumular una

parte indispensable. Costas Elena v. Magic Sport, 2024 TSPR 13;

González Méndez v. Acción Soc., 196 DPR 213, 234 (2016).

      El Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó tan reciente como

en Costas Elena v. Magic Sport, supra, las normas que rigen la

desestimación de una demanda basada en el inciso 5 de la Regla

10.2, supra. Estas normas son las siguientes:

      (1) La desestimación procede cuando de las alegaciones
          de la demanda, surge que alguna de las defensas
          afirmativas derrotara la pretensión del demandante.

      (2) Al evaluar una moción de desestimación al amparo
          de la Regla 10.2 (5), supra, el tribunal tiene que
          tomar como ciertos todos los hechos bien alegados
          en la demanda, aseverados de manera clara y
          concluyente y que de su faz no dan margen a dudas.

      (3) Los tribunales que atienden una moción basada en
          la Regla 10.5, supra, tienen que evaluar las
          alegaciones de la demanda conjuntamente, y de la
          forma más favorable para el demandante.

      (4) Toda duda debe resolverse a favor del demandante.

      (5) El demandado tiene que establecer con toda certeza
          que el demandante no tiene derecho a remedio
          alguno, bajo cualquiera estado de Derecho que se
          pudiera probar en apoyo a su reclamación. Véase,
          además, Eagle Security v. Efron Dorado et al, 211
          DPR 70, 84 (2023).

      La privación de un litigante de su día en corte solo procede en

casos extremos. La desestimación al amparo de la Regla 10.2(5),

supra, prosperará si luego de realizar el análisis requerido, el

tribunal entiende que no se cumple con el estándar de plausibilidad.

Los tribunales no pueden dar paso a una demanda insuficiente bajo

el pretexto de que las alegaciones colusorias podrán ser probadas

con el descubrimiento de prueba. Costas Elena v. Magic Sport, supra.
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                                Servidumbre

       El Código Civil de 1930 define las servidumbres como el

gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro

perteneciente a distinto dueño.1 El predio a favor del que está

constituida es el dominante y el que la sufre el sirviente. Art. 465

del Código Civil, 31 LPRA sec. 1631. Según el Art. 468, 31 LPRA sec.

1634, las servidumbres pueden ser continuas, por lo que su uso es

o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del

hombre. Además, pueden ser aparentes, porque se anuncian y están

continuamente a la vista por signos exteriores que revelan su uso y

aprovechamiento. Las servidumbres son inseparables de las fincas

a las que pertenecen activa o pasivamente. Art. 470 del Código Civil,

31 LPRA sec. 1636. Por su naturaleza, las servidumbres son

indivisibles. Las servidumbres no se modifican por la división del

predio sirviente en dos o más y cada una de las fincas permanece

gravada en la parte que le corresponde. Art. 471 del Código Civil, 31

LPRA sec. 1637.

       Los Arts. 485 al 487 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1701 al

1703, regulan las servidumbres legales. El objetivo de las

servidumbres legales es la utilidad pública o el interés de los

particulares. Las servidumbres legales de utilidad pública o

comunal se rigen por las leyes y reglamentos especiales que las

determinan y en su defecto por las disposiciones del Código Civil

sobre las servidumbres en general. Art. 486 del Código Civil, 31

LPRA sec. 1702.

       El legislador estableció las servidumbres legales en la Ley

Núm. 143 de 20 de julio de 1979, 27 LPRA sec. 2151 y siguientes.

El dueño del predio sirviente de una servidumbre legal no tiene

1 Hacemos referencia al Código Civil de 1930, que era el vigente al momento de

constituirse la servidumbre en controversia. Los actos y contratos celebrados bajo
el régimen de la legislación anterior y que son válidos con arreglo a ella, surten
todos sus efectos según la misma, con las limitaciones establecidas en este
Código. … 31 LPRA sec. 11717.
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opción en cuanto a su constitución. Su consentimiento no es

un   requisito   indispensable    para   la constitución    de una

servidumbre legal a la que les aplican los principios generales

sobre las servidumbres continuas y aparentes contenidas en el

Código Civil. Ciudad Real v. Mun. Vega Baja, 161 DPR 160, 173-

174 (2004).

      La inscripción de las servidumbres legales no es constitutiva.

La Ley Núm. 143, supra, establece un procedimiento de inscripción

de las servidumbres legales distinto al de los demás derechos reales.

Su inscripción no está atada a la presentación de una escritura

pública en el Registro de la Propiedad, cuando es parte de un

proyecto de construcción de edificios o urbanizaciones en los que

por la finca principal o solares afectados discurren o se requieren

instalar servicios públicos. La sección 4 de la Ley Núm. 143, supra,

27 LPRA sec. 2154, establece que en tales casos basta la

presentación en el Registro de la Propiedad de una certificación en

la que se acredite la constitución de cada una de las servidumbres

para ser inscritas como gravámenes. La certificación será expedida

por el funcionario o empleado autorizado de las instrumentalidades

gubernamentales o de los municipios y deberá estar acompañada de

un plano. Dicho plano deberá demostrar gráficamente su trayectoria

y extensión y dónde constan las fincas afectadas. El plano tiene que

estar endosado o aprobado por la agencia gubernamental o

municipio adquiriente del derecho de servidumbre. Además, deberá

estar acompañada por un documento autenticado ante notario

mediante el cual el propietario del predio sirviente cede el derecho

de servidumbre a favor de la entidad pública o municipio en

cuestión.   Igualmente   deberá   constar   el   consentimiento   del

adquiriente del derecho a dicho traspaso. Ciudad Real v. Mun. Vega

Baja, supra, págs.174-175; 27 LPRA sec. 2154.
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      Además, la sección 1 de Ley Núm. 143, supra, 27 LPRA sec.

2151, establece que las servidumbres de paso de energía eléctrica,

de líneas telefónicas de servicios de telecomunicaciones y televisión

por cable, instalaciones de acueductos y alcantarillados pluviales y

sanitarios son servidumbres legales, incluyendo sus equipos,

estructuras y accesorios sean aéreas, sobre la superficie o

soterradas. Las servidumbres legales pueden adquirirse por

cualquier medio legal de adquirir la propiedad, mediante documento

privado o escritura pública o por prescripción adquisitiva de 20 años

o expropiación forzosa. Las entidades públicas que rinden estos

servicios deberán aprobar y promulgar los reglamentos que regirán

el uso y disfrute de dichas servidumbres, conforme a las necesidades

particulares de cada servicio. Sec. 3 de la Ley Núm. 143, supra, 27

LPRA sec. 2153.

                     Interdicto o Injunction

      El recurso de interdicto o injunction es un remedio

extraordinario que procura la expedición de un mandamiento

judicial que compela a una persona a abstenerse de hacer o de

permitir una conducta que inflige o perjudica los derechos de otra.

Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil de PR, 32 LPRA sec.

3521, Next Step Medical v. Bromedicon et al, 190 DPR 474, 485-486

(2014). Este recurso se caracteriza por su perentoriedad y por su

acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen

de ley conculcado por la conducta opresiva, ilegal o violenta del

transgresor del orden público. Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR

631, 643 (2005). El injunction procede cuando no existe otro

remedio procesal igual de efectivo y ágil. Peña v. Federación de

Esgrima de PR, 108 DPR 147, 154 (1978). Un daño irreparable es

aquel para el cual no existe un remedio adecuado en ley que pueda

subsanar su ocurrencia. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.,

174 DPR 409, 427 (2008).
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      El injunction preliminar es el remedio provisional emitido en

cualquier momento de un pleito, después de una vista en que las

partes han presentado prueba en su apoyo y oposición. Su propósito

principal es mantener sin alteración la situación planteada, hasta la

celebración del juicio en sus méritos. La orden de injunction

preliminar evita que la conducta del demandado convierta en

académica    la   sentencia   o   le   ocasionen   daños   mayores   al

peticionario, mientras perdura el litigio. Mun. Ponce v. Gobernador,

136 DPR 776, 784 (1994).

      La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece

los criterios que el tribunal debe considerar al evaluar la procedencia

de un injunction preliminar. Los criterios son los siguientes: (1) la

naturaleza de los daños que las partes puedan sufrir de concederse

o denegarse el injunction, (2) su irreparabilidad o la existencia de

un remedio adecuado en ley, (3) la probabilidad de que la parte

promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su

fondo, (4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no

concederse el injunction, (5) el posible impacto sobre el interés

público del remedio que se solicita y (6) diligencia y la buena fe con

que ha actuado la parte peticionaria. Asociación Vec. V Caparra v.

Asoc. Fom Educ., 173 DPR 304, 319-320 (2008), Regla 57.3 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

      Al evaluar un injunction permanente, el tribunal debe

considerar: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus

méritos, (2) si el demandante posee algún remedio adecuado en ley,

(3) el interés público implicado y (4) el balance de equidades. Aut.

