Court Opinion

ID: 9952233
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2024-03-19 19:31:53.046817+00
Date Added: 2024-06-11T14:38:17.499617
License: Public Domain

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
                  TRIBUNAL DE APELACIONES
                         PANEL III

    KIARA DEL VALLE                            Certiorari
        MORALES                                procedente del
                                               Tribunal de
        Recurrida                              Primera Instancia,
                                               Sala Superior de
                                               San Juan
            v.            KLCE202400104
                                               Caso núm.:
       ABSOLIFE                                SJ2023CV09931
   INC./ABSOLIFE FMS
    CORP., ANGEL M.                            Sobre:
   SANTIAGO BERNIER,                           Acoso Laboral,
    ASEGURADORA A Y                            Despido
         OTROS                                 Injustificado (Ley
                                               Núm. 80),
      Peticionarios                            Discrimen (Ley
                                               Núm. 100)

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa
Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y
la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

                         RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2024.

      Comparece el señor Ángel M. Santiago Bernier, en

adelante el señor Santiago o el peticionario, quien nos

solicita que revoquemos una Orden emitida el 10 de enero

de 2024. Mediante la misma, el Tribunal de Primera

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, declaró no

ha lugar la Solicitud de Desestimación, al amparo de las

Reglas 10.2 y 10.3 de las de Procedimiento Civil de

Puerto Rico, 32 LPRA, Ap. III.

      Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de Certiorari.

                               -I-

      Surge de los documentos que obran en autos que la

señora Kiara Del Valle Morales, en adelante la señora

Del Valle o la recurrida, presentó una demanda sobre

hostigamiento       laboral,         despido     injustificado,

Número Identificador
RES2024_______________
KLCE202400104                                                                        2

discrimen, daños y perjuicios, entre otros, contra el

señor Santiago. En síntesis, solicitó una indemnización

por    concepto      de    daños    y     perjuicios     resultantes               del

despido de su empleo como consecuencia, entre otras

causas, de una querella de hostigamiento laboral.1

       El    señor     Santiago,        por    su    parte,       presentó         una

Solicitud de Desestimación. Adujo, que el reclamo de la

recurrida es, en esencia, uno de despido injustificado

bajo la Ley Núm. 80-1976 y bajo dicho ordenamiento, el

peticionario, como patrono, no responde personalmente.

Además, el Tribunal carece de jurisdicción para atender

la causa de acción de acoso laboral, porque la señora

Del Valle no agotó el trámite creado al amparo de la Ley

Núm. 90-2020, sobre acoso laboral.2

       Luego      de      contar        con     el     beneficio          de        la

comparecencia de la recurrida3, el TPI declaró no ha

lugar la Moción de Desestimación4. A su entender, “no

contamos en esta etapa con los elementos necesarios para

determinar      como       cuestión       de    hechos    [sic.],             si    la

demandante      y/o       el    patrono    cumplieron         o    no    con       las

obligaciones         recíprocas         que    establece          la    Ley    90”.

Además, concedió término a la recurrida “para que repase

sus alegaciones y evalúe si debe enmendar las mismas

para        subsanar           cualquier       posible            deficiencia”.

Transcurrido dicho término, el peticionario “…deberá

radicar la alegación responsiva que corresponda y/o

pedir el remedio dispositivo que entienda pertinente”.

1 Apéndice del peticionario, págs. 1-7.
2 Id., págs. 23-25.
3 Id., págs. 37-46.
4 Id.
KLCE202400104                                                   3

      En   desacuerdo,    el   señor   Santiago   presentó     una

Solicitud de Reconsideración,5 que el TPI declaró no ha

lugar.6

      Nuevamente inconforme, el peticionario presentó una

Petición de Certiorari         en la que alega que el TPI

incurrió en los siguientes errores:

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL
      CONSIDERAR UN ESCRITO SIN LA FIRMA DEL ABOGADO.

      ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR
      SIN LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA
      POR EL PETICIONARIO.

      La recurrida no presentó su alegato en oposición al

auto en el término que establece el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, el recurso

está perfeccionado y listo para adjudicación.

                               -II-

                                A.

      Como   cuestión     de   umbral,    la   Regla    52.1   de

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión

discrecional      de     las     resoluciones       u    órdenes

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia en los siguientes términos:

      El recurso de certiorari para revisar resoluciones
      u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal
      de Primera Instancia, solamente será expedido por
      el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de
      una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de
      este apéndice o de la denegatoria de una moción de
      carácter dispositivo. No obstante, y por excepción
      a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de
      Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones
      interlocutorias dictadas por el Tribunal de
      Primera Instancia cuando se recurra de decisiones
      sobre la admisibilidad de testigos de hechos o
      peritos    esenciales,    asuntos    relativos   a
      privilegios    evidenciarios,     anotaciones   de
      rebeldía, en casos de relaciones de familia, en
      casos que revistan interés público o en cualquier
      otra situación en la cual esperar a la apelación
      constituiría un fracaso irremediable de la
      justicia[…].7

5 Id., págs. 53-56.
6 Id., pág. 57.
7 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202400104                                                       4

                                1.

    Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal

intermedio      determinar       si        procede      revisar    la

determinación interlocutoria recurrida.

      A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho

cometido por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera

discrecional,     por   tratarse      de    ordinario    de   asuntos

interlocutorios.9 Sin embargo, nuestra discreción debe

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr

una solución justiciera.10

      Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

      El Tribunal tomará en consideración los siguientes
      criterios al determinar la expedición de un auto
      de certiorari o de una orden de mostrar causa:

      A.    Si el remedio y la disposición de la decisión
            recurrida, a diferencia de sus fundamentos,
            son contrarios a derecho.

      B.    Si la situación de hechos planteada es la más
            indicada para el análisis del problema.

      C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error
            craso y manifiesto en la apreciación de la
            prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

8 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729
(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
9 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,
supra, pág. 334.
10 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et
al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
KLCE202400104                                                      5

       D.    Si el asunto planteado exige consideración
             más detenida a la luz de los autos
             originales, los cuales deberán ser elevados,
             o de alegatos más elaborados.

       E.    Si la etapa del procedimiento en que se
             presenta el caso es la más propicia para su
             consideración.

       F.    Si la expedición del auto o de la orden de
             mostrar causa no causan un fraccionamiento
             indebido del pleito y una dilación indeseable
             en la solución final del litigio.

       G.    Si la expedición del auto o de la orden de
             mostrar causa evita un fracaso de la
             justicia.11

                                  B.

       La desestimación es un pronunciamiento judicial que

resuelve     el   pleito     de   forma   desfavorable    para    el

demandante sin celebrar un juicio en su fondo.12 Cónsono

con dicho propósito, la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil permite a un demandado presentar una moción antes

de presentar su contestación a la demanda, solicitando

que se desestime la misma.13 Específicamente, la Regla

10.2   reconoce    varios     supuestos    bajo    los   cuales   es

posible solicitar una desestimación, a saber:

       … (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)
       falta de jurisdicción sobre la persona; (3)
       insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia
       del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar
       de exponer una reclamación que justifique la
       concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una
       parte indispensable.14

       Al   solicitar   la    desestimación,      “los   tribunales

vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos

de la forma más favorable a la parte demandante”.15 En

11 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio
v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
12 Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico

Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017),
sec. 3901, pág. 411; Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247
(2022).
13 Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; 32 LPRA Ap. V,

R. 10.2; Casillas Carrasquillo v. ELA, supra.
14 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
15 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); González

Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Rivera
Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). Véase,
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consecuencia,      nuestro    ordenamiento         procesal   civil

permite al demandado solicitar la desestimación de la

reclamación cuando de las alegaciones de la demanda es

evidente    que    alguna    de    las    defensas     afirmativas

prosperará.16

      Finalmente, ante una solicitud de desestimación, el

tribunal deberá identificar los elementos que establecen

la causa de acción y las meras alegaciones concluyentes

que no pueden presumirse como ciertas.17 Así pues, para

prevalecer, el demandado deberá probar que el demandante

no tiene derecho a remedio alguno, aun interpretando la

demanda de la manera más liberal a su favor.18

                                  C.