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428. Los requisitos

promulgados por la jurisprudencia como los enumerados por las

Reglas de Procedimiento Civil no son categóricos ni absolutos son

unas guías o marcos directivos, circunscritos a la discreción

judicial. Next Step Medical v. Bromedicon et al, supra, pág. 487.
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                 La Ley de Alianzas Público-Privadas

       La Ley Núm. 29 de 2009, 27 LPRA sec. 2601, establece la

política pública de favorecer y promover el establecimiento de

alianzas público-privadas. Art. 2, 27 LPRA sec. 2602. El legislador

autorizó a toda entidad gubernamental a otorgar contratos de

alianza con relación a cualquier función, servicio o instalación de la

cual es responsable bajo las disposiciones de su ley orgánica o leyes

especiales aplicables y conforme a la política pública. Art. 4, 27

LPRA sec. 2603. La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas2

puede negociar y otorgar con cualquier persona todo tipo de contrato

incluyendo y sin limitarse, contratos de concesión administrativa,

alianza de asistencia y todos aquellos instrumentos y acuerdos

necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones

conferidos a la Autoridad. Art. 6, 27 LPRA sec. 2605(8).

       La AEE tiene autoridad expresa de llevar a cabo cualquier

transacción suya y a otorgar contratos de alianza o de venta. La

Corporación Pública podrá vender o de otra forma disponer de

cualquiera de sus activos relacionado a la generación de energía y

transferir o delegar cualquier operación, función o servicio a uno o

a varios proponentes. El Gobierno de Puerto Rico tendrá la misma

facultad en la medida que sea necesario. Sec. 5 de la Ley Núm. 120,

22 LPRA sec. 1115 (a).

                         Sentencia declaratoria

       La Regla 59.1 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, autoriza

al Tribunal de Primera Instancia a declarar derechos, estados y otras

relaciones jurídicas, aunque se haya instado o pueda instarse otro

remedio. El tribunal podrá emitir una declaración afirmativa o

negativa. Su determinación tendrá la eficacia y el vigor de las

sentencias o resoluciones definitivas. Según la Regla 59.2, 32 LPRA

2 La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas es una corporación pública del

Gobierno de Puerto Rico adscrita a la AAFAF. 27 LPRA sec. 2604 (a).
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Ap. V. La sentencia declaratoria está disponible para toda persona

interesada en una escritura, testamento, un contrato escrito u otros

documentos constitutivos de contrato. Igualmente, está disponible

para aquellos cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas

fuesen afectados por un estatuto, ordenanza municipal, un contrato

o una franquicia. El interesado podrá solicitar una decisión sobre

cualquier divergencia en la interpretación o validez de estos y una

declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas

derivadas de los mismos.

      La sentencia declaratoria es un mecanismo remedial y

profiláctico que permite anticipar la dilucidación en sus méritos de

cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista

un peligro potencial contra la parte que la solicitó. El propósito de

este recurso extraordinario es disipar la incertidumbre jurídica y

contribuir a la paz social. La sentencia declaratoria puede ser

dictada cuando los hechos alegados demuestran que existe una

controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos,

sin que medie lesión previa de los mismos. Como regla general, la

sentencia declaratoria no está disponible para revisar decisiones

administrativas. La sentencia declaratoria no puede utilizarse

cuando    el   legislador   ha    desarrollado    un   procedimiento

administrativo específico para atender el asunto en controversia.

Beltrán Cintrón et al v. ELA et al, supra, pág. 109.

                                 III.

      Este tribunal atenderá los señalamientos de errores primero

al quinto conjuntamente, porque están íntimamente relacionados.

El apelante, en esencia, cuestiona la validez de la servidumbre a

favor de la AEE. El señor Borrero Vargas alega que el TPI erró al

desestimar la demanda por los fundamentos de falta de jurisdicción

sobre la materia y porque no expone una reclamación que justifique

la concesión de un remedio.
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      El   apelante   tiene   razón,   en   parte,   al   cuestionar   la

desestimación de la demanda por la falta de jurisdicción sobre la

materia. A nuestro juicio, no existe un conflicto jurisdiccional entre

el foro administrativo y el judicial. El TPI tiene jurisdicción sobre la

materia, porque es el foro con autoridad para pasar juicio sobre la

existencia y legalidad de la servidumbre a favor de la AEE. Asoc. V.

Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346, 354 (1986). La

jurisdicción de la OGPe se circunscribe al proceso de legalizar la

construcción y autorizar el permiso.

      No obstante, la desestimación de la demanda procede porque

el apelante no tiene una causa de acción que justifique la concesión

de un remedio. Su reclamación no prosperará aun dando como

ciertas todas las alegaciones de la demanda e interpretándolas a su

favor. La reclamación no procede, porque está basado en una

construcción ilegal que violenta el derecho de una servidumbre

legal de paso a favor de la AEE válidamente constituido. La

sentencia declaratoria no puede ser dictada, porque las alegaciones

de la demanda son insuficientes para establecer una controversia

sustancial entre partes adversas. Igualmente, las alegaciones son

insuficientes para que proceda un injunction, debido a que no surge

de estas la existencia de un daño inminente y la falta de un remedio

adecuado en ley.

      Según los documentos de autos, el 29 de junio de 1989 se

autenticó ante el notario público Everilda Rodríguez de Mejías, el

documento en el que Bienvenido C. Vélez Sepúlveda y Carmen Luisa

Santiago comparecieron como dueños del predio sirviente y cedieron

el derecho de servidumbre a favor de la AEE. El señor Rafael

Betancourt compareció como representante de la AEE para prestar

su consentimiento al traspaso. Los propietarios del inmueble

constituyeron la servidumbre a perpetuidad sobre la finca, debido

a los fines públicos del sistema eléctrico. Véase, págs. 19-22 del
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apéndice. Según las constancias del Registro de la Propiedad, la

finca núm. 11484, propiedad del apelante, fue segregada de la finca

núm. 8718 (pág. 39 del apéndice) que, a su vez, proviene de la finca

núm. 769 (pág. 35 del apéndice), que es la que está grabada por la

servidumbre a favor de la AEE. La servidumbre consta inscrita en el

folio 181 del tomo 109 de Quebradillas y fue debidamente

constituida mediante el Procedimiento de Certificación establecido

en ley. Véase, pág. 27 del apéndice. Además, está demarcada e

ilustrada en el plano levantado conforme a la ley. Véase, pág. 24 del

apéndice.

      La representación legal del apelante pasa por alto que las

servidumbres legales de paso a favor de la AEE son: (1) aparentes,

(2) continuas e (3) inseparables, porque no se modifican por la

división del predio sirviente, (4) las fincas divididas permanecen

gravadas, (5) su fin es la utilidad pública y (6) el dueño del predio

sirviente no tiene opción en cuanto a su constitución. La

propiedad del apelante está gravada por la servidumbre de paso a

favor de la AEE, porque se segregó de la finca núm. 769. La omisión

de anotarla en su finca de la cual fue segregada, no lo libera del

gravamen, debido al carácter indivisible, continuo y aparente de la

servidumbre. Precisa destacar que de los autos surge que, el 13 de

septiembre de 2023, la Registradora de la Propiedad hizo una Nota

Aclaratoria Advertencia a Terceros. La nota hacer constar que la

finca núm. 8718, de la cual se segregó la propiedad del apelante, se

inscribió libre de cargas y gravámenes. La Registradora de la

Propiedad corrigió el error y aclaró que por su procedencia está

gravada por una servidumbre a favor de la AEE.

      Por otra parte, surge de la prueba que, el propio ingeniero del

apelante presentó un Memorial Explicativo en la OGPe, en el que

reconoció la existencia de unas líneas eléctricas en la colindancia y

con la servidumbre de paso. Por igual, admitió que el constructor y
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el dueño no respetaron la servidumbre. Además, informó que el

dueño estaba dispuesto a permitir acceso a la AEE desde el techo

de su propiedad, para evitar demoler la obra. Véase, pág. 17 del

apéndice. Por otra parte, LUMA proveyó al apelante la oportunidad

de legalizar la construcción condicionada al pago del costo de la

relocalización de las líneas. Véase, pág. 18 del apéndice.

      Los señalamientos de errores sexto y séptimo cuestionan la

legitimación activa de LUMA para comparecer en representación de

la AEE.

      La legitimación activa de LUMA es incuestionable. El

legislador autorizó expresamente a la Autoridad de Alianza Público

Privadas y a la AEE a otorgar contratos de alianza público privado.

La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico autoriza

expresamente a la AEE a otorgar contratos de alianza o de venta,

disponer de cualquier activo relacionado a la generación de energía

y a transferir o delegar cualquier operación, función o servicio a uno

o a varios proponentes. El 30 de junio de 2021, la AEE ejerció la

autoridad conferida y otorgó un contrato de alianza publico privada.

A través de dicho contrato, la corporación pública transfirió a LUMA

el poder de operar, manejar, reparar y enforzar todos los derechos

relacionados al sistema de transmisión y distribución del sistema

eléctrico. El poder concedido incluyó representar y actuar como

agente de la AEE en todos sus reglamentos y su ley orgánica. Así

como, la constitución, operación y cancelación de servidumbres

legales de servicio público en favor de la Autoridad. Véase, págs. 47

a 50 del apéndice.

                                 IV.

      Por lo antes expuesto, se confirma la sentencia apelada en la

que el TPI desestimó la demanda.
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     Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
              Secretaria del Tribunal de Apelaciones