      Por otro lado, es norma firmemente establecida que

los tribunales apelativos no intervienen con el manejo

de los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia,

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa

evitará un perjuicio sustancial”.19 Conviene destacar que

“la   discreción    se   fundamenta      [,entre   otras,]    en   el

además, Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, 2023 TSPR 5,
211 DPR __ (2023).
16 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).
17 Véase, Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307; Ashcroft

v. Iqbal, 556 US 662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US
544 (2007).
18 López García v. López García, supra; SLG Sierra v. Rodríguez, 163

DPR 738, 746 (2005). Véase, además, Cobra Acquisitions, LLC v. Mun.
Yabucoa, 210 DPR 384, 396 (2022).
19 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase,

además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, 2023 TSPR
145, 213 DPR __ (2023); Cruz Flores v. Hospital Ryder Memorial Inc.,
210 DPR 465, 497 (2022); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN et al.,
208 DPR 310, 338 (2021); VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR
253, 273 (2021); Umpierre Matos v. Juelle, Mejía, 203 DPR 254, 276
(2019); Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018);
SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015).
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contacto con los litigantes y la prueba que se haya

presentado”20 ante el foro sentenciador. Por esta razón,

se presume que el Tribunal de Primera Instancia conoce

mejor las particularidades del caso y está en mejor

posición para tomar las medidas necesarias que permitan

cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente a

una disposición final.21

      De   modo    que,   el    ejercicio   de     las    facultades

discrecionales por el foro de instancia merece nuestra

deferencia salvo que incurra en algunas de las conductas

previamente mencionadas y si a la luz de la prueba

admitida,    “no   exista      base   suficiente    que    apoye   su

determinación”.22 Específicamente, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico ha delimitado las instancias en las que

un tribunal abusa de su discreción de la siguiente

manera:

           [C]uando no toma en cuenta e ignora en la
      decisión que emite, sin fundamento para ello, un
      hecho material importante que no podía ser pasado
      por alto; cuando el juez, por el contrario, sin
      justificación ni fundamento alguno, concede gran
      peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial
      y basa su decisión exclusivamente en éste; o
      cuando, [...] [tras] considerar y tomar en cuenta
      todos los hechos materiales e importantes y
      descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y
      calibra livianamente.23

                                -III-

      El peticionario arguye que el TPI estaba impedido

de considerar la moción en oposición a la solicitud de

desestimación, porque la representación legal de la

recurrida no agotó los remedios provistos por la Ley

20 Citibank v. ACBI et al., supra, pág. 736.
21 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 (2013); Mejías
et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012). Véase,
además, Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra.
22 Gómez Márquez et al. v. El Oriental, 203 DPR 783, 794 (2020).
23 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón, supra. Véase,

además,
Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 2023 TSPR 65
(2023); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013)
(citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009)).
KLCE202400104                                                   8

Núm. 90-2020. Por otro lado, en su opinión, dado que la

reclamación contra el peticionario es de naturaleza

laboral, son improcedentes las reclamaciones de daños y

perjuicios en su contra, al amparo del Código Civil de

Puerto Rico. En consecuencia, concluye que procede la

desestimación de la demanda porque la recurrida no tiene

derecho   a   remedio   alguno   bajo    cualquier   estado    de

derecho que pueda ser probado en apoyo de su reclamación.

     Visto    de   forma   integrada,    el   expediente   y   la

normativa aplicable, consideramos que la etapa en que se

presenta el recurso no es        la     más propicia   para su

consideración. Regla (E) del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra.

     Por otro lado, en la medida en que la decisión

recurrida involucra el manejo del caso ante el TPI, no

encontramos indicio alguno de abuso de discreción que

justifique nuestra revisión.

     Finalmente, no existe ningún otro fundamento, al

amparo de la Regla 40, que justifique la expedición del

auto solicitado.

                             -IV-

     Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la

expedición del auto de Certiorari.

     Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones